Legislatura LII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19820906 - Número de Diario 18
(L52A1P1oN018F19820906.xml)Núm. Diario:18ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F; lunes 6 de septiembre de 1982 TOMO I. NUM. 18
SUMARIO
APERTURA.
ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE
APRUEBA.
INVITACIÓN
Al acto cívico conmemorativo del 135 aniversario de la acción de armas del Molino del Rey, el día 8 del actual. Se designa comisión.
INICIATIVA DE LEY
ARTÍCULO 74 CONSTITUCIONAL
Iniciativa de Ley que reforma el párrafo 2o. de la fracción IV del artículo mencionado, relativo a la entrega a esta Cámara de las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de Presupuesto. Se turna a comisiones e imprímase.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Oficio del C. Oficial Mayor de la LI Legislatura, que acompaña el inventario relativo a la documentación de la elección citada, del día 4 de julio último. Se turna a la Gran Comisión.
DOCUMENTACIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
Para los efectos del Artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Comisión Permanente de la LI Legislatura remite los siguientes documentos:
Iniciativa de Ley que reforma la Ley Federal del Trabajo en sus Artículos 132, fracción II, presentada por el diputado Octavio R. Bueno Trujillo. Se turna a comisión e imprímase.
Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal y del Departamento del Distrito Federal de 1981. Se turna a Comisión.
Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo. Se turna al Senado de la República.
NULIFICACIÓN DE ELECCIÓN
Oficio de los secretarios del Colegio Electoral, por el que dan a conocer los puntos resolutivos aprobados en la XII sesión del Colegio Electoral, del 27 de agosto último, que declara nulas las elecciones en el XXIX Distrito del estado de México. Se turna a comisión.
CASOS ELECTORALES APLAZADOS
Oficio de los secretarios del Colegio Electoral acerca de la proposición presentada en la sesión del 28 de agosto anterior sobre el aplazamiento de los dictámenes del V Distrito de Guerrero y II de Chihuahua. Se turna a comisión.
INICIATIVA DE CC. DIPUTADOS
ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL
La diputación del PSUM, por voz del diputado Daniel A. Sánchez Pérez, presenta una iniciativa tendiente a adicionar con un artículo 254 bis el Código Penal, relativo a penas a patrones o empresarios. Se turna a comisión e imprímase.
ANÁLISIS DEL INFORME
PRESIDENCIAL
POLICÍA INTERNA
Hacen comentarios al sexto informe del C. licenciado José López Portillo, sobre política interna, los CC. diputados Rafael Aguilar Talamantes, del PST; Juan G. Campos Vega, del PPS; Baltazar I. Valadez Montoya, del PDM; José E. Pérez Gaytán, del PSUM; Roger Cicero Mackinney, del PAN y José Carreño Carlón, del PRI.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión Próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. HUMBERTO LUGO GIL
(Asistencia del 350 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 10:30 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:
"Primer periodo ordinario de sesiones.
LII Legislatura.
Orden del Día.
6 de septiembre de 1982.
Lectura del Acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que, para conmemorar el 135 aniversario de la acción de armas del Molino del Rey, tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.
Iniciativa del Ejecutivo
Iniciativa del Ejecutivo para reformar el párrafo 2o. de la fracción IV del Artículo 74 constitucional.
Oficio del C. Oficial Mayor, con el que remite la documentación relativa a las elecciones del Presidente de la República.
Oficios de la Comisión Permanente
Con el que se remite la Iniciativa de Reformas al Artículo 132, fracción II de la Ley Federal del Trabajo.
Con el que se remite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1981.
Con el que se remite la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1981.
Con el que se remite la iniciativa de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo.
Comunicaciones de los CC. secretarios del Colegio Electoral.
Análisis del sexto Informe Presidencial."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- La misma C. secretaria:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.
Presidencia del C. Humberto Lugo Gil.
En la ciudad de México, a las diez horas y veinticinco minutos del viernes tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, con asistencia de trescientos noventa ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día y del acta de la sesión anterior, verificada el día primero de septiembre , misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
Las diputaciones de las entidades federativas comunican haber nombrado como coordinadores, para los efectos de los artículos 46, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 72 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a los siguientes ciudadanos diputados:
Aguascalientes, Héctor Hugo Olivares Ventura; Baja California, José Ignacio Monge Rangel; Baja California Sur, Jesús Murillo Aguilar; Campeche, Abelardo Carrillo Zavala; Coahuila, Oscar Ramírez Mijares; Colima, Humberto Silva Ochoa; Chiapas, Sami David David; Chihuahua, Enrique Soto Izquierdo; Distrito Federal, Juan José Osorio Palacios; Durango, Maximiliano Silerio Esparza; Guanajuato, Enrique Fernández Martínez; Guerrero, Zótico García Pastrana; Hidalgo, Humberto Lugo Gil; Jalisco, José Luis Lamadrid Sauza; México, Arturo Martínez Legorreta; Michoacán, Francisco Xavier Ovando Hernández; Morelos, Juan Salgado Brito; Nayarit, Antonio Pérez Peña; Nuevo León, Alejandro Lambretón Narro; Oaxaca, José Estefan Acar; Puebla, Mariano Piña Olaya; Querétaro, Angélica Paulín Posada; Quintana Roo, Sara Esther Musa de Marrufo; San Luis Potosí, Leopoldino Ortiz Santos; Sinaloa, José Manuel Viedas Esquerra; Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera; Tabasco, Amador Izúndegui Rullán; Tamaulipas, Heriberto Batres García; Tlaxcala, José Antonio Alvarez Lima; Veracruz, Mario Vargas Saldaña; Yucatán, Víctor Cervera Pacheco; Zacatecas, Genaro Borrego Estrada. De enterado.
Los integrantes de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 46, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 72 y 73 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, comunican que, en reunión celebrada el día 2 de los corrientes, tuvieron a bien designar la mesa directiva, que quedó integrada de la manera siguiente:
Presidente C. Humberto Lugo Gil; secretarios, CC. Enrique Soto Izquierdo y Enrique Fernández Martínez y vocales CC. Héctor Hugo Olivares Ventura y Mariano Piña Olaya. De enterado.
Los ciudadanos diputados miembros del Partido Acción Nacional suscriben el acta de la reunión llevada a cabo el día 31 de agosto del año en curso, en la que tomaron las siguientes resoluciones:
Primera. Se constituyó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con los diputados de esta institución a la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segunda. La denominación o nombre del grupo parlamentario será "Diputación del Partido Acción Nacional".
Tercera. Se elige líder del grupo parlamentario de Acción Nacional al señor licenciado Bernardo Bátiz Vázquez. De enterado.
Por su parte, los ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista manifiestan que el día 2 de los corrientes, con base en el Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, tomaron el acuerdo de constituir el grupo parlamentario cuya denominación será "Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista", y el dirigente de la misma, el C. diputado ingeniero Jorge Cruickshank García. De enterado.
A su vez, el C. diputado licenciado David Orozco Romo suscribe atento oficio al que se acompaña el acta en la cual consta la decisión de los ciudadanos diputados del Partido Demócrata Mexicano para constituirse como grupo parlamentario, en los términos de los artículos 38 a 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, bajo la denominación de "Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano". Asimismo, haber designado como líder de dicho grupo al firmante de este oficio. De enterado.
De igual manera, los ciudadanos diputados del Partido Socialista Unificado de México comunican que, de conformidad con el Artículo 70 de la Constitución General de la República y con el Capítulo tercero, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, han decidido constituir el grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México y nombrado coordinador del mismo grupo al C. diputado Rolando Cordera Campos.
De enterado.
Asimismo, los ciudadanos diputados del Partido Socialista de los trabajadores comunican que, con base en los artículos 70 constitucional y 38 al 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informan que el día 31 de agosto del año en curso designaron a los CC. diputados Rafael Aguilar Talamantes y Raúl López García coordinador y subcoordinador, respectivamente. También comunican que la denominación de su fracción parlamentaria se llamará "Grupo Parlamentario Fracción Obrera" del Partido Socialista de los Trabajadores. De enterado.
El C. licenciado Arturo Suárez Luna, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, signa atento oficio por el que presenta la renuncia a dicho cargo, que desempeño durante la Quincuagésima Primera legislatura al H. Congreso de la Unión. De enterado.
Por su parte, el C. licenciado Antonio Alanís Guajardo, tesorero de la Cámara de Diputados, presenta por escrito la renuncia al cargo mencionado, que desempeño, igualmente, durante la Quincuagésima Primera Legislatura. De enterado.
La Gran Comisión de la Cámara de diputados a la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con el Artículo 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó nombrar al C. licenciado José Gonzalo Badillo Ortiz Oficial Mayor de la H. Cámara de diputados y al C. Arturo Martínez Cáceres Tesorero General de la misma.
En votación económica la Asamblea aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Encontrándose a las puertas del recinto los ciudadanos cuyos nombramientos acaban de ser aprobados por la Asamblea, la presidencia designa en comisión, para que los introduzcan al salón y los acompañen en el acto de protesta, a los CC. diputados Maximiliano Silerio Esparza, Pablo Castillón Alvarez, Jesús Lazcano Ochoa y José Augusto García Lizama.
Una vez que la Comisión cumple con su cometido, y puestos de pie todos los asistentes, los CC. licenciado José Gonzalo Badillo Ortiz y Arturo Martínez Cáceres rinde la protesta de Ley como Oficial Mayor y Tesorero, Respectivamente, de la H. Cámara de Diputados.
La Propia Gran Comisión de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorga el Artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, propone a los ciudadanos diputados para integrar las Comisiones Ordinarias de Trabajo de este cuerpo legislativo, que a continuación se mencionan:
Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Comisión de Asentamientos Humanos. Comité de Asuntos Editoriales. Comité de Biblioteca. Comisión de Ciencias y Tecnología. Comisión de Comercio. Comisión de Comunicaciones y Transportes. Comisión de Corrección de Estilo. Comisión de Defensa Nacional. Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios: Vialidad Federal y autotransportes. Comisión del Distrito Federal. Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Comisión de Educación Pública. Comisión de Energéticos. Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales. Comisión de Hacienda y Crédito Público. Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Comisión de Justicia. Comisión de Marina. Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial. Comisión de Pesca.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Comisión de Reforma Agraria. Comisión de Relaciones Exteriores. Comisión de Salubridad y Asistencia. Comisión de Seguridad Social. Comisión de Trabajo y Previsión Social. Comisión de Turismo. Comité de Administración. Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Consultada la Asamblea, en votación económica, se aprueba la proposición.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
A las once horas y veinticinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes seis del actual, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
- El C. secretario Oscar Cantón Zatina:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito federal.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo.- Presente.
Con motivo de conmemorarse el CXXXV aniversario de la acción de armas del Molino del Rey, el Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, hace a usted una cordial y atenta invitación al acto cívico que tendrá lugar el próximo día 8 del actual a las 10:30 horas, frente al monumento erigido a la memoria de los héroes de aquella histórica Jornada en la Loma del Molino del Rey.
Al mismo tiempo me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Directora General, profesora Martha Andrade de Del Rosal."
El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Miguel Angel Morado Garrido, José Parcero López, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Crescencio Morales Orozco, Jesús Lazcano Ochoa, César Humberto González Magallón y Margarito Benítez Durán.
INICIATIVA DE LEY
ARTÍCULO 74 CONSTITUCIONAL
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República, y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Reforma al párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F; a 2 de septiembre de 1982.
'Año del General Vicente Guerrero.'
El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presente.
Conforme a nuestro sistema político y al orden constitucional que nos rige, el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el inicio de su gestión, asume ante la nación una responsabilidad política fundamental, tanto frente a los gobernadores como a los otros poderes de la Unión y a los Estados de la Federación.
Esta responsabilidad fundamental se encuentra configurada por las facultades y atribuciones de orden político y administrativo de que está investido el Presidente de la República por nuestra propia Constitución General, y se expresa a través de los actos de gobierno que, materialmente, dotan de contenido a su ejercicio.
Deriva de lo anterior, como característica de nuestro sistema, la circunstancia de que el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal obedezca a un programa de gobierno en el que están plasmados los propósitos políticos, económicos, sociales y culturales que habrán de inspirar las acciones del propio Ejecutivo y a cuya consecución estarán dirigidos los esfuerzos y las acciones de la Administración Pública. Tales propósitos convergen en la búsqueda de la mejoría del bienestar general y en la realización plena de los valores supremos de nuestro proyecto nacional.
Para alcanzar estos propósitos, el estado mexicano se sirve de diversos instrumentos cuya administración y control implican la responsabilidad directa del Presidente de la República. Concretamente, en el diseño, conducción y ejecución de la estrategia económica y social, dos instrumentos desempeñan un papel fundamental para alcanzar los grandes objetivos nacionales: el gasto público, que se traduce en la formulación de los presupuestos de Egresos, y las políticas tributaria y financiera, que conforman a las leyes de ingresos.
La aplicación de estos instrumentos se convierte, por ello, en
factor determinante, tanto para alcanzar los propósitos del programa de gobierno, como para evaluar su grado de cumplimiento.
Una limitación de nuestra ley fundamental, sin embargo, impide que este esquema observe plena congruencia. En efecto, el Presidente de la República inicia el ejercicio de su cargo el 1o. de diciembre, conforme a lo dispuesto en el Artículo 83 constitucional, y otra disposición, también constitucional, el Artículo 74, establece para el titular del Ejecutivo Federal, en el mismo año en que transmitirá el poder, la obligación de hacer llegar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto, a más tardar el día último del mes de noviembre, previendo además que a estos fines comparezcan los correspondientes secretarios del despacho.
Esta última disposición presupone que, al tomar posesión el Presidente de la República, el Ejecutivo Federal en funciones ya ha proyectado la orientación general y la aplicación del ingreso, gasto y financiamiento públicos, para el primer ejercicio de la nueva gestión.
No es, pues, razonable que el cumplimiento de un requerimiento constitucional de simple término condicione la realización adecuada del supuesto de carácter sustantivo. Esto es, que el titular del Poder Ejecutivo que inicia el desempeño de su encargo se vería limitado para utilizar, conforme a su programa de gobierno, los principales instrumentos de política económica y social que tiene a su alcance para cumplir con los objetivos por él propuestos.
En mérito de estas consideraciones propongo a esa H. soberanía la modificación de la disposición constitucional que faculta a la Cámara de Diputados para recibir del Ejecutivo Federal las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto para que, tratándose del ejercicio en que ocupa la transmisión del poder Ejecutivo, el plazo de presentación se amplíe al quince de diciembre de manera que participen en forma definitiva en su formulación, quienes deberán aplicar la política económica y social que sustenta a tales iniciativas y proyectos.
Por lo expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 71, fracción I, de la Constitución General de la República, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la consideración del H, Congreso de la Unión, señalando como Cámara de origen la de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE
REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 74 CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículos 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de diputados:
"I a III
"IV
"El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto a más tardar el día último del mes de noviembre, o el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Ciudad de México, a 10 de agosto de 1982.
El Presidente de la República, José López Portillo."
- Trámite: Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública e imprímase.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
A fin de que la H. Cámara de Diputados ejerza la facultad que le otorga la fracción I del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 214 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, tengo el honor de hacer a ustedes entrega del inventario relativo a la documentación recibida por la Oficialía Mayor a mi cargo, correspondiente a la elección de Presidente de la República celebrada el día 4 de julio del año en curso.
Hago propicia la ocasión para reiterar a ustedes la seguridad de mi consideración distinguida.
México, D. F; septiembre 2 de 1982.
El Oficial Mayor, licenciado Arturo Suárez Luna."
"Inventario de los bultos y paquetes electorales, recibidos y registrados por el departamento del archivo de esta H. Cámara, correspondientes a las elecciones efectuadas el 4 de julio del presente año, acerca del C. Presidente de la República, en los trescientos distritos electorales en toda la República.
AGUASCALIENTES
Primer Distrito: 18 cajas cartón.
Segundo Distrito: 27 cajas cartón.
BAJA CALIFORNIA
Primer Distrito: 11 costales nylon.
Segundo Distrito: 14 costales nylon.
Tercer Distrito: 10 costales yute.
Cuarto Distrito: 21 costales nylon.
Quinto Distrito: 12 costales nylon.
Sexto Distrito: 10 costales nylon.
BAJA CALIFORNIA SUR
Primer Distrito: 7 costales nylon.
Segundo Distrito: 7 costales nylon.
CAMPECHE
Primer Distrito: 16 Costales nylon.
Segundo Distrito: 29 costales nylon.
COAHUILA
Primer Distrito: 12 costales yute.
Segundo Distrito: 19 costales yute.
Tercer Distrito: 1 caja cartón, 12 costales yute.
Cuarto Distrito: 25 costales yute.
Quinto Distrito: 22 costales yute.
Sexto Distrito: 14 costales yute.
Séptimo Distrito: 11 costales yute.
COLIMA
Primer Distrito: 11 cajas cartón.
Segundo Distrito: 22 cajas cartón, 2 paquetes papel.
CHIAPAS
Primer Distrito: 25 costales nylon, 30 cajas cartón.
Segundo Distrito: 24 costales nylon, 23 cajas cartón.
Tercer Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
Cuarto Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
Quinto Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
Sexto Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
Séptimo Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
Octavo Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
Noveno Distrito: 25 costales nylon, 23 cajas cartón.
CHIHUAHUA
Primer Distrito: 8 costales.
Segundo Distrito: 34 costales nylon y yute.
Tercer Distrito: 5 costales.
Cuarto Distrito: 14 costales.
Quinto Distrito: 15 costales.
Sexto Distrito: 36 costales.
Séptimo Distrito: 32 costales.
Octavo Distrito: 24 costales.
Noveno Distrito: 9 costales.
Décimo Distrito: 9 costales.
DISTRITO FEDERAL
Primer Distrito: 5 costales nylon.
Segundo Distrito: 8 costales nylon.
Tercer Distrito: 8 bolsas polietileno.
Cuarto Distrito: 8 bultos nylon.
Quinto Distrito: 4 costales nylon.
Sexto Distrito: 6 costales nylon.
Séptimo Distrito: 11 cajas cartón.
Octavo Distrito: 9 costales nylon.
Noveno Distrito: 8 costales nylon.
Décimo Distrito: 16 costales nylon.
Décimo Primer Distrito: 9 costales nylon.
Décimo Segundo Distrito: 8 costales nylon.
Décimo Tercer Distrito: 7 costales nylon.
Décimo Cuarto Distrito: 8 costales nylon.
Décimo Quinto Distrito: 146 costales nylon.
Décimo Sexto Distrito: 8 costales nylon.
Décimo Séptimo Distrito: 9 costales polietileno.
Décimo Octavo Distrito: 9 costales nylon.
Décimo Noveno Distrito: 7 costales nylon, 2 paquetes papel.
DISTRITO FEDERAL
Vigésimo Distrito: 12 costales nylon, 1 caja cartón.
Vigésimo Primer Distrito: 22 bolsas polietileno, 1 caja cartón.
Vigésimo Segundo Distrito: 35 costales nylon.
Vigésimo Tercer Distrito: 15 costales nylon.
Vigésimo Cuarto Distrito: 17 costales nylon, 1 costal yute.
Vigésimo Quinto Distrito: 8 costales nylon.
Vigésimo Sexto Distrito: 14 costales nylon.
Vigésimo Séptimo Distrito: 19 costales nylon.
Vigésimo Octavo Distrito: 163 costales nylon.
Vigésimo Noveno Distrito: 7 costales nylon.
Trigésimo Distrito: 6 costales nylon.
Trigésimo Primer Distrito: 15 costales nylon.
Trigésimo Segundo Distrito: 6 costales nylon.
Trigésimo Tercer Distrito: 4 costales nylon.
Trigésimo Cuarto Distrito: 12 costales nylon.
Trigésimo Quinto Distrito: 8 costales nylon.
Trigésimo Sexto Distrito: 10 costales nylon.
Trigésimo Séptimo Distrito: 9 costales nylon.
Trigésimo Octavo Distrito: 12 costales nylon.
Trigésimo Noveno Distrito: 8 costales nylon.
Cuadragésimo Distrito: 91 costales nylon.
DURANDO
Primer Distrito: 37 bolsas polietileno.
Segundo Distrito: 26 cajas cartón.
Tercer Distrito: 15 paquetes atados.
Cuarto Distrito: 5 cajas cartón.
Quinto Distrito: 10 cajas cartón.
Sexto Distrito: 48 bolsas polietileno.
GUANAJUATO
Primer Distrito: 80 cajas cartón, 8 costales nylon.
Segundo Distrito: 87 cajitas cartón.
Tercer Distrito: 95 cajas cartón.
Cuarto Distrito: 7 cajas cartón, 5 cajitas cartón atados.
Quinto Distrito: 15 cajetas cartón atados.
Sexto Distrito: 9 cajas cartón.
Séptimo Distrito: 27 cajas cartón.
Octavo Distrito: 139 bultos forro papel.
Noveno Distrito: 13 cajas cartón.
Décimo Distrito: 10 costales nylon.
Décimo Primer Distrito: 59 cajetas cartón.
Décimo Segundo Distrito: 21 cajas cartón.
Décimo tercer Distrito: 25 cajas cartón.
GUERRERO
Primer Distrito: 14 costales yute, 1 caja cartón.
Segundo Distrito: 29 cajas cartón atados.
Tercer Distrito: 23 costales yute.
Cuarto Distrito: 17 costales yute, 7 cajas cartón.
Quinto Distrito: 21 cajas yute.
Sexto Distrito: 17 bultos yute.
Séptimo Distrito: 15 costales yute, 6 cajas cartón.
Octavo Distrito: 7 cajas cartón, 1 costal yute.
Noveno Distrito: 21 costales yute.
Décimo Distrito: 10 cajas cartón.
HIDALGO
Primer Distrito: 9 cajas cartón, 15 costales nylon.
Segundo Distrito: 19 cajas cartón.
Tercer Distrito: 27 atados cajetas.
Cuarto Distrito: 161 cajetas cartón y paquetes.
Quinto Distrito: 178 cajetas cartón.
Sexto Distrito: 3 cajas cartón.
JALISCO
Primer Distrito: 60 costales nylon.
Segundo Distrito: 68 costales nylon.
tercer distrito: 262 costales nylon.
Cuarto Distrito: 229 costales nylon.
Quinto Distrito: 151 costales nylon.
Sexto Distrito: 76 costales nylon.
Séptimo Distrito: 147 costales nylon.
Octavo Distrito: 140 costales nylon.
Noveno Distrito: 124 costales nylon.
Décimo Distrito: 460 costales nylon.
Décimo Primer Distrito: 409 costales nylon.
Décimo Segundo Distrito: 476 costales nylon.
Décimo Tercer Distrito: 310 costales nylon.
Décimo Cuarto Distrito: 22 costales nylon. 14 cajas cartón.
Décimo Quinto Distrito: 228 costales nylon.
Décimo Sexto Distrito: 340 costales nylon.
Décimo Séptimo Distrito: 324 costales nylon.
Décimo Octavo Distrito: 271 costales nylon.
Décimo Noveno Distrito: 560 costales nylon.
Vigésimo Distrito: 235 costales nylon.
MÉXICO
Primer Distrito: 20 atados cajetas, 3 cajas, 14 cilindros cartón, 2 paquetes.
Segundo Distrito: 12 costales nylon.
Tercer Distrito: 20 cajas cartón.
Cuarto Distrito: 63 cajetas cartón, 30 cajas cilíndricas.
Quinto Distrito: 20 costales nylon, 3 cajas Cilíndricas.
Sexto Distrito: 32 cajetas cartón atados.
Séptimo Distrito: 5 cajas cartón.
Octavo Distrito: 14 costales nylon.
Noveno Distrito: 31 cajas, 2 costales.
Décimo Distrito: 9 cajetas cartón atados.
Décimo Primer Distrito: 24 bolsas polietileno.
Décimo Segundo Distrito: 12 costales nylon.
Décimo Tercer Distrito: 16 bolsas plástico.
Décimo Cuarto Distrito: 22 bolsas polietileno, 5 cajas.
Décimo Quinto Distrito: 40 costales nylon. 11 bolsas polietileno, 1 caja cartón.
Décimo Sexto Distrito: 14 costales nylon.
Décimo Séptimo Distrito: 64 cajas, 5 cajetas cartón, 5 costales nylon.
Décimo Octavo Distrito: 2 cajas cartón, 89 bolsas polietileno.
Décimo Noveno Distrito: 48 bolsas plástico.
Vigésimo Distrito: 11 costales nylon.
Vigésimo Primer Distrito: 5 cajas cartón, 7 costales.
Vigésimo Segundo Distrito: 55 paquetes papel.
Vigésimo Tercer Distrito: 102 bolsitas polietileno.
Vigésimo Cuarto Distrito: 60 bolsas plástico.
Vigésimo Quinto Distrito: 10 costales nylon, 2 cajas cartón.
Vigésimo Sexto Distrito: 57 bolsitas polietileno.
Vigésimo Séptimo Distrito: 24 cilindros cartón, 30 cajetas cartón.
Vigésimo Octavo Distrito: 12 cajas, 45 cajetas cartón.
Vigésimo Noveno Distrito: 84 cajas cilíndricas.
Trigésimo Distrito: 9 costales nylon.
Trigésimo Primer Distrito: 11 costales nylon, 2 cilindros cartón.
Trigésimo Segundo Distrito: 10 costales nylon.
Trigésimo Tercer Distrito: 34 atados cajetas, 14 cajas cilíndricas.
Trigésimo Cuarto Distrito: 25 cajas, 6 cajetas cartón.
MICHOACÁN
Primer Distrito: 27 costales nylon.
Segundo Distrito: 137 cajetas cartón, 10 cajas cartón.
Tercer Distrito: 13 costales nylon.
Cuarto Distrito: 35 costales nylon.
Quinto Distrito: 6 cajas cartón.
Sexto Distrito: 28 bultos polietileno.
Séptimo Distrito: 29 costales nylon.
Octavo Distrito: 24 costales nylon.
Noveno Distrito: 73 cajetas cartón, 1 caja cartón.
Décimo Distrito: 34 costales nylon.
Décimo Primer Distrito: 176 cajetas cartón, 5 cajas cartón.
Décimo Segundo Distrito: 24 costales nylon.
Décimo Tercer Distrito: 1 caja cartón, 13 cajetas cartón.
MORELOS
Primer Distrito: 11 costales nylon.
Segundo Distrito: 11 costales nylon.
Tercer Distrito: 58 costales plástico, 3 atados cajas.
Cuarto Distrito: 13 atados.
NAYARIT
Primer Distrito: 18 cajas cartón, 2 cajetas cartón.
Segundo Distrito: 23 cajas cartón.
Tercer Distrito: 15 cajas cartón, 15 costales.
NUEVO LEÓN
Primer Distrito: 62 atados cajetas cartón.
Segundo Distrito: 95 atados cajas cartón.
Tercer Distrito: 58 atados cajas cartón y costales.
Cuarto Distrito: 62 atados cajetas cartón.
Quinto Distrito: 83 cajas cartón.
Sexto Distrito: 28 cajas cartón.
Séptimo Distrito: 74 cajas cartón.
Octavo Distrito: 58 bultos cajas cartón y costales.
Noveno Distrito: 58 Bultos cajas cartón y costales.
Décimo Distrito: 58 bultos cajas cartón y costales.
Décimo Primer Distrito: 58 bultos cajas cartón y costales.
OAXACA
Primer Distrito: 104 cajas cartón.
Segundo Distrito: 115 cajas cartón.
Tercer Distrito: 118 cajas cartón.
Cuarto Distrito: 89 cajas cartón.
Quinto Distrito: 42 cajas cartón.
Sexto Distrito: 67 cajetas cartón atados.
Séptimo Distrito: 170 cajas cartón.
Octavo Distrito: 140 cajas cartón.
Noveno Distrito: 165 cajas cartón.
Décimo Distrito: 149 cajas cartón.
PUEBLA
Primer Distrito: 21 costales nylon.
Segundo Distrito: 20 costales yute.
Tercer Distrito: 25 costales nylon.
Cuarto Distrito: 4 costales yute.
Quinto Distrito: 21 costales yute.
Sexto Distrito: 30 costales nylon.
Séptimo Distrito: 28 costales manta, 9 costales nylon.
Octavo Distrito: 30 costales nylon.
Noveno Distrito: 4 costales yute.
Décimo Distrito: 8 costales yute.
Décimo Primer Distrito: 18 costales nylon.
Décimo Segundo Distrito: 19 costales nylon.
Décimo Tercer Distrito: 11 costales nylon.
Décimo Cuarto Distrito: 17 costales yute.
QUERÉTARO
Primer Distrito: 168 costales nylon.
Segundo Distrito: 163 costales nylon.
Tercer Distrito: 93 costales nylon.
QUINTANA ROO
Primer Distrito: 26 costales nylon.
Segundo Distrito: 29 costales nylon.
SAN LUIS POTOSÍ
Primer Distrito: 4 costales yute.
Segundo Distrito: 6 costales yute.
Tercer Distrito: 5 costales yute.
Cuarto Distrito: 4 costales yute.
Quinto Distrito: 3 costales yute.
Sexto Distrito: 7 costales yute.
Séptimo Distrito: 4 costales yute.
SINALOA
Primer Distrito: 12 costales nylon, 4 cajas cartón.
Segundo Distrito: 8 costales nylon.
Tercer Distrito: 8 costales nyon.
Cuarto Distrito: 13 costales nylon, 3 cajas cartón.
Quinto Distrito: 16 costales nylon.
Sexto Distrito: 15 costales nylon.
Séptimo Distrito: 12 costales nylon.
Octavo Distrito: 13 costales nylon.
Noveno Distrito: 11 costales nylon.
SONORA
Primer Distrito: 108 costales nylon.
Segundo Distrito: 51 costales nylon.
Tercer Distrito: 49 bolsas polietileno.
Cuarto Distrito: 60 costales nylon.
Quinto Distrito: 116 costales nylon.
Sexto Distrito: 3 cajas cartón, 87 costales nylon.
Séptimo Distrito: 8 ánforas, 51 costales nylon.
TABASCO
Primer Distrito: 36 cajas cartón.
Segundo Distrito: 36 cajas cartón.
Tercer Distrito: 36 cajas cartón.
Cuarto Distrito: 36 cajas cartón.
Quinto Distrito: 36 cajas cartón.
TAMAULIPAS
Primer Distrito: 15 costales manta.
Segundo Distrito: 20 costales manta.
Tercer Distrito: 86 costales manta.
Cuarto Distrito: 20 costales manta.
Quinto Distrito: 50 costales manta.
Sexto Distrito: 59 costales manta.
Séptimo Distrito: 20 costales manta.
Octavo Distrito: 114 costales manta.
Noveno Distrito: 52 costales manta.
TLAXCALA
Primer Distrito: 16 costales yute.
Segundo Distrito: 35 costales nylon.
VERACRUZ
Primer Distrito: 10 bolsas polietileno.
Segundo Distrito: 8 costales nylon.
Tercer Distrito: 23 bultos nylon.
Cuarto Distrito: 4 costales yute.
Quinto Distrito: 12 bultos yute.
Sexto Distrito: 7 costales nylon, 4 cajas cartón.
Séptimo Distrito: 11 bultos yute.
Octavo Distrito: 11 costales nylon.
Noveno Distrito: 6 cajas cartón.
Décimo Distrito: 19 costales polietileno.
Décimo Primer Distrito: 10 costales nylon.
Décimo Segundo Distrito: 10 costales nylon.
Décimo Tercer Distrito: 6 costales yute.
Décimo Cuarto Distrito: 8 costales nylon, 2 cajetas cartón.
Décimo Quinto Distrito: 10 costales nylon, 1 bolsa polietileno.
Décimo Sexto Distrito: 2 costales nylon, 7 costales yute.
Décimo Séptimo Distrito: 12 costales nylon.
Décimo Octavo Distrito: 10 cajas cartón.
Décimo Noveno Distrito: 11 bultos yute.
Vigésimo Distrito: 9 costales nylon.
Vigésimo Primer Distrito: 8 costales yute.
Vigésimo Segundo Distrito: 14 costales nylon.
Vigésimo tercer Distrito: 11 costales nylon.
YUCATÁN
Primer Distrito: 94 costales yute.
Segundo Distrito: 92 costales yute.
Tercer Distrito: 100 costales yute.
Cuarto Distrito: 100 costales yute.
ZACATECAS
Primer Distrito: 16 cajetas cartón.
Segundo Distrito: 18 cajetas cartón.
Tercer Distrito: 18 cajetas cartón.
Cuarto Distrito: 4 cajas cartón.
Quinto Distrito: 12 cajas cartón.
México, D. F., a 9 de agosto de 1982.
El Jefe del Departamento de Archivo, J. Salvador Zamora y Ortiz."
- Trámite: Túrnese a la Gran Comisión.
DOCUMENTACIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
- El mismo C. Secretario:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, y de conformidad con el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General De los Estados Unidos Mexicanos, se turnó a la H. Cámara de Diputados la Iniciativa de reformas al Artículo 132, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el C. diputado Octavio Rafael Bueno Trujillo, miembro del Partido Revolucionario Institucional a la LI Legislatura.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F; a 8 de enero de 1982.
Por los CC. secretarios, el Oficial Mayor licenciado Arturo Suárez Luna."
- Trámite: Túrnese a la Comisión de Trabajo e imprímase.
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"CC. secretarios de la H. Cámara de
Diputados.- Presentes.
De conformidad con el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión celebrada el día de hoy, fue turnado a esa H. Cámara de diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1981.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 18 de junio de 1982.
'Año del General Vicente Guerrero.'
Por los CC. secretarios, el Oficial Mayor licenciado Arturo Suárez Luna."
- Trámite: Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
De conformidad con el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión celebrada el día de hoy, fue turnado a esa H. Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1981.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F; a 18 de junio de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero.'
Por los CC. secretarios, el Oficial Mayor licenciado Arturo Suárez Luna."
- Trámite: Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
- El C. secretario Oscar Cánton Zetina:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión efectuada en esta fecha por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, y de conformidad con el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnó a la H. Cámara de Diputados la iniciativa de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción II del Artículos 124 de la Ley de Amparo, que presenta el ciudadano licenciado José López Portillo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F; a 26 de agosto de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero.'
Por los CC. secretarios, el Oficial Mayor licenciado Arturo Suárez Luna."
- Trámite: Túrnese a la H. Cámara de Senadores.
NULIFICACIÓN DE ELECCIONES
- LA C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
En la Décima Segunda Sesión de Colegio Electoral, de fecha 27 del actual, se aprobó un dictamen cuyos puntos resolutivos nos permitimos transcribir:
`Primero. Se declaran nulas las elecciones celebradas el día 4 de julio del presente año en el Vigésimo Noveno Distrito Electoral Federal del estado de México.
Segundo. En su oportunidad túrnese la presente resolución a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos que se refiere la fracción IV del Artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'
Lo que comunicamos a ustedes para los efectos legales a que haya lugar. México, D. F; a 31 de agosto de 1982.
Héctor Hugo Olivares Ventura, secretario; Hilda Anderson Nevárez, secretaria."
- Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El C. Daniel Angel Sánchez Pérez; Señor Presidente, pido la palabra para leer una iniciativa de ley que propone el Partido Socialista Unificado de México, es decir, antes del análisis del Informe.
El C. Presidente: Falta un punto a tratar por la secretaría, luego le daremos la palabra.
CASOS ELECTORALES APLAZADOS
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
En la Décima Segunda Sesión del Colegio Electoral, de fecha 28 del actual, se aprobó la proposición presentada por los ciudadanos Mario Vargas Saldaña, Manuel Osante López, Enrique Soto Izquierdo y Martha Chávez Padrón, integrantes de la Primera Comisión Dictaminadora, cuyo punto de acuerdo nos permitimos transcribir:
'Único. Que la calificación de los casos correspondientes a los distritos electorales V de Guerrero, con cabecera en Tlapa de Comonfort; II de Chihuahua, con cabecera en Hidalgo del Parral; y II de Sonora, con cabecera en Hermosillo, sin prejuzgar sobre la validez de los comicios, quede aplazada para la fecha que, en el pleno ejercicio de su soberanía, determine la LII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.'
Lo que comunicamos a ustedes para los efectos legales a que haya lugar.
México, D. F., a 31 de agosto de 1982.
Héctor Hugo Olivares Ventura, secretario; Hilda Anderson Nevárez, secretaria."
- Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
INICIATIVA DE CC. DIPUTADOS
ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Daniel Sánchez Pérez.
El C. diputado Daniel Angel Sánchez Pérez: Señores Diputados a la LII Legislatura de esta Congreso General:
El Partido Socialista Unificado de México, a través de su grupo parlamentario, ha tenido a bien proponer ante la soberanía de ustedes, para que sea pasado en su caso a la Comisión respectiva, una Iniciativa de Ley acorde a los momentos por los que atraviesa el país; todos sabemos que esos son tiempos de inquietud, de una inquietud que se ha ido provocando por los reflejos de la crisis en que atravesamos, pero que esa inquietud se ha ido canalizando y ha ido siendo cargada más que nada por la clase trabajadora, que en este país, por fortuna, son los mayoritarios.
Hasta este día, hasta estos momentos, no existe ningún análisis definitivo de la crisis que padecemos; dada su complejidad aún no hay una definición concreta y clara de qué tipo de crisis es la que estamos confrontando; algunos la llaman coyuntural; otros dicen que es una crisis financiera; algunos manifestamos que es una crisis de estructura, pero lo cierto, señores, es que esta crisis ha deteriorado en gran parte la vida social de nuestro país y que debemos estar conscientes de que ninguna medida o ningún grupo de medidas puede resolverlo en forma global; eso deberíamos tenerlo plenamente fijo en nuestra conciencia; sin embargo, medidas como las que tomó el gobierno de México, y que se dieron a conocer a su pueblo el día
1o. de septiembre, son medidas que definitivamente apuntan hacia lo que nosotros podríamos llamar un sistema de retroalimentación de nuestra Revolución Mexicana y hacia un sistema donde la Constitución tome nuevamente vigor, que se plasmen en la vida cotidiana y en la práctica diaria aquellos postulados que tanta sangre costaron a nuestro pueblo y que se vieron plasmados en la Constitución que nos rige. Es verdad que en nuestro país, en virtud de esa crisis, de los efectos de esa crisis, las fuerzas productivas estaban en una forma de trabazón. No en todos los sectores de la economía, desde luego, por eso había la administración...
El C. diputado Alberto Salgado Salgado (desde su curul): Moción, señor Presidente. Creo que el compañero está infraccionando el Artículo 58 del Reglamento Interior. Pido a la secretaría que proceda a dar lectura al mismo para que nos sujetemos a ese proceso e introduzcamos el orden. Esa disposición determina que debe leerse la iniciativa y después discutirla, no invertir el orden. Nosotros estamos de acuerdo en que las iniciativas se pongan a la consideración de esta soberanía, pero vamos a someternos a los reglamentos y leyes que rigen a la misma.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Nuevamente le pido paciencia, porque usted no me puede interrumpir de acuerdo al Reglamento.
El C. Alberto Salgado Salgado: Pido a la secretaría se lea el Artículo 58 y en relación con el 60 y el 105.
El C. Presidente: Continúe, compañero diputado.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Que si se sabe muy bien el Reglamento, compañero, deberá atender de que ningún orador puede ser interrumpido en la tribuna si no es para una moción de las que están establecidas ahí. Yo solamente le pido que tenga paciencia, porque, como decían los compañeros del PAN en una ocasión, esto es un exordio para leer la iniciativa, si lleva usted prisa, me lo dice para leerlo más a la carrera.
El C. Presidente: Continúe el orador.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Les decía yo, a manera de introducción antes de leer la iniciativa, que es cierto que las fuerzas productivas se estaban trabando en el país y que eso estaba conduciendo a un callejón sin salida, porque al trabarse las fuerzas productivas y al existir una gran inquietud social, de no existir medidas como las que se tomaron el día 1o. de septiembre, tendrían que desembocar forzosa y necesariamente en un estallido social.
Creo que el gobierno de México, atinadamente, viendo esa situación, viendo la gran necesidad de impulsar o desarrollar algunos sectores de nuestra economía, como el pequeño comercio, como la mediana industria, que estaba fuera de ciertas capacidades bancarias, tomó una decisión y es cierto que no es atendiendo, como dijeron en el Informe entre los mismos políticos, sino a la necesidad real del país.
Por eso nosotros en el PSUM, pretendiendo apoyar desde nuestro punto de vista esa medida que se nos hace, aparte de patriótica, mucho muy necesaria, proponemos ante ustedes una Iniciativa de Ley que nos dé la oportunidad no sólo de dar apoyos masivos al sistema, no sólo hacer mítines en el Zócalo, no sólo llevar el mensaje de este Congreso y de este sistema de gobierno al pueblo trabajador para decirle por qué se tomó esa medida, sino también implementar una estructura jurídica que permita hacer ágil y activa la aplicación de esa medida, sin que traiga, a su vez, choques que podrían traer consecuencias funestas para nuestro desarrollo político, social y económico.
El partido Socialista Unificado de México propone lo siguiente:
A los CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando:
1. Que el titular del Ejecutivo Federal ha expedido Decreto de fecha 1o. de septiembre del año en curso por el que se establece el control generalizado de cambios.
2. Que el Artículo segundo del Decreto antes mencionado establece que "Cualquier exportación o importación de divisas que pretenda llevarse a cabo en forma distinta a lo establecido en el artículo anterior será considerada contrabando, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a los infractores"; siendo, por lo tanto, necesario establecer conforme a derecho esas sanciones. Hay un principio general que viene en latín, que dice: En nulo crimen, nula pena, sin eje.
3. Que los artículos décimo séptimo y décimo octavo del Decreto mencionado en el considerando 1 prevén igualmente sanciones a los infractores de las disposiciones en él contenidas.
4. Que con motivo de la expropiación de la banca privada y el establecimiento del control generalizado de cambios la clase patronal ha desatado una abierta acción que pretende boicotear las medidas tomadas el pasado 1o. de septiembre, recurriendo, entre otras acciones, a paros injustificados de las empresas, lo que atenta contra los trabajadores y contra la economía nacional lo cual resulta especialmente perjudicial ante la grave crisis que el país experimenta.
El grupo parlamentario del PSUM somete a la consideración de esta Asamblea, con la petición de que se dictamine dentro del plazo previsto por el Artículo 87 del Reglamento, el siguiente proyecto de Decreto que adiciona el Código Penal.
Se refiere al Código Penal para el Distrito Federal, en lo que es aplicación común aquí, para aplicación federal en toda la República, refiriéndose precisamente al capítulo en donde vienen los delitos contra la economía pública.
DECRETO
Artículo Primero. Se adiciona al Código Penal para el Distrito Federal en materia común y en toda la República para los delitos de la competencia de los tribunales federales, el Artículo 254 bis, que establece lo siguiente:
Artículo 254 bis. Se aplicará sanción de cuatro a doce años de prisión y multa de cincuenta mil a doscientos mil pesos;
I. A los patrones o empresarios que suspendan las relaciones de trabajo temporal o definitivamente o unilateralmente cierren las empresas o establecimientos o realicen paros laborales sin ajustarse a las causales a que se refieren los artículos del 427 al 439 de la Ley Federal del Trabajo y sin agotar previamente los procedimientos que se establecen en los capítulos 18 y 19 del Título decimocuarto de la propia Ley Federal del Trabajo.
II. A quienes, al margen de las normas que regulan el mercado de divisas o moneda extranjera, traten de exportarlas o las exporten.
III. A quienes compren o vendan divisas o moneda extranjera sin observar las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto que establece el control generalizado de cambios y demás disposiciones que dicten las autoridades competentes en la materia.
IV. A los funcionarios o empleados de la administración pública federal, estatal o municipal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, que contravengan las disposiciones jurídicas que reglamentan el mercado y operación de divisas o moneda extranjera, instiguen o faciliten a los particulares la realización de operaciones de divisas o moneda extranjera y que constituyan evasión o violación a los preceptos jurídicos aplicables, utilizando los medios o condiciones que a su cargo o empleo les proporcionen; además de las sanciones ya mencionadas en este artículo se les impondrá destitución definitiva del cargo o empleo e inhabilitación para obtener otro por un término igual a la duración de la pena privada de su libertad.
TRANSITORIOS
Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, 3 de septiembre de 1982. Grupo Parlamentario del Partido Social Unificado de México. Firma su coordinador, Rolando Cordera Campos.
Esto era todo, señores, esta es una Iniciativa que se propone porque no debemos ser ingenuos, sabemos que va a haber medidas contrarias a la medida patriótica del señor Presidente de la República y sabemos que conductas individuales no provocan daño, como no lo empezaron a provocar el sacar sus dólares uno por uno, puesto que no era delito; pero conductas colectivas sí causan un grave daño.
Todavía gran parte del activo laboral del país está influenciado o en manos de la iniciativa privada, y un paro patronal a nivel nacional, un paro empresarial que desocupe, aunque sea parcial o temporalmente, un millón y medio o dos millones de trabajadores, nos pondría en una tesitura igual o casi igual que la desnacionalización de la banca o el haber llevado dólares al extranjero.
Esa es la preocupación del Partido Socialista Unificado de México, las conductas colectivas que deben sancionarse ahorita, en este momento, no como cacería de brujas, sino haciendo activo eso que ya existe en estas legislaciones y que hasta el momento no hemos tenido conocimiento de que se apliquen.
Por eso también se propone a la soberanía del Congreso que esa Comisión que existe en nuestra Ley Orgánica, de Vigilancia, y que es temporal, no permanente, mientras dure esta crisis, mientras dure la implementación de todas las medidas que el Ejecutivo y este Congreso van marcando para enmendar la economía ya viciada y mala de nuestro país, que esa Comisión de Vigilancia del Congreso esté pendiente de que se aplique la Ley que de aquí sale, para evitar que no haya ni una sola denuncia por la ocultación del huevo, como ahorita, por la ocupación de la leche, a sabiendas que esta es la temporada en que más existe producción.
Que el agente del Ministerio Público Federal, que los presidentes municipales, con las facultades que les conceden la misma Constitución y las leyes, que hagan las denuncias y que nosotros veamos, en última instancia, que estas leyes se apliquen. De lo contrario, señores, las medidas pasarán a ser párrafos escritos en leyes que nunca serán atendidas. Era todo, muchas gracias.
El C. Presidente: De conformidad con el Artículo 56 del Reglamento Interior del Congreso General túrnese esta iniciativa a la Comisión de Justicia, e imprímase.
ANÁLISIS DEL INFORME
PRESIDENCIAL
POLÍTICA INTERNA
El C. Presidente: Con fundamento en el Artículo 8o. párrafo 3o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión de hoy estará destinada al análisis del VI informe rendido por el C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la política interior.
Se han registrado para tal efecto los CC. diputados Rafael Aguilar Talamantes, Juan Campos Vega, Baltazar Ignacio Valadez
toya, Encarnación Pérez Gaytán, Roger Cicero y José Carreño Carlón.
En tal virtud se concede el uso de la palabra al C. diputado Rafael Aguilar Talamantes.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: Compañero Presidente; señores diputados:
Me ha tocado la responsabilidad y el honor de ocupar esta tribuna para exponer los puntos de vista del PST en relación con el VI Informe Presidencial, particularmente en lo relativo a la política interior.
Quisiera antes expresar a todos los miembros de la LII Legislatura el saludo cordial de la fracción parlamentaria obrera de nuestro partido y señalar que es criterio nuestro que esta LII Legislatura tiene la enorme responsabilidad de demostrar su verdadera representatividad en la medida en que muestre también aquí verdadera sensibilidad. Y el análisis del VI Informe es una buena oportunidad para que esta Legislatura demuestre sensibilidad, de otra manera corremos el riesgo de que nos convirtamos en simples aplaudidores de una medida política de profundo patriotismo- quién lo duda- , pero que nos ha colocado a todos ante un enorme reto: saber orientar y conducir la vida política del país en un periodo inmediato o en los amplios marcos de una Constitución que posibilita el diálogo y la lucha civilizada entre los contrarios, o que por causas de sensibilidad de esta Cámara no sepamos oportunamente detectar cuáles son los peligros que acechan a la nación.
Por esa razón yo no quiero referirme en este análisis del Informe a todos detalladamente, a todos los aspectos que francamente hay una gran tentación por analizar a detalle la situación política del país en todo aquello que afecta a los trabajadores.
Hay una gran tentación para hablar aquí de cómo en el año del cual se informó el 1o. de septiembre el nivel de vida de las clases trabajadoras descendió realmente, contradiciendo todas las estadísticas; el número de crímenes que los latifundistas cometieron en el campo aumentó- nadie lo duda- el número de parejas sin vivienda también se elevó; y, en fin, podríamos señalar aquí a detalle, con toda sensibilidad, lo que el informe no dijo respecto a la verdadera situación en que han vivido las masas trabajadoras en este año del cual se informó. Y no lo hago por la sencilla razón de que en esta misma tribuna, donde se anunció la nacionalización de la banca, es necesario ahora alertar a todos los señores diputados respecto a lo que verdaderamente está en juego en estos momentos para la vida del país.
El 4 de julio se realizaron las elecciones. En ellas participó el Partido Socialista de los Trabajadores con todos sus candidatos, y durante la campaña nosotros insistimos en que el enemigo principal que se alzaba amenazadoramente contra nuestro pueblo en esas elecciones era el abstencionismo; y no nos referíamos simplemente al hecho de abstener de ir a votar, aunque así se concretaba ese enemigo en estas elecciones, nos referíamos a que se ha venido propiciando durante mucho tiempo un abstencionismo político generalizado de nuestro pueblo, y esto es muy grave; deja sin sustento, sin base social y política sólida a medidas tan transcendentes y tan importantes como las que aquí escuchamos el día 1o. de septiembre.
Y muchos de los juicios políticos que podían hacerse entonces y que se hacían, partían en buena medida de ese hecho: de la amenaza del abstencionismo y de cómo todos los males y todos los enemigos seculares de nuestro pueblo se habían corporizado en el abstencionismo.
Grave hubiera sido para el país y casi imposible tomar decisiones de la naturaleza y del tamaño que se han tomado si el 4 de julio el abstencionismo hubiera salido victorioso. Afortunadamente se concertaron las fuerzas más sanas de la nación, brotó y floreció toda la potencialidad democrática de nuestro pueblo y el abstencionismo fue derrotado.
¿Hubo triquiñuelas? Sí las hubo. ¿Hubo irregularidades?
Nadie lo duda. Sabremos quiénes y cuántos de los que estamos aquí lo estamos en buena medida o en pequeña parte como producto de esas triquiñuelas y de esas irregularidades. Pero lo principal no fue eso, lo principal fue que se mostró la potencialidad del pueblo y se venció al abastencionismo, y los canales para que el abstencionismo fuera derrotado indudablemente fueron los marcos de la reforma política, uno de los más grandes éxitos del presidente López Portillo, que desde 1979 creó y colocó para la nación condiciones para que nuestro país, en particular el sector nacional revolucionario., desde nuestro punto de vista hegemónico en el aparato del Estado, tuviera canales para recuperar una base social que estaba perdiendo y que le era indispensable poder estar en condiciones de enfrentar las desde entonces ya graves amenazas que el enemigo principal de nuestro pueblo, el imperialismo norteamericano, no estaba ya lanzando sobre nuestro país.
Gracias a la reforma política y a que fuerzas nuevas surgieron a la lucha política nacional y a que pudimos alentar, desde diversas posiciones al pueblo de México para alentarlo de los peligros que le amenazaban, pudimos generar esta enorme movilización que permitió que el abstencionismo fuera derrotado; y gracias a que el abstencionismo fue derrotado y a que la nación recuperó y reanimó sus fuerzas fue posible que el día 1o. de septiembre escucháramos aquí, de parte del Presidente de la República, una decisión que indudablemente ha resultado de gran trascendencia histórica: la decisión de decretar la nacionalización de la banca y de establecer el control generalizado de cambio.
Nos parece que la validez histórica del VI Informe de Gobierno del presidente López Portillo, parte y termina indudablemente de ese anuncio, porque lo que el país recuperó el 4 de julio, lo que el gobierno ganó el 4 de julio, parecía que se había perdido el 5 de agosto.
No vamos a desmentir aquí al diputado Sánchez Pérez. Es cierto, el PSUM ha publicado
kilos de documentos y de desplegados; el PPS igual, casi toda la izquierda, el PRI, casi todos han hecho análisis de la crisis, pero es cierto, hasta ahora casi nadie ha hecho un análisis serio de la crisis.
Lo cierto es que tampoco teníamos posibilidades de hacer análisis serios.
Después del 1o. de septiembre, cuando el comportamiento del Estado se define, cuando toma posiciones el sector nacional revolucionario que parecían abandonadas, se pueden empezar a hacer análisis mucho más profundos y mucho más serios.
Antes hasta los más brillantes teóricos de nuestra izquierda, a nosotros nos tocó verlos, temblorosos, perdidos indagantes, sin saber qué hacer, y todo eso contribuía en cierto modo a que las fuerzas de la nación estuvieran francamente debilitadas y algunas hasta moralmente derrotadas antes del 1o. de septiembre.
Muchos de los más lúcidos pensadores del sector nacional revolucionario con los que platicábamos habían tirado la toalla ya, estaban derrotados ya, casi habían convertido al Presidente de la República, a su propio Presidente, de en su enemigo. Esa debilidad ideológica y política de nuestra clase política,
era evidente antes del 1o. de septiembre. Una de las características de la situación política interior era el debilitamiento moral en que se encontraban grandes contingentes de políticos, incluso del PRI. No sabían qué hacer, no encontraban salida, no tenían respuesta; y con ellos, desorientados los sectores que representan, no tenían salida ni respuesta para las crisis, algunos ya estaban pensando francamente en pasarse al lado contrario. Hubo quienes llegaron a afirmar que el Presidente de la República ya había abdicado de su poder, que vivíamos vacíos de poder; y empezaban a encaramarse y a crear vínculos y relaciones con la oligarquía muchos de los políticos que aquí vimos aplaudir al Presidente el día 1o. de septiembre. No me dejarán mentir los compañeros diputados priístas que mejor conocen cómo se tratan en familia estos asuntos de la política nacional, pero era evidente que estábamos peligrosamente marchando hacia una crisis, en primer lugar, de carácter moral.
Una buena parte de los dirigentes encargados de conducir a este país estaban derrotándose a sí mismos, y de ahí el enorme valor del mensaje del Presidente el día 1o. de septiembre, un mensaje que inicialmente explica y esclarece por qué está obligado a tomar la histórica decisión, y de ahí el momento en que se anuncia esa histórica decisión: la de nacionalizar la banca y la de establecer el control generalizado de cambios.
¿Quién duda de lo indispensable de esta medida? ¿Podrá haber discrepancia si algunos dicen que no tiene bases jurídicas ni constitucionales? Creo que la inmensa mayoría del pueblo, de una u otra manera, y también los expertos en la materia, no tendremos dificultad alguna para establecer las bases jurídicas y constitucionales de las medidas, pero sobre lo que no tenemos absolutamente ninguna duda es sobre la necesidad histórica y política de esta medida. Al Presidente lo tenían ya acorralado, lo habían prácticamente colocado a la defensiva, la nación estaba en situación difícil, gracias a esta medida fue posible transformar las condiciones de lucha. Ese solo acto de soberanía nos ha colocado a todos en condiciones de lucha ahora- quién lo duda también - en condiciones más favorables.
Sin embargo, es cierto, esta histórica decisión, señores, de trascendencia indudable, que favorece al pueblo de una manera extraordinaria, sobre todo a mediano y largo plazo, todavía no es más que un simple acto administrativo, todavía no es un acto político de raíces profundas, todavía no deja huella y enraíza de tal manera que sea irreversible; las fuerzas de la reacción son poderosas, se les dejó creer y se les amamantó durante muchos años; nosotros observamos el 1o. de septiembre quiénes se mantuvieron sentados rumiando su coraje en esta Cámara misma; los panistas mostraron su justa inconformidad, su legítima inconformidad quedándose sentados; los del Partido Demócrata Mexicano igual, y alguno que otro panista de izquierda también hizo lo mismo; no sé si habría priístas empanizados que hicieron también lo mismo, pero indudablemente es esta Cámara no se apoya por unanimidad la medida de nacionalizar la banca; y si aquí, que se supone que representamos a la nación, no hay unanimidad, afuera tampoco hay unanimidad; poderosos sectores están en contra de la nacionalización de la banca y de esta reivindicación que ha hecho el gobierno de México para el pueblo de México.
"Revolución que transa, revolución que pierde", decía Carranza. Sí es cierto, esta medida revolucionaria, que tiene forma nacionalista, pero un contenido revolucionario muy importante, todavía puede ser negociada, y el Presidente, hay que decirlo aquí, en su VI Informe les dio un plazo de 30 días para que recapaciten y esa oligarquía financiera, que tenía dinero y que a través del dinero controlaba industrias, comercios y servicios, puede retornar, y si es inteligente va a retornar, replegándose previamente para comprar las acciones que tal parece el gobierno está dispuesto a poner en venta.
Mil importantísimas empresas pueden regresar a manos de esos apátridas y con ello se le habrá quitado un importante porcentaje de validez a la medida de nacionalización de la banca, y quienes quieren mayor responsabilidad para impedir que esta patriótica medida quede anulada en un futuro inmediato son en primer lugar la diputación priísta y todos y cada uno de nosotros los que formamos parte de los partidos del progreso, que estamos en mayoría indudable en esta Cámara.
Muchas, pero muchas maniobras nos tiene todavía deparadas el capital. El gran capital es viejo en este país, mañoso, truculento y perverso, como lo calificó el Presidente, y esa calificación nos debiera servir de medida a todos para establecer con absoluta precisión una
estrategia y una táctica de lucha conjunta a todos los partidos del progreso para impedir que haya retrocesos en la nacionalización de la banca.
La nacionalización del petróleo tuvo periodos en donde pudo perderse; periodos peligrosos; periodos históricos en que la nacionalización del petróleo pudo tener reversa, pero gracias a la alerta de las fuerzas nacionales y populares más avanzadas se pudo impedir un retroceso de fondo en la nacionalización petrolera. Pero no teníamos el gran capital que tenemos ahora, ni la oligarquía financiera que tenemos ahora, ni el sector oligárquico de la burocracia política que tenemos ahora, ni la modorra priísta que tenemos ahora. En aquel tiempo las fuerzas populares, salidas del cardenismo, estaban vigorosas, sanas y firmes; el movimiento obrero empujaba, tenía con qué defender la nacionalización petrolera. Y yo pregunto con qué contamos ahora.
Comentaba hace un rato con algún diputado que me decía que el próximo miércoles tener preparadas las fuerzas reaccionarias de Monterrey y Sinaloa y de otros estados, paros del comercio y de la industria contra la medida de la nacionalización. Yo le decía: "ojalá sean tan torpes como para que paren sus industrias y paren sus comercios. Si cometen la torpeza de oponerse a la rueda de la historia, van a ser arrasados, indudablemente, arrasados."
Pero a mí me ha extrañado mucho la declaración del PAN cuando dijo: "No vamos a defender a los banqueros". No cabe duda, qué inteligentes son los señores panistas. Los banqueros no tienen defensa, es indudable que no tienen defensa. Sin embargo, tienen capacidad de ofensiva, y la capacidad de ofensiva la van a poner en práctica primero, replegándose, y segundo, penetrando por cada hueco donde se muestre la debilidad del gobierno para reconciliarse con ellos. Y esta Cámara debe estar alerta porque no se trata aquí de defender a un nombre llamado José López Portillo, aquí se trata de defender a una nación en grave peligro, amenazada por las fuerzas imperialistas; aquí se trata de defender un régimen constitucional, que nos costó mucha sangre; aquí se trata de defender la legalidad constitucional, que es una vía por la cual podemos caminar todos hacia un futuro mejor para nuestro país.
Y el enemigo imperialista está conspirado permanentemente contra México, contra la clase obrera y contra el pueblo. Parecía que les es indiferente a ellos tratar con los banqueros privados o con los banqueros públicos, pero no es así. Lo cierto es que el manejo nacionalizado de la banca crea posibilidades de desarrollo independiente en nuestro pueblo y crea también una base real, una base política y material para que tengamos decisiones cada vez más autónomas y más avanzadas en todos y cada uno de los asuntos de la vida nacional.
Saben que esa independencia económica que nos da la nacionalización de la banca nos va a hacer peligrosamente cada vez independientes también en el terreno político, y que después de la nacionalización de la banca deben venir otras decisiones políticas de gran envergadura, y que estaremos en condiciones de tomar esas decisiones, en primer lugar, si consolidamos esta primera medida de nacionalizar la banca.
Por eso destacamos, en este análisis del Informe y hacemos una exhortación a los señores diputados, para que no nos vayamos tras la finta de los detalles sin importancia, emociones, sentimentales, políticos, económicos o no, sino que seamos capaces de capturar la esencia del Sexto Informe.
Lo que implica esta decisión enorme del presidente López Portillo y la responsabilidad que nos deja a todos nosotros para defenderla, para consolidar y para apoyarnos en ella como plataforma, para avanzar en la democratización de este país.
Es indudablemente, la nacionalización de la banca, una medida que favorece la emancipación nacional de México, pero en el fondo, en la esencia de esta medida nacionalista, está la posibilidad de avanzar hacia la emancipación social de México.
Nos ha tocado vivir el privilegiado periodo histórico en el cual se confunden, casi al grado de identificarse plenamente, las tareas de emancipación nacional con las tareas de emancipación social que durante mucho tiempo han quedado pendientes en este país; la lucha contra el imperialismo y la lucha contra el capitalismo son dos luchas que no podemos dejar de dar desde esta tribuna y en cualquier rincón, en cualquier tribuna de la vida nacional.
La CTM, el Congreso del Trabajo, utilizando eufemismo, ha dicho lo mismo. Ellos en su último Consejo Nacional hablan de la posibilidad de un desarrollo no capitalista.
La nacionalización de la banca abre la posibilidad de un desarrollo no capitalista de nuestro país, y todas las fuerzas que representamos en este Congreso, deberíamos de conjuntarnos, de ponernos de acuerdo para definir teóricamente primero, políticamente después, una estrategia que nos permita definir las características, con toda precisión y con toda claridad, de las tareas políticas más urgentes en este momento.
Nosotros pensamos que debemos entrar con base en los resultados del VI Informe, que confirman apreciaciones hechas por un conjunto de fuerzas avanzadas; pensamos que es posible marchar en un gran frente para la construcción de un gobierno democrático de reconstrucción nacional.
Analícese el Informe, en cada uno de sus detalles, si se quiere, y sus formas y veremos que casi no hay área de la vida nacional que no merezca ser reconstruida y que la tarea patriótica, la tarea histórica, la tarea revolucionaria más importante de este momento, es que podamos conjuntarnos para orientar nuestra lucha hacia la reconstrucción nacional, empezando por democratizar al gobierno y colocarlo en condiciones de conducir al país con todas las
fuerzas que se pueda, por la vía constitucional, hacia la conquista de un país autosuficiente en todos los sentidos.
Nosotros felicitamos desde esta tribuna al presidente José López Portillo por su informe, por la trascendencia política enorme de su mensaje, por la contribución histórica que da para remoralizar a las mejores fuerzas nacionales dándoles una gran lección, en primer lugar, a los miembros de su propio partido, y exhortamos desde esta tribuna al Presidente de la República a que él también esté alerta. No era posible dejar la banca en manos de ladrones, pero tampoco es posible mantener la reforma agraria en manos de latifundistas; todavía hay muchas inconsecuencias en la vida política de este país, todavía nos estamos preguntando cómo es posible que Antonio Toledo Corro haya sido secretario de la Reforma Agraria y por lo tanto causante, en cierto grado, en lo personal, de que en estos momentos estén marchando hacia
la ciudad de México, desde cinco puntos diferentes, cerca de 50 mil campesinos que vienen marchando, en una marcha nacional campesina, por que la tierra y sus productos sean de quienes las trabajen. Hay altos funcionarios que se oponen a esta marcha, que los han amenazado de que no va a llegar a México esta marcha.
Nosotros queremos solicitar la más amplia solidaridad de los señores diputados, porque delante de esta marcha campesina irán los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores. A nuestro propio partido le tienen detenidos más de 1 500 asuntos en Reforma Agraria, pero ustedes saben que hay más de 30 mil expedientes de grupos campesinos que a la mala fueron archivados para satisfacer a los latifundistas, y que una reivindicación muy importante, también desprendida del VI Informe, es que necesitamos que los campesinos se movilicen y reclamen lo que es de ellos, que vengan y apoyen la nacionalización de la banca y que levanten la demanda de tierra y de crédito para hacer fracasar los planes imperialistas y gran burgueses que nos quieren todavía cobrar la cuenta de la nacionalización por la vía de tratar de matarnos de hambre. No lo van a lograr, vamos a salir de esta lucha más fortalecidos, qué duda cabe, vamos a consolidar la medida.
Hoy en la mañana informaban que hace un rato, centenares y miles de niños pioneros estuvieron en las sucursales bancarias con banderas nacionales depositando parte de sus ahorros y abriendo cuentas bancarias. Qué duda cabe que los niños, que los jóvenes, que los hombres y mujeres patriotas de este país, vamos a sacar adelante la más trascendental medida del VI Informe de Gobierno, qué duda cabe que el pueblo va a llevar adelante esta medida.
Señores diputados, con su alerta, con su sensibilidad con su decisión de cumplir una responsabilidad que aquí tenemos todos, yo les pediría finalmente que no permitan que se dé marcha atrás a la nacionalización de la banca admitiendo aquí cuando en su momento se presenten, iniciativas tendientes a legitimar medidas de retroceso; no permitan, con su voto, que se dé un paso atrás en materia de nacionalización de la banca; por el contrario, pongámonos de acuerdo para dar muchos pasos adelante. Muchas gracias, señores
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Juan Campos Vega.
El C. Juan Campos Vega: Señor Presidente; señoras y señores diputados:
A nombre del PPS voy a expresar una serie de juicios y opiniones acerca de la política interior de este VI y último Informe del presidente José López Portillo. Indiscutiblemente que no será posible en esta ocasión hacer un balance completo de los seis años de gobierno del presidente López Portillo, pero sí es cierto que en esta ocasión podremos dar algunos juicios sobre algunos aspectos sobresalientes de la política interior de este gobierno.
En este VI Informe, al opinar sobre la Revolución Mexicana, el Presidente dijo que ésta libera de temores y otras vez acelera su paso.
El PPS está de acuerdo con esta afirmación, porque el PPS ha manifestado siempre que la Revolución Mexicana es un proceso vivo y actuante, que en ocasiones ha frenado su desarrollo, que en ocasiones, inclusive, ha sido traicionada, pero que en general marcha por el camino ascendente para resolver los graves problemas de nuestro pueblo. Claro, no todas las fuerzas coinciden con esta opinión del partido, algunos quisieran ver muerta a la Revolución Mexicana, porque ha afectado sus intereses; otros, por analizar subjetivamente el desarrollo de nuestro país, la matan y la reviven de acuerdo con sus convivencias; para el Partido Popular Socialista la Revolución, insisto, la Revolución Mexicana, no es algo muerto, es algo vivo, es algo que sirve a nuestro pueblo para avanzar hacia la conquista de sus objetivos, como son la independencia nacional, la ampliación del régimen democrático y la elevación del nivel de vida del pueblo.
Hace algunos años, bastantes ya, cuando se inscribió con letras de oro el nombre de Francisco Villa en este recinto, el maestro Vicente Lombardo Toledano fundador de nuestro partido, decía que la Revolución Mexicana era unilateral, que la Revolución Mexicana no se hizo para contentar a todos los mexicanos, sino para descontentar a algunos y para contentar a los más y explicaba:
"Mientras no contemos a las mayorías de nuestro pueblo no habrá movimiento revolucionario. El día que todos los mexicanos aplaudiéramos a la Revolución sin excepción, deberíamos, en lugar, de aplaudirla, convocar a una misa de difuntos".
Por eso no nos extraña a los miembros del Partido Popular Socialista que mientras el pueblo, las masas populares, festejan la nacionalización de la banca, los sectores que han resentido más duramente este golpe, los que se habían enriquecido inmoderadamente, los apátridas, los desnacionalizados, estén tratando
de realizar acciones en contra de esta patriótica decisión del presidente José López Portillo.
Ahí están los Goicochea, los Clouthier, tratando de organizar al pueblo.
¿Caerá el pueblo en la trampa? Yo creo sinceramente que no. Yo he visto la opinión del pueblo, he oído la opinión del pueblo, la actitud que tiene en este momento hacia ese paso tan importante y estoy seguro que el pueblo, como siempre, no se dejará engañar por quienes lo han explotado de manera permanente, no se dejará engañar por aquellos que han traicionado a la Revolución Mexicana, por aquellos que se han enriquecido a costa del sufrimiento de las masas populares.
Esta acción de estos representativos de la oligarquía de nuestro país es antipatriótica, conspirativa, es una actitud en contra de las medidas avanzadas del gobierno, en contra de los aspectos positivos de la Revolución Mexicana, y no es nueva esta actitud, es la misma actitud que tuvieron frente a Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera; la misma actitud que tuvieron frente al gobierno de López Mateos y la nacionalización de la industria eléctrica, la misma actitud que tuvieron frente a Luis Echeverría y la nacionalización del tabaco, de la industria de los teléfonos y del otros aspectos importantes para la economía de nuestro país.
Pero estas acciones, señoras y señores diputados, no deben pasar desapercibidas. Nosotros, los representantes del pueblo, de la corriente progresista y revolucionaria del pueblo aquí reunidos, debemos llamar a la vigilancia revolucionaria, a la denuncia de todas las acciones en contra de la nacionalización y debemos también hacer que este Congreso se manifiesta enérgicamente y exija que el gobierno tome las medidas necesarias en contra de esas actitudes que hemos calificado de conspirativas y antipatrióticas, aplicando con duro rigor la ley correspondiente.
Pero si bien es cierto, y decía yo al principio que no podríamos hacer aquí un balance de la Revolución Mexicana, ni siquiera de los seis años de este gobierno- tiempo habrá - , es necesario que destaquemos en lo que hemos avanzado. Pero antes quisiera expresar que para nosotros, los miembros del PPS, la Revolución Mexicana, por ser viva, por ser actuante, no puede alimentarse de las mismas consignas con las que surgió, con las consignas de hace 50 años o con las consignas de hace 25 años. La Revolución Mexicana debe luchar por conquistar lo que se propuso al inicio, pero debe enriquecer de manera permanente, de manera diaria, esas demandas con otras que contribuyan al desarrollo independiente de nuestro país.
La Revolución Mexicana surgió para destruir el régimen feudal, semiesclavista; después debe luchar por excluir del gobierno a los elementos reaccionarios, debe luchar por convertir cada día más al Estado en rector de la economía, por fortalecer económicamente y, por este proceso, hacer avanzar a nuestro pueblo hacia estadios superiores de la vida social. La Revolución Mexicana también, como reacción popular en contra de una dictadura, ha sido siempre, y seguirá siéndolo durante muchos años todavía, un gran movimiento democrático.
El maestro Lombardo, de nuestro partido, el Partido Popular Socialista, al caracterizar a la Revolución Mexicana, dijo que este era un movimiento democrático- burgués popular, antifeudal y antiimperialista, pero si vamos analizar el aspecto de la política interior de este gobierno tenemos que referirnos de manera específica al aspecto democrático de nuestra Revolución porque, como lo señalara el presidente López Portillo en su informe, dice:
"La esencia misma del sistema establecido por la Constitución, la democracia como constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Ese es el concepto de democracia que entendemos también los miembros del Partido Popular Socialista, es la democracia por la que luchamos, la democracia económica, la democracia política, la democracia cultural, la democracia en beneficio del pueblo.
Por eso, para nosotros, sin menospreciar su importancia, la Reforma Política, que ha sido uno de los logros de este gobierno, no es en esencia todo el aspecto democrático; es apenas uno de sus aspectos fundamentales.
Es cierto lo que se ha dicho aquí, en el transcurso del Colegio Electoral, y en esta ocasión, que uno de los logros de esta Reforma Política fue haber derrotado al abstencionismo electoral, pero ese abstencionismo no es gratuito, ese abstencionismo, fue fomentado por esas fuerzas que quisieran que el gobierno que hemos elegido el 4 de julio hubiese sido un gobierno sin respaldo popular.
La derecha, la contrarrevolución, los medios de difusión ligados a ellos, al servicio de ellos, insistieron de manera permanente, no de ahora, durante muchos años, de denigrar el proceso electoral y fundamentalmente la actividad política y la actividad política de los revolucionarios; pero esos intentos de la derecha, esos intentos del imperialismo, y sus lacayos internos fracasaron. Es un gran logro de la reforma política.
El otro aspecto importante de esta reforma política, es que a pesar de lo que aquí ha mencionado mi compañero Ramírez Cuéllar en el Colegio Electoral, de la actitud de la prensa, de la gran prensa comercial, de la radio y la televisión, de tratar de ignorar las posibilidades de los partidos verdaderamente revolucionarios, en esta campaña electoral triunfó mayoritariamente la corriente que quiere hacer avanzar a nuestro pueblo con independencia. Eso también es un logro de la reforma política.
Por eso lo militantes del Partido Popular Socialista, su fracción parlamentaria, estamos de acuerdo con el presidente José López Portillo cuando plantea que la reforma política fue un logro estructural irreversible, pero
también estamos de acuerdo que esta reforma política está abierta al proceso de su perfeccionamiento, porque a pesar de que para el Partido Popular
Socialista la reforma política fue un paso importante en la ampliación del régimen democrático, indiscutiblemente no es a lo que nosotros aspiramos.
Nosotros seguiremos insistiendo en nuestras viejas demandas, las volvemos a plantear ante esta soberanía para que sean discutidas de nuevo, de realizar la representación proporcional para todos los cargos de elección popular, desde los ayuntamientos hasta este Congreso de la Unión. Seguiremos insistiendo en la necesidad de que sean reelectos los diputados de manera inmediata, porque consideramos necesario que se formen los cuadros parlamentarios que nuestro país requiere y, en su oportunidad, habremos de presentar ante esta Cámara de Diputados proyecto de iniciativa de ley en torno a estos aspectos. Seguiremos insistiendo en las mismas opiniones que nuestro partido en diversas ocasiones ha dado en torno a la Reforma Política acerca de los aspectos positivos, pero cerca de los aspectos que aún debemos superar.
Otro aspectos importante para nosotros, que se derivan del Informe del 1o. de septiembre, sin lugar a dudas es la cuestión de la educación.
Para el Partido Popular Socialista es positivo que hayamos alcanzado una meta importante, que fue la de proporcionar primaria a todos los niños de nuestro país; que se amplíe el número de jóvenes que tienen acceso a la educación media e inclusive que haya mayores posibilidades, aunque limitadas todavía, desgraciadamente, para el acceso real de la juventud a la educación superior.
Pero nosotros consideramos que la educación no es exclusivamente un problema cuantitativo, también es un problema cualitativo. Nos preocupa, sobre todo, la orientación de la educación en nuestra patria y nos preocupa, sobre todo, porque desgraciadamente la anterior legislatura introdujo un parche reaccionario al contenido revolucionario, al contenido del Artículo 3o. constitucional al incluir la libertad de cátedra en este precepto de nuestra Carta Magna, vieja aspiración de la derecha. Y como decía aquí el compañero Aguilar Talamantes, cuando la Revolución transa está derrotada. En el aspecto educativo no podemos transar, es fundamental, es una responsabilidad de esta Cámara, de la cual formamos parte, corregir esta desviación, suprimir este parche reaccionario del Artículo 3o. constitucional para reorientarla de nueva cuenta en su texto original, y para ello también el Partido Popular Socialista, en su oportunidad, presentará sus puntos de vista y una iniciativa al respecto.
También nos preocupa que siga concesionada la educación, que siga en manos de particulares, porque la educación en parte se encuentra en manos de la iniciativa privada y en manos de clero, porque hay escuelas que están en manos del clero a pesar de la prohibición del Artículo 3o. constitucional; no forman a la niñez y a la juventud de nuestra patria, deforman la mente de la juventud y la niñez de nuestra patria; pero no sólo eso, sino que además- no encontrar otro calificativo- la roban de manera permanente por las altas colegiaturas que éstos cobran.
Si bien es cierto que en este pasado se dijo que el Estado no era capaz de satisfacer toda la demanda educativa, yo creo que en nuevas condiciones, en las nuevas condiciones que nos ha dado la nacionalización de la banca podemos pensar ya de manera firme en la posibilidad de que toda la educación que se imparta en nuestro país esté impartida por el Estado y orientada por el Artículo 3o. constitucional, esta es una demanda también del PPS. Y también nos sentimos satisfechos, por qué no decirlo, de que hayamos avanzado en otros aspectos de la vida interior de nuestro país; que el Seguro Social o los distintos regímenes de la seguridad social abarcan el 85% de la población, que bueno; hace 20 años sólo 7 millones tenían acceso al sistema de salud de nuestro país, pero no podemos estar satisfechos, a pesar de que debemos reconocer los logros y los avances en este aspecto, seguiremos luchando por que el derecho a la salud sea un derecho garantizado para todos los mexicanos, desde el momento que nacen hasta el momento que fallecen; es una vieja aspiración de nuestro partido y de las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro pueblo.
Se nos informa que se ha ampliado el campo de acción de la radio y la televisión, que es ya para todo el país, positivo en un aspecto, pero negativo en otro, porque la radio y la televisión en su mayoría están concesionadas a elementos que no tienen absolutamente nada de patriotas; la radio y televisión privada son un instrumento desnacionalizador, un elemento en manos de la reacción y del imperialismo para deformar la conciencia de nuestra juventud, de nuestra niñez y deformar nuestra concepción cultural. Entonces, estamos satisfechos, se ha ampliado el campo de acción, pero no estamos satisfechos, por otro lado, porque está en manos de aquellos que están lucrando con esta concesión y deformando el sentido patriótico de nuestro pueblo. Por eso insistiremos en que esta concesión también se le quite a la iniciativa privada
También esta concesión debe regresar a manos del Estado, es propiedad de la nación, y creo lo repito, las nuevas condiciones económicas nos permitirán atender este servicio.
Pero así como hay aspectos positivos también hay aspectos negativos, lo dijo el Presidente en su Informe, esta concepción de la realidad nacional es claroscuro. Claro, hay elementos positivos, qué bueno, hemos avanzado en algunos aspectos en beneficio de nuestro pueblo, pero hay aspectos negativos; se nos dieron datos de lo que ahora puede comprar el pueblo con su salario en algunos aspectos muy concretos, pero si lo vemos en el
marco general, nosotros decimos, continúa la injusta distribución de la riqueza en nuestro país.
Es más, cada día se acentúa más este problema, la minoría de la población es la que se queda con la mayor parte de la riqueza que produce el pueblo con su esfuerzo, y el pueblo cada día percibe menos de la riqueza que produce con su trabajo. La carestía de la vida golpea fundamentalmente a las masas populares, a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores, a la clases populares de nuestro país.
El maestro Vicente Lombardo Toledano, que fue un estudioso profundo de la Revolución Mexicana, que luchó por llevar a la Revolución Mexicana hasta sus últimas consecuencias, decía que el progreso de un país no se mide exclusivamente por el desarrollo económico de cualquiera. Se mide fundamentalmente- decía- por la manera en como se distribuye la riqueza nacional. Si no hay mayores recursos al pueblo no se fortalecerá el mercado interior, y si no se fortalece no habrá desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas, y si esto no sucede nuestro país se estancará, se atrasará. Por eso es indispensable que a pesar de que hemos avanzado en algunos aspectos de la vida interior sigamos insistiendo en la necesidad de hacer menos injusta la distribución de la riqueza en nuestro país y tratar de evitar que la carestía de la vida siga golpeando a las masas de nuestro pueblo.
El presidente López Portillo en su intervención decía que el mejoramiento de nuestro pueblo en estos aspectos concretos, se debía a la orientación del gasto público. Eso es cierto, porque el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo es fundamentalmente en la rama de los servicios que proporciona el Estado: educación, salud, cultura, vivienda, agua potable, salubridad; pero en donde está el problema es en la distribución de la riqueza, esa injusta distribución de la riqueza, y los servicios contribuyen a hacer menos injusta esa distribución que nosotros no podemos estar conformes mientras la mayoría de nuestro pueblo, que es la que produce la riqueza, no disfrute de los bienes que la civilización y la cultura han creado a lo largo de los siglos.
Decía el presidente López Portillo, refiriéndose a este hecho: "En la lucha por mantener una dinámica política social que garantizara una mínimo de bienestar a toda la población, el Estado ha tenido que cargar con un peso creciente en lo político y particularmente en lo económico y ajustar y reajustar permanentemente un sistema económico que, dejado, de su propia suerte no sería capaz de avanzar hacia la justicia social y a la democracia en todos sus aspectos constitucionales."
Quiere esto decir que sin la participación del Estado en la economía de nuestro país no será posible satisfacer las demandas del pueblo. Esto implica lo que dijo el presidente López Portillo, y nosotros estamos de acuerdo con esta concepción, nosotros apoyamos sinceramente este punto de vista, porque para nosotros la participación del Estado en la economía es una cuestión fundamental, esencial, porque el capitalismo de Estado, en nuestro país, nació y se ha desenvuelto ante hechos concretos y problemas peculiares y consiste, en su aspecto medular, en hacer de la llamada iniciativa privada un factor secundario, tanto en producción como en la dirección general de la economía. Por esta razón todo lo que signifique condicionar los intereses privados, nacionales o extranjeros, al interés colectivo del pueblo constituye la única ruta posible para logra una democracia progresiva en nuestra patria.
Este ha sido el problema, esa es nuestra opinión. Por eso la nacionalización de la banca no sólo es una medida patriótica, progresista, sino democrática, y aceptamos y coincidimos con la concepción que de democracia se expresa en el Artículo 3o. constitucional, o sea, que la nacionalización de la banca puede servir para impulsar aún más las fuerzas productivas en nuestro país y resolver los problemas internos del pueblo.
El Partido Popular Socialista, en el transcurso de estos días, ha expresado algunos juicios que yo trataré de resumir acerca de la nacionalización de la banca.
Nosotros dijimos que puede equiparse a la expropiación petrolera, con la diferencia de que esta es una lucha interior clasista contra la burguesía financiera que pensaba que tenía copado al Estado. Hemos expresado también que es una de las decisiones políticas más importantes que se ha dado en las luchas históricas del pueblo mexicano, que es una decisión que reorienta la política económica del poder público en favor de los intereses del pueblo y de la nación; que se da un nuevo impulso a la Revolución Mexicana para avanzar hacia la plena independencia económica y política y elevar el nivel de vida del pueblo; que permite programar el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y la satisfacción de las necesidades nacionales prioritarias; que fortalece al Estado como rector de la economía nacional y que sienta las bases definitivas para un nacionalismo revolucionario al que debe corresponder un gobierno de democracia nacional.
Quiere decir que el hecho de que la banca no esté en manos de los especuladores, de los que la han utilizado para lucrar, el hecho de que la banca se encuentre ahora en manos del Estado va a permitirnos, en primer lugar, reorientar el crédito no hacia acciones especulativas, sino hacia acciones que desarrollen las fuerzas productivas en la agricultura y en la industria. Y si nosotros desarrollamos las fuerzas productivas, como decía el presidente López Portillo en su Informe, estaremos impulsando el desarrollo económico, nosotros debemos tomar las medidas necesarias
para que esta nacionalización no solamente beneficie a la nación en su conjunto, no solamente desarrolle las fuerzas productivas, sino que sirva para elevar de manera permanente el nivel de vida de nuestro pueblo.
Esta nacionalización de la banca debe revertirse en beneficio del pueblo y los grandes problemas nacionales, la salud, la vivienda, el transporte, la radio y la televisión, todos esos aspectos que pueden contribuir al desarrollo cultural, social y económico de nuestro pueblo, deben ser atendidos por el Estado en virtud de contar con fuentes seguras de financiamientos que están orientadas no hacia el lucro, sino a la solución de los problemas nacionales.
Esto nos podía permitir también lograr una vieja demanda, una vieja demanda no solamente del Partido Popular Socialista, sino de diversas fuerzas progresistas y democráticas que combaten por ese objetivo, fortalecer de manera real, fortalecer económicamente al municipio de nuestro país para hacerlo verdaderamente libre.
No podrá haber municipio libre en nuestro país si no tiene independencia y fortaleza económica. Creo que esta medida de tan grandes alcances, que habremos de analizar más detenidamente, cuando lo veamos en el marco estrictamente económico, nos va a permitir hacer progresar a nuestro pueblo.
Y yo quisiera, para finalizar mi intervención en torno a la política interior del gobierno de López Portillo, reafirmar lo que decía al principio: la Revolución Mexicana no está muerta, está actuante, como lo demostraron las medidas del 1o. de septiembre, y este es, señoras y señores diputados, a juicio del PPS, el camino por el que debe transitar nuestro pueblo hacia la conquista de un desarrollo superior en beneficio del mismo. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya.
El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: Señor Presidente; compañeros diputados:
Por razones de tiempo nos resulta imposible comentar, analizar, todas las importantes cuestiones abordadas por el presidente López Portillo en su VI Informe del Gobierno.
Como se ha visto aquí, escuchando las voces marxistas, persiste el empeño de distorsionar la verdad y la realidad. Habrá ocasión de plantear las tesis del Demócrata Mexicano respecto a la política económica seguida por el presidente López Portillo durante sus casi finalizantes seis años de gobierno Por ahora nos vamos a limitar, simple y sencillamente, a decir, en relación con estas importantes y ciertamente históricas medidas de nacionalizar, o mejor dicho de estatizar, la banca y de establecer el control absoluto de cambios, que asistimos una vez más al drama de que frente a la concentración injusta de la riqueza en manos de los particulares se siga la alternativa falsa de concentrar la riqueza en manos del Estado; se trata de un traslado de un capitalismo liberal a un capitalismo de Estado.
Y es esta una tesis que planteamos los demócratas mexicanos, en cuyas filas, podemos asegurarlo y probarlo, no existe un solo banquero, ni siquiera un compañero demócrata que pueda hablar de una cuenta bancaria con elevadas sumas. El Partido Demócrata Mexicano está integrado por campesinos, por obreros, por las clases marginadas de México, y por ella hablamos.
Y si importantes e históricos fueron estas medidas, no menos impotentes son otras cuestiones tratadas en el capítulo de política interior en el VI Informe del presidente López Portillo.
Una de ellas es la relacionada con la reforma política.
Sostenemos que la reforma política es ya ciertamente parte de la entraña del pueblo; que no es patrimonio exclusivo de una persona, de un grupo o de un partido; pertenece a todos porque es conquista de todo el pueblo mexicano.
Insistimos también en que la reforma política es un proceso inacabado que no debe interrumpirse, sino acelerarse ante el imperativo democrático integral y humanista al que aspira mi partido y que reclaman todos los mexicanos.
Entre sus bondades debemos señalar la apertura que hizo posible la actuación política, dentro del marco de la legalidad, a grupos importantes de mexicanos hasta ayer marginados y discriminados. Los mecanismos electorales establecidos dentro del contexto de la reforma política hicieron posible, mediante la voluntad ciudadana expresa a través del voto, que la existencia pluripartidista fuera la expresión de una sociedad popular. Así nos explicamos la cancelación y regalías a grupúsculos carentes de estructura orgánca y sin ninguna representatividad popular. Así nos explicamos la cancelación del registro definitivo al llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del registro condicionado al llamado Partido Social Demócrata.
Sin mencionarlos todos, estos son algunos de los importantes logros conseguidos por la reforma política, que vienen a fortalecer y acelerar nuestro desarrollo democrático y, sin duda alguna, la máxima prueba para la reforma política la constituyó el reciente proceso electoral que culminó el pasado 4 de julio.
En tal proceso, debemos decirlo, se registraron vicios y prácticas antidemocráticas como es el hecho de que un partido, el del gobierno, no se haya limitado al uso de las prerrogativas que otorga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, así como al uso de los recursos económicos aportados libremente por sus militantes, sino que en su beneficio haya dispuesto indebidamente de equipo destinado al poder público, con lo cual colocó a los demás partidos en franca desventaja. La manipulación de los trabajadores organizados en sindicatos filiales al partido del gobierno persistió en detrimento de su libertad política, libertad política que debe ser conquista futura de la reforma política.
Durante el sexenio del presidente López Portillo tampoco fue posible dar un paso importante en la vida democrática del país democratizando al Distrito Federal. Consideramos, como lo han expresado otros partidos, que la democratización del Distrito Federal es un imperativo inaplazable, pues de lo contrario se seguirá marginando a más de 15 millones de mexicanos a los cuales hasta ahora se les ha negado el derecho de ser representados en un congreso local y se les ha negado el derecho de elegir a sus propios gobernantes.
Por estas y otras cosas, que por razones de tiempo no podemos señalar, sostenemos, pues, que la reforma política es un proceso aún no terminado, que ha rendido frutos y que quedan otros por alcanzar.
El presidente López Portillo afirmó, durante su último Informe, que se llegó a efectivas medidas de protección a la ciudadanía al incorporarse a la legislación positiva el retiro de las rejas y las oprobiosas galeras en los lugares de detención y su sustitución por la salas de espera, que respetan la dignidad humana. Las medidas son desde luego plausibles, pero no podemos olvidar ni dejar de señalar que una de las grandes angustias de gran parte del pueblo mexicano es la inseguridad que padece; los policías, que debieran existir para proteger la vida y los bienes de nuestros conciudadanos, en muchos casos son los que atentan contra ellos; en las páginas de los periódicos nacionales se informa todos los días de atropellos, asaltos, lesiones, que sufren muchos mexicanos a manos de los policías o los ex policías. Durante el recorrido de nuestro candidato presidencial, Gollaz, pudimos escuchar permanentemente y en todas partes esta queja; hubo quien desesperado e indignado narró a nuestro candidato lo que en su persona había pasado. Se había emprendido una campaña de despistolización, y nuestro personaje caminaba tranquilo por la noche cuando fue detenido por policías judiciales, y a su estilo, es decir, mediante la amenaza, los jaloneos y los insultos, comenzaron a esculcarlo. Ninguna pistola le encontraron, pero eso sí el salario de una semana de trabajo. Y le dijeron: "¡Ah!, conque dinero para comprar una pistolita".
Como todos lo supondrán, el dinero ganado con el esfuerzo y con el sudor de una semana de trabajo que quedó en los bolsillos de los ladrones con placa. El establecimiento de un auténtico régimen de seguridad y de respeto a los derechos de la persona humana debe ser preocupación y objetivo insoslayable del próximo gobierno.
Durante el sexenio del presidente López Portillo, que está por concluir, tampoco fue posible abatir, ni siquiera aminorar, la corrupción, que desde luego, aceptamos y entendemos, no es privativa del sector público, pues se expresa desgraciadamente en todo nuestro cuerpo social. Pobres, pero honrados, reza el refrán popular, sin embargo, no refleja la realidad.
Son pobres las "Marías" que venden sus nueces y sus cacahuates en la esquina, pero lo hacen en bolsas que aparentemente se desbordan de estos frutos, pero hábilmente tienen un hueco para engañar a los compradores, esta también es una expresión de corrupción. La llamada "mordida" es una institución nacional y una forma de corrupción; existirá, dicen muchos, mientras haya quien ofrezca y mientras haya quien reciba, pero debemos decir, y esto es obvio, que son mucho menos los que reciben que los ofrecen y que por lo tanto, es posible atar, cortarle las uñas, a los que reciben.
Así, pues, compañeros diputados, creemos que abatir la corrupción es otro de los imperativos urgentes, y pensamos nosotros que ello no será posible si el materialismo sigue siendo la filosofía que dé contenido a nuestro sistema educativo, un contenido que promueve y desata la ambición sin límites en las generaciones de hoy y que están por venir de mexicanos.
Por otra parte, sostenemos que todo lo que signifique progreso, no sólo lo aplaudimos los demócratas mexicanos, sino que los promovemos con entusiasmo y a la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, sostenemos también que el progreso ha de ser armónico y que nunca debe favorecer a unos en detrimento de otros.
En razón de esta convicción nos alegramos por las espléndidas obras realizadas en el Distrito Federal, tales como la ampliación del Metro, a creación de ejes viales, la restauración del centro histórico, la plantación de millares de arbolitos, que por cierto se dejan morir muy pronto etcétera. Pero lamentamos que junto a este ritmo de progreso que se da en el escaparate de exhibición en que se ha convertido el Distrito Federal se dé también el injusto estancamiento, y hasta el rezago, en muchos de nuestros municipios donde los servicios públicos son ineficientes y donde incluso en muchos casos se carece de ellos.
Qué bien, decimos nosotros, que millones de capitalinos disfrutemos de transporte de Metro a bajo precio, pero qué mal que eso sea posible mediante un subsidio que aparentemente paga el gobierno, pero que en realidad lo pagan millones de mexicanos que habitan nuestros municipios, olvidados y empobrecidos porque los exprime el Gobierno Federal.
La mayoría de los empleados, de los campesinos, de los obreros de allá, ni siquiera conocen el metro de aquí. Ante esta injusticia es reclamo enérgico del Demócrata Mexicano el respeto del Ejecutivo Federal a la autonomía de los estados y a la vida municipal, cabal, genuina y auténticamente libre, sin lo cual no es posible la vigencia del federalismo.
Decíamos, al principio, que es imposible abordar todas las cuestiones que se manejaron en el VI Informe Presidencial. Lo haremos a través de nuestra participación en esta LII Legislatura, y lo haremos siempre con la línea que se ha trazado el Demócrata Mexicano; es decir, con criterio independiente, que significa no aplaudir por instinto pero tampoco rechazar por sistema. Nuestro carácter independiente nos llama, nos obliga a hablar sin apasionamientos ciegos, nos llama también a hablar con
patriotismo, porque discrepar no aceptamos, de ninguna manera, que signifique estar contra los intereses del país ni de ninguna manera que signifique ser retardatorios o reaccionarios.
Queremos una revolución, pero como la entendemos los demócratas mexicanos, el cambio rápido y radical de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor; una revolución que nos conduzca a la democracia política, a la democracia económica, que no la entendemos como un proceso, como una serie de mecanismo para convertir a los mexicanos en proletarios, sino que la entendemos como la necesidad de que cada mexicano se convierta en propietario. Y repetimos aquí ese grito nuestro frente al grito de los marxistas: De "todos proletarios"; el grito demócrata: "todos propietarios". Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede la palabra al ciudadano diputado Encarnación Pérez Gaytán.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: Ciudadanos diputados; señoras y señores:
En el Informe Presidencial del 1o. de septiembre sobresale un acto de gobierno de gran importancia y trascendencia para la vida nacional: los decretos, complementario uno del otro, acerca de la nacionalización de la banca y el control generalizando de cambios.
Este hecho político significa el abandono de una situación anterior, el paso de unas relaciones a otras entre el poder del Estado y la oligarquía financiera dominante. La alianza del gobierno con los capitalistas financieros entró en crisis; de modo extraordinario se exacerbó la contradicción entre estas dos fuerzas hasta llegar al rompimiento de su alianza, lo que configura una determinada crisis política.
El camino adoptado por el Presidente López Portillo puede dar lugar a otra orientación de la economía nacional y de las relaciones políticas, a un rumbo nuevo encaminado a cambios democráticos no solamente para salir de la crisis económica, sino para encauzar el desarrollo de la sociedad mexicana por una vía democrática para superar los graves problemas del subdesarrollo en todos sus aspectos, económico, social y político, para que México pronto llegue a ser un país moderno, altamente civilizado, adentrado en el progreso multilateral y deje de ser un país de ficciones, donde se habla oficialmente de democracia para encubrir el autoritarismo; el derecho para velar la arbitrariedad; de la Revolución para facilitar el dominio de los monopolios capitalistas; de la honestidad pública para darle rienda suelta a la corrupción económica y política.
Pero la vida nacional puede cambiar. Al remover una de las bases fundamentales de la oligarquía financiera, la propiedad privada de los bancos, mediante el decreto de expropiación del 1o. de septiembre, queda desplazado uno de los grandes obstáculos para la democracia: el capital bancario privado, que, fusionado con el capital industrial, genera el capital financiero dominante y hegemónico en los países que, como el nuestro, han llegado a la fase de la monopolización capitalista.
La oligarquía financiera, formada por unos cuantos individuos de la llamada iniciativa privada, dueños al mismo tiempo de las grandes empresas industriales y de las bancarias, es antidemocrática y reaccionaria porque impone las decisiones de una reducida minoría, no solamente en la producción y el cambio, sino también en los asuntos políticos, haciendo a un lado y aplastando la participación de las mayorías en la decisión de los grandes problemas sociales y políticos; su desplazamiento de la propiedad de los bancos abre la posibilidad de la democracia real, cuya consumación dependerá de la acción popular.
Con la nacionalización de la banca se fortalece el sector estatal de la economía, que para democratizarse requiere de la intervención de los trabajadores en el nivel de su dirección.
El poder público tiene ahora un poderoso instrumento para la programación eficaz de la actividad productiva que toma en cuenta ante todo los intereses del pueblo trabajador. La nacionalización de la banca es una medida nacional democrática factible en las condiciones históricas del México actual, no es ninguna medida socialista, sino algo que corresponde al capitalismo del Estado, con importante espacio en la economía nacional.
Dice el Consejo Coordinador Empresarial que la estatización de la banca es un golpe definitivo a la actividad empresarial privada y una señal clara de la entrada del país al socialismo, pero la nacionalización de la banca es el rescate de una palanca económica para reorientar la producción mediante el uso adecuado del crédito. Los mismos empresarios privados recibirán correctamente los beneficios de ese crédito. Todos los capitalistas voraces, los especuladores, no podrán aprovechar los bancos para sacar de México enormes sumas de dólares, ni para medrar impunemente con los depósitos de muchos mexicanos.
México no llegará al socialismo por medio de una reforma como la expropiación de los bancos privados; aunque ciertamente el poder socialista hará todas las nacionalizaciones que sean necesarias, está que ahora comentamos afecta la estructura económica de la sociedad, pero no elimina la propiedad privada de los medios fundamentales de producción; al revés, la estimula al otorgar adecuadamente el crédito a muchos empresarios que el capital financiero va despojando de su propiedad.
Sí, la socialización de las producción reclama la propiedad social de los medios principales de producción, por eso no en vano se dice que la monopolización capitalista es, desde este punto de vista, la antesala del socialismo.
México llegará al socialismo por medio de otro poder político: el de los trabajadores; alcanzará entonces la socialización de los medios de producción y la socialización del poder político; será la democracia completa en todos los órdenes; y para alcanzar tan alto nivel hace falta un cambio de raíz, una transformación revolucionaria que no surgirá de una medida
reformista, por más avanzada que sea, como lo es la nacionalización de la banca.
Los grandes burgueses financieros del Consejo Coordinador Empresarial mienten conscientemente, levantan el sucio estandarte del anticomunismo para engañar, en el afán de provocar la repulsa popular contra este acto que corresponde a los intereses nacionales del pueblo de México. Lo mismo dijeron sus padres respecto de la expropiación de las empresas petroleras, que en actitud patriótica realizó el general Lázaro Cárdenas, para después rellenar sus arcas con los petrodólares y aumentar sus ganancias con los energéticos subsidiados que les ha dado el Estado, del mismo modo que se han beneficiado del sector estatal de la banca. Dígalo si no el Grupo Alfa, que recibió hace algunos meses 12 mil millones de pesos en crédito de BANOBRAS y la compra de 5 mil millones de pesos de acciones devaluadas. Pero estos mangantes del dinero, que son hábiles y experimentados, indudablemente, al mismo tiempo que protestan y calumnian, que llaman a un paro nacional, se preparan para sacar el mayor provecho de esta nacionalización. Por eso, ante el riesgo que realmente existe de usufructurar los créditos de la banca nacionalizada por un puñado de grandes capitalistas cuyo emblema patrio es el signo del dólar, el pueblo debe estar vigilante y el gobierno tiene el deber de planear la orientación del crédito a las actividades prioritarias de la presente situación de crisis por la que atraviesa el país.
El Poder Legislativo, y en especial la Cámara de Diputados, tiene también obligaciones que cumplir en este asunto para responderle al pueblo del buen uso de los recursos bancarios.
Era ya una costumbre obligada que ante la Convención Anual de la Asociación Nacional de Banqueros se presentara el Secretario de Hacienda a rendir cuenta del estado económico y financiero del país. Ahora estará bien que el C. Secretario de Hacienda únicamente se presente a rendir cuentas, ante esta Cámara de Diputados. Se acabó aquel Parlamento, pero existe este Parlamento.
Con la nacionalización de la banca y el control integral de cambios quedan consumados los objetivos trazados desde hace muchos años por los partidarios de la democracia y del socialismo en México. Concretamente, esos objetivos, plasmados en el programa de acción del Partido Socialista Unificado de México ha sido alcanzados, lo cual significa que nuestro programa nada tiene de caprichoso, es un programa extraído de la realidad nacional; plantea las tareas maduras, las que flotan en el ambiente exigiendo inmediata realización; significa también que no por ser objetivos para el día de hoy de un partido socialista, como el nuestro, son medidas de naturaleza socialista. Entonces, los socialistas planteamos medidas no socialistas. ¿Hay en esto alguna contradicción? No la hay, porque el examen de la realidad nacional, vista con objetividad y tomando en cuenta los intereses nacionales y de clase del proletariado y los demás trabajadores, planteamos al pueblo tareas de carácter nacional democrático que de cumplirse, sirvan para acercarnos a la solución de graves problemas que afectan al pueblo trabajador como los derivados de la crisis en curso.
El PSUM expresa, en su más amplia solidaridad con el gobierno del Presidente José López Portillo en relación con los decretos de nacionalización de la banca y control de cambios, y manifiesta su más firme decisión de actuar en defensa de estas medidas rechazando las asechadas e inclusive los actos criminales que pudieran cometer quienes se resisten a perder algunos de los medios que les han servido para especular y medrar en provecho propio y en perjuicio del pueblo mexicano. Estamos dispuestos a realizar acciones comunes con todas las agrupaciones políticas y sociales que coincidan en la defensa de estas medidas que son, no cabe duda, de utilidad pública.
Desde luego es en la democracia, profundizándola y ampliándola, como reformas de esta índole pueden fructificar en bien del pueblo.
Decimos que al sustraerle una base a la oligarquía financiera se abre una puerta a la democracia; precisamente para impedir que las cosas vuelvan al punto anterior o a otro peor, el pueblo debe participar. La participación popular en la vida nacional quiere decir democracia; por eso también, en esta ocasión, he de referirme a la reforma política que la sociedad mexicana requiere, pero antes de abordar este tema diré algunas palabras acerca del acto constitucional del Informe anual que rinde el Presidente de la República.
Este acto, sin menoscabo de su importancia nacional, por cuanto al Ejecutivo Federal da cuenta de su gestión gubernamental en forma periódica, es una expresión del presidencialismo casi absoluto que prevalece en México. Pues no se pone a la consideración del Congreso General la conducta del Ejecutivo para que se discuta, se analice, se critique y se emitan juicios que podrían contener propuestas para hacer modificaciones, para corregir aquello que lo amerite; en suma, para que le Congreso elabore conclusiones colectivas en atención a su carácter de cuerpo colegiado representativo y a la responsabilidad que la ciudadanía le confiere.
Es posible dar respuesta a esta opinión con la consabida tesis de que se procede de conformidad con el derecho, por cuanto la Constitución así lo establece.
He aquí, en tal respuesta, el conservadurismo que desprecia el cambio, privilegia la aplicación de un derecho inmutable, extraño al progreso, que significa transformación, evolución, avance.
El derecho, si no cambia de conformidad con la transformación social se convierte en traba para el devenir, y ningún cuerpo legislativo que se precie de democrático puede ser adverso al progreso y reacio al cambio de las leyes, inclusive la fundamental, cuando esto es necesario.
El informe Presidencial resulta realmente indiscutible, no hay ni puede haber en las actuales circunstancias, ningún debate en el
congreso, ni en la Cámara de Diputados, con el Presidente de la República, ni siquiera entre sus propios miembros. El análisis que se hace en esta Cámara consiste en la exposición de las posiciones de cada partido en ella representado, en tantos más cuantos monólogos al margen de una verdadera discusión.
La respuesta del Presidente de la Cámara de Diputados al Informe Presidencial, que debería ser a título personal, y en todo caso la recepción del documento para someterlo a la deliberación del Congreso, da por hecho que el Poder Legislativo no solamente aprueba la actuación del Ejecutivo, sino que lo ensalza en un verdadero torbellino apologético.
Más todavía: la organización del acto del 1o. de septiembre de cada año queda a cargo del Ejecutivo Federal, que, por intermedio del Estado Mayor Presidencial, imponer las reglas a las que han de someterse los diputados y senadores. En esta ocasión, tal vez como en las anteriores, el Estado Mayor Presidencial prohibió a los diputados, quizá no a todos, utilizar el establecimiento del Palacio Legislativo, y como estuviera en vigor algún estado de sitio, sus elementos procedieron a revisar, a registra, los portafolios de varios legisladores.
A determinada hora del día 1o. de septiembre se prohibió salir del recito, aun para la satisfacción de necesidades humanas, como si estuviéramos en la peor de las cárceles. Estos hechos por los que protestamos públicamente, único recurso que nos queda, dan cuenta del carácter ficticio de la independencia de los poderes de la Unión y de la supeditación real del Legislativo al Ejecutivo. Tal es una de las realidades que reclaman cambio democrático, se ubicaría únicamente en la primacía del texto constitucional, eliminando cualquier rasgo de derecho consuetudinario al respecto.
La renovación de las cámaras del Congreso de la Unión, por lo que se refiere a sus miembros, y la elección del Presidente de la República, mediante las elecciones del 4 de julio, han puesto otra vez al descubierto la débil democracia en vigor, la naturaleza no democrática de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y los procedimientos habituales del poder público en este aspecto de la política, que han dado por resultado unas elecciones que es imposible calificar de limpias y democráticas
Jamás se sabrá a ciencia cierta el número exacto de ciudadanos que concurrieron a votar en las últimas elecciones federales, pero la simple observación conduce a considerar que en esta vez votaron ciudadanos que en ocasiones anteriores y que, por tanto, el abstencionismo electoral disminuyó notoriamente.
Las cifras oficiales de los sufragios obtenidos por cada partido sólo indican las tendencias del comportamiento de los ciudadanos; es, sin embargo, un hecho positivo que muchos mexicanos hayan votado, hayan hecho uso de sus derechos cívicos el 4 de julio último; quiere decir que el pueblo se anima y se decide a tener mayor participación en la política nacional, y eso incuestionablemente es un buen indicio en favor de la vida democrática.
La adulteración de los resultados electorales por obra de las autoridades, aumentando artificiosamente los sufragios en favor del partido del gobierno, trastorna los cómputos finales, que deberían reflejar fielmente unos escrutinios que, sea su vez, deberían haber sido limpios en las casillas. Los porcentajes legales para el registro de los partidos y la distribución de los diputados de representación proporcional disminuyen con la inflación de los votos del PRI, por una parte, y la disminución de los de otros partidos, por otra, amén de que se vuelva casi imposible que los partidos de oposición alcancen triunfos de mayoría relativa, pues siempre ha de ganar el PRI, y cuando pierde arrebata.
No solamente la situación que prevalece en relación a lo electoral, sino en otros muchos aspectos de las relaciones políticas, llevan a la urgencia de una nueva, profunda y extensa reforma política. El rompimiento de la alianza entre el gobierno y la oligarquía financiera, a propósito de la nacionalización de la banca y el establecimiento del control de cambios, propicia el inicio de otra situación que puede dar paso a una mayor democratización del país, pues al eliminar el principal instrumento en manos de ese puñado oligárquico, los bancos de propiedad privada, se quita un estorbo fundamental a la democracia.
Es más, para que no se frustre el resultado que se busca con esas importantísimas medidas, resulta indispensable renovar la reforma política o, más exactamente, sustituirla por otra parte más profunda, hasta tocar las raíces de las relaciones no democráticas, y más amplia, hasta extenderla a cuestiones tales como la participación de los trabajadores en la planeación realización de las principales actividades de la producción y del cambio.
Algo muy importante sería la instauración de representación proporcional en todos los órganos colegiados de elección popular, cámaras federales, congresos locales y ayuntamientos, acabando con el sistema mixto condominante mayoritario. De este modo las diferentes corrientes ideológicas y políticas quedarían representadas en su verdadera dimensión; sería el pluralismo político más ajustado a la realidad nacional.
Las últimas elecciones federales han puesto de manifiesto con creces la falta de una nueva ley electoral que establezca un órgano electoral fundamental, que podría ser un consejo electoral formado con los representantes de los partidos, sin injerencia del gobierno, que ahora organiza, dirige y califica los procesos electorales hasta sus últimas consecuencias, que petrifican la misma mayoría y las mismas minorías.
Esa nueva ley electoral debe ordenar que los órganos electorales se integren por medio de sorteos entre las personas propuestas por todos los partidos políticos para terminar con
la insaculación que se hace, a fin de escoger solamente entre elementos del PRI.
Ha quedado fuera de duda que la gran acción ciudadana para actualizar y depurar el registro nacional de electores resultó un sonado fracaso, pues a última hora la Comisión Federal Electoral, por mayoría resolvió violar la ley al captar que los ciudadanos votaran sin credencial de elector con tal de que estuvieran anotados en el padrón, además, de otras muchas anomalías que aparecieron a la luz pública. Sigue haciendo falta un verdadero y confiable padrón electoral.
La nueva ley electoral ha de facilitar la organización libre de partidos políticos, cuya fuerza electoral se mida por el número de votos que obtenga a sus favor. Para esto es necesario eliminar la figura del registro de los partidos, como actualmente está en la ley, sustituyéndola por el simple hecho de tomar nota de los partidos que se constituyan.
Los partidos, en su calidad de entidades de interés público, tendrán derecho a prerrogativas que clara y concretamente establezca la ley para el desarrollo de su actividad, especificando el uso de mayores espacios en la prensa, la radio y la TV. Desde luego es necesario derogar la norma legal que somete a los partidos permanentemente al registro condicionado al resultado de las elecciones, al señalar la pérdida de dicho registro si no alcanzan el 1.5% de la votación general. Se debe reconocer el derecho de abstención en una lección determinada, sin perder naturalmente el registro por ejercerla, cuando así convenga a algún partido.
Por ley debe quedar prohibida la utilización de los bienes de la nación para campañas político electorales de cualquier partido, como ahora sucede por parte del partido oficial, que dispone a su antojo de los recursos del Estado hasta en forma dispendiosa, lo que entraña una forma corrupta de proceder.
Un asunto que mucho tiene que ver con la democracia política y electoral, en concreto, es el relacionado con la incorporación de los sindicatos al partido del gobierno, práctica que lesiona los derechos ciudadanos, deforma el carácter y las finalidades de los sindicatos y mantiene conglomerados de electores cautivos presionados por el riesgo de perder el empleo. Es necesario prohibir la incorporación de los sindicatos a partidos políticos.
A este reclamo democrático se ha contestado en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados que el Partido Laborista inglés se integra con sindicatos y que el Partido Obrero Social Demócrata alemán, de fines del siglo pasado y principios de éste, tenía una estructura semejante.
Sin menospreciar la experiencia extranjera, los marxistas revolucionarios siempre hemos afirmado que hay que abordarla con espíritu crítico y lo que vale para determinar conductas y posiciones es el análisis de las realidades nacionales en el momento dado.
La democracia mexicana requiere que cada ciudadano sea libre de pertenecer al partido que escoja o a ninguno si esa es su voluntad.
Una nueva Ley Electoral básicamente diferente de la actualmente en vigor permitiría un estímulo grande a la participación ciudadana en los comicios, sería una apertura democrática trascendente en las relaciones políticas, que no se agotan en el ámbito electoral.
Pensamos que una reforma política nueva implica reformas al Código Penal para derogar las figuras delictivas que propician la represión con motivos políticos, así como reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Reforma Agraria y otras leyes, para que las relaciones políticas transcurran democráticamente, para que se garanticen los derechos individuales y sociales y el campo de la lucha de clases, según mi opinión, quede despejado a fin de que los intereses de clases se pongan en juego sin ser velados por violaciones a los derechos democráticos.
Como parte de la reforma política está el derecho a la información, cuya reglamentación en el presente sexenio fue relegada ante todo bajo la presión de los monopolios informativos tan poderosos como Televisa. Para ejercer mejor los derechos políticos es indispensable contar con información verídica y con la posibilidad de realizar libremente debates al través de los medios masivos de difusión.
La libertad de expresión del pensamiento no pasa de ser formal para la mayoría de los mexicanos que carecen de los medios para ejercerla.
Pero ni siquiera los partidos políticos gozan de igualdad en el uso de tales medios. Recuerdo un hecho que menciono únicamente como ejemplo:
A principios de julio de este año, cuando nuestro candidato presidencial, el compañero Arnoldo Martínez Verdugo, visitó Monterrey, durante su gira electoral, un canal local de televisión y concretamente el programa "Foro", que en él se transmite, le solicitó una entrevista.
Igual procedimiento siguió el organizador de este programa con otros candidatos presidenciales. A nuestro candidato se le canceló la invitación y lo mismo se hizo con los demás candidatos. Supimos que había sido por disposición de los dueños del canal, pero el día 3 de junio llegó a Monterrey el candidato presidencial del gobierno, especialmente para dirigir al pueblo de Nuevo León un mensaje por medio de la televisión. Obvio es decir que todos los canales estuvieron a su servicio. Con ventajas como ésta cómo va a dejar de ganar el PRI.
Hemos presenciado hechos tales como la supresión, mediante maniobras de camarillas sindicales coludidas con funcionarios públicos, de un programa de radio llamado "Opinión Pública", por transmitir preguntas y opiniones de la gente del pueblo, así como presiones económicas a publicaciones semanarias como la Revista Proceso, la Revista Crítica Política,
presiones que en forma primitiva vulneran la libertad de expresión.
También, como elemento de la reforma política, puesta en práctica por el gobierno del licenciado José López Portillo, figura la amnistía que ha permitido, no sin resistencia del mismo gobierno, la libertad de varias decenas de presos y perseguidos por motivos políticos. En los últimos días así lo informó el Presidente, fueron amnistiados 44 de esos prisioneros. Esto en verdad constituye un acto de salud pública, lo que no obsta para llamar la atención acerca de la tardanza para realizarlo, por cuya causa esos presos sufrieron varios años más de encarcelamiento y se vieron tal vez, muchos de ellos, privados de la actividad política legal a que tienen derecho. Días antes, la prensa informó también de la amnistía otorgada a un grupo de dirigentes sindicales Salubridad y Asistencia, que pasaron dos años y medio en prisión, por defender la democracia interna en su organización sindical.
Está bien que los luchadores por la democracia sean puestos en libertad, lo que no podrá nunca se justificado es que en una democracia que se rige por un régimen de derecho, según se afirma, pisen la cárcel y se queden ahí, por años, quienes en uso de sus derechos propugnan organizaciones democráticas de los trabajadores.
Quiero protestar en esta tribuna por el hecho de que esta amnistía, no obstante que los nombres de las personas que voy a mencionar se encuentran anotados, al menos en las publicaciones que se han hecho al respecto, no han sido puestos en libertad y las autoridades del estado de Nuevo León afirman no tener noticia al respecto. Es que allá en Nuevo León, señoras y señores, la reforma política mínima, limitada, no llega, ni siquiera escuchan sus ecos.
El ingeniero Elías Orozco Salazar el el doctor Miguel Angel Torres Enriquez, cuyos nombres están inscritos, según la prensa, en la amnistía otorgada por el gobierno actual, siguen presos. Llevan 8 años en la cárcel y están condenados a 25, naturalmente ellos han solicitado la protección del amparo, pero el hecho es que siguen prisioneros, y cuántas cosas hay en este país de ficciones que se resuelven y se dan por hechas quedando únicamente en el papel pero que en la realidad no tienen presencia ni se practican de manera absoluta. Yo creo que dentro de esos 44 presos, éstos y algunos otros deben ser beneficiados con la amnistía decretada por el gobierno de nuestro país.
Quedan sin el beneficio de la amnistía numerosos presos políticos acusados falsamente de haber cometido delitos del orden común; notorio es el caso del compañero Héctor Carrión Burciaga, dirigente sindical universitario en Durango, miembro del PSUM, que lleva ya varios años preso en ese estado por el capricho del gobernador de aquella entidad. Está acusado, como las autoridades lo hacen con muchos, de haber incurrido en delitos comunes, pero la verdad es que está en la cárcel con motivo de su actividad política y sindical. El compañero Carrión Burciaga debe ser beneficiado con la amnistía inmediatamente.
En muchos estados del país hay numerosos campesinos especialmente encarcelados bajo la acusación de daño en propiedad ajena, abigeato, asociación delictuosa, etcétera, mientras que cayeron bajo la represión con motivo de la lucha por la tierra. Todos estos presos deben ser puestos en libertad, pero hay además un problema a cuya denuncia el gobierno presta oídos sordos; me refiero a los cientos de secuestrados por la fuerza pública y desaparecidos en los últimos años; es hora de que se dé una respuesta, se precisen las responsabilidades y el castigo para quienes, amparados en la fuerza, cometen atropellos de esta índole. La amplitud de temas que pueden englobarse en el rubro de política social es grande, solamente me voy a referir a algunos de los más importantes, para plantear la orientación o el rumbo principal que, a mi entender, debería seguir el poder público.
Salta a las primeras de cambio la política gubernamental tan conocida respecto de los sindicatos. El poder público debería auspiciar una transformación en este segmento de la vida nacional, para dejar que libremente los trabajadores diriman sus problemas organizativos internos y escojan el camino a seguir.
Sabemos que un cambio casi es así sencillamente imposible. Sin embargo, el gobierno es responsable de muchos hechos, de una orientación política que deja a los trabajadores a merced de los patrones y de las camarillas sindicales que pertenecen al partido del gobierno. Un hecho claramente ilustrativo del manejo que se hace desde el poder de los derechos de los trabajadores, lo informó el presidente López Portillo.
Apenas se decreta la nacionalización de la banca y el Presidente dice que ahora sí los empleados bancarios pueden sindicalizarse, por que el gobierno no teme a los sindicatos. Pero entonces, ¿se prohibía la sindicalización de los trabajadores bancarios por orden de los banqueros? ¿Tal era su poder? Y el poder del Estado, ¿dónde estaba para hacer respetar el Artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo en relación al derecho de sindicalización de los trabajadores? Mayor claridad no puede haber.
Ahora bien, los bancarios tienen el derecho de agruparse en sindicato, ¿el poder público va a respetar el ejercicio libre de ese derecho? ¿Los bancarios van a elegir a sus dirigentes sin coacciones? Se sabe que los exbanqueros andan ya movilizados por medio de la gente, que influyen para que los trabajadores bancarios no constituyan un sindicato nacional, sino que se dispersen en una multitud de pequeños sindicatos, a razón de uno por cada banco.
Son los bancarios, claro está, quienes tienen la facultad de resolver este asunto, pero podemos decir que el gobierno tiene el deber de impedir que los ex banqueros intervengan en él. Lo hacen porque no pierden la esperanza
de volver a la situación anterior y quieren encontrarse no con un sindicato nacional, sino con una fuerza dispersa, más fácil de doblegar.
Más existe otro problema relativo a los bancarios, es el de los despedidos del trabajo por sus actividades en favor de la sindicalización. ¿Los va a reinstalar la banca nacionalizada o va a adoptar una actitud patronal similar a la de los ex banqueros?
Es obligación nuestra demandar, desde esta tribuna, respecto a los derechos democráticos de los trabajadores bancarios y la inmediata reinstalación de los despedidos por los anteriores patronos. Un sindicato nacional democrático fuerte, de los trabajadores bancarios, coadyuvará a la buena marcha de la banca nacionalizada.
Un problema social muy grave, que es el del campo, donde millones de campesinos se debaten en la más extrema pobreza; la crisis agraria, como se sabe, se desenvuelve desde hace casi 20 años; las bajas tasas de crecimiento del producto agrícola, en relación a las tasas de aumento de población, han sido sistemáticas; falta trabajo y, consecuentemente, hay gran desocupación; existe incumplimiento de los salarios mínimos, de la jornada de 8 horas, de los días de descanso obligatorio, etcétera. Son cosas cotidianas de los obreros del campo, a quienes en gran parte se les niega el derecho de sindicalización. Tal es el caso del Sindicato de Obreros Agrícolas, patrocinado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, al cual, no obstante haber llenado los requisitos, legales, la Secretaría del Trabajo les ha negado su registro.
En el campo hay una situación grave. Los campesinos productores tienen multitud de problemas sin solución; la demanda de tierra sigue presente y viva; los solicitantes de tierra son millones, pero las grandes extensiones de tierra de la mejor calidad están en manos de propietarios capitalistas, bajo fraccionamientos simulados y sobre la base de las grandes superficies consideradas inafectables y el derecho de amparo en favor de los terratenientes.
Es preciso revisar la legislación agraria, y por lo menos derogar el párrafo 3o. de la fracción XIV del Artículo 27 de la Constitución, que concede a los terratenientes el derecho de recurrir al amparo, y modificar la fracción XV del mismo Artículo, para disminuir considerablemente la propiedad inafectable.
Considero un deber propugnar en esta Legislatura la eliminación de las modificaciones alemanistas al 27 constitucional.
Pero eso no es todo. Los campesinos han estado por años desprovistos de apoyo, por lo cual no tienen más que emigrar a los Estados Unidos o a las grandes ciudades del país en cantidades crecientes, los créditos favorecen a los capitalistas agrarios, mientras numerosos campesinos en sus tierras de temporal siguen mirando al cielo rogando que llueva o bailándole a San Isidro.
La Ley de Fomento Agropecuario, aprobada por la Legislatura anterior con el apoyo concertado del PRI y del PAN, me atrevo a decir que ha sido un fracaso, cómo no había de serlo si en las llamadas unidades de producción se pretende unir a los ejidatarios con los capitalistas agrarios, obligando sólo a los primeros a trabajar la tierra, convertidos en peones acasillados en sus propias tierras, de los pocos lugares donde se ha procedido de conformidad con esta Ley los campesinos están terriblemente endeudados e inconformes porque, en contra de su voluntad, se les ha querido asociar con los capitalistas explotadores.
Se dice que México es ya autosuficiente en la producción de cereales, pero no se toma en cuenta que, por ejemplo, el pan de trigo es una golosina lujosa para millones de mexicanos, y si hay autosuficiencia ¿Por qué todavía se importan millones de toneladas de granos y de otros alimentos?
Otro gran problema social es el de la educación; solamente haré unos comentarios. La inversión en materia de educación es insuficiente y registró una baja en términos reales en el presente sexenio; no se alcanzó la meta trazada al principio del presente sexenio, de establecer la escuela secundaria gratuita y obligatoria; la educación técnica ciertamente aumentó rápidamente, pero ese sistema debe ser reorientado para que corresponda a los intereses nacionales y no sólo a las urgencias inmediatas de la gran empresa privada. La formación de los maestros se ha pulverizado como nunca, en este aspecto no se registra ningún avance respecto del Plan Nacional de Educación, inicialmente formulado por este gobierno; la Universidad Pedagógica está en crisis, su sistema se encuentra en manos de una burocracia dominada por los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; calidad de la enseñanza en este informe ni se menciona, pues está demostrado el desplome del nivel educativo a causa de las sobrecargas laborales de los trabajadores de la educación y también con motivo de que las escuelas no cuentan con elementos fundamentales para su trabajo.
El problema más grave de la educación nacional es la antidemocracia que priva en el sistema educativo; los maestros deben tener voz y voto en asuntos educativos, lo mismo que los padres de familia y los alumnos avanzados, se requiere un substancial incremento del presupuesto para que alcance no menos del 8% del producto interno bruto. Es necesario fortalecer con muchos más recursos la educación superior, dejar de utilizar los subsidios como medios de presión política y respetar cabalmente la autonomía universitaria.
Es necesario también suprimir el actual Consejo Técnico de la Educación y crear un verdadero Consejo Nacional democrático, con representación de las comunidades educativas de todo el país, de los partidos políticos, los sindicatos y demás organizaciones sociales.
Muchos otros problemas sociales se agudizan en México. La salud pública no es atendida como merece; la medicina preventiva no ocupa
el lugar que debe tener y, por más que se diga, el nuestro es un pueblo, en su gran mayoría, desnutrido y subalimentado, no solamente como consecuencia de la crisis actual, que genera desempleo masivo y enorme carestía de la vida, sino por los problemas del subdesarrollo, la explotación y el empobrecimiento que sufre el pueblo trabajador.
La coordinación de los servicios de seguridad social, el ISSSTE y Salubridad y Asistencia, debe hacerse y llevarse hasta la unificación y homogeneidad en un solo centro de dirección de la salud pública.
La vivienda, escasa e insalubre, la ineficacia y el encarecimiento del transporte de pasajeros, los insuficientes servicios de agua potable y drenaje en muchos lugares de la República son problemas que ameritan mayor atención del gobierno Federal en coordinación con los gobiernos locales para que la mayoría del pueblo pueda vivir en mejores condiciones.
La estatización del transporte urbano de pasajeros, cuyo buen funcionamiento está demostrado inicialmente con el ejemplo del D. F., debe extenderse a todo el país para acabar de cuajo con agudos y añejos problemas de este tipo, como el que existe en Monterrey y su área metropolitana, donde el servicio camionero es pésimo, muy caro y los usuarios estamos constantemente expuestos a los sucesivos aumentos de pasajes que autoriza con toda facilidad el gobernador del estado. Otro tanto acontece en Guadalajara y en centros urbanos de importancia.
La vivienda popular debe ser objeto de una legislación que declare de interés público los contratos de arrendamiento y la producción de los materiales de construcción para dicha vivienda popular y que expropie los precios urbanos idóneos para entregarle a millones de mexicanos un terreno donde puedan levantar sus viviendas sin chantajes y sin ninguna obligación de afiliarse al partido del gobierno para votar por los candidatos de este mismo gobierno.
La política social oficial necesita de reorientación democrática. La crisis que actualmente afecta sobre todo al pueblo trabajador puede tener una salida democrática también, que la nacionalización de la banca, cuyo análisis económico indudablemente hará el compañero Rolando Cordera el día de mañana, y el control de cambios, sirvan para esta urgente democratización.
Ciudadanos diputados, la transformación democrática de México será un hecho .
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Roger Cicero.
El C. Roger Cicero Machinne: Señor Presidente; señoras y señores integrantes de esta LII Legislatura del Congreso de la Unión:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante los conceptos contenidos en el último informe Presidencial correspondiente al sexenio 1976- 1982, nos avocamos a la tarea de analizarlos por ser de nuestra competencia como representantes del pueblo mexicano, elegidos por él y presentes en esta tribuna por votos limpios e inobjetables.
Ha sido una preocupación constante del pueblo ver logrados sus derechos de libertad dentro de un régimen democrático, preocupación que se advierte desde los independentistas con la Constitución de Apatzingán; que se reitera en los postulados políticos de la de 1857, hasta consagrarse los dichos derechos de libertad y democracia a texto de la Constitución en vigor, la de 1917.
Qué bueno que al fin se acepte la acusación popular de la existencia de presos políticos en México, lo que tanto y reiteradamente negaron las autoridades competentes, que ahora vemos no eran asistidos de la competencia debida.
Nunca es tarde para rectificar y mucho menos para corregir errores como éstos.
Las garantías individuales que la Constitución reconoce a los mexicanos debieron ser, desde todo tiempo, preocupación del gobierno. Esas mismas garantías que la Carta Magna nos reconoce comprenden la libertad de reunión y de asociación, y resulta obvio que el Presidente de la República nos las reiterara. El espacio que para ello ocupó en el Informe pudo y debió de aprovecharse para satisfacer incógnitas urgentes y pendientes preocupaciones del pueblo.
Se habló de la culminación del proceso de la Ley de Amnistía, por lo que se beneficiaron las "últimas cuarenta y cuatro personas que se hallaban en el supuesto de esta norma; que la disidencia radical ya no es disolución social, sino posible integración de oposiciones; que la protesta ya no es necesario sinónimo de violencia y delito, sino que puede ser cuestionamiento encauzado y fértil."
Realmente qué bueno que al fin se hayan reconsiderado nuestros juicios jurídicos, que por lo expuesto por el Presidente de la República, y a claro juicio de cualquier ciudadano, constituían un error grave de la seguridad social, por no decir una aberración lacerante a las garantías individuales.
El punto de la realidad electoral, tan importante para la vida democrática de la nación, es la realidad del proceso y resultados electorales. En esto, oyendo los términos en que fue pronunciado el Informe, Acción Nacional opina que hubo desinformación o que se premeditó desviar la evidencia de los hechos.
La presencia de los diputados recientemente electos y provenientes de los diversos institutos políticos no constituye por sí la legitimidad ni de las elecciones ni de las cifras oficiales que de ella se dieron. Podemos decir, y así lo hacemos, que no están todos los que el pueblo quiso que estuviesen y no pocos de los que están nunca debieron estar. Y contradecimos aquí el pronunciamiento presidencial al respecto. Contra las nada novedosas promesas oficiales de limpieza electoral, se volvieron a dar el fraude, la presión, el chantaje y otros
vicios que son del amplio conocimiento de la ciudadanía.
Estos factores, que volvieron a tipificar múltiples delitos electorales, traicionaron la confianza de los ciudadanos que con renovada fe acudieron a depositar su voto en la creencia de que fuese respetado, en la seguridad de que al fin resplandeciera el postulado maderista del sufragio efectivo.
No había en las autoridades electorales, siempre sumisas, intención de legalidad alguna, lo que Acción Nacional asienta, desde el momento en que los propios electores se dieron cuenta de las irregularidades del padrón electoral, que lo mismo fueron en el orden de dejar sin credencial a unos, como de proveer de varias a otros. La acción ciudadana, pretendió timbre de orgullo del sexenio que toca su fin, resultó un rotundo fracaso, si es que no un engaño anticipado al pueblo, que fue además el que la pagó a muy alto costo.
No puede aceptarse que en un limpio juego democrático, de trescientas curules a ocuparse por el sistema de mayoría relativa, una solamente le fuese reconocida a la oposición; esto acusa una tendencia marcadamente contraria a los consagramientos constitucionales en la materia. A propósito, reprocha Acción Nacional que el Presidente de la República hiciera gala de su afiliación partidista y precisamente, como lo hizo en ocasión de un informe a la Nación, en calidad de primer mandatario; reprocha, a su vez, que el presidente suplantara las funciones de este Cuerpo Legislativo a erigirse en Colegio Electoral, cuando otorgó al candidato Miguel de la Madrid Hurtado la calidad de Presidente de la República electo.
En el renglón del derecho a la vida se refirió también el Presidente de la República, y lo consideró como un logro, a la reducción en el incremento poblacional del 3.6% al 2.5%, y comentó que se concilió la necesidad con el respeto a la libertad de la pareja y que ésta ha resultado el número de su espaciamiento en referencia de su prole como lo ordena, agregamos nosotros el párrafo segundo del Artículo IV de la Constitución. La reducción de la población en sí misma no puede afirmarse que sea un logro plausible, pero prescindiendo de esta consideración y concretándonos al principio normativo que marca la Constitución y que el Presidente no hizo más que reiterar, de que sea una decisión libre, responsable e informada; en la práctica, los establecimientos oficiales de asistencia: centros de salud de la Secretaría, clínicas del IMSS y del ISSSTE imponen a las mujeres, en incontable número de casos, lo que médicos de poca conciencia consideran que procede, prescindiendo del criterio legal, y así provocan abortos, esterilizan a las madres o les prescriben el uso de anticonceptivos abusando de su ignorancia y sin consultarles sobre el particular. Dejan muy mal parado el respeto a la dignidad de la persona humana y este fundamental derecho a la vida.
El presidente, en párrafo aparte, elogió a la familia y proclamó su fe en ella e hizo votos por que siga siendo la base de nuestra sociedad. Ojalá que para realizar este deseo, que compartimos plenamente, la política asistencial en lo sucesivo respete a las madres y rectifique sus prácticas ilegales y aún criminales. Acción Nacional ha defendido, y lo seguirá haciendo, por todos los medios a su alcance, el derecho a la vida, desde el momento mismo de su concepción. (Aplausos.)
TRABAJO
Es evidente en este renglón el problema del desempleo en México; en el Informe se trató de minimizarlo haciendo comparaciones con las cifras que alcanzó en otros países. No aceptamos el mal de muchos como consuelo de mexicanos.
No conoció el pueblo el monto del desempleo, pero sí de supuestos aumentos de empleo. Y nos preguntamos si estos aumentos se dieron en el ramo burocrático, como se ha denunciado desde muy diversas fuentes de información. Sostenemos que la burocracia oficial rebasa la necesidad de su existencia y de este problema, que tiene que incidir en la crisis económica nacional, no se escuchó ni una sola palabra. Hacemos notar que la burocracia, de un millón seiscientas cincuenta mil plazas, aumentó a dos millones quinientas mil en el ámbito federal. Las cifras oficiales aportadas en el Informe no, no son del todo buenas, Si se quiere tener una visión clara de la realidad debiera considerarse en ellas el alto número de conciudadanos que se ven obligados a emigrar y afrontar toda clase de discriminaciones; éstos son también desempleados de la nación.
Recalcó el Presidente de que ya era hora de presentarle al pueblo la situación que atraviesa México, por más cruda que ésta fuese. En consecuencia, debió informársele al pueblo sobre los numerosos despidos recientes por ajustes de personal en no pocas empresas, del cierre de otras, de la cancelación y suspensión de obras y proyectos en los sectores público y privado, disminución de turnos laborales, etcétera.
Respecto a la oportunidad de sindicalizarse que tendrán los trabajadores de la banca expropiada, cabe hablar de la realidad del sindicalismo mexicano en que el trabajador está sujeto a la afiliación obligatoria y masiva al partido del gobierno, y que pasa sobre él, el trabajador, como sindicalizado, la cláusula de exclusión, a capricho de capataces sindicales, violándose así las garantías relativas.
Afiliación obligada y masiva y aplicación abusiva de la cláusula de exclusión son delitos que el Partido Acción Nacional denuncia una vez más, por constituir zarpazos a la dignidad personal, a las garantías individuales aludidas y a los derechos inalienables de los trabajadores.
Volvemos a señalar que los estatutos de los sindicatos y sus centrales, que establecen dichas directrices, son ilegítimos y burlan el texto y el espíritu de nuestra máxima ley.
Acción Nacional promoverá reformas a la Ley del Trabajo para que se prohiba expresamente la aplicación de la dicha cláusula a los sindicalizados por diferencias de tipo personal con sus dirigentes, y para que se garantice su libre afiliación política. Para nosotros el sindicato debe ser el instrumento que, a más de defender los derechos del trabajador, establezca entre éste y la empresa el ambiente propicio para el progreso, el bienestar y la tranquilidad nacionales.
Sostenemos la urgencia de procurar un salario justo y suficiente que permita, a quien lo reciba y a su familia, poseer vivienda, vestido y sustento satisfactorios, acceso a la educación, superación cultural y física, además del tiempo necesario para su solaz y sano esparcimiento.
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Acción Nacional aplaude el avance en el campo de la atención al pueblo mexicano, en cuanto toca a su salud y a la asistencia social que le corresponde. La cifra en millones de beneficiarios que da el Informe Presidencial, sin aceptar su exactitud, es digna de tomarse en cuenta.
Clínicas y dispensarios médicos se han extendido de los grandes y medianos centros de población, hasta el área rural, y cierto es que el campesino, factor de primer orden en la producción de alimentos, tiene ya más a su alcance los lugares y medios para cuidar de su familia y la de los suyos.
Empero, en estos centros de asistencia, el personal que los atiende, generalmente, da mal trato a quienes a éstos concurren, y son los campesinos los que más resienten esta conducta desviada y que tanto se aparta de la solidaridad que debiera prevalecer entre todos los mexicanos.
Se da trato preferente al especialmente recomendado; no recibe igual trato el pariente del funcionario que el obrero, el campesino y los miembros de sus familias. Calificamos de clasista a estos servicios y los acusamos de caer en el privilegio.
No podemos soslayar que, ante las situaciones anotadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social desvíe altísimas sumas de dinero, en dólares, para la contratación y salarios de deportistas extranjeros, a dar brillo a equipos profesionales de futbol. Esta no es función del IMSS, y dista mucho de la de propiciar el deporte entre nuestra juventud mexicana, que urge de mayor y mejor atención en este campo.
AGUA
La salud del pueblo exige prioritariamente de agua buena y abundante, de alcantarillado tan extenso como la necesidad de alejar los focos de enfermedades hídricas lo exija; el Informe nos confiesa que mucho falta por hacer aquí; no puede haber progreso sin salud, y así se dice que "avanzamos".
Este avance no es el que debiéramos tener, pues se ha aceptado que la salud no está del todo garantizada en México. Las redes de agua potable y de alcantarillado carecen de calidad y en muchos casos su planificación es pésima; las juntas u oficinas administrativas de estos servicios mantienen en secreto sus nóminas y no toman en cuenta la opinión pública del sector popular, interesado para hacer sus programas, por lo que puede merecer crédito la voz de la calle en el sentido de que esas oficinas o juntas son refugio de maleantes que en su oportunidad son llevados a cometer contra el pueblo toda clase de actos en detrimento de los derechos de éste, sobre todo en cuanto toca al de elegir a sus autoridades.
Esto, a más, obliga a los usuarios a soportar continuos y abusivos aumentos en las cuotas por el servicio que no reciben en la forma que debieran.
Hay municipios enteros que cuentan ya con las redes de distribución necesarias, con los depósitos y equipos de bombeo y purificación requeridos y, sin embargo, sus pobladores siguen esperando de meses y años atrás el abastecimiento del líquido.
En cuanto a drenaje de aguas negras se refiere, el Presidente de la República exaltó en su Informe la conclusión del entubamiento del Río Churubusco, veinte años anhelados, como él mismo dijo, por los habitantes del Distrito Federal, pero los avecindados de la zona Ermita- Iztapalapa y otras son testigos y víctimas de pestilencias e inmundicias causadas por el alabado sistema, en épocas de lluvia, tan frecuentes en esta área metropolitana.
Casos semejantes se dan en la ciudad y puerto turístico de Mazatlán, Sinaloa, desde hace más de ocho años, y en la ciudad capital del estado de Yucatán, Mérida, apenas comienzan a verse los iniciales trabajos de tan urgente obra; la capital del estado de Morelos, a 72 kilómetros de la ciudad de México, tiene una deficiente red pluvial y carece por completo de drenaje sanitario.
Basten estos botones de muestra, o lo que queremos significar, en atención a tiempo y espacio, es que no es nuestro propósito utilizar en esta glosa, sino para puntualizar lo imposible de pasar por alto.
En cuanto a la vivienda, celebramos la construcción de 807 mil casas durante el sexenio; mas hacemos hincapié en la ineficacia y la corrupción que se dan en el instituto encargado de satisfacer esta necesidad; ello a propiciado despilfarros y ha defraudado el espíritu con que se creó el Instituto al negarse a los beneficiarios el derecho que tenían al reembolso de las aportaciones que durante 10 años habían efectuado.
Coincidimos en que todo esfuerzo en este campo es insuficiente ante la magnitud del problema, por lo que urge propiciar una mayor
participación efectiva, no sólo del estado, sino de los particulares para la resolución del mismo, evitando los monopolios de los organismos oficiales y atendiendo la planificación, sujetándola a las condiciones de cada región.
Al evaluar la política educativa del sexenio que está por terminar constatamos realidades desconcertantes que importa resaltar. Pese a los esfuerzos realizados, la educación en México dista mucho de atender a sus necesidades.
El Presidente de la República informó el pasado 1o. de septiembre que estaba cubierta en su totalidad la demanda en educación primaria y hasta en el 90% para los grados de secundaria. Pero la SEP y el Consejo Nacional de Población - organismos oficiales- dicen fundadamente cosa distinta, y para resaltar la gravedad del problema educativo mostramos los siguientes datos:
Hay en cuanto a demanda, desde los grados de educación preescolar hasta el último profesional, 34 millones 500 mil ciudadanos o jóvenes demandando al presente educación escolar. Sólo hay matriculados - son datos oficiales- 23 millones 690 mil de éstos. Esto arroja un déficit, señoras y señores diputados, de 10 millones 810 mil. El déficit porcentual nos indica que en preescolar es de 60%, en primaria de 14%, en secundaria de 25%, en bachillerato de 60% y en profesional de 45%; promediando esto hay un déficit de un 31%.
Estos datos deberán de tomarse en cuenta por los responsables de atender la educación en el sexenio que se iniciará.
La realidad escolar mexicana se ve agravada por el rezago educativo, que a la fecha se compone por seis millones de analfabetas, más 13.5 millones de semianalfabetas; o sea un rezago total de 19.5 millones.
La deserción a todos los niveles escolares es muy alta, y como conclusiones tenemos que de cada 100 niños que inician la primaria sólo 1.2% la concluyen, y el promedio escolar nacional llega apenas a 3.6 años.
El presupuesto de educación resulta crónicamente insuficiente para atender a los 23.7 millones de educandos. Se erogarán cerca de seiscientos mil millones de pesos a enero de 1983, lo que equivale a los ingresos totales de los impuestos que se captarán, lo que significa que la educación pública resulta más cara que la tan atacada educación privada.
Existe una decadencia en la calidad de la educación por la improvisación de métodos y sistemas educativos, en algunos aspectos ajenos a la idiosincrasia del pueblo mexicano; a gravada además por cambios constantes en planes y programas.
Baja calidad por la permanencia de contenidos doctrinales dogmáticos y sectarios, por medio de los libros de texto impuestos con su característica de únicos y obligatorios, y la mecanización del Magisterio, apegado a las guías diseñadas para el maestro.
El frecuente surgimiento de actitudes y resistencia, y de rechazo para aceptar la colaboración de los particulares; la falsificación de la participación de los padres de familia sustituyéndolos por organismos creados por el gobierno, evitándoles ejercer así sus derechos e introducir sus aportaciones en la educación de sus propios hijos.
La instrumentación política del Magisterio descuidando las actividades académicas a cambio de actividades políticas, en busca éstas de concesiones tales como curules, gobernaciones, etcétera, redundan en detrimento de la calidad de la educación. Comparándolo con la eficiencia reiterada de los profesores egresados en el sistema particular, y al cual se trata de exterminar o de hacer a un lado.
La injusta distribución de los beneficios en la educación creada por el Sistema nos lleva a que el 6% de los egresados es de hijos de campesinos y el 29% es de hijos de obreros, lo que contrasta con un desarrollo armónico nacional.
Como último punto destacamos la importancia de la necesidad que en esta Legislatura sean formalizados los cambios que requiere, conforme a la ley, el Artículo tercero constitucional, en conformidad con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México y ratificado por el senado (por lo que es la ley vigente), y en el que se determinan las diversas libertades que al ser humano no corresponden en referencia a la educación y la cultura; es por tanto indispensable que a la luz de este convenio se adecuen nuestras leyes internas al respecto.
Hechas las anteriores consideraciones a algunas de las aseveraciones contenidas en el Informe, corresponde ahora a Acción Nacional expresar nuestro juicio acerca del contenido político propiamente dicho, es decir, de las acciones, mensajes y elementos constantes, que pueden identificarse como la línea política de este sexenio.
En efecto, este sexenio se inicia con una revisión crítica del anterior, expresada a veces abiertamente, a veces tácitamente, pero cuyo postulado más evidente consistió en solicitar paciencia y comprensión para enmendar errores del sexenio pasado, cuyo saldo postraba a México en condiciones de excesivo endeudamiento externo, inflación galopante, déficit crónico del presupuesto, retracción del crecimiento del producto interno bruto y de las exportaciones, con el consecuente déficit creciente en la balanza de pagos y comercial.
Estos signos, a su vez, manifestaban en el ámbito interno de la nación un efecto regresivo en la justa distribución del ingreso, descenso en los índices de producción agropecuaria con graves efectos sociales y, desde luego, la carestía de la vida, altos niveles de desocupación, reconcentración urbana y dependencia económica del exterior, que a partir de la devaluación obligó al gobierno acudir al Fondo Monetario Internacional como medida extrema de salvación frente al desequilibrio de nuestra economía.
De esta situación derivó el que el Presidente de la República implementara la Alianza para la Producción y abriera la bolsa de valores con desproporcionados beneficios fiscales como
fuente de crédito adicional frente a la reducida disponibilidad de ahorro en manos de la banca. Asimismo, se pidió perdón a los marginados y se les ofreció su acceso a los bienes y condiciones del desarrollo que se vislumbraba muy próximo.
Se vivió un lapso de espera y de entusiasmo como respuesta a la solicitud presidencial. Se contaba ya con el petróleo, que, como recurso provisional, apareció en el subsuelo de México y que nos permitiría salvar la quiebra de la nación sin volver a hipotecar al país, según promesa expresa del presidente que ya para entonces invitaba a la nación a prepararse para administrar la abundancia.
Como parte de este programa, el Ejecutivo implementó tres medidas a las que se les llamó reforma política, reforma administrativa y reforma fiscal, y con ellas desplegó las banderas que nos harían arribar a una patria más justa, más democrática y más independiente.
Para realizar la reforma administrativa, entre otras cosas, se dotó a la Secretaría de Programación y Presupuesto de elementos técnicos y soporte legislativo para impedir que en el futuro el gasto público se drenara en corrupción y estímulo a la inflación, y se lograra que los dineros del pueblo fueran efectivamente empleados para inversiones y atención de servicios públicos con eficiencia, y al amparo de programas precisos y perfectamente jerarquizados. También se pretendía que el déficit crónico del presupuesto se eliminara mediante la elaboración de presupuestos efectivos derivados de una planeación racional a partir de la disponibilidad de recursos no inflacionarios y procedentes de los impuestos y de la exportación y explotación del petróleo y de la industria petroquímica.
Muy pronto este propósito se desvirtuó, ya que salvo el primer año del sexenio, en los sucesivos el gasto excedió al presupuesto. Se recurrió a fuentes inflacionarias para su financiamiento, como es la emisión de dinero por encima del crecimiento del producto interno; se recurrió también al financiamiento externo y al interno desmedido a través de mayores encajes legales a los bancos, líneas de crédito en los propios bancos mexicanos; emisión de un sinnúmero de valores entre los que destacan CETES y petrobonos, y se rompió todo signo de disciplina, envueltos en la quimera de una supuesta abundancia petrolera.
Los programas no se cumplían y los fondos se erogaban; la corrupción hizo su agosto ante la ineficiencia de sistemas de control de ingresos y gasto; la falta de disponibilidad de crédito interno para el gobierno y la iniciativa privada; se encontró una falsa salida en el crédito externo, que se concertaba en dólares con los bancos extranjeros, e incluso a ciencia y paciencia de la Comisión Nacional Bancaria. También el uso de esta divisa llegó a ser práctica en la banca nacional, a la que entonces se le autorizaban estas operaciones contraviniendo la ley monetaria en vigor.
Ya desbordado el problema, en 1981 la Secretaría de Programación y Presupuesto, por instrucciones del Presidente de la República, llama a los organismos gubernamentales a una reducción del gasto sobre el presupuesto del 4% en vista de la reducción del precio del petróleo, que ocasiona el despido del entonces director de Pémex y hoy senador, Díaz Serrano, pero nadie hace caso: la autoridad del Ejecutivo se deterioró ante el engolosinamiento de la abundancia. Quién iba a entender esta instrucción, si simultáneamente el Ejecutivo hacía giras al exterior, ofreciendo a los países de su simpatía todo el respaldo de la riqueza mexicana, y gran parte de los funcionarios de alto nivel hacían turismo oficial al exterior, acompañados de comitivas, parientes, ayudantes, todos con derecho a traer mercancía importada, sin riesgo de ser molestado. El resultado fue que el gasto se excedió un 12% sobre el presupuesto, a pesar de que para entonces ya se había expedido el plan Global de Desarrollo, que garantizaba como plan maestro las metas y objetivos para el último tercio del sexenio; todo fue inútil: la inercia de un gobierno monolítico precipitó las consecuencias que hoy se manifiestan crudamente.
REFORMA ADMINISTRATIVA
La reforma administrativa, en su aspecto de productividad y eficiencia en el trato al ciudadano ante las dependencias oficiales, fue un fiasco. Subsistió la mordida como llave de acceso a la atención más elemental, y el crecimiento del aparato burocrático, sólo en el orden federal y paraestatal, acusa un crecimiento impresionante, como ya hicimos notar con cifras.
REFORMA FISCAL
La reforma fiscal se redujo a la implantación del Impuesto al Valor Agregado, que fue detonante inflacionario, y a eventuales adecuaciones al impuesto sobre productos de trabajo, que nunca alcanzó siquiera el 50% del nivel inflacionario oficial, como índice de pérdida del poder adquisitivo de los ingresos que se gravaban. Las desgravaciones a la importación, que fueron implementadas como preparativo del ingreso de México al GATT, continuaron efectuándose, dando lugar a que se produjera, con saldo negativo para México, el reciclaje de dólares por la exportación de petróleo que, precisamente, se quiso evitar cuando el Presidente echó marcha atrás en el ingreso del país a ese organismo internacional. A últimas fechas se dio un giro de 180 grados en los gravámenes a la importación, siendo ya tarde frente a los daños ocasionados por importaciones innecesarias, perjudicando de paso a las importaciones indispensables para una parte de la industria nacional.
REFORMA POLÍTICA
La reforma política, cuyo baluarte fue la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, resultó una mascarada y una falsa ilusión para quienes creyeron en la posibilidad de una democratización del poder público a través de procesos electorales limpios e imparciales. Abrió expectativas que fueron desmentidas con hechos vergonzosos de robo a la voluntad popular; si alguna vez en la concepción de la reforma política hubo intenciones sanas, éstas se quedaron en la imaginación de sus creadores, frente al poder caciquil en la provincia, que se nutre del ejemplo de las autoridades federales para no abrir un milímetro las posibilidades de llevar a cabo comicios libres.
Esta realidad tiene su paternidad en la existencia antidemocrática de un partido- gobierno que impide, por su propia naturaleza y concepción hegemónica, las mínimas condiciones de imparcialidad y objetividad electoral, y por el contrario obedece a su propia finalidad: la concentración del poder y la inhibición de la lucha de partidos políticos como fuente democrática y original del poder público. Si en ocasiones, con hipocresía, se dice respetar el pluralismo político y su más natural expresión.
Esta afirmación cae en la más flagrante contradicción cuando, en la práctica política nacional y el monopolio de las decisiones, atropella cualquier disidencia y llega incluso a la injuria en la voz del propio Presidente de la República, que en esta tribuna no ha reparado en calificativos para quienes no aprobamos o no nos plegamos a las decisiones del sistema.
Si algo subsiste incólume en la nación, como muestra de la negación de la reforma política, es la estructura de control político a través de la sectorización o corporización de la ciudadanía mediante grandes centrales obreras, campesinas y populares, de carácter oficial, que arman un minucioso sistema de sujeción a la libre expresión política de la ciudadanía, instrumentando los sagrados derechos del trabajador a la parcela ejidal, al comercio y a la actividad laboral general, para someter al hombre al acarreo, a la manipulación y, en suma, a la utilización política, para perpetuar en el poder a quienes dicen ser sus defensores y se convierten en sus primeros verdugos, ante el mínimo asomo de riesgo a sus intereses particulares venales, encubiertos en el sistema partido- gobierno.
Acción Nacional señaló, desde el principio del sexenio y mucho antes, desde su fundación, que un poder público autocrático con riqueza es el dilapilador por definición, cuyo ejercicio desencadena graves crisis que no pocas veces acaban con convulsiones sociales. Que desde siempre la alternativa de México, racional, civilizada y justa, es la democratización del poder público que, de otra suerte, como los hechos lo prueban, el gobierno tiende por propia inercia a sobrevalorar sus capacidades, y en un proceso de deformación permanente pierde los pocos límites de respeto al pueblo que lo sostiene en equilibrio y desboca en un autoritarismo asfixiante en el que cada uno de sus actos o ejercicio de autoridad trasgreden derechos de cada vez más amplios sectores de la nación y que, a su vez, cada decisión tiende a tomar menos en cuenta los mínimos escrúpulos de congruencia y racionalidad para obedecer exclusivamente a los intereses inmediatos de permanencia en el poder, así sea a costa de exacerbar los ánimos de la opinión pública nacional.
Sostuvimos, como lo atestiguan incontables proposiciones, iniciativas, participaciones y comparecencias públicas, que México tenía oportunidad de aprovechar sus infinitas riquezas en beneficio de la sociedad nacional siempre y cuando existiera, a la vez, una auténtica apertura democrática que permitiera que las decisiones participaran de esta condición. Que el gobierno integrado monolíticamente iba a derrochar y a desatinar en la administración e iba, como lo ha hecho, a desperdiciar la oportunidad histórica que nos brindó el petróleo, - cuyo alto precio, por cierto, obtuvo el único de los organismos internacionales productores de materias primas al que México se negó a ingresar.
Decía un pensador político: "el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Dramática cita para ilustrar, en breves palabras, lo que sucedió al país en este sexenio por terminar.
Todo este repaso, abreviado por razones de tiempo, que no de interés y necesidad de exhaustividad, nos sitúa, para terminar, en algunas referencias a lo dicho en el VI Informe, que requieren ser abordadas en particular.
Por lo que se refiere a una permanente demanda de Acción Nacional en el sentido de respeto a los derechos humanos, gran mayoría de los cuales están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Presidente reconoce el atraso de décadas que tuvo el gobierno para suscribir los instrumentos internacionales derivados de dicho documento, y cuya consecuencia debe ser su inclusión en la legislación interna; sin embargo, ya para concluir su informe, el Presidente reitera su adhesión al Artículo tercero constitucional, el cual en una parte de su contenido contraviene los postulados de libertad educativa que se contienen en el Artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que México suscribió y el Senado ratificó en 1980.
Asimismo, el Presidente de la República incurre en contradicción cuando habla de su compromiso y dedicación en la lucha contra la corrupción, en tanto que consta a la opinión pública la actitud obsecuente de la Procuraduría de la República en algunos de los escasísimos casos que trascienden a la ciudadanía, como fueron los casos de Flores Tapia y Lerma Candelaria; en el primero de ellos, mediante una renuncia y la aplanadora hegemónica de la Cámara de Diputados, contraviniendo la Ley de Responsabilidades, se excluyó al Poder Legislativo de la competencia para seguir el proceso, quedando en manos de la Procuraduría, quien se olvidó de su obligación de proseguir la acción
penal y se reservó a una mínima sanción, exclusivamente por el delito de enriquecimiento inexplicable, cuyo efecto para el ex gobernador, llega al 2% de lo sustraído al erario.
En el segundo caso, sólo se sabe que el ex diputado Lerma, retirado también ilegalmente de la competencia de la Cámara de Diputados, pasea su dinero mal habido en la Unión Americana, con esporádicas visitas a Ciudad Juárez.
En el tenor de contradicciones también es necesario decir que el Presidente ofreció al Congreso la lista de los sacadólares para su conocimiento, y suponemos, aunque no somos el órgano competente, su sanción o condena pública.
En cambio, en marzo de este año, el asalto a las reservas de la nación sólo llegaba a 5 mil millones de dólares; el gobierno, a través del Banco de México, le negó a Acción Nacional la solicitud que por escrito y perfectamente fundamentada presentó el PAN, cuando el mal se hubiera reducido y tal vez se hubiera evitado la segunda devaluación.
Advertimos aquí también la responsabilidad política del Ejecutivo de la Unión.
En suma, y para concluir, haremos referencia al epílogo del Informe, en el que con sorpresa de propios y extraños se decretó la llamada nacionalización de la banca, aun cuando el decreto de referencia, en su Artículo 1o., comienza: "...Por causas de utilidad pública se expropian...", etcétera, pero más que la forma, interesa a este juicio político el fondo y la trascendencia de la decisión.
Peca de miopía política quien pretenda ver este hecho en forma aislada, porque en verdad forma parte de todo un proceso estratégico que enunciábamos unos párrafos antes, y que deriva, a su vez, de una necesidad de sobrevivencia del sistema, que registra sus más bajos niveles de capacidad de manipulación, y que como las elecciones se lo demostraron, a pesar del abultamiento a su favor, no cuenta ni con el despliegue de todos los recursos de control y maniobra que utiliza con el respaldo y popularidad de marquesina, que antes, aunque fuera artificiosamente soportada en una gran indiferencia ciudadana, les permitía cubrir las apariencias.
Tan lejos de la democracia en la que creemos está la concentración bancaria privada que el régimen había prohijado, como está la concentración de banca oficial, que en las condiciones de integración oligárquica del poder público, no puede conducir en México sino a un mayor crecimiento del capitalismo de Estado con las consecuentes implicaciones de reducción de espacio a la libertad, y a una mayor carga financiera y de ineficiencia en la prestación de servicios que arrastrará el pueblo.
Muy fácil va a ser para el gobierno concertar nuevos acuerdos con los principales organismos bancarios, a los que primero colmaba de elogios y a los que ahora baña de injurias y responsabilidades, para evadir la que le corresponde a la corrupción pública y a la ineptitud administrativa. Pero lo que realmente preocupa y enjuicia Acción Nacional son las implicaciones políticas, ya que no se sustenta el justificante de "utilidad pública" para la expropiación, cuando la banca se encontraba sujeta en sus operaciones en divisas antes de la devaluación, exclusivamente a las que le proporcionaba el Banco de México y, por otro lado, entre encaje legal, cajones de crédito, líneas de crédito a entidades de gobierno, inversiones en valores gubernamentales, etcétera, la banca no disponía, a su arbitrio, de más del 20% del ahorro depositado, por lo que la aplicación de esta medida no puede encontrarse más que en razones políticas particulares de la cúspide del poder, que encontró una forma ideal para transferir sus responsabilidades a los que, si acaso, las comparten, en menor medida por su permanente lealtad aun ante lo indigno, con quienes ahora los usan como chivos expiatorios o cabezas de turco.
Lo que importa, pues, no son los intereses particulares de uno u otro bando. A la nación le afecta perder una estructura bancaria que en su diseño y operatividad técnica podría haber cumplido con sus finalidades de servicio con sentido social, y mantenerse en la esfera de las oportunidades de ejercicio profesional y actividad empresarial libres, dentro de la estructura de economía mixta democrática (que tienda al logro de mayor eficiencia y evite la polarización del poder). La solución para orientar a la banca a un más cabal cumplimiento de esta misión no era ni con mucho su estatización:
hubiera bastado, si el gobierno subordinara sus intereses a los del bien nacional, con la exigencia legal a través de tantos instrumentos que posee para ello y, en su caso, aplicar la ley y el castigo a los transgresores y delincuentes contra la economía pública.
Pero esta medida, decíamos, no es aislada, ni es el desenlace último de lo que está ocurriendo a México en su realidad política. Debe verse, como antecedentes inmediatos de esta acción, la creciente impopularidad del régimen que le hizo posponer la devaluación en su tiempo oportuno, hasta febrero de este año, centuplicando los efectos posteriores; debe verse también la indignación del pueblo frente al dispendio de la campaña oficial y la falsificación de resultados electorales, para explicarse la adopción del régimen de una postura a la ofensiva, que empieza por tratar de inculcar al pueblo de la responsabilidad de la bancarrota del país, que continúa al cerrarse en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados a la más mínima objetividad e imparcialidad en la calificación de los resultados electorales; a la actitud despótica del Colegio Electoral de la Cámara de Senadores, que niega acceso a la defensa de seis casos de Acción Nacional que pretendía ejercer; también debe sumarse la arbitraria cancelación del programa radiofónico "Opinión Pública", como baluarte de expresión libre de la ciudadanía, e ilustra, con amplitud, esta actitud del régimen la intención de robo electoral en ocho municipios y cuatro distritos electorales del estado de Sonora. (Aplausos.)
Del tal manera que la estatización de la banca y del transporte aéreo nacional obedecen y dentro de este contexto, a sólo un paso más, dentro de un sin número de acciones que se ve precisado a tomar el sistema, ante la imposibilidad de intentar recursos democráticos y legales que le supondrían, sin duda, si fuese consultada la voluntad ciudadana, la pérdida de posiciones y cambio de partidos en el ejercicio de la autoridad, que serían los caminos racionales y lógicos que un pueblo sujeto a un unipartidismo de 53 años tendía que tomar frente a los problemas que lo acosan, sin su directa responsabilidad.
El problema de México toca fondo: un régimen sin autoridad moral que toma decisiones poselectorales, no contenidas en sus promociones de campaña, puede sin reserva ser llamado falsario; su futuro se precipitará en una serie de determinaciones autoritarias como respuesta primaria de su instinto de conservación; los tiempos devienen peligrosos. Toca, por lo tanto, al pueblo, a través de los partidos políticos independientes, restituirse la voz, la representación, el concurso en las decisiones públicas, que el gobierno ha usurpado y a título de dueño ejerce. Muchas gracias.
El C. Presidente: Con fundamento en el Artículo 28 del Reglamento Interior, y habiendo concluido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, esta presidencia prorroga el plazo respectivo hasta concluir los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el ciudadano diputado José Carreño Carlón.
El C. José Carreño Carlón: Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
En este foro, desde el cual el Presidente de la República, José López Portillo, encabezó en días pasados uno de los pasos más trascendentes de la história contemporánea de la nación, resulta altamente honroso hacer la síntesis del significado que tiene el periodo republicano 1976- 1982 en lo que atañe a la política interior y a la política social. Hay que agregar desde aquí también que la respuesta del Presidente de la Cámara de Diputados, no podía ser a título personal, fue en nombre de las mayorías que lo elegimos, y fue expresión de ellas.
Es preciso, señores diputados, acudir a las palabras, con todo lo que de desgastado y de acedo tienen algunas palabras, sólo que esta vez las para palabras también recobran un sentido esencial, referidas tanto a los principios como a los hechos.
Nuestros principios, aprendidos con nuestras primeras letras, afirmados o contradichos, recitados muchas veces entre la simulación y la demagogia, entre desviaciones e incluso entre traiciones; nuestros principios, a veces empañados en el claroscuro de la rutina burocrática y en los intereses, en las inercias de los intereses creados; nuestros principios, señores, siempre en lucha, en tensión por sobrevivir y traducirse en realidades; nuestros principios, impulsados por la fuerza de nuestra historia y por la constancia y el sacrificio de la nación mayoritaria, poco después de las 2 de la tarde del 1o. de septiembre de 1982, esos principios recobraron su puesto de vanguardia en la gran lucha, en la lucha permanente del pueblo de México por su independencia y su autodeterminación.
La nacionalización de la banca privada, desde el punto de vista político, no puede ser un hecho burocrático; entraña fundamentalmente la recuperación de la iniciativa histórica de la nación. La recuperación de la dirección soberana de los intereses de la nación, ahí donde los intereses nacionales estaban siendo agredidos, violentados en favor del interés de unos cuantos; más allá de prejuicios, más allá de consejas y chismes, más allá también de partidismos respetables, la medida adoptada por el Presidente de la República, por la más alta autoridad legítima y constituida de la nación, responde al principio constitucional mexicano tan invocado y pocas veces tan ejercido a plenitud, como lo hizo el Presidente López Portillo, de que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular.
El enorme impacto popular de esta acción nacionalista, revolucionaria, legítima, constitucional; el enorme efecto libertador de las energías nacionales que han tenido la nacionalización de la banca ha hecho que en el debate nacional se reste importancia relativa a la serie de acciones y obras del gobierno de López Portillo, que alcanzaron su punto culminante el 1o. de septiembre en el cumplimiento de nuestros principios como República democrática representativa y federal.
La reforma política alcanzó importantes avances en la ampliación de las libertades y la democratización de la sociedad. A veces se olvida, pero hoy es ocasión de recordarlo, que la reforma política nunca se concibió reducida al ámbito electoral, que la exaltación de nuestro gran salto de 1982, por los resentimientos que este salto produjo en otros, no reduzca la hazaña del pueblo mexicano a un acto aislado de voluntad, por importante que resulte en este trance la valerosa voluntad de López Portillo.
Apelemos a la memoria y al proyecto, al anunciar en su I Informe de Gobierno el primer paso de la reforma política, el Presidente López Portillo la propuso como la manera de alcanzar un nuevo consenso que nos dé fuerza para seguir.
Y aquí, señores, se acepte o se decline, está este nuevo consenso que se expresa con fuerza en el nuevo vigor de nuestro proyecto nacional. Aquí está concentrada y condensada la nueva correlación de fuerzas del Estado Nacional; aquí está dando un paso adelante el proyecto de la nación, que se nutre de la insurgencia popular y se reconoce con fisonomía propia en las necesidades y aspiraciones de un pueblo que quiere un México libre, justo y solidario frente a la vieja resistencia de quienes se aferran al privilegio minoritario y se oponen a las luchas contra las formas de dominio identificadas con las metrópolis coloniales y neocoloniales.
La reforma política se inició con la promulgación de la LOPPE, que dio lugar al registro
de nuevos partidos, con lo que la voluntad democrática del gobierno fue respondida con la participación de agrupaciones representativas de largas luchas de grupos significativos de mexicanos por la democracia y la libertad.
En 1978 se dio un paso, con la Ley de Amnistía un segundo paso cuyos beneficios alcanzan, en este 1982, a 40 mexicanos más que se hallaban en el supuesto de esta norma de conciliación y convergencia nacional. Tomamos en cuenta las inquietudes y propuestas del diputado Pérez Gaytán para seguir trabajando en esta vía. El tercer paso fue la elevación a rango constitucional el derecho a la información. Faltan otros, pero la inercia se ha roto y será responsabilidad de todos seguir haciendo, desde las instituciones y con nuestras nuevas fuerzas, los cambios democráticos y revolucionarios que exigen las nuevas realidades.
Por ahora, en este corte sexenal de nuestra historia, en estas épocas que el Presidente llamó de "bárbaros regresos en el mundo", reconozcamos como fundada autoafirmación que la sociedad mexicana no sólo no retrocedió, sino que avanzó y se fortaleció en la democracia y que la nación ganó en su independencia; reconozcámosle como fundada autoafirmación de nuestro pueblo, pero también como memoria y voluntad del liderazgo y la autenticidad del Presidente José López Portillo.
Consecuente con esta realidad interna, de frente a las regresiones externas, el derecho de asilo, que se ejerce en México por millares de perseguidos políticos que aquí se ponen a salvo del desmoronamiento democrático y nacional en estos tiempos de insurgencias popular en nuestro continente, insurgencia enfrentada a la arbitrariedad subsidiada de la intervención extranjera.
En tiempos de transformaciones radicales caen los mitos, caen los tabúes, cae todo lo incidental, pero conservamos lo esencial; conservamos la nación como ámbito de nuestras libertades y nuestros proyectos; conservamos nuestras instituciones fundamentales; conservamos fortalecemos y actualizamos nuestra organización institucional, política y social.
Caen políticas económicas por su agotamiento y contradicciones, pero podemos realizar el cambio sin riesgos mayores por la solidez de instituciones y organizaciones. No hagamos cuentas alegres o tristes, según el caso, cuatro han sido los pilares de sustentación de nuestra supervivencia y avance; un cuerpo de leyes y una organización capaz de echar mano de generosas reservas constitucionales para hacer frente a las nuevas realidades.
La renovación periódica y democrática del Poder Ejecutivo, de la representación popular, la del pacto Federal y de los Poderes locales; la consistencia de las organizaciones obrera, campesina y popular, en alianza consiente con el poder revolucionario, y la solidez, la lealtad y la fidelidad al origen de nuestras fuerzas armadas, populares y nacionales.
Con una estructura nacional así, señores, no hay rumor, ni intriga ni conceja capaz de desestabilizarnos; con una estructura así, en México no hay vacío de poder que lleve al descontrol ni abuso de poder que pueda legitimarse.
El país es otro después del 1o. de septiembre, pero sus sustentos legítimos son los mismos. Por la fuerza de los votos el 4 de julio, la inmensa mayoría de los mexicanos elegimos a la Presidencia de la República, y ya lo podemos decir, a Miguel de la Madrid Hurtado; por la fuerza de la ley, del consenso y de la voluntad política, el 1o. de septiembre el país se alejó no sólo del peligro material que representaba el saqueo, sino del riesgo mayor, el que hemos visto en la dolorosa realidad latinoamericana, en la que al gobierno legítimo se le deja sin los instrumentos reales del poder legítimo.
Quizás uno de los saldos esenciales de la nacionalización de la banca sea el de recuperar para el Estado una fuente de poder detentada hasta entonces por el más cohesionado y agresivo grupo de presión, y corregir el manejo antisocial y antinacional que venía haciendo de las divisas y del ahorro nacional.
Caen así en el marco de la ley y en el clima de tranquilidad institucional adherencias mediatizadoras del esquema legítimo de toma de decisiones. El poder nacional y popular recobra espacios fundamentales; la nación es más fuerte; el Estado renueva su capacidad de representación y defensa social y las sociedad se fortalece al liberarse de un poder de hecho no institucional, no legítimo, que por sus intereses particulares se mostraba dispuesto a jugarse el destino de todos; que no se abuse como se ha hecho por voceros de los intereses desplazados, que no se abuse de la sobreinterpretación del voto mayoritario el 4 de julio. La votación mayoritaria del 4 de julio respondió a una nueva campaña de la Revolución, como la llamaba insistentemente Miguel de la Madrid; campaña cuyo primer postulado fue el de fortalecer el nacionalismo revolucionario, precisamente para enfrentar los riesgos de la desnacionalización que se han generado en un largo proceso y que se agudizaron con la crisis.
El voto mayoritario del 4 de julio fue, sí, por la libertad, por la libertad ampliada para todos los mexicanos y no por el libertinaje económico de unos cuantos.
Miguel de la Madrid la llamó democratización integral de la sociedad, e implica expresamente salir al paso de las inercias autoritarias y a las tendencias a la concentración monopólica como las que se daban en la banca privada y que se señalan también expresamente en el decreto de nacionalización; por eso Miguel de la Madrid se hizo portavoz, desde el histórico 1o. de septiembre, de la solidaridad, la serenidad y la entereza de sus millones de electores, con el Presidente José López Portillo; por eso Miguel de la Madrid fue tajante al declarar que el Estado no puede permitir el avance de situaciones caóticas que amanecen con daños graves al interés nacional y particularmente de las mayorías de nuestro pueblo; por eso, en fin, Miguel de la Madrid contará con el respaldo de la nación mayoritaria para seguir profundizando en el fortalecimiento de la
REFORMA ADMINISTRATIVA
soberanía popular de los mexicanos. Con la consolidaci¢n de la nacionalización de la banca quedan espacios importantes que rescatar para la democratización y el nacionalismo reinvidicador de los mexicanos.
Este es en todo caso el sentir más fiel, por expresión de las partes, de la votación mayoritaria del 4 de julio.
Por otra parte, seguir con la pretensión de enturbiar el proceso electoral y sus resultados parece, a estas alturas, no sólo una pretensión ilegítima de restar fuerza a la renovación de nuestro consenso, vital en las actuales circunstancias, sino además parece una burla y un desengaño para los propios electores de quienes utilizan la representación nacional en maniobras de confusión en esta hora que reclama esclarecimiento.
La política social del régimen del Presidente López Portillo se desarrolla, sí, como ya se decía, dentro de la concepción integral que de la democracia marca la Constitución, como la aspiración de establecer un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La disminución del incremento poblacional del 3.6 al 2.5% se logró no mecánica ni compulsivamente, sino en un marco de desarrollo social comprobado con el descenso de la mortalidad del 8.5 al 7.5 y el aumento de la esperanza de vida de 64 a 66 años. ¡Qué temeraria afirmación! Este tipo de afirmaciones son las que son fuente de rumores mórbidos, la de quien se atreve a decir que la planeación familiar no se da en el marco total de respeto y de libertad. Y así podríamos referirnos a las demás afirmaciones ligeras sobre la educación pública, gratuita, laica, ajustada a los términos de nuestra Constitución y apoyada con los recursos del pueblo en los libros de texto gratuitos.
En el campo se avanzó en el reparto agrario con la entrega física de 15 720 000 hectáreas, prácticamente se puso al corriente el rezago administrativo y se dio certidumbre y seguridad a casi un millón de familias campesinas a las que se les entregó la documentación básica. Por el Sistema Alimentario Mexicano y por la Ley de Fomento Agropecuario, por primera vez, se otorgó crédito sistemáticamente a los campesinos de las zonas de temporal, se aumentó el empleo y el bienestar campesino y éste respondió, nos hizo autosuficientes en la alimentación básica fundamentalmente.
En las ciudades y en el campo se avanzó en el esquema de asociar el incremento de los precios al aumento de los salarios mínimos de los trabajadores. Hasta antes del recrudecimiento de la crisis, durante cuatro años se crearon 4 285 000 nuevos puestos de trabajo y se logró reducir al desempleo abierto de 8.1 a 4.5%. Hubo más trabajo, más salario, más ingreso familiar real; la totalidad de los ingresos de la clase trabajadora se había expandido en términos reales.
En medio de la crisis - que nadie ignora- también se respondió en favor de la clase trabajadora. Se acordó un aumento salarial con efectos no sólo restitutorios, sino precautorios, los trabajadores conquistaron el derecho constitucional a recibir capacitación y adiestramiento; el derecho a la sindicalización y a la huelga alcanzó en el sexenio espacios que no se conocían en decenios. Las transferencias y los subsidios al consumo popular y a la producción han crecido y se han racionalizado, y los trabajadores, por su parte, han respondido con más productividad, han elevado su conciencia combativa; y la clase obrera organizada, además de mantener el postulado de la nacionalización de la banca y de la sindicalización de los trabajadores bancarios - dígase lo que se diga- , la clase obrera organizada, en ejercicio de su derecho, ha cerrado filas y fortalecido su responsabilidad y su apoyo estratégico a la nación.
La clase obrera organizada sigue siendo vanguardia de los principios del partido de la Revolución.
En la declaración de principios del propio partido se dice que éste exige leyes y acciones efectivas para erradicar todo tipo de monopolios, reivindicando para la nación actividades estratégicas que consoliden su independencia económica. La reforma económica - continúa diciendo la declaración de principios- exige que la tendencia de acumulación de capital se oriente en favor del Estado y el sector social de la economía. Son principios no vergonzantes.
La sociedad toda alcanza mayor densidad al asegurar la educación primaria a todos los niños, al multiplicar por doce el número de alumnos en centros y estudios tecnológicos y al duplicar la matrícula en la enseñanza superior.
El derecho a la salud se ejerce ya por el 85% de la población del país, contra el 60% de hace seis años.
Efectivamente, en la capital de la República se municipaliza el servicio de autobuses, se duplica la capacidad de servicio y se tiende a acabar con anarquías y abusos.
Se duplica el kilometraje de cobertura del Metro y se cuadruplica el número de pasajeros transportados.
Hay rezago, es cierto, en la democratización en los medios de comunicación audiovisuales, pero también es cierto que la cobertura de televisión de la República Mexicana se extiende democráticamente, pasa a cubrir del 9% al 90% de la población.
En agua potable se llega al 70% de la población atendida; en lo que respecta a la atención al medio rural marginado se desarrolla el Programa COPLAMAR, que deja un saldo notable de redistribución del gasto público.
En sólo cinco años se multiplica por 87 el monto de los recursos destinados a estos grupos; en sólo tres años se incrementa en cuatro veces la cobertura de servicios médicos; o, dicho en otras palabras, de las instalaciones de salud que hoy funcionan en el medio rural; el 80% ha sido construido y puesto en operación durante el periodo del Presidente López Portillo.
Se pasa de 500 a 12 mil tiendas de distribución de abasto, administradas por la comunidad, un incremento de 25 veces, con 276
almacenes regionales que las abastecen y que no existían antes, y un sistema de transportes manejado con una intensa participación campesina, todo ello orientado a quebrar la columna vertebral del intermediarismo.
Pero si todavía existen engañados o engañadores que preguntan por el destino de los recursos públicos que rescató el gobierno del saqueo, hasta antes de iniciarse esta estrategia se destinaban a obras de agua potable en el campo recursos ridículos, del orden de 80 millones de pesos anuales, para realizar unas cuantas decenas de obras en cada ejercicio. En los últimos tres años se destinaron 17 mil 277 millones para construir 3 mil 200 sistemas de agua potable y rehabilitar y ampliar otros 800 en beneficio de 4 millones 579 mil habitantes. Y así pasa con los caminos y con la generación de empleos en las zonas marginadas.
A eso es a lo que se ha llamado gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario. Pero estamos seguros, con el Presidente López Portillo, que el gasto público ha sido hasta ahora el instrumento más útil para la redistribución del ingreso en el desarrollo social, sin el cual no se justifica ni el crecimiento económico ni nuestras estructuras; en estas políticas de gasto, efectivamente, se origina en gran medida el desarrollo del México moderno.
Es cierto, tuvo razón el Presidente de la República cuando lo ahogó la emoción de hombre y de mexicano al reconocer que si bien hizo todo lo que pudo para saldar la deuda con los marginados, faltan los cambios estructurales que aseguren una verdadera redistribución del ingreso, pero esto, señores, está más cercano que nunca con la recuperación de la iniciativa nacional, que entraña el nuevo paso nacionalizador de nuestra economía.
No es ajeno y no ha sido ajeno en esta jornada a este tema de política interior y social el régimen de cambio operado en la imagen y la actitud presidencial en México; sin abdicar de las atribuciones constitucionales, sino, al contrario, ejerciéndolas hasta el límite de la voluntad de transformación, el Presidente López Portillo ha renunciado expresamente a la infalibilidad tradicional y arcaica del poder presidencial; hay en su Informe
reconocimientos arrojados, poco combatidos como el de la vivienda popular, o el reconocimiento a inversiones inoportunas; algunos voceros de la oposición deberían de aprender del sincero manejo de los claroscuros autocríticos del Presidente López Portillo y no del manejo absoluto de la oscuridad y de los peros.
(Aplausos.)
Los avances en el derecho a la información, en la libertad y en la pluralidad de la expresión, sobre todo en la prensa escrita y el enriquecimiento del debate nacional, son pruebas patentes de la tolerancia que se ha sembrado y que fructifica en nuestra democracia.
Hoy, como nunca, se cierra el campo de acción para el rumor; la información no sólo es pública, clara y confiable, sino que además está comprometida con las mejores causas de la nación.
El 1o. de septiembre, el Presidente López Portillo hizo una clara caracterización de la crisis, habló de una amenaza comprobable a nuestras estructuras y habló también del daño a la seguridad nacional. Pero no hablemos de reconstrucción nacional, amigo Rafael Aguilar Talamantes. Ese fue el lema del gobierno pelele que se impuso a los dominicanos después de la invasión de 1965. No, no hay crisis política.
A partir de nuestras grandes reservas y de nuestra consistencia nacional, el 1o de septiembre se inició en serio, un proceso de transformación estructural. La Revolución emprendió una nueva marcha, y, como lo expresó el viernes ante centenares de miles de mexicanos jubilosos, de mexicanos alertas, de mexicanos movilizados, aquí se vuelven a bifurcar los caminos. De un lado las mayorías, que exigen justicia y reivindicar los valores de nuestra nacionalidad, y del otro los que insisten en apartarse del pueblo y de la nación.
México ha entrado en un nuevo proceso de liberación y, como lo afirma López Portillo, muchas decisiones pendientes podrán tomarse.
La economía mixta, señores, algunos, muy pocos, angustiados, sigue y seguirá cumpliendo sus fines. Los campos estratégicos de la economía que debe atender el Estado por la insuficiencia, la incapacidad o el interés espurio de algún sector no implica ni la satanización de los sectores privados y sociales, ni aceptamos la satanización del Estado nacional revolucionario. Insistimos, la Revolución ni es revanchista ni está a la defensiva.
Hoy, menos que nunca, es un proyecto en acto de afirmación y avance.
No hablemos tampoco de alianzas vergonzantes, no existen. El partido - dice la declaración de principios- se pronuncia por un sistema económico democrático en el que se concilie la libertad de empresa con la planeación de todo el conjunto de las actividades económicas. Ello implica desarrollar el sistema de economía mixta en forma tal que el pluralismo participativo se proyecte en el ámbito de las decisiones económicas generales.
El partido plantea como solución a los dilemas entre la economía liberal y la plena estatización de la economía un esquema de formas complementarias integrada por los sectores económicos estatal, social y privado, cada uno de ellos con su propia autonomía decisoria, pero respondiendo siempre al interés superior del país, y sobre la base de una sola concepción del desarrollo nacional determinada por el poder público, que es el representante del conjunto de la sociedad.
El partido se pronuncia por la planeación democrática del desarrollo económico y social.
El destino de las acciones expropiadas - de lo que aquí también se ha hablado - no debe preocupar ni a unos ni a otros. El decreto nacionalizador recobró la capacidad de acción y negociación de la nación. El destino de esos bienes expropiados se decidirá desde un nuevo estadio histórico de nuestro desarrollo, desde la iniciativa nacionalista y revolucionaria del Estado, y de nuestro auténtico proyecto nacional de justicia y libertad.
Las cosas - hay que insistir- han cambiado en México, muy particularmente desde el 1o. de septiembre; no sigamos hablando o pensando como antes del 1o. de septiembre. Ya no estamos a la defensiva. Tampoco podemos hablar de un partido estático y amodorrado en el poder; si así fuera no hubiera dado el sustento para tomar una decisión como la de la nacionalización de la banca.
Ahora, más que nunca, el partido revolucionario en el poder es un partido movilizado, nacionalista y revolucionario.
Con todo el resentimiento de los poderes desplazados contra la ideología, los prejuicios, las calumnias, los rumores echados a volar por el temor al cambio, valen los argumentos retrospectivos que justifican las respuestas del gobierno ante el saqueo y los saqueadores, pero es la visión hacia adelante la que da verdadera dimensión al salto histórico promovido por el Presidente José López Portillo.
La posibilidad de organizar la planta productiva de la nación para que responda realmente a las necesidades de los grupos mayoritarios; la reestructuración fiscal que permita enfrentar la tendencia histórica a la concentración del ingreso en una minoría privilegiada; la democratización del acceso al crédito; la garantía a los ahorradores más humildes; el rescate del capital especulativo, que venía operando virtualmente como bienes de manos muertas, son las primeras muestras del nuevo horizonte económico y social que se abren para los mexicanos.
Al romperse la camisa de fuerza de los grupos de presión, que apretaba sobre el Estado cada seis años, sus protagonistas legítimos se liberarán también de las campañas de intrigas y de desprestigio a que eran condenados al final de sus mandatos. Es que el objetivo principal de doblegar la iniciativa del gobierno que sale y condicionar al que entra estará de antemano destinado al fracaso. La continuidad revolucionaria será más fluida, la vigilancia popular estará más alerta. Quienes pretenden hoy, sin pruebas y sin bases, demeritar la reivindicación histórica de la nacionalización de la banca, sugiriendo en su pequeñez que este salto cualitativo de la sociedad mexicana se reduce al papel de ocultar corrupciones e ineficiencias, se están exhibiendo solos. Sus ofensas y desahogos son tenúes cortinas de humo que no logran empañar el paso histórico que ahora moviliza y compromete a la mayoría contra toda forma de agresión y de injerencia de fuera, propiciada desde adentro. (Aplausos.)
Como lo han evidenciado la crisis y las respuestas nacionales, hay una línea directa que vincula la conciencia nacional con los intereses de la clase trabajadora.
Pero la nacionalización de la banca está muy lejos de ser una respuesta sectorial o sectaria. La recuperación por el Estado de este espacio fundamental de la vida de la nación nada tiene que ver con la pérdida de la libertad. Es un proceso liberador en todos los órdenes. Saben los empresarios, medianos y pequeños, que el manejo nacional del financiamiento permitirá reorientar los créditos para progresar con México y no para que su empeño productivo sea desnaturalizado por quienes los excluían y espoliaban también a ellos, a la gran mayoría de los empresarios, desde las tendencias hoy frenadas a la concentración promonopólica. Saben los ahorradores que es la solidez del Estado nacional la que ahora los respalda y que sus depósitos están más seguros que nunca. Saben los trabajadores bancarios que se ha levantado el veto que los excluía del ejercicio cabal de sus derechos laborales. Lo saben todos los trabajadores del país, el dinero que se iba para crear prosperidad y empleos en el extranjero a costa del retraso y el desempleo en México, ahora se quedará aquí para enfrentar nuestros propios problemas.
¿Cómo se puede caracterizar la nacionalización de la banca, que ya ha iniciado su proceso redistribuido? ¿Cómo una tendencia de concentración de la riqueza en manos del Estado? Participamos de la preocupación de todo aquel que de buena fe advierta sobre los riesgos de ineficiencia, corrupción o falta de seguridad jurídica en la instrumentación de las nuevas medidas, pero no confundamos lo accesorio con lo principal. Los decretos de nacionalización de la banca están fundados y motivados en la Constitución General de la República, en la Ley de Expropiación, promulgada por el Congreso en tiempo de Cárdenas, y en otras disposiciones constitucionales y especiales que son de aplicación directa a las situaciones referidas en cada uno de los nuevos instrumentos legales; y los decretos, señores, el otro requisito de legalidad, están expedidos por la autoridad competente para hacerlo, por el Presidente de la República.
Nuestra estructura democrática de toma de decisiones no requiere de formas exóticas de consulta nacional ni necesita de consejos fariseos o moralistas; por ahí alguien planteó que esta medida requería un plebiscito, el plebiscito es el arma típica de los regímenes que han destruido las estructuras de representación democrática; ahí están los plebiscitos de Franco y también las mascaradas plebiscitarias de Pinochet; señores, ¿en qué país creen que viven?, o, peor aún, ¿en qué país aspiran vivir?
En nada nos sorprenden su enjuiciamiento y prejuicios interesados, defensas veladas o abiertas a los poderes desplazados. Ya desde la asamblea constituyente del Partido Acción Nacional el ilustre don Manuel Gómez Morín reflejaba los mismos prejuicios y temores al cambio, a la dinámica revolucionaria del gobierno de Lázaro Cárdenas la calificaba textualmente como "marcha ciega del país hacia lo desconocido". Al equipo de gobierno de Cárdenas, con el amplio respaldo social que lo legitimaba, don Manuel Gómez Morín lo señalaba como un simple "grupo adueñado del poder". Y al régimen cardenista lo calificaba de "caduco", por insincero, confuso y contradictorio.
No nos extrañan los nuevos denuestos.
Respondemos con la serenidad y entereza con que lo hizo el presidente Cárdenas en su último informe de gobierno ante los ataques de la derecha. Decía Cárdenas: "el gobierno,
cumpliendo con su deber, ha dejado a sus contradictores el ejercicio pleno de una libertad de opinión". Que si en ocasiones los excesos cometidos al expresarla hubieran justificado sanción, prefirió, sin embargo, tolerarlos, en la certeza de que desde ningún extremismo político se logrará quebrantar en el pueblo la fe que guarda por sus instituciones revolucionarias.
Nuestro júbilo nacional y nuestra serenidad nacional nos deber obligar a actuar con la nobleza y la civilidad del presidente Cárdenas. (Aplausos.) Confiados, serenos, ante el nuevo impulso de la nación y de la Revolución, con el Presidente de la República asistimos a la legitimación y a la consolidación de un Estado nacional fuerte, nutrido por una sociedad civil, fuerte, alerta y movilizada.
Asistimos a la recuperación de espacios vitales para el ejercicio de la soberanía popular. López Portillo solía decir que los únicos expresidentes que tienen derecho a seguir gobernando a México son Juárez y Cárdenas. Creo que ahora, sin hipérbole, es uno de esos momentos emparentados con la restauración de la República del presidente Juárez, con la expropiación petrolera del presidente Cárdenas, un momento que bien podemos llamar de renacimiento de la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. secretario Oscar Cantón Zetina: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del Día
7 de septiembre de 1982.
Lectura del Acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Zacatecas invita a la sesión solemne en la que el gobernador constitucional del estado, licenciado J. Guadalupe Cervantes Corona, rendirá su segundo informe sobre el estado general que guarda la administración pública, la que tendrá lugar el próximo 8 del actual.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
En los términos del Artículo 93 constitucional, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial remiten el informe de labores correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1981 al 31 de agosto de 1982.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. doctor Daniel Rubín de la Borbolla pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Ecuador.
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que los CC. María Esther Gómez Cárdenas, Librado Contreras Rodríguez, Juan Francisco José Serna Penichet, María de los Angeles Aguirre Rubio y Rosalinda Manzur Badra, puedan prestar sus servicios de carácter administrativo en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México. Análisis del Sexto Informe Presidencial."
- El C. Presidente (a las 15:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 7 de septiembre, a las 10:00 horas.
"TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA" Y DIARIO DE LOS DEBATES