Legislatura LII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19821118 - Número de Diario 41
(L52A1P1oN041F19821118.xml)Núm. Diario:41ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D.F., jueves 18 de noviembre de 1982 TOMO I. NUM. 41
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE
APRUEBA
INVITACIONES
Al 72 aniversario luctuoso del prócer Aquiles Serdán, el 19 del actual en esta Ciudad. Se designa comisión;
Al segundo informe de gobierno del C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador de Aguascalientes, el día 19 del presente. Se designa comisión
Al 72 aniversario de la Iniciación de la Revolución Mexicana, el 20 del mes en curso, en esta Capital. Se designa comisión
Al 60 aniversario luctuoso del prócer Ricardo Flores Magón, el 21 del presente, en esta Capital. Se designa comisión
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Ramón Ojeda Mestre, para separarse de sus funciones. Se turna a comisión
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE BIENES EN EL EXTRANJERO
Que envía por conducto de la Secretaría de Gobernación. Se turna a comisión. Imprímase
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
Dos proyectos de Decreto que autorizan a los CC. Mario Ramón Beteta y Agustín Zárate Guerrero, para que acepten las que les confieren los gobiernos de Suecia y Colombia, respectivamente. Primera lectura
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de Decreto que permite a los CC. Guillermo Domínguez Bernal, Ignacio Cano García, Francisco G. Valdez Rangel, Arturo López Martínez, Miguel A. Lua Gallardo, Rogelio Cepeda García, Oscar M. Ficher Ruíz, Miguel Molina Navarro, Néstor Olguín Valenzuela, Carlos Pérez Luna, Carlos R. Yescas Hernández, J. de Jesús Borraz Zapata, Ma. del Rosario Quintero Salinas, José A. Castor Aguilar, Luis Cortez Camacho, Rubén Martínez Vázquez, Héctor Mayoral Patrón, Pedro Perales Chavira, Sotero Trujillo Alvarado, Guadalupe Serna Guzmán, F. de Jesús Palazuelos Palomino, Raymundo Murillo Escamilla y José A. González Espinoza, prestar servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Primera lectura
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1981
Dictamen relativo a la cuenta mencionada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. 1981
Dictamen relativo a la cuenta citada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
CONSIDERACIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Intervienen sobre el particular los CC. Zina Ruiz de León, Ignacio Vital Jáuregui, Crescencio Morales Orozco e Hilda L. Valdemar Lima
PROPUESTAS SOBRE TRATADOS DEL RÍO BRAVO
El C. Carlos Chavira Becerra hace consideraciones sobre el trato sufrido por el estado de Chihuahua por parte de la Federación. Menciona varios tratados México - Estados Unidos acerca del río citado y presenta proposiciones relativas al tema. Se turna a comisión
PROPOSICIÓN PARA UN PROGRAMA DE RESCATE DE LA FRONTERA NORTE
El C. Samuel Meléndrez Luévano presenta y da lectura a un programa alternativo de rescate de dicha frontera, elaborado por la diputación del PSUM. Se turna a comisiones
AMENAZA NORTEAMERICANA A CENTROAMÉRICA
El C. Sergio Quiroz Miranda, a nombre de la diputación del PPS, hace consideraciones sobre el particular y presenta proposición en torno a las Repúblicas de Honduras y Nicaragua. Se turna a comisión
AGRESIÓN AL DIPUTADO PEDRO BONILLA DÍAZ
Mismo que interviene para referirse al acuerdo tomado en sesión del 4 de noviembre, en relación al asesinato del diputado local veracruzano. Narra acontecimientos de un grupo de maestros con autoridades del estado de Veracruz y a la agresión por él sufrida por parte de policías judiciales. La presidencia eleva una protesta por la agresión al diputado Bonilla, misma que se dará a conocer
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley mencionada. Se le dispensa la lectura. El C. Ricardo Cavazos Galván, por la comisión, propone adiciones.
A debate en lo general. Intervienen los CC., en contra Enrique Alcántar Enríquez; en pro Antonio Fabila Meléndez; en contra Javier Moctezuma y Coronado; en pro Enrique León Martínez; en contra Raúl López García; en pro Ma. Luisa Calzada de Campos; en contra Rolando Cordera Campos; para hechos Aidé H. Villalobos Rivera; en pro Juan M. Acoltzin Vidal; en contra Iván García Solís; en pro Héctor Ramírez Cuéllar; para hechos David Orozco Romo; por la Comisión Ricardo Cavazos Galván; para aclaraciones Cordera Campos y Cavazos Galván. Se aprueba por mayoría
A debate en lo particular. Intervienen los CC., para solicitar aclaraciones a los artículos 23 y 24, Javier Blanco Sánchez; para hacer las aclaraciones, Juan M. Acoltzin Vidal
A discusión el Artículo 8. Propone una adición Blanco Sánchez, misma que se desecha; por la comisión Acoltzin Vidal. Se aprueba en sus términos por mayoría.
A debate el Artículo 46. Interviene en contra el C. Pablo Castillón Alvarez, y por la comisión el C. Enrique León Martínez. Se aprueba en sus términos por mayoría
A discusión el artículo 23 bis. Hablan para solicitar su derogación, el C. Héctor Ramírez Cuéllar; por la comisión el C. Antonio Fabila Meléndez. Se aprueba en sus términos por mayoría. Pasa al Senado
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la ley nombrada. Segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general
A debate en lo particular. Discusión del Artículo 126-V. Hablan, en contra Ma. Teresa Ortuña Gurza, y por la comisión J. de Jesús Fernández Alatorre.
Se aprueba en sus términos. Pasa al Senado.
ACLARACIONES REGLAMENTARIAS DE LA PRESIDENCIA
Cita los Artículos 21 del Reglamento y 34 de la ley Orgánica del Congreso, relativo a la conducción de los debates y las deliberaciones
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. MARIO VARGAS SALDAÑA
(Asistencia de 353 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 10:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Primer periodo ordinario de sesiones.
LII Legislatura.
Orden del Día.
18 de noviembre 1982.
Lectura de acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 72 aniversario luctuoso del Prócer de la Revolución Mexicana, Aquiles Serdán, tendrá lugar el próximo 19 del actual. El congreso del estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que el C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador del Estado, rendirá su segundo informe de gobierno, y que tendrá lugar el 19 de noviembre. Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del 72 aniversario de la Iniciación de la Revolución Mexicana, tendrá lugar el 20 de los corrientes. El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 60 aniversario luctuoso del Precursor de la Revolución Mexicana Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el 21 de noviembre. Comunicación del C. diputado Ramón Ojeda Mestre. Iniciativa del Ejecutivo.
De Ley del Impuesto sobre tenencia de bienes en el extranjero. Dictámenes de primera lectura. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a las solicitudes de los CC. Mario Ramón Beteta y Agustín Zárate Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de los CC. Guillermo Domínguez Bernal, Ignacio Cano García, Francisco Guadalupe Valdez Rangel, Arturo López Martínez, Miguel Angel Luna Gallardo, Rogelio Cepeda García, Oscar Martín Ficher Ruiz, Miguel Medina Navarro, Néstor Olguín Valenzuela, Carlos Pérez Luna, Carlos René Yescas Hernández, José de Jesús Borraz Zapata, María del Rosario Quintero Salinas, José Antonio Castro Aguilar, Luis Cortez Camacho, Rubén Martínez Vázquez, Héctor Mayoral Patrón, Pedro Perales Chavira, Sotero Trujillo Alvarado, Guadalupe Serna Guzmán, Felipe de Jesús Palazuelos Palomino, Raymundo Murillo Escamilla y José Adrián González Espinoza, para prestar servicios de carácter administrativo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. De la Comisión de Programación , Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1981. De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1981.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativo a la Iniciativa que reforma y adiciona la vigente Ley Orgánica del Banco de México. De las Comisiones Unidas de Comercio y Marina con proyecto de Decreto para reformar y adicionar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.
Presidencia del C. Mario Vargas Saldaña.
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del artes dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos quince ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día y del acta de la sesión anterior celebrada el día once de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba. Se da cuenta con los documentos en cartera:
La H. Cámara de Senadores remite la Minuta proyecto de Declaratoria que reforma y adiciona los Artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia informa a la Asamblea que el Decreto en cuestión, ha sido ya votado y aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por esta razón, considera este asunto de obvia resolución y ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensan los trámites, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
Consulta de la Asamblea en este sentido, en votación económica dispensa los trámites a este asunto. A discusión el proyecto de Declaratoria. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por doscientos setenta y tres votos en pro y cuarenta y dos en contra.
La Presidencia hace la Declaratoria de rigor. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La misma Presidencia manifiesta que se encuentra en el Salón de Sesiones el diputado soviético, señor Augusto Zitmanitz, Presidente de los Sindicatos de Letonia y representante ante el Soviet Supremo. Agrega que el diputado Zitmanitz es el encargado de recibir a las delegaciones parlamentarias de México y es el conducto para formular una invitación a esta Cámara de Diputados para visitar a su país.
La Presidencia agradece la visita de cortesía del distinguido visitante.
Se continúa con los asuntos en cartera: La H. Colegisladora envía Minuta proyecto de Declaratoria que reforma la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución General de la República.
Por las mismas razones del caso anteriormente aprobado, en votación económica, la Asamblea dispensa todos los trámites al proyecto, a fin de que se ponga a discusión y votación de inmediato.
A discusión el proyecto de Declaratoria. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos dieciséis votos.
La Presidencia también en este caso, hace la Declaratoria correspondiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Mario Ramón Beteta y Agustín Zárate Guerrero, puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros.
Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio suscrito por el C. licenciado Gonzalo Badillo Ortiz, Oficial Mayor de esta Cámara de Diputados, al que se acompaña el inventario de los paquetes electorales correspondientes a las elecciones extraordinarias llevadas a cabo en el Vigésimo Noveno Distrito Electoral Uninominal del estado de México. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Sergio Ruiz Pérez, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto, que deroga el Artículo 59 y adiciona los Artículos 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
La secretaría da lectura al dictamen con proyecto de Decreto suscrito por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona la vigente Ley Orgánica del Banco de México.
Por instrucciones de la Presidencia, la propia secretaría da lectura al voto particular del C. David Orozco Romo, miembro de la Comisión Dictaminadora. Son de primera lectura.
Las Comisiones Unidas de Comercio y de Marina emiten un dictamen con proyecto de Decreto, que reforma y adiciona la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Es de primera lectura.
Dictamen con proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. doctor Leopoldo Zea, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de Decreto. No habiéndola, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos diecisiete votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El C. Víctor González Rodríguez hace uso de la palabra para formular una propuesta sobre los derechos de los trabajadores del Sindicato de Acermex y Carabela, que en sesiones anteriores ya se planteó en esta Cámara. Expresa que el cierre de esa planta industrial hoy se hace realidad, ya que en la semana pasada comenzó el despido en serie de 26 obreros, que hoy suman más de 500.
Señala que en otros casos de cierre de fábricas, las argumentaciones se dice, son por quiebras o reajuste de personal, pero en este caso, el Grupo Alfa sin medir ninguna explicación y por la vía de los hechos, está prácticamente destruyendo una fuente de trabajo más.
Dice que la voz de los obreros se ha vuelto a escuchar, y que el día de hoy, a las puertas de este Palacio Legislativo, los representantes sindicales de Acermex y Carabela han decidido declararse en huelga de hambre, en busca de que sus demandas sean escuchadas y apoyadas por los señores diputados.
Hacen consideraciones al respecto y expresa, que en lo personal estará permanentemente apoyando a los obreros en huelga de hambre, esperando sean escuchados sus planteamientos y respetado su derecho de manifestación.
Concluye solicitando que la Comisión de Trabajo y Previsión Social presente el dictamen relativo a este asunto, o en su defecto se agilice la discusión sobre este conflicto que no es aislado, sino una problemática amplia que sufre el pueblo trabajador.
Para referirse a los conceptos de orador interviene el C. Joaquín del Olmo Reyes, quien expresa que la Confederación de Trabajadores de México, la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y los dirigentes obreros reunidos en la Diputación Obrera de esta Cámara, tienen no solamente el deseo, sino la obligación de mantener una postura firme y recta en contra de cualquier ataque patronal para los compañeros trabajadores de cualquier tipo de industria del país. Agrega que la Comisión de Trabajo y Previsión Social está preparando los dictámenes.
acerca de los conflictos que se han planteado en esta Cámara, los que serán presentados oportunamente.
La Presidencia turna la proposición a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual tiene en estudio la queja inicial.
En seguida, usa de la tribuna el C. Arnoldo Gárate Chapa, para denunciar en nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, los hechos violentos acaecidos en el estado de Nuevo León, con motivo de las elecciones llevadas a cabo el día 14 de los corrientes para renovar los poderes municipales de la entidad.
Señala que al ser acreditados debidamente y pedido la reinstalación de los representantes del Partido Acción Nacional en la Casilla número 53 bis, por el C. diputado Juan Manuel Molina Rodríguez, fue atropellado de palabra y de hecho, constituyendo esto una burla a todos y cada uno de los señores diputados, al fuero que otorga la ley a este Poder Legislativo.
Por lo anterior, solicita que esta Cámara nombre una Comisión Especial que solicite a las autoridades competentes de Nuevo León, investiguen, consignen y sentencien a los presuntos responsables, conforme a lo que las leyes dispongan en su caso.
Para expresar sus puntos de vista sobre el particular y pedir a los compañeros de Acción Nacional reflexionen en conciencia acerca de estos comicios, y que reconozcan que en los 51 municipios fueron derrotados, interviene el C. Alejandro Lambretón Narro.
Termina diciendo que el pueblo de Nuevo León votó ordenadamente y respetó la voluntad de la mayoría. Por ello, pide sea descartada la proposición formulada por el C. Arnoldo Gárate Chapa.
Para abundar en lo expresado por el C. Arnoldo Gárate Chapa y apoyar su proposición, usa de la palabra el C. Roger Cicero Mackinney.
La Asamblea en votación económica y por mayoría no admite la proposición y en consecuencia se da por desechada.
En seguida, usa de la tribuna la C. Ofelia Ramírez Sánchez para insistir sobre los problemas de Santa Ana Chiautempan del estado de Tlaxcala, porque la seguridad, la vida y la libertad de esa población se encuentra amenazada.
Dice que para comprender los hechos de hoy, hay que tomar en cuenta los acontecimientos del 26 de septiembre de 1981, cuando el gobernador Tulio Hernández convocó a una reunión al pueblo en el Auditorio de Palacio Municipal, para explicarles las medidas fiscales que había emprendido y que fueron objeto de viva impopularidad.
Hace una relación de los hechos en los cuales las policías de Tlaxcala hostilizaron y vejaron a los integrantes de la manifestación permanente que se encontraban de guardia frente al mencionado Palacio Municipal.
Teme que vuelvan a repetirse las agresiones y por ello, solicita que se forme una comisión de esta Cámara para que verifique los hechos a que se ha referido.
El C. Antonio Alvarez Lima hace uso de la palabra para hacer aclaraciones a lo expresado por la C. Ofelia Ramírez Sánchez y manifestar que esta soberanía no tiene jurisdicción sobre asuntos municipales electorales, y que lo expuesto por la C. Ramírez Sánchez es un asunto reiterativo que tiende a subsistir la voluntad electoral municipal con argumentaciones fuera de la realidad.
A continuación hace un relato de los acontecimientos acaecidos en el municipio de Chiautempan, los que se llevaron a cabo sin ningún acto de violencia física o verbal.
Agrega que el jueves próximo en el local de la Comisión Electoral se reunirán los presuntos munícipes electos para llevar a cabo el proceso electoral pendiente. Ellos han invitado a los comisionados y representantes del Partido Demócrata Mexicano para que en público se abran los paquetes, se verifiquen las actas y si es necesario se cuenten voto por voto.
También para aclaraciones sobre el mismo asunto, interviene el C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya. Túrnese la proposición de la C. Ofelia Ramírez Sánchez a la Comisión de la Investigación, Gestoría y Quejas.
Por su parte el C. Héctor Sánchez López, antes de iniciar su intervención, solicita la autorización de la Presidencia para que la señora Rosario Ibarra de Piedra pueda estar presente en el Salón de sesiones. Una vez que la Presidencia expresa que puede hacerlo, el C. Sánchez López hace una relación de los detenidos y desaparecidos desde mayo de 1969 hasta el 13 de mayo del año en curso en que fue secuestrado por la policía el joven maestro de la Preparatoria Popular Tacuba, Fernando Chong Santiago.
Agrega que estos quinientos desaparecidos son obreros, campesinos, estudiantes y líderes en el movimiento de masas.
Hace reflexiones sobre el particular y externa que el gobierno puede quedar callado ante tantas evidencias que han presentado los familiares de los desaparecidos. Además pide que desaparezcan las cárceles clandestinas y los grupos paramilitares anticonstitucionales. Asimismo, el respeto, la integridad física de las madres y familiares de los desaparecidos que se encuentran en un "plantón" en la Catedral para exigir una respuesta a sus peticiones hechas al señor Presidente de la República.
La Asamblea en votación económica y por mayoría no acepta la proposición del C. Sánchez López, y por lo tanto se tiene por desechada, y la Presidencia la turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. René Rojas Ayala abordan la tribuna para abundar sobre lo expresado por el C. Héctor Sánchez López y para dar lectura a un documento del Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense, relacionado con la lucha democrática de los maestros del estado de Hidalgo, que continúa sin resolver
debido a la cerrazón mostrada por el grupo autodenomidado "Vanguardia Revolucionaria", actitud que pone de manifiesto no sólo su falta de voluntad política, sino su enorme atraso que lo sitúa como reaccionaria contradicción ante el proyecto de democratización del país.
A continuación hace una relación de hechos y documentos que prueban la actitud señalada del grupo Vanguardista.
Por lo expuesto los firmantes del escrito por su conducto, solicitan la instalación inmediata de una Comisión Ejecutiva integrada por los Maestros Democráticos y presidida por un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Compromiso formal del Comité Ejecutivo Nacional de Trabajadores de la Educación de otorgar la Convocatoria del Congreso Extraordinaria Seccional, en el momento en que la Comisión Ejecutiva lo solicite y poner alto a la persecución física y laboral ejercida por Vanguardia Revolucionaria en contra de los Maestros Democráticos del país.
Para hechos, así como para expresar sus puntos de vista sobre este mismo asunto, hacen uso de la palabra los CC. Alvaro Brito Alonso e Iván García Solís, y también para hacer comentarios y precisar algunos detalles sobre el problema, interviene el C. Alberto Miranda Castro.
La Presidencia turna la petición del C. René Rojas Ayala, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima. A las quince horas y veinticinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves dieciocho del presente, a las diez horas".
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F.
- Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1982.
"Año del General Vicente Guerrero."
C. diputado licenciado Mario Vargas Saldaña, Presidente de la H. Cámara de Diputados.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, hace a usted una atenta y cordial invitación al acto cívico que tendrá lugar a las 10:30 horas, del próximo día 19 del actual, con motivo del LXXII aniversario luctuoso del Prócer de la Revolución Mexicana, Aquiles Serdán, en el monumento erigido en su memoria sito en el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Mina y Pensador Mexicano, de esta Capital.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Directora general, profesora Marta Andrade de Del Rosal".
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Javier Boláños Vázquez, Jesús Lazcano Ochoa, Joaquín del Olmo Reyes, Mariano López Ramos, Marco Antonio Fragoso Fragoso, Crescenio Morales Orozco, María Isabel Serdán Alvárez, Guillermo Dávila Martínez, Efraín Trujeque Martínez y Rodolfo García Pérez.
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: La Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del estado libre y soberano de Aguascalientes, invita a usted a la sesión solemne en la que el C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador constitucional del Estado, rendirá su segundo informe de gobierno el día 19 de noviembre a las 11:00 horas en el Palacio Legislativo.
Aguascalientes, Aguascalientes, noviembre 1982.
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura Baltazar Ignacio Valadez Montoya, José Guadalupe Esparza López, Antonio Ortega Martínez y Heriberto Vázquez Becerra.
- La C. secretaria Hilda Anderson Nervárez: "Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D.F. -Departamento del Distrito Federal. México, D.F., a 8 de noviembre de 1982.
'Año del General Vicente Guerrero'
C. diputado licenciado Mario Vargas Saldaña, Presidente de la H. Cámara de Diputados.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted a la ceremonia conmemorativa del LXXII aniversario de la Iniciación de la Revolución Mexicana, que con asistencia del C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el próximo da 20 del actual, a las 9:30 horas, en el Monumento de la Revolución de esta Capital. Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al
acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted dirige.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Directora general, profesora Marta Andrade de Del Rosal".
El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Humberto Lugo Gil, Mario Vargas Saldaña, Florentino Jaimes Hernández, Enrique Fernández Martínez, Jesús Luján Gutiérrez, Enrique Soto Izquierdo, Raúl lópez García, Luis Garfias Magaña, Luz Lajous de Madrazo, José Luis Lamadrid Sauza, Héctor Hugo Olivares Ventura y Manuel Osante López.
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D.F. -Departamento del Distrito Federal. México, D.F., a 5 de noviembre de 1982. "Año del general Vicente Guerrero". C. Diputado licenciado Mario Vargas Saldaña, Presidente de la H. Cámara de Diputados.
-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto cívico que tendrá lugar a las 10:30 horas, el próximo día 21 del actual, con motivo del LX aniversario luctuoso del Precursor de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de los Dolores de esta capital.
Al propio tiempo me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa Cámara de diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Directora general, profesora Marta Andrade de Del Rosal".
El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Servio Tulio Acuña, Edmundo Jardón Arzate, Netzahualcóyotl de la Vega García, Domingo Esquivel Rodríguez, Enrique León Martínez, Sergio Ruiz Pérez, Amador Toca Cangas y Antonio Osorio de León.
SOLICITUD DE LICENCIA
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:
"Ramón Ojeda Mestre, diputado federal.
Noviembre 12 de 1982.
CC. presidentes de la H. Cámara de Diputados y de la H. Gran Comisión de la Cámara de Diputados.-Presentes. He de agradecer a ustedes se sirvan realizar los trámites que procedan a fin de que me sea concedida licencia por tiempo ilimitado, sin goce de dietas y por causa justificada, a las funciones de diputado federal a la H. LII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Mucho apreciaré a la H. Asamblea y a ustedes que, en caso de estimarlo conducente, se sirvan convocar a mi suplente a la brevedad posible y se proceda a la nominación del presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, corriendo translado a las HH. Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Cine, Radio y Televisión, de las que formo parte.
Atentamente.-Rúbrica".
-Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENECIA DE BIENES EN EL EXTRANJERO
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: "Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D.F. -Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes. Anexa al presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, Iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia de Bienes en el Extranjero.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 17 de noviembre de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero.'
P.A. El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.-Presentes.
Tomando en cuenta los principios de equidad y proporcionalidad que por mandato constitucional deben respetarse en las disposiciones legales que integran el sistema fiscal mexicano, y dado que en la actualidad algunos conciudadanos, por razones diversas y haciendo uso legítimo del régimen de libertades consagrado también a rango constitucional, han invertido o mantiene en el extranjero una parte de sus patrimonio pecuario, en el cual, tratándose de mexicanos residentes en el país, indudablemente ha sido originado en fuentes de riqueza nacional; dichas personas se benefician además de todo lo que su propio país ofrece a los
mexicanos, razón por la cual se hace necesario contar con disposiciones fiscales que permitan al Estado mexicano gravar a los titulares de los patrimonios de referencia, cumpliendo a la vez con la obligación que como mexicanos les exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En razón de lo señalado anteriormente es inaplazable la creación de un impuesto sobre la tenencia de bienes en el extranjero que además de significar una fuente más de recaudación cumpla con las finalidades anotadas.
Naturalmente es conveniente no gravar con el impuesto señalado aquellos bienes que encontrándose fuera de territorio nacional se utilizan para desarrollar actividades que al país le interesa impulsar para beneficio de la economía. También es conveniente establecer el incentivo de no gravar los bienes cuando los capitales sean retornados al país, por lo que es necesario exeptuarlos del impuesto en el ejercicio fiscal en que sean aportados al fideicomiso autorizado para estos efectos por el gobierno mexicano.
En un impuesto como el señalado anteriormente hay que considerar, para que sea equitativo, que por los bienes en el extranjero también se pagan impuestos al país donde se encuentran es necesario permitir el acreditamiento de dichos impuestos contra el que se deba pagar en México.
Consecuentemente, el impuesto sobre la tenencia de bienes en el extranjero que se propone en esta iniciativa grava los inmuebles, los vehículos de matrícula extranjera, los depósitos en moneda, los títulos valor emitido por personas no residentes en México, las joyas, el oro y la plata, que los mexicanos residentes en México tengan en el extranjero.
Se propone que el impuesto se cause por ejercicios fiscales que coincidan con los del impuesto sobre la renta cuando las personas sean contribuyentes de dicho impuesto aplicando una tasa del 3% sobre el valor de los bienes y en aquellos casos en que la tenecia del bien en el extranjero sea menor de doce meses el impuesto se cobre proporcionalmente al tiempo de la tenencia.
Para establecer uniformidad en relación al concepto de propietario que en cada país pudiera existir se establece que cuando en los términos del Código Fiscal de la Federación haya enajenación el adquirente se consiederará propietario para los efectos del impuesto.
Por las razones anteriores, y con fundamento en la fracción I del Artículo 71 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA DE BIENES EN EL EXTRANJERO
Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto sobre la tenencia de bienes en el extranjero las personas físicas y las morales de nacionalidad mexicana residentes en México que sean propietarias de los bienes que señala esta ley. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales aplicando la tasa del 3% sobre el valor de los bienes.
Cuando en los términos del Código Fiscal de la Federación haya enajenación el adquirente se considerará propietario para los efectos de este impuesto.
Artículo 2o. Los bienes a que se refiere el Artículo 1o. de esta ley son:
I. Los bienes inmuebles ubicados en el extranjero, incluyendo las construcciones y las mejoras o adaptaciones a las mismas.
II. Los vehículos de matrícula extranjera.
III. Los títulos valor emitidos por personas no residentes en México.
IV. Los depósitos en moneda nacional o extranjera que se efectúen en el extranjero.
V. Las joyas y las piezas de oro y plata o de las denominadas "onza troy", que se tengan en el extranjero.
Artículo 3o. No se pagará el impuesto por los bienes a que se refiere esta ley cuando:
I. Se destinen a un establecimiento permanente en los términos de la Ley Impuesto sobre la Renta.
II. Se utilicen en una base fija para la prestación de servicios personales independientes en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
III. Se destinen a la construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles o por actividades de inspección relacionadas con ellos aun cuando no configuren el establecimiento permanente a que alude la fracción I de este artículo.
IV. Se utilicen para proporcionar asistencia técnica o transferencia de tecnología, aun cuando no se configure el establecimiento permanente a que alude la fracción I de este artículo.
V. Se trate de cuentas de cheques o de depósitos a la vista o a plazo menor de un mes.
VI. Se trate de acciones de sociedades mercantiles, siempre que se posea cuando menos el 10% de su capital y dichas sociedades no reúnan las características de sociedad inmobiliaria en los términos de esta ley.
VII. Sean propiedad de personas físicas de nacionalidad mexicana, funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, que en los términos del Código Fiscal de la Federación se consideren residentes en México, cuando por el carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero.
VIII. Se enajenen en el ejercicio o se retiren los depósitos, siempre que reinviertan o depositen en México las cantidades correspondientes a más tardar en la fecha en que debe presentarse la declaración del ejercicio. En los casos previstos en las fracciones I a V de este artículo la exención procederá siempre por los conceptos a que se refieren las mismas se obtengan ingresos que den lugar al pago del impuesto sobre la renta en México, a excepción de los depósitos que no generen intereses.
Artículo 4o. Las sociedades inmobiliarias a que se refiere la fracción VI del Artículo 3o. de esta ley son aquellas que obtiene más del 50% de sus ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles ubicados en el extranjero o por los rendimientos de cualquier tipo provenientes de los bienes a que se refieren las fracciones III y IV del Artículo 2o. de esta misma ley, así como por conceptos de dividendos o utilidades de acciones o partes sociales de personas morales cuyos ingresos provengan en más de un 50% de dividendos o utilidades de otras sociedades que reúnan las características señaladas o en parte por dividendos o utilidades y en parte por los conceptos antes señalados.
También se considera que es sociedad inmobiliaria aquella que obtenga dividendos o utilidades de sociedades que reúnan los requisitos a que se refiere el párrafo anterior o que no tengan ingresos.
Artículo 5o. Para determinar el impuesto se considerará como valor el que resulte de restar, en su caso, las deducciones autorizadas por esta ley al monte original de la inversión convertido a pesos mexicanos a la fecha de la inversión y ajustado multiplicándolo por el factor que anualmente se señale considerando el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición del bien y el ejercicio de que se trate. Se considerará como monto original de la inversión el de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En el caso de depósitos se considerará como valor del promedio en el ejercicio, incluyendo los intereses no retirados. Cuando en el transcurso de un ejercicio se adquieran o se enajenen bienes de los señalados en el Artículo 2o. de esta ley el impuesto se calculará en proporción al número de meses completos en que se haya tenido la propiedad de los bienes.
Los contribuyentes del impuesto establecido en esta ley podrán optar por considerar como valor el que resulte de avalúo referido a la fecha de terminación del ejercicio, practicado a alguno o a la totalidad de los bienes señalados en el Artículo de esta Ley. El avalúo deberá ser practicado por perito autorizado. En estos casos el ajuste a que se refiere el primer párrafo de este artículo se efectuará considerando el valor del avalúo como monto original de la inversión y el número de años transcurridos entre la fecha en que se practicó el avalúo y el ejercicio de que se trate.
Artículo 6o. Los contribuyentes del impuesto establecido por esta ley podrán efectuar las siguientes deducciones:
I. Tratándose de construcciones, el 3% del monto original de la inversión ajustado, por cada ejercicio transcurrido entre la fecha de su adquisición y el ejercicio de que se trate; en ningún caso esta deducción excederá del 80% del monto citado. Las mejoras o adaptaciones que no sean gastos de mantenimiento darán derecho a la misma deducción.
II. Tratándose de vehículos, el 20% del monto original de la inversión ajustado, por cada ejercicio trancurrido entre la fecha de su adquisición y el ejercicio de que se trate.Cuando no se pueda efectuar la separación en el valor entre terreno y construcciones se considerará valor del terreno el 20% del total.
Cuando el valor de alguno de los bienes señalados en el artículo 2o. de esta ley se haya determinado mediante avalúo no procederán en el ejercicio de las deducciones a que se refiere este artículo; a partir de los siguientes ejercicios las deducciones del 3 o el 20% se efectuarán sobre el valor por los años que falten hasta completar 27 en el caso de inmuebles y 5 en el de vehículos, contados a partir de su adquisición.
Artículo 7o. El impuesto del ejercicio establecido en esta ley se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas junto con la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta y tratándose de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración del ejercicio de este último impuesto, la presentarán dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación de su ejercicio. En el caso de ejercicios irregulares del impuesto se calculará en proporción a los meses del ejercicio. Si se tratara del ejercicio de liquidación se presentarán declaraciones semestrales junto con las del impuesto sobre la renta, pagándose el impuesto correspondiente a dichos periodos. En la declaración del ejercicio de liquidación se pagará únicamente el impuesto correspondiente al periodo comprendido entre la fecha a que se refiere la última declaración semestral y la liquidación.
Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio los impuestos que sobre la propiedad o tenencia de bienes hubieran pagado en el extranjero por los mismos bienes y en el mismo periodo; en ningún caso las cantidades acreditables podrán exceder al impuesto pagado en México.
Artículo 8o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar este impuesto con base en la información proporcionada por las autoridades fiscales de los países donde se encuentren ubicados o se hayan adquirido los bienes que señala el artículo 2o. de esta ley.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1983.
Artículo segundo. En los casos en que la fecha de entrada en vigor de la presente ley no coincida con el inicio del ejercicio fiscal de los contribuyentes el periodo comprendido entre dicha fecha y la terminación del ejercicio fiscal se considerará como ejercicio irregular para los efectos del cálculo del impuesto.
Artículo tercero. Se exceptúan del pago del impuesto establecido por esta ley los bienes que con anterioridad a la fecha que la misma entre en vigor se hubieran aportado al fideicomiso, cuya constitución autorizó al Ejecutivo Federal mediante acuerdo de fecha 27 de septiembre de 1982, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 28 del mismo mes, con la finalidad de recuperar las inversiones en bienes inmuebles efectuadas en el extranjero por personas residentes en México.
Artículo cuarto. Durante el periódo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta ley y la de entrada en vigor del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 1981, se entenderá que la mención del Código Fiscal de la Federación que hace el Artículo 1o. de esta ley supone que deberá entenderse por enajenación de bienes:
I. Toda transmisión de propiedad aun en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado.
II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor.
III. La aportación a una sociedad o asociación.
IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.
V. La que se realiza a través del fideicomiso:
a) En el caso en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.
b) En el caso en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario si se hubiera reservado tal derecho.
VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes efectos al fideicomiso en cualesquiera de los siguientes momentos:
a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.
b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor.
VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales.
Artículo quinto. Durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta ley y la de entrada en vigor del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981, para los efectos del Artículo 1o. de la misma se considera que el ejercicio de los contribuyentes coincide con el del impuesto sobre la renta; cuando no causen este impuesto se considerará que es el año de calendario.
Ruego a ustedes, CC. secretarios, se sirvan dar cuenta de esta Iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, D.F., a 16 de noviembre de 1982.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo."
-Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
- La C. secretaria de Hilda Anderson Nevárez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
El Oficio fechado el 27 de octubre próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Ramón Betetá, director general de Somex, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en grado de Comendador de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Suecia.
La suscrita Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III de apartado B del Artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Mario Ramón Beteta, director general de Somex, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en grado de Comendador de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Suecia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de noviembre de 1982.
Presidente, Humberto Lugo Gil;, secretario, Mario Vargas Saldaña; Rafael Aguilar Talamantes, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada Oscar Cantón Zetina, Salvador Castañeda O'Connor, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdoba, Victor Cervera Pacheco, Irma Cué de Duarte, Jorge Cruickshank García, Enrique Fernández Martínez, Sami David, Víctor González Avelar Francisco Galindo Muza, José Luis Lamadrid Sauza, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Luis René Martínez Souverville, Ernesto Luque Feregrino, Esteban Núñez Perea, Luis Martínez Fernández del Campo, David Orozco Romo, Héctor Hugo Olivares Ventura, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez,
Salvador Valencia Carmona, Salvador Rocha Díaz, Mariano Piña Olaya, Jose Antonio Alvarez Lima".
-Trámite: Primera lectura.
- La misma C. Secretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 29 de octubre próximo pasado de la Secretaría de Relaciones exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general brigadier diplomado del Estado Mayor Agustín Zárate Guerrero pueda aceptar y usar la medalla al Mérito Militar José María Córdova, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Colombia.
La suscrita Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B de Artículo 37 constitucional se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Agustín Zárate Guerrero para aceptar y usar la medalla al Mérito Militar José María Córdova, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Colombia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de noviembre de 1982
Presidente, Humberto Lugo Gil; secretario, Mario Vargas Saldaña; Rafael Aguilar Talamantes, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Salvador Castañeda O'Connor, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Víctor Cervera Pacheco, Irma Cué de Duarte, Jorge Cruickhank García, Enrique Fernández Martínez, Sami David David, Víctor González Avelar, Francisco Galindo Muza, José Luis Lamadrid Sauza, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Luis Rene Martínez Souverville, Ernesto Luque Feregrino, Esteban Núñez Perea, Luis Martínez Fernández del Campo, David Orozco Romo, Héctor Hugo Olivares Ventura, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez, Salvador Valencia Carmona, Salvador Rocha Díaz, Mariano Piña Olaya, José Antonio Alvarez Lima".
-Trámite: Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, en oficio fechado el 28 de octubre próximo pasado, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guillermo Domínguez Bernal, Ignacio Cano García, Francisco Guadalupe Valdez Rangel, Arturo López Martínez, Miguel Angel Lua Gallardo, Rogelio Cepeda García, Oscar Martín Fischer Ruiz, Miguel Medina Navarro, Néstor Olguín Valenzuela, Carlos Pérez Luna, Carlos René Yescas Hernández, José de Jesús Borraz Zapata, María del Rosario Quintero Salinas, José Antonio Castor Aguilar, Luis Cortez Camacho, Rubén Martínez Vázquez Héctor Mayoral Patrón, Pedro Perales Chavira, Sotero Trujillo Alvarado, Guadalupe Serna Guzmán, Felipe de Jesús Palazuelos Palomino, Raymundo Murillo Escamilla y José Adrián González Espinoza puedan prestar servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 11 de noviembre del actual, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados presentarán en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América corresponden a programas bilaterales que se llevan a cabo en nuestro país; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a los ciudadanos Guillermo Domínguez Bernal, Ignacio Cano García, Francisco Guadalupe Valdez Rangel y Arturo López Martínez, para prestar servicios como inspector de campo, inspector coordinador de programas de campo e inspector de campo, respectivamente, del Programa para el gorgojo de Kaphra de los granos en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América.
Artículo segundo. Se concede permiso a los ciudadanos Miguel Angel Luna Gallardo, Rogelio Cepeda García, Oscar Martín Fischer Ruiz, Miguel Medina Navarro, Néstor Olguín
Valenzuela, Carlos Pérez Luna y Carlos René Yescas Hernández, para prestar servicios como inspector de campo, inspector de campo, técnico de campo, respectivamente el Programa para la mosca del Mediterráneo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América.
Artículo tercero. Se concede permiso a los ciudadanos José de Jesús Borraz Zapata, María del Rosario Quintero Salinas, José Antonio Castro Aguilar, Luis Cortez Camacho, Rubén Martínez Vázquez, Héctor Mayoral Patrón, Pedro Perales Chavira, Sotero Trujillo Alvarado y Guadalupe Serna Guzmán, para prestar servicios como técnico de campo, secretaria bilingüe e inspectores de campo, respectivamente, del Programa para la mosca mexicana de fruta en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Artículo cuarto. Se concede permiso a los ciudadanos Felipe de Jesús Palazuelos Palomino, Raymundo Murillo Escamilla y José Adrián González Espinoza, para prestar servicios como inspectores de campo del Programa para la mosca prieta de los cítricos en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de noviembre de 1982.
Presidente, Humberto Lugo Gil; secretario, Mario Vargas Saldaña; Rafael Aguilar Talamantes, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Salvador Castañeda O'Connor, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Víctor Cervera Pacheco, Irma Cué de Duarte, Jorge Cruisckhank García, Enrique Fernández Martínez, Sami David David, Víctor González Avelar, Francisco Galindo Muza, José Luis Lamadrid Sauza, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Luis René Martínez Souverville, Ernesto Luque Feregrino, Esteban Núñez Perea, Luis Martínez Fernández del Campo, David Orozco Romo, Héctor Hugo Olivares Ventura, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez, Salvador Valencia Carmona, Salvador Rocha Díaz, Mariano Piña Olaya, José Antonio Alvarez Lima".
-Trámite: Primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1981
El C. Presidente: La responsabilidad de la labor legislativa requiere de eficaz aprovechamiento del tiempo de los CC. diputados y de su mejor y oportuna información sobre los asuntos sometidos a la soberanía de esta Cámara, por lo que esta presidencia ha dispuesto que la Oficialía Mayor entregue a cada uno de los señores diputados una copia del dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1981, mismo que excede de 50 cuartillas.
ÍNDICE DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA
Presentación.
I. Cumplimento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal.
II. Panorama económico.
1. Internacional
2. Nacional.
III. Resultados de la gestión financiera.
1. Consolidado.
2. Gobierno Federal.
3. Organismo y empresas.
IV. Revisión sectorial.
V. Observaciones, conclusiones y sugerencias.
Proyecto de Decreto.
Anexo estadístico.
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Honorable Asamblea:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1981, en la que se comprende, entre otros rubros, la gestión financiera de la administración pública centralizada y de las entidades paraestatales incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En los términos constitucionales, y de acuerdo a lo previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta fue turnada, para dictamen, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y para revisión, por el conducto debido, a la Contaduría Mayor de Hacienda, acatando lo señalado en los artículos 3o., 10 y 15 de su Ley Orgánica.
En cumplimento a los previsto en el Artículo 10, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Vigilancia presentó oportunamente a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública el Informe Previo a que se refiere el inciso a) de la fracción II del Artículo 3o. de la citada ley, elaborado por la propia contaduría Mayor, y en el que se formulan, enunciativamente, los comentarios generales a que esa disposición se refiere.
La comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública lleve a cabo el análisis de todos los documentos que le fueron turnados, así como de aquellos que directamente solicite, para conocer los resultados de la gestión financiera, determinar la correspondencia entre las cantidades gastadas y las partidas aprobadas en el Presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, así como la justificación de los gastos realizados.
La Cuenta Pública, como mecanismo sintetizador y de evaluación de las acciones del Sector Público, ofrece en la actualidad diversos elementos que se han ido incorporando, paulatinamente, a partir de 1977, de los que ha dispuesto la Comisión Dictaminadora en la preparación del presente Dictamen.
Entre éstos, la información programática, elemento de enlace entre el presupuesto ejercido y las metas físicas y financieras; los dictámenes de las auditorías externas practicadas a los organismos y empresas paraestatales, controlados presupuestalmente y los agregados sectoriales. A ellos se deben sumar los esfuerzos por compatibilizar la información de deuda pública que proporcionan las diversas fuentes oficiales y por formular las Cuentas Económicas del Sector Público Presupuestario, que sin duda propician una mejor transparencia y facilidad para evaluar y controlar la gestión del Ejecutivo.
En particular la Cuenta Pública de 1981 mantiene una estructura similar a la observada por la Administración Pública Federal, que la uniforma en su presentación con la del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la que se pretende una mayor significación y claridad de la información necesaria para el análisis y la evaluación de las políticas de ingreso, gasto y endeudamiento público y sus repercusiones socioeconómicas.
Cabe destacar que la Cuenta Pública de 1981 cumple con las recomendaciones para mejorar su estructura, formuladas por la Cámara de Diputados en el dictamen correspondiente al ejercicio presupuestal de 1980 y por la Contaduría Mayor de Hacienda. En tal virtud se incluye información sobre notas, comentarios o salvedades de los dictámenes de auditoría externa; se muestran por separado los ingresos propios de las entidades paraestatales y, en su caso, de los apoyos que se les otorgan; se incorpora un cuadro de resultados de los movimientos del Fondo de Financiamiento del Sector Público y se realizan adecuaciones normativas al sistema de contabilidad gubernamental como son: la emisión de los principios que le son propios y de las normas para el tratamiento contable del Programa de Corresponsabilidad en el Gasto Público, el Manual de Auditoría Gubernamental y los Programas Mínimos de Auditorías, entre otros aspectos. El último avance en estas cuestiones está representado por el proyecto denominado Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, que en una primera etapa cumple al uniformar los conceptos de contabilidad gubernamental.
Con el fin de aportar otros medios de análisis de las finanzas del Sector Público forman parte por primera ocasión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1981, en un anexo de Programas Especiales, los resultados más sobresalientes e información analítica de las estrategias intersectoriales como el SAM, PIDER, CUC Y COPLAMAR, y una clasificación detallada de las transferencias y subsidios por agentes económicos y beneficiarios. De igual modo, como información adicional, se agregan los estados de flujo de efectivo de 451 entidades más que se incorporaron por primera vez.
Las innovaciones y adecuaciones que en resumen pueden advertirse en la Cuenta Pública de 1981 conforman una estructura que no obedece únicamente a propósitos cuantitativos, sino que también persigue finalidades de orden cualitativo.
Así, en el tomo único de Resultados Generales se dedican dos capítulos a las cuestiones de estos dos órdenes complementarios. En el primero se pueden situar las principales variables de las Cuentas Económicas y la estructura financiera del sector público presupuestario en conjunto e individualmente, por cuanto hace al gobierno federal y a los organismos y empresas.
El segundo capítulo comprende los estados financieros, presupuestarios y económicos consolidados y los relativos al gobierno federal, organismos y empresas.
En cada uno de los 17 tomos sectoriales se hace un análisis de la política sectorial y se muestran los alcances y limitaciones de cada sector. También en estos ejemplares está la información relativa a los programas más importantes de cada una de las entidades coordinadoras de sector y de sus respectivas coordinadas incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1981.
La Comisión considera que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda cumplió, en una primera fase, con la revisión constitucional, incluyendo la observancia de los preceptos legales y presupuestales que rigen la actividad financiera estatal.
Lo anterior permitió la elaboración de los comentarios de ley que señaló, en ciertos aspectos considerados selectivamente, como los de mayor trascendencia. La Contaduría Mayor pudo conocer los resultados de operación, la presentación razonable de la situación financiera de cada entidad el cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones legales en la actividad de las entidades de la administración pública centralizada y paraestatal.
La Comisión Dictaminadora estima pertinente mencionar que adicionalmente obtuvo la información complementaria que requirió sobre las variaciones más significativas del presupuesto, con la cual se pudo dar respuesta efectiva a los planteamientos que fueron surgiendo en virtud del análisis de la Cuenta Pública.
La celebración de 18 reuniones realizadas en esta Cámara con funcionarios de
la Secretaría de Programación y Presupuesto y de otras
dependencias del Ejecutivo fueron el medio adecuado a través del cual se aclararon las dudas relacionadas con el cumplimiento de metas y otras cuestiones consideradas de importancia por los diputados de los distintos grupos parlamentarios que a ellas concurrieron, integrantes de la Comisión que dictamina, de la comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de otras comisiones involucradas conforme a los sectores presupuestales.
Como resultado del estudio, análisis y discusión de los documentos que integran la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal presentó en los términos legales dentro del proceso de revisión constitucional, del informe previo y la información adicional que por el trabajo de la propia Comisión se obtuvo, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
DICTAMEN
I. Cumplimiento de los preceptos legales en el ejercicio presupuestal.
La Contaduría Mayor de Hacienda en el informe previo que presentó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, por conducto de la Comisión de Vigilancia, incluye un capítulo especial dedicado a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales más importantes aplicables en materia presupuestal, acatando la obligación que le es propia y que le señala el apartado 3 del inciso a), fracción II, del su Artículo 3o. de Ley Orgánica, a fin de cumplir con la función de revisión técnica a su cargo. La verificación comprendió selectivamente algunos de los puntos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1981; General de Deuda Pública; y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1981.
La comprobación se llevó a cabo mediante un análisis sobre el cumplimiento de los ordenamientos legales relativos al control presupuestal por parte de las entidades, como materia central sobre la que versó la revisión efectuada por la Contaduría Mayor, seleccionado para tales efectos 40 artículos de los ordenamientos enunciados, considerados como los de mayor relevancia en relación con la Cuenta Pública correspondiente el ejercicio de 1981, señalando al incumplimiento parcial de ocho de esos numerales, exclusivamente.
Las leyes General de Deuda Pública y de Ingresos, en su parte conducente, son los ordenamientos reglamentarios de la fracción VIII del Artículo 73 constitucional, en los cuales el Congreso de la Unión sienta las bases para facultar al Ejecutivo Federal a fin de celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, autorizándolo en el texto de la primera para contratar y manejar la deuda del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que cuidará que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.
La ley de Ingresos, asimismo, faculta al Ejecutivo para ejercer montos de financiamiento adicionales a los que expresamente le autorizó cuando, a su juicio, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan, como las ocurridas durante el ejercicio presupuestal de 1981.
Por cuanto al exceso fuera de la previsión original de lo presupuestado para el ejercicio de 1981 es conveniente tomar en consideración que en el quinto párrafo de la fracción IV del Artículo 74 constitucional se da la pauta para determinar el sentido que dio el Constituyente al ajuste del gasto cuando, al ocuparse de las discrepancias que aparecieran entre las cantidades erogadas y las partidas respectivas, señala alternativamente `la exactitud o la justificación" de los gastos hechos, ante la imposibilidad de que los egresos y los ingresos obedezcan indefectiblemente a la exactitud numérica de una ley matemática que es el sentido a que podría conducir una interpretación aislada del párrafo segundo del Artículo 25 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Este último artículo señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, canalizará los recursos obtenidos en exceso hacia los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de partidas cuando así proceda. En cuanto a los ingresos extraordinarios derivados de empréstitos el gasto se ajustará a lo dispuesto por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que en su Artículo 8o. fracción III, establece que los ingresos que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.
En esta tesitura la necesaria relación entre los diversos ordenamientos aplicables en materia presupuestaria que integran el marco jurídico que rige la actividad financiera del gobierno federal es congruente por cuanto a las necesidades de no limitar de manera irrestricta el ejercicio que un administrador necesita para el buen cumplimiento de su gestión, en especial cuando la misma se ve sujeta a la dinámica económica nacional e internacional. En estas condiciones el administrador requiere contar con los medios suficientes captados por cualesquiera de los conceptos de la Ley de Ingresos para cumplir los objetivos que le fueron expresamente señalados por la propia Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos.
Dentro del proceso de revisión constitucional del gasto público el informe previo -uno de los elementos que se estudian para dictaminar la Cuenta Pública es el documento inicial que elabora la Contaduría Mayor de Hacienda; su contenido es el resultado de un análisis preliminar y no de auditoría sobre la Cuenta de Hacienda Pública Federal y, por tanto, se configura con los comentarios generales que enunciativamente consigna conforme a la ley. Por ello se integra con apreciaciones primarias generalmente realizadas en un plazo breve, sujetas a aclaración o comprobación posterior, que tendrán lugar durante los meses siguientes en los que se va configurando el informe de resultados, en el que se consignarán las conclusiones de naturaleza vinculativa. Con los trabajos de campo, visitas, inspecciones y demás actividades posteriores indispensables para llegar a los resultados definitivos, efectivamente concluye el proceso técnico de revisión y con la formulación de los pliegos de observación, la determinación de las responsabilidades y la promoción de las acciones correspondientes, finaliza su responsabilidad orgánica.
Con base en los enunciados anteriores puede decirse que las entidades de la administración pública federal cumplieron y ejercieron las facultades y obligaciones que el marco legal les asigna, sin perjuicio de la aplicación de los procedimientos conducentes en la detección y determinación de responsabilidades, si las hubiere.
II. Panorama Económico.
Para atender y revisar la Cuenta Pública esta Comisión consideró necesario destacar los principales indicadores de la actividad económica nacional e internacional en virtud de que los ingresos, egresos y déficit de la federación influyen y se ven influidos por el desenvolvimiento de la economía nacional, que a su vez es afectada por los acontecimientos internacionales.
1. PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL
El año de 1981 se caracterizó por una recesión económica que afectó a la mayoría de los países del mundo, tanto a los del Norte como a los del Sur, tanto a los del Este como a los del Oeste, tanto a los que tienen como a los que no tienen petróleo. Esta recesión, agravada a partir de 1979 y agudizada en 1981 por los intentos de las grandes potencias de combatir la inflación que los invade, se vio acompañada de un preocupante número de desempleados; de incrementos sustanciales en las tasas de interés, que alcanzaron niveles extraordinarios; de desequilibrios en las balanzas de pagos; de un aumento en el proteccionismo y en las prácticas desleales del comercio exterior; de elevados montos de endeudamiento en los países en desarrollo, así como un endurecimiento en los términos de contratación de la deuda; de fuertes fluctuaciones cambiarias; de inquietantes flujos de capitales; de una disminución en la coordinación de la política económica de los países industrializados; de una reducción en la cooperación económica internacional; de un aceleramiento en la carrera armamentista; de crecientes costos sociales y tensiones políticas internacionales; de una reticencia en la voluntad política de los países industrializados para establecer un nuevo orden económico internacional y de una creciente inseguridad e incertidumbre en cuanto al futuro económico mundial.
En pocas palabras se vivió en 1981 un grave deterioro de la economía internacional.
Los índices de crecimiento, tanto en los países industrializados como en el mundo en desarrollo, se redujeron a niveles muy inferiores a su tendencia. El desempleo, crónico en los países pobres, se agudizó y parece adquirir perfiles de permanencia en las grandes potencias. La reducción de la inflación en los países industrializados, a costa de grandes sacrificios de empleo, no ha tocado la fuente originaria del problema. La acelerada elevación de las tasas de interés en los últimos años no sólo ha creado una carga para los países endeudados, sino que también ha provocado movimientos crecientes de carácter especulativo, ambos, sumados a la reducción de los ingresos derivada de la baja en los precios de las materias primas, han implicado una severa limitación de las demandas de la población de los países en desarrollo.
Durante 1981 la mayoría de los países industrializados llevaron a cabo políticas financieras y fiscales restrictivas que, aunque lograron reducir su tasa de inflación en dos puntos, acentuaron la tendencia recesiva mundial, que se venía agravando desde 1979.
Por otra parte, el reducido crecimiento de la economía mundial, así como la adopción de mayores medidas proteccionistas, provocaron que el volumen de comercio internacional se mantuviera prácticamente estancado (creció 1.5%).
En los países industrializados se estima un crecimiento del producto nacional bruto de 1.2%, sensiblemente inferior a la tasa media anual de 4% alcanzada en el periodo 1976-1978.
Esta tendencia recesiva se reflejó en un aumento de la tasa de desempleo de 6.2% en 1980 a 7.3% en 1981, que significó, en promedio, un desempleo absoluto de 25 millones de personas para ese año, cifra mayor en 17% a la registrada en 1980.
En los países en desarrollo no petroleros el menor ritmo de crecimiento (4% real en 1981 frente a una tendencia histórica de 6%) se vio acompañado por un agravamiento del desequilibrio externo, resultado de la desaceleración en su volumen de exportaciones y el sensible crecimiento en el servicio de su deuda por las elevadas tasas de interés internacionales, alcanzado en conjunto un déficit en cuenta corriente de 97 mil millones de dólares, que casi triplica el registrado en 1978.
La magnitud de dicho déficit no sólo ha obligado a estos países a recurrir en mayor medida al endeudamiento externo, sino que también ha propiciado que sus reservas internacionales como proporción de sus importaciones se reduzcan en alrededor de nueve puntos (26% en 1978-1979 y 17% en 1980- 1981).
Los países en desarrollo productores de petróleo, debido a la baja en el precio del energético, disminuyeron su superávit de cuenta corriente de 114 mil millones de dólares en 1980 a 90 mil millones en 1981. Adicionalmente el sector petrolero de estos países mostró un decrecimiento promedio real de 6.6% durante el periodo 1978-1981.
Los mercados financieros internacionales se caracterizaron por elevadas tasas de interés, amplias fluctuaciones de las mismas y una mayor inestabilidad en los diferenciales de tasas de interés de los diversos países, lo que generó importantes flujos de capitales y grandes fluctuaciones en las cotizaciones cambiarías de las principales monedas. Además la caída en el superávit de los países productores de petróleo -que reciclan sus ingresos a los mercados financieros internacionales-, así como el incumplimiento de algunos países deudores, provocó un endurecimiento en los términos de obtención de créditos.
2. PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL
a) Objetivos y metas.
La política económica diseñada por el Ejecutivo para 1981 mantuvo las líneas de acción fundamentales de su estrategia socioeconómica de desarrollo que venía instrumentando desde el inicio de su administración, introduciendo algunos elementos dirigidos al manejo de los problemas de corto plazo, surgidos o acrecentados por el proceso mismo de crecimiento y cambio acelerado de los años anteriores.
En este contexto los objetivos generales que se perseguían eran avanzar en la satisfacción de las necesidades básica de las mayorías, generar suficientes empleos productivos y bien remunerados, afianzar el crecimiento alto, sostenido y cualitativamente diferente y mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza.
De estos objetivos generales se desprendían objetivos específicos para 1981 o metas de corto plazo hacia las cuales se dirigía el Presupuesto de Egresos para ese año. Entre éstos destacaban:
- Apoyar la generación de 750 mil empleos, lo que significaba que la ocupación de la mano de obra crecería al 4.5%.
- Coadyuvar a mantener un crecimiento alto y sostenido de entre 7.5 y 8%.
- Controlar la inflación a fin de lograr una tasa inferior a la registrada en 1980 y que presentará una tendencia descendente a final del año, reduciendo, además, el diferencial respecto a la inflación externa.
- Propiciar una mejoría en el nivel de vida de la población mediante un aumento en los mínimos de bienestar.
Para apoyar las metas de crecimiento y empleo se establecía un aumento de gasto público total para 1981 de 31% y, dentro de éste, un incremento de la inversión pública del orden de 16.3% en términos reales. Se consideraba, además, que la inversión privada crecería en términos reales entre 11.5 y 13% (lo que implicaría un aumento de la inversión total entre 13.5 y 15%) y que el consumo privado registraría un crecimiento real del orden de 6.5-7.0%.
Por otra parte se consideraba que en 1981 se dispondría de 417.8 miles de millones de pesos derivados de las exportaciones de hidrocarburos.
Además, en cuanto al sector externo se infiere que la relación del déficit en cuenta corriente al PIB sería del orden de 1-1.5%.
En cuanto al sector financiero se buscaba lograr una evolución adecuada del mercado de dinero y capitales que facilitara y permitiera el control de las presiones inflacionarias e incrementara y diversificara las fuentes de financiamiento de la economía. La contribución del ahorro interno requería que los pasivos no monetarios continuaran su dinámica recuperación para consolidar la intermediación del sistema financiero en la generación y canalización del crédito a sectores prioritarios.
Finalmente es importante destacar que al diseñar la política económica general se señalaba la conveniencia de revisar permanentemente las metas y elementos cuantitativos y de adecuar el manejo de los instrumentos en función del desenvolvimiento de la situación económica y social. Se reconocía, por una parte, que en un mundo con incertidumbre creciente y dada la complejidad de nuestro país no pueden establecerse metas rígidas o utilizar instrumentos inflexibles y, por otra, que en ese entorno había que afrontar riesgos para crecer con desarrollo social.
b) Resultados.
Durante 1981 la economía mexicana registró avances y retrocesos. Por un lado destacan las altas tasas de crecimiento en la producción y en la generación de empleos, coadyuvando esto último al avance en la dotación de mínimos de bienestar.
Sin embargo, la adversa situación internacional -que para México significó ingresos de divisas menores a los esperados, mayores costos de los insumos importados y un sensible incremento en el servicio de la deuda- influyó para que a partir del segundo semestre del año se aumentara la inflación, se deteriorara la balanza de pagos y se amenazara la capacidad para producir y generar empleos.
Durante 1981 el producto interno bruto registró un crecimiento de 8.1% real permitiendo que en términos constantes, el producto percápita llegará a 1351 dólares.
Al respecto sobresale el hecho de que casi todos los sectores de la economía registraron altos incrementos en su producción, destacando agricultura (8.5%), petróleo (17.7%), construcción (11.5%) y energía eléctrica (9.5%).
Por su parte el crecimiento en manufacturas (7.4%) fue semejante al de 1980. En cuanto al crecimiento sectorial la Comisión, a lo largo de sus deliberaciones, coincidió que para tener una mayor comprensión del proceso de crecimiento ocurrido en 1981 es necesario analizar la composición de la producción tanto por sector como por rama de actividad y tipo de producto. En este sentido cabe señalar que a nivel de rama los crecimientos de producción alcanzados en 1981 muestran comportamientos diversos.
Se registró un acelerado ascenso de la producción de bienes de inversión (15%), apoyado fundamentalmente por el elevado dinamismo que se observó en la fabricación y ensamblado de camiones y tractocamiones que durante 1981 creció en 23%. Otras ramas que destacaron en la producción de bienes de inversión son fabricación de otro equipo y material de transporte, maquinaria y aparatos eléctricos, y fabricación y partes automotrices (12.0%, 11.2% y 19.9% respectivamente).
La producción total de bienes de consumo, que en 1981 superó el crecimiento de 1980 (7.1 y 6%), muestra también diversidad en su dinamismo siendo más acelerado el crecimiento de los bienes de consumo duradero (13.5% en 1981 contra 9.0% en 1980) y más reducido el de bienes no duraderos (5.9%).
La producción manufacturera de materias primas y bienes de inversión creció en total 8.2%, tasa superior a la de 1980 (7.8%). En este renglón la la producción de bienes de capital manifestó un crecimiento de 15.1%, que casi duplicó al de la industria manufacturera.
El alto crecimiento del PIB tuvo efectos evidentes en el empleo, que se estima creció a una tasa de 5.4% (superior a la meta significa y que justifica más de un millón de empleos), que rebasó el crecimiento en la población económicamente activa (3.5%) determinando así una reducción en el nivel de desempleo del país.
En el crecimiento del empleo por sectores destacaron la industria manufacturera (5.2%); transportes y comunicaciones (5%); y el sector agropecuario (5%), que absorbió el 26% del empleo nacional. En contraste, el empleo en el sector servicios -que ocupa alrededor del 50% de los asalariados- registró un crecimiento de 4.6%, inferior al 6.9% observado el año anterior. Con respecto a la generación de nuevos empleos se puede destacar el sector servicios comunales, sociales y personales (26%); agropecuario, silvicultura y pesca (24%); construcción (19%); e industria manufacturera (12%).
Estos cuatro sectores representan el 81% del total de empleo generado.
Los salarios reales, que en 1980 registraron una tasa de crecimiento negativa de 0.08%, en 1981 tuvieron un aumentos positivo de 1.6%. Asimismo, y a diferencia del año anterior, tanto los salarios mínimos, como los que siguieron su comportamiento, aumentaron en términos reales 2.4%. Las remuneraciones de otros segmentos del mercado de trabajo tuvieron aumentos cercanos el 1%. De esta forma la masa salarial alcanzó un crecimiento real de 7.1%, superior al 5.5% observado un año antes.
La demanda interna, por su parte, presentó un crecimiento real de 9.4%. Así, tanto el gasto público -creció 58.7% en términos nominales- como privado dieron el impulso necesario para contrarrestar el debilitamiento de la demanda externa y propiciar la notable expansión de la producción.
En cuanto a los componentes de la demanda de inversión fija bruta registró un incremento real de 15.1%, nivel semejante al del año anterior, destinándose principalmente a ampliar la capacidad productiva de los sectores de manufacturas, energía eléctrica, petróleo y transportes. La inversión privada se incrementó en 13.6% real, en tanto que la del sector público aumentó en 17%, tasa superiores a la meta fijada.
El abatimiento en los niveles de desocupación y el incremento real de los salarios propiciaron un crecimiento real del consumo privado del 8.1%, cifra mayor a la estimada.
Por su parte, el consumo público se incrementó 9.1%, ritmo ligeramente inferior al del año anterior (9.6%), resultado, principalmente, de los ajustes al gasto público decretados a partir de julio.
Los precios durante 1981 (variaciones diciembre-diciembre) mostraron una ligera disminución respecto al año anterior, tanto en el índice al consumidor (28.7% en 1981 y 29.8% en 1980) como en el de mayoreo (27.2 y 26.4%). Sin embargo, al comparar el promedio de los valores mensuales se observan variaciones diferentes: 27.9% (superior al 26.3% registrado en 1980) en precios al consumidor, en tanto que el índice al mayoreo muestra en ambos años un crecimiento de 24.5%.
Por otra parte, y considerando la evolución a lo largo del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor muestra en el primer semestre una clara tendencia descendente, alcanzándose en junio la menor tasa de crecimiento mensual (1.4%). A partir de ese mes las variaciones mensuales tiene a hacerse mayores, registrándose en diciembre una tasa de 2.7%, que sólo fue superada por el incremento de enero (3.2%).
Se destacó también que en 1981 los precios de los productos sujetos a control oficial se incrementaron en 19% -cifra inferior a la del índice general.
Durante 1981 se observó un deterioro en el sector externo de la economía no obstante que la tasa de crecimiento de las importaciones de mercancías se redujo consideradamente. Ello se debió a la conjunción de los siguientes factores principales: las condiciones adversas en el mercado internacional del petróleo; la baja
actividad económica del exterior, que junto con el dinámico aumento en la demanda interna redujeron las exportaciones no petroleras; las políticas proteccionistas de los países industrializados, el ensanchamiento del diferencial entre la inflación interna y la externa; los altos niveles de las tasas de interés internacionales, que aumentaron considerablemente el servicio de la deuda; y la continuada depresión en el mercado mundial de la plata y otras materias primas de exportación.
Así, los ingresos derivados de exportaciones de hidrocarburos fueron de 357 miles de millones de pesos muy inferior a la cifra estimada; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos representó el 4.9 del PIB, superior en 1.3 puntos porcentuales a la cifra observada en 1980.
En cuanto a los componentes de dicho déficit y con respecto a 1980, el saldo negativo en la balanza comercial aumentó 16.7%; el déficit, en la balanza de servicios financieros registró un crecimiento de 53.5% -llegando a una cifra de 7602 millones de dólares el saldo positivo en servicios no financieros decreció en 69.3%. Estos dos últimos elementos
determinaron un crecimiento del déficit de la balanza de servicios de 161.3%. En la balanza comercial las exportaciones e importaciones de mercancías sufrieron una fuerte desaceleración a lo largo de 1981 registrando crecimientos nominales de 26.6 y 24.5%, respectivamente, que resultaron sensiblemente inferiores a los observados un año antes de 73.6 y 54.3%.
En la reducción del superávit de la balanza de servicios no financieros fue decisivo el deterioro en el turismo, cuyos ingresos crecieron 5.3% en tanto que los egresos aumentaron en casi 50%.
En la cuenta de capital las entradas netas fueron de 18 153 millones de dólares, registrando un crecimiento de 85.3% en relación con 1980.
Como resultado de la intensa actividad económica y de una política de tasas de interés -que buscaba compensar la pérdida de poder de compra de los ahorradores y mantener competitivo al sistema financiero frente al exterior- la captación de recursos del sistema bancario creció en 15.5% en términos reales, mostrándose una preferencia por instrumentos de ahorro denominados en en moneda extranjera.
Como respuesta a las políticas del sector público el financiamiento obtenido se destinó a apoyar la producción e inversión en los sectores prioritarios de la economía. En términos reales el crecimiento del financiamiento duplicó el ritmo de expansión de la actividad económica, alcanzando un 16%. La comisión manifestó su interés por seguir profundizando en el estudio de la estructura productiva, los tipos de empleos y salarios, los desequilibrios del sector externo, la capacidad de los instrumentos de política económica para compensar efectos indeseables provenientes del exterior y el papel del sistema financiero en 1981. Estos temas serán parte de la agenda de trabajo de esta Comisión Dictaminadora.
La Comisión considera, asimismo, que el examen del contexto nacional e internacional es necesario para conocer los resultados de la gestión financiera del sector público presupuestario y para examinar el cumplimiento de las metas contenidas en sus programas.
Ello es particularmente válido en 1981, por que el panorama previsto por el presupuesto resultó diferente; es decir, varios de los pronósticos que servían en base a la estimación de los ingresos, egresos y deuda de la Federación, no se cumplieron. Tal es el caso del crecimiento de la economía mundial, de los ingresos por exportación de hidrocarburos y materias primas y de los plazos de contratación de deuda externa, que resultaron inferiores a lo previsto. Tal es el caso también de las tasas de interés - nacionales e internacionales- de los aumentos de precios y salarios y del "deslizamiento" del tipo de cambio, que fueron mayores a lo estimado para efectos de presupuesto. Estos factores tuvieron una importancia notable en los resultados que se presentan en la Cuenta Pública de 1981, como se apreciará en los apartados siguientes.
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Para entender la gestión financiera de la Federación, la comisión decidió proceder de lo general a lo particular, analizando primero los ingresos, los egresos y el déficit del sector público presupuestario para luego analizar sus partes, es decir, el Gobierno Federal y los organismos y empresas.
1. Sector Presupuestario Consolidado.
En primer término se consideró necesario conciliar las cifras que aparecen en el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos, ya que éstas provienen directamente de los registros contables de las entidades, y al consolidarse se consideran doblemente, o bien contienen cifras que corresponden a otros niveles de gobierno (estados y municipios), o se refieren a operaciones virtuales o compensadas que es necesario eliminar a fin de obtener cifras relevantes para la revisión de la Cuenta Pública.
El cuadro 1 se aprecia cómo partiendo de las cifras presupuestas se obtienen los datos conciliados de ingresos, egresos y déficit que serán utilizados en el resto del análisis.
Estas conciliaciones se presentan a partir de la Cuenta Pública de 1981, en cumplimiento a las recomendaciones de la Cámara de Diputado, los conceptos que se deducen se explican a continuación:
-Los subsidios compensados se deducen por que se trata de operaciones virtuales, ya que se refieren a pagos de impuestos utilizando subsidios otorgados por el Gobierno Federal.
Las asunciones de pasivo de entidades del sector público no implican ninguna operación
monetaria, sino exclusivamente afectaciones a registros contables.
-Las participaciones a estados y municipios se incluyen por recomendación explícita del Poder legislativo en el dictamen de la Cuenta Pública de 1980 y se trata de una operación similar a las antes descritas.
-Los CETES se deducen porque durante el transcurso del ejercicio se van colocando y amortizando sin realizar ninguna afectación presupuestal, a excepción de la colocación correspondiente a los últimos tres meses de cada año, la cual se registra dentro de la Ley de Ingresos; en el rubro de financiamientos se considera, para efectos de amortización, en el presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente.
- El fondo de Financiamientos del Sector Público se constituyó para aprovechar los excedentes temporales de la liquidez del sector público en el financiamiento de las entidades que tengan faltantes de recursos a corto plazo y se deduce porque sus operaciones son temporales, es decir, el crédito volverá a la entidad que lo prestó pero aparecerá al final del año como gasto-ingreso en varias entidades.
Las cifras de ingresos y egresos (cuadro 1) se dividen como aparece en el cuadro 2 para obtener el déficit financiero presupuestario. Se notará que la Inversión Financiera no forma parte de este déficit debido a lo siguiente: el gasto del Gobierno Federal puede ser directo o indirecto. Se consideran directas las erogaciones necesarias para llevar a cabo las funciones que le son inherentes, tales como administración, defensa, salubridad, educación, construcción de obras públicas, etcétera. El gasto indirecto se refiere al otorgamiento de recursos financieros que efectúa el gobierno para impulsar la producción de otras entidades. Estas asignaciones se expresan en forma de transferencias e inversiones financieras. Las transferencias se otorgan sin que los receptores de las mismas se obliguen a reembolsar los fondos recibidos; es decir, son erogaciones no recuperables en efectivo. Las inversiones financieras tienen como características fundamentales la existencia de títulos de crédito, recuperabilidad de los fondos y, en su caso, la pronta convertibilidad de esos valores. Ambas operaciones son de naturaleza distinta y su impacto en la determinación del déficit es también diferente. Las transferencias, por ser un gasto no recuperable, incrementan los niveles de déficit, mientras que las inversiones financieras no inciden en dicho concepto Esto obedece a que, como ya se mencionó, las inversiones financieras, por sus características, representan activos que en un momento dado el gobierno puede hacer efectivos y disponer de ellos para hacer frente a sus compromisos.
Las inversiones financieras, por no tener incidencia en el déficit, se presentan "abajo de la línea", junto al endeudamiento neto, que permite financiar el déficit. Este criterio es de aceptación internacional y se fundamenta en los principios de la Contabilidad Nacional de las Naciones Unidas.
Se explicó que este avance en los criterios para la determinación del déficit financiero se presenta por primera vez en la Cuenta Pública de 1981 y se muestra únicamente a nivel consolidado. Dada la discusión que suscitó este cambio, la Comisión consideró necesario estudiarlo con más detenimiento. Dicho estudio será parte de su agenda de trabajo.
Como se aprecia en el cuadro 2, el déficit presupuestario creció 96.6% por encima de los presupuestado. Para explicar este aumento se consideró conveniente detallar sus componentes sin perder de vista los acontecimientos internacionales ya reseñados, que afectaron en forma trascendental las metas de financiamiento del gasto necesario para alcanzar los objetivos propuestos. Este cambio tuvo que enfrentarse en un plazo sumamente corto y planteó al Ejecutivo Federal la necesidad de elegir las opciones que entonces se consideró que afectarían en menor grado al desarrollo de los programas fijados como prioritarios. No se optó por la reducción drástica del gasto, por las serias consecuencias que se prevenían en el aparato productivo del país, en el empleo y, sobre todo, en los programas sociales.
La desviación del déficit respecto a la estimación original (293.7 miles de millones de pesos) se debió en un 99.0% a la disminución en el ahorro corriente, que sólo fue de 254.3 miles de millones, cuando se había previsto una cantidad de 306.4 miles de millones (véase el cuadro 3).
Esta desviación en el ahorro se debió, a su vez, a que el gasto corriente superó en 163.6 miles de millones al gasto presupuestado, mientras que los ingresos fueron inferiores a los presupestados en 127.1 miles de millones.
Del excedente de gasto corriente (163.6 miles de millones), un 65.3% (106.9 miles de millones) se debió al incremento en el pago de interés, comisiones y gasto de la deuda, causado por la elevación en las tasas de interés (nacionales e internacionales) y por una mayor contratación de créditos revolventes que no fue posible prever cuando se formuló el presupuesto.
La desviación del gasto corriente el 86.2% (141.0 miles de millones) tuvo su origen en el ejercicio de los organismos y empresas, destacando por sus variaciones los rubros de materiales y suministros (56.3 miles de millones ) y el de intereses, comisiones y gastos de la deuda (45.2 miles de millones). En el caso de materiales y suministros el 81.5% de la desviación (45.9 miles de millones) se debió a la adquisición extraordinaria de granos en el mercado nacional y a las compras pactadas con anterioridad en el exterior, para asegurar el oportuno abasto a la población. Además se incrementaron los precios de garantía durante el año. Se incurrió en estos aumentos por la necesidad de dar cumplimiento a los propósitos de mantener para 1981 la autosuficiencia alimentaria y elevar los niveles de bienestar de la población campesina.
Los ingresos corrientes fueron inferiores a los estimados porque los rubros de venta de
bienes en organismos y empresas y de impuestos a la exportación fueron menores a lo previsto en 121.1 miles de millones y en 67.6 miles de millones, respectivamente, aunque parte de estas desviaciones se contrarrestaron con recaudaciones superiores a lo estimado en otros conceptos. Estas variaciones afectaron seriamente la previsión de ingresos de divisas para el financiamiento del desarrollo, por lo que se recurrió a lo que se consideró la única fuente variable, en tan corto plazo, para sustituir estos recursos: la contratación adicional de créditos externos.
Los organismos y empresas participaron con un 61.8% (78.5 miles de millones) de la variación de los ingresos corrientes respecto a los presupuestados, destacando las variaciones de PEMEX (90.6 miles de millones) y DINA (8.3 miles de millones). En PEMEX la variación se presenta como consecuencia de la disminución en la exportación de hidrocarburos, mientras que en DINA se debió fundamentalmente a la contracción de la demanda nacional de vehículos automotrices. En términos generales más de la mitad de los 27 organismos y empresas sujetos a control presupuestal directo captaron ingresos corrientes en monto inferior al estimado.
En cuanto a ingresos y egresos de capital su desviación con respecto al original impactó apenas en 1% al déficit financiero presupuestario, dado que, como se aprecia en el cuadro 4, el déficit de capital mostró un exceso pequeño (0.5%) con respecto al presupuesto original (3.0 miles de millones de pesos).
Los organismos y empresas representaron el 61.4% del total de egresos de capital (382.7 miles de millones), siendo que originalmente se estimó un 51.2% Esta variación fue determinada principalmente por la registrada en el rubro de obras públicas, que participó en un 86.0% del total (58.5 miles de millones) como consecuencia de la modificación del programa de obras en el sector petrolero, así como por los notables incrementos en los precios de materiales para la construcción. Petróleos Mexicanos, por sí sola, incurrió en una desviación de 73.9 miles de millones, monto que supera en 5.8 miles de millones a la del sector paraestatal en su conjunto, ya que 18 de estas entidades mostraron erogaciones inferiores a las aprobadas originalmente para este concepto.
Se explicó que el deterioro ocurrido en el comercio internacional de hidrocarburos volvió imperativo para PEMEX incrementar la producción de crudo ligero, a fin de no verse desplazada del mercado de estos productos, lo que hubiera agudizado el problema de obtención de divisas. Esta situación la obligó a modificar si programa de instalación de equipos de perforación e hizo necesario adaptar las instalaciones ya existentes.
La variación negativa mostrada en el cuadro 4 por los egresos del Gobierno Federal se deriva del subejercicio de 50.5 miles de millones en el rubro de erogaciones extraordinarias, que se utiliza como partida puente para trasladar el gasto a conceptos específicos.
Los movimientos anteriores hicieron que el endeudamiento neto, tanto para financiar el déficit como para realizar la inversión financiera, alcanzará un monto de 757.5 miles de millones de pesos, que superó en 459.6 miles de millones la prevención original. Esta cifra aparece en el cuadro 5, de donde puede inferirse que el 71.5% de esta variación se explica por la mayor contratación de recursos de origen externo (328.6 miles de millones). Esto afectó sensiblemente la estructura prevista para el endeudamiento neto de 1981, ya que estos créditos externos constituyeron el 55.5% del total, mientras la programación original establecía únicamente 30.8%. Esta contratación adicional de recursos se destinó en un alto porcentaje para erogaciones programadas prioritarios de inversión, dado que el problema principal fue el de suplir las divisas que dejaron de percibirse por concepto de exportaciones. Solamente las correspondientes a hidrocarburos representaron un 51.4% (169.0 miles de millones) de la desviación del endeudamiento neto externo.
El 55.6% (255.7 miles de millones) de la variación mostrada por el endeudamiento neto total tuvo si origen en operaciones de los organismos y empresas, proviniendo a mayor parte de estos recursos del exterior. De este excedente el 86.5% (210.7 miles de millones) correspondió a PEMEX y el 9.9% (24.0 miles de millones) a CONASUPO.
Por otra parte, el 90.7 (118.8 miles de millones) de la variación total del endeudamiento neto interno se explica por la mayor captación de ahorro nacional por parte del Gobierno Federal, destacándose la colocación de CETES y Petrobonos. Del excedente correspondiente a organismos y empresas (12.2 miles de millones) el 82% (10.0 miles de millones) se destinó a la adquisición de productos agrícolas.
Si al saldo de la deuda del sector público presupuestario registrado en 1980 se añade el endeudamiento neto de 1981 y se realizan ajustes que aparecen en el cuadro 6 (donde sobresale la revaluación monetaria) se obtiene un saldo, al 31 de diciembre de 1981, de 2 348.4 miles de millones distribuidos según aparece en el cuadro 7. Allí se aprecia que el 40.8% del total corresponde a los organismos y empresas, habiéndose incrementado su participación en el total en relación a 1980, cuando representaba el 38.6%.
A continuación se detallarán estos resultados examinados por separado la gestión financiera del Gobierno Federal y de los organismos y empresas del sector presupuestario.
2. Gobierno Federal.
Los ingresos, egresos y déficit del Gobierno Federal aparecen en el cuadro 8, donde se aprecia que los renglones de ingresos, así como el de egresos de capital, registran cifras ejercidas inferiores a las presupuestadas; lo contrario
Sucedió en los egresos corrientes dando lugar a un déficit financiero presupuestario de 409. miles de millones, que excedió en 34.2% al déficit previsto. Este resultado se debió a un déficit en cuenta de capital de 417.7 miles de millones de pesos frente a un ahorro (superávit corriente) de solamente 8.7 miles de millones.
La variación de 6.1% en los ingresos corrientes se explicará más adelante al tratar en forma separada los ingresos del Gobierno federal. La modificación en los ingresos de capital resultó irrelevante en términos de monto (1.3 miles de millones), situación que contrasta con la de los egresos corrientes, que fueron superiores en 69.0 miles de millones a los presupuestados y compensados parcialmente por un menor ejercicio en los egresos de capital (14.7 miles de millones). Conviene resaltar que en años anteriores a 1981 el ahorro corriente financió una buena parte de los gastos de capital del Gobierno Federal, lo que no ocurrió en 1981.
Para profundizar en la explicación de la gestión financiera del Gobierno Federal en el cuadro 9 se muestran sus ingresos ordinarios (los corrientes, más los de capital).
Allí se aprecia que los impuestos sobre la renta, al valor agregado y "otros", registraron cifras superiores a las presupuestadas; sin embargo, los impuestos al petróleo y a la exportación registraron cifras inferiores a las presupuestadas (en 26.6% y 25.5%, respectivamente) como resultado de las condiciones internacionales ya señaladas. Para completar el impacto de las variaciones anteriores en el total se incluyen en el cuadro 10 las participaciones de cada uno de los renglones de ingresos.
Sobresale el impuesto a la exportación (del cual el 97% está constituido por gravámenes a hidrocarburos), que representó el 21.3% del total, cuando se estimaba que este porcentaje sería de 27.8% en caso de haberse cumplido las previsiones de precios y cantidades exportadas de petróleo. El impuesto sobre la renta, por su parte, constituyó un 35.7% del total, superior a su participación esperada (32.2%). Caso similar, aunque en menor porcentaje, se registró con el IVA.
Para conocer más a fondo los egresos del Gobierno Federal se presentan los cuadros 11 y 12, que subdividen estos gastos, atendiendo, el primero, a la clasificación administrativa, y, el segundo a la llamada clasificación económica. Para llegar a los totales que aparecen en estos cuadros, a partir de las cifras del gasto presupuestado para el Gobierno Federal, se realizan las conciliaciones del cuadro 1.
Desde el punto de vista administrativo, en el cuadro 11 se observa que en cuanto a la diferencia entre lo estimado y lo ejercido sobresalen: la Deuda Pública neta, que rebasó el presupuesto en 35.7 miles de millones de pesos (12.5%); Educación Pública, en 24.0 miles de millones de pesos (12.2%); Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en 12.6 miles de millones de pesos (25.5%); Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 12.1 miles de millones de pesos (10.1%); Comercio, en 9.1 miles de millones (16.8%); y Patrimonio y Fomento Industrial, en 7.3 miles de millones de pesos (6.6%). La justificación de esta diferencia se hará en el capítulo siguiente.
Los ramos que gastaron menos que los presupuestado fueron:
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Turismo y el Poder Legislativo. En erogaciones adicionales la disminución fue importante (49.0%) porque se trata de un ramo general donde se asientan algunas asignaciones que después se transfieren a las entidades ejecutoras de los programas.
El gasto ordinario del Gobierno Federal (1161.5 miles de millones) se divide, desde el punto de vista de la clasificación económica, en gasto corriente (743.1 miles de millones de pesos) y en gasto de capital (418.4 miles de millones de pesos). El primero, a su vez, se subdivide en transferencias y en gastos directos de administración (que incluye servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y erogaciones extraordinarias). Este último fue inferior en 30.3 miles de millones (8.6%) al presupuesto original, debido a la restricción presupuestal de mediados de 1981 y a pesar del fuerte aumento de los gastos en servicios personales (que superaron 33.9 miles de millones al presupuesto original por los incrementos salariales de enero, mayo y septiembre al Magisterio y de septiembre al personal federal).
El renglón de erogaciones extraordinarias, que tradicionalmente registra aumentos importantes, en 1981 fue inferior a lo presupuestado (73.9%), que se explica por haberse regularizado los egresos corrientes imprevistos para dotar de mayor transparencia el destino del gasto. Los intereses, comisiones y gastos de la deuda más que se duplicaron en relación a 1980 y su diferencia con lo presupuestado fue de 52%, debido, como ya se explicó, al aumento en las tasas de interés nacionales e internacionales, a la mayor deuda externa causada por la reducción en los ingresos petroleros y porque el Banco de México elevó en 10 puntos porcentuales la tasa de interés que obra por sus créditos al Gobierno Federal.
Sobresale en la clasificación económica del gasto el renglón de transferencias -tanto corrientes como de capital-, que rebasaron en un 18.5 y en un 9.5%, respectivamente, los montos presupuestados debido a los mayores apoyos a CONASUPO, al sector eléctrico (como parte del subsidio a los consumidores), a FERTIMEX (para el mantenimiento de los precios de sus productos) y, sobre todo, por los recursos que destinó la banca agropecuaria en apoyo al SAM.
En el cuadro 13 se incluye la parte de las transferencias del Gobierno Federal destinadas a los organismos y empresas controladas presupuestalmente. Ahí se aprecia que el 57.4% de estos recursos se destinaron al subsidio de los precios o a la operación de estas entidades.
En el cuadro 14 se muestran, además, las transferencias, los subsidios e inversiones financieras que recibieron empresas y organismos de control indirecto, instalaciones de seguridad social, los estados, municipios y Distrito Federal,
El sector privado, el exterior y los fondos y fideicomisos de instituciones nacionales de crédito. Como se aprecia, el segundo lugar lo ocupan las transferencias a empresas y organismos de control indirecto.
En el cuadro 15 las transferencias se presentan por sector económico sobresaliendo las que se destinan a servicios sociales y comunales (educación, salud, trabajo, etc.), al sector agropecuario y a la banca rural, al sector electricidad, al sector comercio y a la industria manufacturera.
Lo mismo sucede si la clasificación se hace en términos de mínimos de bienestar; es decir, alimentación, salud, educación y vivienda recibieron 105.4, 20.2 40.9 y 3.7 miles de millones, respectivamente, que representan en conjunto el 46.7% del total.,
Cabe aclarar que la información de estos cuadros se depuró con base en los criterios económicos de la contabilidad nacional eliminando aquellos conceptos que no tienen carácter de transferencias e incorporando los que a pesar de registrarse en otros capítulos cumplen con los requisitos para ser considerados en este renglón.
Estas cifras se presentan sólo para 1981, ya que es la primera vez que se incluyen en forma tan completa en el análisis de la Cuenta Pública, atendiendo a una sugerencia de esta H. Soberanía. Para ello el poder Ejecutivo ha promovido la creación en el sector público de un Registro Unico de Transferencias (RUT), que centraliza y organiza en forma integral y coherente los datos de transferencia que se encontraban dispersas en las dependencias y entidades de la Administración Pública.
3. Organismos y empresas sujetas a control presupuestal.
El déficit financiero de los 27 organismos y empresas que se incluyen en el presupuesto fue de 326.9 miles de millones de pesos, cuatro veces superior al déficit presupuestado (79.9 miles de millones de pesos). Esta modificación se debió principalmente a un desahorro corriente de 11.8 miles de millones de pesos, cuando originalmente se había presupuestado un ahorro sustancial de 197.6 miles de millones de pesos. Esta diferencia, a su vez, tuvo su origen en un cambio importante registrado tanto en los egresos como en los ingresos corrientes. Estos últimos fueron inferiores en 68.4 miles de millones de pesos a los presupuestados en tanto que los primeros rebasaron en 141 miles de millones de pesos a los gastos presupuestados; como se advierte en el cuadro 16.
También el déficit de capital fue superior al estimado (en 37.6 miles de millones de pesos) debido a que los gastos de capital excedieron a los presupuestados en 61.2 miles de millones de pesos, situación que se compensó parcialmente (en 23.6 miles de millones de pesos) porque los ingresos de capital también rebasaron a los estimados.
Las entidades que más influyeron en este resultado deficitario fueron PEMEX, CFE y CONASUPO, que registraron déficit de 224.2, 44.8 y 34.7 miles de millones de pesos, respectivamente. Es decir, estas tres instituciones representaron el 93% del déficit total de organismos y empresas, como se aprecia en el cuadro 17.
También debe destacarse que 8 de las entidades registraron un superávit financiero y presupuestario, aunque algunas como AEROMÉXICO y SICARTSA habían presupuestado déficit. Del déficit en cuenta de capital, PEMEX y CFE representaron el 90.5%. Para conocer más en detalle los ingresos de los organismos y empresas, tanto corrientes como de capital, se incluyen los cuadros 18 y 19. Asimismo, se anexan los egresos corrientes (cuadro 20) y de capital (cuadro 21).
La mayor parte de estas variaciones serán examinadas en el apartado siguiente.
4. REVISIÓN SECTORIAL
La Cuenta Pública es muy extensa en el análisis sectorial, que condensa en el tomo de resultados generales y desglosa con detalle en más de cinco mil cuartillas divididas en 17 volúmenes separados, correspondientes a los sectores administrativos.
Evaluar el cumplimiento de los programas de estos sectores fue la tarea más ardua de esta Comisión y se optó por analizar aquellos que se consideraron más importantes: agropecuario, forestal y pesca; comunicaciones y transportes; comercio; bienestar social; energético e industrial, así como las estrategias intersectoriales (SAM, CUC, PIDER y COPLAMAR.)
En la discusión de cada uno de estos sectores la atención se centró en los subsectores y en los programas más importantes. Cuando la explicación incluida en la Cuenta Pública se consideró insuficiente se dialogó con los funcionarios de la dependencia correspondiente para que ampliaran la información y despejaran las dudas surgidas en el seno de la Comisión. Por esta razón, ante la imposibilidad de hacer un análisis de los 325 programas y más de 2000 subprogramas, se presentan sólo los más sobresalientes y los que más llamaron la atención durante las discusiones de esta Comisión.
Se incluye, asimismo, la evaluación cuantitativa que hizo el informe previo del cumplimiento de las metas de cada uno de los sectores. Conviene reiterar que dicho documento, como su nombre lo indica, es un análisis preliminar (no definitivo), que se mejorará durante el lapso restante de este proceso legislativo de revisión de la Cuenta Pública, que culmina cuando la Contaduría Mayor presenta a esta H. Soberanía el informe de resultados en los primeros días de septiembre del año entrante.
Para revisar los diferentes programas emprendidos por la Federación la Comisión consideró conveniente analizar primero el gasto sectorial económico, que engloba las erogaciones con arreglo a las funciones económicas en que el Estado participa, permitiendo así la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas. Para ello fue necesario, primero,
deducir del gasto total de la Federación (2762.2 miles de millones de pesos), todas aquellas erogaciones que no se identifican con una actividad específica o que son consecuencia de una aplicación de recursos de otro ejercicio. Estas deducciones aparecen en el cuadro 22, donde se aprecia que los rubros más significativos son las participaciones a estados y municipios y el servicio de la deuda. El primero se excluye por tener un carácter general, sin que pueda asignarse a un sector particular, y el segundo porque corresponde a financiamientos obtenidos en otros ejercicios, en los cuales ya se hizo la distribución sectorial correspondiente.
En la clasificación sectorial se aprecia la atención especial a los sectores prioritarios: agropecuario, forestal y pesca; comunicaciones y transportes; comercio y bienestar social y energéticos. Estos sectores absorbieron el 82.8% del gasto total sectorizable, como puede observarse en el cuadro 23, sobresaliendo la participación de energéticos, bienestar social y agropecuario en dicho total.
A continuación se examinan los principales sectores incluidos en el cuadro 23, desglosando la información en sus diferentes componentes, tanto del Gobierno Federal como de los organismos, empresas y otras entidades subsidiadas por la coordinadora del sector, incluyendo además un apartado que concentra la información de SAM, PIDER, CUC Y COPLAMAR, programas especiales que son de naturaleza intersectorial, es decir, sus gastos ya están considerados dentro de los egresos de cada uno de los sectores que participan en su ejercicio, pero se incluyen en un volumen especial de la Cuenta Pública por su relevancia en la estrategia económica de la Federación .
1. Sector agropecuario, forestal y pesca.
La presente administración, desde su inicio fijó dos prioridades: energéticos y alimentos. Por lo tanto, este sector es de carácter estratégico en el desarrollo socioeconómico del país. Su actividad está vinculada estrechamente con los objetivos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, de aumentar las oportunidades de empleo en el medio rural, de lograr mínimos de bienestar para la población y de modernizar la estructura productiva del país. Además la estrategia de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero integra la acción coordinada de diversas políticas y aborda en forma integral el problema alimentario mediante el SAM.
Los propósitos y políticas de este sector se presentan en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de 1981 de la siguiente manera:
- Impulsar el desarrollo rural, primordialmente en zonas agropecuarias de temporal que cuenten con las mayores potencialidades para aumentar la producción de alimentos básicos, a través del incremento en los rendimientos. - Propiciar el aprovechamiento intensivo de los recursos con que cuentan las zonas de riego, mejorando la eficiencia.
- Aprovechar las tierras ociosas y abrir nuevas tierras para ampliar la frontera agrícola en los cultivos y las regiones convenientes.
- Realizar la producción pecuaria en forma intensiva y fomentar la autosuficiencia de las áreas ganaderas.
- Convertir las tierras ganaderas extensivas al uso agrícola cuando ello signifique ventaja para la nación.
- Desarrollar al subsector forestal mediante la integración, expansión y explotación eficiente de las agroindustrias transformadoras de materias primas de origen forestal, sobre todo las productoras de celulosa.
- Incentivar a los campesinos a combinar la actividad agrícola, la pecuaria y la forestal.
- Acelerar el ritmo de ejecución de las acciones relativas al abatimiento del rezago agrario y al desarrollo de nuevos centros de población.
- Desarrollar la pesca masiva de altamar a través de una flota de altura, así como promover una mejor utilización de la flota en operación y al establecimiento de empresas de coinversión.
La estructura del gasto del sector agropecuario, forestal y pesca aparece en el cuadro 24, donde se observa que el gasto total ejercido (236.4 miles de millones de pesos, que rebasa en 5.6% al gasto presupuestario) se integra con los siguientes subsectores:
A. Subsector agropecuario y forestal.
Este subsector incluye a la SARH, Productos Forestales Mexicanos, Forestal Vicente Guerrero y a la SRA, .
a) Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos Los 36 programas de esta Secretaría se incluyeron en el cuadro 24, donde se observa que 15 ejercieron un presupuesto inferior al original y 28 lo rebasaron.
De estos 43 programas, en el seno de la Comisión se cuestionaron los que registraron mayor variación presupuestaria y siendo éstos el 3D- Captación y Conducción de Aguas para Usos Múltiples, y VM-Financiamiento de las Actividades Agropecuarias, por carecer de justificaciones suficientes. Por lo que respecta al primer programa se respondió que con objeto de impulsar la industrialización del país y acelerar el proceso de desconcentración territorial se establecieron los distritos industriales marítimos (DIM), correspondiendo dentro de dicho proyecto a la Dirección General de Captación y Conducción de Agua la entrega de agua en bloque. Lo anterior, aunado a la iniciación del Sistema Regional Linares-Monterrey, ocasionó una variación en el gasto por 8107 millones de pesos (184%).
Los proyectos Lázaro Cárdenas, Mich.; Salina Cruz, Altamira, Oax.; Tamps.; y Coatzacoalcos, Ver. (incluidos en los DIM), no representaron beneficios para el ejercicio de 1981, sino que éstos se obtendrán a la terminación de los mismos (1983).
En cuanto al Programa BM-Financiamiento de las actividades agropecuarias y forestales se explicó que el otorgamiento de créditos aumentó 131% respecto a su asignación original, del cual el 118% fue para pagos de pasivos a BANRURAL por la creación del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
Por otra parte, el otorgamiento de créditos se cumplió en un 96.2%; el 3.8% restante no se concedió en virtud de que la asignación autorizada para ellos fue extemporánea.
El gasto presupuestado y erogado por la SARH durante 1981 fue el siguiente: (millones de pesos)
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La variación del 35.4% en el gasto de capital se debió básicamente a las transferencias concedidas durante el año, las que tuvieron que aumentar por el incremento en los precios de la maquinaria y equipo agrícola de importación que requieren para su funcionamiento los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, coordinadas por esta Secretaría.
La Comisión solicitó comentarios adicionales a los incluidos en la Cuenta Pública respecto a la desviación en el gasto corriente por concepto de servicios personales (10.1 miles de millones de pesos) y la SARH amplió los comentarios indicando que la variación se justifica y desagrega como sigue:
- El aumento general autorizado por el C. Presidente de la República repercutió en 2882 millones de pesos.
- El incremento de sobresueldos alcanzó un monto de 2 011 millones de pesos.
- Los ajustes efectuados al salario mínimo, la autorización del Catálogo de Puestos y el Tabulador de Sueldos incrementaron en 578 millones de pesos el presupuesto originalmente autorizado.
- Se autorizaron ampliaciones líquidas en apoyo al PIDER por 570 millones de pesos.
- Se efectuaron transferencias al capítulo de erogaciones personales por 4 985 millones de pesos.
Se manifestó la preocupación de que a juzgar por las cifras la política agropecuaria estuviera privilegiando a las áreas agrícolas de riego y descuidando las de temporal. Se respondió que las metas de riego, así como las de temporal se alcanzaron casi en su totalidad (94% y 96%, respectivamente), y se destacó que al considerar las inversiones en ambos distritos se tome en cuenta que los costos de las obras para las áreas de riesgo son sustancialmente más elevadas.
El informe previo opina que las metas de la SARH se cumplieron en un 79%.
a1) Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX).
La actividad básica de este organismo es el aprovechamiento de los recursos forestales del área que tiene concesionada, realizando, a su vez la industrialización correspondiente. Así mismo, efectúa labores de protección, vigilancia y fomento de los bosques, promoviendo el desarrollo económico de la región a través de la construcción de nuevos caminos y fomentando actividades sociales (educación, salud, deporte, etcétera).
Para lograr estos propósitos PROFORMEX ejecuta los programas que aparecen en el cuadro 26, donde se observa que el gasto pro gramático ejercido fue inferior en 24% con respecto al gasto presupuestado, diferencia que se explica principalmente por la variación del principal programa del organismo: el HC- Producción y Transformación Forestal, que absorbe un 76% del total del gasto programado.
El aspecto presupuestario de esta entidad se resume así:
(millones de pesos)
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La desviación del 44.8% en los ingresos corrientes se explica por la imposibilidad de las fábricas de aglomerados y molduras para iniciar operaciones durante el año, de conformidad con los planes trazados.
Respecto a los financiamientos, éstos fueron necesarios para hacer frente a los compromisos contraídos por la adquisición de dos fábricas de muebles con un valor de 35.5 millones de pesos y el resto para cubrir el déficit ocasionado por las ventas y estar en posibilidad de solventar los gastos derivados de la ejecución de los programas del organismo.
Egresos:
Los egresos fueron 23.8% inferiores a los presupuestados como se aprecia en el cuadro siguiente:
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Estas variaciones se debieron también a los retrasos ya señalados.
Para 1981 las principales metas del organismo fueron, entre otras, la extracción de 473000 m3 de madera en rollo, la industrialización de 173 mil m3, la construcción de 130 kilómetros adicionales de caminos y el otorgamiento de servicios sociales a los productores forestales, beneficiando así a 30 000 personas.
Los resultados señalan que el programa de extracción de madera en rollo se cumplió en un 100%, no así el programa de industrialización, que no alcanzó la meta programada debido al retraso en el inicio de operaciones de la fábrica de triplay, la que comenzó a operar hasta el mes de agosto.
Las finanzas del organismo, de acuerdo a los estados financieros que aparecen en la Cuenta Pública, muestran una posición sana. Se observa, sin embargo, que la situación económica por la que atraviesa el país ha repercutido en sus finanzas, por lo que ha tenido que recurrir a créditos.
En cuanto a la principal salvedad presentada por el auditor externo en su dictamen a los estados financieros de 1980 y 1981, referente a las inversiones en activos fijos realizadas por la entidad, se informó que en su mayor parte corresponde a maquinaria usada de importación, cuyos requisitos oficiales para su internación al país fueron ya cumplidos.
a2) Forestal Vicente Guerrero (FOR VIGRO)
Los objetivos prioritarios del organismo son: la presentación de asistencia técnica para la reforestación y vigilancia de los recursos forestales; la comercialización de sus productos a nivel nacional; la construcción de vías de comunicación entre poblados rurales y de acceso a las zonas de trabajo; el fomento a la capacitación y ocupación de ejidatarios y comuneros; y la implementación de acciones de servicio social.
Para lograr estos objetivos la entidad desarrolla los programas que aparecen en el cuadro 27, donde sobresale el HC - Producción y Transformación Forestal, que participa con 66.5% de los ingresos. Asimismo, en dicho cuadro se observa el gasto ejercido fue inferior en 31% al presupuesto debido a que en todos los programas se gastó menos de lo programado.
En cuanto al Presupuesto de Ingresos y Egresos, la Cuenta Pública muestra las siguientes cifras:
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El organismo tuvo un déficit de 26% en la recaudación de ingresos corrientes debido a la disminución de extracción de madera, en la que influyeron los siguientes aspectos: imposibilidad para controlar el transporte por falta de recursos; el ciclo de lluvias fue muy prolongado, lo que ocasionó que los caminos de penetración sufrieran trastornos y se redujera el
Tiempo de extracción; y la carencia de recursos para rehabilitar oportunamente el equipo y la maquinaria pesada. Respecto a la contratación de financiamientos la entidad comentó que se vio en la necesidad de recurrir a ellos debido a su situación deficitaria y a la imposibilidad de aumentar sus ingresos propio.
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Las variaciones en los egresos se justifican por el déficit que el organismo tuvo en los ingresos; adicionalmente dicha variación reflejó el efecto de la producción presupuestaria del 4%.
Durante 1981 no se alcanzaron las metas de los principales programas, en el GO - Preservación, Desarrollo y Control de la Flora y de la Fauna, de las 1.1 millones de hectáreas programadas sólo se alcanzaron 0.6 millones. Esta desviación se debió a los problemas de carácter social que enfrentó la entidad y a la falta de recursos económicos.
Respecto al principal programa del organismo (el HC - Producción y Transformación Forestal) el porcentaje de logros con respecto a las metas originales fue del 49% en promedio debido a que el ciclo de lluvias fue muy prolongado, los caminos se deterioraron y se hizo imposible el acceso a los macizos forestales.
Por otra parte se observó que la situación financiera de la entidad es deficiente, según se muestra en el dictamen de sus estados financieros practicado por el auditor externo. En dicho dictamen se incluyen diez salvedades que se difieren básicamente a aspectos operativos y de organización y que de acuerdo al seguimiento de operaciones practicado por la SPP, para el segundo semestre de 1982 se habían superado en un 70%, estimándose que para diciembre de este año se hayan solventado en su mayoría.
b) Secretaría de la Reforma Agraria.
Esta Secretaría ha centrado sus acciones en los siguientes renglones: entregar tierras y otorgar seguridades en su tenencia; abatir el rezago agrario; aprovechar los recursos ejidales y comunales; e investigar los fraccionamientos simulados y los terrenos nacionales.
Para 1981, la SRA se fijó como metas prioritarias incorporar al cultivo tierras de temporal que por diversas causas estaban ociosas;
abatir el rezago agrario mediante la formulación de un programa nacional; estimular la organización de productores, propiciando su participación en la comercialización y el procesamiento de los productos; desarrollar fuentes alternativas de producción; y garantizar las condiciones de estabilidad política y social a nivel regional mediante la creación del Programa de Actualización y Vigencia de Derechos Agrarios.
Para lograr estas metas la SRA llevó a cabo los programas que se incluyen en el cuadro 28, donde sobresalen el GW - Investigación, Dictamen y Ejecución Agraria y el GZ - Investigación y Administración de Recursos Territoriales, que ocupan el 28.3 y el 15.5% , respectivamente, de los gastos totales. Además, se aprecia que el gasto ejercido superó en 11.9% al presupuestado.
Esta desviación se entiende mejor si se clasifica los egresos de la SRA de la siguiente manera:
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La mayor variación se registró en el concepto de obras públicas, lo que fue justificado por la entidad señalado que todos estos recursos corresponden al programa PIDER. La desviación negativa en los egresos corrientes, se justificó por la recaudación del 4% al Presupuesto de Egresos.
En cuanto a metas el Programa de Titulación Agraria logró 111 144 certificados de derechos agrarios y de inafectabilidad agrícola y
ganadera, que, comprados con los 136 526 previstos, muestra una disminución de 18.6%. La justificación proporcionada por la SRA señala que "la actualización está sujeta a los términos que señala la Ley de Reforma Agraria".
En el programa más importante de la SRA (de investigación, dictaminación y ejecución agraria) destaca el Subprograma de Investigación Agraria, que tenía como meta efectuar investigaciones sobre presuntos fraccionamientos simulados en una superficie de 2440279 hectáreas. Sólo se logró en 55214 hectáreas, lo que se traduce en una desviación del 77%.
Según los comentarios de la SRA la meta inicial fue muy elevada como consecuencia de las denuncias formuladas por diferentes grupos agrarios. Asimismo, se destacó que en los estados de Sonora y Chihuahua se realizaron investigaciones de concesiones ganaderas en una superficie de 800 000 hectáreas, requiriéndose para ello trabajos similares a los de investigación de presuntos fraccionamientos.
El informe previo señala que se cumplió el 75% de las metas y que esto se debió en parte a la inconsistencia en la definición de las mismas.
B. Sector Pesca
La política general del Subsector Pesquero se orienta básicamente al logro de cinco objetivos: producción de alimentos; creación de empleos; generación de divisas; mejoramiento económico y social de los trabajadores de la pesca; y contribución al desarrollo de otras actividades económicas. Cabe destacar que este sector ha sido uno de los más dinámicos en los últimos años en cuanto a producción, exportación y creación de empleos y que las empresas Productos Pesqueros Mexicanos e Industrias Pesqueras del Noroeste, de ser maquiladoras y comercializadoras para la exportación, pasaron a ser entidades de fomento y servicio industrial y comercial.
a) Departamento de Pesca.
Durante 1981 el Departamento de Pesca orientó su gasto al incremento, modernización y diversificación de la flota pesquera nacional, a ampliar y complementar la estructura pesquera básica, a desarrollar la acuacultura extensiva para apoyar el medio rural, a ampliar y tecnificar la planta industrial y a incrementar el consumo de los productos pesqueros haciendo llegar la producción a la población. Esta estrategia de orientación del gasto permitió alcanzar, en su gran mayoría, las metas establecidas para esta dependencia. Los programas de este subsector aparecen en el cuadro 29, donde se aprecia que el gasto ejercido superó en 20.6% al presupuestado debido a que su principal programa (HI - Fomento, que ocupa el 61.5% del gasto total), rebasó en 53.8% el egreso presupuestado. Para profundizar más en el gasto se presenta la clasificación siguiente:
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La variación más significativa se observa en los egresos de capital, debido a un incremento en las transferencias otorgadas a Productos Pesqueros Mexicanos para construir nuevas embarcaciones, reponer equipo obsoleto y liquidar pasivos. Adicionalmente se pudo comprobar que la variación en el gasto corriente tiene también su origen en la asignación de recursos para la empresa citada, ya que se vio en la necesidad de pagar altas tasas de interés y cubrir los costos de mantenimiento de las instalaciones industriales, los cuales mostraron un considerable aumento durante el año.
En cuanto a programas se observaron desviaciones importantes además de la ya mencionada en los Programas de Organización y Capacitación y de Acuacultura. En el primero, la dependencia no cumplió con las metas establecidas; de acuerdo a sus justificaciones, la reducción del 4% en el presupuesto fue el factor determinante de los principales cambios, afectando en 54% la inversión programada y reduciendo los recursos de 99.3 a 45.3 millones de pesos. En el Subprograma de Infraestructura Portuaria la meta de atender 30 puertos mediante obras de ampliación se alcanzó en un 97% (solamente no se atendió el de Lázaro Cárdenas, reprogramándose para 1982).
En la ampliación de capacidad de atraque la meta se modificó de 4641 metros a 2636 metros a petición de la SCT y debido a la escasez de compañías especializadas en obras de infraestructura portuaria. Finalmente, en el Programa de Acuacultura se detectó una desviación en el Subprograma Extensionismo, cuyo logro fue del orden de 50% en la producción de crías y de 21% en la siembra de crías. Sobre el particular, la Dependencia aclaró que las desviaciones
fueron ocasionadas por los problemas administrativos enfrentados para internar equipo de importación (criaderos) al país, así como por el insuficiente número de alevines importados.
El informe Previo opina que las metas del Departamento de Pesca se cumplieron 100%.
a1) Productos Pesqueros
Mexicanos (PPM)
La estrategia fijada por esta empresa consistió principalmente en depurar los vicios de organización y los problemas operativos.
Actualmente Productos Pesqueros Mexicanos es la mayor empresa de su género en América Latina, cubriendo casi en su totalidad el territorio nacional y realizando todas las fases de la actividad pesquera desde su captura hasta la venta directa al público. Su impacto económico durante 1981 puede apreciarse por la creación de 10 000 empleos directos y por la generación de 182 millones de dólares de divisas.
Los programas de esta empresa aparecen en el cuadro 30 donde se puede observar que el gasto ejercido fue inferior en 10% al presupuestado y que los Programas LK - Industrialización y R3 - Comercialización y Transporte son los más importantes, representando el 34.4% y 44.6% del total, respectivamente. Los ingresos de la empresa fueron:
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La variación en los ingresos corrientes (23%) tuvo como origen, entre otras causas, la prolongada estadía de los barcos en los muelles por reparaciones no previstas. El 24.5% de desviación en la obtención del financiamiento, se debió a que por los problemas económicos que enfrentó la entidad, fue necesario recurrir a mayores créditos para cumplir con el programa de compras masivas a nivel nacional y cubrir los gastos derivados de la comercialización en el exterior. Finalmente, el 54.7% de desviación del renglón de transferencias, se justificó por la necesidad de mantener los precios fijos y atender la demanda cada vez mayor de los productos básicos para la alimentación
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Se explicó que el gasto de capital mostró una variación negativa del 21.6% (identificación en el renglón de bienes muebles e inmuebles), ya que a pesar de haber iniciado las obras y tener compromisos con los proveedores de bienes de capital, fue necesario desviar recursos a otros conceptos que los requirieron, concretamente los servicios personales, anticipos a proveedores y pago de intereses de la deuda.
6a variación del 37.0% en la amortización de la deuda se justificó porque en a elaboración del anteproyecto no se contemplaron los vencimientos de una serie de pasivos que deberían liquidarse durante el año, por lo que hubo de recurrir al Gobierno Federal para conseguir de éste la asunción de pasivos por un monto de 1500 millones de pesos, que representan el 70% de la variación.
Los programas más importantes -Captura, Industrialización y Comercialización no alcanzaron las metas originales debido respectivamente a que: de los 115 barcos programados para entrar en operación la entidad únicamente recibió 17; no se contó con los recursos
suficientes para efectuar las operaciones de compra a precios económicos; y, no se obtuvo materia prima suficiente, debido a la disminución en la captura de camarón cuya temporada se retrasó.
Adicionalmente, la desviación en el Programa de Captura a su vez afectó directamente a la consecución de las metas en los Programas de Industrialización y Comercialización.
Las principales salvedades incluidas en el dictamen de estados financieros emitido por el auditor externo fueron:
- No se tiene creada, con técnica actuarial, una provisión para el pago de indemnización y primas de antigüedad, no existe documentación que ampare la propiedad de 230 millones de pesos en embarcaciones; y, no se registró oportunamente un crédito por 85 millones que BANPESCA confirmó.
La Secretaría de Pesca informó a la SPP que: propondrá oficialmente la creación de la reserva para 1982; la documentación faltante se refiere a una aportación de PPM a Industrias Pesquera del Noroeste la cual está en proceso legalizarse; y, el crédito de BANPESCA fue redocumentado y registrado en 1982. En conjunto, las metas de todo el sector agropecuario forestal y pesca, se cumplieron en un 85%, según el Informe Previo.
2. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Este sector es de suma importancia para la satisfacción de los mínimos de bienestar ya que la producción distribución de los bienes social y nacionalmente necesarios exige contar con un sistema de transporte eficiente y estrechamente vinculado al ritmo de crecimiento de los sectores agropecuarios, pesquero e industrial.
Se considera prioritario por la necesidad de superar en el corto plazo las insuficiencias que surgieron del dinámico crecimiento alcanzado por todos los sectores económicos y que impiden la fluidez de la circulación de bienes y personas, la integración de los núcleos de población y la de los centros de producción. En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos se señalaron los siguientes objetivos para este sector:
- Fortalecer el desarrollo de los transportes y comunicaciones para impulsar la integración nacional y facilitar las relaciones con los demás países.
- Promover la coordinación entre las autoridades, los prestadores de los servicios y los usuarios, para organizar eficazmente la atención a las necesidades de movilización y lograr el mejor aprovechamiento de la capacidad disponible.
- Desarrollar los diferentes modos de transporte en un sistema integrado que permita la combinación de servicios más eficiente y a un costo accesible.
- Lograr una mayor cobertura de la red de comunicaciones y transportes, como elementos indispensable para el fortalecimiento del Pacto federal y un desarrollo regional armónico. Las diferentes entidades del sector (véase cuadro 31) instrumentaron los programas que a continuación se reseñan:
a) Comunicaciones y Transportes
En el cuadro 32 se aprecia que de los 38 programas de SCT, aproximadamente en la mitad se ejerció un gasto menor al presupuesto, y en el resto se rebasó dando como resultado un pequeña variación de 6% respecto del gasto original, registrada fundamentalmente en los conceptos de servicios personales y transferencias a entidades coordinadas, debido al incremento en las remuneraciones al personal decretado por el Ejecutivo, y al de los apoyos para el mismo fin a empresas de servicios portuarios, ferrocarrileras, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de Servicios de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, entre otras. Como se aprecia en el cuadro 32, las mayores diferencias presupuestales se dieron en los Programas: CW-Red Férrea (por transferencias a la Comisión de Planeación de la Infraestructura para el transporte del proyecto de electrificación, entre otras); QT - Administración General de Telecomunicaciónes (por una aportación de 3 050 millones de pesos al patrimonio de Teléfonos de México, S. A. para ampliar la capacidad de línea instalada); QX - Telégrafos (para cubrir demandas del servicio telegráfico en zonas rurales); Q1-Oficinas Postales (para incrementar la operación y conservación de la red de oficinas postales, instalación de 133 administraciones y de 250 agencias) y, PI-Puertos Industriales que no tenían presupuesto por ser un programa de nueva creación al que se le asignaron 2134 millones principalmente para cubrir obras públicas en los puertos Lázaro Cárdenas, Michoacán y Altamira, Tamaulipas).
a1) Trasnporte ferroviario
Comprende 5 entidades ferroviarias (bajo sola Dirección) que aparecen en el cuadro 33 con sus respectivos programas. Considerando que el objetivo es integrar una sola empresa de transporte ferroviario, la empresa Ferrocarriles Unidos del Sureste ya ha sido fusionada con Ferrocarriles Nacionales de México y se espera queden incorporadas en 1982 las 4 empresas restantes.
Los ingresos estimados y recaudados por las entidades que conforman este subsector se muestran en el cuadro siguiente:
(miles de millones de pesos)
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Los ingresos captados superan ligeramente a los programados debido a la aplicación de tarifas más elevadas a la presupuestadas, a los aumentos en los recursos transferidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la disminución en la utilización de financiamientos.
Los egresos presupuestarios fueron: (miles de millones de pesos)
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Las variaciones fueron mínimas a pesar de los incrementos en el gasto debido a los aumentos autorizados en remuneración al personal, en el pago de rentas por utilización de equipos extranjeros y a la aportación al Fondo de Hogares Ferrocarrileros.
En cuanto a los programas, las variaciones más relevantes en cada una de las empresas se observan en: Red Férrea (debido a la falta de tiempos libres de vía, así como por el retraso en la entrega de materiales y equipo e iniciación de obras, lo que hizo que se dejaran de rehabilitar 544 kms. de los 1 151 previstos); Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre la meta relativa a la adquisición de locomotoras nuevas fue superada en 18%, pero en equipos de arrastre dejaron de adquirir 465 unidades de carros de carga y plataformas (porque no pudieron ser entregadas por la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril); Transportes (se dejó de movilizar un 8% y un 6% de toneladas kilómetro brutas y movilización de pasajeros debido a que se atendió preferente la movilización a distancias largas y a demoras en la operación); y tráfico (que registró una desviación del 11% en la movilización de carga, debido básicamente a retrasos en la operación).
Los auditores externos en los dictámenes del ejercicio de 1981 opinaron que los estados financieros de las cinco entidades no están reexpresados, pero se informó que se están tomando las medidas necesarias al respecto, además en cuatro de las entidades no se ha registrado el pasivo derivado de obligaciones reales y contingentes a favor del personal; esta situación se resolverá entre 1982 y 1983, excepto en el caso del Ferrocarril Sonora-Baja California, en que por falta de recursos no es posible crear las reservas correspondientes. En los Ferrocarriles Nacionales en los Unidos del Sureste no se efectuaron recuentos físicos integrales de las existencias de materiales; en la primera entidad está en proceso de implantación un sistema general de materiales que permitirá determinar las existencias, los saldos contables y la cuantía de los materiales obsoletos. En los Ferrocarriles Unidos del Sureste, está en estudio un sistema de control de almacenes. En estas dos entidades existen diversas cuentas sujetas a depuración y se está avanzando en este proceso.
En los Ferrocarriles Unidos del Sureste, no se cuenta con el detalle para llevar el control de los bienes de camino y aplicar correctamente las políticas de conservación. La entidad reconoce la dificultad de llevar a cabo los controles mencionados y opinó que esto no se sustituye con intentos permanentes de mantener en condiciones óptimas dichos bienes.
a2) Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
Dentro de las políticas más relevantes aplicadas en esta entidad, destacan las acciones encaminadas a obtener la autosuficiencia en la operación de los aeropuertos administrados por la misma.
En el cuadro 34 aparecen los tres programas de este organismo así como el total del
gasto ejercido que rebasa en 115% el gasto presupuestado. La mayor parte de esta diferencia se explica por la variación en el programa QL-Operación Aeropuertaria que participó con un 90% del total de los gastos y que tuvo una modificación de 155%, principalmente por los gastos de conservación que antes se efectuaban con cargo a SAHOP, de ahí que se viera en la necesidad de realizar gastos extraordinarios y adquirir materiales de consumo. Además, aumentaron las remuneraciones al personal, el costo de los servicios y el precio de la turbosina.
Las metas propuestas no se cumplieron en un 7.8% debido principalmente a la contracción que experimentó el turismo nacional.
a3) Aeronaves de México (Aeroméxico)
La política de este organismo se orientó a superar los problemas operacionales y financieros así como atender en forma racional y eficiente la creciente demanda de transportación aérea.
Los ingresos presupuestados para el ejercicio de 1981 fueron de 14.5 miles de millones de pesos, de los que sólo se recaudaron 13.4 debido a que no fue posible incrementar la flota a los niveles estimados, al retiro del servicio de dos unidades no sustituidas, a un ajuste tarifario real inferior al previsto, y al diferimiento de partidas de inversión que serían cubiertas con financiamientos autorizados.
Es el cuadro 34 aparecen los cuatro programas de Aeroméxico así como gasto ejercido, el cual fue inferior en 9% al gasto presupuestado debido, por una parte, a las modificaciones en los programas QN - Equipo de Vuelo y QO -Tráfico, que registraron egresos inferiores a los presupuestados ya que se redujo la flota de aviones y consecuentemente, los gastos de operación y mantenimiento; y por otra, a que se difirieron proyectos importantes como la construcción de la base de mantenimiento, la compra de simuladores de vuelo y la construcción del Centro de Capacitación.
Las metas fueron influidas por los resultados anteriores, ya que se disminuyeron las horas de vuelo en un 14% respecto de lo previsto y porque la reducción en la afluencia de turismo contrajo la demanda de los servicios de la empresa.
El informe previo manifiesta que el sector Comunicaciones y Transportes, en conjunto, cumplió sus metas en un 74% y que la SCT lo hizo en un 70%, Ferrocarriles Nacionales en un 74% y Aeroméxico en un 86%.
3. SECTOR COMERCIO
Para promover a la población de mínimos de bienestar y mejorar la distribución del ingreso, es de la más alta prioridad el abasto de alimentos y artículos básicos a bajo precio a fin de fortalecer la capacidad adquisitiva de los sectores populares. En este contexto, el sector comercio contribuye a través del cumplimiento de los objetivos siguientes:
- Organizar una estructura comercial para el abasto de alimentos y artículos básicos, fundamentalmente a las zonas marginadas, como un medio de defensa de la economía popular.
- Estimular la producción básica a través de la modulación de los procesos de comercialización y los patrones de consumo.
- Reducir la intermediación comercial excesiva y su impacto sobre los precios.
- Ampliar y diversificar la exportación de productos industriales.
En el cuadro 35 aparecen las diferentes dependencias y organismos que integran este sector, donde destaca CONASUPO que representa el 80.8% el gasto total del mismo.
a) Secretaría de Comercio
El comportamiento del gasto de esta Secretaría para 1981 fue el siguiente: (Millones de pesos)
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La variación en el gasto corriente corresponde al apoyo que requirió CONASUPO para sus gastos de operación otorgado a través del Capitulo de transferencias.
La variación en el gasto de obras públicas, se debió a que a tres de los programas de la Secretaría no tuvieron asignación presupuestal, como se aprecia en el cuadro 36. Estos tres programas son el FW-Asistencia Técnico-Agrícola, el F1-Entidades Especializadas y Complejo de Producción Agrícola y el G2-Producción y Transformación Agrícola, y suman un total de 455 millones de pesos.
Además, se aprecia en el cuadro 36, que los 12 programas de SECOM muestran en conjunto una variación de 9101 millones de pesos (16.8% superior al gasto presupuestado). La mayor parte de esta desviación (8 288
millones de pesos), se registró en el programa R1 Abasto Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular debido al aumento del subsidio otorgado a CONASUPO para la producción de productos básicos y al aumento en los precios de garantía.
a1) Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO)
Este organismo reportó ingresos por 91 559 millones de pesos, superiores en 50 923 millones de pesos a las previsiones para 1981. Los ingresos se debieron a la venta de bienes (37 372 y a los financiamientos internos (17 678) y externos (35 217). Con los apoyos federales, CONASUPO alcanzó 138 360 millones de pesos de ingresos totales casi el doble de lo estimado para el ejercicio.
Los gastos de operación con ingresos propios (72 380 millones de pesos) duplicaron los presupuestados (35 391 millones de pesos ), y junto con los apoyos federales los rebasaron en 83 529 millones, correspondiendo a materiales y suministros el 74% del total ejercido, (118 920 millones de pesos). La inversión fue de 19 501 millones de pesos con ingresos propios de 261 millones con apoyos.
CONASUPO tiene a su cargo un solo programa el R1-Abasto y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, que registró un gasto de 96 672 millones superior en 30 929 al gasto presupuestado, lo cual se muestra en el cuadro 37. Dicho incremento obedeció la obtención de cosechas superiores a las esperadas al aumento de los precios de garantía y alas compras ya pactadas con el exterior.
En el dictamen de auditoría externa a la información financiera, se observa que existe una salvedad relativa a la diferencia neta de 183.9 millones entre los saldos contables de CONASUPO con los de Industrias CONASUPO. Por ello se formó un Comité con representantes de las dos entidades para investigar las diferencias existentes y se espera que con la conclusión de los trabajos del Comité en 1982, la diferencia quede debidamente conciliada. Otra de las salvedades del dictamen se refiere a que a la fecha del mismo, no se contaba con estados financieros de 1981 de las compañías subsidiarias de CONASUPO, dictaminados por contador público independiente, por lo que el costo de la función reguladora ejercida mediante las subsidiarias, así como sus utilidades y servicios técnicos presentados, podrían verse modificados.
Derivado de ello, se elaboró un calendario de cierre de 1982 para las filiales, a fin de obtener en fechas razonables sus estados financieros debidamente dictaminados y evitar observaciones por este motivo.
Durante el examen de la información presentada en Cuenta Pública 1981, se cuestionó el peso de CONASUPO en el mercado nacional de productos básicos y se añadieron los siguientes datos.
Las instituciones nacionales comerciaron en 1981 el 48% del total nacional de maíz, el 50% de arroz, el 94% de frijol. A la industria de la masa y la tortilla se le surtieron 17.5 millones de toneladas, lo que representó las 5/6 partes del consumo nacional.
En trigo el Estado surte casi el 100% del consumo nacional.
Igualmente se requirió información sobre adeudos de CONASUPO con Ferrocarriles y viceversa, y se comunicó que tiene un cargo de 2 258 millones de pesos y sólo 4 millones a favor.
a2) Instituto Mexicano del Café
Esta entidad obtuvo en 1981 ingresos propios por 10 877 millones de pesos, correspondiendo 4 392 millones a la venta de bienes, que fueron 42% inferiores a lo estimado, debido a la saturación del mercado del café y ala insuficiencia de la demanda de café puro que produce el Instituto. Los apoyos del Gobierno fueron de 2 130 millones, resultando ingresos totales por 13 007 millones menores en 3 600 a los presupuestados.
El gasto total con ingresos propios fue de 10 807 millones (inferior al presupuestado en 26%) y fue, casi en su totalidad, por concepto de inversión.
En el gasto, las limitaciones impuestas por la presencia de la roya del café y las condiciones climatológicas adversas impidieron un mayor apoyo a la conservación e incremento de la producción.
Esta entidad es la única en el presupuesto con un ejercicio contable que comprende de septiembre a agosto por las características de sus actividades; sin embargo para efectos de integración en Cuenta Pública se adecuan sus cifras a fin de que el periodo coincida con el de las restantes entidades (enero a diciembre).
También destaca el hecho de que durante los últimos 5 años el Instituto no ha tenido salvedades en el dictamen que sobre sus estados financieros han emitido los auditores externos.
a3) Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
En 1981, el Instituto reportó ingresos por 2 333 millones de pesos (93% más de lo estimado) por venta de servicios (1 583 millones) e ingresos diversos (750 millones).
Los gastos de operación fueron 7% menores que los autorizados en presupuesto (830 por 890 millones de pesos), y los de inversión ascendieron a 445 millones (128 más que los presupuestados).
Los auditores externos que en los últimos años han dictaminado sus estados financieros, no han reportado salvedades a los mismos.
El sector comercio, según el informe previo, cumplió sus metas en un 90%.
4. SECTOR BIENESTAR SOCIAL.
Otro objetivo fundamental de la política de la presente administración, es garantizar para
toda la población la seguridad de contar con los servicios de salud, y la oportunidad de obtener educación y empleo. Por ello, este sector tiene el carácter de prioritario.
En el cuadro 38 se muestra las dependencias y organismos que integran este sector sobresaliendo Educación Pública (el gasto directo absorbe el 33.2% del total), Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social, el IMSS (que representa el 28.2% de los egresos del sector) y el ISSSTE.
A) Secretaría de Educación Pública.
Las acciones educativas desarrolladas en 1981 estuvieron orientadas por cinco objetivos fundamentales:
- Asegurar la educación básica a toda la población;
- Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios;
- Elevar la calidad de la educación;
- Mejorar la atmósfera cultural del país y fomentar el desarrollo del deporte y
- Aumentar la eficiencia del sistema educativo.
Para cumplir estos objetivos, la SEP realizó 15 programas (cuadro 39) que en conjunto suman un gasto de 220.5 miles de millones de pesos, superior en 12.2% a la previsión original. Esta desviación se debió
fundamentalmente al aumento de los recursos canalizados a sufragar el costo de las revisiones salariales de mayo y septiembre de 1981 al Magisterio Federal, y al aumento de los subsidios a las instituciones de educación superior (como UNAM y UAM) y media superior.
De los 15 programas de la SEP, dos absorbieron el 79.3% del gasto; el 4X-Asegurar la Educación Básica a toda la Población (53.8%) y el 4Y-Vincular la Educación Propedéutica y Terminal con el Sistema Productivo de Bienes y Servicios, Social y Nacionalmente Necesarios (25.5%). Las variaciones de estos dos programas comprenden casi en su totalidad los 24 mil millones de pesos en que excedió el gasto ejercido al presupuestado.
En el programa 4X, ya citado, las metas se alcanzaron en una proporción aceptable. Podemos decir que en educación primaria se mantuvo la atención del 100% de los niños que en edad escolar demandaron el servicio, no obstante que se esperaba una demanda en primaria federal de 11 710 000 niños y sólo la solicitaron el 95%.3% de los niños previstos; en castellanizar a niños indígenas se cumplió con el 90.4% de la meta; en llevar la educación preescolar a todos los niños, lo programado se logró en 83.3%, ofrecer la secundaria general a todos los que la demanden en un 84.1% y el 92.5% en desarrollar distintas modalidades de la secundaria técnica.
Las metas se rebasaron en un 15.8% en el subprograma para ampliar la educación inicial y en un 4.6% en el referente a la atención de la población atípica.
El subprograma que tuvo una desviación considerable en relación a las metas originales, fue el de dar a la población adulta la oportunidad de recibir la educación básica o completarla en su caso, ya que la meta de alfabetización y primaria abierta para los adultos, se alcanzó en un 50%.
Dos problemas fundamentales impidieron el cumplimiento de esta meta: contar sólo con cifras estimadas de analfabetas desconociéndose su ubicación y la calidad de la población a la que debía prestarse el servicio.
Estas dos limitantes obligaron a revisar la meta planteada originalmente y a instrumentar una estrategia más costosa. Así se puso en marcha el programa nacional de alfabetización y en septiembre se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que permitieron sentar las bases para la solución de este problema.
En cuanto al programa Vincular la Educación Propedéutica y Terminal con el Sistema Productivo de Bienes y Servicios Social y Nacionalmente Necesarios, hubo diferencia en cifras debido fundamentalmente a que al revisarse la estadística de los niveles de educación media superior y superior se detectó una sobrenumeración de los alumnos programados a atender en estos niveles educativos, generada por los dos distintos métodos utilizados por las instituciones para la cuantificación de la matrícula, incluyéndose muchas veces en esta cifra a la población flotante. Lo anterior se refleja principalmente en las diferencias que se observan entre las metas originales y las metas modificadas que eliminan la sobrenumeración. Los ajustes operados no afectaron la cuantificación de los incrementos programados de atención a la demanda, ya que se inscribió a los alumnos previstos, para lo cual se efectúo la contratación de maestros, la formación de grupos escolares y la apertura de escuelas que ya se tenían consideradas.
B) SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Este subsector tiene como propósitos principales los siguientes: atención primaria en áreas marginadas urbanas control de enfermedades transmitibles y no transmitibles; planificación familiar; asistencia médica; mejoramiento del ambiente; control sanitario; asistencia social; y apoyo a la atención médica de segundo nivel en los medios urbano-rural.
a) Secretaría de Salubridad y Asistencia Para contribuir a cumplir con estos objetivos, la SSA ejecutó los 14 programas que aparecen en el cuadro 40 que juntos representan un gasto ejercido de 28 468, superior en el 1% al presupuestado, 3 de estos programas representaron el 76.6% del total: YV-Atención
curativa (34.7%), YI-Administración de la Salud (26.3%) y YU-Atención Preventiva (15.5%). Esto último registra una variación importante (1 377 millones de pesos superior a lo previsto) debido a que le fueron resignados fondos de otros programas, principalmente del YI-Administración de la Salud, dada la prioridad de su objetivo.
En cuanto a las metas, las principales deviaciones se registraron en los programas de atención preventiva y atención curativa. En el primero, de 24.7 millones de aplicaciones de vacunas previstas únicamente fueron aplicadas 15.0 millones, debido fundamentalmente a que las vacunaciones masivas de años anteriores han originado que disminuya la demanda de este servicio; con respecto al programa de atención curativa, de la meta original de 9.7 millones de consulta, se efectuaron 8.3 principalmente por que las nuevas unidades programadas para prestar este servicio no entraron en operación en las fechas esperadas debido a retrasos en su construcción.
b) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Para contribuir al objetivo de proporcionar seguridad social a la población, el IMSS, realizó los programas que aparecen en el cuadro 41. Recibió ingresos por 125.2 millones de pesos, superiores en 11.5 miles de millones a los presupuestados, lo cual se explica por el incremento en el número de derechohabientes, así como por los aumentos salariales a que estuvieron sujetos.
El gasto de los 12 programas del organismo (cuadro 41) ascendió a 130.4 miles de millones, 16.9% superior a lo programado; esto se debió al aumento de salarios al personal del Instituto, y al de los costos de materiales, suministros y servicios generales, resultantes de la ampliación de la cobertura y demanda de los servicios.
La incidencia de estas variaciones se reflejó principalmente en los programas ZV-Administración de la Salud, ZX-Administración Central y IE-Prestaciones Económicas. La desviación en los dos primeros se debió a que durante 1981, se continuó y concluyó la desconcentración de funciones, lo que aumenta los gastos en diferentes programas de administración que no estaban previstos, como es en el caso de la creación de la Delegación de Tlaxcala. Asimismo se estableció la subdirección general de obras y abastecimiento y se prosiguió con la desconcentración de adquisiciones y suministros a las Delegaciones.
En cuanto al programa IE - Prestaciones Económicas, la variación se originó por el incremento en el costo promedio de los subsidios, el cual está calculado en relación al sueldo que recibe el trabajador; como los sueldos tuvieron un incremento superior al estimado, aumentó el costo promedio del subsidio en un 32.96%, en lugar del 18.90% que se tenía previsto.
Las desviaciones más significativas en cuanto a metas se observa en los programas IB - Atención Curativa, en el cual de 68.5 millones de consultas programadas se alcanzaron 51.4 millones debido a que en el presupuesto original se incluyeron erróneamente servicios que se otorgan a la población adscrita al programa de solidaridad social, así como a que se subestimaron 5.2 millones de consultas especializadas.
En el programa de prestaciones económicas en el renglón de indemnizaciones globales, fue programada la atención de 6.9 miles de personas atendiéndose durante el año 10.9; lo anterior se debió a que en la formulación del presupuesto no se consideró el rezago que existía de los años de 1979 y 1980 El auditor externo en los últimos años, no ha hecho observaciones en la operación e información financiera de la Entidad.
c) Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Los ingresos estimados para 1981 de esta Entidad, fueron de 45.6 miles de millones de pesos, en tanto que los obtenidos llegaron a 55.3 miles de millones de pesos; este aumento se debe fundamentalmente al incremento de la población asegurada y de los salarios de los trabajadores al Servicio del Estado. Los egresos del ISSSTE registraron un exceso de 9.7 miles de millones de pesos, en relación a lo originalmente presupuestado (39.0 miles de millones). Esta diferencia se debió fundamentalmente al incremento en el personal y a la adquisición de insumos para atender la creciente demanda de servicios, así como al aumento de los precios que incidieron principalmente en el renglón de prestaciones médicas.
En el cuadro 42 se observa que las principales variaciones que registraron en los programas IB - Atención Curativa se debió fundamentalmente a la canalización de mayores recursos para mejorar el equipamiento de los hospitales y clínicas, y el del segundo, al incremento de los costos de materiales de construcción. En términos de metas, las desviaciones más significativas se observaron en el programa Atención Curativa al registrarse 3.8 millones de consultas menos que las programadas, lo cual se explica porque su realización está en función directa de la demanda que presentan los derechohabientes y del avance en materia preventiva, entre otras causas.
En el programa de Financiamiento de Módulos Sociales, se dejaron de adquirir 562 mil m2 (de los 1 196 miles de m2 programados) y de construir 5 495 viviendas (de las 15 460 estimadas), así como de otorgar servicios de conservación y mantenimiento a 11 226 (de las 15 663) viviendas programadas.
Todo esto fue debido a los incrementos de los costos en estos aspectos.
El auditor externo en su Dictamen de los estados financieros de 1981 observa que no se ha concluido el estudio actuarial para determinar la suficiencia en las reservas para jubilaciones, pensiones y gastos médicos y los procedimientos computarizados para el análisis
individual de los préstamos a corto plazo e hipotecarios. A fin de resolver lo anterior, se han reforzado los programas administrativos de la Entidad para acelerar los estudios actuariales y formalizar las cantidades estimadas en este aspecto, así como para afinar los trabajos relativos al sistema de cómputo para el análisis individual de los préstamos otorgados; no obstante, el Instituto cuenta con registros que protegen las cantidades otorgadas como préstamos a los trabajadores, y se actualizan acumulando los movimientos o liquidaciones parciales que se efectúan.
C) SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
La política del régimen en esta área postula cinco objetivos fundamentales:
promover las oportunidades de empleo; incrementar la productividad y la distribución equitativa de los beneficios; mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores; promover la justicia en relaciones laborales; y fortalecer las instituciones laborales.
En 1981 la asignación original de esta Entidad ascendió a 4 160 millones de pesos, alcanzado el importe del ejercicio un monto de 7 029 millones (cuadro 43)
La desviación de 2.896 millones de pesos (69% respecto al presupuesto original) se registra fundamentalmente en los programas WT-Programa Nacional de Empleo y Organización Social para el Trabajo y W2-Programa Nacional de Mejoramiento de los Niveles de Bienestar de los Trabajadores y sus familias.
En el primero, la desviación se debe al subsidio por 1 600 millones de pesos otorgados al Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del Desarrollo Pesquero (FADEP), y en el segundo, se debió a las aportaciones (1 500 millones) al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).
El Informe previo señala que el Sector Bienestar Social cumplió sus metas en un 74% que la SEP lo hizo en 90%, la SSA en un 66% y el IMSS en un 55%.
5. SUBSECTOR ENERGÉTICOS
El Presupuesto de Egresos, en su exposición de Motivos señala que con el propósito de garantizar el abastecimiento oportuno de energía para alimentar el desarrollo económico integral e independiente: la política energética se orienta a satisfacer la demanda interna, a racionalizar el uso de los energéticos y a diversificar las fuentes de energía, con particular atención a las de origen renovable.
Las entidades incluidas en este subsector son Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
A) PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX)
El presupuesto de Egresos de PEMEX aprobado era de 457.8 miles de millones de pesos (19.6% del total de Egresos de la Federación ) pero gastó una cantidad inferior en 0.5%; esto es 455.3 miles de millones (16.5% del total ejercido por la Federación).
El gasto se realizó en los programas que aparecen en el cuadro 44 en donde se observa que el de producción primaria y el de administración general gastaron menos de lo presupuestado, sobre todo este último que tuvo un subejercicio de 26% . Los otros dos programas (comercialización y producción industrial) registraron gastos superiores a los estimados.
Cabe mencionar que en la reunión de esta Comisión con funcionarios de la SEP, éstos manifestaron que mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación la "apertura programática" consta de nueve programas, en la Cuenta Pública el total de las operaciones se condensa en cuatro. Esto se debe a la complejidad administrativa y financiera de PEMEX que la imposibilita en el corto plazo a realizar la "apertura programática" que señala el Presupuesto.
En la actualidad se están llevando a cabo reuniones entre los funcionarios de la SPP y PEMEX para lograr esta conversión (de 4 a 9 programas) lo más rápidamente posible.
Las cifras de flujos financieros de PEMEX que muestra la Cuenta Pública se resumen como sigue: (Millones de pesos)
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Como se puede observar el ingreso total fue de 614.2 miles de millones de pesos 63% por encima de la cifra presupuestada (376.8 miles de millones de pesos), mientras que los ingresos corrientes fueron inferiores a los estimados en 90.5 millones de pesos. Esto último se explica por la disminución de la exportación de hidrocarburos y sus derivados originada por el deterioro de la actividad económica mundial, lo que aunado a la maduración de los planes de
ahorro de energéticos y a la creación de grandes reservas estratégicas en los países desarrollados causó una reducción en el precio mundial.
Esta Comisión manifestó su preocupación por el aumento sustancial en el renglón financiamientos (324.9 millones de pesos) y por el incremento de las inversiones financieras. Por ello, además de las razones que aparecen en la Cuenta Pública, se examinaron las declaraciones de funcionarios de la SPP y de PEMEX y la formación financiera de este Organismo.
En resumen, se dijo que la variación se explica por la necesidad de cubrir el programa de inversión puesto que las obras de producción, y refinación y petroquímica no podían detenerse sin incurrir en un gran costo social y económico a corto, mediano y largo plazo.
Por esta razón, a pesar de la caída de las ventas y del fuerte desajuste en los mercados financieros fue necesario sostener esa inversión con los efectos consiguientes en los renglones de financiamiento en los ingresos y de la amortización en los gastos. Estos efectos se reflejan en los incrementos sobre lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se deben fundamentalmente a la necesidad de contratar "créditos revolventes" por valor de 266 miles de millones de pesos que sumados a los 90 miles de millones de ingresos que se dejaron de percibir por ventas de exportación, explican la variación que se comenta.
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Como se observa, el gasto financiero ejercido superó en 60% al programado, debido a que:
a) Los gastos de operación incluyeron aumentos en el pago de intereses, consecuencia de los financiamientos extras, ya que los recursos generados por la operación no fueron suficientes para el desarrollo de la entidad;
b) los gastos de capital rebasaron el presupuesto porque el aumento en los costos de maquinaria, equipo, materiales y mano de obra fue superior al estimado; y c) la liquidación de pasivos se vio incrementada por los financiamientos adicionales ya mencionados en el renglón de ingresos por financiamiento. La Cuenta Pública de 1981 sólo señala una salvedad de auditoría externa en el caso de PEMEX. Esta se refiere a que el saldo de la previsión para jubilaciones e indemnizaciones a trabajadores no cubre el valor presente de estas obligaciones A esta salvedad, la Cuenta Pública comenta que después de diversos análisis se concluyó que las obligaciones derivadas de esa contingencia podrán ser cubiertas en su oportunidad, en forma gradual, con el resultado de la explotación futura de las reservas privadas de hidrocarburos, que por política del Organismo tampoco se refleja en los estados financieros.
En cuanto a las metas destacan por su importancia los 412 pozos terminados antes de lo previsto; la producción de crudo alcanzó 843 917 miles de barriles, cifra inferior en 17% a lo programado debido a la caída de las ventas al exterior; la producción de gas fue de 1 482 196 millones de pies cúbicos, menor en 11 676 a lo programado. Se refinaron 461 258 miles de barriles en los 508 335 previstos (90.7% de cumplimiento).
En relación a los productos petroquímicos, se obtuvieron 9 159 miles de toneladas de los 9 749 que se programaron originalmente, con lo cual se logró el 94% previsto, se procesaron 1 182 965 millones de pies cúbicos de los 1 259 250 que se habían fijado como meta, logrando un 94% de lo presupuestado (la diferencia se debió básicamente a la entrada tardía en operación de las nuevas plantas criogéneticas endulzadoras ubicadas en las unidades petroquímicas de Cangrejera, Veracruz y Ciudad Pemex, Tabasco.
Asimismo, internamente fueron comercializados 384 372 miles de barriles de los 399 785 programados, alcanzando un avance del 87%; la falla se debe a incumplimiento en las metas de refinación y a una demanda nacional inferior a la prevista. Además, se comercializaron internamente 516 620 millones de pies cúbicos de los 630 574 programados (81.9% de la meta fijada) debido al retraso que presentaron las obras de infraestructura para la distribución de gas natural.
En el aspecto de comercialización externa, se vendieron 400 778 miles de barriles de crudo -habiendo fijado una meta de 541 514-, lo cual representa un 74% de lo programado. Se exportaron 105 193 millones de pies cúbicos de gas natural, habiéndose previsto 109 500, por lo que se cumplió un 96.0% de la meta programada.
El informe previo concluyó que PEMEX cumplió el 80% de sus metas.
B) ELECTRICIDAD
El Subsector Eléctrico (Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.), que tiene como principal objetivo la producción, transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica en la República Mexicana, así como la
Planeación y realización de las obras que requiere el Sector Eléctrico Nacional, ha realizado esfuerzos para incrementar la capacidad instalada y diversificar el uso de fuentes primarias, fomentando la participación de fuentes hidráulicas, geotérmicas, de carbón y de energía nuclear.
Las cifras presupuestarias del Subsector Eléctrico presentadas en la Cuenta Pública son:
(Millones de pesos)
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Los ingresos recibidos superan a los presupuestados en 5%, registrándose percepciones inferiores a las presupuestadas en los ingresos corrientes y de capital, y superiores en el caso de los financiamientos y las transferencias del Gobierno Federal.
La variación observada en los ingresos corrientes y de capital se debe a un crecimiento de la energía eléctrica inferior al considerado en el presupuesto original, y a las negociaciones realizadas para la venta del activo fijo dado de baja (chatarra y material de desperdicio), de las cuales, algunas no se concluyeron y en otras la recuperación no se realizó de acuerdo a lo establecido.
Por lo que respecta a los financiamientos, se contrataron más créditos que los estimados para complementar la inversión.
Las transferencias aumentaron porque en el presupuesto original se consideró que el total autorizado se destinaría a cubrir el gasto corriente, sin embargo durante el ejercicio se destinó una parte del subsidio a consumidores, a financiar la inversión y otra se dedicó a cubrir un mayor gasto en impuestos de importación ad valorem.
(Millones de pesos)
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El presupuesto ejercido por el Sector Eléctrico (202 858 millones de pesos) superó en 5% al presupuestado (194 316 millones) porque: a) el gasto corriente fue superior al estimado debido a la revisión salarial (que fue de 29.7%, siendo que se había previsto un 22.5%), a la subestimación del impuesto de importación ad valorem y al diferencial de tasas de interés y tipo de cambio entre el periodo de presupuestación y de ejercicio; y b) el gasto de capital aumentó más de lo estimado debido a la necesidad de complementar sus programas especiales de inversión. Los cuadros 45 y 46 muestran otro aspecto de los egresos del Subsector Eléctrico: la distribución del total entre los diferentes programas de las dos entidades que lo componen (estas cifras son devengadas y no flujos financieros como las anteriores).
Se observa que la CFE maneja 9 programas que presentan una desviación del orden de 3.5% respecto a la autorización original, y que hay un gasto menor al presupuestado en los programas k6- Generación de Energía de origen primario y k7- Generación de Energía Eléctrica de origen secundario; dichas variaciones del orden de 10.7% y 3.4% respectivamente , obedecen a las reducciones del ritmo de construcción en el programa de inversiones, especialmente de aquellos proyectos no prioritarios, así como al diferimiento de la colocación de pedidos por equipos y materiales de corto proceso de fabricación. Las variaciones por ejercicios mayores al original se deben básicamente al pago de intereses: variación de tasas, mayor volumen de contratación y diferencias en cambios.
Los 8 programas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., presentan una variación total del 22.6% que se localiza fundamentalmente en los programas k - 5 Administración General, LA - Distribución de Energía Eléctrica y LC - Comercialización Interna, que presentan desviaciones de 20.7%, 33.6% y 55.6%, respectivamente. Estas diferencias obedecen a mayores costos a los estimados, retrasos en la entrega de material de construcción, problemas sindicales, días perdidos en las obras por condiciones climatológicas y a la ejecución de obras adicionales no incluidas en el proyecto original.
La Comisión hizo patente su preocupación de que el aumento del consumo no se vea correspondido con incrementos en la capacidad de generación y transmisión de energía lo que aumentaría la frecuencia y duración promedio de las interrupciones del servicio.
En cuanto a metas, se superó la de generación de energía primaria en 3 290 GWH, ya que se tenían programados 21 421 GWH y se alcanzaron 24 711 GWH como consecuencia del alto porcentaje de lluvias en el año; en la generación de energía secundaria se obtuvieron 41 812 GWH de los 51 018 GWH previstos, motivada por el incremento ya comentado en la generación de plantas de energía primaria; en la construcción de subestimaciones de distribución se programaron 523 000 KVA, realizándose 507 341 KVA debido fundamentalmente por el retraso en la recepción de materiales y equipos; se electrificaron 407 colonias de las 243 programadas; de 932 poblados electrificados previstos se lograron 2 012 debido a las ampliaciones al presupuesto, así como a la terminación de obras iniciadas en el año anterior; la importación de energía se vio disminuida en 505 GWH, ya que se programaron 842 GWH y sólo se importó 337 GWH, como consecuencia también del exceso de lluvias que provocaron incremento en la generación de origen primario.
El informe previo concluye que CFE cumplió 107% a las metas.
6. SECTOR INDUSTRIAL
Los objetivos de este sector son:
- Reorientar la producción hacia bienes de consumo básico, particularmente los alimentos.
- Desarrollar ramas de alta productividad, capaces de exportar y sustituir importaciones de manera eficiente.
- Integrar mejor la estructura industrial para aprovechar en mayor medida, los recursos naturales y humanos del país y para desarrollar ramas como las productoras de maquinaria y equipo.
- Desconcentrar territorialmente la actividad económica acorde con los propósitos de desarrollo regional.
- Equilibrar las estructuras del mercado, atacando las tendencias a la concentración en las industrias más dinámicas y articulando a la gran empresa con la mediana y la pequeña.
El Sector está integrado por las entidades que aparecen en el cuadro 47, donde sobresalen SEPAFIN, DINA, CONCARRIL, FERTIMEX, SICARTSA Y SIDENA.
A) SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Esta Secretaría realiza 7 programas (cuadro 48) que suman un gasto ejercido total de 118.5 miles de millones de pesos, que fue superior en 7.1% al gasto presupuestado. Las principales variaciones se observan en los programas IN - Planeación de la Industria Manufacturera y IO - Planeación de los Energéticos. En el primer caso la variación tuvo su origen en los recursos canalizados a la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (1 940 millones de pesos) para que este Organismo estuviera en posibilidad de liquidar los pasivos vencidos de la zafra 80- 81; los mayores subsidios otorgados a FERTIMEX (2 820 millones) para que a su vez la transfiera como subsidio implícito (de 14.29% y 26%) al precio de los fertilizantes.
La variación en el programa IO - Planeación de los Energéticos se debió a un subsidio adicional a la CFE, superior al presupuesto de 4 932 millones, para que cubriera gastos de servicios personales e intereses de la deuda pública.
Los egresos presupuestarios de SEPAFIN se desglosan en la forma siguiente:
(Millones de pesos)
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Se observa que la diferencia más importante se presenta en gasto corriente (13 624), que se explica por las asignaciones adicionales autorizadas por la SPP para ser otorgadas a las diversas entidades controladas y coordinadas por SEPAFIN, sobre todo a la CFE, a DINA (para la construcción de autobuses urbanos), a FERTIMEX y ala Comisión Nacional de la Industria Azucarera.
a) Diesel Nacional (DINA) y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (CONCARRIL)
Las cifras presupuestarias consolidadas de estas dos empresas son las siguientes:
(Millones de pesos)
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El ingreso recaudado fue 14% menor en relación a la estimación debido a que los ingresos corrientes se vieron afectados por la contracción de la demanda, a nivel nacional, de vehículos automotrices, y a la indefinición de precios de venta al público. En los financiamientos, la variación se debe básicamente a los créditos obtenidos del Fondo de Apoyo al Sector Público para cubrir insuficiencia de ingresos de operación en el segundo semestre del año y por la redocumentación de intereses a NAFINSA.
(Millones de pesos)
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Los egresos ejercido fueron menores en un 7% a los presupuestos debido a: la desviación en gastos corrientes que fue resultado de la reducción del gasto en 4%, instrumentado por el Gobierno Federal, y de compras no realizadas en su totalidad según lo programado; a que el gasto de capital se redujo en 45% de lo estimado por disminuciones en obras públicas y en el monto autorizado y no ejercido de la planta de plásticos; y que durante el segundo semestre del año, no se liquidaron vencimientos de pasivo titulado de Nacional Financiera.
Los programas de ambas empresas aparecen en el cuadro 49 donde se aprecia que las variaciones mayores se dieron en el Programa M9- Automotriz Terminal debido a la falta de abastecimiento constante y oportuno por parte de los proveedores nacionales; a compras no realizadas; al retraso y cancelación de proyectos; y la disminución en la compra de equipo de oficina. También importante fue la variación en el Programa M8- Equipo y Material de Transporte, que muestra un ejercicio menor a lo autorizado del orden de 14.0%, debido a que la empresa tuvo atrasos en su producción y al apoyo en la reducción del gasto del 4.0%.
b) Fertilizantes Mexicanos, S. A. (FERTIMEX)
Esta empresa tuvo los ingresos siguientes:
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La variación observada en el total de los ingresos, se debió básicamente al retraso en el aumento de precios a los fertilizantes, que había sido programado para enero y fue aplicado hasta septiembre de 1981. La variación en los financiamientos se debe a la falta de recursos, los que implicó la autorización de créditos a corto plazo. El incremento en las transferencias fue provocado por un aumento significativo en las adquisiciones de producto terminado y materia prima (conforme a los lineamientos del SAM) y por el subsidio a los precios
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El incremento en los gastos de operación fue originado esencialmente por los costos incurridos para el acabado de productos que Fertilizantes Fosfatados Mexicanos, S. A. elabora. El incremento en las obras públicas se debió al mayor costo financiero. La liquidación de pasivos se vio incrementada por la necesidad de contratar durante el año pasivos a muy corto plazo.
Como se aprecia en el cuadro 49, FERTIMEX sólo tiene un programa, el MD - Fertilizantes e Insecticidas, que muestra un ejercicio mayor a lo presupuestado de 21.2%. Esta variación obedece a : la ampliación en los costos de adquisición por las compras de urea y fosfato de amonio; la adición del subprograma de importaciones de ácido, que tuvo un costo mayor al estimado; los fuertes desembolsos por concepto de almacenaje, descarga y demoras de furgones de ferrocarril; y el cumplimiento de los contratos ya firmados de ingeniería y construcción.
c) Siderurgia
Las empresas controladas que participan en esta rama son SICARTSA y SIDENA que tuvieron que enfrentar problemas de precios internos superiores a los programados, insuficiencia de insumos, falta de capacidad productiva, contratación de la demanda de algunos productos, mayor demanda salarial y prestaciones de los trabajadores, encarecimiento de las tasas de interés, estancamiento de mercados externos, prácticas de "dumping" y contracción de los mercados de capital y de dinero, todo lo cual influyó en sus cifras presupuestarias:
(Millones de pesos)
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La menor recaudación a la estimada en ingresos corrientes, se debió básicamente a la retracción en el mercado debido a un exceso de importaciones de acero por parte del sector privado que propició la disminución de las ventas que se tenían previstas en el presupuesto.
Los cambios en los financiamientos y en las transferencias se debieron a las dificultades de contratar financiamientos internos y externos, por lo que el Gobierno Federal aumentó sus aportaciones para la inversión.
(Millones de pesos)
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Estos egresos aparecen asignados en programas en el cuadro 49 donde se observa que SICARTSA tiene un solo programa, el MV - Siderurgia y Productos Metálicos, que muestra un ejercicio menor al autorizado en 25.3% debido a la penetración a precios "dumping" al mercado nacional de productos de importación que originó una sobre oferta de productos planos que obligó a disminuir el ritmo de producción. SIDENA por su parte tiene dos programas que en su conjunto muestran una variación de 9.7%, que se debió fundamentalmente a que se sobrepasó la meta de fabricación y ensamble de tractores, así como a un mejor aprovechamiento de la planta laboral, las cuales redundaron en incrementos salariales. Además la huelga del mes de agosto ocasionó desembolsos adicionales.
Todos los dictámenes sobre los estados financieros de este sector coinciden en
el señalamiento de que éstos fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, aunque en algunos casos los activos monetarios no habían sido "reexpresados".
En todos los dictámenes, o en las notas aclaratorias a los estados financieros, se destaca el hecho de que los pasivos en moneda extranjera al convertirse a moneda nacional, después de los cambios de paridad, podrán afectar en forma muy importante el equilibrio financiero de las empresas. El único dictamen que mereció comentario especial es el de los estados financieros de FERTIMEX que al relacionarlo con las notas a dichos estados hace ver que la contabilidad requiere de depuraciones y ajustes importantes.
7. ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES
En cumplimiento de la recomendación de la H. Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1980, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1981 presenta información analítica en relación al Sistema Alimentario Mexicano (SAM), a los Programas Estatales de Inversión del Convenio Único de Coordinación (CUC), al Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). Los tres últimos programas, considerados como de promoción regional fueron sectorizados en su mayor parte y tuvieron la siguiente asignación presupuestal:
Presupuesto Variación con respecto al original
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1 Pagado por los Estados: 12 781 millones, 14% menor al presupuesto original y 28% menos respecto al modificado.
En conjunto, estos 3 programas representan el 2.3% del total del gasto público presupuestal y el 3.8% del gasto de la Administración Pública Centralizada.
a) Convenios únicos de coordinación
Para efectos de Cuenta Pública se analizan los recursos federales transferidos a los estados mediante los programas Estatales de Inversión (PEI). En estos programas aportan recursos la Federación, los Estados y los particulares con una estructura financiera variable según el programa.
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De los 17 programas específicos que integran los PEI en 1981, nueve están directamente vinculados con el objetivo nacional de proveer a la población de mínimos de bienestar. Estos programas que se presentan en el cuadro 50 (donde aparecen también las metas programadas y realizadas) captaron 12 347.8 millones de pesos, es decir, el 71.7% del total transferido a las entidades federativas.
El programa de construcción y reparación de todo tipo de planteles escolares es el más importante y alcanzó el 69.7% de la meta modificada. En el caso de las escuelas primarias, la lejanía y dispersión de las obras ocasionaron retrasos en su cumplimiento. la meta de Construcción de Laboratorios se alcanzó en un 61.2%, por las dificultades en la adquisición del equipamento de éstos.
El programa Carreteras Estatales, segundo en el monto de los recursos canalizados - 15.7% del total - se vieron incrementados en 21.1% sobre el monto inicialmente convenido debido principalmente al aumento de sueldos y salarios al personal de las juntas locales de Caminos de las 31 entidades federativas y al apoyo otorgado a algunos estados para las cooperaciones estatales. El 75.8% de las metas fueron cubiertas.
El programa caminos de mano de obra, alcanzó el 53.9% de sus metas debido en parte al retraso de obras por el mal tiempo.
En algunos estados no se había cerrado el ejercicio de los PEI 1981 a la fecha de la recopilación de cifras para la Cuenta Pública, por lo que es posible que el avance de metas sea mayor al consignado en este documento.
b) Programa Integral de Desarrollo Rural
La cobertura del PIDER en 1981 alcanzó 134 microregiones con lo cual cubrió el 54% del territorio nacional, con 1121 municipios en
los que habitan cerca de 7.6 millones de personas.
Los recursos asignados al PIDER en 1981 ascendieron a 13 600 millones, modificado por ajustes presupuestales hasta 11 854 millones, 10.7% menor al monto inicial.
El PIDER destinó el 77 % de sus recursos a programas vinculados a la estrategia alimentaria; de éstos, el 71.2% se destinaron a programas básicos y 28.8% a programas complementarios. De los 1 067 municipios considerados como críticos en materia nutricional, el PIDER atendió 502.
En el cuadro 51 señalan los principales programas que ejecutó el PIDER en 1981, los cuales comprenden 8327 millones de pesos, que equivalen al 76.9% de la inversión ejercida, se observan también las metas y su grado de cumplimiento.
En términos de cumplimiento de metas, los problemas más relevantes se presentaron en el programa de FY - Infraestructura para el Desarrollo Agrícola, subprograma 02, Pequeña Irrigación, donde con un cumplimiento de metas del 35% se ejerció el 73% de la inversión autorizada. Cabe aclarar que en la Cuenta Pública se clasificaron como programas la totalidad de las metas del proyecto, independientemente del periodo de maduración de éste.
Los problemas principales los afrontaron los gobiernos estatales (13% del total programado), Comisión Nacional de Zonas Áridas (39%), Fideicomiso Fondo Candelillero (42%), Banrural (56%) y SARH (59%). Incidió fuertemente el aumento de costos en la realización de la infraestructura y en los equipos de riego, la escasez de contratistas para este tipo de obras y en algunos casos, las autorizaciones después del periodo de seca, cuando las condiciones meteorológicas dificultan los trabajos.
El programa GC - Infraestructura para el Desarrollo Ganadero, subprograma 01- Obras para el Desarrollo Ganadero, rebasó en 8.6% sus metas originales en hectáreas trabajadas, aunque en las 9 entidades ejecutoras no se alcanzó el 100% de la meta de introducción de ganado mayor, fluctuando entre 84 y 27% su cumplimiento.
El programa OK - Caminos Rurales, Subprograma 02- Construcción, tuvo un avance físico de 28%. El notable incremento de los costos, las difíciles condiciones topográficas y meteorológicas incidieron en este resultado.
c) Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
En 1981 se asignó al Sistema COPLAMAR 26 725 millones de pesos, 10% superior al ejercido. Las principales metas programadas y alcanzadas se presentan en el cuadro 52.
Del monto total autorizado, COPLAMAR ejerció el 91.2% aunque 6 programas tuvieron desviaciones financieras mayores del 20%.
El programa CONASUPO - COPLAMAR, con un ejercicio del 70%, dejó pendiente la terminación del equipamento de 8 almacenes y no inició la construcción de 7 almacenes regionales "por causas administrativas en la compra de materiales".
En el Pacto de Coordinación BORUCONSA - PRONASE - INI- Presidencia, faltó por realizar la instalación de 3 radiodifusoras y el establecimiento de centros de acopio en 150 almacenes de abasto. Cabe destacar la compra de maquinaria para la selección y tratamiento de semillas criollas correspondiente a PRONASE, muy importante apoyo para los agricultores de zonas temporales.
La construcción de 30 clínicas hospitales de campo del programa IMSS - COPLAMAR fue diferido por problemas con los terrenos destinados a ese fin. En la operación de las Unidades Médicas Rurales se afrontó la falta de médicos pasantes de servicio social, por lo que fue necesario proceder a la contratación de médicos, con el retraso consiguiente; las metas de consultas y egresos hospitalarios se vieron afectadas por ambas razones.
El programa de agua potable no alcanzó las metas en su totalidad debido a la existencia de fuentes aprovechables en algunos casos; en otros, a pozos fallidos o a la inaccesibilidad de algunas localidades. La asignación inicial de este programa se redujo en 1 061.2 millones de pesos que incluye la reducción presupuestal del 4%.
Los programas Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras redujeron en 44% y 23% sus metas, y el ejercicio financiero fue 10% menor al presupuestado. Las precipitaciones pluviales, la inaccesibilidad de las zonas donde se realizó la mayor parte de éstas y el aumento de precios en los materiales de construcción repercutió negativamente en las metas.
La reducción presupuestal impacto el programa STPS - SARH - COPLAMAR para constituir cooperativas, reduciendo en 31% las metas de creación de empleos al contraerse la derrama de salarios.
En el programa CFE- COPLAMAR la principal desviación fue en la electrificación de poblados 35% menos a la meta programada, por dificultades de acceso y suministro de materiales.
d) Sistema Alimentario Mexicano
La identificación de los recursos presupuestales en apoyo al SAM, que se presentan en este dictamen, muestran una clasificación distinta a la que se incluye en la Cuenta Pública, además de superar algunas omisiones. Con este propósito, se presenta el cuadro 53 donde destacan las aportaciones del sistema bancario a la producción agropecuaria, básicamente las de Banrural, que recibió un importante incremento de recursos fiscales. Además destacan los incrementos de ANAGSA y de PRONASE, y la creación del Fideicomiso Riesgo Compartido, cuyas acciones están directamente asociadas a los programas de estímulos. FERTIMEX, presenta un importante incremento en su gasto real, aunque fue parcial el cumplimiento de sus metas de producción.
El total del gasto de recursos ejercidos del presupuesto de Egresos de la Federación encaminados a la estrategia alimentaria sumaron 303.8 mil millones de pesos, cifra que representa el 11.2% del presupuesto de la Federación y el 17.2% del gasto sectorizable, proporciones ligeramente superiores a las observadas en los años anteriores. Con el esfuerzo realizado, se logró promover al sector agropecuario.
OBSERVACIONES, CONCLUSIONES
Y SUGERENCIAS
V. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES
Y SUGERENCIAS
La revisión de la Cuenta constituye una fase fundamental en el proceso legislativo que se inicia con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y que culmina con la presentación del Informe de Resultados que rinde la Contaduría Mayor de Hacienda a esta soberanía.
En este dictamen se presenta el resultado de la revisión efectuada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, correspondiendo la evaluación definitiva de la gestión financiera de la Federación a la Contaduría Mayor de Hacienda, cuyo resultado se muestra en el Informe citado.
Podría concluirse, como en el Informe previo que se cumplió con el 85% de los objetivos y metas programadas para 1981. Sin embargo, esta Comisión estima que dicha cifra es tan sólo un promedio simple, que no es la forma más eficiente y justa de representar el resultado de un presupuesto.
Por ello se considera de suma importancia profundizar en el estudio de indicadores que reflejen de mejor manera el cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión gubernamental.
Estos indicadores utilizarían ponderaciones o pesos para las diferentes metas ya que la jerarquía o la prioridad de los sectores o renglones no es la misma ni tienen igual participación en los ingresos y egresos de la Federación. Contar con tales indicadores sería un apoyo, pero no una solución ya que también habría que profundizar en cuanto al margen de diferencia que se consideraría "razonable"; factor que a su vez tendría que ponderarse por el grado de inestabilidad e incertidumbre del panorama internacional y por la presencia de situaciones nacionales imprevistas que alteran los supuestos que sirven de punto de partida al presupuesto de egresos y a la ley de ingresos.
Llegar a este indicador de evaluación implica también resolver otros problemas tales como la redefinición de las unidades de medida en que se expresan las metas ya que, como se observó durante la revisión de la Cuenta Pública, hay algunas que no se cumplieron porque no están concluidas en un 100%, pero se ignora su grado de avance, que muchas veces es considerable. Por otro lado, muchas metas no están debidamente especificadas y se dificultan las comparaciones.
La Comisión está consciente de la dificultad que entraña la expresión y comparación de metas; sin embargo, considera deseable que se avance en la definición de las mismas para llegar a una evaluación más completa de su cumplimiento.
Con todos los progresos que en esta ocasión presenta la Cuenta Pública, aún quedan márgenes importantes para la superación; por ejemplo, no siempre puede hacerse compatible la clasificación sectorial con la administrativa y se tiene que llegar a exámenes híbridos que suelen confundir al usuario de la información. Por primera vez se incluye información sobre las estrategias intersectoriales, pero necesita enriquecerse para fortalecer la evaluación. Se requiere asimismo uniformar la nomenclatura "programática", y facilitar su vinculación con el resto de la información.
Además se tendría que ahondar en el estudio de las diferentes conciliaciones y deducciones, especialmente las que se refieren a las inversiones financieras. Una cifra es sólo un instrumento y no es útil para todos los propósitos; según su uso es el ajuste o conciliación que tenga que hacerse. Por lo tanto, deben darse todos los elementos en la Cuenta Pública para que el usuario pueda realizar las adecuaciones pertinentes en función del uso a que se destinen las cifras.
Por otra parte, cabe destacar que a partir de 1980 en la Cuenta Pública se incluyen la "Cuentas Económicas del Sector Público Presupuestario", que permiten vincular la gestión gubernamental con las variables agregadas de la economía nacional (tales como PIB, consumo, inversión, etcétera), instrumento que resulta de gran utilidad para evaluar el impacto de las acciones públicas en el comportamiento del sistema económico. Por ello, esta Comisión sugiere su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de comparar, en estos términos, los montos presupuestados y los resultados obtenidos.
Esta Comisión estima oportuno que la Cámara de diputados integre y procese sistemáticamente la información contenida en la Cuenta Pública mediante métodos modernos de organización y cómputo, que permitan un fácil y rápido acceso a los datos y a su manejo. Esto a su vez liberaría tiempo para el análisis y la discusión de los temas de interés. Actualmente, buena parte de las horas que se destinan a la revisión de la Cuenta Pública se dedica a la compartibilización, manejo y búsqueda de información. La sistematización que se propone mejoraría la eficiencia en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y promovería una mayor participación en dicho proceso.
Mucho se ha progresado en la presentación de la Cuenta Pública y la que se presenta ahora contiene una riqueza de información sin precedente que aún espera su cabal explotación. Si bien es cierto que el sistema de información del país ha dado saltos importantes en los años
Recientes y se ha hecho un esfuerzo considerable por proveer de información oportuna, suficiente y adecuada a todos los mexicanos, como parte del proceso de democratización de las decisiones, también es cierto que aún falta un largo trecho por recorrer.
Por este motivo, la Comisión Dictaminadora quiere hacer patente su deseo de que se avance más en la cifras de naturaleza distributiva. Es decir, si bien ya hay mucha información sobre la producción, el ingreso, el gasto y la deuda, tanto en términos de niveles como de su estructura, aún queda un hueco importante por llenar: ahondar en la precisión de los beneficiarios de ese producto, de ese gasto, de esa deuda. En consecuencia esta Comisión desea sugerir que se enriquezca la información de naturaleza distributiva en la Cuenta Pública para tener mayores elementos de evaluación.
Concretamente, la Comisión estima conveniente que se profundice en el estudio de las cifras sobre los favorecidos finalmente con los subsidios y transferencias, por lo que sugiere se adelante en el Registro Único de Transferencias (RUT) y que tales adelantos se incluyan en la Cuenta Pública de 1982 para evaluar mejor el impacto de este instrumento en el desarrollo económico y social del país.
Esta información de naturaleza social nos permitirá tener mayores elementos de juicio en la evaluación de la gestión gubernamental.
En tal sentido, esta Comisión buscará que la información se supedite cada vez más a los fines políticos. Para ello será necesario acelerar el cambio de orientación, que ya fue iniciado, para darle mayor énfasis al aspecto distributivo.
Esta Comisión considera importante avanzar incluso por encima de los aspectos distributivos, para progresar en la formulación de indicadores más directamente vinculados con el bienestar social. Ello implicaría una revisión de las cifras de producción, precios, empleos, etc., para incorporar elementos tales como la calidad del bien que se produce, y los diferentes elementos que integran el salario "efectivo". En este último caso se considerarían los diferentes ingredientes que influyen directamente en el nivel de vida del trabajador y que van más allá del salario, las prestaciones sociales y las desgravaciones fiscales, para incluir, por ejemplo, promociones educativas, recreativas y de fortalecimiento de los lazos familiares. Hay metodologías para lograr este tipo de indicadores y algunas ya se están intentando en México; sin embargo, la Comisión desea crear conciencia de la necesidad de que se acelere y profundice este proceso de reorientación de la estadística nacional.
Por otra parte, la revisión de la Cuenta Pública suscitó una serie de inquietudes y de preocupaciones que esta Comisión desea investigar.
Sobre el Gasto Público se externó la necesidad de ahondar en el examen de su evolución y su estructura así como de su capacidad para cumplir los objetivos sociales y económicos que le son propios: mejorar la distribución del ingreso atendiendo las necesidades de quienes tienen menos, reducir la dependencia del exterior, fomentar la eficiencia y el empleo y promover una estructura industrial más diversificada.
En este sentido, en la Comisión se manifestó la preocupación por revisar a fondo la política de transferencia y subsidios para impedir que éstos promuevan la concentración de la riqueza y garantizar que se destinen a fines productivos y de justicia distributiva.
En materia de ingresos se señaló la necesidad de que se profundice en el proceso de reforma fiscal - sobre todo en materia de globalización del ingreso - de que se fomente una política congruente de precios y tarifas, y de que se realicen esfuerzos serios de eficiencia y productividad en la empresa pública.
Uno de los temas que más interés despertó en las reuniones de la Comisión fue el de la Deuda Pública, sobre todo la de naturaleza externa. Tanto en el Informe Previo como entre los integrantes de la Comisión hubo un marcado deseo por profundizar en la estructura de la deuda y en la temporalidad o permanencia de la tendencia que se registró en 1981, para que en el mediano y largo plazos la deuda crezca en función del incremento de la riqueza nacional a fin de no exponer nuestra capacidad de autodeterminación.
En este sentido la Comisión sugiere que la Cuenta Pública enriquezca aún más la información sobre deuda externa, incorporando datos y comentarios sobre su peril, las condiciones de contratación y las comisiones.
En la revisión sectorial, a pesar de la información adicional que pudo conseguirse mediante el diálogo directo con los funcionarios de las diferentes dependencias, quedaron pendientes algunas inquietudes que esta Comisión - de manera conjunta con otras comisiones - habrá de examinar en el futuro.
En la revisión sectorial, sobresalió el examen de los organismos y empresas sujetas a control presupuestal donde las inquietudes, objeto de estudio posterior, versaron sobre la revisión de precios y tarifas; la necesidad de racionalizar su situación financiera; la modernización de su organización, operación, administración, control, supervisión y vigilancia; la revisión de sus gastos corrientes y de inversión (concursos) y su política de inventarios, PEMEX sobresalió en la discusión de este apartado y se sugirió que acelerara el proceso para adaptar la estructura "programática" de sus actividades a los lineamientos que señala la SPP y reforzara sus mecanismos de control y supervisión.
En consecuencia, esta Comisión examinará la posibilidad de que se realice un mayor número de revisiones y con un alcance más profundo a través de los mecanismos de auditorías e inspecciones tanto por parte del Poder Ejecutivo, como del Legislativo, a efecto de ampliar la cobertura de la fiscalización y el control. Como complemento de lo anterior, será necesario redefinir y estrechar aún más los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos y niveles dedicados a estas actividades.
En este orden de ideas, se estudiará la posibilidad de que la Contaduría Mayor de Hacienda no incluya su acción con la promoción del ejercicio de las acciones que le correspondan en materia de responsabilidades, sino que realice, en su esfera de competencia, el seguimiento de las mismas hasta su conclusión e informe a esta representación popular del resultado.
Asimismo, se buscará que la Contaduría Mayor avance en el desarrollo e instrumentación de los sistemas y procedimientos del análisis e interpretación de la Cuenta Pública para la elaboración del Informe Previo y el Calendario a que esta sujeto.
Esta Comisión sondeará la posibilidad de que el informe de Resultados sea examinado y discutido por las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con la participación de las comisiones sectoriales respectivas.
También se revisaron las "razones financieras" de los organismos y empresas sujetas a control presupuestal contenidas en la Cuenta Pública y se consideraron importantes, pero insuficientes para conocer el comportamiento financiero de las entidades por lo que será necesario continuar con este análisis y sugerir nuevos indicadores.
Todo esto a su vez cobra sentido y se justifica porque la Comisión desea estudiar una serie de propuestas que se han venido planteando en legislaturas anteriores y que buscan fortalecer la participación del poder legislativo en la toma de decisiones de política económica y social del país, respetando escrupulosamente las atribuciones de cada uno de los poderes para no entorpecer su funcionamiento. Entre ellas sobresalen: la posibilidad de establecer un grupo encargado de participar en el proceso de formulación y seguimiento del presupuesto, para que esta Cámara no sólo tenga un órgano técnico que analice el presupuesto "ex - post" mediante la revisión de la Cuenta Pública, sino que también exista otro encargado del análisis "ex - ante" de dicho presupuesto. El establecimiento de este grupo permanente facilitará el enlace entre dos legislaturas para que la nueva no comience de cero, sino que tenga ya una base sobre la cual pueda seguir construyendo. Esta propuesta se complementa e incluso absorbe a la propuesta anterior de sistematizar la información presupuestal de la Cámara de Diputados.
Otra opción, como paso intermedio o como posibilidad de corto plazo, sería fortalecer la coordinación entre la Contaduría mayor y esta Comisión Dictaminadora para que aquélla asesore y apoye a ésta en la revisión del proyecto de presupuesto, y en la revisión conjunta y paralela de la Cuenta Pública.
Como complemento de las opciones anteriores se está examinando la posibilidad de que se envíen informes trimestrales a esta H. Soberanía, sobre ingresos y egresos de la Federación. Se analizarían cuidadosamente todas las medidas que permitan a la Cámara de diputados tener una mayor participación en el proceso presupuestario.
La Comisión Dictaminadora está consciente de que el perfeccionamiento de la democracia es una lucha constante que exige fortalecer el poder legislativo para que cumpla eficazmente con su función de auténtico representante del interés popular. Tal es el espíritu que inspira las observaciones, conclusiones y sugerencias que aquí se inscriben.
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los comentarios generales de ley a que se refiere el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en los artículos 70 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 25 y 45 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 2o. y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1981; 6o. y 8o. del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 1981; y demás relativos aplicables, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1981 en los términos de las disposiciones aplicables, haciendo un análisis de los principales indicadores de la actividad económica nacional e internacional dada su influencia sobre los ingresos, egresos y déficit de la Federación.
Artículo 2o. Se conocieron los resultados de la gestión financiera analizando los ingresos, los egresos y el déficit del sector público presupuestario consolidado e individualmente por cuanto hace al gobierno federal y a los organismos y empresas de participación estatal.
Artículo 3o. Se hizo la comprobación de que la gestión financiera del gobierno federal, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal incorporados en el presupuesto, se ajustara a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.
Artículo 4o. Se evaluó el cumplimiento y el alcance de los objetivos y metas contenidos en los principales programas sectoriales y estrategias intersectoriales previstos en el presupuesto y se conoció la explicación y justificación de las variaciones más significativas.
Artículo 5o. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de los artículos 11 y 13 de su Ley Orgánica, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que proponga a la Secretaría de Programación y Presupuesto las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y
de metas; así como para que dicte las medidas correctivas procedentes, para lo cual se recomienda:
a) Incluir las Cuentas Económicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
b) Implantar en el Sector Público el Registro Único de Transferencias, a fin de contar con un sistema integral de seguimiento y control que permita evaluar el impacto de este instrumento en el desarrollo económico y social del país.
c) Continuar incorporando los avances más recientes en materia de contabilidad gubernamental y contabilidad nacional, a fin de proporcionar mayores y mejores elementos para la evaluación de los instrumentos de política económica contenidos en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.
d) Profundizar en el análisis de la Deuda Pública incorporando información sobre las condiciones de contratación y el perfil de la deuda así como datos y comentarios sobre comisiones.
e) Acelerar el proceso para que PEMEX adapte la estructura programática de sus actividades a los lineamientos que la Secretaría de Programación y Presupuesto señala, y refuerce sus mecanismos de control y supervisión.
Artículo 6o. La Contaduría Mayor de Hacienda en la forma prevista en la fracción XIII del Artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos de análisis e interpretación de la Cuenta Pública para la elaboración del Informe Previo y el calendario a que está sujeto; así como las necesarias para reforzar e incrementar la cobertura y alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias; para formular los pliegos de observaciones y promover el financiamiento de responsabilidades; y las que le permitan el seguimiento de las acciones que ejercite.
Artículo 7o. Remítase el presente Decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiere lugar, instruyéndola para que dentro del término de Ley rinda el Informe de Resultados correspondiente.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 18 de noviembre de 1982.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Manuel Cavazos Lerma Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, Ma. Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Rolando Cordera Campos, Serafín Domínguez Fermán, Antonio Fabila Méndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio A. Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuellar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Aidé E. Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa,."
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, propone a la Asamblea que se dispense su lectura.
Consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica.
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, por unanimidad... Es de primera lectura.
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA DEL DEPARTAMENTO
DEL D. F. 1981
El C. Presidente: Esta presidencia ha dispuesto que la Oficialía Mayor entregue a cada uno de los CC. señores diputados una copia del dictamen de la Cuenta de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1981, misma que excede de 130 cuartillas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, propone a la Asamblea se le dispense su lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL DE 1981
Honorable Asamblea:
La fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entre otras, el examen, la discusión y la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal, así como la revisión de la Cuenta Pública del año anterior.
El mismo precepto constitucional dispone que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Comisión permanente del Congreso dentro de los 10 primeros días del mes de junio; que la revisión de la misma tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Para tal efecto nuestro sistema constitucional dispuso la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión
de la Cuenta Pública, tanto del Gobierno Federal como del Departamento del Distrito Federal.
En caso que del examen que practique la Contaduría Mayor de Hacienda aparezcan discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera exactitud o justificación de los gastos, este órgano debe determinar las responsabilidades, de acuerdo con la Ley.
La Contaduría Mayor de Hacienda, consecuentemente, tiene entre sus atribuciones la verificación de la conducta administrativa y financiera de las entidades gubernamentales para determinar si sus operaciones, en lo general y en lo particular se realizaron con apego a las leyes, si ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos, conforme a los programas aprobados, si ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los términos y montos aprobados y si aplicaron los recursos provenientes de financiamientos con la con la periodicidad y forma establecidas por la Ley.
Este órgano técnico está, asimismo, obligado a elaborar y rendir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el informe previo dentro de los 10 primeros días del mes de noviembre siguiente a la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de la del Departamento del Distrito Federal.
El informe contendrá, enunciativamente, comentarios generales sobre los tópicos siguientes:
a) Si la Cuenta Pública está presentada de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al Sector Gobierno.
b) Los resultados de la gestión financiera.
c) La comprobación de si las entidades se ajustaron a los criterios señalados en las leyes.
d) El cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas y subprogramas.
e)El análisis de los subsidios, las transferencias, los apoyos para operación e inversión, las erogaciones adicionales y otras erogaciones o conceptos similares.
f) El análisis de las desviaciones presupuestales.
Asimismo, la Contaduría Mayor de Hacienda debe rendir a la Cámara de Diputados el informe sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de la del Departamento del Distrito Federal, el cual es entregado por conducto de la Comisión de Vigilancia, en los 10 primeros días del mes de septiembre del año siguiente al de su recepción.
Este informe debe contener el señalamiento de las observaciones e irregularidades advertidas en la realización de las actividades de los órganos gubernamentales.
Para el cumplimiento de sus atribuciones este órgano técnico tiene facultades de fiscalización de los subsidios concedidos por el Gobierno Federal a los estados, al Departamento del Distrito Federal, a los organismos de la Administración Pública Paraestatal, a los municipios o a los particulares. Puede, asimismo, ordenar visitas, inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros y documentos tanto para comprobar la recaudación de ingresos, como para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades se han aplicado eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas.
Su atribución final consiste en fincar, ante las autoridades competentes, las responsabilidades que resulten.
Como se advierte en los párrafos precedentes, nuestro sistema constitucional dispuso el control del presupuesto con una finalidad técnico legal vinculada con la regularidad de los actos de gestión y el adecuado manejo de los fondos públicos.
La vigilancia de la ejecución del presupuesto por el Poder Legislativo constituye la etapa de mayor relevancia del proceso iniciado por la Contaduría Mayor de Hacienda.
La Cámara de Diputados, utilizando el material informativo que le prepara su órgano técnico a través del informe previo que formula la Contaduría Mayor de Hacienda, debe comprobar si sus decisiones han sido respetadas; sin embargo, esto que parece tan sencillo en el plano teórico, resulta de difícil cumplimiento en la práctica por la magnitud y la complejidad técnica del presupuesto.
No obstante lo anterior, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, considera que en un estado democrático, el Poder Legislativo tiene parte esencial en el control de las finanzas públicas. La representación nacional, pues debe vigilar la gestión tanto en lo referente a los ingresos y gastos, como al funcionamiento de los servicios públicos, debiendo realizar los estudios necesarios para hacer más constructiva la discusión de las disposiciones legislativas de carácter financiero.
La Comisión ha considerado útil hacer estos planteamientos para encuadrar las responsabilidades constitucionales de esta soberanía en el examen de la Cuenta Pública del Distrito Federal. En los apartados siguientes se ha propuesto, asimismo, plantear una serie de consideraciones generales sobre la evolución histórica del Distrito Federal, la acumulación de sus problemas económicos, políticos, sociales y culturales, en cuanto a que impactan significativamente en el manejo administrativo y en la gestión financiera de la entidad, antes de pasar al análisis de los resultados de la gestión financiera, los criterios presupuestales, el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas y la elaboración de las conclusiones a que ha arribado la Comisión y que conducen al proyecto de Decreto que se propone a discusión de esta honorable Asamblea.
A la vista de estas consideraciones jurídicas rectoras, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública pone a la digna consideración de esta H. Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Consideraciones Generales
Según el censo de 1980, el Distrito Federal registró una población de 9 millones 373 mil 353 habitantes distribuidos en una extensión territorial de 1,499 kilómetros cuadrados, de los cuales 590 se han urbanizado. Para el final del ejercicio fiscal de 1981 se estimó para la entidad una población cercana a los 10 millones 200 mil habitantes, cantidad que llega a 14 millones 600 mil personas con los municipios conurbados en la zona metropolitana y que se requiere incluir en estas consideraciones generales, ya que gran parte de dicha población obtiene empleos y consume bienes y servicios generados en el Distrito Federal. Dentro de este marco no resulta ocioso reiterar la condición de la capital de la República como centro de atracción de corrientes migratorias provenientes de todo el país por su calidad de asentamiento histórico de los poderes políticos y principal polo concentrador de oferta de empleo y de oportunidades educativas, de salud y demás servicios y, en general, de los niveles de vida relativamente más altos del país.
En 1981 el Distrito Federal alcanzó un producto interno bruto por valor de 1,165 millones de pesos, con un crecimiento porcentual de 8.37 por ciento respecto del año anterior. La inversión en la entidad llegó a 119 mil 460 millones de pesos, lo que representó un incremento de 14.6 por ciento respecto del año precedente; la magnitud de estas cifras se explica básicamente como efecto y causa de un agudo proceso de centralización que se refleja en los siguientes ejemplos. En el Distrito Federal se concentra más de la mitad de los establecimientos industriales, los que generan casi el 38 por ciento de la producción nacional en este sector. En esta entidad se genera más del 28 por ciento de la producción nacional de alimentos, bebidas y tabaco; el 20 por ciento de la industria metal mecánica y más del 20 por ciento de la del vestido y calzado.
En el año del ejercicio fiscal correspondiente a la cuenta pública que se analiza, la disponibilidad promedio para el consumo alimentario por habitante creció a 560 kilogramos por persona y año, respecto a los 490 kilogramos promedio de los 3 años anteriores. No obstante que este dato presenta al Distrito Federal con un mejor nivel de consumo alimentario respecto del resto de la República, alrededor del 53 por ciento de su población manifiesta carencias importantes de nutrientes básicos, lo cual es resultado de una estructura inequitativa del ingreso en el país.
El 58 por ciento de los establecimientos de salud pública se ubican en el Distrito Federal y su zona metropolitana. La infraestructura educativa representa casi el 15 por ciento del total de las instalaciones disponibles en el país y se atiende a más del 25 por ciento de los escolares de la República, a pesar de lo cual el analfabetismo afecta a más del 8% de la población mayor de 15 años y crece a la misma tasa del flujo de inmigración a la ciudad.
Esta aguda tendencia centralizadora ha impuesto una dinámica que, en las apreciaciones menos perturbadoras de incremento demográfico hará que para el año dos mil vivan cerca de 27 millones de habitantes en la zona metropolitana del Distrito Federal, esto es en 0.1 por ciento del territorio nacional. Ese año la zona metropolitana capitalina será la concentración urbana más grande del mundo, por encima de Sao Paulo, Tokio, Nueva York, Calcuta y Río de Janeiro.
El impacto de esta tendencia en las oportunidades de empleo, de satisfacción de necesidades esenciales y de prestación de servicios básicos acusa ya niveles críticos. En la actualidad, la invasión de tierras ejidales y comunales y su transformación en suelo urbano con todas las distorsiones y conflictos legales y sociológicos que entraña el costo social y económico de la infraestructura citadina y la presión sobre los recursos naturales, particularmente los no renovables, constituyen otros aspectos fundamentales para analizar las condiciones en que se desenvuelve el ejercicio fiscal a que se refiere el presente dictamen de la Cuenta Pública.
En 1981 la población subempleada alcanzó el 49 por ciento de la población económicamente activa. El 68.7 por ciento en la rama de servicios, misma que ha visto descender sus tasas de productividad, lo que subraya el alto índice de subempleo que encubre esta clasificación. En virtud de ello, en la actualidad el 10.3 por ciento de las familias del Distrito Federal y la zona conurbada viven en condiciones de extrema pobreza, a las que hay que agregar un 22.6 por ciento de familias que no satisfacen sus necesidades básicas.
Independientemente de las metas en materia habitacional previstas en el presupuesto de 1981, la tendencia concentradora dejada a la simple inercia había llevado a plantear la necesidad de construir 432 mil viviendas nuevas durante el quinquenio 1978- 1982, pero las limitaciones reales a la expansión del área urbana determinaron que al finalizar el ejercicio correspondiente a la Cuenta Pública de 1981 no se hubieran construido ni el 50 por ciento, mientras que de las 206 mil que se requería de habilitar en ese mismo lapso, ninguna se había atendido.
Algo semejante ocurre en la demanda no atendida de servicios de agua potable de 12 metros cúbicos por segundo, a pesar de que el Distrito Federal consume más del 25 por ciento del total de agua potable distribuida en el país, aproximadamente 1,500 millones de metros cúbicos al año. La sobre explotación ha deteriorado los mantos acuíferos y las capas del subsuelo con el consiguiente hundimiento en la ciudad de 43 a 46 centímetros por año, manifestando en algunas zonas desniveles de hasta 9.5 metros.
La red de drenaje, construida en su mayoría a fines del siglo pasado y principios de éste, atiende actualmente a casi el 80 por ciento de
la población, estimándose que cerca de 2 millones de habitantes no recibe este servicio esencial.
En cuanto al sistema de transportes, al terminar el ejercicio fiscal correspondiente a la Cuenta Pública que se dictamina, la demanda de traslados se reflejó en aproximadamente 19 millones de viajes persona - día, de los que el servicio de auto transporte Ruta 100 absorbió alrededor del 38 por ciento, el sistema de transporte colectivo Metro el 15 por ciento, los transportes eléctricos el 8 por ciento, los taxis y colectivos el 10 por ciento, los vehículos particulares el 23 por ciento y el 5 por ciento otros medios. De los dos millones 300 mil vehículos que circulan en el Distrito Federal, aproximadamente el 4.3 por ciento fueron del servicio público y el 95.7 por ciento de particulares.
Todo ello incide en graves alteraciones al medio ambiente del Valle de México. La erosión y degradación del suelo, el progresivo agotamiento y la contaminación de las aguas subterráneas y la alteración y contaminación del aire, han deteriorado cada vez más la calidad de la vida en el Distrito Federal. El principal factor contaminante atmosférico está constituido por el automóvil con un 80 por ciento de incidencia. El otro 20 por ciento se debe a las 80 mil industrias, a 2,500 toneladas diarias de polvos y otros contaminantes provenientes del uso de los distintos combustibles, la defecación al aire libre de alrededor de 2 millones de personas que carecen de drenaje, el detritus de la combustión de más de 23 millones de cigarrillos diariamente y otros muchos contaminantes más que han hecho que se disminuya la visibilidad en la ciudad de 2 a 12.8 kilómetros sólo en el lapso que va de 1950 al año fiscal de la cuenta pública a que se refiere este examen. El Valle de México ha perdido casi el 75 por ciento de sus bosques, el 98 por ciento de sus lagos y se calcula que el 75 por ciento del suelo se encuentra en proceso de degradación. Cada vez son más las zonas de la ciudad en que la contaminación por ruido alcanza los 120 decibeles que ya afectan críticamente al ser humano en su ritmo cardíaco, la tensión arterial y la habilidad auditiva.
De los 38 millones de toneladas de desechos domésticos e industriales producidos se recolectó en 1981 el 75 por ciento y el 25 por ciento quedó abandonado en la vía pública a pesar de que ese mismo año la ciudad dispuso y operó 1,752 camiones recolectores, 60 barredoras automáticas, 20 trailers, una planta industrializadora de basura y 2 tiraderos oficiales a cielo abierto, todo ello operado por 10 mil trabajadores.
El grave deterioro del habitat urbano no ha sido eficientemente enfrentado en virtud de la carencia de programas efectivos de control y combate a la contaminación.
La gran concentración poblacional sumada al desequilibrio en la distribución de los ingresos, ha provocado en un importante sector de la población, marginalidad que se refleja en desempleo, desnutrición, alcoholismo y en general un grave deterioro en su calidad de vida. Por otro lado han causado también enajenación, delincuencia y drogadicción que afectan a la ciudadanía en su comportamiento social y desarrollo.
Las perspectivas que presenta esta situación distan mucho de ser satisfactorias. La crisis económica prolongada, originada en la segunda mitad del año de la cuenta pública que se dictamina, obliga a prever un decrecimiento del ritmo de actividades directas del sector público en lo que respecta a obras y servicios, recortes programáticos- presupuestales, aplazamiento o replanteamiento de proyectos como el sistema de transporte colectivo y la conducción de aguas de fuentes remotas, aumento del desempleo, limitación de servicios de abasto alimenticio, salud, educación y vivienda y, consecuentemente, degradación y conflictos sociales en la convivencia urbana.
En 1981 empiezan a hacer crisis los desequilibrios financieros del sector público para atender una población creciente y mal distribuida en el Distrito Federal que reclama más y mejores bienes y servicios públicos. Independientemente de las respuestas de orden general ubicadas en la necesidad de una verdadera descentralización de la vida nacional, se observa una grave insuficiencia del sistema recaudatorio y la vigencia de precios y tarifas de los servicios abismalmente apartados de sus costos reales, lo que provoca una creciente dependencia de fuentes externas en forma de transferencias o endeudamiento del gobierno del Distrito Federal. A ello hay que agregar que falta profundizar en la revisión de una política selectiva de subsidios en lo que atañe a la industria y a los contribuyentes de mayores ingresos.
La necesidad de acudir a ingresos extraordinarios ha ido creciendo del 6 por ciento en 1970, al 17 por ciento en 1976 y al 40 por ciento en 1981.
Las graves distorsiones que por varios decenios han afectado al crecimiento demográfico y económico concentrado en el Distrito Federal han obligado al sector público a ir a la zaga de los problemas urbanos, en lugar de programar un desarrollo nacional y armónico de la urbe.
La situación crítica a que se ha llegado obliga a esta soberanía a llamar la atención sobre la necesidad inaplazable de replantear los términos del desarrollo nacional a fin de lograr una distribución racional de la población del país, así como a propugnar cambios fundamentales en la organización urbana del Distrito Federal en sus aspectos políticos, económicos y administrativos.
En especial, es preciso avanzar en el establecimiento de formas más efectivas de participación democrática en las decisiones del Gobierno del Distrito Federal.
En este punto es importante subrayar dentro de estas consideraciones, que la ambigüedad conceptual, política y jurídica en que se desenvuelve el Gobierno del Distrito Federal, en especial en lo que atañe, por un lado, a sus responsabilidades constitucionales como órgano
de gobierno que capta recursos fiscales de la sociedad de los que debe dar cuenta al pueblo a través de esta soberanía y, por otro, en la definición de sus obligaciones como dependencia directa del Ejecutivo que, en tal condición, lo clasifica como un sector de la Administración Pública Federal.
La inoperancia de las estrategias seguidas en las últimas décadas se hace manifiesta al observar que las respuestas de coyuntura a los problemas que va planteando la ciudad no han dejado de estimular la concentración demográfica y económica en el Valle de México, ha propiciado una mayor dependencia de las finanzas del Distrito Federal respecto de los recursos generados en el resto del país y del crédito público de la nación, y ha obligado a recurrir a grados extremos de aflojamiento de la disciplina presupuestal para hacer frente al tamaño de los problemas y a la urgencia de las soluciones.
El origen de la centralización en la zona metropolitana sigue estando en las carencias que padecen importantes regiones del país y que por tanto se convierten en focos de expulsión de grandes contingentes de población que huyen de la marginación.
Por otra parte, todavía no se dejan sentir los efectos de los proyectos en marcha de desconcentración industrial.
Por lo anterior la concentración urbana del Distrito Federal y la zona metropolitana sigue resintiendo los grandes problemas que aquí se han descrito en cuanto a la concentración demográfica, a congestionamiento urbano e insuficiencia de servicios, a desorden en el uso del suelo, a contaminación ambiental y en general, al deterioro en la calidad de la vida.
En cuanto al análisis específico de la cuenta pública de 1981, es preciso observar de entrada, que el gasto correspondiente a ese año fue programado y presupuestado en 1980 a iniciativa del Ejecutivo y con la aprobación de esta soberanía, en el momento en que la economía nacional se regía conforme a diagnósticos, pronósticos y planes que sufrieron variaciones y adecuaciones que, a su vez, afectaron la programación y el ejercicio del gasto en los términos que se explican a continuación.
Resultados de la gestión financiera
Para la revisión y conocimiento de los resultados financieros partimos de los datos contenidos en el capítulo de estructura financiera presupuestaria consolidada que está integrada por las cuentas siguientes:
- egresos presupuestarios
- ingresos presupuestarios
- déficit financiero presupuestario
El decremento del 4% en el presupuesto de ingresos obedeció fundamentalmente a la reducción ordenada por el Ejecutivo Federal en julio de 1981.
Con tal medida implica una modificación al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, corresponde incorporar tal decisión del Ejecutivo como parte integrante del presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos correspondiente al citado ejercicio, que de acuerdo con nuestro sistema constitucional es ahora objeto de revisión por el órgano legislativo de control.
En cifras redondas, los ingresos corrientes ascendieron a 64 mil millones de pesos, lo cual muestra un aumento del 5% respecto a lo estimado.
Los gastos corrientes ascendieron a 34 mil millones de pesos, lo cual muestra una disminución del 5% respecto a lo estimado.
De estos movimientos resultó un ahorro en cuenta corriente de 31.0 mil millones de pesos que representan un 18% más de lo estimado.
Los egresos de capital ascendieron a 66 mil millones de pesos, 22% superior a su estimación.
Estos representan a su vez el déficit en cuenta de capital que, restado al superávit en cuenta corriente, indica un déficit financiero de 35 mil millones de pesos, es decir 25% más en relación con lo presupuestado para 1981.
Se contrataron financiamientos por 36 mil millones de pesos, equivalentes a 17% menos en relación al original previsto en el presupuesto.
La amortización de la deuda, que en el ejercicio se limitó a 4 mil millones de pesos, sumada al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), da un total de 8 mil millones de pesos, es decir 45% menor a su estimación pues se programó pagar 15 mil millones de pesos. Tales movimientos dieron por resultado un endeudamiento neto de 32 mil millones, o sea 16.4% mayor a la estimación original.
En 1981 el Departamento del Distrito Federal (DDF) dispuso de 101 mil millones de pesos, menores en 4% con la estimación original. Esta disminución se reflejó en una menor captación de ingresos por concepto de financiamiento y en menor participación de impuestos federales.
El presupuesto de egresos ejercido por el Departamento del Distrito Federal fue de 108 mil millones de pesos, 3% mayor al estimado, aproximación razonable a los niveles presupuestales previstos.
De los datos anteriores podemos concluir que para dotar a los habitantes del Distrito Federal de los elementales servicios requeridos para la vida en sociedad es necesario disponer de ingresos ordinarios tributarios y no tributarios, así como de ingresos extraordinarios.
En el año de 1981, los ingresos ordinarios percibidos fueron insuficientes para financiar el gasto público total. La carga tributaria en el Distrito Federal es baja debido a la decisión política de no gravar con mayor intensidad a los contribuyentes.
Del total obtenido, los ingresos ordinarios representan el 60% y los extraordinarios el 40% que corresponden a recursos provenientes de financiamiento.
El Departamento del Distrito Federal, obtuvo financiamiento por 36 mil millones de pesos. Este financiamiento se contrató en su mayor parte, con el Fondo de Financiamiento del sector público, como crédito puente, a plazo de 90 días renovable y a una tasa de interés equivalente a la tasa de rendimiento de los Cetes. De estos recursos, el 80% se destinó a las nuevas construcciones del Metro y el 20% restante a obras diversas entre las cuales resaltan las hidráulicas.
Así pues, la Comisión concluye que la Hacienda del Departamento del Distrito Federal depende en alto grado de sus ingresos extraordinarios. Al respecto se observa una tendencia al crecimiento irregular de su deuda, tanto en su cuantía, como en sus condiciones y en sus plazos. Lo anterior pone en peligro la disponibilidad de recursos suficientes para gasto corriente y de inversión.
Como resultado del conocimiento de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal se concluye, asimismo, la necesidad de un cambio en su estrategia financiera para fortalecer sus ingresos ordinarios en relación con los ingresos extraordinarios. Se impone también la necesidad de conseguir plazos más amplios y condiciones más favorables en el servicio de la deuda.
Existen diversas cuotas, tasas y tarifas realmente bajas, inferiores al costo del servicio al que corresponden. Asimismo existen ordenamientos que resultan anticuados o bien no establece la forma adecuada para gravar los servicios públicos. Existen también nuevos tipos de ingresos como los llamados "autogenerados" que requieren la normatividad para su sistematización y mejor control.
Es evidente que los precios por el lado del gasto, se actualizan automáticamente: se impone actualizar también los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal.
Lo anterior, aunado a los altos índices de concentración demográfica, económica y de aspectos urbanos, así como la centralización de actividades, la difícil situación económica imperante en el país y los efectos de la inflación conduce a la imperiosa necesidad de que el presupuesto para el año 1983 esté basado en un fortalecimiento de los ingresos ordinarios, directos y propios del Departamento del Distrito Federal y en una adecuación realista de su deuda.
Las reformas que se deben propugnar en el fortalecimiento de los ingresos ordinarios habrán de perseguir objetivos determinantes de equidad en la carga fiscal y en la política de redistribución de ingresos.
Criterios Presupuestales
Para la comprobación de los criterios señalados por el presupuesto, como exigencia constitucional se requiere el estudio de los 12 artículos del decreto que aprobó el presupuesto de egresos de la federación, correspondiente al ejercicio de 1981. Los principales criterios contenidos en dicho texto legal son los siguientes: Establece monto y distribución del Presupuesto.
Permite erogaciones adicionales hasta el importe de ingresos excedentes o extraordinarios.
Permite traspaso de programas de acuerdo a los requerimientos del Gasto Público.
Define las facultades de la Secretaría de Programación y Presupuesto respecto a la autorización de las erogaciones adicionales, la reserva de ministraciones de fondos por incumplimiento en envío de información, metas y variaciones en normas establecidas, la recepción de información contable y presupuestal en forma periódica y la vigilancia en la ejecución del presupuesto.
La Contaduría Mayor de Hacienda manifestó haber comprobado que la asignación de recursos se efectuó conforme a lo señalado, que la Secretaría de Programación y Presupuesto manifestó que la mayoría de las entidades del Departamento del Distrito Federal dieron la información sobre el ejercicio del gasto y que a todas las dependencias y entidades se les ministró el total de recursos autorizados, por lo que se deduce que, en términos generales, se cumplieron los criterios presupuestales en su esencia.
Asimismo, los resultados de la gestión financiera se revisaron mediante la comprobación y confirmación de la información financiera, presupuestal, contable y económica que remiten las unidades y organismos descentralizados que conforman la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal a la dirección de contabilidad. Para determinar la razonabilidad de las cifras contenidas en dicha información fue necesario verificar la validación y consolidación que se hace a las cifras que presenta la Cuenta Pública.
Se verificó que la información recibida estuviera de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaria de Programación y Presupuesto. Se observó que la mayoría de las unidades y organismos cumplieron en tiempo y forma con esta disposición.
Se comprobó también que el registro y control de la información fuera realizado en hojas de captación de movimientos contables para su respectiva codificación y procesamiento de los ingresos, egresos y deuda pública.
La revisión, verificación y validación de datos en los diarios de recaudación se realizó cotejando los comprobantes anexos y el total del diario. En las pólizas de ingreso mensual se confrontaron los movimientos efectuados con los diarios de recaudación.
En cuanto a la documentación que remiten las 21 pagadurías selectivamente se verificó que tuvieran los requisitos siguientes: autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, partida presupuestal que afecta firmas de
los funcionarios, folio contable y el sello de pagado en los recibos de entero.
En los estados financieros del sector central se observó que la información financiera, presupuestal, contable y económica fuera introducida a un sistema de cómputo llevando a cabo la clasificación de cuentas de acuerdo al catálogo general. De este proceso de consolidación se obtuvieron los datos para la integración de los estados financieros y presupuestales individuales y consolidados mismos que forman parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
Conforme a las disposiciones constitucionales la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto asimismo conocer el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
El presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1981, estableció para su administración un total de 36 programas, de los cuales 7 de ellos representaron el 81% del total de egresos.
En el cuadro siguiente se expresa gráficamente esta afirmación.
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El Artículo 6o. del Decreto que aprobó el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que es motivo de este dictamen, faculta al jefe del Departamento del Distrito Federal para realizar traspasos o cambios en las asignaciones de los programas de acuerdo con los requerimientos del gasto público.
Con base en tal facultad legal deberá entenderse la flexibilidad que permitió las variaciones en los programas, misma que se realizó a base de transferencias y que consecuentemente significó el cambio de prioridades y metas.
A continuación la Comisión consigna un análisis sintético de 4 de los 7 programas mencionados, que por la importancia de su variación merecen especial mención.
Entre los programas importantes están el de Amortización de la Deuda Pública, infraestructura y equipamiento para la vialidad, mejoramiento urbano y agua potable.
Amortización de la Deuda Pública
La amortización de la Deuda Pública, que comprende los pagos de capital, intereses y ADEFAS, se muestra como sigue:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
La comisión subraya el hecho de que los propósitos originales para la amortización no se hayan realizado, que los intereses hayan sido desproporcionados en relación a los pagos de amortización y que las ADEFAS hayan quedado pendientes en un 60%, traspasando la carga financiera al presupuesto de 1982.
Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad.
Este programa tuvo un incremento de 5 mil millones de pesos, debido a la realización de obras no programadas originalmente como fueron tres obras viales conectadas con la ampliación del Metro y la construcción del Puente de Atzcapotzalco. Es decir, en términos generales se cumplieron las metas programadas y adicionalmente se realizaron algunas obras de gran envergadura fuera de lo programado.
Mejoramiento Urbano
El Presupuesto de Egresos original se incrementó en 6 mil millones de pesos. Sus metas proyectadas se cumplieron en lo general, radicando gran parte del incremento en que la meta propuesta de subsistir 25 373 lámparas de mercurio por lámparas de vapor de sodio fue superada en forma considerable ya que se instalaron 102 263 lámparas (400% más de lo proyectado).
Agua Potable
Este programa incrementó su presupuesto en 4.0 mil millones de pesos. En términos generales sus metas se cumplieron, inclusive se sobrepasaron algunas, como la ampliación de redes primarias y secundarias, que se superó en 16%. Otras metas no se cumplieron en su
totalidad como es el caso de la conservación de la red de agua potable.
Por otro lado, hubo obras realizadas que no fueron incluidas en el presupuesto original, como la conservación de cinco fuentes de captación y la ejecución de 16 obras de complementación.
Otros Programas
Algunas observaciones sobre los demás programas muestran que sus objetivos fueron cubiertos en mayor o menor medida. Por ejemplo en el programa de Fomento Forestal se superó la meta inicial de plantación de 15 millones de árboles, habiendo alcanzado la cantidad de 16.5 millones.
El programa de Transporte Urbano muestra una disminución en sus metas programadas principalmente respecto a las de ampliación de capacidad. Esto obedeció sustancialmente a que el programa fue afectado por la inflación y por el cambio en las construcciones de líneas de superficie a líneas subterráneas, en el caso del Metro.
En el programa de salud se advirtió la atención a los habitantes del Distrito Federal sobrepasando notoriamente las metas iniciales.
En el programa de limpieza, la meta asignada para la industrialización de desechos sólidos, no se llevó a cabo en su totalidad.
Por otro lado el programa de vivienda para los trabajadores del Departamento del Distrito Federal, superó ampliamente su meta.
El programa de drenaje, de agua y tratamiento de aguas, se redujo dando prioridad a la introducción de agua potable.
El programa escolar se avocó principalmente a la construcción y ampliación de escuelas.
La evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos, tanto físicos como financieros contenidos en los 36 programas, permiten concluir que las modificaciones en el ejercicio del presupuesto de egresos han favorecido el gasto de inversión en detrimento del gasto en servicios, y de los gastos de mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos.
Si bien es cierto que esto da como resultado un fuerte avance en las obras necesarias, relega ciertos servicios básicos que hacen peligrar la calidad de vida de la comunidad. Destacan los casos de los servicios de educación y limpia, que están entre los programas a los que se destinaron menores recursos.
Resulta evidente que se tienen que tomar medidas preventivas al respecto, considerando que debe existir una mayor disciplina presupuestal.
Consecuentemente con las observaciones anteriores, resulta evidente para la Comisión que para mejorar la disciplina presupuestaria se requiere que en las previsiones legales del presupuesto de egresos a formularse para el ejercicio fiscal de 1983 se disponga, expresamente, que los programas que se establezcan como prioritarios no deben ser modificados por ningún motivo, en detrimento del monto de los recursos que les hayan sido asignados.
Asimismo, en la elaboración del presupuesto del próximo ejercicio fiscal se hace imprescindible mejorar las técnicas de programación con objeto de evitar que las obras y los servicios indispensables para garantizar el cabal funcionamiento de las construcciones ejecutadas y para asegurar la calidad de la vida de la población, no quede fuera de los programas correspondientes.
De esta manera, durante la toma de decisiones por el Ejecutivo en materia de ejercicio de gasto, las transferencias sólo se podrán hacer en detrimento de los demás programas que no merezcan tan alta prioridad y se afronte la realidad de que, de no haber recursos financieros sanos disponibles, se eliminen determinados renglones de gastos.
En resumen, se debe ejercer una mayor disciplina presupuestal y hacer un uso más eficiente del gasto público disponible, definiendo desde un principio, en forma detallada, las prioridades en los servicios y en las obras públicas.
CONCLUSIONES
1. La Comisión ha cumplido con elaborar el dictamen que pone a consideración de esta soberanía, después de acopiar, precisar y presentar un proyecto de Decreto que consigna sobre los resultados de la gestión del Departamento del Distrito Federal, tanto en lo referente a los ingresos y gastos como al funcionamiento de los servicios públicos.
2. La Comisión informa a la Asamblea que tanto la cuenta pública presentada por el Departamento del Distrito Federal como su informe previo y el dictamen que se digne aprobar esta soberanía, serán devueltos a la Contaduría Mayor de Hacienda para que concluya su informe de resultados que deberá presentar en los términos previstos por la Ley, así como, en su caso, para que finque las responsabilidades que llegaren a resultar en torno a la gestión financiera
3. La Comisión propone que la Asamblea llame la atención sobre la situación crítica a que ha llegado el desarrollo altamente centralizado del país y sus impactos políticos, económicos, sociales, culturales y administrativos, que requieren una atención fundamental de esta soberanía a fin de encontrar soluciones tanto de orden nacional como regional.
4. La Comisión, en tanto se realizan los cambios de estructura que requiere el gobierno del Distrito Federal, establece la necesidad de que se remitan al Ejecutivo las observaciones que se han hecho a lo largo de este dictamen en cuanto al fortalecimiento de los ingresos ordinarios, a la renegociación de la deuda pública, al establecimiento de prioridades, al mantenimiento de una mayor disciplina presupuestal, a la no modificación de programas aprobados y a un uso más eficiente del gasto público disponible.
5. Con estas observaciones y con fundamento en los artículos 65, 70 y 74 fracción IV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás relativos aplicables, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la alta consideración de esa H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1981.
Artículo 2o. Se comprobó que la gestión aludida en el numeral anterior, que comprende la del Gobierno del Departamento del Distrito Federal y la de sus organismos desconcentrados y descentralizados, se observaron los criterios legales presupuestales.
Artículo 3o. Se evaluó el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los principales programas previstos en el presupuesto.
Artículo 4o. Se recomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto y al Departamento del Distrito Federal:
a) Que, la Secretaría de Programación y Presupuesto y el Departamento del Distrito Federal, continúen con la modernización de la Contabilidad del Departamento del Distrito Federal.
b) Que el presupuesto de egresos para el año de 1983 esté basado en un fortalecimiento de los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal, cuidando la equidad en la carga fiscal.
c) Que se realice una adecuación realista de la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal.
d) Que el Presupuesto de Egresos que se formule para el ejercicio fiscal de 1983, disponga expresamente, que los programas que se establezcan como prioritarios no sean modificados, en detrimento de los recursos que les hayan sido asignados.
e) Que en caso de haber limitaciones en los recursos financieros programados se eliminen determinados renglones de gasto no prioritarios o no urgentes.
f) Que mejoren las técnicas de programación con objeto de evitar que las obras y los servicios indispensables queden fuera de los programas correspondientes.
Artículo 5o. Remítase el presente Decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales, instruyéndola para que dentro del término de la Ley rinda el informe de resultados correspondientes.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de noviembre de 1982.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Presidente, Manuel Cavazos Lerma, Secretaria, Irma Cué de Duarte, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Serafin Domínguez Fermán, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa Hinojosa , Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Ramón Ojeda Mestre, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Héctor Ramírez Cuéllar, Gerardo Ramos Romo, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Manuel R. Villa Issa, Aidé Heréndira Villalobos Rivera."
ANEXO
Pág.
I. Gestión Financiera y Análisis de la Deuda Pública 1
II. Variaciones entre la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y lo Ejercido 7
III. Organismos Descentralizados 18
IV. Resultados de Operaciones y posición Financiera de los Organismos Descentralizados 31
V. Cumplimiento de Programas 35
VI. Apéndice Estadístico 81
I. GESTIÓN FINANCIERA Y ANÁLISIS
DE LA DEUDA PUBLICA
Gestión Financiera
El resultado de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal - Sector Central, puede ser observado en la Clasificación Económica en Cuenta Doble de sus operaciones presupuestales, las que se analizan en relación al ejercicio fiscal anterior y con respecto al Presupuesto de 1981, para lo cual se presenta el siguiente cuadro:
En el ejercicio fiscal que se analiza, se alcanzó un superávit en cuenta corriente de 35 mil 682 millones de pesos, el cual se obtuvo de la captación de 52 mil 832 millones de ingresos ordinarios según los conceptos autorizados en la Ley de Ingresos para este periodo, menos 17 mil 150 millones de egresos corrientes. Lo anterior representa 1 mil 477 millones, 4.3% más de lo previsto y 83.0% superior a lo obtenido en el ejercicio anterior.
La estimación de ingresos corrientes fue de 52 mil 43 millones de pesos y se lograron captar 789 millones de más, lo que representa una captación mayor de 12 mil 844 millones, 32.1% en relación al ejercicio anterior.
Por lo que se refiere al gasto corriente, se puede observar que hubo una disminución de 688 millones de pesos, 3.9% de menos en relación a lo presupuestado y de 3 mil 339 millones, 8.4% en relación al ejercicio anterior.
ESTADO COMPARATIVO 1980- 1981 EN CUENTA DOBLE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL - SECTOR CENTRAL
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Nota 1 Incluye 8 241 millones de pesos por concepto de pago de interés.
Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
El monto de los egresos de capital fue de 63 mil 153 millones de pesos, 10 mil 218 millones más de lo presupuestado originalmente.
El incremento en los egresos de capital, dio origen a un déficit financiero por 27 mil millones, superior en 8 mil 741 millones a lo presupuestado y 14 mil 281 millones superior al ejercicio anterior.
El endeudamiento neto de 19 mil 954 millones de pesos, da como resultado un déficit presupuestal de 7 mil 517 millones de pesos a diferencia del superávit obtenido en el ejercicio anterior de 462 millones. El financiamiento fue por 35 mil 883 millones de pesos, 7 mil 217 millones, 16.7% menor a lo presupuestado, menos las amortizaciones por el 15 mil 929 millones, 8 mil 441 millones menos que lo que se había presupuestado, es lo que origina el déficit presupuestal ya señalado.
Análisis de la Deuda y el Endeudamiento Neto.
El saldo de la Deuda Pública documentada al 31 de diciembre de 1980 fue de 47 mil 586 millones de pesos; durante el ejercicio de 1981 se hicieron colocaciones por 35 mil 884 millones y se aumentaron 11 mil 664 millones por concepto de depuraciones o conciliaciones, lo que dio como resultado un aumento total de 47 mil 548 millones. También se hicieron amortizaciones por 4 mil 411 millones de deuda documentada, que restadas al aumento total, se obtiene un incremento neto documentado de 43 mil 137 millones que aunados al saldo inicial del ejercicio, conforman el saldo de 90 mil 723 millones de deuda documentada al 31 de diciembre de 1981.
Durante el ejercicio se liquidaron ADEFAS por 3 mil 891 millones de pesos, más la depuración en deuda documentada por 11 mil 50 millones, origina una disminución en el endeudamiento de 14 mil 941 millones, que al restarlos de los 43 mil 137 millones de incremento neto documentado, determinan el endeudamiento del ejercicio por 28 mil 196 millones. Si a ello se le suman los 7 mil 609 millones por concepto de pasivo pendiente de pago en 1981, se obtiene un endeudamiento neto de 35 mil 805 millones de pesos.
Este análisis se puede observar en el siguiente cuadro:
ENDEUDAMIENTO NETO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO
FEDERAL - SECTOR CENTRAL
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Por lo que se refiere al origen, plazos y tipos de intereses, y destino de los recursos contratados, se presenta la siguiente información:
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II. VARIACIONES ENTRE LA LEY DE
INGRESOS, EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS Y LO EJERCIDO
Ingresos
Por lo que corresponde a los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal ascendieron a 52 mil 871 millones de pesos, superiores en 871 millones a lo estimado y 12 mil 861 millones, 32.1% en relación al ejercicio anterior.
Los ingresos extraordinarios que básicamente están constituidos por empréstitos y otros no especificados, alcanzaron la cifra de 35 mil 884 millones de pesos, con una variación de menos de 7 mil 259 millones, 16.8% en relación a lo estimado y con un incremento de 7 mil 656 millones, 27.1% respecto a 1980.
Los diversos conceptos señalados en la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, así como las variaciones respecto a lo estimado y al ejercicio anterior, se pueden apreciar en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1980- 1981
(Millones de pesos)
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Impuestos.
El capítulo correspondiente a los impuestos ascendió a 10 mil 269 millones de pesos y representó en 1981 el 19.4% del total de los ingresos ordinarios determinándose una variación de un mil 462 millones, 16.6% más en relación con lo estimado y de 2 mil 937 millones, 40% más con respecto al ejercicio anterior.
De acuerdo con el cuadro No. 1 del Apéndice Estadístico, se puede señalar que:
En el impuesto predial se observa una variación de más de lo presupuestado por 961 millones de pesos, 20% en relación a lo presupuestado, ya que se recaudaron 5 mil 761 millones y se habían estimado 4 mil 800 millones.
Por lo que respecta al impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, también se tuvo una variación de más de 53 millones de pesos, 3.6% en relación a lo que se había estimado. Se recaudaron un mil 534 millones y la recaudación estimada fue por un mil 481 millones.
Sólo en el impuesto para obras de planificación se observa una variación de menos de 33 millones de pesos, 67.3% en relación a lo que se había estimado recaudar, ya que se percibieron 16 millones de pesos de los 49 millones que se habían presupuestado, situación que se debe a que las obras se hicieron en colonias populares y se dieron facilidades para el pago en plazos de doce y hasta veinticuatro meses, de acuerdo a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Respecto al impuesto adicional del 15% se obtuvo una variación de más en relación al presupuesto original de 410 millones de pesos, 25% más de la recaudación estimada por un mil 640 millones, o sea 2 mil 50 millones de pesos.
Derechos
El capítulo de los Derechos representa el 9% del total de los ingresos ordinarios. La captación ascendió a 4 mil 738 millones de pesos, con un incremento respecto a lo estimado de 971 millones. 25.8% y de un mil 438 millones, 43.6% más en relación al ejercicio anterior.
Por lo que se refiere a los derechos más sobresalientes, las variaciones significativas se pueden observar en el cuadro No. 2 del Apéndice Estadístico, en el que se observa:
En los derechos por servicio de agua se captaron un mil 119 millones de pesos, lo que significa que hubo una variación de más de 84 millones, 8.1% en relación a la estimación de ingresos que fue de un mil 35 millones.
En cuanto a los derechos de cooperación para obras públicas, se incrementó el ingreso estimado de 285 millones de pesos a 857 millones, lo que da como resultado una variación de más de 572 millones, 200.7% en relación al presupuesto original.
Respecto a los derechos por la expedición, refrendo, resello o reposición de licencias, por registro de giros mercantiles e industriales, por la revalidación anual de registro, por la expedición o resello de placas y por la inspección, verificación o supervisión, también se logró un incremento en la recaudación de ingresos, ya que ascendieron a 422 millones de pesos y la recaudación estimada fue por 267 millones, lo que da una variación de más en relación a lo estimado de 155 millones, 58.1%.
Por lo que respecta a los derechos por inscripción, anotación, cancelación, expedición y demás servicios que preste el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la recaudación obtenida por 919 millones de pesos, fue menor que la recaudación estimada de un mil 13 millones, resultando una variación de menos de 94 millones, 9.3% en relación a lo estimado.
Por los derechos del Registro Civil, también se aprecia un incremento en los ingresos, ya que se recaudaron 97 millones de pesos y la recaudación estimada fue de 75 millones, lo que originó una variación de más de 22 millones, 29.3% más respecto al presupuesto original.
En relación a los derechos por servicios de la Dirección General de Policía y Tránsito, se recaudaron durante el ejercicio un mil 70 millones de pesos y se habían estimado 385 millones de pesos, con lo que se obtuvo una variación de más por 685 millones, que representa el 177.9%.
Por último, en los derechos por la supervisión de obras se pudo observar una variación de menos en relación a lo estimado de 466 millones de pesos que representa el 77.4%, ya que se recaudaron 136 millones de pesos de los 602 millones que se habían considerado recaudar, debido a que la mayor parte de las obras fueron realizadas por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, organismos que no pagan este concepto.
Productos
Este capítulo de ingresos representa el 1.6% del total de los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal. La recaudación obtenida fue de 873 millones de pesos, 464 millones, 113.4% más respecto a lo estimado y 403 millones, 85.7% más en relación a 1980.
Las variaciones más significativas se pueden observar en el cuadro No. 3 del Apéndice Estadístico, en el que se aprecia que:
Los productos por renta, explotación o enajenación de bienes inmuebles, propiedad del Departamento del Distrito Federal, tuvieron una recaudación de 418 millones de pesos que comparada con la recaudación estimada de 200 millones da una variación de más de 138 millones, que representa el 49.3% de más en relación al presupuesto original.
Los productos de capitales y valores, propiedad del Departamento del Distrito Federal, tuvieron un incremento, ya que se recaudó la cantidad de 78 millones de pesos que al compararla con los 41 millones de recaudación estimada, se obtiene una variación de más de 37 millones, que significa el 90.2% más en relación a lo presupuestado.
Por último, se lograron recaudar 307 millones de pesos por productos de establecimientos y empresas que dependen del Departamento del Distrito Federal, concepto por el cual no se había presupuestado ninguna cantidad.
Aprovechamientos
Este capítulo de ingresos representa el 5.4% del total de los ingresos ordinarios. La captación lograda ascendió a la cantidad de 2 mil 866 millones de pesos que comparada con la recaudación estimada por 3 mil 154 millones, da una variación de menos de 288 millones que representa el 9.1% en relación a la estimación original, y de 864 millones, 23.2% en relación al año anterior.
En el cuadro No. 4 del Apéndice Estadístico se pueden apreciar las variaciones más significativas y que se refieren a:
Por el concepto de recargos se recaudaron 653 millones de pesos habiéndose obtenido una variación de más de 179 millones en relación a la recaudación estimada que fue por 474 millones, variación que representa el 37.8%.
Por concepto de donativos e indemnizaciones se recaudaron 31 millones de pesos y no se había estimado recibir nada.
La variación de menos, más importante dentro de este capítulo corresponde al concepto de rezagos ya que se lograron captar un mil 685 millones de pesos que comparados con los ingresos estimados de 2 mil 287 millones se obtiene una variación de 602 millones que representa el 26.3%.
Por lo que se refiere a las aportaciones en efectivo por quienes construyen obras nuevas para la dotación general de la infraestructura, equipo y servicio urbano y por el concepto de otros no especificados, la recaudación de ingresos fue por 75 y 162 millones de pesos, respectivamente y que al compararlos con las recaudaciones de 25 y 127 millones, dan unas variaciones de más por 50 y 85 millones de pesos, respectivamente, representando el 200 y 27.6% en relación a las estimaciones originales.
Participación en Impuestos Federales
La participación en impuestos federales ascendió a 34 mil 125 millones de pesos y representa el 64.6% del total de los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal, cantidad que es menor a la estimación original de 35 mil 863 millones, por lo que se originó una variación de menos por un mil 738 millones, 4.8% en relación a lo estimado.
En el cuadro No. 5 del Apéndice Estadístico se puede apreciar que básicamente la variación se debe a que las participaciones que le corresponden al Departamento del Distrito Federal conforme a la Ley de Coordinación Fiscal fueron por 32 mil 406 millones de pesos que comparados con los 35 mil 363 millones de recaudación estimada, dan una variación de 2 mil 957 millones, que representan el 8.4% en relación a la estimación de ingresos. Esta situación se debe fundamentalmente a que la estimación de ingresos de la Federación no se alcanzó, por lo tanto la participación para el Distrito Federal se vio reducida.
Por otra parte, las participaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación y pago tuvieron un incremento, ya que se alcanzó la cantidad de un mil 719 millones de pesos que al compararlos con los 500 millones estimados, dan una variación de más de un mil 219 millones, que representan el 243.8% en relación a la estimación original.
Ingresos Extraordinarios
Los ingresos extraordinarios del Departamento del Distrito Federal - Sector Central alcanzaron la cifra de 35 mil 884 millones de pesos que comparados con los 43 mil 143 millones de estimación original, resulta una variación de menos de 7 mil 259 millones que representa el 16.8% en relación a la estimación de ingresos.
En el cuadro No. 6 del Apéndice Estadístico se pueden apreciar los ingresos extraordinarios estimados y su variación con los ingresos reales durante 1981. Por lo que se refiere a empréstitos, la captación de recursos fue por 35 mil 884 millones de pesos y la estimación original fue por 35 mil 600 millones, por lo que resulta una variación de más por 284 millones que representa el 0.8% en relación a la estimación inicial. El mencionado endeudamiento se canalizó para cubrir el volumen de la inversión realizada en la ejecución de las obras de ampliación del Metro, vialidad alterna, Sistema de Drenaje Profundo y a la Semaforización bajo control computarizado.
En relación a las Aportaciones del Gobierno Federal y otras no especificadas que tenían una estimación original de 43 y 7 mil 500 millones de pesos, respectivamente, no hubo captación de ingresos.
Egresos
El presupuesto consolidado de egresos aprobado por esta Soberanía para el Departamento del Distrito Federal y sus organismos descentralizados para el ejercicio de 1981, fue por la cantidad de 105 mil 180 millones 600 mil pesos. El ejercicio del presupuesto fue de 108 mil 382 millones 943 mil pesos (incluyendo 40 millones de devolución de ingresos), con una variación de 3 mil 202 millones 343 mil pesos, que representa únicamente el 3.04% respecto del presupuesto original. (Ver cuadro sobre Presupuesto Original, Ejercido y su Variación por Programas, 1981.)
El gasto del Sector Central fue por la cantidad de 96 mil 272 millones de pesos (sin incluir sus organismos), lo que se puede observar en el cuadro No. 7 del Apéndice Estadístico, donde al compararlo contra el presupuesto autorizado de 95 mil 143 millones, se origina una diferencia de un mil 129 millones, 1.2% más en relación al presupuesto.
Las variaciones más considerables se originaron básicamente en la Dirección General de Obras Públicas y en la Dirección General de Construcciones y Operación Hidráulica, ya que tuvieron variaciones de 9 mil 566 millones y 2 mil 345 millones de pesos, respectivamente en relación al presupuesto originalmente autorizado, lo cual se compensó con las variaciones de menos en la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, Servicio de las
dependencias, Deuda Pública y Adeudos Anteriores, en donde no se ejercieron un mil 868 millones, un mil 591 millones, 3 mil 906 millones y 4 mil 496 millones de pesos, respectivamente.
Las variaciones en estas dependencias se deben fundamentalmente al incremento del precio de los insumos para la construcción y al replanteamiento de prioridades en el plan de ejecución de obras, sobre todo en la construcción del Metro en donde se tuvo que cambiar el plan de construcción de líneas de superficie por subterráneas que resultan más caras.
Así como obras viales coincidentes por el Metro con la finalidad de no afectar la vialidad del área, al igual que obras viales fuera del Circuito Interior, con el propósito de aliviar algunos puntos conflictivos.
También se hizo necesario la ejecución de obras no previstas originalmente, pero que, sin embargo fue urgente su realización.
Por otra parte se hace necesario destacar que por lo que se refiere al drenaje profundo se superó en más de 200% las metas establecidas.
III. ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Gestión Financiera
En la clasificación económica en Cuenta Doble de las operaciones presupuestales de los organismos descentralizados del Departamento del Distrito Federal se puede apreciar su gestión financiera, para lo cual se incluye el siguiente cuadro:
Durante el ejercicio de 1981 se obtuvo un superávit en cuenta corriente de 2 mil 464 millones de pesos, un mil 416 millones más de lo presupuestado, que representa una variación de 135.1% más que lo que se había presupuestado por un mil 48 millones. El superávit mencionado resulta de los 11 mil 984 millones de ingresos corrientes menos los 9 mil 520 millones de egresos.
El superávit se obtuvo principalmente en Industrial de Abastos debido a que ha aumentado su participación en el mercado de la carne dentro de la Zona Metropolitana. De igual manera en Servicios Metropolitanos el incremento se debe fundamentalmente a que durante 1981 se pusieron en servicio numerosos estacionamientos para automóviles, adjuntos a las más recientes estaciones del Metro así como en otros lugares de la ciudad de México con el propósito de evitar que calles y avenidas sean utilizadas como estacionamientos.
Por otra parte, entraron en vigor Acuerdos Presidenciales que desincorporaron diversos predios propiedad del Departamento del Distrito Federal, de los cuales han sido enajenados la mayoría.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EN CUENTA DOBLE DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES DE
LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SUJETOS A CONTROL PRESUPUESTAL
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Al restar los egresos de capital por 2 mil 104 millones de pesos del superávit en cuenta corriente, se obtiene un superávit financiero de 360 millones, con lo que se origina una variación de más de 716 millones, 201.1% en relación a lo presupuestado y de 147 millones de menos, 29% en relación con el ejercicio anterior.
Por lo que respecta al financiamiento, sólo hubo necesidad de contratar 160 millones de pesos de los 356 millones que se habían presupuestado, con lo que se obtuvo una variación de menos por 196 millones, 55.1% en relación a la estimación original. Además se logró amortizar 516 millones que no se habían presupuestado.
De todo lo anterior se desprende que durante el ejercicio de 1981 se obtuvo un superávit presupuestal de 4 millones de pesos en comparación con el déficit presupuestal de 46 millones que se obtuvo en el ejercicio de 1980, lo que representa una variación de 108.7%.
A continuación se incluye un cuadro comparativo de los ingresos y egresos de los Organismos Descentralizados que no incluyen aportaciones del propio Departamento.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (Millones de pesos)
COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS SIN APORTACIONES CONTRA PRESUPUESTO, 1981
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Los ingresos reales obtenidos por los Organismos durante 1981 fueron de 12 mil 144 millones de pesos, los que comparados con los 10 mil 38 millones de ingresos estimados, da una variación de más por 2 mil 106 millones, que representa el 21%. Por lo que se refiere a los egresos reales estos fueron por la cantidad de 12 mil 141 millones de pesos, lo que da una variación de 2 mil 103 millones, que representa una variación de 20.9%, razón por la cual se explica que únicamente el Metro tuvo necesidad de recurrir al endeudamiento, pero que fue menor que lo que se había estimado contratar.
El incremento de los ingresos se originó principalmente por el aumento de los ingresos propios y de ingresos por operaciones ajenas de Industrial de Abastos; por los ingresos por operaciones ajenas de la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal y de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Departamento del Distrito Federal; así como por los ingresos propios de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Por otra parte, las principales variaciones en los egresos de los organismos se encuentran fundamentalmente en los incrementos en la inversión de Industrial de Abastos y de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V., en las operaciones ajenas de Industrial de Abastos y de la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal, así como en los gastos de operación de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.
Sistema de Transporte Colectivo.
El Sistema de Transporte Colectivo (metro), en el ejercicio de 1981 contó con aproximadamente 686 kilómetros de red total en operación, que representa un incremento aproximado del 31%, en relación al ejercicio anterior.
Durante el ejercicio que se comenta, el Metro movilizó un promedio de más de 3 millones de pasajeros transportados por día, con un
costo real de operación de 4 pesos por pasajero, lo que refleja un subsidio de 3 pesos por persona.
El Sistema de Transporte Colectivo en 1981 proporcionó el servicio mediante 1035 carros, 153 más que los utilizados en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 18% aproximadamente. Vale la pena hacer resaltar el hecho, de que el material rodante es en un alto porcentaje de construcción nacional.
Los beneficios económicos que representan para los usuarios según estudios de Ingeniería y Tránsito es de 18 minutos de ahorro en tiempo sobre cualquier medio de transporte de superficie. Durante 1981 el Sistema de Transporte Colectivo transportó 987.4 millones de pasajeros, de los cuales según estudios realizados el 77% de los pasajeros son personas económicamente activas, 760.3 millones de pasajeros a los que les viene a resultar un tiempo ahorrado de más de 28.5 millones de jornadas de 8 horas, lo que les representa, a estos pasajeros de bajos ingresos, un ahorro social anual de más de 11 mil 718 millones de pesos.
Ingresos. En el Cuadro Comparativo de Ingresos y Egresos de los Organismos del Departamento del Distrito Federal anteriormente señalado, se observa que el Sistema de Transporte Colectivo tuvo ingresos por 3 mil 718 millones de pesos que representan el 30.6% del total de Ingresos (sin aportaciones), los que comparados con los ingresos estimados de 3 mil 793 millones, dan una variación de menos de 75 millones que representa únicamente el 2%.
Egresos. Los egresos del Sistema ascendieron a 3 mil 362 millones de pesos, lo que representa el 26.4% del total, por lo que su variación respecto a lo estimado fue de 431 millones menos, 11.4%. Los egresos fueron aplicados de la siguiente manera: Servicios Personales 58%; Materiales y Suministros 9%; Servicios Generales 17%; Interés, Comisiones y Gasto de la Deuda 1%; Gastos de Capital 1% y Amortización de la Deuda 14%.
Es conveniente señalar que del total de egresos sin aportaciones, el 66% fue cubierto con subsidios del Gobierno Federal y el 34% con recursos propios.
Servicios de Transportes Eléctricos.
El Servicio lo conforman la red de tranvías y trolebuses, con una extensión de 442 kilómetros, el cual es considerado como un medio de transportación masiva de pasajeros articulado con el Sistema de Transporte Colectivo, el cual también está destinado a la movilización de pasajeros de las clases populares. Su tarifa de sólo 60 centavos es la más barata de México y se considera como tal en el mundo.
Del total de kilómetros de la red, correspondieron a tranvías 31 kilómetros y a trolebuses 411 kilómetros. Durante el ejercicio realizó el Servicio de Transportes Eléctricos 623,498 viajes/pasajeros/día, 3.1% de un total de alrededor de 20 millones de viajes/pasajeros/día que se llevan a cabo en el Distrito Federal.
El servicio de la red se proporcionó por medio de 241 tranvías y 805 trolebuses. Su costo real en 1981 fue de 5.37 pesos, lo que representa un subsidio de 4.77 pesos por pasajero, subsidio que también se justifica ya que va destinado exclusivamente a los grupos mayoritarios, por lo que se considera una real redistribución del ingreso.
Ingresos. Los ingresos del Servicio de Transportes Eléctricos sin aportaciones fueron de un mil 288 millones de pesos, que representa el 10.6% del total de los Organismos, con una variación de menos de 29 millones, respecto a la estimación original, que representó el 2.2%.
Egresos. Respecto a los egresos del Servicio, se obtuvo una variación de 29 millones de pesos de menos respecto del presupuesto original. Su aplicación fue como sigue: Servicios Personales 60%; Materiales y Suministros 15%; Servicios Generales 12%; Gastos de Capital 2% y Operaciones Ajenas 11%.
Cabe hacer notar que los subsidios del gobierno federal a este servicio representaron el 75% del total ejercido sin aportaciones y sólo el 21% se cubrió con recursos propios.
Industrial de Abastos
Industrial de Abastos es un organismo descentralizado del Departamento del Distrito Federal, cuyo objetivo básico y fundamental estriba en proporcionar carne en buenas condiciones de higiene, garantizando el suministro y procurando estabilizar los precios. Este propósito está encaminado a proteger y mejorar el nivel nutricional de la sociedad, para lo cual IDA ha establecido convenios y acuerdos con el Banco Nacional de Crédito Rural, con el objeto de asegurar el abasto de ganado de calidad y precios aceptables; también ha efectuado convenios con particulares para lograr fijar mínimos de matanza y controlar el abasto.
Como consecuencia de la observación de una alta tendencia de la demanda, IDA se vio obligada a replantear los esquemas de distribución del producto, por lo que fue necesario modificar algunos procesos operativos para responder mejor al mercado.
La participación de IDA en el abasto es del 25% respecto a la matanza de bovinos; 37% para ovicaprinos; 34% para suidos y 11% para aves. La tendencia a la mayor participación en el mercado se ha venido sucediendo año tras año; esto se ha debido a que para la comercialización de la carne se han implementado programas de distribución con Impulsora del Pequeño Comercio, S. A., Diconsa y Dicomesa, que aunado a lo que ya se tenía con CONASUPO permitieron ampliar los canales de distribución.
Por lo que se refiere a la matanza de animales en 1981 por parte de IDA fue de la siguiente manera: 238 mil bovinos; 575 mil suidos; 350 mil ovicaprinos; 34 mil equinos; 21 mil pollinos y 13.8 millones de aves.
En relación a la industrialización de la carne, la empacadora de IDA procesó un mil 162 toneladas de carnes frías y embutidos que hizo llegar a los consumidores de bajos ingresos en condiciones de calidad e higiene; produjo también 2 mil 296 toneladas de harinas; 985
toneladas de grasas; 89 toneladas de sangre deshidratada; 56 toneladas de endocrín y un mil 281 toneladas de carne deshuesada.
Ingresos. Los ingresos reales obtenidos por el organismo fueron de un mil 844 millones de pesos, que representan el 15.2% del total de los organismos, lo que origina una variación de más por 775 millones, 72.5% en relación a la estimación presupuestal. Lo anterior se debe fundamentalmente a que hubo un 9% de incremento en el sacrificio de animales en relación a 1980 y al aumento del precio de los productos.
Egresos. Los egresos de IDA tuvieron una variación del 72.6% en relación a lo presupuestado originalmente y que tuvieron una distribución según objeto del gasto de la forma siguiente: Servicios Personales 2%; Materiales y Suministros 56%; Servicios Generales 4%; Gastos de Capital 11% y Operaciones Ajenas 27%.
Caja de Previsión de la Policía
del Distrito Federal.
Este organismo está encaminado fundamentalmente a dar protección socioeconómica a sus afiliados conforme a la máxima disponibilidad de sus recursos, lo que ha permitido mejorar y ampliar sus prestaciones, orientando un buen porcentaje de su presupuesto a la construcción de viviendas para la Policía del Distrito Federal.
Ingresos. Los ingresos reales que obtuvo esta caja fueron por un mil 989 millones de pesos, que equivalen al 16.4% del total de ingresos de los organismos, y que originan una variación de más por 394 millones que representan el 24.7% en relación a la estimación original.
Egresos. El monto ejercido de los egresos fue de un mil 989 millones de pesos y su distribución según objeto del gasto fue de la siguiente manera: a Gastos de Operación se canalizó el 18%; a Gasto de Capital el 10% y a Operaciones Ajenas el 72%.
Caja de Previsión para los Trabajadores
a Lista de Raya.
La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Departamento del Distrito Federal, es un organismo descentralizado del propio Departamento, con personalidad jurídica y capital propio cuya finalidad se canaliza al régimen de seguridad de dichos trabajadores para lograr una justa distribución del ingreso, al otorgarle a estos trabajadores servicios y recursos para proteger su salario real, su salud, su integridad familiar y la posibilidad de su superación social y cultural.
En 1981 la Caja pagó más de 111 millones de pesos por concepto de jubilaciones, 40% más que lo pagado en 1980 y 49 millones por concepto de pensiones, 53% más que en 1980. Por otra parte, se concedieron 810 millones por concepto de préstamos a corto plazo, con la característica de que los préstamos son hasta por el importe del fondo del trabajador más tres meses de su salario. En 1981 los préstamos totales fueron superiores en un 18% en relación al ejercicio anterior. Por lo que se refiere al pago, por defunciones a familiares derecho habientes, su monto ascendió a un mil 47 millones de pesos, que significa el 19% más en relación a lo pagado durante el ejercicio de 1980.
Ingresos. Los ingresos de esta Caja ascendieron a la cantidad de un mil 350 millones de pesos que representan el 11.1% del total de ingresos de los organismos y que comparados con los ingresos estimados de un mil 133 millones, dan una variación de más por 217 millones. 19.1%.
Egresos. Los egresos del organismo fueron por un mil 346 millones de pesos que originan una variación de 213 millones en relación al presupuesto original, 18.8%. La distribución según objeto del gasto fue de la manera siguiente: a Gasto de Operación se destinó el 15%; a Gasto de Capital el 22% y a Operaciones Ajenas el 63%.
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.
Esta empresa de participación estatal está destinada a construir estacionamientos en el Distrito Federal para aliviar en parte el problema de vialidad, para lo cual ha construido estacionamientos en puntos estratégicos de la ciudad bajo los lineamientos de la política de vialidad y transporte.
Ingresos. Los ingresos de esta empresa ascendieron a la cantidad de 795 millones de pesos que representan el 14.8% del total de ingresos de los organismos y con una variación de más de mil 200 millones, 13.6% superior a lo estimado. Los ingresos propios ascendieron a un mil 781 millones, 99.2% y el 0.8% a Ingresos por Operaciones Ajenas.
Egresos. El total ejercido fue por un mil 795 millones de pesos cuya distribución según objeto del gasto fue como sigue: a Gasto Corriente se aplicó el 26%; a Gasto de Capital el 73% y el 1% a Operaciones Ajenas.
Con el objeto de un mejor análisis de los ingresos y egresos del Sector Descentralizado del Departamento del Distrito Federal, se presentan los cuadros Nos. 8 y 9 del Apéndice Estadístico.
IV. RESULTADOS DE OPERACIONES Y POSICIÓN FINANCIERA DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Resultados de Operación
Los resultados de operación de los más sobresalientes Organismos Descentralizados del Departamento del Distrito Federal, se pueden analizar en el siguiente cuadro:
RESULTADOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS 1980- 1981 DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Se observa que la pérdida neta obtenida en el ejercicio de 1981, aumentó en 195.1 millones de pesos que representa el 30.5% más en relación a la que se obtuvo en el ejercicio de 1980, debido fundamentalmente al incremento de los sueldos y salarios y al precio de los insumos, como consecuencia del proceso inflacionario que se sigue padeciendo.
El Sistema de Transporte Colectivo, es el organismo que refleja un mayor monto de subsidio en relación con el ejercicio anterior, ya que su incremento fue de 135 millones, 35.5% más, que el ejercicio de 1980. El Servicio de Transporte Eléctrico tuvo un subsidio de 129.7 millones de pesos, que representa una variación de 78.1 millones en relación al obtenido en el ejercicio anterior.
Finalmente, Industrial de Abastos presenta una pérdida de 188.9 millones de pesos, 9.1% inferior a la que había obtenido en el ejercicio de 1980 que fue de 206.9 millones.
Posición Financiera
La posición financiera consolidada de los organismos descentralizados del Departamento del Distrito Federal durante 1981, presenta un mejor resultado en comparación con el obtenido en el ejercicio fiscal de 1980.
El patrimonio consolidado de los tres organismos descentralizados más sobresalientes al 31 de diciembre de 1981 fue de 12 mil 366 millones de pesos, con un incremento de 952 millones respecto al ejercicio anterior, lo que representa un 8.3%, que puede considerarse como una mejoría patrimonial, comparada con el incremento obtenido en el ejercicio de 1980 que fue sólo del 3.4%. El Sistema de Transporte Colectivo fue el organismo que obtuvo el mayor incremento patrimonial por la capitalización de 367 millones, 39%; le sigue Industrial de Abastos con 335 millones, 35% y finalmente Servicio de Transportes Eléctricos cuyo aumento fue de 250 millones, 26%.
Respecto a la situación que se observa en el pasivo circulante con relación al activo circulante, se tiene que por cada peso que se debe, se cuenta con un peso ochenta y siete centavos de liquidez, lo que refleja una buena situación financiera en relación a los objetivos para lo que fueron creadas estas entidades. Comparando con el año anterior, tenemos que se contaba con un peso catorce centavos de liquidez, lo que indica que la tendencia sigue siendo positiva.
Por lo que se refiere a la composición del activo total de los organismos, el Sistema de Transporte Colectivo participa con el 85% del total, el Servicio de Transportes Eléctricos con el 11% e Industrial de Abasto con el 4%.
Respecto al pasivo, la proporción que se observa es la siguiente: el Sistema de Transporte Colectivo representó el 61%, por lo que toca al Servicio de Transportes Eléctricos el 30% e Industrial de Abasto el 9%.
Finalmente, por lo que se refiere al patrimonio total consolidado, el Sistema de Transporte Colectivo participa con el 88.7% del total, el Servicio de Transportes Eléctricos con el 7.5% e Industrial de Abastos con el 3.8% restante.
V. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS
La Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para 1981, muestra el destino del gasto, a través del análisis cuantitativo y cualitativo de la información, pues los objetivos de la gestión financiera son básicamente sociales y con propósitos bien definidos, por lo que resulta también conveniente analizarla en función de sus metas cualitativas, interrelacionadas con los programas y montos asignados en el presupuesto.
El Departamento del Distrito Federal para 1981, presentó 36 programas de acción, que consideró importante estructurar para lograr mejorar los niveles de vida de la población. La Cuenta Pública expresa los objetivos a lograr mediante el cumplimiento de programas y subprogramas, que en términos generales son: dotar de agua potable y drenaje a las grandes mayorías; mejorar y ampliar la cobertura del transporte colectivo y desalentar el uso del transporte particular; mejorar la imagen física y funcional de la ciudad; rehabilitar la vivienda popular; racionalizar la tenencia y uso del suelo; garantizar el abasto oportuno
y suficiente de bienes de consumo generalizado; mejorar los niveles de salud e higiene de la población; coadyuvar al logro de la suficiencia educativa; garantizar y mejorar la seguridad pública.
Sin embargo, en el curso de la aplicación de los programas, se modificaron una serie de circunstancias imprevistas que obligó, en algunos casos a sus reorientaciones, lo que trajo como consecuencia modificaciones en los montos presupuestales; los comentarios a las variaciones más sobresalientes son, de acuerdo al siguiente cuadro de Destino del Presupuesto a los Programas y su variación, 1981.
DESTINO DEL PRESUPUESTO A LOS PROGRAMAS Y SU VARIACIÓN
1981
(Miles de pesos)
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DESTINO DEL PRESUPUESTO A LOS PROGRAMAS Y SU VARIACIÓN
1981
(Miles de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
N.S. = No significativo.
PROGRAMA (AQ) ADMINISTRACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL
Ante la cada vez mayor problemática que afecta al Distrito Federal y la necesidad por parte de las autoridades de ir solucionándola para elevar los niveles de vida de la población, el Departamento del Distrito Federal ha desempeñado cada vez mayor eficiencia en su acción, mediante la planeación de acciones gubernamentales y el control de las unidades responsables de la ejecución.
El programa ejerció 4 328.6 millones de pesos, con una variación de 1 143.7 millones de menos respecto a lo presupuestado, 20.9%. Sin embargo, las metas previstas se cumplieron prácticamente, a excepción de las sesiones con las juntas de vecinos que se redujeron de 900 a 800; se revisaron 4 reglamentos que rigen en el Distrito Federal; se realizaron 75 giras de trabajo en las Delegaciones, además se dirigió, controló y vigiló el cumplimiento de los 36 programas de acción.
La variación presupuestal en el que se redujo el gasto, la absorbió el subprograma Adquisiciones y Servicios de Apoyo, consistente en adquirir suministros diversos para construcción y conservación de instalaciones, y para atender obras de emergencia que se presentaron.
El subprograma Relaciones Públicas programó emitir 14 400 boletines, pero sólo emitió 5 200 y el presupuesto asignado fue superior en un 2%.
Bajo el subprograma Servicios Jurídicos y de Gobierno, se autorizaron libros notariales y de Registro Civil en 4 559, 26% menos de lo estimado en virtud de que esas fueron las exigencias; además se atendieron 16 000 Juicios de Amparo, 15% menos de lo calculado. Se proporcionaron más de 9 millones de asesorías jurídicas, por medio de los bufetes jurídicos gratuitos, 500% más de lo previsto y se llevaron a cabo 4 820 exhortos complementarios, 17% más de lo originalmente calculado
El subprograma Servicio Público de la Propiedad y de Comercio, llevó a cabo la elaboración de 2 manuales de organización y procedimientos, y de Archivo de Notarías; se resolvieron 21 705 inconformidades interpuestas, 45% más de lo previsto. Se conservó y se dio mantenimiento a 3 edificios del mismo Departamento; y, se crearon 3 centros de capacitación para personal de la dependencia en cuestión.
PROGRAMA (BL) APORTACIONES A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Uno de los grandes objetivos de la administración del Departamento del Distrito Federal, es apoyar con la máxima eficiencia la impartición de justicia a la sociedad, mediante la atención oportuna de demandas, proporcionando asesorías legales, llevando juicios de todo tipo y averiguaciones. El presupuesto para este programa fue de 1 202.9 millones de pesos y se ejercieron 1 349.5 millones, 12.18% superior al original
El subprograma Contencioso Administrativo, rebasó un 58% a lo previsto en cuanto a la solución de demandas de carácter administrativo, en un 8% respecto a los juicios de asuntos civiles, familiares y penales tanto del fuero común como federal. Así tenemos que se recibieron 12 163 demandas ante el tribunal de los cuales se desecharon 621; se dictaron 10 786 sentencias. Además se ocurrió a 6 884 audiencias; se realizaron 25 diligencias de inspección ocular y se dictaron 3 855 sentencias favorables a particulares
Respecto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, intervino en un 14% más de lo previsto en averiguaciones
PROGRAMA (PB) SEGURIDAD PUBLICA
Uno de los grandes problemas a que se enfrenta la administración del Departamento del Distrito Federal, es garantizar la seguridad pública a todos los habitantes de la entidad, para ello, se ha impuesto capacitar a sus 23 443 elementos para que brinden protección y seguridad, dotándoles de nuevas técnicas policiacas, pero también de equipo moderno y adecuado para garantizar la eficiencia
El presupuesto original de este programa fue de 3 635.3 millones de pesos, y se ejercieron de más 433.6 millones, lo que presentó un 12% mayor a lo aprobado; esto se explica, porque se adjudicaron 100 motocicletas, 100 vehículos y un helicóptero en el curso del año. Por otra parte el gasto presupuestal también fue erogado en dar mantenimiento a 2 435 patrullas que permitieron dar una mayor prevención del orden público; la policía participó en la localización de 622 personas. El programa dentro de su contexto, permitió realizar 14 campañas de educación vial utilizando para ello todos los medios de difusión masiva disponibles; expedir 355 750 licencias de manejo, 6061 permisos de conducir para menores; proporcionar 154 965 certificados de antecedentes no penales, y mantener el orden público
Incidió en el incremento presupuestal, el reforzamiento en sus funciones del programa, mediante el enlace con otros sectores como el de Defensa y Gobierno; y su complementación con los programas Servicios contra Siniestros, Rehabilitación Social, Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad y Protección Social
PROGRAMA (BX) REHABILITACIÓN
SOCIAL
Este programa tuvo un incremento sobre el presupuesto original del 15.71%, o sea 107.7 millones de pesos. Su acción consiste en la rehabilitación de los 35,560 internos en los reclusorios, mediante su capacitación para convertirlos en elementos positivos de la sociedad. El incremento presupuestal se debió al aumento del sobresueldo de los empleados, ya que solamente se conservaron y mantuvieron las instalaciones de 6 de los 7 reclusorios originalmente contemplados, pues fueron las unidades que lo requirieron
PROGRAMA (DC) PLANEACIÓN
El programa consiste en diseñar, aplicar y coordinar los sistemas, procedimientos y estrategias para promover el desarrollo integral de la sociedad del Distrito Federal. La asignación presupuestal fue de 75.5 millones de pesos y se erogaron 64.8 millones de menos, o sea 10.7 millones, 14% menor de lo presupuestado
PROGRAMA (DK) PROGRAMACIÓN
El programa consiste en operar los sistemas, normas y procedimientos de la programación sectorial, tendientes a la racionalización de las funciones del Departamento del Distrito Federal. El gasto de este programa fue de 69 021 millones de pesos, inferior en 789 mil pesos, 1.11% del total presupuestado; se elaboró un plan (PASP - D. F.), que se contemplaba como meta; el resto de las metas fueron realizadas conforme a lo previsto
PROGRAMA (DR) PRESUPUESTACIÓN
Este programa consiste en formular el anteproyecto y proyecto del presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal, en base a programas y acciones formuladas por unidades responsables. El programa tuvo un monto presupuestal originalmente de 93.2 millones de pesos, pero se ejerció un 4% de más, o sean 3.9 millones, lo que arrojó un total de 97.1 millones; el cumplimiento de las metas preestablecidas se llevó a cabo en su totalidad
PROGRAMA (DZ) EVALUACIÓN
La acción de este programa consiste en evaluar permanentemente los resultados de las actividades y proyectos del Departamento del Distrito Federal. El programa tuvo una asignación presupuestal del 121.2 millones de pesos, pero se ejercieron 130.6 millones, lo que representa un 8% mayor a lo original; respecto a las metas, éstas se cumplieron a satisfacción
PROGRAMA (EY) ADMINISTRACIÓN
FISCAL Y RECAUDACIÓN
El objetivo del programa consiste en recaudar los ingresos necesarios del sector para poder cumplir con sus fines, esta acción consiste en formular el anteproyecto de ingresos del propio Departamento y recaudar los ingresos provenientes de la Ley de Ingresos, así como su supervisión. Las metas trazadas por el programa son las siguientes:
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Como se puede notar las metas en su conjunto rebasaron los 52 mil millones que se habían estimado para su recaudación; sin embargo, en dos renglones no se pudo llegar a las metas trazadas originalmente, como es el renglón Aprovechamientos, donde se obtuvo una recaudación inferior en 288 millones y en el referente a Participación de Impuestos Federales que se obtuvieron ingresos de menos por 1 738 millones de pesos
Se ejercieron a través del cumplimiento de este programa 1 515.1 millones de pesos, cantidad inferior en un 15% a la original que fue de 1 788.1 millones, no obstante que la meta de recaudar 52 mil millones fue superada
PROGRAMA (GR) FOMENTO
FORESTAL
El programa contempla producir árboles en los viveros para sembrarlos en los lugares estratégicos predeterminados. El problema del desequilibrio ecológico del Distrito Federal, manifestado ampliamente en la contaminación atmosférica, exige cada día una mayor reforestación, pues actualmente la proporción de área verde por habitante es de 0.5 metros cuadrados, debiendo ser de 12.5 metros cuadrados, que es la norma recomendable
El presupuesto aprobado del programa fue de 1 434.7 millones de pesos, sin embargo se erogaron 1 604.2 millones un 12% más; esta situación se explica porque en términos generales las metas fueron rebasadas; así tenemos que se produjeron 38 millones de árboles 27% más, en lugar de los 30 millones programados originalmente; se plantaron 16.5 millones de árboles 10% más en lugar de los 15 millones estimados. Se conservaron y ampliaron áreas verdes con una superficie superior a los 30.3 millones de metros cuadrados en lugar de 30 millones estipulados originalmente. Se mantuvieron árboles en los viveros 24% más de lo establecido
El resto de las metas fueron cumplidas cuantitativamente en su totalidad, ya que se construyeron 3 parques con una superficie de 23 mil metros cuadrados como se había programado originalmente, se conservaron según lo estimado 30 mil metros cuadrados de áreas verdes ya existentes; y solamente no se pudo cumplir en su totalidad, la producción de arbustos ornamentales para parques y avenidas, pues la meta no se alcanzó en un 10%
PROGRAMA (PG) TRANSPORTE
URBANO
Este programa tiene como objetivo principal proporcionar a la sociedad un Sistema de Transporte Colectivo rápido, eficiente, seguro, que no sea altamente contaminante y que tienda a reducir el uso del vehículo particular. El problema del transporte colectivo en el Distrito Federal es complejo, pues los asentamientos humanos generalmente se encuentran distantes de los centros de trabajo, recreativos, de abastos, etcétera, lo que obliga a sus habitantes
a efectuar grandes recorridos, con una pérdida considerable de tiempo y energías
Ante esta situación el gobierno de la ciudad, ha emprendido una acción para dotar a la sociedad de un sistema integral de transportación masiva de personas, que permita reducir los tiempos de recorrido con grandes márgenes de seguridad
El presupuesto asignado a este programa fue de 35 241.081 millones de pesos, de los cuales se erogaron 33 684.883 millones, 4.42% inferior a lo original; esto tiene su explicación en virtud del recorte presupuestal del 4% dictado por el Ejecutivo Federal; sin embargo el cumplimiento de las metas previstas no se lograron en su totalidad, aunque algunas fueron rebasadas; así tenemos que se dio mantenimiento a 999 carros del Metro en lugar de los 1 123 estimados, debido a que era el número de unidades que requirió la intervención; se adquirieron sólo 117 consistentes en 13 trenes de 9 carros cada uno, esto se debió a que las posibilidades de producción de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril se vieron disminuidas
En cuanto a la ampliación de la red del Metro, se programaron 30.2 Kms. pero solamente se realizaron 18.6 Kms. debiéndose en buena medida al incremento del precio de los insumos para la construcción y por el replanteamiento de prioridades en el plan de ejecución de líneas consistentes en cambios necesarios de líneas de superficie por subterráneas que resultan más caras La obra realizada considera la construcción civil, electromecánica e inducida, estudios, proyectos y supervisión, adquisición de predios, de carros, de maquinaria y equipo. Los trabajos de conservación y mantenimiento de la red instalada del Metro se rebasaron en 29%. La reducción de las metas cumplidas se debe también a que el subprograma no absorbido todo el presupuesto pues se dejó ejercer el 5%, o sean 1 686.9 millones de pesos.
La ampliación de la red consistió en las siguientes obras: terminación de 7.6 Kms. de red de la línea 4 que permitió la puesta en servicio de 7 estaciones Construcción de 7.9 Kms. de la línea 5 que unieron en servicio el tramo Consulado- Pantitlán e Instituto Mexicano del Petróleo - Politécnico Nacional Unión de las líneas 1 y 5 mediante la construcción de 190 metros Ampliación de la línea 2 en 510 metros en el tramo Tacuba- Cuatro Caminos Se avanzó en 430 metros la construcción del tramo Zapata- C.U. de la línea 3 Se avanzó en 1 260 metros la construcción del túnel profundo en el tramo Tacuba - Barranca del Muerto, correspondiente a la línea 7. Se entregaron anticipos necesarios para la continuidad del programa de fabricación de carros para el Metro. En base a esta acción, se dio servicio a 1027 millones de pasajeros, 8% más de lo estimado.
En cuanto al subprograma Transporte de Superficie, se proporcionó mantenimiento a 41 subestaciones eléctricas en vez de las 28 trazadas, y solamente se adquirieron 70 de los 100 trolebuses programados, en virtud de la reducción en las aportaciones del Gobierno Federal y del propio Departamento del Distrito Federal al Sistema de Transportes Eléctricos, el resto de las metas se cumplieron en el 100% o sea proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo en vías y el de dar mantenimiento preventivo y eventualmente el correctivo a líneas elevadas; hay que hacer notar que el subprograma erogó 158.5 millones de pesos de menos. Con esta acción programática se le dio servicio a 227.5 millones de pasajeros, 23% menos de lo calculado
Respecto al subprograma Coordinación, Promoción y Regulación de los Servicios de Transporte Urbano, las metas fueron rebasadas por amplio margen, ya que la adecuación de la vialidad para la red ortogonal, las metas superaron en un 104% y la adquisición de autobuses en 833% pues originalmente se había programado adquirir sólo 600 unidades, este incremento se debió a la medida que tomó el Gobierno de la ciudad para prestar directamente el servicio de transporte público de pasajeros, incorporando al patrimonio de la empresa Auto - transporte Urbano de pasajeros R - 100 un total de 5,000 unidades
PROGRAMA (RN) REGLAMENTACIÓN
Y FOMENTO DEL COMERCIO
El programa consiste en elaborar los planes tendientes a lograr la desconcentración de empresas y agilizar la actividad comercial del Distrito Federal, además, construir, ampliar y conservar los mercados. Para tal efecto el mencionado programa tuvo un presupuesto de 138.9 millones de pesos, pero solamente se erogaron 131.6, 5% menos de lo presupuestado, lo que refleja en que solamente se hayan elaborado 138 planes previstos, con presupuesto inferior en 4 millones. Se construyeron 5 mercados en lugar de los 20 previstos y se dio mantenimiento a 195, 11% más de lo original con un costo inferior en 3.3 millones de pesos, 3% menos de lo estipulado
PROGRAMA (R4) COMERCIALIZACIÓN
DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD
El objetivo que persigue el programa es el de poner artículos populares al alcance de la población, mediante la operación de tiendas comerciales del propio Departamento y por Industrial de Abastos, que tiene como meta sacrificar animales en condiciones sanitarias para abastecer e influir en la regulación del mercado, e industrializar los subproductos de la carne, con la finalidad de garantizar la demanda de la población
El presupuesto del programa fue de 1,621.5 millones de pesos y se ejercitaron 2,295.5 millones 42% más de lo estimado. Las metas no se cumplieron en su totalidad debido al aumento de los precios de los artículos en general, como consecuencia del fenómeno inflacionario, 28.7%
general en ese año, sin embargo para los artículos objeto del programa la tasa fue mayor, pues la carne registró un aumento muy superior. Así tenemos que la venta de artículos en almacenes y tiendas populares del Departamento del Distrito Federal se redujo en 18%. En cuanto al sacrificio de animales, la meta se cumplió prácticamente, al igual que la relativa a la industrialización de los subproductos de la matanza
PROGRAMA (SA) COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS
Este programa tiene como objetivos facilitar a la población la adquisición de boletos para distintos espectáculos. Su monto presupuestal fue de 44.8 millones de pesos, y sólo se ejerció en 40 millones pero la meta trazada de vender 3.6 millones de boletos se rebasó en un 19%, pues vendió 4.2 millones
PROGRAMA (SG) TURISMO
El objetivo consiste en ejecutar programas encaminados a propiciar el desarrollo turístico del Distrito Federal, y la realización de campañas de promoción. El programa tuvo un presupuesto original de 47.5 millones de pesos y se ejercieron 47 millones. En cuanto a las metas, se cumplieron en su totalidad, pues se ejecutaron 52 programas destinados al desarrollo turístico y se realizaron 18 campañas de promoción, 50% más de lo previsto
PROGRAMA (W4) PROTECCIÓN
AL TRABAJADOR
El programa tiene como objetivos fundamentales, proporcionar asesoría en materia laboral a trabajadores y solucionar conflictos laborales. Su asignación presupuestal fue de 157.3 millones de pesos y se erogaron 160.9 millones, 2% más de lo programado. Las metas se cumplieron en función de asesorías y conflictos resueltos referidos a sindicatos, así pues en el subprograma Trabajo y Previsión Social, se dieron 38 450 asesorías en materia laboral y en la solución de conflictos laborales, se realizaron 37085
PROGRAMA (YY) SALUD
Para atender a los grupos de escasos recursos económicos, en cuanto a su salud y a la población total para prevenirla en alguna enfermedad, se canaliza la acción de este programa que tuvo una asignación presupuestal de 1 464 millones de pesos y se ejercieron 1 638.4 millones, 11.91% de más, debido fundamentalmente al incremento de los sueldos del personal. El cumplimiento de metas fue heterogéneo, así tenemos que la atención a pacientes se incrementó en un 13% y el suministro de medicamentos a precios menores que los de las empresas comerciales se rebasó en un 38%, sin embargo otras metas no se cumplieron, por ejemplo la adquisición y distribución de plasma sólo se cumplió en 29%, la adquisición e implantación de órganos y tejidos fue sólo del 55% conforme a lo previsto, pues fueron las cantidades requeridas por las exigencias
PROGRAMA (YG) IMAGEN URBANA,
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y LIMPIEZA
El programa consiste en controlar el nivel de contaminación que producen los 2 millones de automotores, disminuir la contaminación del medio ambiente que producen otros agentes y conservar la imagen de una ciudad limpia. La asignación presupuestal erogada fue inferior en 484.1 millones de pesos 31%, pues se cubrió con 1 081.6 millones; algunas metas fueron rebasadas en cuanto a su cumplimiento y otras no. Así tenemos que se realizó un 10% menos de lo previsto en cuanto a revisión de automotores en mal estado, pues fue la cobertura que se detectó; se procesaron 34 527 toneladas de desechos sólidos, debido a que la meta trazada de 400 mil toneladas era tentativa, en base a la acción experimental de la planta y que por razones técnicas no se pudo concretar. Sin embargo se recolectaron 3.7 millones de toneladas de basura, 29% más de lo trazado originalmente debido en buena medida al uso de equipo mecánico para barrido y a la implantación de un tercer turno de trabajo, lo que se reflejó en beneficio de la sociedad. Por otro lado se cumplieron las metas de adquisición de equipo recolector de basura y conservar, mantener y remodelar 113 panteones del Distrito Federal
PROGRAMA (ZP) PROTECCIÓN SOCIAL
El objetivo que persigue el programa es el de proporcionar protección a la población que se encuentra desvalida o que haya sufrido alguna contingencia, y que por lo tanto, requiera los servicios que se implementan en la ejecución del programa, como guarderías, albergues, internados, y las acciones de los grupos de Servicio Social Voluntario
El programa tuvo un presupuesto de 248.6 millones de pesos, pero ejerció 24.1 millones de más, 10%; debiéndose esto al proceso inflacionario, en que se observa una alza constante del precio de los artículos y al rebasamiento de la meta de atender niños internos en los centros infantiles
PROGRAMA (IO) SEGURIDAD SOCIAL
El programa persigue el objetivo de elevar el nivel de vida de los trabajadores del Departamento del Distrito Federa, a través de mantener y mejorar sus prestaciones sociales y económicas
El programa tuvo un monto asignado de 2 538.4 millones de pesos pero ejerció 634.8 millones de más, 25%; las metas no se cumplieron en su totalidad debido a que el monto
de la previsión establecida no se cumplió en cuanto al número de jubilados y pensionados, esto se debe, a que muchas de las personas que han cumplido los requisitos que exige la ley para hacerse acreedores a la jubilación que ampara la seguridad social, no la aceptan y prefiere seguir trabajando presionados por el permanente incremento del costo de la vida.
PROGRAMA (2D) PLANEACIÓN DE
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
El objetivo del programa consiste en lograr un crecimiento equilibrado de la ciudad, basado en acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La acción programática establece la elaboración de estudios y trabajos que orientan el desarrollo urbano y también vigilar el uso racional del suelo.
Su asignación presupuestaria fue de 198.8 millones de pesos, pero se gastaron 364.6 millones, o sea 83% más, lo que permitió la construcción e instalación de 19,000 placas de nomenclatura, que no se tenían previstas, además se dio cumplimiento a la 3a. etapa de los programas de Barrio que tampoco se habían previsto. Por otro lado se cumplió la meta de elaborar 4 Reglamentos referentes a: Planificación, Zonificación, Ordenamiento y Regulación del Desarrollo Urbano; así como la elaboración de 24 estudios sobre la materia.
PROGRAMA (2L) MEJORAMIENTO
URBANO
El programa tiene como finalidad el mejoramiento urbano de la ciudad, para lo cual se requiere mantener buenas condiciones físicas y de imagen los edificios, viviendas, monumentos y áreas verdes.
El presupuesto asignado al programa fue de 4 382.7 millones de pesos, pero se ejercieron 6 124.7 millones de más, o sea un total de 1 0507.5 millones; esto se debió a que se realizaron obras adicionales de alumbrado público y 30 obras extraordinarias de mejoramiento urbano no previstas en el presupuesto, tales como ordenación urbana y restauración de pueblos de las delegaciones para preservar el patrimonio cultural, histórico y costumbrista, dentro de estas obras, sobresalen las referentes al Centro Histórico de la Ciudad.
Para tal efecto se realizaron 52 obras de construcción para el mejoramiento urbano, 92% más de lo previsto. Se realizaron 616 obras programadas de conservación y mantenimiento en las delegaciones. Respecto al alumbrado público se dio mantenimiento a 277 585 lámparas, 39% más de lo programado; se sustituyeron 102 263 lámparas mercuriales por de sodio, 303% más de lo previsto.
También se realizaron obras de ampliación en las Casas de Protección Social 1 y 2, y remodelación de la Estancia Infantil No. 1 Se hicieron trabajos de remodelación en 3 edificios del D.D.F., se construyeron bases para dispositivos de control e interacciones en la subárea No. 9 del sistema Phillips y en el área del Circuito Interior. Se realizó el levantamiento geográfico de cruceros, de inventario del mobiliario urbano y de ductos existentes. Se ejecutó la reubicación del sistema coutrán para el control de semáforos. Se realizó el suministro y colocación del señalamiento vertical y horizontal del proyecto de semaforización de los asentamientos humanos en la unidad habitacional Benito Juárez, correspondiente al campamento 2 de octubre para solucionar el problema social político de esa zona.
PROGRAMA (2M) INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD
El objetivo del programa consiste en conservar e incrementar la red vial, que permita el uso intensivo de vehículos de transportación masiva de pasajeros con prontitud y seguridad; así como mantener, operar e incrementar los dispositivos de señalización del tránsito, y procurar el estacionamiento de vehículos.
El programa tuvo una asignación presupuestal de 7,339.9 millones de pesos, pero se ejercieron 12,447.3 millones, 70% más de lo presupuestado, debido principalmente a que se realizaron obras que no estaban comprendidas en los programas, pero que fueron exigidas por las circunstancias en un momento dado. Así tenemos que fue necesaria la construcción de 12.1 Km. de obras viales coincidentes con el Metro para no afectar la vialidad del área; se construyeron 59 Km. de obras viales fuera del Circuito Interior, con el propósito de aliviar algunos puntos conflictivos; también está considerada en este rubro, la construcción del puente de Atzcapotzalco con 1 250 metros de longitud, con lo que se dio mayor fluidez al Eje 5 Norte.
En cuanto al cumplimiento de metas en este programa, tenemos que se programó y se llevó a cabo producir 400,000 toneladas de material asfáltico; conservar y mantener a 15,000 semáforos, y pavimentar 45.5 millones de m2 de carpeta asfáltica. Sin embargo no fue posible instalar y reparar 10,000 semáforos, pues sólo se cumplió con el 90% de lo programado, debido al aumento del precio de los insumos. Tampoco fue posible construir los 4,000 cajones para estacionamiento y solamente se efectuaron 3,032,76%, pues el fuerte aumento del precio de los materiales impidió su total cumplimiento. Por otra parte se proyectó construir 4 obras viales complementarias relacionadas con el distribuidor La Raza, con Av. Insurgentes Norte y Av. Hangares, pero por la necesidad de aliviar problemas de congestionamiento, se tuvieron que efectuar 7, como son la remodelación del distribuidor La Raza, continuidad de la Av. Hangares, paso peatonales en intersecciones conflictivas como Calzada de Tlalpan, Insurgentes Sur, Periférico, Río Consulado, Ejército Nacional, Calzada da Ermita - Iztapalapa y Río Churubusco. Obras para proporcionar seguridad a los escolares, ampliación en la Av. Insurgentes a la altura del cruce con Av. Copilco y adecuaciones viales diversas, necesarias como apoyo al Transporte de Superficie.
PROGRAMA (2N) REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
El objetivo del programa es legalizar la propiedad sobre la tenencia de la tierra, pues como consecuencia de invasiones de terrenos desocupados se crean una serie de hacinamientos humanos sin ninguna legalidad, esto obliga a las autoridades a efectuar una serie de acciones encaminadas a dotar a los poseedores de lotes, por la vía legal, una propiedad; pero que además permita lograr un mejor funcionamiento de la estructura urbana de la ciudad.
El programa tuvo un ejercicio presupuestal de 139.2 millones de pesos, 10% más de lo aprobado; esto se debió a que la meta de escriturar 100,000 lotes fue rebasada en un 60%. La meta de regularizar 15,444 viviendas se cumplió totalmente. La acción programática consistió también en lograr firmar 256 convenios con los legítimos propietarios de los terrenos para poder encauzar la regularización de lotes; se regularizó una superficie de más de 28 millones de m2, lo que benefició a una población superior al millón de personas; en cuanto a la escrituración de lotes, se encuentran en trámite con un alto porcentaje de avance 79,203 predios; y se expidieron 78,090 títulos de propiedad.
PROGRAMA (2V) VIVIENDA
El programa tiene como objetivo fundamental coadyuvar a la promoción de la habitación de interés social, a través de estimular la construcción de vivienda popular, mejorar la administración de unidades habitacionales y regular las áreas decadentes de la ciudad.
El programa tuvo un monto presupuestario de 505.3 millones de pesos, pero se ejercieron 1654.2 millones, 1148.8 millones más de lo aprobado; esto se debió a que se construyeron 1750 viviendas, 54% más de lo programado, en virtud de la necesidad de dotar de vivienda a un mayor número de trabajadores a lista de raya y a elementos de policía de Departamento del Distrito Federal, pero también al fuerte incremento del precio de los materiales de construcción.
Por otra parte se le dio conservación y mantenimiento a 22 conjuntos habitacionales y se administraron 3 855 lotes conforme a lo previsto.
PROGRAMA (3C) AGUA POTABLE
El programa tiene el objetivo de operar, conservar y construir obras que permitan la captación de agua, o conducción, regulación, potabilización y distribución, en buenas condiciones para garantizar el suministro del líquido a todos los habitantes del Distrito Federal.
El programa tuvo un ejercicio presupuestal de 7 094.8 millones de pesos, 105% superior a lo originalmente previsto; esto se debió en parte al incremento de los precios de los insumos y mano de obra que experimentaron en este año, pero también a que se realizaron una serie de obras no previstas, como son: la construcción de 3 estaciones de bombeo, necesarios para mejorar la presión del caudal en las redes de distribución, la instalación de 12 tanques de regulación, la conservación de 5 fuentes de captación y la construcción de 16 obras de complementación en los sistemas de Lerma - Valle de Toluca; Lerma - Valle de México, Xochimilco, Aguas del Norte, Aguas del Sur; Pozos Municipales - Manantiales y Chiconautla.
Por otra parte, se dio cumplimiento a la meta de captar y conducir 41 m3 de agua por segundo y construir una planta potabilizadora en el río Borracho. Además se rebasó la meta de ampliar las redes primaria y secundaria de distribución de agua, pues se habían previsto 605.1 kilómetros, y se realizaron 704.4 kilómetros, principalmente en la periferia y zona sur de la ciudad. La meta de conservar y mantener 18500 kilómetros de red no se cumplió en su totalidad, pues solamente se efectuaron en 11 539 kilómetros, debido a que fue la cantidad de línea que lo requirió, esto se representó reparar 43 541 fugas en diferentes tramos de la red. Se operaron y se les dio mantenimiento a 93 plantas de bombeo y a 4 potabilizadores. Además se operaron y conservaron en buenas condiciones 885 pozos de abastecimiento de aguas y se rehabilitaron 40. También se llevo a cabo la instalación de 120 000 tomas domiciliarias en zonas carentes de infraestructura como son las periféricas.
PROGRAMA (3K) DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
El objetivo del programa consiste en mejorar la eficiencia y ampliación de la red para realizar mejor las tareas de descarga, recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales; con esto, se pretende procurar por la salud de la población, evitar la contaminación y las inundaciones. Por otro lado, debido al crecimiento de la ciudad principalmente en áreas de hacinamiento, donde se carece de servicios básicos, se destina en mayor porcentaje la ampliación de la cobertura del servicio una vez que los predios han sido regularizados; de ahí que dependan en gran medida la introducción del drenaje en áreas carentes de la prontitud con que los moradores regularicen sus predios pues sin este requisito no es posible el suministro de la red.
El programa tuvo un monto original de 2,708.5 millones de pesos, de los cuales solo se ejercieron 1,499.9 millones, 45% menos de lo presupuestado; esta situación se debe a que no se construyó el kilometraje de red de drenaje previsto, porque no se regularizaron las áreas estimadas, así tenemos que se había programado construir 61 kilómetros de red primaria y solamente se pudieron realizar 5 kilómetros; de la red secundaria no se pudo concretar ningún avance, debido a lo antes mencionado.
Se construyó conforme a lo previsto una planta de bombeo en la laguna de regulación del
Oriente y se terminó el Recolector 25 de Julio. En cuanto al drenaje profundo se continuó con 12 kilómetros, superando en un 243% lo previsto originalmente. Respecto a la rehabilitación de los sistemas del Gran Canal, Río Churubusco, y Presa del Poniente se hicieron trabajos en 12.8 kilómetros, 5% menos de lo programado, porque fue la distancia que requirió. También se elaboraron 2 proyectos para operar el sistema de desagüe, que no se tenían programados y se dio tratamiento a 2,126 millones de m3 de aguas negras, 4.68 m3 por segundo que se destinaron a usos industriales y de riego superando en un 21% la meta trazada, esto, mediante la operación de 7 plantas.
El desalojo de aguas residuales, se lleva a cabo por una serie de sistemas entre los que sobresalen el Sistema Gran Canal, al cual se le dio operación y mantenimiento a una longitud de 99 kilómetros, lo que permitió desalojar 873 millones de m3, utilizando para ello, 12 plantas de bombeo con 128 bombas. Al Sistema de Río Churubusco también se le dio conservación y operación a través de 8 plantas para desalojar 316.9 millones de m3.
El sistema de drenaje profundo, con una longitud total de 86 kilómetros y diseñado para desalojar hasta 200 m3 de aguas pluviales por segundo, tuvo un buen grado de operación, debido a la alta atención en su conservación y mantenimiento, lo que le permitió manejar 561,039 millones de m3 de agua por la vía de la gravedad.
PROGRAMA (3S) SUELO
El objetivo del programa es regular el espacio urbano en base a patrones racionales de utilización del suelo, previsto en el plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el fin de lograr un crecimiento físico equilibrado de la ciudad.
Su monto presupuestal fue de 710 millones de pesos, pero sólo se ejerció 69% o sea 488.6 millones, debido a que no se cumplió la meta de adquirir 151 predios y solamente se adquirieron terrenos por un valor de 10 millones en lugar de los 100 millones estimados originalmente. Se llevaron a cabo 96 convenios para adquirir predios destinados a la construcción de escuelas, proyectos del Templo Mayor, mercados y para ampliación de reservas territoriales.
PROGRAMA (3V) SERVICIOS CONTRA SINIESTROS
El objetivo fundamental del programa es, lograr capacitar corporaciones para proporcionar servicios de auxilio a la población en casos de desastre, pero también, desarrollar actividades de reconstrucción y orientación a los damnificados; para tal efecto, la unidad responsable de ejercer las acciones, realizó el diseño de políticas tendientes a mejorar los servicios, a través de establecer mecanismos intersectoriales de auxilio y de coordinación con secretarías de Estado y organismos descentralizados.
Para llevar a cabo lo anterior, se requirió la capacitación de 572 elementos del Cuerpo de Bomberos, que atendieron 12 659 casos de siniestros. El ejercicio presupuestal del programa fue de 136.8 millones de pesos, 9% más de lo presupuestado, debido al incremento que sufrieron los sueldos y salarios del personal.
PROGRAMAS (5C) EDUCACIÓN BÁSICA PREESCOLAR
La acción de este programa consiste en proporcionar instalaciones adecuadas mediante la construcción y mantenimiento de aulas destinadas a impartir la enseñanza en ese nivel. El presupuesto ejercido por este programa fue de 405.6 millones de pesos, 12% de lo aprobado, que permitieron construir 70 escuelas, 12 más de lo presupuestado y 48 aulas provisionales; se les dio mantenimiento y se conservaron en buen funcionamiento 810 jardines de niños, 372 jardines más de lo previsto.
PROGRAMA (5D) EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA PARA NIÑOS
El objetivo del programa es satisfacer la demanda en el nivel educativo primario, dando matrícula a todos los niños en edad escolar para así coadyuvar a disminuir el índice del analfabetismo, a través de proporcionar instalaciones adecuadas mediante la construcción y mantenimiento de escuelas destinadas a este nivel de enseñanza.
El presupuesto ejercido por la acción del programa fue de 578.6 millones de pesos, que se erogaron en construir 61 escuelas, 11% más de lo previsto, por lo tanto no fue necesario cumplir la meta de construir 128 aulas provisionales pues la construcción de 6 escuelas definitivas de más, se logro satisfacer la necesidad de matrícula; también se remodelaron 88 escuelas 193% más de lo programado y se dio conservación y mantenimiento para estar en condiciones de funcionalidad a 1978 escuelas, 89% más de lo estimado. Con la realización de estas acciones, se garantizó matrícula, para todos los niños en edad escolar para ese nivel en el Distrito Federal.
PROGRAMA (5E) EDUCACIÓN
SECUNDARIA GENERAL
El programa está encauzado a satisfacer la demanda de educación secundaria, coadyuvando así a mejorar el nivel general de educación, así como también preparar al estudiante para los siguientes grados de la enseñanza o proporcionar conocimientos a la juventud para que se pueda incorporar al trabajo en mejores condiciones.
El programa ejerció un presupuesto de 542.7 millones de pesos 50% menos de lo previsto, que se erogaron en construir 53 escuelas, 39% más de lo programado, en virtud de que la meta de construir 140 aulas provisionales, fue
suplida por la de escuelas definitivas; se remodelaron 14 secundarias en lugar de 15 estimadas, debido a que fue el número de unidades que lo requirió; también, se conservaron en buen estado y se les dio mantenimiento a 200 escuelas en lugar de las 253 programadas, ya que fue la cantidad que necesito intervención para su conservación. Mediante esta acción programática, se garantizó la demanda de este nivel de la educación.
PROGRAMA (5F) EDUCACIÓN MEDIA TECNOLÓGICA
El objetivo fundamental del programa es coadyuvar a la impartición de la educación tecnológica, a través de conservar y mantener en buenas condiciones las escuelas destinadas a la educación media tecnológica. El monto presupuestal ejercido fue de 14.1 millones de pesos 17% menos de lo previsto, con lo que se le dio mantenimiento a 50 escuelas tecnológicas.
PROGRAMA (5I) PROMOVER Y COORDINAR ACTIVIDADES CULTURALES
El objetivo del programa consiste en incrementar el nivel cultural de la población y de sus valores cívicos, mediante la promoción y realización de espectáculos y eventos, que además permitan preservar las tradiciones populares y mejorar las condiciones de convivencia y de sentido social.
El programa tuvo un ejercicio presupuestal de 645.3 millones de pesos, 7% más de lo programado, en virtud del incremento de los costos debido al proceso inflacionario que se padece. La acción del programa permitió realizar 2 430 eventos cívico - culturales, y 6 415 eventos artísticos.
PROGRAMA (5T) PROMOVER Y DIFUNDIR LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
El objetivo del programa consiste en coadyuvar a elevar los niveles de bienestar de la población, mediante el logro de la superación física de la juventud, a través de la realización de eventos deportivos y recreativos.
El programa tuvo una erogación de 614.0 millones de pesos 11% más de lo previsto, debido a que la meta de realización de eventos deportivos y recreativos se supero en 317 y al incremento de los costos por el proceso inflacionario. Se construyeron 22 instalaciones deportivas, 4 menos de lo programado y se dio mantenimiento a 33 instalaciones.
APÉNDICE
VI. APÉNDICE ESTADÍSTICO
Cuadro No. 1
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS ESTIMULADOS Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Cuadro No 2
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS ESTIMADOS Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Cuadro No. 3
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ESTIMADOS Y
VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Cuadro No 4
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS
ESTIMADOS Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Cuadro No 5
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN
IMPUESTOS FEDERALES ESTIMADOS Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
Cuadro No 6
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS
ESTIMADOS Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos )
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Fuente: Cuenta pública del departamento del Distrito Federal, 1981.
Cuadro No 7
EGRESOS DEL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 1981
(Millones de pesos)
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1) Incluye la Jefatura del Departamento del Distrito Federal, Secretaría de Gobierno "A", Secretaría de Gobierno "o", Secretarías de Obras y Servicios Oficialía Mayor, Consejo Consultivo, Contraloría General.
2) Incluye las 16 Delegaciones.
Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
CUADRO NO. 8
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS ESTIMADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y VARIACIÓN
CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos)
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DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS ESTIMADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal. 1981.
Cuadro No. 9
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS ESTIMADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y VARIACIÓN CON LOS REALES EN 1981 SIN APORTACIONES
(Millones de pesos)
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Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, 1981.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen por unanimidad, señor Presidente. Es de primera lectura.
CONSIDERACIONES SOBRE
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
EL C. Presidente: Tiene la palabra la C. diputada Zina Ruiz de León.
- La C. Zina Ruiz de León: Señor Presidente; señores diputados. Al conmemorarse el septuagésimo segundo aniversario del movimiento social armado, mismo que convulsionara el territorio nacional en aras de un México digno y democrático, a la vez que elevamos una elegía para aquellos ideológicos y ejecutores del cambio de nuestra estructura social, séame permitido reafirmar que la Revolución, pese a los detractores de la misma, a quienes por su frustrante minoría se erigen en críticos satanizantes y fustigan por sistema en su irreverente impotencia de aceptar el devenir histórico de la patria, la Revolución no ha equivocado el camino y quienes han recibido en sus manos la estafeta de un preciado legado, no sólo a conservar, sino a acrecentar, han cumplimentado el sentimiento del pueblo y con la serenidad que representa el deber cumpliendo esperan en su momento el juicio histórico de la patria.
Precisar que la Revolución mexicana ha caminado por un sendero fácil para alcanzar los objetivos propuestos, es hacer negación del parto del pueblo, que ofrendando su propia sangre, lo entregó todo a cambio de una transformación radical que le permitiése dar vigencia a los derechos más elementales del hombre, entre ellos, el serle permitible encontrar su propio desarrollo sin dependencias y limitantes, en un marco de democracia con la premisa de que la tierra es el factor de importancia porque a través de su aprovechamiento se finca la propia subsistencia y los recursos naturales entrañan, por su esencia, los mínimos de bienestar a que todo mexicano aspira para sí y para los suyos.
Superada la etapa bélica, la ofrenda sangrienta y asumiendo la etapa constructiva de la propia Revolución, el camino a recorrer no ha sido fácil, ha requerido del concurso de todos los mexicanos, de decisiones en ocasiones dolorosas que la inquebrantable fué en los destinos de México ha hecho posible asimilar y superar para consolidar metas y objetivos que significan conservar el rumbo.
La premisa "La tierra es para quien la trabaja" frente a un programa de reforma agraria que propende a la autosuficiencia alimentaria, imperativo a resolver ante una población constantemente en aumento, es la vigencia de la Revolución misma, y conlleva la responsabilidad de nuestros campesinos que en un marco de paz social, consciente del reto a librar, entregan lo mejor de su esfuerzo en aras de la productividad agropecuaria.
La Revolución surgió del pueblo, y escenificada en los campos y cercanías de nuestro territorio nacional, ha conservado la valía y apoyo de un régimen revolucionario que definitivamente no ha equivocado el rumbo, y la transformación progresiva y constante hacia todos los ámbitos, ha dejado constancia del alcance de mínimos de bienestar social, educación y salud, aspectos básicos para nuestra propia evolución, que testimonian a 72 años de distancia de la ejecución de un cambio de nuestra vida institucional, la entrega pasionaria mediante el trabajo y la creatividad de un pueblo empeñado en la consolidación de su propio desarrollo.
Señores diputados: como representantes populares, en tanto continuemos siendo testigos y receptores de inconformidades por problemas generados por la tenencia de la tierra, tropiezos en la producción por la inoportuna entrega de recursos económicos al hombre del campo, lo que representa que nuestra superficie, susceptible de aprovechamiento en el cultivo, no se optimise y el campesino deje los aperos de labranza para converger sus miradas en los grandes centros urbanos, como lugar donde se facilita la subsistencia, o lo que es peor, pensar en abandonar el territorio nacional, para entregar su esfuerzo allende nuestras fronteras en calidad de bracero.
Podemos colegir que la obra revolucionaria no ha alcanzado plenamente los objetivos trazados y con la responsabilidad que hemos aceptado atender, es necesario, sin caer en triunfalismos y acciones encomiásticas fijar nuestras atenciones en el campo, y con serenidad establecer un balance. Y si es prudente rectificar rumbos, hacerlo por elemental subsistencia, por compromiso, reencauzar programas, establecer más y mejores objetivos. Esto es más importante de interés nacional y con nuestros representados.
No es nuestra pretensión el propiciar un desencadenamiento de acciones vulnerantes a la Reforma Agraria. Tampoco el provocar una negación en torno a lo que se ha hecho, y desatar la búsqueda de culpables y caer en el campo donde surjan las justificaciones y el consecuente desgaste estéril, si nos ubicamos ante la realidad presente y la vista hacia el futuro.
Como duranguenses y de convicciones profundas revolucionarias, séame permitido recordar la aportación que hiciera Francisco Villa, como general en jefe de operaciones del Ejército Convencionista, al expedir su Ley General Agraria el 2 de Febrero de 1915, en la ciudad de Aguascalientes. Y a 67 años de distancia de la promulgación de la Ley Agraria villista, concebida aún con el sabor de la sangre derramada en los campos de batalla, en los cuales Villa se significó como el brazo armado de la propia Revolución, es válido el determinar si en el pensamiento de Villa sublimado por los poetas como el guerrero de mi pueblo, puño de mi patria, potro de fuego, ha sido llevado con verdadero fervor en constante vigencia y que se
ratifica en los actuales días en que los esfuerzos de un gobierno emanado de la Revolución, continúa estableciendo prioridades hacia el campo en su propósito de alcanzar su propio destino.
Señores diputados, ¡Revolución para todos. Privilegios para ninguno! (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Revolución es el cambio violento, cruento o incruento, de las instituciones políticas, sociales y económicas de una nación. Como todo cambio, éste puede ser hacia el mejoramiento o hacia el empeoramiento de la situación anterior a la Revolución, en el país considerado. De ahí que una revolución pueda ser en sus resultados o consecuencias, de acción benéfica o maléfica. De adelanto o de retroceso. De libertad o de opresión a la ciudadanía.
Examinaremos algunas revoluciones en el mundo. La Revolución Inglesa. En el año de 1215, cansado el pueblo inglés por el excesivo gasto de los fondos públicos, en guerras continentales sin provecho, y por el despilfarro de los impuestos del pueblo, en derroches personales del rey Juan sin tierra, los varones del reino, apoyados por el pueblo inglés, acordaron no pagar ya más impuestos hasta que el rey se comprometió en un documento llamado "carta magna", a no hacer gasto alguno ni emprender nuevas guerras, sin la aprobación previa de los representantes populares. Ese hecho constituye el principio del sistema parlamentario inglés. Cuatro siglos después, en 1642, se enfrentaron en una lucha civil el Parlamento encabezado por Oliver Cromwell y el Rey Carlos I, cuando este quiso gobernar sin el estorbo parlamentario en forma autoritaria. Después de 7 años de enfrentamiento, el Rey perdió la guerra y la cabeza. Cromwell lo decapitó en 1649 y se erigió en el Lord Protector del Reino. Su poder omnímodo duró hasta el fin de su vida en 1658, el Parlamento inglés cansado del despotismo del otro sector destituyó a su hijo Richard Cromwell y restauró la monarquía parlamentaria en la persona de Guillermo II de Orange. Desde entonces, los reinos de Inglaterra reinan pero no gobiernan.
Estos dos hechos históricos marcan el principio de la hegemonía de la potencia militar naval inglesa cuyo imperio se extendió por los 5 continentes.
Revolución Americana. Los inmigrantes ingleses fueron arribando a América del norte a apartir de 1584 de manera que a mediados del siglo XVIII había ya 13 colonias en la costa atlántica de lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Las continuas alzas en las contribuciones de la metrópoli agravado por el impuesto del timbre y al comercio del té, produjeron un germen de descontento en los colonos que culminó con la Declaración de independencia de las Colonias el año de 1776. Después de 8 años de lucha, con ayuda de España y Francia, Inglaterra tuvo que reconocer la independencia de la nueva nación.
Los diferentes estados se desarrollaron a un ritmo vertiginoso, el Norte con su industria, cimentada en la abundancia del fierro y el carbón de piedra, el Sur creció con las feraces tierras aledañas al sistema fluvial del Misuri, Misisipi, Ohio, cuyas explotaciones algodoneras necesitaban mano de obra barata a base de esclavos negros traídos del Continente Africano.
En 1861, una ley antiesclavista hizo que los estados del Sur declararan su secesión o separación, a la cual se opuso el gobierno de Washington declarándolos rebeldes. Soló en las guerras europeas se habían visto ejércitos de más de cien mil hombres perfectamente disciplinados y pertechados.
La Guerra de Secesión mostró al mundo entero la pujanza y poderío de la nueva nación.
1864 terminó la Guerra, con la aplastante derrota de los esclavistas del Sur.
La unión, la libertad y la democracia de esta nación, se consolidaron con la toma Richmond, capital sureña, por las tropas del Norte.
Revolución Francesa. Abrumado Luis XVI por endeudamiento del reino francés, propiciado por la holgazanería y el lujo de una nobleza numeroza e inservible, mandó reunir los Estados Generales el año de 1789. Cuando el Rey observó que las deliberaciones de esta Asamblea tenían por miras una reforma total del reino, en mengua de sus reales poderes, mandó disolver sus reuniones, a lo cual se opusieron los diputados, - fijáos bien - los cuales decretaron la abolición de la monarquía y la instauración de la República en 1792.
A Luis XVI le pasó lo que a Carlos I de Inglaterra: Su cabeza rodó en el cadalso cuando se descubrió su fallida fuga al extranjero. A su muerte la libertad se convirtió en libertinaje en el periodo revolucionario llamado del terror, en el cual la guillotina cortaba cabezas al por mayor, tanto de amigos como de enemigos de la Revolución. Los reinos vecinos de Francia se coaligaron para restaurar la monarquía, pero vieron asombrados que sus ejércitos eran rechazados y vencidos en todos los frentes.
Un joven general de origen corzo, llamado Napoleón, fue el más significado estratega de estas victorias. Su fama y el desorden interno fueron factor para instaurar el imperio en su persona. Este imperio se constituyó en el supremo poder militar del continente europeo. Las monarquías de los principales países de Europa fueron un juguete en manos de este advenedizo emperador que quitaba y ponía coronas a su antojo; apoyado en su poderoso y efectivo ejército, las coaliciones encabezadas por Inglaterra en el Atlántico y Rusia en el Continente eclipsaron a la larga su estrella victoriosa y en 1815 Waterloo selló con su derrota la restauración de los Borbones en Francia. Fueron necesarias otras revoluciones y la derrota en la guerra Franco - Prusiana para que el pueblo francés conquistara plenamente sus libertades.
Revolución Rusa. Las constantes derrotas del ejército ruso el la I Guerra Mundial y la propaganda revolucionaria financiada por emigrados rusos en Nueva York prepararon el estallido revolucionario de esta nación, en el año de 1917, la cual suprimió el imperio e instauró una democracia, cuyo primer presidente fue Kresky. Vino después Lenin del destierro, proclamó la dictadura del proletariado y derrotó al gobierno republicano. Desde entonces Rusia vive en un constante régimen de terror, de asesinato y de violación a los derechos humanos. Se calcula que la colectivización del campo costó a este país más de 15 millones de campesinos que se oponían a su despojo. Los derechos de la ciudadanía han sido conculcados por camarillas de burócratas que nada tienen de proletarias y que se aglutinan en una organización criminal llamada Partido Comunista, cuyos miembros gozan de todas las facilidades económicas, sociales y políticas, en detrimento del resto de la población.
La dignidad humana ha sido suprimida, el individuo nació para servir al estado comunista y a su burocracia; la familia pasó a ser institución burguesa e inútil; los hijos no pertenecen a los padres sino a la revolución o al Estado; la religión fue suprimida; sus templos fueron convertidos en oficinas o cuarteles, sus sacerdotes fueron cruelmente asesinados o deportados a los diversos campos de concentración o gulags. El despotismo de los nuevos amos no tiene límite, la hija de Stalin dice en sus memorias que su padre disponía a su antojo de siervos que le servían los vinos, lo vestían y desvestían, le ponían y le quitaban las botas y le manejaban sus automóviles; ¿hay acaso alguna diferencia entre estos déspotas y los antiguos soberanos absolutos?
No cabe duda que esta revolución fue un atraso en el camino de las libertades y de la felicidad del pueblo ruso.
Revolución Mexicana. Al terminarse las guerras de reforma y de la intervención francesa, hubo necesidad de licenciar un numeroso ejército cuyos oficiales y clases había que premiar por sus servicios a la causa de la república; la manera más fácil fue darles tierras, éstas partenecían a las comunidades indígenas que tenía títulos de posesión otorgados desde tiempos de la colonia. El gobierno liberal declaró nulos estos títulos, cualquier persona mediante denuncia podía apoderarse de estas tierras que constituyeron las bases de las futuras haciendas. Así fue como el pueblo humilde fue despojado de su tierra y convertido en peón asalariado del hacendado. Para 1910 había en el país tres millones de asalariados de hacienda, que representaban 12 millones de mexicanos de una población de 15 millones, algo así como el 10%.
Para 1910, en 37 años de dictadura y 90 años de vida independiente, el país se encontraba a la zaga de la revolución industrial. Lo más significativo era su industria textil con un total de 146 fábricas y 32 229 obreros.
En la minería se había ya cumplido el plan monroista de expulsar al capital español y mexicano para sustituirlo con capitales ingleses y norteamericanos.
Los ferrocarriles estaban en manos de extranjeros y se construyeron casi todos de norte a sur para surtir de materia prima nacional a la industria del poderoso vecino del norte.
En vano los católicos reunidos en las jornadas de Estudio Social de Zamora, Mich., en 1908 proponían la jornada de 8 horas de trabajo, la supresión del trabajo a menores de edad, un salario mínimo adecuado a las necesidades de los trabajadores, y la devolución de la tierra a los campesinos.
En el aspecto cívico - político, la situación era también deprimente. El dictador Porfirio Díaz sentenciaba: "Menos política, más administración, no me alboroten la caballada, o mátenlos en caliente". Una sola voz, la del dictador, y un solo partido político, el de los científicos.
¿De qué ciencia o ciencias estaban dotados estos señores científicos? Nadie lo sabía ni lo ha sabido hasta ahora, lo cierto es que desde hacía 37 años, este partido venía celebrando elecciones cada cuatro, en las que curiosamente siempre salía reelecto por unanimidad el dictador Porfirio Díaz.
Los gobernadores y presidentes municipales, como en la actualidad, entonces llamados jefes políticos, eran también designados por esta burda farsa de elecciones.
Un poderoso ejército y una política rural mantenían la forzosa paz de la nación, paz porfiriana, que tenía como raíces la opresión, la miseria, la esclavitud y la entrega de los recursos nacionales a los intereses extranjeros.
En 1908 un periodista extranjero, norteamericano, Mr Creelman, publico en el Pearson's Magazine una entrevista con el ya achacoso dictador. En esa entrevista el señor Díaz le aseguró al periodista que era ya tiempo de entregar sin el peligro de guerras, ni daño al crédito y al progreso nacional. Que vería como una bendición el advenimiento de un partido de oposición y que el país estaba bien preparado para entregar a la vida libre y democrática.
El pueblo le tomó la palabra al dictador. Un agricultor de Coahuila, bajo de estatura pero gigante en audacia y patriotismo, escribe el libro titulado "La sucesión Presidencial". Urge al gobierno a encausar al país por el rumbo de la democracia y de la libertad, para evitar después la hecatombe de una guerra fratricida. Predica la paz de los hombres libres, basada en el respeto al voto popular y a la ley. Funda el partido antirreleccionista y se prepara para los comicios de 1910. El pueblo lo aclama en toda la nación, se fundan centros antirreleccionistas a su paso por las innumerables giras. Pero los caciques con su achacoso dictador no entienden que ha llegado la forma de marcharse y declaran consumada la enésima burla al pueblo mexicano.
El Plan de San Luis ordena a los ciudadanos sacudirse por las armas la opresión y la dictadura. El 20 de noviembre de 1910, da principio la hecatombe que tanto dolor y sangre costaría al pueblo de México. La dictadura
cayó como una fruta ya más que madura, podrida. Bastó la tomo de Ciudad Juárez, para que el dictador tomara en Veracruz el barco "Ipiranga" y se aislara en Francia hasta su muerte. El pueblo había ganado la partida, Madero entraba a la capital entre aclamaciones del pueblo. Pero los genízaros vencidos por la voluntad nacional, no les gustó la humillación; la victoria no había sido completa. El ejército porfirista quedó intacto y preparado para la revancha.
Un felón pretoriano preparó en la Embajada Americana el cuartelazo, el derrocamiento y el asesinato del Mártir de la Democracia. El pueblo se rebela de nuevo contra el pelón y los americanos le retiran el apoyo y se lo dan al nuevo jefe de la Revolución, Venustiano Carranza. Pero esta ayuda en dinero, armas y pertrechos, va condicionada a la destrucción de un gran enemigo que se opone a la expansión del nuevo imperio anglosajón hacia el sur.
Ese enemigo era el catolicismo. Y el avance de las tropas constitucionalistas de Carranza y Obregón, se empiezan a notar ya actos del cumplimiento de este programa antinacional: profanaciones y saqueos de los templos católicos; encarcelamiento y humillación de sacerdotes; ocupación y confiscación de las casas parroquiales; seminarios y centros de enseñanza.
El pretoriano Huerta también encuentra su aliado y protector: el imperio Alemán.
El mismo barco Ipiranga que se había llevado a don Porfirio Díaz, viene ahora cargado de ametralladoras, cañones y pertrechos suficientes para nulificar la ayuda americana a Carranza. Pero el imperio americano no se cruza de manos, ordena a sus marinos la ocupación de Veracruz y Tampico, para impedir el desembarco de las armas made in Germany. Los heroicos cadetes de la Escuela Naval de Veracruz mueren sin haber comprendido la razón de esta nueva agresión a su país y como antiguo oficial del ejército Liberal Huerta comprende que en este país la guerra civil la gana el que tiene la ayuda y el reconocimiento del vecino país del norte; huye al extranjero y las tropas de Obregón ocupan la capital; pero el calvario del pueblo no termina aquí, a la hora de la victoria aparece el caudillismo en sus manifestaciones más negativas, hay demasiados generales y oficiales de alta graduación y todos quieren el poder como premio. Pero nada más hay una silla presidencial, una Convención reunida en Aguascalientes trata inútilmente de reconciliar a los hombres en armas pero lo único que consigue es deslindar dos campos de caudillaje, Villa por un lado y Carranza por otro. La lucha entre los diferentes caudillos se prolonga sembrando la muerte y la destrucción y el atraso del país, ya no importa la felicidad de la patria; lo que importa es el poder que trae consigo el fácil enriquecimiento y la sumisión de los demás, los métodos no importan. Lo más doloroso de esta situación era el arbitraje del vecino del norte, quien podía decidir el vencedor proporcionando armamentos y pertrechos a los diferentes caudillos en pugna y en este largo y sangriento desorden, quedan como únicos dueños de la situación dos generales sonorenses, Obregón y Calles en aparente y amistoso acuerdo de repartirse el poder, alternándose en la silla presidencial en flagrante violación a los principales objetivos de la revolución, el sufragio efectivo y la no reelección.
La muerte de Obregón dejó al país en manos de Calles, quien se erigió en jefe máximo de la revolución con poder suficiente para gobernarlo a través de presidentes títeres, situación que prevaleció hasta su expulsión del país por el Presidente Cárdenas, quien pese a haber recibido el poder por la influencia de Calles, no quiso ser un títere más del jefe máximo.
En este triste capítulo de la historia nacional, refulge la figura de un hombre extraordinario: José Vasconcelos. Revolucionario de los pioneros, ministro de Madero, abogado, filósofo y educador, quiso reencausar la revolución por el camino de la justicia, de la libertad, de la ley de la virtud y de la independencia del país ante la injerencia del extranjero.
Ante el sojuzgamiento y pisoteo constante de la ciudad de los sicarios y los esbirros del procónsul norteamericano, Mr Morrow, a través de su alter ego, Calles, Vasconcelos supo despertar la adormilada conciencia nacional, abanderando al pueblo en una cruzada de regeneración del país mediante el ejercicio del sufragio y de la legalidad.
Pero fue despojado de su triunfo electoral por el reciente e implantado partido oficial del gobierno, partido que al igual que en todos los regímenes totalitarios, funciona para ganar las elecciones y soguzgar la democracia y la voluntad de los pueblos.
Con Vasconcelos perdió el pueblo de México su primera oportunidad. En 1929, de tener un régimen fincado en el sufragio respetado, en la igualdad en la equidad y en la justicia.
Hay que hacer notar que el procónsul Mr. Morrow, ordenó a su pupilo Calles la formación de este partido superganador de elecciones, así como lo dice Morrow en sus memorias, y hasta ahora nadie lo ha desmentido.
Este es el origen del Partido Revolucionario, que con diferentes siglas ha venido constantemente aplastando la voluntad del pueblo de México.
Ante el evidente fracaso político, social, económico y moral de una revolución desviada, el pueblo de México tendrá que seguir luchando por que los principios del sufragio efectivo, la no reelección, la propiedad de la tierra y la separación y contrapeso de los poderes para abatir la prepotencia el absolutismo del poder ejecutivo sea la norma del funcionamiento constitucional de nuestro país.
Es una burla a más de un millón de muertos el que una prepotente oligarquía sea juez y parte en los procesos electorales, amenazando al campesino con quitarle la parcela, al burócrata con dejarlo sin empleo, al obrero con aplicarle la cláusula de exclusión, si no concurren a los acarreos de ciudadanos en apoyo a los candidatos de la imposición gubernamental pseudorrevolucionaria.
Es inmoral ilegal o inicuo que se gasten los dineros del pueblo en ostentosas campañas políticas en favor del partido oficial, porque el dinero viene de los impuestos pagados por todos los ciudadanos que pertenecen a todas las corrientes políticas, no sólo a las del partido del Gobierno.
La corrupción manifestada en el despilfarro de los dineros del pueblo, en empresas gubernamentales desorganizadas y perdidosas, manifestada también en billonarios inflacionarios y deficitarios presupuestos gubernamentales que empobrecen cada día más al pueblo, que se debate en la escasez, en la carestía, en la inflación y en el desempleo.
Mientras no impere en México la legalidad, la equidad y la imparcialidad, la libertad sindical, la tierra en propiedad, la participación de todos los mexicanos en la decisión de nuestros destinos, la separación y contrapeso de los poderes en el ámbito federal, estatal y municipal, es inútil lanzarlos a una revolución traicionada y desviada hacia la senda de los particulares intereses de los logreros que medran a su sombra. Un país con la mayor deuda en el mundo, saqueado, en quiebra y mal administrado por sus malos hijos, es la prueba irrefutable y por desgracia dolorosa del pisoteo de los principios e ideales de los que murieron por un México mejor. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Crescencio Morales Orozco.
El C. Crescencio Morales Orozco: Señor Presidente:
"Honorable Asamblea:
El próximo sábado se cumplen 72 años de haberse iniciado la revolución mexicana, realizada por nuestro pueblo para acceder a mejores condiciones de vida, para lograr una patria cabal y definitivamente independiente y para ampliar y fortalecer la vida democrática.
La Revolución de 1910 constituye para nosotros, la tercera gran revolución nacional, después de la independencia y la de la reforma.
Cada movimiento revolucionario, dentro de su ciclo histórico concreto, es un proceso dialéctico que se renueva sin cesar: cumplidas unas metas surgen otras nuevas; las que una vez logradas, plantean otras de carácter más avanzado y así sucesivamente. Por lo que hace al análisis histórico de la Revolución Mexicana, se concluye que este movimiento social ha trazado la vía para que nuestro pueblo transite hacia estadios superiores de su desarrollo: democracia nacional, democracia popular y régimen socialista. La experiencia histórica demuestra que para que el pueblo inicie un nuevo ciclo histórico no se puede hacer tabla rasa del pasado y que requiere desarrollar toda la herencia válida que el pueblo mexicano ha creado en sus combates.
El maestro Vicente Lombardo Toledano, caracterizó a la Revolución Mexicana en estos términos: "puede considerarse como el primer gran movimiento popular del siglo XX contra el sistema esclavista y feudal, a la vez que contra la explotación sin restricciones de las riquezas nacionales propias por los extranjeros..." "...fue una revolución democrática - burguesa, antifeudal y antiimperialista conducida por los elementos más representativos de la burguesía urbana y rural sin acceso al gobierno de la nación".
En 1910 los rasgos predominantes en el contexto económico, político y social de México, eran los siguientes:
1) La gran concentración de la tierra en pocas manos que propiciaba relaciones sociales de producción cercanas a la esclavitud y a la servidumbre, las cuales obstaculizaban el desarrollo de las fuerzas productivas, impedían la estructuración de un verdadero mercado nacional y asfixiaba a los pequeños y medianos propietarios, así como a los de mentalidad moderna.
2) El dominio sobre nuestro país de los monopolios e inversiones extranjeras que deformaban nuestro desarrollo económico nacional, descapitalizando al país de una manera permanente, convirtiéndolo en un explotador de materias primas en bruto, desplazando a la burguesía nacional de las principales actividades económicas y explotando de una manera inicua a la clase obrera, a quien le imponían jornadas inhumanas de trabado y le pagaban salarios de hambre.
3) Una dictadura que ahogaba las libertades fundamentales, impedía la organización de partidos políticos, burlaba al pueblo en las elecciones y negaba los derechos esenciales de la clase obrera y campesina, desconocía la autonomía de los municipios y centralizaba el poder en manos del presidente y de un breve grupo adicto a él.
La Revolución Mexicana se realiza en un país semicolonial vecino de la potencia imperialista más poderosa de la tierra y cuando el sistema capitalista era el dominante en el mundo. En estas condiciones internacionales fue un movimiento político - social que se propuso destruir la estructura económica y social existente y modificar las relaciones políticas.
La dirección del movimiento no pudo corresponder a la clase obrera ni a sus dirigentes, sin embargo, distintas reclamaciones sobre los derechos de los trabajadores de la ciudad y del campo tuvieron una decisiva influencia en el proceso. La conducción hubo de estar en manos de una burguesía heterogénea compuesta por representantes de los terratenientes y ganaderos modernos, por agricultores medianos y por intelectuales de ideas anarcosindicalistas. Estas clases tenían como principal enemigo a la clase de los latifundistas y a la burguesía ligada a los monopolios extranjeros.
La composición heterogénia en la conducción de la Revolución es la principal fuente de las contradicciones, las vacilaciones y los progresos que se suscitaron tanto en la etapa armada como después de la promulgación de la Constitución de 1917. Los dirigentes que prevalecieron al final estaban muy lejos del
Liberalismo clásico del siglo XIX, ya que proclamaban al Estado como el órgano rector del desarrollo económico nacional y concebían a la propiedad como el ejercicio de una función social reconocida y limitada por el estado, acorde con el interés público.
La Revolución Mexicana se propuso los siguientes objetivos:
1) La independencia económica de la nación respecto del exterior;
2) La elevación del nivel de vida de las masas populares; y
3) El establecimiento de un régimen democrático.
Para fundamentar la lucha por estas metas, el movimiento social ha ido desarrollando una doctrina nacionalista para reivindicar la propiedad de la riqueza y las actividades que han estado bajo el dominio de los grandes monopolios internacionales y de la propia burguesía interna. También implantó normas para que los obreros tuvieran acceso a la vivienda, a la educación, la cultura, la sanidad. Estableció un conjunto de garantías sociales y derechos políticos, entre ellos la legitimación de los partidos políticos y el funcionamiento autónomo de las entidades federativas y del municipio.
En el transcurso de su obra constructiva la Revolución, al liquidar el régimen latifundista, destruyó a una clase, la de los terratenientes. Impulsó el desarrollo de la infraestructura física (carreteras, vías férreas, puertos, etcétera) como condición indispensable para el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Estableció un sistema nacional de crédito y bancario en donde aparece como regulador el banco de México. Estructuró un sistema educativo basado en el Artículo Tercero Constitucional en el que existen distintos niveles y grados, desde la escuela primaria hasta la superior universitaria y técnica.
La principal conquista de la Revolución ha sido el surgimiento y consolidación del sector público de la economía, cuya presencia en la vida de la nación ha sido importante factor de resistencia, tanto frente al imperialismo como a los embates de la burguesía reaccionaria.
Un importante factor del avance histórico ha sido la política de nacionalizaciones, misma que ha reivindicado para la nación los recursos naturales fundamentales para el desarrollo. En el trayecto de la Revolución Mexicana el país ha experimentado transformaciones sustanciales, las cuales han permitido el tránsito de la nación de su condición agrario - minero, a agrario - industrial y a industrial - agrario en el presente.
El ritmo histórico de la revolución ha sido de naturaleza contradictoria y zigzagueante, aunque su saldo debe considerarse como positivo. En efecto, el crecimiento de la producción material ha superado al crecimiento demográfico, pero esto no ha redundado en una justa distribución de la riqueza. Aunque la inversión del Estado ha crecido a un ritmo superior que el de la inversión privada nacional y foránea, los capitales extranjeros controlan ramas productivas vitales como la de alimentos y la químico - farmacéutica, y las filiales de los monopolios imperialistas determinan muchos aspectos de nuestro desarrollo industrial y agrícola. A pesar de que ha aumentado el financiamiento autónomo para la inversión del Estado, ejercemos una deuda pública externa considerable que preocupa a las fuerzas democráticas y revolucionarias del país.
Muchos aspectos de la política económica estatal han sido negativos porque han favorecido a una minoría contra los intereses de la mayoría y al otorgar un conjunto de subsidios cuantiosos a las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, se ha estimulado el desarrollo de la vía capitalista dependiente.
Se han expedido certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera que encubren la protección a grandes latifundistas, contrariando el espíritu del artículo 27 Constitucional y a los principios fundamentales de la Reforma Agraria, lo que ha alentado las relaciones capitalistas en el campo.
No obstante los esfuerzos que se han hecho para divercificar el comercio exterior, todavía, en un alto grado, se mantiene una situación de dependencia con respecto al imperialismo norteamericano.
A pesar de que se han dictado medidas para impedir la penetración del capital imperialista en la economía nacional, esta penetración continúa asumiendo distintas modalidades y es motivo de alarma para las fuerzas democráticas y revolucionarias.
Se han efectuado reformas contrarias a la Constitución de la República y a los principios originarios de la Revolución de los Artículos 3o. y 27, que se han convertido en verdaderas concesiones a la burguesía reaccionaria, al clero político y al imperialismo.
El grado de desarrollo alcanzado por nuestro país en las últimas décadas ha producido una progresiva diferenciación de las clases sociales y, por lo tanto una mayor precisión en las luchas, tanto de la burguesía como de la clase obrera.
En esta etapa la Revolución se desarrolla en condiciones internacionales más favorables, en virtud de que ahora existe un mundo socialista, en ascenso constante, se han producido grandes triunfos de los movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina y la clase obrera de los países capitalistas ha obtenido importantes conquistas económicas y políticas.
En lo interno, es evidente que las fuerzas progresivas y revolucionarias constituyen la mayoría de la nación, que la clase obrera adquiere una más clara conciencia de su responsabilidad política e histórica, y que se han fortalecido los agrupamientos de los partidarios del socialismo, entre los cuales destacadamente se encuentra el Partido Popular Socialista.
En estas condiciones es imperativo revisar y superar los aspectos negativos, antinacionales y antipopulares que han surgido como desviaciones del camino de la Revolución y tratar de ubicarla en una vía de superación
constante, a efecto de que, sobre la base de su obra positiva, se puedan plantear otros transformaciones más profundas que en el momento histórico adecuado hagan pasar a la revolución democrática - burguesa hacia la antesala del régimen socialista.
El verdadero progreso del país se mide no sólo por el desarrollo de sus fuerzas productivas y por el incremento cuantitativo de la producción material, sino sobre todo por el grado de bienestar material y espiritual que han alcanzado las masas populares, por la autonomía nacional conquistada con respecto al imperialismo y por el desarrollo efectivo del sistema político.
Los dos problemas centrales que enfrenta hoy la Revolución son: una peligrosa acentuación en la desigualdad de la distribución de la riqueza y al mantenimiento de un nivel inconveniente de dependencia comercial, tecnológica y financiera con respecto al mercado norteamericano y a las instituciones financieras que controlan los Estados Unidos.
Otra cuestión fundamental que encara la Revolución es la de la democracia, a la que concebimos no como un simple funcionamiento electoral, sino como la participación creciente de los obreros y otras capas populares de todos los órganos de dirección económica y política del Estado que repercuta en el constante mejoramiento del nivel de vida económico, social y cultural del pueblo.
El otro reto al que se enfrenta la Revolución es la de la presencia, en el interior del Estado y de sus empresas, de elementos representativos de la burguesía reaccionaria y de otros individuos que al enriquecerse han perdido todo interés y disposición de avanzar en el cumplimiento del programa contenido en la Constitución de 1917 y que requieren ser expulsados del seno de los cargos que ocupan actualmente.
Se requiere que los cambios progresistas ya hechos realidad sean irreversibles y de que, en función de ellos, se avance en la construcción de la industria de bienes de capital, en la planificación de la producción agrícola, en la nacionalización de las industrias alimentaria y químico - farmacéutica y en continuar adelante una política agresiva, activa en las relaciones internacionales, que sea fiel expresión de los sentimientos emancipadores y solidarios de nuestro pueblo.
Por la composición de la burguesía estatal, por sus naturales limitaciones y por su política contradictoria, no puede corresponder a esta clase social la dirección política de la Revolución para llevarla hasta sus últimas consecuencias, ni para transitar de la democracia nacional a la democracia popular; sino que esa conducción corresponde históricamente a la clase obrera, dirigida por su partido, que sí está interesado en efectuar profundas trasformaciones en la estructura socioeconómica y en el sistema político de nuestro país.
La Revolución primero fue conducida por caudillos militares, muchos de los cuales procedían de la burguesía rural, y después del tránsito de la institucionalización del poder político revolucionario, éste pasó a un sector de la burguesía nacional que identificó, así sea parcialmente, sus intereses con los del pueblo y por lo tanto asumió el carácter de una burguesía nacionalista, progresista y antiimperialista que desempeñó un papel relevante en la construcción del México moderno. En el transcurso del tiempo esa burguesía ha ido precisando sus intereses de clase, fortaleciendo su conciencia como clase dominante y en esa medida diferenciándose y separándose cada vez más con los intereses económicos y sociales de la burguesía reaccionaria, por lo que ha deformado la política del sector estatal de la economía. Un importante sector de esa burguesía aún conserva, con titubeos y vacilaciones, sus características de nacionalista, progresista y antiimperialista.
A siete décadas de iniciada la Revolución, el principal enemigo continúa siendo el imperialismo norteamericano y sus aliados, la gran burguesía reaccionaria, y los elementos del gobierno que por razones de clase le son adictos.
En nuestra época se han registrado distintos cambios positivos que son favorables para la consecución de los propósitos de la Revolución. En primer lugar la clase obrera se ha fortalecido cuantitativamente, las principales centrales y organizaciones sindicales hacen proposiciones avanzadas para resolver los problemas del pueblo y de la nación, se ha incrementado la conciencia antiimperialista y la mayoría de los partidos progresistas tienen coincidencias básicas en torno a un conjunto de cuestiones nacionales y populares.
Por ello hoy es más factible la línea estratégica y táctica del frente nacional democrático y antiimperialista que preconiza nuestro partido, el Partido Popular socialista.
La Revolución se propuso forjar un régimen político - democrático, pero no estrictamente limitado a las normas de la democracia capitalista; la actual democracia burguesa ha sido sólo un paso dentro del proceso de la Revolución que puede transformarse en una democracia de tipo superior, cada vez más profundo, hasta llegar a la democracia socialista; esto de ninguna manera se expresa en términos de una evolución mecánica, sino como el fruto de la lucha de clases bajo la conducción acertada del partido de la clase obrera, y pueden darse solamente en un país como el nuestro, cuyo estado no ha devenido de manera definitiva en el instrumento de una sola clase social para imponer sus intereses a la sociedad en su conjunto.
Esta transición dialéctica al socialismo parte de las siguientes premisas: el pueblo mexicano se ha desenvuelto en el marco de grandes ciclos históricos, ante los cuales no puede haber divisiones arbitrarias, los cambios históricos nunca han sido espontáneos, sino el resultado de la acumulación de múltiples contradicciones que estallan en un momento determinado de tal manera que la obra válida de la Revolución Mexicana, es positiva,
en tanto siga enriqueciéndose, tiene que ser necesariamente la base real y objetiva de las transformaciones futuras de la sociedad mexicana; todo ello en función de un marco internacional que es en su esencia favorable.
El régimen de democracia nacional es un gobierno en el cual participan todas las fuerzas democráticas y revolucionarias que aplican un programa democrático y antiimperialista, bajo la dirección política de la burguesía nacionalista.
La democracia nacional no es la democracia socialista, pero tampoco la democracia burguesa tradicional: no se apoya en el principio de la libre empresa, ni en la ficción de los derecho políticos formales e individualistas; por el contrario, el Estado crea un fuerte sector económico que reemplaza a la iniciativa privada en los aspectos fundamentales del desarrollo; tampoco se apoya en el parlamentarismo típicamente burgués, sino que tiende a asociar al poder a las fuerzas vitales de la nación, tales como las organizaciones de trabajadores y campesinos, los partidos políticos progresistas y marxistas y los movimientos de las mujeres y de la juventud.
Ante los problemas internacionales, el régimen de democracia nacional, al mismo tiempo que constituye una fuerza opositora contra todas las formas de dominación neocolonialista, pugna por una más completa independencia económica y política de la nación.
El régimen de democracia del pueblo fue concebido por el maestro Vicente Lombardo Toledano, en los siguientes términos:
"Un gobierno integrado por obreros, burgueses y pequeño burgueses de la ciudad y del campo, que sea insobornable por la reacción y por el imperialismo, bajo la dirección de la clase obrera."
"¿Qué diferencia habría entre la democracia nacional, el régimen de unidad democrática y la democracia del pueblo? ¿Por qué sería ésta más democrática aún, más avanzada que la otra? La diferencia consistiría en que en el proceso de la democracia nacional, formado y fortalecido el partido único de la clase obrera, aumentada su autoridad ante el pueblo por su labor tenaz, inteligente, revolucionaria y creadora, lo mismo que ante las clases y sectores democráticos y patrióticos integrados por la pequeña burguesía y la burguesía nacional, el partido de la clase obrera ocuparía de un modo natural el sitio de mayor responsabilidad en la dirección del estado y desde él, con el apoyo de otros partidos y organizaciones democráticas y progresistas, podría imponer la hegemonía política de ese conjunto de fuerzas a las clases y sectores antidemocráticos y antipatrióticos del país, de tener al imperialismo y alcanzar los objetivos de la nueva etapa histórica."
"La democracia del pueblo - decía decía el maestro Lombardo - ,sería el tercer tiempo del desarrollo político de México, después de la democracia burguesa y la democracia del frente nacional democrático y patriótico, y la puerta de entrada hacia el socialismo."
En el régimen de democracia popular ya no tiene la dirección política del Estado la burguesía nacional, sino el partido de la clase obrera. Por tanto, la democracia del pueblo es la modalidad que asume en México la dictadura del proletariado.
Premisas para avanzar al socialismo
El propio maestro Vicente Lombardo Toledano planteó la existencia de varias premisas básicas para transitar exitosamente por la vía mexicana al socialismo enfatizando en que, de observarse, la transición al socialismo podría darse con ausencia de guerra civil o de insurrección armada.
"El tránsito de un régimen democrático a otro más avanzado como todos los cambios que ocurren en el seno de la vida social, no se producen por la evolución mecánica de las instituciones , sin la intervención del hombre, sin la lucha de clases en todos los frentes del combate, sino al contrario, como resultado de esa lucha. Por esa causa, la transformación de un sistema en otro dependerá, fundamentalmente, del partido de la clase obrera, de la eficiencia de su línea estratégica y táctica, de su capacidad para dirigir a las masas trabajadoras y para impulsar a los sectores de la pequeña burguesía nacional a la acción común para el logro
de metas comunes."
"En la medida en que el partido del proletariado practique con éxito su política de clase, sin confundirse con los otros partidos; pero sabiendo hacerlos sus aliados, podrá acelerar el advenimiento de regímenes más progresistas. Pero sin un partido de la clase obrera, de un verdadero partido comunista sabio, inteligente, audaz, arraigado en el pueblo y con los pies sobre la tierra de México, con todo lo que esto significa desde el punto de vista histórico y en la época en que vivimos, sería utópico esperar milagros, como el de que la pequeña burguesía o la burguesía nacional, como clases sociales se decidieran, excluyendo a la clase obrera, a establecer la democracia popular, antesala del socialismo y a continuar el régimen socialista."
Honorable asamblea: Esta es la caracterización de la Revolución Mexicana; este es el balance que nuestro organismo político realiza, del primer movimiento social del siglo 20 en el mundo, estas son las perspectivas para que se logre un mayor impulso de la Revolución mexicana; nada se logrará, estamos convencidos, negando la vigencia de la Revolución Mexicana, poco se aportará al estudio responsable de nuestra realidad cuando se hace apología exagerada de ella.
Los avances más importantes del pueblo y la nación se han logrado bajo la vigencia de la Revolución de 1910. Nadie podría negar, a menos que se trate de los impugnadores permanentes de nuestro movimiento social, que la nacionalización del petróleo, la nacionalización de la industria eléctrica y la reciente de la banca privada constituyan jalones importantes que permitirían llevar a nuestro
pueblo hacia etapas superiores, de plena independencia, democracia y justicia social.
El C. Presidente: Tiene la palabra la C. Hilda Luisa Valdemar Lima.
El C. Carlos Chavira: Moción de orden, señor Presidente. Yo fui el único que solicité la palabra, y tengo el derecho de hacer uso de la tribuna, como lo establece el Reglamento, y no cuando usted lo desee.
El C. Presidente: Diputado Carlos Chavira, está usted listado, después de la ciudadana diputada le corresponde a usted el turno.
- La C. Hilda Luisa Valdemar Lima: históricamente, pocas conmemoraciones de la Revolución Mexicana tienen la importancia de ésta porque los postulados sociales iniciados por el movimiento armado de 1918 tienen hoy más vigencia que nunca.
Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados, señoras y señores: ocupar esta tribuna, la de más alta significación en la expresión política de la vida ciudadana, democrática y libre de nuestra patria es una responsabilidad cuya dimensión me hace sentir privilegiada, más aún cuando mi voz se vuelve homenaje a nuestro movimiento de 1919, a cuanto a logrado en bien de nuestro pueblo y a los hombres, grandes hombres de México, que han hecho y hacen posible su victorioso avance hacia la democracia y la justicia social, base inconmovible del progreso de nuestro pueblo y de la grandeza de México.
Las tinieblas cívicas en que la dictadura porfiriana sumió a nuestro país, la injusticia y la opresión moral, el terror y el crimen que fueron estrategia permanente durante los amargos 30 años de aparente paz y de ignominia, tuvieron que engendrar la reacción humana de la rebeldía en busca de la libertad, en la que el pueblo resumiera su eterno derecho a la democracia para crear el camino de su desarrollo político, ejercer su autonomía como nación y reencontrar su destino en la conquista de la justicia social, cuya lucha principió en Dolores, se afirmó en Apatzingán, se hizo fe republicana en la constancia combativa de Guerrero, se volvió heroica en el Chapultepec del 47 y se hizo estelar y gloriosa en la Puebla del 5 de mayo del 62, para sustentar en el corazón del hombre y en el alma del pueblo la riqueza moral de dignidad patriótica que fue programa definitivo en la reforma y norma, verdad, voluntad y firmeza en el gigante Juárez, que restaura para siempre la República y el derecho.
Encendida su mente en esa luz, alentado con esa fuerza, al iniciarse este siglo que había de ser decisivo para nuestro destino histórico, Ricardo Flores Magón crea su periódico Regeneración, que lleva al pueblo su rebeldía innata, entregada a la constitución de una ideología revolucionaria, que suprimía los desequilibrios y las desigualdades existentes en una sociedad establecida a base de las diferencias entre los privilegios de unos cuantos y el analfabetismo, el hambre y la desesperación de las mayorías.
Con ese afán crea el "Club Liberal Ponciano Arriaga", antecedentes del Partido Liberal Mexicano del que surge la unión liberal Humanidad, gestora de la epopeya obrera de Cananea y del Círculo de Obreros Libres, que hace estallar la huelga de 1907 en Río Blanco, ambas primigenias luchas de trabajadores cuyo sacrificio señala el camino de la redención; se crea también la Casa del Obrero Mundial que enseño al proletariado mexicano la ruta de la organización obrera y de la lucha social.
De la morena tierra del Sur nace Zapata, que sembró con sus manos potentes el surco y al conjuro de su voluntad la semilla se hizo fruto al grito de Tierra y Libertad, que brotó de su ansiedad y justicia para llenar los horizontes y hermanos campesinos en la demanda inacabable de justicia que floreció en nuestra revolución agraria; proceso ineludible en nuestra conciencia y en nuestra tarea de llevarlo hasta su realización total.
El dictador, ensoberbecido, desprecio las protestas del pueblo y traicionándose a sí mismo preparaba una reelección más para 1910, pero surge Madero, el predestinado apóstol de la democracia mexicana, despierta la conciencia nacional, sacude la voluntad ciudadana y abre la esperanza redentora.
Postulado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Antireeleccionista, recorre el país con su bandera de sufragio efectivo, no reelección y afronta con toda dignidad la campaña electoral.
En Puebla, permítanme la cita, gritó Aquiles Serdán: ¡No permanezcáis más de rodillas!, e hizo que el pueblo se levantara enhiesto y participara decidido en la lucha por el triunfo de Madero.
Sin embargo, los secuaces del tirano lo declaran triunfante. Madero, preso durante la jornada electoral, se fuga y lanza el histórico Plan de San Luis, convocando al pueblo para la lucha armada, derrocar al autócrata y crear la cívica posibilidad para que el pueblo elija a sus gobernantes y marque el rumbo político que asegure su libertad y su derecho a la democracia y a la justicia social.
El 18 de noviembre, en la casa de los Serdán en Puebla, estalla la contienda que produjo en ellos y en sus compañeros los primeros mártires. El 20, todo el país se enciende en ardor bélico, tan decidido y valiente, que bastaron 6 meses de lucha para el viejo caudillo de Tuxtepec, obedeciendo los tratados de Cuidad Juárez, el 21 de mayo de 1911, que pusieron aparente fin a la guerra, renuncie a la Presidencia, y se vaya a Francia a morir con sus recuerdos, en París.
Fue un triunfo indiscutible y magnífico del Sufragio Efectivo y la No Reelección, la exaltación al poder de Francisco I. Madero, a quien traicionó ignominiosamente Victoriano Huerta, asesinándolo el 22 de noviembre de 1913, para usurpar la Presidencia de la República.
Don Venustiano Carranza proclama el desconocimiento de Huerta, y levanta al pueblo en armas conforme al Plan de Guadalupe, que se propone restaurar el orden constitucional.
Miles de campesinos abandonaron el surco para empuñar las armas; miles de obreros dejaron el taller para lanzarse a la lucha. Son inolvidables los batallones rojos que organizó la Casa del Obrero Mundial. También fueron miles los estudiantes que cambiaron los libros por el fusil. Con ellos, campesinos, obreros, empleados o profesionistas, la mujer mexicana que dio vida a la heroica soldadera se fundió en uno sólo y potente ejército, que con la fuerza del pueblo, la bravura indómita del pueblo, ganó la Revolución.
Carranza asume el poder ejecutivo, convoca a un Congreso Constituyente, y el 5 de febrero 1917 proclama la nueva Carta Magna, primera en el mundo que consagra las garantías sociales y que eleva a categoría de ley suprema las aspiraciones del pueblo, que la Revolución quiso expresar como demandas fundamentales y que la Constitución institucionalizó y le dio plena vigencia de derechos.
Después de Carranza, surgen los regímenes revolucionarios, que van cristalizando en hechos de superación nacional las grandes tareas que exige nuestro programa como nación y como pueblo; mas la transformación social no es tarea que sólo obligue a los gobernantes, es esencialmente tarea del pueblo, que por él mismo debe encontrar y realizar los modos y medios de organizar esa su participación para que sea efectiva.
El desarrollo de las organizaciones de campesinos, de obreros y de trabajadores todos, fue fundamental para el avance de la justicia social que es la razón de ser de la lucha de clases. De los sacrificios de Cananea y Río Blanco provienen las demandas obreras que se hacen oír en el Constituyente, dio origen al Artículo 123 que legitimó la lucha del trabajador por su bienestar, del mismo modo que el reclamo zapatista, adquiere posibilidad de realización en el Artículo 27.
Van surgiendo sindicatos de trabajadores por todo el país, ahora con el amparo de la Ley y cuya acción va determinando la relación entre ellos para adquirir mayor capacidad de lucha. En mayo de 1918 surge la Confederación Regional Obrera Mexicana. En 1921, durante el congreso realizado en el salón de actos del Museo Nacional, nace la Confederación General de Trabajadores.
Lázaro Cárdenas asume la responsabilidad total de un gobierno eminentemente obrerista y agrarista y afirma así, su vocación revolucionaria.
El comité Nacional de Defensa Proletaria, convocó a un congreso realizado en febrero de 1936 del que surge la Confederación de Trabajadores de México, como fruto de una actitud consciente de los obreros, que se esforzaba por participar activamente en la configuración de un país de cuyas estructuras políticas y económicas no podía marginarse y las cuales no desaparecen por el simple hecho de que fueran rechazadas. El nuevo organismo se inserta en el movimiento político y desde él, lanza sus planteamientos de transformación. La realidad histórica de nuestro desarrollo demuestra que las decisiones que lo han impulsado, no sólo se han debido a la acción política, sino han sido determinadas también por la acción social de los obreros y de los campesinos que al plantear sus demandas y conseguir su satisfacción, hacen avanzar la justicia social, fortalecen al régimen político que también lucha por esa justicia social, de la interacción surgen las grandes conquistas como la tierra por los campesinos, la educación para el pueblo, la seguridad social, la vivienda popular, la expropiación petrolera y de la industria eléctrica, y la constitucional nacionalización de la banca. Por esta misma interacción se fortalece la solidaridad nacional y se consolida la democracia, razón de ser de la transformación del partido del pueblo, de nuestro Partido Revolucionario Institucional originado en el Nacional Revolucionario, que logró la unidad de la Revolución actuante en la transformación social. Convertido más tarde en el Partido de la Revolución Mexicana para afirmar la doctrina que le sustenta. Institucionalizadas ya la Constitución política y por leyes que de ella emanan, la lucha revolucionaria nuestro partido también le da con su nombre actual, significación institucional al proceso revolucionario; esencial en este proceso es la reforma política que ha hecho que el ejercicio del derecho a votar abarque cada vez a mayor número de mexicanos, que todos independientemente de su ideología tengan derecho a participar en las grandes decisiones nacionales que la tarea de gobernar significa.
Compañeros diputados, en nuestro momento los trabajadores cetemistas comprometemos nuestro esfuerzo para consolidar la unidad de clase como instrumento promotor del cambio social, porque hoy los factores de dominación de los propietarios de los bienes de producción no se reducen a las máquinas o al capital, sino que abarcan a la cultura, a la ideología, al sistema educativo y al proceso económico, todo lo cual reproduce las desigualdades y tienden a acrecentar los privilegios de grupos minoritarios. De ahí la necesidad de que la táctica del sindicalismo revolucionario, que es lucha de clases, se manifieste en todos los aspectos de la vida social, porque sólo así estará en aptitud de transformar la realidad en que se desarrolla la vida de los trabajadores. Así la unidad de clases es la capacidad de respuesta ante los problemas inmediatos que se presentan para alcanzar niveles de vida decorosos, para sustituir las injusticias y desigualdades que le agobian, por otras que le permitan la realización plena del individuo como tal y como ser social, que nuestro partido y otras fuerzas sociales coincidentes, se sumen a la lucha de los trabajadores e impulsan como ellos las metas de la revolución. Desarrollar el proyecto de la clase trabajadora para la reforma económica del país como elemento de una estrategia de reforma global, tendiente
a la transformación integral de las estructuras. La necesidad de que se aplique un plan económico, basado en la justa distribución del ingreso nacional. La restitución del poder de la compra, la ampliación del área social de la economía y el fortalecimiento del Estado como rector de la economía del país.
Es incongruente que el sector económicamente poderoso del país pida una nueva política salarial, y en cambio no esté dispuesto a renunciar a ninguno de sus privilegios.
En este momento estelar y de crisis, José López Portillo, toma medidas que lastiman a una minoría, lo cual confirma que está atendiendo a las mayorías. Un presidente que atiende a las mayorías, es un presidente revolucionario, porque la revolución la hicieron ellos.
Compañeros diputados, las revoluciones no son viejas ni son jóvenes; las revoluciones no tienen edad, tienen vigencia, por eso, el Presidente Electo de México, Miguel de la Madrid Hurtado, ha dicho: "El proyecto de nuestra Revolución se ha mantenido vigente y válido, precisamente porque le planteó a México, desde 1910, un proyecto de transformación constante de la sociedad; sólo las sociedades que son capaces de renovarse permanentemente siguen vivas; cuando la sociedad se anquilosa, cuando la sociedad se vuelve conformista, la sociedad se enferma o se muere, pero la sociedad mexicana es, sigue siendo revolucionaria y está dispuesta a seguir transformando la realidad para hacer en la práctica vigente los valores de nuestra revolución". Gracias. (Aplausos.)
PROPUESTA SOBRE TRATADOS
DEL RÍO BRAVO
- EL C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Carlos Chavira.
El C. Carlos Chavira Becerra: Señor Presidente, compañeros diputados: vamos haciendo un paréntesis en este canto de inicios a la Revolución que en resumidas cuentas resultó la más grande de las guerras floridas, como aquellas que organizaban los aztecas para llevar prisioneros que ofrendar en aras del dios Huitzilopochtli.
Vamos realizando el debate de las cosas que nos interesan. Me parece - no estoy seguro, pero aquí en esta Asamblea hay muchos hombres cultos que me pueden rectificar - me parece, digo, que fue Tácito el que dijo que no hay espectáculo más digno de ser contemplado por los dioses que la dura lucha del hombre contra un adverso destino. Y ese espectáculo grandioso, digno de ser contemplado por los dioses, se está desarrollando desde 300 años en mi estado de Chihuahua, porque hemos sido vilipendiados y robados y explotados por la Federación.
Se han llevado de mi pueblo y de mi estado las riquezas minerales sin que quede nada, más que una generación de hombres enfermos de silicosis y agujeros en los cerros. Yo he visto con tristeza y con amargura, en Santa Eulalia, en San Francisco del Oro, en Santo Domingo, en San Antonio el Bravo, en Aica, he visto la tristeza de ese protagonista que es el que lucha con más denuedo para sacar, para cumplir con la sentencia bíblica de ganarse el pan con el sudor de su frente: el minero que penetra a los socavones a tragar tierra, lejos del sol y del viento y del paisaje, y su vida es una noche tenebrosamente oscura siempre, y sale a tragar tierra cuando sube a la superficie porque no hay pavimento.
En esos lugares no hay más que una sola escuela, la escuela que da la compañía; no hay más que una agua potable, la llave pública colocada en el centro del pueblo; no hay más que una luz eléctrica, la luz que proporciona la compañía, y en un coto cerrado, en una especie de potrero, es el único lugar, la única zona saneada del pueblo donde abundan las frondas de los árboles y las rosadelas, es la zona donde viven los gerentes de la compañía y los empleados de la misma. Y allá abajo del cerro, entre la tierra, entre la mugre, entregados a quién sabe qué autoridades, que solamente se preocupan por multiplicar los prostíbulos y las cantinas, porque son los únicos recursos que les deja la Federación, ahí yace nuestro pueblo de México.
En ocación pasada, denuncié desde esta misma tribuna, la forma criminal como se están talando los bosques de mi Estado, por una compañía paraestatal, pero lo que no soportamos es que se nos prive del agua, porque la necesitamos con angustia. Por que como dijo Humboldt de Chihuahua, es un estado que algún día desaparecerá en forma de desierto por falta de mantos acuíferos.
Pero no ha sido la naturaleza la que nos está privando del agua sino la mala acción de los hombres, que hablan del patriotismo y traicionan a la patria. Y va de historia porque aunque parezca cuento no lo es, la historia empieza con lo que los mexicanos llamaron la guerra chiquita, la guerra de Texas, y la llamaron chiquita porque bastaron dieciocho minutos a los 800 colonos comandados por Austin para derrotar a las ocho mil fuerzas mexicanas que comandaba sur Alteza Serenísima, don Antonio López de Santa Ana.
Con la guerra de Texas perdimos el Río Nueces y perdimos algunos de los mantos que alimentaban a nuestro padre nutricio, que es el Río Bravo del norte. Después vino una guerra grandota, la de 1847 y el Río Bravo quedó en parte como frontera entre México y los Estados Unidos. No en todo el transcurso de la frontera estaba La Mesilla, después vendió en general Santa Ana para pagar los sueldos de los militares, arrebatándole a Chihuahua ese territorio e impidiendo que saliera a defenderlo como lo pretendía el señor gobernador don Ángel Frías. Entonces quedó el Río Bravo como frontera natural entre México y los Estados Unidos.
En los tratados de Guadalupe se establece claramente que el Río Bravo del norte no es
un río internacional, es propiedad de los Estados Unidos Mexicanos, así lo establecen los Tratados que se hicieron posteriores a esa guerra del 47 en que se desgarró, en que se desgarró el mapa grande de la Colonia para parir el mexiquito en que vivimos. Esas fueron las condiciones originales de nuestro Río Bravo.
Vino posteriormente un tratado por el cual los Estados Unidos pidieron a México que el río se mantuviera navegable, que no se hicieran represas y en esa forma continuó a través de algunos años, hasta que hizo el Tratado de 1906. En 1906 los Estados Unidos pidieron permiso a México permiso y México lo concedió, para que se represaran las aguas del Río Bravo en la presa del Elefante, donde se ha creado un gran sistema de riego con aguas mexicanas que nos corresponderían a nosotros, a los chihuahuenses. En esa ocasión, el Presidente de la República mandó preguntarle al presidente municipal de Ciudad Juárez, o al jefe político como se llamaban entonces los presidentes municipales que cuánta agua necesitaban para que le dejaran escurrir aquella agua que era necesaria para el pueblo de Juárez. Y no recuerdo qué cantidad de baldes dijo que necesitaba. Pero el señor gobernador del Estado le pareció que era muy poco lo que pedía y dobló la cantidad. Y pasó el asunto al Congreso del Estado y a los señores diputados del Congreso del Estado les pareció que era poco lo que pedía el gobernador y doblaron la cantidad.
Porque debo decir aquí entre paréntesis, que el federalismo, entre comillas, de don Porfirio Díaz, tenía por lo menos la decencia de contar con el Congreso de Chihuahua y con el gobernador, antes de hacer expropiaciones. Pasó pues este tratado a manos del Presidente de la República y a don Porfirio le pareció que era poco lo que pedía el Congreso del Estado y dobló la cantidad de agua que se pedía. Y pasó en seguida al Congreso Federal, y al Congreso Federal le pareció que era poco el agua que pedía el señor presidente y se dobló la cantidad. Y pasó por último al Senado, a ese cuerpo colegiado a quien alguien a titulado como el cementerio de los elefantes o el cuartel de invierno de los inválidos, y los señores Senadores aprobaron un Tratado doblando la cantidad que había pedido el Congreso.
Eran ruinas mezquinas y faltas de visión las autoridades de entonces, esa fue la razón por la cual los escurrimientos que deja la presa del elefante casi para nada sirven; de tal suerte que el Valle de Juárez alimenta sus cultivos con las aguas negras de la ciudad y con los pozos que hacen en aquel valle pestilente, donde los denodados hombres del norte levantan el algodón strict middling, capaz de competir con el mejor del mundo que se cultiva a las orillas del Nilo en el lejano Egipto.
El siguiente drama fue el de la cuenca del río vacío que a partir de Cuidad Juárez hasta Ojinaga, en el Comedor, en Bosque Bonito, en todas aquellas comunidades agrarias que siembran de temporal a orillas del río que es para los chihuahuenses lo que el Nilo representa para los egipcios.
Y siguiendo yo no se qué política, en los esteros y en los pequeños escurrimientos, los norteamericanos ponen bombas para extraer el agua mientras la Secretaría de Recursos Hidráulicos le niega ese derecho a los mexicanos. Y no me lo han platicado, lo he sentido en carne propia, yo puse una bomba en el río en Lajitas, frente a Terlingua, Texas, y la Secretaría de Recursos Hidráulicos me levantó; nada más que como yo soy muy marrullero hice un pozo a 15 metros, metí, hice un zanjón conectado al pozo para comunicarlo con el río y en seguida lo rellené de piedras para que se filtrara el agua y en esa forma tuve la noria con la cual cultivaba mi algodón.
Esa es la historia hasta ahí todavía tolerable, pero vinieron los Tratados de 1944 mediante los cuales los Estados Unidos están llevándose de Chihuahua el 45% de las aguas que nos corresponden y el Tratado dice que las aguas del Río Bravo, el Río Bravo no existe desde 1900 y seis, en que fue represado, el Río Bravo
no lleva más agua que las del Concho que deposita en su cauce.
Esa fue la sucia moneda con que se pagó la imposición de Manuel Ávila Camacho y lo digo porque conocí los protocolos, porque en la azarosa vida que yo he llevado hubo alguna ocasión en que por unos días fui secretario del general Almazán y estuve en la junta de San Antonio donde se planteó el Tratado de Aguas que 4 años después firmó el gobierno mexicano. No sé si los protocolos hayan cambiado, pero las escrituras originales decían más o menos lo siguiente: "los ríos Colorado, Sacramento, Nueces, etcétera, son ríos Norteaméricanos propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica y luego por otra parte decía: "los ríos Concho, del Parral, Arroyo de las Bacas, etcétera, no son ríos mexicanos, forman parte de una cuenca internacional", un tratado leonino puesto que se utilizan dos pesas y dos medidas diferentes para un mismo caso. A partir de entonces empezamos a sentir los rigores de la sed, y el desarrollo de la agricultura de mi distrito estaba teniendo con el sistema de riego No. 5 que hizo el gobernador general don Ignacio C. Enríquez, porque lo que es la Federación no ha gastado en Chihuahua ni un centavo partido a la mitad. Cuando se planeó y se planificó ese sistema de riego se enseba en regadíos centenares de miles de hectáreas, pero se quedó a la mitad por falta de agua. En seguida se engaño a la gente diciendo que la presa del Granero iba a servir para regar unas cantidades enormes de desierto en los llanos del Chilicote, cosa totalmente falsa porque la presa está a 200 metros abajo de donde están las llanuras del Chilicote. Esa presa se hizo para captar las aguas broncas para poder pagar nuestra cuota con los Estados Unidos, porque el Tratado se hizo a groso modo, se estableció concretamente sobre tantos más cuantos millones de metros cúbicos que están pasando por Fort Pitman, para contabilizarse, pero ni siquiera la descarga se hizo bien, ni siquiera se hizo en forma que no fuera peligrosa para los pueblos ribereños y a la primer corriente que
se soltó destruyó el barrio del Progreso en Ojinaga y tumbó innumerables casas. Y el sistema de riego que se creó para controlar aquellas aguas parece un sistema de juguete, y a pesar de que el gobierno federal puso una partida bastante consistente para que las obras se hicieran bien, intervino como siempre la corrupción. Y el autor de ese desastre, el ingeniero Colocuris, no fue mandado como embajador permanente a las Islas Marías, sino que simplemente se le mandó como jefe de Irrigación al estado de Zacatecas.
La cosa ha ido agravándose más. En la zona sur de mi estado se encontró un depósito muy grande de aguas friáticas, pero se cometió, no hallo la palabra, perdóneme que la diga, porque no encuentro otro adjetivo con que calificarla, se cometió la estupidez de destinar esas aguas a las siembras de algodón, trigo, frijol y maíz, no siguiendo en consejo técnico que desde más de 200 años impera en el mundo, de sembrar plantas perennes, nogaleras, por ejemplo, algo que forme bosque para que evite la evaporación, y que al propio tiempo sirva como una especie de tractor pluviométrico de las lluvias, y así un valle de aguas friáticas, en donde va a durar 50 años con una explotación irracional, bien puede durar 200. Ante este problema el gobierno federal acudió a realizar el sistema de riego del Río Florido en Ciudad Jiménez, pero como no le pudo quitar el agua a los norteamericanos, se los quita a los del Valle Delicias, por lo que equivale quitarle los calzones a Pedro para dárselos a Juan; no resuelve nada.
Esa es la situación que priva en mi Estado. Yo quiero proponer que esa situación se revise, y no estoy hablando, esta proposición la estoy presentando por supuesto, no a nombre propio, sino a los 51 diputados de Acción Nacional, pero al estar hablando en esta tribuna, estoy creyendo interpretar la voz de todos los chihuahuenses de todos los partidos, porque todos estamos embarcados en el mismo barco, y el barco se salva o se hunde para todos. Por eso me permito decir que lo estoy haciendo a nombre de todos los chihuahuenses. Estoy exigiendo que se revise este tratado de aguas, y que se denuncie ante un tribual internacional competente para que quede sin vigencia, o que, de lo contrario, se hagan los arreglos necesarios para que Chihuahua reciba el pago que debe recibir por los daños y perjuicios que este tratado le ha ocasionado. Y con la venia del señor Presidente pido aquí al señor secretario dé lectura a las proposiciones que hago a esta H. Soberanía.
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
PROPOSICIONES
1. Que se revise el tratado de aguas suscrito entre México y Estados Unidos en el año de 1944, y que en caso necesario se suprima la cláusula en la que se niegan los derechos de México sobre los afluentes del Río Bravo del Norte; pues tal parece que los ríos norteamericanos aparecen como propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica, en cambio los afluentes que se originan en México aparecen en dicho tratado como formando parte de una cuenca internacional.
2. Que la Cancillería Mexicana tome cartas en el asunto para denunciar los daños y perjuicios que los tratados de 1906 y 1944 están originando en diversas zonas del estado de Chihuahua a fin de llegar con los Estados Unidos a un acuerdo conciliatorio que puede consistir en las dos siguientes soluciones:
A) Pago en efectivo al valor de los daños ocasionados para estos emolumentos se apliquen a obras de infraestructura económica para el desarrollo y compensación de las zonas perjudicadas.
B) Costeo de las obras del proyecto "Broniman" para revertir en el cauce del Río Conchos las aguas de los ríos que nacidos en la sierra de Chihuahua corren con rumbo de Sonora y Sinaloa, a fin de que con estas aguas se cumpla el tratado y queden completas las del caudal ordinario del río Conchos para el cabal desarrollo del sistema de riego número 5.
3. De no llegarse a un acuerdo conciliatorio, que se denuncien los tratados ante el tribunal internacional que sea competente a fin de que se libere a México por ser injustas las condiciones que dichos tratados establecen.
En virtud de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior de los Estados Unidos Mexicanos; solicito: que las anteriores proposiciones pasen para su estudio y dictamen a las H. Comisiones de Recursos Hidráulicos y Relaciones Exteriores.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 18 de noviembre de 1982.
A nombre de los diputados federales del Partido Acción Nacional, diputado Carlos Chavira Becerra."
El C. Carlos Chavira Becerra: Quiero, además, pedir que la versión taquigráfica de mi intervención sirva para apoyar esta proposición y pido atentamente al señor Presidente que ponga a votación, si se le da el curso que pido, porque estos son los momentos de saber quiénes estamos con México y quiénes están contra México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Túrnese la proposición a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como las palabras del ciudadano diputado Carlos Chavira.
PROPOSICIÓN PARA UN PROGRAMA
DE RESCATE DE LA FRONTERA NORTE
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Samuel Meléndrez Luévano.
El C. Samuel Meléndrez Luévano: Señor Presidente; compañeros diputados.
parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, ha elaborado lo que denominamos un Programa Alternativo de Rescate de la Frontera Norte, que me voy a permitir presentar a ustedes.
"Las condiciones de dependencia y relación desventajosa de nuestro país con los Estados Unidos de Norteamérica, son particularmente graves y conflictivas en la Frontera Norte. Allí aparecen con especial crudeza las manifestaciones de la explotación que los países imperialistas realizan sobre los trabajadores de los países atrasados; allí se expresan también en forma más clara las limitaciones de este Sistema para satisfacer las necesidades de cientos de miles de compatriotas que buscando mejores condiciones de vida, encuentran una pobreza con rasgos del progreso de deshecho; allí el capital norteamericano, visto alguna vez como el salvador de los mexicanos fronterizos, ha depredado aún mas la zona con sus empresas ensambladoras y su sistema comercial que impone patrones de consumo que casi nada tienen que ver con nuestra cultura y nuestras necesidades reales.
La Frontera Norte de México se ha convertido en una zona de integración favorable a Estados Unidos y no en una franja que exprese las relaciones dignas que deberían existir con uno de los países poderosos del mundo. No son relaciones fáciles de establecer, pero nada justifica el largo abandono en que nuestro gobierno dejó a esa extensa y hoy tan poblada región, que llegó a depender casi para todo de la economía norteamericana.
Ahora que México vive una de sus más graves crisis, las consecuencias de esa irresponsabilidad son demasiado claras como para ocultar el problema que quiso soslayarse. El desempleo agudizado expresa el fracaso de las políticas de industrialización que protegieron más a las maquiladoras que la industria nacional; la carestía, la especulación y los altos precios son ahora más graves después de muchos años de abasto insuficiente y de políticas comerciales que acudieron al recurso fácil de la importación en lugar de planificar esfuerzos que hicieran llegar oportunamente los productos mexicanos de consumo necesario. Tras las devaluaciones recientes, son los trabajadores quienes viven las peores consecuencias. Su nivel de vida ha descendido drásticamente, las fuentes de trabajo cierran o amenazan con cerrar sus puertas y el desempleo se agrava, por lo que las maquiladoras chantajean y amenazan con huir si no se les respeta su condición de excepción y privilegio.
Si la crisis nos deteriora crecientemente la vida en el resto del país, en la frontera sus efectos han sido mucho más graves y se agudizarán de continuar la minúscula atención prestada. No hay mejor fundamento para un nuevo programa en favor de la frontera norte, que la urgente necesidad de hacer frente de inmediato a los más graves problemas y sentar las bases para que se integre al país de manera paulatina. La frontera norte requiere una política económica que actualice y articule sus medidas, que la aleje de su grave condición de territorio ajeno a México. Su estructura deformada no logra acercarse al suroeste norteamericano y su alternativa tampoco será esa, pues tenemos sin duda formas de vida propias, diferentes; con todo y las peculiaridades que distinga a esa parte de nuestro país. Para reconstituirla, nuestro Grupo Parlamentario presenta estas Proposiciones para un Programa. Alternativo de Rescate de la Frontera Norte, como la dirección principal para la reorganización económica y social de esa región.
Las medidas que proponemos son unas de carácter inmediato, orientadas a resolver los problemas más urgentes, y otras de alcance más general, que buscan delinear una estrategia de recomposición económica y social. Ambas deben comenzarse a aplicar ahora mismo, con una real participación de los trabajadores en el diseño y ejecución del programa.
Medidas de Carácter Inmediato
Para el Abasto Nacional a la Zona Fronteriza. Formulación y ejecución urgente de un programa de abasto nacional, que comprenda en su primera etapa sólo artículos de primera necesidad. La distribución de éstos deberá estar a cargo del gobierno federal y de los gobiernos estatales de la región. Sus precios deberán corresponder estrictamente a los costos de producción y traslado y estar rigurosamente controlados. Se utilizarán los canales comerciales establecidos sólo bajo el compromiso de respetar los precios oficiales. El gobierno reconocerá a las organizaciones sociales y a los comités populares que se formen el carácter del organismos auxiliares para la vigilancia y el control de los precios. Este programa deberá complementarse con el abastecimiento de materias primas e implementos industriales necesarios para mantener en funcionamiento y producción las empresas nacionales. Las etapas siguientes del abasto deberán formar parte de un plan para la creación de un Sistema Nacional de Abastecimiento de la Zona Fronteriza.
Un programa de Incentivos a la Pequeña y Mediana Industria. La declaratoria de "utilidad nacional" de las pequeñas y medianas industrias establecidas en la zona fronteriza que contiene el decreto de 15 de marzo de 1974, debe concretarse en medidas de apoyo verdadero, dando atención particular a las que produzcan artículos alimenticios, ropa, calzado, muebles, y a las que utilicen materias primas producidas o distribuidas por el Estado, todas las cuales, en el momento actual, atraviesan por una grave crisis. Los estímulos fiscales consignados en el Decreto mencionado deberán ser complementados con medidas de apoyo financiero. Igualmente deberían ponerse en práctica convenios para programar la producción de esas empresas y la distribución de sus productos utilizando los canales oficiales existentes. La aplicación de este programa se realizaría con la participación de las
organizaciones propias de los pequeños y medianos industriales y de los trabajadores de esas empresas.
Renegociación de las Condiciones Laborales en que Funcionan las Empresas Maquiladoras. Es imprescindible derogar todos los acuerdos vigentes que modifiquen o limiten las estipulaciones de la Ley Federal del Trabajo en perjuicio de los trabajadores de estas empresas. Las maquiladoras deberán ser consideradas empresas sujetas al pago del salario mínimo profesional. Junto a lo anterior es necesario establecer el reconocimiento legal de las enfermedades profesionales que se generan en la industria maquiladora; es indispensable asegurar los derechos de antigüedad, ascenso en el tabulador, capacitación en el trabajo. Deben hacerse obligatorios el depósito de un fondo de Garantía por las empresas en una institución bancaria que garantice los derechos de los trabajadores en caso de cierre imprevisto, la ocupación, por lo menos, de un porcentaje no menor del 30% de jefes de familia en las empresas, y la vigilancia de los trabajadores sobre los estados financieros de las empresas para garantizar el reparto de utilidades consignado en la ley y el pago de impuestos aduanales sobre el valor agregado. En fin, debe privar un criterio de elección de las empresas maquiladoras sobre la base de que no causen daño al medio ambiente ofrezcan salarios superiores a los trabajadores y mejores condiciones de trabajo en cuanto a seguridad, higiene y ritmos de producción, así como signifiquen una posibilidad de elevación del nivel técnico de la fuerza de trabajo.
En relación al funcionamiento del Sistema de Control de Cambios en la Zona. El control de cambios decretado el 1o. de septiembre para todo el país debe funcionar en la zona fronteriza de acuerdo con las especificaciones generales y con las Reglas Generales adoptadas el 14 de septiembre en particular con los capítulos VIII y IX, relativas a las franjas fronterizas y zonas libres y a las empresas maquiladoras. Al respecto es imprescindible observar las 49a. y 50a, que establecen la obligatoriedad de los permisos de importación para introducir bienes extranjeros al país y la posibilidad de importar al tipo de cambio preferencial productos básicos de consumo popular que no sean abastecidos, desde el interior del país.
Igualmente es necesario aplicar la disponibilidad de dólares preferenciales de acuerdo con las cláusulas b, c y d del inciso III de la 2a. regla, que se aplicarían a la adquisición de los bienes necesarios para que la producción de las empresas nacionales de la región, especialmente las medianas y pequeñas, así como las explotaciones agropecuarias, mantengan su ritmo y volumen de trabajo.
Ninguna otra medida es necesaria para hacer frente a la situación existente en la zona fronteriza. Es imprescindible, sí, que esas reglas se apliquen con la mayor fluidez sin obstáculos burocráticos y con la decisión de enfrentar los graves problemas que vive la población de la región fronteriza.
Medidas para la Recuperación de la Zona Fronteriza.
Para la Industrialización de la Zona. La política de industrialización de la zona debe propugnar una integración nacional creciente que reduzca el porcentaje de componentes importados y establezca condiciones para producir eficientemente y competitivamente para el mercado externo. El plan de industrialización deberá hacer un inventario de los recursos de la región y de los estados a los que pertenece la zona fronteriza, a fin de que éstos en lugar de ser canalizados hacia otros mercados nacionales y extranjeros, sirvan en primer lugar a la satisfacción de las necesidades de la población fronteriza y de esas entidades. Esa será una de las condiciones para integrar a la zona fronteriza, no obstante las peculiaridades que conservará por la influencia de la economía norteamericana, con las entidades en que se encuentra dividida, y con el país en su conjunto.
En los estados fronterizos de la República se producen abundantes materias primas para la industria, las cuales en su mayor parte se envían a mercados lejanos o se exportan, dándose la circunstancia de que los productos que se elaboran a base de ellos sólo por excepción llegan a la zona fronteriza. Fibra y semilla de algodón, trigo, cártamo, cebada, sorgo, uva, cera de candelilla, fibra de lechugilla cueros y carne de res, ajonjolí, mil de abeja son productos que existen en cantidad apreciable y con los cuales los estados fronterizos participan en el mercado nacional y en la exportación de mercancías de alto nivel de calidad.
Las posibilidades de establecer empresas industriales preferentemente estatales en la zona fronteriza que transformen estas materias primas están al alcance de la mano. Se exige, eso sí, una conducta estatal ampliamente favorable a la instalación de esas industrias y al apoyo financiero para su desarrollo.
Las industrias de la alimentación, del calzado textil, del vestido, de la construcción, tienen un amplio campo de desarrollo y un mercado suficientemente extenso como para asegurar su rentabilidad. A las materias primas existentes se agrega la disponibilidad de fuentes energéticas: existen cuatro importantes presas en al región (Falcón, V. Guerrero, Marte R. Gómez, La Boquilla), capaces de generar energía eléctrica; hay por otra parte oleoductos, poliductos y gasoductos, además de la refinería de Cadereyta, N.L en condiciones de ser aprovechados por la industria nacional.
Necesaria modificación del carácter de la Industria Maquiladora. El carácter de la maquila consiste en la incrustación de fases fraccionadas del proceso de producción de las empresas transnacionales, que reducen su operación a las etapas más simples, con intenso ritmo de trabajo, para la fabricación de un producto, sobre la base de que sean mínimos los gastos de montaje, empleo de maquinaria y equipo, e instalación. La totalidad de las maquiladoras están desintegradas de la
Economía nacional y no representan un incremento en el grado de industrialización del país. No obstante que su permanencia en México ya dura casi veinte años, solamente han producido unos 135 mil empleos con salarios que en general no sobrepasan al mínimo, y con extraordinaria reducción de los derechos laborales. Es un típico enclave semicolonial con todas las ventajas para la metrópoli. Es ese carácter el que trae como consecuencia degeneración de la fuerza de trabajo, consunción de la capacidad de trabajo a elevados ritmos y sin posibilidades de reposición. Y ello es lo que necesita ser modificado en México. En otros lugares del mundo han comenzado a rechazar la maquila, es el caso de Hong-Kong, Taiwan, Filipinas, donde han impuesto a las empresas la instalación de plantas que realizan procesos completos y de mayor complejidad que permiten elevar el nivel tecnológico de la fuerza de trabajo y sustituyen el trabajo intensivo por el uso de maquinaria más desarrollada tecnológicamente.
El objeto del cambio de carácter del proceso de maquila no implica romper la interrelación entre las dos economías y su posibilidad de complementación. La instalación de plantas de las grandes empresas norteamericanas en nuestro territorio, puede ser útil siempre y cuando signifique real transferencia de tecnología de los Estados Unidos de México, su funcionamiento no daña el medio ambiente de nuestro país, incorpore una proporción significativa de insumos nacionales en el valor del producto final, capacite fuerzas de trabajo, con suma energéticos y materias primas sin subsidios y participe en el mercado nacional cuando el producto sea de consumo básico.
Este tipo de plantas podría sustituir a las actuales maquiladoras con gran ventaja.
Las relaciones laborales de estas empresas se regirían por la legislación mexicana del trabajo, pero en lo que se refiere a los salarios y prestaciones, éstos se establecerían de acuerdo con el contrato más favorable para los trabajadores (el estadounidense o el mexicano). La norma general sería: a igual trabajo, igual salario e iguales prestaciones. Las jornadas de trabajo se establecerían de acuerdo a las normas de intensidad de la producción.
El funcionamiento de estas empresas sería motivo de un convenio entre Estados, que supliría a los acuerdos parciales hoy vigentes y establecería las normas de funcionamiento de las empresas, el periodo de vigencia de las formas de operación -incluyendo tratamientos fiscales, situación de los instrumentos y máquinas usadas en la producción, condiciones para la caducidad del trabajo de las empresas, etcétera-, todo ello en los marcos de un convenio de cooperación industrial.
Para la Reorganización de la Producción Agrícola. El sector agropecuario debe impulsar equilibradamente la producción de alimentos para el consumo local, nacional y a exportación, mediante a creación de unidades de producción en base a la actividad organizada de ejidatarios, comuneros y minifundistas. planear la producción de hortalizas, granos, ganadería y pesca para la satisfacción del mercado interno y exportar sus excedentes, implica cambiar de raíz el actual esquema. Los Estados del Norte cuentan con recursos suficientes para impulsar el viraje: más del 90% de las tierras cultivables son de riego y alto grado de tecnificación. La explotación planificada de la tierra y un programa agropecuario para la frontera norte, impulsaría el desarrollo regional, generaría más empleos que las maquiladoras, elevaría la aportación al consumo regional y nacional y serviría a la capacitación de divisas.
Para racionalizar el uso del suelo, el agua y utilizar adecuadamente las obras de riego es imperativo modificar los actuales patrones de cultivo. Ahora, por influencia y para beneficio de las transnacionales, importantes áreas que se dedican a producir alimentos se destinan a cultivos de oleaginosas y forrajes. La producción agrícola necesaria ha quedado a la suerte del buen temporal.
Es necesario incorporar a la producción agrícola de alimentos grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería; trasladar cultivos (arroz y caña de azúcar, por ejemplo) del noroeste hacia el sur del país, liberando tierras de riego para la siembre de hortalizas, frutos de ciclo corto y otros rubros. Estimular la ganadería intensiva para el mejor aprovechamiento de los recursos. Estimular y promover el establecimiento de granjas familiares, comunales y ejidales para la producción porcícola, avícola, etcétera.
La política de precios de garantía debe modificarse para estimular a ejidatarios y otros pequeños productores de alimentos, eliminando los subsidios que se dan a empresas transnacionales al abastecerlas de materia prima. Es preciso fomentar la actividad agroindustrial en las comunidades ejidales e impulsar la integración de los procesos productivos del campo; promover la colectivización, respetar la sindicación rural y propiciar la participación de los trabajadores del campo en los programas de producción agrícola que son indispensables para la frontera y los que se derivan de las necesidades nacionales. Por otra parte, se hace necesario impulsar la distribución directa de los productores del campo en el mercado local y nacional. Junto a este esfuerzo por dar fuerte impulso al cultivo de la tierra por los campesinos, es conveniente utilizar los abundantes recursos acuíferos desperdiciados, para el desarrollo de estaciones piscícolas que ayudarían a elevar la calidad de la alimentación fronteriza.
Las instituciones implicadas en el financiamiento agrícola deben ser reorganizadas, y las operaciones crediticias reorientarse hacia la producción de alimentos básicos, tecnificación de la zona y atención a los requerimientos de asistencia técnica. Son necesarias medidas que promueven el desarrollo tecnológico y la fabricación de maquinaria y equipo agrícola, partes y refacciones para el equipo importado. El
Aprovechamiento de los suelos exige el desarrollo y aplicación de tecnología propia.
Política Comercial y Financiera. Las transacciones fronterizas influyen fuertemente en el saldo negativo de la balanza comercial. La dolarización de la zona, la fuga de divisas, el saqueo de productos nacionales y el consumo suntuario han saltado a la vista con el control cambiario. Ante este conjunto de problemas se hace indispensable ampliar las medidas para lograr la concurrencia nacional al abastecimiento, equilibrar la balanza comercial y hacer del sector externo un promotor y no un obstáculo para el desarrollo.
Es imprescindible controlar la especulación comercial monopólica mediante la utilización de los canales de distribución del Estado. Deben rectificarse los estímulos otorgados al comercio organizado, para condicionar y apegar su operación al interés nacional. se hace necesario revisar los estímulos a los productores nacionales para lograr su oportuna concurrencia al mercado fronterizo. Cuando antes hay que cancelar el programa de "artículos gancho", autorizando al comercio sólo la importación de los productos de consumo necesario, maquinaria y herramientas no satisfechos por el mercado nacional. Y por último como cuestión indispensable de una política distinta a la que ha llevado a la ruina a la zona fronteriza, cancelar las zonas y perímetros libres al comercio, para cerrar el principal canal del gasto y fuga de divisas, contrarrestar el contrabando y el mercado negro de dólares.
Las medidas anteriores han de tomarse en un marco más general que implique la supeditación de la política comercial a una línea de desarrollo industrial que sustituya importaciones e impulse la exportación de manufacturas, racionalice el monto, destino y composición de las importaciones, autorizando sólo productos básicos con oferta insuficiente y elementos indispensables en las ramas prioritarias, estimule exportaciones con base en una política industrial que establezca condiciones para producir eficiente y competitivamente.
Construcción de Vías de Comunicación. Actualmente la integración de la zona fronteriza se realiza casi exclusivamente a través de la relación con la economía norteamericana del suroeste de los Estados Unidos, pues la comunicación entre los diferentes estados y municipios fronterizos es casi inexistente. Por otra parte la comunicación con las regiones centrales del país es extraordinariamente deficiente y costosa. Ello exige la aplicación perentoria de un programa de construcción de vías de comunicación, principalmente sobre la base de la extensión de las vías férreas, su rehabilitación y modernización, que permita no solamente el abasto oportuno y barato, sino también la distribución de productos de la zona fronteriza hacia los estados del norte y centro del país. Exige además, la construcción de vías de comunicación que conecten los estados y municipios fronterizos y permitan el intercambio económico entre ellos. Un programa de este carácter podría absorber una parte importante de la llamada "mano de obra sobrante a lo largo de la frontera norte".
Programa de Desarrollo Urbano. Las ciudades y poblaciones de la zona fronteriza han sido construidas, en su mayor parte, de manera anárquica y atendiendo sólo a los requerimientos de la economía y las necesidades sociales del suroeste norteamericano. En los últimos 20 años esos centros han aumentado en más de tres veces su población. La estructura urbana y los servicios municipales están lejos de corresponder a las necesidades de la población. El hacinamiento de los trabajadores en colonias insalubres y falta de servicios es lo característico. Las necesidades de educación, salud pública y recreación no reciben la atención indispensable. La aplicación de un programa general de rescate de la zona fronteriza exige la inclusión del programa de desarrollo urbano que faciliten el arraigo de la fuerza de trabajo en nuestro territorio, permitan el acceso a los productos necesarios y a los lugares de descanso para la recuperación de las energías empleadas en la producción.
Consideraciones Finales.
La situación actual en la frontera norte de nuestro país refleja una crisis global de las condiciones de vida y del modelo de desarrollo, sujeto a las necesidades y requerimientos de la economía norteamericana, que hasta ahora ha sido aplicado allá. Las medidas adoptadas el 1o. de septiembre -nacionalización de la banca y control de cambios- no son la fuente de esa situación crítica. Por el contrario, ellas han sido el catalizador de la crisis y establecen una posibilidad de resolverla sobre la base de una reorganización de la estructura económico - social existente, creando un modo de vida distinto, unido a las necesidades y exigencias actuales del pueblo mexicano. La solución de la crisis del modo de vida fronterizo está unida a la reorientación general de la política económica del país en un sentido democrático y popular y a la democratización de la vida política de México.
Hoy somos testigos de los esfuerzos de los grupos que en el pasado se han visto favorecidos por las condiciones económicas, sociales y políticas que han conducido a la enajenación de la zona fronteriza; esfuerzos que tienen como contenido el restablecimiento, a costa de todo el país y de las masas trabajadoras, de las condiciones que enriquecieron hasta la opulencia a la banca y al gran comercio de aquella región.
"El programa que presentamos tiene un contenido completamente distinto. Es el de la reorganización de todos los aspectos de la vida de aquella región, sobre la base de los intereses nacionales y del pueblo trabajador. Nuestro programa es un programa de lucha para los trabajadores y el pueblo de la zona fronteriza, por unirse a nuestra patria y romper las condiciones de explotación despiadada y degradación a que los ha conducido la aplicación de una política que atiende sólo a los intereses de los grandes explotadores mexicanos y extranjeros.
Por ello este programa no es sólo un pronunciamiento parlamentario o de política coyuntural, sino un llamado a la forma de organización y a la lucha de los trabajadores de la zona fronteriza y de las fuerzas revolucionarias y democráticas de todo el país por el Rescate de la Zona Fronteriza.
Señor Presidente; compañeros diputados:
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, al presentar este proyecto es consciente de las limitaciones que la ley y la costumbre han impuesto, para circunscribir el papel legislativo de la Cámara de Diputados y que dejan una serie de renglones a la facultad exclusiva del poder ejecutivo.
La esfera de la vida mexicana que estamos abordando en esta ocasión, la del desarrollo de la frontera, es una de las que revelan con mayor claridad que es necesaria la confluencia del poder legislativo con toda su capacidad de influencia en la vida social para impulsar soluciones, desenvolver programas. La situación que cursa la zona fronteriza llama la atención de esta Cámara para que desenvuelva toda su iniciativa y pase a legislar una la materia.
Demandamos, en consecuencia, que esta H. Cámara de Diputados acoja el Programa que ha traído aquí el PSUM y lo turne a comisiones. Sugerimos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La sedición plenaria de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, de fecha 18 de noviembre turna el documento presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México denominado Proposiciones para un Programa de Rescate de la Frontera Norte a la Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias, misma que deberá darle el cause legislativo que le corresponda.
Proponemos este punto de acuerdo basados en las funciones que a la citada comisión asigna el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Compañeros Diputados: Una cuestión de tan alta prioridad como la que hemos tratado, exige de nosotros, integrantes de esta Cámara, hacer los mayores esfuerzos por cumplir nuestras tareas legislativas en este aspecto. Cuatro millones de mexicanos, residentes en la frontera norte, esperan de nuestra responsabilidad un aporte para la solución de los graves problemas que afecta a aquella región.
México, D.F., a 18 de noviembre de 1982.
Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México."
El C. Presidente: De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley Orgánica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Patrimonio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; de Comercio; de Trabajo y Previsión Social, y de Distribución y Manejo de Bines de Consumo y Servicios.
AMENAZA NORTEAMERICANA
A CENTROAMÉRICA
-EL C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Sergio Quiroz Miranda.
El C. Sergio Quiroz Miranda: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos subido a la tribuna para llamar la atención de esta honorable Asamblea acerca de un grave problema, de una amenaza que de consumarse, llevaría a la zona centroamericana, con repercusiones contra nuestro país, a consecuencias impredecibles.
Cuando hemos, en otras ocasiones, abordado la tribuna, hemos expesado nuestros juicios sobre lo que es, representa y significa el imperialismo norteamericano, que para algunos particularmente en estos momentos la acción del imperialismo norteamericano, que para algunos no es un concepto científico, solo un concepto que encierra poderío económico y militar.
Hemos dicho, y lo reiteramos, que el imperialismo, de acuerdo a la ciencia económica, es un fenómeno económico que se caracteriza fundamentalmente por la concentración del capital en unos cuantos monopolios, por la fusión del capital bancario con el industrial creando el capital financiero que es el que decide la vida económica de los países imperialistas y consecuentemente de los que están sujetos a su invasión económica.
También se caracteriza el imperialismo por la exportación de los capitales, haciendo pasar a segundo plano la de las mercancías, pero además para cumplir sus objetivos económicos, el imperialismo, y en este caso el imperialismo norteamericano, adquiere un carácter rapaz, un carácter de saqueo y de explotación de los recursos naturales de los países, y de saqueo y explotación de los capitales nacionales.
Si quisiéramos expresar didácticamente con ejemplos lo que el imperialismo y su acción depredadora representan para los pueblos del mundo, nos bastaría con revisar la historia moderna de América Latina, la historia de nuestra patria y particularmente, en este caso, la de Centroamérica. El imperialismo en Centroamérica, de manera especial en Nicaragua, la historia de sus invasiones, es una negra historia de agresiones, de humillaciones, de saqueo, de muerte, de miseria y de opresión.
Nicaragua ha sufrido once grandes invasiones de parte del ejército norteamericano desde 1853, dejando un saldo de más de 120 mil muertos. En 1909 después de otras agresiones, el ejército de los Estados Unidos interviene en Nicaragua, a fin de consolidar en el poder al grupo conservador, que había sido desbancado por los liberales. Desde esa fecha hasta 1926 los ejércitos norteamericanos estuvieron sometiendo por la fuerza de sus militares y marines al pueblo nicaragüense. Esto originó que se desencadenara en 1926 en Nicaragua la llamada Guerra Constitucionalista, para dirimir en manos de quién iba a quedar el poder, en los conservadores o en la burguesía liberal de aquel tiempo.
La dirección burguesa que encabezaba la lucha del pueblo en aquel momento contra el invasor norteamericano, no tardó en someterse a los designios del imperialismo, a través del tristemente célebre y vergonzoso pacto del Espino Negro, porque fue a la sombra de un árbol donde firmó un tratado de la humillante y vergonzosa magnitud que firmara Santa Anna entregando nuestro territorio nacional. En este caso fue el entreguista y tránsfuga José María Moncada, quien debiendo asumir una actitud patriótica, prefirió entregar la lucha de su pueblo. Fue humillante porque a los soldados revolucionarios de aquel tiempo, nicaragüenses, se les daba 10 dólares por cada fusil que entregaran. Pero surgió de las filas de ese ejército, un valeroso y patriota nicaragüense, el general de hombres libres César Augusto Sandino, quien no estuvo dispuesto a entregar a Nicaragua como lo hicieron los traidores burgueses liberales de aquel tiempo. Se inició así una nueva etapa en la lucha por la liberación del pueblo nicaragüense.
Los largos años de la lucha sandinista en Nicaragua hicieron que la pequeña guerra de un breve grupo de hombres campesinos encabezados por el general Sandino, se convirtiera en una verdadera guerra nacional. Esto hizo que el imperialismo norteamericano se pusiera a pensar seriamente en iniciar las negociaciones para su retiro, para el retiro de sus tropas de Nicaragua.
El General Sandino había jurado y prometido a su pueblo, que la lucha por la liberación de Nicaragua que él encabezaba, no la iba a abandonar hasta que saliera el último soldado norteamericano de su patria.
Cuando se iniciaron las conversaciones por la paz fijando el retiro de las tropas norteamericanas, el imperialismo sacó de la manga una nueva carta, para sustituir al ejército invasor puso la condición de que debía nombrarse un jefe de la guardia nacional y se fue nada menos que Anastasio Somoza García, quien el 21 de febrero de 1934, aprovechando la buena voluntad del general Sandino, quien cumplía su palabra de entregar las armas a condición de que salieran los norteamericanos, a mansalva lo asesinó después de dos semanas del asesinato, reveló que lo había hecho por instrucciones del Embajada Norteamericana.
La historia del somocismo es conocida por todos los presentes, historia de pillaje, de crímenes, de agresiones, de humillaciones contra el pueblo nicaragüense. He querido recordar estas breves citas históricas de la invasión permanente y de las humillaciones y de los sufrimientos del pueblo nicaragüense, para destacar que en el transcurso de esa lucha heroica de una fe inquebrantable de sus mejores hombres en que iban a conquistar la plena independencia, se fue conformando un profundo sentimiento antiimperialista en todo el pueblo nicaragüense, un profundo sentimiento anti - yanqui, anti - norteamericano, porque hay quienes explican la historia a su conveniencia y dicen que los hechos y la revolución sandinista de Nicaragua tuvo como origen una conjura comunista. La historia rechaza esas apreciaciones.
La conciencia antiimperialista fue forjada en el fragor de una lucha incansable del pueblo nicaragüense en la que sufrió múltiples vejaciones y humillaciones Los sacrificios del pueblo nicaragüense no han sido en vano, en julio de 1979 triunfó la revolución sandinista instalando la Junta de Gobierno surgida de las capas mismas de los combatientes por la revolución. Nicaragua ahora ha cambiado no radicalmente como lo desean y lo quisieran los patriotas que dirigen esta Junta, pero ha cambiado sustancialmente. Nicaragua, el pueblo nicaragüense tiene un nivel de vida superior al que tuvo durante más de 40 años del somocismo, el pueblo de Nicaragua está destruyendo la vieja estructura semifeudal y construyendo una nueva patria, pero el imperialismo no la ha dejado sola, no ha permitido que se desarrollen sus fuerzas productivas. A la guerra económica impuesta desde el primer día de triunfo de la revolución el imperialismo ha pasado a la guerra militar. Se ha elaborado y puesto en práctica en estos días, en los últimos meses, todo un plan desestabilizador contra el actual gobierno sandinista de Nicaragua, cuyas características principales son las siguientes: La preparación y entrenamiento de criminales, bandas somocistas en Miami, para destacarlos en territorio nicaragüense, a través de Honduras, con el objeto de sembrar el terror entre la población.
La aprobación inicial de un plan financiero de 20 millones de dólares destinado a la preparación de estas bandas; la introducción de millones de dólares falsos en territorio nicaragüense; la realización de maniobras militares conjuntas entre Honduras y los Estados Unidos, a fin de intimidar y asesinar al gobierno de Nicaragua.
La utilización de Honduras con el beneplácito de su gobierno como un gendarme del área Centroamericana, dirigiendo sus acciones de manera particular contra Nicaragua. Para tal efecto se ha propuesto un paquete inicial de casi 80 millones de dólares en ayuda económica a Honduras, a fin de que mejore su armamento; mientras, además se discute la venta de aviones de combate por más de 120 millones de dólares, convirtiendo así a la fuerza aérea hondureña en un instrumento de guerra desproporcionadamente grande para un país tan pequeño.
La fuerza aérea de Honduras, el país más pobre de Centroamérica, cuenta con 20 bombarderos de combate Supermister B2, 10 casabombarderos Sabreyel F86, 24 bombarderos Troyan T28, 23 helicópteros de transporte, 5 bombarderos de ataque Dragón Flay y varios aviones de reconocimiento.
Dentro del plan desestabilizador, se encuentra también la creación de un bloque regional de aliados que asuma la responsabilidad de aislar a Nicaragua, integrado por países de América Latina, fundamentalmente.
Este plan desestabilizador no se ha quedado en el escrito del Departamento de Estado Norteamericano, se está poniendo en práctica en
estos momentos. El objetivo final, lo denunciamos desde esta alta tribuna del pueblo mexicano, es que en el mes de diciembre deberá ejecutarse la ofensiva final, una invasión armada por parte del ejército norteamericano, en conjunto con el ejército hondureño, contra el territorio y el pueblo de Nicaragua.
La prensa internacional informa hoy que en Honduras se realizan reformas constitucionales, introducidas por la jerarquía castrense, que constituyen en la práctica un verdadero golpe de estado en Honduras.
La reforma consiste en que el jefe de estado debe dejar de ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Ese cargo pasará, entonces, a ser ocupado por el actual jefe de las instituciones armadas, general Gustavo Alvarez, de quien se ha denunciado apoya el plan de invasión a Nicaragua.
El reforzamiento de la estructura castrense en este país, el más pobre de Centroamérica, coincide con el papel reservado a Honduras de ser gendarme de Centroamérica. La existencia de este plan, además, fue revelada, por la revista Newsweek el 8 de noviembre pasado, en donde se revela la participación directa de la política norteamericana en su ejecución y en su dirección.
Todos sabemos lo que es y lo que representa el imperialismo en América Latina, México ha sido objeto de múltiples agresiones en el pasado y en el presente; presiones económicas, agresiones de todo tipo, bloqueo y ahora se deciden a una tarea de gran envergadura para sustituir los huecos, los vacíos que ha dejado la lucha libertadora de los pueblos en Asia y en África. Trasladar esas luchas para acá, convertir en un verdadero foco de tensión el área centroamericana poniendo en peligro la estabilidad de todos los países, incluyendo nuestra patria, es el objetivo de ese plan desestabilizador, que va dirigido no sólo contra Nicaragua, sino contra toda el área centroamericana y del Caribe.
Las declaraciones del gobierno norteamericano en este sentido para justificar sus acciones van desde el cinismo hasta la calumnia. En sus declaraciones a la prensa norteamericana han afirmado "Estados Unidos se encuentra respaldando operaciones militares contra Nicaragua con la intención de acosar pero no derrocar al gobierno de ese país". El cinismo llega a límites absurdos cuando afirman: "La ayuda financiera y militar se mantiene dentro de los límites propuestos para operaciones encubiertas en Centroamérica, aprobadas desde hace un año por el presidente Ronald Reagan". ¿Cuáles son esos límites propuestos por el presidente Reagan? ¿qué significado tienen miles de muertos en el área centroamericana? Ese es el significado de los llamados límites propuestos, pero el Secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Tomás Enders, en el colmo de la mentira y el cinismo afirmó: Ahora Nicaragua está pasando y propagando la violencia a Costa Rica y Honduras; no hemos olvidado las legítimas necesidades de asistencia en materia de seguridad en
El Salvador o en cualquier lugar, gobiernos reconocidos internacionalmente son forzados a enviar a luchar a reclutas sin adiestramiento y provistos de escasa munición contra guerrilleros adiestrados en Cuba.
Esta es otra nueva calumnia, al respecto debemos recordar las importantes declaraciones que hiciera el Presidente electo de México, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, quien refutó las declaraciones tendenciosas y calumniosas de los Estados Unidos, al afirmar que no hay ninguna prueba de la intervención de los países socialistas en el área centroamericana.
La gravedad del asunto, compañeras y compañeros diputados, radica en que dentro de unos días está previsto realizar este plan de invasión contra Nicaragua, que seguramente tendrá repercusiones indecibles, incluso para nuestra patria. Ya la voz de la cordura y de la razón se ha levantado para abordar este problema, los presidentes de México y Venezuela han enviado a los gobiernos de Honduras y Nicaragua y los Estados Unidos, una petición para que se sienten en la mesa de las discusiones a dirimir las controversias pacíficamente.
Esta proposición que va en la línea de la tradicional política progresista internacional de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, ha recibido todo el apoyo de diferentes jefes de Estado y estadistas, de parlamentos y de parlamentarios en lo individual, de todo el mundo.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está segura que esta honorable Asamblea no permanecerá indiferente o insensible ante la gravedad de este asunto; estamos seguros de que habremos de tomar alguna resolución en ese sentido.
Por las anteriores consideraciones y a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, deseo hacer la siguiente proposición:
"1. En primer lugar condenar los preparativos del gobierno norteamericano que en complicidad con el de Honduras realiza para invadir la República de Nicaragua.
2. Demandar que cesen las criminales agresiones que desde territorio hondureño realizan los antiguos guardas somocistas.
3. Apoyar la iniciativa de los gobiernos de México y de Venezuela que propone resolver, por la vía de las negociaciones políticas, los problemas existentes entre Honduras y Nicaragua.
4. Denunciar que cualquier intervención militar en contra de Nicaragua provocará sin duda la generalización del conflicto en toda el área mesoamericana y del Caribe y pondrá en peligro la paz mundial.
5. Que la Cámara de Diputados solicite la urgente intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que se obligue al gobierno norteamericano a respetar la soberanía de Nicaragua.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Sergio Quiroz Miranda." (Aplausos.)
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas señalado por el Artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del compañero Cándido Días Cerecedo, a nombre prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
AGRESIÓN AL DIPUTADO
PEDRO BONILLA DÍAZ
-El C. Presidente Tiene la palabra el C. diputado Pedro Bonilla Díaz.
El C. Pedro Bonilla Díaz: Señor Presidente; compañeros diputados:
El 4 de noviembre de este año, en esta misma tribuna, y respondiendo a una proposición del compañero Cándido Díaz Cerecedo, a nombre de mi partido hice una intervención para respaldar la solicitud de mi compañero de nombrar una comisión que fuera al estado de Veracruz, a investigar el asesinato de un diputado del Partido Socialista de los Trabajadores.
Hace 15 días esta Cámara, haciéndose eco de la demanda de muchos diputados nuestros nombró una Comisión que al lunes siguiente se trasladó a la ciudad de Jalapa, para requerir la información necesaria acerca de este lamentable hecho.
Refiero esto, compañeros, porque quiero sentar con claridad, si eso me es posible, la diferencia que hay y que yo expresara ese día en el que hice uso de la palabra el 4 de noviembre, entre el hecho de ir en una comisión que representa a la Cámara de Diputados y deambular, o ir a una oficina de gobierno como un simple diputado federal.
En la primera comisión fuimos recibidos con todas las atenciones que el gobierno del estado de Veracruz pudo poner a disposición de la misma. Creo que ninguno de los seis diputados que la formamos, podemos tener queja alguna, el señor Procurador nos dio todos los informes que solicitamos, el gobernador del Estado gentilmente, nos invitó a comer, nos explicó su preocupación por la muerte del señor diputado del Partido Socialista de los Trabajadores.
Dimos satisfacción al hecho de que el Congreso respeta la autonomía, el pacto federal entre esta soberanía y los gobiernos de los estados. Fue una preocupación expresada por muchos de mis compañeros ante las autoridades del estado de Veracruz.
Dentro de unos días, me imagino, el compañero diputado Torres presentará el informe que esa comisión. de la que yo formé parte, va a rendir a esta soberanía.
Pero compañeros, ocho días más tarde, el domingo 14, aproximadamente a las veintiuna horas, a solicitud de un grupo de maestros, miembros del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación, me trasladé a las oficinas de la Policía Judicial del Estado, para requerir, para preguntar, por qué un maestro de este sindicato, al cual en la mañana del propio domingo, este organismo, en medio de un congreso que celebraba este sindicato, habían reprimido a los maestros y habían encarcelado por órdenes del Procurador del Estado de Veracruz, a todo el comité ejecutivo de este Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación en el Estado de Veracruz. Pero este maestro no estaba entre la lista de los que el procurador había librado orden de aprehensión y en cumplimiento, compañeros, quiero dejar sentado con toda precisión, en cumplimiento de una obligación que como diputado tenemos, yo consideré pertinente la solicitud de aquellos compañeros, que entre paréntesis no son miembros del Partido Socialista Unificado de México, sino como ciudadanos y yo como representante popular, fui hasta la policía, a las oficinas de la Policía Judicial del Estado. Una comisión nombrada al efecto, formada además por otro diputado del PSUM, el diputado local Ernesto Fernández Panes, el síndico del ayuntamiento, regidor del ayuntamiento Donato Flores, un maestro suplente, secretario general suplente de este sindicato, pues que todos los propietarios estaban detenidos en la cárcel, y un servidor fuimos en esa comisión. Cuando preguntábamos compañeros, por la presencia, requeríamos la presencia del director de la Policía Judicial, fuimos agredidos violentamente por esta policía judicial, por esos valientes policías judiciales.
Quise hacer valer mi fuero como diputado federal. De voz les informé que era diputado federal. El guarura, esa raza, esa especie tan funesta que por desgracia está abundando en este país, que acompaña a muchos de nuestros próceres, lo voy a expresar con sus palabras, espero que no ofenda yo los oídos de mis compañeras, "A mí me vale madre que usted sea diputado", y seguidamente me golpeó. Tuve que retroceder compañeros ante la agresión no solamente de uno, sino de varios. Porque yo no soy una gente muy valiente, soy simplemente un ciudadano. Y compañeros, cuando traté de sacar la credencial, la charola, por la que tanto suspiran en este país pensando que eso me haría ya inmune a la agresión de que era objeto, aquí hay un documento gráfico, desgraciadamente no hemos podido sacar la cantidad suficiente para que cada uno de los diputados pudiera llevárselo a su casa. Una gráfica que yo creo que el fotógrafo pudiera sacar algún premio en este país, porque refleja compañeros un estado de ánimo en México; en la parte de abajo hay 7, guaruras, todos ellos armados de metralletas y al extremo izquierdo, tenía que ser izquierdo, un pobre diputado tratando de sacar su charola para ver si eso detenía a los gorilas que le querían seguir golpeando. Créanme compañeros que el hecho de haber metido la mano a la izquierda para sacar la charola yo en ese momento sentí la posibilidad de que aquel estúpido que estaba frente a mí jalara el gatillo y yo quedara ahí tendido. Y compañeros, la indignación que tal vez ya no refleje en mi
voz, que en ese momento pues quedara ahí tirado, muerto, me imagino, perdonen soy un poco fatalista en mi propósito, pero una metralleta, el cañón de eso debía haber sido de 90 milímetros, me imagino ese tamaño, yo pensé que me iba a destrozar, yo sentí que estaba muerto.
Compañeros, lo demás posiblemente no tenga yo la capacidad de referírselo a ustedes, aquí hay otra fotografía donde ya tal vez ya estoy mentándole la madre a todos esos señores, como defensa también por mi integridad. Al otro día el señor Procurador en una forma muy atenta, a nombre del Gobierno del Estado, se disculpó y me entregó esta carta y quiero decir esto, compañeros, que yo aquí no vengo porque siga lastimado personalmente, no, compañeros, a 8 días uno se calma, no sé si tenga problemas, parece que el otro día me extirparon mi vesícula biliar, no sé si los compañeros médicos que están aquí presentes determinen que ya no tengo problemas como el pueblo piensa con la bilis, pero el hecho es el siguiente: esto viene siendo ya una costumbre no sólo es el estado de Veracruz para ser justos, sino en todo el país, bueno aquí los compañeros han dado un ejemplo, parece justo, en todas partes pasa lo mismo. Yo en esta Cámara lo pronuncié tal vez mal porque no somos unos oradores exquisitos, yo hablé del fuero del diputado y eso es lo que vengo aquí a proponer a esta Asamblea. Los diputados compañeros, el fuero de los diputados, pienso yo que no simplemente se queda en el respeto al diputado en lo físico, algunos tratadistas de los que saben en este país, ha dicho que el fuero no es sólo para el diputado, sino para los ciudadanos que votaron para él, y yo completaría: para el pueblo de México que representamos todos los que estamos aquí presentes.
A este respecto, el Gobernador, en una discusión de muchas horas, nos aseguró, lo cito aquí en esta Asamblea, compañeros diputados, para que quede constancia, la preocupación del señor Gobernador del Estado que desde este día, él dijo así, junto con los demás partidos, entre ellos el PSUM, íbamos a empezar a legislar, a nosotros los diputados, a los diputados locales acerca de la forma de corregir las deficiencias de la policía. Yo pienso que sólo el día en que los diputados sean electos por voto secreto y directo del pueblo, el pueblo siempre estará en el riesgo de que cualquier ciudadano envestido de esta categoría de policía, de guarura, se le antoje agredir a cualquier ciudadano, no sólo a los diputados.
Por cierto, el jefe de la policía judicial, en el Diario de Jalapa, dice que nos faltó sensibilidad a los miembros de la Comisión y a la policía judicial. La única sensibilidad que yo siento en tratos con la policía judicial es la sensibilidad que siente el pueblo cuando llega a cualquiera de nuestros, pueblos cuando el pueblo ve llegar a la policía judicial, todos se encierran temerosos de ser víctimas de estos atropellos. Esa es la única sensibilidad, señor jefe de la policía judicial de Veracruz, es la que puede sentir cualquier ciudadano en el goce de sus más amplios sentidos, pánico, miedo, terror. Creo yo que esto debe terminar, compañeros diputados, que esta Cámara, que esta Cámara que ha sido acusada por mí mismo de insensible y de indiferente, tome por un momento la figura de que está investida, todas las gentes que estamos aquí sentados por efecto de los votos del pueblo, y reclame y legisle lo que sea necesario para que el pueblo de México respire la libertad que todos los días se habla a derecha e izquierda en este pueblo, pero que, compañeros, prácticamente se quedan en eso, en palabras.
En este momento, en Veracruz, los maestros de un sindicato que estaban haciendo goce de los derechos que tenemos los mexicanos, están apresados, bajo los delitos que supervivieron a la derogación del delito de disolución social, acusados por los delitos de motín y de sabotaje a la educación.
Compañeros, que por sabotaje que el que se hace a los derechos del pueblo de México cuando no puede ejercer los mínimos a los que tienen derecho los trabajadores.
Están los maestros, los que no fueron apresados, están en huelga de hambre, como en hambre están ahí los de la ACERMEX, y que pende sobre ellos la amenaza del desalojo. Ojalá el Presidente de esta Legislatura, de este mes, proteja a esos mexicanos que están haciendo uso de sus derechos de reunión y de petición, ojalá.
En huelga de hambre están esos compañeros como los de Jalapa, aunque compañeros, después de lo que dijo ayer el Ministro de Hacienda, que nos promete dos años de huelga de hambre a todo el pueblo, posiblemente no tenga importancia estar en huelga.
Compañeros, yo que quise venir a esta tribuna a dejar sentada mi protesta, pero más que nada a hacer una propuesta concreta, espero que los compañeros periodistas me perdonen la vida esta vez y me permitan reconocer que conozco el Reglamento Interior de este Congreso, y pedirle al Presidente que autorice al Secretario de esta Cámara que lea el 2o. párrafo del Artículo 61 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. Presidente: Proceda la Secretaría.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: "El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar."
El C. Pedro Bonilla Díaz de la Vega: Señor Presidente; compañeros diputados. Pido que, en nombre de esta disposición de la Constitución, el señor Presidente investigue, recabe información de este hecho, exija el castigo de los que violaron el fuero de 2 diputados, uno federal y otro local, que recabe toda la información y que, posteriormente, rinda un informe a esta soberanía Muchas gracias. (Aplausos.)
-EL C. Presidente: En virtud de que la palabra del señor diputado Pedro Bonilla Díaz de la Vega es suficiente para esta Presidencia, se formula la más enérgica protesta por la violación de que fue objeto el señor diputado Pedro Bonilla. Queda, en consecuencia, satisfecha su petición y la Oficialia Mayor procederá a hacerlo del conocimiento. (Aplausos.)
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea:
A la comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, una Iniciativa que reforma a la vigente Ley Orgánica del Banco de México, presentada por varios diputados miembros de esta H. Cámara.
Considera la citada Iniciativa que a raíz de las medidas adoptadas el día primero de septiembre pasado, relativas a la nacionalización del servicio público de banca y crédito y al establecimiento del Control Generalizado de Cambios, y por razón además de la función que tiene el Banco de México, como eje central del Sistema Financiero, es necesario que se le dé una nueva estructura jurídica y se atribuyan en forma clara al Ejecutivo a dicho Instituto Central, facultades en materia de control de cambios y de fijación de la paridad.
En cuanto al primer aspecto, esto es, a la nueva naturaleza, jurídica del banco, la Iniciativa propone terminar con la estructura actual que el banco tiene, de Sociedad Anónima, y convertirlo en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Esta comisión de Hacienda y Crédito Público estima que la naturaleza jurídica del Banco de México debe considerarse tomando en cuenta la que resulte idónea al adecuado cumplimiento de sus funciones esenciales. Estas funciones, como en todo Banco Central, son regular la moneda, el crédito y los cambios, sostener el sistema general de crédito operando como banco de reserva de las instituciones integrantes del mismo, y actuar como banquero y agente financiero del Gobierno Federal. El carácter de estos servicios públicos, dentro de los que se encuentran comprendidas numerosas y variadas operaciones financieras, requieren que quien las realice cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como adecuada autonomía administrativa y técnica. Ello hace necesario que el Banco de México deba ser un organismo descentralizado y no un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, en cuyo caso sólo tendría autonomía técnica, existiendo una relación jerárquica con el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual no correspondería con el carácter de las funciones que realiza por disposición constitucional el propio Banco de México y con las asignadas a la citada Secretaría por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Banco, para realizar las citadas operaciones financieras, tanto en el ámbito internacional como en el interno, requiere imprescindiblemente de personalidad jurídica y patrimonios propios, atributos que tendría como organismo público descentralizado.
La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en forma indubitable que el Banco de México debe ser entidad con personalidad jurídica distinta del Gobierno Federal, aun cuando controlada por éste. Así lo determina claramente el Artículo 28 del Código Fundamental.
Es obvio que el Gobierno Federal no puede ni debe ser un banco, caso que se presentaría de dar al Banco de México el carácter de organismo desconcentrado.
Por otra parte y dadas las funciones que el legislador ha venido asignando al Banco de México a lo largo de su vida institucional, para afirmarlo como banco central de la nación, no es de manera alguna procedente que mantenga su actual estructura de sociedad anónima, más aún en las circunstancias actuales en que la banca se encuentra nacionalizada. Este estado de cosas hace necesario que el Banco de México deje de ser una sociedad anónima regulada por las disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles y se convierta en un organismo regido por disposiciones de orden público.
En cuanto al otro aspecto básico de la Iniciativa, esto es en cuanto al hecho de reafirmar las atribuciones del Ejecutivo y del Banco de México y en el área de Control de Cambios y de Fijación de la Paridad, la Iniciativa propone una serie de dispositivos que tienen que ver con estas materias. Por ello, establece facultades para regular mediante disposiciones de carácter general, las materias correspondientes al cambio de divisas en el territorio nacional, la compra venta y circulación de las mismas, y la determinación de la paridad cambiarías. Asimismo, establece facultades que enriquecen las atribuciones del Ejecutivo Federal y del propio Instituto Central para determinar la implementación, el grado y el manejo de un control de cambios en el país.
Lo anterior, a juicio de esta Comisión es valedero.
Esta Comisión considera recomendable adicionar la vigente Ley Orgánica del Banco de México, como lo propone la Iniciativa, a fin de clarificar y hacer más explícitas las facultades con que ya cuenta el Ejecutivo Federal y el Banco de México, para fijar la paridad y establecer, mediante Decretos, el régimen de Control de Cambios que, de acuerdo con disposiciones de tipo administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicaría dicho Instituto Central, como pivote del Sistema Bancario y Órgano encargado de la operación de la política monetaria.
Conviene aclarar que la Comisión que dictamina continúa con el estudio de la Iniciativa para elaborar una nueva Ley Orgánica del
Banco de México, propuesta por el C. Presidente de la República al H. Congreso de la Unión, a través de esta H. Cámara de Diputados, en el mes de septiembre pasado.
La trascendental medida tomada por el C. Presidente de la República el día 1o. de septiembre, al nacionalizar la banca, plantea la necesidad de hacer una revisión a fondo en la estructura y funcionamiento del sistema bancario del país.
La nacionalización de la banca, obliga también a introducir otros cambios en la legislación bancaria y en la propia del Banco de México, para rediseñar las atribuciones que correspondan a las distintas autoridades encargadas de vigilar el buen funcionamiento de las instituciones de crédito, de ejercer el control cualitativo y cuantitativo de crédito, de fijar las tasas de interés activas y pasivas, de aprobar las tarifas de los servicios bancarios y, en general, de intervenir en la política financiera de todo el sistema.
La legislación bancaria y la Ley Orgánica del Banco de México se influyen y condicionan mutuamente por las facultades que, como banco central del sistema, tiene el Banco tanto en lo concerniente al control de crédito, como en la regularización del circulante de la economía nacional.
Modificar de manera sustancial o total una de las leyes, sin hacerlo en las otras, produce incompatibilidad entre varias normas de ambas leyes, con posibilidad de que se produzcan derogaciones tácitas sobre las normas de la ley anterior; con el consiguiente desajuste en la estructura y armonía de esta última. Por ello resulta aconsejable que cuando se hagan cambios sustanciales en una de las leyes, como ocurre al expedirse una nueva Ley Orgánica del Banco de México, deben estudiarse e introducirse los que correspondan al resto de la legislación bancaria, manejando el conjunto de los ordenamientos como un sólo paquete para que exista total armonía y congruencia en todas las disposiciones que rigen el funcionamiento del sistema bancario.
Como antes se indicaba, la nacionalización de la banca impone la necesidad de introducir cambios sustanciales a la legislación bancaria, con las correspondientes adecuaciones a la Ley del Banco de México, puesto que tan importante y patriótica medida obliga a establecer una nueva estructura en todo el aparato bancario, y a introducir las reformas para que el nuevo sistema opere con mejor orientación en las operaciones crediticias, estimule el crecimiento del ahorro interno, y se vincule más estrechamente al sistema económico, social y cultural, en forma más racional y con mayor sentido social.
Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que en su histórico informe, recientemente rendido ante H. el Congreso de la unión, en el que anunció la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expresó la urgencia de que el Banco de México deje de ser una Sociedad Anónima, y se convierta en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el propósito de que pueda cumplir cabalmente sus funciones de banco central y de emisión único.
Frente a todas las circunstancias señaladas, esta Comisión estima que la posición más recomendable es la que se contiene en la iniciativa que ahora se dictamina; esto es, que por lo pronto, se introduzcan la vigente Ley Orgánica del Banco de México las reformas necesarias a efecto de que dicha banca se convierta en organismo público descentralizado y se aclaren las facultades del Ejecutivo y del mencionado banco en materia de control de cambios y de fijación de la paridad y se deje en estudio de esta Comisión las normas de la Iniciativa del Ejecutivo Federal para que se dictaminen conjuntamente con otras iniciativas referentes al nuevo esquema bancario del país. Este procedimiento que la Comisión sugiere, evitaría el riesgo de que después de expedida la nueva Ley Orgánica, hubiere necesidad de reformarla para ajustarla a las otras posibles nuevas disposiciones.
Es pertinente señalar que la Comisión ha estimado conveniente introducir algunos pequeños ajustes de carácter técnico a la Iniciativa que se dictamina, con el fin de precisar las operaciones del Banco de México. En este orden de ideas se elimina de la Ley la intervención que tiene actualmente la Asociación de Banqueros de México, en ciertas actividades del Banco; se incluye la obligación de publicar el balance general del ejercicio del banco y el informe que el Director General rinde a la junta de Gobierno; se establece quiénes, en todo caso, deben estimarse como empleados de confianza de la Institución; se adecúan los preceptos en lo que exige el nuevo esquema del Instituto público descentralizado, especialmente aquellos que mencionan al actual Consejo de Administración, a las instituciones asociadas al Banco de México, S.A. o a los estatutos de la sociedad anónima, para que se uniforme la terminología y quede claro que conforme a la Ley que se pretende reformar, se estará en presencia de una Junta de Gobierno, de un reglamento Interior del Banco de México, y que no tienen ninguna función en la operación propia del Banco, las actuales instituciones asociadas; y, finalmente, se puntualizan algunos aspectos relacionados con las operaciones de cambio y de divisas.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión considera válidas las razones que sustentan la Iniciativa así como válido en esencia su contenido, por lo que somete a la
consideración de esta H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco de México:
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 4o., 8o., fracción I, fracción II, 10, 15, segundo párrafo, 21, 22, fracción II, fracción IV, 23, 24, primer párrafo, fracción VIII, primer párrafo, fracción IX, fracción X primer párrafo, fracción XI, inciso f), fracción XXII, fracción XXVI, 26, 27 primer párrafo, 32, segundo párrafo, 33, 36, primer párrafo, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, fracción I, fracción II, 64, 65, fracción VIII, correspondiente a los datos que deben figurar en el activo, fracción IV, correspondiente a los datos que deben figurar en el pasivo, 71, primer párrafo, fracción V, fracción VI, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Banco de México, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 1o. Se crea un organismo público descentralizado de la administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Banco de México, que será el Banco central y de emisión único, de la nación.
Artículo 4o. El patrimonio del Banco de México se integrará con:
I. Los bienes, derechos y obligaciones que le correspondan conforme a la Ley, así como aquellos provenientes de las operaciones que realice y de los servicios que proporcione.
II. Las aportaciones que el reciba del Gobierno Federal, y
III. Los demás bienes, derechos y obligaciones, que adquiera o contraiga, por cualquier otro título legal.
Artículo 8o. Corresponde al Banco de México desempeñar las siguientes funciones:
I. Regular la emisión y circulación de la moneda y los cambios sobre el exterior, determinado el o los tipos de cambio a los que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacional, para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, pudiendo determinarlos también para operaciones de compra y venta de divisas o moneda extranjera en territorio nacional.
II. Operar como Banco de reserva con las instituciones de crédito y fungir respecto de éstas como cámara de compensación.
Artículo 10. El Banco podrá fabricar sus propios billetes, los cuales deberán contener: la denominación del billete con número y letra; el número y la serie del mismo; la fecha de su emisión; las firmas en facsímile de un miembro de la junta de Gobierno, del cajero del Banco y de un inspector de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la leyenda "Banco de México".
La junta de Gobierno del Banco de México, con aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará las denominaciones de los billetes, las características que deban aparecer en su anverso, así como las que deban figurar en su reverso, y los dibujos, gravados, viñetas, color, sellos y cualesquiera otras contraseñas o signos que deban llevar los billetes en sus distintas denominaciones.
Artículo 15.
La emisión de monedas, cualquiera que sea su denominación deberá hacerse exclusivamente por conducto del Banco de México o de las oficinas o instituciones que su junta de Gobierno designe al efecto.
Artículo 21. El oro y la plata afectos a la reserva, así como los que el Banco adquiera con motivo de sus operaciones, podrán ser depositados en custodia en los bancos o establecimientos de primer orden del extranjero que designe la Junta de Gobierno.
Artículo 22.
II. El oro y las divisas o cambio extranjero no comprendidos en la fracción anterior, a su valor comercial, salvo la facultad que tiene la Junta de Gobierno para valorizarlos al precio de costo, si este fuere inferior al del mercado.
IV. La plata restante, al valor de inventario que fije la Junta de Gobierno, siempre que no exceda del precio que prevalezca en el mercado internacional; y
Artículo 23. El Banco de México, a igualdad de precio, tendrá preferencia sobre cualquier otro comprador en las operaciones de venta de oro o de divisas extranjeras que practiquen las instituciones de crédito. Estas estarán obligadas a darle a conocer sus posiciones de oro y de divisas o cambio extranjero, siempre que el mismo se las pida y además, a transferirle cuando lo solicite, a los precios que se coticen para el público en general en el mercado cualesquiera cantidad de oro o de las divisas o créditos también a la vista o a plazo en otros bancos del país o del extranjero, en exceso de sus obligaciones en las mismas monedas. Si dichos valores no se hubieren cotizado en la fecha de su transferencia, ésta se hará al precio que sirvió de base para la última operación de venta celebrada con ellos por la institución de que se trate. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada administrativamente con multa de 5,000 pesos o con la suspensión temporal de las operaciones de la sociedad infractora, según lo decida la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con la gravedad de caso.
Artículo 24. El Banco, en las condiciones que fije su Junta de Gobierno y de acuerdo con esta Ley, podrá:
VIII. Descontar a las instituciones de crédito, de letras de cambio, pagarés o bonos de prenda a la orden, que provengan de
operaciones relacionadas con la negociación de mercancías, la obtención, negociación o elaboración de productos industriales, o el cultivo o negociación de productos agrícolas, así como son la ganadería que lleven la firma de la institución descontaria, y además una firma de reconocida solvencia.
IX. Adquirir efectos comerciales a la orden, que provengan de cualesquiera de las operaciones mencionadas en la fracción que precede que lleven la firma de una institución de crédito y tengan los demás requisitos que la misma fracción señala, y negociar los efectos así adquiridos;
X. Abrir créditos y conceder préstamos a las institucionales de crédito, sobre los valores siguientes:
XI
a)
b)
c)
d)
e)
f) Los que en casos urgentes se constituyan en instituciones de crédito de reconocida solvencia, para ayudarlas a hacer frente a un retiro extraordinario de depósitos, mientras se dispone del tiempo necesario para examinar su cartera, a efecto de documentar la concesión del crédito correspondiente.
XXII. Invertir los recursos necesarios, con cargo a su presupuesto general de gastos, en la instalación de sus oficinas, en la adquisición de bienes inmuebles y de mobiliario para su uso, o en su caso, en la suscripción o compra de acciones o participaciones en sociedades propietarias de tales bienes inmuebles o constituidas con ese objeto.
XXVI. Operar como cámara de compensaciones para las instituciones de crédito, en los términos de la Ley General de Instituciones de Crédito, organizar y administrar el servicio respectivo en la República y celebrar con las instituciones de crédito arreglos tendientes a reducir al mínimo los pagos de numerario.
Artículo 26. La Junta de Gobierno, atendiendo a las condiciones económicas de la República, fijará, por disposiciones generales, la tasa o las tasas de interés, así como los plazos que deben regir en las operaciones de descuento, de préstamo y de apertura de créditos que celebre el banco de acuerdo con esta ley; en la inteligencia de que las garantías, en sus casos, no podrán consistir en oro, divisas o cambio extranjero, ni en valores o en moneda extranjeros. Cuando las garantías consistan en valores de los comprendidos en el inciso c) de la fracción X del artículo 24, la institución de crédito que los emita o garantice deberá ser diversa de aquella que efectúe el descuento u obtenga el crédito o préstamo.
Artículo 27. El Banco de México fijará libremente las reglas generales relativas al orden en que han de practicarse las operaciones con las instituciones de crédito, según sus plazos o garantías y también podrá fijar límites al volumen general de crédito que otorgue, a las diferentes clases de operaciones, según su plazo o garantías y líneas de crédito para cada una de las instituciones de crédito.
Artículo 32.
Los acuerdos que el banco tome, conforme a lo que precede, serán de aplicación uniforme, sin perjuicio de que el banco pueda fijar normas generales diferentes para las diversas zonas o localidades que determine. En todo caso, la junta de Gobierno deberá oír a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros antes de dictar cualquiera de esas disposiciones.
Artículo 33. No estará obligado el Banco de México, respecto a las instituciones de crédito que endosen o suscriban los efectos de que tratan las fracciones VIII y IX del Artículo 24, a presentar tales títulos para su aceptación o pago, o en su caso, a protestarlos o a dar a aquéllas el aviso ordenado por el Artículo 155 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En consecuencia, la omisión de esas formalidades no dará lugar en caso alguno a la caducidad de las acciones que el banco tenga contra las instituciones de crédito, en virtud de dichos documentos; pero el primero tendrá estos últimos a disposición de las segundas, en los términos que fije el Reglamento Interior, para permitirles la conservación de sus derechos contra los demás signatarios.
No serán aplicables las disposiciones relativas del capítulo VI de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos a las operaciones o arreglos que el Banco de México celebre con las instituciones de crédito en los términos de la presente ley, para hacer frente a un retiro extraordinario de depósito.
Artículo 36. Las instituciones de crédito deberán proporcionar al Banco de México todos los datos o informes que éste les pida en relación con las operaciones que le propongan.
Estarán, además, obligadas a declarar bajo su responsabilidad que han tomado todas las precauciones necesarias para cerciorarse de la solvencia y seriedad de las firmas ofrecidas, así como de que el crédito materia de la operación propuesta reúne los requisitos fijados por esta ley.
Artículo 37. Las instituciones de crédito deberán proporcionar al Banco de México, cuando éste lo requiera, los datos necesarios para la estimación de su estado financiero. La ministración de datos falsos será causa de responsabilidad y estará sujeta a la sanción que establezca la Ley General de Instituciones de crédito.
Artículo 45. La administración del Banco y el ejercicio de sus prerrogativas y funciones estarán encomendados a una Junta de Gobierno y a un director general quien será designado por el Presidente de la República.
La Junta de Gobierno estará investida de facultades amplísimas para ejecutar actos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley; podrá otorgar o suscribir títulos
de crédito y desistirse del juicio de amparo, y otorgar y revocar poderes.
Artículo 46. La Junta de Gobierno se integrará con nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes. El secretario de Hacienda y Crédito Público será miembro de la Junta de Gobierno y Presidente de la misma. Los demás miembros propietarios y suplentes de dicha Junta serán nombrados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que designará de entre ellos al vicepresidente de la propia Junta, quien sustituirá en sus ausencias al presidente. Salvo el caso del secretario de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros durarán en su cargo dos años pudiendo ser nuevamente designados para otro u otros periodos.
La Junta de Gobierno designará al secretario de la misma.
Los miembros de la Junta percibirán el honorario que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 47. Sólo podrán ser miembros de la Junta de Gobierno personas relacionadas con el movimiento bancario, industrial agrícola o comercial de la República.
Artículo 48. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta de Gobierno:
I. Los extranjeros;
II. El director general, los demás funcionarios o empleados del banco, las personas que tengan con el director general o subdirectores de la institución, parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado;
III. Los que hayan sido declarados en concurso y los deudores morosos de cualquiera institución de crédito, así como las personas que tengan litigio pendiente con el banco;
IV. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio por cualquier causa;
V. Las personas que hayan sido condenadas por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.
Artículo 49. La Junta deberá reunirse mensualmente en sesión ordinaria, sin perjuicio de que lo haga en cualquier tiempo, siempre que sea convocada por el presidente o dos de los miembros de la propia Junta, o por el director general del banco.
Para que funcione válidamente, deberán concurrir por lo menos, cinco de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes.
La Junta de Gobierno, a propuesta del director general, designará a los subdirectores generales del banco. Tanto el director como los subdirectores de a institución, deberán ser ciudadanos mexicanos, en ejercicio de sus derechos.
Artículo 52. Las operaciones de cambio sobre el exterior y las de intervención en el mercado de valores, competerán a una comisión ejecutiva que se denominará Comisión de Cambio y Valores y estará integrada por tres miembros de la Junta de Gobierno, que al efecto designe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. a Comisión establecerá las normas que han de regir a las operaciones de compra y venta de oro, plata y divisas; determinará la proporción de divisas que con relación al oro deberá haber en la reserva y tendrá a su cargo la decisión respecto al manejo de todos los recursos cambiarios de la institución. Asimismo determinará las intervenciones que haya de hacer el banco en el mercado de valores, por compra y venta, fijando la clase de valores, la cuantía de las operaciones, los precios y los márgenes de las operaciones.
Competerá igualmente a la Comisión fijar el tipo o los tipos de cambio a los que deban realizarse las operaciones de divisas dentro de la República, y, en su caso, los márgenes de operación de tales tipos de cambio, conforme a lo previsto en el Artículo 23 bis de esta ley, así como aquellos a los que se refiere el Artículo 8o. fracción I del mismo ordenamiento.
Las resoluciones de esta Comisión serán tomadas por mayoría de votos y se ejecutarán desde luego, sin perjuicio de la información posterior a la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno para delegar algunas otras facultades en comisiones de su seno o en el director general, con excepción de las que, conforme a esta ley, estén sujetas al veto del secretario de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 53. Las reuniones de la Junta de Gobierno y las de la Comisión de Cambios y Valores, deberán celebrarse con la asistencia del director o del subdirector que éste designe.
Artículo 54. El director general tendrá a su cargo el gobierno del banco y la representación legal de éste con las facultades que le señale el Reglamento Interior y las demás que la Junta de Gobierno delegue en dicho funcionario.
Artículo 55. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará un auditor externo para auditar y dictaminar los estados financieros del banco. El auditor externo tendrá las más amplias facultades para revisar la contabilidad y los documentos del banco.
Artículo 58. La Junta de Gobierno señalará el sueldo del director general, al aprobar el proyecto de presupuesto del banco, quedando a cargo del director fijar los salarios del personal restante, conforme a las asignaciones globales de ese presupuesto.
La Junta podrá, además, conceder una gratificación anual a los funcionarios y empleados del banco, en proporción a las retribuciones que hubieren percibido durante el ejercicio, pero sin que el monto de tal gratificación llegue a exceder al 30% del importe anual de dichas retribuciones. En ningún caso podrán percibir los funcionarios o empleados otras gratificaciones.
Artículo 60. Al cierre de cada ejercicio financiero se procederá a estimar los elementos del activo y del pasivo del banco de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación las cantidades que se hayan llevado a reservas complementarias de activo, para el adecuado ejercicio de las funciones de regulación monetaria, crediticia y cambiaria, que esta ley encomienda al banco o para previsiones que, conforme a sanas técnicas contables,
sea conveniente registrar a efecto de cubrir pérdidas derivadas de la estimación del activo.
Fijado el monto del remanente establecido de acuerdo con el párrafo que antecede, y separada la cantidad que corresponda pagar, en su caso, por el impuesto respectivo, el saldo se aplicará a los fondos constituidos en el banco conforme a lo que determine la Junta de Gobierno.
Artículo 61. Con los remanentes que se deriven de la acuñación de moneda y con los intereses penales a que se refiere la fracción IX del Artículo 94 bis de la Ley General de intereses penales a que se refiere la fracción xiliares, el banco constituirá un fondo especial de previsión y un fondo complementario de estabilización, que tendrá los objetos siguientes:
I. El fondo especial de previsión reportará directamente, al fin de cada ejercicio, los saldos deudores que arrojen las cuentas de resultado relativas a inversiones en efectos, créditos, valores autorizados que no sean metales y divisas, y los valores y bienes en liquidación, incluyendo los castigos que se apliquen a los mismos, pero no los gastos generales correspondientes;
II. Al fondo complementario de estabilización se cargarán también, directamente, cuando la Junta de Gobierno lo decida, los saldos deudores de las cuentas de resultados relativas a las operaciones con metales y divisas, sin incluir los gastos generales correspondientes. Dicho fondo reportará, además, desde que se causen, los gastos que originen la acuñación de monedas y su emisión.
Artículo 64.
Artículo 65.
En el activo.
VIII. Créditos a cargo de instituciones de crédito.
En el pasivo.
VI. Fondos de reserva y otros fondos.
Artículo 71. El Secretario de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de vetar las resoluciones de la Junta de Gobierno o de la Comisión de Cambios y Valores, en la forma que establezca el Reglamento Interior, cuando se refiera:
I al IV.
V. A los depósitos que en casos urgentes se hagan en instituciones de crédito, para ayudarlas a hacer frente a un retiro extraordinario de depósitos, conforme al inciso f), fracción XI, del Artículo 24.
VI. A la determinación de los depósitos que las instituciones de crédito deben mantener en el Banco de México, según el Artículo 35 y los casos de que tratan los artículos 32, 34 y 73.
Artículo 73. Las resoluciones de la Comisión Nacional Bancaria que afecten a las funciones del Banco de México, tendrán que ser aprobadas por la Junta de Gobierno, antes de proceder a su ejecución.
Artículo 74. Las relaciones de trabajo entre el organismo público descentralizado Banco de México y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.
Son trabajadores de confianza del Banco de México: el director general, los subdirectores generales, los subdirectores, los gerentes, los subgerentes, y los empleados administrativos y de servicios adscritos de manera personal y directa a la Junta de Gobierno y a la Dirección General; los asesores y las secretarias de los funcionarios antes mencionados; los jefes de división de oficina; el personal de seguridad, protección e investigación adscrito a la Gerencia de Seguridad e Investigación; los pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo; el personal técnico del área internacional adscrito a cambios, metales e inversiones, así como los operadores y contraseñadores de telex de la mencionada área internacional.
Artículo segundo. Se adiciona la ley Orgánica del Banco de México con los artículos 23 bis y 75, que quedan en los siguientes términos:
Artículo 23 bis. El Ejecutivo Federal queda facultado para, cuando ello sea necesario o conveniente a la debida protección de la economía nacional, expedir decretos que establezcan un régimen de control de cambios, pudiendo en ellos prohibir o restringir las importaciones, las exportaciones y el comercio dentro de la República, de divisas, así como la importación y la exportación de moneda nacional. Para estos efectos, se entiende por divisas, las monedas y los billetes extranjeros, así como los depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito sobre el exterior o denominados en moneda extranjera y, en general, los demás medios internacionales de pago. Cada año el propio Ejecutivo someterá a aprobación del congreso el uso que hubiere hecho de estas facultades.
Con sujeción a dichos Decretos y a las disposiciones complementarias que, en su caso, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el banco de México operará el régimen de control de cambios a que tales normas se refieran, y podrá fijar tipos de cambio para las operaciones de divisas que se realicen dentro del territorio nacional.
Quien infrinja las citadas disposiciones, será sancionado administrativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con multa hasta por el equivalente de tres mil seiscientas cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la fecha de la infracción. El monto de estas sanciones se determinará por la mencionada Secretaría, oyendo al Banco de México y tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el importe de la operación de que se trate y la situación económica del infractor.
Artículo 75. El Banco de México se regulará por lo dispuesto en esta ley y, en lo que no se le opongan, por las demás que le sean aplicables.
En lo no previsto por esta ley respecto de la organización y funcionamiento del banco, se observará lo que disponga el Reglamento Interior que apruebe la Junta de Gobierno a propuesta del director general.
La Secretaría de Hacienda y crédito Público es el órgano competente para interpretar, a efectos administrativos los preceptos de esta ley.
Artículo tercero. Se derogan los artículos 2o. 5o., 6o., 7o.,24 fracción XII, fracción XXI, 56, 57, 59, y 65 fracción VII correspondiente a los datos que deben figurar en el pasivo, de la Ley Orgánica del Banco de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Segundo. El Decreto que establece el control generalizado de cambios, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 1o. de septiembre de 1982 y las Reglas Generales para el control de Cambios así como las demás disposiciones expedidas con fundamento en dichos ordenamientos, continuarán vigentes con todo su valor y fuerza legales.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Cuarto. El organismo público descentralizado Banco de México adquiere la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad mercantil denominada Banco de México, S. A., sin que esta transmisión cause gravamen fiscal alguno.
El organismo público descentralizado Banco de México asume todos los derechos y obligaciones contraídos por la sociedad mercantil denominada Banco de México, S. A., en virtud de todos los actos, contratos y compromisos celebrados a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, sean nacionales o de carácter internacional.
Para los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, se otorgarán los documentos que legalmente fuese necesario.
Los poderes, nombramientos y designaciones de delegados fiduciarios existentes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, otorgados por el Banco de México, S. A., para ejercer cargos en el mismo o realizar funciones de éste, se confieren de pleno derecho por el nuevo organismo descentralizado Banco de México, mientras no se revoquen o modifiquen.
Quinto. De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 68 de los Estatutos del Banco de México, S. A., se decreta la disolución y liquidación de la sociedad mercantil denominada Banco de México, S. A., y se designa liquidador al organismo público descentralizado Banco de México, quien realizará dicha liquidación con arreglo a las bases siguientes:
I. Formulará el balance final de liquidación de la sociedad con sujeción a lo dispuesto en el Artículo Cuarto transitorio del presente Decreto.
II. Cubrirá a los titulares de las acciones Serie "B" el valor nominal de estos títulos, conforme a lo previsto en el Artículo 71, fracción V de los Estatutos del Banco de México, S. A.
III. Procederá a inscribir en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, el balance final a que se refiere la fracción I de este artículo y a obtener la cancelación de la inscripción en dicho Registro de los Estatutos de la sociedad que se liquida.
Sexto. Cuando alguna ley, reglamento, decreto, acuerdo u otro ordenamiento jurídico, otorgue atribuciones o haga alguna indicación sobre el Banco de México, S. A., se entenderán referidos al organismo que se crea por este Decreto.
Las menciones que en cualquier ordenamiento jurídico se hagan a los estatutos del Banco de México, al consejo de Administración del mismo o a las instituciones a él asociadas, se entenderán referidas, respectivamente, al Reglamento Interior del Banco de México, a su Junta de Gobierno o a las instituciones de crédito.
Séptimo. Los billetes que haya emitido el Banco de México, S. A., mantendrán su poder liberatorio y continuarán en circulación en los términos y para todos los efectos que señalan la Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y la ley Orgánica del Banco de México.
Octavo. Los funcionarios y empleados que al entrar en vigor el presente Decreto presten sus servicios al Banco de México S. A., continuarán su relación de trabajo con el organismo público descentralizado Banco de México, sin que el cambio afecte las prestaciones, derechos y obligaciones que actualmente tienen.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 16 de noviembre de 1982
Diputados Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Ángel Acosta Ramos, Juan M. Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Javier Bolaños Vázquez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, María Luisa Calzada Campos, Abraham Cepeda Izaguirre, Manuel Cavazos Lerma, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinoza, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Ángel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Aidé Eréndira Villalobos Rivera".
Primera lectura. Se dispensa la segunda. En votación económica se aceptan.
DICTAMEN COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO
En atención a diversos planteamientos establecidos por miembros de las fracciones parlamentarias, que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los cuales se ha considerado perfeccionan mayormente el dictamen cuya primera lectura tuvo lugar en la sesión del pasado martes 16, es que se proponen las siguientes adiciones:
Artículo 45 Segundo Párrafo, para adicionar al término del mismo lo siguiente: ...otorgar y revocar poderes; asimismo quede facultado para expedir el Reglamento Interior de la institución.
Artículo 47; sustituir el término: "el movimiento bancario" por "La actividad bancaria".
Artículo 64 para integrarlo, en virtud de que por una omisión en el mecanografiado quedo excluido en el dictamen leído el martes próximo pasado, aún cuando la modificación del mismo quedaba expresamente señalada en el Artículo Primero del Decreto que se ha puesto en conocimiento de esta Asamblea. Dicho Artículo dice al texto lo siguiente:
Artículo 64. Dentro de los sesenta días que sigan a la terminación del ejercicio, el Banco preparará los estados financieros correspondientes y los someterá para su revisión al auditor externo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, previa aprobación de la Junta de Gobierno.
Una vez aprobado el Balance General por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, dentro de los siguientes 30 días el director general del Banco deberá publicarlo conjuntamente con el informe que sobre el ejercicio correspondiente rinda a la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno deberá discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto del Banco formulado por la dirección general para el ejercicio inmediato siguiente, el cual deberá someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su posterior aprobación por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 65.
En el pasivo.
Fracción VI. Anteponiendo la palabra patrimonio; para hacer más comprensivo el concepto que se integra dentro del balance de la Institución para quedar como sigue: Patrimonio; fondos de reserva y otros fondos.
Se adiciona un Artículo Transitorio para quedar como sigue:
Noveno. El Reglamento Interior del Banco de México deberá expedirse en un plazo no mayor de 6 meses, contado a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de Gobierno.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 18 de noviembre de 1982.
Diputados Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Ángel Acosta Ramos, Juan M. Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Javier Bolaños Vázquez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, María Luisa Calzada Campos, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Ángel Olea Enríquez, Leopoldino Ortíz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Aidé Eréndira Villalobos Rivera."
- EL C. Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del congreso, esta presidencia propone a la Asamblea que se dispense su lectura.
En votación económica proceda la secretaría a consultar a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del referido dictamen.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la segunda lectura al dictamen, señor presidente.
El C. presidente: Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Cavazos, por la Comisión.
El C. Ricardo Cavazos Galván: Señor Presidente: "En atención a diversos planteamientos establecidos por miembros de las fracciones parlamentarias que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los cuales se han considerado perfeccionan mayormente el dictamen cuya primera lectura tuvo lugar en la sesión del pasado martes 16, es que se proponen las siguientes adiciones:
"Artículo 45, segundo párrafo, para adicionar al término del mismo párrafo lo siguiente: Donde dice "otorgar y revocar poderes;(punto y coma) asimismo quede facultada para expedir el Reglamento Interior de la Institución".
En el Artículo 47, para sustituir el término "al movimiento bancario" por "la actividad bancaria".
Artículo 64, para integrarlo, en virtud de que por una omisión en el mecanografiado,
quedó excluido en el dictamen leído el martes próximo pasado, aún cuando la modificación del mismo quedara expresamente señalada en el Artículo primero del Decreto que se ha puesto en conocimiento de esta Asamblea.
Dicho Artículo dice al texto lo siguiente:
Artículo 64. Dentro de los 60 días que sigan a la terminación del ejercicio, el Banco preparará los estados financieros correspondientes y los someterá para su revisión al auditor externo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, previa aprobación de la Junta de Gobierno.
Una vez aprobado el balance general por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, dentro de los siguientes 30 días el director general del banco deberá publicarlo conjuntamente con el informe que sobre el ejercicio correspondiente rinda a la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno deberá discutir y en su caso aprobar el proyecto de presupuesto del Banco, formulado por la Dirección General para el ejercicio inmediato siguiente, el cual deberá someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su posterior aprobación por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 65. En el pasivo, en la fracción VI, anteponiendo la palabra "patrimonio" para hacer más compresivo el concepto que se integra dentro del balance de la institución y quedar como sigue: "Patrimonio; fondos de reserva y otros fondos".
Se adiciona un Artículo Transitorio que dice al texto lo siguiente:
"Noveno. El Reglamento Interior del Banco de México deberá expedirse en un plazo no mayor de 6 meses contado a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de Gobierno".
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 18 de noviembre de 1982. Firman: El Presidente de la Comisión, diputado Jorge A. Treviño; secretario de la misma, diputado Ricardo H. Cavazos Galván."
Señor Presidente, se solicita ponga usted a votación de esta Asamblea si se dispensa la segunda lectura de esta adición para pasar a discutir el proyecto en su totalidad.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea, si como lo solicita el C. diputado Ricardo Cavazos, se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la Segunda lectura, señor Presidente.
El C. Presidente: En consecuencia, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la Comisión.
Se abre el registro de oradores...
El C. Presidente: Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguiente ciudadanos diputados: Enrique Alcántar, David Orozco Romo, Javier Moctezuma y Coronado, Raúl López, Iván García Solís y Rolando Cordera.
El C. Rolando Cordera: Señor Presidente, yo me inscribí antes que mi compañero y solicito se respete el orden.
El C. Presidente: De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley Orgánica para el Congreso General, es la presidencia la que lista los oradores.
Se informa que se han inscrito en pro los ciudadanos diputados: Antonio Fabila, Héctor Ramírez Cuéllar, Enrique León Martínez, María Luisa Calzada por la Comisión; Mariano Acoltzin, por la Comisión; Ricardo Cavazos, por la Comisión; Salvador Rocha, Salvador Valencia y Aidé Villalobos.
Con apoyo en lo dispuesto por el Artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y como una demostración de respeto y consideración a los ciudadanos diputados, esta presidencia recuerda a los señores oradores que se han inscrito para hablar en pro, el límite reglamentario de 30 minutos para cada intervención. tiene la palabra el C. diputado Enrique Alcántar.
- El C. Francisco Javier González Garza:
Moción de orden, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier González Garza, para una moción.
- El C. Francisco Javier González Garza:
Yo sólo quisiera pedirle a la presidencia, que nos aclarara en qué fundamento se basa para disponer el orden de los oradores. Yo es la primera vez que escucho que es la presidencia, después de que las personas solicitan el orden de la palabra, él va a decir quién habla primero y quien habla después. Yo quisiera que nos aclarara, porque a lo mejor en esta ocasión no tiene gran problema, pero en otro tipo de discusiones, a veces el orden de los oradores es muy importante. Y no sé si también se quiera que la presidencia designe a los oradores. Y a mí me gustaría que nos aclararan por favor.
El C. Presidente: Proceda la secretaría a dar lectura al Artículo 34, las fracciones B y C de la Ley Orgánica del Congreso General.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: La fracción B dice: "Dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara".
Fracción C. "Conducir los debates y las deliberaciones del pleno"
- EL C. Gerardo Medina: Eso no tiene nada que ver con el orden.
El C. Luis Enrique Sánchez Espinosa: No lo autoriza a cambiar el orden.
El C. Presidente: El Artículo 21, lea la secretaría, fracción VI del Reglamento.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: La fracción VI del Artículo 21 del Reglamento dice: "Dictar todos los trámites que exija el orden de la discusión de los negocios".
El C. Presidente: ¡Quinta!
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Fracción V, dice: "Conceder la palabra alternativamente en contra y en pro, a los miembros de la Cámara en el turno en que la pidieren.
El C. Presidente: Se le informa a los ciudadanos diputados que han pedido la palabra en contra, que la presidencia listó a los ciudadanos diputados, de acuerdo con el orden en que lo fueron pidiendo. Al menos, al juicio de la presidencia. Y como lo fue observando.
El C. Luis Enrique Sánchez Espinosa: En el silencio de su despacho, ¡ no señor!
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Enrique Alcántar.
El C. Luis Enrique Sánchez Espinosa: No sea autoritario, señor Presidente.
El C. Enrique Alcántar Enríquez: Ciudadanos presidentes de esta honorable Cámara, honorable Asamblea. Los diputados demócratas votaremos en contra del Dictamen relativo a la iniciativa que adiciona y reforma distintos artículos de la Ley Orgánica del Banco de México. Ya en el voto particular dado a conocer en primera lectura, suscrito por nuestro compañero diputado Orozco Romo, se estableció el deber de congruencia de no aceptar unas reformas que se dicen derivadas del acto expropiatorio del 1o. de septiembre de 1982 y de las reformas del artículo 28 constitucional que establecen el monopolio estatal de las actividades bancarias, medidas que fueron rechazadas, impugnadas por los representantes del Partido Demócrata Mexicano. Reiteramos sin abrir debates, esa postura para dejar testimonio de nuestra actitud. Hoy, partimos de la hipótesis de que ya se completó el proceso legislativo de las últimas reformas del Artículo 28 constitucional y que el día de hoy o el de ayer salió publicado en el Diario Oficial el Decreto respectivo e inició su vigencia. Sin abandonar la lucha para que en las próximas elecciones federales o en las siguientes se den los factores que permitan enderezar tal entuerto y mientras eso sucede, respetamos el principio de que las leyes secundarias deben estar acordes con la Constitución, aunque algún aspecto de la misma no nos agrede y pugnaremos por su reforma. En esa línea y reformando el Artículo 28 constitucional, admiramos que lo congruente y lo sensato es establecer y delinear al Banco de México como un organismo público descentralizado. Al respecto podemos compartir los juicios del dictamen como se afirma, el carácter de estos servicios públicos dentro de los que se encuentran comprendidas numerosas y variadas operaciones financieras, requieren quien las realice cuenta con la personalidad jurídica y patrimonio propio, así como adecuada autonomía administrativa y técnica, ello hace necesario que el Banco de México debe ser un organismo descentralizado y no un órgano desconcentrado de la administración pública federal en cuyo caso sólo tendría autonomía técnica existiendo una relación jerárquica con el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual no corresponde con el carácter de las funciones que realiza por disposición constitucional el propio Banco de México y con las asignadas a la citada Secretaría por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y más adelante se asienta. Es obvio que el Gobierno Federal no puede ni debe ser un banco, caso que se prestaría a dar al Banco de México el carácter de organismo desconcentrado. Hasta aquí el texto del dictamen.
Tales propósitos se reflejan en el Artículo 1o. de la Ley Orgánica citada con su texto propuesto para reforma, pero nada más en cuanto a la autonomía administrativa, y más bien en las instituciones que se proponen.
En cuanto autonomía, sólo se delinea la autonomía técnica de los organismos desconcentrados.
Como verán, el órgano supremo de la institución, según los artículos 45 y 46 del proyecto, es la Junta de Gobierno, integrada por 9 miembros propietarios y sus suplentes, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, será miembro de la Junta de Gobierno y la presidirá. Los demás miembros serán nombrados a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Está formada, pues, la Junta de Gobierno por el Secretario de Hacienda y los otros miembros que él mismo nombra, como puede nombrar a los empleados que le ayudan en la Secretaría, pero, en caso de que no le guste lo que sus subordinados, o si se quiere sus nombrados, tiene la facultad de vetar sus resoluciones, según el artículo 71, paradójicamente, en otras hipótesis, tiene la facultad de vetarse a sí mismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito es el órgano competente para interpretar a efectos administrativos, los efectos de la ley, los preceptos de la ley. Y como con la nueva estructura desaparece la estructura de los comisarios, del órgano de vigilancia, propio de las sociedades anónimas, para sustituirlo se prevé la designación de un auditor externo, para auditar y dictaminar los estados financieros del Banco, nombrado por quienes ustedes se imaginarán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De externo, tal auditor, sólo tendrá la asignación y el nombre. O sea, que el secretario de Hacienda y Crédito Público,
que no la Secretaría, pues la dependencia no puede realizar actos de voluntad, es miembro de la Junta de Gobierno y Presidente de la misma, nombra a sus otros integrantes, ejerce un voto precautorio, nombra a quien lo va a auditar e interpreta la ley para efectos administrativos. No es eso, en la práctica, una relación jerárquica con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo rodeos formales y ociosos.
Trasladado lo anterior al mundo de las figuras y de la metáfora, la estructura jerárquica del Banco de México, según el proyecto de reformas, parece el hematoma o el ectoplasma de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya sé que si sube algún abogado de la mayoría a defender el dictamen va a alegar que esto indefiniblemente que traemos entre manos si está delineado como organismo público descentralizado al preverse personalidad y patrimonio jurídico propio, tal y como se definen estos entes gubernamentales en el Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero no se trata de una discusión doctrinaria a posteriori, sino que esta Legislatura está estructurando una institución en que hay el interés de que goce de una autonomía administrativa real, efectiva, adecuada a su función de banco central, y eso no se va a lograr con el diseño propuesto.
Normalmente, la autonomía administrativa se logra con pluralidad en el origen de sus directivos, como sucede en el Seguro Social y sucedía en el Banco de México S. A. La estructura de este último no puede ser la misma que la anterior bajo los presentes supuestos, pero hay muchas opciones cuya vitalidad y conveniencia no se discute en este momento para integrar la junta de gobierno. Por ejemplo, que en la minoría estén representados los intereses operacionales de las instituciones de crédito o la voz de los colegios profesionales ¿por qué no los empleados también de los bancos?
Se impone que la vigilancia tenga distinto origen que la junta y establecer ante quien debe rendir los informes de las anomalías administrativas que se encuentren. No es tarea fácil, pero corresponde a la previsión de una ley nueva e integral y no a remiendos, a una ley obsoleta, lo cual es como echar vino nuevo en odres viejos.
Por otra parte, se derogan algunos artículos que correspondían a su estructura de sociedad anónima y se conservan otros del mismo jaez. En el Artículo 23 bis del proyecto se establecen las facultades del Presidente de la República para decretar el control de cambios, precisamente en la Ley Orgánica de un banco, cuando debiera proponerse como reforma constitucional o de menos si se sostiene la tesis de que tal facultad ya está implícita en nuestra ley fundamentar en la ley de atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica y no agazapada en la organización de un banco.
Estamos conscientes de que la estatización de actividades debe ser mixta o de particulares, necesariamente producirá monstruosidades jurídicas, estructurales y organizativas y operacionales. Se violenta la naturaleza de las cosas y se producen las consecuentes aberraciones. Por ello, para evitar males mayores, el trabajo legislativo debe ser más acucioso, responsable y sin prisa.
No se cuestiona la competencia de los diputados que presentaron la Iniciativa, sino que los defectos de la misma provienen de la premura del tiempo y de la metodología de los remiendos. A los diputados demócratas nos puede pasar lo mismo en las mismas circunstancias, de hecho lo vivimos cuando estudiamos el dictamen y se sugirieron enmiendas para mejorar el Artículo al discutirse en lo particular cada artículo, pero vimos que eso era echar un parque sobre otro parque y que las alternativas no estaban bien maduradas en el pensamiento. Por eso desistimos de la tarea para no ser coautores en el mundo jurídico del fenómeno paralelo en el mundo natural de los becerros de dos cabezas y conejos de cinco patas y preferimos sólo objetar en lo general y proponer que se rechace en su totalidad el dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio Fabila.
El C. Antonio Favila Meléndez: Señor Presidente, señores diputados: He pedido el uso de la palabra para referirme a varias observaciones que estimo improcedentes y que ha presentado ante esta Asamblea el diputado Enrique Alcántar, del Partido Demócrata Mexicano, respecto a la Iniciativa que reforma la vigente Ley Orgánica del Banco de México que fue presentada por un grupo de diputados priístas.
No vamos ciertamente a hacer objeto de debate el hecho de la validez de la expropiación de la banca privada y de la conversión del Banco de México, de sociedad anónima en un órgano descentralizado del gobierno federal. No sólo es procedente esto al amparo del Artículo 27 Constitucional, sino que constituye un imperativo de interés nacional con amplia justificación económica, política y social.
Incuestionablemente el Estado, en uso de sus facultades, otorgó en concesión la actividad bancaria y financiera a particulares; las circunstancias actuales, bien distintas a las que dieron lugar a dichas concesiones, exigía de la atención del interés público se le retirara dicha concesión.
La conversión del Banco de México, de sociedad anónima a un órgano descentralizado, responde también a un imperativo de interés nacional, y si éste fue sociedad anónima, lo fue como consecuencia de una atribución del Estado para en su oportunidad otorgar una concesión en tal sentido, que ya no tiene razón de ser, y con las mismas facultades que le asisten retira tal concesión en aras del interés público, y al margen de consideraciones ideológicas por muy respetables que éstas sean.
Esos puntos, reitero, no están de hecho sujetos a debate, en lo que se refiere que la ley no contempla de la autonomía administrativa, debemos señalar que el banco central, en su contexto de órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, es incuestionablemente ya de suyo la ley le da autonomía administrativa, en particular si consideramos que su Junta de Gobierno está investida de facultades amplísimas como se apunta en el artículo 45 de la ley que nos ocupa, para ejecutar actos de dominio, de administración, dice textualmente, luego la iniciativa sí hace referencia a la autonomía administrativa del Banco, como también se refiere a las facultades del Banco para ejercer actos de pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley .
Luego no es válido el señalamiento del Partido Demócrata Mexicano de que sólo se refiere a la autonomía técnica de los organismos desconcentrados, y no se habla de autonomía administrativa.
En lo que se refiere a otros señalamientos que se hacen sobre la integración de la Junta de Gobierno, es pertinente señalar que la Junta de Gobierno, órgano supremo del Banco, si bien es presidida por el Secretario de Hacienda como cabeza de sector, el director como los demás miembros, son designados por el Poder Ejecutivo y por el Ejecutivo en particular; lo que no está reñido con la misma ley que en sus consideraciones señala con claridad que el Banco debe ser entidad con personalidad jurídica distinta del Gobierno Federal aún cuando controlado por esto. Está en la página 2.
Así lo determina claramente también el Artículo 28 constitucional. La autonomía técnica administrativa del Banco no significa extraterritorialidad del banco, no confundamos los términos.
En lo que se refiere a otro señalamiento del por qué de la persistencia del veto del secretario a las acciones del Banco, debemos señalar, que la persistencia de este veto del presidente de la junta de Gobierno, es simplemente congruente a la misma autonomía de que hablamos, de otra forma no existiría un mecanismo oportuno que eventualmente regulara las decisiones del Banco.
Se habla también de que la Junta de Gobierno no hay pluralidad en su integración, la pluralidad de que se habla debe existir en esta Junta se da en el Artículo 47 de la Ley, que señala textualmente, que sólo podrán ser miembros de la Junta de Gobierno, personas relacionadas con el movimiento bancario, industrial, agrícola o comercial; que se sepa como empleados del Secretario de Hacienda no existen ni agricultores, comerciantes o industriales, luego tampoco es válido el señalamiento del PSUM de que la Junta se integra con empleados del Secretario de Hacienda.
En lo que se refiere a la desaparición de la figura del comisario y que se sustituye con la vigilancia del Banco, a través de un auditor externo, debemos señalar que es cierto que desaparece esta figura como órgano de vigilancia y es obvio que desaparezca, porque ya no existen más los accionistas de la Serie B que los nombraban y ya no existe la figura del Banco como sociedad anónima.
El auditor externo no es un empleado del Secretario de Hacienda, es un particular que con juicio imparcial cumple su cometido al margen de que sea designado por el Secretario de Hacienda en una relación contractual. El cometido del contralor está relacionado con auditar y dictaminar la situación financiera del banco, y tiene además las más amplias facultades para revisar la contabilidad y los documentos del Banco, que es lo que finalmente importa, y no conlleva este mecanismo una relación jerárquica, como aquí se ha apuntado sino más bien de supervisión y regulación de las actividades del Banco.
Se dice también que no tienen sentido u objeto las facultades repetitivas que sobre el control de cambios se asientan en la ley que nos ocupa.
Ahora bien, la circunstancia de que se enfatice en el Artículo 23 bis de la Ley Orgánica del Banco de México, las facultades del Ejecutivo para ejercer el control de cambios, es porque ésta es una ley secundaria que debe contener los mismos preceptos constitucionales que le otorgan esa facultad al Ejecutivo, facultad que se centra en el control de cambios y que se explica por sí sólo su contenido en esta Ley. Así como también debemos entender la razón de que quienes incluyeron en esta ley las facultades del Ejecutivo sobre control de cambios, lo hicieron así, es tomado en cuenta que el Banco Central es el instrumento para este efecto, es decir para aplicar los términos del control de cambios que se establezcan, con sujeción a los decretos respectivos y disposiciones complementarais. Junto a la circunstancia de que en las consideraciones de la ley se menciona el propósito de la iniciativa de que junto a la nueva estructura jurídica, se atribuyan sin prejuicio ese implícito tras que ya existe en otros ordenamientos, se atribuyan en forma clara al Ejecutivo y al Banco Central, las facultades en control de cambio y la fijación de paridad del peso mexicano.
Y finalmente, coincidimos con los representantes del PDM, de que el apresuramiento en el dictamen de la Ley del Ejecutivo, se puede incurrir en contradicciones, errores u omisiones, Es por ello que la Comisión de Hacienda determinó oportuno no diferir un tanto el estudio de esta iniciativa del Ejecutivo, y por contra, dar el tiempo suficiente para un examen minucioso, serio y responsable. No se está congelando, no se está difiriendo el estudio de la iniciativa que envió el Ejecutivo, simplemente se está difiriendo la conclusión del dictamen respectivo, con el deseo de hacer éste lo más completo, serio y responsable posible.
Por último, me permito recordar a los compañeros del PDM, que el texto de esta iniciativa se entregó con toda oportunidad a cada
no de los miembros de la Comisión de Hacienda, para su estudio y consideraciones consecuentes. El que se haya o no examinado con oportunidad por los miembros de los partidos que integran la Comisión, queda al arbitrio, seriedad y responsabilidad que cada diputado de estos partidos otorgue a las iniciativas que se le turnen. Y esto, francamente, rebasa con mucho los propósitos de esta comisión. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado David Orozco Romo.
El C. Orozco Romo: La que declino, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Javier Moctezuma.
El C. Javier Moctezuma y Coronado: Vengo a esta tribuna en el orden de ese artículo inédito del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara. Honorable Asamblea; entendemos las razones que la Comisión da en favor del Dictamen como algo transitorio y provisional en tanto que se modifican y adecúan todas las leyes relacionadas con la banca y el crédito. Pero precisamente este carácter de provisionalidad es la que nos da una de las razones para votar en contra de este dictamen. Las Leyes se expiden para regular conductas sociales de manera permanente y con una intención de continuidad, no debe haber leyes transitorias que vienen a constituir un parche a nuestro sistema de crédito ya de por sí deteriorado, ya hemos dicho en otras ocasiones y en otras discusiones, perdón no se debe legislar para adecuar a la ley las situaciones de hecho adoptadas por el Gobierno y aun cuando reconocemos que el proyecto a discusión significa un esfuerzo de ordenación y reglamentación de una realidad muy deteriorada, insisto, que en efecto necesita de una nueva legislación; a pesar de esto pensamos que es preferible dejar la ley como está y que para llevar a cabo las reformas definitivas si es necesario se convoque a un periodo extraordinario de sesiones. Reconocemos también que al proyecto original se le hicieron algunas mejoras y aficiones en su redacción, pero esto no opta para que el Partido Acción Nacional manifieste su desaprobación con algunas otras situaciones de fondo, las fundamentales son las siguientes: excesivos centralismo y presidencialismo que hace de los órganos del Banco de México simples instrumentos en manos del Secretario de Hacienda sin ninguna autonomía ni técnica administrativa, tal como funcionaba el Banco de México, S.A., a base de un Consejo de Administración, es decir, la institución tenía un órgano de dirección diferente al de ejecución, lo que permitía una diferenciación de funciones mediante las cuales la dirección estaba obligada a rendir cuentas de su actuación a un órgano superior y diferente y tal como se pretende estructurar ahora, la dirección como la Junta de Gobierno, provienen de la misma fuente del Poder Ejecutivo. Fenómeno que nos hace tener una falta de control real con riesgo de la eficacia de la institución.
Por otra parte, en el proyecto que está a discusión, en su Artículo 8o., fracción I, confiere al Banco la exclusiva, lo que vale decir, nuevamente al Poder Ejecutivo facultades amplísimas para regular la emisión y circulación de moneda, y la determinación de los tipos de cambios con monedas extranjeras, funciones que, en nuestra opinión, deben seguir dentro del ámbito de las facultades del Poder Legislativo.
Una de las causas de la inflación que sufre nuestro país, es como lo reconoció hace un par de días el Secretario de Hacienda: El financiamiento a través de la emisión de billetes.
Por lo anterior expuesto, los diputados de Acción Nacional tendremos que votar en contra.
Señoras y señores, nosotros también estamos conscientes de la urgencia que existe de legislar en la materia, por eso invitamos a que acepten nuestra sugerencia de retirar este dictamen, y si el periodo ordinario de sesiones no alcanza a hacerlo, convoquemos a un periodo extraordinario, porque la experiencia nos ha enseñado que el legislar en forma apresurada, en lugar de resolver los problemas, han creado más confusiones.
Señores de la Comisión, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tienen la palabra el C. diputado Enrique León Martínez.
El C. Enrique León Martínez: Señor Presidente; honorable Asamblea: En el seno de la Comisión de Hacienda también se discutió la problemática del control de cambios contemplada en esta iniciativa. Nosotros sentimos en verdad que es muy amplio y plural el mosaico ideológico que tienen los diversos partidos políticos representados en esta Cámara en torno al control de cambios. Para algunos; el control de cambios debería ser conservado permanentemente; para otros se debería liberar el control de cambios. Otros partidos desean que el control de cambios sea elevado a rango constitucional. Nosotros respetamos las diversas opiniones y las diversas posiciones ideológicas que tienen los partidos políticos en torno al control de cambios. Sin embargo para nosotros el control de cambios no es un fin en sí mismo, es un instrumento que puede ser útil o no útil, en función de las circunstancias.
El sistema cambiario actual fue establecido en condiciones de crisis y el pueblo y el gobierno de la República lo irán adecuando conforme lo aconsejen las experiencias y las circunstancias internas y externas. Ya el propio Presidente de la República señalaba, en su Sexto Informe de Gobierno, que muy probablemente, y cito textualmente "...el control de cambios sufrirá pronto modificaciones y adaptaciones". No hay experiencia en un país frontera con la economía más poderosa de la
tierra, extensa frontera norte - sur. Asimismo, el Presidente señalaba "... es deseable que dicho control sea transitorio; depende de que el mundo organice su economía de modo más justo para los países como el nuestro".
En la presente iniciativa no estamos evaluando nosotros si el control de cambios es negativo o positivo actualmente, sino que le estamos dando al control de cambios una posibilidad para su integración jurídica; estamos apuntalando el control de cambios, Se trata de clarificar y precisar las facultades del Ejecutivo en materia de control de cambios, y en ese renglón es necesario reiterar en esta tribuna los principios constitucionales de rectoría del Estado: economía mixta y libertades económicas con pleno respeto de las normas que nos rigen.
Al sector público le corresponde la rectoría, orientación, regulación y fomento de conjunto, así como la responsabilidad de fijar la estrategia global y las normas para que cada uno de los sectores del país garanticen que todos los sectores se sujeten a las modalidades que dicte el interés público.
Creemos que es necesario encontrar los mecanismos adecuados para evitar la fuga de capitales, para evitar la dolarización, pero de acuerdo a las características de la realidad política y económica del país. Que sea el pueblo quien juzgue la operatividad del control de cambios; nosotros no queremos hacer juicios de valor en esta materia. Lo que sí queremos señalar es que estamos defendiendo una iniciativa justa y necesaria para la actual situación económica que confronta nuestro país.
No estamos legislando al vapor. Con control de cambios o sin control de cambios México seguirá siendo un país libre, un país independiente, un país que decida en forma autónoma su destino; las medidas económicas de esta trascendencia que adapte la Nación, no serán dictadas por los intereses de algunas minorías sino que todas las medidas de tipo cambiario, económico y monetario que decida esta soberanía, serán siempre tomadas en beneficio de las mayorías del pueblo, fundamentalmente de los sectores económicamente débiles del país.
Por lo tanto, queremos señalar que es fundamental que el control de cambios se vaya adaptando de acuerdo a las modalidades que dicten las circunstancias del momento. Tenemos que meditar que este control debe ser un control de cambios, como ya se ha dicho, para el caso de México; un control de cambios para México; un control de cambios de acuerdo con los deseos, las necesidades y los anhelos de los mexicanos; para los cambiantes y dinámicos problemas monetarios de la época actual no existen fórmulas mágicas ni camisas de fuerza, ni recetas preconcebidas; los instrumentos económicos que ejerza el gobierno de la República tendrán que adaptarse a la realidad nacional, de otra forma, solamente serían retórica, y nosotros estamos aquí, no para hacerle a la retórica sino para legislar en forma responsable y patriótica. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Raúl López.
- EL C. Raúl López García: Señor Presidente; compañeros y compañeras diputados:
El partido Socialista de la Trabajadores va a fundamentar básicamente un criterio central en relación a esta proposición de la Comisión de Hacienda.
Creo que es indudable que el hecho de que la iniciativa de ley que el C. Presidente de la República anunciara aquí el primero de septiembre para convertir al Banco de México en un organismo público descentralizado, y que con fundamento en ello presentada la iniciativa de ley a la correspondiente Comisión de Hacienda, y haciendo también referencia a lo que han planteado otros compañeros diputados, para nosotros es evidente que a esta iniciativa de ley del Ejecutivo, y a pesar de que se nos pueda señalar como reiterativos, se le pretende congelar por el hecho de que plantea con toda profundidad la conversión del Banco de México con las facultades que en esa misma iniciativa de ley le corresponden.
Otro aspecto que también a nosotros nos ha preocupado es precisamente el relativo al control de cambios. Hemos escuchado al diputado que nos antecedió en el uso de la palabra y básicamente sentimos que el criterio sostenido por él, y que es a nuestro juicio, posiblemente una tendencia existente en algunos ámbitos gubernamentales acerca de la descalificación prematura del sistema de control de cambios.
Nosotros consideramos que es imprescindible, y ayer el señor Secretario de Hacienda lo reconoció públicamente, que no es posible en el ámbito de la situación económica del país, volver a abrir la puerta para que los grandes grupos privados y las compañías extranjeras vuelvan a propiciar una salida masiva de capitales.
En ese sentido consideramos nosotros que es imprescindible que esta medida de política económica que preserva definitivamente los intereses de la nación, ya que, bien es cierto como se expresó aquí el primero de septiembre, que en los recursos provenientes del petróleo como producto de las exportaciones, fueron saqueados por los grupos financieros y privados llevándose los dólares que ahora tanta falta hacen al país, y que nos llevaron a la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional.
Por esa razón, nosotros sostenemos que no puede plantearse en esta iniciativa de ley, la posibilidad de que en base a las conveniencias o necesidades que quién sabe quién establezca, se pueda dar marcha atrás como aquí lo abre en el artículo 23 bis, en cuanto a la medida económica del control de cambios,
Ayer se dejó claramente sentado en la reunión con el señor Secretario de Hacienda, que sería un grave error político del gobierno del aparato gobernante, el dar marcha atrás en este problema del mantenimiento del control de cambios.
Por esa razón, nosotros consideramos que al dejarse aquí en forma ambigua este aspecto del artículo 23 bis, definitivamente y por esas razones, y por el hecho de que no se ha tomado con debida responsabilidad dijéramos, el análisis de este problema del control de cambios, por esa razón nosotros a nombre del PST, señalamos nuestra posición en contra de este dictamen de iniciativa propuesto por la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra la C. diputada María Luisa Calzada.
- La C. María Luisa Calzada de Campos: Señor presidente; honorable Cámara:
En el aspecto relativo al control de cambios, de la iniciativa presentada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se ha argumentado que éste debe de ser permanente.
Es necesario asentar que en esta iniciativa, no se concibe el control de cambios como un instrumento permanente de política económica, sino al contrario, se deja abierta la posibilidad para su derogación cuando las circunstancias y las condiciones económicas del país así lo permitan. Así, con la iniciativa propuesta, se busca dar efectividad y funcionalidad al control de cambios, para que pueda ser utilizado como herramienta de política económica, según las condiciones existentes. Se busca por tanto, hacer del control de cambios, una política dinámica que se integre eficientemente a otras políticas que apoyen y regulen el desarrollo nacional. Pero mientras sea conveniente. No en forma permanente. Se trata de que el control de cambios diseñado de acuerdo a la coyuntura actual, afinado de acuerdo a las cambiantes circunstancias, pueda ser aplicado oportuna y eficazmente en las diversas modalidades. De tal suerte, que implementado, justifique por él mismo su validez política y económica como instrumento únicamente de política monetaria.
Es importante y legítimo señalar que es la situación socioeconómica del país, la que debe de determinar qué de modalidades debe asumir el control de cambios, para que éste sea congruente con la política de desarrollo que demanden las condiciones históricas nacionales y la dialéctica de las relaciones de México con otros países. Dentro de este contexto, el control de cambios, medida importante, trata de impedir que pueda continuar la fuga de capitales y la dolarización de nuestra economía. Con este tenor, debe entenderse el control de cambios, como parte integral de la nacionalización de la banca y de la Ley Orgánica del Banco de México, pero meramente como un instrumento que de momento se toma para sacar adelante al país en una situación difícil, como ahora se está haciendo.
Son múltiples los fines que se persiguen con el control de cambios, pero estimo que entre ellos destaca preponderantemente el que las autoridades gubernamentales busquen evitar las consecuencias indeseables de permitir que los particulares ejerzan sin restricción legal el privilegio de manejar la compra y venta de divisas, especialmente cuando existen en México grupos oligárquicos que constituyen peligrosas fuentes reales de poder, cuya actividad subversiva, son un reto bancario y que ahora se tomó esta decisión de nacionalizar la banca. Entre otras actividades irrestrictas que evita el control de cambios se apuntan la presión sobre el tipo de cambio que da como resultado la devaluación de la moneda, la huida de capitales, el empleo en gran escala de las reservas internacionales y la necesidad de empréstitos extranjeros, así como también el ingreso de divisas gastadas en cosas menores y de poca importancia y poco útiles y urgentes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Iván García Solís.
El C. García Solís: Cedo mi turno al señor Rolando Cordera Campos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Rolando Cordera Campos.
El C. Rolando Cordera Campos: Gracias señor Presidente; honorable Asamblea:
Nosotros habíamos originalmente pensado, frente a la iniciativa de Reformas a a la Ley Orgánica del Banco de México que en etapas sucesivas estuvo elaborando la mayoría del PRI hasta terminar hoy hace un momento, de abstenernos de votar y de participar en la discusión entre otras cosas porque creo que el colmo de la minoría puede ser el de pedirle a la mayoría que no le tome el pelo y no quisiéramos llegar a ese colmo, pero decidimos manifestarnos en contra porque creemos que ya no como expresión de un proceso solamente sino en sí misma se trata de una iniciativa lamentable, nociva, para el proceso legislativo y general, y enemiga de cualquier posibilidad a la que pudiera aspirar esta sociedad para someter mínimamente a control los procesos económicos en los que esta sociedad está inscrita.
Después de escuchar a varios diputados del PRI se nos ocurría además hacer una proposición al lado de esta discusión y pedir que la Comisión de Sacadólares, llamada de sacadólares, de comisión especial ad hoc se convierta en comisión permanente, porque aparte del manejo tan deficiente que hacen de lo que es el control de cambios, la suma de su argumentación es en el sentido de eliminar el control de cambios. Tal impresión que los diputados priístas se empeñan en confirmar lo que algunos teníamos en el sentido de que este estado y su aparato político no iban a saber qué hacer con lo que habían logrado el 1o. de septiembre. Desgraciadamente comenzamos a confirmarlo ahora.
La iniciativa de Ley Orgánica del Banco de México que La Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a esta Asamblea, presenta algunos cambios respecto a su antecedente del 9 de noviembre pasado, presentado por un grupo de
diputados del PRI los nuevos artículos reformados han puesto atención en suprimir las referencias a las figuras jurídicas propias de la sociedad mercantil, Banco de México, S. A., tales como Consejo de Administración, Estatutos, Instituciones asociadas, etcétera, para que en lo formal sean congruentes con el nuevo Estatuto de Organismo Público descentralizado del Banco de México, hablando ahora de Junta de Gobierno, Reglamento Interior e Instituciones de Crédito en su correspondiente lugar.
En esta nueva versión de esta Iniciativa de Reformas, se habla también de quienes serán considerados como empleados de confianza en el Banco de México y, por último, se incluye la obligación de publicar el balance general del ejercicio del banco y el informe del director del Banco de México.
Representa en consecuencia un avance en el sentido de buscar la adecuación del Banco Central a una nueva realidad, que supuestamente se está construyendo. Hace unos días terminó el proyecto constitucional que ahora empieza a negarse y a echarse para atrás. Pero no podemos adecuarnos a la dialéctica de la mayoría priísta, así de que tendremos que seguir hablando en tiempo presente nada más.
Esta iniciativa sin embargo, que surgió repentinamente, luego de que los diputados miembros de la Comisión, pero sobresalientemente los diputados de la mayoría priísta, se sorprendieron ante lo que la iniciativa del Presidente de la República les mostraba, me refiero a la iniciativa del Presidente de la República, de una nueva Ley Orgánica para el Banco de México. Cuando descubrieron que el Banco de México tenía mucho poder, que concentraba muchas atribuciones, y decidieron tomar con calma su tarea legislativa y dedicarse a estudiar. Luego volvieron a descubrir, gracias a un estudio del Banco de México, que la Presidencia de la Comisión nos hizo el favor de proporcionarnos, que prácticamente todas esas atribuciones ya existían, y que la iniciativa del Presidente lo que hacía era concentrarlas. Sin embargo, los diputados de la mayoría estaban preocupados con esta institución, hubo algunos que incluso dieron que no se podía estudiar esta legislación sino en el contexto de la evolución económica, lo que visto con duda nos llevaría a nunca legislar, sobre todo en una época de tantas fluctuaciones como la actual.
Nosotros encontramos que la iniciativa presidencial constituya un marco adecuado para iniciar la discusión sobre la legislación referente al Banco Central. Teníamos, lo anunciamos en ese momento, lo tenemos con nosotros, críticas, adiciones y proposiciones de enmienda a esa iniciativa, pero nos parecía el marco adecuado para la discusión. Insistimos en que si así era iniciáramos la discusión pues como pueden iniciarse las discusiones que dan buenos resultados: por el principio, revisando artículo por artículo y modificando lo que hubiera que modificar.
Frente a esto, la Comisión prefirió formar subcomisiones, una de las cuales, en efecto, nos presentó una interesante reflexión sobre la posible inconstitucionalidad de la iniciativa presidencial y las otras subcomisiones no trabajaron. Una preocupación campeaba -y estoy relatando esto porque es bueno que la Asamblea se entere a través de qué pasos llegó este resultado, se llegó a este resultado. Una preocupación compartíamos los diferentes miembros de la Comisión ubicados en diferentes posiciones ideológicas y partidarias, y era la necesidad de que esta institución explícitamente fuera sometida a un control externo al del Poder Ejecutivo, al que, si se aceptaba la proposición presidencial, iba a pasar a pertenecer como organismo público descentralizado.
Hablamos de la necesidad, por ejemplo nosotros, de que la Junta de Gobierno en parte fuera nombrada por la Cámara de Diputados; buscamos formas de control. Desgraciadamente, el responsable de la subcomisión encargada de esto estaba muy ocupado y así nos lo hizo saber, no obstante insistiendo en que era necesario que lo dejáramos al cargo de su comisión porque él tenía mucho interés. Nada más que en ese momento estaba muy ocupado.
Bien, a la luz de todas estas cuestiones, que fueron de un día para otro, de un punto a otro, sin ninguna confrontación -yo aquí me permito manifestar mi opinión en contrario de lo que decía el diputado Martínez- no hubo ninguna confrontación, ninguna discusión ni ideológica ni política; eso no es verdad.
Luego de todo esto nosotros llegamos a la conclusión de que la mayoría priísta había decidido, por diversas razones, esperar y se dio una razón que parecía buena, era la siguiente: No. es posible legislar sobre lo que por hipótesis muy poderosa va a ser el centro del sistema bancario nuevo, mientras no tengamos una idea clara de qué sistema bancario nuevo, vamos a tener en virtud de la expropiación y nacionalización; sonaba razonable aunque bien vistas las cosas no se explicaba por qué no empezar el proceso de legislación precisamente por el centro del futuro sistema bancario; eso tampoco lo discutimos, se escucharon opiniones y luego se escucharon otras opiniones extra-comisión, la del señor secretario de Hacienda que dijo que habría que estudiar pero que había cosas que sí urgían y eran dos: organismo público descentralizado y control de cambios, y acto seguido la Comisión se ilumina y elabora un proyecto una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica existente, incorporándole, como hemos dicho, como novedades, el quitarle el carácter de sociedad mercantil al Banco de México, convertirlo en organismo público descentralizado y darle aparentemente facultades para intervenir, para procesar para administrar, la palabra en este caso no importa, en materia cambiaría.
Y el resto de la historia ustedes lo conocen porque, como recordarán lo que estamos hoy de dos semanas, que elabora este grupo de dipudiscutiendo es la tercera versión en no más tados reformadores del PRI.
A nosotros nos parece que esta forma de afirmar la autonomía del poder legislativo frente
al ejecutivo, es una forma deleznable, es una simulación y no nos queremos prestar a ella; de aquí que rechacemos esta iniciativa por lo que significa en términos del proceso político, pero ya viéndola luego, nos preocupa que no solamente signifique, dé cuenta de un proceso político indeseable, de un proceso legislativo indeseable, sino que en algunos artículos da cuenta también de un proceso político substancial desde nuestro punto de vista también indeseable que nosotros resumimos en una palabra sin ningún afán impresionista. Este proceso político indeseable para nosotros es la restauración con respecto al primero de septiembre, que ahora se comienza a configurar, en la relativización no de la instrumentación del control de cambios, sino del control de cambios como política económica, que son dos cosas distintas y que los distinguidos diputados del PRI que me han antecedido han confundido al gusto.
Yo creo que nadie sensatamente puede defender que el control de cambios se quede tal y como está actuando hoy, que es un control de cambios que está operando en una situación de escasez absoluta de divisas, que no produjo el control de cambios por cierto; lo permitió la falta de control de cambios.
Todos aspiramos a que este sistema se flexibilice, permita la importación de maquinaria y equipo fluidamente, y sí, por qué no decirlo, permita a quienes pueden, viajar.
El control de cambios en sí mismo no prohíbe eso; el control de cambios en su nivel más alto simplemente afirma un principio, y nosotros defendemos ese principio y nos negamos a aceptar esta temporalidad del control de cambios; nosotros insistimos en la temporalidad de este mecanismo concreto de control de cambios.
Pero el costo que ha pagado el país por no asumir la facultad que tiene para ponerle coto, puede ser grande o pequeño, pero ponerle coto por voluntad soberana a la salida de divisas, es algo a lo que no podemos renunciar porque el costo ha sido muy alto, y ese es el problema principal político que los diputados del PRI están soslayando con una tranquilidad que linda con otro atributo, pero que no es extraño, sobre todo después de haber escuchado ayer al secretario de Hacienda.
Nosotros pensamos, pues, que en esta ambigua, no explicitada situación, en donde de alguna manera se están recogiendo procesos políticos centrales que están jugando por fuera de esta Cámara, instrucciones también que están jugando por fuera de esta Cámara. Lo que resulta es un híbrido de institución, con funcionamiento de sociedades mercantiles y nombre de organismo público descentralizado.
Si ustedes que tienen la iniciativa atienden algunos de los artículos y esto, insisto, para nosotros no hay debate, estamos simplemente ilustrando una sensación, encontrarían por ejemplo que el Artículo 23 de la iniciativa, después de las reformas constitucionales se sigue hablando de caducidad de la concesión. Se habla a veces de instituciones de crédito, a veces de instituciones nacionales de crédito, que ya son por constitución del Estado como instituciones que pueden o no ser de reconocida solvencia a los ojos del Banco de México, eso está en la letra F del artículo que mencioné.
En la fracción II del mismo artículo se habla de comprar, vender y suscribir acciones en las instituciones de crédito. Y para volver al problema que más nos preocupa, porque después de todo estas cuestiones de legislación, si es cierto lo que dice la iniciativa, son éstas sí temporales, porque ya que estemos preparados vamos a legislar sobre el Banco de México, se olvidan de los decretos del 1º. de septiembre, se olvidan que hoy las instituciones de crédito venden divisas en todos los casos por cuenta y orden del Banco de México y eso queda fuera de la iniciativa. También se le dan facultades al Banco de México para intervenir en operaciones que pueden hacer por su propia cuenta y riesgo instituciones de crédito, sobre las cuales uno ya no sabe si son nacionalizadas o no.
Y así por el estilo, yo sugeriría vieran sobre todo los artículos 23 y 24, en donde esta opinión existe por lo menos una elevada dosis de ambigüedad, es decir, los diputados de la mayoría no lograron resolver transitoriamente el problema que se plantearon y es el de comenzar a adecuar al Banco de México a la nueva situación.
Y esto que yo podría atribuir a torpeza, por que habilidad y conocimiento hay, nos parece a nosotros que se está reflejando otra situación más grave, que es la que nosotros queremos hoy enfatizar. Por eso decimos que no hay debate, que estamos simplemente haciendo uso libérrimo de las facultades y los derechos que nos da el Reglamento Interior de esta Cámara y la Ley Orgánica del Congreso, con todo descaro por cierto.
Porque el asunto político que está expresando este procedimiento imperfecto de legislación nos parece de la máxima gravedad.
Quisiera recordar además a esta Asamblea que previamente aprobamos modificaciones al Artículo 73 de la Constitución, donde se le da al Congreso la facultad de dictar reglas, ya no de determinar el valor de la moneda; los proponentes lo quieren resolver en la Ley Orgánica, existente del Banco de México, lo que me parece desde un punto absolutamente de amateur en materia legislativa, es imperfecto e ineficiente. El problema es que no solamente está mal como proceso legislativo sino que está mal resuelto.
En esta iniciativa no es el Congreso el que asume su facultad para dictar reglas en materia de tipo de cambio, la primera regla que habría que dictar, nosotros decimos, no reglamentar esta fracción, establecer el control de cambios y en todo caso darle atribuciones más o menos discrecionales al Ejecutivo y al Banco de México, para adecuar el control de cambios a la realidad. No. aquí le damos facultades discrecionales al Ejecutivo para poner o quitar el control de cambios.
Obviamente nos estamos moviendo en un ambiente tremendo de indeterminación con respecto a ¿cuál es el papel que tiene el banco con el
resto de la administración pública? Pienso nada más en una cosa ¿se le sigue manteniendo el derecho de veto al secretario de Hacienda?, que es Presidente de una Junta de Gobierno nombrada por el Presidente de la República a través de él, en un organismo público descentralizado, no en una sociedad mercantil donde participan entidades privadas. En nuestra opinión, insistimos, el Congreso debe legislar explícitamente respecto de la cuestión cambiaría, elevando a precepto legal el control de cambios, de esta manera pero sólo después de haberlo hecho, se podría facultar al Ejecutivo para que por medio de decretos y circulares instrumentara tal control de cambios adecuándolo, estamos totalmente de acuerdo con eso, a las circunstancias de la vida económica nacional e internacional.
Consideramos entonces que la presente iniciativa resulta falta de una adecuada técnica jurídica y provoca confusión y contradicciones. Un intento serio por qué la Ley Orgánica del Banco de México no puede dejar de incluir las modificaciones funcionales propias de su nueva condición y las nuevas relaciones que ya tiene con la banca nacionalizada. Resulta, nosotros insistimos, lo que tendríamos que haber hecho, lo que tenemos que hacer y por eso pedimos que se vote en contra, es dictaminar sobre la iniciativa presidencial, por cierto qué ironía, la oposición pidiendo que se dictamine sobre la iniciativa presidencial frente a la mayoría de la cual surgió el Presidente de la República que prefiere no dictaminar sobre esta iniciativa. Ironías de la historia o de la histeria, pero ironías al fin y al cabo. Queremos señalar que mientras la iniciativa presidencial parece haber sido elaborada atendiendo a la situación del sistema bancario nacional que resultó de los decretos del 1º. de septiembre, la iniciativa presentada por los diputados priístas reconoce de hecho una organización del sistema crediticio que responde a una banca, si ya no privada, sí en busca de personajes, mixta, donde dando así marcha atrás al proceso nacionalizador y contraviniendo la letra y el espíritu del recientemente modificado Artículo 28 constitucional y es por eso que pedimos a esta Asamblea que no apruebe este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Aidé Heréndira Villalobos Rivera: Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos la C. diputada Aidé Heréndira Villalobos Rivera, tiene 5 minutos.
- La C. Aidé Heréndira Villalobos Rivera: Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados:
He solicitado el uso de esta tribuna porque considero de la mayor importancia precisar los motivos en que se basa la iniciativa que reforma a la Ley Orgánica del Banco de México vigente, en función de las medidas adoptadas el 1º. de septiembre que nacionalizaron el servicio público de banca y crédito, y establecieron el control generalizado de cambios. En razón, además de la función que tiene el Banco de México como eje central del sistema financiero, era necesario dotarlo de una nueva estructura jurídica que fijara de manera clara las facultades del Ejecutivo y de este organismo en materia de control de cambios y de fijación de la paridad. Estos aspectos básicos nos señalaron el imperativo de disolver la estructura que el Banco tiene actualmente de sociedad anónima, y el de crear un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Arribar a esta definición del estatuto jurídico del Banco de México, lo hicimos los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta las opiniones vertidas por los miembros de la Comisión, por todos los miembros de la Comisión, en donde están representados los partidos minoritarios. Y ahí, en el seno de la propia Comisión, después de discutirse la iniciativa enviada por el Presidente de la República, vimos que la regulación jurídica del Banco de México había sido producto de situaciones que entonces prevalecían y de la necesidad de lograr la aceptación y desarrollo de la banca central en México, lejos aún de alentar la implantación y el desarrollo de un banco destinado a servir de eje y núcleo de enlace a un sistema bancario realmente nacional. Nos persuadimos, los miembros de la Comisión, de la conveniencia de someter a una completa revisión el estatuto legal del banco y estudiamos las propuestas de los diputados de la Comisión de constituir el Banco de México, bien como una entidad del Ejecutivo Federal, esto, es, un órgano del poder público dependiente en forma directa del Poder Ejecutivo y regido por ley que expidiera el Congreso de la Unión o, como se sugirió también, que se crearan uno o varios organismos descentralizados que tomaran a su cargo la prestación al público de los servicios bancarios, es decir, la banca nacionalizada sí puede adoptar la forma de organismo descentralizado porque a través de ella se prestarían los servicios bancarios que tradicionalmente habían venido prestando los bancos particulares.
En síntesis uno era, recomendaban, el Banco Central o Banco de México, que adoptaría la forma de órgano del poder público y otras los bancos comerciales, que podían convertirse en organismos descentralizados.
Otras opiniones surgieron que aún resultaba operante la forma de sociedad anónima. Penetrar organizadamente en la bastedad del documento que contenía la iniciativa precisó de singular atención y discusión por parte de los miembros de la Comisión. Requerimos para ello de un calendario y de un sistema de trabajo. Fue el diputado David Orozco quien señaló la necesidad de revisar los aspectos relacionados con la estructura jurídica del Banco de México. Tomamos como punto de partida este concepto y luego acometimos la revisión de su articulado.
Se consideró necesario describir las reformas que ha sufrido el régimen jurídico del actual Banco de México, con el objeto de precisar los logros obtenidos para así aprovecharlos mejor en el nuevo organismo que con esta ley se crea; estimó entonces la Comisión de Hacienda y Crédito Público que la naturaleza jurídica del Banco de México, debía determinarse tomando en cuenta la que resultara compatible al adecuado cumplimiento de sus funciones esenciales. Estas funciones, como en todo Banco Central son regular la moneda, el Crédito y los cambios, sostener el sistema general de crédito operando como banco de reserva de las instituciones integrantes del mismo y actuar como banquero y agente financiero del gobierno federal. El carácter de estos servicios públicos requiere que quien los realice cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como adecuada autonomía técnica y administrativa.
Ello supone que el Banco de México sea un organismo descentralizado y no un órgano desconcentrado de la administración pública; la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Banco de México, establece facultades para regular el cambio de divisas en el territorio nacional, la compraventa y circulación de las mismas y la determinación de la paridad cambiaría. La banca, para realizar las citadas operaciones financieras, tanto en el ámbito internacional como en el interno, requiere imprescindiblemente de personalidad jurídica y patrimonio propios, atributos que tendría como organismo público y descentralizado.
Por otra parte, y así lo expresa la Iniciativa, dadas las funciones que el legislador ha asignado al Banco de México a lo largo de su vida institucional, para afirmarlo como Banco Central de la nación, no es de manera alguna procedente que mantenga su actual estructura de sociedad anónima, más aún en las circunstancias presentes en que la banca se encuentra nacionalizada, se hace necesario, lo reiteramos, que el Banco de México deje de ser una sociedad anónima regulada por las disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles y se convierta en un organismo regido por disposiciones de orden público.
Por lo que hace al otro aspecto de la iniciativa, esto es en cuanto al hecho de reafirmar las atribuciones del Ejecutivo y del Banco de México en el área de control de cambios y de fijación de la paridad, la iniciativa propone, como ya se dijo antes, una serie de dispositivos que tienen que ver con estas materias.
Pertinente es repetirla. La trascendental medida tomada por el Presidente de la República el primero de septiembre al nacionalizar la banca, nos plantea la necesidad de hacer una revisión a fondo de la estructura del sistema bancario del país y su legislación correspondiente.
Entre otros ordenamientos, es necesario estudiar y adecuar a las nuevas circunstancias de la banca nacionalizada y del control de cambios, la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones...
El C. Presidente: Se ruega a la C. diputada que concluya su intervención en la tribuna por haber transcurrido los cinco minutos de tiempo reglamentario.
- La C. Aidé Heréndira Villallobos: Muy bien, señor Presidente.
Ante la urgencia de que el Banco de México dejara de ser una sociedad anónima y se convirtiera en un organismo público descentralizado, para que pudiera cumplir sus funciones de banco central y de emisión único, es que la Comisión estima oportuno introducir las reformas que contiene la iniciativa que se discute.
Queremos dejar asentado que los diputados del Partido Revolucionario Institucional sí sabemos qué hacer con la nueva banca nacionalizada que la Comisión que dictamina continúa con el estudio de la iniciativa para elaborar una nueva Ley Orgánica del Banco de México.
Se ha expresado por ahí que la iniciativa presente que reforma la Ley Orgánica del Banco de México implica la congelación de la iniciativa presidencial para expedir una nueva ley del Banco. Tal señalamiento no es válido en virtud de que en los mismos considerandos de la iniciativa se especifica, en la página tercera, que la Comisión continúa el estudio de la iniciativa propuesta por el Presidente de la República y que no se difiere es únicamente la conclusión del dictamen.
Quisiera hacer únicamente una observación a las palabras del diputado Cordera, parte de lo él expresado está resuelto en los Artículos 2º. y 6º., que resuelven lo que él plantea. Nosotros no estamos congelando esta ley, nuestra actitud es mucho más seria, insistimos, se trata por una parte de hacer una revisión de conjunto de la Ley Orgánica del Banco Central y de toda la legislación financiera y bancaria, que es aconsejable realizar simultáneamente con el fin de evitar riesgos de emisiones o incongruencias de carácter legal o administrativo. Y por otra parte, de implementar los mecanismos que deban ser tomados ya, para hacer vigentes las medidas del primero de septiembre.
Es todo cuanto tengo que decir, señor Presidente. Muchas gracias.
El C. Iván García Solís: Señor Presidente, de acuerdo con el Artículo 99 solicito mi inclusión en turno.
El C. Presidente: Ciudadano diputado, la diputada pidió la palabra para hechos y se le concedieron simplemente cinco minutos.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Mariano Acoltzin.
El C. Mariano Acoltzin Vidal: Ciudadano presidente; honorable Asamblea: Después de la exposición de sensaciones, como lo reconoció el diputado Cordera que no de debate, quisiera hacer aquí una serie de reflexiones, para hacer un llamado a una actitud positiva respecto a este asunto de legislar sobre la banca y sobre las atribuciones. Hay dos
inquietudes básicas en lo expuesto por los anteriores oradores. La primera, que tienen la sensación de que no se quiere al Fondo.
La segunda, que tiene la sensación de que no queremos, de que no se quiere o el que alguien ajeno a esta Cámara, no quiere tipo de cambio, un control, perdón, un control de cambios.
En este primer punto, quiero afirmar, quiero asegurar, quiero destacar, que estamos conscientes de que el control de cambios, como un instrumento que puede usar el Estado, es una decisión irreversible. Por eso precisamente, la preocupación, la prioridad y la urgencia de dar atribuciones al Ejecutivo al respecto. Es irreversible que usemos ese instrumento, por interés nacional. Pero hay que tener cuidado al calificar la flexibilidad que un instrumento de política económica puede tener conforme las circunstancias que aquí mismo se ha reconocido que cambian con el tiempo. No. abandonamos ni olvidamos la decisión de control de cambios. Tratamos de racionalizarla y usarla bien. Se ha dicho aquí mismo, que el control de cambios no es un objetivo, sino un instrumento, instrumento que como tal no puede calificarse ni de bueno ni de malo, sino de útil o eficiente o de inútil o ineficiente.
Un instrumento se usa en función de algo, de un objetivo concreto. En este caso el control de cambios se usa en función y las modalidades se determinan en atención a las disponibilidades y metas de divisas. Así se usa como instrumento económico. Y esta disponibilidad de divisas responde a una variedad de factores y pueden existir muchos y diversos instrumentos y mecanismos para incidir sobre este fenómeno. El instrumento o la combinación de estos instrumentos, siempre debe estar definida en términos de la circunstancia específica que se enfrenta. Esto es muy importante para el caso de la economía como la mexicana.
No. se trata de restaurar un régimen al cual ya no vamos a regresar.
Se planteó desde el principio, desde el 1º. de septiembre, que tendrían que hacerse adecuaciones, que no hay experiencia que alimente nuestra estrategia o nuestra táctica en el uso de ese instrumento. Y lo estamos haciendo precisamente para mantener ese coto a la salida de divisas, y precisamente como la circunstancia cambia y las salidas pueden darse por diversos motivos, no debe pensarse, porque haría inoperante el instrumento, en hacerlo rígido, determinado a una sola modalidad porque así perderíamos la riqueza, la fortaleza que nos puede dar ese instrumento. Por eso también resultaría inoperante elevar a un rango constitucional una modalidad específica de un instrumento que, como muchos otros, persigue un objetivo, porque además se haría rígido, sería equipararlo a los objetivos supremos de la nación con independencia, libertad y justicia. Y creo que sí hay una diferencia fundamental entre una modalidad de un instrumento de política económica y esos objetivos nacionales, esos objetivos en los cuales todos podemos estar de acuerdo.
Además, no hay que perder de vista que la instrumentación de un control de cambios se da en paralelo a otra gran medida, la nacionalización de la banca. No. es lo mismo, aquí parece existir un dilema que señala que abandonar la modalidad o una modalidad específica de control de cambios es regresar a todo lo malo que había antes. No. es exacto, por que no es lo mismo una situación de libre convertibilidad irrestricta con banca privada, a una situación de libre convertibilidad con banca nacionalizada, ni mucho menos, esto es el caso concreto, una situación de control de cambios sui generis, específica, adecuada a las peculiaridades mexicanas, con banca nacionalizada.
Quiero también recordar lo que el diputado León Martínez dijo: dice:
"Tenemos que meditar que este control debe ser un control de cambios como ya se ha dicho para el caso de México, un control de cambios para México; un control de cambios decidido de acuerdo a los deseos y anhelos de los intereses mexicanos".
Esto quiero dejarlo planteado aquí, repetirlo, porque es una premisa fundamental, y aquí quiero empezar a hacer mi comentario respecto a la otra vertiente de la discusión que aquí se ha dado.
Estoy convencido que la decisión de la comisión en el asunto que nos ocupa ha sido una decisión responsable. En el proceso que se ha seguido, desde la recepción en comisiones de la iniciativa del Poder Ejecutivo, hasta lo aquí expuesto en estas horas, queda manifiesta la voluntad y la convicción de todos y cada uno de los miembros de la Comisión y de ésta de consolidar la dignidad y el papel del Poder Legislativo en la ardua tarea de conducir el desarrollo del país.
Aquí difiero con quien dijo que era nociva la iniciativa para el proceso legislativo, que era una forma deleznable de legislar. Yo creo que vale la pena hacer una reflexión. Conscientes de la relevancia que tiene para esta generación y para las venideras la nacionalización de la banca y el control de cambios -que no los olvidamos- la comisión consideró imprescindible someter a un exhaustivo, profundo y reflexivo análisis la iniciativa que nos envió el Ejecutivo, ya que precisamente, como aquí se dijo, el Banco de México, como eje central de un sistema bancario nacionalizado, juega y jugará cada vez más un papel fundamental en el desarrollo del sistema propiamente bancario y del desarrollo económico.
Estos dos elementos que se definieron el 1º. de septiembre señalan una verdadera e importante oportunidad histórica -aquí también lo dijeron. Esta oportunidad histórica para nosotros significa una responsabilidad, esa responsabilidad que está intrínseca en el hecho de estar legislando hoy en materia bancaria. Por ello en la Comisión se consideró que no podíamos descuidar ni lo urgente ni
lo trascendente. Con este espíritu la Comisión ha orientado su trabajo, se han hecho puntualizaciones sobre cómo ha sido este proceso al interior de la Comisión y parece que perdemos de vista lo que en verdad está en el fondo de estar dictaminando una iniciativa que reforma la ley vigente y no de estar hoy dictaminando una iniciativa de una nueva Ley Orgánica del Banco de México.
Se pierde la verdadera dimensión del problema, se habla incluso de inconsistencia. Yo quisiera señalar bien claramente en las dos partes, dos vertientes que tenemos en el seno de la Comisión como responsabilidad, e incluso en la Cámara, la primera es una revisión integral de la legislación bancaria derivada, y esto es lo importante, de la orientación que ha de tener la banca nacionalizada para lograr avanzar en la construcción de la nación, justa, democrática e independiente, que estoy seguro todos los que estamos aquí queremos; la otra vertiente es una reforma de la Ley Orgánica vigente para actualizarla en términos de lo que la realidad cotidiana de hoy requiere y que facilite nuestro tránsito en la crisis, frase dicha aquí el 5 de octubre.
En realidad no existe ese dilema de que qué es primero, si la Ley Orgánica del Banco o la Legislación bancaria correlativa y cuál se ajusta a cuál, es un paquete, es considerémoslo así, un solo ámbito de legislación, muchas leyes, la de Instituciones de Crédito, Organizaciones Auxiliares, la Ley Monetaria, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Bienes Nacionales, la de Deuda Pública, etc., pero lo relevante es la orientación que se le dé al sistema bancario nacionalizado a esta orientación deberá adecuarse, estoy seguro que alguno coincide conmigo, la legislación bancaria. De ahí que se considere imprescindible revisar, reitero, esa legislación en paquete y de manera integral; lo verdaderamente trascendente es definir esa orientación y nosotros en ello, reitero, tenemos una oportunidad y responsabilidad histórica; estoy seguro que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que el manejo del sistema bancario nacionalizado, como todos nuestros esfuerzos para el desarrollo, debe estar presidido por objetivos de justicia, democracia e independencia; todos queremos una sociedad en la que se haya erradicado la desigualdad, la marginalidad, la pobreza, para eso debe servirnos la banca nacionalizada; todos también coincidiremos en que queremos una sociedad en que se reconozca el valor fundamental del trabajo, que se premie el esfuerzo, la solidaridad y la productividad, y que por el contrario, una sociedad en la que se hayan desterrado las actividades especulativas, el uso privado de los bienes públicos, los privilegios y las concesiones en beneficio de unos cuantos. A eso debe conducir la banca nacionalizada; queremos todos, estoy seguro, una sociedad con una democracia más perfeccionada, pero no sólo la democracia en el régimen político, sino la democracia que rechace la posibilidad de que se erijan nuevos grupos privilegiados que acaparen la riqueza nacional, es decir, una democracia económica que le dé mayor participación al pueblo en los procesos de producción y distribución, de bienes y servicios, una democracia que se traduzca, al final de cuentas en mayor igualdad entre todos los mexicanos para eso debe servirnos la banca nacionalizada, y esto es lo importante, no debemos perdernos en minucias gramaticales de criticar al dictamen, y el propio Decreto que se propone porque se usa indistintamente el término "instituciones de crédito" o "instituciones nacionales de crédito". ¿Es que acaso se duda que sean nacionales; acaso se duda de la nacionalización de la banca?
También se pretende calificar lo trascendente con sensaciones que confunden esos fantasmas, con realidades expresas y cotidianas. La verdadera discusión y que es lo que nos debe alimentar para la revisión no sólo de la nueva Ley Orgánica del Banco de México, sino de todo el paquete de legislación bancaria, es la de qué modalidad le damos a la banca nacionalizada, para que nos permita precisamente actuar en provecho de las mayorías. Aquí también se dijo el 5 de octubre.
Y esta es una preocupación que ha quedado muy clara en la Comisión, la orientación general. Tenemos una oportunidad histórica, tenemos que aprovecharla responsablemente, tenemos en nuestras manos esa responsabilidad, y precisamente por eso, porque todos queremos una sociedad en que se fortalezca día a día la independencia política y económica, porque queremos un país más justo y con más fuerza, estamos reflexionando mucho en la legislación bancaria.
Sabemos que esta sociedad que queremos construir requiere fortalecer las instituciones nacionales en general, y favorecer su actividad para que puedan cumplir con su obligación básica de servir actuar en provecho de las mayorías.
Esa es la responsabilidad del sistema bancario de un país en el que el desafío de la recuperación económica y del combate a la inflación debe estar presidido por un principio fundamental: justicia y equidad en la carga del esfuerzo, y justicia y equidad en la distribución de los frutos del esfuerzo.
En suma, y creo que es una reflexión que todos nosotros debemos hacernos a la luz de nuestra responsabilidad, queda la cuestión de la revisión integral de la legislación bancaria; estamos avanzando hacia allá; estamos actualizando lo que hoy podemos actualizar; no es dejar de un lado lo importante, es empezar hoy con un esfuerzo modesto si se quiere, en la dirección deseada.
Pero necesitamos hacer la revisión integral de la legislación bancaria para que ésta refleje y norme el papel y la orientación que debe tener la banca nacionalizada.
Esta tarea ha sido responsablemente asumida por la comisión dictaminadora, en la cual, y esto es importante, se ha reconocido la necesidad de allegarnos más y mejores elementos
de juicio, de análisis, para enriquecer los trabajos al respecto.
Somos conscientes de que la mejor manera de lograrlo, es a través de la consulta, por ello en el pleno de la Comisión, se ha acordado la celebración de reuniones en que se escuchen las opiniones de expertos, profesionales, académicos y de representantes de organizaciones sociales, sindicales, etc.
Ya se está trabajando en ese sentido y estamos ciertos de que los resultados que obtendremos de ello serán muy provechosos. No. estamos rechazando dictaminar una iniciativa del Ejecutivo, estamos queriendo dictaminarla bien, consultando a quienes les atañe, haciendo bien nuestro papel de legisladores, haciendo bien nuestro papel de representantes populares, haciendo bien precisamente a nuestra calidad de mexicanos.
Este es en suma el corolario. En la Comisión hubo consenso, porque es convicción de todos los que estamos aquí de que la participación es el mejor camino para ampliar la democracia y no sólo a ésta sino el ámbito en que se ubiquen nuestras reflexiones y así con esta participación y lo que ella implica, podamos responder con acierto al desafío que nos presenta el momento histórico y que cumplamos así, con lo que de nosotros espera la nación.
No soslayamos iniciativas, no abandonamos medidas, no tratamos de dar marcha atrás, tratamos de construir bien, firme, con participación popular, democrática, el camino a la sociedad, que estoy seguro todos queremos, porque todos somos mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: Señor Presidente; honorable Asamblea: Gracias a la previsión del Reglamento, especialmente el Artículo 99, hemos podido intentar corregir el desorden en que la presidencia inscribió a los oradores para el comentario de este tema. Nuestra idea, de los miembros del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, en relación con la iniciativa de ley que aquí discutimos, ha sido en primer lugar hacer de una crítica puntual, de aquellos elementos contenidos en dicha iniciativa, que a nuestro juicio confirma una tendencia política, un curso político que ampliaremos algunos de sus rasgos y que nuestro juicio da señas de una línea negativa para el país, que tiene su correlato en este tipo de iniciativas poco tradicionales, presentadas no por la vía generalizada de dar curso a una iniciativa presidencial, sino por la corrección inusitada por parte del grupo del Partido Revolucionario Institucional.
Hemos conocido algunas precisiones de última hora, planteadas aquí por algunos miembros de la Comisión y que corregirían parcialmente algunas de las incongruencias más notorias de este proyecto de ley. De manera puntual hará referencia a ellas el compañero Rolando Cordera, quien fue el compañero que las hizo notar en esta tribuna.
Yo quisiera honorable Asamblea, dedicar mis reflexiones al contexto en que se produce esta iniciativa fragmentaria. Algunos diputados del PRI, que me han antecedido en el uso de la palabra, han mencionado argumentos que no corresponden con esta realidad legislativa.
Dicen por ejemplo, que esta ley forma parte de un paquete -utilizando este término comercial de las ofertas, de moda- que integra toda una política económica. Discrepamos de ese enfoque. Justamente lo que evidencia esta iniciativa, es la disociación de un enfoque global que debiera ser abordado así a partir de la nacionalización de la banca y que hoy se está diluyendo, se está presentando en forma desarticulada para confirmar lo que aquí el compañero Cordera denominaba restauración con la muy particular interpretación de ese término, en el sentido de que se está tratando de restaurar un poder financiero que todavía no ha sido derruido. Es decir, es una restauración preventiva, apresurada y sumamente negativa para el curso político del país.
Hemos expresado, nuestro partido ha expresado en diferentes ámbitos y ocasiones, que discrepamos de la secuencia que ha sucedido a la nacionalización de la banca, concretamente a las decisiones presidenciales del 1º. de septiembre. Y en función de esas medidas o faltas de medidas del Poder Ejecutivo, de esa falta de definición de una política económica y social, progresiva, nuestro partido se ha abocado a convocar a las masas populares y a las organizaciones democráticas para hacer frente a una situación de empantanamiento y de pasividad que mucho daña en la actual coyuntura a nuestro país.
¿Por qué lo decimos? Necesitamos ubicar esta iniciativa de ley en el contexto de los últimos acontecimientos de los últimos acontecimientos económicos y políticos de México. Y, para no ir muy lejos, podemos y debemos referirnos a la Carta de Intención, es decir, al compromiso signado de manera inconsulta por el gobierno de la República con el FMI, que sólo a posteriori y de manera limitada, este Congreso tuvo oportunidad a través de representantes de diversos grupos parlamentarios de conocer y de comentar en forma de preguntas, justamente el día de ayer, es este Recinto. Precisamente por esa limitación y por ese carácter extemporáneo de la consulta al Congreso, nosotros consideramos que es conveniente y es necesario relacionar este curso de la política económica impuesto en estos días por el Poder Ejecutivo al país, con este tipo de iniciativas legislativas que no están desconectadas, no están desconectadas, sino que están sirviendo de cobertura a esa política que nosotros juzgamos es inconveniente para el país.
En efecto, los convenios que han sido publicados y comentados parcialmente en la prensa
por las diferentes fuerzas políticas del país, están mostrando que después de un análisis más o menos pormenorizado de la situación económica por la que atravesó México antes de la crisis que llevó a la devaluación y posteriormente hizo necesaria la nacionalización de la banca, se tomaron medidas, pero que esas medidas de política económica, muchas de ellas lesivas a la economía popular, como fue el ajuste de precios y tarifas de distintos servicios, no alcanzaron -dice aquí- a eliminar la incertidumbre sobre la viabilidad en el tipo de cambio. Es decir, que todas las medidas de política económica que tomó un gobierno en vías de salir, un gobierno por terminar sus funciones y que en vez de arribar al auge prometido llevó al país a la crisis comprobada, no eran suficientes esas medidas y se tomaron medidas correctivas parciales que no impidieron que el país fuera deslizándose hacia el tobogán de la crisis.
No bastó con los aumentos de precios y tarifas a que nos referimos ni tampoco con el provisional establecimiento de un sistema dual de cambios y la deuda alcanzó, como aquí se consigna en el punto No.. 14, a los 78 mil millones de dólares, con una alta proporción, se reitera, de obligaciones a corto plazo.
Sobre este marco, sobre esta base económica, se habla de signar un instrumento que tenga como objetivo permitir que nuevamente el crédito fluya y se reestructure la deuda externa.
Nosotros hemos hecho la crítica a esta forma de la conducción del país y hemos señalado que es responsabilidad absoluta del grupo gobernante -o responsabilidad principal, por lo menos- el haber hecho desembocar la economía y la vida social del país en esta situación.
Y, una vez establecida la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, hemos observado también que la presión internacional, la presión de este organismo que teóricamente debiera ser un fondo común de disponibilidad financiera, pero que en la práctica es una sociedad anónima rapaz, unilateral y alevosa dirigida y controlada por Estados Unidos, nuevamente ha iniciado sin la resistencia adecuada y necesaria por parte del gobierno para modular y para establecer e imponer las condiciones en que debe desarrollarse nuestra economía en el futuro inmediato. Y al referirnos al futuro inmediato estamos hablando del año próximo y de los 3 años próximos, de tal manera que esta organización financiera está imponiendo, como si se tratara no de un país, sino de una sucursal de una gran sociedad anónima, líneas de acción económica en contra de los propios intereses nacionales.
En su momento ha sido comentado por nuestro grupo parlamentario, lo inconveniente, lo inexplicable, lo no justificado de que se exprese como una intención de economía nacional el que habrá una reducción del déficit financiero del sector público, en una proporción del 50%, sin que correlativamente se tomen las medidas para impedir que este cambio en la economía afecte, como seguramente va a afectar más, en mayor proporción a la que ya está afectando, a la economía de las clases populares.
Este financiamiento que prácticamente es sólo el derecho de abrir la válvula para un endeudamiento mayor, está derivando en una deformación mayor de la economía; nosotros nos pronunciamos aquí e insistimos y señalamos que este es el contexto en que llega de una manera deformada y de una manera poco usual, señalamos e insistimos, un proyecto de legislación que está haciendo frente de manera fragmentaria, a una situación que debe ser afrontada de manera global.
El programa de ajuste, como se llama en la Carta de Intención, es un programa que tiene como objetivo principal, según se menciona, elevar el ahorro interno; se dice que con este esfuerzo se racionalizará el gasto del sector público y se aumentarán y reestructurarán sus ingresos, mediante medidas tributarias y de precios y tarifas de las entidades paraestatales.
El saneamiento de las finanzas públicas, se continúa, permitirá fortalecer el papel rector del Estado dentro del marco de economía mixta que prevalece en México. Discrepamos del diagnóstico y también de la prescripción económica; esta pseudo-racionalización del gasto público está dirigida, según la experiencia prueba y según es el uso y costumbre de la política que impone el Fondo Monetario Internacional, a restringir los ingresos de la mayoría a castigar las partidas del gasto público destinadas a servicios sociales, educación y salud pública, señaladamente, y la reestructuración de los ingresos que está prevista no por la vía de una reforma fiscal progresiva sino por la vía de la elevación de precios y tarifas que va a desembocar en un crecimiento mayor aún de los precios que finalmente se revertirá en carestía mayor para las capas populares del país.
Por ello nuestro partido ha propuesto, dentro de este contexto, una alternativa distinta. Hemos propuesto y hoy lo ratificamos en esta tribuna, el camino de una verdadera independencia económica la cual estaría sustentada en la presente coyuntura, en medidas tales como un crecimiento y no disminución del gasto público, pero a partir de una reforma fiscal que incidiera sobre los destinatarios finales de la riqueza generada en este país.
La lógica con la que se pretende negar esta alternativa, es desechable en principio. Se argumenta de que ello no sería viable porque se desestimularía la inversión, pero nosotros planteamos la necesidad de salir de esa falsa lógica. Si al capital privado se le sigue mimando y se le sigue protegiendo al grado de que su inversión en todos los casos sea inductiva y no obligatoria, si al capital privado se le permite, como se le permitió, en todo este lapso tan grande que precedió a la devaluación y precedió a las medidas de urgencia
tomadas en el país si se le sigue permitiendo, decimos, que utilice una enorme cantidad de la plusvalía generada en sus empresas para trasladarla y colocarla como capital financiero y destinarla a la especulación, entonces efectivamente, si esa es la lógica, el país no tendría otra solución que la prevista por los banqueros internacionales.
En cambio nosotros concebimos una salida diferente. Concebimos una reforma fiscal tal como lo propusimos en otros proyectos de reforma legal, por medio de la cual sean gravables las utilidades que finalmente tengan las personas que han acumulado las riquezas de este país, y al mismo tiempo para garantizar una política de salarios que corresponda a la defensa del nivel de vida de los trabajadores discrepamos de la recta prevista en la carta de intención, y que simplemente se refiere a la ampliación del empleo.
Se dice que la política económica inducirá que el movimiento de los salarios esté ligado a objetivos de empleo, de protección a los niveles de vida de la clase obrera y de su adecuada participación en el crecimiento del ingreso y la productividad.
Pero esta frase, es una frase vaga cuya concreción podemos suponer fundadamente que se refiere principalmente a un esfuerzo de ampliación del empleo, pero concebido en los términos en que este gobierno que está por terminar, lo concebía. Y que aquí en esta tribuna, en la legislatura anterior esta política fue defendida por el partido gobernante, diciendo, que se aumentaba la masa salarial en número de empleos, sin reconocer que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, se desplomaba continuamente. De tal manera que cuando se refiere esta parte de la Carta de Intención a los objetivos del empleo, podemos suponer, afirmar, que está hablando simplemente del estímulo parcial sin cuantificar además lo que hemos señalado en anteriores pronunciamientos, sin precisar el volumen de este crecimiento del empleo.
Por lo tanto, en este contexto llegamos al punto referente a la Carta de Intención que se relaciona de manera más directa con esta iniciativa de ley. El punto 25 dice: "El sistema cambiario actual fue establecido en condiciones de crisis y las autoridades mexicanas lo irán adecuando, conforme lo aconsejen la experiencia y las circunstancias internas y externas."
He querido hacer una referencia, quizá prodiga, de elementos de la política aplicada por el gobierno, para llegar hasta este punto 25, en donde esa presión del Fondo Monetario y esa decisión del gobierno mexicano de plegarse a este sistema económico, inconducente y lesivo para el país, desemboca y llega a la relación que tiene con esta iniciativa de ley.
Aquí, en este punto 25, como es claro, no se asume el establecimiento definitivo del control de cambios y eso tiene un correlato muy concreto con la argumentación que fue hecha aquí. Se dice que fue establecido en condiciones de crisis y las autoridades mexicanas, también se ve su inspiración foránea del texto, lo irán adecuando conforme lo aconsejen la experiencia y las circunstancias internas y externas. Por eso nosotros al objetar esta iniciativa de ley, hemos dicho que en la legislación respectiva, el control de cambios es un principio que debe pasar a formar parte de la legislación. Y es su modulación, sus características específicas, variables sí, lo reconocemos, de acuerdo al momento económico, las que deben tener una modificación de acuerdo a las circunstancias. Pero el principio del control de cambios, estimamos nosotros que debe ser elevado al carácter de norma legal. Por ello, cuando hemos hecho la crítica a esta iniciativa, estamos mencionando también y reiteramos, que esto se da en un proceso en el cual la iniciativa, la inercia que se inició a partir del 1º. de septiembre, ha sido perdida y se camina en pasos rápidos hacia una posible restauración. Insistimos, una restauración prematura que se da en momentos en que todavía el capital financiero, el gran capital financiero tiene posiciones y enclaves fundamentales.
Queremos nosotros recordar que a la distancia en que nos encontramos del 1º. de septiembre, la banca nacionalizada todavía no tiene, no dispone de una organización única y racional. El propio Presidente de la República ha dicho que no le compete a él organizar la banca, sino al próximo gobierno. Nosotros discrepamos de ese enfoque presidencial. Consideramos que esa renuncia, esa dimensión, de organizar la banca nacionalizada, da lugar a que la inercia antigua, la inercia de la banca no nacionalizada, vaya ganando terreno que ahora tiene una parcial expresión legal y cuyos signos externos todos podemos percibir puesto que incluso las antiguas casas bancarias han recuperado o mejor dicho, han vuelto a proyectar a los medios de comunicación, sus mensajes evidenciando ligeramente cortados, ligeramente modificados, evidenciando que hay ahí, se sigue practicando un enorme desperdicio de recursos, vía publicidad innecesaria, vía competencia que en este momento es completamente injustificable e inadmisible. Y digo esos bancos privados, esos bancos antes privados, hoy siguen teniendo entrada por los medios de difusión, a través de una publicidad exagerada, que sólo puede interpretarse como parte de esa inercia y también como una concesión a los medios de comunicación privados especialmente, que son los beneficios de esa masa publicitaria tan grande. Por ello entonces, nosotros asociamos esta retracción de tipo legislativo, con un contexto político, económico y social, que también tiene una expresión en las manifestaciones más abiertas de la derecha en estos días, y en este lapso reciente.
Hemos observado cómo surgen iniciativas por parte de los grupos de derecha, incluso no sólo los tradicionales, para fomentar una aparición pública, una aparición política que les permita influir en mayor medida, no ya sobre el gobierno agonizante sino sobre el gobierno entrante.
Esto, este hecho político, ha sido creado, este espacio, ha sido permitido por la falta de iniciativa y por la falta de acción en torno a la secuencia que debió haber sucedido a la nacionalización de la banca, en vez de existir esa iniciativa para organizarla y hacerla trabajar conforme a las necesidades del país, la banca está esperando una organización que parcialmente y bajo cuerda, se está ya prefigurando en leyes como la que ahora estamos conociendo y a la cual nuestro grupo parlamentario se opone.
Queremos insistir en que en la actual correlación política, estos grupos de las grandes finanzas del gran capital y los grupos que tienden a organizarse políticamente a través de expresiones diversas, a través de escarceos con reuniones nacionales de distinto tipo, este clima y esta situación son favorables para el desarrollo de esta nueva envestida de la derecha.
Nosotros señalamos desde esta tribuna, que es necesaria una respuesta diferente y que la táctica de la derecha debe ser claramente establecida y percibida, pues consiste en aprovechar este espacio, acumular fuerzas, aprovecharse y valerse del creciente descontento que hay en el pueblo y en las capas mayoritarias, debido a que la injusta situación económica y política prevalece aún, y efectivamente tiende a capitalizar esta situación en su beneficio para una presión mayor hacia el nuevo gobierno. Por ello nosotros, en diversas expresiones, nuestro partido ha señalado que esta respuesta que el Presidente de la República dio a los empresarios en Sinaloa, ha sido un intento débil y aislado que no se complementa con una presencia de las fuerzas democráticas para impedir que efectivamente los posibles benéficos efectos de la nacionalización de la banca puedan continuar.
Finalmente, nosotros ratificamos en esta tribuna la decisión de no hacer el juego a una medida legislativa de carácter negativo que en vez de impulsar el desarrollo democrático económico y social del país solamente está formando parte de un conjunto de medidas que contribuyen a un fortalecimiento de una opción antidemocrática y antipopular para nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente; compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del PPS considera que la solución más adecuada para el problema legislativo al que nos enfrentamos es la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Banco de México. Sin embargo, somos conscientes de que las medidas decretadas el 1º. de septiembre no solamente involucran, no solamente atañen a la Ley Orgánica del Banco de México, sino afectan a otras leyes importantes que tendrán que revisarse, ajustarse y adecuarse a la banca nacionalizada.
Pensamos que es necesario que el Banco de México cuente con un estatuto jurídico nuevo, diferente al actual. Pero examinando el contenido de la iniciativa que presentaron un grupo de diputados del partido del gobierno, encontramos los siguientes aspectos positivos, que apoyamos, los siguientes aspectos negativos, que rechazamos y criticamos.
En primer lugar, la iniciativa propone la transformación del Banco de México, de sociedad anónima a organismo público descentralizado; nosotros estamos de acuerdo con esa transformación porque evidentemente que con ese cambio se termina una larga etapa histórica de la economía mexicana y de la propia existencia del Banco Central, y se termina, a nuestro juicio, para bien de la nación y del pueblo.
Debemos recordar que durante la administración del Presidente Plutarco Elías Calles, se creó el Banco de México y se incorporó a su seno y a su administración la industria y el comercio, mediante la emisión de la serie B., de acciones, de esta manera se cumplía uno de los propósitos del secretario de Hacienda de Calles, el ingeniero Alberto J. Pani, para que el Banco de México contribuyera a movilizar la riqueza generada por el pueblo mexicano y para que contribuyera también a aumentar la captación bancaria y a regular los incipientes bancos privados de aquellas épocas. Pero no obstante la presencia de la burguesía en el Banco de México, nosotros estamos convencidos que, pese a la presencia de la burguesía, el Banco de México jugó durante una cierta etapa, un papel muy importante en la vida del país, porque le permitió al Estado, por lo menos, regular la vida de la banca privada nacional.
Pero, desgraciadamente, la influencia de la burguesía en el Banco de México empezó a ser deformante y afloraron las ideas libre-cambistas en su seno, en su administración y en su orientación, de tal manera que, a nuestro juicio, hoy se termina la etapa que se inicia con el primer director del Banco, el licenciado Manuel Gómez Morín, termina con la gestión del licenciado Miguel Mancera Aguayo, incluyendo al padre del liberalismo monetario en México o del Banco de México, Rodrigo Gómez.
Durante muchos años esta tendencia reaccionaria que se incubó desde el momento en que Calles crea la Comisión especial que funda el Banco de México, empezó a plantear un sofisma en la economía nacional.
Por un lado hacer pensar al Estado, hacer pensar a la opinión pública que el Banco de México regulaba y controlaba el funcionamiento de la banca privada, y por el otro, a tolerar, a permitir el ejercicio de una absoluta libertad cambiaría que ha costado a nuestro pueblo y a nuestro país grandes sacrificios.
Fue precisamente la participación de la Asociación de Banqueros de México la que prostituyó el funcionamiento de la Comisión Nacional Bancaria creada también durante el gobierno de Calles, y que se suponía pretendía regular la aplicación de las leyes de la materia.
Ahora es nuestra convicción, que al transformarse el Banco de México en primer lugar sale la burguesía representada en la Seria B de
las acciones de ese Banco, y ya por ese hecho, el Partido Popular Socialista le da su apoyo.
Además porque desaparece desde el punto de vista material y jurídico, la Asociación de Banqueros de México, y por ese progreso el Partido Popular Socialista apoya esta parte de la iniciativa.
Pero además consideramos que la salida de la Serie B del Banco de México, la terminación de la sociedad anónima, permitirá combatir desde su raíz la política libre-cambista y monetarista, que durante muchos años los responsables del banco han aplicado en nuestro país, en contra de los intereses populares.
Por eso nosotros pensamos que la salida del último director del Banco de México y esta transformación concreta a la que me estoy refiriendo, pudiera significar la terminación de una etapa y el inicio de otra en la historia del Banco de México.
Pero es evidente que las fuerzas económicas y política afectadas con la transformación del Banco de México se dan cuenta de la trascendencia de esta modificación y accionan, para evitar sus efectos posteriores, tanto en el funcionamiento del Banco como en su posición en la banca nacionalizada.
Y aquí en esta tribuna, hemos escuchado algunos discursos debidamente encubiertos, de un lenguaje tecnocrático, de una corriente del pensamiento económico neoliberal, que se resiste a perder las posiciones que puede perder definitivamente, si el curso de la política económica continúa en función de las líneas del 1º. de septiembre y que hace esfuerzos por preservar su influencia ideológica en el sistema bancario nacional, en el sistema hacendario de nuestro país, y que hace esfuerzos por evitar que la derrota sufrida el primero de septiembre no sea irreversible y posiciones perdidas puedan recuperarse.
Porque la iniciativa de los diputados del partido del gobierno es, en cierta forma, contradictoria, por un lado, tenemos la impresión de que han triunfado posiciones avanzadas, posiciones progresivas, en la transformación que sufrirá el Banco de México. Pero pensamos con sinceridad que en lo que se refiere a las facultades para implantar el control de cambios, esas corrientes no han podido prevalecer, no han predominado, y finalmente, no han triunfado.
Nosotros pensamos que tal y como está redactada la iniciativa, en lo que corresponde a las facultades para implantar el control de cambios, se deja la puerta abierta no para introducir modalidades al control de cambios, no para introducir variaciones a éste, sino para vulnerarlo como una medida de política económica. Si nosotros analizamos la redacción del artículo correspondiente, veremos que se deja al Presidente de la República, a su discreción, la posibilidad de implantar y mantener el control de cambios, según lo indique la situación socioeconómica de nuestro país. Y evidentemente es notorio que no hay el convencimiento en los autores de la iniciativa, de la importancia del control de cambios, como una política general del Estado y de la sociedad mexicana.
Pensamos que esta falta de confianza en la importancia del control de cambios, se debe ciertamente, a las dificultades que esta medida tiene al implantarse. Porque el control de cambios es una medida fundamentalmente coercitiva. Y por ello entraña dificultades y complicaciones. Ningún país capitalista que tiene control de cambios, ha prescindido de una cierta dósis de compulsión y de coerción al ejercitarlo. Ningún país ha tenido, ha dejado de tener problemas al implantar el control de cambios. Pero nosotros pensamos: es preferible, es deseable que el gobierno, que el pueblo tenga dificultades respecto a la aplicación del control de cambios, a volver al pasado en que imperó la voluntad cambiaría irrestricta.
Pensamos nosotros que es preferible, adquirir experiencia en materia cambiaría, a abrir la puerta para que no sé cuándo, el presidente decida suspender el control de cambios y de nuevo propiciar la fuga de capitales y la dolarización que sufrió el sistema bancario y que afectó a nuestro pueblo.
Estamos convencidos que la vecindad con los Estados Unidos ciertamente entraña grandes dificultades para que esta política pudiera implementarse. Pero, consideramos del Estado, las divisas que el Estado obtiene por la acción de sus ventas al exterior, ya no deberían entregarse a la burguesía industrial y comercial, ni tampoco deberían entregarse a la banca privada, como ocurrió, desafortunadamente hace poco tiempo. Que las divisas del Estado sean controladas de una manera plena y permanente por el propio Estado, y desafortunadamente éste no es el espíritu de la presente iniciativa en esta parte que estamos comentando.
Nosotros no sabemos si en el seno de la Comisión de Hacienda hay interés en congelar la Ley Orgánica del Banco de México, haríamos una afirmación temeraria si llegáramos a esa conclusión. Pero si eso llegara a ocurrir, la Fracción Parlamentaria del PPS elevaría su voz de protesta porque considera que es imprescindible reformar y, en su caso, dotar de una nueva ley al Banco de México.
Tampoco podemos hacer un balance del cuero de la política económica seguida después de la firma de la Carta de Intención con el FMI, porque, si bien es cierto que nosotros, como partido de la clase obrera, conocemos la política y las concepciones de esa institución, y conocemos sus concepciones particulares sobre el control cambiario. Mientras se mantenga el control de cambios, nosotros no tenemos derecho a emitir una duda respecto a una eventual negociación en esta materia.
El Secretario de Hacienda afirmó que en la Carta de Intención no se negoció nada respecto de las medidas del 1º. de septiembre, pero sabemos que hay poderosas presiones provenientes de la burguesía y del interior del
gobierno, e incluso del partido del gobierno, que impugnan el control cambiario en sí mismo como una política general, tratándole de adjudicar al control de cambios la falta de divisas que tiene nuestro país, y eso es totalmente falso.
En México no faltan divisas por el control de cambios sino faltan divisas fundamentalmente porque el sistema productivo nacional no está operando ni siquiera a la mitad de su capacidad y al contrario, diríamos, el control de cambios se implanta ante la carencia de divisas y cuando el país, cuando el Banco de México había sido saqueado hasta quedar exangüe en su contenido.
Por lo tanto, nosotros apoyamos la transformación del Banco de México porque vemos en esta transformación la misma política dada a conocer el 1º. de septiembre: la exclusión del sector privado del Banco de México, pero discrepamos, nos oponemos a la forma en como está redactada la parte correspondiente al control de cambios que, efectivamente, en sus términos, puede abrir la puerta para una vulneración de esta medida que hoy por hoy por lo menos ha evitado que México siga siendo saqueado por una breve minoría. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: tiene la palabra para hechos el C. diputado David Orozco.
Se le recuerda el límite reglamentario de 5 minutos.
El C. David Orozco Romo: Señores diputados, vengo a expresar aquí la admiración por la habilidad parlamentaria del PSUM en el sentido de que, como minoría, propone reformas, sabe que no le van a hacer caso y entonces amplía la objeción de la ley a consideraciones políticas más amplias, a dar un mensaje mayor de aquello que se está discutiendo en el momento.
Nosotros, los del Demócrata, aprendemos, hacemos nuestras observaciones técnicas sobre el proyecto de ley que se centraban únicamente en que el diseño no correspondía a un organismo público descentralizado con la autonomía administrativa deseable para operar como banco y sabemos que tampoco se nos va a hacer caso, entonces hay que aprender y también dejar el mensaje político.
Aquí se ha hablado mucho de control de cambio y en la réplica que contrarréplica se le trata sacramentalmente, no aquí no queremos quitar el control de cambios, a veces replican los de la Comisión y como puede quedar esa impresión y en México está lleno de instituciones sacramentadas, subo a la tribuna para expresar que los del Partido Demócrata Mexicano vemos el control de cambio como una medida transitoria nada más, que se puede tomar en tiempos emergentes como se pudo haber tomado a finales de 81, pero no algo que permanezca como siempre como señal de vocación revolucionaria de un régimen; simplemente sentamos esa inquietud.
Y por otro lado, para entrar en materia, hacerles una pequeña aclaración en cuanto las circunstancias políticas del cambio de iniciativas. Yo difiero de los oradores del PSUM y del PPS, de que aquí se trate de una conjura para la restauración, nuestra interpretación política que todo está en hipótesis, no lo podemos probar, es que el Presidente actual dijo: Dejo el diseño bancario al próximo Presidente, tal vez hubo un codicilio, pero me dejan el Banco de México como organismo descentralizado y con control de cambios; no lo podemos probar, es nuestra hipótesis, pero no creo en eso, simplemente en la Iniciativa enviada por el Ejecutivo, se le daba al Banco de México facultades en el control de cambio y regulando su compra, venta y circulación del mismo, facultades discrecionales, es decir, porque la regulación puede ser dejarlo en libertad, poner un poco de control, o un control absoluto, no impone limitaciones la Iniciativa del Ejecutivo, inclusive en la nueva Iniciativa resulta peor para alguien que fuera enemigo del control de cambio, porque aquí en la Iniciativa del Ejecutivo le da la facultad a un banco para hacer un acto de autoridad.
Yo como abogado litigante, si llevara el amparo vería la posibilidad de amparar a mis clientes de que algo que molesta a los bienes de personas, etcétera, no provienen de una autoridad que funde y motive, porque un Banco no puede ser una autoridad. En la nueva ley ya viene perfeccionado el instrumento y ya se le da facultades al Ejecutivo que sí es autoridad, y habría que ver constitucionalmente si tiene esas facultades o no, pero ya es autoridad.
Formalmente yo no veo esa conjura; insisto en los argumentos técnicos que no hayan sido tomados en cuenta y manifiesto a nombre del Partido Demócrata Mexicano que nosotros no tratamos como algo sagrado e intocable el control de cambios. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el diputado Ricardo Cavazos.
El C. Ricardo Cavazos Galván: Señor Presidente; señores diputados:
Hemos venido tratando a lo largo de esta sesión referente a la propuesta y a la iniciativa que para su modificación de la Ley Orgánica del Banco de México, y se han tratado en ella diferentes temas, diferentes aspectos.
Hemos venido hablando de procesos económicos, y hemos venido hablando también de procesos políticos, y nos encontramos precisamente en un proceso que es importante dentro del contexto en el cual estamos desarrollándonos.
Sin embargo, en momentos y quizás también en ocasiones, me daba la idea de que campeaba particularmente en algunas opiniones antagónicas a la iniciativa, que campeaba a idea de que alguna forma se consideraba que si acaso la realidad que se estaba planteando y la realidad que estamos viviendo en este momento, no era acorde con mi teoría,
en este caso lastima de la pobre realidad, y sigo con mi teoría, y sigo con mi punto de vista, y sigo adelante también con una fórmula y con una concepción que muchas de las veces no encuentra su parangón en los hechos reales.
Igualmente y esto de paso también lo comento, dado que no es la temática de esta tarde, me refiero a la intervención un poco amplia relacionada con el Fondo Monetario Internacional, en ese momento me surgía un pensamiento relativo a la claridad o a la forma tan difusa con la que se pueden expresar en ocasiones los pensamientos y la concordancia que existe entre la forma de expresarlos y la capacidad y la posibilidad que se tuvo de haberlos entendido.
En esta circunstancia y regresando al tema que nos ocupa y en el cual hemos estado revisando y hemos estado también de una forma incidiendo en algunos aspectos de esta Ley Orgánica y de estas modificaciones al Banco de México, quisiera precisamente establecerlo en ese proceso y en esa devolución y ese desarrollo, en los que se ha venido involucrando este instituto central y organismo, que de alguna manera viene a ser regulador básico en los aspectos de la política monetaria, de política financiera y de política crediticia en el país.
Creo que de alguna manera la forma en la que el Banco de México se ha venido conformando a lo largo de los últimos 50 años, ha venido también respondiendo a las condiciones y a las características sociales, políticas y económicas, que se han presentado en nuestro país y en alguna forma, respondiendo a las exigencias contemporáneas del momento, respecto a las necesidades que para un proceso de crecimiento y de desarrollo económico se exige y ha venido registrándose dentro del país.
El Banco de México sienta una base muy importante y marca un cambio igual, cuando se le establecen sus facultades en entidad y de instituto de emisión única de billetes, de ser Banco Central, y también ser Banco de redescuento con otros Bancos asociados al mismo, en razón de su característica esencial de Banca Central. A lo largo de esos cincuenta y tantos años a los que hago alusión, hemos encontrado diferentes modificaciones en las disposiciones vigentes de esa Ley Orgánica, siempre respondiendo a las necesidades que otra vez mencionó, un proceso de desarrollo económico, el país va teniendo y va exigiendo también en cuanto al manejo que en su política monetaria y en su política financiera y crediticia va requiriéndose.
Hay que recordar en esta ocasión también que el Banco de México de alguna manera está regulando la transferencia de recursos sociales de aquellas entidades que los generaron en forma individual, pero que vienen a constituir la masa social de excedentes que se transfieren para propósitos de inversión, hacia aquellas unidades que son deficitarias en cuanto a la generación de dichos recursos.
En ese contexto, y dada la vinculación y la situación tan directa que existe entre la banca de intermediación y la Banca Central, es imposible en un momento dado, considerar y concebir que el Banco Central pueda de alguna manera modificarse en sus disposiciones vigentes, en forma autónoma e independiente del resto de las instituciones y del contexto en el cual tiene que operar, regular, condicionar y ser condicionado también.
Pero no sólo eso también, y creo que también es muy importante, no perderse la perspectiva en el firmamento, en el cual estamos moviéndonos, la obvia necesidad de encontrar que dentro de la autoridad existe una autoridad reguladora en los aspectos financieros, y que también no puede soslayarse su participación y la intervención que la misma tiene dentro de estos procesos de financiamiento y de desarrollo económico.
En esta circunstancia, el Poder Ejecutivo en el momento actual, a través de las disposiciones que marcan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde ese Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece facultades y directrices que vienen a normar la operación también en esta ocasión, del Banco Central del instituto central que nos regula el proceso de intermediación financiera, y de la misma banca nacionalizada en este momento.
Tenemos ya entonces en este firmamento, tres elementos inseparables y tres elementos que complementan una determinada actividad y un papel fundamental en el proceso de intermediación financiera y en el proceso de asignación de recursos para efecto de llevar a cabo una estrategia de política económica, en un contexto de crecimiento y desarrollo marcado a través de todas las estrategias y todos los caminos de política económica.
En esa tesitura y con esas características, cuando se presenta el día 1º. de septiembre del presente año una situación de cambio importante , un cambio estructural básico en cuanto a lo que concierne a la operación de esta banca de intermediación, que ahora es banca nacionalizada, se antoja que sí ponemos esta situación de interdependencia de tres organismos con características diferentes en su naturaleza jurídica, pero independientes en su funcionamiento económico, no podemos, en un momento dado, simple y llanamente decir "vamos a cambiarlo en forma separada" y dejar totalmente al garete el resto del proceso y el resto de las instituciones encargadas de llevarlo adelante en forma cabal.
Ante esas circunstancias, por un lado, y por otro lado también ante la necesidad impostergable de permitir, en base también, a la responsabilidad que en lo personal tenemos como mexicanos, y que en lo institucional tenemos como responsables de las disposiciones que en materia legislativa tienen que atender al concurso y a la regulación que en esta materia precisa un instituto como el Banco Central, es que se estableció la necesidad de llevar a cabo reformas de carácter estructural también, que en ese momento, en este momento también, es materia de este dictamen, se antojaban impostergables e indispensables para llevar
adelante una cabal forma y un funcionamiento adecuado en este instituto central.
No podemos pensar, si la banca se encuentra nacionalizada, y si cambia la naturaleza jurídica, que siga sujetándose, el Banco de México, a las fórmulas y a las disposiciones jurídicas que emanan de la Ley de Sociedades Mercantiles.
Tenemos un régimen jurídico diferente, y tenemos también una función diferente, marcada estrictamente en cuanto a los considerandos y en cuanto a las bases y premisas señaladas por el Presidente de la República en el Informe rendido en este mismo recinto legislativo.
Ante esa situación y con un servicio público, como es el de la banca y crédito, con la modificación constitucional vigente en este momento, aprobada por nosotros el día 5 de octubre, tenemos que ser nosotros conscientes, darle seguimiento y ser congruentes y conscientes en cuanto a las modificaciones que en el resto de las organizaciones y los institutos y los organismos tendrán que llevar a acabo para seguir adelante en este proceso de avance de nacionalización de la banca.
Por tal circunstancia y ante la impostergable necesidad de sacar adelante aquellos aspectos básicos en los que una institución actualmente funciona sin un consejo de administración constituido, sin tener precisadas y clarificadas las facultades mediante las cuales puede llegar a operar un régimen de control de cambios como el que está vigente en este momento y que se asienta expresa y explícitamente en el dictamen y en el proyecto de decreto señalado -y lo menciono precisamente en razón de toda la serie de comentarios y de señalamiento que se han hecho a lo largo de las últimas 4 horas.
Creo que remitiéndose en forma precisa al artículo transitorio -y se hizo exprofeso por que se preconizaba en alguna forma el señalamiento de esta situación- precisamente por ello se integra en el transitorio Artículo 2º. del proyecto de Decreto que dice al texto lo siguiente: para los que no lo tengan a la vista: "2º. El decreto que establece el control generalizado de cambios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º. de septiembre de 1982 y las reglas generales para el control de cambios, así como las demás disposiciones expedidas con fundamento en dichos ordenamientos continuarán vigentes con todo su valor y fuerza legales."
Creo que de manera más clara y más precisa no puede quedar establecido el propósito, la forma, el objetivo que en este caso se está persiguiendo dentro de esta modificación que se hace a la Ley Orgánica del Banco de México. Por otro lado, y como una aportación al pie de esta intervención, quisiera señalar también que lastimosamente también encuentro en muchas de las ocasiones una seria confusión en cuanto a lo que vienen a ser ciertos objetivos en materia de política económica con ciertos mecanismos que se utilizan en este caso para conseguir dichos propósitos. Creo de una forma que si el objetivo nuestro, haciendo un breve paréntesis en esta intervención, viene a ser no el control de cambios per se, sino el tener una sana disponibilidad de divisas para financiar nuestro desarrollo y para llevar adelante también la adquisición de todos aquellos insumos y materias que no hemos todavía integrado en nuestra capacidad de producción doméstica, creo que entre los mecanismos existentes existen toda una serie adicional que se equiparan en forma idéntica, cualitativamente hablando, al control de cambios, algunos no han funcionado, otros han funcionado parcialmente, pero en términos de resultados y en términos de acrecentar o de reducir la baja en la disponibilidad de divisas, también pueden comentarse y creo que sería muy conveniente el que pudiéramos integrar este mecanismo que es el control de cambios en conjugación completamentada con el resto de esos otros mecanismos de política económica que son igualmente valiosos y que en momentos determinados son tan eficientes o inclusive mucho más eficientes que en un momento dado algunas otras medidas de política económica.
Creo que no debemos de perder de vista aspectos concretos y que son realmente efectivos en muchas de las ocasiones. Acepto la situación, posiblemente el pensamiento del PSUM sea respecto de la quizá inoportunidad en la utilización de los mismos, lo cual no inhabilita la existencia de ellos, es cuestión de armonizar y de conjugar medidas de política económica en función y en torno a la consecución de un objetivo determinado.
Hemos también, durante este lapso en el que se ha manejando el dictamen de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, manejando una serie de conceptos en relación a aspectos que son muy respetables y que personalmente también respeto, pero sí quisiera cordialmente disentir y explicitar.
Creo que por la misma urgencia y por la indispensable necesidad de contar con régimen jurídico que avale las acciones que lleve adelante la autoridad del Banco Central, la indispensabilidad de llevar adelante la formulación de un régimen que sustente esa operación ante la necesidad de transformarlo en un organismo público descentralizado, con base en las atribuciones marcadas en la propia Constitución General de la República. Creo que eso da la pauta y creo que da las características de servicio público, del crédito y de la banca, viene a implicar en este caso un aspecto que por obvia trivialidad no vale la pena seguir profundizando.
En lo relativo al control de cambios, y haciendo referencia a hace un momento, el señalamiento que estaba postulado, y también inclusive haciendo referencia en este caso, puesto que él es abogado y pueden servir bastante los argumentos de David Orozco, creo que los mecanismos que se están integrando, insertos en el Artículo 123 bis de este dictamen, están facultando y clarificando en forma muy precisa para que el Ejecutivo expida dichas reglas que fueron mencionadas también en la
modificación constitucional a la fracción 18 del Artículo 73.
Creo que queda muy claro, muy preciso y muy explícito y expreso también en ese Artículo 23 bis, las facultades para fijar mediante decreto, no mediante simples reglas, sino mediante decretos del Ejecutivo, el que se lleve adelante esa situación e inclusive hemos propuesto por esta Comisión de Hacienda y Crédito Público una situación que anteriormente y de alguna forma no se había presentado tampoco en la iniciativa del propio Presidente de la República.
Hay una parte, y lo remito también para los que no lo tengan a la mano, Artículo 23 bis, en su última parte lo relacionado a la obligación que tendrá el propio Ejecutivo, y se señala lo siguiente: "Cada año el propio Ejecutivo someterá a la aprobación del Congreso el uso que hubiere hecho de estas facultades", o sea, éste es un aspecto medular y muy importante en cuanto a la regularidad y en cuanto a la forma de presentar dicha situación.
No se puede simplemente establecer facultades omnímodas en forma permanente, y que sin llevar adelante un informe simplemente se ejecuten. Hemos propuesto, y hemos considerado pertinente que esta soberanía tenga conocimiento de las facultades a que ese Artículo 23 bis, en este caso estaría facultando al Ejecutivo, y se integra expresamente dentro del texto del mismo tal situación.
Creo también por otra parte, que toda una serie de considerandos importantes en cuanto a la operación del corto plazo de esta institución que es el Banco de México, se han cubierto en este proyecto de iniciativa para modificación de la Ley Orgánica del Banco de México.
Se han señalado ya en forma particular, los aspectos relacionados con el señalamiento y la inclusión de los trabajadores, señalamiento específico de aquellos que eventualmente estarían clasificados dentro del rubro: empleados de confianza. Y también señalamientos adicionales que actualizan la operación y transforman completamente el régimen de sociedad mercantil al régimen de organismo público descentralizado.
Sabemos que esta tarea no está terminada y conocemos también por una parte la importancia que reviste el que exista equilibrio y complementariedad entre las disposiciones que surjan y salgan de esta Cámara. Todas las disposiciones, finalmente, estarán orientadas, enfiladas definitivamente, a coadyuvar y sustentar el propósito de desarrollo general del país.
Y ya no desarrollo económico socialmente, sino desarrollo general del país e incremento en el bienestar de toda nuestra población. Y en ese aspecto consideramos y tenemos la firme convicción de que este avance permite de alguna manera regular la actividad de un organismo que incide muy profundamente en la vida económica de nuestro país.
Creemos también que esta tarea no está terminada, como lo señalamos hace un momento, y tenemos en estudio permanente la iniciativa enviada por el Presidente de la República. Creo que las audiencias y las consultas que hemos empezado a realizar y que están también abiertas para que los partidos políticos, para que todas las instituciones interesadas, para que todas aquellas personas que de alguna forma tengan experiencia, tengan conocimiento, tengan alguna idea respecto a la forma y el esquema de organización de la banca nacionalizada, se vengan a exponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Es parte esto del proceso de revisión y estudio que estamos haciendo en esta Comisión de Hacienda de la iniciativa que nos llegó y fue turnada a la misma el día 11 de septiembre del presente año. Seguimos revisando y estudiando la iniciativa enviada por López Portillo a esta Honorable Cámara de Diputados. Y eventualmente produciremos algún dictamen en relación a este respecto, con los considerandos que ya se han establecido a lo largo de mi intervención.
Quiero finalmente establecer dentro de esto, el hecho de la importancia que implica llevar adelante las medidas propuestas en este sentido establecido y acordado en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Creo que esto es resultado de un número de sesiones bastante amplio, en el cual se ha participado por parte de los miembros de la misma, donde se han intercambiado ideas y donde se han obtenido las conclusiones propuestas a esta soberanía, en base a la votación y en ocasiones al consenso de todo de los miembros de esta Comisión de Hacienda, donde participan todos los políticos que están en esta Cámara representados.
Creo que todos estos considerandos, la urgencia por una parte la medida, la trascendencia de que el instituto central, el Banco de México no esté al garete en su régimen jurídico, la necesidad de que se clarifiquen, se perfeccionen y se configuren las medidas que en materia de control de cambios resultan muy valiosas y muy importantes para el devenir económico de este país. Y por toda la situación existente en materia del manejo de la banca nacionalizada, creo y estoy proponiendo, señor presidente, que este proyecto de dictamen presentado a esta Cámara de Diputados, sea sometido a votación para efecto de sacar adelante las propuestas obtenidas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El C. Rolando Cordera: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Rolando Cordera para hechos.
Se le recuerda al orador el límite de cinco minutos.
El C. Rolando Cordera: Quisiera, señor Presidente, compañeras y compañeros, hacer algunas aclaraciones rápidas, que me parece
nos ayudarán a decidir que el dictamen no lo podemos aprobar. Pero antes algunas otras.
Sin nombrarme, el diputado Acoltzin se refirió a algo que supuestamente dije en el sentido que había hablado yo de un proceso legislativo deleznable. Si así hubiera sido, pediría que retiraran esas palabras del Diario de los Debates, pero no dije eso. Dije: A nosotros nos parece que esta forma de afirmar la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, es una forma deleznable, es una simulación. Y eso lo sostengo.
Segundo. Para que en principio pudiéramos hablar de que el control de cambios es irreversible, yo no utilizaría esa palabra, menos aún en una Cámara de Diputados, pero entiendo lo que quiere decir Acoltzin. Nosotros sostenemos que tendríamos que legislar primero en este sentido, estableciendo por ley el control de cambios, y en todo caso dándole facultades al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, para que dentro de un marco normativo instrumente el control de cambios, lo adecue a la realidad, lo flexibilice, etcétera, etcétera pero no poner el control de cambios como principio sujeto a uno u otro decreto presidencial, eso es lo que nos preocupa; a nosotros nos parece que en la iniciativa se le dan al Ejecutivo facultades para quitar o poner el control de cambio. Me parece que el Artículo 23 es precisamente claro en ese sentido. Y yo les pediría que atendieran también al Artículo 52.
Amablemente Ricardo Cavazos me llamó la atención sobre el hecho de que uno de los ejemplos que yo utilicé para mostrar la ambigüedad y la insuficiencia del esfuerzo de reformas hecho. Ya no aparecía en el dictamen, yo hablé de que en algún momento, en el Artículo 23, se hablaba de que a la sociedad infractora se le multaría con equis cantidad de pesos, con la supresión temporal o con la caducidad de su concesión.
Bien, eso, consultando otra versión, en efecto no aparece, entonces no toman en cuenta eso. Nada más que el problema es el siguiente: Tanto la versión que yo utilicé para darles este ejemplo, como esta otra versión en donde ya no aparece esto, están fechadas el 16 de noviembre. Y luego pues por azar encontré otra versión, fechada también el 16 de noviembre, en la cual aparecen fracciones de artículos que no aparecen en la segunda pero sí en la primera, pero al mismo tiempo faltan artículos que aparecen en la segunda y no en la primera. Es decir, tenemos 3 versiones en donde, por ejemplo: Caducidad de la concesión aparece en una, aparece en 2 de las versiones que yo tengo aquí fechadas el 16 de noviembre, en otra no. Fracción 10 del Artículo 24, dice en una "abrir créditos y conceder préstamos a las asociaciones nacionales de crédito y a las instituciones de crédito sobre las instituciones siguientes: 11, a, b, c, d, e. Página 10, segunda versión, no aparece la fracción 10, tercera versión sí aparece la fracción 10.
Y así hay, si mal no recuerdo, fracción 12, en una versión: "comprar, vender, suscribir acciones de las instituciones de crédito, sin exceder del 15% del capital exhibido de cada sociedad, así como encargarse de colocarlas." Esto nos llamó mucho la atención, no lo quisimos resaltar antes pero quien puso esta fracción aquí está pensando evidentemente en banca mixta, y si no está pensando le llegó el soplo divino.
Segunda versión: "comprar, vender y suscribir acciones de las instituciones de crédito, sin exceder el 15% del capital exhibido de cada sociedad, así como encargarse de colocarlas". Tercera versión, donde sí aparece lo de abrir créditos y conceder préstamos, etcétera. No está la fracción 12.
Yo pido disculpas a mis compañeros de comisión, pero he recibido varias versiones y ya en los ajetreos del debate he cometido toda esta serie de imprecisiones, pero pues yo quiero que compartan conmigo estas imprecisiones también. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el C. diputado Ricardo Cavazos.
El C. Ricardo Cavazos Galván: Señor Presidente, señores diputados:
Simplemente para hacer alguna aclaración en cuanto a los señalado por el diputado Cordera y simplemente hacer la mención de que la fuente a la que puedo hacer referencia es el Diario de los Debates el martes próximo pasado, y el que tenga tantas versiones es una muestra más del grado de detalle y acuciosidad con que se ha venido manejando y revisado el dictamen y la iniciativa.
Por otro lado, está fechada con el día 16, que es el día en que se presentó y lo cual no tiene que implicar necesariamente tampoco el hecho de que sea el mismo día sino en el día en que se estuvo, en este caso, preparando y elaborando. Creo que si se asiste asiduamente a las reuniones de la Comisión de Hacienda, muchas de las veces se evitaría este tipo de problemas.
Por tanto también, vuelvo a solicitar, señor Presidente, que se someta a votación el dictamen de esta Comisión.
El C. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior, el dictamen que fue leído en la sesión inmediatamente anterior, y ese dictamen es el que está a discusión, pregunte la Secretaría a la Asamblea si está suficientemente discutido.
El C. secretario Everardo Gámiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.
El C. Presidente: Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si
se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Presidente: Proceda la Secretaria a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Everardo Gámiz: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados, con las modificaciones presentadas por la Comisión.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitió una votación de 186 votos en pro y 53 votos en contra.
El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la Comisión los artículos no impugnados por 186 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos octavo, 46 y 23 bis, y para aclaración por el diputado Blanco Sánchez el 4, el 23 y el 24.
Esta Presidencia informa que se ha inscrito para hablar en contra del Artículo octavo el C. Javier Blanco Sánchez y para aclaraciones del 2, 23 y 24. Para hablar en pro del mismo artículo octavo, la Comisión.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Blanco Sánchez.
El C. Javier Blanco Sánchez: En obvio de economía del debate más bien dicho, en favor de la economía del debate, quisiera rogar al señor presidente -señor Presidente- a los señores vicepresidentes, se permita que en una sola intervención propongan la solicitud de aclaración para el Artículo 4o. fracción II, para el Artículo 23 párrafo final y para el Artículo 24 fracción XXII. De forma que en una sola intervención de mi parte y creo que en reciprocidad en una sola y breve intervención de parte de la Comisión, se hagan las aclaraciones pertinentes. ¿Se me autoriza?
El C. Presidente: De acuerdo, señor diputado, proceda.
El C. Javier Blanco Sánchez: Con relación al Artículo 4o. de esta iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México, quisiéramos solicitar a la Comisión, aclare a esta Asamblea la fracción II que se refiere en el aspecto patrimonial de la institución, a las aportaciones que recibirá del Gobierno Federal.
Esta petición tiene como finalidad que quede en el Diario de los Debates, la intención del legislador con relación a esta determinación de ley, para evitar que las suspicacias domésticas y las no menos perversas suspicacias del extranjero, piensen que ya desde ahora, estamos considerando al Banco de México como una banca necesitada de subsidio, como una banca deficitaria o como una banca en quiebra.
De tal forma que agradeceré a la Comisión, que nos precise la intención y la razón y el por qué se establece que el patrimonio del Banco de México se integrará con las aportaciones que reciba del Gobierno Federal y etcétera.
Con relación al Artículo 23 en su parte final, la que inquietaba a nuestro compañero el señor diputado Rolando Cordera, y que nosotros también observamos en el seno de la Comisión, con relación a lo concesionado y que ya el artículo finalmente presentado en esta tribuna hoy sufre " de concesiones" dice: la falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada administrativamente con multa de 5 mil pesos o con la suspensión temporal de las operaciones de la sociedad infractora, según lo decida la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con la gravedad del caso.
Cuando se hablaba de asociaciones concesionarias, entendíamos la razón de esta disposición. Al suprimir el aspecto improcedente de una concesión imposible, queremos entender si esto se refiere a la banca desnacionalizada, a la banca que en duplicidad va a funcionar ahora en México, la nacionalizada y la que no se nacionalizó, o a las instituciones a las que se refiere este párrafo final del 23.
Con relación al Artículo 24, fracción XXII, queremos preguntar a la Comisión ¿por qué a diferencia de lo establecido en la ley anterior, en la ley vigente, en la fracción XXII, este artículo y el inciso 22, no limita la inversión que en gastos para instalación de oficinas, para adquisición de inmuebles y de mobiliario la ley señalaba anteriormente? Queremos entender que esta imprecisión en el artículo y en la fracción XXII, no es una puerta abierta a las obras suntuarias, a los mobiliarios suntuarios o a lo manirroto de algunos funcionarios banqueros o bancarios que ahora, a la sombra y amparo del gobierno de la República, vayan a prestar servicios en la banca nacionalizada, conforme a la terminología oficial.
La ley anteriormente señalaba que para este tipo de gastos sólo se podía disponer de hasta un 20% del capital pagado de las reservas, y ahora no hay límite ninguno para este tipo de inversiones.
Señores diputados, entiendo los estragos del cansancio y del hambre que han mermado tanto a la Asamblea, y por lo mismo abrevio así estas peticiones de aclaración.
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior, proceda la Comisión a dar las explicaciones solicitadas por el C. diputado Javier Blanco Sánchez.
Tiene la palabra la Comisión. El C. diputado Juan Mariano Acoltzin Vidal.
El C. Juan Mariano Acoltzin Vidal: Señor Presidente; señores diputados.
Haciendo uso de similar prerrogativa en obsequio de todos nosotros, quisiera ser muy breve en esta
intervención remitiéndome directamente a la pregunta y a la explicitación solicitada por el señor diputado Javier Blanco Sánchez.
Se menciona, primero, el Artículo 4o. fracción II que dice "El Patrimonio del Banco de México se integrará con fracción II las aportaciones que reciba del gobierno federal". Aquí en este caso, como el artículo se refiere exclusivamente al patrimonio de la institución, las aportaciones que se reciban por parte del banco provenientes del Gobierno Federal serán directamente establecidas a dicho patrimonio, o sea, no hay indefinición, queda expresamente marcado y servirán para, en un momento dado, acrecentar o sustentar las operaciones mismas que la propia Ley Orgánica le marca a un instituto central, como es el Banco de México. Si acaso en un momento dado hubiera pasado por la mente la idea, aun cuando fuera en términos muy leves, que esto pudiera implicar la posibilidad de subsidio para la operación de la institución, no cabe tal situación en razón de la forma explicitada en este artículo y concatenándolo con lo marcado, a su vez en los artículos 60 y 64 de la misma ley, que se encuentran señalando, el Artículo 60 habla de que "al cierre de cada ejercicio financiero se procederá a estimar los elementos del activo y del pasivo del banco, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se hayan llevado a reserva complementarias de activo para el adecuado ejercicio de las funciones de regulación monetaria, crediticia y cambiaria, que esta ley encomienda al banco o para previsiones que, conforme a sanas técnicas contables, sea conveniente registrar a efecto de cubrir pérdidas derivadas de la estimación del activo. Fijado el monto del remanente establecido de acuerdo con el párrafo que antecede y separada la cantidad que corresponda pagar, en su caso, por el impuesto respectivo, el saldo se aplicará a los fondos constituidos en el banco, conforme a lo que determine la Junta de Gobierno.
Y el Artículo 64 señala lo siguiente: Dentro de los 60 días que sigan a la terminación del ejercicio, el banco preparará los estados financieros correspondientes y los someterá para su revisión al auditor externo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, previa aprobación de la Junta de Gobierno. Una vez aprobado el balance general por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, dentro de los siguientes 30 días, el director general del banco deberá publicarlo conjuntamente con el Informe que sobre el ejercicio correspondiente rinda a la Junta de Gobierno.
Y en la siguiente parte, particularmente, se enfatiza y queda precisamente clarificada, quizá, la razón de la aclaración: La Junta de Gobierno deberá discutir y en su caso probar el proyecto de presupuesto del banco, formulado por la Dirección General para el ejercicio inmediato siguiente, el cual deberá someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su posterior aprobación por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
O sea, resumiendo, en términos genéricos se establecen las categorías mediante las cuales se integra y se pueda presentar eventualmente el patrimonio del Banco de México como un stock activo de capital de la institución. El Artículo 64, con el antecedente del 60 que leí hace un momento, señala la necesidad insoslayable de presentar el proyecto de presupuesto, lo cual incluye las partidas de ingresos y de egresos, primer o que nada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser aprobada por parte de ésta como cabeza de sector conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y posteriormente a la Secretaría de Programación y Presupuesto para la integración final de lo que vendrá a ser el Presupuesto de Egresos y de Inversión Pública Federal, que a su vez, en ese caso, una vez integrado y consolidado se somete a esta soberanía año con año a fin de que nosotros lo revisemos, o sea que en este caso, este proyecto presentado por la institución integra su operación; lo otro es totalmente diferente, y es independiente en cuanto a la formación y acrecentamiento de su patrimonio.
Por lo que toca al Artículo 23, cuando se habla de la falta de cumplimiento de esta disposición, en la versión formal presentada, y que existe en el Diario de los Debates de esta Cámara el martes próximo pasado, se refiere precisamente a todas las instituciones de crédito que en este momento se encuentran funcionando dentro del esquema de integración financiera, como se señala al principio de éste y no se hace referencia específica, como señalaba el señor diputado Blanco Sánchez, a banca nacionalizada o desnacionalizada, puesto que dichas excepciones quedaron establecidas y exactamente señaladas dentro del texto constitucional. Se refiere indistintamente a todas las instituciones de crédito tal como se marca al principio del mismo Artículo 23.
Por lo que toca al Artículo 24 en su fracción XXII, donde se menciona la situación en la cual no se fijan topes y señalándola, las fracciones respectivas hablan de invertir los recursos necesarios que con cargo a su presupuesto general de gastos, en la instalación de sus oficinas, en la adquisición de bienes, etcétera, estas son facultades genéricas que se otorgan al Banco de México como reza al principio del artículo que señala: "Artículo 24. El Banco, en las condiciones que fije su Junta de Gobierno y de acuerdo con esta ley...", y hace referencia de acuerdo a todas las disposiciones de esta ley, "podrá invertir los recursos necesarios."
Aquí en esta caso nuevamente hago referencia al mismo artículo 64 que leí hace un momento, en donde se establece la indispensable necesidad de someter a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, e ineludiblemente a esta Cámara de Diputados dicho presupuesto y dicho proyecto de presupuesto, o sea se
presenta antes de que cese en ánimo y en el hábito de que sea considerado por cada una de las instancias señaladas, la última de ellas esta Cámara, para que sea aprobado finalmente y con base en ese presupuesto que ya no sería proyecto una vez aprobado por esta Cámara, se ejercería el renglón de ingresos y egresos, y en el dado caso que se planteara alguna necesidad conforme alguna definición funcional u operativa del mismo Banco, se establecería expresamente por esta Cámara dentro de las partidas presupuestales que se aprueban año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Creo que en general serían las consideraciones que pudieran hacerse en relación a las tres aclaraciones solicitadas en esta tribuna, señor diputado Blanco Sánchez, espero con esto queden satisfechas. Muchas gracias.
El C. Presidente: Continúe en el uso de la palabra el ciudadano diputado Javier Blanco Sánchez para proponer la adición al Artículo 8o.
El C. Javier Blanco Sánchez: La hermenéutica jurídica ha quedado satisfecha, dentro de la gran satisfacción del contexto total de la Ley. El Artículo 8o., señor Presidente, señores diputados, es el que establece la facultad para la institución de emitir, de imprimir moneda y billetes. Pero es una facultad sin límite de ninguna especie. Y nos asalta la preocupación de que en el próximo futuro, vuelva a repetirse el fenómeno de causa- efecto, del auspicio de la provocación sino causa única o factor único, si como uno de los más importantes el de la emisión de billetes, el de la emisión irrestricta de moneda, según capricho y concierto de opinión de la propia institución o de las exigencias de la Secretaría de Hacienda.
Todo tesorero, todo secretario de Hacienda, normalmente busca adornarse, vestir su prestigio, frente al manejo de las finanzas nacionales. Satisfacer con prontitud cualquier reclamo o exigencia que le llegue del titular del Poder Ejecutivo. Y ahí no importa si tenemos dinero o no, para atender este tipo de requerimientos o las urgencias de financiamiento de la administración pública, la maquinita de hacer billetes o la maquinita para acuñar monedas, debe tener con base en facultad del Congreso, que podríamos encontrar en la última reforma constitucional del artículo 73, fracción 18, para que sea el Congreso el que regule la facultad de regulación y de expedir moneda, del Banco de México. Si tenemos la facultad para establecer casas de moneda y fijar las condiciones que ésta deba tener debemos tener la facultad de establecer condicionantes para el acuñar moneda, o el imprimir billetes en cuantías que puedan ir más allá de una sana y recta economía del país.
No hay ya la defensa por vía de autonomía, del cuerpo técnico responsable del Banco de México, que pudiera oponerse a desbandamientos de exigencia del titular del Poder Ejecutivo o del agiornamiento del secretario de Hacienda.
No pudimos defendernos del saqueo de nuestras reservas. Probemos ahora las posibilidades de defendernos, de defender al país, de defender nuestra economía de futuro, de estos posibles y humanos embates que hagan que se imprima moneda, más allá de lo prudente, de lo necesario y de lo debido. Es así que para esta, que en el artículo 8o., creemos conveniente que la Comisión adicione el texto con la sujeción a que esta facultad de emitir moneda y billetes, sea previamente sancionada por el Congreso de la Unión, no sólo qué tipo de moneda, qué características de moneda debemos sancionar. Creo que es mucho más esencial, más imperioso, más importante para el país evitar estas posibilidades irrestrictas de este fenómeno irrestricto de adornar al secretario de Hacienda o al Jefe del Poder Ejecutivo, con dinero que no tenemos pero que podemos imprimir o acuñar en forma irrestricta.
Señores diputados, es un llamado a una responsabilidad importante. Puede ser que no la acepten, casi podría apostar que no aceptan, casi estoy seguro que no lo van a hacer, pero que quede constancia aquí de que el clamor de la nación, por lo menos en algunos de nosotros, ha encontrado eco positivo. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: En virtud de lo dispuesto por el Artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición presentada por el diputado Javier Blanco Sánchez.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta hecha por el C. diputado Javier Blanco Sánchez.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El C. Presidente : Tiene la palabra la Comisión.
El C. Juan Mariano Acoltzin Vidal: Señor Presidente; H. Asamblea: A nombre de la Comisión, quisiera sentar algunos elementos que nos permitan llegar a alguna conclusión respecto a lo que el diputado Blanco Sánchez planteó.
Voces: Qué caso tiene perder el tiempo. Ya no hay caso.
El C. Juan Mariano Acoltzin Vidal: Lo fundamental que quiero reflexionar aquí es el punto de que no hay en esta Cámara una actitud de ir cediendo, de ir soltando lo que son nuestras atribuciones. Eso es importante que quede también claro y asentado. Es muy probable que todo el conflicto venga de un problema semántico: "Regular la emisión y circulación de la moneda y los cambios sobre el exterior", dice el artículo 8o. del dictamen que nos ocupa.
Regular. Aquí es donde entra el problema semántico, ya que, por ejemplo, regular los cambios sobre el exterior parecería señalar que es dictar reglas sobre que ahora es facultad del Congreso, de esta Cámara, pero lo que en realidad está atrás no es un cedimiento de atribuciones, sino un criterio de dividir lo que es operativo y lo que es normativo, reglas. En la propia Ley Orgánica actual, vigente del Banco de México ya hay elementos que dan las reglas para que el Banco de México maneje la emisión monetaria.
Esto es relevante en tanto que la emisión es, nuevamente, un instrumento de política económica, que se enmarca en un contexto y en una política, la emisión monetaria no se puede fijar, determinar, es resultado de la interacción de diversos elementos, de diversos comportamientos en el quehacer de los agentes económicos, por una parte, pero por otra sí se puede controlar respecto a ciertos rangos, a ciertas metas. Una de las formas, por ejemplo, es a través de la reserva que guarda el Banco de México. En el Artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco de México, segundo párrafo, se marcan algunas reglas de cómo utilizar esa reserva que después, a través del proceso de creación de dinero, de la economía, de medios de pago, determina, en parte la emisión monetaria.
Pero lo más importante de todo esto, es que la emisión, por ejemplo, es un instrumento amarrado a toda una política, y curiosamente esta política económica converge en lo que son, por una parte, el presupuesto de egresos y por otra parte la Ley de Ingresos: estos dos son sometidos a la aprobación del Congreso; en esa medida el Congreso, la Cámara, no pierde esa atribución de ir manteniendo no sólo una influencia sino toda la política a lo que el país va requiriendo.
Quizá lo fundamental aquí sea el tener esa conciencia de que los instrumentos aislados en sí pueden a veces desubicar el propio problema que trata de resolverse. Pensemos todos en la responsabilidad, nuevamente, de la Cámara al aprobar todo un paquete de política económica en el cual se asignan papeles, objetivos, ritmos, montos, etcétera, a los instrumentos de política macroeconómica.
La Comisión a través de mí, ha querido hacer esta aclaración para que no quede la sensación de que simple y llanamente estamos cediendo atribuciones; las tenemos, las ejercemos y el problema quizá sea semántico.
El resultado del manejo de la emisión de la oferta monetaria como un instrumento, la política monetaria, depende de muchas cosas, y en esas cosas que son las importantes nosotros tenemos atribuciones para modificar, aprobar, y en ese sentido es la responsabilidad de la Cámara de Diputados de contribuir en el proceso de desarrollo económico y en general en la senda que todos queremos. Muchas gracias.
El C. Presidente: Pregunte la secretaría a la Asamblea si el artículo octavo se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo octavo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo octavo en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 61 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN).
El resultado de la votación, señor Presidente, es la siguiente: 197 votos en pro, 31 en contra y 3 abstenciones.
El C. Presidente: Aprobado el artículo octavo por 197 votos en sus términos.
Esta presidencia informa que está a discusión el Artículo 46, y ha pedido la palabra en contra el C. diputado Pablo Castillón y en pro la Comisión.
Tiene la palabra el C. diputado Pablo Castillón.
El C. Pablo Castillón Alvarez: Señor Presidente; compañeros diputados: Presumiendo un poco de brujo, como el compañero Javier Blanco Sánchez, venimos a hacer algunas consideraciones en relación al artículo 46 de la iniciativa que reforma la vigente Ley Orgánica del Banco de México, no sin antes comentar que hace unas horas un grupo de compañeros diputados del Partido Acción Nacional, nos dirigimos al licenciado Treviño y al licenciado Cavazos, presidente y secretario, respectivamente de esta Comisión de Hacienda, para trasmitirle algunas inquietudes que habíamos encontrado en esta iniciativa y así fue posible comentar lo relativo al artículo 4o., fracción II, ya que Javier manejó en esta tribuna. Lo relativo al artículo 24, fracción XXII, artículo 46, que es el que vamos a comentar, en el 47 realmente sólo había consideraciones de estilo en su redacción, el 48 algún aspecto también ya aclarado y algunos mas. Encontramos muy buena disposición tanto del presidente como del secretario y logramos así incluir un transitorio que se refería a un vacío encontrado en tal iniciativa, ya que no se facultaba a nadie para la elaboración de estatutos o reglamentos que ya fue subsanado oportunamente.
Se implementó también en el apartado correspondiente el término máximo para que sea elaborado dicho reglamento.
Y entrando en materia en cuanto al artículo 46 me permito dar lectura rápidamente al mismo tal y como está redactado: "La Junta de Gobierno se integrará con nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes. El secretario de Hacienda y Crédito Público será miembro de la Junta de Gobierno y presidente de la misma, los demás miembros, propietario y suplente, de dicha Junta serán nombrados por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que
designará entre ellos al vicepresidente de la propia Junta, quien sustituirá en sus ausencias al presidente, salvo el caso del secretario de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros durarán en su encargo dos años, pudiendo ser nuevamente designados para otro u otros periodos."
Nosotros nos permitimos y así lo aclaramos a la Comisión hace un momento como lo decía, corregir en lo relativo a la duración de los miembros de la Junta que éstos deberán durar en su cargo, ocho años pudiendo ser nuevamente designados para otro u otros periodos. La motivación que nos llevó a sugerir esta temporalidad es en base a lo siguiente:
Estimamos que de esa manera podría evitarse una influencia o presión que pudiera ejercer el gobierno de un sexenio y otorgar así más autonomía al órgano en cuestión y tenemos, por ejemplo, que señalar, la Contaduría Mayor de Hacienda, en donde el Contador Mayor tiene asignado para su duración en este cargo una temporalidad también de ocho años.
Por otra parte para terminar con el Artículo, se dice en el mismo, al final, "que los miembros de la Junta percibirán el honorario que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público". Nosotros agregamos al respecto: "Por otra parte, se propone no otorgar honorario alguno al presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México, ni a ningún miembro de dicha Junta, que obtenga ingresos del Estado con motivo de otro cargo público que a su vez desempeñe, para estar acorde con lo establecido con la equidad, ya que lógicamente si la iniciativa en cuestión asigna el cargo de presidente de la Junta de Gobierno al secretario de Hacienda o como integrante de la mencionada Junta a cualquier funcionario público que perciba en tal virtud asignación económica del secretario público, que ya por virtud del desempeño de dichos cargos perciban, como se dijo, remuneración más que decorosa, por lo que deberán, en todo caso no percibir como se indica, honorario alguno, por desempeñar las funciones a las que se alude.
Son las únicas proposiciones que tengo al respecto señor presidente, y las dejo a la secretaría.
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Enrique León Martínez: Seré breve, señor Presidente
Solamente para señalar que se estimó fueran dos años los que duren en su cargo los miembros de la Junta de Gobierno, basados en el razonamiento de que este periodo de dos años es un periodo de tiempo oportuno y conducente para que el Ejecutivo Federal, quien es la persona que elige a los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, pueda evaluar, ponderar, la capacidad y el rendimiento de estos miembros de la Junta de Gobierno. Y al término de los mismos dos años, el propio Ejecutivo Federal podrá ratificar o podrá cambiar a estos miembros de la Junta de Gobierno, por dos, cuatro, seis u ocho años más. Así que yo creo que la crítica y el señalamiento del compañero del Partido Acción Nacional, carece de evidencia.
En otro orden de ideas, asimismo, la nación tiene más garantías de que los miembros de la Junta de Gobierno, de su Banco Central, tengan en este caso funcionarios que duren dos años y con la posibilidad de que sean cambiados cuando no cumplan con la función que se les encomendó. Eso sería todo lo que tengo que decir sobre estas observaciones.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 46.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica se pregunta si se...
El C. Presidente: Un momento, señor secretario está pidiendo la palabra el diputado Jorge Treviño Martínez...¿No?... Muchas gracias. Consulte la secretaría...
El C. Pablo Castillón Alvárez: Señor Presidente, es que no contestó la Comisión lo relativo a los " honorarios" que se expuso en la tribuna, es lo que estamos indicando.
El C. Presidente: Se ruega a la Comisión haga la aclaración correspondiente.
El C. Enrique León Martínez: Con todo gusto accedemos a esta aclaración. Los honorarios los fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y serán semejantes a los que vienen percibiendo hasta la fecha los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 46.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 46 del Decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 46 en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN).
El resultado de la votación fue el siguiente: 33 votos en contra, 2 abstenciones y 186 en favor.
El C. Presidente: Aprobado el artículo 46 en sus términos.
Esta presidencia informa que está a discusión el artículo 23 bis y que se ha inscrito para hablar en contra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar y en pro la Comisión.
Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente; señores diputados:
Consideramos que el artículo 236 bis es el precepto más vulnerable de la iniciativa de la ley a debate.
Aquí está contenida toda una concepción, la de los elementos monetaristas y privatistas sobre el control de cambios y, por lo tanto, el PPS, por razón de principios, no puede dejar pasar por alto el artículo antes citado.
El artículo 23 bis está redactado deliberadamente de una forma nebulosa, ambigua y abstracta que en la práctica permitiría que el Presidente retirara discrecionalmente el control de cambios de nuestro país. Nosotros discrepamos de una manera rotunda del criterio contenido en el artículo de referencia, somos de la opinión de que nuestro país ya no debe retroceder a la etapa anterior de la libertad cambiaria absoluta porque hemos experimentado recientemente los efectos del ejercicio irresponsable de esta libertad, los efectos de los cuales aún no se recupera la economía nacional son conocidos por todos los diputados y sufridos por el pueblo de México. El saqueo de los capitales y la dolarización de todas o de casi todas las operaciones del sistema bancario. Pensamos nosotros que como está redactado el artículo 23, se abre la puerta para los estímulos a la especulación financiera y monetaria y se abre la puerta también para la dolarización de la economía y para la fuga de capitales, aunque ya en las condiciones de la banca nacionalizada, esos fenómenos tendrían otra dimensión.
El Artículo le otorga al Presidente una facultad excesivamente amplia para implantar el control de cambios, no establece normas generales sino deja la discreción del Poder Ejecutivo de implantar esta medida o no implantarla. Este criterio también está en la Iniciativa de Ley Orgánica del Banco de México, por lo que observamos que los autores de esta Iniciativa comparten el criterio de la otra enviada por el Presidente de la República.
Este precepto, tal y como está redactado, implica otorgarle al Presidente una atribución que repercute en el funcionamiento de toda la economía nacional y que por lo tanto, está sujeta a las variaciones que en materia económica existan en México con los cambios de Presidente de la República. Ya vimos cómo la aplicación tardía del control de cambios, no obstante que sabíamos perfectamente bien de la fuga de capitales desde el mes de enero del presente año, la aplicación tardía de este mecanismo se hace en el momento en que las reservas del Banco de México están a punto de agotarse, es decir, el control de cambios no se implantó oportunamente sino cuando el país ya había sido saqueado por una breve minoría de ciudadanos de este país.
Nosotros somos partidarios de que el control de cambios, como medida de política general sea permanente, aunque desde luego, compartimos la idea de que esté sujeto a distintas modalidades reglamentarias y que sea el Congreso de la Unión el que emita una ley general sobre el control de cambios, para que sobre la base de la ley general el Presidente de la República pueda emitir los decretos y los reglamentos correspondientes.
Pensamos que es necesario reducir la capacidad discrecional del Presidente en materia de control de cambios, y que ese ámbito de reducción lo ocupe el Congreso de la Unión para que éste, que sería más sensible a los problemas económicos nacionales, pudiera emitir una legislación de tipo general en materia de control de cambios.
Por lo tanto, nosotros somos partidarios de la derogación del artículo 23 bis, ya que si ese artículo se deroga, el control de cambios existente no sufriría menoscabo alguno en virtud de que está fundamentado en un conjunto de decretos y disposiciones de tipo reglamentario, y que por el contrario, si la Comisión de Hacienda pensara a futuro, y no con un apremio legislativo inmediato, que fuera el Congreso de la Unión el que legislara en materia del control de cambios y, por lo tanto proponemos la derogación del citado Artículo 23 bis. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Antonio Fabila Meléndez: Señor Presidente; compañeros diputados: En atención a que precisamente el artículo 23 bis es el que revistió mayor debate en el transcurso de esta sesión, yo me permitiría remitir al compañero Ramírez Cuéllar, precisamente al debate del día de hoy, en donde la Comisión en reiteradas ocasiones y por distintos diputados, manifestó la posición respecto al artículo 23 bis en lo que concierne al control de cambios. Y le solicitaría al Presidente de la Cámara pidiera al señor secretario de la misma, consultara con la Asamblea si este Artículo se encuentra ya lo suficientemente discutido. Gracias.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si el artículo 23 bis se encuentra lo suficientemente discutido.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 23 bis del proyecto de Decreto.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 23 bis en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN).
Señor Presidente, el resultado de la votación fue el siguiente: 9 abstenciones; 11 votos en contra y 196 a favor.
El C. Presidente: Aprobado al artículo 23 bis en sus términos, por 196 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de Decreto.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Presidente: Continúe la secretaría.
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: "Comisiones Unidas de Comercio y Marina.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Comercio y Marina de esta H. Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión para reformar el Artículo 116 y adicionar el capítulo III bis al Título Primero del Libro Tercero de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Las comisiones, después de haber analizado razones y fundamentos expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal, formularon el presente dictamen con apoyo en los siguientes
CONSIDERANDOS
Es evidente que las empresas navieras mexicanas no obtienen créditos mediante la figura de la hipoteca marítima, porque esta se encuentra incluida en un nivel inferior de prelación dentro de los créditos considerados como privilegios marítimos que establece la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en su artículo 116.
El financiamiento que conviene en otorgar un crédito hipotecario, observa que su derecho se encuentra relegado a las obligaciones derivadas de crédito laborales, del fisco, de asistencia y salvamento, etcétera, que hacen insegura su recuperación.
Ante esta situación, el financiero evita la hipoteca marítima y utiliza medios que responden a la recuperación de su crédito en forma eficiente, obligando a la naviera a adquirir embarcaciones que deben navegar con bandera extranjera, en tanto no se cubra el crédito.
En los términos de la legislación actual, la figura de hipoteca marítima, no tiene aplicación en la realidad comercial y financiera del mercado nacional e internacional, toda vez que la oferta de crédito requiere de la seguridad de la preferencia sobre el crédito que se otorga, para recuperarlo mediante procedimientos ágiles que debe prever la ley.
Las reformas y adiciones que contiene la iniciativa que se comenta establece en forma categórica, (Artículo 126 A ), que el crédito hipotecario será preferente a cualquier otro no comprendido como privilegio marítimo, y será cubierto en primer término, (Artículo 126 B ), si el deudor hipotecario otorga fianzas o cualquier otra garantía legal para cubrir cualquier crédito considerado privilegio marítimo.
Se establece además, que ante el incumplimiento del contrato de hipoteca por parte del deudor (Artículo 126 D), se procederá a la dimisión de bandera del buque y la acción ejecutiva se regirá por las leyes del lugar en el que se celebró el contrato (Artículo 126 E ).
El procedimiento mencionado, lo contempla la iniciativa para evitar el recelo y dudas del financiero, para recuperar su crédito preferente, en caso de incumplimiento del deudor y esta Comisión considera acertada la medida que se propone.
En efecto, la Marina Mercante Mexicana, necesita de créditos y financiamientos nacionales e internacionales, en donde sea garantía suficiente la propia embarcación objeto del crédito, evitando las prácticas usuales que desvirtúa esta figura con graves perjuicios a las empresas navieras, que en muchos casos se ven en la necesidad de obtenerlos mediante onerosas triangulaciones que le restan competitividad a nivel nacional e internacional.
Esta Comisión, considera adecuado el procedimiento que establece la iniciativa, concuerda con lo que debe entenderse por vía expedita para la recuperación del crédito en caso de incumplimiento del deudor, mediante lo que debe ser en la legislación marítima la figura de hipoteca marítima, respecto a la preferencia que en este caso debe tener en su favor el acreedor hipotecario.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Marina somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma el Artículo 116 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:
Artículo 116. Tendrán privilegios sobre el buque sus pertenencias o accesorios, en el orden siguiente:
I. Los créditos derivados de relaciones laborales;
II. Los créditos a favor del fisco, relativos al buque o a su navegación;
III. Los gastos de asistencia y salvamento;
IV. La cuota que le corresponda en las averías gruesas o comunes;
V. Los créditos derivados de indemnización por abordaje u otros accidentes marítimos;
VI. Las deudas contraídas por el capitán para la conservación del buque o para la continuación del viaje;
VII. Las primas de seguro.
Artículo segundo. Se adiciona el capítulo III bis al Título Primero del Libro Tercero de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, como sigue:
CAPITULO III BIS
DE LA HIPOTECA MARÍTIMA
Artículo 121. Toda embarcación puede ser objeto de garantía real constituida mediante hipoteca que comprende sus pertenencias y accesorios.
Artículo 122. La hipoteca se extiende aunque no se exprese:
I. A las mejoras de la embarcación.
II. A los objetos muebles incorporados permanentemente a la embarcación.
III. A la última anualidad de intereses.
IV. En caso de avería o naufragio de la embarcación, a la indemnización por los daños o averías y a los créditos derivados de gastos de salvamento e indemnizaciones de seguros.
Artículo 123. La hipoteca no se extenderá al flete, salvo convenio en contrario.
Artículo 124. La hipoteca marítima deberá constituirse en escritura pública; se anotará en la matrícula de la embarcación y se inscribirá con todos los datos de la misma en el Registro Público Marítimo Nacional, en el que se asentará la prelación respecto de otras hipotecas y privilegios marítimos. Al término del contrato se harán las anotaciones correspondientes en dicho registro.
De estar garantizados los privilegios marítimos, se expresará en la inscripción de la hipoteca tal circunstancia, indicando su prelación en primer lugar.
Artículo 125. La hipoteca podrá dividirse en cédulas hipotecarias que la representen. Las cédulas se emitirán con intervención de una institución de crédito autorizada y con la aprobación de las autoridades competentes.
Artículo 126.
Artículo 126 A. El crédito hipotecario es preferente a cualquier otro crédito no comprendido en el Artículo 116.
Artículo 126 B. Para que la hipoteca marítima sea cubierta en primer lugar, se deberá otorgar fianza o cualquier otra garantía que establezcan las leyes de la materia en el caso de existir créditos privilegiados.
La garantía del pago de crédito privilegiado se inscribirá en el Registro Público Marítimo Nacional con autorización de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.
Artículo 126 C. La falta de cumplimiento por parte del deudor del contrato de hipoteca dará lugar a hacer efectiva la fianza constituida en términos del Artículo 126 B y a la dimisión de bandera del buque objeto del contrato.
TRANSITORIO
Artículo único. Este Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., noviembre 16 de 1982.
Comisión de Comercio.
Presidente, Alejandro Posadas Espinosa; secretario, Francisco Rodríguez Pérez; Ernesto Andonegui Luna Wulfrano Ascencio Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Roberto González Barba, Moisés Raúl López Laines, José Ignacio Monge Rangel, José Nassar Tenorio, Luis Héctor Ochoa Bercini, José Pacheco Durán, Gerardo Ramos Romo, Salvador Rocha Díaz, Jesús Salazar Toledano Alberto Santos de Hoyos, Astolfo Vicencio Tovar.
Comisión de Marina.
Presidente, Jorge Minvielle Porte Petit; secretario, Jesús Murillo Aguilar; Juan Arizmendi Hernández, Sergio M. Beas Pérez, Oscar Chacón Iñiguez, J. José Hinojosa H., Samuel Meléndez Luévano, Antonio Murrieta Necoechea, Manuel Nogal Elorza, Miguel A. Olea Enríquez, Sergio Quiroz Miranda, Saúl Ríos Beltrán, Roberto Rubí Delgado, Pablo Sánchez Puga, Ramiro Valdez Fontes, Guillermo Villa Avila, Víctor Manuel Carreto Fernández, Viterbo Cortés Lobato, Hugo Díaz Thomé, Juan Herrera Servín, Jesús Lazcano Ochoa, Mariano López Ramos, Juan Rodolfo López Monroy, Wilfrido Martínez Gómez, José Martínez Morales, Antonio Osorio León, José Pacheco Durán, Eloy Polanco Salinas, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Ignacio Vital Jáuregui, Manuel Zamora y Duque de Estrada."
Segunda lectura.
El C. Presidente: Está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores... Nadie se manifiesta.
Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
- La C. Teresa Ortuño Gurza: El Artículo 126-v, párrafo segundo.
El C. Presidente: Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados.
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 215 votos en pro y 2 abstenciones.
El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 215 votos.
Esta Presidencia informa que ha sido reservado para su discusión el Artículo 126-V. Pidió la palabra en contra la C. diputada Teresa Ortuño Gurza, y en pro el C. diputado Fernando Alatorre.
Tiene la palabra la C. diputada Teresa Ortuño.
- La C. María Teresa Ortuño Gurza: Les prometo que seré breve y esperaré que todavía haya quórum para cuando termine.
En el artículo 126-V párrafo segundo dice: "La garantía de pago de crédito privilegiado se inscribirá en el Registro Público Marítimo Nacional con autorización de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social". Consideramos que es un excesivo burocratismo el solicitar o el mencionar en el Artículo la necesidad de la autorización de 3 secretarías de Estado porque la protección de los derechos de los trabajadores y de los derechos del fisco, en nuestra opinión, ya están contempladas en el articulado de este proyecto de Decreto, y nosotros lo consideramos un excesivo burocratismo.
Ya Kafka decía que este siglo XX se iba a caracterizar porque nos íbamos a meter en un mar inmenso de burocratismo y de papeleos, y curiosamente se aplica porque este es un dictamen de marítima.
Y, para hacerles un poquito ameno esto, una paradoja de una frase de un diputado del PRI que se refería a la realidad sustantiva con raíces ancestrales que creo que, si entendí bien, se aplica a esto. La realidad sustantiva es el exceso de burocratismo y las raíces ancestrales, pues ya tienen tiempo y utilizo estas palabras del licenciado Soto Izquierdo en apoyo de esta situación.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Fernández Alatorre.
El C. José de Jesús Fernández Alatorre: Señor Presidente, honorable Asamblea: En reciprocidad a las palabras de la diputada María Teresa Ortuño, del Partido Acción Nacional, yo voy a ser todavía más breve que ella, para satisfacción de la misma asamblea. (Aplausos)
Cuando las Comisiones Unidas de Comercio y Marina nos dieron a conocer el proyecto, en plan de consulta se acercaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y así pudimos tener alguna otra intervención, ya no con el carácter oficial de Comisión de Trabajo y Previsión Social; consultamos la Ley de Vías Generales de Comunicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y particularmente la Secretaría de Trabajo, porque nos inquietaba mucho el que el privilegio obrero en alguna forma pudiera quedar afectado con este crédito hipotecario. Entonces en la Secretaría de Trabajo tiene especialísimo interés en llevar un registro para el efecto de tener el control de que no se vaya a tratar de hacer efectiva esta hipoteca a espaldas de los propios trabajadores y la Ley de Vías Generales de Comunicación establece la obligatoriedad de la inscripción en los términos que dice la iniciativa. De tal suerte que esa es mi aclaración. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si el artículo se encuentra suficientemente discutido.
- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: Por instrucciones de la presidencia, y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el Artículo 126-V.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido el Artículo 126-V.
Se va a proceder en consecuencia a recoger la votación nominal del Artículo 126-V en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 196 votos en pro, 25 en contra y 2 abstenciones
El C. Presidente: Aprobado el Artículo 126-V por 196 votos. Aprobado en lo general y el lo particular el proyecto de Decreto.
- La C. secretaria Hilda Anderson: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ACLARACIONES REGLAMENTARIAS DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: Por respeto a esta Asamblea y con el propósito de aclarar las resoluciones de esta Presidencia al inicio del debate anterior, es conveniente precisar que el Artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior está derogado por el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, por lo que indebidamente fue leído a la Asamblea.
Conducir el debate y las deliberaciones, implicadas la toma de todas las resoluciones necesarias para que los asuntos sean cabalmente conocidos por la Asamblea, lo que ha sucedido en relación con ésta y otras iniciativas.
Los preceptos invocados evitan los conflictos que se presentaban en el pasado cuando varios oradores solicitaban el uso de la palabra simultáneamente o cuando la Presidencia no había escuchando la petición de algún ciudadano diputado.
Esta presidencia aclara sin embargo, que la aplicación de la Ley y Reglamento, es sólo un instrumento para la libre y ordenada expresión de todas las corrientes políticas representadas en esta Cámara, libertad que esta Presidencia respeta plenamente.
Continúe la Secretaría.
El C. secretario Everardo Gámiz: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al Orden del Día de la Próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
"LII" Legislatura.
Orden del Día
23 de noviembre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
En los términos del Artículo 93 Constitucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el informe de labores correspondiente al periodo comprendido del 1º. de septiembre de 1981 al 31 de agosto de 1982.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. licenciado Guillermo Díaz Lastra, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Panamá.
Dictamen a discusión
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Mario Ramón Beteta y Agustín Zárate Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1981."
- El C. Presidente (a las 19:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 23, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES