Legislatura LII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19821109 - Número de Diario 38
(L52A1P1oN038F19821109.xml)Núm. Diario:38ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO I México, D.F., martes 9 de noviembre de 1982 TOMO I. NUM. 38
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
INVITACIÓN
Al acto cívico conmemorativo del 334 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, el 12 del actual en esta ciudad. Se designa comisión
INFORMES DE LA DEUDA PUBLICA 1982
Correspondientes al primero y segundo trimestre. Se reservan para consulta
MINUTA DEL SENADO
CONDECORACIÓN
Proyecto de Decreto que autoriza al C. Leopoldo Zea para aceptar una condecoración del Gobierno de Venezuela. Se turna a comisión
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY ORGÁNICA DEL BANCO
La C. Ma. L. Calzada de Campos, a nombre de un grupo de diputados del PRI, presenta y da lectura a un proyecto de Decreto que reforma y adiciona varios artículos de la ley citada. Se turna a comisión. Imprímase
CÓDIGO CIVIL
TITULO SEXTO
El C. Alberto Salgado Salgado, a nombre de la diputación del PST, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto y de reformas al Código mencionado. Se turna a comisión. Imprímase
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 288 de la ley nombrada. Primera lectura
PROPUESTA RELATIVA AL AMPARO DE EX BANQUEROS
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla, a nombre de la diputación del PAN, se refiere a declaraciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en relación al amparo promovido por los ex banqueros. Presenta y da lectura a una proposición concerniente al tema. Hablan los siguientes CC.: en pro Gerardo Medina Valdez; en contra Salvador Rocha Díaz. Se desecha. Para hechos interviene el C. Javier Blanco Sánchez, a quien la presidencia hace una aclaración
REFERENCIA A DENUNCIA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
El C. René Rojas Ayala le da lectura, misma que suscribe la Comisión Permanente de la Coordinadora Nacional de los trabajadores citados, que se refiere a diversos problemas que confronta el país. Se turna a comisión
ACLARACIONES A LA PROPOSICIÓN SOBRE EL AMARO DE EX BANQUEROS
Para aclaraciones se refieren a este tema, ya tratado en esta sesión, Bernardo Bátiz Vázquez e Iván García Solís; para contestar conceptos, Onofre Hernández Rivera; y, para alusiones personales, Gerardo Medina Valdez; nuevamente, para aclaraciones, García Solís, Salvador Rocha Díaz y Hernández Rivera
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE AMPARO
Proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 124 de la ley citada, a iniciativa del Ejecutivo. Segunda lectura
A debate el Artículo único. En contra intervienen Daniel A. Sánchez Pérez; en pro Manuel Osante López; en contra David Orozco Romo, quien propone una adición que se desecha; en pro Carlos Brito Gómez; para una moción suspensiva que se desecha, Rodolfo Peña Farber; por la Comisión Mariano Piña Olaya; para aclaraciones Sánchez Pérez, Francisco González Garza y Piña Olaya. Se aprueba por mayoría. Pasa al Ejecutivo
En torno a este asunto el C. Rolando Cordera Campos se refiere a acontecimientos acaecidos en el curso del debate, y el C Luis Garfias Magaña condena las afirmaciones hechas en contra del Ejército
IRREGULARIDADES EN CHIAUTEMPAN, TLAXCALA
EL C. David Lomelí Contreras se refiere a la denuncia hecha en la sesión del 26 de octubre, relativa a las elecciones municipales del estado nombrado, en Santa Ana Chiautempan, específicamente
REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917
EL C. Sergio Quiroz Miranda, con motivo del 65 aniversario de la Revolución mencionada, expresa diversos conceptos sobre el particular
AMNISTÍA Y DERECHOS POLÍTICOS
El C. Víctor González Rodríguez, a nombre de la diputación del PSUM, se refiere a la conducción de los debates y formula una propuesta sobre los temas mencionados. Se desecha
RENUNCIA DEL DIPUTADO ALVAREZ A LA COMISIÓN ESPECIAL
El C. Francisco Alvarez de la Fuente se refiere a la comisión encargada de investigar los "sacadólares" que pagan inmuebles en el extranjero y a la renuncia a ella. Presenta una propuesta relativa a los trabajos de la comisión de referencia. Apoya la proposición el C. David Orozco Romo; en contra se manifiesta el C. Leopoldino Ortiz Santos, quien contesta una interpelación del C. Rolando Cordera Campos. Se desecha
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. MARIO VARGAS SALDAÑA
(Asistencia de 362 ciudadanos diputados)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 10:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- EL C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
LII Legislatura.
Orden del Día.
9 de noviembre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que, con motivo del 334 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, tendrá lugar el próximo 12 de noviembre.
Oficios de la Secretaría de Hacienda
Con los que se remiten los informes de la Deuda Pública correspondientes al primero y segundo trimestres de 1982.
Minuta
Con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso al C. Leopoldo Zea para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Venezuela.
Dictamen de primera lectura
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Marina, con proyecto de Decreto, que reforma el Artículo 288 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.
Presidencia del C. Mario Vargas Saldaña.
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta minutos del viernes cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, con asistencia de trescientos veinte ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día de ayer.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Comisión de Justicia presenta un dictamen, con proyecto de Decreto, en virtud del cual se reforma el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 124 de la Ley de Amparo. Es de primera lectura.
Dictamen, con proyecto de Decreto, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, que concede permiso a la C. María del Carmen Martínez Malo para prestar servicios como secretaria bilingüe de dirección en la misión arqueológica de la Embajada de la República de Francia acreditada en México, Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se procede a recoger la votación nominal, resultado aprobado por unanimidad de trescientos veinte votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidencia informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del recinto los CC, Alfonso Cereceres Peña, Mario González Navarro y Alfonso Molina Ruibal, declarados diputados electos en la sesión efectuada el pasado veintiocho de octubre.
Para introducirlos al Salón de Sesiones, a efecto de que rindan la protesta de rigor, la presidencia designa en Comisión a los CC. Enrique Soto Izquierdo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Domingo Esquivel Rodríguez, Graciela Gutiérrez de Barrios, Jesús Lazcano Ochoa, Juan López Martínez y Crescencio Morales Orozco.
La C. Graciela Gutiérrez de Barrios ruega a la presidencia sea relevada de dicha obligación.
Una vez que la Comisión cumple con su cometido, puestos todos los presentes de pie, los CC. Alfonso Cereceres Peña, Mario González Navarro y Alfonso Molina Ruibal, rinden la protesta de ley.
El C. José Guadalupe Esparza, en nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto, tendiente a modificar el Artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
El C. Viterbo Cortez Lobato usa de la palabra para referirse al telegrama enviado al señor Presidente de la República y aparecido en el diario Excélsior el día de ayer, en el cual el señor Rubén Pavello Acosta, director del Diario de Jalapa, y mil firmantes más, ruegan al señor Presidente detener el atentado que se trata de cometer por el señor ingeniero Raúl Cataño Arratia, subsecretario forestal, quien concedió 104 permisos para desmontar el Cofre de Perote. Que el pueblo de esa región está en contra de este terrible atentado y se teme que corra sangre.
Hace comentarios sobre este problema y, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, solicita a esta Asamblea se pronuncie por una investigación inmediata sobre los hechos involucrados, ya que el pueblo de Perote, del estado de Veracruz, no está dispuesto a permitir que de manera impune se arrase con su ya menguada riqueza forestal.
Por último señala que de no tomar cartas en el asunto de inmediato podrán ocurrir actos de violencia que es preciso evitar. Túrnese la denuncia a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
A las once horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes nueve de los corrientes, a las diez horas. Se pasa a sesión secreta.
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
- El mismo C. prosecretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.
- Departamento del Distrito Federal.
México, D.F., a 3 de noviembre de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero.'
C. diputado licenciado Mario Vargas Saldaña, Presidente de la H. Cámara de Diputados. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto que, con motivo del CCCXXXIV aniversario del natalicio de la insigne poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, tendrá lugar el próximo día 12 del actual a las 10:30 horas, ante el busto erigido a su memoria en la Calzada de Los Poetas, a un
costado del lago del viejo Bosque de Chapultepec.
Al propio tiempo me permitió solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Directora general, profesora Marta Andrade de Del Rosal."
El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: María Luisa Calzada de Campos, Esperanza Espinoza Herrera de Ugalde, J. Dolores López Domínguez, Antonio Ortega Martínez, Ofelia Ramírez Sánchez, Alfredo Reyes Contreras y Sara Villalpando Núñez.
INFORMES DE LA DEUDA PUBLICA 1982
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"México, D.F., a 23 de junio de 1982.
"Año del General Vicente Guerrero."
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9o., capítulo III, de la Ley General de Deuda Pública, me permito remitir a usted el informe de la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 1982.
El citado documento contiene un análisis comparativo de la evolución observada en los niveles de endeudamiento público y muestra algunos logros económicos alcanzados en la presente administración.
Sin otro particular ruego a ustedes se sirvan dar cuenta del documento anexo a la H. Cámara de Diputados y, en su oportunidad, remitirlo a la H. Cámara de Senadores para los efectos legales.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario, licenciado Jesús Silva Herzog Flores."
- El mismo C. secretario:
"México, D.F., a 10 de septiembre de 1982.
"Año del General Vicente Guerrero."
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9o., capítulo III, de la Ley General de Deuda Pública, me permito remitir a ustedes el informe de la Deuda Pública correspondiente al segundo trimestre de 1982.
El citado documento contiene un análisis comparativo de la evolución observada en los niveles de endeudamiento público y muestra algunos logros económicos alcanzados en la presente administración.
Sin otro particular ruego a ustedes se sirvan dar cuenta del documento anexo a la H. Cámara de Diputados y, en su oportunidad, remitirlo a la H. Cámara de Senadores para los efectos legales.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario, licenciado Jesús Silva Herzog Flores."
- Trámite: Recibo y resérvense en el Archivo para consulta de los ciudadanos diputados y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores.
MINUTA DEL SENADO
CONDECORACIÓN
- El mismo C. secretario:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con minuta proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. doctor Leopoldo Zea para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Libertador, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 5 de noviembre de 1982.
"Año del General Vicente Guerrero."
Senador Fernando Mendoza Contreras, secretario; senadora Silvia Hernández de Galindo, secretaria."
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. doctor Leopoldo Zea para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., 5 de noviembre de 1982.
Senador Américo Villarreal Guerra, presidente; senador Fernando Mendoza Contreras, secretario; senadora Silvia Hernández de Galindo, secretaria."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO
- La C. Ma. Luisa Calzada de Campos:
Pido la palabra para presentar una Iniciativa.
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del Artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior se concede el uso de la palabra a la diputada Ma. Luisa Calzada de Campos para la presentación de una Iniciativa.
El C. Alberto Salgado Salgado: Pido la palabra para la presentación de otra Iniciativa.
El C. Presidente: Se toma nota.
- La C. Ma. Luisa Calzada de Campos:
"A los CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 constitucionales, los suscritos diputados tenemos el honor de someter a la consideración del H. Congreso de la Unión una Iniciativa de reformas a la vigente Ley Orgánica del Banco de México.
La Iniciativa, cuyo tenor posteriormente expresamos, se sustenta en los siguientes
MOTIVOS
Como es del conocimiento de los señores diputados, en el mes de septiembre próximo pasado el C. Presidente de la República envió a la H. Cámara de Diputados una iniciativa que propone una nueva Ley Orgánica del Banco de México.
La iniciativa de referencia incorpora fundamentales reformas a la organización y operación del Banco de México, con relación a la vigente Ley Orgánica, y le atribuye a dicho instituto importantes facultades en materia de banca y en materia monetaria en relación con el control de cambios.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, a quien fue turnada la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen, acordó en la sesión que al efecto realizó el viernes 29 de octubre pasado, continuar el examen de la misma, de manera profunda y detallada, para lo cual deben tenerse en cuanta los siguientes elementos:
a) En primer lugar, la natural complejidad y la trascendencia e importancia de sus disposiciones; y
b) De otro lado, la interrelación existente entre las disposiciones de una Ley Orgánica del Banco Central y toda la demás legislación financiera y bancaria que, a raíz de la nacionalización de nuestro sistema bancario, exige una revisión de conjunto que se antoja aconsejable realizar simultáneamente, con el fin de evitar riesgos de omisiones o incongruencias de carácter legal o administrativo.
No obstante lo anterior, es decir que la Comisión de Hacienda y Crédito Público continúe con el estudio acucioso de la iniciativa en cuestión, estimamos indispensable perfeccionar a la brevedad aspectos básicos de la estructura y funcionamiento del Banco de México, S. A., con objeto de adecuar este organismo a las nuevas condiciones derivadas de la nacionalización de la banca y del establecimiento de un control generalizado de cambios, existentes a partir del primero de septiembre del presente año.
Esos aspectos básicos tienen que ver con el imperativo de disolver la actual sociedad anónima y crear un organismo público descentralizado, por una parte; y, por otra, con la conveniencia de reafirmar las atribuciones del Ejecutivo y del Banco de México en el área de control de cambios y de fijación de la paridad; esto último, desde luego, sin perjuicio de la observancia de lo que preceptúa el Artículo 131 constitucional, último párrafo.
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho expuestas proponemos a la H. Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 4o., 8o., fracción I, 10, 24, fracción XXII, 45, 46, 48, 49, 52, 55, 60, 64, 65, fracción VI, correspondiente a los datos que deben figurar en el pasivo, y 74, de la Ley Orgánica del Banco de México, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 1o. Se crea un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Banco de México y será el banco central de la nación.
Artículo 4o. El patrimonio del Banco de México se integrará con:
I. Los bienes, derechos y obligaciones que le correspondan conforme a la ley, así como aquellos provenientes de las operaciones que realice y de los servicios que proporcione.
II Las aportaciones que reciba del Gobierno Federal; y
III. Los demás bienes, derechos y obligaciones, que adquiera o contraiga, por cualquier otro título legal.
Artículo 8o. Corresponde al Banco de México desempañar las siguientes funciones:
I. Regular la emisión y circulación de la moneda y los cambios sobre el exterior, determinando el o los tipos de cambio a los que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacional para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta.
Artículo 10. El Banco podrá fabricar sus propios billetes, los cuales deberán contener:
la denominación del billete con número y letra; el número y la serie del mismo; la fecha de su emisión; las firmas en facsímile de un miembro de la Junta de Gobierno, del cajero del Banco y de un inspector de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la leyenda "Banco de México".
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Junta de Gobierno del Banco de México, determinará: las denominaciones de los billetes, las características que deban aparecer en su anverso, así como las que deban figurar en su reverso, y los dibujos, grabados, viñetas, color, sellos y cualesquiera otras contraseñas o signos que deban llevar los billetes en sus distintas denominaciones.
Artículo 24.
XXII. Invertir los recursos necesarios, con cargo a su presupuesto general de gastos, en la instalación de sus oficinas, en la adquisición de bienes inmuebles y de mobiliario para su uso o, en su caso, en la suscripción o compra de acciones o participaciones en sociedades propietarias de tales bienes inmuebles o constituidas con ese objeto.
Artículo 45. La administración del Banco y el ejercicio de sus prerrogativas y funciones estarán encomendadas a una Junta de Gobierno y a un director general, quien será designado por el Presidente de la República.
La Junta de Gobierno estará investida de facultades amplísimas para ejecutar actos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley; podrá otorgar o suscribir títulos de crédito y desistirse del juicio de amparo y otorgar y revocar poderes.
Artículo 46. La Junta de Gobierno se integrará con nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes. El Secretario de Hacienda y Crédito Público será miembro de la Junta de Gobierno y presidente de la misma. Los demás miembros propietarios y suplentes de dicha Junta serán nombrados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que designará de entre ellos al vicepresidente de la propia Junta, quien sustituirá en sus ausencias al presidente. Salvo el caso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros durarán en su cargo dos años, pudiendo ser nuevamente designados para otro u otros periodos.
La Junta de Gobierno designará al secretario de la misma.
Los miembros de la Junta percibirán el honorario que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 48. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta de Gobierno:
I. Los extranjeros;
II. El director general, los demás funcionarios o empleados del Banco, las personas que tengan con el director general o subdirectores de la institución, parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado;
III. Los que hayan sido declarados en concurso y los deudores morosos de cualquiera institución de crédito, así como las personas que tengan litigio pendiente con el Banco;
IV. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio, por cualquier causa;
V. Las personas que hayan sido condenadas por delito que amerite pena corporal más de un año de prisión.
Artículo 49. La Junta deberá reunirse mensualmente en sesión ordinaria, sin perjuicio de que lo haga en cualquier tiempo, siempre que sea convocada por el presidente o dos de los miembros de la propia Junta, o por el director general del Banco.
Para que funcione válidamente deberán concurrir por lo menos cinco de sus miembros, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes.
La Junta de Gobierno, a propuesta del director general, designará a los subdirectores generales del Banco. Tanto el director como los subdirectores de la institución deberán ser ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos.
Artículo 52. Las operaciones de cambio sobre el exterior y las de intervención en el mercado de valores competerán a una comisión ejecutiva que se denominará Comisión de Cambios y Valores y estará integrada por tres miembros de la Junta de Gobierno, que al efecto designe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Comisión decidirá las normas que han de regir a las operaciones de compra y venta de oro, plata y divisas que lleve a cabo el Banco, fijando, respecto a estas últimas, el tipo o los tipos de cambios a los que habrán de realizarse y, en su caso, los márgenes de operación de tales tipos de cambio; determinará la proporción de divisas que con relación al oro deberá haber en la reserva y tendrá a su cargo la decisión respecto al manejo de todos los recursos cambiarios de la institución. Asimismo, determinará las intervenciones que haya de hacer el Banco en el mercado de valores, por compra y venta, fijando la clase de valores, la cuantía de las operaciones, los precios y los márgenes de las operaciones.
Competerá igualmente a la Comisión fijar el tipo o los tipos de cambio a los que deban realizarse las compraventas de divisas dentro de la República, conforme a lo previsto en el Artículo 23 bis de esta Ley, así como aquellos a los que se refiere el Artículo 8o., fracción VII, del mismo ordenamiento.
Las resoluciones de esta Comisión serán tomadas por mayoría de votos y se ejecutarán, desde luego, sin perjuicio de la información posterior a la Junta de Gobierno.
La Junta queda facultada para delegar algunas otras facultades en comisiones de su seno o en el director general, con excepción de las que, conforme a esta ley, estén sujetas al veto del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 55. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará un auditor externo para auditar y dictaminar los estados financieros del Banco. El auditor externo tendrá las más amplias facultades para revisar la contabilidad y los documentos del Banco.
Artículo 60. Al cierre de cada ejercicio financiero se procederá a estimar los elementos del activo y del pasivo del Banco de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se hayan llevado a reservas completamente de activo para el adecuado ejercicio de las funciones de regulación monetaria, crediticia y cambiaría, que esta ley encomienda al Banco o para previsiones que, conforme a sanas técnicas contables, sea conveniente registrar a efecto de cubrir pérdidas derivadas de la estimación del activo.
Fijado el monto del remanente establecido de acuerdo con el párrafo que antecede, y separada la cantidad que corresponda pagar, en su caso, por el impuesto respectivo, el saldo se aplicará a los fondos constituidos en el Banco conforme a lo que determine la Junta de Gobierno.
Artículo 64. Dentro de los sesenta días que sigan a la terminación del ejercicio el Banco preparará los estados financieros correspondientes y los someterá para su revisión al auditor externo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, previa aprobación de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno deberá discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto general de gastos del Banco formulado por la Dirección General para el ejercicio inmediato siguiente, el cual deberá someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su posterior aprobación por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 65.
En el pasivo:
VI. Fondos de reserva y otros fondos.
Artículo 74. Las relaciones de trabajo entre el organismo público descentralizado Banco de México y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria.
Artículo segundo. Se adiciona la Ley Orgánica del Banco de México con los artículos 23 bis y 75, que quedan en los siguientes términos:
Artículo 23 bis. El Ejecutivo Federal queda facultado para, cuando ello sea necesario o conveniente a la debida protección de la economía nacional, expedir reglas de carácter general que establezcan un régimen de control de cambios, pudiendo en ellas prohibir o restringir las importaciones, las exportaciones y el libre comercio, dentro de la República, de divisas, así como la exportación de moneda nacional. Cada año el propio Ejecutivo someterá a aprobación del Congreso el uso que hubiese hecho de estas facultades.
Con sujeción a dichas reglas generales y a las disposiciones complementarias que, en su caso, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Banco de México operará el régimen de control de cambios a que tales normas se refieran y fijará tipos de cambio para las compraventas de divisas que se realicen dentro del territorio nacional.
Quien infrinja las citadas disposiciones será sancionado administrativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con multa hasta por el equivalente de tres mil seiscientas cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en la fecha de la infracción. El monto de esas sanciones se determinará por la mencionada Secretaría oyendo al Banco de México y tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el importe de la operación de que se trate y la situación económica del infractor.
Artículo 75. El Banco de México se regulará por lo dispuesto en esta ley y, en lo que no se le opongan, por las demás que le sean aplicables.
En lo no previsto por esta ley, respecto de la organización y funcionamiento del Banco, se observará lo que disponga el Reglamento Interior que aprueba la Junta de Gobierno a propuesta del director general.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de esta ley.
Artículo tercero. Se derogan los artículos 2o., 5o., 6o., 7o., 24, fracción XXI, 56, 57, 59, 62, segundo párrafo, y 65, fracción VII, correspondiente a los datos que deben figurar en el pasivo, de la Ley Orgánica del Banco de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Decreto que establece el control generalizado de cambios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o., de septiembre de 1982 y las Reglas Generales para el Control de Cambios, así como las demás disposiciones expedidas con fundamento en dichos ordenamientos, continuarán vigentes con todo su valor y fuerza legales.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Cuarto. El organismo público descentralizado Banco de México adquiere la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad mercantil denominada Banco de México, S.A., sin que esta transmisión cause gravamen fiscal alguno.
El organismo público descentralizado Banco de México asume todos los derechos y obligaciones contraídos por la sociedad mercantil denominada Banco de México, S. A., en virtud de todo los actos, contratos y compromisos celebrados a la fecha en que entre en vigor el
presente Decreto, sean nacionales o de carácter internacional.
Para los efectos previstos en los dos párrafos anteriores se otorgarán los documentos que legalmente fuese necesario.
Los poderes, nombramientos y designaciones de delegados fiduciarios existentes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, otorgados por el Banco de México, S. A., para ejercer cargos en el mismo o realizar funciones de éste, se confieren de pleno derecho por el nuevo organismo descentralizado Banco de México mientras no se revoquen o modifiquen.
Quinto. De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 68 de los estatutos del Banco de México, S. A., se decreta la disolución y liquidación de la sociedad mercantil denominada Banco de México, S. A., y se designa liquidador al organismo público descentralizado Banco de México, quien realizará dicha liquidación con arreglo a las bases siguientes:
I. Formulará el balance final de liquidación de la sociedad con sujeción a lo dispuesto en el Artículo cuarto transitorio del presente Decreto.
II. Cubrirá a los titulares de las acciones Serie "B" el valor nominal de estos títulos conforme a lo previsto en el Artículo 71, fracción V, de los Estatutos del Banco de México, S. A.
III. Procederá a inscribir en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el balance final a que se refiere la fracción I de este artículo y a obtener la cancelación de la inscripción en dicho Registro de los Estatutos de la sociedad que se liquida.
Sexto. Cuando alguna ley, reglamento, decreto, acuerdo u otro ordenamiento jurídico, otorgue atribuciones o haga alguna indicación sobre el Banco de México, S. A., se entenderán referidos al organismo que se crea por este Decreto.
Las menciones que en la Ley Orgánica del Banco de México o en cualquier otro ordenamiento jurídico se hagan a los estatutos del primero, al Consejo de Administración del mismo o a las instituciones a él asociadas, se entenderán referidas, respectivamente, al Reglamento Interior del Banco de México, a su Junta de Gobierno o a las instituciones de crédito.
Séptimo. Los billetes que haya emitido el Banco de México, S. A., mantendrán su poder liberatorio y continuarán en circulación en los términos y para todos los efectos que señalan la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Banco de México.
Octavo. Los funcionarios y empleados que al entrar en vigor el presente Decreto presten sus servicios al Banco de México, S. A., continuarán su relación de trabajo con el organismo público descentralizado Banco de México sin que el cambio afecte las prestaciones, derechos y obligaciones que actualmente tienen.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del C. Congreso de la Unión.- - México, D. F., a 9 de noviembre de 1982.
Diputado licenciado Jorge Luis Chávez Zárate, diputada licenciada Ma. Luisa Calzada de Campos, diputado licenciado Javier Bolaños, diputada licenciada Aidé Heréndira Villalobos, diputado licenciado Salvador Valencia Carmona."
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
CÓDIGO CIVIL, TITULO SEXTO
El C. Presidente: De acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del Artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior se concede el uso de la palabra al C. diputado Alberto Salgado, para la presentación de una iniciativa.
El C. Alberto Salgado Salgado: Compañeros directivos; compañeros diputados. Dentro de los problemas usuales que aquejan a la ciudad de México no puede pasar desapercibido el problema inquilinario; y nuestro partido, el Socialista de los Trabajadores, es testigo de que ese problema se multiplica y que afecta de manera destacada a las clases proletarias.
En atención a las consideraciones que pasaré a formular esta agrupación parlamentaria se permite someter primero al examen de la Comisión de Justicia, y de aprobarse o modificarse, tal proyecto de Decreto que reforma el título sexto del Libro Segundo del Código Civil, en consideración a que existe una serie de factores, que podemos mencionar de manera somera, que justifican estas reformas a una legislación ya un tanto cuanto obsoleta que data de 1931; en tales factores, entre otros, podemos enunciar el incremento de la población demográfica que ha venido a producir necesariamente problemas de orden económico y, desde luego, escasez de vivienda, lo que sin duda genera que la ley de la oferta y la demanda dentro de un sistema como el que nosotros vivimos, en donde se permite que funcione de manera abierta y total esa ley en detrimento de quien se encuentra en condiciones inferiores desde un punto de vista económico, cultural y social y hasta político, lo que propicia sin duda la escasez de vivienda, la elevación a veces inmoderada en su costo; aunado a lo anterior, el proceso inflacionario que se viene sintiendo de algún tiempo atrás en donde el poder adquisitivo de nuestra moneda cada vez se deteriora e impide sufragar exigencias de orden elemental, evidente o inmediato como es la habitación, se hace necesario proteger sobre todo a las clases populares con medidas que atemperen esa actitud de libre o de libertad de contratación que el Código Civil establece y que podemos estimar ninguna protección tiene el arrendatario frente al casero.
Estas reformas al Título Sexto del Libro Segundo del Código Civil contienen la adición de un capítulo en donde se establece una serie de limitaciones para contratar, que desde luego van encaminadas a beneficiar la economía de los arrendatarios. Está establecido en estos términos:
Nos permitimos poner a examen de esta soberanía como Cámara de origen un capítulo especial a la Segunda Parte del Código Civil, que contiene las diversas especies de contratos, y precisamente al Título Sexto, que se refiere al del arrendamiento.
"C. Presidente de la Cámara de Diputados.
Presente.
El grupo Parlamentario Socialista de los Trabajadores dirige a usted este proyecto de reforma al Título Sexto del Código Civil, de la Segunda Parte del mismo, que se refiere a las diversas especies de contratos, y que atañe de manera específica al contrato de arrendamiento, adicionando un capítulo más a dicho título, que vendría a ser el capítulo X con disposiciones especiales, que encuentran sus justificación en las siguientes
CONSIDERACIONES
1a. Tomando en cuenta el incremento poblacional que de algunas décadas a la fecha se han venido produciendo en el país, y de modo destacado en esta ciudad de México, lo que inevitablemente trae aparejados problemas de orden económico, social y cultural, en los que debe intervenir en su solución de alguna manera el Estado organizado en forma de Gobierno, y siendo uno de esos problemas la falta de habitación por la concentración excesiva de individuos en el Distrito Federal, que, aunado a otros factores, viene propiciando la escasez de habitaciones o viviendas, así como el aumento en el costo de las pensiones arrendatarias, que produce notoria mengua en el patrimonio de las fuerzas productivas.
2a. Que, como consecuencia del proceso inflacionario que se ha venido sintiendo en nuestra sociedad al igual que en muchas otras, el poder adquisitivo de nuestra moneda igualmente se ha venido reduciendo en forma notoria, lo que afecta de manera particular a quienes obtienen ingresos fijos y cuyos aumentos anuales en realidad no son suficientes para satisfacer erogaciones constantes como son, en otras, las que están destinadas al pago de las rentas; lo que hace necesario y, por tanto, justifica la intervención de esta Cámara legislativa para intervenir en la solución del problema del arrendamiento, a través de las reformas que se proponen en este proyecto, y en espera de que oportunamente y con posterioridad se evoque al estudio y aprobación, en su caso, de un proyecto de ley inquilinaria que pudiera tener incluso el carácter de Federal.
3a. Que la demanda de habitación ha venido superando notoriamente la de oferta, por lo que dentro del juego de esta Ley se ven afectados los intereses de los solicitantes, los que se ven también obligados a aceptar en forma unilateral las condiciones económicas que dicta el casero, sin que exista forma alguna de contrarrestar tales decisiones, porque dentro de la actual legislación civil, típicamente liberal e individualista, es regla que en los contratos impere la voluntad de las partes, sin importar circunstancias de orden económico o de cualquier otro tipo; y para atemperar esta facultad, de la que ventajosamente se hace mal uso, en atención a aspectos circunstanciales, se estima de procedencia la intervención de este órgano legislativo a fin de que dicte reglas de equidad que permitan introducir el aspecto justo de carácter económico dentro de los contrato, de arrendamiento. 4a. A efecto de proteger la economía popular la agrupación parlamentaria socialista de los trabajadores considera de urgencia establecer condiciones diversas de tipo legal en materia de arrendamiento, limitando la libertad personal o voluntad suprema de las partes, que en realidad sólo lo es la del arrendador o casero, para impedir que se dañe seriamente la integridad del salario de los obreros y empleados, impidiéndose también el proceso anárquico que se viene dando en lo que se refiere al señalamiento del monto de la pensión rentística para que se establezca en el medio económico justeza en el trato, y las voluntades de las partes queden niveladas, porque consideramos que la justicia tiene como equivalente sustancial la igualdad y que el derecho de los derechos es precisamente la igualdad económica.
Con base en las precedentes consideraciones nos permitimos poner a examen de esta soberanía, como Cámara de origen, un capítulo especial a la Segunda Parte el Código Civil, que contiene las diversas especies de contratos, y precisamente al Título Sexto, que se refiere al del arrendamiento; título que está integrado por nueve capítulos, por lo que se propone la adición de un capítulo especial, que tendría consecuentemente el número X.
CAPITULO X
Artículo 2496- 1. Se considera de utilidad social el arrendamiento en el Distrito Federal, por lo que las presentes disposiciones son de orden público y, en consecuencia, obligatorias e irrenunciables; quedando derogados todos aquellos artículos de este título que las contraríen.
Artículo 2496- 2. El plazo de vigencia de los contratos arrendaticios será de un año mínimo, concluido el cual podrán darse por terminados por cualesquiera de las partes con doce meses de anticipación.
Artículo 2496- 3. Terminado el plazo de vigencia a que se refiere el artículo anterior podrá incrementarse el importe de la renta en un quince por ciento máximo durante el periodo en que el contrato haya devenido voluntario.
Artículo 2496- 4. Concluido el periodo de prórroga legal u obligatoria a que se refiere el Artículo 2496- 2 de este capítulo, en cualquier tiempo o antes de su conclusión, podrá el arrendatario demandar la prórroga judicial por otros
dos años más, quedando obligado a pagar un incremento de solamente el quince por ciento sobre el importe de la renta que se pagó durante el periodo de la prórroga legal, esté o no al corriente en el pago de las rentas.
Artículo 2496- 5. A partir de la demanda de prórroga quedará obligado el arrendatario a consignar mensualmente y en cualquier día de cada mes el importe de la renta que venía pagando, con el quince por ciento adicional especificado en el artículo anterior; y en el caso de que omita hacer la consignación de tres mensualidades se sobreseerá el juicio a instancia de parte.
Artículo 2496- 6. Concluido el juicio de prórroga o llegado el término de dos años sin que se haya resuelto se decretará su sobreseimiento, otorgándose entonces al arrendatario tres meses de plazo para que desocupe la localidad materia del juicio, apercibido de lanzamiento si destaca la decisión del juez;
observándose en este último caso las prescripciones legales respectivas.
Artículo 2496- 7. Se señala como lugar de pago el domicilio del arrendatario en todos los casos, quedando obligado el arrendador a requerirle de pago, personalmente o por conducto de apoderado, de las pensiones mensuales y acreditarlo en juicio en todo caso
Artículo 2496- 8. El Estado está interesado en proteger la economía popular, y ara ello se decreta la siguiente clasificación de rentas en cuanto a su monto: las viviendas integradas por uno o más cuartos se cuantifican en un veinticinco por ciento máximo sobre el salario mínimo general; los departamentos hasta un cincuenta por ciento y las casas hasta un cien por ciento, con excepción de las ubicadas en zonas residenciales, en donde el importe del arrendamiento será hasta del 1.25% sobre el valor catastral del inmueble.
Artículo 2496- 9. Por cuanto al arrendamiento de locales comerciales se aplicará el mismo porcentaje del 1.25% del valor del inmueble; y respecto de los locales industriales podrá ser hasta del 1.5% sobre ese mismo valor.
Artículo 2496- 10. Las presentes disposiciones no podrán aplicarse retroactivamente en perjuicio de los arrendadores que hayan celebrado contratos con anterioridad a la promulgación de esta ley, pero quedan sujetos a ella después de concluidas las contrataciones en cuanto termine su vigencia. Artículo 2496- 11. El arrendador podrá rescindir el contrato en estos casos:
I. Por falta de pago de tres mensualidades.
II. Por usarse la casa en contravención a lo convenido en el contrato, causando daño.
III. Por subarriendo de la casa sin autorización y se ocasione con ello además daño.
Artículo 2496- 12. El arrendatario tendrá preferencia para continuar ocupando el inmueble objeto del arrendamiento una vez concluido el plazo de vigencia y su prórroga legal, ajustándose a los lineamientos de este capítulo.
La infracción de este derecho propicia el reclamo de las indemnizaciones a que hubiera lugar.
Artículo 2496- 13. Las disposiciones contractuales que no se ajusten a este capítulo carecerán de eficacia por estar afectadas de nulidad; no produciendo, en consecuencia efecto alguno.
Transitorio. Las presentes reformas surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los nueve días del mes de noviembre de 1982.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores. Rafael Aguilar Talamantes, Mariano López, Antonio Ortega, Cándido Díaz Cerecedo, Raúl López, Alberto Salgado Salgado, Ricardo Govela. A., Ignacio Moreno G., Domingo Esquivel P., Pablo Sánchez P.
Pedimos señor Presidente, que ordene usted se sustancie como corresponde esta propuesta.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Con apoyo a lo dispuesto por el Artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal e imprímase.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
- EL C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Comisiones Unidas de Marina y Comunicaciones y Transportes.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Marina y Comunicaciones y Transportes de esta H. Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa que el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, somete a la soberanía del H. Congreso de la Unión para adicionar y reformar el Artículo 288 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Las comisiones unidas, después de haber analizado razones y fundamentos expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal, formulan el presente dictamen con apoyo en los siguientes
CONSIDERANDOS
En virtud de que es necesario fortalecer la Marina Mercante de nuestro país, a efecto de que pueda seguir desarrollando, con eficacia y patriotismo, las tareas que la soberanía nacional le encomienda, se ha hecho necesaria la instrumentación de un sistema permanente de formación de cuadros de mando en sus tripulaciones, por lo cual los sistemas de educación y capacitación deben continuar modernizándose para alcanzar el alto grado de especialización que exige el cumplimiento de sus elevados fines.
Que el personal de la marina mercante nacional, consciente de sus responsabilidades, se prepara para afrontarlas cursando diversos
grados de estudio, lo que hace imprescindible el otorgar títulos a cada rama y especialidades académicas, por la capacidad y habilidad que hayan demostrado en la materia elegida.
Que el decreto expedido por el ejecutivo federal y publicado el 7 de julio de 1956 en el Diario Oficial de la Federación estableció la identidad de los conocimientos que comprenden las ramas de ingeniero geógrafo e ingeniero mecánico naval, con las categorías de capitanes de altura y jefes de máquinas, conforme a los planes de estudio que se imparten en las escuelas náuticas, para que las personas que los hayan cursado puedan ejercer protestativamente las profesiones ya señaladas.
Que en los planes de estudio vigentes en la Marina Mercante se exceptúa a los pilotos, capitanes, primero y segundo maquinista, quienes ya no podrán adquirir los títulos de ingeniero geógrafo e hidrógrafo o ingeniero mecánico electricista, es conveniente que a las personas que hayan realizado a la fecha estos estudios puedan obtener en esta oportunidad los títulos y registros correspondientes, según se establece en el decreto.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Marina y Comunicaciones y Transportes someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 288 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 288. Las personas que posean título de capitán de altura podrán ejercer legalmente la profesión de ingeniero geógrafo e hidrógrafo.
Las personas que posean título de jefe de máquinas podrán ejercer legalmente la profesión de ingeniero mecánico electricista.
Para el ejercicio de las profesiones a que se refiere este artículo los interesados deberán comprobar haber cursado el plan de estudios profesionales y ostentar el registro otorgado por las autoridades respectivas.
TRANSITORIOS
Artículo primero. A las personas que a la fecha de entrada en vigor de este decreto hayan obtenido el grado de piloto o capitán, así como de primero o segundo maquinista y comprueben haber causado las asignaturas que forman el plan de estudios correspondientes, conforme a lo establecido por el artículo que se reforma, se les otorgarán los títulos señalados en este Decreto.
Artículo segundo. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., octubre 30 de 1982.
Comisión de Marina: diputados Jorge Minvielle Porte Petit. Presidente; Jesús Murillo Aguilar, secretario; Víctor Manuel Carreto, Viterbo Cortez Lobato, Hugo Díaz Thomé, Juan Herrera Servín, Jesús Lazcano Ochoa, Mariano López Ramos, Juan R. López Monroy, Wilfrido Martínez Gómez, José Martínez Morales, Antonio Osorio León, José Pacheco Durán, Eloy Polanco Salinas, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Ignacio Vital Jáuregui, Samuel Zamora y Duque de E. Comisión de Comunicaciones y Transportes: diputados Guillermo Pacheco Pulido, Presidente; Luis Martínez Fernández del C., secretario; Serafín Aguilar Franco, Alfredo Barba Hernández, Eleazar Bazaldúa Bazaldúa, Fabián Basaldúa Vázquez, Sergio M. Beas Pérez, Diógenes Bustamante Vela, Rubén C. Calderón Cecilio, Roberto Castillo Aguilar, Guillermo Dávila Martínez, Joaquín del Olmo Reyes, Samuel Díaz Olguín, José A. García Lizama, Guillermo Garza Luna, Juventino González Ramos, Jesús Ibarra Rayas, Florentino Jaimes Hernández, Artemio Meixueiro, Mauro Melo Barrios, Eloy Morales Espinoza, Francisco Ortiz Mendoza, Ramiro Plascencia Loza, Lucio Ramírez Ornelas, Enrique Riva Palacio Galicia, Zina Ruiz de León, Pablo Sánchez Puga, Alvaro Uribe Salas, Ramiro Valdez Fontes, Luis Vaquera García, Heriberto Vázquez Becerra, José Viramontes Paredes".
- Trámite: Primera lectura.
PROPUESTA RELATIVA AL AMAPARO DE EX BANQUEROS
- EL C. Presidente: se concede el uso de la palabra al C. diputado Felipe Gutiérrez.
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: Señor Presidente; señores diputados.
Me voy a permitir dar lectura a una denuncia que presenta la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional.
"C.. Presidente de la H. Cámara de Diputados:
De conformidad con lo especificado en los artículos 74, fracción V, 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo señalado por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta Asamblea, para su trámite y resolución, con base, asimismo, en los artículos 9 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación la denuncia de hechos que abajo se detallan y de los que puede resultar la
comisión de ilícitos sancionados por el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
Los hechos que se denuncian, y que deberán hacerse del conocimiento del Procurador General de la República, se atribuyen al señor ministro licenciado Mario G. Rebolledo, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
HECHOS
I. En fecha 16 de octubre, en el diario Excélsior, se publicaron declaraciones atribuidas al señor licenciado Mario G. Rebolledo, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que manifestó que "es imposible que los ex banqueros discutan un amparo que no procede, ya que los hechos están consumados y jamás volverán a obtener la dirección de los bancos privados, pues dicha concesión corresponde al gobierno", agregando que las reclamaciones que hacen los ex concesionarios de la banca privada "están fuera de la realidad, pues sus reclamos, desde el punto de vista jurídico, no procederán; sin embargo, será el juez el que resuelva el asunto"; y finalmente señaló que el juicio promovido por los ex banqueros "es tan común como cualquier otro y se resolverá dentro de lo que señala la Ley de Amparo".
II. En fecha 18 de octubre de 1982 el licenciado Roberto Pola Rodríguez, presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México, en declaraciones publicadas por el diario Novedades, manifestó, en relación con el amparo promovido por los bancos, que no comulga con las opiniones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario G. Rebolledo, quien, al parecer, dijo que el juicio no iba a proceder.
III. En fecha 22 de octubre de 1982, en el diario Excélsior, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresó su enérgica protesta respecto a las declaraciones periodísticas atribuidas al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Mario G. Rebolledo, en el sentido de que "es imposible que los ex banqueros discutan un amparo que no procede, ya que los hechos están consumados", afirmando la citada Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que no se tiene noticia de que haya sido desmentido dicho pronunciamiento agregando que "el hecho de que el presidente del más alto tribunal de la República emita tal opinión contraría los principios de imparcialidad e independencia que tienen la elemental obligación de observar los miembros del Poder Judicial, por lo que el Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresa su enérgica protesta.
IV. Como antecedentes de estas declaraciones están los hechos notorios, ampliamente difundidos por los diversos medios de difusión de la presencia, en visita oficial, del propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el titular del Poder Ejecutivo para expresarle el reconocimiento y aceptación del decreto de fecha primero de septiembre por el que se nacionalizó o estatizó la banca privada. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia reconoció la constitucionalidad del decreto del primero de septiembre que nacionalizó la banca y expresó su aprobación en visita personal al titular del Poder Ejecutivo.
V. Posteriormente han aparecido declaraciones del propio ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Mario G. Rebolledo, desmintiendo haber prejuzgado el caso relativo al amparo solicitado por las instituciones de crédito en contra del decreto que nacionalizó la banca.
En particular en la revista Proceso, de fecha 8 del presente mes de noviembre, manifiesta que niega terminantemente las declaraciones que se le han imputado y expresamente reconoce que "no me corresponde emitir juicios ni prejuzgar sobre la materia, porque, en el último de los casos, en el Pleno debo conocer si un amparo es o no constitucional"; señalando, asimismo, que su posición es "de absoluta neutralidad e imparcialidad"; manifestó que nosotros no podemos dar directrices a las personas. No emito juicios más que en mis resoluciones que cito como ministro, sea en alguna de las salas o en el Pleno de la Corte, de las cuales me hago responsable porque las suscribo con mi firma"
Dentro de esas mismas declaraciones, desmintiendo haber prejuzgado el caso, manifestó que no le dio importancia al asunto y que los comentarios provienen del grupo consultivo de los centros afectados.
Estimamos, en esta denuncia, que el asunto de prejuzgar sí tiene grave importancia y que las críticas no provienen de los centros afectados, sino de organizaciones de abogados y que analizándose los antecedentes: visita al titular del Poder Ejecutivo en reconocimiento a la nacionalización de la banca privada, declaraciones que no fueron desmentidas oportunamente y el evidente predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, resultan evidencias graves respecto a la veracidad de las declaraciones inicialmente expresadas por el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las que prejuzgó, emitió opinión, expresó el sentido en el que resolvería un amparo en el que debe de ser juez, por lo que deben investigarse todos y cada uno de estos hechos para concluir si de los mismos se desprende la comisión de ilícitos que sanciona la ley penal.
NORMAS LEGALES
POSIBLEMENTE VIOLADAS
I. El Artículo 214 del Código Penal Federal establece que comete el delito de abuso de autoridad todo funcionario público, agente del gobierno o sus comisionados, sea cual fuere su categoría, en los casos siguientes: Fracción IV. Cuando ejecuta cualquier acto arbitrario atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución.
Al prejuzgar sobre la procedencia o improcedencia de un juicio de amparo se contrarían los principios de imparcialidad e independencia que todo tribunal de justicia debe mantener y observar. Es garantía constitucional el ser juzgado por jueces imparciales; prejuzgar sobre un negocio por el juez del conocimiento del mismo es causa de responsabilidad y evidente motivo de impedimento para conocer de ese negocio.
Los hechos: declaraciones publicadas, reconocimiento personal y oficial al titular del Poder Ejecutivo, crítica de asociaciones profesionales, señalamiento de que no tienen importancia los hechos anteriores y, por último, desmentir las declaraciones estimándolas graves y reconociendo la obligación de imparcialidad son elementos que obligan a esta Cámara de Diputados a investigar si se rompió el orden jurídico y si se cometió un ilícito que, en su caso, debe ser sancionado.
II. Por otra parte, el Artículo 225 del ya citado Código Penal señala como delito cometido en la administración de justicia el conocer negocios para los cuales tenga impedimento legal (Artículo 225, fracción I); también estima el citado código como delito cometido en la administración de justicia el dirigir o aconsejar a las personas que ante ellas litiguen (Artículo 225, fracción IV), así como el ejecutar actos o incurrir en emisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos (Artículo 225, fracción VII).
Resulta evidente que el prejuzgar, el emitir una opinión respecto a un caso concreto resulta en un impedimento legal para conocer del caso en particular; asimismo, el prejuzgar, el opinar, el manifestar el sentido en el que se dictaría una resolución resulta en un consejo o en una dirección a las personas que litigan y produce, asimismo, un daño a una de las partes y una ventaja indebida a otra de las partes.
Estableciendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados que los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están investidos de fuero constitucional y que toca a esta Cámara de Diputados el conocer y resolver si ha lugar o no a privas del fuero Constitucional al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la comisión de ilícitos penales, debe iniciarse el procedimiento conforme a la fracción V del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo arriba señalado, los hechos narrados, los preceptos legales invocados, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional atentamente solicita:
Primero. Tener por formula la presente denuncia ante la competencia de esta Cámara de Diputados; recibir y dar entrada a esta denuncia y turnarla a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a las Secciones Instructoras del Gran Jurado de esta Cámara de Diputados para que, con imparcialidad, resuelvan emitiendo el dictamen correspondiente.
Segundo. Iniciar la investigación, mediante todas las averiguaciones procedentes, respecto de los hechos que aquí se denuncian con la intervención del Procurador General de la República, a quien deberá darse vista de esta denuncia y, en su caso, resolver conforme a las disposiciones legales en vigor .
Protestamos nuestros respetos.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 1982.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla, y los demás miembros del Partido Acción Nacional.
Aguilar Paniagua, Paulino; Basaldúa Vázquez, Fabián; Bátiz Vázquez, Bernardo; Blanco Sánchez, Javier; Calderón Ortiz, Francisco; Castillón Alvarez, Pablo; Cázares Camacho, Andrés; Cicero Mackinney, Roger; Chavira Becerra, Carlos; De Lara Tamayo, Jaime Armando; Esparza López, José Guadalupe Espinosa de Ugalde, Esperanza; Fragoso Fragoso, Marco Antonio; Gárate Chapa Arnoldo; Gómez Guerrero, Miguel; González Domente, Alberto; González Garza, Francisco Javier; González Torres, José; Gordillo Mandujano, José Armando; Gutiérrez de Barrios, Graciela; Gutiérrez Zorrilla, Felipe; Hadad Interian, José S.; Hinojosa Hinojosa, Juan José; Iguiniz González, Manuel; Larios Ibarra, Jesús Salvador; Ling Altamirano, Jorge Alberto; Martínez Cruz, Miguel Angel; Medina Valdez, Gerardo; Medina Valtierra, Emma; Méndez Aquino, Rubén Darío; Méndez Ramírez, Alfonso; Millán Brito, Juan; Moctezuma y Coronado, Javier; Molina Rodríguez, Juan Manuel; Mora López, Angel G.; Otuño Gurza, María Teresa; Peña Farber, Rodolfo; Prieto González, Luis J.; Romero Estrada Salvador; Salgado Aguilar, Gabriel; Sánchez Espinosa, Luis Enrique; Soto Alva, Francisco; Torres Serranía, Luis; Trujillo Parada, Arturo; Vázquez Garza, Juan; Vicencio Acevedo, Gustavo Arturo; Vicencio Tovar, Astolfo; Villalobos de Pineda, Florentina; Villegas Piña, José Isabel; Viramontes Paredes, José; Zamora y Duque de Estrada, Manuel."
El C. Presidente: Se ruega a la Asamblea que guarde orden.
No obstante que la proposición debió plantearse en sesión secreta, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I del Artículo 33 del Reglamento para el Gobierno Interior, siendo propósito de esta Cámara el permitir el pleno disfrute de la libertad de expresión de sus miembros, se le da trámite conforme a lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento Interior y se ruega a la secretaría consulte si algún miembro de la Cámara desea hacer uso de la palabra en pro o en contra de la proposición, conforme a lo dispuesto por la fracción II del propio Artículo 58.
El C. prosecretario Rafael Oceguera: A propósito de la denuncia presentada por la
Fracción Parlamentaria del PAN, y por instrucciones del C. Presidente, se consulta a la Asamblea si es de su interés hacer uso de la palabra en pro o en contra de la misma denuncia.
El C. Presidente: Conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 se han registrado para hablar en contra Salvador Rocha y Armando Corona.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 58, fracción II, hablará en pro el diputado Gerardo Medina, y en contra Salvador Rocha.
Tiene la palabra el C. diputado Gerardo Medina.
El C. Gerardo Medina Valdez: Siento, señor Presidente, o presiento, más bien, señores diputados, el descenlace que va a tener esta denuncia de los diputados de Acción Nacional, puesto que se le está dando el trámite de una proposición.
Sin embargo, quisiera hacer a ustedes algunas consideraciones y tratar de moverlos a aceptar esta investigación propuesta por la diputación de Acción Nacional, en vistas a devolver a la conciencia pública del país la convicción de que el Poder Judicial en México no solamente es, sino debe, como la mujer del César, parecer que es imparcial, y paralelamente tratar de convencerlos a ustedes de que esta es una extraordinaria oportunidad para que esta parte del Poder Legislativo en México, que es la Cámara de Diputados, vuelva también por sus fueros de dignidad y de responsabilidad frente a la opinión pública.
Este asunto, señores, se ha estado ventilando en los medios de difusión, que a partir de finales del siglo pasado han venido sustituyendo, con todos sus defectos, con todas sus parcialidades, han venido sustituyendo al Parlamento como el foro en que se debaten las cuestiones de interés público nacional e internacional.
Los parlamentos en el país, como los de todo el mundo, están siendo desplazados en cuestiones que son esenciales para mantener en vigor las instituciones nacionales. Hoy los debates, que antes eran privilegio de los parlamentos, se ventilan frente a las cámaras de televisión y en las páginas de los periódicos, pero creo que esta es una oportunidad para restituir al Parlamento funciones que nunca debería haber abandonado.
La denuncia de mi compañero diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla no incurre en lo que está denunciando, no prejuzga si el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha incurrido o no en ilícitos; está planteando una situación comprobable en los medios de difusión, en los periódicos, que, como decía Carlos Septién García, son el Parlamento diario de los pueblos; está proponiendo que esta Cámara de Diputados simplemente investigue y compruebe si el Presidente de la Corte, el licenciado Mario G. Rebolledo, ha incurrido o no en ilícitos de tal gravedad que amerite ser despojado de su fuero.
Investigar, señores diputados, aquí hay muchos abogados, no es prejuzgar; investigar, señoras y señores diputados, no es condenar prejuiciadamente a nadie. Se denuncian hechos y se pide una investigación, no se parte a priori de una concepción ni de un juicio condenatorio; lo único que se pide es que esta Cámara reciba y de entrada a la denuncia, no está pidiendo desde ya una condena, no está reclamando desde ya que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia sea despojado, sea privado de su fuero...
Está pidiendo el diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla, en segundo lugar, que se inicie una averiguación; no está prejuzgando si merece o no ser privado del fuero el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que esta investigación se haga de acuerdo con la Procuraduría General de la República, representante, al más alto nivel, de los intereses de la sociedad mexicana, por más que a veces la Procuraduría General de la República sea abogado de la Presidencia y no representante de la sociedad.
Hace hoy 15 días se reunió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en secreto, precisamente para emitir un voto de censura al Presidente de la Corte por haber incurrido en el prejuicio de una causa que estaba siendo ventilada por un juez. Todas las declaraciones de Mario G. Rebolledo, desde el 3 de septiembre hasta su rectificación, dejaron, incluso a los que no somos abogados, a la gente común y corriente, la convicción de que no tenía sentido que un juez se ocupara de un asunto si ya el representante del más alto tribunal del Poder Judicial estaba declarando por sí y ante sí, que no procedía ese juicio de amparo.
Mal futuro para el país cuando un régimen de garantías, que es orgullo de México en el mundo, está condicionado, puede ser manipulado y desvirtuado por la opinión de quien representa en el más alto grado la imparcialidad del juzgador.
Todos hemos leído en los periódicos y escuchado en radio y televisión estos comentarios del Presidente de la Suprema Corte de Justicia respecto de la inutilidad del juicio de garantías, en el caso concreto mencionado por el diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla. El ha mencionado el hecho de que a las críticas fundadísimas de su falta de imparcialidad, de su falta de discreción, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intentado, con una declaración, borrar de un plumazo lo que está en las páginas de los periódicos y de revistas.
Las palabras vuelan, decían los antiguos, y sólo lo escrito permanece. Ahí están los testimonios, ahí está escrito en el Parlamento diario de los pueblos que es la prensa la actitud parcialísima, indebidamente imparcial e indebidamente parcial del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en torno a un juicio de garantía.
Debo decir a ustedes que ese voto de censura de los ministros de la Corte sí se hizo, a ese Pleno no asistieron el principal promotor de este voto de censura al Presidente de la
Suprema Corte, que fue el más joven ministro del más alto tribunal de la República, el licenciado Carlos del Río. Y a esto tampoco asistió Mario G. Rebolledo, perdón, pero el voto existió. Y se iba a ser público, pero lo más que se consiguió fue que se guardara el mínimo recato para evitar un escándalo mayor.
Y podríamos nosotros pensar, atribuir, la declaración última de Mario G. Rebolledo, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de negar todas sus declaraciones anteriores, como resultado del voto de censura que se hizo en el Pleno por todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Repito, señores diputados, no estamos prejuzgando, no estamos prejuiciadamente condenando a nadie, pedimos solamente, por la dignidad del Poder Judicial y por la dignidad del Poder Legislativo, que se dé entrada a esta denuncia y que se proceda a una investigación. Si el resultado de esta investigación, y en su caso, que deberá ser también imparcial, se sigue que efectivamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia se hace acreedor a ser privado del fuero constitucional de que está investido por su alto cargo, proceda en consecuencia esta Cámara de Diputados.
Eso es todo lo que pedimos, señores diputados, no prejuzgamos, sometemos a la consideración y a la inteligencia de ustedes hechos de todos conocidos, pedimos una investigación, no condenamos; en la responsabilidad de todos ustedes queda si una denuncia de esta dimensión, que prestigiaría enormemente al Poder Judicial y al Poder Legislativo, se lleva adelante hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Conforme a lo dispuesto por la fracción II del Artículo 58, tiene la palabra el diputado Salvador Rocha.
- EL C. Salvador Rocha Díaz: Señor Presidente; honorable Asamblea: La importancia y trascendencia de la nacionalización de los servicios de banca y crédito han provocado un fuerte sentimiento de frustración y decepción en los sectores que se beneficiaban con el ejercicio privado de estos primordiales servicios.
Recurren a todos los medios para cuestionar la necesidad, la constitucionalidad y la legalidad de estas patrióticas medidas; la historia nos muestra múltiples ejemplos en el sentido de que quienes más se quejan y luchan contra una medida son precisamente aquellos que la provocaron. No vamos a repetir en esta tribuna y en este momento los argumentos claros y precisos que explican y justifican la nacionalización de los servicios de banca y crédito. Pero en este contexto debe analizarse la denuncia que se presenta por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El licenciado Mario G. Rebolledo, ha sido.. ministro de la Suprema Corte de Justicia desde hace 27 años, por su antigüedad le correspondió la presidencia de nuestro máximo tribunal; nadie que conozca nuestro Poder Judicial Federal y al señor ministro Rebolledo puede dudar de su independencia, de su criterio recto, de su competencia y de su honestidad; 27 años habrían proporcionado múltiples ocasiones para acusar de parcialidad, servilismo, incompetencia o deshonestidad al ministro Rebolledo, pero "curiosamente" - entre comillas- sólo se le calumnia ahora, y respecto al tema de la nacionalización de la banca; y afirmo que se le calumnia ante las declaraciones del ministro Mario G. Rebolledo que han sido leídas y que me permito repetir en algunos de sus puntos por su claridad:
"No hice tales declaraciones, y tengo la absoluta convicción de que en este asunto he sido objeto y víctima de malos entendidos. Se me ha criticado y censurado sin razón alguna.
Yo hice una declaración y remití un boletín de prensa recibido en el mismo periódico en el cual se dio a conocer la noticia en cuestión, pero se abstuvieron de publicarlo. Tales declaraciones las niego terminantemente".
(Le pregunta el reportero).
- En síntesis: ¿Cuál es su posición al respecto?
- "De absoluta neutralidad e imparcialidad. Nosotros no podemos dar directrices a las personas. No emito juicios más que en mis resoluciones que cito como ministro, sea en algunas de las salas o en el pleno de la Corte, de las cuales me hago responsable porque las suscribo con mi firma".
En cuanto al origen de los comentarios e informaciones sobre el caso, es imaginable, proviene el cuerpo consultivo de los centros afectados; quizá sean ellos los interesados en hacer una campaña de esta naturaleza, aunque no me atrevería a sostenerlo.
El ministro Rebolledo dijo que no le daba importancia al hecho de que le atribuyen en unas declaraciones que no había emitido, que esperaba que se declararan a través del boletín de prensa que había emitido, lo cual no sucedió, pero obviamente no le es imputable.
Nada habría que agregar a la claridad de las declaraciones que he leído; lamento, sin embargo, que siguiendo con su estrechez de criterio y parcialidad de visión, no faltará persona que diga que el licenciado Rebolledo miente en estas declaraciones. Recuerdo que la declaración de una persona no puede dividirse, debe tomarse integralmente, y que el licenciado Rebolledo ha enfatizado categóricamente que la declaración atribuida a él por el periódico Excélsior del 16 de octubre no contiene lo que él manifestó.
Las posteriores noticias periodísticas no fueron sino "refritos" sobre la misma declaración inicial.
Siendo falso el hecho que se imputa al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta innecesario el pretender analizar si la presunta declaración que no emitió constituye o no la comisión de un delito o falta oficial.
Pero es indispensable reconocer que la función jurisdiccional es la más noble y la más ingrata; es la más noble por cuanto a que
dirime civilizadamente las controversias: ante dos puntos de vista opuestos y contradictorios un hombre debe establecer cuál es la verdad legal y es obvio que en cada resolución que dicta, una de las partes necesariamente resultará afectada y se quejará del sentido de la resolución. Pero si quienes sometemos a la autoridad judicial tenemos la humildad para saber reconocer que el criterio del juez es el que domina y que ese criterio es independiente, recto y serio, en este supuesto debemos reconocer cuando ganamos y también cuando perdemos.
Hemos escuchado en esta Cámara cómo se cuestiona de antemano la imparcialidad del Poder Judicial atribuyendo una resolución negativa a los intereses que se defienden como una resolución parcial, deshonesta y servil. Eso constituye una actitud de soberbia ampliamente criticable; quien somete a la autoridad judicial su problema debe acatar la resolución de esa autoridad y no pretender presionarla estableciendo de antemano que solamente en el caso de que el fallo le sea favorable reconocerá la calidad del juzgador.
Nuestro Poder Judicial Federal es innegablemente un motivo de orgullo de México. El señor diputado Gerardo Medina mencionó y con razón: "vivimos un régimen de garantías que es nuestro orgullo". Ese régimen de garantías que se lo debemos a nuestro Poder Judicial. Es el Poder Judicial Federal quien, en última instancia, decide las controversias entre los particulares y las autoridades. Apelo a ese testimonio del diputado Gerardo Medina, quien dijo: "vivimos un régimen de garantías"; y solamente pediría que agregásemos que es un testimonio de reconocimiento al Poder Judicial Federal, porque a él le debemos precisamente ese motivo de orgullo.
El señor diputado Gutiérrez Zorrilla nos presenta como hecho único imputable al señor Presidente de la Suprema Corte la declaración publicada en el diario Excélsior del día 16 de octubre que, como ya hemos visto, ha sido desmentida. Invoca, además, condenas de colegios profesionales, de colegios profesionales cuya actitud es altamente criticable. En la historia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados nunca se había presentado el caso de que la Barra, como tal, se pronunciara respecto de un asunto que se encontraba subjudice. La Barra Mexicana no tiene por función presionar, cuestionar o decidir lo que debe decidir el Poder Judicial; es el primer caso en la historia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en que la Barra se pronuncia respecto de un asunto que se encuentra sometido a la autoridad judicial. Reto públicamente a que me muestren otro caso. Y curiosamente lo hacen en el tema relativo a la nacionalización de la banca, y curiosamente quienes firman la declaración por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, son el señor licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo y el señor licenciado Miguel Estrada Sámano y a esta soberanía conviene conocer quiénes son desde el punto de vista ideológico.
El licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, en recto ejercicio de su profesión, ha sido el defensor de los candidatos del Partido Acción Nacional. Creo que si se consideran estos en- el pasado, y no creo que haya diputado del Partido Acción Nacional que se atreviese a negarlo en esta tribuna.
El licenciado Miguel Estrada Sámano es hijo del señor licenciado Miguel Estrada Iturbide, distinguido militante del Partido Acción Nacional. Creo que si se consideran estos antecedentes, posiciones ideológicas, por otro lado, muy respetables, pero que de ninguna manera debieron haber llevado a impulsar un organismo serio como lo era la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a pronunciarse respecto de un problema que se encontraba sujeto a la autoridad judicial.
La denuncia que se ha presentado, debe ser categóricamente rechazada, y debe ser categóricamente rechazada por las mismas razones señaladas por el señor diputado Gerardo Medina, por la dignidad de esta Cámara; esta Cámara no puede admitir a trámite una denuncia que no se basa sino en una presunta declaración que ha sido amplia y públicamente desmentida; la acusación en sí misma tiene un doble efecto, un efecto político que los señores diputados del Partido Acción Nacional no pueden negar; no podemos admitir que se nos excite a iniciar averiguaciones que además sabemos que si concluyesen en una decisión favorable al señor ministro Rebolledo probablemente los señores del Partido Acción se levantarían para no oír el dictamen, como ya nos ha sucedido en esta Cámara (Aplausos.)
La acusación en sí misma tiene un efecto, tiene un efecto político y tiene un efecto jurídico; una acusación no puede presentarse sin una base de hecho mínimamente apreciable; la acusación, nos dice el licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, la acusación, por el sólo hecho de serlo, produce un intenso impacto, acarrea por sí misma una gran fuerza de convicción en contraste con la negativa, con la protesta de inocencia que siempre se recibe con excepticismo. Basta que caiga sobre el sujeto la sombra de la sospecha para que sea dado ad bestias, según gráfica expresión de la ley antigua.
No podemos, señores diputados, por respeto a la dignidad de nuestra investidura, y por respeto a la dignidad de esta Cámara de Diputados, admitir a trámite una denuncia que carece de todo apoyo fáctico, que está presentada simplemente con el propósito de presionar, con la intención de difamar, puesto que la sola denuncia difama, y propongo a esta Asamblea que, en consecuencia, sea de plano desechada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Javier Blanco Sánchez: Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento pido la palabra para una moción.
El C. Presidente: Desahogado que sea el asunto en curso, se concederá el uso de la palabra
al C. diputado Javier Blanco Sánchez, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General; y con fundamento en la fracción tercera del Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, en votación económica, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la proposición.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la presidencia, la secretaría, en votación económica, pregunta si se admite la proposición.
Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
Los que estén por que se deseche la proposición sírvanse ponerse de pie...
Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Javier Blanco Sánchez y después el diputado Bernardo Bátiz, para hechos.
El C. Javier Blanco Sánchez: Señores diputados: La moción que pretendía hacer a esta presidencia tiene por objeto que la Asamblea conozca lo que la Ley de Responsabilidades de Funcionarios establece en el caso de denuncias presentadas al Congreso.
Es importante que esta Asamblea, independientemente del carpetazo parlamentario que Mario Vargas Saldaña ha dado a la denuncia presentada por el señor diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla, conozca lo que al efecto el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades establece y ordena como una obligación para la Cámara, no como una facultad que graciosamente pueda desechar.
El Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades dice: "Las Cámaras pasarán por riguroso turno a las secciones instructoras las acusaciones que se le presentaren".
"Artículo 48. En ningún caso podrá dispensarse trámite alguno de los señalados por esta Ley."
Y en concordancia valdría también señalar lo dispuesto por el capítulo 3o. de la misma ley en su Artículo 32.
No me interesa replicar el gastado estribillo que se opone a la diputación del Partido Acción Nacional cuando, en razón de su derecho y de su responsabilidad, se presentan cuestiones nacionales en esta tribuna. No me importaría inclusive ponerme la etiqueta de banquero, aunque sólo fuera de carpintería, para venir a defender aquí el derecho violado de uno solo de los mexicanos, de uno solo. Somos representantes de la totalidad de la nación. La nación somos todos los que tuvimos la dicha y el privilegio de nacer en México. Todos estamos amparados por el orden constitucional mexicano. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones.
La sabiduría jurídica de nuestros antepasados en la construcción arquitectónica de nuestro derecho nacional estableció para los mexicanos una vía de paz, una vía de luz y de armonía que defienda el bien de la convivencia nacional. Esa vía y ese derecho es el derecho de amparo, que defiende al individuo, que defiende a los individuos contra los desbordamientos del poder, contra los actos inconstitucionales de la autoridad.
El derecho de amparo, que es orgullo nacional mexicano en el concierto jurídico del mundo, tiene por fin restaurar el orden jurídico destruido y devolver a la legalidad lo ilegalmente decidido. No es arbitrario, ni caprichoso, tiene normatividad, como todo proceso al que pacíficamente debemos entregarnos los individuos de la nación cuando creamos que nuestro derecho o presumamos que nuestras garantías individuales o colectivas han sido violadas por un ejercicio indebido, ilegítimo, de cualquier autoridad.
La denuncia que se presenta ante esta Asamblea por parte del diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla y en nombre de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en esta Legislatura, como dijo ya el diputado Gerardo Medina, busca conocer si en verdad el presidente de la Suprema Corte de Justicia faltó a su deber de discreción y violó su obligación de imparcialidad en los negocios jurídicos que se ventilan en el poder, del que es él el presidente del tribunal máximo de la nación.
El señor vicepresidente que usó esta tribuna anteriormente cuestiona a los diputados del PAN por defensores de la banca o de los banqueros. No nos importa ese cuestionamiento, lo que sí nos importa es el pobre argumento jurídico que utilizó para desechar una acusación por sí misma de una gravísima trascendencia. Esa acusación, señor diputado, que hace la opinión pública nacional a través de la prensa y que aquí se denuncia para investigación, se desecha con un triste argumento, la prensa miente, el presidente de la Suprema Corte acusado dice la verdad, los periodistas son mentirosos y son falsarios, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia mantiene impoluta su virginal toga de máxima autoridad judicial y él si es pontífice de la verdad. La triste prensa de México está integrada por canallas, calumniosos y mentirosos que hacen decir al más alto magistrado de la nación mentiras.
- Desde los curules ¡Ya es tiempo!
- El mismo C. diputado... el tiempo, señor diputado, que quiere México, es el de acabar con la incredulidad y de acabar con los abusos de autoridad como el que usted pretende también en esta tribuna. (Aplausos.)
- Desde las curules ¡Pidió la palabra por cinco minutos para hechos y ya pasaron!.
- El mismo C. diputado:...Fíjese en qué razón pedí la palabra, señor diputado, y entonces mídame el tiempo. Estamos enfermos de incredulidad en la nación mexicana; quebrantar la credibilidad en la imparcialidad de
juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un grave daño a la República, viene a violentar más la grave enfermedad nacional de la falta de fe y de confianza en sus autoridades, y este daño, si no lo detenemos a tiempo y lo reparamos a tiempo, seguirá causando más graves quebrantos a la vida nacional. Ustedes podrán desechar esta exigencia presentada esta mañana en honor de la justicia, pero el pueblo seguirá pensando si tiene responsable representación o simplemente un puñado más de servidores de las consignas del Ejecutivo. (Aplausos.)
El C. Presidente: El diputado Javier Blanco Sánchez no vino a esta tribuna a presentar ninguna moción, se le informó, como ya lo sabe la Asamblea, el diputado Javier Blanco Sánchez calificó singularmente como un carpetazo parlamentario, cuando lo cierto es que se dio el trámite parlamentario correcto. Siendo una proposición que no constituye iniciativa de ley con fundamento verdadero, Gutiérrez Zorrilla pidió que se turnará a la Comisión de Gobernación, aceptando el trámite señalado en la fracción II del Artículo 58; y respetando la misma disposición el diputado Gerardo Medina y el diputado Salvador Rocha hicieron uso de la palabra. Inmediatamente, con fundamento en la fracción III, se preguntó a la Asamblea si se admitía o no a discusión la proposición, y esta soberanía determinó que se desechara. No es un carpetazo parlamentario, señor diputado Javier Blanco Sánchez, cumplir con el Reglamento.
REFERENCIA A DENUNCIA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado René Rojas Ayala.
- El C. René Rojas Ayala:
"H. Congreso de la Unión.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organismo democrático construido por el Magisterio Insurgente y que se fijó desde su nacimiento en Chiapas en 1979, la tarea de convocar a los trabajadores del campo y la ciudad a marchar unitariamente en la lucha por la defensa de sus intereses y en contra de control oficial, la burguesía y sus agentes sindicales y políticos; hoy ha avanzado significativamente.
La magnitud y combatividad de las movilizaciones a que ha convocado el Frente Nacional por la Defensa del Salario Contra la Austeridad y la Carestía son la evidencia de la lúcida voluntad política que miles de trabajadores están dispuestos a aplicar en el fortalecimiento de una instancia verdaderamente fiel a la vocación libertaria de quienes estamos dispuestos a construir, al costo que sea, al que nos sea impuesto, la patria de los trabajadores.
Hoy lo dominante en el panorama nacional no son los discursos sobre la reforma política ni sobre las intenciones moralizantes de la administración pública.
Lo dominante es la brutalidad de la crisis y sus terribles efectos sobre las clases explotadas.
En endeudamiento del Estado y de la burguesía, agravado por la elevación de las tasas de interés, por el derrumbe del mercado petrolero, por la baja del precio en las materias primas, por la devaluación y la inflación, ha obligado al Estado a tomar en sus manos el manejo de la banca y el control de cambios.
La CNTE opina que lágrimas de cocodólar y patrioterismo aparte, la nacionalización de los bancos, pese a no haber estado precedida por movilizaciones populares, como en el caso del petróleo en 1938, le permite al gobierno recuperar la credibilidad y legitimidad necesarias para seguir instrumentando la política de austeridad.
Esta legitimidad y la ostensible respuesta de la derecha, efectivamente respuesta cínica y torpemente prepotente, le ha posibilitado al Estado a presentar ante las clases trabajadoras una disyuntiva: o se está con el gobierno o se está con la derecha; lo cuál sienta las condiciones para intentar aislar e instrumentar represión al movimiento de masas claramente independiente del Estado y la burguesía.
Los trabajadores de la educación rechazamos este dilema; sostenemos que el levantar la lucha por nuestras demandas dentro de nuestro proyecto no nos ubica en el campo de la reacción ni del Estado. Por eso, a la política de austeridad continuada en el contexto de la nacionalización hemos respondido levantando una alternativa de clase que nos permita luchar organizados contra esa política, deslindándose claramente de las fuerzas de la derecha y del propio Estado.
Ni estamos por que se indemnice a los banqueros ni nos sumamos al patriotismo que en un momento olvidó, conmovidos seguramente por lágrimas de coco dólar, la suma de represión, carestía y austeridad.
Los salarios están congelados, la desocupación marcha al parejo con el cierre de pequeñas y medianas industrias; los precios se elevan casi a diario en artículos de amplio consumo.
De esa manera, el rasgo esencial de la coyuntura actual es sin duda alguna la crisis Capitalista, de estructura que arrastra y arrastrará con mayor fuerza aún a todos los trabajadores.
Podrán hacerse malabarismos legaloides para justificar las agresiones laborales, continuar declarando que no tenemos que ver nada históricamente con el socialismo - traicionando la memoria y la lucha de Carrillo Puerto, de la que por cierto nuestros libros de texto no dicen nada- y continuar golpeando las organizaciones democráticas. Las palabras degradadas de quienes han golpeado a los trabajadores, cada día sirven menos.
Otro rasgo importante de la actual coyuntura sigue siendo la represión. A los más de 500 desaparecidos hoy se agregan los nombres de Juan Carlos Mendoza Galoz e Hilda Escobedo
Ocaña y los de los presos políticos campesinos y obreros arbitrariamente detenidos.
El gobierno se armó de valor para nacionalizar la banca, José López Portillo carece del mismo cuando trata de encarar la presentación de los detenidos- desaparecidos.
Aún se continúa esperando del humanismo presidencial, lo que los militares argentinos ya han empezado a conceder.
La política que se ha aplicado por igual a los obreros de Pascual, Acermex, Carabela, Alumex, Kelvinator, Vidriera, Fontana, McClellan, y a los campesinos, cuyo principal delito es luchar por un pedazo de tierra y dignidad, tiene un nombre: Represión.
Ahí están probándolo puntualmente, incisivamente ante la "legalidad" de la sorna violenta, las comunidades triquis y tzotziales.
En el Magisterio Carlos Jongitud sigue promoviendo actos y campañas en favor de su nominación como candidato a la Secretaría de Educación Pública. Con ese fin el CEN del SNTE, con el pretexto de apoyar la nacionalización de la banca - demanda que el charrismo nunca levantó y si, en cambio, satanizó a los maestros que desde hacía mucho tiempo pugnaban por que nuestro sindicato se pronunciara en favor de la medida, realizó una concentración en el Estadio Azteca.
Únicamente por concepto de transmisión televisada de dicho acto el CEN del SNTE pagó de nuestras cuotas sindicales algo más de 50 millones de pesos.
No hubo ningún aumento "substancial y permanente" al salario de los trabajadores de la educación pero ello no mereció el menor comentario de los "dirigentes". En cambio una vez más han violado un convenio firmado el 2 de abril pasado con el aval de las Secretarías de Educación y Gobernación.
El charrismo, señalado como asesino por miles de maestros de la patria en repetidas ocasiones, en la capital de la República, ha responsabilizado al Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, al de Educación, Fernando Solana, y a F. Zapata como responsables de "complicidad" hasta la "ignominia" con la insurgencia magisterial.
Las causas que dieron origen al movimiento magisterial continúan vigentes: democracia sindical, aumento salarial, mejoramiento de las prestaciones sociales, luchar por generar una alternativa educativa verdaderamente comprometida en el avance cultural del pueblo.
Aquí es necesario puntualizar que el charrismo sindical solamente ha planteado y replanteado las demandas magisteriales cuando la fuerza y la movilización de la Coordinadora Nacional lo ha obligado; así fue cuando el plantón del magisterio oaxaqueño, la huelga del magisterio chiapaneco o la huelga pública y constitucional del magisterio de Morelos, que obligó a charros y SEP a descongelar los sobresueldos - de manera mezquina y con criterios políticos- , demanda que Jonguitud, Andrade Ibarra y Ramón Martínez habían siempre pospuesto.
Hoy el charrismo sindical, colocado nuevamente en la ilegalidad al defender sus mezquinos intereses de grupo contra los intereses mayoritarios del magisterio nacional, ha coincidido identificándose en la práctica; no podía ser de otra manera, con la campaña que la derecha a través de Televisa- 2 por voz de J. Zabludovsky, ha emprendido con particular saña e insidia contra todos los que hemos ejercido inculcable e irrenunciablemente los derechos constitucionales de petición, expresión y manifestación.
Hoy el charrismo sindical, con la determinación de no cumplir los convenios pactados el 2 de abril pasado con los Consejos Centrales de Lucha de Morelos y Valle de México, integrantes de la CNTE, pretende violentar la voluntad política democrática contra quien se ha ejercido lo mismo el asesinato: Misael Núñez Acosta, Pedro Palma, Odón Zaragoza; las desapariciones: Ezequiel Reyes Carrillo, Juan Carlos Mendoza Galoz, Hilda Escobedo Ocaña; el robo: durante los desalojos en los que Durazo ha ejercido la violencia, los granaderos han robado alimentos, volantes, cobijas, cámaras, grabadoras y los botes con el dinero recolectado; la emboscada: Cuando el CCL de Hidalgo fue balaceado en Pachuca se encontraban al frente del grupo de agresores elementos del CEN del SNTE y a la vez funcionario del gobierno de San Luis Potosí como Araujo del Angel; la violación: entre la medianoche del 5 de julio y la madrugada del 6, el profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, secretario general del comité ejecutivo seccional democrático electo al término de la huelga de hambre de 75 delegados democráticos, y del Congreso fue detenido y violado por 6 individuos de Cuernavaca, realizado en la plaza de armas como respuesta al fraude de Cocoyoc; fue detenido y violado por 6 individuos; las detenciones: en este momento se encuentran detenidos los profesores Venancio; Azamar Mendoza, Juan López Regalado y Medardo Guerrero Juárez, este último detenido con sus nietos de 3 y 5 años, miembros de la sindicato democrático de trabajadores de la educación de Veracruz, S.D.T.E.V., en cárceles de Acayucan y Minatitlán por el "delito" de luchar por el respeto al convenio firmado con el gobierno de Acosta Lagunez, quien con violencia ordenó arrancar las banderas de huelga de las inspecciones que se encontraban tomadas.
Lo mismo se ha ejercido, con la complicidad de la SEP - que ha entregado su institucionalidad al charrismo al ejercer conjuntamente o hacerse cómplice de la represión administrativa- los ceses, la retención de salarios, los cambios de adscripción, las disponibilidades, la calumnia y las agresiones de todo tipo.
El costo político que para la República tiene el sostener a un grupo político acusado de todo lo anterior es altísimo. Para las intenciones de renovación moral de la próxima administración, si decide continuar avalándolos, vergonzosa complicidad.
Ignoramos si está en los planes futuristas de Carlos Jonguitud ordenar un baño de sangre
para apuntalar sus aspiraciones a la SEP. Por nuestra parte, y desde ahora, lo responsabilizamos a él y a su camarilla "vanguardista" de las consecuencias que traiga cualquier intento de realizar asambleas delegacionales y congresos nacional y seccionales fraudulentos.
La celebración de "congresos" nacional y seccionales charros sin respetar, en el caso de la Coordinadora Nacional, los términos de los convenios del 2 de abril sólo podrían realizarse en condiciones de una violencia inusitada; únicamente protegidos por pistoleros, granaderos, policías y soldados - si el gobierno decide apoyarlos a pesar de su ilegalidad- , solamente así podrían celebrar algún "congreso" seccional o nacional.
En todo el país se encuentran sembradas las evidencias de la represión orquestada contra la CNTE por Carlos Jongitud, Ramón Martínez, el CEN del SNTE y los testaferros dirigentes en todo el país. En Morelos el charro habilitado como secretario general en la farsa de Cocoyoc, diputado local también, continúa sin castigo pese a que el Procurador General de Justicia del estado ha reiterado que se procederá conforme a estricto Derecho. En Hidalgo el charro Ordaz Labra, al frente de un grupo de 200 golpeadores, se introdujo en el 4o. piso del Palacio de Gobierno en Pachuca, durante dos días consecutivos, amenazando de muerte a funcionarios de la SEP y provocando a la representación del CCLMH, que se encontraba, con el aval del gobierno del estado, procediendo a la solución de problemas administrativos. En Yatipán, Hgo., el profesor Aurelio Islas Martínez fue detenido en su centro de trabajo; se le golpeó y vistió con uniforme militar y posteriormente fue enjuiciado por portación ilegal de uniforme militar. Exigimos su libertad y la reintegración inmediata de su plaza. Las demandas del magisterio bilingüe de Chiapas. Guerrero, Hidalgo y Oaxaca continúan sin solución.
Así el memorial de agravios.
Pero cuando el magisterio, haciendo uso de derechos constitucionales, para sus labores, camina por las carreteras, marcha en las ciudades, ejerce la solidaridad y la denuncia, inmediatamente se usa el argumento de "están fuera de la Ley" para justificar la represión. Así los despidos de DGETA en Morelos, los cesados en el Valle de México, las disponibilidades en Hidalgo, los ceses en Veracruz, la corrupción en Sonora.
Así la destrucción de la Universidad Pedagógica Nacional, vía la agresión a sus trabajadores militantes de la CNTE.
Así la agresión a las Normales Rurales. Así la agresión a la Delegación D- III- 29 del IPN. Así la negativa de ayer de la SEP a garantizar la seguridad laboral del magisterio de Hidalgo en lucha. Así el cobro al magisterio morelense por el uso de derechos constitucionales. Así se difama la herencia de Vasconcelos.
H. Congreso de la Unión:
Avanzaremos, estén seguros; el plantón que sostenemos a la puerta de este recinto legislativo le da lección de dignidad, otra vez, al charrismo asesino.
Clemente Villegas, quien ofreció pagar 300,000 pesos a los asesinos de Misael Núñez Acosta, continúa sin ser presentado por el CEN del SNTE.
Avanzaremos. La Legislatura pasada solicitó una investigación para saber quiénes fomentaban el movimiento de masas más importante de este sexenio.
Ridículamente tuvieron que quedarse con los nombres en la lengua, no pudieron mencionar por su nombre, so pena de exhibir complicidad, a los culpables. Antidemocracia, represión, hambre, aislamiento, caciquismo sindical, pereza congénita de los "dirigentes".
Venceremos. En el seno del CEN del SNTE los trabajadores de la educación de Chiapas y Oaxaca tienen derecho a la representatividad con poder de gestoría en representación de la CNTE.
Venceremos. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), la Coordinadora Nacional Sindical (COSINA) la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), STUNAM, SUTIN.
El pueblo lo sabe, por eso rodea de solidaridad a los maestros en lucha, por eso aplaude al pasar nuestras marchas.
El verdadero rostro de los hombres y de los pueblos se revela en momentos de crisis. El magisterio organizado en la Coordinadora Nacional y en el Frente Nacional por la defensa del salario contra la austeridad y la carestía continuará ejerciendo, aspirando a la construcción del hombre nuevo y la patria de los trabajadores, su derecho a la dignidad.
A cualquier costo.
Reiteramos:
Es el charrismo el intransigente, son ellos los ilegales, son ellos los portadores de la corrupción y la violencia.
Contra ellos estamos.
Contra ellos luchamos y no contra nuestro sindicato.
¡¡¡Venceremos!!!
Fraternalmente.
La comisión Permanente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, profesor Roberto Meza, profesor Germán Aguilar, profesora Ruth Arboleyda".
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior... Túrnese a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
ACLARACIONES A LA PROPOSICIÓN SOBRE EL AMPARO DE EXBANQUEROS
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
- EL C. Onofre Hernández Rivera: Pido la palabra para hechos.
El C. Iván García Solís: Pido la palabra para hechos.
El C. Bernardo Bátiz Vázquez: Señor Presidente; H.Cámara de Diputados. Solicité la palabra para aclarar algunas imprecisiones en los hechos que se desprenden de la intervención del señor diputado Salvador Rocha, que por cierto parece que ya se retiró.
En primer lugar quiero mencionar que no insistí antes del orador que me precedió en el uso de la palabra y que de alguna manera creo que debería de haber hablado después de que se discutieran todos los puntos relativos a la denuncia que el PAN hace en contra del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque ya se me había concedido la palabra, y en alguna actitud que no quiero yo pensar que fue de mala fe se le dio la palabra a otra persona y se pretendió - o así resultó sin quererlo- desviar la atención del punto que estábamos discutiendo.
El señor Rocha dio lectura a algunos párrafos de la declaración que el ministro Mario G. Rebolledo hizo a la prensa en los cuales aclara o pretende aclarar que no dijo lo que los periodistas habían dicho que dijo. Sin embargo, la lectura fue incompleta y en la misma revista en la que se le hizo la entrevista a Mario G. Rebolledo, en la que aclara que no dijo lo que se le atribuía, vuelve a reiterar un juicio sobre el fondo del amparo interpuesto por los dueños de los bancos.
Dice Mario G. Rebolledo: "pero originariamente así correspondía - refiriéndose a la nacionalización de la banca- , originariamente así correspondía, pues el gobierno la otorgaba a los bancos a través de autorizaciones y concesiones". Precisamente lo que el fondo del amparo discute, uno de los argumentos que se han manejado en el amparo de los señores banqueros es que no se trata de concesiones, sino de autorizaciones, y nuevamente dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra; ante las preguntas del reportero de la revista reitera el señor ministro adelantos y juicios respecto del tema que precisamente se plantea en el amparo de los banqueros.
Nosotros solicitamos, a través del documento que presentó y leyó el diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla, que se turnara a las comisiones, a la Comisión de Puntos Constitucionales, por que se está haciendo una denuncia de hecho, y el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, es preciso y claro, y dice: "las acusaciones o denuncias por delitos o faltas oficiales de los funcionarios, mencionados en el Artículo 2o. de esta Ley - dentro de los cuales están los ministros de la Corte- deberán presentarse ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la que mandará pasarlas, con los documentos que las acompañen, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia para su dictamen.
No estábamos prejuzgando, y los hechos que denunciamos son absolutamente ciertos o dudosos o falsos. Precisamente pedíamos que las comisiones, con el carácter que les da la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, se adentraran en el asunto e investigaran y tomaran una resolución.
Nuevamente estamos nosotros siendo los calumniados por defender un principio de legalidad y de división de poderes. Un ministro de la Corte, y mucho menos el Presidente, no puede, no debe adelantar juicios sobre los asuntos que va a conocer el organismo de que forma parte y que preside; rompe este hecho y este adelanto de los juicios el principio de la división de poderes y de la seguridad en los procedimientos judiciales.
Estamos nuevamente defendiendo un principio jurídico y político, y se nos acusa nuevamente que estamos defendiendo a un sector específico de la sociedad
Estamos defendiendo el bien común de la sociedad, el bien general de los mexicanos; no puede, de ninguna manera, un funcionario público atropellar la ley aun suponiendo que tuviera razón en el fondo de lo que defiende.
Precisamente ante la posible duda que ustedes tienen de que el señor Presidente de la Corte haya dicho lo que se le atribuye es que solicitamos que se haga la investigación; y como es de sabios rectificar yo les voy a insistir en que se rectifique el procedimiento indebido que se le dio a nuestra denuncia, y que, conforme al Artículo 32, que ya leí, se turne a comisiones como la ley lo establece.
Una votación no puede modificar una disposición expresa de la ley; no podemos nosotros, como cuerpo colegiado, pasar por encima de disposiciones expresas generales, como son las que contiene la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Estamos hablando y escuchando todos los días de una nueva moral, y somos los primeros en detener el procedimiento necesario para que esta nueva moral se implemente. Creo que será más muestra de soberbia el dejar sin investigar los hechos que denunciamos que el señalarlo simplemente como una posibilidad. Nosotros señalamos hechos que salieron publicados en la prensa, que han sido motivo de un debate público; que han sido discutidos por los colegios de abogados. Los señalamos por que el señor Rebolledo no los rectificó oportunamente, porque los dejó correr, porque él no manifestó inmediatamente que salieron publicados, que él no los había hecho. Porque no creemos, porque sería ingenuo, infantil pensar que un señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente mande una aclaración que no se publica. Eso no es cierto.
Lo cierto es que no rectificó oportunamente, y que esa falta de rectificación es un hecho tan grave en un funcionario tan importante, con tantos años de experiencia, y de labor en la judicatura, debe de ser muy cuidadoso en sus
declaraciones y en sus intervenciones, y si comete errores tan graves como el que suponemos que cometió debe investigarse a fondo y de llegarse a una decisión por las comisiones que investiguen.
Insistimos en el procedimiento fue indebido e incorrecto, y en que se omitieron partes de la lectura de lo mencionado por el diputado Rocha y que debe dársele el trámite que señalamos inicialmente, de turnarse a comisiones nuestra solicitud anteriormente presentada.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Iván García Solís.
El C. Gerardo Medina: Señor Presidente, para responder a alusiones personales.
El C. Iván García Solís: Cedemos la palabra a quien la pidió primero, diputado Onofre.
El C. Gerardo Medina: Señor Presidente, como el asunto que ellos plantean se refiere a otra materia, conceda la palabra para responder a alusiones personales sobre el asunto original.
El C. Presidente: De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General se concede el uso de la palabra el C. diputado Iván García Solís.
El C. secretario Everardo Gámiz: Tiene la palabra antes el diputado Onofre Hernández, señor Presidente.
El C. Presidente: La Presidencia cambia el orden.
El C. Iván García Solís: Señor Presidente; compañeros diputados. Hemos pedido inicialmente que de acuerdo al orden de petición de la palabra hiciera uso de la misma, antes que un servidor el diputado Onofre, que la solicitó antes que yo, no sólo por un término de cortesía y de respeto al orden de petición de la palabra, sino también con el objeto de conocer los puntos de vista que expondrá acerca del asunto magisterial que inicialmente aquí se ha ventilando.
Como la presidencia, haciendo uso de sus funciones, cambia el orden del uso de la palabra vamos a hacer algunas argumentaciones en relación al tema referido.
No es la primera vez que el asunto relativo a la democracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llega a esta Cámara; este hecho no es casual. Hay críticas por parte de los grupos antidemocráticos afectados por estas denuncias en el sentido de que asuntos que ellos consideran internos del Sindicato no debieran ventilarse aquí. Nada más alejado de la verdad; los temas que aquí se abordan a este respecto han rebasado ampliamente el ámbito de una organización y se han convertido en un tema nacional, sobre todo porque en una sociedad como la mexicana, en donde no existe libertad sindical, en donde las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado especialmente están sujetas a esa ley contra la cual hemos luchado, y que es el apartado B del Artículo 123. Ley que, entre otras cosas, determina en forma autoritaria la forma de organización de los trabajadores y no les permite a éstos que libremente escojan la manera de hacerlo, en condiciones en que estos casos rebasan la vida interna de una organización y llegan a la comisión de actos de delitos del orden común y que las autoridades repriman y avalan actitudes antidemocráticas de estos grupos dominantes, grupos oficialistas, por cierto, en ese momento, un poder que debe ser independiente, como es el Poder Legislativo, debe conocer así como otro órgano representativo nacional, con el objeto de tomar medidas de escuchar y aportar su contribución para la resolución democrática de este problema.
El tema aquí tratado se refiere al incumplimiento de convenios suscritos por la Dirección del SNTE y por la fuerza democrática independiente agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con fecha 2 de abril de 1980. Este acuerdo, a su vez, deriva de un comunicado del laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 25 de febrero de 1980, y es importante que el Congreso conozca los términos de este acuerdo original para que se juzgue acerca de cómo el incumplimiento de estos mismos acuerdos ha originado una secuencia de protestas y de rechazos sucesivos por parte no solamente del grupo dirigente del SNTE, sino también por los órganos de poder que lo avalan a veces indirecta y a veces directamente y en forma represiva. El convenio a que nos referimos dice, en primer lugar, "que en la relación de las secciones 15 de Hidalgo y 19 de Morelos y 36 del Valle de México se respeta la vigencia de comités secciónales. 2o. Que ambas partes se comprometen a coordinar esfuerzos para consolidar la unidad. 3o. Que para el logro del propósito anterior se amplían los comités en seis secretarías más. 4o. Que las 6 secretarías que amplían los comités ejecutivos y 2 auxiliares, serán ocupados por los compañeros que designen cada uno de los comités centrales de lucha de los estados mencionados. 5o. Que el Comité Ejecutivo Nacional del CNTE nombrará un representante al comité seccional para coordinar y dar operatividad a los trabajos del propio Comité. 6o. Que con el avance del trabajo sindical habrán de celebrarse en el mes de septiembre de 1982 - esto lo remarco- , habrán de celebrarse en el mes de septiembre de 1982 los congresos de cambios seccionales extraordinarios en las secciones 15, 19 y 36, de cuya preparación se encargará en cada sección una comisión bipartita presidida por un representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; ambas partes se comprometen a que la realización del Congreso Extraordinario se realizará conforme lo marcan los estatutos. 7o. Una vez integrados los comités, ampliados con estricto apego a las formas estatutarias, se levantarán las
actas correspondientes al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y los comités seccionales ampliados se comprometen a gestionar de inmediato la solución de los problemas administrativos y laborales de los compañeros de las secciones 15, 19 y 36 y que para tal efecto se integren en esta fecha las comisiones respectivas.
Estos son algunos de los Puntos principales, signados por representantes de Comité Nacional del SNTE y por representantes de los Consejos de Lucha de las secciones 15, 19 y 36 que hemos mencionado y que corresponden a los estados de Morelos, Hidalgo y del Valle de México.
Es notorio que a pesar de que este convenio fue celebrado en abril, sólo la intransigencia, la antidemocrática y la cerrazón del grupo dirigente del Sindicato, es lo que ha impedido que se avance para que los maestros de esas secciones alcancen su representatividad genuina.
Aquí nos encontramos frente a un caso de incumplimiento de acuerdos que tienen que ser avalados por órganos de poder, ya que la propia dirección sindical dispone de mecanismos internos que le permiten ignorar olímpicamente las voces, no de disidencia, porque disidencia significa que son unos cuantos los que están discrepando, en este caso de ignorar las voces mayoritarias de secciones, como son en estas que hemos mencionado, y hay testimonio de que en los casos de que estas mayorías que se van formando en secciones se expresan democráticamente, ahí logran la mayoría y logran restituir democráticamente sus órganos de gobierno sindical, como ocurrió en Chiapas en las secciones 7 y 40, que son la Sección Federal y Estatal, respectivamente y como ocurrió en la Sección 22, correspondiente al Estado de Oaxaca, en donde los maestros democráticos tienen el mando de esas secciones respectivas . Entonces, el hecho de que llegue ante la Cámara esta denuncia, el hecho de que de abril a la fecha, en vez de procederse a la integración de estas representaciones legítimas, se haya procedido, como se ha procedido por la dirección sindical, a fomentar la represión, a incomunicar, a impedir el desarrollo de los acuerdos y el cumplimiento de los mismos, esto hace que la lucha magisterial, en vez de conducirse dentro de lo que debiera ser el respeto a las normas estatutarias por parte de los órganos de dirección sindical, cuando estos órganos de dirección sindical no cumplen esas normas a pesar de que están confeccionadas para no dar voz a la mayoría, entonces surgen movilizaciones legítimas que están haciendo presencia en este momento frente al recinto de esta Cámara. Por cierto, hacemos nosotros la observación y la protesta, porque en esta sesión que, según el Artículo 30 del Reglamento de esta Cámara, es una sesión abierta, perdón, de acuerdo al Artículo 28 de esta cámara es una sesión ordinaria, esta sesión, según lo dice el texto de este artículo, puede ser pública, será pública y en este caso no se ha permitido a los compañeros, sobre todo de Hidalgo, pero también de Morelos y de otros consejos de lucha hacer presencia, no obstante que las galerías de esta Cámara se encuentran vacías. Sí, en cambio, observamos que cuando se trata de aplaudir medidas gubernamentales o propuestas por el partido oficial entonces aparecen, sin ninguna clase de trabas, las galerías llenas de aplaudidores profesionales, algunos de los cuales han sido contratados para que hagan este tipo de demostraciones y de respaldos mecánicos a una supuesta mayoría.
Luego entonces, y para terminar, quiero agregar también y respaldar la denuncia, que ha sido hecha por los compañeros maestros pertenecientes al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz. En este caso hay una agresión directa del gobierno que encabeza Agustín Acosta Lagunes, quien el 7 de octubre, es decir, hace dos días, ordenó a la policía para que desalojara violentamente de las inspecciones escolares que habían tomado los miembros de este sindicato que estaban en huelga; rompieron estas banderas los cuerpos policiacos y sellaron, rompieron los sellos que se habían establecido y golpearon y agredieron a maestros.
Actualmente se encuentra secuestrado en este estado el auxiliar de intendencia, Medardo Guerrero Juárez, en compañía de sus nietos, y el profesor Venancio Azamar Mendoza, que laboran en Zuchilapa, y se encuentran actualmente detenidos en la cárcel de Acayucan, Ver.
Como se ve, estas agresiones antimagisteriales deben merecer una acción atingente por parte de una comisión, que tenemos entendido se ha nombrado, y que a nuestro juicio debe dar cabal cumplimiento a la necesidad de que este tipo de agresiones de incumplimientos de convenios y de violaciones a la democracia, así como de represiones de toda clase en contra de un sector magisterial en lucha cesen y se impida que prive esta antidemocracia para un sector de trabajadores, al cual se le halaga todos los 15 de mayo, pero al cual continuamente no solamente se le hace víctima de bajos salarios, sino también de represión y de antidemocracia en su sindicato. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C diputado Onofre Hernández.
El C. Onofre Hernández Rivera: Señor Presidente; compañeros diputados: He solicitado el uso de la palabra con el objeto de hacer algunas referencias con relación a la intervención del señor diputado Rojas y el señor diputado Iván García Solís sobre algunos asuntos de nuestra organización.
Ruego a mis compañeros diputados su benevolencia para escuchar algunas aclaraciones pertinentes que no podríamos, de ninguna manera, callar. Jamás nos apartaremos de la idea que toda expresión o manifestación humana es respetable y merece nuestro reconocimiento
en cuanto a que esté sujeta a los principios de una participación libre, ajustada a derecho y utilizando medios pacíficos y no violentos.
A las puertas de este Congreso está una comisión de 300 compañeros, podrán comprobarlo las comisiones reglamentarias, y en sus pancartas, que también están a su disposición, expresan algunas cuestiones como las siguientes, están copiadas textualmente de las pancartas que están afuera: "Aumento salarial del 50%. "Repudio total a la política del gobierno"; y en una pancarta dice: "Los asquerosos que están sentados dentro de la Cámara de Diputados y en todas las oficinas de gobierno tendrán que ser derrotados".
Ante esta presencia creo que imposible sería incorporarlos a un recinto que es respetable y es respetado. También siento que en la primera parte del documento que expresó el compañero Rojas hay algunas cuestiones fundamentales que revisar, que se relacionan con la del compañero Iván, con excepción de la última, que hace referencia a un sector de maestros, también respetable, pero que no pertenecen a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación en Veracruz.
Lamentablemente han existido, en los casos que señala el compañero Iván del convenio, a lo largo de 24 meses, hechos violentos y sangrientos, como lo podemos relacionar en el caso de la Sección 15 del estado de Hidalgo, donde el grupo minoritario que comanda un compañero que se ha hecho públicamente llamar "agitador profesional", como lo es Roberto Meza, expulsado hace tres años del Partido Comunista Mexicano, el abrigar y enfrentar la toma de los locales, sindicales, y, en la última etapa, el local provisional de las oficinas sindicales de Hidalgo, pues el propio estaba en su poder hacía meses atrás; se pretendió volver a tomarlo con hechos violentos. Fue muerto con arma de alto poder el ameritado maestro Odón Zaragoza, miembro de nuestra organización sindical, militante de la institucionalidad en nuestro sindicato.
En Morelos se perpetraba un atentado contra la dirección nacional del sindicato, y en una batalla que no llegó a grandes consecuencias, pudo rescatarse a nuestro dirigente nacional y a miembros de la dirección nacional. Este atentado fue denunciado en su tiempo a la opinión pública.
en el Valle de México ha existido persecusión y toma del edificio en Belisario Domínguez No. 32 por parte de la Coordinadora del Valle de México. Muchos de los trabajadores ahí, en el momento de la toma, sufrieron graves atropellos y muchos de ellos hasta el momento no han recuperado su cabal salud. Este hecho también lo denunciamos en su oportunidad. Dichos compañeros fueron desalojados virtud a la correspondencia de derecho de ese edificio.
En este clima de violencia, compañero Iván García Solís, y lo conozco por más de 20 años, antes era usted muy inteligente, muy inteligente; leerá los estatutos, que dicen que para celebrar los Congresos estatales se requiere de que exista un clima de plena garantía en los lugares en donde habrán de celebrarse, y en estos tres lugares no ha existido ese clima de tranquilidad, y ha sido imposible atender a ese convenio firmado en cuanto a la realización de los Congresos y en cuanto a que el convenio señalaba que seis compañeros de la oposición deberían incorporarse a los comités ejecutivos secciónales sin desconocerlos, cuestión que nunca se ha cumplido en estos tres estados, donde los panfletos están aquí a su disposición, se pide la desaparición del Comité Ejecutivo de las secciones 15, 19 y 36, en incumplimiento al convenio.
No se han incorporado los seis elementos a trabajar dentro de los órganos de representación. Por tal motivo este convenio no ha sido llevado a su realización.
Por otro lado, el Comité Nacional, en pleno derecho, ha registrado ya su convocatoria del Congreso Nacional, que va antecedida precisamente de Congresos estatales, para la elección de delegados y revisión de la estructura interna de sus comités, en un plazo que no excedan los próximos 80 días. Ya la convocatoria y ya la programación de estos congresos está debidamente certificada ante las autoridades del trabajo.
Somos una organización de profundas raíces históricas. Con unidad de independencia. Y entendemos que unidad no quiere decir unanimidad ni uniformidad de criterio, pues esto llevaría implícito el sometimiento de las conciencia de un modelo único, con lo que perderíamos la libertad que nuestra declaración de principios consagra para todos los miembros del sindicato. Expresa claramente la fracción quinta de nuestro sindicato, somos una institución abierta a todas las corrientes políticas, ideológicas o religiosas, a la que consagra igualdad de derechos y obligaciones, reclamando solamente de cada una de ellas disciplina y acatamiento a las decisiones mayoritarias. Somos, pues, en concreto, un sindicato de mayorías, y esas mayorías de conciencia nacionalista y revolucionaria militan orgullosamente, por su libre determinación, en el Partido Revolucionario Institucional, quien en su momento ha reconocido nuestra militaricé partidista por decisión voluntaria.
El maestro no sólo sabe historia, la enseña y sabe leer. Y con ella vive en forma permanente, busca los caminos de autonomía y autodeterminación. Y cuando se trata de sus asuntos y sus problemas, conoce perfectamente los foros y tribunas adecuados para tratarlos. Ha de decidir cuál es el rumbo que ha de tomarse, de vanguardia. Rechazando terminantemente a los intermediarios oficiosos y a la injerencia de factores extraños y contrarios al verdadero interés magisterial.
Válido es, compañeros, finalmente, que los partidos políticos busquen prosélitos utilizando las tareas trascendentales que la reforma política ofrece para participar con una doctrina clara y con un programa definido que reditúen en buena lid a nuevos militantes.
Resulta absurdo y condenable que se mal entiendan las bondades de ese avance democrático. Negativo fue ver, hace unos días en manifestaciones, la presencia del PRT canalizando, defendiendo y organizando a este grupo de maestros, ofendiendo a sus respetables militantes y a sus dirigentes. Infame es ver cómo ahora el mismo Partido Revolucionario de los Trabajadores apadrina y manipula a un grupo minoritario para que en manifestaciones, que si es cierto que causan notoriedad por los problemas que causan en el tránsito, jamás tienen representación mayoritaria.
La reforma política, como prenda, si bien es garantía de participación de todos, no patente de grupos o facciones, para socavar la integridad y unidad de la clase trabajadora. Contra quien sea, las organizaciones revolucionarias de este país, como la nuestra, defenderá la legítima aplicación de esta reforma política. Olvídense, pues, que el magisterio sea terreno fértil para captar proselitismo. Nuestro sindicato milita con más de 750 miembros en el rumbo sancionado por la historia, que es el camino de la Revolución Mexicana.
Por su propio peso han caído y seguirán cayendo las calumnias, las ofensas que hemos recibido los maestros y sus dirigentes. Para los emisarios del pasado y del presente el magisterio, en un plazo breve de 80 días, celebrará su Congreso Nacional, y ahí habremos de revisar nuestra estructura partidista, nuestra presencia en la evolución revolucionaria del país. Creemos que ahí es el foro adecuado para dirimir los problemas internos de nuestra organización.
Deseo, en conclusión, compañeros, dejar muy claro y definitivamente, la obra de un distinguido miembro de nuestra organización, la obra de Carlos Jonquitud Barrios ha sido sancionada en los últimos diez años por los órganos superiores el gobierno sindical. Eso no está aquí a discusión, y deseo referirme también a la última alusión que el compañero Iván hacía: que no hay democratización en nuestra organización. Desde 1977, y él fue parte del Partido Comunista, tiene representación en el órgano superior de gobierno de Comité Nacional. El respetable Partido Popular Socialista tiene representación en el órgano sindical, y el Partido Socialista de los Trabajadores tienen representación en el órgano superior del gobierno sindical hoy se pretende, mediante extraños maridajes en un mismo costal, presionar para que una nueva expresión canalice su presencia dentro de un órgano superior de gobierno; pero esto solamente lo decidan los órganos superiores de gobierno. Dejo en ustedes, en la conciencia de mis compañeros diputados que serán hoy y mañana los medios de comunicación, el asunto más importante, 400 compañeros que vinieron a las puertas de este Congreso o la presencia de 750 mil maestros que se encuentran en este momento en las aulas y en los centros de trabajo cumpliendo con su deber de enseñar la Revolución y sobre el camino de terminar el avance progresista que este país requiere. Creo que somos conscientes y lo habremos de definir, el maestro es un profesionista de tiempo completo, el maestro no trabaja sólo en el aula, y todos hemos tenido maestros, cuando menos la absoluta mayoría de esta Cámara saben que el maestro que tuvieron en el aula y después en su casa, preparaba el material de trabajo, creo que no se puede con un grupo minoritario dañar la respetabilidad de un gremio tan importante como es el magisterio y muchos de sus miembros y de sus dirigentes. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Medina.
El C. Gerardo Medina Valdez: No sé de dónde salió el proyecto, pero resultó, estupendo, señor Presidente, señores diputados, para dirimir dos asuntos de importancia. Pienso y lo digo respetuosamente, señor Presidente, que debía haberse agotado primero la Orden del Día y después dar entrada a todo lo demás, que yo figuraba en ella. Pienso también, señor Presidente, que debió usted haber preguntado para qué asunto se iba a intervenir y eso hubiera ayudado a dar fluidez también a los debates. Pero a hechos consumados, palo dado, diría Carlos Chavira, ni Dios lo quita.
Ojalá mañana, en las informaciones de esta tarde, esta noche, en los medios de difusión los colegas periodistas pongan orden en esta ocasión. Pedí la palabra para responder conforme al 102, alusiones personales, por que el diputado Salvador Rocha utilizó el argumento de la dignidad del Poder Judicial no mencionó también el Poder Legislativo, exactamente en el sentido contrario de como yo había acudido a él. Yo dije que precisamente la dignidad del Poder Judicial nos obligaba, a juicio nuestro, a juicio de los diputados del PAN, a llevar adelante la investigación, y el diputado Salvador Rocha recogió el mismo argumento para defender lo contrario, precisamente por la dignidad del Poder Judicial vamos a desechar esta denuncia.
Luego acudió a un argumento que me parece peligroso que se institucionalice, aunque ya desde el Colegio Electoral lo venimos observando. No soy abogado, diputado Salvador Rocha, pero trato de ingeniármelas para pensar, y sobre esa base modestísima creo que es un error introducir en un debate el argumento que ustedes llaman ad ominem, descalificar un argumento según la persona que lo sostiene. A mí me parece absurdo, me parece la negación total de quienes se consideran formados para la defensa del derecho. Se dice: ¿Quiénes son los que firman la censura al Presidente de la Suprema Corte de Justicia? Pues, Adolfo Aguilar y Quevedo y Miguel Estrada Sámano. No dice el diputado Salvador Rocha si tienen o no razón, si sus alegatos son fundados en derecho o no. No. Simplemente dice: ¿Quién es Adolfo Aguilar y Quevedo? ¡Ah! pues, un abogado que en cumplimiento de su deber profesional defendió a panistas en San Luis
Potosí Vaya, bonita manera de rechazar un argumento.
Dice: ¿Quién otro firma? Bueno, nada menos que Miguel Estrada Sámano, hijo de un fundador de Acción Nacional, el licenciado Miguel Estrada Iturbide, exdiputado del Congreso de la Unión.
¿Por qué no dijo, el diputado Salvador Rocha - si se trata de manejar argumentos ad ominem- que Adolfo Aguilar y Quevedo - que nunca ha sido miembro de Acción Nacional- fue el abogado en cuya residencia se celebró una de esas faustosísimas reuniones domiciliarias de un candidato del PRI a la Presidencia de la República. Por que si vamos a juzgar ad ominem, pues vamos viéndolo por todos sus aspectos. Que el licenciado Miguel Estrada Sámano es o fue - yo pienso que sigue siendo en el fondo- miembro de Acción Nacional, firma en su calidad de secretario de la Barra Mexicana de Abogados esa censura al Presidente de la Suprema Corte de Justicia; bueno, señores, a dónde nos condeciría esta forma de razonar que niego que sea una forma de razonar de un abogado que se precia de haber sido formado en el derecho y para la defensa del derecho. Pues nos lleva a lo que ya vimos desde el Colegio Electoral, y que desgraciadamente vamos a estar sufriendo durante tres años: a que cada vez que un abogado o alguien que defienda principios jurídicos por la diputación de Acción Nacional o por el PSUM o por los sinarquistas o por cualquier otro grupo parlamentario, bueno, pues son a priori nulas todas sus argumentaciones. Ah, pero si viene un abogado del PRI entonces todos los argumentos, aun los más descabellados, son extraordinariamente acertados.
Yo creo, señor diputado Salvador Rocha, que esto es un grave error. Si esto fuera válido podría, cayendo en el mismo vicio de los abogados o de ciertos abogados, de recurrir al argumento ad ominem el señor licenciado Salvador Rocha, cuando era, como fue toda su vida, abogado de patrones privados, ¿su manejo del derecho era inválido? Ahora se vale porque es revolucionario y diputado postulado por el PRI gracias a una amistad de alta escuela.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: Una moción, señor Presidente.
El C. Gerardo Medina: Estoy respondiendo a alusiones personales.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: Está respondiendo a alusiones personales y yo no he oído ninguna. Está en un debate que ya se liquidó por votación. Nadie está hablando ya de eso. Nos está quitando el tiempo. No son alusiones personales.
El C. Gerardo Medina: El que está liquidado es usted, señor.
El C. Presidente: señor diputado, suplicamos no interrumpa al orador.
El C. Gerardo Medina: De manera que esta es una simple exhortación; este asunto está ya finiquitado. Una exhortación a los señores abogados del PRI. Tengan cuidado en la utilización de los argumentos, porque el ad ominem se puede volver con mucha frecuencia en contra de ustedes mismos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: Señor Presidente, compañeros diputados:
Seguimos ateniéndonos a este peculiar método de la coctelera que ha inaugurado la presidencia, para mezclar asuntos diversos y efectivamente difundir sus precisiones. La respuesta a la intervención del compañero diputado Onofre, yo la haría procurando abreviarla, de la siguiente manera:
Es muy ilustrativa la forma como él lee su método de lectura de las demandas de los compañeros de Hidalgo, porque efectivamente el grupo dominante del Sindicato de Maestros, experto en la genuflexión, en las caravanas al poderoso y en los trámites de antesala y de gabinete, no se conlleva con demandas claramente expresadas como las que están aquí fuera del recinto de la Cámara de Diputados, entre ellas una que puede ser casi herética para una dirección sindical que no podría aceptar que se demande el 50% de salarios, lo cual resultaría extraño en cualquier país del mundo, excepto en México, que una dirección sindical se espante de que los trabajadores tengan una pancarta demandando el 50%; es herética porque ellos, en sus gestiones de recámara, solamente lograron menos del 5%, no obstante que el alza del costo de la vida ha sido notoriamente superior y que ahora los convenios que se están firmando con todo y tope salarial, se están logrando por ahí del 25%. Véase entonces cómo hay cierta explicación, no razón, a los aspavientos por las demandas de los compañeros que exhiben fuera de esta Cámara.
Una opinión me interesa destacar; dice el diputado Onofre que estos grupos que se encuentran fuera son minoritarios, nosotros decimos ¿por qué entonces no convocaron el Congreso para demostrar su carácter de minoritarios? Y atenido a esas cuentas de los pasivos y los activos, de los maestros pasivos y de los maestros activos, dice que valen más 750 mil maestros laborando que 300 protestando aquí afuera. Esa lógica no tiene defensa porque los 750 mil pasivos a que alude el diputado son trabajadores que no han dispuesto de sus derechos para expresarse por la vía sindical, puesto que las propias asambleas son diferidas eternamente, y así como hay un liderazgo vitalicio en este sindicato por parte de sus dirigentes, así también hay una diferenciación completa y muy larga de las asambleas en donde estos trabajadores de la educación pueden expresarse.
Nos parece también ilustrativo, no extraño, en este tipo de dirección sindical, pero sí ilustrativo de su mentalidad, que aluda a las manifestaciones como actos espectaculares, pero que interrumpen el tránsito. Aquí la alianza tácita es con el monopolio Televisa, y este grupo se ve que se beneficiaría enormemente de una limitación al derecho de manifestación, que por el contrario es oxígeno vital de los movimientos democráticos, y pese a las insistencias solapadas, a esta contribución solapada a la tesis de Zabludovsky, las fuerzas democráticas no permitirán en México que se cancele este derecho tan duramente conquistado.
Nosotros solamente insistimos en que aquí la intervención de la Dirección Nacional del SNTE, que por cierto comento también entre paréntesis, no es dirección autorizada. Cuando habla aquí el diputado Onofre de que en ella, de que en este órgano superior, que él denomina, están incluidos algunos partidos, incluyendo al Partido Comunista, organización que ya no existe; él comete una falsedad, porque este órgano de dirección no funciona como tal. En lo de los compañeros elegidos en el Congreso Nacional pasado, y dentro de los cuales se encuentran efectivamente dos militantes del Partido Socialista Unificado de México, uno de ellos fue ilegal e injustamente encausado precisamente por protestar contra las violaciones a la democracia sindical y por el incumplimiento que el grupo dominante de vanguardia que se ostenta como Comité Nacional, pero que no lo es, es el grupo dominante de ese sindicato por la violación que este grupo hizo de los acuerdos del Propio Congreso de Chetumal.
Al ser defendidos esos acuerdos, nuestro compañero, uno de ellos, fue sancionado, fue expulsado, y el otro compañero jamás es citado a reuniones. No sabemos cuál sea la posición de los demás miembros del Comité pertenecientes a otros partidos que menciona este diputado, pero lo que sí sabemos es que la dirección de SNTE aplica una política de cortesanía hacia el poder público y hacia el Presidente en turno, que omite cualquier crítica y que se coloca sumamente en rezago, incluso, de las posiciones que el resto del sindicalismo oficialista sustenta en este país.
Por lo tanto, aquí lo que queda claro, si nosotros nos atenemos a la parte fundamental del texto del convenio que me permití leer, es el incumplimiento, es la violación del acuerdo expreso que tuvo que ser firmado bajo la presencia y presión de los propios órganos de poder de este país y en el que se establecía la obligación de realizar congresos.
La invocación que se hace a que no había tranquilidad y paz debidas para celebrarlos es completamente risible, escuchándose de labios de un integrante del grupo Vanguardia Revolucionaria. Justamente las pláticas que recientemente se realizaban en el estado de Hidalgo, en el propio palacio del gobierno como aquí se denunció minutos antes, fueron violentamente interrumpidas por grupos porriles que justamente están volviendo, no al pasado, como él dijo, los emisarios del pasado, éstos son unos emisarios del antepasado que están tratando de imponer métodos gangsteriles y pistoleriles, a los cuales reaccionó fuerte y vigorosamente el magisterio desde 1956, y que ahora volverá a barrer, más tarde o más temprano. Por ello nosotros insistimos en que esas defensas, completamente ilegítimas, ilógicas, de este grupo dominante, que incluso tiene que venir aquí a rendir reverencia a su jefe vitalicio para que se considere que la tarea ha sido cumplida, quizá estas defensas no resisten la lógica más elemental.
Y finalmente, yo agradezco la mención y el reconocimiento, así sea para el pasado, que me ha hecho el diputado Onofre, en relación a la inteligencia. Y diría que yo no respondería con la misma frase, si por inteligencia debe entenderse percibir los hechos y servir sobre ellos y actuar en consecuencia para buscar las soluciones de los problemas de la mayoría, no podría yo atribuirle ni para el pasado ni para el presente, ese calificativo. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Salvador Rocha.
El C. Salvador Rocha Díaz: Señor Presidente; honorable Asamblea. La forma en que se ha llevado a cabo el debate el día de hoy debe ser apreciada como una prueba de la apertura democrática que la presidencia ha demostrado.
El orden de los debates corresponde a todos los señores diputados que nos encontramos en este recinto. El señor diputado Gerardo Medina solicitó la palabra para contestar alusiones personales, después de que había hablado el señor diputado Javier Blanco Sánchez para hechos, respecto de unos hechos que nunca mencionó y que era volver sobre un asunto ya resuelto por la Asamblea.
Si no asumimos todos y cada uno nuestra responsabilidad, y si cada uno de nosotros no nos sujetamos al orden, no podemos reclamar después que quien, en deseo de que todo mundo pueda expresar su punto de vista, pasa por un debate que ustedes juzgan irregular.
En las alusiones personales que hizo el diputado Bernardo Bátiz y el diputado Gerardo Medina, respecto de mi persona, hay dos puntos que son fundamentales: en primer lugar, las alusiones relativas al trámite que se dio a la denuncia presentada por la diputación del Partido Acción Nacional. El diputado Gerardo Medina se inscribió para fundamentar la proposición, conoció el trámite que la presidencia estaba dando a esta proposición y no lo impugnó en absoluto. El Diario de Debates no me impediría mentir. El señor diputado Gerardo Medina aceptó el trámite y era el orador que subía a la tribuna para fundamentar la proposición. El trámite se respetó y se votó por esta Asamblea desechando la proposición.
Por lo que mencionó el señor licenciado Bernardo Bátiz debe tenerse en cuenta que una denuncia por delitos o faltas oficiales puede presentarse de dos maneras: la primera, por la
Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados, caso en el cual, y de acuerdo con el Artículo 32, se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que dé cuenta con ello a la Cámara; o bien, se presenta en sesión pública, caso en el cual se sujeta a las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. No existe, pues, violación alguna en relación al trámite que se ha dado esta denuncia. Por lo que hace a la alusión que el señor diputado Gerardo Medina hace respecto a que he utilizado argumentos ad ominem, creo que no me escuchó completamente, sostuve y vuelvo a sostener que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, nunca en su historia se había pronunciado respecto de un asunto que se encontraba sujeto a la decisión judicial. Que este respeto que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hacia el Poder Judicial se violentaba severamente por la condena que formulaba ahora la Barra Mexicana. Insisto en que no existe precedente alguno en los 40 y tantos años de existencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en que como tal se haya pronunciado respecto de un asunto que se encuentra sub judice, e hice notar la sospecha que cuando menos genera este hecho destacado, es innegable que en toda sociedad se presentan y se pueden presentar violaciones al orden jurídico; es innegable que los encargados de velar por este hecho jurídico pueden hacer sus manifestaciones, los abogados colegiados no podemos hacer ningún género de pronunciamientos respecto de un asunto que se encuentra sujeto a la autoridad judicial por respecto al propio Poder Judicial. Manifesté, y repito en este momento, que solamente para ilustración de esta Asamblea mencionaba yo a quienes suscribían la condena; en modo alguno pretendí descalificar, ni al señor licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo ni al señor licenciado Miguel Estrada Sámano por tener actividad con el Partido Acción Nacional y por ser miembros, si lo fueran, y manifesté que el señor licenciado Miguel Estrada Iturbide era distinguido miembro del Partido Acción Nacional, y creo que eso el señor licenciado Estrada Iturbide no lo negaría y manifestaría que lo honra; pero desde luego no puede ocultarse a esta soberanía que nadie, antes de que el de la voz subiera a esta tribuna, había informado cuál era la posición ideológica de los señores licenciados Aguilar y Quevedo y Estrada Sámano, y esto no puede negarse que conviene a la mejor información de esta Asamblea para votar las propuestas. En modo alguno me permití pretender utilizar como argumento, o como argumento exclusivo, la ideología de los señores que, por otra parte, respeto completamente; simplemente de una información cierta para el mejor conocimiento de esta Asamblea. El fondo de la denuncia fue desechada por esta Asamblea y correctamente desechada, fue desechada por falta de fundamentación, por falta de un apoyo válido que motivara una investigación, la falta de seriedad de la denuncia presentada, ante el desmentido claro del señor ministro Mario G. Rebolledo, la falta de seriedad, repito, queda igualmente probada por la intervención del señor diputado Gerardo Medina en esta tribuna. El señor diputado Gerardo Medina nos informó lo que sucedió en una sesión secreta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; hasta donde mis conocimientos me lo permiten son incompatibles los cargos del ministro de la Suprema Corte de Justicia, únicos que asisten a una sesión secreta, y el de diputado federal. ¿De dónde pudo haber obtenido información el señor diputado Gerardo Medina respecto a lo sucedido en una sesión secreta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo ignoro. Simplemente prueba que se viene a afirmar a esta tribuna lo que le conviene, sin seriedad y sin fundamentación adecuadas.
Creo que el desarrollo de este debate, de esta sesión, prueba una vez mas que el PRI, sus diputados y sus dirigentes estamos dispuestos a escuchar sus puntos de vista, aun a costa de que en algún momento se considere que hay un cierto desorden en el mismo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Onofre Hernández Rivera.
El C. Onofre Hernández Rivera: Señor Presidente: compañeros. Seré muy breve quizá la mitad del tiempo reglamentario que me toca, para hacer, sin hojas, compañero Iván, la puntualización de lo siguiente:
Creo, dije al principio de mi intervención, que toda manifestación es respetable siempre y cuando ésta se ajuste al derecho y no al insulto, por eso dije que podían comprobarse en las pancartas los insultos que a este Congreso se estaban haciendo. Creo definitivamente también, compañeros, que existe una mala apreciación del respetable maestro García Solís en cuanto a este convenio; es un convenio que trata varios asuntos: en una de ellos se trataba la realización de estos eventos, pero el incumplimiento de alguno de ellos legítimamente hizo que no se llevara a cabo. Había un pronunciamiento para que la oposición, en seis posiciones, se incorporara a los cuerpos de dirección estatal siempre y cuando esta incorporación fuera, en lo prudente, en lo honesto, para preparar el terreno de la realización de estos eventos. La Dirección Nacional del Sindicato, sancionada y respetable en cuanto ha sido elegida en un congreso, certificado por las autoridades laborales, no va a reunir la realización de estos eventos, están ya programados, y ahí deberá imperar el uso de la razón y la honestidad en cuanto al trato de este problema No podemos nosotros callar ante la fustigación que se hace de nuestros órganos de gobierno nacionales y secciónales. Aclarar cuanto se tenga que aclarar. Y creo yo que en los asuntos de esta Cámara el orden de los factores no altera el producto y los diputados tenemos capacidad para ubicar cada asunto en el renglón que le corresponde y saber qué hay atrás de cada asunto. De tal manera que
cuantas veces sea necesario habremos de usar la tribuna para clarificar los puntos de vista de nuestra organización sindical, los puntos de vista que creemos están certificados por una obsoluta mayoría. Dijimos que no somos una organización de unanimidad; perderíamos nuestro sentido estricto de la libertad y de la participación general. Pero también deseamos respeto a la decisión absoluta de la mayoría de los miembros de la organización. Difícilmente podría canalizarse una opinión o un voto en algo que el magisterio siente que no está de acuerdo a su avance revolucionario. Se expresa una demanda no de ahorita, de hace muchos años, de 50%, y quiero recordarle al maestro Iván con documentos, que esta representación nacional, en los últimos tres años, en sus prestaciones económicas ha superado el 100% de incrementos en cuanto a salarios, porque nuestra política salarial es en torno a percepciones abiertas y de acuerdo al momento económico que el país viva, y no la hemos constreñido a porcentajes que de cualquier manera quedarían muy por abajo del estado económico del país.
Esto lo saben los maestros, lo saben los trabajadores de la educación. De tal manera que nos han dado el apoyo y nos seguirán dando el apoyo. Sabemos que estamos en la antesala del cambio de una administración constitucional, y quizá aquí sea donde estén echando la última fuerza. Pero el magisterio está unido, el magisterio es responsable y el magisterio seguirá participando al lado del camino de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)
El C. Presidente: Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE AMPARO
- El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:
"Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea:
1. A la Comisión de Justicia le fue remitido el expediente que contiene la minuta proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, que remitió la H. Cámara de Senadores.
2. En la minuta de referencia aparece que las Comisiones Unidas Segunda de Justicia y Segunda Sección de Estudios Legislativos aprobaron la iniciativa de Decreto que fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, reformando la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, en los términos propuestos por el propio Ejecutivo.
3. La reforma propuesta pretende que se incluya dentro de los casos de improcedencia de la suspensión del acto reclamado, a que se refiere la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, "el incumplimiento de las órdenes militares", ya que con ello puede causarse perjuicio al interés social.
4. De conformidad con la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene facultades para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, a sea el Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación; con ello, se busca que las Fuerzas Armadas garanticen la soberanía del país y salvaguarden la paz y la tranquilidad de la ciudadanía mexicana.
Es obvio que las Fuerzas Armadas nacionales, para el cumplimiento de estos altos objetivos, deben estar sujetas a normas que garanticen la disciplina, la obediencia, la subordinación jerárquica y el exacto cumplimiento de los deberes prescritos en las leyes y reglamentos militares.
De ahí que las Fuerza Armadas estén sujetas a una normatividad especial que se sintetiza en los siguientes ordenamientos:
a) Artículo 13 constitucional, que consagra el fuero militar y donde expresamente se señala que "subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso, y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
b) Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos que dispone que tales instituciones son permanentes, y están destinadas a defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, a garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil y cooperar con sus autoridades en caso de necesidades públicas y a prestarles ayuda en obras sociales y en todas las que tiendan el progreso del país.
c) Ley de Disciplina del Ejército y Armada nacionales, que prescribe que el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento de deber hasta el sacrificio y que antepongan al interés personal la soberanía de la nación la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y la Armada nacionales.
d) El Reglamento General de Deberes Militares en el que se define el deber, como el conjunto de las obligaciones que a un militar impone su situación dentro del Ejército. La subordinación, la obediencia, el valor, la audacia, la lealtad, el desinterés, la abnegación, etcétera, son diversos aspectos bajo los cuales se presenta el ordinario.
5. La Comisión considera que es indudable que el militar debe observar buen comportamiento para que el pueblo deposite toda su confianza en el Ejército y lo considere como salvaguarda de sus derechos.
La disciplina en el Ejército, Fuerza Aérea y en la Armada, es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases la obediencia y un alto concepto de honor, de la justicia y la moral, y por objeto el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares.
El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el
sacrificio, que anteponga al interés personal, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército.
6. Por todo lo anterior, la Comisión considera que se encuentra fundada la iniciativa de reforma a la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, para que la suspensión no se conceda cuando los militares incumplan las órdenes de su superior, pues el Estado y la sociedad están interesadas en garantizar que las normas de disciplina, obediencia, lealtad, mando y honor se cumplan, por tratarse de principios de interés social, cuyo incumplimiento causaría perjuicios irreparables a una de las instituciones más sólidas del país. con base en esos principios debe considerarse prioritaria la salvaguarda de la seguridad interna y de la defensa exterior del país, así como de su soberanía, de la paz y la tranquilidad sociales.
Como la reforma propuesta, a juicio de la Comisión, no priva a los militares de sus derechos constitucionales para acudir al juicio de Amparo, pues una vez tramitado éste y otorgada la protección federal, en su caso, se restituirá al quejoso en la garantía violada, es por lo que se han considerado pertinente proponer su aprobación.
7. La Comisión observó, asimismo, que la iniciativa no propiciará el caso probable de abuso de poder del superior jerárquico, pues en la legislación militar existen reglas expresas, que regulan la conducta del inferior, en el evento de darse tales situaciones, por lo que debe quedar constancia de que aun cuando las órdenes militares sean de orden público, debe entenderse que ales órdenes son aquellas que se dan entre militares en actos de servicio activo
8. Asimismo, la Comisión ha tenido en cuenta el fuero militar, como ámbito de aplicación de la reforma propuesta, y en tal concepto deja constancia de que no debe prestarse a confusión el proyecto que se estudia y dictamina, pues la modificación no debe tener una aplicación extensiva a los particulares, a quienes, por supuesto, no deben afectar las órdenes del fuero militar.
Por lo anterior deberá entenderse que la suspensión del acto reclamado en los juicios de Amparo a que se refiere la modificación propuesta al párrafo segundo del Artículo 124 de la ley de la materia deberá aplicarse al incumplimiento de las órdenes militares dentro de la competencia de ese fuero.
Por lo expuesto la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción II del
Artículo 124 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 124.
I.
II.
Se considerara, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, el incumplimiento de las órdenes militares, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
TRANSITORIO
Artículo único. Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogadas todas las disposiciones que se le opongan.
Sala de comisión de la H. Cámara de Diputados.- México, D.F., a 5 de noviembre de 1982.
Mariano Piña Olaya, Presidente; Leopoldino Ortiz Santos, secretario; Acuña Servio, Tulio; Alvarez, Francisco J.; Batres García, Heriberto; Brito Gómez, Carlos; Caballero Cárdenas, José Luis; Castillón Alvarez, Pablo; Corona Boza Armando; Cué de Duarte, Irma; Fragoso Martínez, Guillermo, García García, José Luis; Gutiérrez Zorrilla, Felipe, Larios Ibarra, Jesús Salvador; Lemus García, Raúl; Martínez Cruz, Miguel Angel; Morales Orozco, Crescencio; Olvera Quintero, Ignacio; Osante López Manuel; Pacheco Pulido, Guillermo; Ramos Valladolid, Eulalio; Rocha Díaz, Salvador; Salgado Salgado, Alberto; Salinas Guzmán, Pedro; Sánchez Pérez, Daniel Angel; Terrazas Sánchez, Juan Manuel; Toca Cangas, Amador; Trujeque Martínez, Efraín; Vázquez Segura, María Antonia; Vieyra Salgado, César H."
Segunda Lectura.
El C. Presidente: Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo único del proyecto de Decreto.
Se abre el registro de oradores
Esta Presidencia informa que se han inscrito, para hablar en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Daniel Sánchez Pérez, David Orozco y el diputado Peña Farber; y para hablar en pro los siguientes ciudadanos diputados Carlos Brito, Manuel Osante López y Mariano Piña Olaya por la Comisión.
Tiene a palabra el ciudadano diputado Daniel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Señor Presidente; honorable Asamblea. Pedí la
palabra en esta sesión de carpetazos y cócteles para manifestarme en contra de este dictamen, pero antes quisiera que, para cumplir cuando menos por una vez con el Reglamento, el señor Presidente tuviera a bien habilitar el tiempo, puesto que estamos sobre de él, de acuerdo al Reglamento.
El C. Presidente: Si procede esta moción.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Señores, cuando interveníamos en el Colegio Electoral decíamos que las comisiones integradas en aquel entonces en el Colegio Electoral deberían ser respetables y respetuosas para realmente representar al común de los presuntos diputados. Ya en funciones la Cámara sigo considerando que las comisiones que se integren deben ser respetables y respetuosas, porque en ellas se deposita la soberanía de la Cámara para el estudio específico de cada uno de los casos concretos o de iniciativas que les son turnadas.
Así las cosas, en la Comisión de Justicia, con mucho trabajo por cierto, se escogió un método para analizar, discutir y, en última instancia, formular un dictamen de esta iniciativa de ley que envió el Ejecutivo para modificar la Ley de Amparo por lo que se refiere a la concesión o no de la suspensión por un incumplimiento a las órdenes militares.
El método aceptado por todos los que ahí asistíamos, que por cierto van muy pocos, fue precisamente que se discutiera en forma colectiva aquello; pero, para empezar, creo que comenzamos con el pie izquierdo - no el de Soto, sino el izquierdo- . Por un acuerdo también común decidimos que se regresara a la Cámara de Senadores porque había sido señalada como Cámara de origen, no obstante que puede discutirse en forma simultánea ese asunto, puesto que no se trata de ningún caso específico. Sin embargo, pudiera ser aceptable que se enviara a la Cámara de Senadores para conocer su opinión, la opinión de la Cámara de origen.
Cuando la Cámara de Senadores nos regresó la iniciativa, ya con su dictamen en el que por cierto no se toca para nada la propuesta del Ejecutivo, claro hay línea y ahí no hay oposición se nos fue leída , y se decidió que para una futura sesión a manera de subcomisión, se encargara a algunos de los miembros para que en forma escrita presentaran opiniones que serían las bases de la discusión. También se aceptó como método.
El jueves próximo pasado, en una sesión en la que se aceptó que se discutiera como parte inicial de esa sesión, fueron leídas las propuestas que hacía un servidor y otro compañero, cuyo nombre no recuerdo, y se empezaron a analizar algunas cuestiones que surgían de la lectura de esas dos palabras: "incumplimiento de las órdenes militares", para no dar una aceptación común y corriente al concederse la suspensión.
Se manejaron tres opiniones: que la iniciativa estaba en lo correcto, puesto que se trataba de fortalecer los principios de subordinación, la subordinación jerárquica dentro del ejército, y principalmente la disciplina dentro del mismo. Nosotros decíamos que es correcto, que en tratándose de ese tipo de servicios del ejército, podríanse considerar las órdenes militares como de orden público. Pero que había cierta confusión por la generalidad misma del concepto incumplimiento de órdenes militares a secas. Porque, según lo expresaban algunos de los miembros, no por cierto de la oposición, sino del PRI, podría dar lugar a que al llevarse así a secas este tipo de resolución a incluirse en el texto expreso de la ley de Amparo podría darse lugar a que se degeneraran en creer que todo tipo de órdenes militares son de orden público y que además pudiera invadirse la esfera de las actividades de los civiles, como se ha hecho en reiteradas ocasiones. Pero que además hay cierto tipo de órdenes militares que no tienen nada que ver con el orden público, como las órdenes meramente administrativas internas, que nada tiene que ver con el orden público, es una cosa del manejo interno del instituto armado.
Y una opinión que nosotros señalábamos, esa sí por parte de nosotros en lo personal, que si existe una legislación especial como es el Código de Justicia Militar, donde se sanciona específicamente como desobediencia un incumplimiento de una orden militar, y esa desobediencia hasta hace el distingo de dos tipos de ese incumplimiento de orden militar, cuando se hace fuera del servicio o dentro del servicio, y que se sanciona en forma muy distinta, por que una orden cometida fuera de servicio no tiene la misma penalidad ni la misma gravedad como las órdenes cometidas dentro del servicio, que van desde seis años hasta la privación de la vida, o sea la aplicación de la pena capital, que era a través del perfeccionamiento, eso era lo que nosotros opinábamos, de esos instrumentos de la legislación especial, como podría hacerse valer que es el principio de subordinación jerárquica y disciplina se mantuviera férreamente dentro del instituto armado y que no tenía por qué modificarse, en última instancia, lo que era la Ley de Amparo.
La Comisión de Justicia, el jueves en la tarde, acordó, después de discutirse, y en eso lo malo es que nunca exige uno minutas, porque cree que trata con gente seria, ni tampoco pide que se grabe, acordó que se le haría un agregado no propuesto por la oposición, fue del compañero priísta que presentaba una alternativa, una alternativa en la que se le agregaba al texto, así muy general, que siempre y cuando esas órdenes fueran dictaminadas y ejercidas dentro del fuero militar, para no crear ese tipo de confusiones. Así aceptamos todos. Originalmente yo venía a votar en favor de ese dictamen, porque estaba perfectamente claro que no iba a quedar al arbitrio del juez federal la explicación de si podría esa orden militar afectar o no a civiles, o cualquier tipo de orden militar podría realmente dejársele sin el sustento de la
suspensión. Pero con sorpresa nos encontramos que no le tocaron nada, absolutamente nada, a la iniciativa del Ejecutivo.
Yo me pregunto: ¿cuál es fondo de este dictamen? ¿Por qué ese cuidado en mantener intacta la propuesta del señor Presidente? Si en la misma Comisión, después de haberse discutido colectivamente, se había aceptado un agregado, que obligadamente haría que se regresara a la Cámara de Senadores para nueva discusión, ¿por qué de repente, en lo privado, la presidencia opta por mandar al demonio todo lo que habíamos dicho nosotros, y sin ningún respeto y con abuso de la representación que tiene simplemente lo cambia? Esto gracias a la mayoría, que tiene como respaldo de los compañeros priístas, que algunos de ellos, como el señor diputado Osante, ni siquiera han asistido a esas reuniones y ahora viene a defender el dictamen. Y algunos de ellos que firmaron, no obstante que habían aceptado que se le hiciera el agregado, claro, es disciplina, yo lo entiendo, pero no creo que queda hasta ahí.
No creo que quede nada más en aceptar la línea de la institución presidencial. Yo creo que algo está pasando dentro del ejército; a lo mejor me meto en elucubraciones. Pero, ¿Por qué esa atención tan meticulosa para dejar esa vaguedad en el concepto "incumplimiento" de órdenes militares"? No será que hay algo dentro de ese instituto armado que les está permitiendo un juego ciertamente más democrático dentro del ejército, que se les permita a los oficiales de alta graduación empezar a discernir y razonar acerca de si pueden o no cumplir con lo que se les ordena.
Hay un principio que aceptamos los juristas; ya me voy a meter a eso de jurista, yo soy un abogado y con muy poco valor por cierto, pero dice que la Ley de Amparo no debe reformarse si no existe alguna realidad que así lo imponga. Yo me pregunto: ¿hay alguna realidad social? ¿hay alguna realidad jurídica que haga obligatorio poder modificar la Ley de Amparo en cuanto a no conceder suspensión a los individuos que así lo pidan? ¿Cuál sería la realidad social? ¿Será que ya hay cierta desobediencia interna como para ya no cumplir órdenes que van en contra realmente de los intereses populares? ¿O simplemente en contra de que se concentre en una forma absoluta, en una forma vertical, el poder de las gentes en nombre de la disciplina? ¿O hay alguna incidencia muy grande de amparos por parte de los militares para no cumplir con ciertas órdenes? Si hay una realidad de esas podríamos empezar a analizarla y justificar en cierto modo este tipo de modificaciones. Si no las hay señores, simplemente estamos formando un monstruo al servicio del Ejecutivo con una orientación netamente fascista.
La realidad social, señores, yo les podría decir, porque he sido testigo y he sido víctima de ellos, es que el ejército, a cambio de un Chiconal y a cambio de ir a ver una situación de emergencia por una inundación, se dedica permanentemente y en toda la República a violar las garantías individuales. Quién no nos puede decir que la garantía de libre tránsito está violada permanentemente, principalmente en aquellos lugares donde dice que se siembra la mariguana o que hay narcotráfico y que nos paran en cualquier sitio en la carretera, que hay retenes muchas veces ocultos y que se les ha disparado a los ciudadanos, como lo he visto yo, se les ha disparado porque no se hace un alto cuando no hay ningún aviso simplemente por que se les antojó a los señores militares, o como le ha sucedido a su servidor de que ha tenido que frenar después de una cueva cuando veo que le están apuntando para disparar un retén militar que no tiene previo aviso, y que nos bajan en forma vejatoria a los familiares, no obstante que sean menores, que sean mujeres, que nos bajan mediante intimidaciones con el rifle y con palabras soeces para hacer algún inspección que dicen ellos de rutina; ¿no es cierto acaso lo que sucedió por ejemplo en el ejido de Coacoyuc que el ejército fue y sacó de sus domicilios a los campesinos y los asesinó posteriormente? ¿no es cierto que se han asesinado gentes por ejemplo de la costa o en Veracruz por parte del ejército en aras de ese tipo de órdenes militares que reciben?; ¿me podría alguien decir que no es cierto lo que yo he visto, las marcas de los lazos en los cuellos de los campesinos que fueran colgados en el rancho de Anota hasta ya sentir asfixia para que se confesaran de que habían sembrado mariguana o que eran proveedores de esa yerba?; ¿no es cierto que han quemado, como lo he visto yo todavía en los ranchos humeantes todo un poblado para poderlos alejar de determinadas áreas? ¿no es cierto eso, no se hace permanente y cotidianamente? En la sierra de Nayarit y de Sinaloa, ¿no es cierto que fueron acuchillados campesinos simplemente por decir que eran miembros de gavillas? El hecho de ser delincuente, ¿no les da derecho a ser juzgados?; el hecho de ser sembradores de mariguana no les da el derecho como a todo mundo de ir a decir por qué lo hicieron, de que se les juzgue ante una autoridad federal? Esas son las órdenes militares a las que nosotros estamos de que se conceda la suspensión a una gente que se niegue a recibirlas. Cuando dispararon en contra de la multitud en Tlatelolco hubieran podido los militares decir que no, pero claro está, ahí estaba atrás el Código de la Justicia Militar.
Señores, nosotros, cuando intervenimos aquí, creo que venimos no con una orden e hacer implantar el socialismo para mañana, eso no se ha entendido; nuestro trabajo en las comisiones y nuestro trabajo parlamentario simplemente obedece al principio de coadyuvar a que en México exista una democracia más amplia para todos los mexicanos, nada más en eso, esta es nuestra orden del día por hoy, no es de implantar el socialismo para mañana y yo, como abogado puedo valer muy poco, en la opinión que se vertió en la Comisión de Justicia puede ser; yo he sido teórico, yo soy litigante, pero como representante popular, como individuo, exijo que se respeten mis opiniones y exijo que tengan más seriedad las comisiones y no se
atropelle a los compañeros diputados que han emitido su opinión en contra, ahí y como en este caso que se dé un albazo, porque es lo que está sucediendo con este dictamen.
Señores, creo que pude haber sido claro o no, pero aquí se manejó otro argumento, que no se les niegue el derecho de seguir al amparo. Yo le pregunto a ese señor que hizo el dictamen: ¿para qué le podría servir el amparo a alguien que por haber incumplido una orden militar cayó en el delito de desobediencia en actos de servicio y le aplicaron o lo condenaron a la muerte; si no tiene derecho a suspensión, y puede ejecutarse la sanción, y el amparo venir posteriormente a que lo ejecuten?
Ante actos irreparables yo estoy de acuerdo en cuestiones patrimoniales que el amparo viniera tarde y fuera de condiciones restitutivas, fuera de derechos restitutivos, pero, señores, ante la privación de la libertad para que le serviría a un militar que pidiera el derecho de amparo o solicitar el amparo, si no se le concedió esa prerrogativa que el legislador le ha dado a toda esa gente para preservar la materia del amparo, que es la suspensión.
Yo les suplico a los compañeros de la Comisión de Justicia que no sean fieles servidores de la línea del gobierno ejecutivo; ya hemos hablado mucho de eso aquí. Este parlamento, esta Cámara de Diputados debe adquirir la dignidad; muchos dicen que hablar de eso es decir que no se reconoce que la tenga; allá afuera hay otra opinión de nosotros, aquí ya se leyó, aquí dijeron: "los asquerosos que están adentro", ¿por qué será? Porque no hemos tenido la valentía de oponernos a esa institución presidencial para poder defender algo que a todos nos compete. Aquí, en lo técnico, yo digo que no tiene la razón en lo social, señores, les estamos fallando a los que están fuera.
Yo les pido que retiren su dictamen para que se hago un nuevo estudio, cuando menos para que nos citen y nos digan que ya no se puede firmar tal como se había acordado, y que tenga más seriedad esa comisión y el presidente de la misma. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: En virtud de que informo a la Secretaría que la presente sesión se inició a las 10:35 horas, y habiendo transcurrido, en este momento, las cuatro horas a las que se refiere al Artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, se prorroga la duración de esta sesión hasta agotar los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el C. diputado Manuel Osante López.
El C. Manuel Osante López: Señor Presidente. H. Asamblea: Se vinculan en el contenido del decreto que adiciona la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, que ocupa la atención de esta soberanía dos instituciones igualmente respetables e igualmente significativas en la vida de nuestro país: la institución jurídica del juicio de amparo y las instituciones armadas nacionales. Las dos eminentemente nacionales; ambas de profundo origen revolucionario; las dos singularmente trascendentes para la vida de la nación Vinculadas a lo más profundo de nuestra tradición jurídica y política, las dos han proyectado con fortaleza su capacidad de sustento a nuestro estado de derecho y a la defensa y seguridad de la ciudadanía. A través de ello han apoyado con todo vigor la vigencia y la fortaleza de nuestras instituciones públicas.
Conciliar los objetivos de ambas instituciones para no vulnerarlas es el propósito que en beneficio del interés social consagra el texto del decreto que propone a ustedes la Comisión de Justicia, con el apoyo en la iniciativa que a la colegisladora envió el titular del Ejecutivo Federal.
En efecto, en uno de los extremos del análisis se encuentra la institución jurídica del juicio de amparo que, enraizada en la más profunda vocación libertaria de nuestro pueblo, produjo, hace más de 140 años, el genio del ilustre jurista don Manuel Crescencio Rejón y consagró la tenacidad del también ilustre jurisconsulto don Mariano Otero.
El juicio de amparo, como institución de rango constitucional, tiene el objetivo primordial e histórico de sustentar la función del control constitucional para el mantenimiento y la protección del orden jurídico supremo y para amparar en el goce de sus derechos a los que solicitan su protección, reparando los agravios cometidos por las leyes o actos de la autoridad que violan las garantías individuales en la parte que hubiesen sido transgredidas. Es la institución jurídica más visionaria que ha producido la inteligencia jurídica nacional. El juicio de amparo establece el control judicial de la constitucionalidad referido a la protección de las garantías individuales y de las jurisdiccionales federal y local.
Por otra parte, conciliar este derecho constitucional con la necesidad de mantener vigente y fortalecer las normas que garantizan la disciplina, obediencia y subordinación jerárquica para el exacto cumplimiento de los deberes establecidos en los ordenamientos militares, es propósito insoslayable a la exigencia de apoyar en su régimen jurídico a una de las instituciones más sólidas del país, destinada a salvaguardar con base en estos principios la seguridad interna y la defensa exterior del país, así como su soberanía, y la tranquilidad sociales.
En efecto, con la Constitución de 1917, México ofrece al mundo dos hechos históricos trascendentales: la primera Constitución popular del mundo y la derrota del ejército huertista, erigido como estructura al servicio oligárquico imperial; aparecido al triunfo del movimiento revolucionario con todo oportunismo como estamento armado usurpador.
A partir de entonces, el ejército mexicano se convirtió no sólo en una institución al servicio de las causas populares, sino en un cuerpo
de paz que se sostiene como un ejemplo de lo que puede ser una organización castrense que participa cotidianamente en la construcción de la patria; celoso guardián de las tesis federalistas, opuesto al centralismo conservador de los albores del siglo decimonónico, defensor de la nacionalidad ante la agresión imperial, abanderado del liberalismo social, pueblo en armas en la revolución social de 1910- 1917, en ejército nacional es, y así lo ha sostenido el poder político, doblemente constitucionalista, porque se levantó para defender la Constitución violada por un tirano y porque al triunfo de la causa, en el respeto a la libertad y a la dignidad humana, acompaña solidariamente al poder político en la tarea de transformar la fisonomía política, social y cultural de la nación.
Con plena conciencia cívica y espíritu revolucionario, nuestro ejército participa además en el auxilio a la población civil, coopera con sus autoridades en caso de necesidad pública, y presta ayuda en obras sociales y en todas las que tienden el beneficio del país. Su colaboración a estas tareas ha merecido el reconocimiento del pueblo mexicano.
El ejército popular, que hizo triunfar a la Revolución y cristalizar sus objetivos en la Carta Magna de Querétaro, ha sabido adaptarse a la vida pacifíca y ha sido fiel a la exigencia que le prescribe llevar el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, anteponiendo a su interés personal la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y la Armada Nacional. Organización del pueblo hecha para defender la integridad territorial, la independencia, la soberanía y la seguridad interior del país, integra sus filas con hombres surgidos de la entraña popular que hacen de la disciplina la norma de su conducta y que, sustentados en la obediencia y en un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, ejercen el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares, encaminados a la salvaguardar de la paz, la seguridad y la vigencia de las libertades públicas.
Constitucionales por su origen, las fuerzas armadas con firme sustento de las instituciones democráticas que contribuyen al programa adoptado por la nación a través del sufragio, estructura que por la índole de su origen se une en la lucha contra la desigualdad y contra el poder de castas privilegiadas, sustenta sus acciones en un elevado sentido del deber, entendiendo éste como el conjunto de obligaciones que a un militar impone su situación dentro del Ejército.
La subordinación jerárquica, la obediencia, el valor, la audacia, la lealtad, el desinterés y la abnegación, son aspectos bajo los cuales se presentan de ordinario los deberes militares; brazo armado de la Revolución, el ejército mexicano en un sector del pueblo organizado para la paz y para cumplir las aspiraciones originarias de nuestro movimiento social de vivir en un estado de derecho y un régimen civilista de gobierno, y para salvaguardar su existencia y fortalecerlos.
En la disciplina encuentra la norma de su comportamiento y en la obediencia el elevado concepto del honor, de la justicia y de la moral. Funda las normas de disciplina a que los militares deben sujetar su conducta, hacia el fiel y exacto cumplimiento de sus deberes, prescritos en las leyes y reglamentos de la materia.
Los miembros del ejército nacional son parte esencial del régimen democrático; participan de los afanes nacionales por arribar a la justicia, sostienen los principios humanistas de nuestra tradición jurídica y coadyuvan como gestores del desarrollo social.
Nuestro país ha progresado en la medida que ha conjugado una paz dinámica con reformas que dan claras respuestas a las demandas populares. Esto ha sido posible con la activa participación del ejército como garante de la paz y como salvaguarda de las instituciones republicanas.
La ampliación de nuestra vida democrática y el fortalecimiento de nuestro sistema son acciones que gracias al impulso renovador que a nuestras instituciones ha impuesto el gobierno de la República se han instrumentado merced al clima de seguridad que impera en el interior de la nación.
La solidez de las fuerzas armadas nacionales se funda en su clara conciencia cívica. El ejército mexicano nació en defensa de la democracia y del régimen constitucional y se ha sustentado históricamente en la exigencia de resguardarlo, llevando a cabo el cumplimiento de su deber hasta el sacrificio y anteponiendo al interés personal la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del ejército.
Por todo ello es que el decreto que adiciona la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, que propone la Comisión de Justicia, ratifica el criterio sustentado por el ciudadano Presidente de la República, que propuso a esta soberanía que en materia de amparo la suspensión no debe concederse cuando se pretendan incumplir estos principios, pues el Estado y la sociedad están interesados en garantizar que nuestro régimen jurídico salvaguarde los principios de obediencia y de mando, por tratarse de normas de interés social inherentes a una institución que funda su existencia en una sólida disciplina, basada en los valores supremos de la lealtad, en el sentido de la responsabilidad en el cumplimiento del deber y en un claro concepto del honor.
Más aún, la suspensión es el juicio de amparo para el incumplimiento de los deberes militares podría originar que por casos aislados de indisciplina la nación sufriera perjuicios irreparables al no ejecutarse las medidas para combatir epidemias de carácter grave.
El peligro de invasión de enfermedades, la campaña contra la producción y el consumo de drogas enervantes; causas previstas expresamente por el precepto que se propone
adicionar. Así como inundaciones, terremotos y toda clase de calamidades públicas en las cuales el ejército desempeña funciones primordiales.
Debe observarse que la necesidad de preservar los principios fundamentales de la disciplina y el honor militar es compatible con el legítimo derecho de los mexicanos al respeto de sus garantías individuales, consagradas en la Constitución y tuteladas a través del amparo.
Ello se logra en virtud de que la reforma propuesta por el Ejecutivo a la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo no priva a los militares de su legítimo derecho para solicitar la protección de la justicia federal cuando así proceda; al contrario, se confirma este derecho para que en el caso de concederse esta protección el militar quejoso sea restituido en el goce de las garantías constitucionales violadas en su perjuicio. Hay constituciones que son obras de expertos supuestamente ortodoxas, de refinado estilo, sucintas limitadas a pretendidas normas ilegales, pues, sin opiniones, ni aspiraciones, ni tendencias políticas aparentes. Operan en realidad como mecanismo conservador, como marco formal que intencionalmente transfiere la orientación ideológica a la presión de intereses minoritarios ocultos. Estas son generalmente constituciones ajenas a sus pueblos.
Hay también constituciones que son obras del ímpetu popular; textos que transcriben las aspiraciones de las masas, que no conocen de ortodoxias, ni de tecnicismos, de teoría abstracta, pero que entienden bien cuáles son sus intereses, necesidades y objetivos; que saben, por eso, plasmar en las normas constitucionales los criterios para distinguir la justicia de la injusticia, la libertad de la opresión, el valor del trabajo y de la tierra, que saben cuáles son las normas que las protegen y cuáles las someten. De estas últimas constituciones es la nuestra; ella expresa la auténtica voluntad popular porque a ella la fecundó el pueblo. Popular y revolucionaria por su origen y por las instituciones que de ella emanaron, como el ejército mexicano y el juicio de amparo. En ambas los mexicanos reconocemos sus histórica participación en la defensa de nuestro sistema constitucional, en el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho y en la solidez de función constitucional para la protección y el mantenimiento del orden jurídico supremo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado David Orozco.
El C. David Orozco Romo: Señor Presidente; compañeros diputados. Me inscribí en contra del dictamen por razones diferentes a las que expuso el diputado de PSUM Angel Sánchez Pérez. En algunas de sus consideraciones coincidimos y en otras no. En lo que sí quisiera coincidir es en su estilo, en su llaneza, para poner los puntos sobre las íes y tratar de no ser solemne la tríbuna, como algunas intervenciones que aquí han tenido ese carácter, porque ustedes saben que el animal solemne por antonomasia es el guajolote y ya ven cómo le va en Navidad y muere la víspera. Espero, pues, ser tan llano como el compañero Angel.
Cuando se presentó por primera vez la Iniciativa y nos pasaron la minuta, en la diputación democrática había renuencia a aceptar una limitación a la Ley de Amparo porque todas estas limitaciones van en contra de las libertades individuales, a menos que esa limitación sea justificada. Y lo mismo la limitación a la suspensión que, a veces, no logra la sentencia definitiva del juicio de amparo, con sus efectos restitutorios; restituir a una persona del daño infringido por el acto arbitrario o anticonstitucional. Soló cuando exista exepciones, como existen en la suspensión del narcotráfico, de la especulación, etcétera y quisimos conocer los hechos, y entonces en pasillo, dialogamos con los diputados que al mismo tiempo son militares y nos dieron referencias de cómo se ha abusado de este juicio, de cómo a veces se convierte en negocio, no tanto con el juicio, sino con la suspensión.
Y a los compañeros militares diputados les creímos porque los militares pueden tener muchos defectos, pero no son mentirosillos, son hombres de honor, no necesitan decir mentiras, es creemos y analizamos la situación. Entonces nuestro comisionado Francisco Alvarez, en la Comisión, aceptó la suspensión y propuso, junto con otros diputados reformas. No coincidimos en muchos de los juicios sobre las comisiones aquí expresadas; claro, tienen que perfeccionarse, tienen que hacerse más democráticas; pero, en parte por no darles tanta importancia, son instrumentos de trabajo del gobierno, pero no son algo sagrado, sus opiniones no son algo inmodificable, no es algo ritual que antes de expresar una opinión política se tenga que pasar por las comisiones, y si no es así comete uno el delito de lesa Parlamento; son perfeccionables y uno de los instrumentos que las perfecciona es este Pleno, si es que sus casi comités tienen oídos para oír, porque aquí más que ver es oír.
Entonces nuestro comisionado propuso, junto con los miembros de otros partidos, aceptando la negativa de la suspensión cuando venía de actos militares, un agregado para evitar las confusiones, y que en parte lo dice la exposición de motivos. El agregado es muy simple, en ocho palabras: en actos de servicio dentro de su fuero; no procederá la suspensión contra órdenes militares en actos de servicio dentro de su fuero, precisamente para evitar el equívoco de las órdenes militares puedan darse a civiles, puedan darse en actos administrativos, que no está en el interés público lo que argumentó el diputado del PSUM y que es claro y lógico y que según su dicho fue aceptado por la Comisión.
No nos vamos a poner en dimes y diretes, si lo aceptó o no la Comisión, etcétera, la última
palabra la tienen ustedes, cualquiera que haya sido la historia. La actividad parlamentaria no consiste en ver quién le saca la lengua al último y pedir la palabra interminablemente, sino dejar sentadas las posiciones fundamentales, políticas de cada grupo. Es algo sencillo, no político, en el cual hay coincidencia. En la exposición de motivos se dice: asimismo, la Comisión ha tenido en cuenta el fuero militar como ámbito de aplicación de la reforma propuesta, y en tal concepto deja constancia que no debe prestarse a confusión el proyecto que se estudia y dictamina, pues la modificación no debe tener una aplicación extensiva a los particulares, a quienes por supuesto, no deben afectar las órdenes del fuero militar.
Lo dice la exposición de motivos, pero lo que aplican los jueces es la exposición de motivos, que muchas veces, en la reforma a las leyes, en los textos que tenemos los abogados para aplicarlos diariamente, no viene esa exposición de motivos, se aplica la ley tal como viene; entonces, en pro de la congruencia de que quede explícito, se propone esto: no se vaya a decir que se sobreentiende.
Al respecto me permito contarles una anécdota que a su vez me contó Manuel Rodríguez Lapuente, que fue miembro del Partido Acción Nacional, refiriéndose a la habilidad de don Manuel Gómez Morín: que en una ponencia que tenía fuertes contradictores, sobre todo la corriente joven que él representaba en ese momento, ahora es tan viejo como yo, entonces dice:
- Miren, todo lo que ustedes dicen aquí está entre líneas.
Luego Rodríguez Lapuente, con un gracejo del cual no comparto decía:
- La llevo diez años y todavía no sé lo que dice entre líneas.
Así, el proyecto que ahora vamos a aprobar no debe quedar entre líneas.
Nosotros, como legisladores en este asunto, que no tiene interés político, tenemos que tener, los abogados, el orgullo profesional jurista; los demás también el orgullo que tenían los artesanos de la Edad media de hacer una obra bien hecha, y crear buenas leyes que no se presten a confusión y que sean explícitas; y en ese sentido, por eso les digo con consideraciones distintas, no me meto con el ejército nacional, no me meto en otras consideraciones, por consideraciones legislativas, explícitas y que todos debemos compartir, tenemos que poner ese orgullo artesanal en esta Cámara, sin que pesen más las cortesías a la Colegisladora, que no se le pueda tocar ni con el pétalo de una rosa, que una iniciativa presidencial.
Por eso expresamente, y por escrito, se entrega esta modificación, esta adición a la reforma, que solicito al Presidente pongan a consideración de la Asamblea, que dice nada más:
"Agregar en actos de servicio y dentro de su fuero", después de las palabras "ordenes militares". Muchas gracias.
El C. Presidente: Ruego a la secretaría pregunte a la Asamblea si se admite o no a discusión la adición propuesta por el diputado David Orozco, de acuerdo con el artículo 125.
El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si de acuerdo con el Artículo 125, se aprueba la adición propuesta por el señor diputado David Orozco, de la fracción del Partido Demócrata mexicano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
Los que estén por la negativa sírvanse ponerse de pie... Se rechaza, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Carlos Brito.
El C. Carlos Brito Gómez: Señor Presidente; honorable Cámara de Diputados; compañeros diputados:
Creo sinceramente que aquí no está a discusión el patriotismo de las fuerzas armadas, su fundamento constitucional, ni la elevada misión que desarrollan en beneficio de la población.
La seriedad del trabajo legislativo nos impide, en esta coacción, hacer juegos de artificios, retorcer el espíritu de la iniciativa o pretender ideologizar el debate. Lo que verdaderamente está a discusión es un proyecto de Decreto que tiende a propiciar la mayor agilidad, a reforzar la eficacia de los cuadros de mando, la oficialidad y la milicia, que sólo debe tener el límite de la lealtad a la patria y a los principios fundamentales que nos organizan como nación.
En relación a la iniciativa hecha por el señor Presidente de la República, licenciado José López Portillo, para adicionar el párrafo segundo de la fracción II del Artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana, es de primordial interés la organización y buen funcionamiento de las fuerzas armadas de México, porque están destinadas a la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, a garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, así como en obras sociales que tiendan al progreso del país. Y que estas acciones que, sin lugar a dudas, ha desempeñado nuestra heroica institución armada tienen como objeto salvaguardar el orden público en función del interés social.
Se hace necesaria dicha adición por convenir así a un correcto uso de la técnica jurídica, porque podemos afirmar expresamente que los fines que persiguen las fuerzas armadas son de orden público e interés social, como lo enuncia en contenido del segundo párrafo de la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo a que hemos hecho referencia.
Siendo pertinente hacer tales aclaraciones, porque de su lectura puede desprenderse una interpretación a contrario sensu, en sentido que se da al enunciado de los casos del artículo que nos ocupa, en el que se
persiguen perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones del orden público.
Cuando de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicios, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Con el alza de precios en relación a artículos de primera necesidad, o bien de consumo necesario. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la raza. En consecuencia, la adición que se hace al mencionado artículo a la letra dice: "El incumplimiento de las órdenes militares es aceptada porque su único objetivo es salvaguardar el orden público y el interés social". Teniendo en cuenta que los integrantes de las fuerzas armadas deben observar una firme disciplina, indispensable para la realización de las misiones que tienen encomendadas, disciplina cuyo principio vital es el deber de obediencia, y tiene como objeto el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares.
Una de las instituciones de mayor trascendencia e importancia, según lo demuestra nuestra historia nacional, ha sido y sigue siendo la institución del ejército y las fuerzas armadas, que en todo momento ha estado al servicio del pueblo, tanto en su defensa como asistiéndolo en sus necesidades cuando se han presentado situaciones de desastre para lograr su pronto restablecimiento, lo cual la enaltece, engrandeciéndola y situándola en un lugar muy especial dentro de nuestro contexto nacional.
Es por ello que el pueblo de México siempre está con su ejército, ya que es el propio pueblo el que integra a las fuerzas armadas. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Rodolfo Peña Farber.
El C. Rodolfo Peña Farber: Muy buenas tardes.
- Voces ¡Buenas tardes!
El C. Rodolfo Peña Farber: Así me gusta.
Voy a leer, para no arriesgar que la memoria falle y sacrificando gestos, pero quisiera dar la impresión de que estoy platicando para comentar, para hacer pensar. No quisiera provocar una reacción de oposición que no es productiva, que no me llevaría a lograr lo que pretendo para el bien de todos. Por eso me gusta la sencillez de que ya se habló hace un rato. Y en lo que voy a leer probablemente se va a dar la contra automáticamente a algunos conceptos de otros oradores y se van a confirmar algunos otros conceptos de algunos otros oradores. Ojalá y dé el resultado que me gustaría.
Con relación al proyecto de Decreto que reforma el II párrafo de la fracción segunda del Artículo 124 de la Ley de Amparo, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, cuyo dictamen ha sido puesto ahora a discusión por la Comisión de Justicia y que esa Comisión ha considerado pertinente - aquí uso las palabras exactas que usó la Comisión- ; en varias partes uso las palabras exactas que usó la Comisión, y la estructura de este escrito está dividido a partir del punto 4 del propio dictamen de la Comisión para opinar sobre cada uno de esos puntos, hasta el punto 8, que esa comisión ha considerado pertinente proponer su aprobación por esta Asamblea en los términos propuestos por el Ejecutivo, pido a ustedes meditar a fondo sobre las siguientes consideraciones:
Es necesario analizar los diversos puntos o argumentos en que se basa dicha recomendación.
Punto 4. Es inconducente la invocación de la fracción VI del Artículo 89 constitucional, que establece la facultad del Presidente para disponer de todas las fuerzas armadas para la seguridad interior y exterior y, con ello, garantizar la soberanía del país, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía mexicana, porque esa facultad se ejerce cuando el peligro lo amerita, cosa que no es de la vida diaria, además de que la jerarquía militar rutinariamente ejerce esa facultad - podría agregarle, que no está en el escrito, a nombre del Presidente. En el rango que corresponda en cada ocasión de desobediencia. Y aplican el Código de Justicia Militar, que con sus artículos 301 a 304 rige necesariamente sin más límite que el derecho constitucional, lo cual es suficiente para garantizar todas esas cosas que dice el artículo 89, fracción sexta, más las que agregaron los diputados de la Comisión.
Es ciertamente demasiado imponente pensar que el Presidente de la República intervenga en el desahogo de estos asuntos, y más aún, que ante esa abrumadora jerarquía tenga que presindirse por el pobre supuesto ofensor de la suspensión judicial que todos los mexicanos gozan. No puede admitirse el sacrificio del derecho individual de su defensa en perjuicio de una persona para garantizar, en contraste, la factibilidad de órdenes injustas o ilegales, insisto, no podemos sacrificar a una persona en su derecho constitucional para garantizar la factibilidad de órdenes injustas o ilegales; sujetar así a las fuerzas armadas nacionales escapa al objetivo mismo de las leyes y reglamentos militares, que no podemos aceptar que conlleven esos reglamentos y leyes militares ilegalidad y humillaciones de las personas.
Es también inconducente para fundamentar el dictamen - y repito, la palabra inconducente es precisa- citar el artículo 13 constitucional, que consagra el fuero militar y señala, repitiendo el texto: que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Así reza el Artículo 13 constitucional, y
digo yo, porque no podemos citar esto tampoco, porque es inconducente porque solamente es este texto, el del 13 constitucional, la confirmación de la existencia de una rama legislativa especial, eso es todo, no hay más que ver en eso.
La mención de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley de Disciplina del Ejército y la armada, y el Reglamento de los Deberes Militares, es inconducente, pues solamente reiteran la inevitable necesidad de la obediencia militar. Claro, debe haber obediencia militar.
¿Cómo puede obligarse a la tropa a disparar o amenazar al pueblo cuando se rebela contra el fraude electoral, o a cometer pillajes o asesinatos si rehusare a hacerlo porque se apoyara o se cometeran delitos? Contéstese cada quien eso.
Punto 5. Alude la Comisión, en este punto 5, al necesario buen comportamiento del Ejército - que por cierto se redunda demasiado en esto que es una cosa demasiado evidente como para estarse repitiendo- como cosa necesaria para que el pueblo le tenga confianza; con ese sentido lo están diciendo, pero yo digo: el pueblo pierde confianza en el ejército cuando se cometen delitos como los citados antes, que podrían precisamente aumentar los delitos, junto con la desconfianza que queremos que no exista, si se obstaculiza la defensa legal de la tropa cuando se le quiere usar con esos fines.
Las leyes y reglamentos militares no deben ser inconstitucionales porque son leyes secundarias, y la Ley de Amparo es sólo una ley reglamentaria. Podría suceder, fíjense podría suceder que un juez recto, y esto parece juego de palabras, que un juez recto amparara a un militar contra la Ley de Amparo si se aprobara esa reforma que se propone.
El honor, la justicia y la moral que invoca la Comisión, precisamente de Justicia, no se apoyan ni se promueven cuando el ejército es usado para atropellar derechos civiles o para sostener decisiones inconstitucionales; no es loable ni es justo el sacrificio personal y la abnegación del soldado en tales circunstancias si el ejército se deshonra.
Punto 6. Hablar de perjuicios irreparables al ejército cuando no se cita causa alguna que la ejemplifique es infundado. Se admite tácitamente en el dictamen que no se debe privar a los militares de sus derechos constitucionales al decir que en el proyecto no se les priva. O sea, no están diciendo que no se les debe privar a los oficiales y a los soldados de su derecho constitucional. Pero tácitamente está expreso, cuando, para apoyar el proyecto y el dictamen, dicen que en el proyecto no se les priva y que por eso aprueban el proyecto. O sea, que, señores, por favor, demostrando que sí se les priva tendrá que ser rechazado el dicho proyecto por inconstitucionalidad, basado en el propio argumento de los que hacen el dictamen.
Dicen, y repito el texto, "no priva a los militares de sus derechos constitucionales para acudir al juicio de amparo, pues una vez tramitado éste y otorgada la protección federal, en su caso, se restituirá al quejoso la garantía violada".
Y digo yo, al establecer que la suspensión no se decretará cuando haya incumplimiento de órdenes militares, como no especifica salvedades, y puesto que hay órdenes militares justas, necesarias para defender a la patria o para cualquier otro fin en que esté de por medio el bien común. Pero las hay también que son violatorias e ilegales, que propician el deshonor del ejército, ya sea que se originen en la ineptitud o en el deseo de venganza de un jefe o del propio Presidente de la República, el actor quedaría injustamente en indefensión. Al menos temporalmente, y quien sabe si hasta, como decía Daniel Angel también, cuando ya no es posible devolverle la vida. Y en desigualdad legal con respecto a los demás ciudadanos, al negársele los recursos inmediatos para su defensa, como es la suspensión. Y se estarían violando sus derechos constitucionales.
El incumplimiento de las órdenes militares sólo puede causar perjuicio al interés social en caso de guerra. Y no se hace necesaria la iniciativa, ya que en este supuesto, o sea, cuando hay guerra, quedan suspendidas las garantías individuales, tal como lo dispone el Artículo 29 constitucional, y aprobar la iniciativa sería aprobar, a tabla rasa, que toda orden militar esté encaminada a la guarda del interés nacional, lo cual no sucede, y esto también lo dijo Daniel Angel.
Si se argumenta en el sentido de que de no aprobarse la iniciativa se quebrantaría el orden público, por gran parte de las órdenes militares están encaminadas a la defensa del país, el argumento es falso. Porque, fíjense, por favor, ya que en los términos en que actualmente está redactada la fracción II del Artículo 124 no es limitativa, nada más enunciativa, de tal manera, que la negativa de la suspensión no se reduce a los casos que se mencionan en la fracción II nada más, sino a todas aquellas violaciones de garantías que afecten al interés social.
Y para demostrarlo voy a leer un pedacito del texto donde dice precisamente eso, a la letra: fracción II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones cuando de concederse la suspensión, etcétera.
Punto 7. Las reglas expresas que la Comisión menciona, pero que no especifica, para que se defienda el inferior, o sea, no al inferior, sino al inferior contra órdenes incorrectas de los superiores establecidas en el Código de Justicia Militar, que yo sí menciono, prevén todos los casos ciertamente.
No es necesario modificar la Ley de Amparo contraviniendo la Constitución; quiero remachar esto, no hay peor pecado en esta Cámara, en este recinto, que contravenir la Constitución,
sobre todo cuando todavía no está contravenida en la materia que se trata y ahora se pretende contravenir, dando lugar a sospechas que ya se expresaron también por oradores anteriores sobre las intenciones del Ejecutivo para después de tanto tiempo y con motivos intrascendentes que conocemos por los amparos interpuestos por algunos jefes para evitar traslados, cosas tan sin chiste como ésas, se intente una reforma innecesaria e inconstitucional; ciertamente deben existir procedimientos adecuados para resolver los casos, ¿por qué se vinieron hasta acá? ¿Por qué no arreglaron su asunto allá fácilmente, administrativamente, hay muchas formas?
8. Es útil reiterar lo que el Artículo 13 constitucional establece claramente al estipular el fuero militar; ahí terminan los comentarios precisos a los puntos del dictamen, pero ahora les voy hacer unos comentarios generales, que les suplico no subestimen.
Es vicioso y grave andar contraviniendo la Constitución, como de hecho la contraviene toda la fracción II del Artículo 124, la contraviene, de la Ley de Amparo; y reformarla, como se propone, es agrandar la anomalía, ya que las bases necesariamente son endebles, enfatizando que el área militar está adecuadamente legislada al respecto.
Es también vicioso y grave molestar la opinión pública sin necesidad, con actos de dudosa conveniencia, o más bien de clara inconveniencia. Es muy malo, por favor les pido atención en esto, es muy malo adelantarse oficiosamente, y soy algo audaz en declarar oficiosa a la Comisión y a toda la Cámara y al propio Ejecutivo, pero los declaro oficiosos, adelantarse oficiosamente en el juicio de situaciones que en cualquier circunstancia deben ser valorizadas y dictaminadas conforme a derecho por el juez, que es la autoridad idónea, el cual rechazará la validez de los argumentos del quejoso si así corresponde hacer, negando la suspensión que se busca, si las tretas y artimañas que quiero suponer en algunos abogados que defiendan a algún oficial o algún soldado, y las tretas y artimañas del quejoso impidiera o demoraran - como parece que es por ahí una de las causas de todo esto- la solución legal correcta, búsquense - vuelvo a pedir- las medidas administrativas y la mayor eficiencia de los juzgados, dotándoseles de los medios para expeditar la justicia. No es asunto que competa a esta discusión, pero los juzgados están retacados por tantas violaciones del Ejecutivo. Si no se violaran tanto los derechos individuales se podría tener justicia expedita con menos oficinas y menos salas de las que ya gravan nuestras pobres bolsas con los impuestos.
Está en contra del espíritu y de la médula de nuestro sistema jurídico- reforzando el argumento anterior para el que les pedí la atención especial- , está en contra, digo, de la médula y del espíritu del sistema jurídico sustituir autoridad, constriñendo y limitando las facultades jurisdiccionales del Poder Judicial, limitando su ya muy erosionada majestad. Es grave que ahora que la vida se complica y se convierten en indispensables, y hasta en vitales, muchos servicios y empleos diversos, algunos por razones estratégicas, otros por razones sociales, o también de alimentación o mil trabazones más, se sienten precedentes tan negativos que seguramente, por el ambiente político que priva, propiciarán el ir cercenando pedazos de libertad que engullirá sin ningún rubor el Ejecutivo, ya bastante envalentonado, gracias al pobre uso que de sus funciones han hecho los diputados y los senadores.
No extrañe que dentro de poco - y siguiendo el orden del pensamiento anterior- quisiera agrandar la lista de esos otros casos que cita la fracción II, que menciona esa fracción II del Artículo 124, para maniatar o reducir las posibilidades de su defensa, por ejemplo, a los policías, a los pilotos privados, a los marinos y a los oficiales policiales, a los que tripulan el Metro, a los agricultores, a los taxistas, a los aduanales, porque están allá contra el extranjero cuidándonos, a los trabajadores de Pemex, esos que se les van los incendios. Pues de todos dependen en una o en otra forma la seguridad nacional, quizá igual o tanto o proporcionalmente en equis cantidad que lo que el propio ejército y también el interés social, quién lo va a negar. Todos estamos obligados a responder por algo que es vital; podríamos mencionar también a los ingenieros que hacen presas y puentes; no se les pase aquel que se les fue en La Piedad, que hizo una inundación muy grande y causó muchos daños y el interés social se vio afectado; a los ingenieros que hacen presas que se les agregue aquí que no tienen derecho a la suspensión. A los que cuidan los faros para la navegación, a los doctores del Seguro Social, a los ferrocarrileros, etcétera.
La historia oficial, esta es una comparación histórica, la considero pertinente, la historia oficial de México ha absuelto y premiado con honores a muchas figuras que han hecho peligrar la seguridad nacional y el interés social; por derrotas militares o legales, ante el extranjero y cuyos actos u omisiones, ambiciones e indisciplinas, han significado desordenes internos poniendo en daño real, y no sólo en peligro, la seguridad e integridad nacional, así como la personal de los ciudadanos y de sus bienes dañando: y voy a repetir todas las motivaciones del dictamen, dañando el interés social, la soberanía, la paz, la tranquilidad, la seguridad interior, la independencia, el progreso, el honor del ejército y del gobierno mismo, que son todas ellas las bases mencionadas e invocadas para mutilar ahora el derecho de los militares mezclándolos, en un bellito parrafito de esa fracción II, con los lenones, los especuladores y los envenenadores de la salud pública.
Por todo eso pido una moción suspensiva a esta Asamblea. Señores diputados: en esta Cámara existe la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, de la cual yo formo parte, y a pesar de que este es un asunto que afecta directamente a los miembros del ejército nacional nunca se citó a los integrantes de esa Comisión
para que aportaran sus puntos de vista en una materia tan importante.
Por lo tanto, con fundamento en el Artículo 110 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso, solicito una moción suspensiva para que se devuelva el dictamen a la Comisión Dictaminadora para que, en conjunto con la Comisión de Defensa Nacional, se estudie nuevamente para que el nuevo dictamen contenga todos los elementos que permitan que el Ejecutivo, y creo que debe ser el Ejecutivo, resuelva en justicia los problemas que han dado origen a este desafortunado proyecto de reforma a la Ley de Amparo. Muchas gracias.(Aplausos)
El C. Presidente: Se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si es de tomarse en cuenta la moción suspensiva.
El C. secretario Everardo Gámiz: Con fundamento en el Artículo 110 del Reglamento se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la moción suspensiva o de rechazarse. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
Los que estén por la negativa... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Mariano Piña Olaya.
El C. Mariano Piña Olaya: Señor Presidente; honorable Asamblea. El diputado Sánchez Pérez, Daniel Angel, del Partido Socialista Unificado de México, vino a esta tribuna con el propósito de hablar en contra del dictamen propuesto por la Comisión de Justicia. Está en el ejercicio de un derecho parlamentario que le concede nuestra Constitución.
En su intervención, con el ánimo de ser sintético, impugnó el trabajo de la Comisión de Justicia, también está en su derecho de hacerlo, para eso es la integración pluripartidista de este Congreso; para eso la integración de las comisiones, conteniendo representantes de las distintas fracciones parlamentarias. Pero el señor diputado no se limitó a criticar a la Comisión y a sus miembros, o a quienes pretendemos la coordinación de los trabajos de la Comisión. Pues más allá y en aventuradas afirmaciones incurrió en agravios, serios agravios para nuestro ejército nacional. Por eso, en ese orden sintetizo la intervención de este señor diputado.
El trabajo en comisiones, señores, no es sino una forma práctica para que este parlamento realice sus atribuciones. Pero el trabajo en comisiones no quiere decir que para que se logre la unaminidad de criterios deba adoptarse necesariamente aquel que expuso el diputado Sánchez Pérez. Hemos pretendido sencillez en el trabajo de la Comisión, hemos pretendido ser prácticos y trabajar con objetividad, y para ello no solamente hemos escuchado los alegatos que en la Comisión han sido presentados, sino que hemos reforzado nuestro trabajo con documentos.
Una vez que el tema que nos ocupa fue recibido por la Comisión de Justicia, con la minuta aprobatoria de la Cámara colegisladora, se analizó el dictamen pronunciado por aquella, se discutió, se comentó; inclusive, a fin de tomar una decisión con la serenidad que impone el trabajo en comisiones, se obtuvieron las opiniones de los diferentes partidos representados en ésta.
El señor diputado Sánchez Pérez, en un documento de cuatro páginas, fechado el 26 de octubre y suscrito con su firma, sostuvo en el punto final textualmente lo siguiente: "de esta forma, aceptando que las órdenes militares sean de orden público, podría proponerse como una alternativa a la iniciativa del Ejecutivo que si se contraviene ese orden con el incumplimiento de las órdenes militares en actos de servicio".
Leo ahora el punto 7, expositivo del documento que está siendo sometido al análisis y al examen de su soberanía, textualmente dice: "La Comisión observó, asimismo, que la iniciativa no propiciara el caso probable de abuso de poder del superior jerárquico, pues en la legislación militar existen reglas expresas que regulan la conducta del inferior en el evento de darse tales situaciones, por lo que debe quedar constancia de que aun cuando las órdenes militares sean de orden público debe entenderse que tales órdenes son aquellas que se dan entre militares en actos de servicio activo.
La Comisión, señores, pretendió recoger no sólo la idea, sino incluso el texto de la observación que el señor diputado, en pleno ejercicio de su derecho parlamentario, hizo.
Que no se haya adicionado el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos textualmente gramaticales que el señor diputado pretendió, tiene razones jurídicas.
En primer lugar - esto fue reconocido en el seno de la Comisión- , el fuero militar tiene una limitación expresamente señalada en la Constitución y en los textos castrenses.
En segundo lugar, nadie presupone que los militares y las órdenes que se dan dentro de este fuero sean órdenes dirigidas a la población civil, por ello la mención de los textos legales que regulan la vida de los servidores de la nación.
Y, finalmente, con el mismo criterio de no ser casuistas dentro del texto constitucional, sino conservando la naturaleza de la regla constitucional, la Comisión pretendió la generalidad y la impersonalidad de la disposición constitucional, por eso se propuso a la soberanía que ustedes representan el mismo texto sugerido en la Iniciativa del Ejecutivo.
Señores, dramáticamente el diputado Sánchez Pérez dice: "de qué sirve que se otorgue la suspensión del acto reclamado tratándose de una condena a muerte, si después, ejecutada ésta, no habrá efectos restitutorios como la naturaleza misma del juicio de amparo lo permite". Con modestia, con sencillez, diría, señor diputado, usted que es licenciado en Derecho, tiene
la obligación de saber que la sentencia de muerte no se impone lisa y llanamente por el arbitrio de un superior, sino que ésta es una pena contemplada en los textos legales propios de este fuero; en donde se inicia un proceso se desahogan pruebas y se concede al inculpado la garantía de audiencia prevista por nuestra Constitución, y en el evento remoto de que la sentencia fuera condenatoria en los términos dramáticamente señalados por usted en este acto, también, a partir del momento de su notificación, el afectado tiene el derecho a ocurrir al juicio de amparo. Y nadie presupone que la sentencia será ejecutada tan rápidamente que impida la solución a través de la vía legal.
Por estas razones, honorable Asamblea, quiero que quede en el ánimo de ustedes que el trabajo de la Comisión de Justicia puede ser todo lo imperfecto que aquí ha señalado el diputado Sánchez Pérez, que el trabajo en esta comisión, que pretendemos coordinar, puede no ser el más eficiente, que definitivamente admite mejoría, pero de ninguna manera podemos hablar de irreflexión o de insensatez; todos, absolutamente todos los que nos han acompañado en esta Comisión han aportado de buena fe el producto de su conocimiento, el producto de su experiencia y, sobre todo, de su esfuerzo parlamentario por hacer las cosas bien.
Cierro este capítulo, señor diputado Sánchez Pérez, pero queda viva en mi memoria la injuria que con sus actos, que con sus palabras, que con su gesto o con su afirmación calumniosa hizo usted para el instituto armado que convirtió la revolución en el gobierno, gobierno que nos dio una Constitución, ejército que respaldó la Constitución, Constitución que le da a usted el derecho de formar parte de esta Asamblea y que le concede la dignidad parlamentaria para subir a esta tribuna a faltar cuando usted les imputa actos delictivos en el ejercicio de la defensa, de la soberanía, de la seguridad y de la paz de la nación. Eso, diputado, no lo podemos tolerar.(Aplausos.)
Dijo usted que el ejército intimida, que el ejército baja la gente de sus automóviles, que el ejército, al salir de una curva, le apunta con sus armas y que ante ese temor la ciudadanía eleva una enérgica protesta. Yo quisiera imaginar si en este momento en el que usted está suponiendo que la aprobación de la reforma propuesta privará a los militares de los beneficios o de los derechos del amparo, está usted defendiendo esa actitud de la que usted acusó a nuestro ejército.
Diputado Sánchez Pérez: Desde mi modesto punto de vista tiene usted todo el derecho a criticar nuestras instituciones y el trabajo de la Comisión de Justicia; tiene usted todo el derecho de juzgarnos a los mexicanos, en particular a los ciudadanos, o más detalladamente a quienes formamos parte de la Comisión aludida, pero, repito, la dignidad de quien es salvaguarda de nuestras instituciones, la honorabilidad de quien es garantía de la soberanía nacional, y el respeto que nos merece la institución, no puede quedar inadvertido en este Parlamento.
Por la misma razón, señor diputado Sánchez Pérez, lo invito a reflexionar en sus palabras, y sobre el texto de su intervención en tribuna, cordialmente lo invito a que suba usted a retirar esos epítetos y solicite que no quede constancia en el Diario de los Debates, de otra manera quedará siempre en su conducta parlamentaria y tribunicia la mancha por haber imputado a una institución adjetivos que de ninguna manera pueden justificarse y que sí, por otra parte, ofenden y lesionan el honor nacional. Ojalá escuche usted mis palabras diputado Sánchez Pérez. (Aplausos.)
Señor Peña Farber, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional agradecemos a usted el tiempo que dedicó al análisis del documento que ha sido sometido a la soberanía de esta Cámara. Personalmente también expreso a usted este agradecimiento.
Desde luego, es un trabajo que demuestra un esfuerzo, pero de ninguna manera compartimos sus ideas. Solamente para ilustrar su criterio, señor Peña Farber, quiero decir a usted que la fracción parlamentaria en la que usted milita está dignamente representada en la Comisión de Justicia y que en ésta, los señores licenciados Felipe Gutiérrez Zorrilla, Pablo Castillón Larios y Martínez Cruz, nos han hecho el favor de acompañarnos en las discusiones, en el examen de documentos y han aportado sus ideas. A estos cuatro legisladores, señores, también con sencillez, expreso además, mi reconocimiento por su alta calidad profesional y, sobre todo, su desinteresada participación parlamentaria.
Señor Peña Farber, de estos señores diputados, compañeros de su fracción parlamentaria, tres de ellos, que compartieron con nosotros la preocupación sobre este dictamen, nos hicieron favor de suscribirlo, por lo cual me queda a mí la duda si lo dicho por usted representa legítimamente el criterio del Partido Acción Nacional, o bien, si en un oficioso estudio, que pretendió ser serio, señala usted de inconduncente todo lo que al fuero militar se refiere.
Con esos antecedentes pienso modestamente, pienso limitadamente, en su alcance parlamentario, que no hay materia para discusión de los argumentos del señor Peña Farber si en su fracción parlamentaria ya hemos tenido la aportación jurídica a este dictamen.
Por lo mismo, honorable Asamblea, ruego a ustedes que consideren que el trabajo de la Comisión de Justicia es perfectible sin duda, que el trabajo de la Comisión de Justicia podrá, día a día, ir mejorando en la calidad de sus estudios, por el mayor empeño de sus integrantes o el mejor conocimiento que tengamos entre nosotros mismos de nuestras capacidades.
Pero siempre este trabajo se ha hecho de buena fe y con el ánimo de ofrecer a ustedes elementos de juicio imparciales y honestos, que
normen su criterio y que puedan permitir la toma de una correcta decisión. Al fin y al cabo las Comisiones solamente limitan su función constitucional al dictamen, proponiendo soluciones a esta Asamblea, y es ésta, inútil es recordarlo, quien, en ejercicio de su soberanía y de acuerdo con las disposiciones constitucionales, determinará el sentido de una resolución.
Por lo que yo aquí brevemente he dicho a ustedes solicito muy atentamente a la presidencia se consulte si este asunto está suficientemente discutido y se pase a votación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: De conformidad con el Artículo 100 del Reglamento se concede el uso de la palabra al C. diputado Daniel Angel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Señor Presidente; honorable Asamblea:
Espero que mi intervención no moleste tanto al "Rey Sol" Piña Olaya, que tal parece que al igual que aquel déspota, autoritario, quería parecer como si el Estado fuera él, también en esta Comisión de Justicia la Comisión sea Piña Olaya. (aplausos.)
Viéndolo, oyéndolo, es más, admirándolo, con sus gestos, recordé la observación que hacía el compañero del PDM, pero por su solemnidad no se me figuró al guajolote, yo le doy más altura, para mí era un pavo real en la tribuna.
Creo que me va a dispensar el señor Piña Olaya, porque parece que ya fue una cosa de Sánchez Pérez y Piña Olaya, ¿verdad?, yo también tengo "P", con P mayúscula, como Piña Olaya; ya que me dedicó tanto tiempo simplemente voy a hacer unas aclaraciones.
Dice el señor Piña Olaya que en mi exposición yo impugné el trabajo de la Comisión. Me va a perdonar que vuelva hacer un poco incorrecto, pero miente. Yo traté de aclarar cómo fueron los hechos para elaborar ese dictamen, y dije cuál fue el método seguido por común acuerdo, y dije también que en forma colectiva se tomaron las opiniones de todos, y que el jueves en la tarde las opiniones mayoritarias, las opiniones mayoritarias, los que ahí estábamos, disidentes, minoritarios, como les quieran llamar; porque además eran del PRI también la mayoría de ellos, fue acordar que se le agregara el que fuera en ejercicio de su fuero, así; y también le diré al señor Piña Olaya, como no tienen costumbre de oír bien las exposiciones, yo no fui el que dijo que fuera mi criterio el no aceptar o aceptarlo, aquí aclaré que fue el criterio del diputado priísta el que se aceptó por todos nosotros. Creo que para tratar de fundamentar una cosa no es necesario faltar a la verdad Afirma el señor Piña Olaya, con P mayúscula, que en el punto 7 se recogieron todas las opiniones, y entre ellas la mía. Es cierto, pero olvida que por técnica jurídica esas opiniones deben aparecer en el texto de la reforma, porque de lo contrario no van a surtir ningún efecto, ningún efecto, puesto que queda al arbitrio del juez el aplicarla con plena amplitud o restringirla de acuerdo también a eso.
El diputado panista tenía razón en lo técnico, yo en eso no me meto, puesto que no soy el pavo real de los jurídicos aquí.
Decían también que yo había manifestado que de qué le servía al militar quejoso que se le concediera la suspensión. No es cierto. Yo dije que de qué le servía que le concedieran el amparo para el caso de resultar condenado a la pena de muerte. Porque, es cierto, una persona que resulte condenada a la pena de muerte va a tener que puede pedir el amparo, pero quién nos asegura que la Suprema Corte de Justicia, o a quien le corresponde conocer del amparo en primera instancia, es tan eficiente y ágil como para poder sacar una resolución antes de que esa pena se ejecute. Con la rapidez que tenemos en México para resolver los problemas, y sobre todo con esa inclinación a hacer caso a ciertas directrices que vienen del Ejecutivo, pues yo les aseguro que de cada amparo que se solicitara por los condenados a muerte iban a ejecutar a todos antes de que se resolviera por la Suprema Corte en última instancia una revisión. Porque así estamos en México, no podemos desconocerlo.
Y ya que vimos todo esto de la técnica a que se refería el Rey Sol, yo le voy a suplicar que no tergiverse lo que aquí se dijo y no trate, en su forma teatral y cantinflesca, de atraer los beneficios o el fuero de los militares hacia él y echárselo en contra del contrario. Yo aquí no ataqué al ejército en forma como institución; dije actos celebrados por miembros del ejército; que los he sufrido yo y que los he visto yo y que es muy fácil, desde esa poltrona en la que están arrellanados venir a decir que son suposiciones. Yo he visto los muertos, he visto los colgados y he visto los quemados; no son suposiciones. Es muy fácil para un profesionista que siempre ha estado detrás de un escritorio venir a elucubrar aquí, decir que nada sucede allá afuera, decir que es mentira que nos llamen asquerosos porque aquí realmente no hemos hecho oídos de la gente que nos nombra. Pero los que hemos sufrido eso, y lo sufrimos todos los días, no podemos de ninguna manera soportar que un perfumado, diputado que nunca ha estado en la realidad, pueda venir a negarla; eso es cerrar los ojos a lo que existe. Yo no ataqué a la institución Ejército; yo dije lo que en la realidad sucede con hechos que efectivamente dañan la estructura y la presencia del ejército como institución; porque, además, señores, todavía hay mucho por delante para saber qué tipo de ejército queremos y qué tipo de ejército tenemos. ¿Es un ejército nacido de la clases populares completamente? Será por la tropa nada más. ¿Es realmente alguien que defiende exclusivamente la integridad y la soberanía nacional que cumple con lo que tiene como funciones en la Constitución General de la República, o que está cumpliendo en un momento dado con otras funciones Eso lo
vamos a dejar para el futuro, a la institución ejército se le debe respetar, sí, cuando está cumpliendo con ese tipo de funciones y es muy respetable, pero cuando alguien del ejército comete tropelías y atrocidades, que asesina, que saca de las casas a las gentes y, como dice el señor, que hasta le apuntó a uno, porque él nunca ha sido apuntado, está fuera de esas funciones y entonces merece crítica; para eso estamos aquí, para criticar a todas las instituciones del país, y no porque solamente la Constitución nos dé el derecho, porque ese derecho nos los dieron tantos muertos, que perdieron la vida precisamente para integrar una Constitución como la que tenemos.
Nosotros podemos criticar hasta al mismo Presidente de la República, y ningún diputado de gabinete nos va a venir a prohibir eso; que quede claro para aquel que quiso tergiversar las cosas, yo no hablé en contra de la institución ejército; vine a exponer ante ustedes hechos que suceden en la realidad y que por lo tanto no configuran de ninguna manera una situación para modificar la Ley de Amparo; dije que eso se puede se puede modificar en las legislación especial, y quiero que me diga el Rey Sol cuántos de esos actos que han cometido miembros del ejército, para aclarar, miembros del ejército, han sido sancionados por el Código de Justicia Militar, que tiene específicamente creadas esas sanciones para quien atenté en contra de los civiles, para quien requise en tiempos de paz, para quien asesine a alguien y nunca ha sido puesto a disposición del ejército. Nosotros no venimos a defender a los narcotraficantes, estamos de acuerdo en que el ejército coadyuve en el ataque al narcotráfico, pero quisiéramos saber si no es cierto que el coronel Áspero, por ejemplo, de Apatzingán, fue consignado a la Zona Militar de Guadalajara por sembrar y traficar con la mariguana; quisiéramos saber si no es cierto; no los actos particulares van a enlodar a la institución en sí, pero sí la ponen en entre dicho. Y eso de que aquí se hagan esas denuncias es para que el ejército se perfeccione, como la crítica que le hicimos al Rey Sol para que trabaje con más decisión en la Comisión de Justicia. Que quede claro entonces. (Aplausos.)
Por la invitación que me hizo, yo no retiro, no retiro lo que aquí estoy reiterando y repitiendo; no retiro mis denuncias, porque he sido testigo de ellas y también he sido sujeto pasivo de ellas; no tengo por qué retirarlas, y si por eso mi general Piña Olaya me va formar cuadro, que me fusilen. No lo retiro.
Lo que tampoco puedo retirar es el hecho de que en esa sesión del jueves la mayoría de nosotros decidimos una cosa; y él, junto con sus particulares, quizá con el teléfono rojo de Gobernación o del Presidente de la República, decidió que era un poco peligroso para la estabilidad del régimen el modificar algo, algo, democráticamente de la iniciativa.
Tampoco retiro el hecho de que yo crea que así se está fortaleciendo un organismo para llevar a México al fascismo; no lo retiro. Y tampoco retiro que sea falto de seriedad el presidente de la Comisión de Justicia cuando nos oye a todos, y sabe cuáles son las opiniones de todos, y él de todas maneras se monta en su macho y hace lo que le viene en gana; no lo retiro, porque eso es faltar a la confianza que le tuvimos, a la que le tenemos, a aquella confianza que de buena fe todos los miembros de la Comisión de Justicia depositamos en él, porque estamos trabajando ahí para perfeccionar las instituciones, yo así lo creo, y él definitivamente se tenga que agachar a una línea determinada.
Yo no acepto de ninguna manera que si él esta acostumbrado a las genuflexiones y a recibir las atenciones y a recibir las órdenes de sus superiores o de aquel que desde arriba manda, yo no acepto que a todos nos arrastre a lo mismo; yo no inclinaré en la Comisión de Justicia nunca la espalda, más que ante aquellas personas que tienen la razón, como el compañero priísta que hizo aquella aclaración que se aceptó por todos nosotros. A él, no estoy ofendiendo a ninguno de los demás, en última instancia si considera ofensa Piña Olaya que yo le diga que es un cínico al venir aquí a decir mentiras, yo lo sostengo para que aparezca aquí en el Diario de los Debates. Es todo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Con fundamento en lo previsto por el Artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior se conceden cinco minutos al C. diputado Francisco González Garza para que haga uso de la palabra.
El C. Francisco González Garza: Gracias por concederme los cinco minutos que me da el Reglamento.
Nos interesa sobre todo ser claros en dos tesis que deja sentadas el señor Piña Olaya, sobre todo porque estas tesis, después de ser repetidas constantemente, se vuelven costumbres.
Una tesis a la que nosotros no estamos obviamente sometidos es a esta de la disciplina del partido. Todos, todos los integrantes de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, somos, venimos como individuos y tenemos nuestro propio criterio. No hay, aquí no hay consignas. En nuestro partido no se puede decir: por consigna se vota así, sino que cada uno podemos expresar nuestra opinión. Esto va en relación al famoso dictamen que se acaba de leer. El hecho de que algunos de los diputados de Acción Nacional hayan firmado en un sentido en una comisión no condiciona, de ninguna manera, el que todos los demás diputados podamos expresar nuestro punto de vista sobre el mismo problema. Es imposible que cada uno de los diputados esté en todas las comisiones.
Yo, estando en tres comisiones, se me hace difícil estar participando en cada una de ellas, de mis propios asuntos. Es imposible que supiéramos todos los dictámenes de todas las comisiones para tener un criterio uniforme. Cuando se presenta un dictamen, este dictamen
se presenta precisamente para que sobre ese dictamen exista discusión, no para que sea sometido precisamente solamente a aprobación. Se tiene que discutir, y para eso se nos presenta, no para que necesariamente sea aprobado.
La tesis que sostiene el licenciado Piña Olaya consiste en que una vez que participantes de un partido han firmado un dictamen, ya para qué, para qué discuten el dictamen, ya para qué se presenta. Entonces yo diría que cambiáramos todo el mecanismo, y bajo otro mecanismo simplemente cuando se apruebe un dictamen en la comisión, para qué pasa ya a tribuna, ya no tiene razón. Aquí es donde se discute, se aprueba o no se aprueba. Y yo puedo parar incluso en contra de una opinión de mi mismo partido. Esta es la tesis que no se puede aceptar.
Nosotros creemos que independientemente de las flores que echó el licenciado Piña Olaya, que se las agradecemos los miembros de nuestro partido, se las agradecemos, la tesis es falsa. Se debe de discutir lo que no se está de acuerdo. Y precisamente este derecho no se debe socavar. Por eso mismo, si se vuelve a presentar otra ponencia se tiene que discutir y se echa para abajo todo dictamen, pues que se eche para abajo. Si hay mayor razón, pues entonces la razón tiene que subsistir. No la mayoría del dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Mariano Piña Olaya.
El C. Mariano Piña Olaya: Señor Presidente; honorable Asamblea:
Con el propósito de apoyar la mención que aquí hice en relación con la intervención en tribuna del señor diputado Sánchez Pérez ruego a ustedes su paciencia, no más de tres minutos.
En la página 7 de lo que es la transcripción que realiza aquí el grupo que toma las intervenciones, dice textualmente: "La realidad social, señores, yo les podría decir, porque he sido testigo y he sido víctima de ellos, es que el ejército, a cambio de un Chichonal y a cambio de ir a ver una situación de emergencia por una inundaciones dedica permanentemente y en toda la república a violar las garantías individuales - esto dijo usted en este párrafo, continúa usted hablando- . Quién no nos puede decir que la garantía de libre tránsito está violada permanentemente, principalmente en aquellos lugares donde dice que se siembra la mariguana o que hay narcotráfico y que nos paran en cualquier sitio en la carretera, que hay retenes muchas veces ocultos y que se les ha disparado a los ciudadanos como yo lo he visto. Se les ha disparado porque no se hace un alto cuando no hay ningún aviso, simplemente porque se les antojó a los señores militares o como le ha sucedido a su servidor, de que ha tenido que frenar después de una curva cuando veo que le están apuntando para disparar un retén militar que no tiene previo aviso. Y que nos bajan en forma vejatoria a los familiares, no obstante que sean menores, que sean mujeres, que nos bajan mediante intimidaciones con el rifle y con palabras soeces, para hacer alguna inspección que dicen ellos de rutina. ¿No es cierto acaso lo que sucedió, por ejemplo, en el ejido Coacoyuc, que el ejército fue y sacó de sus domicilios a los campesinos y los asesinó posteriormente? ¿No es cierto que se han asesinado gentes por ejemplo de la costa o en Veracruz por parte del ejército, en aras de ese tipo de órdenes militares que reciben? ¿Me podría alguien decir que no es cierto lo que yo he visto, las marcas de los lazos en los cuellos de los campesinos que fueron colgados en el rancho de Anota hasta ya sentir asfixia para que se confesaran de que habían sembrado mariaguana o que eran proveedores de esa yerba? ¿No es cierto que han quemado, como lo he visto yo, todavía en los ranchos humeantes, todo un poblado para poderlos alejar de determinadas áreas? ¿No es cierto que esto se hace permanente y cotidianamente en la sierra de Nayarit y Sinaloa? ¿No es cierto que fueron acuchillados campesinos simplemente por decir que eran miembros de gavillas? ¿El hecho de ser delincuente no les da derecho a ser juzgados?", etcétera.
Señores, creo que este es un argumento parlamentario que era válido que yo trajera, a pesar de ser un argumento muy fresco en la mente de todos ustedes. Acepto nuevamente comentarios, las críticas, cuando éstas sean constructivas, para que nuestra Comisión funcione mejor, pero vendré, se los prometo, siempre a traer a ustedes argumentos que permitan ilustrar su criterio y con él tomar la mejor determinación.
Es todo, y solicito al señor Presidente que este asunto se pase a votación, si ustedes consideran que está suficientemente discutido. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el Artículo único del proyecto de Decreto.
El C. Rolando Cordera: Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Una vez desahogado este punto se le concederá el uso de la palabra al C. diputado Rolando Cordera.
El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de Decreto.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 210 votos en pro, una abstención y 61 votos en contra.
El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el Artículo único del proyecto de Decreto por 210 votos.
Aprobado el proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo.
El C. prosecretario Rafael Oceguera: Pasa a la Comisión de Corrección de Estilo, con fundamento en los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Rolando Cordera.
El C. Rolando Cordera Campos: Señor Presidente; H. Asamblea.
En primer lugar es probable que todo sea cuestión de interpretación, pero sí querría reiterar, señor Presidente, que yo pedí la palabra para referirme a unos hechos acaecidos en el curso de un debate. No concuerdo con quienes utilizan esta tribuna para hablar de lo que quieran, y creo entonces que debería habérseme concedido la palabra antes de someter a votación el proyecto de dictamen. Pero, de cualquier manera, a lo que me voy a referir trasciende desde luego el mero dictamen y, en consecuencia, no resulta tan trascendente, salvo para la técnica parlamentaria, lo que yo considero un error de procedimiento de su parte.
Creo que en una discusión serena o en un intercambio de opiniones tranquilo podríamos convenir en que en el debate parlamentario ocurren de manera permanente conclusiones desproporcionadas, generalizaciones que requerirían de un fundamento mayor, implicaciones exageradas y todo eso forma parte del debate parlamentario mismo, y es en el debate en el que estas implicaciones desproporcionadas o generalizaciones no sustentadas se van corrigiendo y quienes las hacen se van corrigiendo también y para eso estamos y para eso tratamos de ejercer, con el mayor rigor que está a nuestro alcance, la libertad de expresión.
Sin embargo, hay de implicaciones desproporcionadas a implicaciones desproporcionadas. Y nosotros tenemos ahora que rechazar tajantemente las implicaciones que muy pronto se convirtieron en aplicaciones, que el diputado Piña Olaya llevó a cabo con respecto a la intervención de nuestro compañero Sánchez Pérez.
Es cierto que el diputado Piña Olaya está en su derecho de sacar conclusiones e implicaciones que le vengan en gana, y nosotros también estamos en nuestro derecho para rechazarlo, pero no se trata solamente de eso, porque en este país, y aquí y ahora, no es lo mismo acusar a alguien de exagerado que indicar a alguien, como un individuo, no ya como un diputado, sino como un individuo que agravia a una institución que ejerce de manera regular, por así decirlo, o concreta de manera regular, el monopolio de la fuerza que tiene el Estado; eso no es solamente una exageración del debate, eso se ubica en el terreno de la persecución política y en el terreno que en la criminología política se ha dado en llamar de la caza de brujas.
Nosotros, repito, podríamos convenir en otro tipo de intercambio en que hay exageraciones, en que hay generalizaciones que tendrían que corregirse en este caso y en muchos otros, pero no podemos de ninguna manera aceptar que ese tipo de cuestiones se pongan por encima de un derecho elemental que nosotros vamos a luchar por que sea respetable aquí y que creemos que es obligación no de la oposición, sino de todos los ciudadanos y de todos los participantes en esta Cámara hacer respetar, que es el derecho a expresarse incluso exageradamente, y utilizar el verbo, el tono y la forma de argumentación de Piña Olaya, en nuestra opinión norma ese derecho, lo pone en jaque, lo pone en cuestión y nosotros llamamos la atención de esta Cámara con respecto a esa cuestión.
Entonces, no podemos dejar pasar una exageración de este tipo porque pone a quien lo hace, a quienes toman filas con él en un partido, pero también a quienes lo escuchamos, en el terreno de la intolerancia, en el terreno de la represión y en el terreno de la negación de los derechos más elementales. Y es por eso que nosotros defendemos el derecho de nuestro compañero Sánchez Pérez a ejercer con toda tranquilidad su libertad de expresión, sin estar temiendo que en cada momento le caiga un fiscal frustrado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Luis Garfias Magaña.
El C. Luis Garfias Magaña: Señor Presidente ; señoras y señores diputados:
Vengo, en nombre de los señores diputados militares y el mío propio, a presentar una enérgica condena a las palabras calumniosas, a las afirmaciones injuriosas que ha hecho un señor diputado.
En las Fuerzas Armadas, que es una institución formada por humanos, tenemos virtudes y tenemos defectos; posiblemente tengamos más lo primero que lo segundo; comentemos fallas, pero siempre tratamos de tener aciertos. No buscamos jamás el aplauso fácil.
Cada año mueren soldados, jefes, oficiales, en el cumplimiento de su deber, por eso, vuelvo a insistir, a nombre de la institución que represento, a nombre de mis compañeros, presento la más enérgica condenada a las palabras del señor diputado. Muchas gracias. (Aplausos.)
IRREGULARIDADES EN
CHIAUTEMPAN, TLAXCALA
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado David Lomelí.
El C. David Lomelí Contreras: Señor Presidente; compañeras compañeros diputados.
Trataré de abordar el punto que me ha encomendado mi partido, el partido Demócrata Mexicano, en corto y por derecho.
Aquí, en esta tribuna, se han denunciado ya los fraudes e irregularidades que se han registrado en la elecciones municipales de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. Esta denuncia ha sido turnada a la Comisión de Gestoría y Quejas.
Los ciudadanos de la citada población, por su parte, no han estado conformes con la actitud de los organismos calificadores de resultados, ni con la actitud tomada por las autoridades.
La ciudadanía Tlaxcalteca, de Santa Ana Chiautempan, se ha congregado, apoyada en el 9o constitucional, en forma pacífica, viril y permanente, frente al palacio municipal de Santa Ana Chiautempan, en lo que hoy se llama un "plantón" Plantón similar al llevado a efecto esta mañana frente a este recinto por miembros que militan en un partido con signo ideológico diferente al nuestro. Y que no se les ha molestado, ni que hay por qué molestarlos.
En nuestra patria las garantías individuales se viven a muy distintos niveles. Y donde impera el caciquismo y el mal gobierno, estas garantías son vulneradas. Tal parece que en Tlaxcala va a suceder lo mismo, pues el secretario general de gobierno, señor Carlos Hernández García, ha amenazado a los representantes de esa ciudadanía con desalojarlos, con disolverlos por la fuerza bruta, de manera violenta. Tal amenaza ha sido reiterada el día de hoy.
Los ciudadanos tlaxcaltecas no quieren renunciar a su derecho. Ese acto de violencia puede ser inminente esta tarde. Como la actitud de antirreforma política normalmente está acompañada de actos cavernarios y salvajes como el aquí denunciado la semana anterior, por un compañero diputado del Partido Socialista de los Trabajadores, el asesinato de uno de sus miembros en el Estado de Veracruz. Por eso presentamos ante esta soberanía esta denuncia, en su carácter de conciencia política, de conciencia moral de la nación. Allá y ahora, en Santa Ana Chiautempan los que aquí formamos minoría allá estamos al frente del pueblo que ahora son mayoría, pero mayoría inerme, que no tiene otra arma que esgrimir que su derecho. Los que ahora aquí son mayoría, ahora en Santa Ana Chiautempan son minoría y son los que amenazan.
El arma que esgrimen es el arma de la fuerza. Está por verse qué es lo que debe prevalecer ahí, si la fuerza del derecho o el derecho de la fuerza. Por eso estamos en esta tribuna para hacer responsable de los ilícitos que pueda cometer la fuerza bruta disfrazada de policía y que pudiera involucrar, manchando el honor del ejército, a miembros de nuestro instituto armado.
Por eso, repito, venimos a hacer responsable de lo que sucede en Santa Ana Chiautempan al gobernador de ese estado, a don Tulio Hernández. Muchas gracias.
REVOLUCIÓN SOCIALISTA
DE OCTUBRE DE 1917
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda.
El C. Sergio Quiroz Miranda: Compañeras y compañeros diputados. Hay un acontecimiento que, a juicio de nuestro partido, es necesario valorar desde esta tribuna y la trascendencia que en sí mismo encierra y también por las graves y difíciles circunstancias que se presentan a nivel internacional.
Cuando el maestro Vicente Lombardo Toledano examinaba el panorama internacional afirmó que la principal característica de la época actual es la de que en lugar de un solo mundo hay dos mundos: el capitalista y el socialista.
No hay, decía el maestro Lombardo, una sociedad basada en un solo régimen social como en el pasado, que comprende largos y largos siglos. En la actualidad dos sistemas de la producción económica han creado dos modos diferentes y opuestos de la vida social.
Esta nueva situación se viene dando en un proceso de crecimiento y ampliación permanente del campo socialista, pero también en la incapacidad, cada vez más notoria, del sistema capitalista para resolver los graves problemas de la sociedad.
El punto de arranque de esta nueva situación internacional lo constituye indudablemente la gran revolución socialista de octubre de 1917 y que constituye el acontecimiento de mayor significación en el siglo que nos ha tocado vivir, razón por la que los trabajadores del mundo festejaron jubilosamente su 65 aniversario.
El régimen capitalista y su forma de expansión, el imperialismo, hasta principios de nuestro siglo, había llevado a la humanidad a enfrentamientos y guerras devastadoras por el afán de anexarse territorios y apropiarse de las riquezas naturales de los países conquistados.
Estas guerras tenían entonces el carácter de inevitables, pues no había en el mundo ninguna fuerza capaz de frenar la acción destructiva de los países imperialistas, quienes utilizando la violencia se adueñaron de innumerables pueblos de Asia, África y América Latina.
En 1914 los países imperialistas conducen a la humanidad a la primera Guerra Mundial, guerra expansionista, de rapiña, de poderío en la que fueron sacrificados millones de hombres, mujeres y niños que no tenían una razón y menos un ideal por el cual combatían.
No hubo entonces una fuerza capaz de detener la masacre internacional que ocasionó la Primera Guerra Mundial.
Desde antes de la aparición del régimen capitalista, y en los primeros años de iniciado,
cuando los trabajadores empezaron a sufrir las tremendas consecuencias de la explotación del trabajo asalariado, sin derechos de ningún tipo, con agotadoras jornadas de hasta 12 y 14 horas, integrándose a la enorme masa de promiscuidad, miseria e insalubridad, ocasionadas por el naciente capitalismo, surgieron entonces pensadores que concibieron la idea de crear una sociedad en la que no existieran ricos ni pobres y en la que la tierra y los instrumentos de la producción perteneciesen a todos, pero sin señalar el camino para llegar a ese nuevo tipo de sociedad, pues desconocían las leyes del desarrollo social; eran los llamados socialistas utópicos.
El desarrollo del capitalismo llevó aparejada la profundización de las contradicciones internas e inherentes que éste engendra: la formación de un ejército de desempleados, la concentración del capital en un reducido grupo de monopolios, el creciente empobrecimiento de millones de asalariados y consecuentemente la agudización de la lucha de clases circunstancias que despertaron en la clase trabajadora un ferviente deseo de promover el cambio social, engendrando las primeras protestas de la misma.
En el marco de la profundización de estas contradicciones surge el pensamiento luminoso de Carlos Marx, quien apoyándose en la economía política inglesa, en la filosofía clásica alemana y el socialismo utópico francés, elabora científica y genialmente la doctrina filosófica de la clase obrera; el materialismo dialéctico e histórico.
El marxismo se convierte así en el arma ideológica y política del proletariado, en la tesis victoriosa que señala el rumbo certero hacia una nueva sociedad a la que se aspiraban los socialistas utópicos y la clase explotada del mundo.
Pero, no obstante poseer este invaluable instrumento que representa la doctrina marxista, en ninguna parte del mundo se había liquidado el régimen capitalista.
El estallamiento de la primera Guerra Mundial acarreó incontables calamidades a los pueblos de todos los países y agudizó la lucha de clases en éstos; la cadena del imperialismo que enlazaba a las principales potencias, se aflojo y en las condiciones de la guerra imperialista se dio la revolución socialista de octubre, que transformó radicalmente la antigua estructura capitalista y semifeudal de la Rusia zarista.
La Rusia zarista ocupaba el primer lugar entre todos los países del mundo por la extensión de su territorio, y el tercer puesto por el número de habitantes Poseía incalculables riquezas naturales; no obstante ello su pueblo se debatía en la más grande de las miserias; en 1913 la renta media anual por habitante era tres veces menor que en Alemania; 3.5 veces menor que en Francia, 4.5 menor veces que en Inglaterra y unas 7 veces menor que en los Estados Unidos.
Por la Producción de energía eléctrica Rusia figuraba en el último lugar en comparación con las grandes potencias capitalistas. A pesar de las enormes posibilidades seguía siendo un país agrario con una industria débilmente desarrollada.
Antes de la Revolución de Octubre, el pueblo ruso vivía en condiciones de atraso y miseria lacerantes.
La salud del pueblo no figuraba en las preocupaciones del régimen capitalista; en 1913 en los hospitales había una cama por cada 767 habitantes; en esa época la mortalidad entre la población en general era casi el doble que en países como Inglaterra, Francia y Alemania.
El atraso cultural no era de menor magnitud, en la Rusia zarista casi cuatro quintas partes de la población adulta no sabía leer ni escribir. Por cada mil habitantes había sólo 67 personas que estudiaban en uno u otro centro de instrucción.
La Revolución de Octubre ha permitido resolver de manera radical estos añejos problemas: en el renglón salud basta señalar que a la Unión Soviética, cuya población es apenas el 6% de la población mundial, le corresponde más de la tercera parte de todos los médicos del mundo.
El problema del analfabetismo no sólo se liquidó en los primeros años de la Revolución, sino que más del 80% de la población económicamente activa ha cursado la enseñanza media o superior.
La URSS es el país que cuenta con más técnicos y científicos del orbe, cerca de uno y medio millones de científicos, muchos de los cuales son doctores y candidatos al doctorado.
En 1913 la producción agrícola ocupaba el 51.4% de la producción económica nacional y sólo el 28% correspondía a la industria. Hasta la Revolución a Rusia le correspondía sólo el 4% de la producción industrial mundial.
La Revolución, que se produjo el 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre según el calendario juliano vigente entonces en Rusia), conocida como la Gran Revolución Socialista de Octubre no fue un simple cambio de poder político. Implicó una profundísima transformación económica y social que removió toda la vida del pueblo y afectó todos los aspectos de la realidad rusa. Al llevar a la clase obrera al poder la Revolución de Octubre emancipó a los trabajadores de la feroz explotación de que eran objetos en el régimen capitalista.
Los rasgos característicos del país transformado por la Revolución dan idea clara del alto grado de desarrollo de las Fuerzas productivas y del elevado nivel de vida del pueblo soviético.
En la actualidad la renta nacional de la Unión Soviética aumentó más de 65 veces en relación al nivel anterior al de la Revolución, hoy le corresponde a la URSS más de la quinta parte de la producción industrial mundial, el nivel de vida del pueblo ha aumentado considerablemente: los precios del alquiler de viviendas se mantienen invariables desde hace 50 años, los del pan y harinas no han variado desde hace
25 años, los de la leche, carne y azúcar son los mismos de 1962, lo mismo las del calzado y el vestido; se ha eliminado radicalmente la pobreza, el desempleo y el analfabetismo; cada dos años se construyen más viviendas que todas las construidas en el régimen zarista.
La Unión Soviética ocupa el primer lugar en la tecnificación de su producción agrícola, también en la producción de hierro colado, acero, petróleo, manganeso, cromo, carbón, cemento, tractores, locomotoras diesel y eléctricas, algodón, lino, abonos minerales y muchos productos más que cualquier otro país del mundo.
¿Que es lo que ha hecho posible, este extraordinario desarrollo de la nación y el pueblo soviético? Indudablemente que el poder del pueblo, dirigido por su partido marxista- leninista y la existencia de una verdadera democracia socialista.
Contrariamente a los juicios que expresan los enemigos del socialismo, resultado de su ubicación clasista, en la Unión soviética todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, raza o color, tienen ante sí las posibilidades reales de participar directamente en el manejo de los asuntos del Estado, a diferencia de la democracia burguesa tradicional, que proclama, sólo de manera formal la igualdad de derechos, la democracia socialista defiende con seguridad los intereses sociales e individuales de los trabajadores.
El fundador de nuestro partido, el maestro Vicente Lombardo Toledano, afirmó que ciertamente uno de los rasgos que caracterizan al socialismo es el desarrollo económico acelerado, pero no es el principal; al socialismo le interesa multiplicar los bienes materiales para que nadie carezca de ellos; pero su meta fundamental es el hombre. No el hambre del pasado, sino el hombre del presente y futuro. El hombre que teniendo satisfecho sus apremios biológicos, esté en posibilidad de dedicar gran parte de su tiempo al desarrollo de sus facultades, para que sea el mejor de los mejores en la actividad que libremente haya elegido.
La importancia de la gran Revolución de Octubre de 1917 no se circunscribe al mérito de haber convertido en realidad lo que hasta entonces era sólo una perspectiva; tampoco al extraordinario desarrollo del nivel de la vida de su pueblo.
La Revolución de Octubre abrió nuevas perspectivas para la humanidad entera destruyó la tesis fatalista y proimperialista del trostkismo, de que la existencia de un país socialista era imposible en la etapa actual.
Siguiendo el ejemplo del pueblo soviético, millones de trabajadores de diferentes países del mundo han construido, por diferentes vías, el nuevo régimen socialista y con ello han aumentado el campo del socialismo.
Actualmente más de 1500 millones de seres viven bajo el sistema socialista.
Todos los hombres y mujeres del mundo amantes de la paz, independientemente de su posición de clase, deben reconocer las grandes aportaciones que la Revolución de Octubre ha dado a la humanidad entera a través de la Unión Soviética.
¿Acaso hemos de olvidar o desconocer que el pueblo soviético aportó más de 20 millones de sus mejores hombres y mujeres en la lucha para derrocar al fascismo hitleriano?
Al respecto recordemos las palabras textuales que pronunciara Winston Churchill el 9 de noviembre de 1943 antes de la victoria sobre el nazismo:
"...Reconozco, dijo Churchill, con satisfacción, y lo proclamo, que el acontecimiento más notorio de este año ha sido el victorioso avance de los ejércitos rusos desde el Volga hasta el Oeste del Driéper..."
"...El monstruoso mecanismo nazi de poder y tiranía, ha sido batido, roto, vencido y desbordado por el valor, el mando y la ciencia de Rusia, y batido en una extensión que puede ser mortal..." (como lo fue).
"Pero no ha de olvidarse nunca - prosiguió Churchill- que no hay en todo el mundo, ni podría haber sido creado en varios años, organismo militar alguno que hubiese asestado los golpes asestados por Rusia, o sobrevivido a las pérdidas que ha padecido este país."
En este 65 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre la humanidad no puede olvidar la generosa aportación del pueblo soviético a la derrota del fascismo.
Por otra parte debemos reiterar el reconocimiento a lo realizado por la Unión Soviética en defensa de la paz. Sin lugar a dudas podemos afirmar que la lucha por la paz en el mundo la encabeza, desde su existencia como nación, la Unión Soviética. Al día siguiente de tomar el poder el proletariado ruso, dirigido por su inmortal guía, Vladimir Ilich Lenin, aprobó su histórico "Decreto sobre la Paz" como una expresión de la decisión inquebrantable del pueblo de poner fin a la guerra imperialismo. Aquí se manifestó y puso en práctica por primera vez la justa tesis de la coexistencia pacífica elaborada por Lenin, quien al respecto afirmó: "el desarme es el ideal del socialismo."
A cinco años del triunfo de la Revolución de Octubre, el joven Estado socialista hace su primer proposición sobre la reducción general de los armamentos y la prohibición de emplear sustancias venenosas como medida de guerra.
A esta propuesta la URSS ha presentado y puesto en práctica una innumerable serie de proposiciones y medidas efectivas para garantizar la paz e impedir el estallamiento de una tercera Guerra Mundial, que, a juicio de los científicos, de todo el mundo sería la última.
Frente a la política de la guerra fría, del peligroso crecimiento e impulso a la tensión internacional y la desorbitada carrera armamentista y actos promovidos por el imperialismo norteamericano, la Unión Soviética ha opuesto tercamente la tesis de la coexistencia pacífica para resolver las controversias y normar las relaciones entre Estados con distinto régimen social.
AÑO I. T. I. NO 38 CÁMARA DE DIPUTADOS NOVIEMBRE 9, 1982
De los casi 20 convenios internacionales que se han concertado para frenar la carrera armamentista la totalidad de ellos han partido de la Unión Soviética.
Al clausurarse la segunda sesión especial de la Asamblea General de la ONU para el desarme, haciendo patente su vocación de paz, buena voluntad y alta responsabilidad por los destinos de los pueblos, la Unión Soviética dio un paso sin precedentes. En orden unilateral se comprometió a no ser la primera potencia en el uso del arma nuclear.
Estos hechos, compañeros diputados, demuestran que el socialismo es adicto a la paz por su propia naturaleza. Para un Estado Socialista una política de paz es tan natural y necesaria como para un hombre respirar. Recordemos que la guerra resulta lucrativa sólo para los monopolios bélicos, existentes en los países capitalistas; en el campo socialista no hay un solo sector que pueda favorecerse con el armamentismo y la guerra.
Por ello, afirmamos que la humanidad, y ante todo la clase trabajadora, tiene una gran deuda con la Revolución de Octubre, y lo menos que podemos hacer los mexicanos del sector progresista, democrático y antiimperialista es dar nuestro reconocimiento a estas magnas aportaciones para garantizar la continuidad del género humano, haciendo a un lado mezquinas posiciones que nos impiden examinar la realidad objetivamente.
En la Unión Soviética se ha organizado un ejército poderoso dotado de las armas más eficaces, porque mientras subsista el imperialismo, el mundo puede ser objeto de un ataque peligroso, para garantizar la defensa de sus logros internos.
La Unión Soviética es un país poderoso económica y militarmente, pero a diferencia de los países imperialistas este poderío es el resultado de su organización social, del trabajo de su pueblo; como afirmaba el maestro Lombardo, la URSS no posee colonias ni territorios en fideicomiso, ni realiza inversiones en el extranjero para crear negocios, dirigirlos y obtener ganancias
No tiene rivalidades con otros países por el dominio de los pueblos atrasados ni participa en las peleas de los países capitalistas por los mercados productores de materias primas, de mano de obra barata y de consumidores de productos industriales. Tampoco se conciben en su seno empresas particulares dedicadas a la producción militar.
Pero la tenaz e incansable lucha de la Unión Soviética por la paz no debe interpretarse como una muestra de debilidad; es precisamente la fortaleza del campo socialista lo que garantiza la paz de la que hoy disfrutamos y que el imperialismo pone en constante peligro.
Hace apenas dos días, durante la celebración del 65 aniversario de la Gran Revolución de Octubre el presidente de la Unión Soviética, Leónidas Breshnev afirmó:
"Quisiera subrayar que la esencia de nuestra política reside en el amor a la paz y en la sincera aspiración a la cooperación mutua y en pie de igualdad con todos los que deseen..."
"Es tradición de nuestro partido y de nuestro pueblo no retroceder ante las dificultades."
"Hacemos todo lo necesario para que los aficionados a las aventuras bélicas jamás sorprendan al país soviético y para que el agresor en potencia sepa que le espera, inevitablemente un golpe de repuesta demoledor. Nuestro poderío y vigilancia enfriarán, yo creo, las cabezas demasiado calenturientas de algunos políticos imperialistas..."
La Revolución Socialista de Octubre ha demostrado que el socialismo es el único régimen donde la libertad verdadera florece; que es un sistema político que ha concluido para siempre con la enajenación del hombre al convertir su trabajo en alegría.
Como señalara certeramente el maestro Vicente Lombardo Toledano, lo que se halla ante nosotros es un nuevo humanismo, esta es la perspectiva luminosa de la sociedad.
En el 65 aniversario de la Gran Revolución de Octubre la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista saluda las importantes conquistas económicas del más grande país de los trabajadores, que sirven para elevar constantemente en nivel de vida de su pueblo y para garantizar una paz justa y duradera.
AMNISTÍA Y DERECHOS POLÍTICOS
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Victor González Rodríguez.
El C. Victor González Rodríguez: Compañeros diputados. vengo a hacer una propuesta sobre amnistía y sobre los derechos políticos del pueblo mexicano; sin embargo, me veo obligando a dar una opinión sobre el desarrollo de los debates, de una manera seria y responsable.
Discrepo de la idea que sobre la conducción de los debates aquí han dado los diputados del PRI que se refirieron al tema, porque la cuestión no es que los diputados podamos comprender una discusión caótica, sino entender que aquí somos o pretendemos ser tribuna popular, y eso implica, en primer lugar, honestidad y seriedad. Suplico a la Asamblea me preste atención, y a los señores periodistas que después de haber ordenado el desorden, le hagan un pequeño eco al tema que voy a exponer, porque además tiene estrecha relación con lo que se ha discutido, en especial con el dictamen debatido.
En los últimos años se han venido suscitando toda una serie de hechos que hablan por sí solos de profundas injusticias que privan en el país; encarcelamientos, desapariciones, rompimientos de huelgas, asesinatos de dirigentes políticos, desalojos violentos de colonos, todo por el hecho de desarrollar actividades políticas que la misma Constitución legitima, o simplemente exigir reivindicaciones económicas o sindicales.
Desde luego, esta situación no es igual a las dictaduras militares de América Latina, como Argentina, Uruguay, Haití, El Salvador, Chile, etcétera, donde los asesinatos políticos se cuentan por miles, y donde los estados de sitio aterrorizan a la población, y donde, como en Guatemala, miles y miles de personas inocentes tienen que abandonar su país diariamente para conservar sus vidas.
En México, sin embargo, la represión tiene sus características específicas que no por ello dejan de tener su propio grado de dureza.
Tan sólo el día 4 de Noviembre la fracción parlamentaria del PST denunció aquí el asesinato alevoso de un diputado local en el estado de Veracruz, y esta Cámara se pronunció en pleno condenando tan criminal atentado.
Las fuerzas progresistas y democráticas que en México luchamos consecuentemente por las libertades políticas; no podemos pasar por desapercibida la situación de represión que en muchos lugares del país existe y que lejos de desaparecer tiende a ampliarse de manera bastante grave.
Estamos convencidos de que la última causa de la represión es la existencia de profundas desigualdades sociales, de un injusto sistema social que constantemente reproduce los métodos de coerción y control para acallar las nobles y legítimas demandas de una población deseosa de democracia, pan y libertad.
Sin embargo, por estar convencidos también de que en México es imprescindible un rumbo realmente democrático es que hoy vemos realmente necesario que se ponga un alto a esta serie de violaciones a las garantías constitucionales. Las sangrientas jornadas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 constituyen un cuestionamiento viril a un régimen dictatorial, despótico; constituyen también la referencia histórica más inmediata y a la vez la prueba inobjetable de la situación de injusticia que priva en México.
En la década de los setentas, dos brotes de inconformidad aparecen en la vida nacional. Nos referimos, por un lado, al surgimiento de un genuino y representante movimiento de masas obreras que fue la Tendencia Democrática del SUTERM y, por el otro, al surgimiento de un movimiento guerrillero que, ante la cerrazón y la violencia oficial, constituyó la respuesta desesperada por cambiar las cosas.
En el caso de movimiento democrático de la Tendencia Democrática la represión también estuvo presente. las fuerzas represivas también en el caso del movimiento guerrillero se pertrecharon en todos los aspectos y aniquilaron prácticamente a los principales núcleos guerrilleros; las cárceles y cementerios se llenaron con cientos de aquellos activistas y con no pocas personas totalmente, inocentes. A partir de estos últimos hechos, la represión ha tenido nuevas características, la aparición de grupos especiales de represión, el Batallón Olimpia en 1968, los Halcones en el 10 de junio de 1971, la Brigada Blanca, grupo especial antiguerrillas, el cuerpo de granaderos especializado en represiones masivas y últimamente en el campo vuelven a resurgir los viejos grupos denominados guardias blancas.
Actualmente algunos de estos grupos paramilitares, oficialmente declarados como inexistentes, no son controlados por ninguna institución, mucho menos por la Cámara de Diputados, y cuya presencia es evidente que aumenta la peligrosidad para la población.
La desaparición política es otro método moderno de represión, cuya finalidad es aterrorizar sicológicamente a la población y aparentar una situación de impunidad, supuesto que los grupos especiales de represión son aparentes grupos paramilitares.
Para demostrar la crudeza de la represión en México podríamos hacer un recuento de todos los hechos, y estamos seguros de que la lista sería larguísima. Por ello nos basta citar los hechos más ilustrativos. En 1974 se da el rompimiento de la huelga de la General Electric; en 1975 la huelga de Spicer es rota por granaderos; de 1980 a 1982 se han dado rompimientos y despidos masivos en Acermex y Carabela, Traimobile, Vidriera y Alumex, y se han requisado en varias ocasiones las huelgas de Teléfonos de México.
El último caso grave fue el rompimiento de la huelga de los trabajadores de Refrescos Pascual y el asesinato de dos huelguistas.
Se han asesinado a dirigentes sindicales como Misael Núñez Acosta, del CNTE; Arturo Cervantes, de Acermex; Arnulfo Córdova, dirigente sindical de la Kimberly Clark en Querétaro, y en cuanto a despidos políticos en esta tribuna se han hecho importantes denuncias que son ilustrativas al respecto.
Otro aspecto de la represión urbana es aquel que consiste en reprimir específicamente a los movimientos populares organizados. Son numerosos los casos de desalojos violentos que ejercitan las autoridades; éstos se convierten en verdaderos saqueos e incendios de colonias enteras. Tal aconteció en tres casos: el desalojo de los colonos en Iztacalco, los ataques que se han hecho constantemente a los colonos en Monterrey de Tierra y Libertad y por último el caso por demás dramático de 125 mil colonos que han sido desalojados de las partes altas de la bahía de Acapulco.
En el campo 100 campesinos de la CNPA, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, han sido asesinados desde 1965; más de 100 han pasado por la cárcel y 12 están desaparecidos.
Otro caso de represión lo tenemos en el asedio constante a ayuntamientos democráticos como el de Juchitán y el de Magdalena Ocotlán, ambos de Oaxaca, donde en el primero han sido asesinados cuatro juchitecos y en el segundo, hace un mes solamente, mataron a dos compañeros militantes del PSUM.
También recordamos la denuncia que presentáramos en esta Cámara con relación al asesinato de campesinos en el municipio de Coacuyu, estado de Guerrero.
Queremos resaltar un hecho por demás injusto, que es el siguiente también: existen dos presos políticos, el compañero ingeniero Elías
Orozco Salazar y el doctor Miguel Torres Enríquez, que tienen más de nueve años de cárcel y fueron amnistiados por el Gobierno Federal. Sin embargo, el gobierno de Nuevo León, en unión con los oligarcas del Grupo Monterrey, se obstinan en mantenerlos en prisión. Como consecuencia de esta situación ha surgido en México una importante instancia de denuncia y foro de defensa de los reprimidos políticos, que es el Comité de Familiares de los Presos Perseguidos y Desaparecidos Políticos. Este comité hoy lucha principalmente por la presentación de más de 500 desaparecidos que se ha comprobado existen en prisiones semioficiales y en otras cárceles clandestinas.
El Grupo Parlamentario del PSUM se solidariza totalmente con las demandas de este comité, que por cierto lleva más de 20 días en plantón en la catedral del zócalo, exigiendo al gobierno dé cumplimiento a la promesa de presentar a los desaparecidos, presos y perseguidos.
Partiendo de esta exposición de motivos solicitamos que la Cámara de Diputados del Congreso General se pronuncie en torno a las siguientes propuestas:
a) El cumplimiento total de la amnistía decretada en 1978, y que ha venido aplicándose de manera parcial, y la presentación inmediata de todos los desaparecidos políticos. Amnistía también para los perseguidos políticos y excarcelación inmediata de los presos.
b) La inmediata disolución de los grupos anticonstitucionales, como son todos los grupos paramilitares oficiales o clandestinos. El cuerpo de granaderos, el Barapem y las guardias blancas. Muchas gracias.
El C. Presidente: Pregunte la secretaría si alguien desea hacer uso de la palabra en pro o en contra.
El C. secretario Everardo Gámiz: Señor Presidente, parece que se han agotado el registro de oradores y los asuntos en cartera.
El C. Presidente: Se ruega a la secretaría pregunte a la Asamblea si se pronuncian en pro o en contra de la proposición del C. diputado Víctor Rodríguez.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la presidencia, la secretaría consulta a la Asamblea si es de aprobarse o desecharse la propuesta hecha por el compañero diputado del Partido Socialista Unificado de México.
Los que estén por la afirmativa. los que estén por la negativa... Desechada, señor Presidente.
RENUNCIA DEL DIPUTADO ALVAREZ
A LA COMISIÓN ESPECIAL
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Francisco Alvarez.
El C. Francisco Alvarez de la Fuente: Señor Presidente; compañeros diputados
El señor Presidente de la República, don José López Portillo, el día 1o. de septiembre al rendir su sexto y último informe de gobierno, al tratar sobre los mexicanos que sacaron dólares del país para pagar inmuebles adquiridos en el extranjero, dijo: "El Ejecutivo a mi cargo dispone de muestreos generales y datos, listas iniciales de lo que significan esas operaciones. Las pongo a disposición de esta soberanía y propongo se integre una comisión que los estudie y concluya soluciones".
Poco podemos hacer en lo que se refiere a los depósitos de mexicanos en los bancos extranjeros. Además, dijo, sería un gesto hermoso el que tanto ellos, los que depositaron dinero en los bancos extranjeros, como los adquirientes de inmuebles, se solidarizan con su nación. Se que es difícil que esto suceda. Por lo que tendremos que acudir a medidas posiblemente fiscales.
Y posteriormente expresó: "A los desnacionalizados démosle un mes, septiembre el mes de la patria, para que mediten y resuelvan sobre su lealtad, después actuaremos nosotros".
De todo esto que les he leído, y que son palabras textuales del Presidente de México, se desprende los siguiente: efectivamente, don José López Portillo envió primeramente un muestreo de 79 nombres de personas, al parecer mexicanos que habían adquirido inmuebles en algunos condados de los Estados de Norteamérica, pero la forma de adquisición de esos inmuebles en el mismo muestreo, había sido a plazos y en un tiempo de pago de 30 años.
Asimismo, del muestreo enviado por el licenciado López Portillo de desprende que el 97% de las adquisiciones que se hacen que en los Estados Unidos es a plazos y también a 30 años y que sólo el 3% es de contado.
Posteriormente, el mismo Presidente de la República nos entregó a la Comisión Especial nueve cajas, que contenían el Registro Público de la Propiedad de 14 condados de diversos estados de la Unión Americana. Pero se da el caso que en esas cajas que contenían el Registro Público de la Propiedad había dentro de ellas libros tan voluminosos, así como completos, que ahí aparecen nombres que supuestamente son de norteamericanos, cubanos, portorriqueños, tal vez mexicanos o chicanos, o de cualquiera otra nacionalidad, que se eleva a millones. Y decimos que supuestamente son de esas nacionalidades porque en esos volúmenes del Registro Público de la Propiedad que tenemos no se menciona ni parece importar la nacionalidad del adquiriente, ni el domicilio de los mismos, salvo el caso de que algunos dan como domicilio la ciudad de México o algunas otras ciudades de la República Mexicana. Pero no son del todo confiables, pues en algunos casos son de inmobiliarias, corporaciones, sociedades anónimas o compañías, en donde difícilmente puede dar uno con los verdaderos adquirientes, porque si utilizaron esos medios fue con la finalidad de ocultar su identidad.
También nos topamos con otros obstáculos, ya que en los Estados Unidos se acostumbra anotar un solo nombre con un solo apellido, que puede ser el paterno o el materno, o indicar con una inicial el primer apellido, por lo que se hace casi imposible identificar plenamente a los adquirentes.
Por otro lado, como lo dijo a manera de recomendación el propio licenciado José López Portillo, existe el problema de la homnominia, dado que en los Estados Unidos existen muchos nombres y apellidos latinos, los cuales se repiten innumerables veces, y los nombres de apellidos que más se repiten son los siguientes, entre otros, Pérez, López, Ramírez, Gómez, Rodríguez, Sánchez, etcétera; los nombres, Pedro, Juan, José, Francisco, Manuel, Carlos etcétera.
Por todo lo anterior, el PDM, al acudir a esta Comisión Especial, lo hizo con la única finalidad de participar en esa tarea de la que se creía se iban a obtener resultados positivos, pero como existe el consenso general de que al adquirir bienes inmuebles en el extranjero, los mexicanos lo hacían dentro de la libertad que existía; hasta entonces no cometieron ningún delito, aunque sí pudiera ser un acto de desconfianza hacia el régimen, o un acto poco recomendable, dado que si son mexicanos deberían de haber invertido en México y no en otro país. Sí debería haber una pena de tipo moral, sobre todo, o de tipo punitivo, sobre todo, para aquellos mexicanos que, valiéndose de su cargo político administrativo, en el gobierno federal o estatal, sacaron dinero que no les pertenecía, pero como hasta la fecha ha transcurrido con exceso el mes de la patria que el presidente López Portillo les dio de gracia a los desnacionalizados, y no ha habido ninguna acción al respecto, y no porque no se haya querido por parte de la Comisión, la cual ha trabajado y puesto lo que estaba de su parte, sino porque en los registros es casi imposible identificar a aquellos que en su último informe el Presidente llamó "desnacionalizados". Y decimos que es casi imposible porque aun técnicos en computación así lo han expresado.
Ahora bien, decimos es casi imposible, no imposible a secas, porque puede existir alguna posibilidad, pero la misma no está al alcance del presupuesto de este H. Congreso, que no tiene ni los elementos técnicos ni logísticos y, en caso de que hiciera la investigación en forma ardua, lenta y completa, ser a a cargo del Ejecutivo con el disfraz del Congreso.
Por otra parte, la mayoría de la comisión no ha definido cuáles criterios se seguirán, ni de tipo político ni técnico, para seguir la investigación; además, no se ha llegado a ninguna conclusión de lo que se haría con esa lista de nombres, en el supuesto caso de que se lograra. Y en virtud de que en el pueblo hay expectación por conocer los resultados de esa investigación, y la misma no se puede realizar, se está aumentando la desconfianza que el pueblo tiene del gobierno y de paso también va a perder la de sus representantes auténticamente populares, como lo son el caso de los partidos políticos de auténtica oposición y de los independientes, como es el caso del Demócrata Mexicano. Y, además, se está creando con esto de los llamados sacadólares una cortina de humo para desviar la atención del pueblo de otros problemas nacionales más urgentes de solución. Y como nosotros, los diputados demócratas, no estamos dispuestos a seguir con esta farsa ni defraudar al pueblo, que con su voto nos trajo a esta Cámara de Diputados, hemos decidido renunciar a esta comisión especial, y cuando existan las condiciones especiales y los elementos técnicos, así como la política para llegar a la verdad que el pueblo quiere, estaremos en la mejor disposición de reiterarnos a esa comisión para lograr objetivos precisos.
Por todo lo anterior, al bajar de esta tribuna, al terminar mi exposición, entregaré por escrito mi renuncia al presidente de la Comisión Especial, diputado Leopoldino Ortiz Santos, decisión a la que hemos llegado por considerar que de esta manera estamos sirviendo mejor al pueblo de México.
Además, para concretar mi intervención en tribuna, en este momento le entrego al señor secretario una proposición, que pido sea leída con autorización del señor Presidente.
El C. diputado Everardo Gámiz: H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En virtud de que esta Cámara de Diputados carece de los elementos técnicos y económicos para realizar la investigación pedida por el C. Presidente de la República Mexicana y acordada por este cuerpo colegiado en relación con la exportación de dólares por parte de mexicanos, popularmente llamados los sacadólares, y para lo cual se formó una comisión especial, y en virtud de que esta Cámara no puede ser responsable de los que no pueda responsabilizarse, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, hago las siguientes proposiciones:
Primera. Que esta Cámara decida suspender, por sí a través de la Comisión que se nombró al efecto, la investigación sobre la exportación de dólares por parte de los ciudadanos mexicanos efectuada antes del 1o. de septiembre de 1982 hasta que cuente con los elementos técnicos, económicos y logísticos suficientes para poder efectuarla y/o a mayor información por parte del Ejecutivo.
Segunda. Que las listas de exportadores de dólares y padrones de la propiedad y demás documentos que obran en poder de la Comisión Especial de esta Cámara así como los resultados de las investigaciones que se han realizado al respecto, queden como un banco de datos que pueda ser consultado e investigado por cualquier ciudadano que manifieste interés en hacerlo.
México, D. F., a 9 de noviembre de 1982. Por la Fracción Parlamentaria Demócrata, licenciado diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente. Gracias.
Ya para concluir quiero pedir a todos los miembros de esta Cámara de Diputados que en este momento se desprendan de todo tipo de
partidismo y veamos el bien de México. El Partido Demócrata Mexicano se retira en este momento pero, como dejamos apuntado, en el momento que se den las condiciones necesarias, que se de la voluntad política y las condiciones técnicas y económicas, el Partido Demócrata Mexicano regresará a formar parte de esa Comisión para lograr resultados concretos. Gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tome nota la secretaría de la renuncia presentada por el ciudadano diputado Francisco Alvarez de la Fuente y consulte a la Asamblea, de acuerdo con la fracción segunda del Artículo 58, si alguien desea hacer uso de la palabra en pro o en contra.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado David Orozco.
El C. David Orozco Romo: Señor Presidente; compañeros diputados.
Parto de la existencia de un reglamento que en las proposiciones primero se habla en pro y luego en contra, y que a quien propone le impide desarrollar dialécticamente sus argumentaciones frente a un contra como en las iniciativas.
Esto será objeto de la Comisión de Reglamento para que tome en cuenta, pero ante la realidad uno tiene que anticiparse a los posibles argumentos. Los argumentos a favor de la proposición los hizo el diputado Alvarez, con claridad, con seriedad y con técnica.
Estamos frente a una investigación que no se puede realizar. Si alguien se responsabiliza de algo que no va a poder cumplir, hace mal en responsabilizarse y en comprometerse.
No lo hizo mal el Congreso cuando acordó realizar la investigación; no conocía los elementos con que contaba. Ahora sí, ahora sí cuenta con esos elementos para hacer un juicio, y cualquiera, con sentido común, conociéndolo estará, de acuerdo con esta imposibilidad.
Me adelanto a los posibles argumentos. No se si los vaya a decir el diputado Leopoldino Ortiz Santos y quede en ridículo, puede alegar, posiblemente, que esto debería haber sido objeto de la Comisión y que el Partido Demócrata está comiendo vísperas, adelantándose a los resultados de la Comisión, a sus propios fundamentos, a los que ellos expresen y que se le dio oportunidad al representante del Partido Demócrata de opinar, de presentar sus sugerencias, etcétera, de la tónica que se ha usado en este Congreso.
No cuestionamos a la Comisión, no cuestionamos al presidente de la misma, no negamos que se nos dio oportunidad, precisamente por esa oportunidad de conocer vemos la imposibilidad material de que realice en términos decorosos esa investigación. Y adelantamos vísperas porque frente a la futilidad del esfuerzo, frente a los señalamientos de la opinión pública, el Congreso tiene que ser congruente con su propia función, con su propia naturaleza y con sus propios recursos. Y entonces, antes de que se pronuncie la Comisión, que no sabemos cuándo se va pronunciar al respecto, hacemos este señalamiento de tipo político, sí, pero técnico también, porque no puede hacerse en las actuales circunstancias.
No hay ataques a personas, hay la obstrucción de una imposibilidad actual y el impedimento de que se actúe lógicamente con la independencia que tiene el Congreso. Esas son nuestras razones, ya las expuso el diputado Alvarez, ustedes pondérenlas y voten en conciencia. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Leopoldino Ortiz.
El C. Leopoldino Ortiz Santos: Compañeras y compañeros diputados. En relación con la renuncia del compañero y amigo, diputado del PDM, Francisco Alvarez de la Fuente, los motivos que la impulsaron, la solicitud que presenta para que se suspendan los trabajos de la Comisión que me honro en presidir, y las palabras del también compañero y amigo, licenciado David Orozco, en primer lugar, quiero agradecerles la forma mesurada, caballerosa y correcta en que hicieron mención de los miembros de la Comisión y del mío propio; muchas gracias, les corresponderé de la misma manera.
Es cierto que hemos tenido graves dificultades técnicas para el desarrollo de la Comisión; el diputado Alvarez no ha sido testigo solamente, sino que ha sido partícipe importante dentro de los trabajos de esta Comisión.
El día 21 de septiembre pasado se constituyó este grupo de trabajo, se integró con representantes de los seis partidos políticos; la propuesta de la Gran Comisión, presentada ante la soberanía de esta Asamblea, fue aprobada por unanimidad; quizá en ese momento no sabíamos la gravedad del problema, la trascendencia que pudiera tener y la dificultad técnica para llegar a resultados concretos. Sin embargo, acogimos con entusiasmo nuestra responsabilidad, nos reunimos en forma interna los diputados de los seis partidos políticos aquí representados; tuvimos intercambio de ideas, pláticas y proposiciones. El día 24 de septiembre tuvimos una reunión conjunta con la Comisión Especial de la Cámara de Senadores. Me voy a permitir darle lectura a los acuerdos que tomamos en esa ocasión.
Primero. Que se iniciarían los trabajos hasta el día primero de octubre, fecha en que se vencía el mes de plazo que había señalado el C. Presidente de la República en su último informe ante este Congreso para que se reintegraran al país que fueran recicladas las cantidades de dólares que habían salido para la compra de bienes inmuebles.
Segundo. Que nos entrevistaríamos con los ciudadanos Procurador General de la República, secretarios de Hacienda y Crédito Público,
de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto, así como el Director del Banco de México, para mostrarles la documentación recibida, tener pláticas con ellos y escuchar sus opiniones y puntos de vista respecto al problema.
Tercero. Formular las conclusiones correspondientes en relación con las inversiones de mexicanos en inmuebles en el extranjero durante los años de 1979 a agosto de 1982. Y por último presentar un proyecto de reformas a las disposiciones legales existentes, o el proyecto de una nueva ley que reglamentara las inversiones de los mexicanos en el extranjero, así como la imposición de un tributo de carácter fiscal para gravar dichas inversiones y, en caso de contravención a la reglamentación correspondiente, la posible tipificación de alguna figura delictiva.
Después de ese acuerdo y en cumplimiento del segundo punto del mismo, nos entrevistamos con los cinco funcionarios que les he señalado; todos ellos nos dieron sus puntos de vista; reiteraron lo que ya sabíamos nosotros, que los compatriotas que hicieron inversiones en bienes raíces en el extranjero estaban haciendo uso de su derecho, de la libertad de que disponían para ello, no estaban cometiendo, no tan sólo ningún acto delictuoso, sino ni tan siquiera una falta administrativa. Ello, que en forma individual podría resultar completamente inocuo para el país, cuantitativamente nos llevó a resultados desastrosos que ustedes conocen. No les voy a cansar con cifras, tenemos aquí elementos para que lo sepan, pero en términos generales les diré que según los muestreos de que hemos dispuesto se adeudan poco más de 24 mil millones de dólares para pagar las propiedades adquiridas en el extranjero, ya que el 97% de las mismas fueron adquiridas a un largo plazo de 30 años; sólo el 3% fueron compradas de contado, o aun cuando no hubieran sido compradas de contado, ya ha sido cubierto su precio.
Ahora bien, como lo dijo el diputado Alvarez de la Fuente, posteriormente de recibir la documentación inicial que, como él lo señalo, constaba únicamente de 77 adquirentes, posiblemente del condado de San Diego, el señor Presidente de la República nos citó a Los Pinos, fuimos los integrantes de la Comisión en pleno a recibir los documentos, y efectivamente son nueve cajas con copias de registros públicos de la propiedad, que tienen las dificultades técnicas que señalo Francisco Javier. Hay muchos nombres latinos que pueden ser cubanos, puertorriqueños, mexicanos o americanos; todos nosotros sabemos que en los estados vecinos de Estados Unidos, en Texas, California, pues quizá el 50 o 60% de las personas tienen apellidos de origen español.
Y también es cierto que no tienen los dos apellidos, y la nacionalidad solamente se deriva a través del domicilio del comprador, que en el caso de que lo hubieran querido evitar, si lo hacían de mala fe, lo cual me resisto a creer, hubieran puesto un domicilio en el extranjero, y quizá haya habido algunos que pensando en algún posible problema lo hayan hecho a través de inmobiliarias.
Los elementos que tenemos quizá no sean suficientes para resolver el problema de una manera integral; pero, compañeros diputados, tenemos una responsabilidad. La opinión pública está esperando el resultado de nuestra investigación. Tenemos en este momento a 35 auxiliares que están examinando esta documentación para ver qué resultado podemos obtener de ella.
El día de hoy, a las siete de la noche, tenemos una reunión la comisión conjunta, yo creo que lo que vino a manifestar aquí el compañero Alvarez de la Fuente, como también lo dijo el diputado Orozco, pues tenemos que decir eso efectivamente, si es miembro de una comisión le vamos a permitir que cada uno de los miembros de la Comisión se presente aquí a opinar qué debe hacerse dentro de la misma, pues creo que nos estamos saliendo un poco del huacal, no estamos haciendo las cosas como deben hacerse; las comisiones son grupos de trabajo auxiliares de la labor de esta Cámara, creo que dentro de la misma, como todos ustedes, miembros de la Comisión de los diversos partidos, lo saben y podrán manifestárselos a todos los integrantes de esta Cámara, han tenido absoluta libertad para conocer los documentos y para nombrar inclusive auxiliares técnicos para que vean los documentos que tenemos y vean qué resultados podemos tener.
Tenemos que ser muy cuidadosos; el país está en problemas, estamos viviendo una crisis económica muy difícil por causas externas e internas, creo que no es el momento de ponernos a tratar de exhibir a todos los mexicanos que pueden haber adquirido bienes inmuebles en el extranjero; no podemos considerar que todos hayan tenido las mismas intenciones, puede ser que hayan algunas personas que con afán especulativo o de protección de sus ganancias obtenidas lícitamente en el país, en cuyo caso no hay nada que perseguir, si fuera ilícito sería un delito no la inversión en el extranjero, sino indirectamente la forma en que adquirieron el dinero para adquirirlas.
Les decía que no podemos tratar de la misma manera a las personas que por afán especulativo o financiero hicieron inversiones fuertes, con nuestros compatriotas que nacieron en la frontera, en los estados de Nuevo León, Sonora Tamaulipas, Baja California, que allí nacieron y allí han vivido toda su vida y ellos, por la cercanía con el poderoso país del Norte con los estados vecinos cruzaban la frontera y se sentían como si estuvieran en su propio país, como los americanos hacia acá.
El C. Rolando Cordera Campos: Señor Presidente, ¿podría usted preguntarle al orador si puedo hacerle una pregunta con fundamento en el 104?
El C. Presidente: ¿Admite el orador la interpelación?
El C. Ortiz Santos: Sí, señor Presidente.
El C. Rolando Cordera: ¿Tendría yo que entender por lo que he escuchado en los últimos dos o tres minutos, que está usted adelantando conclusiones de la Comisión?
El C. Leopoldino Ortiz Santos: No, señor; de ninguna manera, nosotros, precisamente, creo que lo que debemos hacer, y pienso que en la reunión de hoy en la noche lo hagamos, presentar algún proyecto de solución a este problema; ver qué es lo que vamos a hacer. Quizá la propuesta que hizo aquí el compañero Alvarez sea una de las opciones que podamos tomar.
Nosotros, dentro de la Comisión, lo que resuelva ésta mayoritariamente, lo presentaremos ante ustedes para que ustedes resuelvan si aprueban el proyecto de solución que nosotros veremos.
¿Esta correcto, señor diputado?
Les decía que necesitaríamos analizar en forma individual cada una de las inversiones, individual y global para ver las medidas a que podríamos llegar para proponerlas ante ustedes.
Lamentamos que el compañero se retire de la Comisión. Yo le pediría que nos acompañe a la reunión de hoy a las siete y veamos que podemos resolver respecto a la problemática planteada.
Sabemos de la gravedad del asunto; no podemos tomar medidas precipitadas. Hoy vamos a tener un informe de los técnicos que están auxiliándonos, y yo, como miembro de la Comisión, les ofrezco que a la brevedad posible les presentaremos las soluciones a que hayamos llegado.
Creo que todos ustedes tienen la inquietud por las labores de esta Comisión, y todos tienen sus puntos de vista. No quiero terminar estas palabras sin hacer una especial mención a un compañero diputado del PPS que no forma parte de la Comisión, pero que, sin embargo, el día de ayer publicó un interesante, bien fundado y equilibrado estudio en un artículo periodístico en el diario EL Día que tituló "Los avatares de la Comisión Especial". Estoy hablando del diputado Héctor Ramírez Cuéllar. Permítaseme felicitarlo por su trabajo.
Compañeras y compañeros, es todo lo que tengo que decirles, les agradezco la paciencia de su atención y espero que juzguen con benevolencia mis palabras y en su momento estén de acuerdo con la solución que nosotros les propongamos.
Se me olvida decir que uno de los puntos que más nos interesan es el último del Acuerdo que les leí, en eso ya estamos trabajando. Queremos reglamentar, a través de alguna reforma fiscal, a las leyes existentes o la creación de alguna nueva disposición legal para que se reglamente la inversión de mexicanos en el extranjero. Que se cree algún tributo y que no vuelva a pasarnos el problema grave de descapitalización que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias.
El C. Presidente: Pregunte la secretaría a la Asamblea si admite a discusión o no la proposición.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.. Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
El C. Javier Blanco Sánchez: Señor Presidente, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento, ruego a usted la votación nominal, en virtud de la duda que nos cabe de que en este momento nuestra votación sea legítima, pues parece que no hay quórum.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al Orden del Día de la sesión del día 11 de noviembre de 1982.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Primer Periodo Ordinario de Sesiones. LII Legislatura.
Legislatura.
Orden del Día
11 de noviembre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Homenaje al C. licenciado Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982.
El Congreso del estado de Coahuila invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gobernador del estado, rendirá su primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
El Congreso del estado de Sinaloa invita a la sesión solemne en la que el C. Antonio Toledo Corro, gobernador constitucional del estado, rendirá su segundo informe de su gestión administrativa, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Comunicaciones del Congreso del estado de Chiapas.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Guillermo Domínguez Bernal, Ignacio Cano García, Francisco Guadalupe Valdez Rangel, Arturo López Martínez, Miguel Angel Lua Gallardo, Rogelio Cepeda García, Oscar Martín Fischer Ruiz, Miguel Medina Navarro, Néstor Olguín Valenzuela, Carlos Pérez Luna, Carlos René Yescas Hernández, José de Jesús Borraz Zapata,
María del Rosario Quintero Salinas, José Antonio Castor Aguilar, Luis Cortez Camacho, Rubén Martínez Vázquez, Héctor Mayoral Patrón, Pedro Perales Chavira, Sotero Trujillo Alvarado, Guadalupe Serna Guzmán, Felipe de Jesús Palazuelos Palomino, Raymundo Murillo Escamilla y José Adrián González Espinoza, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativo a la Iniciativa que Reforma y Adiciona la vigente Ley Orgánica del Banco de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso al C. Leopoldo Zea para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Venezuela.
Dictamen a discusión
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Marina con proyecto de Decreto, que reforma el Artículo 288 de la Ley de Vías Generales de Comunicación."
- El C. Presidente (a las 17:55 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de noviembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES