Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831025 - Número de Diario 18
(L52A2P1oN018F19831025.xml)Núm. Diario:18ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES.
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
"LII" LEGISLATURA.
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México. D. F., martes 25 de octubre de 1983 TOMO II. NUM 18
SUMARIO
APERTURA .
ORDEN DEL DÍA .
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Con una aclaración se Aprueba .
INVITACIÓN.
A la sesión solemne en la que el C. licenciado Pedro Vázquez Colmenares, Gobernador de Oaxaca, rendirá el tercer informe de su gobierno. Se designa comisión .
COMUNICACIONES.
De los congresos de Baja California, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, relativos a sus funciones legislativas. De enterado .
MINUTAS DEL SENADO.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Proyecto de la ley mencionada. Se turna a comisión .
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada, para prestar servicios en al embajada de Nueva Zelandia, en México. Se turna a comisión .
CONDECORACIÓN.
Proyecto de decreto que autoriza al C. Luis Echeverría para que pueda aceptar la que le confiere el Gobierno de Bolivia. Se turna a comisión .
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.
INFORMES DE LABORES.
Memorias de la secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Defensa Nacional, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y Reforma Agraria, por el lapso 1982-1983. Se reservan para consulta .
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Dos oficios por los que solicita permiso para prestar servicios a gobiernos extranjeros, a los CC. Leticia del Socorro del Alba García en la embajada del Brasil, en México; Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaime Careceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas Gonzáles, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo A. León Hernández y Manuel Valencia en la embajada de los Estados Unidos, en México y Raquel Fernández Murguía y Patricia Portes de Flores, respectivamente, en los consulados de Estados Unidos, en Guadalajara, Jal. y Ciudad Juárez, Chih. Se turnan a comisión .
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Dos proyectos de decreto que autorizan a los CC. Domingo C. Oliveros García y Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios en la embajada de Brasil en México. Primera Lectura .
LEY SOBRE PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS.
Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la ley nombrada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .
CONDECORACIONES SOBRE LA ONU.
Emitidas por el diputado Victor A. Maldonado Moroleón, en ocasión de conmemorarse un aniversario más de su fundación .
INVASIÓN A LA GRANADA.
El C. José Encarnación Pérez Gaytán se refiere a este hecho, por parte de tropas estadounidenses. En torno al tema, intervienen los CC. Cándido Díaz Cerecedo, Héctor Ramírez Cúellar, quien propone que esta Cámara rechace las acciones en contra de la seguridad de América Latina y el Caribe. Sigue el C. Medina Valdez. Para hechos Francisco Ortiz Mendoza y Medina Valdez. Para una interpelación, nuevamente Ortiz Mendoza, mismas que contesta Medina Valdez. Finalmente, comenta el tema el C. Luis Dantón Rodríguez, quien destaca las posturas de México y su gobierno en este caso. Propone sobre el particular. Se turnan las proposiciones a comisión .
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL.
Por parte del C. Arnaldo Córdova, señala que el PSUM, en su oportunidad, se opuso al proyecto porque restringía libertades y derechos .
El C. Jesús Lujan Gutiérrez opina sobre la proposición del diputado Luis Dantón Rodríguez, de esta misma sesión, y retira en consecuencia la presentada por la diputación del PPS. A su vez, el diputado José E. Pérez Gaytán se adhiere a la propuesta del C. Dantón Rodríguez, al igual que el diputado Francisco J. González Garza y para retirar la condena que hiciera el diputado Medina Valdez respecto de la invasión de Granada. Se da lectura a la proposición del diputado Dantón Rodríguez. Por su parte, el diputado Salgado Salgado interviene para hechos y, además, da a conocer una moción del diputado Luján Gutiérrez. Se considera de urgente resolución la proposición del diputado Dantón Rodríguez. Se aprueba en sus términos .
DENUNCIA CONTRA AUTORIDADES DE YUCATÁN.
Que presenta el diputado José Hadad Interian, a nombre suyo y del diputado Cicero Mackinney, en que señala la inseguridad en que vive el pueblo yucateco por la actitud asumida por las autoridades que lo gobiernan. Se turna a comisión .
ORDEN DEL DÍA.
De la sesión próxima Se levanta la sesión .
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO VICTOR CERVERA PACHECO.
(Asistencia de 373 ciudadanos legisladores.)
APERTURA.
El C. Presidente (a las 10:55 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA.
El C. prosecretario Artemio Meixueiro:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día
25 de octubre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior
El Congreso del estado de Oaxaca invita a la sesión solemne en la que el C licenciado Pedro Vázquez Colmenares, Gobernador Constitucional del estado, rendirá su tercer informe de Gobierno, y tendrá lugar el próximo 30 de octubre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Oaxaca, Veracruz, y Yucatán.
Minutas
Con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Con proyectos de decretos por los que se concede permiso a los CC. Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada para prestar servicios
administrativos en la embajada de Nueva Zelandia, en México.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco con los que se remiten, en cumplimiento del artículo 93 constitucional, los informes de labores de las secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de la Defensa Nacional, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la Reforma Agraria.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Leticia del Socorro de Alba de García pueda prestar servicios en la embajada del Brasil, en México por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Careceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Vázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández, Manuel Valencia Vargas, Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores puedan prestar servicios en la embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes de primera lectura
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Domingo Carlos Oliveros García y Ricardo Franco Guzmán para prestare servicios en la embajada del Brasil, en México.
De las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicas y de Comercio, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas".
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinte de octubre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia del C. Victor Cervera Pacheco En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del jueves veinte de octubre de mil novecientos y tres, con asistencia de trescientos setenta y tres ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día dieciocho del presente, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
EL Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación al acto cívico que, con motivo del CLXIX aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el día 22 del actual frente a la estatua de don José María Morelos y Pavón, en la Plaza de la Ciudadela de esta ciudad capital.
Para asistir a este acto, en representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC. Joaquín del Olmo Reyes, Servio Tulio Acuña Zumalacarregui, Ricardo Govela Autrey, Maurilio Hernández González, Moises Raúl López Laines y Sergio Quiroz Miranda.
La Legislatura del estado de Michoacán invita a la sesión solemne que tendrá lugar el día 22 de los corrientes en la ciudad de Apatzingán, en ocasión del CLXIX aniversario de la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana.
La Presidencia nombra a los CC. Francisco Xavier Ovando Hernández, Hermenegildo Anguiano Martínez, Armando Ballinas Mayés, Jorge Canedo Vargas, José Cervantes Acosta, Raúl Lemus García, Ignacio Olvera Quintero, Eulalio Ramos Valladolid, Daniel Angel Sánchez Pérez, Rubén Vargas Martínez, María Antonia Vazquez Segura, Guillermo Villa Avila Y Juan Villegas Torres para que en representación de este cuerpo legislativo concurran a la sesión mencionada.
Oficio del Partido Socialista de los Trabajadores, por el que comunica la designación de los CC. diputados Ricardo Antonio Govea Autrey e Ignacio Moreno Garduño, como coordinador y subcoordinador de la Fracción Parlamentaria del propio partido, respectivamente, en sustitución de los CC. diputados Rafael Aguilar Talamantes y Raúl López García. De enterado.
Las legislaturas de los estados de Durango, Hidalgo, Michoacán y Nuevo León, comunican haber efectuado actos inherentes a sus funciones. De enterado.
El C. José Isabel Villegas Piña, presenta y da lectura a una iniciativa a efecto de que dé el debido cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo, de la fracción IX, del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las comisiones unidas de Salubridad y Asistencia y de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
Por su parte el C. Alberto Salgado Salgado da Lectura a una iniciativa de decreto que reforma la fracción X, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales e imprímase.
A su vez, el C. Raymundo León Ozuna, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, presenta y da lectura
a una iniciativa de decreto tendiente a reformar el artículo 83, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales e imprímase.
Se continúa con los asuntos en cartera:
La Cámara de Senadores envía minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. Domingo Carlos Oliveros García para prestar servicios como consultor jurídico, en la embajada del Brasil, en México. Recibo y a la Comisión de gobernación y puntos Constitucionales.
La propia H. Colegisladora, remite minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como consultor jurídico, en la embajada del Brasil, acreditada en nuestro país. Recibo y a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es de Primera lectura.
El C. Rafael Oceguera Ramos hace uso de la palabra para dar a conocer los graves daños causados por el huracán de nombre Tico, a los municipios de Mazatlán, San Ignacio Cosalá, Elota Concordia, Rosario, y Escuinapa, que afectan alrededor de 800 mil personas de esa región.
Agrega que el señor Presidente de la República inmediatamente dio instrucciones precisas a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Salubridad y Asistencia, y de la CONASUPO, a fin de que lleven a cabo una acción coordinada que auxilie y asista a los que hasta ahora están requeridos del apoyo federal.
Considera que ante este desastre deben estar presentes los representantes populares para enfrentar el momento difícil que viven nuestros coterráneos. Por ello, solicita al C. Presidente de la Cámara de Diputados se sirva ordenar la integración de una comisión de diputados federales, que tenga por objeto trasladarse de inmediato a la regio afectada, a fin de unir la solidaridad de esta honorable representación, a la lucha del pueblo del sur del estado de Sinaloa por reincorporarse en su diario esfuerzo por el progreso de la Nación. La Presidencia comisiona a los CC. diputados del estado de Sinaloa, para que se trasladen a su entidad con objeto de colaborar en el auxilio de sus representados.
Enseguida, aborda la tribuna el C. Francisco Javier González Garza para referirse a la reunión efectuada el día de ayer entre diputados miembros de la Comisión de Educación Pública y el señor secretario de Educación, en la que los integrantes de la comisión mencionada, del Partido Acción Nacional, no asistieron. Expresa que esa reunión fue insuficiente, pues quedaron muchas incógnitas por aclarar.
Por lo anterior solicita, con fundamento en el artículo 93, de la Constitución General de la República, la comparencia ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el C. licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública. Túrnese a la Comisión de Educación Pública que tiene antecedentes.
Por su parte, el C. Jesús Lazcano Ochoa interviene para expresar que el Partido Socialista Unificado de México a través de su Grupo Parlamentario, en varias ocasiones ha solicitado que el C. secretario de Educación Pública comparezca ante esta representación nacional, sin que su petición haya sido atendida. En esta ocasión, su partido insiste en que se presente ante esta Cámara el C. licenciado Reyes Heroles.
A continuación, el propio C. Lazcano Ochoa manifiesta que los días 13 y 14 de los corrientes concurrió como delegado de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Educación del Distrito Federal, al Séptimo Consejo de la Federación de Jubilados de la Educación, realizado en la ciudad de Monterrey, donde se presentó una información alarmante y vergonzosa, relacionada con los miembros de la Asociación de Jubilados de estado de Zacatecas, integrantes de la Federación Nacional.
Enseguida, da lectura a las cantidades que por concepto de jubilación reciben 141 jubilados del estado de Zacatecas, que comprenden desde mil a cinco mil pesos mensuales la mayoría de cinco a catorce mil, los nueve restantes.
Hace consideraciones sobre particular y tomando en cuenta de estas jubilaciones, formula la presente denuncia, a efecto que esta soberanía se avoque a este problema. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El C. Alfredo Reyes Contreras, aborda la tribuna para expresar, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, la importancia que entraña la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que bajo el título de Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, fue sancionada en 1814, por un congreso que emigró de pueblo en pueblo, ante los peligros de la guerra.
Agrega entre otros conceptos, que un pequeño grupo de valientes patriotas, inspirados en los más elevados sentimientos de independencia y bienestar se dieron a la tarea integrar un cuerpo jurídico para darle estructura a la Nación, una vez que se lograra la independencia respecto de España, que plantearon el propósito de romper las ataduras que nos unía a tres siglos de coloniaje y explotación, expresando los intereses populares y abriendo el camino para el futuro.
Termina su intervención diciendo que la vida y la obra de quienes integraron ese Congreso perseguido y errante, su valentía y patriotismo, han de constituir para nosotros, ejemplos vivos y permanentes de honestidad y de lealtad al pueblo mexicano.
Finalmente, hace uso de la palabra el C. Enrique Soto Izquierdo, para referirse a la creación por la Cuadragésima Sexta Legislatura del H. Congreso de la Unión, de una comisión administrativa para la restauración del archivo del Congreso y el aprovechamiento de ese acervo documental.
Señala que no habiendo avanzado mayormente los trabajos respectivos, por una serie de cuestiones y limitaciones presupuestales, se estableció, por acuerdo de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura, el 26 de diciembre de 1981, el Instituto de Estudios Legislativos, y por el mismo acuerdo, el museo correspondiente.
A continuación, rinde un informe de lo realizado por el instituto y menciona las obras editadas por el mismo que ya están en manos de los CC. diputados. Hace diversas reflexiones sobre importancia de los trabajos a realizar por el instituto, que es preocupación de esta Legislatura y su Gran Comisión, y respuesta también a un interés que debe ser de todos los mexicanos por la investigación documental de nuestra historia en general. Por eso la Gran Comisión de esta Legislatura y el grupo de diputados que están en contacto para su coordinación con los trabajos del Instituto de Estudios Legislativos se han preocupado por llevar adelante estos trabajos.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las trece horas y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes veinticinco de octubre, a las diez horas".
El C. secretario Enrique León Martínez: -Está a discusión el acta. El C. Jesús Lazcano Ochoa: -Para una aclaración. Cuando se menciona sobre efectos del huracán Tico, en Mazatlán. se menciona a San Ignacio es un municipio, Cosalá es otro municipio.
El C. secretario Enrique León Martínez: -No habiendo quien haga uso de la palabra después del diputado Lazcano, en votación económica se pregunta si se aprueba ... Aprobada. señor Presidente.
INVITACIÓN.
El C. prosecretario Artemio Meixueiro: -"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F. La Quincuagésima Segunda Legislatura del estado de Oaxaca se complace en invitar a usted a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Pedro Vázquez Colmenares gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de octubre a las 11:00 horas en el Recinto de la Cámara de Diputados.
Oaxaca de Juárez, Oax., octubre de 1983".
El C. Presidente: -Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados:
José Estefan Acar, Serafín Aguilar Franco, Carlos Brito Gómez, Jorge Luis Chávez Zárate, Raúl Enrique Palomec, Antonio Fabila Meléndez, Moisés Raúl López Laines, Victor Alfonso Maldonado Moreleón, Luis Martínez Fernández Del Campo, Edmundo Martínez Zaleta, Artemio Meixueiro Sigüenza, María Encarnación Paz Méndez, Pedro Salinas Guzmán, Javier Sánchez Lozano, Odilia Torres Avila, Jorge Cruickshank García, Sergio Ruiz Pérez y Angel Mora López.
COMUNICACIONES.
EL C. prosecretario Artemio Meixueiro: -"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, de México, D. F.
Tenemos el honor de comunicar a usted, que en la Sesión Previa celebrada el día de hoy, la H. XI Legislatura del Estado, eligió la Mesa Directiva que funcionará durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Legal, habiendo quedado integrada en la forma siguiente:
Presidente: diputado licenciado José Octavio Pérez Pazuengo. Vicepresidente: diputado Rodolfo Fierro Márquez. Secretario: diputado licenciado José Efraín Camacho. Prosecretario: diputada licenciada Gloria Cárdenas Rendón. Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, B. Cfa., a 30 de septiembre de 1983.
Licenciado José Octavio Pérez Pazuengo, diputado presidente; licenciado José Efraín Martínez Camacho, Diputado secretario".
Trámite: -De enterado.
El mismo C. Prosecretario: -"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, México, D. F.
En cumplimiento de preceptos legales, comunicamos a usted (s) que la LII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente para funcionar en el mes de octubre próximo, habiendo resultado electos por mayoría de votos los CC. diputados Licenciado Delfino Manuel Cruz Aquino, presidente; Israel Martínez García, vicepresidente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto Al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 30 de septiembre de 1983.
Eloy Argos García, Diputado secretario; licenciado José Herrera Reyes, diputado secretario".
Trámite: -De enterado.
el mismo C. prosecretario: -"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, México, D. F. Con fundamento en lo previsto por los artículos 11 y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder Legislativo, participamos a usted, que la Honorable Quincuagésima Tercera Legislatura del estado de Veracruz Llave, quedo legítimamente constituida el día 30 de septiembre último e instalada hoy a las 11:30 horas en su Recinto Oficial; iniciando sus actividades, de acuerdo con lo que señala el Artículo 51 de la Constitución política local, asimismo eligió la mesa Directiva que fungirá en el presente mes, quedando integrada en la forma siguiente:
Presidente: diputado licenciado Antonio G. Campillo Sánchez.
Vicepresidente: diputado C.P. Antonio Luna Andrade.
Secretario: diputado licenciado Guillermo Díaz Gea. Y los hacemos de su conocimiento, reiterándole la seguridad de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., octubre 1o. de 1993.
H. Legislatura del Estado.
Licenciado Antonio G. Campillo Sánchez, diputado presidente; licenciado Guillermo Guillermo Díaz Grea, diputado secretario".
Trámite: -De enterado.
El C. secretario Enrique León Martínez: -"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
Para su conocimiento y fines procedentes, nos permitiremos informar a usted que la Honorable Quincuagésima Tercera Legislatura del estado de Veracruz Llave, que hoy inicia sus funciones, está integrada por los siguientes ciudadanos diputados:
Antonio G. Campillo Sánchez, Aniceto Castillo Vázquez, Odorico, Cequera Gómez, Héctor Cólio Galindo, Alfredo Colorado Vázquez, Octavio Corro Ramos, Juan Cristóbal Cespedez, Guillermo Díaz Gea, Adalberto Díaz Jacome, Onésimo Escobar Gómez, Ubaldo Flores Alpizar, Raymundo García López, Bernabe García Villanueva, Graciela Patricia Gómez de Ibarra, Agustín Gónzalez Alvarado, Angel L. Gutiérrez Castellanos, Enrique Hernández Olivares, Apolinar Hernández Santiago, Harry Jackson Sosa, Miguel Angel Lara Uscanga, Antonio Luna Andrade, Francisco Montes de Oca López, Ricardo Olivares Pineda, Joaquin Quiroz García, Antonio Santiago Barradas, Eugenio Soto Medina, Humberto Torres Mendoza, Librado Trujillo Serrano, Jorge Uscaga Escobar, Rigoberto Vázquez Alvarado y Miguel Angel Velazco Muñoz.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., octubre 1o. de 1983.
H. Legislatura del Estado.
Licenciado Antonio G. Campillo Sánchez, diputado presidente; licenciado Guillermo Díaz Gea, diputado secretario".
Trámite: -De enterado.
El mismo C. Prosecretario: -"Gobierno del estado de Yucatán, poder Legislativo.
Mérida, Yuc., a 29 de septiembre de 1983.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
En asamblea de diputados de la XLIL Legislatura estatal, de fecha de hoy, se clausuró el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, dejando integrada la diputación permanente que fungirá durante el receso de los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año y, asimismo eligió a la Mesa Directiva, que actuará en dicho receso, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente: C. diputado Br. José Nerio Torres Ortíz.
Secretario: C. diputado profesor Abraham Santiago Castro Rodríguez. Vocal: C. diputado Manuel Domínguez.
Al comunicar a usted lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor y Tesoro del H. Congreso Constitucional del Estado. Licenciado Orlando Vázquez Montes de Oca".
Trámite: -De enterado.
MINUTAS DEL SENADO.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
El C. prosecretario Artemio Meixueiro CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene la Minuta Proyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 19 de octubre de 1983.
Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
MINUTA PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
CAPITULO I.
Atribuciones
Artículo 1o. "La Procuraduría General de la República es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integran la Institución del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que aquélla y a su titular, en su caso, atribuyen los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 2o. La Institución del Ministerio Público Federal, presidida por el Procurador General de la República, y éste personalmente en los términos del artículo 102 constitucional, tendrán las siguientes atribuciones, que ejercerán conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta Ley:
1. Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas;
II. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, e intervenir en los actos que en sobre esta materia prevenga la legislación acerca de planeación del desarrollo:
III. Representar a la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte, e intervenir en las controversias que se susciten entre dos o más estados de la Unión, entre un Estado y la Federación, o entre los Poderes de un mismo estado, y en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales;
IV. Prestar consejo jurídico al Gobierno Federal;
V. Perseguir los delitos del orden Federal;
VI. Representar al Gobierno Federal, previo acuerdo con el Presidente de la República, en actos en que debe intervenir la Federación ante los estados de la República, cuando se trate de asuntos relacionados con la procuración e impartición de justicia.
VII. Dar cumplimiento a las leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional en que se prevea la intervención del Gobierno Federal, en asuntos concernientes a las atribuciones de la Institución, y con la intervención que, en su caso, corresponda a otras dependencias, y
VIII. Las demás que las leyes determinen.
Artículo 3o. La vigilancia de la constitucionalidad y legalidad comprende: I. La intervención del Ministerio Público como parte en todos los juicios de Amparo, promoviendo la estricta observancia de la ley y la protección del interés público. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción XV, de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
II. La propuesta al Presidente de la República de reformas legislativas necesarias para la exacta observancia de la Constitución. La reforma de normas locales inconstitucionales se sugerirá por los conductos legales pertinentes, y
III. La vigilancia de la aplicación de la ley en todos los lugares de detención, prisión o reclusión de reos federales, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Cuando los particulares presentan al Ministerio Público quejas por actos de otras autoridades que no constituyan delitos del orden federal, aquél las pondrá en conocimiento de la autoridad a la que corresponda, resolver, podrá orientar al interesado sobre la atención que, legalmente, corresponda al asunto de que se trate.
Artículo 4o. La promoción de la pronta expedita y debida procuración e impartición de justicia, y la intervención en los actos que sobre esta materia prevea la legislación acerca de planeación del desarrollo, comprende; I. La participación, conforme al artículo 26 constitucional a la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, en el estudio, la promoción y la ejecución de programas y acciones correspondientes a procuración e impartición de justicia;
II. La propuesta, ante el Presidente de la República de las medidas que convengan para el mejoramiento de la procuración y de la impartición de justicia, escuchando la opinión de los funcionarios encargados de dichos servicios públicos, así como de otras persona y sectores que por su actividad, función y especialidad puedan o deban aportar elementos de juicio sobre la materia de que se trate;
III. La denuncia, ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Presidente de la Sala que corresponda según el caso, de las contradicciones que se observen en las tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte o por los Tribunales Colegiados de Circuito, a efecto de que el Pleno o la Sala resuelvan lo precedente, según lo previsto en los artículos 195 y 195 bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y
IV. La opinión, en los términos y para los fines a que se refiere la fracción anterior, cuando la denuncia de tesis contradictorias provenga de Ministerios de la Suprema Corte, Salas de ésta, Tribunales Colegiados de circuito o partes en los juicios de amparo.
Artículo 5o. La presentación ante las autoridades jurisdiccionales y la intervención en controversias, comprende: I. La intervención como parte en los juicios de amparo, en los términos previstos por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y, en los demás casos en que la ley disponga o autorice esta intervención;
II. La intervención como representante de la Federación, en todos los negocios, en que aquélla parte o tenga interés jurídico;
III. La intervención como coadyuvante en los negocios en que sea parte o tengan interés jurídico las Entidades de la Administración Pública Federal. Esta intervención procederá cuando así lo disponga el Presidente de la República o cuando lo soliciten los Coordinadores de Sector correspondientes, pero en este último caso el Procurador acordará lo pertinente, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público;
IV. La intervención como representante de la Federación en los casos previstos por la Ley de Nacionalización de Bienes, reglamentaria del artículo 27, fracción II, de la Constitución;
V. La intervención, mediante dictamen jurídico sin efectos vinculantes y requerimiento de las partes, en las controversias que se susciten entre dos o más estados de la Unión, entre un Estado y la Federación, o entre los Poderes de un mismo estado, sin perjuicio de lo previsto, en su caso por la fracción II de este artículo, y
VI. La intervención, en la forma y con la salvedad a que se refiere la fracción anterior, en las controversias en que sean partes los diplomáticos y los Cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal el Ministerio Público procederá de acuerdo con sus atribuciones legales.
Cuando el Ministerio Público represente a la Federación o intervenga como coadyuvante en los negocios en que sean parte o tengan interés jurídico las entidades de la Administración Pública Federal, no podrá desistirse de las acciones intentadas, sin acuerdo expreso del Presidente de la República o sin la conformidad de quien hubiese solicitado su intervención, según el caso. Artículo 6o. El Consejo jurídico al Gobierno Federal comprende, además la promoción de reformas legales a que se refieren los artículos 3o., fracción II, y 4o. fracciones I y II, de esta ley;
I. La opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que el Presidente de la República envíe para su estudio;
II. La opinión jurídica sobre los asuntos que ordene el Presidente de la República o solicite al titular de una dependencia de la Administración Pública Federal, y
III. El asesoramiento jurídico, en el orden estrictamente técnico y constitucional, respecto de los asuntos que lo requieran, por acuerdo del Presidente de la República, al ser tratados en reuniones de titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Artículo 7o. La persecución de los delitos del orden federal comprende:
I. En la averiguación previa, la recepción de denuncias y querellas, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, y la práctica de todos los actos conducentes a la comprobación del cuerpo del delito y a la acreditación en la probable responsabilidad del indiciado, como elementos que fundan el ejercicio de la acción penal, así como la protección al ofendido por el delito en los términos legales aplicables. El Ministerio Público solicitará a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo o de aseguramiento patrimonial que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa y, en su caso y oportunidad, para el debido desarrollo del proceso. Al ejercitar la acción, el Ministerio Público formulará a la autoridad jurisdiccional los pedimentos que legalmente correspondan;
II. Ante los órganos jurisdiccionales, conforme a la competencia de éstos, la intervención como actor en las causas que se sigan ante los tribunales, solicitando las ordenes de aprehensión, de comparecencia o de cateo, así como los exhortos y las medidas precautorias procedentes, proponiendo las pruebas conducentes al esclarecimiento de la conducta o de los hechos y de la responsabilidad del inculpado, planteando las excluyentes de responsabilidad penal o las causas de extinción de la pretensión punitiva de que tenga conocimiento, formulando conclusiones, exigiendo la reparación patrimonial que corresponda al ofendido, solicitando la aplicación de las penas y medidas que procedan, e interponiendo los recursos ordinarios que resulten pertinentes, y
III. Impugnación, en los términos que la ley prevenga, de las sentencias definitivas que causen agravio a los intereses jurídicos de la sociedad, cuya representación corresponde al Ministerio Público.
Artículo 8o. La representación del Gobierno Federal en actos ante los estados de la República, que se ejercerá previo acuerdo del Presidente de la República, comprende:
I. La promoción y celebración de convenios, con apego a las disposiciones aplicables, y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades, sobre apoyo y asesoría recíprocos en materia policial, tecnojurídica, pericial y de formación de personal para la procuración de justicia, y
II. La promoción y celebración de acuerdos, con arreglo a las disposiciones aplicables, para efectos de auxilio al Ministerio Público Federal por parte de las autoridades locales, cuando se trate de funciones auxiliares previstas en esta ley o en otros ordenamientos.
Artículo 9o. El cumplimiento de leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional en asuntos concernientes a las atribuciones de la Institución, comprende:
I. La promoción ante el Presidente de la República, de los instrumentos de alcance internacional en materia de colaboración policial o judicial;
II La intervención en la extradición internacional de delincuentes, y III. La intervención, por acuerdo del Presidente de la República, en la aplicación de los tratados celebrados conforme al último párrafo del artículo 18 constitucional, así como en el cumplimiento de otras disposiciones de carácter o con alcance internacional, cuando se trate de asuntos concernientes a la Institución.
Artículo 10. El Procurador intervendrá por sí o por conducto de Agentes del Ministerio Público Federal en el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los artículos anteriores, según las previsiones del Reglamento y los acuerdos que dicte el Procurador. El Reglamento prevendrá la distribución de los asuntos entre las unidades técnicas y administrativas de la dependencia. El Procurador deberá intervenir personalmente en los supuestos a que se refieren los artículos 3o., fracción II, 4o., fracción II, 5o., fracción V, 6O., 8O Y 9O., fracción I, de este ordenamiento.
Artículo II. En el cumplimiento de sus atribuciones el Ministerio Público y sus auxiliares, en su caso, y conforme a sus funciones, podrán requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba, en general, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a las correspondientes al Distrito Federal, y a otras autoridades y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de dichas atribuciones.
CAPITULO II.
Bases de organización.
Artículo 12. La Procuraduría General de la República estará presidida por el Procurador, Jefe de la Institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares directos, conforme a lo señalado en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La procuraduría contará con subprocuradores, sustitutos del Procurador en el orden que fije el Reglamento, Oficial Mayor, Visitador General, Contralor Interno y las Direcciones Generales Unidas Administrativas y Técnicas y órganos desconcentrados necesarios para el despacho de los asuntos que los artículos 2 y 10 de esta Ley ponen a cargo de la Dependencia, en el número y con la competencia que determine el Reglamento de esta Ley. El Ejecutivo determinará las entidades que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República.
Artículo 13. Los Subprocuradores auxiliarán al Procurador en las funciones que esta Ley le encomienda y, por delegación que haga el Titular, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que el Ministerio Público Federal formule o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley prevenga, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia.
Artículo 14. Son auxiliares directos del Ministerio Público Federal: I. La Policía Judicial Federal; y
II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República; Asimismo, son auxiliares del Ministerio Público:
a) Los agentes del Ministerio Público del Fuero Común y de las Policías Judicial y Preventiva, en el Distrito Federal y en los estados de la República, previo acuerdo, cuando se trate de éstos, entre las autoridades federales y locales en los términos del artículo 8, fracción II, de la presente Ley;
b) Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero;
c) Los capitanes, patrones o encargados de naves y aeronaves nacionales, y
d) Los funcionarios de otras dependencias del Ejecutivo Federal en los casos a que se refiere el artículo 25 de este ordenamiento.
Artículo 15. El Procurador será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República y deberá tener las calidades que se requieren para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los Subprocuradores sustitutos del Procurador, que deberán reunir iguales calidades, serán designados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Artículo 16. En la designación del personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los Servicios Periciales de la Procuraduría, se atenderá a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las normas complementarias contenidas en el Reglamento de esta Ley o en los acuerdos internos que se expidan con fundamento en la propia Ley y en dicho Reglamento: Para ser Agente del Ministerio Público Federal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos internacionales o dolosos, y
III. Ser licenciado en Derecho con autorización para el ejercicio de su profesión.
Para ser Agente de la Policía Judicial Federal, se deben reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II, y haber concluido por lo menos la enseñanza preparatoria.
Para ser perito oficial de la Procuraduría es preciso ser ciudadano mexicano, por nacimiento o naturalización, en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito mencionado en la fracción II, y tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente, o acreditar plenamente, en su caso, los conocimientos técnicos, científicos o artísticos correspondientes a la disciplina sobre la que se deba dictaminar.
Artículo 17. Para ingresar o permanecer al servicio de la Institución en cualesquiera categoría de Agentes del Ministerio Público Federal o de la Policía Judicial, o de los Servicios Periciales, los interesados deberán acreditar, en su caso, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y aprobar los exámenes de ingreso y participar en los concursos de oposición o de méritos a los que se convoque. Los servidores de la Institución están obligados a seguir los cursos que se establezcan para su mejoramiento profesional.
Artículo 18. El Procurador expedirá los acuerdos y circulares y los manuales de organización y procedimientos conducentes al buen despacho de las funciones de la Dependencia; y resolverá, por sí o por conducto del funcionario que determine, sobre el ingreso, la promoción, la adscripción, las renuncias, las sanciones, los estímulos y la suplencia de sus subalternos, sin perjuicio de las disposiciones que regulen las relaciones laborales entre el Ejecutivo Federal y quienes presten a éste sus servicios.
Artículo 19. El Procurador o, por delegación de éste, los Subprocuradores o el Oficial Mayor, podrán adscribir discrecionalmente al personal de la Institución en el desempeño de las funciones que a ésta corresponde, y encomendar a sus subalternos, según su calidad como Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como peritos de la Institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estime pertinentes. Cuando se trate de personal de base, se observará lo previsto por las normas correspondientes, a las relaciones laborales de que se trate.
Artículo 20. El personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de aquél, sin quedar comisionados o adscritos a otras Dependencias o Entidades y previo acuerdo del Procurador o, por delegación de éste, de los Subprocuradores o del Oficial Mayor, que se emitirá discrecionalmente tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad requeriente.
Artículo 21. El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre los auxiliares directos mencionados en las fracciones I y II de la primera parte del artículo 14, sin perjuicio de la autonomía técnica que corresponda a los peritos en el estudio de los asuntos que se sometan a su conocimiento y en la emisión de los dictámenes respectivos. Asimismo, el Ministerio Público Federal ordenará la actividad de los auxiliares a que se refieren las fracciones I a IV de la segunda parte del artículo 14, en lo que corresponde, exclusivamente, a las actuaciones que practiquen en auxilio del Ministerio Público Federal.
Artículo 22. La Policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del artículo 21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden federal. Para este efecto, podrá recibir denuncias y querellas sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquellas han te el Ministerio Público, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda. Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen, y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad Judicial.
Artículo 23. Cuando los Agentes del Ministerio Público o de la Policía Judicial del Fuero común auxilien al Ministerio Público Federal recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado bajo caución o con las reservas de ley, sujetándose a las disposiciones legales federales aplicables, y enviarán el expediente y el detenido, en su caso, al Ministerio Público Federal que deba encargarse del asunto.
El Procurador, con autorización del Presidente de la República, convendrá con las autoridades locales, competentes la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local del Ministerio Público Federal.
Artículo 24. Los auxiliares del Ministerio Público Federal deberán dar aviso inmediato a éste, en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter.
Artículo 25. El Procurador determinará a que servidor público del Gobierno Federal corresponde la suplencia en caso de falta excusa o ausencia del encargado de una Agencia del Ministerio Público, cuando no sea posible cubrirla con otro Agente de la Institución.
CAPITULO III.
Disposiciones generales.
Artículo 26. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus atribuciones específicas, y actuará con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración y administración de justicia. Artículo 27. Los Agentes del Ministerio Público Federal no son recursables, pero deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
Artículo 28. Los Agentes del Ministerio Público Federal no podrán desempeñar otro puesto oficial, salvo los que autorice el Procurador, que no sean incompatibles con sus funciones en la Institución, y los de carácter docente, ni ejercer la abogacía sino en causa propia, de su cónyuge o concubino, o de sus
parientes consanguíneos en línea recta, de sus hermanos, o de su adoptante o adoptado. Tampoco podrán ejercer como apoderado judicial , tutor, curador o albacea, a menos que sea heredero o legatario, ni podrán ser depositario judicial, síndico, administrador, intervención en quiebra o concurso, ni corredor, comisionista, arbitro o arbitrador.
Artículo 29. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público o de la Policía Judicial, dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones y sanciones, según el caso, en los términos que prevengan el Código Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 30. Se podrá imponer al personal de la Procuraduría, por las faltas en que incurra en el servicio, las correcciones disciplinarias previstas en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. En el caso de la Policía Judicial Federal, se aplicarán las mismas sanciones , o bien, a juicio del Director General de la Corporación y bajo su responsabilidad, arresto constitucional, retención en el servicio o privación de permisos de salida hasta por quince días, si la gravedad de la falta lo amerita.
Artículo 31. Cuando se impute la comisión de un delito a un Agente del Ministerio Público Federal, el juez que conozca del asunto pedirá al Procurador que lo ponga a su disposición, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares que correspondan para evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. El Procurador se atendrá a lo dispuesto por el órgano jurisdiccional. La detención que se practique en contravención a este precepto, será sancionada en los términos que prevenga el Código Penal. Artículo 32. El Ministerio Público Federal o la Policía Judicial Federal sólo expedirán constancias de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente, que funde y motive su requerimiento, o cuando resulte indispensable la expedición de dichas constancias para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstos por la ley.
TRANSITORIOS.
Primero. Esta Ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal adoptará las medidas conducentes a la elaboración y publicación del Reglamento, y a su vigencia simultánea con la correspondiente al presente ordenamiento.
Segundo. Se abroga la Ley de la Procuraduría General de la República del 27 de diciembre de 1974, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de los mismos mes y año. Continuarán vigentes las normas expedidas con apoyo en la Ley que se abroga, cuando no se opongan a la presente,"
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores . México, D.F., A 21 de octubre de 1983.
Norberto Mora Plancarte, S.P Myrna Esther Hoyos de Navarrete ,S.S Guillermo Mercado Romero, S.S."
Trámite: -Recibo y a la Comisión de Justicia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
El C. Secretario Enrique León Martínez:
El CC. secretarios de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con Minuta Proyecto de Decreto, por el que se concede permiso al C. Heriberto Huerta para prestar servicios administrativos en la embajada de Nueva Zelandia, en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida. México, D. F., a 19 de octubre de 1983. Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
"MINUTA.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al C. Heriberto Huerta para prestar servicios administrativos en la Embajada de Nueva Zelandia, en México.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, D.F., 19 de octubre de 1983.
Norberto Mora Plancarte, S.P.; Myrna E. Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
Trámite: -Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El mismo C. Secretario:
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente de Minuta Proyecto de Decreto, por el que se concede permiso a la C. Martha Rojas Taboada para prestar servicios administrativos en la Embajada de Nueva Zelandia en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 21 de octubre de 1983. Myrna Esther Hoyos de Navarrete, SS. Guillermo Mercado Romero, S.S."
"MINUTA.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso a la C. Martha Rojas Taboada para prestar servicios
administrativos en la Embajada de Nueva Zelandia en México.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, D.F., a 21 de octubre de 1983.
Norberto Mora Plancarte, S.P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CONDECORACIÓN.
El C. prosecretario Artemio Meixueiro:
"CC. secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes. Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a ustedes, expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por esta Cámara en virtud del cual se concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia. Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 19 de octubre de 1983.
Senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, secretaria; senador Guillermo Mercado Romero, secretario."
"MINUTA.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al C. Luis Echeverría para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., a 19 de octubre de 1983.
Senador Norberto Mora Plancarte, presidente; senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, secretaria; senador Guillermo Mercado Romero, secretario."
Trámite: -Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.
INFORMES DE LABORES.
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar, por su digno conducto, al H. Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Gobernación y Fomento Industrial
correspondiente al período del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de octubre de 1983. El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D." Trámite: -Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC.
diputados.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F. -Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar, por su digno conducto, al H. Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: -Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. -Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar, por su digno conducto, al H. Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al periodo
comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983.
Reitero a usted en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 17 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: - Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados El C. prosecretario Artemio Meixueiro:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar, por su digno conducto, al H. Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 18 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: - Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar, por su digno conducto, al H. Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D. F., a 7 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: - Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Prosecretario:
"Escudo nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 6 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
'La señora Leticia del Socorro de Alba de García se ha dirigido a esta Dirección General solicitando se gestione autorización del Congreso de la Unión, a fin de que pueda prestar sus servicios en la Embajada del Brasil, en México, sin perder su ciudadanía mexicana, laborando como auxiliar administrativo. Para tal efecto, anexo al presente una copia del acta de nacimiento de la persona interesada, rogándole atentamente tenga a bien disponer se gestione el permiso correspondiente, y que en su oportunidad se informe a esta Secretaría sobre el particular.'
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 13 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes, y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 3 del actual:
'Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, para que las personas cuya lista se proporciona a continuación, puedan prestar sus servicios en la Embajada y Consulados de los Estados Unidos de América en México. La nacionalidad mexicana de dichas personas se ve acreditada por las fotocopias de sus respectivas actas de nacimientos que se remiten anexas al presente oficio.
C. Araceli Bouchot Marina, bibliotecaria, Embajada de E.U.A. en México.
C. Martha Estrada Rosales, secretaria, Embajada de E.U.A. en México.
C. Ofelia Jaimes Careceres, secretaria, Embajada de E.U.A. en México.
C. Margarita Castellanos Eternod, asistente de contabilidad, Embajada de E.U.A. en México.
C. Ofelia Salinas González, mecanógrafa, Embajada de E.U.A. en México.
C. Josefina Bolañoz Sánchez, bibliotecaria, Embajada de E.U.A. en México.
C. Francisco Velázquez Aguilera, bibliotecario, Embajada de E.U.A. en México.
C. José Maya Burguette, chofer mensajero, Embajada de E.U.A. en México.
C. Arturo Alberto León Hernández, empleado, Embajada de E.U.A. en México.
C. Manuel Valencia Vargas, asistente de prensa y encuadernación, Embajada de E.U.A. en México.
C. Raquel Fernández Murguía, asistente consular, Consulado General de los E.U.A. en Guadalajara, Jalisco.
C. Patricia Fortes de Flores, empleada consular. Consulado General de los E.U.A. en Ciudad Juárez, Chihuahua.'
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 5 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 14 de octubre del presente año, la H. Cámara de Senadores remitió a la de Diputados, el expediente que contiene la minuta de proyecto de decreto que concede permiso al C. Domingo Carlos Oliveros García para prestar servicios como consultor jurídico en la embajada de Brasil, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 20 de octubre del actual, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada del Brasil, en México, serán como Consultor Jurídico, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Domingo Carlos Oliveros García para prestar servicios como consultor jurídico en la embajada del Brasil, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F. a 24 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivaes Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Alejandro Lambretón Narro, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 14 del presente mes, la H. Cámara de Senadores remitió a la de Diputados el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como consultor jurídico en la embajada del Brasil, en México, para los efectos constitucionales.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 20 de octubre actual, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento; b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la embajada del Brasil, en México, serán como consultor jurídico, y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Ricardo Franco Guzmán para que pueda prestar servicios como consultor jurídico en la embajada del Brasil, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F¿, a 24 de octubre de 1983.
Presidente Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duartes, Salvador Castañeda O'Connor, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Soto Izquierdo, Alejandro Lambertón Narro, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: - Primera lectura.
LEY SOBRE PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS.
"Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio. Honorable Asamblea:
A las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio, que suscriben, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, envió a esta Cámara el Ejecutivo de la Unión. Propósito fundamental de la misma es realizar modificaciones estructurales al organismo público descentralizado denominado Productora Nacional de Semillas, para que a través de su actualización y expansión en el país apoye, con estricto apego a la ley, la actividad agrícola.
La iniciativa promueve que la administración de la Productora Nacional de Semillas esté a cargo de un consejo de administración, en el cual estarán representadas las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la producción de semillas, que en forma colegiada resuelva las acciones que las prioridades fijen en apoyo a la producción agrícola. Este sistema permitirá modernizar su estructura, pues simultáneamente incorpora al área las decisiones del organismo a las diversas autoridades relacionadas con la materia y amplía las facultades y responsabilidades del consejo para el óptimo rendimiento de este importante renglón de la actividad productiva.
Se busca, también, integrar el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas a la Comisión Nacional de Fruticultura y a las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas. Asimismo, adiciona a un párrafo al artículo 5o. de la ley, en que obliga a que los representantes que se acrediten ante el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas sean Técnicos especializados en la materia y no solo 'técnicos de eficacia reconocida' como lo dispone la ley en vigor.
En la reforma que se propone en el artículo 6o. se establece que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas dará preferencia a los programas de Productora Nacional de Semillas para el mejoramiento de plantas existentes y la formación de otras. Las modificaciones que se plantean al artículo 8o. son de redacción y estilo, para adecuarlo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La propuesta de modificación al artículo 12 busca que el Comité Calificador de Variedades de Plantas, lo integren las diferentes direcciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que inciden en la producción de semillas, así como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Comisión Nacional de Fruticultura, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, buscando articular las acciones de esas dependencias y organismos descentralizados, para una mejor y más eficiente calificación de las variedades de plantas y su registro.
La iniciativa plantea en las adiciones que propone al artículo 17, que a la Productora Nacional de Semillas corresponda asesorar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que en los programas de ésta se usen las semillas adecuadas a la región de que se
trate; así como para que fije requisitos y dictamine sobre exportaciones e importaciones. Las comisiones que suscriben consideraron necesario hacer algunas modificaciones al texto de los artículos propuestos en la iniciativa a saber:
Al artículo 6o. del proyecto que se propone a su o consideración, se agregó que la investigación a la que se refiere es la oficial, con lo que se deja la posibilidad de que otras instituciones, privadas y docentes, puedan emprender esa tarea. Se suprimió la palabra 'originariamente', por considerar que si queda determinado que esa función de investigación corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, la palabra 'originariamente' haría presumir que esa función es privativa del instituto.
En la segunda parte del mismo artículo se cambió el sujeto con interés jurídico. En la iniciativa se contemplaba a 'los particulares' como únicos interesados en los trabajos de investigación y en el proyecto que se presenta se utiliza la expresión 'las demás personas', considerándose que ésta es más amplia y puede contemplar otro tipo de personas físicas o morales, que podrían quedar fuera de lo previsto en el artículo.
Del artículo 17 se suprimió la fracción XI, propuesta en la iniciativa, ya que si a la Productora Nacional de Semillas se le da la facultad de proponer requisitos y dictaminar técnicamente sobre importación y exportación de semillas, se le está convirtiendo en juez y parte, por ser este organismo el productor y también el dictaminador. A mayor razón, la facultad de emitir opinión en todos los casos de importación o exportación de semillas le corresponde al Comité Calificador de Variedades de Plantas, según el artículo 13 de la ley, y la Productora Nacional de Semillas forma parte de dicho comité, al tenor del artículo 12, del proyecto que se presenta. Al suprimir la facultad referida se evita crear una duplicidad de funciones que además estarían en pleno conflicto por pertenecer, por una parte, a un cuerpo colegiado como es el comité, y por la otra a la Productora Nacional de Semillas en exclusiva, siendo ésta, parte de ese cuerpo colegiado. Al artículo 20 de la iniciativa también se le hicieron modificaciones, se suprimieron el penúltimo y antepenúltimo párrafos, considerándose que si la iniciativa plantea una modificación estructural en la administración de la Productora Nacional de Semillas, al confiar ésta a un consejo de administración, las facultades del director general deben ajustarse a ese nuevo modelo de administración, y el artículo 21 de la ley habla expresamente del director general.
Se suprimió totalmente el penúltimo párrafo del artículo 20 de la iniciativa por ser contradictorio con la misma, ya que las facultades del director general no pueden ser las mismas que las del consejo de administración, pues si así lo fuera no se justificaría la existencia de ese cuerpo colegiado.
Se propone en el proyecto de decreto la reforma al artículo 21 de la ley que nos ocupa. A dicho artículo se incorpora el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de la iniciativa, con la modificación de que el director general de la Productora Nacional de semillas será nombrado por el Presidente de la República.
En el artículo 21 del proyecto de decreto se detallan las facultades del director general y se someten al órgano jerárquico superior, como es el consejo de administración y ya no el Presidente de la República, con lo que se le logran los objetivos fijados en la iniciativa, sobre la colegialidad del órgano de decisión de la institución.
Por todo lo anterior se considera que la administración de la Productora Nacional de Semillas por un consejo articulará las acciones de las diferentes dependencias involucradas en la producción y mejora de semillas, lo que se traducirá en una mayor eficiencia en el manejo de sus recursos y en una mejor aplicación de tan importante insumo para el incremento de la productividad agrícola.
en virtud de la importancia y trascendencia de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas en el desarrollo agrícola de nuestro país, las comisiones que suscriben se han planteado como tarea a desempeñar, en el próximo periodo de receso de esta Legislatura, el análisis y estudio de la ley en lo general, con el propósito de que se presente una iniciativa sobre el particular en el próximo periodo ordinario de sesiones, ya que las presentes reformas y adiciones se refieren a la estructura organizacional. En los artículos transitorios se establece la obligación para que se elabore y expida el reglamento de la ley dentro del año siguiente a la fecha de publicación del decreto de reformas.
Por las anteriores consideraciones y con fundamentos en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben se permiten proponer a la aprobación de esa honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS
Artículo primero. Se adiciona con una nueva fracción VI el artículo 5o. de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la actual fracción VI pasa a ser VII y se reforma el párrafo final del mismo artículo, para quedar como sigue:
Artículo 5. ..
I. .. II. .. III. .. IV. .. V. ..
VI. La Comisión Nacional de Fruticultura y las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas reconocidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
VII. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Los representantes que acrediten los organismos ante el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas deberán ser técnicos especializados en la materia y coordinarán sus actividades para el mejor funcionamiento del propio Sistema.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 6o., 8o. y 12 de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas para quedar de la manera siguiente:
Artículo 6o. La investigación oficial para el mejoramiento de variedades de plantas existentes y la formación de otras corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, quien dará preferencia a los programas de Productora Nacional de Semillas, con la cual se coordinará la producción de semillas mejoradas que se requieran prioritariamente para fomentar el desarrollo agrícola del país. Las demás personas que lleven a cabo trabajos semejantes que tengan interés en obtener privilegios de aprovechamiento exclusivo de variedades que mejoren o formen a través de investigación, requerirán autorización de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los términos que establece la presente ley.
Artículo 8. Las semillas originales de las variedades de plantas que el Instituto mejore o forme y que hubieren sido aprobadas para cultivo, se entregarán a la productora Nacional de Semillas para su aprovechamiento en los programas de producción de semillas en escala comercial. El suministro de semillas a entidades y a particulares se realizará a través de la misma Productora Nacional de Semillas, previo acuerdo del secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Artículo 12. El Comité Calificador de Variedades de Plantas estará integrado por un representante de la Dirección General de Agricultura que lo presidirá; por las direcciones generales de Economía Agrícola, Sanidad Vegetal, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; la dirección general de Controles al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Comisión Nacional de Fruticultura, Productora Nacional de Semillas y Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Además, se invitará para que lo integren, acreditando representante, a los productores de semillas y órganos de educación agrícola.
El jefe del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas tendrá el cargo de secretario.
Artículo tercero. Se adiciona la fracción X, al artículo 17 y cambia de número la actual fracción X para corresponderle la número XI, de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas para quedar en la forma siguiente:
Artículo 17. ..
X. Asesorar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a fin de que en los programas que realice para apoyar la producción y productividad agrícolas se usen variedades de semillas certificadas idóneas, desarrolladas especialmente para las regiones de que se trate.
XI. Las demás funciones que le señalen su reglamento interior y las disposiciones reglamentarias de la presente ley.
Artículo cuarto. Se reforman los artículos 20, 21, 22, y 27, de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas para quedar de la siguiente manera:
Artículo 20. La administración de la Productora Nacional de Semillas estará a cargo de un consejo de administración, integrado por dos representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y uno de ellos será el secretario del ramo, que lo presidirá; por representantes de las secretarías de Programación y Presupuesto, Comercio y Fomento Industrial y del Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., y por un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Los representantes propietarios podrán acreditar suplente. El consejo tendrá las más amplias facultades de administración y representación del organismo, así como el más amplio poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, así como las siguientes que se enumeran con carácter enunciativo mas no limitativo. A) Llevar a cabo todos los actos relacionados con el objeto del organismo;
B) Autorizar el presupuesto del organismo;
C) Otorgar, expedir y firmar cheques, letras de cambio, pagarés y toda clase de títulos de crédito, documentos civiles y mercantiles o bien delegar en el director general o en apoderados especiales la realización de dichos actos, con observancia de las disposiciones legales aplicables;
D) Designar apoderados generales y especiales con facultades necesarias para asuntos de carácter general o especial;
E) Promover o desistirse del juicio de amparo, formular querellas penales y otorgar perdón, así como articular y desahogar posiciones en los juicios en que el organismo sea parte;
F) Autorizar la estructura organizacional que proponga el director general;
G) Aprobar los programas del organismo para la autorización del coordinador del sector, y
H) Expedir el reglamento interior del organismo.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y el Presidente tendrá voto de calidad.
Asimismo la Productora Nacional de Semillas contará con un consejo técnico consultivo que fungirá como órgano de consulta y cuya integración y funcionamiento se determinarán en el Reglamento Interior respectivo. Artículo 21. La administración directa del organismo quedará a cargo de un director general que será designado por el Presidente de la República y el cual se auxiliará de los funcionarios que el efecto apruebe el Consejo de Administración, con las facultades que les confiera el propio director general o el Reglamento Interior del organismo.
El director general tendrá las siguientes facultades:
I. Dirigir en lo general las actividades del organismo,
II. Formular el programa y el presupuesto anual de la institución y someterlo la aprobación del Consejo de Administración del Consejo de Administración;
III. Las generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio en los términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal en la inteligencia que para el ejercicio de las facultades de dominio requerirá el previo acuerdo del Consejo de Administración.
IV. Designar apoderados generales especiales con facultades necesarias para asuntos de carácter general o especial, reservándose su ejercicio;
V. Promover y desistirse del juicio de amparo;
VI. Formular querellas penales y otorgar perdón;
VII. Desahogar posiciones en los juicios en los que el organismo sea parte;
VIII. Otorgar, expedir y firmar cheques, letras de cambio, pagarés y toda clase de títulos de crédito conforme al artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
IX. Rendir anualmente al Consejo de Administración un informe general de las actividades de la productora y de las cuentas de su administración, y
X. Las demás que le confieran el Consejo de Administración.
Artículo 22. El Reglamento Interior determinará las atribuciones que correspondan a los funcionarios que auxilien al director general, señalando la forma y términos en que se suplirán sus ausencias, así como las del director general.
Artículo 7. Las solicitudes de crédito para el financiamiento de la producción, beneficio, distribución y venta de semillas certificadas por parte de la Productora Nacional de Semillas y las asociaciones de productores de semillas constituidas en los términos de esta ley, tendrán atención preferente en las instituciones de banca y crédito y otras entidades dedicadas al crédito agropecuario, así como en aquellas instituciones relacionadas con el apoyo y momento a la actividad agropecuaria. Igual preferencia tendrán para la adquisición de fertilizantes, insecticidas, maquinaria y equipos y demás productos que se fabriquen por las empresas de participación estatal.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El reglamento de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas deberá ser elaborado y publicado en un plazo no mayor de un año, a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 25 de octubre de 1983.
Comisión de agricultura y Recursos Hidráulicos. Presidente, Antonio Murrieta Necoechea; Secretario, Héctor Hugo Olivares Ventura, Enrique Agüero Avalos, Enrique Alcántar Enríquez, Ernesto Andonegui Luna, Juan Arizmendi Hernández, Rafael Armenta Ortíz, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, Francisco Calderón Ortíz, Emma V., Campos Figueroa, Ricardo Castillo Peralta, José Cervantes Acosta, Viterbo Cortéz Lobato, Jorge Luis Chávez Zárate, Demetrio E, Espinoza Leal, Domingo Esquivel Rodríguez, Mario González Navarro Gilberto Gutiérrez Bañaga, Leopoldo Hernández Partida, Antonio Herrera Bocardo, Gildardo Herrera Gomez tagle, Germán Jiménez Gómez, Sacramento Jofre Vázquez, José Dolores López Domínguez, Areli Madrid Tovilla, Abdón Martínez Hinojosa, José Martínez Morales, Juan Medina Cervantes, Alfonso Méndez Ramírez, José Nassar Tenorio, Cirino Olvera Espinoza, Maclovio Osuna Valderrama, Nicolás Orozco Ramírez, Francisco X. Ovando Hernández, Rodolfo Peña Farber, Rubén Pérez Espino, Rafael S. Portillo Díaz, Oscar Ramírez Mijares, José Rosas Gómez Luna, Homobono Rosas Rodríguez, Roberto Rubí Delgado, (en contra); Daniel A. Sánchez Pérez, Mario Santos Gómez, Manuel Tarriba Rojo, Odilia Torres Avila, Manuel Villa Issa, Efraín Zúñiga Galeana. Comisión de Comercio, diputados Alejandro Posadas Espinoza, Presidente, Francisco Rodríguez Pérez, secretario; Ernesto Andonegui Luna, Juan Arizmendi Hernández, Wulfrano Ascención Bravo, Sergio M. Báez Pérez, Manuel Cavazos Lerma, Oscar Chacón Iñiguez, Roberto González Barba, Juan José Hinojosa H., Moisés Raúl López Laines, Samuel Meléndrez Luévano, Alfonso Méndez Ramírez, José Ignacio Monge Rangel, Antonio Murrieta Necoechea, José Nassar Tenorio, Manuel Nogal Elorza, Luis Héctor Ochoa Bercini, Miguel Angel Olea Enríquez, José Eduardo Pacheco Durán, Sergio Quiróz Miranda, Gerardo Ramos Romo, Saúl Ríos Beltrán, Roberto Rubí Delgado, Jesús Salazar Toledano, Pablo Sánchez Puga, Alberto Santos de Hoyos, Ramiro Valdez Fontes, Astolfo Vicencio Tovar, Guillermo Villa Avila,
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. prosecretario Artemio Meixueiro: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Primera lectura.
CONSIDERACIONES SOBRE LA ONU
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Alfonso Maldonado Moreleón. El C. Victor Maldonado Moreleón: - No es un vano ejercicio, señor Presidente, señores diputados, tomar la palabra en el día dedicado a conmemorar un nuevamente de las Naciones Unidas. No lo es, cuando las amenazas de guerra se extienden nuevamente y parece olvidada la mística que impulsó a los hombres a unir sus esfuerzos en torno a un ideal solidario. Resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, al reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, a promover el progreso social, practicar la tolerancia y convivir en paz, desde un concepto más amplio de libertad, los pueblos se unieron en un vasto acuerdo de voluntades. Las razones que habían impulsado a las naciones a combatir, requerían, en la paz, de nuevos objetivos.
Sistemas establecidos sobre bases de poderío, y dominación, decidieron progresivamente el paso a un vasto complejo de interdependencia. El imperativo de sobrevivir exigía la Consolidación de una coexistencia basada en principios avanzados de cooperación multilateral.
La seguridad de todo el género humano dependía del consenso que se pudiera alcanzar y de la decisión política de poner en práctica los ideales de una nueva era de fraternidad universal. Eran aquellos tiempos de incertidumbre y desaliento, cercanos aún los horrores de la segunda guerra, las naciones se empeñaban en buscar nuevas formas de realización que aseguraban una paz estable y duradera.
Nunca más, era el sentimiento generalizado; nunca más volver a vivir lo que se había vivido, nunca más repetir el desastre. Con la victoria aliada se había superado una etapa aberrante de la historia. Parecía que habían quedado atrás los vientos del aprobio y la vergüenza. Entre el miedo y la esperanza la humanidad contempló con asombro el nuevo orden que surgía, la era del colonialismo tocaba a su fin y las antiguas posesiones empobrecidas y exiguas comenzaban el lento aprendizaje de la libertad. Muchas de ellas, con su independencia recién adquirida, practicaban, en el diálogo con las potencias, la primera manifestación de su soberanía. En el Pacto Multilateral que tomó forma en la Conferencia de San Francisco, la humanidad encontró un fundamento para su confianza.
Hace 38 años, 51 países ratificaron el instrumento que dio vigencia a la Carta de las Naciones Unidas. Los postulados, que entonces presidieron su creación, siguen siendo válidos; lo son en parte, porque están muy lejos de ser alcanzados.
Pocas veces como ahora conmemoramos un aniversario en condiciones tan dramáticas. Los conflictos localizados, los focos de tensión, las intervenciones foráneas injustificadas y la violencia indiscriminada siguen alimentando la crónica de nuestro tiempo. El flagelo de la miseria, con sus secuelas de hambre, enfermedad e ignorancia, forman parte del universo cotidiano de muchos millones de seres; frente a su tragedia se llegue, con monótona insistencia, la prepotencia de las naciones que valúan en dólares o en poder de destrucción las tendencias ascendentes de la carrera armamentista. El consenso reiterado en torno a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, no debe en ningún momento distraer a sus miembros, principalmente a quienes mayor responsabilidad tienen en razón mínima de la importancia de los medios de que disponen, de la prioridad que asigne este documento a la tarea de hacer frente a las amenazas en contra de la seguridad colectiva.
En la medida en que se desvirtúa este vínculo formal, que se diluye la voluntad política de mantenerlo y vigorizarlo, se debilitan las posibilidades de acción de la comunidad de naciones en la tarea de resguardar la paz. De ahí la importancia de reafirmar el compromiso activo con los principios de la Carta, y reiterar la plena confianza del Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, en la vocación y capacidad de los organismos internacionales para asegurar la paz y la seguridad colectiva y para responder a los requerimientos de justicia y equidad que reclama el mundo en desarrollo, porque de justicia y de equidad se trata; no es posible aceptar un mundo que se aleja, cada vez más, de las metas de progreso económico y social en las medidas en que avance la producción de mecanismos de guerra.
¿Cómo conciliar las necesidades de alimentación y las de educación?, ¿Cómo las de salud pública, las de conservación del medio ambiente, con la voracidad del sector militar industrial? En un mundo con recursos limitados es imposible atender a las necesidades de la vida y a las exigencias de la muerte. La opción para la humanidad es definitiva; el armamentismo es incompatible con el desarrollo, mientras el esfuerzo bélico alcanza niveles inimaginables de apogeo, la cooperación económica y las negociaciones del desarme se estancan en un inmenso pantano de palabrería.
Cada día que pasa en balde para frenar la carrera armamentista, nos acerca al aspecto de la catástrofe definitiva. ¿Cómo no reconocer entonces los esfuerzos que lleva a cabo
nuestro país para lograr que las potencias nucleares adopten acuerdos progresivos tendientes a un desarme general? ¿o aquéllos que pugnan por salvaguardar el interés de los estados, que por no poseer armas nucleares ni pertenecer a ninguna de las alianzas, deben permanecer al margen de los conflictos?
Nada podría ser más importante que evitar una confrontación final que haría realidad una destrucción masiva. Sin embargo, la ONU parece impotente para poner fin a los enfrentamientos; a los viejos problemas que año con año se ventilan en la Asamblea General, se agregan nuevos conflictos, muchos de ellos no son sino el reflejo de las pugnas entre las potencias, son en consecuencia, campos de batalla, en donde luchan las naciones más poderosas por consolidar su hegemonía.
En el área centroamericana se intenta abrir uno de esos campos de batalla, ante la proximidad de un conflicto; México, junto con los demás países del Grupo Contadora, ha unido sus esfuerzos en un vigoroso empeño por recobrar la paz.
El Grupo Contadora ha actuado - dijo el canciller Sepúlveda- , como un muro de contención para evitar el desbordamiento del conflicto centroamericano; se han conjugado graves peligros, en particular el establecimiento abierto de guerras entre países y la eventual extensión de las hostilidades. Sin embargo, el acoso persiste, las acciones de desestabilización, las tensiones fronterizas, los incidentes bélicos, la carrera armamentista, la permanencia de asesores y la injerencia militar extranjera, además de las maniobras con propósitos de intimidación, no han sido propicios a la distinción del área. El respaldo que ha otorgado la comunidad internacional a la acción del Grupo, la solidaridad expresada por múltiples gobiernos y organizaciones nacionales y multilaterales, como la Unión Internacional, muestran la razón de una actitud y la fuerza moral que respalda su conducta.
Nuevas amenazas se ciernen sobre el área. La violencia brutal e irracionada que azota en estos momentos a la isla de Granada y que culminó con el asesinato del primer ministro, Maurice Bishop, viene a agregar un nuevo punto de desesperanza en la historia trágica de nuestra América.
Imposible desvincular los desequilibrios persistentes en diversas partes del globo, con la crisis económica que se enseña con los países menos favorecidos y amenaza con anular los magros progresos logrados en muchos años de trabajo y de frustración.
Han transcurrido casi 20 años desde que los países en desarrollo adoptaron la Declaración Conjunta de los 77, en donde convinieron en actuar frente a la Comunidad Internacional, con la fuerza que les daría la unidad. Aquel grupo de los 77 países, que adoptó en Argel los principios que habrían de constituir su plataforma de lucha y su programa de acción para la edificación de un nuevo orden internacional han recorrido un largo historial de dignidad. En el dialogo entablado con los países desarrollados, México ha ocupado, por sus aportaciones, un lugar de singular privilegio; pero a pesar de su esfuerzo y de la verticalidad de la acción intentada, junto con el resto de los países que conforman el grupo mayoritario, subsisten aún los desequilibrios internacionales que precisamente la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, documento vigente en el seno de las Naciones Unidas, trató de superar.
La inoperancia de las medidas adoptadas para remediar en lo inmediato la situación, reflejan el carácter estructural de la crisis. No será con reproches ni con acusaciones mutuas como ésta habrá de superarse. En el campo de la cooperación internacional, más que en ningún otro, la rutina y la incomprensión pueden encauzar a los pueblos por caminos irreversibles que mantendrán en el mundo el clima de violencia y desajuste que hasta hoy prevalece.
Ahora, cuando el acceso de nuevas naciones a la independencia ha aumentado su número a 126, el Grupo se apresta a enfrentar nuevos ámbitos de discusión con enfoques renovados y visión de largo plazo.
Toca a nuestro país, como reconocimiento a su inmensa labor pacifista, coordinar los trabajos encaminados a proseguir el diálogo y resolver los aspectos más evidentes de la crisis. No será empresa fácil cambiar el signo de una tendencia, que en los últimos años se ha acentuado y que se traduce en el desprecio de la norma jurídica y la ignorancia del compromiso contraído y libremente aceptado por parte de las grandes potencias.
Es cierto que la permanencia de las asimetrías de influencia y de dominación, favorecen en su interés la independencia y prolongan las desigualdades; pero estas mismas diferencias señalan los límites de progreso y de crecimiento económico de la humanidad en su conjunto.
Para encarar la crisis, el Grupo de los 77 propone una estrategia orgánica que implica, en primer término, una reordenación del sistema monetario y financiero y medidas inmediatas para reactivación en diversos campos de la cooperación económica, notablemente en materia de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, e iniciación de las negociaciones globales. Esto último se plantea como condición indispensable para la transformación del orden internacional vigente. Después de varios años de negociaciones, los países han aceptado el principio de la interrelación que vincula a todos los problemas que enfrentan los países en desarrollo para acelerar su proceso de crecimiento y, por lo tanto, el carácter ilusorio de las soluciones parciales. Los aspectos concretos de las relaciones internacionales en las áreas de alimentación y desarrollo agrícola, materias primas, comercio e industrialización, energía, monedas y finanzas deben examinarse dentro de enfoques globales que permitan apreciar el fenómeno en su totalidad.
Finalmente, la atención de los problemas específicos de los países de menor desarrollo económico relativo, la cooperación entre países en desarrollo y la práctica de la autosuficiencia colectiva, permitirá movilizar los enormes potenciales humanos y materiales de que disponen esos países para asegurar bases firmes en su proceso de descolonización definitiva.
"Somos depositarios, de grandes tradiciones culturales y hazañas de civilización que en diversas épocas han sido motor del progreso humano" - afirmó Muñoz Ledo al asumir la presidencia del Grupo- . "Nuestro reto es convertir la inmensa potencialidad y sabiduría de los países en desarrolló en empresas que sean dignas de nuestro pasado y aseguren nuestro porvenir. Las luchas de nuestro tiempo exigen semejante audacia y conciencia histórica y movilización política, como aquellas con las que rompimos ataduras coloniales y conquistamos nuestra soberanía. De otra manera no honraríamos la obra y la herencia de los fundadores de nuestra patria".
Señor presidente; compañeros diputados: no es este momento de celebración ni pretexto para pesimismos irrazonados. Conmemoramos esta fecha como una ocasión ilustre para la humanidad, que decidió unir su voluntad y su esfuerzo en una acción conjunta que asegurara para siempre, en el respeto de las soberanías y las individualidades, en el respeto de la pluralidad y la libre determinación de los pueblos, en el respeto en suma, del derecho ajeno, condiciones estables y definitivas de paz.
La paz no ha sido posible, aunque tampoco ha estallado el conflicto que a todos compromete. La conciencia pacifista de los pueblos ha logrado imponerse al espíritu belicista de algunos dirigentes. En ello, la acción de las Naciones Unidas ha jugado un papel preponderante; de ahí la obligación de reafirmar nuestra fe en los principios que contienen su Carta Constitutiva y la obligación moral de apoyar su acción en los diversos campos de la actividad humana en donde ha extendido su influencia.
En la medida en que la organización pueda cumplir con los objetivos propuestos y logre acceso de la humanidad a mejores niveles de bienestar en un marco de libertad, justicia y equidad, podrán consolidar los cimientos de una era de progreso generalizado que garantizarán la permanencia de la paz. A esa ilusión debemos aferrarnos, porque la humanidad no dispone de otra alternativa. Y también es esta ocasión para reafirmar los grandes principios que siempre han regido nuestra política exterior. México se ha distinguido siempre por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por el respeto a la solución pacífica de las controversias, sin embargo, en el mundo convulso en que vivimos que esa no es la tónica; hay demasiados conflictos que nos acercan cada vez más a un holocausto final, y no queremos creer en ello. Creemos que la razón al fin se impondrá.
Sin embargo, tenemos que estar vigilantes. Quisiera citar, para terminar esta intervención aquella frase de Brecht que dice: "Si al final la razón de los pueblos se impuso, no debemos cantar victoria antes de tiempo. Aún es fecundo el vientre que antaño engendró la inmundicia". Muchas gracias. (Aplausos.)
INVASIÓN DE LA REPÚBLICA DE GRANADA
EL C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José Encarnación Pérez Gaytán.
El C. encarnación Pérez Gaytán. - Señores diputados; en las primeras horas del día de hoy, tropas norteamericanas acompañadas de soldados de ciertos países caribeños- orientales, invadieron la isla de Granada.
Este acontecimiento, sumamente grave, nos debe hacer primero reflexionar acerca de la gran tensión internacional que se está desenvolviendo en este tiempo, en estos instantes.
El gobierno de los Estados Unidos, como bien sabemos, se considera a sí mismo con el derecho de intervenir en cualquier país donde se desenvuelva algún proceso social que no sea de su agrado. Y en Granada, durante los últimos cuatro años, se venía desarrollando un cambio de carácter democrático en la búsqueda de mejores condiciones materiales, sociales y políticas de vida para el pueblo granadino.
Un conflicto interno en el seno del equipo gobernante fue dirimido con el asesinato del primer ministro, Maurice Bishop, y de otros secretarios de Estado o ministros, con lo cual no culminó la violencia en Granada - como acabo de escuchar del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
El hecho repugnante de querer resolver problemas por medio del crimen político, de ninguna manera le da derecho a nadie, ni a la gran potencia del Norte, ni a los pequeños países que la acompañan en esa intervención militar, a querer dictar en Granada un fallo. Más bien se está utilizando como pretexto, inclusive se ha dicho, por medio de los órganos de información, que el hecho mismo de que Granada hubiera podido, en este proceso de cambio, construir el único aeropuerto de que dispone, era peligroso para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Pero no se trata sólo - que esto es lo más grave en este instante- , de la intervención militar extranjera para ahogar un proceso independiente democrático que se estaba desarrollando en Granada; el hecho también condenable de esa intervención militar forma parte de la política que los Estados Unidos vienen aplicando hacia Latinoamérica y particularmente a Centroamérica y El Caribe.
Debemos tener presente que hay una agresión permanente en contra de la República de Nicaragua, preparatoria de una intervención militar al estilo de la que se ha realizado en las primeras horas del día de hoy, contra la República de Granada.
La preparación de la guerra internacional en Centroamérica creo que para todos los mexicanos que somos amantes de la paz y que propugnamos la democracia, es algo que nos debe preocupar. Necesitamos que no solamente los gobiernos que integran el Grupo Contadora, sino los pueblos, alcemos nuestra voz para tratar de impedir el crimen contra Nicaragua y contra otros pueblos de América Central. Necesitamos unir la voz del pueblo y la acción también, por qué no, a la gran movilización popular de millones de ciudadanos que en estos días se ésta realizando en Europa y también en los Estados Unidos, en son de protesta por la instalación de los cohetes que los Estados Unidos quieren instalar en Europa. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Reagan, ésta conduciendo al mundo al borde de la guerra mundial.
Por esta razón, en este momento, y al condenar la intervención militar a Granada, tenemos también que decir que lo hacemos porque defendemos el derecho de los pueblos a darse el régimen de gobierno y el sistema de vida que prefieran, porque la independencia de las naciones y la autonomía de los pueblos es algo consustancial a la democracia, al progreso social, al adelanto de la humanidad. No es posible que podamos permanecer impasibles ante acontecimientos de esta naturaleza que se desenvuelven en el mundo. La defensa de la paz, alguna ocasión anterior lo hemos dicho aquí mismo, es un bien preciado de la humanidad; es algo por lo que los pueblos tienen que luchar y al final tendremos que imponer a los pueblos: la paz internacional, la convivencia pacífica de las naciones. Y también se tiene que imponer por medio de la lucha: el respeto a la independencia nacional y a la autonomía de los pueblos, para que cada uno - como decía- viva como quiera y pueda, respetando a los demás y haciéndose respetar a sí mismo.
Ciudadanos diputados: Protestar por el crimen que se ésta cometiendo en Granada, es algo que esta dentro de las tradiciones internacionales de nuestra patria, es algo que corresponde al interés de nuestro pueblo, es algo que tiene un gran valor en estos momentos de gran tensión y peligrosa situación que se desenvuelve en el mundo y, por esto, en primer lugar, yo quiero decir que hemos venido aquí para hacer pública la protesta contra el Gobierno de los Estados Unidos y sus satélites, que han desembarcado tropas en Granada en la mañana del día de hoy. Pero también pienso que en esta Cámara de Diputados debería levantar su voz en el mismo sentido. Si lo hiciera y si todos los grupos parlamentarios así procedieran, tendríamos una convergencia con ellos; creo que la tenemos con muchos, pero es el momento de hacer pública la expresión de protesta y de condena contra esta intervención militar. Y el pueblo nuestro tampoco puede permanecer indiferente ni quieto. Ya en la mañana de hoy los organismos de solidaridad con los pueblos de Centroamérica, entiendo que están preparando una democracia pública para el día de mañana a las cinco de la tarde, frente a la embajada de los Estados Unidos, para hacerle llegar al gobierno de este país y también al pueblo norteamericano, que nosotros diferenciamos de la política imperialista, porque es un pueblo que también lucha por la paz, por los derechos civiles, lucha por los intereses populares, hacerle llegar, digo, la opinión que no puede ser más que enérgica protesta de los sectores de nuestro pueblo que deciden salir a la calle, que deciden hablar en el interior de sus asambleas, en sus sindicatos, en sus organizaciones para decir la condena pública a esta agresión.
Yo pienso que si esta Cámara de Diputados adoptara el punto de vista de condenar esta agresión, de protestar por ella de manera pública, tendría el beneplácito de nuestro pueblo, y actuaría como representante, deveras, en ese aspecto, de la opinión de las necesidad, de los criterios y de los sentimientos del pueblo de México. Por esa razón, yo dejo al criterio de los demás grupos parlamentarios que forman, con el nuestro, esta Cámara de Diputados, a que se manifiestan; pero todos aquellos que estén de acuerdo en protestar, en no permanecer callados, en condenar esta agresión, encontrarán en nosotros, socialistas revolucionarios, una coincidencia muy importante que ayudará a nuestro pueblo a seguir en la lucha por la paz, por la democracia, por el respeto irrestricto a la independencia de las naciones, a la libre autodeterminación, por el respeto a la soberanía de nuestro pueblo.
Queremos que la soberanía de los otros pueblos se respete porque, como mexicanos, estamos como el que más, dispuestos a defender los derechos de México, la soberanía del pueblo de México y la independencia nacional. Y en nombre de esta posición nacional, nosotros, desde esta tribuna, nos dirigimos a todos los que quieran oírnos para decirles que si están dispuestos a protestar y a decir algo en contra de esta agresión, habrán de contar con la coincidencia, con la convergencia, con el apoyo - por qué no de los socialistas revolucionarios que pertenecemos al Partido Socialista Unificado de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Cándido Díaz Cerecedo.
El C. Cándido Díaz Cerecedo: - Señores diputados; compañeras diputadas: No cabe duda que toda invasión que han realizado en el pasado, que realizan y harán en el futuro las potencias colonialistas, el quebranto de los derechos civiles en la política interna de los pueblos siempre fueron, son y serán, a nombre de la justicia de la democracia y de la libertad, por eso, hemos de ser demasiado acuciosos para poder desentrañar el verdadero contenido de estos importantísimos vocablos, tras los intereses que persigue cada sector, cada clase, cada país; por eso a, nosotros no nos confunden, ni nos engaña la actitud de los Estados Unidos de América cuando, argumentando estos valores
hizo ondear su bandera en la Palacio Nacional de México, en 1847, y no nos confunde, y nos confundió a los pueblos de la tierra, cuando también hizo ondear su bandera sobre la sangre y los cadáveres de los marinos mexicanos en el puerto de Veracruz. Conocemos perfectamente la diferencia y la distancia que existe cuando los Estados Unidos y los representantes de minorías aluden a esos términos.
Por eso, en el ámbito de la luchas de liberación y de las luchas internacionales, no le damos el mismo valor al fusil que masacra a los pueblos, para dejar incólume y para no tentar y fortalecer los intereses de minorías internas, los intereses de clases minoritarias, apoderadas del poder político, económico y social de nuestros pueblos. Y no nos confunde tampoco el hecho de que los misiles, el hecho de que las bombas atómicas, se instalen en los pueblos apuntados a los países socialistas y apuntando a los países que desean la verdadera liberación.
La justicia, la democracia y la libertad, la entendemos de este lado de los pueblos, de este lado mayoritario, de los intereses mayoritarios de los pueblos de la tierra.
No jugó, por más que igualmente mataban, el mismo papel, los fusiles de los insurgentes, que los fusiles de los realistas. No juegan el mismo papel las armas invasoras norteamericanas en los países débiles, en Nicaragua, en Chile y en tantos lugares de la tierra donde tienen intereses y se defienden con la sangre de los naturales pueblos. No nos confunde absolutamente; sabemos que las armas atómicas norteamericanas están apuntando al corazón de los países socialistas y, con ello, están indirectamente lastimando, están indirectamente en contra de todos los pueblos que desean su verdadera liberación, de los núcleos minoritarios, de los pueblos que detentan el poder político, económico y social de cada caso y en cada país. La política de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la historia ha sido esa: la invasión, la masacre de los pueblos débiles. No ha sido otra del pasado al presente. Nuestro pueblo y nuestra América cuentan con cientos de estas agresiones que no han tenido otra justificación que la protección, que el respaldo de los intereses norteamericanos, íntimamente vinculados a los intereses de grupos minoritarios de cada país.
Por eso, cuando estas armas se blanden en cualquier parte de la tierra, sabemos qué intereses están defendiendo y tenemos que levantar neutra voz, y tenemos que levantar nuestra palabra y unir nuestros esfuerzos y corazones para ponernos al lado de los pueblos que afectivamente defienden la soberanía, la libertad y la democracia de las mayorías.
No vivimos ya en 1848, cuando a nuestro país se le cercenaron 2 millones 250 mil kilómetros cuadrados; cuando la voz de los demás pueblos enmudecieron ante la barbarie norteamericana. Afortunadamente largos años han corrido, mucha sangre se ha regado en la tierra defendiendo estos intereses y estos derechos, y miles de muertos han caído también por defender la soberanía de sus pueblos.
En aquella ocasión no hubo país de la tierra que levantara su voz, y México tuvo que ser reducido geográficamente a menos de la mitad y, con ello, tuvieron las potencias imperialistas europeas que ver también amenazado su poderío con el fortalecimiento, el engrandecimiento de los Estados Unidos en el aspecto político, económico y social, que vino a desequilibrar las fuerzas internacionales entonces del capitalismo naciente y pujante todavía, y que ofrecía perspectivas a la humanidad de desarrollo político, económico y cultural. Ahora, los pueblos se han unido, ahora los pueblos débiles han entendido cómo los hombres, en lo interno solamente la unidad, que solamente el entendimiento son los que podrán evitar que sigan ocasionando los fuertes, los poderosos y los imperialistas más sojuzgación, más muerte, mas daño y más sangre en sus pueblos.
Creo que quien disfrute de los más elemental de la cultura no necesita que recordemos que aludamos más al papel imperialista, guardián de intereses bastardos y minoritarios de los Estados Unidos. No hay nadie que defienda a los Estados Unidos argumentando verdaderamente y en forma muy sincera, intereses particulares, que son los que efectivamente defiende ese país. Tienen que ser encapuchados, tienen que ser disfrazados de intereses colectivos, que no lo son en realidad.
Porque las palabras deben de coincidir con exactitud de los hechos para ser verdad, porque cuando esto no sucede por muy bien que se les adorne, por muy bonito que se les exprese, no son más que el ropaje falso, inadecuado, de una mentira.
Nadie duda que los Estados Unidos de Norteamérica tiene las manos metidas en los problemas de la hermana República de Nicaragua; como nadie dudo que fueron los causantes del golpe de estado, en Chile; como nadie duda, en esta ocasión, que tuvieron metidas las manos en forma directa en el golpe que se dio al pueblo caribeño de Granada.
Por eso el Partido Socialista de los Trabajadores, por mi conducto humilde, viene a solidarizarse con todas las voces que se levanten para reprobar, para condenar este atentado brutal y criminal de los Estados Unidos de Norteamérica. No porque ha vulnerado, no porque ha roto, no porque ha desangrentado a un hermano de Latinoamérica, sino porque con el sojuzgamiento, porque con la destrucción de esos pueblos, por el pisoteo de sus derechos, está en peligro también la soberanía de nuestro país, está en peligro también la libertad, la autodeterminación de nuestra patria, de México.
Por eso nos sorprende muchísimo, o nos sorprendía, cuando alguien por ahí criticando la política del Gobierno decía que: "nada tenemos que ver en Centroamérica"; que: "nada tenemos que ver en Nicaragua"; que: "nada tenemos que ver con los asuntos internacionales..." Indiscutiblemente que esto es una miopía internacional, que esto es verse solamente
a los pies. En ese campo, México tiene que ver, los mexicanos tenemos que ver, los de izquierda tenemos que ver, los socialistas tenemos que ver, con todos los movimientos que se den en cualquier parte de la tierra, cuando éstos los den los pueblos efectivamente, las mayorías de los pueblos, que buscan la libertad, que buscan la autodeterminación, que buscan la verdadera democracia, la democracia de las mayorías, no la democracia de los pequeños grupos. Por eso nos sumamos a la proposición que hiciera el compañero diputado del Partido Socialista Unificado de México, y exhortamos a los representantes de las demás fracciones parlamentarias a que unidos condenemos que esta cobarde agresión que han realizado los Estados Unidos de Norteamérica.
Se nos podría decir aquí, que al lado de la agresión a Granada debe condenarse la agresión a Afganistán; debe condenarse la agresión a Checoslovaquia; debe condenarse la agresión a Hungría, debe decirse - aquí se nos podrá decir- , como se podrá decir, como se pudo decir también en la Independencia, que hubo que condenar, al lado de las masacres que cometiera Iturbide, que cometieran los realistas, las que realizó el Padre de la Patria en la Alhóndiga de Granaditas. Indiscutiblemente que no. Defienden valores muy distintos, defienden concepciones, defienden puntos contrapuestos que, indiscutiblemente, puestos en la balanza del pueblo, de lo que beneficia a las grandes mayorías y lo que satisface intereses particulares, no tienen el mismo valor; indiscutiblemente que no, no son lo mismo, no juegan el mismo papel, las palabras, las ideas, las intervenciones parlamentarias, las bombas atómicas que se blanden desde el campo socialista, porque éstas defienden la soberanía, defienden la libertad, defienden la verdadera democracia de las mayorías de los pueblos, en lo interno, y de la mayoría de los pueblos subdesarrollados de la tierra.
Por eso el Partido Socialista de los Trabajadores termina condenado nuevamente esta agresión y pidiendo la solidaridad para condenar, para que esta Cámara condene, unánimemente, esta cobarde agresión de los Estados Unidos de Norteamérica sobre un hermano latinoamericano y sobre un pueblo débil de la tierra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; señores diputados: Hoy, a las 5:40 de la madrugada, mil 200 marines de los Estados Unidos y 200 soldados de los pequeños países del Caricom, invadieron el territorio de la República de Granada, y esto está provocando, en estos momentos, una firme y patriótica resistencia de este pueblo caribeño a la ocupación norteamericana.
Las primeras noticias que tenemos, son en el sentido de que un grupo de obreros cubanos que trabajaba en la construcción del aeropuerto, está resistiendo heroicamente el cerco de los marines de los Estados Unidos y también que el Partido Revolucionario de Granada, el Partido de la Nueva Joya, se ha unido en esta circunstancia grave, se ha movilizado y ha llamado al pueblo a que se defienda de la agresión internacional.
Esta acción de los Estados Unidos, ya se anunciaba en la conferencia de prensa que el presidente Reagan sostuviera en Atlanta, el 19 del mes en curso; en esta conferencia de prensa, Reagan había reconocido la realización de acciones encubiertas en todos los países de América Latina y había reconocido las acciones de la Agencia Central de Inteligencia en los planes para desestabilizar al gobierno revolucionario de Nicaragua.
Ni siquiera Hitler llegó a esta prepotencia, a esta actitud de cinismo que desconoce las normas más elemetales del derecho internacional, que se adjudican los Estados Unidos, la función de gendarmes internacionales, se adjudican el papel de defender la democracia y la libertad como ellos lo llaman en la jerga del Departamento de Estado.
Esta declaración del presidente norteamericano ha hecho pensar a la opinión pública internacional que se prepara una acción de mayor envergadura en contra de Nicaragua y que precisamente la invasión a Granada es una llamada, un escalón en esta acción internacional de los Estados Unidos.
Reagan, en su declaración de Atlanta, se aparta de toda norma de derecho internacional y hace la apología más desenfrenada del uso de la fuerza para resolver los problemas internos de las naciones de nuestro hemisferio. Niega el principio de soberanía de nuestras naciones, ese derecho que tienen los pueblos a la libre autodeterminación y a decidir, por su propia cuenta, el rumbo de su nación y la estructura económica y social que han de darse esas naciones.
Ahora, la agresión norteamericana se lanza en contra de Granada, porque en esa pequeña nación estaba en marcha un proceso revolucionario de importantes cambios económicos y sociales, que le habrían a Granada, a su pueblo, la posibilidad de no transitar por el camino del capitalismo clásico, que le abrían al pueblo de Granada la posibilidad de independizarse del capital extranjero, la posibilidad de avanzar con independencia, con respecto a la Gran Bretaña y del capital monopolista de los Estados Unidos. Y había, también, un importante proceso democrático en esa pequeña nación: El pueblo se había organizado en un partido de tipo revolucionario y ahí, en el Partido de la Nueva Joya, el pueblo trabajador estaba construyendo un nuevo sistema de la vida social, totalmente ajeno y distinto al sistema capitalista.
Estas son las razones fundamentales que provocan la intervención norteamericana del día de hoy, porque existe la pretensión de cancelar, de interrumpir o de anular ese proceso de cambio y de independencia que se estaba dando en Granada. Los Estados Unidos han utilizado como parapeto para su invasión, como en el pasado lo hicieron con la OEA, a los países
del Caricom, cuando todo mundo sabe que la fuerza militar de esas naciones es francamente mínima; cuando todo mundo sabe que en el Caricom, el país más importante es Jamaica, y que predomina en Jamaica un gobierno de corte proimperialista, un gobierno de corte reaccionario, encabezado por el primer ministro, Siga, de Jamaica.
Hace unos días se reunió el Caricom, dizque para estudiar la situación interna que prevaleció en Granada, y no cabe duda que ahí se tomó el acuerdo de invadir esta nación soberana, y de esta manera esos países se han hecho cómplices de la agresión de los Estados Unidos. El Partido Popular Socialista considera que los métodos que se emplearon en el seno del partido gobernante para resolver problemas internos, que culminaron con el asesinato del primer ministro, Bishop, son métodos bárbaros que se alejan de cualquier principio revolucionario o de lucha de clases. Pero, independientemente de no compartir la forma como se superó el problema interno en el partido gobernante de Granada, eso no quiere decir que nuestro partido secunde, apóye o se quede callado ante esta invasión de los Estados Unidos. Por el contrario, nosotros reafirmamos que los asuntos internos del pueblo de Granada compete resolverlos sólo exclusivamente al pueblo de ese país, y que las diferencias internas que hubo o que hay en el partido del gobierno, sólo compete resolverlas a los miembros del partido del gobierno de esa nación.
El presidente Reagan ha declarado que esta acción la tomó para preservar las libertades en Granada y para defender la vida de los norteamericanos que vivían en esa nación; debemos afirmar que el día en que se produjo el asesinato del primer ministro Bishop y los otros hechos sangrientos, el personal de la embajada norteamericana, en una actitud que debe estar investigando, abandonó la isla y sólo volvió a su territorio cuando ya se habían consumado los sangrientos acontecimientos.
Habremos de investigar cuál fue la conducta real de la representación diplomática norteamericana en Granada, para emitir, en su oportunidad, un juicio objetivo y preciso al respecto. Pero ese mismo argumento que hoy por la mañana esgrimió el presidente Reagan, fue el mismo que esgrimió en la invasión a Cuba, en la invasión a la República Dominicana y, en general, a las agresiones que los norteamericanos han realizado en distintos países de nuestro continente: la defensa de la libertad, la defensa de la democracia. Cuando todo mundo sabe que, en Granada, había un importante proceso democrático como no lo hay en ninguna otra nación del Caricom. Cuando todo mundo sabe que Granada estaba en proceso de cambios económicos y sociales.
En el fondo a lo que se opone el presidente Reagan, es a la orientación de esos cambios y a la política internacional que aplicaba el primer ministro, Bishop, política que era rechazada por el Departamento de Estado. Nosotros estamos preocupados por Nicaragua, porque no cabe duda que la invasión a Granada es una advertencia al gobierno y al pueblo de Nicaragua. Hace pocos días se han multiplicado las acciones de sabotaje en el interior de Nicaragua, destacándose, entre ellas, el reciente incendio de Puerto Corinto y la suspensión de los suministros petroleros de México a Nicaragua, lo que ha originado que Nicaragua esté empleando una economía de guerra en el interior de su país, procurando un uso racional de los energéticos.
Esta situación, que ahora se da con Nicaragua, puede continuar en el futuro si la comunidad internacional no se yergue y detiene la mano agresora de los Estados Unidos, porque si hoy fue Granada, mañana será Nicaragua; con la finalidad de convertir a Nicaragua en una base militar de los Estados Unidos como ya lo son, desgraciadamente, Honduras y El Salvador.
Estas razones han motivado a mi partido a subir a esta tribuna, para plantear primero, a la Cámara de Diputados y después, al pueblo de México, la grave trascendencia de la invasión a esa isla, sus repercusiones internacionales a efecto de que cobre conciencia plena de que si nosotros defendemos a los países del Caribe estamos defendiendo también a América Central, y si defendemos a América Central estamos defendiendo nuestra patria.
Especialmente nos dirigimos al pueblo de México, para que como ayer, ante la invasión a Cuba, ante la invasión a La Dominicana, se movilice, realice actos de protesta a efecto de que el pueblo de México exprese su más franco repudio al uso de la fuerza, al uso de la irracionalidad, para resolver entre los estados.
Y si la Cámara de Diputados quiere estar a la altura de la tradición histórica de nuestro pueblo, que nunca ha variado, pese a las presiones de nuestros enemigos, pienso que esta Cámara deberá condenar esos acontecimientos.
por estas razones, a nombre de mi partido, deseo hacer la siguiente proposición:
"1. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechaza todas las acciones, encubiertas y abiertas, que se realicen contra los países de América Latina y del Caribe, contra su seguridad y política interna y externa por parte de cualquier gobierno o entidad supranacional. Y al mismo tiempo, reafirmar su convicción de la necesidad de defender nuestra soberanía y el mas estricto respeto a la libre autodeterminación de nuestros pueblos. A 25 de octubre. Diputado Héctor Ramírez Cuéllar. Muchas gracias".
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Gerardo Medina Valdez. El C. Gerardo Medina Valdez: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: El pasado día 19, el comandante del ejército de Granada, Hosson Austin, anunció la disolución del gobierno
de Maurice Bishop, su situación por un consejo militar y la muerte del propio Bishop y tres de sus ministros: el de Relaciones Exteriores, el de la Educación y el del Interior.
Se supo, a partir de entonces, que una mínima fuerza de marines norteamericanos había cambiado de rumbo y enfilado hacia Granada para proteger los intereses y las vidas de sus connacionales residentes en ese pequeño país.
Los golpistas anunciaron que en dos semanas había un gobierno civil. Sinceros o no estos propósitos, fueron echados abajo esta mañana por la invasión de fuerzas norteamericanas y de algún otro u otros países de la zona. Se sabe también que la orden de Fidel Castro fue, a técnicos y obreros que trabajan en el gigantesco y desproporcionado aeropuerto de Granada, de resistir hasta el final.
En esta oportunidad, como en otras análogas, la diputación del Partido Acción Nacional quiere comentar estos graves acontecimientos a partir de la reiteración de principios válidos, lo mismo se trate de personas que de países, sea cual sea la condición de las personas y sea cual sea el tamaño de los países.
Creemos, los diputados de Acción Nacional, mi partido, Acción Nacional, que solamente desde esta posición sensata, racional, es posible impedir que la condena a imperialismo sea interpretada como una defensa a otro imperialismo. Solamente desde esta posición es posible y creíble condenar al imperialismo que invade Afganistán, que al que invade Granada. Lo mismo al que interviene en Polonia para establecer un régimen militar como un dique contra el Sindicato Solidaridad, que al que indirectamente interviene en El Salvador. Estamos, lo hemos dicho desde hace 44 años los de Acción Nacional, en contra de la violencia como expresión política. Manifiéstese esta violencia como el terrorismo en Beirut o en España, o como el golpe militar reciente en Granada. Estamos por los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención. Principios sobre los cuales ha girado desde siempre la política internacional de este país, que es de todos, independientemente de la corriente política que representamos.
Nosotros sentimos, señores diputados, que en el fondo de este y otros graves problemas, que el tenso mundo de nuestros días confronta, sigue creciendo el absurdo obstáculo de manejar un lenguaje común con significados totalmente opuestos.
No se vale llamar democracias a regímenes de partidos únicos o a regímenes que ni siquiera simulacro de elecciones tienen, cuando una gran mayoría de los habitantes de este planeta y de este país, que es el nuestro, entendemos la democracia como un estilo de vida en donde prevalen o deben prevaler, los derechos esenciales de la persona humana: El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a opinar y a escribir, el derecho a la disidencia, el derecho a militar en la oposición. No se vale jugar arbitrariamente con los conceptos de pueblo o de intervención o de liberación, no se puede confundir al pueblo con los grupos terroristas que siguen determinada ideología, y tampoco se puede confundir el intervencionismo con la solidaridad entre los pueblos.
No se vale condenar la instalación de misiles de la OTAN y de violar marginar o aplaudir la instalación de los FF-20 soviéticos; no se vale condenar a un imperialismo y exculpar al otro traicionando el sentido original de las palabras; no se vale vomitarse sobre los marines y aplaudir a los mercenarios en Angola.
Todos nos damos cuenta de la gravedad del problema de Centroamérica y de el Caribe y de las fuerzas que están enfrentadas, fuerzas hegemónicas que hacen de cada lugar de la tierra un Vietnam, si hay resistencia; o un Afganistán, si la fuerza de ocupación se impone.
Todos sabemos la importancia estratégica de Granada en el conflicto de Centroamérica y El Caribe y de los intereses hegemónicos en toda la zona confrontados, por un lado, Estado Unidos indirectamente hasta esta mañana, y por otro, la Unión Soviética a través de regímenes mercenarios. No es disculpa, pero al menos Estados Unidos se juega la vida de sus soldados, mientras la Unión Soviética se juega la vida soldados ajenos.
Condenado con el mayor vigor la invasión de Granada por los marines norteamericanos, como siempre hemos condenado y condenaremos actos semejantes por sí o por interpósitos soldados o supuestamente asesores culturales por parte del imperialismo soviético. Y expresamos nuestro ferviente deseo de que el pequeño pueblo de Granada, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, se libere no sólo de los ocupantes extranjeros sino todo aquello que de alguna manera esté encaminado a cancelar sus legítimos derechos ciudadanos.
Los diputados de Acción Nacional reiteramos, una vez más, que la paz no es equilibrio de armas, porque esto, en realidad, es una competencia armamentista sin horizontes ni fin. Sostenemos que la paz, la verdadera paz, es y debe ser fruto de la justicia; sostenemos también que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética podrían dominar a nuestros pueblos, ni podrán hacerlo cuando cada uno de nuestros pueblos haya logrado consolidar la paz en la justicia para todos. Luchemos todos, compañeros diputados, por que el mundo todo alcance ese nivel, para que los derechos de soberanía, autodeterminación y no intervención, no sean concesiones imperialistas graciosas o condicionadas, sino conquistas de los propios pueblos, y que los propios pueblos hacen siempre respetar. Muchas gracias.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -Señor Presidente, pido la palabra para hechos. El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Francisco Ortiz Mendoza, para hechos.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: Qué triste, que vergonzosa, qué ridícula defensa del imperialismo norteamericano ha venido a hacer a esta tribuna un diputado de Acción Nacional. (Aplausos.) Valor debía de tener para venir a defender abiertamente a sus patrocinadores en la política nacional; valor debía de tener para venir decir algo todavía por encima de lo que dice Reagan -Reagan reconoce que es una intervención-, y todavía viene aquí a dudar de que lo sea; es una vergonzosa afrenta a la humanidad lo que ha hecho Reagan la madrugada de hoy; es increíble que un diputado mexicano -mexicano-, porque no quiero dudar que lo sea por el hecho de haber nacido en esta patria nuestra tan querida; olvidar lo que dijo el general Scott cuando invadieron a México, en 1847, el 16 de septiembre de ese año, cuando, arriando la bandera mexicana y elevando la de ellos, declaraban: "Venimos a haceros libres, venimos a defendernos de los ataques de los indios del norte". "No cabe duda -decían ellos- de que México encontrará fuerzas para reconocer sus errores". El señor diputado Medina, que acaba de subir, es heredero de esos pensamientos. ¿Cómo es posible comparar al criminal con el asesinado? ¿Cómo es posible comparar al ladrón con el robado? Si ese rencor que tiene con el comunismo, si ese rencor que tiene con marxismo no lo dicen de frente y quieren estar ocultando con palabrería hueca, comparando hechos que nada tienen que ver los unos con los otros, son las defensas vergonzosas de los agresores, Estados Unidos ha invadido a un pueblo débil con un ejército de más de mil doscientas gentes, frente a un pobre ejército de 800 personas, el más poderoso de los países del mundo capitalista invadiendo a una pequeña isla de no más de ciento diez mil habitantes, ¿cómo es posible que un diputado venga aquí a querer enredar las cosas para ayudar a los que le pagan en las campañas que realizan en nuestro país? No es posible, señores diputados, que uno se quede sin indignarse escuchando estas cuestione mientras están muriendo en Granada los asesinados, criminalmente asesinados, por los invasores norteamericanos. Si Reagan lo anunció hace cuatro días, señores -dijo textualmente-: "que Estados Unidos estaría en cualquier lugar donde el comunismo amenazara". Yo soy comunista y ¿quién me va a quitar a mí el derecho de serlo en este país libre, en este país independiente? Y cuando la mayoría del pueblo mexicano quiera cambiar el régimen aplicaremos el artículo 39, y cambiaremos el régimen, ¿porqué no lo hemos de hacer? ¿Con qué derecho Estados Unidos podrá intervenir para quitarme a mí la palabra?, no tiene ningún derecho, por poderoso que éste sea y por más diputados que nos manden aquí, se encontrarán respuestas de diputados dignos, tanto diputados del PAN que vengan aquí a defender la invasión de Estados Unidos sobre Granada. Viva México. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Gerardo Medina Valdez, para hechos.
El C. Gerardo Medina Valdez: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: Con la natural compasión que inspiran estas circunstancias, vengo a responder a una vergonzosa afrenta a la inteligencia. No hay, salvo el señor diputado que me antecedió en la tribuna, uno solo de los aquí presentes, que pueda acusarme de haber tratado de disfrazar o de negar la invasión de Granada por fuerzas de Estados Unidos. No hay nadie. Y eso es una afrenta a la inteligencia.
Yo no vengo aquí a corresponder a los que me pagan mis campañas. No se a quiénes se refieran, pero las campañas de los candidatos de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, se pagan con trabajo voluntario y con los modestísimos recursos de que podemos disponer los partidos que no estamos subsidiados por el Gobierno.
Se me viene a acusar aquí de ser heredero de los pensamientos de quién sabe quién. Mi padre era minero: Gabino Medina. Yo crecí en el ambiente minero y mi formación, prácticamente autodidacta, se ha enriquecido como militante del Partido Acción Nacional. Esas son las ideas y esa es la herencia, la herencia que recibí y la herencia que quiero dejar.
Yo no le niego a nadie el derecho a marxistaleninista. Rojo rojo o lila lila; no me interesan los matices. Pero lo que sí considero elemental exigir, es que cuando menos escuchen para responder y para replicar. Es muy fácil inventar conceptos para rebatirlos; es muy fácil fabricar el muñeco para clavar los alfileres, pero aquí hay cientos de diputados que pueden dar testimonio de que yo no mentí, de que yo no adulteré los hechos y mucho menos de que vine a hacer la defensa del imperialismo norteamericano. Yo dije que, con base en principios, no se puede condenar a uno y aplaudir al otro.
Me parece que esa es una posición racional y sensata. En cuanto a otras cosas, todavía nos queda, señor diputado Ortíz Mendoza, mucho camino por delante y ya nos encontraremos. (Aplausos).
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Ortiz Mendoza para hechos. El C. Francisco Ortiz Mendoza: -Señor Presidente; señores diputados; diputado Medina: Voy a tomar una sola frase que le ruego me corrija si no está bien. Usted dijo textualmente: "No se puede culpar a unos y aplaudir a otros; no se puede culpar a los Estados Unidos por la invasión a Granada y aplaudir a la Unión Soviética por la invasión a Afganistán".
Ruego al señor Presidente autorice al diputado Medina que me conteste si es así o no. Espero su respuesta.
No la da, ¿Verdad? Porque no tiene ninguna razón, porque le da vergüenza reconocerlo. En el momento de la agresión, señores...
El C. Gerardo Medina: -Lo que pasa es que el diputado no ve que estoy pidiendo la palabra.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -No veo, hable; hable, tiene usted la voz.
El C. Gerardo Medina: -Con base en principios generales sostengo, sostuve y sigo sosteniendo eso.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -¿Está bien así o no?
El C. Presidente: -Se prohiben los diálogos.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -No, yo estoy pidiendo la intervención... Fue lo que dijo, "¿en una base de principios?" ¿Así dijo?
El C. Gerardo Medina Valdez: -¡Sí, sí señor!.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -Si no es una ayuda a un criminal cuando está asesinado a una persona y el que lo ve dice: no puedo culparlo. Porque el otro día estaba aplaudiendo a otra persona porque, según yo, mataba.
En este momento la invasión es a Granada, en este momento. Mañana, si usted gusta, discutimos todo lo que usted quiera sobre Afganistán, todo lo que quiera sobre Checoslovaquia, todo lo que quiera sobre Polonia, pero ahora, levante su voz de mexicano, condenando con toda energía la invasión de Estados Unidos a Granada, eso es lo que le demandé.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Luis Dantón Rodríguez. El C. Luis Dantón Rodríguez: -Señor Presidente; honorable Asamblea: A lo largo de esta mañana, con justificada razón, los diputados que han abordado esta tribuna en nombre de sus respectivas fracciones parlamentarias, han expuesto su desagrado, su protesta y su condenación a los hechos que se han verificado apenas esta madrugada.
El propósito de la mayoría de es Cámara, en esta sesión, era hacer un recuento pormenorizado de los esfuerzos de la comunidad de las naciones para preservar la paz en el mundo, por consolidar el derecho y por avenir a las partes beligerantes.
Con dramático tono, durante estos días, hemos escuchado cómo los grandes objetivos de la sociedad de las naciones se han venido frustrando por los hechos desgarradores de la violencia. Ocho conflictos que están en estos momentos surgiendo en distintas partes del mundo, como focos de tensión, cualquiera de ellos podría desencadenar el holocausto universal, que los hombres de buena voluntad queremos impedir.
En nuestra propia área geográfica de El Caribe y Centroamérica y en general de todo el continente, hay amagos y nubarrones que nos hacen pensar que en cualquier descuido, apresuramiento o violación, se produciría una confrontación que toso quisiéramos evitar.
La participación de México ha sido prudente, enérgica, constante, conciliadora, estamos a favor de la paz. Así lo hemos estado siempre y lo estaremos en estos momentos, más que nunca, cuando se dirime el destino de la humanidad y, en particular, de nuestra área geográfica.
La política exterior de México ha sido definida de muchas maneras y seguida con una constancia heroica por los gobiernos de la Revolución, que en esto ha representado a todos los mexicanos. Antes de proyectar hacia el exterior de nuestro país se fija en un principio inmutable que es la preservación de la soberanía nacional. Es obvio que queremos relación con todos los países de la tierra, y con más interés con aquéllos países que, como el nuestro, luchan por su emancipación económica, financiera, su desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus hombres.
Por eso vemos con mucha preocupación lo que ocurre en todas partes, pero fundamentalmente lo que está ocurriendo en el marco geográfico en donde se desenvuelve históricamente nuestro país.
Quiero pensar, señores diputados y compañeras diputadas, que Granada no es Nicaragua, ni Nicaragua es Cuba es México. Pero cuando se está amenazando con flagrante violación al derecho, la integridad territorial y la soberanía nacional y aun la vida de sus pobladores, México, como lo ha hecho esta mañana, tiene que elevar su voz de protesta. Estamos en contra de las violaciones al derecho; estamos en contra de las acciones unilaterales; estamos en contra del uso y el abuso de la fuerza; estamos en contra del desprecio a la vida humana, y estamos en contra de las hegemonías.
Por eso yo quisiera recoger en una sola petición todas las que hemos escuchado, porque es la inmediata y la que en estos momentos puede salvar la situación. Ya nuestro Gobierno está convocando, a través de su representante en la ONU, al Consejo de Seguridad y a nuestro representante en Washington, a una sesión extraordinaria de la OEA. Nosotros, aquí en estos momentos, lo único que podemos hacer es pedir el retiro inmediato de las fuerzas armadas de todas las tropas extranjeras que están violando flagrantemente el derecho de la soberanía de Granada. muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Túrnese esta y las demás proposiciones relativas al mismo asunto, a la Comisión de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Arnoldo Córdova.
El C. Arnoldo Córdova: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: mi intervención es de otra índole, de lo que hasta aquí se ha venido tratando. Creo que el momento para hacer mi planteamiento ha dejado de ser el mas oportuno, pero debo hacerlo y voy a solicitar de ustedes, su atención. Nuestro partido, el Partido Socialista Unificado de México, hizo saber, desde esta misma tribuna, cuando se discutió y se aprobó el proyecto de reformas al artículo 115 constitucional, propuesto a esta LII Legislatura por el Ejecutivo a cargo del señor Presidente de la República, Miguel de la Madrid, que se oponía a dicho proyecto porque las reformas que proponía, lejos de ampliar y garantizar las libertades ciudadanas y los derechos democráticos en el ámbito del municipio y la autonomía municipal, ellas venían a limitar aún más dichas libertades y derechos, y a restringir más de lo que ya estaba, la independencia institucional y política del municipio.
Es necesario que hoy recordemos de nuevo, así sea sumariamente, las razones de nuestro alegato. Las reformas de referencia se presentaron con la intención expresa no de ampliar la autonomía municipal desde los puntos de vista económico. Lo dijimos en su momento y eso mismo seguiremos sosteniendo hasta el día de hoy.
Apareció en el proyecto de reformas, presentado por ele Ejecutivo, finalmente aprobado por esta Legislatura, como un grave avance en el proceso de definición y consolidación de independencia económica del municipio, el señalará expresamente los impuestos y los servicios cuya recaudación y ejecución respectivamente, estarían a cargo de los ayuntamientos. En aquella ocasión nuestro partido denunció dos hechos concominantes que conjuraban a favor de la ruina del municipio y fueron, por otro lado, que los impuestos reservados a la hacienda municipal constituyen los más antipopulares y los menos redituables, y por otro lado, que los servicios dejados a la responsabilidad de los ayuntamientos requieren de recursos que aquellos impuestos no garantizan por sí mismos y de cualquier forma los ayuntamientos jamás estarán en condiciones de ejecutar adecuadamente.
Somos partidarios de la imposición única porque es la que mejor responde a las exigencias del orden y la economía, cuando ésta es un conjunto de técnicas para el manejo de recursos escasos. Nuestro principio es que todos los impuestos deben ser recaudados por una sola institución. No estamos de acuerdo, en cambio, y así lo hicimos saber en su oportunidad, con la forma en que se dividen los ingresos públicos por la vía de tal imposición.
Los llamados "convenios de coordinación fiscal" han impuesto un orden en la distribución de los recursos entre las diferentes instituciones del Pacto Federal, que define por así solo lo que es en nuestro sistema político la estructura concentradora de facultades y el autoritarismo típico de nuestra organización política nacional.
Un poco más o un poco menos, las participaciones nos dan resultados francamente vergonzosos. Casi siempre corresponde un 3% a los municipios, un 17% a los estados y un 80% a la Federación como participaciones de los ingresos públicos por la vía de la imposición.
Nos hacemos cargo de lo que significa financiar los recursos de que requiere la sociedad en su conjunto, pero somos enemigos de que en este renglón se sigan concentrando facultades, una verdadera desconcentración de poderes y una efectiva descentralización administrativa -lo dicen los expertos en todos los tonos imaginables- sólo serán posibles si hay una auténtica redistribución de recursos. Más que en los gobiernos estatales, está en la mano de los gobiernos municipales la atención más adecuada a los servicios públicos, pero para ello necesitan de mayores, mucho mayores recursos a su disposición. Los ingresos de los estados son de por sí escasos, no será reduciéndolos como habrá que proveer de los mismos a los municipios, es necesario asumir que no haya otra manera de fortalecer a los municipios en este designio que reduciendo a su favor los ingresos que desproporcionadamente obtiene la Federación. Nuestro partido postula el principio de que las participaciones municipales deben aumentar hasta un 21% sin que por ello disminuyan las participaciones debidas a los gobiernos estatales. De tal suerte se daría a los ayuntamientos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de servicios, y se les liberaría de la responsabilidad de tener que enfrentar impuestos anitipopulares y poco rendidores.
Estuvimos en contra por otra, parte -y lo seguimos estando-, de que se otorguen facultades a las legislaturas locales de decidir sobre los ingresos de los municipios y, en particular, de que se les de el poder de decidir qué servicios quedarán a su cargo, sin determinar las fuentes de ingresos que servirán para cubrirlos, de aprobar la leyes de ingresos de los ayuntamientos y de revisar sus cuentas públicas. La historia nos muestra que por menos de eso, los ayuntamientos siempre han estado a la dependencia arbitraria de los poderes estatales.
El Constituyente de 1917, con muy buenas razones por cierto, determinó que la base de la autonomía municipal era lo que el general Jara llamó "su libertad económica", descuidando y aun olvidando una adecuada definición y precisión de lo que son los derechos democráticos y las libertades cívicas de los ciudadanos en el municipio.
Hoy constatamos, una vez más, que la autonomía municipal es una quimera, sencillamente porque la tan celebrada libertad económica no es más que una vil mentira. Pero,
¿qué ha sucedido con la autonomía política del municipio, ya que su libertad económica es una falsedad?
Aquí, nuestro punto de vista, desde el principio, fue que hemos ido hacia atrás y no hacia adelante, como correspondía a los legisladores amantes del progreso, como sin duda lo somos todos los que estamos reunidos en este recinto.
Antes de las últimas reformas al 115, la Constitución no autorizaba a los poderes estatales a desaparecer o suspender ayuntamientos o sus miembros. Es verdad que las constituciones locales, se dió el caso, de que también simples leyes reglamentarias los autorizan para ello, pero estuvo muy lejos de la mente de los constituyentes de 1917, pensar sólo que el municipio pudiera estar en semejante situación de dependencia respecto de los poderes locales. Pese a todas sus desviaciones y a su evidente ignorancia sobre la historia municipal de nuestro país, de lo que por lo demás las fuerzas reaccionarias supieron sacar el mejor partido, nuestros constituyentes del '17 tenían una idea magnifica en términos constitucionales de lo que es el municipio. Jamás se les ocultó, desde luego, el hecho de que el asiento de nuestro orden político nacional está en esa comunidad natural y premigenia que es el municipio. Es verdad que el 115 nació diciendo que los estados se dividirían territorial, política y administrativamente en municipios, sus debates, sin embargo, de los Constituyentes, -y aquí hay que recordar sobre todo a Jara-, nos demuestran que para ellos el municipio no era una simple circunscripción territorial o administrativa, sino una célula fundadora de la organización política nacional, un ser político vivo; la primera forma de organización política de la ciudadanía en la que se fundaba el contrato social mexicano. En su lógica revolucionaria y democrática el municipio organizaba el estado federado y el estado federado organiza al estado nacional. Era Rosseau, por supuesto -de ello no nos cabe la menor duda-, pero era también nuestra historia política nacional en su conjunto, que curiosamente nació en un municipio, el de la Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz. Desaparecer o suspender un ayuntamiento para los constituyentes de 1917, como hoy para todos los que creen en la democracia y lucha por ella, era y es una absurda veleidad autoritaria, ni más ni menos que la negociación arbitraria del contexto social y del pacto federal que sobre aquel se levanta. La célula fundadora de nuestro orden político lo es el municipio, por lógica debería ser la institución política fundadora también nuestra soberanía o lo que es lo mismo, la comunidad más soberana del sistema político nacional. Vuelven ustedes a ver de frente a este municipio que quiso ser el fundamento de una nueva democracia, ¿cómo suenan las siguientes palabras que el Presidente De la Madrid quiso introducir en nuestro artículo 115 constitucional?: "Las legislaturas locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
El Sistema Electoral Mixto, que es la enseñanza de nuestra reforma política, tiene la virtud de asegurar para el partido mayoritario, es decir, el partido oficial, siempre y en todo momento, por las buenas o por las malas, más de las dos terceras partes de los puestos de representación a nivel nacional, local y municipal. Es por esta simple razón también, que la reforma política ha sido una mentira. El partido oficial siempre tendrá la mayoría de dos tercios que le permita atentar en contra de la existencia del ayuntamiento que no sean de su agrado. ¿Qué razones se dieron para desaparecer el ayuntamiento democrático y popular de Juchitán? No es más que esta: que ejercía la violencia en contra de algunos ciudadanos y no garantizaba por ello mismo la paz en Juchitán. Pero resulta que unos días antes, el llamado Rojo Altamirano líder de los elementos oficiales en aquella publicación, declaraba que el creía en la violencia como arma fundamental de la lucha política y que era ejerciendo la violencia como él y su partido, habían derrotado a los comunistas que dirigían el Ayuntamiento juchiteco. Rojo Altamirano y sus seguidores, ejerciendo la violencia -como ellos mismos confesaron-, no hicieron otra cosa que transgredir el orden. El ayuntamiento democrático apenas los tocó en el legítimo desempeño de sus funciones. Ello fue suficiente para que la legislatura local declarara desaparecidos los poderes municipales de Juchitán.
Donde quiera que el partido oficial decida declarar desaparecido un ayuntamiento, no habrá, precisamente, en virtud del sistema mixto de constitución de los poderes estatales, que asegura siempre y en todo momento el monopolio del poder por parte de ese mismo partido, potencia alguna que le impida pisotear las aspiraciones democráticas y autonómistas de la ciudadanía reunida en la comuna municipal.
Estuvimos en contra de las reformas al 115, adicionalmente, por otras razones: porque al otorgar a las legislaturas locales la facultad de legislar sobre las relaciones laborales entre los estados y los municipios, por un lado, y sus trabajadores por el otro, se violaba abiertamente el espíritu y las letras del artículo 123.
seguramente se dirá que de facto, esto ya ocurría antes de la reforma, pues el apartado B sólo rige para empleados públicos federales, pero en ese caso sólo caben constitucionalmente dos hipótesis: una, que se acerca a la verdad de lo que ha estado ocurriendo en todos los estados y consiste en que la Constitución general dejando de ser tal, es decir general, recorte a sectores de la población trabajadora para someterlos a regímenes de excepción. Es bien sabido que en casi todos los estados los trabajadores públicos locales están muy por debajo en cuanto a salarios y prestaciones
laborales se refiere, de los empleados federales, Otra, que la Constitución supone que los empleados locales serán tratados de acuerdo con las normas que impone el apartado B del artículo 123, por lo menos, lo que es perfectamente constitucional, al igual, o en iguales condiciones que los trabajadores públicos federales, lo que hace también perfectamente inútil y ocioso, dar a las legislaturas de los estados la facultad de legislar en materia de trabajo para los empleados públicos locales.
Lo que en los hechos ocurrirá será lo que hasta el presente ha venido pasando, es decir, en el sentido de la primera hipótesis, que siendo como lo son, víctimas de urgencias económicas mucho mayores que los poderes federales los estados pondrán a sus trabajadores muy por abajo de los niveles salariales y de prestaciones laborales de que gozan los empleados públicos federales.
El único punto en que estuvimos de acuerdo, con las reformas promovidas por el Presidente De la Madrid, fue el que se refirió a la introducción del principio de la proporcionalidad en las elecciones a cargos municipales, lo que en teoría permitía la integración de ayuntamientos representativos de las diferentes fuerzas políticas, en las que se expresa la voluntad ciudadana.
No nos pareció que la reforma se expresara en términos suficientemente claros, ni los hechos que han ocurrido en los últimos meses parecen darnos la razón. Pero creímos, en su momento, que la reforma era, sin lugar a dudas, positiva. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, la neutralizaban el sistema mixto de elección de los cargos a las legislaturas locales y las facultades políticas que se otorgaban a los poderes estatales sobre el municipio y su ayuntamiento.
El partido oficial, por las razones que antes expuse, mantenían en sus manos el poder de destruir, a su completo arbitrio, la soberanía municipal cuando un ayuntamiento no fuera de su bando. Así ocurrió en Juchitán y así puede ocurrir en cualquier municipio que no sea gobernado por el PRI.
Ello no obstante, en este renglón, la reforma se mostraba a nuestros ojos justa y adecuada y nos aprestamos a defenderla en todos los estados de la República, en el proceso de adecuación de las constituciones y legislaciones locales a las nuevas disposiciones del artículo 115 reformado.
Pero he aquí que el partido oficial nos tenía reservadas amargas sorpresas, no estuvimos de acuerdo, en general, con las reformas al 115 por las razones que hemos expuesto y que expusimos en su momento. Pero ahora resulta que el modo en que se está interpretando el nuevo 115, justamente en aquello en que estuvimos de acuerdo, la introducción del principio de proporcionalidad en la constitución de los ayuntamientos, se está desvirtuando y degenerando, de tal suerte en las adecuaciones locales, que para el régimen municipal no se está haciendo otra cosa que restaurar el principio mixto de integración del poder municipal.
Aparte, fraudes y cochupos electorales de toda suerte, contra los cuales no parece haber defensa, el Gobierno y su partido nos han enseñado que la única mayoría en la que creen es en la que va del 15% para arriba, así gane únicamente la mitad más uno. Y como sucede en el Distrito Federal, incluso el partido mayoritario lo sea sólo relativamente, es decir, con menos de la mitad en la votación general, la mayoría solo se siente segura si tiene 75 de cada 100 puestos de representación popular.
Para eso sirve el llamado Sistema Mixto y por eso mismo lo hemos rechazado desde que se instituyó como eje de la reforma política.
Hoy sabemos ya que el Gobierno no está dispuesto a renunciar, a pesar de las reformas al 115, a ese principio y que lo mantendrá contra viento y marea como base irrenunciable de su obtusa y limitada concepción de la reforma política. Hoy sabemos también que el principio de proporcionalidad en la integración del poder municipal, no es más que una farsa y que por todas partes el partido oficial está restaurando -en contra de sus mismas promesas -el antidemocrático principio de elección mixto.
Todo parece haber ido mal para el nuevo 115 constitucional, y empezó con la torcida y antojadiza interpretación que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados dieron de los artículos transitorios del decreto que reformó el 115.
Hay que recordar aquí nuevamente la letra de esos transitorios. Como es de todos conocido, el decreto de reformas fue publicado el 3 de febrero del presente año.
El primer artículo dice: "El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Entró en vigor, por consecuencia, el 4 siguiente.
El segundo transitorio a su vez dice: "El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el plazo de un año computado a partir de la vigencia de este decreto, procederán a reformar y adicionar las leyes federales así como las constituciones y leyes locales, respectivamente, para prever el debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo. Las contribuciones locales y las participaciones a que se refieren los incisos a) al c) de la fracción IV, se percibirán por los municipios a partir del 1o. de enero de 1984".
Como puede apreciarse, el segundo transitorio concede un año a los poderes federales y locales para adecuar la legislación vigente las constituciones locales a las disposiciones del nuevo 115, pero no dice que el 115 reformado no estará vigente en ese lapso.
Por su parte, el primer transitorio nos dice, claramente, que las reformas están vigentes independientemente de las adecuaciones que la legislación federal y las legislaciones y las constituciones de los estados, deben efectuar la única y además expresa excepción que hace el segundo transitorio, se refiere a la fijación del
momento en que las contribuciones locales y las participaciones a que se refieren los incisos a) al c) de la fracción IV del nuevo 115, comenzaran a ser percibidas por los municipios a través de sus ayuntamiento.
¿como han procedido al respecto los poderes federales y los de los estados? En varias entidades federales se han estado llevado a cabo elecciones locales, algunas de ellas también de ayuntamiento, y dichas elecciones se han realizado sin haber las adecuaciones que ordena el segundo transitorio, e ignorando la vigencia del nuevo 115, es decir, violándolo abiertamente al mantener las legislaciones anteriores a la reforma.
Así se procedió en Chihuahua, en Durango, en Baja California, así se está procediendo en Michoacán y en Sinaloa, estado, este último, en el que habrá proporcionalidad sólo en tres municipios, los que sobrepases los 300 mil habitantes.
Naturalmente el partido oficial y el Gobierno, siempre interpretan las cosas según su conveniencia. Cuando se cuestionó la desaparición del ayuntamiento de Juchitán, como un acto arbitrario de la Legislatura de Oaxaca, por ejemplo, se nos dijo que la decisión cabría por completo en las nuevas disposiciones del 115, pero cuando se hizo ver que de acuerdo con el nuevo 115, el gobernador del estado no tiene facultades para designar un consejo municipal se nos dijo entonces que después de todo el nuevo 115 todavía no entraba en vigor.
Es un hecho, de cualquier forma, que estando a la letra del decreto de reformas del 115, las elecciones municipales que se han llevado a cabo en este año, y las que están por efectuarse, resultan absolutamente anticonstitucionales porque en su realización no se ha observado, y sigue sin observarse, la letra y el espíritu del nuevo artículo 115 constitucional.
Lo peor, sin embargo, no han sido estas violaciones encubiertas y vergonzantes al artículo 115 reformando de la Constitución, lo peor ha venido con las primeras adecuaciones que se han estado haciendo de las constituciones y las legislaciones locales, particularmente por lo que respecta a las leyes electorales de los estados, la que se lleva los laureles en este sentido, desde luego, es la Ley Electoral del estado de Guerrero, designada como la número 486.
El mecanismo que los sabios legisladores guerrerenses han encontrado para preservar los intereses del bando oficial y para volver nugatorias las disposiciones del nuevo 115 es simple: restringir al máximo la representación política en los municipios y ampliar al máximo la votación requerida para obtener un puesto representativo.
Tenemos así, que la nueva Ley Electoral de Guerrero establece que municipios cuya población sea menor de los 10 mil habitantes tendrán un minúsculo ayuntamiento de cuatro representantes, vale decir, el presidente, el síndico y dos regidores.
Serán cinco los integrantes del ayuntamiento en municipios de hasta 70 mil habitantes, siete en los municipios de hasta 200 mil habitantes, y nueve en los municipios de más de 200 mil habitantes.
Tal restricción arbitraria de la representación popular en los ayuntamientos como no puede escapársenos, hace la reforma política totalmente inicua e inservible en el ámbito municipal.
¿Cómo puede haber, en efecto, verdadera representatividad proporcional en un ayuntamiento de apenas cuatro individuos? Claro está que con un principio de representación popular tan mezquino para ser regidor en Guerrero no hay más remedio que ingresar al PRI.
El párrafo que encabeza el artículo 169 de la Ley Electoral de Guerrero, violando el enunciado del artículo 115, comienza por distinguir entre regidurías de representación proporcional y regidurías de mayoría relativa. Vale decir, comienza restableciendo el sistema mixto para la integración de los ayuntamiento.
La fracción I de dicho artículo establece que se procederá a asignar las regidurías a los partidos que hayan obtenido más del 15% de la votación. Todavía nos preguntamos, ¿cómo procederán las autoridades electorales cuando se da el caso de que en un municipio con sólo cuatro miembros, seis partidos obtengan un 15% de la votación de cada uno?
Nadie puede negar que aun cuando el PRI se las lleva de todas todas, esa es una hipótesis válida en la que los sapientes legisladores guerrerenses no pudieron reparar. Aun así, la fracción II del mismo artículo nos sorprende imponiendo que se asignará una regiduría hasta el límite señalado constitucionalmente -así dice- a la planilla de cada partido político que hubiere obtenido un porcentaje mínimo del 15% de la votación válida emitida para las planillas en el municipio respectivo.
Ahí tenemos, señor Presidente, señoras y señores diputados, no el nuevo 115, sino una vez más el sistema mixto para la conformación del poder municipal. ¿Quieren ustedes saber algo más? Nosotros pensamos que el PRI no está dispuesto siquiera a respetar el sistema electoral mixto y ni siquiera para los casos que el 115 admite, entre ellos la integración de las legislaturas locales.
En Zacatecas se dio el hecho de que una organización priísta desde hace mucho tiempo, con sus escudos debidamente registrados, la vieja guardia agrarista fue registrada como asociación política, naturalmente en las elecciones de diputados locales los votos priístas se volcaron de tal suerte sobre la vieja guardia, que ésta sola podía llevarse los cuatro diputados de representación proporcional. Inexplicablemente, el Colegio Electoral le dio sólo un diputado, correspondiendo dos al PAN y uno al PSUM.
Todo lo que hemos relatado habla fehacientemente de la concepción que el partido gobernante tiene de la democracia y de la reforma política; una concepción, señor Presidente, que nosotros, por supuesto, rechazamos decididamente. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
PROPUESTA, SOBRE LA INVASIÓN A GRANADA
El C. Jesús Luján Gutiérrez:- Una pregunta, señor Presidente. ¿Qué trato reglamentario se dio a la proposición que hizo el diputado Luis Dantón Rodríguez?
El C. Presidente: -Fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con las demás proposiciones.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: -Entonces, pido la palabra para hechos. El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jesús Luján Gutiérrez, para hechos.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: El diputado Luis Rodríguez hizo una proposición que, a nuestro juicio, es la, más adecuada, la más conveniente, en este momento.
Considerando que hay indignación generalizada por la brutal agresión del imperialismo norteamericano a un pueblo débil, esta Cámara debe aprobar la propuesta de exigir la inmediata salida de las tropas invasoras a Granada. A nuestro juicio, el trámite que le ha dado la Presidencia a la proposición del diputado Luis Dantón Rodríguez, en el mejor de los casos resta efectividad a nuestra propuesta y, a nuestro juicio, protege de los agresores a un pueblo hermano. Nosotros reiteramos la proposición hecha por nuestro compañero Héctor Ramírez Cuellar, y pedimos que se le dé el trato a la proposición del diputado Luis Dantón Rodríguez, que establece el artículo 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En consecuencia la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, recogiendo la indignación que que ha provocado la invasión norteamericana a Granada, propone: Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exige el retiro inmediato y total de las tropas que hoy por la mañana invadieron Granada. Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 1983. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Encarnación Pérez Gaytán, para hechos.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: -Señores diputados: Hay personas que no conciben, o hacen como que no conciben, que los pueblos por sus intereses y decisiones propias puedan actuar en la lucha por la transformación social de países. Es así, como queriendo justificar la intervención norteamericana en Centroamérica, se dice que ahí está el choque del Este y del Oeste, que son los vientos de uno y otro lado los que se encuentran, y no entienden que en esas tierras surgen volcanes de viento porque los pueblos no aguantan las dictaduras, porque quieren el cambio y quieren vivir de otra manera. El hecho que nos ha ocupado esta mañana, de la invasión militar a Granada por parte del gobierno de los Estados Unidos merece el repudio y así lo he sentido yo en esta Cámara de Diputados. La propuesta que ha hecho aquí el diputado Luis Dantón Rodríguez, en el sentido de demandar o exigir la inmediata salida de las tropas de ocupación del territorio de Granada, es de esas proposiciones que en esta Cámara, y de conformidad con el Reglamento, deben considerarse de obvia resolución, porque es en el día de hoy, demostrando sensibilidad política y respondiendo a los intereses y reclamos de nuestro pueblo, que defiende y ha defendido la independencia nacional y la autonomía del pueblo mexicano, y que sea hecho eco del principio de respeto entre los hombres como entre las naciones que en la paz; todo reclama que esa proposición sea resuelta por el pleno de esta Cámara en este instante, considerándola de obvia y de urgente solución.
Nosotros, los diputados del Partido Socialista Unificado de México, estamos de acuerdo con esa proposición. Y el aplauso que mereció en el momento en que se hizo en esta tribuna, me hace pensar en que hay una aprobación para esa proposición, que coincide con la política internacional de México, con la tradición de este país, en defensa de los pueblos que defienden su soberanía, en contra de las intervenciones extranjeras sean militares o no sean militares.
Por esa razón, señor Presidente, yo he venido también a apoyar aquí la proposición que hace la diputación del Partido Popular Socialista en el sentido de que hoy, y en este momento sea resuelto en el sentido de que la Cámara demande el abandono inmediato del territorio de la República de Granada, por parte de las tropas invasoras que han entrado -como hemos dicho-, en ese país durante el día de hoy.
Eso es lo que yo he venido a decir aquí, para que se considere, repito, una vez más, de obvia y urgente resolución la proposición que se ha hecho. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Francisco Javier González Garza: -Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier González Garza.
El C. Francisco Javier González Garza: -Le agradezco que me haya dado la palabra, señor Presidente, pero la había pedido hace media hora. No sé si le estorbo un poco a la vista, pero hace media hora la pedí.
El Partido Acción Nacional quiere volver a reiterar su postura en la condena que hizo explícita el diputado Gerardo Medina a la intervención de los norteamericanos al pueblo de Granada. Quisiéramos reiterar esto, porque pudiera quedar en el aire la idea de una supuesta oposición manipulada por algunos de los grupos de la izquierda en este recinto, de tal manera que hacemos primero esta reiteración, y en segundo lugar, pedidos que sea leída la propuesta que hizo el diputado Luis
Dantón, la cual nos unimos, por supuesto; pero sí quisieramos que fuera vuelta a leer para que ésta pueda ser votada. Algunas personas se han perdido el debate y no se sabe cuál es exactamente la propuesta.
Yo solicito primeramente que se lea; el Partido Acción Nacional se suma a esta propuesta que hizo el licenciado Luis Dantón, y también reiteramos y creemos que debe ser de obvia resolución. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Señor secretario, favor de dar lectura a la proposición hecha por el C. diputado Luis Dantón.
El C. secretario Enrique León Martínez: -Se va a dar lectura a la proposición formulada por el C. diputado Luis Dantón Rodríguez, que dice: "Pedir el retiro inmediato de tropas extranjeras de la República de Granada". El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Alberto Salgado Salgado. El C. Alberto Salgado Salgado: -Compañeros es inobjetable que todas las organizaciones políticas que concluimos en esta Asamblea Legislativa, estamos totalmente acordes con ese rechazo a la actitud belicista de Estados Unidos. No es materia de entrar en controversia sobre cuál de los dos imperialismos, que se ha sostenido aquí, es el que tiene el derecho para determinar el orden interno de los países.
Se ha reconocido que uno solo de esos imperialismos es el que está interviniendo de manera ilícita en tal orden interno y tal parece que la doctrina Monroe, en este siglo, está adquiriendo una modalidad muy especial, pues si en el pasado se había perfectamente definido ese principio de que: "América para los americanos", da la impresión de que "América es para Estados Unidos".
Sin embargo, nosotros no podemos tener injerencia en las decisiones internas de los países y pueden acudir a los imperialismos que determinen sin que eso nos ataña, puesto que nosotros no vamos a dictar con abstracciones cuál es el camino que van a seguir.
El punto de rectificación, a este respecto, es considerar la propuesta como de obvia resolución, pero es el simple rechazo a través de la opinión pública lo que va a mover al gobierno de Estados Unidos para retraer y rectificar su decisión. Se pintorrean no sólo de nuestro rechazo de todo el país, sino del rechazo de América en general.
creemos...
El C. Jesús Luján Gutiérrez: -¿Está a favor o en contra?
El C. Alberto Salgado Salgado: -Creemos señor diputado, después puede acudir usted a la tribuna, que podemos utilizar, desde luego, la propuesta porque tiene un curso lógico y legislativo, pero también pudiéramos agregar a esa propuesta que se haga llegar al Congreso de Estados Unidos, que es el freno político que tiene el presidente de ese país, para que a través de un decreto pudiera rectificar la decisión política que ha adoptado.
Estimo un poco difícil -porque no traigo la propuesta por escrito-, pero es necesario estimar también que tal actitud pudiera tener fuerza en Estados Unidos, en donde debería conocer el congreso de ese país cuál es el parecer del Congreso mexicano. por lo que resulta insuficiente que sólo la Cámara de Diputados se pronuncie en contra de esa decisión Seria menester que se trasladara a la de Senadores para que el Congreso del país adoptara, de manera conjunta y solidaria, esta decisión. y no sólo eso, sino lanzar excitativas a los congresos de toda América para que se unifiquen en esta actitud de repudio, y, desde luego, instar al pueblo de Estados Unidos para que, como lo utiliza a través de sus protestas, manifieste igualmente esa actitud de repudio a la decisión intervencionista de Estados Unidos.
El Partido Socialista de los Trabajadores se permite sugerir, como un agregado a la propuesta, que no sólo sea de la Cámara de Diputados, sino que sea también de la Cámara de Senadores el pronunciamiento conjunto, y que se haga llegar esta resolución al Congreso de Estados Unidos para que tome nota al respecto y, si es posible también formular la excitativa a los demás países de América Latina para que se pronuncien en iguales términos.
El C. Presidente: -En virtud de que esta Presidencia considera el presente asunto como de urgente y obvia resolución, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si procede dar curso inmediato y someter a discusión la proposición, con fundamentos en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El C. secretario Enrique León Martínez: -En votación económica, y por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición... Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El C. Presidente: -Aprobado. El C. secretario Enrique León Martínez: -En consecuencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición aquí presentada por el C. diputado Luis Dantón Rodríguez. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado José Hadad Interian.
DENUNCIA CONTRA AUTORIDADES DEL ESTADO DE YUCATÁN
El C. José Hadad Interian: -Señor Presidente; nos ha movido a ocupar esta tribuna federal el estado de indefensión en que se encuentra el pueblo yucateco ante la ineptitud de las autoridades encargadas de protegerlo y garantizarle justicia; más grave aún es la complicidad de estas autoridades con determinados delincuentes, a opinión generalizada de ese pueblo que se viene debatiendo en un clima de intranquilidad y temor.
La implantación de la justicia en nuestro estado, ha dado mucho qué desear desde tiempo atrás, pero es en este sexenio en que más ha quedado expuesta tan grave situación.
Podría hacerse una larga lista de cuantiosos robos, ataque a ciudadanos en la vía publica, actos de pandillerismo, alcoholismo y otros ilícitos que, en perjuicio de la sociedad se están dando, lamentablemente, casi a diario en la capital yucateca y como ha de suponerse, por otros centros de población del estado que han quedado impunes.
Se han perdido no pocas vidas, han habido alteraciones públicas del orden y de indignación popular que ya se expresan por todos los medios posibles. La prensa local, en los días que corren, destaca el caso de una joven, muy conocida maestra universitaria, que acusó ante la autoridad judicial los delitos de secuestro, lesiones, amenazas, intento de violación e intento de homicidio en contra de su persona por parte de un delincuente de nombre Juan Francisco Luna Pérez alias "Juancho", que resulta ser sobrino de un ex gobernador y compañero -según se dice- de uno de los hijos del actual jefe de la Dirección de la Policía y Tránsito del estado.
La denuncia en cuestión, presentada de inmediato a los sucesos por la señorita profesora, el día 12 de los corrientes, hasta ahora no se le ha dado la atención debida. La diligencia fue acompañada por cuantas pruebas indubitables exigió la autoridad.
Trasciende por los medios de difusión que la denuncia no ha recibido hasta el momento la atención que debiera ni que ha seguido el curso correspondiente. Los titulares y otros funcionarios del Poder Judicial se contradicen y lo que declaran hoy lo niegan mañana.
De ahí el hecho de que la Dirección mencionada, de la policía mencionada y de la Judicial estatal, así como la Procuraduría de Justicia del estado, declaren lamentarse hoy de la desaparición del delincuente Luna Pérez, cuando a horas de practicar su delincuencia había sido localizado en el domicilio de un alto funcionario, por lo que, y esto, increíblemente, ponen de pretexto, no procedieron a su captura. El mismo delincuente a las 24 horas es visto en el aeropuerto de Mérida por todos los que ahí se encontraban, menos por los agentes judiciales, que al pueblo de Yucatán se le dice, vigilaban todas las salidas posibles de la entidad. Grave es esta situación. La comunidad yucateca se siente indefensa, desprotegida y de continuo amenazada. La justicia en el estado brilla por su ausencia.
Bajo una administración de expuesto carácter castrense son generales del Ejército Nacional el Gobernador, el jefe de la Policía de Dirección y Tránsito y el jefe de la Policía Judicial, se ha trastocado el orden que debiera de prevalecer y el derecho ha caído a los más bajos niveles.
Hay indicios, testimonios, que podían ser prueba de que se ha montado una fuerza paramilitar de presión política y de choque, conocida como GAP (Grupo de Acción política), que concidentemente lleva las iniciales del señor Gobernador, que no se sabe hasta donde podría llegar para peor suerte de los yucatecos. Este grupo, que según la voz pública conjunta, con número considerable de maleantes actúa en un acto agrario celebrado recientemente en favor de los intereses políticos del grupo en el poder, demostrando su eficacia -palabra que tenemos que encomillar-, estos sujetos están sobajando las buenas costumbres en los suburbios y colonias emeritenses y se dice que desde ahora se preparan para violentar la voluntad popular que habrá de expresarse en las elecciones a celebrarse en el estado, a un año de distancia. Acompañamos a esta denuncia, ejemplares de un diario local de mayor circulación, correspondiente a los días 23, 24 y 25 del presente, que en sus páginas primera, segunda, quinta y sexta -enmarcadas están las notas- amplían mucho más lo que se acaba de denunciar.
Pido a esta honorable Cámara se turne la presente denuncia a las comisiones correspondientes para los fines a que dé lugar. Por la diputación de Acción Nacional. Salón de Sesiones, a los 25 días del mes de octubre de 1983. Diputado José Hadad Interian y diputado Roger Cicero Machinney." El C. Presidente: -Túrnese a las comisiones unidas de Justicia, y de Información, Gestoría y Quejas.
El C. prosecretario Artemio Meixueiro: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Prosecretario:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día
27 de octubre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que con motivo del CX
aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero, tendrá lugar el 30 del actual.
El Congreso del estado de Baja California invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera rendirá la protesta de ley como Gobernador Constitucional del estado, que tendrá lugar el próximo 1o. de noviembre.
Minuta
Con proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto que reforma y deroga diversas disposiciones contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal, y en Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Información, Estadística y Geografía.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Leticia del Socorro de Alba de García, para prestar servicios en la embajada del Brasil, en México. Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto por lo que se concede permiso a los CC. Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada para prestar sus servicios en la embajada de Nueva Zelandia, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández, Manuel Valencia Vargas, Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores para prestar servicios en la embajada y consulados de los Estados Unidos de América, en México.
Elección de mesa Directiva"
El C. Presidente (a las 14:05 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el jueves 27 de octubre a las 10:00 horas
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES