Legislatura LII - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19840718 - Número de Diario 30
(L52A2PcpN030F19840718.xml)Núm. Diario:30ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., miércoles 18 de julio de 1984 TOMO II. NÚM. 30
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
INVITACIONES
Al LXI aniversario luctuoso del general Francisco Villa, el día 20 del presente, en esta ciudad. Se designa comisión
Al quinto informe de gobierno del C. Rafael Camacho Guzmán, gobernador de Querétaro, el día 25 de los corrientes. Se designa comisión
INICIATIVA DE DIPUTADO
ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL
Presentada y fundamentada por el diputado Rolando Cordera Campos, tendiente a reformar el artículo citado. Se turna a la Cámara de Diputados.
Insértese
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
HOJAS DE SERVICIOS
MILITARES
Cuatro, correspondientes a los coroneles Tomás C. Valencia Ángeles, Rubén Martínez Ortega, César A. Aguirre González y Raúl Acuña García, remitidas para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turnan a comisión
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que permiten a las CC. Alma L. Treviño Sepúlveda y María E. López Torres prestar servicios, respectivamente, en el Consulado general de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, y la Embajada de Italia en México. Son de primera lectura
DICTAMEN A DISCUSIÓN
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que autoriza al C. José Dávalos Morales para que pueda aceptar y usar la que le confiere el Tribunal Superior del Trabajo de la República del Brasil. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo
HOMENAJE A BENITO JUÁREZ
Por parte del senador Mariano Palacios Alcocer, en ocasión del CXII aniversario de su fallecimiento
PROPOSICIÓN DE
APOYO A NICARAGUA
El C. diputado Rolando Cordera Campos hace consideraciones en torno a las revoluciones centroamericanas, particularmente la de Nicaragua, y propone, con motivo de su V aniversario, esta Comisión Permanente le exprese su apoyo. A su vez, el diputado David Orozco Romo opina sobre el tema
En torno al asunto, el senador Juan S. Millán Lizárraga, a nombre de senadores y diputados del PRI, rinde homenaje al pueblo nicaragüense que mañana, 19 de julio, conmemora el triunfo de la revolución sandinista. Se aprueba la proposición del diputado Cordera.
PROBLEMA DE
GUATEMALTECOS EN CHIAPAS
Por parte del diputado Rolando Cordera Campos, al que se refirió en la sesión del 13 de junio último. Solicita
que las comisiones respectivas inviten a la secretaría de gobernación para que se examine con amplitud este asunto. Exhortación de la Presidencia
CASO DEL HIJO DEL INGENIERO
JORGE DÍAZ SERRANO
El diputado Rolando Cordera Campos se refiere a la demanda del ex director de PEMEX, relativa al secuestro y tortura de su hijo, con motivo de la investigación del asesinato del periodista Manuel Buendía. Hace reflexiones sobre el particular y solicita que las comisiones del caso informen al respecto. Se turna a la Cámara de Diputados
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO HUMBERTO LUGO GIL
(Asistencia de 19 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:25 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria diputada María Luisa Calzada de Campos:
"Comisión Permanente.
Segundo Receso de la 'LII' Legislatura.
Orden del día
18 de julio de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del LXI aniversario luctuoso del general Francisco Villa, tendrá lugar el próximo 20 del actual.
El Congreso del estado de Querétaro, invita a la sesión solemne en la que el C. Rafael Camacho Guzmán, gobernador del estado, rendirá su quinto informe de gobierno, y que tendrá lugar el próximo 25 de julio.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Cuatro, con los que se remiten las hojas de servicios de los CC. Tomás Cornelio Valencia Ángeles, Rubén Martínez Ortega, César Augusto Aguirre González y Raúl Acuña García para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la primera Comisión con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Alma Laura Treviño Sepúlveda para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, N. L.
De la primera Comisión con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Esveida López Torres de Bonetto para prestar servicios en la embajada de Italia en México.
Dictamen a discusión.
De la Tercera Comisión con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. José Dávalos para aceptar y usar la condecoración que le confiere el egregio pleno del Tribunal Superior del Trabajo de la República del Brasil."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria:
"Acta de la Sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. diputado
Humberto Lugo Gil
En la ciudad de México, a las once horas y quince minutos del miércoles once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de veintitrés ciudadanos legisladores.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, verificada el día cuatro de julio del presente, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo en el V aniversario luctuoso del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ex Presidente de la República, que tendrá lugar el día 15 del actual en el Panteón Jardín de esta ciudad.
La Presidencia designa en comisión para asistir a dicho acto, con la representación de esta Comisión Permanente, a los CC. diputado Mariano Piña Olaya y senadores José Antonio Padilla Segura, Alfonso Zegbe Sanen y Francisco José Madero González.
El propio Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico en el que se conmemorará el LVI aniversario luctuoso del general Alvaro Obregón, el día 17 de los corrientes,
ante el monumento erigido a su memoria en el parque de La Bombilla de esta ciudad.
Para asistir a este acto, con la representación de la comisión Permanente, se designa en comisión a los CC. senadores Mariano Palacios Alcocer, diputado José Carreño Carlón y diputado Ricardo Castillo Peralta.
También del Departamento del Distrito Federal, invitación al acto cívico conmemorativo en el CXII aniversario luctuoso de don Benito Juárez, el próximo día 18 del actual, en el hemiciclo erigido a la memoria del Benemérito de las Américas, en la Alameda Central de esta ciudad.
Para asistir, en representación de esta H. Comisión Permanente al mencionado acto, se designa a los siguientes CC. legisladores: diputado Humberto Lugo Gil y senador Andrés Henestrosa Morales.
La Presidencia anuncia la visita de una delegación de parlamentarios de la comunidad australiana, misma que se encuentra en el salón anexo. Para introducirla a este recinto, designa en comisión a los CC. senador José Antonio Padilla Segura y diputados José Carreño Carlón, Rolando Cordera Campos y Jesús Luján Gutiérrez.
Una vez que la comisión designada cumple con su cometido, la propia Presidencia, en nombre de la comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, agradece la presencia del Presidente de la Relegación Australiana, diputado Lewis Kent, y de su comitiva.
Formula votos porque su estancia en nuestro país vigorice las relaciones de amistad y respeto existentes entre México y la comunidad australiana.
En seguida, el diputado Lewis Kent dirige un mensaje a la Asamblea. Hace diversos comentarios acerca de las relaciones mexicanas y australianas.
Respecto al problema de Centroamérica, expresa que Australia no cree que las acciones militares vayan a resolver los problemas, acciones que crean un ambiente que no lleva a las reformas y a las reconciliaciones; al igual que México, Australia está consciente de la causa humana y no está de acuerdo con la violencia política.
Manifiesta que Australia apoya al Grupo Contadora, buscando promover la paz, con la esperanza de que esto tenga un punto importante en las negociaciones, buscando la firma de los documentos que procuren paz y seguridad en Centroamérica.
En lo que se refiere a la situación económica internacional, dice que su gobierno ha seguido las iniciativas latinoamericanas con bastante interés, que han llevado al convenio de la Reunión de Cartagena. Comenta la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de su país en dicha reunión.
Finalmente, expresa que están gozando su visita en México y esperan que con estas relaciones cimienten las buenas relaciones que existen, que siempre han existido y que seguirán existiendo entre los países democráticos que aman la paz, con la gente de México y la gente de Australia.
La C. senadora Yolanda Sentíes de Ballesteros ocupa la tribuna para dirigir el discurso de bienvenida al diputado Lewis Kent y su comitiva. En su contenido se refiere a las relaciones que en diversos aspectos hay entre México y Australia, tales como el intercambio múltiple, el diálogo y el respeto mutuo, entre otros.
Menciona el desarrollo australiano en diversos ramos y la conquista de su plena libertad; la firma de este país en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares; su dinámica por la paz y otros aspectos.
Opina que el Senado de la República no es ajeno a las difíciles condiciones internacionales de la hora presente, y que el Congreso mexicano puede y debe multiplicar la presencia de nuestro país en foros que le son propios.
Finaliza expresando que la visita de los parlamentarios australianos vigoriza aún más las posibilidades de estrechar las oportunidades de cooperación, de comunicación solidaria, entablando nuevas posibilidades para concretar un mayor número de acciones conjuntas.
A continuación, la Presidencia agradece la visita de los parlamentarios australianos y ruega a la comisión designada para el efecto, los acompañe al retirarse del salón.
Acto seguido, la Secretaría da cuenta con una iniciativa que signa el C. diputado Alberto Salgado Salgado, tendiente a reformar los artículos 16, 38 y 42 del Código Fiscal del la Federación.
En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos legisladores, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Para los efectos constitucionales, la Secretaría de Gobernación remite los siguientes oficios:
Solicitud de permiso para que la C. Alma Laura Treviño Sepúlveda pueda prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Recibo y a la Primera Comisión.
Solicitud de permiso para que la C. Esveida López Torres de Bonetto pueda formar parte del personal administrativo en la Embajada de Italia en México. Recibo y a la Primera Comisión.
Cuatro, con los que se envían las hojas de servicios de los CC. generales Rafael Macedo Figueroa, Alfonso Mancera Segura, Juan Manuel Aguilar Ortiz y coronel Juan Mendoza Alvear para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Recibo y a la Segunda Comisión.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Tercera Comisión, que concede permiso al C. José Dávalos Morales para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Judicial del Trabajo en grado de Comendador Cuadro Especial, que le otorga el egregio pleno del Tribunal Superior del Trabajo
de la república del Brasil. Primera lectura.
De la Segunda Comisión, dos dictámenes con sendos puntos de acuerdo, por los que se ratifica el grado de coronel expedido en favor de los CC. Macedonio Arpide Contreras y Alejandro Lidio Ramírez Ciprés.
A discusión en su orden; sin ella, en ninguno de los casos, en votaciones económicas sucesivas se aprueban; Comuníquese al Ejecutivo.
Dos dictámenes suscritos por la Tercera Comisión, que concluyen con proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Ricardo Galán y Tito Valencia Ortiz para que puedan aceptar y usar, el primero, la condecoración de la Orden de Dannebrog en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Dinamarca y, el último, la Orden de Santos Dumont y Mérito Militar que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Son de segunda lectura.
A discusión en su orden los proyectos de decreto; sin ella, en ninguno de los casos, se reservan para su votación nominal en conjunto.
De la Primera Comisión, dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a la C. Silvia Hernández García para que pueda prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Italia, acreditada en nuestro país. Segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba éste y los anteriormente reservados por unanimidad de veinte votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Acto seguido, la Presidencia declara un receso en espera del excelentísimo doctor Helmut Kohl, canciller de la República Federal de Alemania.
En el ínterin, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia da lectura a una comunicación dirigida al C. diputado licenciado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, firmada por los CC. diputados Rolando Cordera Campos del Partido Socialista Unificado de México, y Jesús Luján Gutiérrez del Partido Popular Socialista, en la que solicitan su intervención inmediata en relación con los hechos que exponen en memorándum anexo, sobre la situación que sufren grupos de ciudadanos guatemaltecos. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Encontrándose en las puertas del palacio Legislativo el excelentísimo doctor Helmut Kohl y su comitiva oficial, se designa en comisión para introducirlos a los CC. legisladores, diputado Mariano Piña Olaya, senador Manuel Ramos Gurrión , diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador José Ramírez Gamero y diputado David Orozco Romo.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, el C. diputado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a nombre de la misma, expresa el beneplácito por la presencia del doctor Helmut Kohl y su comitiva, dándoles la más cordial bienvenida.
Por diversos motivos que señala, considera su visita a nuestro país como particularmente relevante. Opina sobre la personalidad del visitante como estadista y político.
Alude al año de 1952, en que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y Alemania y el resultado de ellas.
Reafirma: 'Como usted recientemente expresó, para México y para la República Federal de Alemania, política exterior es política activa de paz.'
Comenta la participación de México en los asuntos internacionales y la política exterior que sustenta; la crisis económica mundial y la crisis internacional de endeudamiento.
Concluye expresando: 'Distinguido canciller Kohl: La amistad de la República Federal de Alemania y de México, es hoy más sólida y estrecha que ayer.
'Los legisladores mexicanos estamos ciertos de la gran importancia que reviste su visita a nuestro país; quienes integramos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estamos también seguros de que los resultados serán fructíferos para nuestros pueblos'.
Acto seguido, el canciller Helmut Kohl, en el uso de la palabra, considera un honor estar ante la representación del pueblo de México.
Agradece las expresiones emitidas por el diputado Humberto Lugo Gil y menciona el sentimiento del pueblo alemán por nuestro país.
Alude a las relaciones de México como mediador importante entre las naciones industrializadas y los países en vías de desarrollo.
Dice textualmente: 'Como la historia mexicana, también el desarrollo de la República Federal de Alemania ha sido marcado por un doloroso pasado, y esto ha llevado al resultado de que la política exterior de nuestros países coinciden en los objetivos más importantes: la salvaguardia de la paz en la libertad'.
Continúa enumerando objetivos de la política exterior de ambos países. Hace referencia a la ayuda incrementada para Centroamérica por parte del Gobierno Federal y por consiguiente, de la República Federal de Alemania.
Después se refiere al esfuerzo para el desarme bilateral y equilibrado, manifiesto en diversas conferencias, que expresa se trata sobre todo de la creación de la confianza.
Relata las amargas experiencias vividas por el pueblo alemán durante y después de las dos guerras mundiales y, por lo tanto, saben lo que quiere decir la paz y lo que quiere decir la violencia. En tal virtud, son justos apreciadores de la paz.
Considera que después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento en que estuvieron en el punto cero de su historia y habiendo obtenido asistencia de otros países, sienten la obligación moral de ayudar a los demás.
Califica las relaciones bilaterales entre México y Alemania de buenas, pero susceptibles a ser mejoradas. Para el efecto solicita intensificar
nuestras relaciones culturales e igualmente en lo que se refiere al sector económico, expresando que los ideales manifiestos son tan positivos, que ofrecen la oportunidad de poder atraer empresas alemanas a México para la transferencia de capital y tecnología, que es uno de sus puntos claves de su política.
Agradece el intercambio cultural, científico y comercial de nuestro país con el suyo y celebra que es evidente que los contactos parlamentarios también se vayan a intensificar en el futuro, de tal modo que piensa que dentro de poco podrán saludar a una delegación parlamentaria del Congreso mexicano en su país.
Finaliza igualmente agradeciendo el honor que le han expresado, por la acogida tan cordial de la que ha sido objeto en esta ocasión. Añade: 'espero que de este encuentro que estamos celebrando ahora, puedan salir muchos contactos fecundos y una fructífera colaboración para la futura intensificación entre nuestros dos pueblos'.
En seguida, el C. diputado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace entrega al doctor Helmut Kohl de una medalla alusiva a la Quincuagésima Segunda Legislatura
La Presidencia agradece la visita del distinguido visitante y su comitiva, y ruega a la comisión designada para el efecto, los acompañe al retirarse.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las trece horas y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el miércoles dieciocho del actual, a las once horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El C. secretario, senador Guillermo Mercado Romero:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 10 de julio de 1984.
C. diputado licenciado Humberto A. Lugo Gil, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto cívico conmemorativo en el LXI aniversario luctuoso del insigne revolucionario general Francisco Villa, que se llevará a cabo el próximo día 20 del actual, a las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto cívico de referencia, con la representación de ese H. Congreso de la Unión que usted preside.
Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senador José Ramírez Gamero y diputado Ricardo Castillo Peralta.
El C. secretario, senador Guillermo Mercado Romero:
"C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F.
La Cuadragésima Séptima Legislatura, en los términos del artículo 50 de la Constitución Política del estado habrá de sesionar el 25 del presente a las 11:00 horas, en el Auditorio Municipal 'General José María Arteaga' (avenida Universidad, 17), declarado recinto oficial del poder legislativo, en el que el C. Rafael Camacho Guzmán, gobernador constitucional del estado rendirá ante esta representación popular su quinto informe de ejercicio administrativo, acto al que cordialmente le invitamos para que nos honre con su presencia.
Querétaro, Querétaro, julio de 1984.
Diputado J. Guadalupe Olvera Casas, Presidente; diputado Héctor Montañez Muñoz, Secretario; diputado J. Merced Aguilar Trejo, Secretario."
El C. Presidente: - Para asistir a esta ceremonia en representación de esta honorable Comisión Permanente se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Mariano Palacios Alcocer. diputado Juan José Osorio Palacios. senador Juan S. Millán Lizárraga, senador José Ramírez Gamero y senador Gonzalo Pastrana Castro.
INICIATIVA DE DIPUTADO
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. diputado Rolando Cordera Campos: - Pido la palabra para presentar una iniciativa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para presentar una iniciativa el diputado Rolando Cordera Campos.
El C. Diputado Rolando Cordera Campos:
- Señor Presidente; honorable Asamblea: El esfuerzo para vivir menos mal, para tener acceso a una alimentación adecuada, a la vivienda, a la seguridad social y la educación, forma parte de las preocupaciones diarias de la mayoría de los mexicanos. Su vida cotidiana se mueve por ello en la inseguridad y la angustia. La crisis económica acentúa estas necesidades
y carencias y vuelve un asunto de emergencia nacional el buscar nuevos cambios para satisfacer estos requerimientos esenciales y los de sus familias. A partir de esta preocupación ,el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México propone la modificación de diversas leyes, con el fin de garantizar un nivel mínimo de ingresos para toda la población.
El texto completo de la iniciativa está siendo ahora distribuido, y quisiera nada más, señor Presidente, que pasara íntegro al Diario de los Debates.
Tradicionalmente se piensa que basta con aumentar los salarios para que las condiciones de vida de la población pobre puedan mejorar.
Sin embargo, eso no es suficiente. Hay muchos aspectos que los salarios por sí solos no alcanzan a cubrir y, sobre todo, existen amplias franjas de la población que no tienen acceso ni siquiera al salario mínimo. Hay millares de desempleados para los cuales el aumento a los salarios no significa nada. Junto con ellos, los jubilados y los pensionados tampoco disfrutan de los incrementos regulares a los salarios.
Por su parte, millones de campesinos sobreviven gracias al trabajo eventual. Se vuelven emigrantes más o menos permanentes, debido a que ni el crédito ni los precios que realmente les pagan por sus productos, son suficientes para producir y vivir adecuadamente. El PSUM propone a las fuerzas sociales que se ubican del lado de la mayoría en este país la defensa de los ingresos mínimos para la población.
En el terreno de las reformas legales, nuestro grupo parlamentario postula los cambios jurídicos que presentamos más adelante, al mismo tiempo que proponemos cambios a varias leyes actuales, queremos insistir a los sindicatos, grupos de campesinos y colonos, a otras agrupaciones políticas y a la opinión pública sobre la necesidad de modificar la tradicional idea, limitada e insuficiente que pugna sólo por el aumento salarial, cambiándola por el concepto de ingresos mínimos, mucho más amplio y que tiende a beneficiar a un mayor número de mexicanos. Ello no significa renunciar a la lucha por el salario sino darle una perspectiva más amplia y consistente.
Estas son, en síntesis, nuestras proposiciones:
1o. Reconocimiento y ampliación a los derechos de jubilados y pensionados.
La actual legislación es injusta con quienes han sido trabajadores. En este problema, deben interesarse quienes ahora son asalariados, pero que mañana habrán de acogerse a su jubilación o pensión. Con las actuales tablas de jubilación, los beneficiarios de este derecho reciben con mucha frecuencia cantidades inferiores al equivalente del salario que ganaban cuando eran trabajadores regulares e inclusive muy inferiores al salario mínimo.
Por ello, proponemos modificaciones a la Ley del Seguro Social para que las pensiones aumenten en la misma proporción que los salarios mínimos y para que la antigüedad necesaria sea de 30 años. También proponemos cambios a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el fin de que el llamado sueldo regulador sea establecido a partir del promedio de los últimos cinco meses de labores. De esta manera se garantizaría una jubilación más justa para los trabajadores del estado.
2o. Ampliación de la seguridad social. Los trabajadores y sus sindicatos están obligados a luchar por una mayor cobertura de las instituciones públicas de seguridad social, a partir de los sistemas que ahora existen para los servicios de salud y educación. En las presentes circunstancias, es importante luchar por la satisfacción de necesidades básicas a través de vías directas, que no impliquen necesariamente entregas en efectivo sino ampliación de servicios actuales. Por ejemplo, desayunos escolares, alimentos gratuitos en centros de salud e instituciones para desempleados y marginados, apoyo y protección a la vivienda popular, etcétera.
Entre las reformas que proponemos en este sentido, se encuentran cambios al artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para lograr ayudas en la lactancia y cuidado de la educación de los hijos, el mejoramiento del Fondo Nacional de la Vivienda para restituir el espíritu de obligatoriedad patronal, establecido en 1917, y el aumento al 10% de la aportación mínima de los trabajadores.
3o. Una nueva política de precios de garantía. Proponemos una nueva política de precios de garantía que haga rentable la producción de alimentos básicos en grandes cantidades para que se dejen de importar y, además, con el fin de mejorar el nivel de ingresos de las familias campesinas. Para tal efecto, presentamos sugerencias de cambios al decreto que crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
4o. Escala Móvil de Salarios. Proponemos reformar el artículo 123 constitucional, para que el salario se modifique mediante una escala móvil que lo ajuste automáticamente con relación a los aumentos de precios en los artículos de consumo necesario y en los servicios indispensables para los trabajadores y sus familias. Esta escala se aplicaría sobre los salarios mínimos generales y profesionales, sobre los establecidos en contratos colectivos e individuales y en aquellos que hayan sido establecidos verbalmente. Reiteramos nuestra proposición, hecha ya en la Cámara de Diputados, de que cada vez que aumente un 10% el índice general de precios al consumidor que elabora el Banco de México, los salarios se incrementen en la misma proporción.
5. Plenos derechos laborales. Defender el salario y el ingreso de los trabajadores, requiere de plenos derechos laborales. Proponemos la existencia de un artículo 123 único, sin apartados ni discriminaciones. En tal sentido, se postula la derogación del apartado B y de su Ley Reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se proponen
entre otras adiciones y modificaciones, la creación del seguro de desempleo; semana de trabajo de 40 horas; derecho de huelga exclusivo de los trabajadores, no para los patrones aunque patrones públicos; federalización total de las juntas de conciliación y Arbitraje (eliminando las juntas estatales, donde los patrones pueden influir más y que son más susceptibles a la corrupción); estabilidad laboral en contratos de trabajo disimulados por contratos de honorarios o de prestación de servicios y reparto de utilidades, nunca inferior al 20% de la renta gravable de las empresas. Sugerimos, además, la creación de nuevos capítulos en el Titulo de Trabajos Especiales de la Ley Federal del Trabajo, donde se reconozcan las conquistas que contengan ahora las leyes que desaparecerían, de aprobarse esta iniciativa.
Estas son señor Presidente, honorable Asamblea, sucintamente, las reformas que el grupo parlamentario del PSUM pretende lograr a través de su paquete legislativo para organizar los ingresos mínimos de la población. Muchas gracias.
"C. Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; CC. diputados y senadores. Presente:
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México presentamos esta iniciativa de decreto para reformar el artículo 123 constitucional y diversas leyes relacionadas con los ingresos de la población, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha por lograr que en nuestra Constitución y en nuestra ley se reconociera la necesidad de garantizar un salario mínimo a los trabajadores, tuvo un alcance histórico y una trascendencia fuera de toda duda. Pero a varias décadas de lograda esa conquista, diversos fenómenos ponen de manifiesto que pese a que todavía no se cumple plenamente, por el desconocimiento que gran parte de los patrones hace de esta norma, ya es insuficiente aun cuando se cumpliera, y requiere que se le enmarque en una conquista más amplia y general: la garantía de un nivel mínimo de ingresos para toda la población, y no sólo para la población asalariada.
El cumplimiento de este objetivo es, cada día más claramente, del interés de los trabajadores mismos y la fuerza del sindicalismo es decisiva para poder avanzar sustancialmente hacia él. La amenaza del desempleo, siempre presente pero en estos momentos especialmente viva, ha hecho que el movimiento sindical levante banderas como la semana de trabajo de 40 horas y como el Seguro del Desempleo, que son demandas que se inscriben en el objetivo de lograr un nivel mínimo de ingresos para un importante sector no asalariado, el de los desempleados.
El trabajador de hoy es, o debería ser; el pensionado o jubilado de mañana. De ahí que interese al movimiento obrero garantizar un nivel mínimo de ingresos a este sector de la población y extender los beneficios de la pensión o jubilación al considerable sector de la población que no cuenta con ellos, y a la vez lograr el establecimiento de niveles decorosos en las pensiones y jubilaciones, actualmente insuficientes en la gran mayoría de los casos.
El hecho de que sea difícil la generalización de las anteriores medidas en el corto plazo, no impide luchar por su extensión hasta donde sea posible en cada momento, pero sí indica la importancia de considerar a la parte de la población a tal punto marginada que al menos por un buen tiempo se ve sin ingresos o con ingresos irrisorios. De ahí la importancia de ampliar el sistema de seguridad social. A partir de los sistemas gratuitos que ya existen para los servicios de educación y de salud, es necesario apuntar a la satisfacción de necesidades básicas por vías directas y que no impliquen entregas en efectivo sino la satisfacción directa de la necesidad, en el nivel posible: desayunos escolares, alimentos gratuitos en centros de salud y otras instituciones para desempleados y marginados, medidas de protección a la vivienda popular, etcétera.
La carestía de la vida golpea a todos, pero en mayor medida a quienes ni siquiera cuentan con un salario, o bien se ven sujetos a la pérdida permanente de su poder adquisitivo en mayor proporción que los aumentos logrados. Por ello es imprescindible el control efectivo y verdadero de los precios desde la esfera de la producción, así como la producción masiva de bienes y servicios indispensables por el sector público y por los campesinos. Una política de precios de garantía que haga rentable la producción de alimentos básicos es fundamental por dos lados: el estímulo haría que se produjeran estos alimentos en grandes cantidades y se dejaran de importar y a la vez ello haría factible garantizar, junto con otras medidas, un nivel de ingresos mínimos para sectores importantes del la población campesina.
El hecho de que una política de establecimiento y defensa de un nivel mínimo de ingresos para toda la población incluya a los no asalariados, no permitiría que ésta dejara del lado la cuestión del salario. El cuadro anterior de propuestas quedaría incompleto sin un paquete de medidas en defensa del salario, y en especial del salario mínimo. De ahí que el conjunto de reformas que a continuación proponemos, incluya la defensa directa del poder adquisitivo del ingreso del trabajador asalariado, mediante la escala móvil de salarios que implique aumentos automáticos en los salarios mínimos, en los de los contratos colectivos de trabajo y en los de cualquier otra norma de relación laboral, en la misma proporción en que se incrementen los precios de los artículos que consumen.
También incluimos medidas en defensa del poder adquisitivo del salario a través de una
mejor solución al problema de la vivienda obrera, y la vigencia de los derechos de la mujer trabajadora.
Para defender el salario se requiere también la plena vigencia de los derechos de los trabajadores. De ahí que nuestro planteamiento incluya un artículo 123 único, sin apartados, discriminaciones ni exclusiones; de ahí que se planteen garantías a la estabilidad en el empleo como es el juicio previo al despido y no posterior a él, la federalización de los tribunales y trabajo la clara tipificación del derecho de huelga como derecho de los trabajadores y no de los patrones, la vigencia constitucional de los derechos escalafonarios, etcétera.
Es claro que el movimiento obrero en la medida en que levante estas banderas, defiende a la vez su propio interés y los intereses de la enorme masa compuesta por los sectores populares no asalariados; defiende, en suma, el interés de la nación.
REFORMAS AL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL
En estas reformas se contienen varios de los planteamientos descritos anteriormente en lo general. El cambio más amplio que se propone es la supresión de la división en apartados A y B, que niegan a unos trabajadores derechos o prestaciones que reconoce a otros. Así, por ejemplo, la diversidad de leyes reglamentarias, que ya son tres, al agregarse a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la nueva Ley que reglamenta el trabajo bancario, restringe severamente o de plano niega los derechos de contratación colectiva, asociación sindical y huelga, a los trabajadores del apartado B, en términos que no lo hace con los que tienen su relación laboral regida por el apartado A del propio artículo 123. Y derechos o prestaciones como el escalafón y los descansos pre y postparto, se reconoce por ley a los trabajadores regidos por el apartado B pero no a los regidos por el A, lo mismo que el derecho a juicio previo al despido. En todos los casos, el artículo modificado que se propone, ya sin apartados, respeta el mayor nivel de derechos o prestaciones entre los ya establecidos.
Otras modificaciones incluyen el seguro del desempleo, aunque entendemos que no es una medida que pueda operar aisladamente. El derecho al juicio previo al despido contribuye a que la liquidación que la ley establece como indemnización al trabajador despedido, y que actualmente pierde mucha de su utilidad por los trámites de las juntas de Conciliación y Arbitraje y la eternización de los juicios; cumpla en cierto modo un papel de seguro del desempleo a cargo del patrón, aunque sea por un tiempo.
Asimismo, la semana de trabajo de 40 horas que se propone en estas reformas contribuirá notablemente a la reducción del desempleo.
En cuanto al problema de la vivienda, además de que se restituye el espíritu de la obligatoriedad patronal fijado en 1917, se eleva la aportación mínima de los patrones para vivienda de sus trabajadores al 10% del salario de cada trabajador, ya que la experiencia ha mostrado la insuficiencia del 5% actual.
También en cuanto a la plena vigencia de los derechos obreros, la práctica reciente nos obliga a proponer la exclusividad obrera en el ejercicio del derecho de huelga. El paro patronal ya está delimitado, reglamentado y hasta prohibido para toda una serie de casos que van más allá de los extremos motivados por la situación económica de alguna empresa. Pero la práctica reciente incluye casos que, en algunos de ellos, han sido convalidados por el organismo laboral respectivo a pesar de no haberse ajustado ni siquiera remotamente al marco legal establecido; de ahí que sea conveniente recalcar que sólo los trabajadores deciden si estallan o levantan una huelga, nunca el patrón.
Nuestra propuesta incluye un cambio en la estructura de los tribunales de trabajo. Por un lado, se trata de que las juntas de Conciliación y Arbitraje sean todas federales, como lo señala ya una reforma aprobada hace tiempo en las dos cámaras federales, pero injustificadamente congelada en numeradas legislaturas locales, razón por la que no ha entrado en vigor. Esta demanda se debe a la experiencia de que las juntas locales dependen en alto grado de la influencia patronal, sea por vías políticas o económicas, en diversas formas de corrupción.
Por otro lado, se trata de que haya equidad hacia los trabajadores. Actualmente en las citadas juntas hay tres partes: la de los trabajadores, la del Gobierno y la de los patrones o empleados de mano de obra. Pero resulta que el Gobierno es el principal empleado de mano de obra en el país, con lo que en las juntas, al igual que en las comisiones de Salarios Mínimos, hay dos representantes de los empleadores y uno de los empleados. Se trata aquí de equiparar en derecho a ambas partes y que tengan la misma representación ante todos estos organismos.
Consecuente con la necesidad de dar plenos derechos a todos los trabajadores, nuestra propuesta de fracción XXXIII tiende a contrarrestar la práctica común de eludir las obligaciones legales del patrón a través de contratos por honorarios o de prestación de servicios, en casos en que en realidad se trata de personal subordinado. Por ello se establece que cualquier contrato se equipara al Contrato de Trabajo si el trabajador obtiene del mismo más del 50% de sus ingresos mensuales.
MODIFICACIONES A LEYES
REGLAMENTARIAS
Dada la amplitud de las propuestas enunciadas de manera general, las modificaciones que implica afectan numerosas leyes reglamentarias.
En algunos casos se trataría de adecuar las leyes a las propuestas de reforma constitucional ya descritas; en otros, los cambios propuestos
no atañen directamente al texto constitucional sino al de tal o cual ley. Estas modificaciones no son exhaustivas, y las aquí propuestas podrán ser complementadas en la medida en que los estudios permitan la adecuada formulación y fundamentación de otras más.
En cuanto a precios, salarios e ingreso real, además de la ya mencionada escala móvil de salarios, hay medidas que no están relacionadas con modificaciones legales, pero que mencionamos como referencia. El combate al intermediarismo, la ampliación de los canales sociales y públicos de distribución y abasto, y el control de los precios desde la esfera de la producción, así como la producción masiva de bienes y servicios básicos por los sectores público y social, serían algunos ejemplos. En cuanto a los precios de garantía de los cultivos básicos, su importancia es doble para garantizar un nivel mínimo de ingresos a la población: por un lado, si se logra y mantiene un nivel atractivo para el productor en estos precios, ello alentará la producción de cultivos básicos y permitiría contrarrestar su encarecimiento. Por otro lado, ese mismo nivel de precios puede contribuir al ingreso de sectores de la población campesina si se logra abatir el intermediarismo y el agio. De ahí que presentamos cambios al decreto que crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares - CONASUPO -, fijando normas que garanticen que los precios de garantía no se desplomen en términos reales e impidan que su abatimiento efectivo siga afectando al campo y a la producción de cultivos básicos.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Complemento natural de las modificaciones propuestas al artículo 123 constitucional son las que deben efectuarse en su ley reglamentaria central, la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al desaparecer el apartado B que reglamenta, lo mismo que la Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del apartado B en cuestión, pierden toda base formal, además de que una y otra restringe derechos que la Constitución consagraba, incluso en su redacción actual, por ello debe ser obviamente derogadas, tal y como se propone. En lugar de estas legislaciones restrictivas de los derechos de asociación sindical, de huelgas y de contratación colectiva, se plantea la necesidad de nuevos capítulos en el título de trabajos especiales de la propia Ley Federal del Trabajo, que no restrinjan los derechos obreros y que reconozcan las conquistas que se han logrado en las leyes a derogar.
Las disposiciones que se propone modificar en la Ley Federal del Trabajo son consecuencia de las reformas ya propuestas al artículo 123 constitucional, por lo que no es necesario repetir la argumentación planteada: juicio previo al despido y no posterior a él; semana de 40 horas; aguinaldo mínimo de 30 días de salario; escala móvil de salarios e igualación legal del salario mínimo del campo con el de la ciudad, así como derechos plenos a todos los trabajadores, incluidos los universitarios.
Dentro de la plenitud de derechos que se reclama para los trabajadores y que es necesaria para defender un nivel mínimo de sus ingresos, está también el trabajo universitario. Proponemos cambiar el capítulo respectivo del título de Trabajos Especiales, a fin de reconocer a estos trabajadores lo que la ley otorga ya a los demás. En especial, se trata de reconocerles el derecho a sindicalizarse por rama de actividad a nivel nacional, y para los trabajadores académicos, el derecho a la estabilidad en el empleo, pues con la actual legislación abundan los casos de académicos que al cabo de 15 años o más en el trabajo, siguen sin tener un puesto de planta, o sea, un contrato por tiempo indeterminado, para usar el término de la Ley Federal del Trabajo, y ello sin ninguna justificación de las que a propia ley prevé.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Las condiciones de jubilación planteadas en la actual Ley del Seguro Social son incompatibles con toda nación de garantizar un ingreso mínimo decoroso a la población, y concretamente en este caso a los pensionados y jubilados como Sector Social.
El artículo 167 de la disposición mencionada incluye una tabla en la que casi ningún trabajador en activo, conforme a las leyes vigentes, puede quedar abajo de la última categoría, la W. que se trata peor que las otras, porque supuestamente corresponde a los trabajadores mejor pagados. Pero el límite inferior de esa categoría es de 280 pesos diarios, o sea, menos de la mitad de los actuales salarios mínimos.
Para esa categoría W - de hecho casi la única - la ley vigente fija una pensión del 35% del salario diario de cotización para las primeras 500 cotizaciones - aproximadamente cinco años de antigüedad - más 1.25% del mismo salario por cada año adicional. Para los 30 años de antigüedad, para los cuales la Ley del ISSSTE establece un porcentaje del 100% del sueldo básico regulador, el equivalente en esta Ley del IMSS sería del 66.25%; para 34 años de antigüedad, sería una pensión del 72.5% del salario de cotización; y para llegar al 100%, se requeriría trabajar nada menos que 57 años. Proponemos cambiar esa injusta situación aumentando el incremento anual a la cuantía básica al 2.6% anual, lo necesario para llegar al 100% del salario de cotización en 30 años de antigüedad, con la previsión de que no se podrá rebasar ese 100%.
Igualmente injusto es el artículo 168 que fija el monto mínimo de las pensiones en 2 mil 200 pesos mensuales, cantidad rebasada ampliamente por la realidad y que presenta apenas poco más de la décima parte del salario mínimo general en el Distrito Federal; por ello proponemos que el monto mínimo., que lógicamente debe ser revisable dada la creciente carestía de la vida, sea igual al salario mínimo
general de la zona en la que resida el pensionado.
Otra injusticia es la que se establece en el ya citado artículo 167 al definir el salario diario para fines de la pensión como el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización -aproximadamente cinco años -.
Con los niveles actuales de aumento en el costo de la vida, los salarios, aunque más despacio que los precios, han subido de manera considerable, y ese promedio es apenas una pequeña fracción de lo que el trabajador gana en el momento de jubilarse. Si un trabajador labora los 57 años necesarios para llegar al 100% del definido como salario diario, recibiría por esta última razón, menos de un tercio, como pensión, de lo que recibe como salario, si suponemos que ha ganado el salario mínimo o que su salario ha variado en las mismas proporciones que el mínimo.
Proponemos que el promedio sea el de las últimas 20 semanas, buscando que sea un periodo menor que los seis meses que en promedio han transcurrido entre una y otra de las revisiones recientes al salario mínimo, pero a la vez suficiente para que se dificulten actitudes fraudulentas o situaciones accidentales que pudieran efectuar o beneficiar indebidamente a un trabajador en comparación con los demás.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
La modificación propuesta tiene el mismo fondo que la última de las mencionadas para el IMSS: reducir lo que en el caso del ISSSTE se llama sueldo regulador, que es el promedio de los últimos tres años y que para el salario mínimo del Distrito Federal representaría aproximadamente la mitad de su monto actual. Por la misma razón que en el caso del IMSS, proponemos un periodo más reducido, pero expresado en meses como se hace en las otras partes de la Ley del ISSSTE, concretamente cinco meses. Es el periodo de tiempo más cercano a la 20 semanas propuestas para el IMSS, y la argumentación dada para este último organismo vale también para el caso de los pensionados y jubilados del ISSSTE. Las otras modificaciones que se proponen para los pensionados del IMSS ya están incluidas, tal y como se propone o con variantes, en la Ley del ISSSTE vigente.
Con base en las anteriores consideraciones, el grupo parlamentario del PSUM presenta a la consideración de esta representación, la siguiente iniciativa de decreto para reformar el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado y el decreto que crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Artículo primero. Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo. Asimismo, toda persona tiene derecho a la jubilación a los 30 años de antigüedad en el trabajo para los hombres y 25 para las mujeres, promoviéndose su reglamentación en los contratos colectivos de trabajo y en las leyes respectivas.
La Ley proveerá lo condicente a efecto de resarcir a todo ciudadano que, en forma injustificada, se vea impedido para ejercitar dicha prerrogativa, mediante un seguro de desempleo.
Toda relación de trabajo deberá sujetarse a las disposiciones de la ley, la cual establecerá las modificaciones mínimas de protección a la clase trabajadora, de acuerdo con las siguientes bases:
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas diarias, sin que ningún caso la suma de éstas pueda exceder de cuarenta a la semana.
II. La duración de la jornada nocturna será de siete horas diarias. La suma de éstas no podrá exceder de treinta y cinco a la semana. Quedan prohibidos: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de la diez de la noche, de los menores de dieciséis años de edad.
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esa edad y menores de dieciséis, tendrán como jornada máxima la de seis horas.
IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos de descanso cuando menos.
V. Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán labores que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud, en relación con la gestación; gozarán de un descanso que nunca será menor a noventa días que se distribuirán, a su elección, en los periodos de pre y postparto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos adquiridos por la relación de trabajo.
En el periodo de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de cuidados y educación para sus hijos hasta que éstos ingresen a la escuela primaria.
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en una o varias zonas económicas; los segundos se aplicarán a ramas determinadas de la industria o del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales.
Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo que no podrá ser inferior al general establecido.
Los salarios mínimos deberán fijarse cada seis meses, o antes si es necesario, por comisiones regionales, integradas por igual número de empleadores y empleados, incluido el Gobierno Federal entre los primeros. Estos salarios serán sometidos a su aprobación por una Comisión Nacional, que se integrará en la misma forma que las regionales. Podrán integrarse también comisiones para fijar niveles mínimos de ingreso para grupos sociales que no reciban salario.
VII. Para trabajo igual deberá corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El monto de la jubilación será igual al salario devengado por el trabajador al momento de jubilarse, y se incrementará en la misma proporción y al mismo tiempo en que lo sean por cualquier concepto los salarios de los trabajadores en activo. La jubilación o pensión que corresponda a la viuda del trabajador fallecido, jubilado o pensionado, será igual a la que éste devengaba.
VIII. El salario mínimo quedará exento de embargo, compensación o descuento.
La ley proveerá lo conducente a efecto de impedir o contrarrestar la disminución en el poder adquisitivo del salario, por el incremento en el costo de la vida mediante una escala móvil de salarios que consistirá en el ajuste automático de los salarios con relación a los aumentos en los precios de los artículos de consumo necesario y de servicios indispensables para los trabajadores y sus familias.
La escala móvil de salarios se aplicará sobre los salarios mínimos generales y profesionales, sobre los salarios establecidos en los contratos colectivos e individuales, o sobre aquellos que hayan sido fijados de manera verbal, sin perjuicio del derecho de revisión de dichos contratos, que los trabajadores y sindicatos podrán promover de acuerdo con las prescripciones legales.
IX. Los trabajadores del sector privado tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:
a) La Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno fijarán el porcentaje de responsabilidades que deba repartirse entre los trabajadores, el cual no podrá ser nunca inferior al 20% de la utilidad fiscal obtenida durante el ejercicio fiscal.
b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará en consideración, asimismo, la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés necesario que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales.
c) La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios o investigaciones que así lo ameriten.
d) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación, durante el primer año de actividades; a aquellas que realicen trabajos de exploración u otras actividades, cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares.
e) La declaración anual que presenten los patrones ante las autoridades fiscales correspondientes, entregarán a sus trabajadores una copia sellada en un plazo que no podrá exceder de los cinco días posteriores a la fecha de su presentación. Estos últimos podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la Ley.
f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.
g) Queda prohibido a los patrones cumplir con la obligación que establece esta fracción, mediante la entrega a los trabajadores de acciones quirografarias o de voto limitado.
X. Los trabajadores al servicio de la administración pública, bien sea ésta centralizada o paraestatal, recibirán una compensación anual que no podrá ser inferior al monto de un mes de sus respectivos salarios, sin perjuicio del aguinaldo anual a que tienen derecho.
XI. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir a la moneda.
XII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón, a fin de que los ascensos se otorguen en función de antigüedad, aptitudes y conocimientos. En igualdad de condiciones tendrán prioridad aquellos para quienes represente la única fuente de ingresos para su familia.
XIII. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará ya como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Ningún trabajador podrá ser obligado a prestar trabajo extraordinario.
Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.
XIV. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Los trabajadores al servicio del Estado gozarán del mismo derecho. La obligación correlativa deberá incluir las aportaciones que se efectúen a un Fondo Nacional de la Vivienda, y que no serán menores al 10% del salario del trabajador, cuyo objetivo será el de construir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal
y de los trabajadores, que administre el Fondo Nacional de la Vivienda.
Dicha Ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
Las negociaciones o dependencias que posean establecimientos situados fuera de las poblaciones, estarán obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.
Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados para establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos.
Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar.
XV. Todo trabajador tiene derecho de recibir capacitación y adiestramiento. La ley reglamentaria establecerá los sistemas, métodos y procedimientos mediante los cuales los patrones deberán cumplir con esta obligación.
XVI. Todo trabajador que con motivo o ejercicio de su profesión o trabajo sufra un accidente o enfermedad profesional, tendrá derecho a recibir una indemnización que variará según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Este derecho será imprescriptible. La obligación patronal, subsistirá en el caso de las contrataciones por vía de intermediarios.
XVII. Todo patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su actividad, los preceptos legales sobre seguridad e higiene en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes, en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera a éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.
XVIII. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.
XIX. Los paros patronales serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
XX. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros.
XXI. La huelga es un derecho irrestricto y exclusivo de los trabajadores. Sólo podrán ser calificadas de lícitas o ilícitas, independientemente de declaración de culpabilidad que haga la autoridad competente. Serán lícitas cuanto tengan por objeto defensa de los intereses económicos, políticos y sociales de los trabajadores. Serán ilícitas cuando la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos en contra del patrón o de sus propiedades, o en caso de guerra, cuando los establecimientos o servicios dependan directamente del Gobierno.
XXII. Toda diferencia o conflicto obrero - patronal se sujetará a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representantes obreros, con voto de calidad, que la total de los representantes patronales y del Gobierno. Estas juntas tendrán jurisdicción plena y sus resoluciones serán vinculadas entre las partes en controversia. Queda prohibida la práctica de eximir a los patrones de la reinstalación mediante el pago de primas.
XXIII. Queda prohibido al patrón despedir a un trabajador sin sentencia ejecutoriada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita; en estos casos, el trabajador podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato de trabajo, más los salarios caídos y una indemnización que no será menor del veinte por ciento de tres meses de salario, por daños y perjuicios, o bien, por la rescisión del contrato, en cuyo caso tendrá derecho a una indemnización de tres meses de salario, además de los salarios caídos y el importe de los daños y perjuicios que procedan. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario más los daños y perjuicios cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con consentimiento o tolerancia de aquél. Todo trabajador que sea reubicado del establecimiento en el que convino inicialmente prestar sus servicios, sin su consentimiento, tendrá derecho a ejercitar la acción que previene la presente fracción.
XXIV. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en los últimos cinco años de prestación de servicios y por indemnización, tendrán preferencia sobre cualquiera otros, en los casos de concurso o quiebra.
XXV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.
XXVI. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo, por la institución que presente el seguro de desempleo, o por cualquier otra, de carácter oficial o particular.
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes
representen la única fuente de ingreso en su familia.
XXVII. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.
XXVIII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el contrato:
a) Las que estipulen una jornada superior a la permitida.
b) Las que fijen un salario inferior al mínimo que en cada caso corresponda, o que a juicio de las juntas de conciliación y arbitraje no sea remunerador.
c) Las que estipulen un plazo mayor de una quincena para la percepción del jornal.
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados de esos establecimientos.
e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.
f) Las que permitan retener el salario por concepto de multa.
g) Las que constituyan renuncia, por parte de los trabajadores, de sus derechos mínimos.
h) Las que señalen un periodo de vacaciones inferior a los veinte días hábiles por año.
XXIX. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni a embargos y serán transmisibles a título de herencia con significación de las formalidades de los juicios sucesorios.
XXX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de jubilación, de invalidez, de vida, de vejez, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
XXXI. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas o asociaciones civiles para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados.
XXXII. La aplicación de las leyes de trabajo corresponden a las autoridades federales.
XXXIII. Se considerará contrato de trabajo y obligará como tal a ambas partes, toda convención de carácter civil o mercantil o contrato de prestación de servicios personales no subordinados y retribuidos mediante honorarios, en los que se dan las características de una relación laboral; se presumirá que tal relación existe cuando el trabajador por honorarios tenga más del 50% de ingresos mensuales de un mismo patrón.
XXXIV. Se equipara el fraude y se castigará como tal la acción consistente en obligar a un trabajador o a un aspirante a cubrir una plaza y en general a todo solicitante de empleo, a firmar documentos en blanco o a firmar renuncias sin fecha. En la misma forma se castigará al que por medio de la simulación o el engaño obtenga un lucro, para sí o para una tercera persona, evadiendo obligaciones de carácter económico, en perjuicio de un trabajador o de un grupo de trabajadores.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 46, 69, 71, 87, 90, 93, 353-L, 353-Ñ, 353-O y 353-P de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 46. El trabajador podrá en todo momento rescindir la relación de trabajo, sin incurrir en responsabilidad. El patrón podrá, en los casos previstos por esta Ley, demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva la rescisión de la relación de trabajo.
Artículo 69. Para cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos días de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.
Artículo 71. En los reglamentos de esta Ley se procurará que los días de descanso semanal sean sábado y domingo.
Los trabajadores que presten servicio en día sábado o domingo, tendrán derecho a una prima de veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.
Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagar antes del 20 de diciembre, equivalente a treinta días de salario, cuando menos.
(...)
Artículo 90. ..
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social o cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Para ello, cada vez que el Índice General de Precios al Consumidor del Banco de México aumente en un 10 por ciento, se aumentaría en esa misma proporción el monto de los salarios mínimos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos hará el aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
(....)
Artículo 93. Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo igual al de los de la ciudad.
Artículo 353-L. Las universidades o instituciones autónomas regularán los aspectos académicos en su seno y sin intervención de instituciones externas a ellas.
Todo trabajador académico, para serlo, deberá aprobar las evaluaciones determinadas en la institución. Esto, sin embargo, no podrá ser usado como pretexto para negar al trabajador en cuestión la estabilidad en el empleo, por lo que se aplicarán plenamente las disposiciones del Capítulo Segundo de la presente ley.
Artículo 353-Ñ. ...
I. De personal académico.
II. De personal administrativo.
III. De Institución, si comprende a ambos tipos de trabajadores, o
IV. Nacionales de Instituciones, si comprenden a trabajadores de más de dos instituciones en más de dos entidades federativas.
Artículo 353-O. Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán ser registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 353-P. (...) Para tal efecto el sindicato de Institución o Nacional de Instituciones recibirá el tratamiento de sindicato de empresa o Nacional de Industria, y los sindicatos (...).
Artículo tercero. Se reforman los artículos 167 y 168 de Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
artículo 167 (...) Las pensiones aumentarán en la misma proporción que los salarios mínimos. La cuantía básica será equivalente al 35% del salario de cotización. Los incrementos serán equivalentes al 2.6% del salario de cotización por cada año de cotización adicional a las primeras 500 semanas, sin que el total pueda rebasar el 100% del salario de cotización.
Para efectos de calcular la cuantía básica y los incrementos anuales, se considerará como salario diario al promedio de las últimas veinte semanas de cotización.
El derecho de incremento anual se adquiere por cada 52 semanas más de cotización.
El Instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo un aguinaldo equivalente a 30 días de la pensión que perciban.
Artículo 168. La pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada y el monto del pago por jubilación, no podrá ser inferior al salario mínimo general de la zona económica en que resida el pensionado o jubilado.
Artículo cuarto. Se reforma el artículo 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 64. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67 y 76 de esta Ley y demás relativos, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en los cinco meses inmediatos anteriores a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento. Dicho promedio constituye el sueldo regulador.
Artículo quinto. Se reforma el decreto que crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, para quedar como sigue:
Artículo 1o. Queda igual.
Artículo 2o. Queda igual.
Artículo 3o. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
Queda igual.
I. Queda igual.
II. Promover, constituir y coordinar nueve comités regionales de precios de garantía en las siguientes regiones: Noroeste, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Occidente, Norte, Noroeste, Centro Sur y Sureste; integrados por representantes de todas las organizaciones campesinas productivas presentes en cada región, así como los representantes respectivos de SARH, SPP, BANRURAL, CONASUPO, FERTIMEX y PRONASE; de acuerdo a las normas de funcionamiento establecidas en el decreto respectivo.
Los comités regionales de precios de garantía tendrán tres funciones básicas: elaboración de estudios sobre los costos de producción de cultivos sujetos al régimen de precios de garantía y proposiciones sobre nuevos precios de garantía; proporción de mecanismos e implementación de los mismos, para el control de insumos estratégicos en la producción rural; y supervisión en la canalización de estímulos, subsidios y compensaciones complementarias a los precios de garantía.
III. Hacer los estudios socioeconómicos y técnicos, a partir de las propuestas elaboradas en los comités regionales de precios de garantía, a efecto de que -en coordinación con la Secretaría de Comercio - se establezcan los precios de garantía o mínimos de compra de los granos y productos agropecuarios que operen el organismo, y el paquete de estímulos, compensaciones y subsidios complementarios a los precios de garantía.
IV. Planificar, organizar y ejecutar las intervenciones reguladoras del Estado para el mantenimiento de los precios de garantía o mínimos de compra que estén urgentes. A este efecto, el organismo - en coordinación con la Secretaría de Comercio - vigilará la aplicación de un sistema de fijación de precios de garantía, mediante el cual se fijará un precio al inicio de la siembra, con fines de fomento agrícola y otro, ajustado al alza, al inicio de la cosecha, con fines de remuneración al trabajo campesino.
Dicho sistema estará basado en la necesaria consideración de:
a) La variación del índice de precios de los bienes de consumo de los productores del campo, que elabora anualmente el Banco de México.
b) La variación del índice de precios de todos los insumos necesarios para la producción agrícola (incluyéndose las variaciones del costo del crédito y del seguro), y c) La estimación de un margen económico promedio nacional que permita la capitalización de las unidades productivas de ejidatarios, comuneros, cooperativas y minifundistas.
V. Definir, a través de los comités regionales de precios de garantía, los paquetes de estímulos, compensaciones y subsidios que de manera complementaria a la fijación de los precios de garantía deberán canalizarse de manera exclusiva a ejidatarios, comuneros, cooperativas y minifundistas privados.
VI. Comprar, inclusive futuros o al tiempo, pignorar y retener por sí o a través de terceros, los productos del campo para integrar reservas nacionales que permitan resolver la demanda nacional.
El organismo tendrá la facultad jurídica y la capacidad económica para adquirir proporciones mayoritarias de los productos agropecuarios básicos en el mercado nacional, como función permanente.
VII. Importar, en caso de reservas deficitarias frente a las necesidades de consumo, y exportar excedente cuando las existencias acumuladas rebasen los niveles previstos de los mismos productos agrícolas y de cualesquiera otros artículos que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Conasupo será el único importador de los productos considerados básicos agropecuarios. En los casos en que se exporten productos de esta índole y se compruebe escasez en el mercado interno de los mismos, Conasupo y la Secretaría de Comercio intervendrán en su regulación, inclusive estableciendo la prohibición para exportarlos.
VIII. Conocer de las quejas que presenten los ejidatarios, comuneros, minifundistas y, en general, pequeños productores acerca de las actividades mercantiles, que aprovechándose de su capacidad económica, compren productos agrícolas básicos por debajo del precio de garantía.
Cuando el organismo compruebe que determinados individuos o grupos realizan actividades de acaparamiento y violación de precios de garantía, procederá a confiscar los volúmenes de producción que se encuentren en manos de dichos acaparadores, los que pasarán a formar parte de las reservas de Conasupo.
IX. Se le adiciona el siguiente párrafo:
Lo anterior se realizará con el objetivo primordial de elaborar bienes finales que se destinen al consumo popular, y complementariamente, producir bienes intermedios. En ningún caso maquilará a terceros y su promoción estará encaminada, sobre todo, a la implantación de agroindustrias manejadas directamente por los productores campesinos.
X. Promover, organizar y operar, en su caso, sistemas comerciales adecuados para comprar, envasar, distribuir y vender subsistencias populares.
El organismo sólo podrá concesionar, subrogar y realizar traslados de dominio de las instalaciones, administración o manejo de los sistemas comerciales que operan bajo el nombre Conasupo o sindicatos, cooperativas de consumo y organizaciones ejidales o comunales.
XI. Crear, organizar y dirigir las instituciones filiales que sean sociales y técnicamente necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
XII. Coordinar sus actividades, a través de los comités regionales de precios de garantía con las organizaciones de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, trabajadores agrícolas, sindicatos, cooperativas de producción y consumo, procurando eliminar al máximo la intermediación entre productores y consumidores, poniendo a éstos en relación comercial directa.
Artículo 4o. Queda igual.
Artículo 5o. El Consejo de Administración será la autoridad superior de la Compañía y estará integrado por las personas que desempeñen los cargos de Secretario de Comercio y Fomento Industrial, que fungirá como Presidente, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de Energía, minas e industria Paraestatal; quienes podrán ser suplicados por los subsecretarios respectivos. También formarán parte de este Consejo, tres representantes de los productores campesinos nombrados de entre las organizaciones campesinas representadas en los Comités regionales de precios de garantía según lo establecido en el decreto respectivo; dos representantes del Congreso del Trabajo, un representante del sindicato de la empresa; un representante de la Concamín; y un representante de la Concanaco.
Artículo 6o. Queda igual.
Artículo 7o. Queda igual.
Artículo 8o. Son facultades del Consejo de administración: I, II, III, IV y V quedan igual.
VI. Los reglamentos que regulen las actividades de la Compañía y de sus instituciones filiales serán expedidos por el Congreso de la Unión.
VII. Queda igual.
Artículo 9o. Queda igual.
Artículo 10. son facultades, obligaciones y responsabilidades del Director General: I, II, III, IV, VII y VIII quedan igual.
IX. Consultar al consejo de Administración cuando la naturaleza o cuantía de los negocios lo requiera según el criterio de cualesquiera de los miembros del Consejo.
Artículo 11. Queda igual.
Artículo 12. La Compañía Nacional de Subsistencia Populares y sus filiales gozarán de los privilegios de exenciones fiscales previstas en el Código Fiscal de la Federación. Las operaciones comerciales que realicen a través de sus filiales y sistemas de distribución quedarán exentos del Impuesto al Valor Agregado.
TRANSITORIOS
Artículo primero transitorio. Se deroga la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo segundo transitorio. Se deroga la Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo tercero transitorio. Dentro del periodo de sesiones del Congreso de la Unión inmediato posterior a la promulgación del presente decreto, o durante el periodo de sesiones en curso si lo hay en el momento de la promulgación y quedan 30 días naturales o más para su terminación, se promulgarán capítulos adicionales del Título Sexto, trabajos Especiales, de la Ley Federal del Trabajo, para los trabajadores al Servicio del Estado, aplicable
exclusivamente a los trabajadores de los Tres Poderes de la Unión y para los trabajadores Bancarios.
En esos capítulos no se podrán restringir los derechos de estos trabajadores en comparación con los demás, y se consagrarán las conquistas plasmadas ya en las leyes Reglamentarias que en este decreto se derogan.
Artículo cuarto transitorio. Dentro del periodo de sesiones del Congreso de la Unión inmediato posterior a la promulgación del presente decreto, o durante el periodo de sesiones en curso si lo hay en el momento de la promulgación y quedan 30 días naturales o más para su terminación, se adecuarán las leyes reglamentarias respectivas al nuevo texto del artículo 123 Constitucional.
Artículo quinto transitorio. Los juicios pendientes en el momento de entrar en vigor las presentes reformas, se concluirán conforme a los artículos anteriormente vigentes.
Artículo sexto transitorio. El reglamento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y de su Consejo de Administración será discutido y aprobado a más tardar en un plazo de tres meses después de entrar en vigor el presente decreto o en el primer mes del siguiente periodo ordinario si al entrar en vigor el decreto no restan tres meses para la terminación del periodo de sesiones.
Artículo séptimo transitorio. Las reformas aprobadas en este decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 18 de julio de 1984.
Por el Grupo Parlamentario del PSUM, diputado Rolando Cordera Campos".
El C. Presidente: - En virtud de que esta Iniciativa se está distribuyendo entre los señores legisladores, túrnese a las comisiones unidas de Gobernación, y Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social; de Comercio; de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, e insértese en el Diario de los Debates.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
HOJAS DE SERVICIOS MILITARES
El C. secretario, senador Guillermo Mercado Romero:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación con fecha 21 del actual manifestando lo siguiente:
'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Tomás Cornelio Valencia Ángeles (4454575), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 28 de junio de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: -Recibo y la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta de Gobernación con fecha 12 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rubén Martínez Ortega (8012895), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 19 de junio de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: -Recibo y a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación con fecha 22 de junio próximo pasado manifestando lo siguiente:
'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien ordenar que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor César Augusto Aguirre González (3467648), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 3 de julio de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Tramite: -Recibo y a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. Secretaria de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió al suscrito con fecha 22 de junio próximo pasado, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona:
'Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del C. coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Raúl Acuña García (2867735), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo No Reelección.
México, D. F., a 3 de julio de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: -Recibo y a la segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 27 de junio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional para que el C. Alma Laura Treviño Sepúlveda, pueda prestar servicios como secretaria, en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 11 de julio, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que a la interesada prestará en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, serán como secretaria;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la C. Alma Laura Treviño Sepúlveda para prestar servicios como secretaria, en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 21 de julio de 1984.
Diputado José Luis Lamadrid Sauza, senador Andrés Henestrosa Morales, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, diputado Ricardo Castillo Peralta, senador Norberto Mora Plancarte, senador Miguel Borge Martín, diputado Juan José Osorio Palacios, senador Mariano Palacios Alcocer."
Trámite: -Segunda lectura.
El mismo C. Secretario:
"Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 15 de junio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para el C. María Esveida López Torres, pueda presentar servicios de carácter administrativo, en la embajada de Italia en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 11 de julio, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acreditada su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Italia en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la C. María Esveida López Torres para prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada de Italia en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 12 de julio de 1984.
Diputado José Luis Lamadrid Sauza, senador Andrés Henestrosa Morales, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, diputado Ricardo Castillo Peralta, senador Norberto Mora Plancarte, senador Miguel Borge Martín, diputado Juan José Osorio Palacios, senador Mariano Palacios Alcocer.
Trámite: - Segunda lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
CONDECORACIÓN
La C. secretaria diputada María Luisa Calzada de Campos:
"Tercera Comisión.
Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el C. profesor José Dávalos Morales para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Judicial del Trabajo en grado de Comendador Cuadro Especial, que le confiere el egregio pleno del Tribunal Superior del Trabajo de la República del Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. profesor José Dávalos Morales para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Judicial del Trabajo en grado de Comendador Cuadro Especial, que le confiere el egregio Pleno del Tribunal Superior del Trabajo de la República del Brasil.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 5 de julio de 1984.
Diputado Manuel Cavazos Lerma, senador Juan S. Millán Lizárraga, diputado Jorge Treviño Martínez, diputado Jesús Luján Gutiérrez, senador Francisco José Madero González, senador Héctor Vázquez Paredes, diputado Rafael Aguilar Talamantes, senador Gonzalo Pastrana Castro."
Es de Segunda Lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se emitieron 21 en pro y cero votos en contra.
El C. Presidente: -Aprobado el proyecto de decreto por 21 votos.
La C. secretaria diputada María Luisa Calzada de Campos: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
HOMENAJE A BENITO JUÁREZ
El C. senador Mariano Palacios Alcocer: -Señor Presidente pido la palabra.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor senador?
El C. senador Mariano Palacios Alcocer: -Para referirme al CXII aniversario de la muerte de Juárez.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el senador Mariano Palacios Alcocer.
El C. senador Mariano Palacios Alcocer:
-Con su permiso, señor Presidente: Debo reconocer, antes que nada, que hablar de Benito Juárez en este recinto, sede de la pluralidad parlamentaria del Congreso mexicano y en esta fecha, en el CXII aniversario de su muerte, me impone una responsabilidad extraordinaria, no porque piense que he de referirme a una figura a punto siempre de la canonización que endurece sus rasgos al extremo de confinarlo a un pasado histórico que reverenciable y mítico, poco o nada podría decirnos del México de hoy, vivo, aunque inconforme, contradictorio pero apasionado, preocupador y fascinante a la vez.
No porque piense que es tarea temible la de aproximarse a ciertos hombres que pertenecen al pasado y están a la vez vivos, que son individuos magníficos y símbolos, semilla y fruto, apretada síntesis de un tiempo, de sus contradicciones, de sus pasiones, de sus sueños. A esos hombres los cubren el musgo
de los días, el lugar común de las efemérides y la retórica petrificante. ¿Cómo entonces, descubrirlos, reconocerlos sin quitarles la palabra, sin opacar su mirada?
Veo frecuentemente a Juárez hecho estatua, dando su nombre a ciudades, calles, escuelas; lo encuentro en frases citables, pero también lo veo reservado, observándonos prudente, indignado, inconforme con nuestras, respuestas lejanas al destino soñado, renuente a los cultos enemigos de la vida republicana.
Juárez está ahí, fijo eternamente como trayectoria vital concluida, como biografía, como obra fechable e irrepetible en cierto modo. En este sentido, Juárez es horizonte nunca suficientemente abarcado, tema inagotable que las generaciones, en la medida en que corra el tiempo abordará necesariamente con mayor lucidez y objetividad. Es indudable que Juárez como biografía notabilísima asegura día a día su permanencia y afirma su singularidad, de ésas que destila la historia con tacañería secular. Pero por otra parte me inquieta la equivocidad de su permanencia como todos los hombres cuyo destino arrastra consigo el de pueblos enteros, Juárez corre el peligro de quedarse atrapado en el territorio de la memoria ritual y de la evocación momificante que son, a fin de cuenta, dos maneras de olvido y menosprecio. Frecuentemente nos adueñamos del pasado para conjurarlo, para dejarlo ahí muerto, sin eco, como un culto a los que ya reposan. Yo no quisiera apropiarme de la figura del gran hombre de Guelatao como reliquia, más que evocarlo, prefiero restituir para el presente su voluntad, su ejemplo, su carácter.
Juárez es una vida ligada a otra más opulenta, la vida del pueblo, pueblo del que emerge y expresa; detrás de su pasión bulle otra más grande, la de quienes luchan vehementes por la transformación liberal de México.
Juárez, por la fusión entre teoría y práctica emblematiza el liberalismo mexicano que es ciertamente una constelación de voluntades contradictorias, generaciones que debaten, emociones que se confrontan. Pero nadie lo duda, Juárez convalida el liberalismo, le da cabal sentido como propuesta, como alternativa para un pueblo secularmente sojuzgado; el liberalismo no es, nunca fue una fórmula abstracta, un derroche de voluntades formales; fue simplemente un conjunto de ideas, un programa de lucha anticolonial que va cambiando y profundizando sus contenidos; una filosofía política es fecunda en la medida en que se esgrime con destreza; y en México el liberalismo lo ha sido desde la Constitución de Apatzingán hasta la República restaurada.
Cohesiona las aspiraciones del bajo clero, las clases medias y las masas, que unidas tienden a reformar el sistema colonial: el liberalismo - querramos o no aceptarlo - nos emancipa como nación y nos da no sólo forma, también contenido: las libertades civiles y públicas, la democracia y el federalismo de 1824 no son fórmulas vacías o trasplantes equívocos, se ponen a los fueros, afirman la voluntad política, secularizan la sociedad civil. No hay unidad en las propuestas, es cierto, demócratas e ilustrados debaten, pero ¿no es el debate un atisbo del sueño de los mexicanos?
El liberalismo de 1824 no se adjudica de golpe todos los triunfos, ni se destruye el orden antiguo, ni se consolida de una vez por todas; avanza, tropieza, cae, se levanta contra la deslealtad, el empecinamiento, la traición. En 1833, respira brevemente; en '42, estalla; en '47, se reanima con la restauración del federalismo.
El liberalismo más que un movimiento, es un impulso, una ansiedad, una pasión de identidad nacional y de fuerza.
Por eso es, antes que nada, negación. El liberalismo se enfrenta primero al orden que sustenta los fueros, los poderes paralelos al Estado. Después al después al desorden, a la dictadura, a la pesadilla negra de la invasión. Una lucha tras otra, una cadena de respuestas no siempre justas; más de una debilidad paraliza a los liberales, ahí está Comonfort como prueba. Y sin embargo, el liberalismo avanza, avanza con su legislación que asegura la soberanía del Estado y la liberación de la sociedad civil. Y cuando a invasión nos hiere, el liberalismo es resistencia, irrupción de la conciencia colectiva, afirmación del nacionalismo revolucionario.
Pero, ¿dónde está Juárez dentro de esta dialéctica dramática?, indudablemente en su intensidad más alta. No en vano su figura se yergue sobre todas. No sólo por sus virtudes personales sino por lo que logra significar: la constancia de los principios, la pasión por la legalidad, el sano equilibrio republicano. En la guerra, Juárez es heroísmo; en la paz, es voluntad creativa: revoluciona la educación, promueve la democracia sin pliegues ni simulaciones. Todo eso que a su muerte se suspende y olvida, es lo mismo que la Revolución evoca y reanuda en 1910.
Juárez enseña que es preferible morir a contemplar a la patria oprimida y sojuzgada. Ni la agresión, ni la amenaza, ni la codicia, doblegaron su voluntad.
Desafía al enemigo. Inaccesible al deshonor más lamentable que pudiera pesar sobre una conciencia, el sometimiento y la rendición a los dictados de un poder extranjero, manifiesta que el Gobierno de la República cumplirá el deber en defensa de la Independencia y rechazará la agresión extranjera.
Es precisamente en la reafirmación de esa voluntad, del imperativo de la descolonización, en donde el recio carácter de Juárez cobra fuerza.
La República defiende la Independencia, rechaza la intervención extranjera y al triunfar preserva los principios de respeto y de inviolabilidad de la soberanía de las naciones.
Así, en lo internacional, Juárez marca para siempre la ruta de México al enarbolar los principios de la no intervención y de la libre determinación de los pueblos. Fe inquebrantable
en la legalidad, ante los abusos, ante la coerción, ante la violencia exterior.
Ante el embate de la reacción organizada, Juárez sostiene la vigencia del orden jurídico; frente a la dictadura, la legalidad del gobierno representativo y democrático; y ante la anarquía y la sinrazón, el imperio de la ley. El imperio de la Constitución como único camino para la transformación social del país y la construcción de una sociedad fundada en el respeto a los derechos ciudadanos. La reforma, entonces, se proyecta a lo administrativo, a lo económico, a lo político y a lo social, realizando transformaciones irreversibles.
Impulsa la democracia en el marco de la idea Juarista de que constituye el destino de la humanidad futura; fortalece la administración pública; promueve la igualdad de todos ante la ley, combate la corrupción, garantiza la libertad de expresión, de imprenta y las elecciones libres; resuelve la crisis de la propiedad. Hace surgir al Estado mexicano frente a una iglesia poseedora de la tierra, los capitales y las conciencias. Propone la creación del Senado para que los estados tuvieran una representación directa e igual en la formación de las leyes.
Juárez gobierna con el ejemplo y es lección perenne de moral republicana. Juárez pensaba que para ser un digno Presidente, el ciudadano tenía que distinguirse como hombre ejemplar. Así, afirma que si en tiempos normales el desempeño del poder trae consigo disgustos, compromisos, responsabilidades, en tiempos difíciles importa la resignación a los mayores sacrificios. Quien lo acepta en estas condiciones queda definido. Sólo puede aceptarlo aquel convencido de que todo se debe a la patria, está resuelto a arrostrarlo todo en cumplimiento del poder.
¿Cómo verlo desde la ventana de este tiempo? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué analogía resulta posible? El vivió no una, sino varias crisis; la nuestra parecería menos grave. Pero, ¿qué diría Juárez, cómo respondería? Seguramente firme, austero, exigente consigo, exigiría más de los otros. Menos gestos, más abundantes obras, menos palabras, más conciencia de nuestro destino que era también el suyo.
Juárez está vivo, presente en el quehacer republicano, en la fuerza del pueblo, en el tiempo y en la conducta ciudadana; en el pensamiento de vanguardia, en la conciencia de la nación .
Que Juárez sea hoy, frente a toda adversidad, desamparo o enfrentamiento, el espíritu unificador de México. Hoy más que nunca, Juárez es respuesta y camino ante las nuevas embestidas de la reacción mexicana , en alianza con el moderno imperialismo. Por eso, ante el ataque de los sectarios, los impotentes que pretenden recobrar antiguos privilegios y canongías, frente a quienes ilusamente creen abolir el juarismo, destruyen las piedras frías y los bronces de sus monumentos, los evocamos en el paradigma de sus enseñanzas, en la valoración de su tarea trascendente.
Juárez energía vital del nacionalismo mexicano, sigue inspirando el trabajo diario de la República. Benito Juárez, es el presidente vitalicio de México. Juárez y su generación, son rectores de nuestra conducta nacional e internacional -ha dicho con certeza el Presidente Miguel de la Madrid.
En estos días de crisis que vivimos, no caben titubeos ni indecisiones. Acudamos al llamado Juarista, vigoricemos su presencia histórica, frente a las asechanzas de dentro y de fuera, frente a quienes quisieran vernos desunidos, surge el indeclinable espíritu Juarista como la más sólida reserva moral de la nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
PROPOSICIÓN DE APOYO
A NICARAGUA
El C. diputado Rolando Cordera Campos: - Pido la palabra.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto?
El C. diputado Rolando Cordera Campos: - Para hacer una proposición.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rolando Cordera Campos para hacer una proposición.
El C. diputado Rolando Cordera Campos:
- Señor Presidente; honorable Asamblea: Los mexicanos hemos conocido muy cerca los avatares del proceso político que en los últimos tiempos ha vivido América Central. La misma historia reciente de nuestra nación ha estado hermanado con los sufrimientos, las subyugaciones y las esperanzas que han tenido los pueblos en esa área de nuestro Continente.
Tuvimos entre nosotros a Sandino y compartimos sus proyectos de liberación para Nicaragua. Estuvimos cercanos a los anhelos de Farabundo Márti y de muchos otros luchadores salvadoreños. Hemos estado necesariamente ligados, de una u otra manera, pero siempre intensamente, con los empeños de los patriotas que en Guatemala persisten en reivindicar la libertad y la dignidad para su pueblo.
Los mexicanos conocimos con simpatía y solidaridad notorias los avances de los revolucionarios en Nicaragua, cuando se enfrentaban a la dictadura de Somoza. El despliegue de los frentes militares que se fortificaban en torno a Managua, la tenaz ilusión de los jóvenes, muchos de ellos virtualmente niños que nutrían las filas del ejército sandinista, el acopio de medicamentos y recursos para continuar su avance, fueron aplaudidos por la opinión pública de nuestro país. Con esa solidaridad compartimos el gusto por el triunfo del frente sandinista hace exactamente cinco años.
Cuando los mexicanos, vinculados por razones geográficas e históricas con las naciones de Centroamérica, celebramos el triunfo del pueblo de Nicaragua, no compartíamos solamente
el natural regocijo que provoca la caída de un dictador. Nos identificada también el hecho de que, aunque fuera con numerosas dificultades la intromisión del imperialismo de un país hermano había sido frenada, y un pueblo con afán de libertad podría disponerse entonces a construir sus propios caminos sin obstáculos externos. El triunfo de la revolución de Nicaragua, fue una hazaña de la dignidad; sometida desde tiempos casi legendarios, a dominaciones diversas, pero siempre cruentas, la tenaz Nicaragua habría abrigado anhelos de libertad, por eso, porque su objeción principal y por supuesto necesaria, había sido el empeño por la libertad, los revolucionarios sandinistas se dispusieron a construir un sistema político donde existieran garantías para el ejercicio de la democracia.
La revolución sandinista ha sido obsesivamente democrática, hay juegos de partidos, existen publicaciones que sostienen una amplia gama de puntos de vista y se ha anunciado la realización de elecciones para el próximo noviembre. Sin embargo, casi siempre con el claro afán de poner obstáculos al fortalecimiento político, se ha cuestionado el régimen que actualmente existe en este país. La decisión de los gobernantes sandinistas de hacer respetar las libertades, a sido aprovechada por enemigos del pueblo de Nicaragua que, desde dentro, minan el fortalecimiento de esa sociedad. Los embates contra la revolución nicaragüense no han cesado, este pueblo no ha tenido tiempo para disfrutar su libertad, a pesar de que han transcurrido cinco años desde la caída del dictador. Se les ha impuesto sin condiciones ni remedio, la necesidad, siempre costosa, siempre difícil de resolver, de defender a su propio país frente a la contrarrevolución que cuenta con apoyo abierto del gobierno del Presidente Reagan y recibe desvergonzado cobijo al otro lado de las fronteras nicaragüenses.
El embate contra el proceso popular en Nicaragua ha alcanzado una gravedad que preocupa en todo el mundo, el asedio contra ese pueblo ha conferido matices de urgencia a la de por si conflictiva zona centroamericana. En el perverso juego de la geopolítica los intereses nacionales y populares quedan subordinados a los afanes de expansión geográfica económica, ideológica y militar de la potencia del Norte. Centroamérica ha quedado, convertida así, en una región cruzada por la codicia imperial del temor frente a las posibilidades de la ampliación de las tensiones militares.
No es un secreto para nadie que la contrarrevolución de Nicaragua no hubiera podido mantenerse sin el millonario apoyo que recibe desde los centros financieros del mundo occidental y particularmente sin la asesoría, el respaldo material y la cobertura publicitaria que le proporciona el gobierno de los Estados Unidos.
Así lo reconocen las agencias de inteligencia de Norteamérica y los propios contrarrevolucionarios que mantienen un constante asedio en las zonas fronterizas de la dolida Nicaragua.
En cinco años, esta situación ha significado una amplia diversidad de acciones, ninguna de las cuales ha conseguido desalentar el impulso vital y popular del proceso democrático y liberador que se mantiene en Nicaragua.
A esta nación le han tenido un cerco militar casi inflexible; le han minado sus principales puertos le han obligado a sostener la militarización de varias zonas; le han destrozado sus fronteras; le han cerrado fuentes de apoyo del exterior; le han combatido con difamaciones y campañas ideológicas que buscan propiciar la confusión, pero nada de todo esto ha mermado al afán libertario que con notoria dignidad mantiene la convicción de las mujeres y los hombres en Nicaragua.
Si se les dejara desarrollar en paz, si las amenazas y abusos externos cesaran, los nicaragüenses podrían fortalecer su economía y desplegar su democracia, pero amenazados como están por fuerzas externas, alimentadas por los Estados Unidos, tienen que pensar en la defensa de hoy, en lugar de dedicarse a construir el país que desean para mañana y para sus hijos.
Este quinto aniversario del triunfo popular en Nicaragua, transcurre en signo de amenaza, signos ominosos que tienden a mermar el avance de los nicaragüenses y que atenta, además, contra los procesos de cambio en otras naciones de la región.
El problema en Centroamérica no lo constituyen los nicaragüenses, ni los salvadoreños, ni los guatemaltecos, los costarricenses o los hondureños. El problema fundamental se origina en el afán imperial de aherrojar la voluntad de estos pueblos, sin tomar en cuenta la decisión de libertad que han demostrado tener.
El conflicto en Centroamérica, que es por lo tanto la presencia y el abuso del imperialismo, sólo puede resolverse de manera colectiva, negociada, razonable y pacífica. Atizar más la hoguera centroamericana, como lo hacen hoy los Estados Unidos, no sirve para nada, como tampoco tendrá utilidad alguna dejar que esta situación siga escalándose y los pueblos que las sufren sigan desangrándose.
De allí la pertinencia de las gestiones diplomáticas que han emprendido varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de México. Los empeños del Grupo Contadora tienen una vigencia y una necesidad indiscutible; hace falta, naturalmente, y cada vez con mayor angustia e intensidad un mayor apoyo social y popular, y también, mayor apoyo económico a tales gestiones de paz.
Cuando los mexicanos nos manifestamos por la pacificación en Centroamérica, estamos defendiendo no sólo la libertad de aquellos pueblos para asumir las formas de desarrollo económico y político que ellos estimen más convenientes. Estamos defendiendo también, nuestra propia soberanía, que resulta mermada
por las mismas amenazas y los mismos ostigamientos imperiales. La ampliación de la frontera estadounidense, postulada sin pudor alguno por el Presidente Reagan, es un proyecto en curso, no un mero desplante machista. El apoyo a Nicaragua que se expresa en ocasión de este quinto aniversario, y que ahora pedimos, señor Presidente, que esta Comisión Permanente lo haga suyo, debe ser mayor , porque las hostilidades contra éste y los demás pueblos centroamericanos, también se incrementan.
En países como México, estamos en posibilidad de apuntalar los esfuerzos diplomáticos con una mayor conciencia y una eficaz movilización, al defender el derecho de autodeterminación de los centroamericanos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, defendamos el propio derecho del pueblo mexicano a construir su historia sin abusos imperiales. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado David Orozco Romo.
El C. diputado David Orozco Romo: -Señor Presidente; honorable Asamblea: En la propuesta del diputado Cordera, deben distinguirse dos cosas primero la revolución nicaragüense, que hace cinco años derribó a la dinastía de Somoza y que fue realizada con la intervención de toda la población en su parte más significativa, en la que estuvieron los sandinistas, sí, pero también los empresarios, los miembros del Partido Conservador, los sindicalistas cristianos, parte del clero, etcétera, que fue ciertamente una gesta heroica y que mereció el gusto, la aprobación de todo el mundo civilizado, y otra es la gestión del grupo que monopolizó esa revolución excluyendo a los otros elementos. Y es el peligro que corren todas las revoluciones, el que la gesta inicial se prolongue, aun con circunstancias diversas, a través del tiempo para justificar acciones que deben ser valoradas en sí mismas con independencia de movimiento que les haya dado origen.
La revolución la podemos comparar con un parto, en que hay dolor, en que hay sangre, pero que da vida a una nueva criatura, a una nueva forma de ser. Pero no se puede prolongar ese parto durante años y años y años y tratar de justificar todo por el momento traumático, crítico que le dio origen.
En las revoluciones se necesita la fuerza para contraponerla a otra fuerza mayor y restaurar la vida civilizada y tranquila, restaurar los valores por los que luchan, que son la libertad y la democracia.
No puede seguir imperando el mismo argumento de la violencia y de la fortaleza para decidir el destino de una nación.
No apelar al parto para todos los hechos de la vida. Es como si aquí en nuestro ambiente, Díaz Serrano, Chavarría, etcétera, invocaran a favor suyo y de su gestión, el heroísmo de un Aquiles Serdán. Son otros tiempos, otras circunstancias, otra vida.
Hubo una revolución en Nicaragua, producto de varias fuerzas en que se integró una junta pluralista como es la de Nicaragua, y de la que pronto fueron eliminados los que no se guían el especial proyecto marxista-lenista de los sandinistas; así vemos que figuras como Violeta Chamorro, como Robelo, fueron excluidos antes de que interviniera o pudiera intervenir el imperialismo norteamericano, pues tales hechos sucedieron cuando ese movimiento contaba con el beneplácito del Presidente Carter.
Y en estos cinco años hemos visto la dialéctica parda de la violencia, para quitarle su pluralidad a Nicaragua, manifestada por el encarcelamiento de sindicalistas cristianos, manifestada por la persecución y gestos que se acercan al genocidio, contra la comunidad indígena de los mixquitos.
Hemos visto que no se instaura la libertad sino que se restringe, pues el único diario independiente el único, La Prensa, propiedad de la familia Chamorro, que antes de la caída era declarada fasta, contrarrevolucionaria, gusanesca, con esa dialéctica que usa la revolución cuando se prolonga más allá de su vigencia, en que ve a cualquiera que es enemigo de su proyecto histórico como enemigo de la patria al cual hay que aplastar y al cual hay que oprimir; y sí se van a festejar, al celebrar elecciones en un ambiente en que no hay libertad de prensa, en un ambiente en que no han podido sugerir las corrientes políticas.
Hoy, cinco años después merece otro juicio que hace cinco años cuando derribaron a Somoza. Otro juicio, pues está por verse cuáles son los efectos sobre su pueblo. Precisamente ayer leía una crítica del Partido Comunista Nicaragüense, posiblemente paralelo al PSUM, en que hablaba y criticaba del estado desastroso en que la Junta Sandinista ha dejado a la economía de su país. Y precisamente hoy, un gobierno con el cual sostenemos relaciones aunque sean tirantes, se anuncia que reclamará ante el tribunal de La Haya, la intervención del gobierno nicaragüense en los asuntos salvadoreños, propiciando la revolución. Es un juicio que está en entredicho y que merece una distinción del momento inicial de hace cinco años.
Debo aclarar que respecto a la revolución, lo que debe cambiar es el aspecto armado, de fuerza, de imposición del victorioso que elimina cualquier rival, porque la revolución es la revolución; que debe cesar cuando se logra la victoria mas no así el ímpetu transformador en lo positivo que traiga, debe convenir lo malo en lo bueno y lo bueno el lo mejor o de transformar a la sociedad para el bien de los hombres y no para el bien de una idea. Entonces, si se va a enviar una felicitación a la junta Sandinista, actual, por parte de la Comisión Permanente, con esta intervención quiero dejar sentado, que en esa felicitación no está la de un humilde integrante. Muchas gracias.
El C. senador Juan S. Millán Lizárraga: - Pido la palabra
El C. Presidente: -Tiene la palabra C. senador Juan S. Millán Lizárraga
El C. senador Juan S. Millán Lizárraga: - Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna en representación de mis compañeros diputados y senadores, miembros del Partidos Revolucionario Institucional, así como en nombre de los trabajadores mexicanos, que limitan en el movimiento obrero organizado, para rendir un breve pero sentido homenaje a un pueblo latinoamericano que mañana 19 de julio, conmemora el estado de emergencia en alerta permanente, pero con justificado júbilo, el triunfo de la revolución sandinista.
Nicaragua, nación hermana, suelo de lagos y volcanes, pueblo desventurado, tantas veces humillado por la bota militar extranjera, patria de Augusto César Sandino, general de hombres, gigante de América, que levantó en armas a un pueblo que no resignaba a ser la eterna parcela de un país poderoso.
Hace poco menos de cinco meses, aquí mismo recordamos al patriota nicaragüense, quien en 1972 inició la lucha para rescatar la dignidad de un pueblo. "Ejército de locos" los llamaron en ese tiempo, ante la imposibilidad de triunfo; pero fue el más importante de los 33 levantamientos en armas que han sacudido a la nación centroamericana. Todos contra la dictadura militar y la intervención extranjera, por lo que no cabe duda de la vocación liberal independiente de una nación.
Muerto Sandino se convirtió en ejemplo permanente que da aliento y nombre a una lucha revolucionaria.
En octubre de 1977, cincuenta años después de la primera ofensiva militar de Sandino, cobra vida aquel físicamente pequeño patriota, soldado por necesidad, como dijera Ernesto Cardenal, y el Frente de Liberación Nacional se multiplica hasta alcanzar la caída de la dictadura somocista el 19 de julio de 1979.
Al sacrificio de César Augusto Sandino se sumaron los de miles de jóvenes, trabajadores, campesinos, intelectuales, hombres, mujeres de la mejor cantera latinoamericana, que eran para recibir el homenaje eterno los nombres de Carlos Fonseca, Eduardo Contreras, Carlos Agüero, Edgar Munguía, Filemón Rivero y tantos integrantes del ejército de muertos que hoy dicta los actos de Nicaragua.
No hablamos de triunfo de la revolución, porque ésta no se limita al derrocamiento de una dictadura. El levantamiento de Sandino no ha terminado, hoy su pueblo lucha angustiosamente, resiste, es presionado y atacado, no le dan tiempo de dejar las armas para asumir otra lucha que también es vital para el triunfo revolucionario; la lucha contra la ignorancia, la insalubridad, la desigualdad económica ; elementos que sí son un verdadero peligro en cualquier país del mundo, pues debe entenderse que mientras se siga explotando a trabajadores, campesinos y humillando a pueblos enteros contra la prosperidad de unos cuantos.
Hoy Nicaragua declara al mundo su propósito de conducir el proceso de la Revolución dentro de un marco institucional. Anuncia vías democráticas y pide se respete su voluntad de autodeterminación.
México no ha dejado sola a Nicaragua, con otros países de América Latina exige en todos los foros una solución pacífica de los conflictos en los países centroamericanos.
El Presidente de México ha afirmado la solidaridad fraternal con Nicaragua y el compromiso por consolidar un régimen nacionalista, democrático y no alineado que se funde en un sistema de economía mixta y en un pluralismo político e ideológico. Este mensaje del Presidente de México, congruente con nuestra tradicional política exterior, cuenta con el apoyo del pueblo mexicano, pues defiende la libertad.
Sabemos de las voces en contra de la lucha del pueblo nicaragüense, que no se olvidan de orígenes y un destino común, y que en el apoyo de México está mucho más que la solidaridad con una nación hermana. Está la visión de lo que puede ocurrirle al mundo de no lograrse la paz en Nicaragua; está presente el propósito de cambiar un orden establecido, ya agotado, pues ha llevado al mundo a un estado de perturbación y enfermedad con dudosas opciones de curación.
Pretendemos frenar una guerra de proporciones incalculables, guerra sin un mañana que está pendulando sobre la humanidad. Procuramos modificar un orden financiero y económico injusto, enfilando a descargar sobre los pueblos en desarrollo los estragos de la crisis mundial.
Queremos frenar en Centroamérica las ambiciones desmedidadas, la magnificación de la fuerza que son los signos de una visión cerrada de los asuntos del mundo. Ayer la diputación priísta envió una felicitación al pueblo de Nicaragua, expresamos nuestra aprobación con ese acto de solidaridad, así como la proposición del ciudadano diputado Rolando Cordera. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Proceda la Secretaría a poner a votación nominal la proposición del diputado Rolando Cordera y del senador Juan S. Millán Lizárraga.
El C. secretario, senador Guillermo Mercado Romero: -Se pone a votación la propuesta del diputado Cordera Campos, así coma la del señor senador Juan Millán.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 21 votos en pro y uno en contra.
El C. Presidente: -Ruego a la Secretaría redactar y enviar un mensaje de esta Comisión Permanente a la Junta de Gobierno de Nicaragua, al cumplirse el quinto aniversario de su revolución.
Tiene la palabra para hacer dos proposiciones el diputado Rolando Cordera.
PROBLEMA DE GUATEMALTECOS EN CHIAPAS
El C. diputado Rolando Cordera Campos: -Señor Presidente; honorable Asamblea: El pasado 13 de junio, hace más de un mes,
hicimos una presentación ante esta Comisión Permanente, de la cuestión, que ya nos parecía grave en ese entonces, de los refugiados guatemaltecos en la frontera sur de México.
Queríamos entonces, como queremos ahora, llamar la atención y tocar fibras sensibles de esta Comisión y de la opinión pública en general, pero si ustedes lo recuerdan convendrán conmigo en que en aquella ocasión, no fue el nuestro un juicio temerario ni apresurado, fuimos cautelosos en la presentación de nuestra información y en las conclusiones que de ellas sacábamos. Buscábamos, sobre todo, y buscamos ahora, un cause institucional político, ciertamente, no para enjuiciar ni para aprovechar con fines publicitarios y sectarios, la presencia de uno u otro funcionario público, sino para darle a esta cuestión, tan peliaguda y peligrosa, tan difícil de abordar como de resolver, un foro de acuerdo con el que pudiera, de manera democrática, a la vez que racional y meditada, deliberarse con sensatez, pero con amplitud; con realismo, pero siempre apegados a la ley a los principios rectores de nuestra conducta histórica como pueblo, como nación y como Estado, con respeto a los pueblos y los individuos que con otros lados, más allá de las fronteras de México, luchan por la justicia y la soberanía.
Yo diría que fueron y son dos precauciones fundamentales, las que nos llevaron y nos llevan a plantear este problema y a pedir que el Congreso se aboque a su examen. Desde luego, la cuestión y la preocupación por la vigencia y la ampliación de los derechos humanos, cuestión que nunca se resuelve de una vez y para siempre en nuestra opinión, y por otro lado una preocupación que hemos expresado en diferentes ocasiones, aquí con la consistencia, la fortaleza y el fortalecimiento de nuestra política exterior.
Y esas preocupaciones siguen vivas en nosotros y se justifican en la realidad, y es por ello, señor Presidente, que hoy insistimos en que las comisiones de la Cámara de diputados, respectivas, inviten a la Secretaría de Gobernación para que este asunto se examine de manera amplia, pública , consistente y sistemática de que seamos capaces.
Con todo respeto para el senador Villafuerte Mijangos, quien se refiere a un servidor en una declaración hecha a la prensa del día de ayer, supongo, yo debo decir que más allá del debate entre personas y partidos, debate que para nosotros siempre es bienvenido, éste es el de los refugiados guatemaltecos y el de su eventual movilización a otros lugares de la República, un asunto del mayor interés nacional, y yo insistiría que debe abordarse en ese nivel, en el nivel que reclama el interés nacional.
Simplemente diría para terminar, señor Presidente, compañeras y compañeros, que por múltiples razones, incluyendo la del buen gusto, nosotros no podemos aceptar que sea el señor Juan Ruiz Healy la voz del Gobierno de la República. Y esa es mi proposición primera, señor Presidente.
El C. Presidente: -Esta Presencia exhorta a la Comisión respectiva para que propicie una reunión a la brevedad posible con las autoridades competentes del Poder Ejecutivo, con el objeto de conocer sus programas respecto al asunto planteado por el diputado Cordera.
CASO DEL HIJO DEL INGENIERO JORGE DÍAZ SERRANO
El C. diputado Rolando Cordera Campos: -He dicho antes, señor Presidente que una preocupación que, por así decirlo, va o debe ir, para nosotros, más allá de la política partidista, es la de los derechos humanos.
En esta Cámara y en este país , de unos años para acá, todos parecemos coincidir, y a partir de ahí todos buscamos ceder, conceder y comprometernos en la necesidad de que en este país se finque, de manera sólida y sobre todo de manera irreversible, una forma de gobierno, de la sociedad y del Estado, que ampliamente definimos como democrática.
De tal vez menos años, con respeto a la primera cuestión, pero también con mucha intensidad, y de manera muy generalizada, los hombres y mujeres de México y los partidos y las organizaciones sociales también parecen coincidir en que hay una necesidad nacional que tenemos que resolver con prisa, y que tiene que ver con una renovación profunda de las formas de organización y de organización y de administración de la economía, pero particularmente del Estado, a eso algunos le llaman "renovación moral". Pero no es el término lo que me interesa discutir ahora.
Yo quisiera plantear aquí que, como nos lo muestra la experiencia, nuestra propia experiencia, en esta búsqueda de más democracia y de renovaciones efectivas, en las conductas públicas y privadas, yo diría que no habrá esto, que se resumiría en un término que yo llamaría una ciudadanía política efectiva.
Si no hay una real creíble ciudadanía civil, que tiene que ver con la justicia y con los juzgados y con los jueces y con la policía, y esta convicción la que me lleva a hacer mi segunda proposición y que tiene que ver con un hecho denunciado la semana pasada ante la opinión pública, a través de los principales diarios que se editan en la ciudad de México, denuncia hecha por el señor ingeniero Jorge Díaz Serrano, con respecto al secuestro y la tortura posterior de su hijo, realizados por un grupo de individuos que querían presentarse -dice el señor Díaz Serrano- como un grupo comunista y que buscan -decían ellos- esclarecer el asesinato del inolvidable periodista don Manuel Buendía.
El propio ingeniero Díaz Serrano desdeña esta absurda y criminal invención, con respecto posible origen ideológico de este grupo ilegal y no tiene caso abundar en este hecho.
Todo paralelismo es odioso, sobre todo cuando es insidioso, y yo no me voy a ocupar de esas necesidades; lo que quiero plantear aquí es que haciéndome cargo de que no es el único
caso de abuso ilegal y de privación ilegal de la libertad, sí se trata de un caso conspicuo que nos obliga a interesarnos, nada más, si se quiere, por el hecho de que aquí todos coincidimos en la necesidad de llevar a cabo de manera positiva un juicio de procedencia que aligerara y eliminara obstáculos para el inicio de una causa judicial que todos considerábamos era pendiente y justificada.
Yo creo que es algo más lo que nos obliga a interesarnos en el asunto y es el hecho mismo de que nosotros tenemos, sin pensar en las personas, sus orígenes o sus adscripciones y ni siquiera sus conductas, que velar como cuerpo colegiado o por la vigencia de los derechos elementales que tienen que ver con la persona, con dignidad de la persona.
Es por eso, señor Presidente, compañeras y compañeros, que siendo consiente de las delicadezas y sutilezas de este asunto, y quizá también de las complicaciones de otro orden que este asunto sólido puede traer consigo, yo lo quiero plantear aquí y quiero solicitar que las comisiones del caso se aboquen a esta cuestión, a examinar esta cuestión y nos den un informe que contribuya a que lo sórdido no se convierta en elemento dominante de la vida pública de este país.
Dejo en la Secretaría copia del desplegado de ingeniero Díaz Serrano. Muchas gracias.
"A LA OPINIÓN PUBLICA
La última semana de junio dos personas que se dieron miembros de la policía, acudieron a la escuela en la cual mi hijo mayor, Jorge Roberto, estudió la secundaria. Buscaban fotografías de él e información sobre su carácter.
El jueves, cinco del presente mes, aproximadamente a las 11:30 horas de la mañana, en la avenida Ejército Nacional, minutos después de haber salido de su casa, Jorge Roberto fue interceptado por un grupo de individuos que, pistola en mano, lo secuestraron durante dos días y lo liberaron posteriormente en muy mal estado de salud, consecuencia de las indignantes vejaciones de las que, fue víctima.
Hoy, domingo 8, recibí la visita de mi hijo en el reclusorio y puede ver, profundamente consternado los estragos causados en aquel animoso y robusto muchacho, cuyo rostro conservaba una expresión horrorizada. Había que ayudarle para que caminara y pudiera sentarse o ponerse de pie. Con voz emocionada me contó pesadilla de 48 horas de cautiverio en una inmunda pocilga.
Jorge es sano y fuerte, antropólogo de profesión que durante casi diez años se ha dedicado a la dirección de comerciales para la televisión y de largo-metraje para el cine. Su primera película producida en cooperativa -Nocaut- fue distinguida recientemente con varios arieles. Apasionado de los deportes, desde muy joven practica el Tae Kwan do y es profesor de esta disciplina. Lleva una vida independiente y austera.
Jorge es un hombre sencillo, dedicado a su absorbente trabajo que, de pronto, se ha tenido que enfrentar a salvajes enmascarados que lo desnudan, golpean, aplican descargas eléctricas en los genitales y lo "reaniman" con chorros de agua de tehuacán en la naríz; humillantes y bárbaros métodos que utilizan, porque quieren saber si tuvo alguna relación con lo acontecido a Manuel Buendía.
Les dije que confesaría lo que quisieran, pero que no me maltrataran más. Reiteradamente preguntaron cuántas propiedades tenías, en dónde guardabas tu dinero, cuántos "gatilleros" tenías y muchas otras cosas más. Parece que les gustaban mis respuestas apegadas a la verdad. Me tomaron fotografías con diferentes tipos de gorras. También me preguntaron por qué me había rasurado el bigote -que nunca he usado- y por qué me crece tan pronto el pelo -siempre lo he llevado largo-. Tal vez fallé en lo que dije, porque amenazaron con buscarme en cuatro días más.
Quiero irme a donde no me encuentren -me dijo Jorge-. No quiero que me torturen otra vez, papá. Impotente para darle alguna protección, privada como estoy injustamente de la libertad, sólo se me ocurrió preguntarle quiénes podrían haber sido sus secuestradores.
- Se decían miembros de una brigada o de un grupo de comunista que querían encontrar al autor del crimen de Buendía que les atribuía la policía. No puede verlos porque se cubrían la cara con medias, aparte de que me colocaron una capucha en la cabeza. Se expresaban con rudeza violentamente, nunca hicieron la menor referencia a la ideología que decían sustentar.
Cuando le pedí a mi hijo que acudiera a un hospital para un examen médico, me repetía con insistencia que lo único que deseaba era salir de México sin presentar ninguna denuncia, porque antes de liberarlo le advirtieron que si lo hacía: "te matarían a ti, y a mi mamá y a mis hermanos Ricardo y Fernando, a quienes mencionaron por su nombre". ¿Papá - me preguntó- qué nos va a pasar a todos? No supe qué responderle...
Escribo estas líneas profundamente indignado, impotente. Deseo que las autoridades y la opinión pública conozcan de estos infames hechos. En México a nadie le deben ocurrir situaciones como la sufrida por mi hijo. No hay ningún argumento que explique -y menos justifique- el predominio de la ley de la selva por encima de lo que nuestra Constitución protege. ¿Qué no espera ahora?
Reclusorio Sur, 10 de julio de 1984.
Ingeniero Jorge Díaz Serrano.
Responsables de la publicación: licenciado Enrique Mendoza Morales, licenciado Ignacio Mendoza Iglesias, licenciado Ignacio Mendoza Aguilar." El C. Presidente: -Túrnese la proposición a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La C. secretaria, diputada, María Luisa Calzada de Campos: -Señor Presidente, se han agotado en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La misma C. Secretaria:
"Comisión Permanente. Segundo Receso de la 'LII' Legislatura.
Orden del día
26 de julio de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXXIII aniversario de la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el próximo 30 de julio.
Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicación del "Congreso del estado de Hidalgo.
Iniciativa
Para reformar y adicionar los artículos 8, 16, 22, 32, 35, 52, 68 y 69 de la Ley Federal de Educación.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Seis, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Ricardo Valero, Jorge Eduardo Navarrete López, Carlos A. de Icaza, Antonio de Icaza, Olga Demay Serrano y Jorge Pulford Nuñez puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Por el que se comunica que el C. Presidente de la República nombró al C. Edgardo Flores Rivas, cónsul general de México en El Paso, Texas, EUA.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión con puntos de acuerdo, relativos a los nombramientos de los CC. licenciados Héctor Flores Silva, Ana María Yolanda Ulloa y Rafael Millán Martínez, como Magistradores del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Dos, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares a los CC. Marte Arturo Ramírez Martínez y Pánfilo Chávez Serralde.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. María Esveida López Torres para prestar servicios en la Embajada de Italia en México."
El C. Presidente (a las 13:05 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de julio a las 11:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES