Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19830906 - Número de Diario 4

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO II México, D. F., martes 6 de septiembre de 1983 TOMO II. NUM. 4

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SE APRUEBA

MINUTO DE SILENCIO

Con motivo del fallecimiento de los diputados Roberto Castillo Aguilar y Antonio Osorio de León, representantes del III y XXVIII Distritos Electorales de Zacatecas y Distrito Federal, respectivamente. Se acuerda citar a sus suplentes para que rindan la protesta de ley en sesión del martes 13 del actual

INVITACIÓN

Del C. licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, gobernador del Estado de Zacatecas, a la ceremonia en que rendirá su tercer informe de gobierno. Se designa comisión

ASUNTOS TURNADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988

Expediente que contiene copia y resumen del mismo, enviado por el C. Presidente de la República. Se turna a comisión

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Siete oficios relativos a solicitudes de permiso para que los CC. Raquel Arciniega Sosa, Bertha O. Muñoz Gómez, María de la Luz Olivares Ponce, María J. Hortencia Veyrán Segura, José A. Luis Silva Cosca, Juan Vicente Fermán, Olga Meza Hernández, María del Carmen Campollo Rivas, María B. Josefina Gómez González, Elvia Contreras Igaz, Lilia White Seiersen y José Prieto Alzati, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turnan a comisión

CONDECORACIONES

Tres solicitudes de permiso para que los CC. Rogelio Luna Arias, Miguel A. Granados Chapa y Ernesto de la Torre Villar, puedan aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a comisión

CARGO CONSULAR

Solicitud de permiso para que el C. Francisco López Mena, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Finlandia, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se turna a comisión

PROPUESTA DE PAZ PARA CENTROAMÉRICA

Comunicado de la Comisión del Exterior del Consejo de Estado de la República en Nicaragua. Se turna a comisión .

RELACIÓN DE INICIATIVAS

Oficio al que se adjunta dicha relación, y que la Comisión Permanente turna a esta Cámara para los efectos constitucionales. De enterado

ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME PRESIDENCIAL POLÍTICA INTERNA

Intervienen sobre el particular los CC. diputados Bernardo Bátiz Vázquez, del

PAN; Salvador Castañeda O' Connor, del PSUM; José Augusto García Lizama, del PDM; Rafael Aguilar Talamantes, del PST; Jorge Cruickshank García, del PPS y Jesús Salazar Toledano, del PRI

ATENTADO AL PSUM EN OAXACA

El C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez denuncia un atentado sufrido por los miembros de su partido, reporteros y militantes coseistas, al regresar de Juchitlán, Oaxaca, donde habían asistido a un acto de masas. Relata los hechos y demanda una investigación y el castigo de los responsables. Se turna a comisiones

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA C. IRMA CUE DE DUARTE

(Asistencia de 355 ciudadanos diputados)

APERTURA

- La C. Presidenta (a las 10:50 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- El C. secretario Enrique León Martínez:

"Segundo periodo ordinario de sesiones.

'LII' Legislatura.

Orden del Día

6 de septiembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El C. licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, gobernador del Estado de Zacatecas, invita a la sesión solemne en la que rendirá su tercer informe sobre el estado general que guarda la administración pública, la que tendrá lugar el próximo 8 del actual.

Oficios de la Comisión Permanente

Con el que remite: Oficio del C. Presidente de la República; el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y resumen del mismo.

Con el que se remite inventario de asuntos reservados a la H. Cámara de Diputados.

Con el que se remite el comunicado de la Comisión del Exterior del Consejo del Estado de Nicaragua.

Con el que se remite la relación de las Iniciativas que fueron turnadas a las Comisiones de la H. Cámara de Diputados.

Análisis del Primer Informe Presidencial."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día primero de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. Presidencia de la C. Irma Cué de Duarte.

En la ciudad de México, a las nueve horas y cuarenta minutos del jueves primero de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, con asistencia de trescientos ochenta y seis ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del orden del día y del acta de la sesión previa llevada a cabo el día veintitrés de agosto próximo pasado, misma que sin discusión se aprueba.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

Oficio de la H. Cámara de Senadores por el que comunica los nombres del presidente y vicepresidente para el mes de septiembre y de secretarios y prosecretarios para el segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Segunda Legislatura. De enterado.

La propia H. Colegisladora da a conocer los nombres de los integrantes de las comisiones de cortesía para la sesión de apertura del Congreso General que acompañaran al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la lectura del Primer informe de su gestión administrativa. De enterado.

Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia cita a los ciudadanos diputados a la sesión que tendrá lugar el martes seis de los corrientes, a las diez horas.

A las nueve horas y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión de Cámara para abrir, en su oportunidad, la de Congreso General"

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señora Presidenta.

MINUTO DE SILENCIO

- La C. Presidenta: Tengo la pena de participar a la Asamblea el fallecimiento de nuestros compañeros los diputados Roberto Castillo Aguilar y Antonio Osorio de León, que fueros representantes del Tercer Distrito del estado de Zacatecas y del Vigésimo Octavo Distrito del Distrito Federal, respectivamente.

Se ruega a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. (Minuto de silencio.)

El C. secretario Enrique León Martínez: Muchas gracias.

- La C. Presidenta: Se ruega a la Oficialía Mayor cite a los ciudadanos diputados suplentes Eulogio Quirarte Flores y Ernesto Juárez Frías, a fin de que se presenten a esta H. Cámara de Diputados el próximo martes 13 de septiembre, a rendir la protesta de ley.

INVITACIÓN

- El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"Licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, gobernador constitucional del Estado.

Zacatecas, Zac. 1o. de septiembre de 1983. C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.

El día 8 del mes actual y en cumplimiento del deber que me impone la Constitución Política del Estado, rendiré ante la H. Legislatura local el tercer informe de mi gestión administrativa.

En el contexto de la República tiene particular importancia el que las partes que la integran cumplan con todo aquello que la situación del país exige, para que el proceso de desarrollo de la Nación no se vea obstaculizado. Es en consideración de esto que habré de exponer con la verdad lo que el pueblo debe saber y tener comprobado, para que continúe el esfuerzo que realiza en todos los ámbitos de su actividad productiva.

El informe será el reflejo de ese fenómeno que presenta el país entero, pero referido desde luego al Estado de Zacatecas. El Ejecutivo a mi cargo espera contar con la asistencia de los señores diputados al Congreso de la Unión, porque significará su presencia el apoyo que necesitamos para continuar sin desmayos la marcha emprendida. Respetuosamente.- Rúbrica".

- La C. Presidenta: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Genaro Borrego Estrada, Antonio Herrera Bocardo, J. Dolores López Domínguez, Ana María Maldonado Pinedo, Ignacio Moreno Garduño y Jesús Ortíz Herrera.

ASUNTOS TURNADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988

- El C. secretario Enrique León Martínez:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

En sesión efectuada en esta fecha por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se turnó a la H. Cámara de Diputados y a la H. Cámara de Senadores, el expediente conteniendo copia del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y resumen del mismo, presentado por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D. F; a 8 de junio de 1983.

Por los CC. Secretarios el Oficial Mayor, licenciado José Gonzalo Badillo Ortíz."

"C. senador licenciado Miguel González Avelar, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 5o. de la Ley de Planeación, remito, por su digno conducto, al H. Congreso de la Unión, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, que durante mi gestión gubernamental ordenará el ejercicio de las atribuciones que al Ejecutivo Federal confieren la Constitución y la Ley para regular y promover la actividad económica, social, política y cultural del país.

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, ha sido formulado a partir de un amplio proceso de consulta popular, afectado a través de foros establecidos en el mes de febrero del presente año, para recoger las opiniones de todos los sectores de la sociedad sobre su integración, tal y como lo establece el artículo 20 de la propia Ley de Planeación.

Las destacadas intervenciones que en estos foros tuvieron diputados y senadores al H. Congreso de la Unión, permitieron el ejercicio de la responsabilidad política que tiene encomendada esa representación nacional, contribuyendo con ello a garantizar el carácter democrático de la planeación del desarrollo.

El envío a ese H. Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, constituye un acto relevante en el acontecer político del Estado Mexicano, por cuanto que el Poder Legislativo al ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.

He girado instrucciones al C. Secretario de Programación y Presupuesto, para que esa dependencia aporte al H. Congreso de la Unión la información, datos y demás elementos relacionados con la concepción y contenido del Plan, que puedan conducir a la mejor comprensión y análisis del mismo.

Hago patente al H. Congreso de la Unión, por su apreciable conducto, las seguridades de mi invariable respeto y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, D. F; a 30 de mayo de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Miguel de la Madrid H."

- Trámite: Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- El C. secretario Jorge Canedo Vargas :

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente para conocimiento de la H. Cámara de Diputados de conformidad con lo que dispone el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen listados inventario que se anexas.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F.; a 31 de agosto de 1983.

Diputado Eulalio Ramos Valladolid, Secretario; senador Rafael Cervantes Acuña, Secretario."

"Inventario de los asuntos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remite a la H. Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Oficio No. 700 de la Secretaria de Gobernación, solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la C. Raquel Arciniega Sosa y la C. Bertha Olivia Muñoz Gómez, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

2. Oficio No. 701 de la Secretaría de Gobernación solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la C. María de la Luz Olivares Ponce y la C. María Georgina Hortensia Veyrán Segura, puedan prestar sus servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, dentro del Programa para la Erradicación del Gusano Barrenador.

3. Oficio No. 650 de la Secretaría de Gobernación solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que a los CC. José Arnulfo Luis Silva Cosca y Juan Vicente Fermán, puedan presentar sus servicios en la Embajada y Consulado en Guadalajara, Jalisco, de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.

4. Oficio No. 699 de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que las CC. Olga Meza Hernández, María del Carmen Campollo Rivas y María Beatríz Josefina Gómez González, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

5. Oficio No. 725 de la Secretaría de Gobernación solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la C. Elvia Contreras Igaz pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chih.

6. Oficio No. 694 de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la C. Lilia White de Seiersen pueda prestar sus servicios como recepcionista, en la Embajada Real de Dinamarca en esta ciudad.

7. Oficio No. 652 de la Secretaría de Gobernación solicitando el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. José Prieto Alzati pueda prestar sus servicios en la Embajada de Nueva Zelanda en esta ciudad.

EXPEDIENTES

No. 22. Solicitud de permiso para aceptar usar la Condecoración de la Orden de Orangen Nassau, que en grado de Oficial, le confiere el gobierno holandés del C. licenciado Rogelio Luna Arias.

No. 12. Solicitud de permiso para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo del C. Francisco López Mena.

No. 20. Solicitud de permiso para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa, del C. licenciado Miguel Ángel Granados Chapa.

No. 161. Solicitud de permiso para aceptar y usar la Condecoración de Andrés Bello que, en grado de Comendador le confiere el gobierno de la República de Venezuela, del C. doctor Ernesto de la Torre Villar.

México, D. F., a 31 de agosto de 1983.

El Oficial Mayor, licenciado José Gonzalo Badillo Ortiz."

- Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

PROPUESTA DE PAZ PARA CENTROAMÉRICA

- El C. secretario Enrique León Martínez:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se turnó a la H. Cámara de Diputados y a la H. Cámara de Senadores el Comunicado que la Comisión del Exterior del Consejo de Estado de la República de Nicaragua, ha enviado a parlamentarios y personalidades del mundo con el fin de informar la propuesta de paz para Centroamérica.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., a 24 de agosto de 1983.

Por los CC. Secretarios el Oficial Mayor, licenciado José Gonzalo Badillo Ortiz."

"Consejo de Estado. Managua, 22 de julio de 1983.

"Año de Lucha por la Paz y la Soberanía."

Excelentísimo señor:

Adjunto encontrará Comunicado que la Comisión del Exterior del Consejo de Estado de la República de Nicaragua ha enviado a Parlamentarios y personalidades del mundo, con el fin de, informarles sobre la propuesta de PAZ que formulará el Gobierno de Reconstrucción Nacional y la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la celebración del IV Aniversario de la Revolución Popular Sandinista, y por la importancia de la misma le solicitamos que ésta sea conocida por todos los integrantes de ese importante Foro. Creemos que ella merece recibir la solidaridad de gobiernos y partidos democráticos del mundo, puesto que trata de evitar la guerra en Centroamérica.

Con las muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

Angela Rosa Acevedo, Secretaria de la Comisión del Exterior del Consejo de Estado de la República de Nicaragua. Excelentísimo señor licenciado Miguel González Avelar, Presidente de la Gran Comisión, Cámara del Senado, México."

COMUNICADO

La Comisión del Exterior del Consejo de Estado de la República de Nicaragua, da a conocer a los Parlamentos del Mundo, la propuesta de Paz para Centroamérica, hecha pública por el Gobierno de Reconstrucción Nacional y la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional el día 19 de julio de 1983, y que es consecuente con las propuestas, declaración y llamados emitidos en la reunión de Presidentes del Grupo de Contadora celebrada en Cancún el día 17 de julio del corriente año.

La propuesta plantea que de inmediato se inicie la discusión de los siguientes puntos básicos.

'1. Compromiso para poner término a toda situación de beligerancia prevaleciente a través de la firma inmediata de un acuerdo de no agresión entre Nicaragua y Honduras.

2. El cese absoluto de todo suministro de armas por parte de cualquier país a las fuerzas en conflicto en El Salvador, para que ese pueblo pueda resolver sus problemas sin injerencia externa.

3. El cese absoluto de todo apoyo militar bajo la forma de suministro de armas, entrenamiento, utilización del territorio para lanzar agresiones o cualquier otra forma de agresión, a las fuerzas adversas a cualquiera de los gobiernos centroamericanos.

4. Compromisos que aseguren el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos centroamericanos y la no interferencia en los asuntos internos de cada país.

5. El cese de las agresiones y de la discriminación económica hacia cualquier país de Centroamérica.

6. La no instalación de bases militares extranjeras en el territorio de Centroamérica, así como la suspensión de ejercicios militares en el área centroamericana con participación de ejércitos extranjeros.'

Conscientes que esta propuesta madura y responsable de nuestro gobierno encontrará apoyo de los países que desean la paz, solicitamos sea dada a conocer en ese Parlamento.

Managua, 22 de julio de 1983. 'Año de Lucha por la Paz y la Soberanía.' Angela Rosa Acevedo, Secretaria de la Comisión del Exterior del Consejo de

Estado de la República de Nicaragua."

- Trámite: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

RELACIÓN DE INICIATIVAS

- El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

Me permito comunicar a ustedes, que durante el Primer Receso de la 'LII' Legislatura, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a las Comisiones de la H. Cámara de Diputados, las iniciativas que se citan en relación adjunta.

México, D. F., a 31 de agosto de 1983.

El Oficial Mayor, licenciado José Gonzalo Badillo Ortiz."

- Trámite: De enterado.

ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME PRESIDENCIAL

POLÍTICA INTERNA

- La C. Presidenta: Con fundamento en el artículo 8o. párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión de hoy estará destinada al análisis del Primer Informe rendido por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Política interna. Se han registrado para tal efecto, los siguientes ciudadanos diputados:

PAN. Bernardo Bátiz Vázquez; PSUM, Salvador Castañeda O' Connor; PDM, José Augusto García Lizama; PST, Rafael Aguilar Talamantes; PPS, Jorge Cruickshank García; PRI, Jesús Salazar Toledano.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez.

El C. Bernardo Bátiz Vázquez: Señora Presidenta, señoras y señores diputados. El artículo 69 de nuestra Constitución, que dispone

que el Presidente de la República presente al Congreso un Informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, es un precepto que en la estructura de nuestra Carta Magna no se encuentra ubicado en el capítulo que rige las funciones del Poder Ejecutivo, sino en el Capítulo II, Título 3o. denominado del Poder Legislativo. Esto significa que nuestro Legislador Constituyente, siguiendo una vieja tradición republicana y democrática, a pesar del marcado presidencialismo que caracteriza al sistema, quiso que cada periodo de sesiones se iniciara con un informe del Mandatario a sus mandantes representados por el Congreso, por un informe del Ejecutivo al Legislativo en la sede de ese Poder y en una sesión de Congreso General. La contención obvia es la de generar una obligación muy precisa del Ejecutivo, la de informar al pueblo representado por el Congreso de la Unión, al iniciar éste sus periodos ordinarios de sesiones en contraste precisamente con otras constituciones latinoamericanas en las que la disposición equivalente forma parte de las atribuciones y no de las obligaciones del Presidente.

La disposición es clara y no debiera dar lugar interpretaciones o dudas. Sin embargo, una mala tradición que se arrastra desde el siglo pasado, ha hecho de esta obligación presidencial una especie de ceremonia, de culto a la personalidad del Ejecutivo en turno.

En el último informe, afortunadamente aunque no voluntariamente, sino por las circunstancias especiales del país y por la presencia de una más relativamente amplia representación plural en la Cámara de Diputados, se suprimieron algunos de los rituales exagerados. En la forma, al menos, tenemos que reconocer que se retoma una actitud más sencilla y más republicana y lo mismo podemos afirmar de la expresión mesurada del presidente, contrastante con la de algunos de sus predecesores. Pero si bien en la forma podríamos aceptar que hubo un cierto avance al no caer en satanizaciones, en el fondo debemos señalar que el Informe no es satisfactorio para el Partido Acción Nacional, ni lo puede ser para el pueblo que todos los días en los estragos de la carestía, el desempleo y la manipulación política, topa con la incongruencia entre las palabras y las realidades.

Tal es la primera observación que hacemos como partido democrático de oposición, al primer informe del Presidente Miguel de la Madrid.

El Presidente dijo textualmente en el capítulo de política interior que: "A la confrontación destructiva hemos preferido el llamado a la solidaridad nacional, y a la negociación legal y pacífica de los conflictos". Y el mismo día los diarios publicaron la declaración tajante de uno de los más descalificados, pero al mismo tiempo más representativos dirigentes de la CTM, que sin recato alguno afirmó que el poder público sólo se pierde por la fuerza. El elegante líder obrero que hizo tal afirmación, no habló solo por sí mismo, fue apoyado y respaldado por sus compañeros y superiores, entre ellos por el líder vitalicio Fidel Velázquez, y no podía ser menos, pues ese último ya había amenazado antes con una nueva revolución si Acción Nacional seguía triunfando en las elecciones.

Tal actitud del pilar más importante del partido oficial, es confrontación destructiva, desprecio a la solidaridad y a la paz, amenaza del autoritarismo que el señor Presidente ubica en otras latitudes, y ataque directo al clima de libertad y de respeto al pluralismo que según nos dice el informe, debemos celosamente apreciar y defender.

El señor Presidente dice que no se ha deteriorado la paz social, y el ex - senador acusado de contrabando amenaza con destruirla.

El señor Presidente afirma que su gobierno ha mantenido un diálogo respetuoso y fructífero con los partidos políticos, pero el perfumado líder obrero que jamás supo lo que es ser obrero, afirma que sólo por la fuerza se entregará el poder público a la oposición.

El señor Presidente reitera su convicción democrática, y uno de los cuatro sectores de su partido reitera la convicción antidemocrática del sistema.

El Presidente De la Madrid afirma el pleno respeto al pluralismo y al pluripartidismo, y la CTM reitera su desprecio por lo que decida la voluntad popular. Los votos no cuentan, cuenta la fuerza y la fuerza la dan el dinero y las armas, el poder económico y la violencia.

Ante estas actitudes contradictorias entre el jefe natural del PRI, señor Presidente y los dirigentes obreros, tenemos que dudar y reservar nuestro juicio y desgraciadamente los hechos no son nada halagüeños. Después de un breve ensayo de apertura democrática en algunos lugares de Chihuahua y de Durango la realidad de los trucos, de las decisiones arbitrarias e ilegales, de la burla a los votantes, vuelve a imponerse en las elecciones con toda crudeza, y el avance democrático disminuye aunque afortunadamente no se detiene ni se detendrá, porque pese a todas las adversidades tendrá que imponerse la vocación democrática del pueblo mexicano. Ese es el marco del informe.

El mismo día, primero de septiembre, al tiempo que el señor Presidente ratificaba su condición de respeto al pluralismo y por tanto a la democracia, en Baja California se confirmaban acuerdos ilegales, con el fin de distorsionar la voluntad ciudadana.

Al mismo tiempo que quienes escuchamos el informe oímos buenas intenciones de concordia, solidaridad y paz, los lectores de los periódicos y el auditorio del radio y la televisión conocían de amenazas, de violencia y persecuciones.

Quisiéramos poder pedir otra cosa. Quisiéramos poder creer en las buenas intenciones expresadas en el informe, pero nuestro partido ha sido objeto de una verdadera persecución política: calumnias, acusaciones infundidas, pero repetidas hasta el cansancio, panfletos soeces, proceso en contra de unos candidatos, auditorías fiscales en contra de los que son independientes,

despidos injustificados en contra de los que son empleados.

El llamado a la unión y a la concordia no merecen crédito cuando parte del pueblo es acallado por la gritería de la diatriba y el ataque mendaz. Necesariamente confrontadas las actitudes y los hechos, éstos pesan más que las palabras.

En otro capítulo de la política interior, tenemos que hacer una precisión. Es en lo referente a la renovación moral de la que se dice en el informe que no es persecución ni revanchismo, ni se mide por acciones penales. Desde luego que la renovación moral ha de ser una actitud nueva frente a la corrupción vieja, frente a la evasión de impuestos, frente a la costumbre de los aviadores que cobran sin trabajar, del contratismo y la falta de rendición de cuentas.

Pero no es menos cierto que la renovación moral implica también el reconocimiento de una previa inmoralidad anterior y aún reinante. De una moral anterior, no renovada, sino más y más relajada. Y si la inmoralidad pública constituye un delito, no es ni revanchismo ni persecución exigir el castigo a los delincuentes. Es simple y llanamente un acto de justicia y la justicia no se regatea.

La moral nueva no puede construirse sobre la injusticia, sobre la impunidad de los que dispusieron para sí de lo que es patrimonio de todos los mexicanos. Deben pagar sus delitos y devolver lo mal habido. Mientras esto no suceda, vanas serán las declaraciones, promesas y aun intentos sinceros de renovación, porque a fin de cuentas todos estamos convencidos de que la sinceridad de estos propósitos mientras los gobiernos sigan siendo del mismo partido se estrellará en los intereses creados a lo largo de más de 50 años.

En cuanto a la seguridad de los mexicanos, pensamos que después de lo económico es el problema más urgente y que más preocupa a todos los destinatarios del informe presidencial.

En las ciudades y en las carreteras, en el campo y en las aldeas, impera más cada vez violentamente el hampa organizada; la policía no puede combatirla y en ocasiones sus actitudes y modos de operar se confunden con los de los mismos delincuentes. Un asalto de bandoleros y una detención policiaca, no tiene diferencia esencial alguna. Unos y otros, los asaltantes y los policías, viajan en autos sin placas; lo hacen en grupo y bien armados; aterran injurian y amenazan. Si un ciudadano es detenido legalmente o literalmente secuestrado, ni él ni los testigos sabrán de su situación, sino hasta mucho tiempo después.

En el informe se hace alguna referencia a este problema, pero no se plantea en toda su dramática dimensión; se habla de la supresión de una corporación capitalina, pero no se dice que sus elementos fueron reubicados en otros cuerpos policiacos.

Se anuncia la desaparición de entidades policiacas al margen de la Constitución, pero la Dirección Federal de Seguridad y las policías políticas de Gobernación y las Procuradurías, siguen operando. Se avisa de reformas legales, pero se olvida que el problema de México no es de leyes, sino de hombres y de sistemas. Un gobierno que no cumple ni con el mínimo requisito de dar seguridad a los gobernados, no tiene autoridad moral para pretender seguir el poder.

Otro gran problema, grave y fundamental de México, es el problema de la educación.

Al referirse a él, el señor Presidente en efecto reconoce sus dimensiones preocupantes. Todavía dijo: Todavía estamos a tiempo de evitar que la crisis del sistema educativo se imponga a la sociedad y la exponga a peligrosos riesgos. Y después, párrafos adelante, hace un llamado en verdad patético a todos los mexicanos, maestros, padres de familia, comunidades estudiantiles, a todos, para elevar la calidad de los mexicanos de hoy y de mañana a través de la educación.

La llamada es angustiosa y la angustia ante este aspecto de nuestra crisis la debemos de compartir todos, creemos aún más, que los graves riesgos a que se refiere el Presidente derivados de los bajos niveles educativos, ya pasaron de una simple amenaza a una dura realidad y que al lado drogadicción, el pandillerismo y la falta de solidaridad social, son algunos de los efectos naturales de esta deficiencia.

Pero en Acción Nacional creemos en la perfectibilidad social, así como cada hombre puede ser mejor y salir de los abismos del vicio y de la degradación, así las sociedades humanas pueden también resurgir y vencer sus deficiencias por graves y abrumadoras que parezcan. Por eso aceptamos el llamado del Presidente, tomamos la parte de responsabilidad que nos toca y reiteramos el llamado a todos los mexicanos, sin distingos ni ideologías o posiciones económicas.

Pero no podemos conformarnos con la única débil medida que se apunta en el informe como precursora de la llamada revolución educativa; la descentralización de la enseñanza, independientemente de su bondad o de su equivocación intrínsecas, es una medida primordialmente política y administrativa que nada tiene que ver con el verdadero problema educativo, nada con el nivel de la educación, ni con la alfabetización, nada con el problema cuya solución el Presidente convoca a todos los mexicanos.

La solución del problema educativo está en otras medidas que deben de tomarse o rectificarse, una de ellas, detener la persecución en contra de la educación particular, ante el fracaso reconocido y aceptado de todos los planes educativos oficiales, desde el primario de alfabetización hasta el indispensable de darnos una tecnología propia, es necesario buscar otras salidas más amplias y profundas y menos facciosas, como la apertura y verdadera democratización de la educación, la participación de todos especialmente de los padres de familia bajo marcos jurídicos no monopolistas y no discriminatorios y arbitrarios. Instrumentar esta vía traerá al país nuevos aires en este campo, se borrarán viejos rencores y nos encaminaremos

todos los mexicanos en la libertad y la responsabilidad a solucionar el problema fundamental de la educación. Pero cerrando escuelas, restringiendo cursos, disminuyendo grupos de clases, no sólo no hace nada para erradicar el problema nuestro gobierno, sino que bloquea su solución y agrava la crisis. Nuevamente las palabras se confrontan con los hechos.

Finalmente, quiero hacer hincapié en dos conceptos que campean a lo largo del informe presidencial, dos conceptos que en cierta forma son complementarios: uno es la idea de que el gobierno del licenciado De la Madrid es un nuevo gobierno, distinto a los anteriores, y la otra es que estamos en vísperas de cambios cualitativos, estructurales en nuestra nación .

Lo primero no es verdad: no se puede hablar de un nuevo gobierno, cuando durante más de medio siglo, todos han venido siendo del mismo partido.

Lo segundo, el cambio cualitativo, es algo que no se puede prometer por quienes se han negado al cambio desde hace más de cincuenta años, o lo han dosificado mañosamente para no correr el riesgo, el riesgo más elemental de la democracia que es perder y alternarse en el poder. El mismo partido, las mismas familias, no pocas veces las mismas caras, no pueden ser agentes de cambio, porque su fuerza radica precisamente en no cambiar, en mantenerse los mismos, iguales, inamovibles, paternalistas, monolíticos y cerrados, lo que no les impide hacer discursos sobre respeto a otras corrientes de pensamiento y de acción, al pluralismo y la diversidad connaturales a una sociedad moderna.

El cambio no puede venir de un grupo en el poder que confunde partido con gobierno, que no tiene reparo alguno en disponer de lo que es de todos para beneficiar a su facción y para quien quiera contradecirnos en este aspecto, sólo les recuerdo que el mismo licenciado De la Madrid, hace unas semanas, fue a Baja California a hacer propaganda a su partido. Y tal cosa no fuera reprobable si al hacerla se despojara de su calidad de gobernante y hablara en favor de su tesis o de sus candidatos. Pero no fue así. El señor Presidente condonó impuestos, repartió beneficios, prorrogó situaciones ventajosas para las poblaciones fronterizas, todo esto encaminado a la captación de votos.

Un Presidente ha de serlo de todos los mexicanos por igual, como él mismo lo reiteró en su informe. Como tal, como Presidente de todos los mexicanos, el Presidente debe ser imparcial en política, de manera que cuando quiera ejercer su derecho de militante de un partido, debe de despojarse de sus facultades de gobernante. Ese sí sería un cambio cualitativo; eso sería el inicio de una renovación moral.

Una característica de la democracia es la imparcialidad del gobierno en las contiendas de partidos; no es legítimo ser juez y parte. Y quien dirige los destinos del país, debe considerar esto al convocar a la unidad y a la concordia.

El camino vendrá. En Acción Nacional siempre hemos anunciado y promovido, y para el cambio hemos convocado al pueblo a votar y a participar, a organizarse y a resistir al autoritarismo; pero el cambio a de ser efecto de la acción de los ciudadanos, acción libre y decidida, con valor civil y con ideales; anunciar un cambio de arriba hacia abajo, un cambio dirigido e ideado, es anunciar tan sólo la apariencia de un cambio.

Estamos de acuerdo en que la historia no puede y no debe volver atrás, pero denunciamos que el cambio auténticamente democrático no puede y no podrá ser generado por un régimen anquilosado en el pasado.

La verdad es que, a pesar de todo, hemos avanzado como país y como pueblo; que a pesar de la resistencia y de la reacción el cambio se ésta dando, pero se lo da el pueblo a sí mismo, a través de su cada vez mayor participación en la vida pública, y a despecho de quienes, aterrados ante los vientos nuevos, amenazan con una violencia anacrónica e inútil, primitiva y perversa, que prefieren ve a México destruido que gobernado por otras manos y bajo otros ideales.

El Presidente de la República es hoy por hoy el eje del poder en México, lo que hacen sus subordinados desde los líderes envejecidos en los mandos sindicales hasta el más modesto presidente de casilla, es su responsabilidad, si el quiere cambiar el rumbo, si él cree de veras en la democracia y confía en su pueblo, no podrán contradecirlo quienes no tienen otra fuerza que la que les da un sistema por cuya sustitución los mexicanos responsables trabajan y luchan en distintos frentes. Que el futuro nos depare el retroceso a la anarquía violenta, a un mayor autoritarismo o a la democracia, será en buena medida responsabilidad del Presidente. Nosotros, los de Acción Nacional creemos en la democracia y en su poder renovador y corrector; sabemos los ámbitos estrechos en que aún nos movemos, pero no dejaremos en nuestro empeño por ampliarlos, nos comprometimos con una idea y la perseguimos sin cansancio, sin tregua y con todas nuestras fuerzas. En este empeño no tendremos empacho en reconocer los aciertos del Presidente, pero no nos callaremos tampoco cuando sea necesario señalarle sus fallas o las de su grupo; no negociamos ni transigimos en materia de principios, creemos en un estado de derecho y en la democracia, queremos el poder, pero no a costa de lo que sea ni como un fin en sí mismo, sino como un medio apto para propiciar mejor a sus beneficios al pueblo y cuando lo alcancemos, y cuando lo hemos alcanzado parcialmente, estamos dispuestos a dejarlos si esa es la voluntad popular, porque al revés de quienes contradicen las palabras de Miguel de la Madrid, más no los hechos de su gobierno, nosotros sí creemos que el poder público sólo se gana o se pierde por el voto ciudadano. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el ciudadano diputado Salvador Castañeda O' Connor.

El C. Salvador Castañeda O' Connor: Señora Presidenta; señoras y señores diputados. Desde un punto de vista rigurosamente legislativo, este acto, el de glosar, comentar y evaluar el documento del 1o. de septiembre, es más que limitado, porque el debate no va a llegar a ninguna conclusión, no aprobaremos documento alguno que exprese confianza o censura respecto del que hacer del Presidente. Es más, aún cuando llegáramos a la elaboración colectiva de un dictamen sobre la Administración Pública éste estaría condenado a no producir ningún efecto ni consecuencia jurídica. Pero los miembros del PSUM hemos sido partidarios y lo seguiremos siendo, de que en esta Cámara se ventilen y discutan los acontecimientos más importantes del país, que los grupos parlamentarios y los diputados en particular expresen su opinión respecto a las cuestiones que más preocupan a nuestro pueblo. Y no cabe duda que el informe presidencial es un acto de la mayor relevancia. Su contenido ha sido conocido por todos los mexicanos. Ha sido objeto del examen y las observaciones de muchos sectores de nuestra población y del extranjero. Esa es la razón por la que estamos aquí y sostenemos que esta Cámara que por definición constitucional está integrada por los representantes de la nación mexicana, no sólo tiene el derecho, sino el deber, de valorar y analizar críticamente el documento por el cual el Presidente informó a todo el país sobre la gestión administrativa del gobierno. Porque por encima de cualquier función, esta Cámara tiene la función política de velar por los más altos intereses de la nación y el pueblo mexicanos.

Según el programa elaborado, tenemos aquí que comentar ahora la política interior del gobierno. Si por tal política entendemos la relación que se da entre el Estado y la sociedad mexicana, entre el gobierno y los distintos sectores de nuestra población, es decir, de qué manera las distintas clases sociales se benefician o se perjudican con la actividad del Poder Público, tendríamos que admitir que los juicios que se admiten al respecto, tienen necesariamente que ser contradictorios. Pero yo pienso sinceramente y espero no ser reconvenido por ello, que aún los más acérrimos partidarios del régimen, no buscarían en este capítulo los aspectos más afortunados de la obra gubernamental. En muchos países del mundo para no hablar solamente de los socialistas, los logros económicos, los resultados de la economía, se reflejan de alguna manera en los niveles de bienestar de sus habitantes: en México no sucede lo mismo; si hay auge, el pueblo sufre, si hay crisis el pueblo sufre, y su hay recuperación, el pueblo sufre todavía más.

Naturalmente que los banqueros extranjeros están muy satisfechos de la actitud cumplidora del gobierno mexicano, dispuesto siempre a pagar sus deudas o a renegociarlas, ofreciendo en todo caso seguridad plena para los intereses de aquellos: no obstante que del extranjero nos llegan muchas de las causas de nuestro empobrecimiento y de nuestra propia deuda como son las altas tasas de interés, condiciones inequitativas de comercio, bajos precios a nuestros productos, saqueo permanente de nuestra riqueza y limitaciones graves para planear nuestro propio desarrollo, nosotros preferimos pagar a los acreedores foráneos antes que comer y darles de comer a nuestros hijos.

Nunca antes dijo Harry Taylor, presidente del Manufactures Hanover Trust, nunca antes un país había aplicado un programa de recuperación con tanto éxito y tan rápido, y con tanta decisión como México, pero es posible, pensamos muchos, que con otro exitoso programa de recuperación como éste, ya no quede casi nada del país en que vivimos.

México, dijo nuestro fiador, el mismo señor Taylor, ha hecho un excelente retorno a la Comunidad Financiera Internacional, y yo digo, y conmigo muchos mexicanos, que lo que es urgente es que México retorne a la Comunidad de Naciones que todavía resisten al imperialismo, que defienden su soberanía, que cuidan de sus recursos y de su riqueza para formar con ellos un frente lo más poderoso posible, que obligue a la Comunidad Financiera Internacional a revisar su política de rapiña y a moderar sus apetitos; que la obligue, no a reestructurar la deuda siempre conveniente para los acreedores, sino a reestructurar toda la relación económica internacional de la que formamos parte y que nos es tan injusta, buscando acuerdos equitativos sobre financiamiento, comercio y tecnología.

Estos empréstitos han llevado a México a una dependencia financiera extrema que afecta grandemente las posibilidades de su desarrollo como país, que compromete seriamente su futuro como nación. Esta situación tiende a agudizarse como resultado de la política del gobierno de promover las inversiones extranjeras directas.

México no está en condiciones de pagar en las actuales circunstancias la tremenda deuda exterior. Por ello, el PSUM ha demandado la moratoria de la deuda y exigido una negociación de los plazos, intereses y condiciones de pago. La renegociación que el actual gobierno ha hecho a espaldas del pueblo mexicano solamente alarga algunos plazos, pero ha incrementado los intereses en nuestro perjuicio.

Los banqueros mexicanos deben estar felices también, aun cuando hayan tenido que venir al Congreso a escuchar el informe, antes se les informaba a domicilio, porque no ha sido poca generosa la indemnización que van a recibir.

El pueblo de México continúa esperando que sean indemnizados los millones de mexicanos que a causa precisamente de los banqueros del gobierno y del sistema, han sufrido y sufren hambre física, desempleo real, enfermedad e ignorancia absolutos. Tal vez el gobierno encuentre de varas alguna forma para sacar al país de la crisis económica, pero cuando lo logre quién sabe cuántos millones de mexicanos habrán muerto de inanición y abandono.

El propio Presidente lo reconoce, es alto el costo social de la política anticrisis del gobierno. No hay congruencia entre la afirmación correcta de que el desarrollo económico

no es un fin en sí mismo y aquella que se hace en el propio informe de que el enemigo a vencer es la inflación.

Nosotros sostenemos que con crisis y sin ella, que con inflación o sin ella, el objetivo de cualquier gobierno que se reclame nacionalista y popular, es el de alcanzar la cabal independencia del país y el aumento constante de las condiciones de vida del pueblo. Y si esto último no fuera posible, evitarle al menos los mayores sufrimientos. Nos parece además indicativa la frase presidencial de que el desafío es análogo en lo económico a tiempo de guerra. Con esa concepción, no tardaríamos en llegar al estado de emergencia; a la suspensión de garantías individuales, para otorgar mayores y extraordinarias facultades al Presidente y para limitar al máximo los derechos individuales, sociales y políticos de los mexicanos.

La responsabilidad de esta crisis, hay que repetirlo, recae en los gobiernos que se han sucedido en los últimos 40 años, en la gran burguesía mexicana y en los centros económicos de decisión del imperialismo. México ha sido víctima de una criminal política de acumulación capitalista con profundización de la desigualdad social, sin desarrollo extensivo de las fuerzas productivas y con unos perniciosos vínculos con la banca imperialista. En nuestro país, la industria se ha desarrollado en condiciones de alta dependencia, monopolización y presencia del capital extranjero. Su sector más moderno está orientado al pequeño segmento social de altos ingresos; la agricultura en su mayor parte; la de ejidatarios comuneros y auténticos minifundistas, ha sido saqueada en aras de proteger a la industria y subsidiar los consumos de una parte de la población urbana. Los servicios están desarticulados; la banca ha sido hasta ahora un espléndido negocio para apoyar la gran industria y el gran comercio monopolista y para prolijar a una burguesía rentista. Las grandes necesidades de vivienda, educación, salud, empleo, producción en gran escala, equipamiento urbano popular, han sido atendidas con retraso e insuficiencias, tratando solamente de contener el descontento y asegurar la reproducción del sistema, pero no para encarar la solución de tan graves problemas.

El grupo en el poder ha gobernado para una pequeña minoría del país y ha dado la espalda a la inmensa mayoría de mexicanos. El Presidente De la Madrid el día que asumió el cargo, anunció los lineamientos básicos de una política que no sólo tiende a ratificar parcialmente la nacionalización de la banca y el control de cambios decretado por el Presidente anterior, sino que busca lo que bien podríamos llamar el endurecimiento capitalista del gobierno y de todo el aparato del Estado; esta política ha sido rigurosamente cumplida.

El actual grupo gobernante está profundamente convencido que con un capitalismo más moderno y con un Estado también modernizado, pero esbelto en cuanto a la propiedad pública, el país puede recuperar su atraso. La concepción del gobierno no se limita a una política económica antipopular, busca una remodelación del capitalismo mexicano y de sus relaciones con el imperialismo; asistimos a un intento muy serio de reconstitución de los instrumentos de dominio de la burguesía monopólica financiera, a través de la devolución a los ex banqueros de las casas de bolsa, fondos de inversión y acciones de las empresas no bancarias propiedad de la banca nacionalizada; así como de asegurar la presencia de los representantes de la gran burguesía en los Consejos de Administración de la banca nacionalizada, el Estado se convertirá así en banquero de la burguesía a través de una banca totalmente subordinada a las necesidades de las empresas monopólicas.

En el proyecto gubernamental el capital extranjero sobre renovada importancia, se alienta su penetración desde el gobierno y se pretende convertirlo en punta de lanza de la nueva pretensión modernizadora. Con esta conducta México verá agravada su dependencia, tendrá una industria y un servicio con una mayor injerencia de inversionistas extranjeros; en el campo avanzará la trasnacionalización y se acrecentará la influencia de la Banca Internacional y de las agencias financieras imperialistas en nuestra economía.

Ante la crisis el esquema del gobierno es relativamente simple: disminuir el nivel de vida de la inmensa mayoría de la nación, asegurar el pago de la deuda a la banca imperialista, detener al crecimiento del gasto público, desnacionalizar parcialmente, el llamado sector público, impulsar aún más el capitalismo en el campo y desarrollar una industria, un comercio y unos servicios modernos que reordenen la economía, y para ello se pretende aplicar una política inflexible, como ya lo hemos visto en los 9 meses de gobierno.

Tenemos hoy una derecha gobernante que quiere evitar conceder cualquier reclamo por encima de su programa y de su concepción del país, utiliza para ello a la crisis, como pretexto para imponer de una vez el México de su conciencia reaccionaria.

La gravedad y profundidad de la crisis es ciertamente real, pero ante ello, lejos de plantearse cambios sociales hacia adelante, el gobierno pretende que el país cambie hacia el perfeccionamiento del capitalismo, que en las condiciones de México solamente ofrece mayor desigualdad, ya lo vimos cuando el supuesto auge petrolero, ya conocemos de sobra la vieja tesis burguesa de que primero hay que generar la riqueza y después distribuirla, ya hemos oído las promesas de bienestar que se desmienten ante la brutal acumulación de riqueza en unas cuantas manos.

La política del Presidente De la Madrid no ofrece al país más que injusticia en la crisis de hoy e injusticia en la recuperación futura, la actual inconformidad popular no sólo tiene su origen en la crisis en sí misma o en sus efectos más evidentes, sino principalmente en la política antiimperialista que implica el gobierno, aún bajo la crisis económica, la situación podría ser otra si predominara una

política distinta, nosotros decimos que es posible enfrentar la crisis con un programa popular, nacional y democrático, un programa que contemple medidas tales como la eliminación de los subsidios gubernamentales a los grandes monopolios, en eso hemos gastado lo que no tenemos, escala móvil de salarios y de los precios de garantía para nuestros pequeños agricultores, seguro al desempleo, seguridad social para toda la población, control democrático de las empresas públicas para que sirvan precisamente a los intereses de la nación y del pueblo, nuevas reformas políticas que aseguren la mayor participación del pueblo en las grandes decisiones nacionales, absoluto respeto a la vida, la integridad, y el pensamiento y la acción política de los ciudadanos.

En el informe se dice que la crisis debe ser aprovechada para impulsar cambios estructurales; que estos cambios deben ser precedidos por reformas constitucionales y legales, a fin de que la acción del gobierno se fundamente siempre en el derecho. De acuerdo con esta idea es fácil determinar el sentido de los cambios si estudiamos las modificaciones regresivas que sufrió el texto constitucional en el mes de diciembre pasado, por medio de las cuales se impuso al Estado la obligación de apoyar a la empresa privada y de estimular la actividad de los particulares, a quienes se relevó de la necesidad de someterse a los planes económicos aprobados por el gobierno, contrariando el principio básico de que la nación tiene en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público.

Quisiera comentar algunos otros aspectos del informe. Las cifras consignadas en el informe, dan idea de que el reparto agrario ha sido definitivamente cancelado, no obstante que aún está vigente la fracción X del artículo 27 constitucional, que dice que los núcleos de población que carezcan de ejido, serán dotados de tierras y aguas suficientes para constituirlos conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará el terreno que baste a este fin.

La tierra no se reparte entre los campesinos, no porque no haya extensiones afectables, sino porque la política del gobierno ha sido la de fomentar en el campo a la empresa privada, abandonando al ejido, aún cuando sea este último en donde se producen los alimentos básicos de nuestro pueblo.

Este abandono se confirma cuando vemos que los precios de garantía que se paga a los campesinos por sus cosechas, son notablemente inferiores a los costos de producción, y esto sin tomar en cuenta el trabajo del campesino y de su familia, así como la renta de la tierra, factor que debe apreciarse contablemente aún cuando el campesino sea dueño de su propia parcela. Este abandono se observa también cuando sabemos que el crédito al campo en cifras absolutas ha aumentado, pero disminuye relativamente cuando apenas alcanza para poner en producción la mitad de las extensiones del año pasado, debido también a los altos costos de producción. No parece serlo más indicado tratar de resolver los grandes problemas de la educación y que todos reconocemos mediante la transferencia a los gobiernos estatales de funciones que en esa materia ha venido desempeñando la Federación. No creemos que la descentralización contribuya a mejorar la cantidad y calidad del servicio educativo con una correcta orientación, ni a elevar los niveles académicos en cada escuela, por que según lo demuestra la experiencia, nunca antes las autoridades locales han cumplido satisfactoriamente con aquellas tareas de interés nacional que la Federación les ha transferido. Nosotros creemos que los problemas graves por los que atraviesa la educación nacional se resuelven instrumentando un sistema único a cargo de la Federación que haga congruente la educación, desde el jardín de niños hasta la enseñanza superior y la investigación científica, ligándola estrechamente a la realidad y a las necesidades del desarrollo del país, proponemos un sistema educativo con una orientación única, con un mayor apego a los lineamientos del artículo 3o. constitucional, con una mayor participación de los educadores y de las fuerzas más avanzadas de la sociedad en la conducción de la tarea educativa y en la formulación de los planes de estudio. Y con un mayor respeto a los derechos sindicales y políticos de los maestros.

No entendemos cabalmente qué nos quiere proponer el Presidente con eso de la revolución educativa. Si lo que busca son cambios profundos y progresivos en el sistema educativo, corregir el rumbo con un sentido democrático y nacionalista, estamos de acuerdo. Pero por razones que todos conocemos, no se puede dejar en manos de los gobernadores tamaña empresa. Una revolución implica, según todos lo sabemos la sustitución de una clase social por otra más avanzada, en la dirección de la sociedad. En este caso, reducida la revolución al campo educativo, cosa difícil de lograr, pues habría que entregar la dirección del sistema educativo a la clase obrera.

Por lo pronto no sería malo que la educación se orientara por su filosofía: el materialismo dialéctico. Por ahora sabemos que la llamada revolución educativa ya se inició con la toma de la Escuela Normal Superior por parte de la fuerza pública. Nosotros los del PSUM, exigimos la inmediata desocupación del inmueble y la participación de la comunidad normalista en la reestructuración de ese plantel. Los términos de la demanda de las fuerzas más positivas del país nunca se han centrado a definir si deben ser pocas o muchas las empresas que el Estado controle. La cuestión ha sido resolver a que intereses deben servir las empresas estatales, si a los de la nación y el pueblo o a los intereses de los monopolios y del extranjero. Nosotros seguiremos luchando porque las nacionalizaciones tengan un sentido antiimperialista y anticapitalista.

y no se conviertan en instrumentos que el estado ponga al servicio de la gran burguesía como sucede en los países capitalistas de alto desarrollo.

No pretendemos que el Estado adquiera empresas en quiebra, las rehabilite para luego venderlas de nuevo a la burguesía: no queremos empresas del Estado que sólo sirvan para proporcionar a los grandes monopolios materias primas y servicios baratos a fin de que éstos puedan reducir sus costos de producción y aumentar sus ganancias; nos manifestamos en contra de pagar indemnizaciones generosas a los antiguos propietarios de las empresas nacionalizadas, porque de esta manera se asegura que sigan recibiendo la mayor parte de las utilidades; además, este hecho conduce inevitablemente a agravar la inflación, a nuevas depreciaciones de la moneda y al alza violenta de los precios.

Pero tampoco estamos de acuerdo en que por cualquier razón el Estado se desentienda de aquellas áreas que se consideran estratégicas para nuestro desarrollo, y que debe atender de manera exclusiva, como es el caso de URAMEX, empresa que quieren desaparecer con el sólo propósito de fastidiar a sus trabajadores.

Se ha golpeado a los trabajadores de URAMEX, miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, manteniendo cerrada la empresa ilegalmente y con diversos pretextos. Con ello se afecta el derecho de huelga, pues se trata de castigar precisamente el ejercicio de este derecho. Se afecta el derecho de organización sindical al pretender aplastar a un sindicato democrático y se afectan la independencia y soberanía nacionales, al cerrar y tratar de desnaturalizar a un organismo público en un área estratégica como es URAMEX, creado precisamente por este Congreso.

El Presidente muestra en el informe su preocupación por la democratización integral y hace énfasis en la necesidad de fortalecer el balance y colaboración de los poderes, el federalismo y el municipio libre. Pero la realidad acredita que hasta ahora el verdadero poder es el del Ejecutivo Federal.

El Presidente es el único legislador, sus iniciativas son las únicas aprobadas por el Congreso, casi sin enmiendas. Por eso es necesario que las fuerzas del progreso estén representadas en mayor proporción, para que el Congreso recupere y amplíe sus facultades y autoridad y soberanía.

La Federación hace valer su peso económico y político en la vida interior de los estados, empezando por hecho de que es el Presidente el que nombra a los gobernadores. Es necesario que los Congresos Locales se integren mediante el principio de la representación proporcional, a fin de que defiendan la soberanía de los Estados dentro del Pacto Federal.

Por lo que hace a la institución del municipio libre, debemos que recordar que aun cuando tuvimos discrepancias en algunos aspectos del dictamen de las reformas al artículo 115 constitucional, todos estuvimos de acuerdo en la necesidad de proteger la autonomía municipal y la integridad de los ayuntamientos, de actos arbitrarios de los gobernadores, así como dotarlos de los suficientes recursos económicos para atender las funciones y servicios que por mandato constitucional les correspondan. Este espíritu avanzado del nuevo artículo 115 ha sido desmentido reiteradamente por muchos gobernadores. El caso más escandaloso fue el de Juchitán, donde el Gobernador Vázquez Colmenares, con base en una provocación que él mismo montó contra el pueblo de aquel municipio, hizo que la Legislatura decretara la desaparición del ayuntamiento y lo facultara para nombrar un consejo municipal.

Tal cosa se realizó atropellando disposiciones expresas de la Constitución Local y del nuevo artículo 115 constitucional.

Por otra parte, estos actos nunca pudieron ser fundados en disposición legal alguna.

Para completar la agresión, la Comisión Estatal Electoral resolvió sin motivos, suspender las elecciones del distrito de Juchitán, negándole al pueblo de aquél lugar la oportunidad de elegir a su representante legítimo en el Congreso, y dar una respuesta contundente en las casillas electorales a quienes como el gobernador Vázquez Colmenares son enemigos de la democracia y del municipio libre.

Estuvimos de acuerdo también la totalidad de los diputados que integramos esta Legislatura en la conveniencia de introducir al sistema de la representación proporcional para la integración de todos los ayuntamientos del país. Y quiero denunciar aquí que muchos congresos locales han estado legislando al respecto, estableciendo mecanismos para la elección de los ayuntamientos que nada tienen que ver con la representación proporcional; insistiendo en el principio de la mayoría relativa y minimizando la participación de los representantes de los partidos minoritarios, aun cuando tengan el derecho de concurrir en mayor número a integrar los ayuntamientos de acuerdo con la proporcionalidad de los votos que obtuvieron.

Hemos estado esperando con interés el ofrecimiento que hizo el Presidente el día 1o. de diciembre de promover una serie de reformas constitucionales y legales para reestructurar el Senado, mejorar la vida democrática del Distrito Federal y perfeccionar los procesos electorales.

Es urgente, si de veras se busca un desarrollo nacional equilibrado y justo, organizar la vida política como lo dice el Presidente, sobre la base del respeto al pluralismo ideológico, ampliando la participación ciudadana mediante el ejercicio de sus derechos

Esa es la razón por la que insistimos en la búsqueda de mecanismos para que el Senado deje de ser el foro de un solo partido y uno de los factores que más traban y debilitan al poder legislativo en su conjunto. Nosotros afirmamos que si no se encuentra la fórmula para que el senado participen en la proporción que le corresponda a todos los partidos que

existen en el país, mejor valiera desaparecerlo como lo hizo el Constituyente de 1857.

Es necesario también reformar la LOPPE para darle a los partidos y a los ciudadanos una mayor participación en la preparación, vigilancia y calificación de las elecciones, destruyendo el monopolio que el gobierno tiene en esta materia. Es necesario, asimismo, establecer el principio de la representación proporcional en la integración de todos los cuerpos colegiados del poder público. Este principio es más avanzado que el de la mayoría relativa, porque este último da al partido triunfador el derecho de atribuirse la totalidad de los cargos de un Ayuntamiento, de una Legislatura local o del Congreso de la Unión excluye a los demás partidos, aun cuando haya obtenido una buena cantidad de votos. La representación proporcional no niega la participación de la mayoría, pero no le otorga la totalidad de los puestos de elección, sino aquellos a que proporcionalmente tengan derechos dejando el espacio legal que corresponde a los partidos minoritarios. Es vigente, por último, restituir a los habitantes del Distrito Federal de todos sus derechos políticos.

En sus primeros 9 meses la actual administración no ha mostrado interés alguno de introducir cambios sustanciales en la política de comunicación, persiste la intolerable complacencia frente al monopolio televisa, que ensoberbecido por los privilegios de que se le hace objeto y sabedor de su impunidad, se muestra cada vez más militante en posiciones contrarias a la soberanía nacional y a la democracia, y como si no se quisiera importunar a televisa con una competencia desleal, como dicen los empresarios, se mantiene en un nivel de postración a los medios de comunicación estatal. Por otro lado, el Estado se obstina de no permitir la expresión independiente y de manera sistemática se niega a otorgar concesiones de operación de radiodifusoras a instituciones que, apegadas a las disposiciones legales, han hecho su solicitud de frecuencia. El caso más ilustrativo es el de la Universidad Autónoma de Puebla.

Hemos utilizado el proceso de consulta popular para analizar las condiciones que guarda nuestro sistema jurídico, dijo el Presidente en su Informe; a propósito, el PSUM quiere expresar su opinión de que los foros de consulta deben ser sustituidos por otros mecanismos de participación más amplios, eficaces y sistemáticos.

En materia legislativa sería preferible que el Congreso organizara la consulta popular y no el Poder Ejecutivo, a fin de que el Congreso no se vea presionado a aprobar ninguna ley por el hecho de que el proyecto haya merecido, supuestamente, la aprobación de los ciudadanos. La verdadera representación nacional está aquí reunida, y todos sabemos que en esos foros de consulta popular participa una mínima parte de la población. Si el Congreso organiza la consulta, ésta se convertiría en un auxiliar de primer orden para su labor legislativa, con la ventaja de que el Congreso conservaría su dignidad, autoridad y funciones.

La renovación moral no precisa bien sus límites con la represión; una experiencia reciente demuestra que tanto el juicio político como el juicio de procedencia, son del uso exclusivo del Presidente de la República, porque cuando este último quiere ejercitar la acción, todo se facilita para que resulte procedente y alcance sus objetivos. En el caso Díaz Serrano por ejemplo, se tuvo que corregir errores y subsanar fallas como la de nombrar a los miembros de la Comisión Jurisdiccional e integrar la Sección Instructora con posterioridad a los hechos y a a la denuncia que de ellos hizo la Procuraduría, contrariando en cierta forma el espíritu del artículo 14 Constitucional. Sin embargo, cuando se trató de examinar la denuncia del ayuntamiento de San Luis Potosí contra el Gobernador de aquella entidad, así como la denuncia del grupo parlamentario del PSUM contra el Gobernador de Oaxaca por el asunto de Juchitán, los argumentos sobraron para responder que nuestras pretensiones eran totalmente improcedentes. Si algo negativo ha resultado de todo esto, es cómo la Cámara de Diputados ha mostrado su total subordinación al Ejecutivo; está bien que los funcionarios que tengan alguna responsabilidad sean sometidos al juicio político o al de procedencia, lo que nos preocupa es que se tomen esas acciones como pantalla para ocultar verdaderas agresiones al pueblo. El mismo día que se declaró que había lugar al juicio de procedencia contra el ingeniero Díaz Serrano, se elevó el precio del pan y las tortillas; casi simultáneamente se produjo la agresión policiaca contra los maestros de la Normal Superior, la agresión empresarial contra los trabajadores del SUTIN, la agresión del Gobernador de Oaxaca contra el Ayuntamiento de Juchitán. En lo que va de este gobierno, el PSUM ha perdido a 35 compañeros de todo el país, que han sido asesinados. Estamos preparando la lista completa para darla a conocer al pueblo. Está claro que para nosotros no hay respiro. Aún no termina la lucha por la liberación de nuestros presos, muchos de los cuales han sido inclusive amnistiados y aún continúan en la cárcel. Todavía no termina nuestra lucha para la presentación de nuestros desaparecidos, y ya tenemos que darnos un tiempo para enterrar a nuestros muertos.

Ojalá que no estemos al principio de una era de persecuciones, de represión y de intolerancia, porque esto no sería bueno para el país y ni siquiera para quienes lo están gobernando.

El Presidente ha reconocido de cualquier manera que la crisis nuestra es una crisis de estructura. Esto quiere decir que hemos llegado a ella a causa de una enorme desigualdad social de los privilegios excesivos que se han otorgado a la alta burguesía, a los monopolios y al imperialismo, mientras que los ingresos reales de la inmensa mayoría de los mexicanos han disminuido drásticamente. De que los escasos recursos del país se destinen en su mayor

parte al pago de la deuda, mientras la producción continúa reduciéndose y aumentando el desempleo, la inflación repercute gravemente sobre las familias de escasos ingresos y la reducción del gasto público ha afectado severamente los servicios de salud, de educación y los programas de vivienda.

El problema que nos planteamos los mexicanos es el de cómo debe resolverse la crisis. Para la gran burguesía la solución es exigirle a la clase obrera y a los trabajadores un mayor sacrificio, privados de sus derechos sociales y democráticos, arrojar sobre sus espaldas todo el peso de la crisis. Seguir este camino sería el de pasar de una crisis a otra todavía más profunda y compleja, sería optar por la profundización del capitalismo, camino que está cerrado definitivamente para México.

Nosotros, en cambio, luchamos por una salida democrática de la crisis, salida que responda a los intereses de las masas populares y que abra el camino hacia la transformación socialista de la sociedad; por eso pensamos en el mejoramiento sustancial de las masas trabajadoras y en la elevación de su capacidad adquisitiva: luchamos contra la desocupación, la carestía y contra el empeoramiento de las condiciones de vida, por la liquidación de las nocivas consecuencias de la explotación capitalista manifestadas con particular evidencia durante la crisis. Es necesario ante todo, hacer valer el derecho que los trabajadores tienen a organizar sus instrumentos de lucha con autonomía del poder público y de la clase patronal, hacer valer el derecho a la libertad, a la democracia y a la unidad sindical.

El registro y otras medidas administrativas de control no deben entorpecer la vida ni la personalidad jurídica de los sindicatos. Es necesario fundamentalmente hacer valer los derechos políticos de la clase trabajadora.

En las condiciones actuales de la crisis de las estructuras monopolistas, la alternativa democrática para la salida de la crisis se basa en buena parte en la reestructuración del aparato del Estado. El cambio cualitativo del contenido de su actividad por medio de la democratización.

Nosotros creemos que el actual grupo gobernante no está capacitado, desde el punto de vista de clases para impulsar un programa popular y antiimperialista. Por eso consideramos que debe ser desplazado por la participación de la clase obrera, los campesinos y las fuerzas antimonopólicas y antiimperialistas de la sociedad.

Esto es lo que permitiría realizar los cambios estructurales de la economía y allanar el camino hacia la independencia, la democracia y el progreso social. Muchas gracias.

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el ciudadano diputado José Augusto García Lizama.

El C. José Augusto García Lizama: Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:

En representación de mis compañeros de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, hago a continuación algunas observaciones respecto del I Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en el que nos manifestó el estado general que guarda la administración pública del país.

No se trata de análisis exhaustivo del mismo; ni siquiera en lo referente a la Política Interior, que es la que nos corresponde tratar hoy. Se trata simplemente de anotar algunos de nuestros puntos de vista, sobre algunos temas que nos parecen de singular importancia, por ser de interés nacional.

Participamos conscientes de nuestro derecho a disentir y a coincidir; conscientes de que somos miembros de un partido independiente, el Partido Demócrata Mexicano. Lo hacemos con sentido de responsabilidad y en representación de gran cantidad de mexicanos que viven nuestra realidad; la que deseamos contribuir a mejorar; en representación de mexicanos que sienten en carne propia innumerables injusticias, fruto de nuestro subdesarrollo y colonialismo interno, impuesto o tolerado, muchas veces, por la mayoría de las élites del poder, especialmente del poder político; quienes, sutilmente unas veces y cínicamente otras, han actuado con demagogia; es decir, algunas veces, según el concepto de Aristóteles, se han valido de la demagogia, forma corrupta de la democracia, para manipular mediante el engaño al pueblo y ofreciendo cosas falsas, sin voluntad política de realizarlas y en otras ocasiones, han actuado mediante la dominación tiránica, del prepotente sin razón.

El I Informe de Gobierno fue el habitual de principio de sexenio: convocativo, abierto, no excluyente; destacando las graves condiciones "de emergencia", casi de desastre, en que entregó el licenciado José López Portillo, el Presidente saliente, el erario nacional y la administración pública del país. Al respecto, el licenciado De la Madrid dijo: "...inicio mi mandato en medio de una profunda crisis económica que conmovía a toda la sociedad. Estábamos en riesgo de confrontación, con un clima interno de gran desconfianza e incertidumbre y con severos problemas con el exterior. Por ello, los aspectos económicos de la crisis amenazaban con transformarse en una dislocación social y política. El sistema que nos hemos dado los mexicanos estaba en riesgo..." Luego agregó: "El nuevo gobierno encontró una economía caracterizada por el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación, desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del circulante, etcétera". Desde luego que omitió decir, que la gran culpable del desastre económico, que la raíz y la razón de la crisis, es la política económica populista y desarrollista de los ex Presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, respectivamente; además de una mala, muy mala, e inconstitucional interpretación y peor aplicación de la rectoría del Estado, que nos llevaba a la estatización y a la ruina.

En el I informe no hay amenazas, ni ataques a clases sociales o sectoriales determinadas, sino más bien busca en todo momento la unidad, la concordia y la solidaridad de todos los mexicanos.

Entre lo significativo, sobresale el propósito de que nada importante se hará en lo sucesivo sin la previa consulta popular, así como el compromiso que hizo de rechazar cualquier forma autoritaria; además de reconocer públicamente que el único camino para el desarrollo integral es el camino de la libertad humana.

Igualmente, es de notar el especial énfasis que puso en el aspecto educativo, en el que tácitamente reconoció, que si bien no hemos fracasado, sí íbamos de mal en peor. La insistencia en el cambio cualitativo y en la necesidad de condiciones de eficiencia y sobre todo en la condición y compromiso de inducir con el ejemplo del gobierno y el suyo propio, son otros factores que reconfortan.

Es de señalar, asimismo, algunas omisiones que nos parecen preocupantes, como las referentes a la democratización del Distrito Federal y del Senado de la República, sobre lo cual, próximamente presentaremos nuestras iniciativas; así como omisiones sobre las actividades y justificación práctica de la Secretaría de la Contraloría, ya que el pueblo de México exige la investigación exhaustiva de los presuntos culpables de la crisis económica, entre los que destacan los miembros del gabinete económico y otros prominentes responsables de la administración pública federal del sexenio pasado, y su ejemplar castigo, en caso de comprobarse alguna culpabilidad.

Anotamos y reconocemos como un logro el control de la crisis en su aspecto macroeconómico, aunque desde luego con un gran costo del sacrificio de los ya de por sí sacrificados: los trabajadores asalariados, obreros y campesinos; los que hay que reconocerlo, ha producido una incipiente confianza, aún no libre de preocupaciones por demás justificadas. El mismo Presidente reconoció, sin triunfalismos y con realismo, que la crisis está controlada, pero de ninguna manera solucionada y que la justicia social no podrá avanzar mientras subsista la crisis.

El informe se caracterizó por la sencillez, de acuerdo con la personalidad del Presidente De la Madrid; con énfasis en alguna ocasiones, pero sin la cegadora emotividad.

El informe reafirmó postulados, expresó criterios y propósitos; buscando convencer y una mayor participación ciudadana, haciendo sobresalir la necesidad de mayor acción popular en la solución de la problemática nacional.

En el informe se deja entrever, a nuestro juicio, que el Presidente sabe como resolver el problema, pero que no sabe con quiénes contar efectivamente para ello. Se trata, al parecer, de un informe de propósitos radicales, cualitativos, no apto para totalitarios y extremistas.

Creemos que el nacionalismo no será realidad mientras existan mexicanos marginados y zonas deprimidas, analfabetismo y segregación indígena; condición social que impide hablar de libertad, justicia y democracia. En estas condiciones, sólo podemos hablar de regionalismos, ausentes de conciencia del compromiso y de los beneficios de la nacionalidad. A menos de que los signos imperantes de nuestra nacionalidad sean la marginación, la miseria y la explotación humana.

Respecto a la Reforma Política, tampoco ha llegado a los estados y municipios. La democratización integral, hoy por hoy, es una mera aspiración; sobre todo, debido a los obstáculos y burlas a las leyes y sus reglamentos de parte de gobiernos locales, quienes no se han apegado a derecho en los procesos electorales, como en los casos de Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes, sólo para mencionar a los que en los últimos tiempos les ha tocado la mala fortuna de tener que acudir al escamoteo del voto popular, para mantener en el poder a la llamada "familia revolucionaria".

El pueblo y los partidos políticos auténticos, han cumplido con responsabilidad, a pesar de los partidos de utilería del prigobierno; sin embargo, han habido decepciones populares, por los bárbaros regresos a actitudes imposicionistas y antidemocráticas de gobernantes de los estados mencionados entre otros, que han permitido o al menos solapado el fraude electoral en sus innumerables variantes, ya por todos conocidas. ¿Así respaldan al Presidente De la Madrid?

Es de lamentar que los buenos propósitos e intenciones del Gobierno Federal hayan sido saboteados por funcionarios estatales, los cuales cometieron toda clase de abusos para hacer nugatorios los triunfos de candidatos del Partido Demócrata Mexicano a presidencia municipales.

Creemos que fuertes intereses del gobierno y del partido en el poder, impiden que se lleve adelante el proceso de democratización integral, por lo que el Partido Demócrata Mexicano pondrá todo su empeño para que esta meta sea una realidad prontamente.

Hasta que se castigue severamente a los violadores de las leyes no será factible la democratización y menos la democratización integral y humanista, como los miembros del Partido Demócrata Mexicano exigimos.

Muchos son los gobernantes que asumen una actitud de desdén hacia la democratización. El llamado a la unidad que hizo el Presidente de la República para superar la crisis, lo apoyamos en principio, aunque considera que dicha unidad no podrá ser alcanzada plenamente, sin el respeto irrestricto a la voluntad popular, en la nominación de sus gobernantes, en todos los niveles, lo que es condición indispensable para alcanzar la deseada unidad.

Quienes han violado la Constitución y las leyes electorales locales, han atentado frontalmente al principio, la letra y el espíritu del federalismo que nos debe regir.

Se observa, con indignación popular, la falta de voluntad política de muchas autoridades de los poderes estatales para respetar y hacer respetar la voluntad popular de las elecciones.

Democracia, no es únicamente libertad de hablar, de manifestarse y participar en elecciones

sino, en esencia, democracia es respeto absoluto a la voluntad del pueblo, manifestada en las elecciones.

La Reforma Política, que pertenece al pueblo, no ha podido avanzar, ni podrá avanzar, por causa de un Padrón Electoral descalificado, por falta de autenticidad y veracidad, a lo que hay que agregar la falta de entrega oportuna de las credenciales de elector a los ciudadanos inscritos o con derecho a inscribirse, por falta intencional de facilidades; todo lo cual, aunado integración caprichosa y partidista de la Mesas Directivas de las Casillas Electorales, hace imposible la democratización integral que propone el Presidente y todo ello por gran temor al cambio cualitativo.

Hay algo más en contra de una auténtica democratización: la presencia de membretes de utilería, que se hacen llamar partidos y que no menciono por su nombre, por ser de todos conocidos y a quienes utiliza frecuentemente el prigobierno, tanto para hablar de pluripartidismo, como para castigar y someter a miembros indisciplinados a los gobernantes afectados; escamoteando otras veces triunfos a partidos y candidatos independientes o de oposición.

Mientras existían líderes, sindicalistas, de campesinos y organizaciones populares, farsantes y demagogos, sin origen democrático; la democratización integral será una mera ilusión o estribillo de campaña política, ya que dichos líderes atentan contra los derechos de sus afiliados al obligarlos a pertenecer automáticamente al partido oficial.

Otro gran obstáculo para una auténtica democratización es que algunos medios de comunicación social, especialmente de los que maneja el gobierno; dan preferencia, casi exclusividad, a los funcionarios, dirigentes y candidatos del partido del gobierno; aclarando que no me estoy refiriendo a los escasos minutos mensuales que se dan a los partidos políticos por prerrogativa de la Ley, sino a otros programas de radio y televisión, así como a espacios desproporcionados en las páginas de algunos periódicos.

Algunos miedosos, políticos oficiales y oficialistas, no han aprendido a vivir con opositores, en libre competencia. Así, la soberanía popular seguirá siendo una mera ilusión. Por ello, se hace improrrogable comenzar, con todas sus consecuencias, los cambios cualitativos, por el pueblo exigidos, para así acabar con esa lacra consustancial al sistema: la demagogia.

Se hace inaplazable combatir vicios y conductas políticas arcaicas, terminar con los caciquismos y feudos de clientelas, para someternos a las prácticas de una auténtica democracia. Es esencial que nuestra vida política tenga su origen en la plena y permanente vigencia de la bandera del "Sufragio Efectivo".

Todo ello nos obliga a seguir luchando por que se restauren los derechos fundamentales de todos y cada uno de los mexicanos, a fin de hacer factible nuestra mas alta finalidad: la salvación de la patria, para vivir en un México libre de tutelas, propias o extrañas.

El Presidente De la Madrid dijo que las reglas de la democracia las fijan las mayorías, pero nosotros consideramos que las reglas se rigen básicamente por los principios universales y esenciales que le dan vida a la verdadera democracia y que esta no está sujeta a opiniones de mayorías o minorías, por muy selectas que ellas sean. Las mayorías, simplemente deciden quién, cuándo, dónde, cómo, se aplican las reglas democráticas.

Es conveniente remarcar lo dicho por el señor Presidente en el sentido de que: "Los recursos patrimoniales del país son para servir al pueblo, no para servirse de ellos". Y esto viene muy a propósito de las campañas políticas y electorales de militantes del partido oficial en las que se gastan cuantiosas sumas de dinero, del todo injustificables. Pasando a otra cosa ...

Aunque algo se ha avanzado, el pueblo sigue padeciendo los abusos de las autoridades policiales tanto del Distrito Federal, como de la Policía Federal de Caminos y de la Justicia Federal, tal como lo he denunciado personalmente ante autoridades competentes, pues he sido testigo y víctima en casos recientes, por lo que habrá que revisar y corregir las fallas persistentes.

Qué bueno que el Presidente De la Madrid haya reconocido su obligación de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, pero lo que sería mejor es que se buscara la manera práctica de hacer efectiva esta obligación y procediera en contra de aquellos que violan las leyes tanto en el aspecto económico como en el electoral.

Es preciso reconocer que la reforma al artículo 115 constitucional, impulsada a través de la iniciativa del Ejecutivo, que recogió una vieja exigencia de la nación es un significativo avance formal y puede ser el marco jurídico de avances reales en una democratización integral. Pero, tal expectativa puede convertirse en frustración por los elementos negativos antes apuntados y por el espíritu restrictivo y poco democrático con que algunas legislaturas de los estados tratan de conformar las constituciones locales y las leyes electorales respectivas al nuevo texto constitucional. En próxima ocasión otro compañero demócrata dará detalles sobre esta situación, para que esta Cámara se percate de la gravedad de este asunto. Yo simplemente la apunto como contexto en que se da el informe, cuya glosa estamos efectuando.

Como expresamos anteriormente es muy significativo el énfasis que en materia de Educación pusiera el Presidente De la Madrid en su I informe. Todo parece indicar que está dispuesto a acabar con todos los intereses creados que han dificultado que los mexicanos tengamos acceso a una educación de la máxima calidad y sin monopolios de grupo sectario en el control administrativo.

Que la revolución educativa no es restrictiva queda demostrado cuando en el informe dice: "La revolución en la educación debe ser

un esfuerzo participativo de alcance nacional que abarque la totalidad de la educación que se imparte en México", y cuando prevé la creación de comités consultivos en cada estado de la República en los que deberán escuchar a asociaciones voluntarias interesadas en la educación o que participen en ella.

Muy expresivo es el párrafo en que señala: "La renovación moral en que estamos empeñados se reducirá a nuestros días si no logramos, a través de la sustancia ética que informa y conforma a la educación, convertirla en directriz y principio del mañana de México".

Conforta haberle oído decir: "Convoco a todos los mexicanos a participar activa y entusiastamente en esta nueva revolución educativa: a los maestros y pedagogos principalmente, pero también a los padres de familia..."."Que nadie se evada de esta nueva etapa de la educación y la cultura en México para elevar la calidad de los mexicanos de hoy y de mañana a través de la educación. La educación no se limita a la escuela; es responsabilidad de todos".

Sin educación democrática, en la libertad y para la libertad, no pasarán de ser tesis irrealizables el nacionalismo revolucionario, la democratización integral, la sociedad igualitaria, la renovación moral, etcétera y sobre todo no se logrará la prioridad por excelencia: El desarrollo integral del hombre.

Sin educación moral, no será posible la renovación moral por obvias razones.

Como dice el Presidente De la Madrid, en el contenido de los programas educativos se pretende enfatizar la formación ética del educando, lo que desde luego facilitará la vivencia de la justicia.

En relación al mejoramiento de la educación y seguramente respaldando la política presidencial educativa, el Secretario de Educación Pública, licenciado Jesús Reyes Heroles, dijo que se intenta consolidar la política educativa y cultural en busca de un mejor equilibrio entre la cantidad y la calidad de los servicios, pero aclaró que con especial énfasis en los aspectos cualitativos; lo cual es estimulante, ya que, entre otras, serán prioritarias las medidas encaminadas a acrecentar la eficiencia y calidad de los servicios de educación básica y normal.

Lo que no está claro es por qué se están poniendo limitaciones a las normales particulares, de donde han salido y siguen saliendo la mayor parte del mejor elemento educativo; además de que es un aspiración extender los estudios básicos hasta 10 grados.

Consideremos indispensables que se precisen las políticas al respecto, para la salud pública y para cumplir con el derecho a la información, que tanto nos ha prometido facilitar el Presidente de la República.

Queremos saber si ya son los gobernadores los que deciden al respecto y que pasos se ha dado sobre la descentralización de la educación.

Nos complace que el señor gobernador del estado de Puebla, licenciado Guillermo Jiménez Morales, acatando la voluntad popular de sus coterráneos, haya acordado la reapertura de las 20 normales de la entidad. Esperamos que los señores gobernadores de otros estados como Guanajuato y Michoacán, entre otros, sigan el camino democrático en sus actos de gobierno.

Hacemos un llamado al Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, para que tome cartas en el asunto y corrija las fallas que en materia de educación pública se estén dando y muy especialmente en cuanto a las normas particulares, pues consideramos que es el momento menos propicio para restringir la preparación de maestros calificados del mañana, que tanta falta nos están haciendo para sacar a México del subdesarrollo y la marginación.

Por otra parte consideramos que si la educación privada recibiera el mismo subsidio que la pública, podría impartirla gratuitamente o sumamente barata, en beneficio del poder adquisitivo de los padres de familia.

Pensamos que el modo de elevar la calidad de la enseñanza en México no es a través de hacer de ella un monopolio oficial, sino a través de fomentar la competencia: alentando a quienes han demostrado ser eficientes y leales a los valores nacionales y culturales de la población.

Es necesario que en los programas educativos se incluyan valores comunes y conocimientos como: un idioma, un pasado histórico, geografía nacional y civismo, que son muy importantes para arraigar en todos los mexicanos el espíritu de unidad y nacionalidad.

El gobierno debe vigilar el cumplimiento de esos mínimos normativos; pero también debe permitir y alentar que se cultiven otros valores éticos, culturales y religiosos que no niegan los valores nacionales, sino que los reafirman y complementan y de este modo forman ciudadanos útiles a la patria y comprometidos con ella. Por esta circunstancia no se puede imponer una religión única y oficial, pero tampoco negar que existen estas legítimas inquietudes en el pueblo. Del mismo modo no nos pueden imponer un ateísmo marxista obligatorio y oficial, mezclado con aquellos legítimos valores y conocimientos comunes que al Estado corresponde supervisar.

En resumen, consideramos que informe es un llamado a la participación y la unidad nacional de todos los mexicanos, ya que, como el mismo Presidente señala, el destino de México está en juego, y sólo con el esfuerzo decidido y patriótico de todos se podrá evitar un desastre; por lo que los miembros del Partido Demócrata Mexicano, conscientes de su responsabilidad histórica, dan su decidido apoyo a los actos de gobierno que vayan encaminados a evitar una catástrofe.

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el C. diputado Rafael Aguilar Talamantes.

El C. Rafael Aguilar Talamantes: Compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Analizar el Primer Informe Presidencial, y particularmente en los aspectos relativos a cómo enfoca el Presidente la situación del país, requiere, y yo diría hace indispensable, que seamos elementalmente justos para analizar la situación de estos nueve meses de gobierno del Presidente, reconociendo el marco en que el Presidente ha tenido que gobernar al país, marco particularmente difícil en donde no sólo la situación interna es complicada, sino sobre todo cualquier política que al interior del país tuviera que trazarse, estaba sujeta a las duras presiones por parte de los intereses de los Estados Unidos.

Algo resalta del Informe Presidencial, y en todo el texto del Informe prevalece: la necesidad del Presidente de enfrentar las tareas de gobierno llevando el propósito principal de gobernar la crisis.

El Presidente De la Madrid inicia su mandato en una situación política interior complicada, llena de desconfianza, con serio peligro de polarización política, en condiciones en los cuales la crisis económica podía derivar en crisis política y social, y el Presidente con una elevada conciencia coloca como objetivo principal de su gobierno el ejercer control sobre la crisis. Propone al país un plan de reordenación económica y convoca a todas las fuerzas a que apoyen ese plan.

Habría que pensar que el Presidente inicia su gobierno en medio de mil dificultades, con presiones múltiples, con diversos intereses creados confrontándose, tratando de conducir a favor de sus intereses las decisiones políticas, las económicas del gobierno. Y que además poderosos intereses económicos y políticos que habían sido afectados por la nacionalización de la banca, habían logrado tener éxito en echar a andar su versión ideologizada de la crisis, que confundió a amplios sectores de la población y que les impidió tener una visión certera, realista y justa de la situación.

Esa versión falsa, ideologizada de la crisis que los medios de comunicación se encargaron de convertir en la versión más difundida, tuvo el efecto de colocar como responsable principal de la situación al gobierno. Y sectores políticos organizados, víctimas también de esa versión, empezaron a luchar en defensa de sus programas y de sus intereses, pero en el marco de esa versión ideologizada.

Aún así, a pesar de las diversas expresiones y manifestaciones de que amplios sectores de la población eran dominados por esa versión ideologizada de la crisis, que sobre todo los exbanqueros y las empresas trasnacionales pusieron a circular, el Presidente de la República, y lo demuestra en su Informe, supo tener una visión certera de las dificultades del país y del programa que debería poner en marcha para gobernar y controlar la crisis.

Pienso que el Presidente ha mostrado en este Primer Informe que tiene la cabeza en su lugar. Que sabe de su enorme responsabilidad política y que conoce los graves riesgos en que la complicada situación económica del país ha colocado a todos los mexicanos, independientemente de la clase social a la que pertenezcan.

Y decimos esto porque al escuchar el análisis de los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, he podido encontrar visiones y versiones pesimistas, con cierto grado de amargura, de derrotismo y de desconocimiento de la situación real del país. Como que no se valoran suficientemente el país en que vivimos, como que no se valoran los esfuerzos realizados en estos tiempos tan difíciles y como que por lo tanto se sacan conclusiones que no orienta la actividad de las fuerzas políticas para que den su aporte a fin de resolver la situación del país en condiciones que podemos verdaderamente iniciar una nueva etapa de la vida nacional. Las presiones imperialistas sobre México han sido particularmente agudas en estos nueve meses; las decisiones políticas del Presidente han tenido que tomarse en medio de esas agudas presiones, y no solamente los Estados Unidos, con todo el enorme poder económico y toda la han estado tratando de variar la línea de conducta del Presidente, sino en el interior del propio país los intereses creados más poderosos han pugnado también porque la política del Presidente sea orientada a favor de sus intereses. Eso lleva a muchos a decir que el Presidente ha gobernado estos nueve meses interés de las minorías. Nosotros no coincidimos con esa opinión Y no coincidimos con esta opinión porque para nosotros los valores políticos fundamentales que se han sostenido en estos nueve meses son esencialmente tres. Nadie puede negar aquí que el Presidente de la República, durante estos nueve meses, ha enfrentado con éxito su enorme tarea de defender la soberanía nacional frente a todas las presiones. Y esto es un valor político que interesa a la nación.

Cuantas veces el Presidente ha tenido que confrontar los intereses de México frente a los intereses imperialistas, el Presidente ha sabido sostener con firmeza los intereses nacionales y soberanos del pueblo de México, y eso es gobernar en interés de las mayorías; cuantas veces el Presidente ha sido provocado en estos nueve meses para que su política se salga de los marcos de la legalidad constitucional, a pesar de quienes predican el uso de la fuerza y la violencia, el Presidente se ha sostenido para mantener un respeto irrestricto a la legalidad constitucional.

Hemos luchado, hemos opinado, nos hemos confrontado, hemos afectado intereses poderosísimos y aquí estamos en uso y ejercicio de la legalidad constitucional que está vigente. Y habría que destacarlo, sostener y desarrollar la legalidad constitucional en el marco de un país en crisis tiene un elevado valor político; nosotros destacamos de la situación interior el que a pesar de todas las provocaciones y todas las situaciones difíciles, nos hemos venido desarrollando en nuestras luchas políticas, las hemos venido librando en el marco de un orden constitucional sostenido.

Cuando en diciembre pasado, el Presidente de la República envía iniciativas para reformar artículos de la Constitución que elevaran la capacidad jurídico - constitucional para que las masas trabajadoras tuvieran al alcance de la mano las herramientas con las cuales poder confrontar la crisis en el marco de la organización de sus fuerzas productivas a través del impulso de la propiedad social, nosotros dimos la bienvenida a esas reformas porque consideramos que era un instrumental jurídico que preparaba a las masas para enfrentar la crisis. Y en todo el país, donde estamos impulsando la propiedad social, las cooperativas, las empresas sociales, nosotros hemos descubierto que fue acertadísima esa decisión presidencial como una forma de contribuir a que la lucha de clases, que necesaria y fatalmente tendría que venirse en el marco de la crisis, tuviera cauces que permitiera la organización de masas trabajadoras a fin de estar mejor preparados para enfrentar la situación. Por eso destacamos y valoramos en el capítulo relativo a la política interior como el hecho más trascendente el que el Presidente de la República pudiera informar a este Congreso que su disposición es, aún en medio de las dificultades de la crisis, mantener el respeto a todas las disidencias, a todas las discrepancias, a todas las posiciones políticas hacer encomio del pluripartidismo y de esa manera atajar a quienes en río revuelto quieren conseguir ganancia de pescadores y polarizar las fuerzas políticas del país a favor de sus propios intereses.

Hay que valorar, hay que valorar altamente desde el punto de vista político y moral, el que la situación interna del país se caracterice hoy por una decisión presidencial de mantener el diálogo y el respeto a todas las posiciones políticas hay que valorar el país en que vivimos porque sólo así podremos luchar por reorganizar y conquistar el país que queremos y por el cual luchamos. Por eso decimos que destacamos de esta parte del informe lo relativo a que el Gobierno de la República, bajo la dirección del Presidente, pudo hacer para mantener intacta la soberanía nacional a pesar de todas las presiones y mantener y desarrollar la legalidad constitucional, ambos postulados esenciales para las mayorías, gobernar en un país en crisis y dejar intacta la soberanía nacional y la legalidad constitucional es gobernar para las mayorías; es demagogia pensar que las masas sólo quieren pitanza, las masas trabajadoras, las fuerzas nacionales y populares que integran la inmensa mayoría del país, valoran altamente estos alcances formidables de poder controlar una crisis sin menoscabo de soberanía nacional y sin alterar la legalidad constitucional.

Nosotros destacaríamos esto como lo principal del Informe en materia de la situación interna del país, porque ¿quién ignora que hemos estado a punto de entrar a un proceso de sudamericanización?, ¿quién ignora que los riesgos que este país ha corrido en los últimos meses han sido enormes, sobre todo para las masas trabajadoras?

Pensar sólo en la disminución del nivel de vida de los trabajadores, pensar sólo en que los salarios no han aumentado en el nivel que quisiéramos, pensar que la carestía de la vida no ha sido controlada, y tocar esos elementos como fundamentales para caracterizar la situación interna del país, es desconocer lo importante que es mantener firme y segura la situación de gobierno de la crisis y las condiciones favorables para seguir luchando y conquistando, en su momento, con el reagrupamiento de las mejores fuerzas del país, las condiciones de vida que postulan nuestros programas.

Pienso que el análisis debe ser particularmente concreto y valorar lo que de concreto tiene la situación interna del país y lo que el Informe refleja; y al controlar los aspectos más agudos de la crisis, pienso que se ha hecho lo fundamental. Todas las fuerzas que estamos aquí mantenemos plena capacidad para seguir luchando, para seguirnos organizando, para seguirnos fortaleciendo y, por lo tanto, para aportar soluciones positivas a la crisis.

Nosotros pensamos que en ese sentido el Informe del Presidente ha dado muestras de una inteligente ponderación de la situación política; se ha dirigido con equilibrio a todo el pueblo de México, ha sido certero en el sentido de ubicar con claridad y precisión los campos, los intereses y las ideas para que nos podamos orientar con precisión y asumir nuestra particular trinchera de lucha para dar nuestro aporte a la solución. Grave sería entrar a un ciclo de retroceso histórico por incomprensión por parte de las fuerzas políticas de la etapa que vive nuestro país; el Presidente dijo en su Informe lo que tenía que decir para orientar racionalmente el criterio político de todos los mexicanos, cada uno de nosotros, según los intereses que defiende y los programas que postula, tiene derecho a dar su particular interpretación de esas palabras, pero nadie duda de que eran palabras dirigidas a buscar la unidad y la participación de todo el pueblo, palabras que convocan a la unidad, a la organización y a la lucha. No fue un mensaje pesimista ni fue un mensaje que llevara autocomplacencia alguna, sobre esa base el Presidente de la República supo ubicar con claridad la situación del país y para todos y cada uno de nosotros está el compromiso de saber tomar de ese mensaje aquello que nos permita sacar adelante nuestro programa y nuestra lucha.

Hay algo que finalmente quisiera destacar, el Presidente no lo ignoró en su Informe, posiblemente las fuerzas que están aquí representadas en la Cámara tampoco lo ignoran, el viejo topo, el viejo topo camina, el viejo topo se ha echado a andar estamos ante los riesgos y los peligros de una segunda oleada de la crisis para poder enfrentar una segunda oleada de la crisis que nos pusiera ante el fenómeno de los mismos peligros que ahora el Presidente nos ha anunciado que ya están controlados en lo principal, se requiere tener una visión certera y se requiere tener una visión política serena. No es posible que

trabajemos por dividir el país en dos grandes polos y en dos grandes bandos, ya de por sí nuestro país está dividido en clases como para que todavía nuestras políticas conduzcan a dividir el país en dos grandes fuerzas que polarizadas simplemente abran y faciliten el camino a los intereses norteamericanos.

Cuando escuchaba a los compañeros del PAN, y a los compañeros del PDM, no me parecía extraño su discurso, por el contrario, me parece lógico que acepten el llamado presidencial. Me parece importante que sean receptivos a la convocatoria del Presidente y con más razón reafirmaba la profunda convicción de que el Partido Socialista de los Trabajadores no le ha sido extraño el discurso del Presidente. Todo lo contrario; el discurso del Presidente ha mostrado su éxito en el momento en que sin renunciar a sus denuncias, a sus protestas, a sus reclamos, los diputados del Partido Acción Nacional han venido aquí a decir que están de acuerdo con ese llamamiento general del Presidente que ha convocado al pueblo para unirse y crear la fuerza con la cual enfrentar todavía los peligros de la crisis que amenazan a todos.

Igual en el caso del PDM. Me sorprende desde luego, la actitud de los compañeros del PSUM, pero ya nosotros en su momento, al analizar los documentos de su Congreso, al analizar su línea política, hemos ubicado que esa línea, ese programa, ese enfoque de la situación del país, tiene errores teóricos de un grado que los pueden conducir a peligrosas desviaciones en la práctica, de 180 grados.

Al fin, pues, nosotros hemos visto con optimismo, con seguridad política, el mensaje presidencial del 1o. de septiembre.

Pensamos que el llamamiento que ha hecho el Presidente a los jóvenes, a las mujeres, a los obreros, a los campesinos, es un llamamiento que será aceptado por las más amplias fuerzas nacionales y populares. Y que efectivamente como el Presidente lo señaló, esta crisis no será más que un incidente más en la vida nacional. Porque los obreros, los campesinos, los trabajadores de nuestro país, tienen la suficiente fuerza moral, la suficiente fuerza política, para que desplegada en los próximos meses y en los próximos años, le permitan a nuestro país salir adelante.

Esa es la convicción del Partido Socialista de los Trabajadores, y así se las expresamos a todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el C. diputado Jorge Cruickshank García.

- El C. Jorge Cruickshank García:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Si somos honestos, independientemente de nuestras discrepancias con algunas cuestiones que se plantean en el Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, tendremos que convenir que es un documento serio, racionalmente elaborado, que refleja crudamente la realidad que vive el país; que no oculta los graves problemas que ha producido la profunda crisis económica a la nación y a las grandes masas populares.

Los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias, tenemos que partir de reflexiones profundas, de actitudes muy meditadas, de posiciones responsables - particularmente las de los partidos democráticos, revolucionarios -, para enjuiciar este documento que, de cualquier ángulo que se le observe, es, en mucho, la narración de una etapa de la historia de México.

Los juicios simplistas, no meditados, producto de actitudes irreflexivas o viscerales, no contribuyen a realizar un justo análisis crítico de su contenido para hurgar en lo positivo y lo negativo, lo trascendente o lo intranscendente de lo realizado en los primeros nueve meses de gobierno, por el Presidente Miguel de la Madrid.

Para nosotros, el informe no refleja una línea reaccionaria ni derechista, como lo ha afirmado el secretario general del PSUM. ni lo consideramos un documento "gris", como lo han calificado los diputados de Acción Nacional, partido que ahora ha expresado que "es motivo de indignación la conducta ilegal y abiertamente antidemocrática del régimen, que se ha presentado últimamente en los procesos electorales", cuando hace unas semanas el mismo partido, ante las concesiones electorales obtenidas en Chihuahua y Durango, elogiaban públicamente a las autoridades locales y nacionales.

La actitud de la derecha se justifica porque el PAN, en todas las acciones políticas nacionales, adopta posiciones contrarias a las fuerzas del progreso y de la independencia. Ellos combaten, desde su nacimiento, agresivamente la orientación progresista de la educación popular, la Reforma Agraria, la intervención del Estado en la economía, la nacionalización de la industria petrolera, la fuerza activa de la clase obrera y sus luchas por las reivindicaciones populares y nacionales, el contenido revolucionario de la Constitución, a la que calificaron como el "almodrote de Querétaro".

Pero los partidos revolucionarios deben pensar mucho sus juicios sobre los problemas nacionales, más en el momento presente en que está en juego nuestra supervivencia como nación soberana. La estrategia y la táctica de los partidos avanzados, progresistas, debe llevar al fortalecimiento de nuestra soberanía, a la profundización de nuestro régimen democrático. Adoptar otra actitud, como la que se ha planteado en cuanto a que lo importante es hacer más intensa la actitud opositora a la política del Presidente, nos parece un lamentable error político y caer en el juego de nuestros enemigos históricos.

¿Quiénes han insinuado que Miguel de la Madrid está dando pasos a la derecha en la conducción del gobierno? La prensa norteamericana, ligada a los poderosos intereses económicos para presionar. Pero aquí en nuestro país, con el mismo propósito de crear la confusión y el temor en algunas capas de la población y en ciertos funcionarios públicos, los

grandes intereses privados y sus amanuenses han insistido en acusar al Presidente de aplicar una política "socializante", afirmando que las reformas constitucionales sobre la economía nacional y la planeación llevan ese propósito.

En la misma dirección está lo publicado por la revista Visión, del 27 de junio pasado, y las afirmaciones del economista de "uso" de la gran burguesía, Luis Pazos.

Visión afirma: "No hay riqueza que alcance cuando el Estado, con excusa de poner en práctica las teorías socialistas, crear empleos y planificar la economía, derrocha los recursos del país a través de enormes presupuestos, empresas estatales y emitire un sinnúmero de leyes y reglamentos que obstaculizan las labores productivas de empresas y ciudadanos".

Pazos que no los da sin huarache, insiste en denunciar que la "política 'estatista', que ha reafirmado los nuevos cambios constitucionales, nos llevan al socialismo por el camino del nacionalismo revolucionario, que ha reiterado al Presidente como camino a seguir". Y, por otra parte, afirma que "no es posible de controlar en una forma sostenida el proceso inflacionario y devaluatorio si no es renunciando el gobierno a la vocación de regir, planear y apoderarse de toda la economía como en los países socialistas".

¿Qué objetivos persigue esta campaña? Propiciar la desorientación, la desconfianza, intranquilidad, vacilaciones y dudas en sectores del pueblo y, también, concesiones del gobierno a los intereses conservadores de dentro y de fuera.

La oligarquía afirma que Miguel de la Madrid tendrá que rescatar la confianza perdida del sector empresarial en las instituciones nacionales mediante políticas, como la de dar todo tipo de ayuda a las empresas, devolver las factorías que ahora maneja el Estado, entregarles los bancos, frenar la inversión del sector público en áreas de la economía que ocupan los particulares. Pero nosotros pensamos que el Presidente no ésta decidido a someterse a las actitudes de la derecha. Que a quien está obligado a devolver la confianza perdida es al pueblo, cumpliendo, como lo ha dicho, lealmente, sin vacilaciones, lo ofrecido reiteradamente en su campaña electoral. Este es el camino correcto. De ahí la afirmación hecha el primero de septiembre, en el sentido de que "ha decidido enfrentar la crisis mediante la plena restauración de los principios esenciales de la Revolución, de nuestra Revolución, y el fortalecimiento de nuestras instituciones republicanas y democráticas".

El reconocimiento de que "la sociedad mexicana reclama el cambio, sabedora que hay desviaciones y errores que corregir, insuficiencias que superar y nuevas formas y estilos que adoptar".

Y la declaración categórica que el Jefe del Estado hizo en cuanto a que "el cambio que proponemos es revolucionario y progresista; la historia no puede ni debe volver atrás. Es una transformación nacionalista, conducida por nosotros mismos, conforme a nuestra doctrina y experiencia políticas, partiendo de nuestra realidad específica". Y la convicción expresada de la necesidad de "cambios cualitativos en la vida política, nuevas formas en nuestra vida democrática, que se basen en una mayor participación de todos en los diversos aspectos de nuestra vida social".

El Presidente ha reconocido con franqueza que solamente se han controlado aspectos agudos y graves de la crisis; pero que ésta no está superada y también conviene en que la crisis sólo podrá superarse llevando a la práctica grandes cambios estructurales, cualitativos, y hace proposiciones concretas al pueblo y a la nación para producir el cambio estructural en la economía y en la sociedad: generación de mayor empleo, asociado al crecimiento; una mejor distribución territorial del desarrollo; más y mejor alimentación para todos; vivienda digna y decorosa; revolución educativa; ampliación de los servicios de salud y seguridad y asistencia sociales; protección al medio ambiente; más eficiencia y productividad en el aparato productivo; diminución de la dependencia externa en comercio, finanzas, ciencia y tecnología; incremento del ahorro público y privado; corrección del desequilibrio de las finanzas públicas; con disminución del endeudamiento control efectivo del gasto público; carga fiscal equitativa; precios y tarifas realistas; revisión de subsidios; mayor competitividad de nuestras exportación y del turismo; tipo de cambio que impulse el crecimiento de la economía y propicie el equilibrio del sector externo; desarrollo sectorial diversificado; política de desarrollo rural integral; modernización del comercio y disminución del intermediarismo excesivo.

Por otra parte, el licenciado Miguel de la Madrid reafirma sus convicciones nacionalistas revolucionarias. En el documento precisa: "el nacionalismo revolucionario es el valor primordial de nuestra ideología política. Nacionalismo y revolución son conceptos inseparables. La historia nos ha hecho nacionalistas por necesidad vital de subsistencia ante las ambiciones y agresiones externas, así como ante las fuerzas de disgregación que nos afectaron en otros tiempos. Somos revolucionarios por voluntad permanente de construir la sociedad libre, justa y próspera que ambicionamos los mexicanos. Regido por la libertad, la justicia y la democracia, el nacionalismo revolucionario está enraizado en nuestra cultura nacional y en nuestro proceso histórico. Es el resultado de la secuencia ideológica de nuestras luchas populares -Independencia, Reforma y Revolución-. Es la filosofía política que arranca con Hidalgo y Morelos. Se reafirma con Juárez y los liberales, se plasma con Madero y con Carranza en la Constitución de 1917 y se continúa en los regímenes postrevolucionarios. Es la gran fuerza que, con base en la conciencia de un pasado común, nos da la solidaridad en el presente y la inquebrante voluntad de mantenernos en el futuro como una nación viable y soberana".

El Jefe del Ejecutivo también reitera su voluntad democrática, cuando recuerda que " la

democratización integral surge también de nuestro proceso histórico, y que el Constituyente de 1917 concibió a la democracia como una estructura política, un régimen jurídico y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

"La democracia -dice el Presidente -, se organiza fortaleciendo el balance y la colaboración de los Poderes, el Federalismo y el municipio libre; organizando la vida política sobre la base del respeto al pluralismo ideológico, ampliando la participación ciudadana mediante el ejercicio de sus derechos y la obligación de los gobernantes de guiar su acción por el mandato popular.

El Primer Mandatario también plantea que "aspiramos a una sociedad igualitaria; esto es, a un orden social justo, ya que las grandes disparidades que hemos sufrido, limitan y aun impiden el goce efectivo de las libertades y los derechos sociales, obstaculizando el ejercicio real de la democracia. La sociedad igualitaria es la constante y renovada voluntad de seguir persiguiendo la equidad en nuestra vida social".

En cuanto a la crisis informa que "factores internos y externos se conjugaron para producir una de las peores crisis de la historia del país; que el nuevo gobierno no encontró una economía caracterizada por el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación , desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del circulante , caída del ahorro canalizado a través del sistema financiero, devaluación aguda del peso y pérdida de soberanía monetaria, agotamiento de reservas internacionales, una deuda externa de magnitudes sin precedentes y la virtual suspensión de pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior".

Y explica que "el proceso de desarrollo se había paralizado y se habían deteriorado las bases para lograr mejoras en el bienestar de la mayoría e, incluso, para mantener los niveles ya logrados. Enfrentábamos - Explica el Presidente -, no sólo una crisis circunstancial, sino una de carácter estructural, que rebasa el ámbito económico al darse también manifestaciones de encono entre diversos sectores sociales, que implican un cuestionamiento de nuestros principios rectores y, en algunos grupos, de la organización misma de la nación".

El Presidente informa que ha mantenido un diálogo respetuoso y fructífero con los partidos políticos, y que éste ha sido sin cortapisas, en el que se han presentado las coincidencias y las diferencias que existen "entre nosotros". Reitera la convicción de que la consolidación democrática de México exige el más pleno respeto al pluralismo ideológico y al pluripartidismo".

También se ha referido a las reformas al artículo 115 constitucional para fortalecer al municipio. En este aspecto es bueno denunciar que a las reformas positivas al artículo 115, varios gobernadores de los estados han respondido tergiversando el propósito del Presidente y han nulificado la justa representación proporcional en este organismo fundamental para la vida democrática de nuestro país.

Sobre la renovación moral, el licenciado Miguel de la Madrid afirma que "la renovación moral no es persecución; no se mide por acciones penales ni está al servicio de actitudes revanchistas de personas o grupos y que constituye un esfuerzo por volver a la sobriedad y austeridad propias del régimen republicano y supeditar todo interés personal o de grupo a los intereses de la nación".

"La responsabilidad -dice-, de renovarnos moralmente es común, pero la obligación de encabezar esta tarea corresponde al gobierno por ser el conductor de la sociedad". Y recuerda que "los recursos patrimoniales del país son para servir al pueblo, y no para servirse de ellos".. Y califica que "es inmoral la fusión de las finanzas del Estado con las propias; la función pública no se compagina con los negocios privados y menos aun cuando éstos se benefician del ejercicio de aquellas".

En el aspecto económico, el Presidente declara que "la política económica se ha enfrentado a un reto sin precedentes en nuestra historia, por la magnitud y complejidad de los desafíos" y que "para combatir la crisis se requería el ajuste económico drástico, que inevitablemente tendría un costo social; pero que éste hubiese sido mucho mayor y más doloroso si el gobierno no hubiese tomado la iniciativa de sujetar la crisis".

Y hablar de que "había que tomar medidas dolorosas, a veces amargas, pero necesarias". Que el desafío consistía en enfrentar estas medidas con equidad para distribuir con justicia el costo social del ajuste, evitando que el peso del combate a la crisis recayera sobre los grupos más desfavorecidos. Pero también afirmó que "nadie mejor que el pueblo, que las amas de casa, los jefes de familia, las clases medias y las clases trabajadoras, se han percatado de las terribles consecuencias de la inflación. Esta afecta más a las clases mayoritarias". Las verdad -afirmamos nosotros - es que el costo social de la crisis ha recaído fundamentalmente en las grandes masas populares de la clase obrera.

"El gobierno - también informó el Presidente - elevó a rango constitucional el derecho a la salud, promulgó la reforma constitucional del derecho a la vivienda, llevó a cabo reformas importantes de contenido económico, que modernizaron los principios básicos de la doctrina revolucionaria, reafirmando la rectoría del desarrollo económico por el Estado; que se estableció el sistema de planeación democrática para el desarrollo integral del país; que se promulgó la Ley de Planeación; que en los ingresos de capital se eliminó el anonimato de las acciones y otros títulos al portador.

El propio Jefe del Ejecutivo, en su informe, recuerda que el primero de diciembre asumió el compromiso de que la banca nacionalizada habría de ser del pueblo y no de una minoría de dirigentes, y que en el Decreto de nacionalización de la banca se planteó el compromiso de pago justo por concepto de indemnización

a los antiguos propietarios. Que por esta razón el gobierno hizo la valuación de cada banco y estableció las indemnizaciones correspondientes".

Nuestro partido ha condenado esta decisión que se ha tomado debido a las graves presiones de los intereses afectados. Los banqueros privados hacían uso de una concesión del Estado y esa la utilizaron para agredir al país, para saquearlo y para, en buena parte, sumirlo en la profunda crisis que padece. La banca privada fue el principal canal de la descapitalización y el saqueo de las divisas que se produjo en fecha anterior. Estamos de acuerdo con el con el Presidente, en que los bancos no serán objeto de botín político, pero tampoco deben ser pasto de las ambiciones insaciables de la minoría antinacional.

En cuanto a los problemas de precios y abasto, el Presidente ha hablado que la estrategia de combate a la inflación incluye también acciones para mantener y, en posible, incrementar la oferta. Ha dicho que la reorientación del gasto público, los programas para defender la planta productiva y el empleo y la moderación de la negociación obrero - patronal, que ha buscado proteger el empleo, son los principales factores que han permitido contener la caída de la producción que se observó a finales de 1982. Y expresa: "tenemos que aceptar que los precios que se ajustan gradualmente en relación a sus costos de producción y a la rentabilidad razonable del productor. Si pretendiéramos congelar por decreto los precios, los que obtendríamos sería no sólo una mayor inflación, sino un freno drástico a la producción y una caída substancial del abasto".

Y continúa el Presidente: "Lo que el gobierno se ha propuesto es mantener el control de precios, sobre todo en los bienes y servicios básicos. Nos proponemos combatir los abusos y las maniobras especulativas".

El hecho concreto, señores diputados, es que los únicos que han visto moderados sus ingresos son los trabajadores. La gran burguesía ha multiplicado sus ganancias. Los precios se han manejado sin control. La Secretaría de Industria y Comercio ha servido más a los intereses de la minoría que a los de la mayoría de la nación. Esta actitud debe corregirse de inmediato para llevar mayor bienestar a los grandes sectores empobrecidos del pueblo.

En relación con la empresa pública, el Presidente de la define así: "Las empresas públicas constituyen un importante instrumento para el logro de los objetivos nacionales. Refuerzan la rectoría del Estado en la vida económica y social, son baluarte de nuestro nacionalismo, operan mayoritariamente en sectores estratégicos y constituyen una avanzada de modernización tecnológica". Y afirma: "De la actividad y resultado de nuestras empresas públicas depende mucho la marcha del desarrollo nacional". Estamos totalmente de acuerdo con estas expresiones del Presidente.

Por otra parte, el licenciado De la Madrid declara: "No pretendamos estatizar la economía. Tenemos un sistema de economía mixta que exige equilibrio entre la actividad del Estado y de los particulares. Preferimos un Estado fuerte y eficiente a un Estado obeso e incapaz."

Nosotros en este aspecto, queremos recordar que el desarrollo alcanzado en la economía por el país, y concretamente las bases para salir de la crisis en la que actualmente nos encontramos, se debe justamente a la intervención del Estado en las funciones más importantes de la economía. Sin la nacionalización de las ramas principales de la industria básica -petróleo, electricidad, fierro y acero, carbón y petroquímica -, el Estado no tendría más función que la de gendarme de los intereses extranjeros. Sin la nacionalización del crédito y la banca no hubiera sido posible frenar la salida de los capitales. Contra lo que pregona la oligarquía y los partidos de la derecha, el Estado debe acentuar su intervención en la economía nacional, planificadamente, no para proporcionar un Estado obeso, sino conociendo que somos un país débil, al lado de la potencia más grande imperialista de la historia. De esta forma, con un Estado económicamente vigoroso, podemos defender nuestra independencia económica, con mayores posibilidades, impulsando nuestro desarrollo material con recursos propios y evitar caer en la dependencia definitiva de los Estados Unidos, que no acarrearían consecuencias políticas y sociales verdaderamente graves.

Consideramos justo el propósito del gobierno de "promover una política de desarrollo científico y tecnológico, que posibilite un mayor dominio sobre nuestros recursos materiales y mejore la capacitación de absorber conocimientos útiles provenientes del exterior."

La dependencia científica y tecnológica es tan grave y tan peligrosa como la dependencia económica. México debe avanzar en el aspecto del dominio de la ciencia y la técnica. Por eso el prioritario darle todos los recursos, todo el apoyo a la investigación científica y tecnológica para superar el peligroso rezago que este aspecto padecemos.

En el rubro del desarrollo rural, el Primer Mandatario informa que "se ha requerido la revisión profunda de las políticas y estrategias del desarrollo rural y que en el campo se está reorientando la estrategia para conciliar el aumento sostenido de la producción con la consecución de mayores niveles de bienestar para la población campesina."

Se refiere también al bajo nivel de ingresos de los campesinos y que la tierra legalmente afectable cada día es menos y más difícil de localizar; de que se elevado los precios de garantía para algunos productos agrícolas; que los campesinos están cumpliendo con sus tareas y que el gobierno los apoya al máximo, con recursos y servicios; que pesar de que en 1983 obtendremos 27.3 millones de toneladas, tendremos que importar 8.5 millones de toneladas de maíz, sorgo y soya."

En este aspecto nosotros hemos insistido en la necesidad de que para que marche y se

profundice la Reforma Agraria, cumpliendo con sus últimos objetivos, es necesario derogar el amparo agrario a los terratenientes. Hay que entregarle toda la tierra disponible a los campesinos. Todavía existen -según lo informa el Centro de Investigaciones Agrarias - 30 millones de hectáreas en manos de latifundistas. Hay tierras nacionales que repartir y tierras que no se han podido entregar porque están emparadas por la Suprema Corte de Justicia.

También es necesario establecer periódicamente la revisión de los precios para los productos agrícolas y terminar con la nefasta influencia en las Secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de los agentes de la Fundación Rockefeller que tan grave daño le han causado al desarrollo agrícola mexicano, propiciando nuestra dependencia de los Estados Unidos en un renglón tan fundamental como la producción de alimentos.

En el aspecto de los energéticos, apoyamos al Presidente cuando habla de que es necesaria la construcción de un nuevo PEMEX, porque estamos de acuerdo que esta gran empresa debe ser orgullo para el país y para los mexicanos, debe volver al espíritu - que nunca debió haber abandonado - de la nacionalización impulsada por Lázaro Cárdenas y la clase obrera, dirigida por Vicente Lombardo Toledano. El petróleo debe ser palanca fundamental en la lucha por nuestro desarrollo independiente.

El Partido Socialista intervendrá positivamente para examinar la iniciativa de ley para actualizar la legislación urbana que anuncia el Presidente, que tiende a adecuar la Ley General de Asentamiento Humanos; que establecerán modalidades de regulación del desarrollo urbano en coordinación con los Estados y Municipios. También examinaremos la Ley de Vivienda que se propone enviar el Ejecutivo a esta Cámara, iniciativa que debe tomar en cuenta el proyecto de Ley Inquilinaria presentado por nuestra Fracción Parlamentaria. Esperamos que estas iniciativas impulsen y profundicen la Reforma Urbana y regule justamente el mercado habitacional, que realmente tengan acceso las masas populares a una vivienda digna.

El Presidente define los problemas del Distrito Federal como enormes y dice que "es de vital importancia que los habitantes de esta enorme aglomeración humana comprendan la magnitud de sus problemas y de los esfuerzos que se requieren para su solución. "En este aspecto recordamos los ofrecimientos que el licenciado Miguel de la Madrid hizo en su mensaje del 1o. de septiembre para llegar a la democratización integral. En aquella fecha ofreció: "Mantendremos permanentemente la consulta popular. Convocaré un debate público para analizar el estado que guarda el proceso de la Reforma Política, la fusión e integración del Senado de la República, la participación ciudadana en el Distrito Federal y la reforma judicial. Fortaleceremos los sistemas de información a la nación, de la marcha del Estado. Mantendré viva y dinámica la democracia en México". "Creemos que es necesario que el jefe de la nación ponga en marcha las medidas que lleven a la democratización de esta enorme urbe, la única forma que hará posible que sus habitantes se integren activamente a la solución de los difíciles y graves problemas que padecemos.

Asimismo, es necesario ir adelante en la Reforma Política, que debe llegar hasta la democratización del Senado de la República y a mejorar substancialmente.

En el aspecto de la educación, en el Informe el Presidente habla de revolucionar la educación, "convencidos firmemente de que el sistema educativo nacional, desde el nivel preescolar al superior, exige más que reformas y mucho más que parches y rendimientos". Demanda "una reestructuración cabal que parte de la educación para los que vean a educar y arribe a la investigación cultural y científica". Y continúa: "hay que admitir que la educación nacional se enfrenta han una dura crisis".

Nadie niega, compañeros diputados, que nuestro sistema educativo está inmerso en una profunda crisis. El Partido Popular Socialista lo ha señalado desde hace tiempo. Por eso hemos insistido en una necesidad de impulsar la unificación técnica de la enseñanza, revisar a fondo los planes, programas y métodos para la educación preescolar, primaria, secundaria, y normal, a la dedicada a los obreros y campesinos y propiciar la publicación de obras de carácter docente y para difundir la ciencia y la cultura.

Realizar un examen crítico de este fundamental problema, es necesario superar su prolongada y profunda crisis. Nosotros hemos sostenido que sin una teoría pedagógica científica no puede haber enseñanza eficaz.

El maestro Vicente Lombardo Toledano afirmaba: "Si la educación, la preparación profesional y, en general, la cultura, no sirven para conocer a fondo la realidad y transformarla en beneficio del mejoramiento del nivel de vida del pueblo, de la ampliación del régimen democrático, del progreso económico independiente de nuestro país, del desarrollo de la ciencia y de la técnica y a la grandeza de la nación mexicana, dentro del marco de un mundo que tenga como apoyo y objeto la elevación constante del hombre, por encima de sus limitaciones materiales y espirituales, habremos perdido un tiempo que no recuperaremos jamás y prolongaremos, sin quererlo, la miseria, la ignorancia y la sujeción al extranjero que caracterizan a nuestro país, digno de mejor causa."

Nosotros hemos insistido en que no es menester una reforma educativa. Hay que llevar a cabo una reforma de los métodos y programas, y lo que hay que entender es que el artículo 3o. de la Constitución representa históricamente la reivindicación del derecho que tiene la nación de formar ideológicamente a las nuevas generaciones, del mismo modo que el artículo 27 representa la reivindicación del derecho de la nación a disponer de los recursos naturales del país para garantizar su progreso

autónomo y hacer posible algún día la distribución justa de la riqueza nacional.

Lo que urge compañeros diputados, es aplicar el artículo 3o. Constitucional, que es el que expresa la filosofía educativa de la Revolución, y no permitir deliberadamente su violación cotidiana y escandalosa. Lo que urge es la constitución de una pedagógica mexicana que no existe, entendiendo por pedagogía algo más que conjunto de métodos para enseñar, una doctrina política de la educación está contenida substancialmente en el artículo 3o., y su desarrollo racional y obligatorio a todos los establecimientos escolares, sirviéndoles como parte de un proceso dinámico invisible y dotado a cada uno de su propio carácter, métodos y procedimientos técnicos."

El problema central de la educación en nuestro país, en el momento actual, es orientar, formar la conciencia del pueblo, preparar los cuadros necesarios para su progreso, definir qué clase de hombre ha de formar la escuela en todos los grados, cuáles son las tareas históricas de los mexicanos en esta etapa de la evolución del país, hacia qué objetivos debe mirar la educación pública, qué sistemas propios deben establecerse en cada una de las diversas categorías de la enseñanza.

Señores diputados: estamos de acuerdo con el presidente Miguel de la Madrid en que "lo que se ha logrado en este lapso no es obra exclusiva del gobierno. Sólo se explica por nuestra historia, que nos ha dado valores, ideología, instituciones y reciedumbre como nación."

Pensamos con él "que no debe rebasarse la crisis para volver al punto anterior a ella o para lograr que nada cambie y todo siga igual como antes."

Queremos, como él lo plantea, cambios cualitativos en la vida política; nuevas formas en nuestra vida democrática, que se basen en una mayor participación de todos los diversos aspectos de nuestra vida social.

Estamos de acuerdo en el reconocimiento que hace a las mayorías de nuestro pueblo por lo logrado -a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores del Estado, a las fuerzas armadas, a la clase media, a los profesionistas y técnicos - y a ciertos sectores - no a todos - de los empresarios nacionalistas.

Pero todavía tenemos tareas enormes por cumplir. La crisis sigue presente, como lo afirmó el Presidente. El aumento de precios demerita el nivel de vida; las amas de casa se angustian ante la persistencia de la inflación; subsisten las dificultades en las empresas; el crédito es caro; no se están generando nuevos empleos; el servicio de la deuda es pesado; no tenemos suficientes divisas para importar. Queda mucho por corregir en las finanzas pública y privadas."

"La perspectiva internacional no es alentadora: las economías se recuperan; trabas en el comercio exterior, finanzas internacionales erráticas. El desafío es enorme; es análogo, en lo económico, a tiempos de guerra. "El destino de la nación está en juego."

El Presidente Miguel de la Madrid plantea que México está "exigiendo a todos el esfuerzo solidario y entusiasta, como formidable palanca que nos saque de la hondonada de nuestras dificultades y que nos ponga otra vez en marcha, en la ruta de la construcción de nuestro gran destino histórico." Y convoca a todos los mexicanos a que mantengamos a México en pie de lucha, que nadie se quede al margen.

El Partido Popular Socialista, ente este llamamiento, reconociendo que el destino de la nación está en juego; que la supervivencia de nuestra patria está en peligro, llama a enfrentarnos al enorme desafío a todos los sectores progresistas, patrióticos, de fuera del gobierno y su partido, del gobierno y su partido, en un frente común. El propósito es llevar adelante los cambios cualitativos y de estructura que propone el Presidente. Enfrentar con métodos democráticos la grave crisis que afecta al país y superarla.

Este propósito no puede ser solamente, como lo reconoce el Jefe de la Nación, de los elementos del gobierno, sino del conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas, revolucionarias.

Ante los graves hecho que están produciendo, ente el avance de las fuerzas del neofascismo en los procesos electorales, deben dejarse a un lado actitudes autosuficientes para llegar a soluciones comunes, concentradas entre las fuerzas del progreso y de la independencia.

En este momento, profundizar los enfrentamientos entre los sectores democráticos, nacionalistas, revolucionarias, en la etapa de graves peligros para la nación, la que realmente resultarían dañadas serían la patria misma y todas las fuerzas nacionales democráticas.

El Estado y sus sectores avanzados están obligados a buscar soluciones no sólo en el campo económico y financiero, sino en el aspecto de la vida política de los mexicanos.

Llamamos a esta unidad, a este frente común en momentos que se asemejan a tiempos de guerra, como dice el Presidente, en los que debemos defender intransigentemente la vigencia del régimen constitucional y la soberanía de la patria mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presenta: Habiendo transcurrido el tiempo reglamentario, esta Presidencia, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta terminar los asuntos en cartera.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Salazar Toledano.

El C. Jesús Salazar Toledano: Señora Presidenta, compañeros diputados. En esta ocasión tan importante en que comentamos el Primer Informe de Gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, y mientras sentado en mi curul escuchaba con toda atención el debate, no podía menos que reflexionar sobre la sensibilidad,

la agudeza política, la capacidad del pueblo para sopesar las opciones que se le presentan y decidir con tipo singular, su camino. Digo lo anterior, porque resulta en verdad de llamar la atención las posiciones extremas que a propósito del Informe Presidencial, aquí han aflorado. Una vez más, las expresiones populares del espectro político aquí representadas, han puesto en evidencia la diferencia abismal que existe entre el ejercicio real del poder y la elucubración teórica. Entre la efectiva administración de la cosa pública y la imaginería doctrinaria. Seguramente a muchos de ustedes les pasará lo mismo que a mí cuando escucho hablar a los compañeros socialistas; tengo que obligarme a mantener la objetividad y no despegar, gratamente por cierto de la realidad. Confieso que sus alegatos, ubicados entre un brillante tratado del deber ser y la mejor obra de política ficción, me entusiasman sobremanera.

En lo que se refiere al PAN, siendo el fondo semejante, la forma diferente. Escuchaba yo en el tono mesurado, calmado, identificable siempre con el equilibrio del muy respetado compañero Bátiz, que vivimos en un país de persecuciones; en que el encarcelamiento es pan de todos los días, en que hay restricción de todas las libertades. Y yo me preguntaba que, conociéndolo como lo conozco y siendo una gente equilibrada, inteligente, no se dará cuenta del desfasamiento que hay en la realidad. Si ese país era el que presidiera Miguel de la Madrid, él no estaría aquí junto con representantes de todos los partidos, hablando con toda libertad y exponiendo las críticas, queremos creer que siempre de buena fe, de todo lo que el régimen elegido por las mayorías, está realizando en beneficio del pueblo. Pero pronto me di cuenta. Al fin y al cabo después del receso, ocho largos meses, nos encontramos con que la ficha de los fenicios sirve para ubicar el problema, entre comillas, de siempre.

Ahora es Baja California. En Baja California donde todos los signos señalan que como era lógico, venció el pueblo. Y que el pueblo ratificó la solidaridad, la adhesión, la conjunción y el amalgamamiento con su partido. Y es que después de ocho meses, sinceramente lo confieso, para mí ha sido frustrante encontrar con que no se cambian tácticas, métodos, no se van renovando las posiciones para entender lo que es en realidad.

Se habla de Baja California y, ¿qué pasa?, que la oposición durante años pretendió que le reconocieran triunfos que no obtenían, acusado de fraude a nuestro partido y de imposición al gobierno.

Debemos aceptar que el Partido de Acción Nacional, ha sido pertinaz, ha esperado pacientemente a que una gran crisis nacional implicada en otra internacional, creara el clima propicio para hacer mayoría en unas cuantas ciudades de la República, desorientando a grupos de ciudadanos poco informados.

Nuestro partido reconoció en Durango y Chihuahua sin mayor dilación esos triunfos, y la conclusión es obvia: nunca hubo en el pasado tal imposición, sólo se trato de una reiterada quejumbre para negarse a reconocer las victorias del PRI, asumiendo la cómoda posición de víctimas, porque las malas costumbres se quedan, máxime cuando aparentemente dan resultado.

Después de la actividad clara y transparente de las autoridades electorales, ya nadie les creerá, señores del PAN; no habrá quejumbre que valga, tendrán que ganar en las urnas porque haber tenido mayoría ayer no significa que la tendrán siempre, es más, sus triunfos de Chihuahua y de Durango pronto serán anécdotas, porque ya se demostró en Baja California, el pueblo está en su partido, y el partido de las mayorías es el Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)

Pero dentro del marco general de esta ya tradicional queja, se trataban algunos puntos concretos que creo yo hacen más evidente la falta de sustentación de sus planteamientos. Se señala la ilegitimidad o ilegalidad supuesta, de un acuerdo que tomó la Comisión Local Electoral del Estado de Baja California, a petición de la mayoría de los partidos y de acuerdo con lo previsto por su Ley Electoral local.

En primera, y es obvio, creo que en nuestro sistema federalista es perfectamente, y absolutamente respetable la decisión que localmente se tomó, pero vayamos más allá: les molestó a nuestros amigos del PAN que a solicitud de la mayoría de los partidos, la Comisión Local Electoral aprobara, como es práctica común y corriente en todas las partes de la República, y concretamente en Baja California, que los ciudadanos estando en el padrón y definitivamente identificados pudiesen votar sin credencial.

Es decir, al PAN le convenía que votaran los menos posible porque así pensaba ganar. Tenía la idea de que este gobierno es el de la mayoría de la minoría, no de la mayoría en el sentido cabal.

¿Sería justo que quien extravió su credencial fuera sujeto de un abstencionismo involuntario si se impedía llegar hasta las urnas a depositar su voto? Creo que la respuesta es obvia.

Todos lo hemos señalado y creo que aquí hay una incongruencia de Acción Nacional. Estamos interesados en fortalecer la conciencia cívica y la participación política del pueblo mexicano. ¿Qué acaso se tienen dos medidas? Porque Acción Nacional sobre este mismo punto estuvo de acuerdo en Chihuahua y Durango, ¿por qué no estuvo en Baja California? Acaso sentía ya que le favorecía y que aquí no era la misma situación? Si eso temía, tenía razón, el pueblo lo demostró.

Por otra parte todos sabemos que al elaborarse y aprobarse la LOPPE existía un mínimo de partidos. Se consideró entonces las casillas electorales podrían asistir en condiciones de practicidad, comodidad y eficiencia, representantes tanto de cada partido como de cada uno de los candidatos que estuvieran en juego.

Como una de las demostraciones de la eficacia y la debida orientación de esta ley, son ahora bastante más los partidos que contienden en la vida política nacional. Esto traería como consecuencia y lo hemos visto quienes hemos estado en las casillas como representantes de nuestros partidos en ellas, como seguramente lo han sido algunos compañeros del PAN, se instala un grupo demasiado grande para establecer una aglomeración que resulta poco práctica para dar fluidez al voto que es lo que a todos nos interesa.

Y en tercer lugar de este acuerdo algo que molestó a nuestros compañeros del PAN, es que la Comisión Local Electoral, a petición de la mayoría de los partidos también, aprobara que los representantes de los partidos en cada una de las casillas estuviesen avecindados en la sección, correspondiente. Todo esto en nuestra opinión, y esta medida en especial, impide la presencia de representantes acarreadores, no sólo de otras regiones, sino de otros estados. En ocasiones verdaderos aventureros que al final de los actos desaparecen, sin haberles importado propiciar problemas artificiales que resquemores y pugnas, y que al no tener arraigo, se van. Y su nombre, prestigio, buena fama; no quedan comprometidos, junto con su futuro, como miembros de la comunidad. Un partido de nivel nacional con debida organización y estructuración, lo menos a que puede aspirar es a tener un militante avecinado en cada una de las secciones o áreas de las casillas en que se habrá de haber cada elección. Que será el caso que nuestros compañeros del PAN no tienen ese mínimo de militantes y deseaban llevar a pasear a compañeros de Chihuahua o Sonora al Noreste de la República para entonces sí cumplir sus propósitos.

En el fondo, amigos, lo que estamos aquí viendo que es, con conocimiento como lo han tenido tantas veces en Acción Nacional de que no iban a contar ahora con las mayorías populares, estaban buscando los típicos pretextos que ya a estas alturas no pueden pasar como justificables. Bueno, llegando al grado de quejarse, porque el Presidente de la República visitó en semanas anteriores a las elecciones, el Estado de Baja California. Vivir para ver.

Este país en que un pueblo hizo una revolución y consagró sus ideales en una constitución, es el estado de Baja California. Vivir garantías individuales y entre ellas la libertad de tránsito, ahora quiere limitarse al Presidente de la República por el solo hecho de serlo, como si eso le hiciera perder su calidad ciudadana. Quiere decir que para que no haya confusión en que no va a cumplir sus responsabilidades, el Presidente de la República debe tener una actividad bastante relajada, bastante de la República por el solo hecho de serlo, electorales en cualquier entidad de la República, no podía ir a cumplir su responsabilidad ni atender como acostumbra hacerlo, de lleno y en vivo los problemas de su patria.

Esperamos a ver si en este periodo de sesiones promueven los compañeros de Acción Nacional alguna reforma a nuestra Constitución para que el Presidente de la República ya no sólo pida autorización al Congreso de la Unión para abandonar el país, sino también lo solicite del Partido de Acción Nacional, o para quitarle las mayúsculas, a la aberración jurídica, sin que deje de serlo, a la mayoría parlamentaria, al grupo parlamentario de Acción Nacional aquí, para que así pueda salir del país, salir de los Estados de la República.

Yo creo, y perdón, tal vez me equivoco, que el problema es otro. Ahí el reloj de la historia está atrasado y una vez más se demuestra; al saber los compañeros de Acción Nacional que el licenciado De la Madrid iba a Baja California, pensaron que iba a hacer campaña; no, la campaña señores del PAN la hizo hace poco más de un año y estuvo entonces en Baja California para pedir el voto, y lo conquistó de tal manera que el 4 de julio del año pasado propinó a su partido la más contundente derrota de toda su historia. (Voces: al tema, al tema.)

Estamos en tema, compañeros, de lo que aquí se ha tocado, de nada nos hemos ocupado que no se haya contestado hoy, es cómoda la posición, si nos dedicáramos a la cuestión estricta y directa del informe, estarían gritando que rehuimos la respuesta, no, señores, el PRI no rehuye el debate en ningún momento y en ninguna circunstancia, aquí les damos respuesta puntual, y eso sí, me comprometo a ello, concisa y concreta a todo lo que aquí se ha planteado.

En el transfondo de todos estos planteamientos subyace algo que tenemos muy conocido como ataque y que queremos dejar plenamente aclarado, nuestros adversarios han insistido torpemente en que el PRI y el Gobierno son la misma cosa, digo torpemente porque es afirmación desde el punto de vista de ello, entraña una severa acusación, en cambio, para nosotros, es la convalidación de nuestros objetivos y nuestros afanes. El PRI y el gobierno no sólo deben ser, sino son dos instancias del pueblo; el objetivo de cualquier partido es alcanzar el poder público, y la función del partido que alcance el poder es convertir en programa de gobierno sus principios y plataforma ideológica. El PRI tiene el poder político porque ha sabido interpretar las aspiraciones del pueblo y convertirse en expresión de su voluntad mayoritaria, es la organización política del poder y, por tanto, la mayoría de los funcionarios públicos surgen de sus filas, ¡cómo no va haber entonces identificación entre los militantes que se transforman en funcionarios si su plan de gobierno es su plataforma política convertida en compromiso por su voluntad ciudadana, ¡no, señores! La afinidad y la alianza entre el gobierno nacionalista revolucionario y el Partido de la Revolución no es un desliz vergonzante, por lo contrario, se mantiene a la luz pública con firmeza y decisión asumamos entonces la realidad tal como es: del binomio partido gobierno, que ambos no son si no la doble instancia de nuestro pueblo;

el PRI es su organización, su vanguardia, su instrumento para alcanzar, por la vía democrática, el poder político; el gobierno es el instrumento del pueblo a través del cual se ejerce ese poder en beneficio de las mayorías que lo han conquistado, que quede claro de una vez por todas.

Ahora también se pretende, en cómica pretensión, amarrar navajas para inventar o sembrar diferencias que no existen. Se quiere plantear una imaginaria división entre la dirección política del país, el partido de la Revolución y el sector obrero que, desde su origen, ha sido uno de sus pilares fundamentales.

Dejémoslo claro: No hay contradicciones de ningún tipo entre el sector obrero y la dirección política del país. Por el contrario, una coincidencia esencial entre ambas entidades, porque el movimiento obrero, desde su origen, ha militado en las filas de la Revolución y a apoyado a los gobiernos revolucionarios.

Sólo desde un clasismo elitista se puede despreciar, de la manera que aquí se ha hecho, la voluntad democrática sustentada en el movimiento obrero mexicano y su apoyo a las instituciones revolucionarias de México. En las filas del partido de la Revolución valoramos la personalidad y la trayectoria de Fidel Velázquez, y valoramos la condición histórica del movimiento obrero revolucionario. (Aplausos.)

Se trató de poner aquí en entredicho el cambio propuesto a los mexicanos por el Presidente de la República en su primer Informe. Daremos respuesta. Si el cambio vendrá, seguirá llegando por la dirección revolucionaria de México. Ojalá que también llegue el cambio de mentalidad en quienes, después de 75 años, no aciertan a entender que el poder político en México se finca y se seguirá fincando en el amplio consenso surgido de la Revolución y que se renueva día con día. No es, repitámoslo a todos los extremos ideológicos, no es con el refrendo democrático que obtiene el partido de la Revolución, como se violenta la democracia; sí se pretende violentar cuando se quiere negra la voluntad de las mayorías, y no es gobernando a espaldas del pueblo, no es con la inconformidad del pueblo, como se logra ese refrendo democrático: es gobernando al lado del pueblo, sintiendo con él sus aspiraciones y demandas como se gana y se rescata la voluntad popular: Gobernando como lo hace el partido de la Revolución, gobernando como lo hace Miguel de la Madrid.

Por otra parte teníamos también la oportunidad de escuchar a nuestro compañero Castañeda O'Connor y sólo me tranquilizaba en mi inquietud, que seguramente más lo estarían sus colegas de partido a quien les corresponda comentar el Informe el día de mañana y pasado en los temas de política económica e internacional, ya que seguramente en el receso él acumuló tantos conocimientos que hoy quiso plantear y agotar en exceso los tres temas, vamos a escuchar mañana qué dejó como tema a los compañeros que representan ese partido, en la glosa correspondiente.

Pero, hablaba él, entre otros temas y seré breve, porque cuando no hay respuesta les incomoda y entonces se dice que se rehuye y cuando se da la respuesta tal vez parece que sea algo convincente que rápido quieren que se hable de otra cosa. Pero señalaban que no les satisface la actual Ley Federal, que no les satisface la reforma política, y entendemos en la mayoría parlamentaria que haya múltiples iniciativas para mejorar la ley, para depurarla, los invitamos para que las analicemos juntos y hagamos común lo mejor de ellas. Tengan la seguridad que nada que sea benéfico para la vida democrática de México, puede ser contrario a los intereses de nuestro partido de la vanguardia política de las mayorías nacionales, pero seamos objetivos, partamos de su indiscutible validez y esencia transformadora, la LOPPE es prueba inobjetable de que vivimos en un estado revolucionario, abierto a las demandas sociales, que promueve y encauza el cambio conforme al mandato de las mayorías y por lo que se refiere al caso de Juchitán que sirvió para pretender señalar que no vivimos en un país democrático y que no hay congruencia entre el decir y el hacer, sabemos compañeros del PSUM, los diputados de todos los partidos, cuál es el planteamiento real en el asunto que llegó a esta Cámara de Diputados. Nuevamente se ventila el caso de Juchitán en el cual se presentó una denuncia contra el gobernador del Estado y solamente contra él, no contra actos de la legislatura estatal, a efecto de que fuera sujeto de juicio político por haber publicado el decreto de la legislatura, que declara desaparecido el ayuntamiento de esa población y haber nombrado el Consejo Municipal correspondiente.

Conforme lo señala en su artículo 12 la Ley Federal de Responsabilidades, de los Servidores Públicos, se turnó la denuncia a las comisiones respectivas, para que cumplieran su función y quede bien claro, de resolver si ésta reunía los requisitos formales y materiales de procedencia, y había o no lugar, al juicio político.

Como sabemos los integrantes de esta Legislatura, por haber discutido y aprobado la iniciativa correspondiente, los gobernadores de los estados sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. Así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las violaciones alegadas así, aun en el supuesto de ser ciertas, no están comprendidas en ninguna de estas tres hipótesis, por lo que la comisión mencionada dictaminó que no ha lugar a la procedencia de tal juicio político. La denuncia relacionaba su propósito con posibles violaciones al artículo 115 constitucional, consistente en el nombramiento del Consejo Municipal con el gobernador del Estado, cuando de acuerdo con las últimas reformas, ello sería facultad exclusiva de la legislatura local.

Al analizar el asunto, las Comisiones Unidas encontraron que estas disposiciones no han sido incorporadas a la Constitución de Oaxaca, sin que por ello se contravenga el orden constitucional,

pues de acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, las legislaturas de los estado tienen plazo de un año a partir del 3 de febrero del año en curso, fecha de su publicación, para reformar la Constitución y las leyes locales.

El planteamiento pues, y lo sabemos todos, carece de base lógica y jurídica para proceder al juicio político.

Ahora bien, si se cree que pudieran existir violaciones a la Constitución Estatal, el asunto tendrá que ventilarse por otros motivos y otros caminos, allá en Oaxaca. Está claro que nuestra Cámara, si de juicio político se trata, sólo le corresponden comprobar si existen o no los extremos del artículo 110 constitucional ya comentados, ir allá significaría invadir el ámbito estatal, transgredir las normas elementales del federalismo, y en eso siempre hemos estado todos los partidos de acuerdo, simplemente no puede ni debe ser.

Pero aquí se han mencionado los hechos que dieron origen a este asunto jurídico; sólo podemos decir que en conciencia, amigos del PSUM; ustedes saben en dónde ha estado la violencia y en dónde ha estado original y realmente el atentado contra las instituciones de la República.

Sobre las instituciones de controversia todas estas y los conflictos particularizados que se han ventilado aquí esta mañana, es válido establecer dos premisas fundamentales si se quiere caracterizar con objetividad y honradez la política interior del gobierno presentada en el Primer Informe de Miguel de la Madrid. La primer premisa es la conservación y el fortalecimiento del orden democrático, que permite la discusión, el debate y la crítica sobre el estado de las libertades y de la armonía social en México, incluso cuando éstas han sido puestas a prueba en los casos concretos que aquí se han expuesto.

Si los planteamientos partidistas, que naturalmente tienden a exagerar o extrapolar los juicios fueran comparables, en el sentido de que en México se obstaculiza la democracia, no sería posible, ya lo hemos dicho, realizar en estos momentos el debate abierto y la crítica, incluso por momentos desbordada, que aquí hemos escuchado.

Aquí está la prueba de que el orden democrático se mantiene y que Miguel de la Madrid lo ha enriquecido.

La segunda premisa es que el gobierno del Presidente De la Madrid se ha comprometido con la nación y ha cumplido a lo largo de nueve meses de su gobierno, al afrontar la crisis del objetivo central, de mantener nuestras instituciones democráticas en el marco de nuestras libertades consagradas por nuestra Constitución y ha enmarcado su respuesta a esa crisis en su contexto democrático ante el mandato recibido y reconociendo el pluralismo creciente de la sociedad mexicana.

Coyuntura crítica asumida con honradez y verdad, proyecto nacional revolucionario y voluntad política de mantener la unidad para impulsar el cambio dentro del estado de derecho, son los tres elementos que constituyen el marco ideológico y el sentido de la acción gubernamental en estos primeros nueve mese de gobierno De la Madrid.

Respeto, conciliación, pluralismo, diálogo, negociación, éstos son los conceptos rectores del Informe Presidencial para asegurar, en medio de la crisis, la armonía y el dinamismo de nuestra vida política y social.

En el texto y el contexto del Primer Informe de Gobierno pueda advertirse con clara determinación de hablar y gobernar con la verdad, con absoluto respeto al desarrollo político alcanzado por la sociedad mexicana y desde una perspectiva crítica y autocrítica.

Así, el Presidente De la Madrid, ha reconocido desviaciones y errores que es preciso corregir, insuficiencias que es urgente superar y nuevas formas y estilos que adoptar, para estar en aptitud de responder a las exigencias de una nueva sociedad mexicana que reclame el cambio, el cambio revolucionario y progresista, sabedora que la historia no puede ni debe volver atrás.

No rebasaremos la crisis para volver al punto anterior a ella, al nudo de nuestras vulnerabilidad y contradicciones, al círculo vicioso de los frenos y los arranques, a las ilusiones de plenitud, seguidas por sensaciones de vacío político o de fractura social.

No hubo ni habrá vacíos en el ejercicio legítimo del poder. No habrá fractura en nuestra solidaridad nacional fincada en la armonización de los intereses legítimos. Son numerosas y enfáticas las apelaciones presidenciales a fortalecer nuestras instituciones democráticas, a rechazar la confrontación destructiva y a instaurar un estilo de gobierno basado en la negociación legal y pacífica de los conflictos; a desechar el autoritarismo y a robustecer nuestro sistema de libertades individuales y derechos sociales. Pero también es clara la norma de gobierno, que con el mayor cuidado, y llevado hasta los límites de la flexibilidad de tolerancia política, se propone moderar el abuso de la libertada cuando se amenaza la de los demás, o se pretende romper el orden y la seguridad pública incluso en este caso con mayor escrúpulo, el gobierno se ha comprometido a ajustar la acción de la autoridad al mandato de la ley. hasta los límites de la flexibilidad de toleran - Ahí está, manifiestamente en el informe presidencial, la decisión de extremar la tolerancia frente a fenómenos de desorden social y de ser constantes en el diálogo y la negociación para solucionar los conflictos bajo la convicción, expresada en el Informe Presidencial, de que la autoridad está obligada a buscar siempre la conciliación para evitar la violencia y la discordia entre los mexicanos. Ahí está también, documentada con hechos, la voluntad de perfeccionar en la práctica el principio de la división de poderes, el constante intercambio de información, enfoques y puntos de vista, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, sólo en lo que respecta a esta Cámara de Diputados, en el pasado periodo de receso se realizaron 170 reuniones de comisiones con la presencia de

funcionarios del Ejecutivo o para analizar informaciones periódicas y sistemáticas enviadas por el Ejecutivo sobre la marcha de los asuntos de la Administración Pública.

En el debate político y social, como lo asienta el propio informe, toda asociación, grupo, partido que ha deseado expresarse y criticar al gobierno, lo ha hecho libremente, y la libertad de prensa se comprueba con el testimonio diario de la prensa misma.

Respeto al pluralismo ideológico y al pluripartidismo que aquí han tratado de ponerse en duda, respeto a la voluntad de las mayorías como norma inexcusable de toda democracia, pero también respeto a la expresión y participación de las minorías en la vida política del país.

Sobre estas líneas se traza la fisonomía política del régimen de Miguel de la Madrid, a ello agrega una convocatoria que a la luz de los problemas actuales y de los debates que hoy iniciamos, resulta de una gran pertinencia y oportunidad el llamado de hacer juntos, gobierno y partidos, un juego político maduro y responsable, a la altura de lo que nos exige el pueblo de México.

La estrategia de nuestro desarrollo político plantea al mismo tiempo como objetivo prioritario, el fortalecimiento de los estados y de los municipios. Este es el sentido básico de las reformas al artículo 115 constitucional, de su proceso de reglamentación, de su puesta en práctica y de la amplia consulta nacional puesta en marcha sobre esta materia como primera fase de la revisión del estado que guarda la reforma política.

Ante la severa prueba a que la crisis ha venido sometiendo a nuestras instituciones, nuestra cohesión nacional y nuestro proceso de desarrollo, el Presidente de México ha respondido y no puede haber duda de ello, a la emergencia con acciones inmediatas, pero también ha reconocido el carácter estructural de la crisis, ante lo cual congruentemente, convoca al país a un profundo programa de cambio estructural cualitativo.

A esa determinación de atender la contingencia y de asegurar la viabilidad de nuestro proyecto, se encamina la actualización y el enriquecimiento de nuestra legislación.

La elevación a rango constitucional de la rectoría del Estado que no podría darse, compañero Castañeda, en un régimen que pudiera acusarse en justicia de derechización, asegura que las decisiones fundamentales se adopten por una decisión legítima que armoniza desde la visión de conjunto, la pluralidad, la voluntad mayoritaria y de intereses sociales. La renovación del marco jurídico permite avanzar en el proyecto revolucionario, incorpora a la Constitución los derechos sociales a la salud y a la vivienda, define líneas de acción para modernizar el aparato administrativo del Estado y sienta las bases para hacer efectiva la renovación moral de la sociedad.

Aquí hemos sido protagonistas y testigos del libre debate sobre la renovación de este marco jurídico, de la polémica abierta, como ha sido hoy, a raíz de sucesos políticos que han requerido la atención parlamentaria, de la discusión de los informes trimestrales sobre economía y finanzas gubernamentales, de diálogo con los representantes del Poder Ejecutivo en el seno de las comisiones y del intercambio respetuoso de ideas entre el Presidente de la República y los partidos políticos.

Contra las visiones que desde cualquiera de los extremos del espectro ideológico promueven o critican ajustes socioeconómicos de corte ortodoxo, la realidad es más convincente: no se ha permitido que las urgencias o el pretexto de la crisis anulen los espacios democráticos ni que arrebaten, a las mayorías, sus conquistas sociales ni que se enajene la soberanía nacional.

La política social entraña profunda reforma, no podemos negarlo, hay proyectos avanzados de acción, pero también aquí existe la voluntad de seguir enriqueciéndolos con la participación de todos. Es el caso típico y concreto de la educación, que aquí ha demostrado para servir la incongruencia de los extremos que se plantean en el espectro ideológico: ha servido para demostrar que falta objetividad en analizar los procesos y fenómenos de lo que en el país acontece y lo que más conviene para su independencia, soberanía y desarrollo.

Al hablar de educación, por una parte, se plantea que ésta llegue a tener una dirección centralizada, con rectoría ideológica del marxismo - Leninismo; de otro lado, casi se habla, o sin el caso, de que debe ser absoluta y completa su privatización.

Sobre estas plataformas, faltas de objetividad, se trata de poner en duda una de las acciones concretas más valiosas del gobierno de Miguel de la Madrid, que es la revolución educativa y la descentralización que conlleva.

Nosotros, lo declaramos una vez más, estamos con nuestra Constitución, estamos con el artículo 3o. constitucional, estamos en la descentralización de la educación y en la revolución educativa, por el fortalecimiento del federalismo, no de palabras, sino de toda realidad, como está haciendo ahora en estos primeros pasos que, atendiendo a la voluntad del pueblo, está llevando a cabo respecto de la educación el presidente Miguel de la Madrid.

La revolución educativa que implica la articulación de la enseñanza en sus distintos niveles, mejoramiento cualitativo de contenidos, métodos y técnicas, adecuación entre lo que se estudia y la problemática circundante, coordinación y suma de esfuerzos y recursos; crítica fundamental, objetiva, racional, pero también autocrítica severa y honesta.

Es el caso también de derecho a la salud como conquista de los mexicanos. Nadie desconoce que es el campo de la salud pública al primero que tiende a afectar la restricción del gasto público; así sucede, incluso, en los países de gran desarrollo industrial. Pero aquí, en nuestras condiciones, un régimen que no puede, aquí se demuestra, ni siquiera en forma remota tildarse de que hay derechización.

Se han mantenido los programas de las zonas rurales críticas y, sobre todo, se ha iniciado un

proceso de coordinación y reorganización del sistema estatal de salud y seguridad social para optimizar los recursos de infraestructura, técnicos y humanos a fin de elevar la calidad de los servicios y preparar la incorporación de nuevos sectores sociales.

Es el caso, asimismo de la política de empleo, consecuencia inmediata de toda crisis económica, es la pérdida de fuentes de trabajo y el deterioro salarial. Por ello el gobierno puso en marcha un programa de apoyo para el funcionamiento de la planta industrial, al mismo tiempo que hizo un llamado a trabajadores y patrones para llegar a un acuerdo razonable, justo y posible, sin menoscabo a los derechos de ambas partes, su actitud responsable impidió que el problema adquiriera dimensiones mayores. La difícil situación del país no quebrantó la voluntad del régimen de poner en práctica, en la medida de lo posible, el derecho al trabajo; todo esto, compañeros diputados de todos los partidos que concurren en esta Legislatura pluripartidista, es muestra objetiva de que frente a la crisis se ha impuesto la voluntad política de conservar y fortalecer las instituciones que tiendan a establecer la democracia como sistema permanente de la vida en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, y la democracia exige pluralidad, pero en la misma medida puntos básicos de convergencia. Los invitamos, compañeros diputados de todos los partidos, a que por estos puntos de convergencia luchemos tan denodadamente como intransigentes somos, para defender los principios que nos distinguen, para que nunca las banderías particulares se enseñoreen sobre la única que no es común y superior por común. Está aquí representada la amplia mayoría de las fuerzas sociales, mentiríamos si en la dinámica o violencia del debate negáramos a los extremos del espectro político su afán honesto por los intereses auténticos de la nación. Por eso, con el aval que nos dan los 9 meses de diligencia de Miguel de la Madrid, honrada, nacionalista y patriótica, queremos llamar a todos los representantes populares a converger de nuevo, como en los más difíciles momentos de la vida nacional, en el empeño por hacer del México nuestro, el México digno para los nuestros. Muchas gracias. (Aplausos.)

ATENTADO AL PSUM EN OAXACA

El C. secretario Enrique León Martínez: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.

- La C. Presidenta: Señor Secretario, un momentito, por favor.

El C. Daniel Sánchez Pérez: Pido la palabra, señora Presidenta, para hacer una denuncia.

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el C. diputado Daniel Sánchez Pérez.

El C. Daniel Sánchez Pérez: Honorable Presidencia de la Cámara; compañeras y compañeros diputados:

Quienes aceptamos militar en un partido político para participar en la transformación social de nuestro país partimos del supuesto de que existen aún alternativas democráticas para lograr el cambio. Por tanto, enmarcamos en esta idea nuestro quehacer cotidiano. Aun a sabiendas de que la confrontación ideológica, necesaria en una sociedad plural, puede enfrentar situaciones de mal entendida pasión.

El partido en que honorosamente milito, el Socialista Unificado de México, mantiene su oposición política dentro de los causes de la Constitución que se comprometió a respetar. Su actuación, por tanto, no puede ser impugnada hasta hoy por este motivo.

La lucha ideológica informa toda su declaración de principios, en su programa de acción no aparecen alusiones a la fuerza como recursos para obtener o retener el poder y en cambio sí, la certeza de que las confrontaciones civilizadas evitarán el abandono de formas de lucha pacífica para el cambio deseado. Sin embargo, estas ideas y esta conducta, que por sí solas coadyuvarían a la deseada democratización integral, se enfrentan al endurecimiento temporal que tiende a ser permanente, de las relaciones políticas en el Estado y su partido, con las fuerzas políticas de auténtica oposición.

Se han publicado declaraciones de prominentes cuadros de la burocracia política, donde la prepotencia sería el paso a la amenaza del uso de la fuerza, y por desgracia se han cometido actos de violencia efectiva en contra de personas y los bienes de los opositores.

El día de hoy utilizo la tribuna para hacer la denuncia de un hecho cuya gravedad no está sujeta ni a la votación interna de las comisiones, ni a la de esta soberanía. Hecho que viene a hacer más grande la cadena de actos de violencia efectuados en militantes o bienes de los demás partidos opositores. Me refiero, compañeros diputados, al acto vandálico, agresivo, violento y peligroso, de que fueron objeto militantes del PSUM y sobre todo gran número de periodistas que venían de regreso del acto efectuado el domingo anterior en Juchitán, en el camión propiedad de nuestro partido.

Voy a leer a ustedes el boletín informativo, que es muy corto, para no abusar de su bondad, para enterarlos en forma más detallada de esta agresión:

"El Comité Central del Partido Socialista Unificado de México protesta por el atentado sufrido anoche en contra del autobús 'El Machete', propiedad de nuestro partido, que transportaba a varios militantes pesumistas, coceístas y varios reporteros de medios nacionales que habían asistido al mediodía a un acto de masa convocado por el Ayuntamiento Popular de Juchitán con motivo de la terminación de las obras de remodelación del palacio municipal.

El autobús partió de Juchitán con destino a la ciudad de México a las 19:05 horas del domingo. Alrededor de las 22:20 horas, a la altura del kilómetro 93 de la carretera

Sayula - Ciudad Alemán, intempestivamente un vehículo lo rebasó al autobús mientras descendía por una pendiente de la carretera a más de 100 kilómetros por hora, y al momento de rebasar disparó una ráfaga de fusil M-2, con el propósito de matar al conductor y provocar la volcadura del autobús.

Uno de los proyectiles perforó el parabrisas izquierdo, a unos cuantos centímetros por encima de la cabeza del operador y la bala se incrustó en la base del guardaequipage derecho. Los fragmentos de cristal producidos por el impacto hirieron al conductor, Javier Elizalde, quien no obstante logró controlar el autobús y detenerlo a la orilla de la carretera sin que ninguno de los ocupantes sufriera alguna lesión. Sólo la pericia del conductor evitó que el atentado tuviera consecuencias mayores.

El lugar donde se realizó el atentado se encuentra casi en los límites de los estados de Veracruz y Oaxaca, en un tramo de la carretera particularmente poco transitado, a casi cuarenta kilómetros de Loma Bonita, Oax., el poblado importante más cercano. A la cínica del IMSS de este lugar fue trasladado el operador en un vehículo propiedad del PSUM, en donde el cuerpo médico lo atendió de urgencia; un fragmento de cristal se alojó en uno de sus ojos, y ante posibles complicaciones se decidió trasladarlo en una ambulancia del IMSS a la ciudad de Cosamaloapan, en donde existe equipo más adecuado.

El agente del Ministerio Público de Loma Bonita, Oax., levantó el acta LM/247/983, en la que se denuncian los hechos.

El PSUM considera que el atentado forma parte de una escalada de violencia en contra del ayuntamiento popular, el pueblo de Juchitán, nuestro partido y la COCEI. Nos parece aún más significativo este atentado, ya que en Juchitán se suponía Secretario General del PSUM, Pablo Gómez, viajaba en el autobús atacado.

Demandamos del Gobierno Federal una exhaustiva investigación y el castigo de los responsables materiales e intelectuales.

El grave criminal atentado demuestra que la violencia en el Istmo no proviene del PSUM y la COCEI, sino del otro bando en la actual disputa política: el PRI. Es por ello que el PSUM considera que lo más probable es que los autores del atentado sean los dirigentes priístas de la región, que cuentan con todo el apoyo del gobernador del estado.

Comisión de Prensa del Área de Información y Propaganda del Comité Central del PSUM."

Señores, este es el boletín que se dio a conocer a la prensa y que puede ser constatado por todos los corresponsales de la prensa nacional que iban en ese autobús. Esto viene a hacer un poco más grave la situación que se ha dado a raíz de que el PRI ha perdido ciertas posiciones políticas, principalmente con el PAN.

Nosotros ratificamos desde esta tribuna que nos hacemos cargo de que seguiremos luchando por la vía de los cauces pacíficos, por la vía de la auténtica democracia, para lograr el cambio en este país.

Y por eso, consecuentamos con esta denuncia yo quiero hacer un llamamiento a todos los partidos que integran esta Cámara, para que se dirijan a la Secretaría de Gobernación, e intervenga de inmediato no solamente en este acto que en estos momentos estamos denunciando, sino en todos aquellos que han quedado sin castigo, como el ametrallamiento de militantes del PAN en Chihuahua y en otros lugares.

Para que de una vez por todas cortemos eso que hasta ahora ha sido una conducta peligrosa y puede desembocar en situaciones más difíciles. No puede ser manejada la violencia cuando ésta ya está en forma generalizada y menos cuando se les permite a los miembros prominentes de la burocracia política que hagan uso de este lenguaje virulento para amenazar a una oposición, del tipo que sea, que vaya avanzando por los causes que la misma Constitución nos señaló.

Por eso les hacemos un llamamiento a los partidos de oposición para que se dirijan a Gobernación, en este caso y en forma generalizada, para que actúen de inmediato, se haga una investigación y se castigue a los responsables. Y le pido a la Presidencia, de ser posibles, que se turnara esta denuncia a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, por tratarse de un asunto que nosotros no nos atrevemos ya a considerar grave, puesto que las cosas de Juchitán no fueron graves, violador a la Constitución tiene matices, pero sin perder la vida alguna persona, creo que el hombre es el destinatario original de toda la reforma de todas las leyes.

En este momento yo le pediría a la Presidencia, si lo tuviera a bien, para esta denuncia a esas comisiones para que ahí se hiciera el estudio serio de lo que está sucediendo y pudiéramos avanzar realmente por causas pacíficas hacia una democracia verdadera y hacia una paz en este país. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Esta Presidencia, obsequiando los deseos del orador y porque así corresponde a la calidad de su denuncia, envía el documento presentado que debe estar debidamente suscrito. A las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia de esta honorables representación nacional.

El C. secretario Enrique León Martínez: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: "Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

"LII" Legislatura.

Orden del Día.

7 de septiembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del estado de Quintana Roo.

Comunicación del C. diputado Juan Millán Brito.

Comunicación del C. diputado Cristóbal Arias Solís.

Análisis del Primer Informe Presidencial".

- La C. Presidenta (a las 15:00 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 7 de septiembre, a las 10:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"