Legislatura LII - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19840314 - Número de Diario 12

ENCABEZADO

Diario de los Debates

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "LII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración local de Correos, al 21 de septiembre de 1921

AÑO II México, D.F., miércoles 14 de marzo de 1984 TOMO II. NÚM. 12

SUMARIO

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR SE APRUEBA

FALLECIMIENTO DEL DIPUTADO ALFONSO ARROYO FLORES

Quien fuera representante por el V Distrito Electoral Federal de Veracruz, acaecido el 12 de presente

INVITACIONES

A la ceremonia cívica conmemorativa en el XLVI aniversario de la Expropiación Petrolera, que se llevará a cabo el día 18 del actual en esta ciudad. Se designa comisión

Al acto cívico conmemorativo en el CLXXVIII aniversario del natalicio de don Benito Juárez, que tendrá verificativo el 21 del actual en esta ciudad. Se designa comisión

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

CONDECORACIONES

Dos solicitudes para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de México, pueda aceptar las que le confieren los gobiernos de Argentina y Venezuela. Se turna a comisión

HOJA DE SERVICIOS MILITARES

De los generales Francisco J. Velarde, Quintero, Nicabardo D. Velázquez Cardona, Angel Barrón Viezcas, Rafael Vargas Nava, Samuel A. Contreras Barraza y Jorge Santillán Gamper, remitidos para su ratificación. Se turnan a comisión

ASAMBLEA MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS

Oficio relativo a que el Forum Asiático de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo, celebrará en nuestro país la Asamblea de referencia. Se turna a ambas Cámaras

INICIATIVA DE DIPUTADO

CÓDIGOS CIVIL Y DE COMERCIO

El diputado Alberto Salgado Salgado presenta reformas a los artículos 2117 y 2395 del Código Civil y 362 del Código de Comercio. Se turna a comisión

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

Proyecto de Decreto que permite al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de México, aceptar la que le confiere el Gobierno de Colombia. Primera lectura

Tres proyectos de decreto que autorizan a los CC. Bernardo Sepúlveda Amor, José F. de los Palos Solano y Ricardo a. Bolaños Cacho y González, para que puedan aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros. Son de primera lectura

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de decreto que permite a la C. Georgina Pérez Rodríguez, presentar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Primera lectura

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RETIRO DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

Punto de acuerdo que aprueba el retiro forzoso del C. licenciado Mario G. Rebolledo Fernández, como Ministro del Supremo Tribunal. Se aprueba. Comuníquese

DESIGNACIÓN DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

Punto de acuerdo que aprueba el nombramiento expedido en favor del C.

licenciado Carlos de Silva Nava a dicha Tribuna. Se aprueba. Comuníquese

PROTESTA DE LEY

Del C. licenciado Carlos de Silva Nava, cuyo nombramiento de Ministro acaba de ser aprobado

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

Tres puntos de acuerdo que ratifican los grados de los generales Héctor V. Ahuja Fuster, Luis Barquera Trucios y Miguel Mendoza Márquez. Se aprueban. Comuníquese

ACTO DE SOLIDARIDAD REPUBLICANA

El senador Manuel Ramos Gurrión destaca dicho acto que tuvo lugar el 8 del actual en la ciudad de Aguascalientes, haciendo una serie de comentarios en torno a este acontecimiento

A su vez el diputado Manuel Cavazos Lerma abunda en lo expresado por el senador Ramos Gurrión, haciendo especial referencia en los aspectos económicos. Interviene el diputado David Orozco Romo para expresar sus puntos de vista en relación a las intervenciones anteriores

CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA CNOP

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez, después de referirse al Municipio Libre, hace reflexiones sobre el Convenio mencionado, celebrado el 11 del actual en el Foro Cultural Coyoacán. Solicita se pida al jefe del Departamento del Distrito Federal copia de este Convenio y se le haga un extrañamiento en relación al mismo

Por su parte, interviene el senador Antonio Padilla Segura para hacer consideraciones a lo expresado por los diputados Orozco Romo y Bátiz Vázquez, en relación al acto de solidaridad republicana y al multicitado Convenio. para precisar conceptos vuelve a la Tribuna el C. Bátiz Vázquez. Se turna la solicitud a la Cámara de Diputados

SECTOR EMPRESARIAL VENTA DE EMPRESAS INDUSTRIALES ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL

El diputado Jesús Luján Gutiérrez manifiesta su inconformidad con el comportamiento del sector empresarial. Se refiere a la decisión del Gobierno de poner en venta 339 empresas industriales y a la posición del PPS respecto a las reformas al artículo 115 constitucional

ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS CREDITICIOS DE LA BANCA NACIONALIZADA

El diputado Jorge Treviño Martínez explica la tesis fundamental del Gobierno de la República sobre la congruencia y consistencia de esta medida. El diputado David Orozco Romo da su punto de vista al respecto y fija la postura del PDM

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO HUMBERTO LUGO GIL

(Asistencia de 21 ciudadanos legisladores.)

APERTURA

El C. Presidente (a las 11:05 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La C. secretaria diputada María Luisa Calzada de Campos:

"Comisión Permanente.

Segundo Receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del día.

14 de marzo de 1984.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del XLVI aniversario de la Expropiación Petrolera, tendrá lugar el próximo 18 del actual.

Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del CLXXVIII aniversario del natalicio de don Benito Juárez, tendrá lugar el próximo 21 del actual.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Argentina y Venezuela.

Seis, con los remiten las hojas de servicios de los CC. Francisco Javier Velarde Quintero, Nicabardo Daniel Velázquez Cardona, Angel Barrón Viezcas, Rafael Vargas Nava, Samuel Angel Contreras Barraza y Jorge Santillán Gamper, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por el que se comunica que el Forum Asiático de Parlamentarios de Población y Desarrollo decidió celebrar en México la Asamblea Mundial de Parlamentarios.

Iniciativa

Para reformar los artículos 2117 y 2395 del Código Civil y 362 del Código de Comercio, presentada por el C. diputado Alberto Salgado Salgado de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.

Dictámenes de la primera lectura

De la Tercera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Tres de la Tercera Comisión con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, José Fausto de los Palos Solano y Ricardo A. Bolaños Cacho y González, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Georgina Pérez Rodríguez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Dictámenes de discusión

De la Primera Comisión con punto de acuerdo relativo a la solicitud de retiro forzoso del C. licenciado Mario G. Rebollado Fernández, como ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De la Primera Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del C. licenciado Carlos de Silva Nava, como ministro numerario de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tres de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares a los CC. Héctor Vicente Ahuja Fuster, Luis Barquera Trucios y Miguel Mendoza Márquez."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El mismo C. Secretario:

"Acta de la Sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día siete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

Presidencia del C. diputado Humberto Lugo Gil

En la Ciudad de México, a las once horas y diez minutos del miércoles siete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de veintidós CC. legisladores.

Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, verificada el día veintinueve de febrero próximo pasado, misma que sin discusión se aprueba .

Se da cuenta con los documentos en cartera:

El C. Alfonso Martínez Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, suscribe atenta invitación al acto que tendrá lugar el día 9 de los corrientes, en el que dará lectura al quinto informe de su gestión administrativa.

Para asistir a dicho acto, en representación de esta Comisión Permanente, la Presidencia designa una comisión a los CC. diputado Jorge Treviño Martínez, senador Guillermo Mercado Romero, Diputado Manuel Cavazos Lerma, senadora Yolanda Sentíes de Ballesteros y diputado Rafael Aguilar Talamantes.

La Legislatura del estado de Quintana Roo comunica la elección de su Mesa Directiva que fungirá durante el primer periodo extraordinario de sesiones y la integración de la misma. De enterado.

Oficio signado por el C. secretario de Hacienda y Crédito Público, al que se acompaña el informe de la deuda pública, correspondiente al cuarto trimestre de 1983. Recibo y remítase al archivo para consulta de los CC. diputados y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores

Para los efectos correspondientes, La Secretaría de Gobernación envía los oficios que a continuación se mencionan:

El que comunica que las legislaturas de los estados de la República, celebrarán el día 8 del actual en la capital de Aguascalientes, la ceremonia de Conclusiones del Proceso de Reformas Legislativas Municipales.

Con este motivo, invita a los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a concurrir a este importante acontecimiento.

La presidencia nombra a los CC. diputado Humberto Lugo Gil, senador Manuel Ramos Gurrión, diputado Manuel Cavazos Lerma, senador José Antonio Padilla Segura y diputado César Humberto Vieyra Salgado para que, en representación de este Cuerpo Legislativo, asistan a la ceremonia mencionada.

El relativo a la solicitud de permiso para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Recibo y a la Tercera Comisión.

Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Bernardo Sepúlveda Amor, José Fausto de los

Palos Solano y Ricardo A. Bolaños Cacho y González, puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Recibo y a la Tercera Comisión.

Uno, por el que se solicita la autorización constitucional necesaria para que la C. Georgina Pérez Rodríguez, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América acreditada en nuestro país. Recibo y a la Primera Comisión.

Seis, a los que se acompañan las hojas de servicios de los siguientes miembros del Ejército:

General piloto aviador Héctor Vicente Ahuja Fuster; generales de la división Jorge Gustavo Grajales Velázquez, Roberto Sánchez Coronel, Luis Barquera Trucios y Miguel Mendoza Márquez, y general de brigada José Noé García y Segura. Recibo y a la Segunda Comisión.

Otro, por el que se da a conocer el dictamen aprobado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la solicitud de retiro forzoso del cargo de Ministro de ese alto tribunal, presentada por el C. licenciado Mario G. Rebolledo Fernández. Recibo y a la Primera Comisión.

Uno más, por el que se comunica la designación hecha por el C. Presidente de la República en favor del C. licenciado Carlos de Silva Nava, como Ministro Numerario de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del C. licenciado Mario G. Rebolledo Fernández. Recibo y a la Primera Comisión.

Dictamen del proyecto de decreto presentado por la Primera Comisión, que concede permiso a la C. Nicole Girón de Villaseñor para prestar servicios encarga del Servicio de Intercambio y Documentación Universitarios en el Instituto de América Latina, dependencia de los servicios culturales de la Embajada de Francia en México. Es de segunda lectura.

A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por veintitrés votos en pro y uno en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La propia Primera Comisión ante dos dictámenes con sendos proyectos de decreto, que autorizan a los CC. Amalia Delgado Mendoza. María Teresa Laura Esquivel y Fernández, Magaly Rosa Usatorres Alvarez, Pedro Martínez Morelos, Magdalena Bonifaz Calvo, Josefina Moreno Bernal y Héctor Coronel Cabrera para prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América acreditada en nuestro país. Son de segunda lectura.

A discusión en lo general y en lo particular los dos proyectos de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votaciones nominales sucesivas se aprueban en ambos sentidos, por veintitrés votos en favor y uno en contra. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

A continuación hace uso de la palabra el C. diputado Jesús Luján Gutiérrez para expresar que el problema mas grave a que se enfrenta la humanidad en estos momentos, es el de la guerra.

Por lo tanto, la tarea más importante de todo ser humano sobre la Tierra es evitar la guerra mundial. Del éxito de esta tarea depende que la humanidad sobreviva o que desaparezca de la faz de nuestro planeta.

Señala que el presupuesto militar enviado al Congreso Norteamericano por el Presidente Reagan, que asciende a 305 mil millones de dólares, jamás visto en la historia de este país, quiere decir que en los Estados Unidos se dediquen para el armamentismo alrededor de cien millones de pesos mexicanos, por minuto.

Ante este avance peligrosos y alarmante para la paz mundial, se han levantado voces sensatas que advierten este enorme peligro, como la del destacado mexicano licenciado Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982, quien acaba de proponer la formación urgente de una Comisión para evitar la guerra nuclear.

Hace reflexiones sobre el particular y a nombre del Partido Popular Socialista suscribe la siguiente proposición:

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, apoya sin reservas la proposición del licenciado Alfonso García Robles, para que se forme una Comisión para evitar la guerra nuclear."

"Segundo. Enviar un telegrama con el texto de apoyo a la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas."

Por su parte, el C. senador Alfonso Zegbe Sanen interviene para decir que el pueblo de México es pacifista, que la historia de México es la historia de un pueblo con tradición pacifista.

Agrega que la propuesta del licenciado Alfonso García Robles ante la Conferencia de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas para prevenir una guerra nuclear, debe ser apoyada por la Comisión Permanente.

Señala que a los mexicanos les preocupa el armamentismo en Europa, por lo que debemos solidarizarnos con la propuesta mexicana y apoyar los argumentos del C. diputado Jesús Luján Gutiérrez, expresados en su proposición.

La Asamblea, en votación económica, aprueba las proposiciones de los dos representantes.

La Presidencia ruega a la Secretaría proceda a redactar el mensaje en cuestión, para ser remitido de inmediato a la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las doce horas y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día catorce del actual, a las once horas. Se pasa a sesión secreta."

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.

FALLECIMIENTO DEL DIPUTADO ALFONSO ARROYO FLORES

El C. Presidente: - Esta Presidencia tiene la pena de participar a esta Asamblea que el

día 12 de marzo falleció nuestro compañero, el diputado Alfonso Arroyo Flores, representante del V Distrito Electoral del estado de Veracruz, por lo que se ruega a los asistentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio).

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

INVITACIONES

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanen:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Departamento del Distrito Federal.

México, D.F., a 7 de marzo de 1984.

C. diputado licenciado Humberto A. Lugo Gil, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo. Presente.

El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, hace a usted una cordial y atenta invitación a la ceremonia cívica, que con motivo del XLVI aniversario de la Expropiación Petrolera, tendrá lugar el próximo día 18 del actual a las 11:00 horas, en el Monumento a la Revolución.

Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de ese H. Congreso de la Unión que usted preside.

Retiro a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F."

El C. Presidente: - Para asistir a esta ceremonia, en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes CC. legisladores: diputado Juan José Osorio Palacios y senador Juan S. Millán Lizárraga.

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanen:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Departamento del Distrito Federal.

México, D.F., a 13 de marzo de 1984.

C. diputado licenciado Humberto A. Lugo Gil, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo. Presente.

El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVIII aniversario del natalicio de don Benito Juárez, que tendrá lugar el próximo miércoles 21 del actual a las 10:00 horas, en el Hemiciclo erigido a la memoria del Benemérito de las Américas, en la Alameda Central.

Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y, después, se traslade al Panteón de San Fernando, para montar una Guardia de Honor en la Tumba del Benemérito, con la representación de ese H. Congreso de la Unión que usted preside.

Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F."

El C. Presidente: - Para asistir a esta ceremonia, en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los legisladores: diputado Mariano Piña Olaya, senador Manuel Ramos Gurrión, diputado Rafael Aguilar Talamantes, senador Gonzalo Pastrana Castro, diputado José Carreño Carlón, senador Norberto Mora Plancarte, diputado José Luis Lamadrid Sauza, senador Agustín Téllez Cruces, senador Alfonso Zegbe Sanen, diputado César Vieyra Salgado, diputado Jesús Luján Gutiérrez, senador José Antonio Padilla Segura y diputado Juan José Osorio Palacios.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

CONDECORACIONES

El C. secretario, senador Alfonso Zegbe Sanen:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 2 de los corrientes:

'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador General San Martín, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Argentina. Cabe subrayar a su amable atención que la citada distinción habrá de ser conferida al señor Presidente de la República el 2 de abril del año en curso, durante su visita a ese país.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 2 de marzo de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

Con fecha 7 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:

'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela. Cabe subrayar a su amable atención que la citada distinción habrá de ser conferida al señor Presidente de la República el jueves 5 de abril del año en curso, durante su visita a ese país'

Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de marzo de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Tercera Comisión.

HOJA DE SERVICIOS MILITARES

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

La Secretaría de Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación con fecha 4 del actual manifestando lo siguiente:

'Por acuerdo del C. general de división D.E.M Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo Francisco Javier Velarde Quintero (1240911, que es veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de febrero de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta de Gobernación, con fecha 9 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita.

'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradecerè a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. general de grupo paracaidista diplomado del Estado Mayor Nicabardo Daniel Velázquez Cardona (449366), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de febrero de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretario de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación con fecha 4 del actual manifestando lo siguiente:

'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. general de brigada diplomado de Estado Mayor Angel Barrón Viezcas (305608) que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Lo que hago de conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia y reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de febrero de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

En oficio fechado el 9 del actual la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:

'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. general de brigada Rafael Vargas Nava (310177), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de febrero de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretario de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

Con fecha 9 de los corrientes la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:

'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. general de brigada Samuel Angel Contreras Barraza (306947), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia y les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de febrero de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

Para los fines legales procedentes a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió al suscrito, con fecha 9 de los corrientes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. general de brigada Jorge Santillán Gamper (308491), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de febrero de 1984.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: - Recibo y a la Segunda Comisión.

ASAMBLEA MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Departamento del Distrito Federal.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación con fecha 2 del mes en curso:

'Con el atento ruego de que tenga usted a bien hacerla llegar a la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados, Tengo el agrado de transmitirle la información que nos proporciona nuestra embajadora en Nueva Delhi, India, en el sentido de que el 18 de febrero pasado, el Forum Asiático de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo decidió celebrar en México la Asamblea Mundial de Parlamentarios, los días 15 y 16 de agosto próximo, inmediatamente después de la Conferencia Mundial sobre la Población que se realizará en esta ciudad bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas y del gobierno de México. El citado Forum decidió asimismo designar al C. diputado Humberto Lugo Gil como Presidente y al C. licenciado Antonio Carrillo Flores como consejero honorario de dicha asamblea.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de marzo de 1984.

P. Acdo. del C. Secretario.

El director general de gobierno, licenciado, Fernando Elías Calles.

Trámite: - Recibo y túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA DE DIPUTADO

CÓDIGO CIVIL Y DE COMERCIO

"C. Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputado Humberto Lugo Gil. Presente.

El Partido Socialista de los Trabajadores, atento a las necesidades de orden social, cambiantes por naturaleza propia, y respecto de las cuales el derecho debe estar en vigencia constante para adaptarlas al interés mayoritario, el que debe descansar básicamente en la justicia económica, que entendemos como el propósito de tendencia igualitaria dentro de un sistema capitalista y de igualdad, no sólo formal, sino esencialmente material en el ámbito de los sistemas socialistas, por lo que dadas las limitaciones que derivan, pues, de la apropiación de los medios de progreso, signo primordial de liberalismo económico, y punto primordial de contradicción con la naturaleza social de la producción que induce, desde luego, a los ciclos de crisis económica; pero entre tanto no se revoque de raíz, constitucionalmente, el sistema en que se debate la economía nacional se harán esfuerzos por este partido en ir proponiendo la adaptación de las instituciones legales a los cambios que las circunstancias le van imprimiendo.

De esta manera, es de necesidad advertir que gran parte de las disposiciones que se encuentran vigentes en los Códigos Federales, ameritan revisiones frecuentes a fin de actualizarlas haciéndolas acordes con el proceso económico; y dentro de la legislación civil y mercantil de naturaleza federal advertimos, en cuanto a la primera, que al reglamentar el contrato del mutuo, cuyas características consisten en que el mutante o prestamista transfiere la propiedad de una suma de dinero principalmente, o de cualesquiera otra cosa fungible al mutuario, quien por su parte queda en la obligación de devolver otro tanto de la misma especie o calidad; contrato que se encuentra reglamentado tanto en la esfera mercantil como en la civil, y que ha conservado hasta la fecha un tipo de interés, es decir, de lucro o ganancia derivado de la colocación del capital, que actualmente resulta demasiado bajo, por lo que se estima de convivencia elevarlo, por los motivos que se introducen en este decreto.

Se puede pactar, desde luego, en los contratos de esta naturaleza un interés convencional, el que supera siempre al que la propia ley establece: en materia civil el 9% y en la mercantil el 6% anual, lo que hace que los contratantes posterguen invariablemente el sujetarse al interés legal; de ahí que en realidad resulte intrascendente el señalamiento del interés legal, en tratándose de acuerdos formales, de los que se derivan relaciones económicas que toma como punto de partida el contrato de mutuo.

Sin embargo, y debido al incontrolable proceso inflacionario, el interés legal en estos momentos está evidentemente desproporcionado, por lo que sin ser partidarios del mercantilismo explotador se rigen nuestras relaciones económicas, consideramos que resulta de mejor técnica reformar la Ley Civil y Mercantil en la parte relativa a la reglamentación de estos contratos, coordinando ese interés legal igualándolo al interés bancario que es fluctuante y, por tanto, sujeto a modificaciones, de acuerdo con el estado de cosas que derivan del orden económico que la política gubernamental imprima en cada sexenio para bien o para mal, aunque, desafortunadamente, es de mayor frecuencia lo último, y en detrimento de las mayorías.

Pero, además, existen responsabilidades económicas de obligaciones que no derivan precisamente del mutuo civil o mercantil, que de modo expreso se pacten, sino del incumplimiento de las mismas, en general, o de los contratos específicos de cualquier naturaleza, en particular; y que de no establecerse de manera directa las cláusulas económicas, o penales para cuantificar anticipadamente los daños y perjuicios, en tales casos tendrán que remitirse los afectados al exigir la responsabilidad civil que derive del incumplimiento, cuando la prestación consiste en el pago de cantidades en dinero, de hacer o no hacer o de dar, a lo estatuido para las obligaciones accesorias del pago de intereses de tipo legal, que han permanecido estacionados por varias décadas; pero, además, éstos empezarán a causarse a partir del emplazamiento de la demanda, que hace las veces de interpelación judicial o requerimiento de pago, hasta que concluye el litigio ejecutoriamente, lo que representa en ocasiones agotar las tres instancias que se encuentras previstas para las contenidas civiles o mercantiles, entendiéndose, entonces, que los procedimientos se sumergen en tiempos prolongadísimos, y de salir victorioso el reclamante, además de ser resarcido en lo que a la acción principal concierne, uno de los accesorios reclamados, como lo es el pago de los intereses respecto del monto de la obligación central, es demasiado bajo y, por tanto, insatisfactorio e inequitativo, ameritando entonces hacer extensiva la reforma al artículo correspondiente del Código Civil que contempla esta situación para que alcance niveles de justicia económica, en proporción a las condiciones de la misma naturaleza que se vaya dando momento a momento en la sociedad.

Por lo que es de procedencia proponer reformas a los artículos 2117 y 2395 del Código Civil; así como al 362 del Código de Comercio;

lo que verifico en mi calidad de diputado y con las facultades que me confiere la Constitución en su artículo 71:

Artículo 2117. La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio entre las partes, excepto cuando la ley lo prohiba.

Si la prestación exigida consiste en el pago de sumas de dinero, en la devolución de la cosa objeto del litigio, en abstención del demandado, en hacer o no hacer, en la restitución de las cosas a su estado anterior; los daños que resulten por la falta del cumplimiento no excederán del interés legal, salvo convenio en contrario.

Artículo 2395. El interés legal será aquel de tipo bancario que se encuentre vigente en el momento en que se pacte la obligación o se ejecute al fallo judicial en caso de controversia. El interés convencional es el que de mutuo acuerdo establezcan los contratantes, pero cuando éste resulte desproporcionado o superior al legal, el juez podrá reducirlo hasta el monto del interés previsto por la ley.

Artículo 362. Los deudores que no paguen oportunamente satisfarán desde el día siguiente al día del vencimiento, el interés pactado para cada caso o, en su defecto, el bancario que se encuentre establecido en el momento de hacerse efectivo el crédito judicial o extrajudicialmente.

Respetuosamente.

Palacio legislativo a 24 de febrero de 1984.

Diputado Alberto Salgado Salgado, Partido Socialista de los Trabajadores."

El C. Presidente: - En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los CC. legisladores, se ruega a la Secretaría darle el turno correspondiente.

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanen: - Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanen:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar y usar la condecoración de la orden de Boyacá, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B del artículo 37 constitucional se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado para aceptar y usar la condecoración de la orden Boyacá, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., 8 de marzo de 1984.

Diputado Manuel Cavazos Lerma, senador Juan S. Millán Lizárraga, diputado Jorge Treviño Martínez, diputado Jesús Luján Gutiérrez, senador Francisco José Madero González, senador Héctor Vázquez Paredes, diputado Rafael Aguilar Talamantes, senador Gonzalo Pastrana Castro."

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la orden del Libertador General San Martín, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República Argentina.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B del artículo 37 constitucional se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración de la orden del Libertador General San Martín, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República Argentina.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 9 de marzo de 1984.

Diputado Manuel Cavazos Lerma, senador Juan S. Millán Lizárraga, diputado Jorge Treviño Martínez, diputado Jesús Luján Gutiérrez, senador Francisco José Madero González, senador Héctor Vázquez Paredes, diputado Rafael Aguilar Talamantes, senador Gonzalo Pastrana Castro."

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el

permiso que solicita el C. vicealmirante José Fausto de los Palos Solano para aceptar y usar la condecoración Marina de Guerra, que le confiere el gobierno de Guatemala.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B del artículo 37 constitucional se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. vicealmirante José Fausto de los Palos Solano para aceptar y usar la condecoración Marina de Guerra, que le confiere el gobierno de Guatemala.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 8 de marzo de 1984.

Diputado Manuel Cavazos Lerma, senador Juan S. Millán Lizárraga, diputado Jorge Treviño Martínez, diputado Jesús Luján Gutiérrez, senador Francisco José Madero González, senador Héctor Vázquez Paredes, diputado Rafael Aguilar Talamantes, senador Gonzalo Pastrana Castro."

Trámite: - Primera lectura

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el C. coronel T. T. diplomado de Estado Mayor Ricardo A. Bolaños Cacho y González para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicio Meritorio del Ejército, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B del artículo 37 constitucional se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. coronel T. T. diplomado del Estado Mayor Ricardo A. Bolaños Cacho y González para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicio Meritorio del Ejército, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 7 de marzo de 1984.

Diputado Manuel Cavazos Lerma, senador Jesús S. Millán Lizárraga, diputado Jorge Treviño Martínez, diputado Jesús Luján Gutiérrez, senador Francisco José Madero González, senador Héctor Vázquez Paredes, diputado Rafael Aguilar Talamantes, senador Gonzalo Pastrana Castro."

Trámite: - Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 20 de febrero próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Georgina Pérez Rodríguez pueda prestar servicios como mecanógrafa en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 7 de marzo se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como mecanógrafa;

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la C. Georgina Pérez Rodríguez para prestar servicios como mecanógrafa en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 8 de marzo de 1984.

Diputado José Luis Lamadrid Sauza, senador Agustín Téllez Cruces, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Andrés Henestrosa Morales, senador Norberto Mora Plancarte, diputado Ricardo Castillo Peralta, diputado Juan José Osorio Palacios, senador Miguel Borge Martín."

Trámite: - Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RETIRO DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente enviado por el titular del Poder Ejecutivo, que contiene el original del dictamen aprobado por el Pleno, efectuado en

sesión secreta el día 22 de noviembre de 1983 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la solicitud de retiro forzado del cargo de Ministro presentada por el señor licenciado Mario G. Rebolledo Fernández.

Del estudio del expediente aparece que el citado señor Ministro nació el día 26 de enero de 1914, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, por lo que se cumple con el requisito de 70 años de edad que establece la fracción I del artículo 2o. del decreto que establece las causas de retiro de los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el retiro forzoso.

De los antecedentes del dictamen del alto tribunal se desprende que el señor licenciado Rebolledo Fernández ha desempeñado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 24 años. Fue nombrado como interino el 1o. de marzo de 1955, y como propietario a partir del 17 de octubre de 1958. Se ausentó de sus funciones como Ministro durante los años de l959 a 1962, por haber sido nombrado secretario de Gobierno del estado de Veracruz. El 2 de enero de 1963 se reintegró a sus funciones y desde ese día, hasta la fecha, ha laborado interrumpidamente en ese alto tribunal.

Por todo lo anterior es evidente que en el caso se han cumplido los requisitos legales y por lo mismo procede someter a la aprobación de esta honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se aprueba el retiro forzoso del C. licenciado Mario G. Rebolledo Fernández, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del 26 de enero de 1984 en los términos del dictamen y puntos de resolución aprobados por el Pleno de dicho alto tribunal con fecha 22 de noviembre de 1983.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 7 de marzo de 1984.

Diputado José Luis Lamadrid Sauza, senador Agustín Cruces, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Andrés Henestrosa Morales, senador Norberto Mora Plancarte, diputado Ricardo Castillo Peralta, diputado Juan José Osorio Palacios, senador Miguel Borge Martín."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los CC. legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado Comuníquese al Ejecutivo.

DESIGNACIÓN DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

EL mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 7 del actual, fue turnado a la Primera Comisión que suscribe, para su estudio y dictamen, el expediente relativo al nombramiento que el C. Presidente de la República, en uso de la facultad que le concede la fracción XVIII del artículo 89 constitucional, hizo en favor del C. licenciado Carlos de Silva Nava, como ministro numerario de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del licenciado Mario G. Rebolledo Fernández.

De los documentos que integran el expediente se desprende:

El C. licenciado Carlos de Silva Nava nació el 29 de mayo de 1941, en México, Distrito Federal.

Sus estudios de primaria los comenzó en el Distrito Federal y los terminó en Guadalajara, Jalisco; la secundaria y preparatoria en el Colegio Cervantes de Guadalajara, y su carrera profesional como licenciado en Derecho, en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco.

En el renglón de cargos encontramos lo siguiente: En la ciudad de Guadalajara, Oficial Judicial 'I', en el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito; Secretario 'C' Interino, en el Tribunal Unitario del Cuarto Circuito; Secretario 'D' Interino y después de Base, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. En la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación: Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala. Con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas: Juez de Distrito Interno, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito, y con residencia en Villahermosa, Tabasco, fue Magistrado de Circuito Interino y después de Base, adscrito al Tribunal Colegio del Décimo Circuito. En el Distrito Federal ha sido Juez de Distrito de Base y Juez de Distrito Inamovible, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa; de 1978 a la fecha: Magistrado de Circuito del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Es socio fundador y ex presidente del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A. C.; en 1976, fungió como Moderador General de la Primera Reunión Nacional de Jueces de Distrito, en donde presentó un trabajo intitulado 'La Suspensión de Oficio en el Juicio de Amparo en Materia Agraria', y en el año de 1981, fue miembro de la Comisión Organizadora y, después, Secretario de la Directiva de la Segunda Reunión Nacional de Magistrados de Circuito.

En sus actividades académicas, ha impartido clases en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara; en la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle; en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad de Guanajuato, y actualmente es Maestro del Instituto de Especialización Judicial. También ha intervenido en distintos ciclos de conferencias y cursos de actualización de Derecho constitucional y Amparo, en varias

instituciones oficiales, asociaciones profesionales y universidades del país, incluyendo la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM.

De sus trabajos publicados destacan: 'Algunas cuestiones acerca de los recursos de revisión y revisión fiscal', contra resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación (Revista Nomos de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle); 'La Jurisprudencia curso de actualización de Amparo' (División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, con motivo del XXV aniversario del Doctorado, 1974), y 'Los Recursos de Revisión y Revisión Fiscal y el Juicio de Amparo' (edición conmemorativa de los XLV años del Tribunal Fiscal de la Federación 1982).

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión, tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y culturales del licenciado De Silva Nava, considera justificada la designación que hizo el C. Presidente de la República en su favor y se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere la fracción V del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el nombramiento que el C. Presidente de la República expidió en favor del C. licenciado Carlos de Silva Nava como Ministro Numerario de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del licenciado Mario G. Rebolledo Fernández.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de marzo de 1984.

Diputado José Luis Lamadrid Sauza, senador Agustín Téllez Cruces, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Andrés Henestrosa Morales, senador Norberto Mora Plancarte, diputado Ricardo Castillo Peralta, diputado Juan José Osorio Palacios, senador Miguel Borge Martín.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los CC. legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

PROTESTA DE LEY

El C. Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el C. licenciado Carlos de Silva Nava, cuyo nombramiento como Ministro Numerario de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa en comisión a los siguientes CC. legisladores: senador Agustín Téllez Cruces, diputado Bernardo Bátiz Vázquez y diputado César Humberto Vieyra Salgado.

(La Comisión cumple con su cometido.)

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanen: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El C. Presidente: - "C. licenciado Carlos de Silva Nava, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro Numerario de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"

El C. licenciado Carlos de Silva Nava "Sí, protesto."

El C. Presidente: - "Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande." (Aplausos.)

Se ruega a la comisión designada acompañe al C. licenciado Carlos de Silva Nava cuando desee retirarse.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

El C. secretario Alfonso Gegbe Sanen:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la hoja de servicios del C. general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Héctor Vicente Ahúja Fuster, que el Ejecutivo de la Unión envió para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Al analizar los antecedentes del interesado que fueron presentados a esta Comisión, hemos advertido que ingresó en la Escuela Militar de Aviación el Día 6 de febrero de 1950, como cadete, obteniendo al término de sus estudios el grado de subteniente de aeronáutica piloto aviador; ascendió a los demás grados por escalafón y de acuerdo con los reglamentos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.

Ha prestado servicios al Ejército Nacional durante treinta y tres años nueve meses y veintisiete días.

Se le han conferido las siguientes condecoraciones: de Mérito Facultativo de primera clase. De Perseverancia: Cuarta y tercera clase.

Por todo lo anterior, la Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de ala diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. piloto aviador Héctor Vicente Ahúja Fuster.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de marzo de 1984.

Senador Manuel Ramos Gurrión, diputado José Carreño Carlón, senador José Ramírez Gamero, diputado David Orozco Romo, senador José Antonio Padilla, Segura, diputado Rolando Cordera Campos, senador Yolanda Sentíes de Ballesteros".

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los CC. legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la hoja de servicios del C. general de división diplomado de Estado Mayor Luis Barquera Trucios, que el Ejecutivo de la Unión envió a fin de que esta H. Comisión Permanente dictamine si fuere procedente la ratificación del grado de general de división, que el citado C. Barquera Trucios obtuvo en ascenso otorgado por el C. Presidente de la República, según lo faculta la fracción IV del artículo 89 de la Constitución General de la República.

Al analizar los antecedentes del interesado que fueron presentados a esta Comisión, hemos advertido que ingresó al Ejército como soldado de infantería el 2 de febrero de 1937; en julio de 1944 terminó sus estudios, graduándose como subteniente de infantería; ascendió a los de más grados por escalafón y de acuerdo con los reglamentos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales. Los grados de coronel, de general brigadier y de general de brigada, fueron ratificados en su oportunidad.

Ha prestado servicios al Ejército Nacional durante cuarenta y seis años diez meses y veinticinco días.

Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de quinta, cuarta y tercera clase.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe propone a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de división diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Luis Badquera Trucios.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 8 de marzo de 1984.

Senador Manuel Ramos Gurrión, diputado José Carreño Carlón, senador José Ramírez Gamero, diputado David Orozco Romo, senador José Antonio Padilla Segura, diputado Rolando Cordera Campos, senadora Yolanda Sentíes de Ballesteros".

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los CC. legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la hoja de servicios del C. general de división piloto aviador Miguel Mendoza Márquez que el Ejecutivo de la Unión envió para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Al analizar los antecedentes del interesado, que fueron presentados a esta Comisión, hemos advertido que ingresó a la Escuela Militar de Aviación el día 25 de agosto de 1941, como cadete, obteniendo al término de sus estudios el grado de subteniente de aeronáutica piloto aviador. Ascendió a los demás grados por escalafón y de acuerdo con los reglamentos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.

Ha prestado servicios al Ejército Nacional durante cuarenta y dos años cinco meses y seis días.

Se le han conferido las siguientes condecoraciones: Del Mérito Militar de tercera clase. De Perseverancia: Cuarta, tercera, segunda y primera clase.

Se le concedió la Medalla del Mérito Facultativo de primera clase y fue reconocido, por la Comandancia General de la Legión de Honor Mexicana, como Legionario.

Por todo lo anterior, la Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se ratifica el grado de general de división que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. piloto aviador Miguel Mendoza Márquez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de marzo de 1984.

Senador Manuel Ramos Gurrión, diputado José Carreño Carlón, senador José Ramírez

Gamero, diputado David Orozco Romo, senador José Antonio Padilla Segura, diputado Rolando Cordera Campos, senador Yolanda Sentíes de Ballesteros".

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba .

Los CC. legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

ACTO DE SOLIDARIDAD REPUBLICANA

El C. senador Manuel Ramos Gurrión: - Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. senador Manuel Ramos Gurrión.

El C. senador Manuel Ramos Gurrión: - Señor Presidente; honorable Asamblea: He solicitado participar en esta sesión de la Comisión Permanente para comentar en forma destacada el acto de solidaridad republicana que tuvo lugar la semana pasada en Aguascalientes. Los esfuerzos de un régimen revolucionario en el propósito de descentralizar la vida de la nación, se vieron convertidos en plena realidad al darle forma y contenido a las reformas al artículo 115 constitucional aprobadas por el Constituyente Permanente y adecuadas a cada una de las entidades que forman nuestra existencia federalista.

Ante la presencia del Presidente Miguel de la Madrid y los representantes del Poder Legislativo Federal, las voces del honorable Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales se escucharon para dar a conocer al país la culminación de un proceso legislativo y la introducción en las estructuras locales de precepto constitucional mencionado, para darle al Municipio mexicano la dimensión que rodeaba su natural origen como célula primaria y fundamental de nuestro sistema político nacional.

Cuando presenciábamos el desarrollo de este importante acto, recordábamos que el Municipio está ligado a nuestra historia cívica, geográfica, cultural y política, y que en cada etapa de nuestro desarrollo como nación independiente, con libertad y soberanía, la vida municipal es consustancial a nuestra propia forma de ser.

Los antecedentes más remotos nos ilustran cómo los mexicanos adoptamos esta figura política y la fuimos conformando en el esquema nacional hasta establecerla como una forma de convivencia, proyectándola en nuestros documentos fundamentales como base de la división territorial y de organización política y administrativa.

La génesis revolucionaria del Municipio Libre la encontramos en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906; en el Plan de San Luis de 1910; en las adiciones al Plan de Guadalupe de 1914; en el proyecto de Constitución de 1916 y en los históricos debates del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 y 1917.

Eso nos afirma la idea de que el Municipio mexicano decidió su condición de libertad, con base en su fisonomía liberal y revolucionaria; no de otra manera pueden interpretarse las intervenciones de los diputados constituyentes al abordar el tema de la libertad política municipal, con base en su autosuficiencia económica.

Así lo señaló, en una memorable sesión parlamentaria, el revolucionario Heriberto Jara cuando afirmaba, cito: "No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada... No demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna como un bello capítulo y no se llevará a la práctica", termina la cita.

En la misma forma, otro ilustre constituyente, Hilario Medina, sentenciaba que la única forma de establecer el Municipio Libre como un hecho eficaz con toda su fuerza, era dándole su hacienda con toda su libertad. De esta forma, los visionarios de Querétaro trataban de asegurar los recursos propios suficientes a los municipios para preservar su autonomía. Al final de los debates, la Asamblea aprobó la propuesta del Constituyente Ugarte para que los municipios administraran libremente su hacienda, otorgando a las legislaturas estatales la facultad de imponer contribuciones a los ayuntamientos.

Cuando el Presidente Miguel de la Madrid realizó su campaña electoral como candidato de las fuerzas mayoritarias y revolucionarias del país, agrupadas en el Partido Revolucionario Institucional, propuso a los mexicanos una eficaz consulta popular que diseñara un programa de gobierno apoyado en las demandas populares. De las tesis fundamentales que estableció en su recorrido nacional, surgió la necesidad de descentralizar las funciones más importantes de nuestra vida política, una de las cuales se fincaba en una auténtica libertad municipal, que no desarrollaba plenamente su actividad por las añejas ataduras centralistas que detenían su manejo libre, y generaba las naturales inconformidades entre quienes habitaban esos núcleos de población, que juntamente reclamaban una prioritaria atención.

Convencido de la imperiosa necesidad de darle plena vigencia a los postulados revolucionarios de 1917, el Presidente De la Madrid envió al honorable Congreso de la Unión la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 115 de nuestro Código Fundamental. Al exponer los motivos de esta iniciativa, el Presidente de México apuntaba claramente, cito: "La centralización ha arrebatado al Municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito territorial y poblacional. Indudablemente, ha llegado el momento de revertir la tendencia centralizadora,

actuando para el fortalecimiento de nuestro sistema federal; no requerimos de una nueva institución, tenemos la del Municipio", termina la cita.

De esta manera la iniciativa presentada fue sometida a discusión de los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados, en donde fue aprobada con las modificaciones propuestas por los legisladores, y enviada a las legislaturas estatales para la secuela procesal correspondiente.

Cuando se abordó este importante tema en el Senado de la República, tuve el honor de hacer algunos comentarios sobre la importancia de estas reformas, insistiendo en que la reforma municipal debía operar en forma dinámica y congruente, de tal forma, que al mismo tiempo que fuera causa común en el ámbito nacional, sus efectos se hicieran sentir en cada comunidad. Señalábamos que con su aplicación adecuada en los tres niveles de Gobierno, el Presidente Miguel de la Madrid iniciaba una revolución municipal en beneficio de toda la Población, destacábamos que junto a las reformas propuestas, lo mismo en materia hacendaria, en promoción de obras, en coordinación fiscal, en seguridad ciudadana, en materia de vialidad y en acción proteger a los trabajadores del Estado y municipios, nos parecía de una gran aportación a la reforma política de la nación, el de la ampliación de principios de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios, al suprimir el límite demográfico de los 300 mil habitantes o más, como se estableció anteriormente.

Estamos convencidos de que al existir mayor número de municipios con su sistema de integración pluralista, el sistema político se enriquece y la vida municipal se fortalece. Esto sólo obedece al propósito indeclinable de democratizar nuestra vida integral, dentro del marco de libertades que disfrutamos y en el ejercicio de nuestros derechos cívicos y políticos, que son garantías consagradas en nuestra misma historia y en nuestra estructura jurídica.

Debe corresponder ahora a partidos políticos y a organizaciones integradas a nuestro quehacer nacional, actuar a la altura de esta nueva etapa de desarrollo político y social para interpretar la idea revolucionaria de un gobierno revolucionario, como el que actualmente rige los destinos de la Nación.

Estimo que el acontecimiento histórico que presenciamos en Aguascalientes, marca, como bien se dijo ahí, un hito en la larga jornada de la Nación por consolidar un municipio libre, autónomo y plural, porque de ahí, definitivamente, se seguirá luchando por la libertad del hombre, por la libertad de los pueblos, por la libertad del mundo. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. diputado Manuel Cavazos Lerma: - Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?

El C. diputado Manuel Cavazos Lerma: - Para informar de una Comisión.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Cavazos .

El C. diputado Manuel Cavazos Lerma: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores: En septiembre de 1981 se inició una extensa y penetrante consulta popular, donde sobresalieron como demandas ineludibles la construcción y consolidación de un sistema nacional de planeación democrática, la descentralización de la vida nacional y la democratización integral.

Al avanzar la consulta, el planteamiento adquirió rostro y perfil y entre sus rasgos definitorios resaltó la voluntad de fortalecer al Municipio, célula y entraña misma de nuestro régimen federalista.

Para dar satisfacción a esta necesidad sentida, en diciembre de 1982, el Presidente de la República presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 115 de nuestra Constitución Política. El Constituyente Permanente examinó, discutió, modificó y aprobó esta iniciativa, misma que fue publicada en el Diario Oficial el día 3 de febrero de 1983.

Las legislaturas locales, por su parte, atendiendo al artículo 2o. transitorio del decreto que reforma y adiciona el artículo 115 constitucional, procedieron a modificar las constituciones y leyes locales para adecuarlas a las bases contenidas en la histórica reforma.

La semana pasada, el día 8 del presente mes, en el Teatro Morelos de Aguascalientes, recinto de la soberana Convención Revolucionaria de 1914, se llevó a cabo una reunión donde las legislaturas de los estados entregaron al Presidente de la República los textos de las reformas locales en materia municipal, que dieron respuesta a lo dispuesto por el Constituyente Permanente.

Nuestro partido, por mi conducto, desea recalcar la trascendencia de este acto, haciendo especial referencia a los aspectos económicos de esta decisión transformadora que sienta las bases para acelerar el fortalecimiento al Municipio, dando así cumplimiento al compromiso político de avanzar en la democratización integral, la planeación democrática y la descentralización de la vida nacional, tesis fundamental de la plataforma ideológica de nuestro partido, el Revolucionario Institucional.

Las reformas parten de la convicción de que el Municipio constituye un importantísimo potencial de desarrollo integral. En consecuencia, hay que fortalecerlo devolviéndole las atribuciones relacionadas con su función principal: el gobierno de la comunidad. Esta redistribución de competencias impone la reestructuración de la economía municipal para darle autosuficiencia económica, fundamento de la autonomía política. De ahí que se eleve a rango constitucional la libre administración de su hacienda y la existencia de recursos propios e

intocables, además se establecen los servicios públicos que tendrá a su cargo, la posibilidad de coordinarse y asociarse con otros municipios para la prestación eficiente de estos servicios públicos que les corresponden y la opción de celebrar convenios con el Estado para la administración de sus recursos.

De especial trascendencia para cumplir con otro reclamo nacional, el de la construcción y consolidación de la planeación democrática, es la fracción V, que faculta a los municipios a formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal. En relación con esa facultad, la fracción VI establece la posibilidad de la planeación y la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de centros conurbados que abarquen municipios de dos o más entidades federativas. De esta manera se abren los espacios para que sea la comunidad organizada y activamente participativa la que formule, ejecute, vigile y evalúe los planes municipales que, a su vez, vigorizarán los sistemas de planeación estatales, mismos que a través del Convenio Único de Desarrollo se vinculan con la planeación federal, fortaleciendo así la planeación nacional, democrática, representativa y popular.

Se amplían pues, las posibilidades de participación en todas las etapas del proceso de planeación; es decir, no sólo en la elaboración de planes y programas, sino también en la ejecución, el seguimiento y la vigilancia de los mismos, extendiendo las posibilidades, de que sea la misma comunidad la que evalúe dichos planes y programas y como resultado de este cotejo entre lo programado y lo realizado, se reformulen planes y programas que se ajusten cada vez más a las necesidades y reclamos de la comunidad.

La reforma que se comenta es, con toda certeza, de una profunda trascendencia histórica y marca un notorio punto de inflexión en la larga, penosa, errática y amorosa vida del Municipio Libre.

La reforma es el reflejo político de terminar con la soberanía centralista; es la puesta en práctica de anhelos, propósitos y banderas del movimiento revolucionario; es la manifestación concreta del deseo de saldar una deuda; un ideal incumplido le la Revolución; es una reforma de largo alcance en la que se retoma una de las más caras banderas de las luchas sociales del pueblo de México. No es una modificación más a la Constitución, ni tampoco un instrumento para pulverizar y obstaculizar decisiones; es una preocupación meramente municipal, sino un asunto nacional; no es un mapa de precisión acabado y definido de una vez por todas.

El fortalecimiento del Municipio ni principia hoy ni concluye ahora. Es un proceso que aún está por rendir sus mejores frutos, pero se ha sembrado una semilla que recordarán con veneración y gratitud los tiempos por venir, estamos seguros que se ha sembrado la simiente de una nueva sociedad; estamos ante un proceso decidido y profundo, aunque gradual, ordenado y eficaz de la revisión de competencias entre Federación, estados y municipios; estamos ante un reto a la imaginación y al talento para ajustar y encauzar el proceso hacia la plenitud del cumplimiento del espíritu del 115; estamos ante la necesidad de participar para hacer realidad lo que por tantos años ha sido ideal, reclamo, anhelo, necesidad, aspiración. Por eso, en la reunión de Aguascalientes se asumió el compromiso de trabajar hacia ese perfeccionamiento y de transitar por ese camino de realizaciones por venir.

La reunión de Aguascalientes no fue la proclama triunfal de un objetivo cumplido, sino la toma de conciencia, la asunción del compromiso para luchar, junto al Presidente de la República, por un ideal que la sociedad reclama y que nuestro partido abandera. Muchas gracias.

El C. diputado David Orozco Romo: - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?

El C. diputado David Orozco Romo: - Para hechos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado David Orozco Romo.

El C. diputado David Orozco Romo: - Señor Presidente; honorable Asamblea: El PDM, cuando se discutió el 115 constitucional, sus reformas, lo aprobó con beneplácito. De esa manera, entre las exposiciones elegantes del senador Ramos Gurrión y del diputado Cavazos, hay pocas diferencias, pero sí algunos matices que sería preciso resaltar.

Se habló de la reunión de Aguascalientes como de la culminación de un proceso en que se entregaron constituciones adecuadas al artículo 115 constitucional. En conjunto, el acto fue positivo. Pero junto con esas constituciones adecuadas, también se rindieron malas cuentas y hubo el prietito en el arroz y hubo constituciones inadecuadas al artículo 115 constitucional, como en sesión de esta Comisión Permanente, de alguna manera se expresó por su servidor, por el diputado Bátiz, por el diputado Cordera.

Pedimos que se confrontaran estas leyes locales, constituciones, leyes electorales, disposiciones fiscales, con el texto del artículo 115.

El hecho de que el federalismo no haya estado acompañado de democracia, ha producido cierta desatención legislativa que no existan textos locales.

Estaba leyendo hoy una nota sobre eso, ahora se va a crear una nueva recopilación muy meritoria, quiero resaltarlo, y ya tenemos elementos para confrontar esa labor, esas constituciones locales, con el artículo 115, porque lo del municipio no es una lucha acabada, es una lucha por dar, es un objeto de constante vigilancia y celo para que marche debidamente.

Sólo quise añadir estas reflexiones a las del señor senador y del señor diputado, y agradezco su atención.

CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA CNOP

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Bernardo Bátiz.

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Honorable Asamblea: Me van a perdonar que yo también rompa un poco el tono de tranquila satisfacción de nuestros compañeros legisladores, del Partido Revolucionario Institucional, porque nosotros tampoco estamos contentos con la forma en que se han manejado las reformas al 115 constitucional, las reformas a las constituciones y leyes locales para adecuarlas al 115 constitucional; pero principalmente estamos en desacuerdo con la actitud que han tomado diversos gobernadores frente a los municipios libres independientes electos por el pueblo, en donde hay administraciones de Acción Nacional.

Hace unas semanas presenté aquí una moción precisamente encaminada a verificar si existen esas adecuaciones correctamente, y se ha quedado por allí, en Comisiones.

Pero me trae en realidad otro tema a esta tribuna, y con el permiso de ustedes voy a abordarlo: Voy a presentar una solicitud a esta Comisión Permanente para que se haga una investigación, y en su oportunidad se formule un extrañamiento al jefe del Departamento del Distrito Federal, señor Ramón Aguirre Velázquez, por el uso indebido de recursos puestos a su cuidado para beneficio colectivo, y que él ha empleado y seguirá empleando - según él mismo lo ha afirmado - en bien de unos cuantos y no de toda la colectividad.

La prensa del lunes hace la crónica de una reunión celebrada en un recinto oficial, el Foro Cultural Coyoacanense, en el que estuvieron presentes y firmaron un convenio, el citado jefe del Departamento del Distrito Federal, Aguirre Velázquez, y un representante de la CNOP, organismo que constituye un sector del Partido Revolucionario Institucional.

También estuvo como testigo de honor - así lo dijo la prensa, no sé si así se ostentó él -, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, señor Marcelo Jovelly. De la misma crónica se desprende que los recursos oficiales destinados por el Gobierno Federal al desarrollo de la vivienda, serán empleados a través del PRI a favor de los afiliados a la CNOP.

De lo dicho por la prensa se desprende que el convenio tiene como finalidad el que el gobierno capitalino respalde con ayuda técnica, pero en especial con financiamiento, con dinero, los planes de vivienda que le presente el sector popular priísta.

El texto del convenio no se dio a conocer, pero todo mundo sabe que en un convenio las partes que lo celebran lo hacen para obtener beneficios recíprocos. Será necesario que conozcamos el texto del mismo convenio para saber qué es lo que darán a cambio de los beneficios de asesoría y financiamiento los miembros, los integrantes de un partido político - será probablemente votos y apoyo político -. ¿Cuál es la contraprestación que se va a dar en este convenio?

La verdad es que no hay una explicación más que la que salta y se presenta al sentido común. El gobierno del Distrito Federal, haciendo mal uso de los recursos que provienen de todos los mexicanos, de los distintos partidos y aun de los mexicanos sin partido, beneficiará tan sólo a un sector de la sociedad desvirtuando y contradiciendo el sentido mismo del derecho mexicano, los principios de equidad y de igualdad; el mismo Plan Nacional de Desarrollo que se ha venido presentando como el programa de gobierno en este sexenio, como la bandera fundamental para la resolución de la crisis, y atropellando todo esto, el gobierno del Distrito Federal y gobiernos de los estados también; pero me interesa especialmente en este caso el del Distrito Federal: han roto el principio que está establecido en la misma Ley de que nadie puede usar para beneficio propio ni para beneficio de otros los bienes y los recursos que están destinados al servicio público.

Priísta de última hora, como el Regente de la ciudad, no han acabado de entender ni lo que es la lucha política ni lo que debe significar el respeto a la Ley y el apego a un estado de derecho.

Quizá debiéramos recordarle al señor jefe del Departamento del Distrito Federal que en lugar de dedicarse a labores y maniobras de partido, se ocupe de atender cumplidamente sus funciones como gobernante de esta conflictiva ciudad de México.

Los capitalinos se quejan, nos quejamos de deficiencias en infinidad de servicios públicos: Los transportes están desquiciados, son insuficientes, están mal planeados; los bosques urbanos, los pulmones de la ciudad, de esta ciudad, la más contaminada del mundo, están siendo talados, arrasados y vendidos como fraccionamientos. La seguridad deja mucho qué desear, en lugar de investigaciones, en lugar de detenciones a culpables, se hacen razzias en que pagan justos por pecadores; la basura no se recoge oportunamente, se acumula; en los lugares cercanos a las estaciones del METRO y a las centrales camioneras hay verdaderas barricadas, que impiden el paso de los ciudadanos, de puestos fijos o semifijos que no tienen más explicación que, en algún lado hay alguien que cobra una renta por el uso de un pedazo de las calles de nuestra ciudad; el agua escasea y está escaseando ya, como sucede en cada estiaje.

Seguramente en San Felipe Torres Mochas, en donde se dice que se construye una lujosa residencia, que probablemente sea muy famosa el próximo sexenio, seguramente ahí no hay estas carencias y estas exigencias.

El convenio a que me refiero, choca frontalmente con las convicciones democráticas; choca frontalmente con lo que se dice en tono solemne en estas tribunas y en otras parecidas.

No hay vivienda, hay escasez, hay crisis y se jinetea verdaderamente la crisis. Esto sí es jinetear la crisis; ofreciendo a cambio de un apoyo partidista, la solución a problemas de todo el pueblo de México. No hay vivienda y se ofrecen mil casas. Pero ¿a quién se ofrecen las casas? ¿A quién se presenta la posibilidad de una solución de un problema? Solamente a un sector, a que se afilie a un partido, al que acepte una consigna. No se presenta la solución como una solución global, general, equitativa; se presenta como una solución en la que, además de resolver el problema, se aprovecha la resolución del problema para acarrear agua al molino de quien está presentando la aparente solución.

Por cualquier lado que se le vea, el convenio estuvo mal. Es ilegal, impolítico y atenta en contra de la equidad que toda autoridad debe guardar ante los partidos. Si un funcionario público quiere hacer política - y tiene derecho a hacerla -, la debe hacer en lo personal y no con los recursos públicos están destinados a otros fines.

Con este motivo, con base en estas argumentaciones, presento ante ustedes esta solicitud:

Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Con base en lo anteriormente expuesto, solicito de ustedes que se sirvan acordar dirigir un oficio al jefe del Departamento del Distrito Federal para que envíe copia a la brevedad posible, del convenio que el domingo 11 celebró con la CNOP, en el Foro Cultural Coyoacanense, con objeto de encauzar los fondos destinados al desarrollo de la vivienda.

Asimismo, solicito se le haga un extrañamiento para que de ninguna manera emplee como resolución los fondos que son de toda la Nación, en beneficio de un grupo o partido.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 1984.

Diputado Bernardo Bátiz.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador José Antonio Padilla Segura.

El C. senador José Antonio Padilla Segura: - C. Presidente; CC. legisladores: Permítaseme, en esta ocasión, como miembro del Partido Revolucionario Institucional, y como afiliado a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la que tengo el honor de desempeñar el puesto de Presidente de la Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades, referirme y comentar las intervenciones tanto del señor diputado Orozco Romo - brevemente lo haremos -, como muy particularmente, las de el distinguido colega del Partido Acción Nacional, el señor diputado Bátiz.

En lo que toca, en lo que concierne a la reunión de Aguascalientes, en la que tuve ocasión de estar presente, en representación, en unión de nuestro Presidente y de algunos otros legisladores, en representación de esta Comisión Permanente.

Debo decir que no podría, después de haber estado en ella, aceptar la expresión del señor diputado Orozco Romo que, congratulándose en lo general, discrepa en lo negro del arroz, al señalar que el federalismo no fue acompañado de la democracia. Yo pienso, señores, y aseguro por convicción y de buena fe, que fue una reunión típicamente democrática. Fue una reunión en donde se manifestó plenamente, no la voluntad de un grupo, de un partido, de un sector, sino la decisión y la voluntad de un pueblo que es el pueblo de México. Fue una demostración, en mi concepto, de que gobierna el pueblo para el pueblo y por el pueblo. Fue una demostración típica de democracia.

Y por eso, sin ánimo de polemizar, pero sí de puntualizar, le ruego al señor diputado Orozco Romo, acepte mis disculpas por la discrepancia y tenga a bien aceptar también mis argumentos.

En lo que se refiere a la intervención, parte inicial que hiciera el señor diputado Bátiz, aunque la parte sustancial tocó este convenio de la CNOP con el Departamento del Distrito Federal, su informe lateral también tocó este proceso que ha seguido la reforma al 115 constitucional, y del cual, ciertamente, el acto de Aguascalientes no constituye la culminación y fin, pero sí, en mi concepto, un hito de fundamental importancia y una recapitulación cuyos resultados dan un balance extraordinariamente positivo y nos alienta a todos a seguir luchando en esa dirección.

El señaló, ciertamente, que en algunos ayuntamientos en donde la presidencia municipal está ocupada por distinguidos miembros de su partido, se presentan situaciones que podrían considerarse, o las considera él, no plenamente apegadas a derecho.

Pienso que es evidente que la lucha política tiene como objetivo acceder al poder que cada uno de los partidos luchamos por ello; pienso también que, cuando un partido, cualquiera que éste sea, ha logrado por la decisión mayoritaria de la ciudadanía acceder a una posición de poder como es una presidencial municipal, tiene pleno derecho, absoluto derecho, a pedir y a exigir que ese alcalde, que ese presidente municipal reciba el tratamiento y el apoyo de cualquier presidente municipal. Insisto, independientemente del partido de origen; pero esto es precisamente la tesis de mi partido.

El pluripartidismo que hoy vivimos, es consecuencia en gran medida de emociones, apoyos, puntos de vista y luchas del Partido Revolucionario Institucional. De tal manera que yo considero que, le hecho de que estén presentes en este momento en ciudades importantes de nuestro país, presidentes municipales cuyo origen es el de otros partidos diferentes al mayoritario, es la mejor demostración, la fehaciente demostración de nuestra buena fe, de nuestra voluntad democrática y de lucha y de cumplir

con lo que hemos ofrecido permanentemente respetar la voluntad del pueblo de México.

En lo que concierne a la segunda parte de la exposición del señor diputado Bátiz, este convenio, Departamento del Distrito Federal con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y solamente con el din de ordenar ésta, que trata de ser una breve exposición, quisiera recordar que nuestra Constitución en su artículo 4o. - y aunque sé que ustedes la conocen ampliamente, quisiera leerlo, simplemente para ubicar el origen de este problema de la vivienda -, y en ese artículo 4o. en uno de sus párrafos se nos dice: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo".

Rabasa, comentando el artículo, hace algunos señalamientos que podrían ser de importancia. Se establece, el 7 de febrero de 1983, el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa. Tradicionalmente gran parte del pueblo mexicano no ha podido alcanzar ese nivel de bienestar y pese a los esfuerzos hechos en las últimas décadas, todavía la población marginada del campo y de la ciudad no lo ha logrado.

Posteriormente, el honorable Senado de la República, al comentar el Plan Nacional de Desarrollo, que dedica apartado especial al problema de la vivienda, particularmente a la vivienda de los grupos populares, señaló como opinión oficial y formal del Senado de la República, en materia de vivienda, se postula la creación de un sistema nacional que norme y conduzca su desarrollo. La revisión de las bases jurídicas en la materia, la intervención en los mercados inmobiliarios de la tierra, el fortalecimiento y reorientación de la capacidad instalada de la industria de la construcción y la reorientación de los sistemas financieros de la vivienda.

No quiero agotar la lectura para no abusar de la confianza de ustedes, pero sí quisiera recordar, en una apretada síntesis, que es posible asegurar que en principio el programa que comentamos, el de acciones para incrementar la oferta nacional de vivienda, en particular dirigido hacia las clases y grupos populares, viene a atender una de las necesidades fundamentales de tales clases y también una de sus legítimas aspiraciones.

Debemos considerar que este programa, para fomentar la construcción de viviendas populares, requiere de la colaboración de todos los interesados y muy particularmente de los organismos y de los grupos en los cuales militan las clases populares, puesto que a ellas, precisamente a ellos, está dirigido mayoritariamente ese programa y de aquí que en mi concepto resulte perfectamente congruente y válido, positivo por otra parte, que una confederación - y hablo concreta y específicamente de la CNOP -, que una confederación que agrupa en su seno a un gran número de ciudadanos que pertenecen a las clases populares; a un gran número de ciudadanos jefes de familia, a quienes están destinados estos esfuerzos, de propiciar la construcción de viviendas populares, se preocupe y promueva acciones concretas con las autoridades que tengan como objetivo acelerar ese programa.

Se dice cuál es la contraprestación. Hasta donde yo sé, no se ha hablado en ningún momento de votos políticos a favor de alguien, persona o grupo; hasta donde yo sé, la CNOP ha ofrecido su capacidad de gestoría, su estructura organizativa; ha ofrecido también que quienes forman parte de ella, en donde hay pequeños y medianos y aun grandes comerciantes de materiales de construcción, en donde sobran sobrestantes y albañiles; en donde están incluidos ingenieros civiles; en donde están incluidas pequeñas empresas de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, una confederación que agrupa a la gran mayoría - y esto se puede decir sin faltar a la verdad - una Confederación que agrupa a la gran mayoría de la fuerza de trabajo técnica, científica no, porque no es ciencia esto; pero sí técnica y de mano de obra para un programa como el que estamos comentando, tiene no solamente el derecho, en mi concepto, sino la obligación de ofrecer a su gobierno, en este caso al gobierno del Departamento del Distrito Federal, su colaboración para obtener un beneficio, sí, para su membresía, pero lo que está ofreciendo es una colaboración legítima, posibilidades de facilita trámites, posibilidades de garantía, posibilidades de aportar material más baratos, posibilidades de fomentar la autoconstrucción, que es una parte importante del programa.

No debemos olvidar, por otra parte, que el programa que nos ocupa influye, más bien diría yo, involucra, incluye muy diversas acciones y modalidades. Y se ha partido de la base que nada ni nadie puede sustituir a la acción ciudadana y a la acción de los ciudadanos, a la participación directa del interesado en contar con una vivienda o en mejorar la que tiene. Esto no es sustituible, ningún gobierno puede sustituir a acción ciudadana. Y hasta donde yo sé, en muchos países, no en México, en muchos países con regímenes políticos de muy diversa ideología, se utiliza fundamentalmente la agrupación, las organizaciones ciudadanas de distintos tipos, políticas, mutualidades, etcétera, pero se utiliza esa capacidad ya organizada, precisamente para resolver los graves problemas de la vivienda. De aquí, señor diputado Bátiz, que me atreva a asegurar con todo respeto, que la firma de este convenio es congruente con un mandato constitucional que prevé el derecho a la vivienda de todos nosotros, los mexicanos, con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y que forma parte de una estrategia para convertir en realidad el programa de dotación de viviendas de las clases populares.

Me atrevería a sugerir después de esta intervención, señor Presidente, que la sugestión, no sugestión en este caso, sino proposición formal del señor diputado Bátiz, fuese turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señores.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz.

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: Señor Presidente; señores: Casi suscribiría yo la mayoría de las palabras del señor senador. Creo que en las intenciones muchas veces coincidimos en los que se dice, como en lo que se dijo de Aguascalientes, pues casi no se podría objetar nada; "del dicho al hecho hay mucho trecho". Así como en Aguascalientes se nos presenta un panorama de municipios democráticos, independientes, autónomos, que manejan sus recursos; cuando confrontamos esto que se dice con la realidad, nos encontramos municipios acosados, perseguidos, hostilizados, a los que se les quitan los recursos, se les retiran las funciones que les da la misma Constitución, y lo que se dice no compagina con lo que se hace. Ese es probablemente el meollo de esta discusión.

Yo creo que la tesis que el señor senador dice que es su partido y que es la del trato igual a todos los municipios, precisamente es una de las tesis contra las que estamos nosotros en Acción Nacional. Nosotros no queremos que a los municipios de Acción Nacional se les trate como a los municipios del Partido Revolucionario Institucional, en donde el presidente municipal es simplemente un ejecutor de las órdenes y de las disposiciones del gobernador, y en donde el gobernador decide cómo se administra y qué se hace con los bienes y con la policía; queremos que realmente funcione en la práctica el verdadero juego democrático dentro de la vida municipal de México, y por eso estamos luchando.

Respecto del convenio, yo no quiero de antemano, aunque lo critiqué por lo que vi en los periódicos, pero no quiero de antemano dejar simple y llanamente un juicio terminado de que sea un convenio negativo. Por lo que se ve, por lo que se traslució, por el lugar en donde se celebró el convenio, por el tono de los discursos que se dijeron en la celebración del convenio, de toda la impresión, causa todo el impacto de que es un acto partidista, buscando votos para próximas elecciones de 1985. Esa es la impresión que recibe cualquier observador imparcial.

Todo lo demás que si es en cumplimiento del artículo 4o. constitucional, si va o no en contra del Plan Nacional de Desarrollo, pues es lo que tendríamos que ver, si aprueban ustedes la solicitud que yo presenté. Debemos de ver que efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo sea un plan nacional, no un plan priísta de desarrollo; debemos de ver que el artículo 4o. constitucional garantice viviendas para todas las familias, no para las familias que pertenecen a un sector del Partido Revolucionario Institucional.

Precisamente estamos de acuerdo en que debe funcionar el Plan de Desarrollo, en que debe de aplicarse, de tener vigencia real; un artículo tan resbaladizo y tan difícil de aplicar en la práctica como es el 4o. constitucional, eso buscamos todos y en eso coincidimos, en la buena fe en que expresa el señor senador. Sin embargo, dudo, pongo en duda y les planteo a ustedes que compartan conmigo esta duda, de que el convenio que se firmó llene los requisitos que se señalan aquí.

Yo propuse en mi documento que dejé aquí en la Secretaría, dos cosas concretamente; una es que se solicite el Plan para que lo conozcamos y podamos emitir un juicio objetivo respecto del mismo, y una segunda proposición, que se hiciera un extrañamiento al jefe del Departamento por el uso indebido de recursos.

Les propongo que dividamos esta proposición y que se vote afirmativamente, de una vez que se gire ya, sin pasar a comisión; porque es de obvia resolución, que se gire el oficio al Departamento para que envíe el Plan de Desarrollo y que reservemos el otro juicio para las comisiones, una vez que tengamos en nuestras manos el convenio que se firmó, y del cual estamos hablando todos, cuando por lo menos, lo que toca a mí, así es, por lo que la prensa publicó. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Túrnese la proposición a las comisiones unidas de Información, Gestoría y Quejas y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y pídase el convenio celebrado entre la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y el Departamento del Distrito Federal para su análisis.

SECTOR EMPRESARIAL. VENTA DE EMPRESAS INDUSTRIALES. ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jesús Luján Gutiérrez.

El C. diputado Jesús Luján Gutiérrez: Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Varios temas de interés, a nuestro juicio, han sido planteados desde una tribuna y otros se encuentran a debate fuera de este recinto; pero independientemente de esto, nosotros deseamos referirnos a algunas cuestiones que son esenciales en este momento para la vida de nuestro país.

Voy a referirme inicialmente a un hecho que se le dio gran difusión la semana pasada, a través de los órganos de información masiva. Es decir, la semana pasada, entre golpes de pecho y llamadas a la rebelión y enfoque es espiritista del derecho, la cúpula empresarial de México reunida, manifestó su corrosiva inconformidad e impaciencia frente a lo que ocurre en México. Y públicamente nos agredió como Poder de la Unión.

Esta cuestión, desde nuestro punto de vista, no puede quedar sin la debida respuesta.

Los patrones reunidos para enfrentarse al pueblo de México y a su Gobierno, reclamaron que se les entregue el Gobierno y por lo tanto que se ponga en sus manos el desarrollo económico de nuestro país. Los Chapas, los Coindreau, los Sánchez Mendal, los Basagoiti, los Clouthier, llenos de soberbia - a nuestro juicio, con base en el poder que les da su fortaleza económica - como producto del trato preferencial que se les ha proporcionado se reunieron, no para examinar las cuestiones que competen a sus - entre comillas - "sindicatos patronales",

sino para injuriar al pueblo, al que llamaron "sociedad imprudente" autocalificándose, además, ellos como "organismo prudente" y asumiendo grotescamente el papel de redentores de México.

Todo mundo sabe, pero hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, que la crisis económica que vivimos se agravó porque fue debido a conducta generalmente antinacional de estos "patrones prudentes", que en su insaciable ambición prefieren poner sus ojos y su dinero fuera del país para tener, dizque, mayor seguridad.

Nosotros preguntamos: ¿Acaso han regresado los 54 mil millones de dólares que sacaron antes del 1o. de septiembre de 1982? ¿Acaso no han estado saqueando al país, enviando a los Estados Unidos las divisas que el Gobierno Federal les entrega para que fortalezcan la planta productiva? ¿No son estos - entre comillas - "salvadores de México" verdaderos parásitos sociales los que en antipatriótica connivencia con empresarios gringos, como ahora lo demanda el ex anunciador del Bacardí, cometen escandalosos fraudes fiscales que luego repercuten en contra de nuestro pueblo? ¿Qué acaso no son criminales los que saquean siempre al país, no pagan sus impuestos y chillan con espíritu gachupín frente a las necesidades vitales del pueblo?

Ninguna autoridad tiene estos peones de las inversiones extranjeras para exigir nada.

Lo que sí, a nuestro juicio, es grave, es que el Gobierno Nacional siga pensando que dando concesiones a esas sanguijuelas sociales van a responder con interés patriótico frente a los graves problemas económicos a que nos enfrentamos.

Asumiendo el papel de redentores y eludiendo la grave responsabilidad que les corresponde, por su conducta antipatriótica, llaman tonta la política del control de precios; y es que, avorazados como son, quisieran - aun pasando sobre los cadáveres de más de 70 mexicanos -, acumular más riqueza, y es que los empresarios nativos, pues es difícil reconocerle la nacionalidad de mexicanos, son de esa especie que describió el Padre de la Patria, el cura Hidalgo y Costilla, tan objetivamente, al decir que tienen como su dios al dinero. Nosotros agregaríamos hoy, parafraseando al Padre de la Patria, "los empresarios son mexicanos por conveniencia, pero su dios es el dinero y su verdadera patria los Estados Unidos".

Además compañeros legisladores, los empresarios de la Coparmex han vuelto, en su ira, los ojos a la Edad Media, cuando se habla del derecho natural y su carácter eterno. Además de necios, son ignorantes, ¡claro, ignorantes también por conveniencia y necios por naturaleza! Hay que ver los que dijeron en su reunión sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Legislativo y sobre la Constitución vigente, a este respecto, tal parecía una reunión de espiritismo jurídico y no una reunión de empresarios. Al Congreso de la Unión, en una evidente falta de respeto a la representación popular, la denominaron "poder revisor", porque dicen estos señores que la Constitución ha sido tan modificada que ya perdió la esencia del Constituyente de Querétaro y que la representación nacional, lo que hace simplemente es revisar, revisar y revisar.

Con este ingenio, que indudablemente hay que reconocer a los malabaristas jurídicos, por añadidura antipatriotas, ha realizado un "aporte" - entre comillas - a la terminología jurídica. Ahora hablan de Constitución nominal, habrá que recurrir a Francisco de Victoria, a Santo Tomás de Aquino, a Prilloni, a Rossi y a Corripio Ahumada para descifrar esta nueva entelequia.

A nuestro juicio, el Gobierno Nacional y los funcionarios patriotas deben convencerse de que si a los empresarios les dan concesiones quieren más, porque su ambición no tiene límites; que a cada concesión ellos exigirán más y más, y que si hoy les dejan parte del desarrollo económico, mañana exigirán todo y que, además, el avance del poder económico de esta minoría significa en realidad pérdida de la soberanía y peligro de la independencia nacional, lo que hacen simplemente es revisar, sirve fundamentalmente de pantalla al capital transnacional.

Por otra parte, la semana pasada, también con gran decisión, se informó que estaban a la venta 339 empresas industriales, comerciales y de servicio, que quedaron comprendidas dentro del decreto expropiatorio, expedido por el Presidente López Portillo el 1o. de septiembre de 1982.

De esa manera indebida, en contra del artículo 1o. de dicho decreto, y en contra del artículo 25 constitucional, el secretario de Hacienda decide dar prioridad a los ex tenedores de acciones bancarias para que en un plazo de un mes adquieran las que pone en venta el Gobierno, a pesar de que ya habían ingresado al patrimonio nacional.

Esta, a nuestro juicio, es una concesión más que se otorga a los ex banqueros, a los cuales se premió con una indemnización demasiado generosa que hace contraer a quienes la fijaron responsabilidad, de acuerdo con la Constitución del país.

¿Todavía las autoridades hacendarias y del Banco de México pueden hablar de que se democratizará la tenencia del capital bancario cuando se allana el camino para que los banqueros concentren la riqueza? ¿En dónde está el auxilio que se presta al Sector Social por obligación constitucional impuesta al Estado, cuando se prefiere a las iniciativa privada, a la que otorgan concesiones sin fin?

El artículo 1o. del decreto señala claramente: que "se expropian por causa de utilidad pública entre otras las participaciones, inversiones y acciones que los bancos tuvieron en otras empresas".

Nosotros preguntamos: ¿Es que ya desapareció la causa de utilidad pública? ¿Podrán explicar con responsabilidad los funcionarios este aspecto? Se trata, a juicio del Partido Popular Socialista, de una actitud contraria a los intereses del pueblo y de la Nación y, como señalábamos antes, hay responsabilidad legal que debe exigirse para que no se quede sin castigo

una conducta que daña el patrimonio de la Nación.

Un tema que se ha planteado en esta Reunión, y en la cual han emitido sus puntos de vista diferentes legisladores, nosotros queremos reiterar nuestro punto de vista.

Nosotros estuvimos en contra de la reforma al artículo 115, cuando se planteó en el periodo ordinario, por cuestiones, a nuestro juicio, esenciales. Y es que si se revisa la legislación estatal, en todas las constituciones locales, posteriores a la del '17, se presenta la manifiesta agresión de los gobiernos de los estados y de las legislaciones locales en contra del municipio. Hay que revisar las constituciones, eso es obvio, ahí están.

¿Por qué nos opusimos nosotros a la reforma al 115? Por un aspecto positivo en el de la representación proporcional que, por cierto, es el que no se está aplicando, pero si antes de la reforma al 115, la última, los legisladores locales y los gobernadores eran delincuentes políticos, con la reforma a la Constitución, la última, quedan exentos de responsabilidad política. Se legaliza su intromisión en la vida de los ayuntamientos.

Este párrafo y otro al que voy a referir del artículo 115, no estaba anteriormente: "Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan". Nosotros decimos: ¿con qué derecho las legislaturas locales quitan o ponen funcionarios municipales electos por los ciudadanos directamente? El que tiene la facultad de designar, es el que tiene desde nuestro punto de vista, el derecho de revocar el acuerdo y no una autoridad secundaria o terciaria.

Y otra cuestión por la cual nosotros estuvimos en contra - este párrafo tampoco estaba en la legislación anterior -: "Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles".

Esto ya lo venían haciendo las legislaturas locales, revisar las cuentas públicas, aprobar los presupuestos, pero en contra del artículo 115 y ahora se legaliza la intromisión, por eso estuvimos en contra; esas son razones esenciales y podríamos analizar otras por las cuales nosotros estuvimos en contra de la reforma al 115.

Por lo demás, nosotros seguiremos luchando porque el 115 responda al espíritu del Constituyente de 1917. Muchas gracias (Aplausos.)

ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS CREDITICIOS DE LA BANCA NACIONALIZADA

El C. diputado Jorge Treviño Martínez: - Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El C. diputado Jorge Treviño Martínez: - Para hacer comentarios sobre lo dicho por el orador anterior.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Treviño Martínez.

El C. diputado Jorge Treviño Martínez: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Voy a referirme a un tema que trató el diputado Jesús Luján en su reciente intervención, en la segunda parte, al tema relativo a la enajenación que acaba de anunciar el Ejecutivo Federal, se hará de los activos no crediticios de la banca nacionalizada.

Voy a tratar de fijar cuál es la postura de la fracción priísta de esta Comisión Permanente.

En primer término, voy a hacer en comentarios generales breves una descripción de la temática para, en segundo lugar, hacer algunas consideraciones respecto de las observaciones críticas que hiciera el diputado Luján y sacar, finalmente, alguna conclusión de carácter final.

Hace apenas unos días, el viernes pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció a diputados que se reunieran para ese efecto, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ante el Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, la decisión del Ejecutivo Federal para poner a la venta los activos llamados no bancarios, las acciones que los bancos tenían representando capital de empresas no dedicadas a la banca. En primer lugar, no es una decisión nueva, la decisión a este propósito se había tomado ya desde el mismo momento en que se dictó el acuerdo de expropiación el 1o. de septiembre de 1982. Ahí se especificó que se expropiaban los activos de los bancos, los bienes, las acciones tendientes a prestar la función de servicio público de banca y crédito y que quedaba a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, excluir lo que no era indispensable para la prestación de este servicio.

Desde luego que la interpretación que hace el diputado Luján, es una interpretación lógica, se ha manejado por varios juristas, él se pregunta cómo si se incorporaron por vías del decreto de expropiación, ahora se desincorporan, ¿quedaron o no quedaron incorporadas esas acciones? La respuesta es que sí, porque lo que realmente en forma directa se expropió, fueron las acciones representativas del capital de las antiguas instituciones de crédito, en forma directa. ¿Con qué objeto?, directo, con el objeto de que el Estado Mexicano manejara lo que no manejaba en forma directa, sino a través de concesiones: El servicio público de banca y crédito. Eso fue el objeto preciso de la expropiación, el propósito medular de la expropiación, que el Estado Mexicano tuviera a su cargo la prestación directa de este servicio público.

Pero al expropiarse las acciones se producen afectos laterales y efectos secundarios, automáticamente todos los bienes de las empresas

cuyas acciones se habían expropiado, pasan a ser propiedad del nuevo titular de las acciones, es decir, la Nación Mexicana. Y así, la banca nacionalizada se convirtió en dueña de acciones no indispensables para la prestación del servicio público de banca y crédito.

El esquema nuevo que plantea la decisión política de que el Estado Mexicano preste al servicio público de banca y de crédito, trae consigo una serie muy grande de hechos, de decisiones y de actos jurídicos que se tuvieron que implementar y a los que la Cámara de Diputados y el Senado no han sido ajenos. Por eso, la decisión de enajenar estas acciones no bancarias, ni es nueva, pero tampoco es aislada; hay una serie de actos anteriores al decreto, el propio acuerdo expropiatorio del 12 de septiembre; el acuerdo complementario del 4 de septiembre; las reformas que se hicieron al artículo 25 y al artículo 28 constitucionales; las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del Banco de México; las reformas, la expedición de la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, reglamentaria del quinto párrafo del artículo 28; los acuerdos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la indemnización a los dueños de las acciones expropiadas, dueños que son muchos mexicanos.

Nosotros tenemos la idea de que los dueños de las acciones de los bancos eran los administradores y los manejadores reales de los grandes bancos; en realidad ellos tenían parte de las acciones de los bancos, pero muchas de ellas estaban distribuidas entre otros medios, a través de bolsa entre el gran público inversionista.

A la fecha, alrededor de 18 mil mexicanos se han presentado a canjear acciones de bancos por bonos de indemnización.

Aparte de los actos y acuerdos para la indemnización, el Gobierno Federal tuvo que implementar también los acuerdos para la fusión y transformación de las nuevas unidades operativas del sistema; desaparecieron las sociedades anónimas y se crearon por decisión legislativa lo que se denomina Sociedades Nacionales de Crédito, y de sesenta y tantas instituciones, a través de fusiones y transformaciones, se conservaron 29 que actualmente prestan el servicio.

Se tomó, pues, una decisión desde hace mucho tiempo, y una decisión que no es aislada; con un grado de complejidad se establecen; con un grado de complejidad en el tiempo se concluye esta parte del proceso, del proceso de diseño de un nuevo esquema, proceso que va a culminar, cuando se expida, previo estudio, debate y aprobación en la nueva legislación financiera y bancaria integrada e integral que está requiriendo el país, y que esperamos se dé en el próximo periodo de sesiones.

¿Cuáles son las características de estas medidas de implementación que acaba de tomar el Gobierno, el Ejecutivo Federal? Se han dividido las acciones en empresas que sí se enajenan, y acciones de empresas que no se van a enajenar. Básicamente todas las acciones, éstas no son ni estratégicas ni prioritarias para la economía del país. Se van a enajenar 339 empresas y se van a conservar 128 de las cuales, a excepción de tres, son indispensables para la prestación del servicio, porque son, o bien inmobiliarias en su mayor parte, en donde están asentados los edificios de las instituciones, o bien, servicios colaterales con nexos a la prestación del servicio público de banca y crédito, como lo pueden ser: Prestación de servicios administrativos, de seguridad, emisión de papelería para la elaboración de cheques con seguridad, tarjetas de crédito, etcétera.

Se determinó un modo de evaluación consistente con el modo de evaluación de los títulos de las acciones que se expropiaron, alguien dice, el diputado Luján decía que la indemnización por la expropiación de las acciones de la banca antigua fue muy generosa; alguien piensa que no, que fue una indemnización justa, profesional, hecha a valor contable. Y la venta, el primer criterio para enajenar va a ser consecuente con ese criterio para indemnizar. O sea, se va a vender las acciones, amén de otros criterios substitutivos, pero el principal es a precio de indemnización más los intereses a la fecha de la venta de la acción que posee ahora la banca nacionalizada. Hay un paralelismo muy equilibrado entre un modo para valuar la acción que se expropió y la acción que ahora se va a vender.

Se establecen también, sistemas de preferencias - en algunas notas se cuestionan estas preferencias -, sistemas de preferencias para la compra de las acciones, ¿Quién va a tener preferencia en primer lugar?, los antiguos dueños de las acciones expropiadas, a quienes les dieron a cambio bonos de indemnización, son esos 18 mil mexicanos que a la fecha han canjeado, esos van a tener preferencia por razón natural, por razón jurídica y por razón de propósito. Porque, repito cuando se expropió la acción o el paquete de acciones bancarias lo que se perseguía era que el Estado tuviera la prestación directa del servicio público de la banca y crédito, y no quedarse con acciones de una chocolatera, una cervecería o una inmobiliaria.

Esos fueron efectos laterales de la expropiación, y existe el título jurídico que también alguien ha cuestionado para poder regresarlos. Ese título jurídico es el acuerdo de expropiación, el artículo 27 constitucional y la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, que prevé perfectamente que cuando desaparezca la causa de utilidad pública por decisión del acto del Poder Ejecutivo, el acto de expropiación es una acto administrativo, no es una acto legislativo, o, cuando transcurrido cierto tiempo no se afecta el bien, objeto de la expropiación a la finalidad de utilidad pública; entonces los bienes se revierten. Eso se llama la reversión de los bienes como institución en el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública.

Aquí, como mecanismo jurídico que explica el fenómeno, existe la reversión de esas acciones

en preferencia - porque ya se les indemnizó - a quienes quieran readquirirlas, preferencia en primer lugar; preferencia en segundo lugar a los socios de las compañías emisoras y en tercer lugar al Sector Social y al Sector Privado.

Se han formado, perdón, se van a formar, esta es la mecánica en la enajenación: Se van a formar paquetes de acciones de una o varias empresas para ofrecer en venta, hacer una oferta a los compradores, con mezcla de acciones buenas y de acciones regulares y malas, de manera que los adquirentes no prefieran siempre las buenas en detrimento de las malas y la banca nacionalizada se quede con posesión de títulos que realmente no tienen mucha rentabilidad. Se trata de conciliar el interés del enajenante con el adquirente para que en una reciprocidad de intereses se haga la operación.

¿De cuánto estamos hablando en la operación? Francamente no estamos hablando de mucho dinero, si se piensa que el valor de las acciones que se van a enajenar representan alrededor de 41 mil millones de pesos, que con intereses calculados a los requerimientos, perdón, a los rendimientos promedios bancarios, darían cifras de alrededor de ochenta y tantos mil millones de pesos.

En 15 días de captación se recogen los ochenta y tantos mil millones. Eso representa 15 días de captación bancaria y representa - el año pasado, la operación de la banca nacionalizada demostró que puede ser rentable, para poner un mentís a quienes criticaban la expropiación a través del riesgo de que ahora va a operar ineficientemente. Ha operado eficientemente, produjo utilidades antes de impuestos de 21 mil millones y después de impuestos de 15 mil millones en 1983.

Se captaron, en 1983, 3 billones. Un billón es, acuérdense, un millón de millones. Tres veces un millón de millones más setecientos y pico de miles de millones de pesos. Eso fue la captación bancaria.

Entonces, si nosotros relacionamos lo que importa la venta de la enajenación de las acciones con la captación, representa apenas un 1% de ese gran total. Además, no se está perdiendo el dinero, se están cambiando acciones a su valor por dinero. ¿Y qué efecto se produce?, pues un efecto muy sano y muy positivo, porque la mayor parte de las acciones que tienen los bancos, son acciones de minoría. ¿Para qué le sirve ahora? Antes sí servía, pero ahora, a las sociedades nacionales de crédito tener el 15% de la empresa industrial o comercial o de servicios, el sesenta y tantos por ciento de ese paquete representa menos del 25%, o sea, los bancos actuales, las sociedades nacionales de crédito son instituciones minoritarias.

Estos elementos cuantitativos, nos dan en realidad un poco la imagen cuantitativa que no debemos de perder en perspectiva. Se trata, cuando se enajenen esas acciones y se obtenga su precio, de liberar, lo cual es preferible, liberar los recursos que los bancos actualmente tienen congelados, porque esas acciones, ahora, o no dan utilidad, o si dan utilidad no va a ser muy probablemente repartida, y entonces van a tener las sociedades nacionales de crédito "utilidades reales" - entre comillas -, pero registradas en un papel; pero no convertibles a liquidez y con ello se evitan la posibilidad de reciclar la promoción económica, que es la función de precipitación que debían tener los bancos, en el capital de las empresas. La Ley de Instituciones de Créditos, en uno de sus preceptos, no me acuerdo cuál, previa eso, que los bancos participaran en paquetes accionarios para promover la formación y desenvolvimiento de empresas industriales y comerciales, necesarias para el país, y que esa participación, en principio, no debería ser más del 25%, y que pasado cierto lapso enajenaran, cuando ya fueran rentables las empresas, enajenaran esa participación minoritaria, recuperaran el dinero y volvieran otra vez a inyectar en otra promoción, en forma de reciclaje, ese dinero al desenvolvimiento económico.

Se ha cuestionado también el hecho de que la inversión extranjera, los extranjeros, tengan acceso a la compra de estas acciones. La posición es clara, efectivamente, tienen acceso los extranjeros o la inversión extranjera a la compra de estos activos, siempre y cuando se cumplan las reglas que sobre inversión extranjera establece o determina el Estado Mexicano, y que fue motivo de alguna intervención y comentarios en sesiones hace dos o tres miércoles, aquí, en esta sesión permanente.

Aprovecho la ocasión para expresar nuestro desacuerdo respetuoso en contra de una tesis expuesta recientemente, cronicada por - si es que existe el verbo cronicar - relatada por la prensa el día de hoy, expresada por un alto representante en México de un gobierno extranjero, en el sentido de que la inversión extranjera es el camino de México y es el único camino de México. Nosotros no estamos de acuerdo con ello. Hemos establecido también, con claridad la postura mexicana que reiteramos: La inversión extranjera es bienvenida a México, debe ser complementaria, debe sustituir importaciones, debe generar empleo, debe dejar acervo tecnológico, debe respetar las reglas fijadas por el Gobierno mexicano; pero la inversión extranjera no es el único camino para México.

La inversión extranjera es una de las alternativas para México, como hay muchas otras: El ahorro externo, la deuda externa, la inversión nacional y el ahorro interno; pero, en el fondo, nosotros creemos que el mejor camino, la mejor alternativa para México, no es otro que el esfuerzo de los mexicano, el tesón de los mexicanos, la imaginación de los mexicanos y la concertación con su Gobierno.

Ya hemos mencionado las características de esta decisión de la venta de activos no crediticios; en el fondo, señores, se presenta un problema que siempre campea cuando hay pluralismo ideológico, se presenta un problema de

tesis ideológica. Por una parte, quienes desearan, desearían o desean que el Estado no intervenga en la actividad económica en forma alguna, por otra parte, quienes desean y quieren que el Estado intervenga, si no en todo, en más actividad económica.

En un término medio la tesis del Gobierno de la República es una tesis de decisión política fundamental y por lo mismo, en la actualidad, no negociable. Ha dicho el Presidente De la Madrid, recientemente, que nosotros en México no debemos cerrarnos a lo nuevo, estamos dispuestos a recapitular, a negociar y a discutir; pero salvo las cuestiones de principio, y las cuestiones de principio en esta materia están dadas en nuestra Carta Política fundamental.

Existe rectoría, no de la economía por parte del Estado, más que de la economía, existe rectoría del Estado en el desarrollo nacional, esto cubre mucho más allá de la actividad económica, cubre la actividad social, la salud, la educación, la vivienda y existe definición constitucional de lo que es exclusivo por prioritario y estratégico del Estado y de lo que no es exclusivo, la tesis mexicana, la tesis constitucional, es el régimen de economía mixta que existe en México.

Señores diputados, creemos nosotros que de no aceptarse la tesis de la decisión de la enajenación de acciones por un lado, estaríamos ampliando el alcance original de la expropiación; y por otra parte, estaríamos dando una interpretación equivocada al principio de economía mixta que rige en nuestro país a través del contenido del artículo 28 y 25 constitucionales. Creemos nosotros sinceramente, que al Estado le compete concertar, ocuparse de aquellas áreas estratégicas y prioritarias; creemos sinceramente que el Estado no puede hacerlo todo, que debe racionalizar su participación en la oferta de bienes y servicios concentrando su actuación, precisamente en las áreas de prioridad y socialmente necesarias y debe impulsar la labor de los sectores social y privado en los demás ramos de la actividad económica.

Señoras y señores legisladores, en el presente caso, creo haber podido intentar acreditar que existe congruencia y consistencia en la medida desde muchos puntos de vista; desde el punto de vista político, desde en punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. En resumen, creemos que la venta de los activos no bancarios de la banca nacionalizada, se enmarca en estrategia económica de la administración del Presidente Miguel de la Madrid, planeada a través del documento global de desarrollo.

Secundamos la decisión del Ejecutivo y secundamos la voluntad política de conducir el cambio por la vía institucional, la justicia, la libertad y el derecho, Muchas Gracias.

El C. diputado David Orozco Romo: - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con que objeto, señor diputado?

El C. diputado David Orozco Romo: - Para referirme a lo mismo.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado David Orozco Romo.

El C. diputado David Orozco Romo: - Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: En esta tribuna se han hecho pronunciamientos sobre temas muy importantes y por eso quiero dejar resaltada la postura de mi partido, el Demócrata Mexicano.

En su plataforma electoral, como uno de los puntos de lucha, predicó que las empresas paraestatales que no cumplieran una definida y clara función social y un servicio público indubitable, que fueran tan necesarias que el Estado las tuviera para garantizar la seguridad nacional, debían de privatizarse. Ello es acorde con la tesis de nuestro partido, que quiere que todos los que trabajan sean propietarios y se evita así, que haya un solo propietario, el Gobierno o el Estado; consecuentes con esa postura, nos opusimos a la estatización de la banca; desde luego, ese paso parcial de vender los activos no bancarios, las acciones que tenía la banca, nos parece positivo y aplaudible. Tal vez la crítica haya sido que hayan tardado tanto; tal vez que no se haya democratizado la propiedad en la oferta de estas acciones y existan paquetes que impidan su adquisición por el gran público, que hay paso, cuando se les ofrece al Sector Social, no muy satisfactorio, porque no es a los trabajadores sino, a los sindicatos, y la experiencia social en México deja esto en una interrogante, pero puede ser un paso para que también los trabajadores se conviertan en copropietarios.

La medida, políticamente, es buena, inclusive por razones financieras; fue una práctica mala, no de los bancos, del Gobierno, de la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria, el que les permitieran a los bancos adquirir acciones industriales, comerciales y de servicios, que desnaturaliza la función del crédito. Entonces, si la banca se deshace de eso que es contrario a su función, contra toda técnica bancaria efectuada en todo el mundo, ya sea en países capitalistas, o en países socialistas, es un paso positivo.

Ahora, este paso debe darse dentro del derecho, y creo que se dio dentro del derecho.

Difiero un poco de la interpretación del diputado Treviño, cuando habla de las causas de reversión establecidas en la Ley de Expropiación, y creo que serían aplicables, mediante el procedimiento adecuado, a los muebles e inmuebles expresamente expropiados, y a las empresas como unidades.

Los decretos expropiatorios no son un dechado de técnica jurídica y le dieron muchos elementos a los abogados de los patrones, entre otras cosas porque no determinan si se expropian los bienes o se expropian personas morales;

ya después estuvieron actuando a nombre de Banco Nacional de México, S.A., nombraron sus propios presidentes de Consejo de Administración como si se hubiera expropiado una persona moral; pero, en fin, con todo y eso estos activos no eran sujetos de un proceso específico de revisión, porque las acciones, de acuerdo con la Ley, tienen característica de bienes muebles, aunque recaigan sobre bienes inmuebles, y entonces es lo lógico.

Cuando se expropió El Águila, los bienes muebles de El Águila sí se expropiaron, lo que era propiedad privada mediante una acto forzoso de ejecución se volvió propiedad pública, pero los bienes muebles, entre ellos el propio petróleo, se vendió, los escritorios de esa compañía, como actualmente los escritorios de los bancos, cuando dejen de prestar su servicio, deben de venderse e ingresarlo en el patrimonio. Lo mismo estos bienes muebles que son las acciones, si no son propios de la función bancaria deben venderse y deben ponerse en manos de comerciantes, de industriales, de trabajadores, y no ser parte de los bancos.

Esta interpretación es personal, no es de mi partido; puedo ser buen o mal abogado, pero se cumplió con esos requisitos.

Hizo otro pronunciamiento el diputado Treviño sobre la intervención, las opiniones del embajador Gavin sobre la inversión extranjera. En primer lugar, formalmente, tenga razón o no, no deben intervenir en nuestro asuntos, y pasar como si fuera un diputado o un senador más de un séptimo u octavo partido político, a expresar lo que debemos hacer y cuál es el camino de nuestro financiamiento, tenga o no tenga razón.

Pero independientemente de eso, no tiene razón, porque la inversión extranjera sólo representa, según datos que se han dado aquí, entre el 4 y 4.5% de la inversión total.

Ni nosotros tenemos la capacidad pasiva para recibir un porcentaje mayor de inversión extranjera, ni por parte del extranjero hay la oferta de esa inversión que vaya a implementar nuestro desarrollo.

Entonces, el ahorro interno sí es la base de nuestro desarrollo, siempre y cuando se siga una política económica sensata. Fue sensato vender esas acciones, otras acciones no son sensatas como es la de conservar paraestatales que no cumplen una función social, cuyos ingresos propios son mucho menores que si las transferencias o los créditos que obtiene y que es una manera que nos descapitaliza.

No es sensato aprobar presupuestos de egresos en que haya un gran porcentaje de gastos de administración y menor de gastos de inversión, porque eso sí va contra nuestro ahorro interno. No va contra nuestro ahorro interno ir contra los que trabajan, ir contra los que producen, va contra nuestro ahorro interno distribuir injustamente la riqueza y crear tensiones sociales. Pero sí creo que es una convicción compartida por todos nosotros - no sé si me equivoque -, que tenemos que propiciar ese ahorro interno para crear los capitales que impulsen nuestro desarrollo. Puede haber desacuerdo en la manera de propiciarlo, pero en ese punto creo que sí hay acuerdo.

Estos son los asuntos que nos ocuparon en las anteriores intervenciones y quise dejar sentada la postura de nuestro partido. Muchas gracias por su atención.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanen: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

"Comisión Permanente. Segundo Receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del día.

23 de marzo de 1984.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del estado de Veracruz.

Iniciativa

Para reformar los artículos 107, fracción, I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y 76, 77, 80 y 155 de la Ley de Amparo.

Solicitud de particular

Del C. Augusto Pastaccini Daddario para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Dictámenes a discusión

Seis, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares a los CC. Jaime Quiñones Cruz, Manuel Fernando Vadillo Trueba, Guillermo Llanderal Cázares, Ernesto Arcos Oropeza, Moisés Humberto González Villalba y Homero Aníbal Gallegos Torre.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Marisela Díaz Martínez, María Teresa Guerrero Rivero, Javier Ernesto Esquivel Rubiera, Angel Salas Pérez, Leonardo Ramírez Rivero y Pedro Salvador García Ramírez para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Informes

Del C. senador licenciado Miguel González Avelar, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, sobre los recientes viajes del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República, a Canadá y a los Estados Unidos de América.

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión con proyecto de decreto, por el que concede permiso al

C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Tres, de la Tercera Comisión con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Bernardo Sepúlveda Amor, José Fausto de los Palos Solano y Ricardo A. Bolaños Cacho y González para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros."

El C. Presidente (a las 13:55 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo viernes 23 de marzo, a las diez horas.

DIARIO DE LOS DEBATES TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA