Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831027 - Número de Diario 19
(L52A2P1oN019F19831027.xml)Núm. Diario:19ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., jueves 27 de octubre de 1983 TOMO II. NUM. 19
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
INVITACIONES
Al acto cívico conmemorativo del CX aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero, el 30 del actual, en el Monumento a la Revolución, de esta ciudad. Se designa comisión
A la toma de posesión del C. licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera como gobernador del estado de Baja California, el 1o. de noviembre del año en curso. Se designa comisión
MINUTA DEL SENADO
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Para los efectos constitucionales, la Colegisladora remite proyecto de la ley orgánica mencionada. Se turna a comisiones
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
CÓDIGOS: CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Se turna a comisiones. Imprímase
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Proyecto de decreto que reforma y adiciona 16 artículos de la ley mencionada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. Luis Echeverría aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Bolivia. Primera lectura
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cuatro proyectos de decreto que autoriza a los CC. Leticia del Socorro de Alba de García para prestar servicios en la embajada de Brasil, en México; Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada, en la embajada de Nueva Zelandia, en México; Araceli Bouchot Marina, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Arturo A. León Hernández, José Maya Burgette y Manuel Valencia Vargas, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, y Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores, en los consulados de Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua. Primera lectura
DIRECTIVA PARA EL MES DE NOVIEMBRE
Elección de Presidente y vicepresidentes de esta Cámara para el próximo mes. Votación. Escrutinio. Resultado. Declaratoria
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULOS 27 CONSTITUCIONAL Y 293 DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA
El C. Alfonso Méndez Ramírez presenta y da lectura a la iniciativa que reforma el artículo 27 constitucional y el 293 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Se turna a comisiones. Imprímase
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY SOBRE PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS
Proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la ley mencionada. Se le dispensa la segunda lectura
A discusión en lo general. Intervienen en contra los CC.: Viterbo Cortez Lobato; en pro: Enrique Alcántar Enríquez; por las comisiones Nicolás Orozco Ramírez; nuevamente, Cortez Lobato; para explicar su voto en contra, Salvador Castañeda O'Connor; nuevamente, Orozco Ramírez. Se aprueba en este sentido con los artículos no impugnados
A discusión en lo particular. A debate el artículo 5o., fracción VI. Intervienen en contra los CC.: Daniel A. Sánchez Pérez; en pro: Araceli Madrid Tovilla; para una aclaración: Viterbo Cortez Lobato; para una supresión: José Dolores López; por las comisiones Nicolás Orozco Ramírez, quien contesta interpelación de Jesús Luján Gutiérrez; nuevamente, Sánchez Pérez. Se aprueba en sus términos
A discusión el artículo 21. Intervienen para proponer nuevo texto los CC.: Francisco Calderón Ortiz, mismo que se desecha; en pro; Víctor M. Torres Ramírez; para aclaraciones, nuevamente: Calderón Ortiz. Se aprueba en sus términos. Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado
LEY QUE ESTABLECE BASES DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BID
Proyecto de decreto que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Segunda lectura
El diputado Jorge A. Treviño Martínez, a nombre de la comisión, da lectura al dictamen complementario para que sea considerado en el debate. Se le dispensa la segunda lectura
A discusión en lo general. Intervienen para razonar su voto y el de tres diputados los CC.: Alfonso Méndez Ramírez; en contra: Antonio Gershenson; en pro: José Luis Peña Loza; en contra: Juan Campos Vega; por la comisión: Carlota Vargas Garza; para hechos : Rolando Cordera Campos y Miguel A. Olea Enríquez. Sin discusión en lo particular se aprueba en ambos sentidos. Se devuelve al Senado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos que permiten a los CC. Domingo C. Oliveros García y Ricardo Franco Guzamán prestar servicios en la embajada de Brasil, en México. Segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo
DETENCIÓN DE 16 JÓVENES DEL PST
El C. César H. González Magallón denuncia y protesta por este hecho, que tuvo lugar el sábado último. Hace comentarios al respecto y exhorta a esta Cámara en relación a la prohibición de las redadas. Se turna a comisión
ELECCIÓN DEL 16 DE OCTUBRE EN TLAXCALA
El C. Margarito Benítez Durán denuncia una serie de anomalías, que solicita se investiguen en relación a dicho evento. Se turna el caso a comisión
AUMENTO DE PRECIO A GASOLINAS Y DIESEL
El C. Luis Torres Serranía solicita que esta Cámara investigue la estructura de precios y la forma en que se aplican a impuestos federales e ingresos de PEMEX y se informe sobre el particular. Se turna a comisión
En torno al tema intervienen los CC. Edmundo Jardón Arzate y José A. García Lizama, quien, además solicita se active la auditoría solicitada al respecto. Se turna a comisiones
También hacen comentarios los CC. Alfredo Reyes Contreras y Hermenegildo Anguiano Martínez, quien contesta una interpelación del C. Cordera Campos
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
Del C. Víctor Cervera Pacheco, con motivo del término de las sesiones en que fungió como presidente
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levante la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. VICTOR CERVERA PACHECO
(Asistencia de 368 ciudadanos diputados.)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:00 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día.
27 de octubre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que con motivo del CX aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero, tendrá lugar el 30 del actual.
El Congreso del estado de Baja California invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera, rendirá la protesta de ley como Gobernador Constitucional del estado que tendrá lugar el próximo 1o. de noviembre.
Minuta
Con proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto que reforma y deroga diversas disposiciones contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal, y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Información, Estadística y Geográfica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Leticia del Socorro Alba de García, para prestar servicios en la embajada del Brasil, en México.
Dos de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada para prestar servicios en la embajada de Nueva Zelandia, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández, Manuel Valencia Vargas, Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores para prestar servicios en la embajada y consulados de los Estados Unidos de América, en México.
Elección de mesa directiva
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio con proyecto de decreto, que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto, que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Domingo Carlos Oliveros García y Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios en la embajada del Brasil, en México."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia del C. Víctor Cervera Pacheco
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del martes veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos setenta y tres ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Con una aclaración del C. Jesús Lazcano Ochoa, se aprueba el acta de la sesión anterior, verificada el día veinte de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La legislatura del estado de Oaxaca suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día 30 del actual, en la que el C. licenciado Pedro Vázquez Colmenares, Gobernador Constitucional de la entidad, dará lectura al tercer informe de su gestión administrativa.
Para asistir a dicha sesión con la representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC.: José Estefan Acar, Serafín Aguilar Franco, Carlos Brito Gómez, Jorge Luis Chávez Zárate, Raúl Enríquez Palomec, Antonio Fabila Meléndez, Moisés Raúl López Laines, Víctor Alfonso Maldonado Moreleón, Luis Martínez Fernández del Campo, Edmundo Martínez Zaleta, Artemio Meixueiro Sigüenza, María Encarnación Paz Méndez, Pedro Salinas Guzmán, Javier Sánchez Lozano, Odilia Torres Avila, Jorge Cruickshank García, Sergio Ruiz Pérez y Angel Mora López.
Los Congresos de Baja California, Oaxaca, Veracruz y Yucatán comunican actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.
Para los efectos constitucionales correspondientes, la H. Cámara de Senadores remite las minutas que a continuación se mencionan:
Con proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Recibo y a la Comisión de Justicia.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al C. Heriberto Huerta para prestar servicios administrativos en la embajada de Nueva Zelandia, en México. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto, que autoriza a la C. Martha Rojas Taboada para prestar servicios administrativos en la embajada de Nueva Zelandia, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría, para aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de la Defensa Nacional, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la Reforma Agraria, por el conducto debido, envían las memorias de las labores realizadas durante el período comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983. Recibo y resérvense en el archivo para consulta de los CC. diputados.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que la C. Leticia del Socorro de Alba de García, pueda prestar servicios en la embajada del Brasil, en México. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La propia Secretaría de Gobernación envía un oficio por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC.: Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández y Manuel Valencia Vargas puedan prestar servicios como empleados en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, y las CC. Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores puedan prestas servicios de carácter consular, respectivamente, en los consulados generales de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos dictámenes con sendos proyectos de decreto emitidos por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que conceden permiso a los CC. Domingo Carlos Oliveros García y Ricardo Franco Guzmán para que puedan prestar servicios como consultores jurídicos en la embajada del Brasil, acreditada en nuestro país. Son de primera lectura.
Las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio suscriben un dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura.
Para poner de manifiesto la importancia que entraña la Organización de las Naciones Unidas, así como para hacer una serie de consideraciones en torno a este organismo, en ocasión de conmemorarse un aniversario más de su fundación, hace uso de la palabra el C. Víctor Alfonso Maldonado Moreleón.
Por su parte, el C. José Encarnación Pérez Gaytán, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unificado en México, aborda la tribuna para decir que en las primeras horas del día de hoy, tropas norteamericanas acompañadas de soldados de varios países caribeños orientales invadieron la República de Granada.
Señala que este acontecimiento, sumamente grave, nos debe hacer reflexionar sobre la gran tensión internacional que se está desenvolviendo en estos instantes.
Hace comentarios sobre el peligro que este hecho implica para la paz mundial y expresa que, protestar por el crimen que se está cometiendo en Granada es algo que está dentro de las tradiciones internacionales de nuestra patria; es algo que corresponde al interés de nuestro pueblo, que tiene gran valor en estos momentos de gran tensión y de peligrosa situación en que se desenvuelve el mundo, y por eso, desea hacer pública protesta contra el gobierno de los Estados Unidos y sus satélites, que han desembarcado tropas en Granada el día de hoy. Piensa también que esta Cámara de Diputados debería levantar su voz en el mismo sentido y que lo mismo debería hacer
los grupos parlamentarios, ya que es el momento de hacer pública la expresión de protesta y de condena contra esta intervención militar.
Para protestar por esta invasión y expresar sus particulares puntos de vista al respecto, intervienen: el C. Cándido Díaz Cerecedo, del Partido Socialista de los Trabajadores, y el C. Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, quien, además, propone que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechace todas las acciones, encubiertas y abiertas, que se realicen contra los países de América Latina y El Caribe, contra su seguridad y política interna y externa, por parte de cualquier gobierno o entidad supranacional, y reafirma su convicción de la necesidad de defender nuestra soberanía y el más estricto respeto a la libre autodeterminación de nuestros pueblos.
Para hacer comentarios y expresar la opinión de la diputación del Partido Acción Nacional, sobre estos graves acontecimientos, hace uso de la palabra el C. Gerardo Medina Valdez.
Para hechos relacionados sobre el mismo tema, intervienen los CC.: Francisco Ortiz Mendoza y Gerardo Medina Valdez.
Nuevamente, aborda la tribuna el C. Ortiz Mendoza para interpelar al C. Medina Valdez mismo que contesta la interpelación desde su curul.
A su vez, el C. Luis Dantón Rodríguez hace comentarios sobre el tema y a nombre de la mayoría de esta Cámara de Diputados expresa que en nuestra propia área geográfica de El Caribe y Centroamérica y en todo el continente, hay amagos que hacen pensar que en cualquier descuido, apresuramiento o violación, se produciría una confrontación que todos quisiéramos evitar.
Que la participación de México ha sido prudente, enérgica, constante, conciliadora, porque estamos en favor de la paz.
Dice que la exterior , de México ha sido definida y seguida con una constancia heroica por los gobiernos de la Revolución y se fija en un principio inmutable, que es la preservación de la soberanía nacional.
Menciona que ya nuestro Gobierno está convocando, a través de su representante ante la ONU al Consejo de Seguridad, y a nuestro representante en Washington, a una sesión extraordinaria de la OEA.
Agrega que por eso, él quiere recoger en una sola petición todas las que se han escuchado, por que es la que en estos momentos puede salvar la situación. Por ello dice: "Nosotros, aquí, en estos momentos, lo único que podemos hacer es pedir el retiro inmediato de las fuerzas armadas de todas las tropas extranjeras que están violando flagrantemente el derecho de la soberanía de Granada".
La Presidencia turna ésta y las demás proposiciones relativas al mismo asunto, a la Comisión de Relaciones Exteriores.
En seguida, usa de la tribuna el C. Arnaldo Córdova para manifestar que su partido, el Socialista Unificado de México, hizo saber, cuando se discutió y aprobó el proyecto de reformas al artículo 115 constitucional propuesto a esta Quincuagésima Segunda Legislatura por el Señor Presidente de la República, Miguel de la Madrid, que se oponía a dicho proyecto porque las reformas que proponía, lejos de ampliar y garantizar las libertades ciudadanas y los derechos democráticos en el ámbito del municipio y la autonomía municipal, ellas venían a limitar aún más dichas libertades y derechos, y restringir más de lo que ya estaba, la independencia institucional y política del municipio.
A continuación, expresa las razones por las que se opusieron a la reforma mencionada, y concluye diciendo que todo lo relatado habla fehacientemente de la concepción que el partido gobernante tiene de la democracia y de la reforma política; una concepción que los miembros de su partido rechazan decididamente.
El C. Jesús Luján Gutiérrez usa de la tribuna para manifestar que, a su juicio, la proposición formulada por el C. Luis Dantón Rodríguez sobre la invasión a Granada, es la más adecuada, por lo que retiran la proposición hecha por el C. Héctor Ramírez Cuéllar y a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, a su vez propone lo siguiente: "La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exige el retiro inmediato y total de las tropas que hoy por la mañana invadieron Granada".
Para solicitar que la proposición del C. Luis Dantón Rodríguez sea considerada de urgente y obvia resolución, interviene el C. José Encarnación Pérez Gaytán.
Por su parte, el C. Francisco Javier González de la Garza usa de la tribuna para reiterar la condena que hizo el C. Gerardo Medina Valdez sobre la intervención de los norteamericanos al pueblo de Granada, y sumarse a la propuesta que hizo el C. Luis Dantón Rodríguez, la cual considera debe ser de obvia resolución.
Una vez que la Secretaría da lectura a la proposición del C. Luis Dantón Rodríguez, usa de la palabra para hechos sobre el mismo tema el C. Alberto Salgado Salgado, quien, a moción del C. Jesús Luján Gutiérrez, aclara que sea la Cámara de Senadores también quien se pronuncie en contra de la invasión y se haga llegar esta resolución al Congreso de los Estados Unidos.
La Asamblea en votación económica, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, considera de urgente resolución la proposición.
Asimismo, en votación económica, la Asamblea aprueba en sus términos la proposición presentada por el C. Luis Dantón Rodríguez.
Por último, el C. José Hadad Interian, a nombre del C. Roger Cicero Mackinney y en el suyo propio, hace uso de la palabra para dar a conocer el estado de indefensión en que se encuentra el pueblo yucateco, ante la
ineptitud de las autoridades encargadas de protegerlo y garantizarle justicia.
Señala que podría hacerse una larga lista de los robos, ataques a los ciudadanos, actos de pandillerismo, alcoholismo y otros ilícitos que, en perjuicio de la sociedad, se están dando casi a diario en la capital yucateca y otras poblaciones del estado.
Relata algunos casos cometidos por el delincuente Juan Francisco Luna Pérez, y que hasta la fecha no se les ha dado la atención debida.
Hace comentarios sobre estos graves problemas y solicita se turne su denuncia a las comisiones correspondientes para los fines a que dé lugar.
La Presidencia turna la denuncia a las comisiones unidas de Justicia, y de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las catorce horas y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día veintisiete del actual, a las diez horas."
- Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén: "Escudo Nacional.- Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 25 de octubre de 1983.
C. diputado licenciado Víctor Manuel Cervera Pacheco, Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha organizado para el próximo domingo 30 del actual, a las 11:00 horas, un acto cívico conmemorativo del CX Aniversario del Natalicio de don Francisco I. Madero, que tendrá lugar en el monumento a la Revolución de esta ciudad.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F."
El C. Presidente: -Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Armida Martínez Valdez, Roberto Rubí Delgado, Juan de Dios Salazar Salazar y Alfonso Valdivia Ruvalcaba.
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
La Honorable Decimaprimera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California se complace en invitar a usted a la Sesión Solemne que se llevará a cabo el día primero de noviembre del año en curso, a las diez horas, en el Teatro del Estado de esta ciudad, declarado al efecto Recinto Oficial, en la cual el ciudadano licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera, previa la protesta de Ley, tomará Posesión como Gobernador Constitucional del estado.
Mexicali, Baja California.
Noviembre de mil novecientos ochenta y tres."
El C. Presidente: -Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Enrique Soto Izquierdo, José Ignacio Monge Rangel, Rafael Aguilar Talamantes, José Luis Castro Verduzco, Leopoldo Durán Rentería, Gilberto Gutiérrez Bañaga, Raymundo León Ozuna, Norma López Cano y Aveleyra, Leonor Rosales de Fonseca, Martiniano Valdez Escobedo, Luis Vaquera García, Sergio Quiroz Miranda, Héctor Ramírez Cuéllar, J. Dolores López Domínguez, Jaime Alcántara Silva y Eulalio Ramos Valladolid.
MINUTA DEL SENADO
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., 26 de octubre de 1983.
Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S. Guillermo Mercado Romero, S. S."
MINUTA PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
CAPITULO I
Atribuciones.
Artículo 1o. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integra la institución del Ministerio Público del Distrito Federal y sus órganos auxiliares
directos, para el despacho de los asuntos que a aquélla atribuyen los artículos 21 y 73, fracción VI, base 5a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 2o. La institución del Ministerio Público del Distrito Federal, presidida por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en su carácter de Representante Social, tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por conducto de su titular o de sus agentes y auxiliares, conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta Ley:
I. Perseguir los delitos del orden común, cometidos en el Distrito Federal;
II. Velar por la legalidad en le esfera de su competencia como uno de los principios rectores de la convivencia social, promoviendo la pronta, expedita y debida, procuración e impartición de justicia;
III. Proteger los intereses de los menores, incapaces, así como los individuales y sociales en general, en los términos que determinen las leyes;
IV. Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera de su competencia; y
V. Las demás que las leyes determinen.
Artículo 3o. En la atribución persecutoria de los delitos, al Ministerio Público corresponde:
A. En la averiguación previa:
I. Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre conductas o hechos que puedan constituir delito;
II. Investigar delitos del orden común con el auxilio de la Policía Judicial y de la Policía Preventiva;
III. Practicar las diligencias necesarias y allegarse a las pruebas que considere pertinentes, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido, para fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción penal; y
IV. Restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional o inmediatamente, de oficio o a petición de parte interesada, cuando esté comprobado en la averiguación previa el cuerpo del delito de que se trate, exigiendo garantía suficiente si se estimare necesario, y
V. Solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo.
B. En relación al ejercicio de la acción penal:
I. Ejercitar la acción penal ante los tribunales competentes por los delitos del orden común, solicitando las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de comparecencia cuando así proceda:
II. Solicitar, en los términos del artículo 16 de la Constitución, las órdenes de cateos que sean necesarias;
III. Determinar los casos en que proceda el no ejercicio de la acción penal, porque no se satisfagan los requisitos del artículo 16 constitucional y los previstos en las leyes de la materia, disponiendo el archivo de la averiguación, y
IV. Poner a disposición de la autoridad competente, sin demora, a las personas determinadas en casos de flagrante delito o de urgencia, en los términos a que aluden las disposiciones constitucionales y legales ordinarias.
C. En relación a su intervención como parte en el proceso:
I. Remitir al órgano jurisdiccional que lo haya solicitado a las personas aprehendidas en cumplimiento de una orden dictada por éste, en los términos señalados por el artículo 107, fracción XVIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes, para los efectos de la reparación del daño;
III. Aportar las pruebas pertinentes y promover en el proceso las diligencias conducentes al debido esclarecimiento de los hechos; a la comprobación del delito, de la responsabilidad de quienes hayan intervenido y de la existencia del daño y a la fijación del monto de su reparación;
IV. Formular conclusiones en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas que correspondan y el pago de la reparación del daño;
V. Interponer los recursos que la ley concede y expresar los agravios correspondientes, y
VI. Las demás atribuciones que le señalen las leyes.
Artículo 4o. La vigilancia de la legalidad y de la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, comprende:
I. Proponer ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las medidas procedentes respecto de su competencia, en materias de seguridad pública, penal, civil y familiar, y
II. Hacer del conocimiento del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los abusos o irregularidades graves que se adviertan en los juzgados o tribunales, que afecten el cumplimiento de las garantías de justicia, pronta y expedita.
Artículo 5o. La protección de los menores o incapaces, consiste en la intervención del Misterio Público en los juicios civiles o familiares que se tramiten ante los tribunales respectivos, en los que aquéllos sean parte o de alguna manera puedan resultar afectados. También intervendrá en los juicios en que le corresponda hacerlo, en su carácter de representante social en los términos señalados en las leyes.
Artículo 6o. La intervención del Ministerio Público en la aplicación de las medidas de política criminal, incluye practicar visitas a los reclusorios preventivos, escuchando las quejas
que reciba de los internos, e iniciar la averiguación que corresponda a tratarse de alguna conducta o hecho posiblemente constitutivos de delito, sin perjuicio de poner los hechos en el conocimiento de las autoridades encargadas de la reclusión.
Artículo 7o. El Procurador intervendrá por si o por conducto de agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los artículos anteriores, según las previsiones del reglamento y los acuerdos que, dentro de su competencia, dicte el Procurador.
Artículo 8o. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público podrá requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de las correspondientes al Departamento del Distrito Federal, así como de otras autoridades y entidades, en la medida en que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, podrá requerir informes y documentos de los particulares, para los mismos fines, en los términos previstos por las leyes respectivas.
CAPITULO II
Bases de organización
Artículo 9o. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, está presidida por el Procurador, jefe de la Institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares. La Procuraduría contará con los Subprocuradores, sustitutos del Procurador en el orden que fije el reglamento, Oficial Mayor, Supervisor General, Contralor Interno y los Directores Generales y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones, con la competencia que fije el reglamento de esta ley, tomando en consideración las previsiones presupuestales.
Artículo 10. Los Subprocuradores auxiliarán al procurador en las funciones que esta ley le encomienda y, por delegación que haga el titular mediante acuerdo, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que el agente del Ministerio Público formule a las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley establezca, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia.
Artículo 11. Son auxiliares directos del Ministerio Público del Distrito Federal:
I. La Policía Judicial, y
II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Asimismo, es auxiliar del Ministerio Público, la Policía Preventiva, debiendo obedecer y ejecutar las órdenes que reciba del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 12. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, de quien dependerá en forma directa en los términos de la fracción VI, Base 5a., del artículo 73 y de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ser Procurador General de Justicia se deben reunir los mismo requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, y deberá residir en el lugar en donde tengan su asiento los Poderes Federales.
Artículo 13. Los Subprocuradores y el Oficial mayor, serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Para ser Subprocurador se deben reunir los requisitos exigidos para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Para ser Oficial Mayor se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Ser mayor de veinticinco años, el día de la designación, y
c) No haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos.
Artículo 14. En la designación del personal del Misterio Público, de la Policía Judicial y de los Servicios Pericales de la Procuraduría, se atenderá a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las normas complementarias contenidas en el reglamento de esta ley o en los acuerdos internos que se expidan con fundamento en la propia ley y en dicho reglamento.
Para ser Agente del Ministerio Público se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos, y
III. Ser licenciado en Derecho con título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Además de los requisitos anteriores, los Agentes del Ministerio Público Auxiliares y Supervisores, deberán tener cuando menos tres años de ejercicio profesional.
El Procurador podrá dispensar del requisito del título a los Agentes Investigadores de las Islas Marías, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
Para ser Agente de la Policía Judicial, se deben reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II y haber concluido cuando menos la enseñanza secundaria.
Para ser Perito Oficial de la Procuraduría es preciso ser ciudadano mexicano, por nacimiento o naturalización, en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito mencionado en la fracción II y tener título legalmente expedido
y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, relativo a la especialidad sobre la que dictaminará, y acreditar que tiene los conocimientos necesarios para dictaminar, mediante el certificado que expida el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si se trata de actividades o profesiones no reglamentadas en la ley o no impartidas por el Instituto citado, se comprobarán los conocimientos, por cualquier medio, pero deberán contar con una práctica mínima de tres años.
Artículo 15. Para ingresar o permanecer al servicio de la Procuraduría en cualesquiera categoría, de Agente del Ministerio Público o de la Policía Judicial, o de los Servicios Periciales, los interesados deberán presentar y aprobar los exámenes de ingreso y acreditar los cursos que imparte la Institución.
Artículo 16. El personal no citado en el artículo anterior, para ingresar o permanecer al servicio de la Institución, deberá presentar y aprobar los exámenes de selección y la encuesta de Trabajo Social que se practique.
Todos los servidores de la Institución, tienen la obligación de acreditar los cursos que se impartan para su formación o mejoramiento profesional.
Artículo 17. El Procurador expedirá los acuerdos, circulares y los manuales de organización y procedimiento conducentes al buen despacho de las funciones de la Procuraduría y resolverá, por sí o por conducto del funcionario que determine, sobre el ingreso, la promoción, la adscripción, las renuncias, las sanciones y los estímulos de sus subalternos, sin perjuicio de las disposiciones que regulen las relaciones laborales entre el Ejecutivo Federal y quienes presten a éste sus servicios.
Artículo 18. El Procurador o, por delegación de éste, los Subprocuradores o el Oficial Mayor, podrán adscribir discrecionalmente al personal de la Institución en el desempeño de las funciones que a ésta corresponden, y encomendar a sus subalternos, según su calidad como Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como Peritos de la Institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estime pertinentes.
Artículo 19. El personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de aquél, sin quedar comisionados o adscritos a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, previo acuerdo del Procurador o, por delegación de éste, de los Subprocuradores o del Oficial Mayor, que se emitirá discrecionalmente, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad requeriente.
Artículo 20. El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución, sin perjuicio de la autonomía técnica que corresponda a los peritos en el estudio de los asuntos que se sometan a su conocimiento en la emisión de los dictámenes respectivos.
Artículo 21. La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del artículo 21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden común. Para este efecto, podrá recibir denuncias y querellas sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda. Conforme a las instrucciones que se dicten, la Policía Judicial desarrollará las diligencias, que deben practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen, y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial.
Artículo 22. Los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público sin perjuicio de la autonomía técnica que les corresponda en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.
Artículo 23. Los auxiliares del Ministerio Público deberán dar aviso inmediato a éste en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter.
CAPITULO III
Disposiciones Generales
Artículo 24. En el ejercicio de sus funciones el personal de la Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus atribuciones específicas, y actuará con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración y administración de justicia.
Artículo 25. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, otorgará la protesta constitucional ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Los Subprocuradores, el Oficial Mayor, Coordinadores, Directores Generales y el personal dependiente en forma inmediata y directa del Procurador, rendirán la protesta constitucional ante éste.
El personal restante otorgará la protesta constitucional ante el servidor público que designe el Procurador.
Ninguna persona podrá ejercer funciones en la Institución antes de rendir la protesta que ordena el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 26. Los Agentes del Ministerio Público, no son recusables, pero deben excusarse del conocimiento de los asuntos en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de los Magistrados y Jueces del orden común.
Artículo 27. Los Agentes del Ministerio Público y sus secretarios no podrán desempeñar otro puesto oficial, salvo los que autorice el Procurador, que no sean incompatibles con sus
funciones en la Institución, y los de carácter docente. No podrán ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge, o concubina, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos, adoptante o adoptado. Tampoco podrán ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado Judicial, tutor, curador, albacea judicial a no ser que tengan el carácter de heredero o legatario. El mismo impedimento habrá para ser síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.
Artículo 28. El Ministerio Público o la Policía Judicial sólo expedirán constancias de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento, o cuando resulte indispensable la expedición de dichas constancias para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones positivas por la ley.
TRANSITORIOS
Primero. Esta Ley entrará en vigor a los 90 días siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal adoptará las medidas conducentes a la elaboración y publicación del Reglamento.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de 1o. de diciembre de 1977, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 del mismo mes y año. Se mantienen en vigor las disposiciones expedidas con base en la ley que se abroga y que no se opongan a la presente.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, D. F., 26 de octubre de 1983.
Norberto Mora Plancarte, S. P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.; Guillermo Mercado Romero, S. S."
Trámite: -Recibo y a las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
CÓDIGOS: CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. -Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, Iniciativa de Decreto que Reforma y Deroga diversas disposiciones contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República, en Materia Federal y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 24 de octubre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En diversos foros del país, tanto especialistas como representantes de distintos sectores de la comunidad, expresaron durante la Consulta Pública sobre Administración de Justicia un vivo y atendible interés por mejorar el régimen jurídico relativo a la familia, asegurando la igualdad real entre los cónyuges, favoreciendo la mayor protección a los hijos, y garantizando, en suma, medios adecuados para la preservación de las relaciones familiares.
Es evidente la obligación que el Estado tiene de afianzar el sano establecimiento y desarrollo de la familia, célula básica de la sociedad. La solidez del núcleo familiar constituye, sin duda, una garantía para la fortaleza de la Nación.
El Derecho civil mexicano, incorporando un alto sentido social, ha logrado considerables avances en los últimos años, tanto para determinar la igualdad entre el varón y la mujer como para proteger a los hijos. En esta plausible tendencia se inscribe, esencialmente, la Iniciativa que someto al Honorable Congreso de la Unión, en la que figuran reformas que, a juicio del Ejecutivo a mi cargo, poseen destacada importancia para el desenvolvimiento del Derecho familiar, que esa Soberanía, sin duda, podrá mejorar y enriquecer en el estudio que emprenda a este respecto.
La Iniciativa que ahora se envía al Poder Legislativo corresponde, por lo demás, al programa de actualización del Derecho mexicano en materia de justicia, entendida en amplio sentido, y a la renovación jurídica integral ofrecida en el Plan Nacional de Desarrollo, ya recogida, en esta etapa, por otras iniciativas que me he permitido remitir en el curso de las últimas semanas al Honorable Congreso de la Unión.
Régimen patrimonial en el matrimonio
Como antes se indicó, este proyecto pretende incorporar prevenciones equitativas en el ámbito del matrimonio y de la familia. Bajo esta idea, se propone reformar diversos preceptos del Código Civil acerca del régimen patrimonial conyugal.
Mediante la modificación propuesta al artículo 194, se trata de que los cónyuges puedan acordar libremente a cargo de quién de ellos quedará la administración de los bienes sujetos a sociedad conyugal. Esta estipulación puede ser modificada en cualquier tiempo, sin necesidad de expresión de causa, cuando así lo estimen conveniente los propios interesados. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.
Actualmente, el artículo 216, cuya reforma también se propone, señala que el cónyuge administrador de los bienes del otro cónyuge administrador de los bienes del otro cónyuge, en diversos casos, podrá cobrar una retribución por sus servicios de administración. Este precepto contraviene, evidentemente, principios inherentes a la solidaridad doméstica. En consecuencia, se sugiere que dicha administración tenga carácter gratuito.
Por su parte, el vigente artículo 232 prescribe que las donaciones hechas entre consortes sólo se confirman con la muerte del donante. Si se considera, como en efecto ocurre o puede ocurrir, que estas donaciones tienen por origen los vínculos afectivos entre los cónyuges y se realizan a lo largo de la vida en común, no parece justo que se confirmen solo con la muerte del donante o a capricho de éste. En tal virtud, se suprime aquella condición y se puntualiza que puede revocarse la donación mientras subsista el matrimonio, cuando existan, objetivamente, motivos que lo justifiquen.
Domicilio conyugal
La falta de un preciso concepto legal sobre el domicilio conyugal, ha sido fuente de numerosos problemas y controversias judiciales. Recogiendo las características que la Honorable Suprema Corte de Justicia ha definido a este respecto, se propone la reforma del artículo 163 del Código Civil, con el propósito, entre otros, de que en la determinación del domicilio conyugal se refleje el principio de igualdad entre el marido y la mujer.
Divorcio
El proyecto que el Ejecutivo a mi cargo plantea ante la Soberanía del Congreso de la Unión, sugiere revisar el texto actual de algunas causales de divorcio, siempre en beneficio de la equidad y del respeto que deben prevalecer en el ámbito de las relaciones conyugales.
La fracción VII del artículo 267 del Código Civil erige como causal de divorcio el hecho de "padecer enajenación mental incurable". En la Iniciativa se agrega, como necesaria medida de garantía, el requisito de que, en estos casos, sea declarada previamente, por la autoridad judicial, la interdicción del cónyuge demente.
La fracción XII del mismo artículo 267, establece como causa de divorcio la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir sus obligaciones alimentarias y otras inherentes al sostenimiento del hogar, así como el incumplimiento, también sin justa causa, de la sentencia ejecutoriada que resuelva cuestiones referentes al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan.
Ahora bien, la primera de las hipótesis contempladas en la fracción XII invocada, apareja la necesidad de agotar previamente los procedimientos tendentes a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación a cargo del cónyuge deudor. Esta situación es injusta e inconveniente, pues el cónyuge derechohabiente se ve en la necesidad de seguir sucesivamente dos procedimientos: uno, para procurar el cumplimiento de la obligación; y otro, para obtener el divorcio basado en la negativa del obligado. Por ello, se propone modificar el texto de la fracción XII, en beneficio del cónyuge acreedor, a fin de que no se obligue a éste a agotar previamente a la demanda de divorcio los procedimientos conducentes al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 164.
En esta misma materia, se postula la reforma del artículo 268 del Código Civil, que establece una causal de divorcio. Se propone equiparar el desistimiento de la demanda o de la acción sin la conformidad del demandado, en los casos en que el actor no acredita la causal de divorcio o de nulidad del matrimonio, para el efecto de que exista así una causal de divorcio a favor del cónyuge originalmente demandado. El propósito de esta reforma es evitar demandas temerarias y ofensivas, que, si son lamentables en todo caso, resultan aún mas graves cuando ocurren en el ámbito de las relaciones matrimoniales.
En ocasiones se entiende que la solicitud de divorcio voluntario puede ser considerada como perdón tácito de las causales en que los cónyuges pudieran fundar un divorcio necesario. A este respecto, se plantea la reforma del artículo 279 del Código Civil, para hacer explícito que no constituyen perdón tácito la mera suscripción de una solicitud de divorcio voluntario, ni los actos procesales posteriores.
La iniciativa sugiere la modificación del artículo 281 del Código Civil. En sus términos vigentes, este precepto indica que el cónyuge que no haya dado causa al divorcio puede, antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al litigio, prescindir de sus derechos y obligar al otro a reunirse con él; mas, en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma especie.
La primera parte de la fórmula mencionada en el párrafo precedente contraría el nuevo texto que la Iniciativa propone para el artículo 268, y propicia indebidas maniobras tendientes a prolongar la indefinición matrimonial, en perjuicio de los cónyuges y de sus hijos y, por ende, también de la sociedad. Por lo demás, el Código Civil mantiene el principio de que los cónyuges pueden reconciliarse en todo momento y otorgarse el perdón.
Alimentos con motivo del divorcio
Las normas vigentes dejan a la voluntad de los cónyuges, conforme al artículo 273, fracción IV, la fijación de la cantidad que a título de alimentos deba pagar uno al otro en el procedimiento de divorcio voluntario. A su vez, el artículo 288 faculta al juez para determinar el pago de alimentos al cónyuge inocente, en caso de divorcio necesario.
Ahora bien, el régimen prevaleciente en esta materia, tan delicada y trascendente, ocasiona numerosos problemas y da lugar a notorias injusticias e inequidades. No son infrecuentes los casos, sobre todo cuando el matrimonio se ha contraído bajo separación de bienes, en que queda la mujer total o parcialmente desprotegida, situación que se agrava cuando el matrimonio se ha prolongado durante muchos años, durante los cuales la mujer se ha dedicado a las labores del hogar y ha perdido la capacidad o la habilidad de trabajar en otras tareas.
Para corregir esa fuente de injusticias se plantea la reforma de la fracción IV del artículo 273, así como el artículo 288, a efecto de que siempre tenga la mujer - y también el varón en su caso - derecho a recibir alimentos precisamente durante un periodo equivalente al tiempo de duración del matrimonio. Por obvias razones, esta medida de protección, que fundamentalmente ampara a la mujer, no se aplica cuando ésta tiene ingresos propios suficientes, y se extingue cuando contrae nuevas nupcias o se une en concubinato. Por otra parte, para evitar abusos en la aplicación de este justo beneficio, se hace referencia a la conducta de la acreedora a alimentos, cuya valoración no se supedita al deudor, sino al objetivo pronunciamiento del juez.
También ocasiona constantes problemas, generalmente en perjuicio de la mujer e inclusive de los hijos, la revisión del monto de la pensión alimentaria, que en todo caso debe adecuarse por supuesto, a las posibilidades de quien deba darla y a las posibilidades de quien deba recibirla. Empero, una vez determinados los alimentos, surgen innumerables controversias para obtener su incremento, en forma consecuente con la evolución de las condiciones económicas, generales y particulares. Para resolver este punto, con sentido de equidad, se propone una reforma al artículo 311 del Código Civil, a fin de que en el monto de los alimentos se incremente automáticamente en la misma proporción en que, porcentualmente, se eleve el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, previsión que deberá constar en la sentencia o en el convenio. Existe expresa reserva para el caso en que el aumento de ingresos del deudor sea inferior a la elevación del salario mínimo, pero en este supuesto la carga de la prueba corresponde al deudor.
También incluye la Iniciativa una modificación al artículo 317, para ampliar las posibilidades de garantizar el pago de los alimentos, según resulte practicable en cada caso concreto, dado que con frecuencia el deudor no puede otorgar las tradicionales garantías de hipoteca, prenda, fianza o depósito, sobre todo cuando se trata de personas de escasos recursos económicos.
Patria potestad y custodia de los hijos
Las vigentes normas del Código Civil sobre la pérdida de la patria potestad y la custodia de los hijos no son congruentes con las razones que verdaderamente deben determinar el retiro de dicha potestad, ni con aquellas otras que la experiencia aconseja acerca de la guarda y los cuidados de los menores de edad.
En efecto, el actual artículo 283 sanciona con pérdida de la patria potestad muchos casos en que, aun existiendo una seria razón para la ruptura del vínculo conyugal, aquella no necesariamente determina, por sí sola la inidoneidad del progenitor para ejercer la potestad sobre sus hijos. Dicho en otros términos, la patria potestad ha de conservarse o retirarse en función de las relaciones específicas que medien entre el padre o la madre y sus hijos, y no en función de los conflictos que hayan surgido entre los cónyuges.
Por lo anterior, se sugiere modificar al artículo 283, a fin de que no se imponga, automática e indiscriminadamente, la pérdida de la patria potestad, sino resuelva el juez, prudentemente, lo que convenga a este respecto, ponderando las circunstancias de cada caso y sin perjuicio de otras normas del Código Civil sobre ejercicio de la patria potestad y la tutela.
En lo que concierne al cuidado de los hijos, también se solicita la debida reforma legal, reconociendo las condiciones de la realidad, para que queden al cuidado de la madre los menores de siete años de edad, salvo que, a criterio del juzgador, esto implique grave peligro para el normal desarrollo de los menores.
Patrimonio de familia
La institución del patrimonio familiar, escasamente aplicada, tiende a proteger, mediante ciertas prevenciones específicas, el bienestar de quienes integran la familia. Por ello, esta institución interesa a la presente Iniciativa, inspirada, como se ha advertido, en el designio de amparar del mejor modo posible al núcleo familiar.
El vigente artículo 734 del Código Civil señala que se puede solicitar la construcción del patrimonio familiar solo cuando haya peligro de que el miembro de la familia obligado a dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando. La Iniciativa, en cambio, sugiere que las personas que tengan derecho a disfrutar el patrimonio de familia, el tutor de los incapaces o el Ministerio Público, puedan exigir judicialmente, en todo caso, la constitución del referido patrimonio.
Concubinato
El Código Civil vigente, al igual que otros ordenamientos del Derecho nacional, reconoce determinadas consecuencias jurídicas a la unión concubinaria, sin quebranto alguno de matrimonio, y tomando en cuenta la amplitud que, en la realidad, tiene esta forma de unión.
El artículo 1635 del Código Civil se refiere al concubinato, caracterizándolo, implícitamente, como la unión entre dos personas, libres de matrimonio, que viven como marido y mujer durante los cinco años anteriores al fallecimiento
de cualquiera de ellos, o de la que se tienen hijos. En este punto, la Iniciativa plantea reformas para precisar las obligaciones alimentarias entre concubinos y asegurar sus derechos sucesorios.
Suplencia de la deficiencia de las partes en planteamientos de Derecho
Las normas vigentes no permiten que los órganos jurisdiccionales suplan la deficiencia de las partes cuando éstas, generalmente por errores en el patrocinio legal o por ignorancia, no hacen valer debidamente sus derechos. En tal virtud, es posible que se incurra en verdaderas injusticias al hallarse los jueces y magistrados impedidos para suplir los defectos en el planteamiento jurídico que hacen los litigantes.
Es pertinente observar, por lo demás, que la suplencia de las deficiencias en la invocación del Derecho se ha abierto ancho campo en el régimen procesal moderno, que tiende a descartar, con auténtico sentido de justicia y legalidad, con objetividad y realismo, ciertos formulismos propios del antiguo Derecho procesal. Al reformarse, como se propone, el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se afirmará la soberanía del Derecho por encima de las deficiencias de las partes y recuperarán los juzgadores su verdadera función de aplicar las normas jurídicas correctamente.
Otras reformas procesales y supresión de la revisión de oficio
Las reformas propuestas en materia civil sustantiva, tienen otras lógicas correspondencias en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Además de la expuesta en el párrafo procedente, conviene subrayar el interés, recogido en la Iniciativa, para evitar simulaciones y fraudes en el procedimiento de divorcio. Igualmente, aquella sugiere la supresión de la llamada revisión de oficio, que en la práctica ha probado ser inútil y que prolonga innecesariamente los juicios familiares. En todo caso, y para garantía de los litigantes, se mantiene el principio de que la parte agraviada por la sentencia cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de apelación.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito presentar a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, Y EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 163, 172, 188, 194, 216, 232, 233, 267, 268, 273, 279, 281, 282, 283, 288, 302, 311, 317, 734, 1602, y 1635 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, y se deroga el artículo 271 del referido ordenamiento, para quedar como sigue:
Artículo 163. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido por común acuerdo de los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.
Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso.
Artículo 172. El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.
Artículo 188. Puede también determinar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a petición de alguno de los cónyuges, por los siguientes motivos:
I. ...;
II. Cuando el socio administrador, sin el consentimiento expreso de su cónyuge, hace cesión de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, a sus acreedores;
III. Si el socio administrador es declarado en quiebra, o
IV. Por cualquiera otra razón que lo justifique a juicio del órgano jurisdiccional competente.
Artículo 194. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal. La administración quedará a cargo de quien los cónyuges hubiesen designado en las capitulaciones matrimoniales, estipulación que podrá ser libremente modificada, sin necesidad de expresión de causa, y en caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.
Artículo 216. Ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ésta a aquél retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare, o por los consejos o asistencia que le diere.
Artículo 232. Los consortes pueden hacerse donaciones, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos.
Artículo 233. Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes, mientras subsista el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello, a juicio del juez.
Artículo 267. Son causales de divorcio:
I a VI. ...;
VII. Padecer enajenación mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente:
VIII a XI. ...;
XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 164, sin que sea necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento, así como el incumplimiento, sin justa causa, por alguno de los cónyuges, de la sentencia ejecutoriada en el caso del artículo 168;
XIII a XVII. ...
Artículo 268. Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por causa que no haya justificado o se hubiere desistido de la demanda o de la acción sin la conformidad del demandado, éste tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación de la última sentencia o del auto que recayó al desistimiento. Durante estos tres meses los cónyuges no están obligados a vivir juntos.
Artículo 271. (Se deroga)
Artículo 273. Los cónyuges que se encuentran en el último párrafo del artículo anterior, están obligados a presentar al juzgado un convenio en que se fijen los siguientes puntos:
I a III. ...;
IV. En los términos del artículo 288, la cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, así como la forma de hacer el pago y la garantía que debe otorgarse para asegurarlo;
V. ...
Artículo 279. Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 267 pueden alegarse para pedir el divorcio, cuando haya mediado perdón expreso o tácito; no se considera perdón tácito la mera suscripción de una solicitud de divorcio voluntario, ni los actos procesales posteriores.
Artículo 281. El cónyuge que no haya dado causa al divorcio puede, antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al litigio, otorgar a su consorte el perdón respectivo; mas en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos a los que se refirió el perdón y que motivaron al juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma especie, o por hechos distintos que legalmente constituyan causa suficiente para el divorcio.
Artículo 282. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiera urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio las disposiciones siguientes:
I a V. ...;
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá a persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo resolverá lo conducente.
Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre.
Artículo 283. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el juez gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos, debiendo obtener los elementos de juicio necesarios para ello. El juez observará las normas del presente Código para los fines de llamar al ejercicio de la patria potestad a quien legalmente tenga derecho a ello, en su caso, o a designar tutor.
Artículo 288. En los casos de divorcio, el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del inocente.
Tanto en el caso del divorcio necesario como en el de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y observa buena conducta, a juicio del juez, y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.
El mismo derecho señalado en el párrafo inmediato anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes.
Además; cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito.
Artículo 302. Los cónyuges deben darse alimentos; la ley determinará cuándo queda subsistente ésta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos, si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635.
Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento de los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.
Artículo 317. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez.
Artículo 734. Las personas que tienen derecho a disfrutar el patrimonio de familia señaladas en el artículo 725, así como el tutor de acreedores alimentarios incapaces, familiares del deudor y el Ministerio Público, pueden exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de familia hasta por los valores fijados en el artículo 730, sin necesidad de invocar causa alguna. En la constitución de este patrimonio se observará en lo conducente lo dispuesto en los artículos 731 y 732.
Artículo 1602. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:
I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635, y
II. Falta de los anteriores, la Beneficencia Pública.
CAPITULO VI
De la sucesión de los concubinos.
Artículo 1635. La concubina y el concubinario tienen derecho a heredar recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al principio de este artículo ninguno de ellos heredará.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 213, 274, 406, 941, y 953 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y se deroga el artículo 716 del referido ordenamiento legal, para quedar como sigue:
Artículo 213. El juez determinará la situación de los hijos menores atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el artículo 165 del Código Civil, las propuestas de los cónyuges, si las hubiere y lo dispuesto por la fracción VI del artículo 282 del mismo Código Civil.
Artículo 274. confesada la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, se citará para sentencia, previa ratificación del escrito correspondiente ante el juez de los autos, si se trata de juicio de divorcio, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del artículo 271.
Artículo 406. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba, salvo lo dispuesto por el artículo 274 para los juicios de divorcio.
Artículo 716. (Se droga.)
Artículo 941. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y alimentos, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros.
En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.
En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento.
Artículo 953. La recusación no podrá impedir que el juez adopte las medidas provisionales sobre el depósito de personas, alimentos y menores.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente ordenamiento entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La tramitación de los juicios iniciados antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de este Decreto se regirá por las disposiciones que se modifican o derogan mediante dicho ordenamiento."
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio efectivo. No reelección.
Palacio Nacional, a 21 de octubre de 1983.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos."
El C. Presidente: - En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal e imprímase.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fue turnada la iniciativa suscrita por el titular del Poder Ejecutivo Federal para modificar la Ley de Información Estadística y Geográfica, y en el cumplimiento a lo dispuesto al artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Comisión analizó en su seno el proyecto de decreto de reformas y adiciones de referencia, emitiendo a continuación el dictamen correspondiente, basado en las siguientes consideraciones:
La Ley de Planeación establece en su artículo 5o. transitorio la obligación del titular del Ejecutivo Federal de revisar las disposiciones legales vigentes en materia de planeación del desarrollo, a efecto de formular las iniciativas de reformas que resulten necesarias. En tal tesitura elaboró la que oportunamente se estudió, misma que presenta propuestas que, en términos generales, pueden compendiarse en tres grandes apartados: El primero, que comprende la transformación del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Estadística y Geografía, en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con característica orgánica definida y funciones adicionales; el segundo, a la inclusión del apoyo tecnológico de la informática en el proceso de estadística y la captación de información geográfica, y tercero, a la adecuación de la terminología existente en la ley, que se pretende reformar para hacerla congruente con las disposiciones jurídicas relativas.
Por cuanto a la modificación del actual Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Estadística y Geografía, lo más relevante es concebir al nuevo organismo que se propone para sustituirlo, como un órgano desconcentrado de la dependencia central, a ello se aúna la responsabilidad de atender lo correspondiente a la capacitación de recursos humanos e investigación en estas materias.
Esta Comisión examinó la alternativa propuesta y en su concepto tal figura permitirá a la Secretaría de Programación y Presupuesto guardar la relación de autoridad necesaria en la elaboración de información nacional y obtener la relación jerárquica que permita unidad en el mando y autonomía técnica en el ejercicio manteniéndose la dependencia como una unidad central coordinadora de los sistemas nacionales.
En el Instituto, dentro de sus nuevas funciones, tendría la de hacer financiable en alguna medida el costo de su operación, toda vez que generaría numerario por concepto de venta de publicaciones y prestación de servicios, y aplicaría a sus fines los montos que por estos conceptos se registren en cada ejercicio presupuestal, razón por la cual la Comisión cree conveniente incluir específicamente en el texto legal este renglón de ingresos.
Adicionar la materia de informática definida como la tecnología para el tratamiento sistemático y racional de información, mediante el procesamiento electrónico de datos, es dejar establecido con toda claridad que esa tecnología debe aplicarse permanentemente en la captación de la estadística y en la información geográfica, con la finalidad que puedan impulsarse ahora y desarrollarse en lo futuro, contando con las mejores técnicas de apoyo para la consecución de sus objetivos.
El procesamiento y archivo electrónico de datos deben obedecer al uso racional de la capacitación instalada de cómputo del sector público y adaptarse a nuestras necesidades actuales con previsiones a futuro. Así, se optimiza el empleo de los equipos de informática y se cumple su auténtica vocación, que es la de operar más eficientemente sistemas de información, con ahorro en la adquisición y manejo de la maquinaria y coherencia en la operación de los programas, requiriéndose, para tal efecto, una regulación centralizada.
Los sistemas de informática de la administración pública federal por cuanto a las materias de estadística e información geográfica deben inducir, en términos generales, el proceso tecnológico que requiere el país, y por ello, la Comisión encontró pertinente incluir los artículos que se refieren al procesamiento electrónico de datos.
Finalmente, adecuar la terminología existente en la ley para hacerla congruente con la contenida en los nuevos ordenamientos jurídicos que rigen las diferentes instancias del proceso del sistema nacional de planeación, es, en mérito de la comisión dictaminadora, un requerimiento indispensable en cuanto a que no obedece a un mero prurito de cambio, por ejemplo, plan por programa, sino a la necesidad de especificar con toda precisión los conceptos y términos relacionados con la materia.
A juicio de la Comisión, la información estadística y geográfica del país, son elementos consustanciales de la soberanía nacional, y en tales términos debe quedar expresado. Con fundamento en tal concepción se reforma el artículo primero de la ley examinada, modificando también, el numeral 12 para incluir el instrumento que coadyuvará a darle eficacia, al obligar a los extranjeros a requerir la necesaria autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para realizar información estadística y geográfica, así como a entregar copia de sus trabajos, o a ser sancionados en caso contrario.
La dictaminadora considera que fue la fracción III del artículo 10 de la iniciativa, debe hacer referencia expresa de la información geográfica que produzcan las autoridades municipales, no sólo en atención que la fracción actual contiene tal mención, sino que, para integrar un servicio nacional, se requiere la participación de los diversos niveles de autoridad y de los particulares en los términos que la propia ley señala.
La reforma constitucional al artículo 115 otorgó a un municipio libre, válido y vigente, mayor independencia, visto que su fortalecimiento era clamor popular. La iniciativa presidencial para renovarlo y vigorizarlo fue, en su oportunidad, valorada por esa representación, que consciente de su responsabilidad desea, de manera permanente, dotar al municipio de las atribuciones que lo robustezcan; por tal motivo, se agregó la frase autoridades municipales en la fracción analizada.
En concepto de la comisión de la Ley de Información Estadística y Geográfica contiene las disposiciones que regulan derechos y obligaciones para los informantes; sin embargo, omite hacer referencia a los derechos de los usuarios;
basados en tal consideración, se incluyó la determinación expresada de que los peticionarios del servicio puedan consultarlo gratuitamente en los centros de información de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La labor relacionada con la captación, determinación y análisis de la información en materias estadística y geográfica, requiere de conocimientos actualizados y experiencia acreditada, por lo que, en concepto de la dictaminadora, el servicio civil de carrera que se estudia para la administración pública federal centralizada tiene especial connotación en ésta área en atención a lo cual se recomienda que en su oportunidad se atienda preferentemente a los servidores públicos que se desempeñan en materias implícitas en la ley estudiada.
Igualmente la dictaminadora considera importante señalar la necesidad de concertar en foros internacionales, especialmente ante la Organización de las Naciones Unidas, el derecho de los países que no posean satélites propios a autorizar la captación de información y a recibir la información obtenida y procesada por los países propietarios de tales instrumentos, para lo cual se recomienda la coordinación con otros demandantes a fin de presentar peticiones en un frente común o cualquier otro medio que asegure la obtención de tal información.
La exigencia de actualizar, dentro del sistema jurídico nacional, los aspectos orgánicos, sustantivos, adjetivos y ejecutivos de la estadística y de la información geográfica, así como ratificar la voluntad política de enfrentar por la vía del derecho y conocimiento eficaz de los hechos y fenómenos sociales y económicos, los retos que plantea hoy el desarrollo de la Nación; son los puntos de que se parte para proponer las reformas y adiciones contenidas en la iniciativa estudiada. Con base en lo anterior y entendiendo que la modernización administrativa exige acopiar nuevos instrumentos, que hagan posible la eficaz acción de las autoridades y que ésta sólo es procedente si se encuadra en el marco jurídico del derecho positivo vigente, la Comisión consideró que el instrumento examinado cumple con los fines propuestos.
Por lo antes expuesto, esta Comisión somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 10, fracción III; 12, 14, 15, párrafo primero y fracciones III y IV; 22, fracción I; 23, 24, párrafo primero; 25, fracción I; 26, fracción I; 27, 28, fracción II; 31; la denominación del Capítulo IV, así como los artículos 33, 34 y 51, primer párrafo de la Ley de Información Estadística y Geografía, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones rigen a la información estadística y geográfica del país, que son elementos consustanciales de la soberanía nacional, y a la utilización que de la informática se requiera para los fines de aquéllas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal."
"Artículo 10.
I y II. ..
III. La información geográfica que produzcan las dependencias y entidades, los poderes y los servicio estatales y las autoridades municipales cuando ésta resulte de interés nacional y sea requerida por la Secretaría para integrar los sistemas nacionales y para prestar el servicio público de información geográfica, así como en su caso, los datos del mismo carácter que se obtengan de particulares.
IV y V. ..
"Artículo 12. Sólo con la autorización de la Secretaría, previa opinión favorable de las dependencias competentes, se podrán efectuar:
I. La toma de fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota por parte de personas físicas o morales nacionales o extranjeras, y
II. La relación de actividades de información estadística y geografía por parte de personas físicas o morales extranjeras.
Los nacionales que hubieren obtuvieron la autorización a que se refiere a este artículo, deberán entregar a la Secretaría un informe detallado de los trabajos mencionados y cuando ésta lo requiera, una copia de los mismos. Las personas físicas o morales extranjeras deberán proporcionare una copia de los trabajos a que se refieren las fracciones anteriores.
Estas autorizaciones quedarán condicionadas a que se garantice a satisfacción de la propia Secretaría, la entrega de dicho informe o de la copia correspondiente."
"Artículo 14. La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la debida integración de los sistemas nacionales se llevará a cabo a través de los programas nacional, sectoriales y regionales de desarrollo de estadística y de información geográfica. La elaboración y revisión de éstos a través de los procedimientos participativos establecidos por esta Ley, serán responsabilidad, respectivamente, de la Secretaría, de las dependencias que funjan como coordinadoras de sectores en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. El Ejecutivo Federal, conjuntamente con dichos gobiernos, convendrán los procedimientos para elaborar los programas regionales así como los demás que se requieran para su adecuada ejecución y para la observancia de las normas y disposiciones de carácter general que dicte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, en los términos de Ley."
Artículo 15. El Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica estará sujeto a un proceso permanente de análisis y evaluación y deberá formularse conforme a los siguientes principios:
I y II. ..
III. Jerarquizará los objetivos y metas a alcanzar para el desarrollo de los sistemas nacionales y se apoyará en las acciones y medidas que deban ejecutarse a corto, mediano y largo plazo, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo;
IV y V. ..
VI. Tomará en consideración la participación de las dependencias y entidades, y de los poderes e instituciones sociales y privadas en la elaboración del programa, y
VII. ..."
"Artículo 22. ..
I. Elaborar y ejecutar los programas nacional, sectoriales y regionales de desarrollo de estadística y de información geográfica;
II a V..."
"Artículo 23. Las unidades de las entidades de la Administración Pública Federal responsables de la captación, generación y presentación de los datos de carácter sectorial para los sistemas nacionales, serán coordinadas en la ejecución de sus funciones por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, debiendo además apegarse a los lineamientos establecidos por el programa sectorial de desarrollo de estadística y de información geográfica respectivo y a las normas y disposiciones técnicas aplicables."
"Artículo 24. Para la elaboración y ejecución de los programas nacional, sectoriales y regionales de desarrollo de estadística y de información geográfica, se instituyen siguientes las instancias de participación:
I a IV. .. ................................................................... ................................................................................. ................................................................................. ..................................................................................
"Artículo 25. ..
I. Las prioridades a señalar por el Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica;
II a IV. ..."
"Artículo 26. ...
I. Elaborar y vigilar la ejecución de los programas sectoriales de desarrollo de estadística y de información geográfica, y
II. ..." "Artículo 27. Compete a los Comités Técnicos Regionales de Estadística y de Información Geográfica, establecer los procedimientos de coordinación y participación de los gobiernos de las entidades federativas, en la elaboración de los Programas Nacional y Regionales de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica y para la ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas que hubieren sido establecidos entre los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo de los servicios estatales y municipales y su integración a los sistemas nacionales."
"Artículo 28. ...
I. ...
II. Elaborar y vigilar la ejecución de los Programas Especiales de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica que se requieran en el ámbito de competencia de los poderes, y
III. ..."
"Artículo 31. Al formular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el ejercicio de las partidas presupuestales autorizadas, la Secretaría verificará que los programas relativos a estadística, información geográfica e informática, observen las normas establecidas por la misma en los términos de esta Ley.
Las dependencias vigilarán que las entidades del sector que coordinen, observen lo previsto en este artículo."
"CAPITULO IV
Del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática"
Artículo 33. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es un órgano desconcentrado de la Secretaría, por conducto del cual, ésta ejercerá las facultades que le otorga la presente Ley, salvo aquéllas que le sean atribuidas expresamente, en las materias que la misma regula, a su titular, por otras disposiciones legales y reglamentarias."
"Artículo 34. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática afectará al mismo concepto los ingresos derivados de las cuotas por los servicios de investigación y capacitación que preste, así como los que provengan de la venta de publicaciones, reproducciones y otros servicios en materia de estadística, información geográfica e informática que produzca directamente o en colaboración con otras unidades de los servicios y sistemas que a esta Ley se refiere, a efecto de recuperar su costo de producción y continuar proporcionando dichos servicios."
"Artículo 51. La Comisión de cualesquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 48, 49 y 50 dará lugar a que la Secretaría aplique sanciones administrativas, que consistirán en multa desde una hasta setecientas cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión de la infracción .
.. .. .. ..
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 2o., con una fracción V; el artículo 3o., con la fracción VII; el artículo 19, con un segundo párrafo, recorriéndose el actual segundo para pasar a ser tercero, el artículo 35 con un
segundo párrafo y el artículo 39, con la fracción VI de la Ley de Información Estadística y Geográfica; para quedar como sigue:
"Artículo 2o. ...
I a IV. ..
V. Regular el desarrollo y la utilización permanente de la informática en los servicios nacionales a que se refiere este artículo."
"Artículo 3o. ..
I a VI. ..
VII. Informática: Tecnología para el tratamiento sistemático y racional de la información mediante el procesamiento electrónico de datos. ..."
"Artículo 19. ..
La Secretaría vigilará el cumplimiento de estas normas y estará facultada para autorizar la procedencia de los instrumentos de captación, procesamiento y publicación de información estadística y geográfica que utilicen los servicios nacionales, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento. ..."
"Artículo 35. ...
Los usuarios de los sistemas nacionales podrán consultar gratuitamente la información estadística y geográfica en los centros de servicio al público de la Secretaría."
"Artículo 39. ..
I a V..
VI. El plazo para proporcionar la información, que deberá fijarse conforme a la naturaleza y características de la información a rendir. ..."
Artículo tercero. Se reformará el artículo 7o., fracción II y se adiciona con una fracción VII; se reforma el segundo párrafo del artículo 13 y se adiciona el propio artículo con un tercer párrafo; se reforma el artículo 30, fracción VI y se adicionan al mismo, las fracciones VII, VIII y IX, recorriéndose en su orden la actual fracción VII, para pasar a ser la X, de la Ley de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue:
"Artículo 7o. ..
I. ..
II. La organización y levantamiento de los censos nacionales, encuestas económicas y sociodemográficas, y la integración de las cuentas nacionales, estadísticas derivadas o indicadores de la actividad económica y social; III a VII. ..
VIII. La publicación de los resultados de las actividades que corresponden al Servicio Nacional de Estadística.'
"Artículo 13. ..
La ejecución de las actividades entre la Federación y los estados, deberá ser objeto de los convenios y acuerdos que se celebren para el desarrollo integral del país y la coordinación de las acciones relativas, respectivamente.
El Ejecutivo Federal en el marco de los mencionados convenios y acuerdos, propondrá a los gobiernos locales que los órganos de participación a nivel regional, cuya integración prevé esta Ley en los artículos 24 y 27, se incorporen a las instancias y procedimientos participativos que respecto de la planeación estatal de desarrollo, funcionen en las entidades federativas."
"Artículo 30. ..
I a V. ..
VI. Asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en materias de tratados, convenios o acuerdos internacionales en que participe el Gobierno de México, cuando se establezcan derechos y obligaciones en materia de información estadística y geografía, así como aquellos que se versen sobre límites del territorio nacional, y efectuar, con la intervención de las dependencias de la Administración Pública Federal que resulten competentes, los trabajos cartográficos en cumplimientos de tratados o convenios internacionales y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas que corresponda, en la definición y la demarcación de límites internacionales, incluyendo la zona económica exclusiva;
VII. Normar y coordinar los servicios de informática para los fines a que esta Ley se refiere, así como formular las políticas a las que se sujetarán dichos servicios y promover e integrar las instancias de participación y consulta que coadyuven al desarrollo de los mismos;
VIII. Desarrollar programas de investigación y capacitación en materia de estadística geografía e informática e integrar las áreas de especialización que éstos programas requieran para la impartición de cursos y desarrollo de la investigación;
IX. Publicar, reproducir y proporcionar otros servicios directamente o en colaboración con otras unidades de los sistemas a que esta Ley se refiere, y
X. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan y las que fueren necesarias para ejercer las mencionadas anteriormente."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 26 de octubre de 1983.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Rolando Cordera Campos, Antonia Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio A. Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar,
Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Aidé E. Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa.
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la primera lectura al dictamen.
El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la primera lectura al dictamen.
Trámite: -Queda de primera lectura.
CONDECORACIÓN
La C. Secretaría Xóchitl Llarena de Guillén:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorables Asamblea:
En oficio fechado el 19 del presente mes, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Luis Echeverría, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 25 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vazquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: -Primera Lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaría:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 13 del presente mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Leticia del Socorro de Alba de García, pueda prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Brasil en México.
0 En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día hoy, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la embajada de Brasil en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la C. Leticia del Socorro de Alba de García para prestar los servicios de auxiliar administrativo en las embajada de Brasil en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 25 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid
Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valecia Carmona."
Trámite: - Primera lectura.
La misma C. Secretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 19 del mes en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede el permiso al C. Heriberto Huerta para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Nueva Zelandia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Heriberto Huerta para prestar servicios administrativos en la embajada de Nueva Zelandia en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 25 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones r., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruisckshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: - Primera lectura.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
"Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 21 del presente mes, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la C. Martha Rojas Taboada para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Nueva Zelandia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la C. Martha Rojas Taboada para prestar servicios administrativos en la embajada de Nueva Zelandia en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 25 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar
Talamante, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Batíz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruisckshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: - Primera lectura.
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 3 de Octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández, Manuel Valencia Vargas, Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores, puedan prestar servicios en la embajada y consulados de los Estados Unidos de América de México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 25 de los corrientes, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada y en los consulados en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua, de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la C. Martha Estrada Rosales para prestar servicios como bibliotecario en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la C. Josefina Bolaños Sánchez para prestar servicios como bibliotecaria, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al C. Francisco Velázquez Aguilera para prestar servicios como bibliotecario, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la C. Martha Estrada Rosales para prestar servicios como secretaria, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la C. Ofelia Cereceres para prestar servicios como secretaria, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso a la C. Margarita Castellanos Eternod para prestar servicios como asistente de contabilidad en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la C. Ofelia Salinas González para prestar servicios como mecanógrafa en la embajada de los Estado Unidos de América en México.
Artículo octavo. Se concede permiso al C. Arturo Alberto León Hernández para prestar servicios como empleado en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo noveno. Se concede permiso al C. José Maya Burgette para prestar servicios como chofer - mensajero en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo décimo. Se concede permiso al C. Manuel Valencia Vargas para prestar servicios como asistente de prensa y encuadernación en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo décimo primero. Se concede permiso a la C. Raquel Fernández Murguía para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo décimo segundo. Se concede permiso a la C. Patricia Fortes de Flores para prestar servicios como empleada consular en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 26 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández
Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Arnoldo Córdova, Alejandro Humberto Narro, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: -Primera lectura.
DIRECTIVA PARA EL MES DE NOVIEMBRE
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén: - De conformidad con el artículo
30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de Presidente y vicepresidentes para el mes de noviembre.
Se ruega a los CC. diputados pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(VOTACIÓN. Escrutinio. Resultado.)
- Señor Presidente, se emitió un voto para las siguientes planillas:
Presidente: Hilda Anderson Nevárez, vicepresidentes: Humberto Pulido, Bertha Lenia Hernández de R., José Isabel Villegas Piña, Areli Madrid y Enoch Cancino.
Un voto a favor de: Presidente: David Lomelí Contreras, vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de R., José Isabel Villegas Piña, Francisco Javier Alvarez de la Fuente y Sergio Quiroz Miranda.
Un voto para: Presidente: Everardo Gámiz Fernández, vicepresidentes: Odilia Torres Ávila, Bertha Lenia Hernández de R., Ma. Teresa Ortuño Gurza, Florentino Jaimes Hernández y Ofelia Ramírez.
Un voto para: Presidente: José González Torres; vicepresidentes: Miguel Gómez Guerrero, Roger Cicero Mackinney, Raymundo León Ozuna, Iván García Solís, José Luis Caballero.
Un voto para Presidente: David Lomelí Contreras; vicepresidentes: Leopoldo Ortiz, Rafael Oceguera, Daniel Ángel Sánchez, José Raymundo León Ozuna, Teresa Ortuño Gurza.
Un voto para Presidente Alvaro Uribe Salas; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Sergio Quiroz Miranda.
Un voto para Presidenta: Hilda Anderson; vicepresidentes: Sami David, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Sergio Quiroz Miranda.
Un voto para Presidente: Everardo Gámiz Fernández; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Oralia Coutiño.
Un voto para Presidente: Eloy Polanco Salinas; vicepresidentes: Rosa Martha Muñuzuri, Juan Millán Brito, Mario González, Edmundo Jardón Arzate, Héctor Ramírez Cuéllar.
Un voto para Presidente: Everardo Gámiz Fernández; vicepresidentes: Gerardo Ramos Romo, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Sergio Quiroz Miranda.
Un voto para Presidente: Mariano Piña Olaya; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Sergio Quiroz Miranda.
Cuatro votos para Presidente: Everardo Gámiz Fernández; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Viterbo Cortez Lobato.
Cuatro votos en blanco.
Nueve votos para Presidente: Everardo Gámiz Fernández; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Florentino Jaimes Hernández, Sergio Quiróz Miranda.
Treinta y cinco votos para Presidente: José Isabel Villegas Piña; vicepresidentes: Miguel Gómez Guerrero, Roger Cícero Mackinney, Raymundo León Ozuna, Iván García Solís, José Luis Caballero.
Trescientos cinco votos para Presidente: Everardo Gámiz Fernández; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández, Sergio Quiroz Miranda.
El C. Presidente: - En consecuencia, se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva para el próximo mes de noviembre, los siguientes CC. diputados: Presidente: Everardo Gámiz Fernández; vicepresidentes: Rafael Oceguera Ramos, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, José Isabel Villegas Piña, Florentino Jaimes Hernández y Sergio Quiroz Miranda. (Aplausos.)
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL Y 293 DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA
El C. Alfonso Méndez Ramírez: - Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Alfonso Méndez Ramírez: - Para presentar una iniciativa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alfonso Méndez Ramírez.
El C. Alfonso Méndez Ramírez: - Señor Presidente; señores secretarios; señoras y señores diputados:
Los suscritos, diputados miembros de Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. Cámara la iniciativa de ley que propone la reforma del segundo y último párrafo de la fracción XII del artículo 27 constitucional y del artículo 293 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al iniciarse la Revolución, en 1910, y cuando se inició la reforma agraria con la Ley del 6 de enero de 1915, era evidente la existencia en el país de grandes propiedades que constituían verdaderos latifundios por su extensión superficial, porque en la mayor parte de los casos esos predios no se explotaban de acuerdo con su capacidad productiva y porque en ellos se empleaba mano de obra que se pagaba con salarios muy bajos, en muchas ocasiones, parte en dinero en efectivo y parte en especie.
Para 1910, un reducido grupo de propietarios había logrado acumular enormes extensiones de tierras, muchas veces a costa de las tierras que la Colonia había reconocido como propiedad de las comunidades indígenas, o se las había concedido para que pudieran satisfacer sus necesidades vitales.
Como ejemplos elocuentes de esa injusta concentración de la riqueza territorial, en diversas obras de autores especializados se consignan el número de predios y las superficies que les correspondían, datos que revelan aproximadamente la distribución de la riqueza territorial.
Según Tannenbaum Reichvein, para 1923 había 62 haciendas de más de 40 mil has.; 106 de más de 50 mil has.; 52 de más de 75 mil has. y 110 de más de mil hectáreas.
Promediando esas superficies podría considerarse que cada hacienda del primer grupo tendría una superficie aproximada de 45 mil has., o sea, una superficie total de 2 millones 790 mil has.; al segundo grupo le correspondería una superficie promedio por hacienda de 62 mil 500 has., y una superficie total de 6 millones 625 mil has.; al tercer grupo le correspondería una superficie promedio por hacienda de 87 mil 500 has. y una superficie total de 4 millones 550 mil hectáreas.
Para el cuarto grupo no se puede calcular un promedio superficial por hacienda porque en algunos casos, según se verá después, las haciendas de más de 100 mil has. podían llegar a ser de 6 millones de has. La superficie total mínima de las haciendas de 100 mil has. sería de 11 millones de has.; pero si una sola hacienda como la que tenía don Luis Terrazas, en Chihuahua llegaba hasta 6 millones de has., la superficie total de este grupo seguramente rebasaba los 20 millones de hectáreas.
Es decir, 330 haciendas acumulaban una superficie de más de 33 millones 965 mil has., que poseían menos de 330 propietarios porque muchos de ellos eran propietarios de dos o más fincas.
El mismo Tannenbaum considera que el número total de grandes propietarios incluyendo a los anteriores, era de 836; que los dueños de grandes y pequeños ranchos eran 136 mil 855 y que los administradores y pequeños propietarios sumaban 278 mil 474, casi todos ellos con extensiones mayores a las que ahora entendemos por pequeñas propiedades agrícolas o ganaderas.
En otros términos 416 mil 165 propietarios tenían la mayor parte de la tierra útil.
En resumen: Para 1910 había 836 terratenientes que poseían el 97% de la tierra registrada y 415 mil 329 agricultores con el 3% restante. Se supone que en este cálculo quedan comprendidos 2 mil 82 pueblos que conservaron sus tierras o parte de ellas. Datos que coinciden con los proporcionados por el Centro Nacional de Investigaciones Agrarias.
Por otra parte, y este es un dato importante, se calcula que 3 millones 123 mil 975 jornaleros, o sea, el 98.9% de los jefes de familia rural no poseían tierras, según datos del Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, por lo que, ante los reformadores sociales, precursores de la Reforma Agraria y a la misma Revolución, se les planteaban dos objetivos muy claros: la necesidad de desconcentrar la riqueza agraria, fomentar la pequeña propiedad y facilitar el acceso a la propiedad rural a los campesinos sin tierras.
Debe dejarse asentado, en honor a la verdad, que muchos de los peones acasillados, que constituían una buena parte de los jornaleros del campo tenían la posibilidad de escalar posiciones sociales y económicas mayores que las del simple asalariado, como auxiliares de la administración de las fincas, desempeñando funciones de capataces, caporales, mayordomos y capitanes de cuadrillas, y asimismo, que estos auxiliares de la administración y muchos peones eran asociados a la explotación como aparceros para la agricultura y la ganadería, según su capacidad de trabajo y su aptitud para asumir esas funciones.
La aparcería agrícola generalmente se estipulaba a medias de utilidades cuando el aparcero aportaba su mano de obra y los animales de trabajo, y el hacendado, la tierra, útiles de labranza, la semilla y otras aportaciones comunes a la habilitación y avío, características de la aparcería. Los aparceros no soportaban pérdidas.
Cuando el aparcero no aportaba más que el trabajo recibía generalmente un tercio de las utilidades, variando un poco el monto de esta utilidad según otras modalidades y los usos y costumbres de la región.
Los anteriores datos permiten ubicar las necesidades de tierra, fundamentalmente, en los jornaleros no acasillados, porque los peones acasillados tenían la oportunidad de convertirse en aparceros y mejorar su situación, salvo en los casos de fincas del tipo de la plantación,
en las que la asociación era difícil, como ocurría en los ingenios azucareros.
Sin embargo, desde el punto de vista de una mayor estructuración de la tenencia de la tierra, de la justicia social y económica y de una concepción política democrática, era evidente la necesidad de una reforma por medio de la desconcentración de la riqueza territorial y el acceso fácil a la propiedad del mayor número posible de campesinos.
Desafortunadamente, la reforma agraria que tuvo como antecedentes concretos e inmediatos el discurso de don Luis Cabrera en la Cámara de Diputados, en diciembre de 1912, y la Ley del 6 de enero de 1915, no vio con claridad la extensión y profundidad que debía tener la reforma y aunque el concepto que de la misma se tenía, se amplió en el artículo 27 aprobado por el Constituyente de 1917; los gobiernos revolucionarios inmediatamente posteriores a la nueva Constitución, titubearon, no definieron con precisión sus alcances, el contenido del ejido, el régimen jurídico de éste y si se debía o no considerar como una forma de tenencia de la tierra, fundamental y permanente, o como régimen secundario y transitorio.
De cualquier manera, es obvio que la restitución y el reparto de tierras, iniciado tímidamente, cobró impulso definitivo y que las restituciones y dotaciones iban a satisfacerse con la afectación de las grandes propiedades que tenían una superficie muy superior a la que se concebía como pequeña propiedad, a partir de la Constitución de 1917.
Para el objeto de esta iniciativa es importante establecer la diferencia de condiciones existentes al iniciarse la reforma agraria y durante la mayor parte de su desarrollo, cuando las restituciones y dotaciones tenían que fincarse en grandes propiedades, notoriamente mucho mayores que las que hoy entendemos como pequeña y mediana propiedad, a las condiciones que privan hoy, cuando las grandes propiedades han quedado reducidas a la extensión fijada a la pequeña propiedad y casi en todos los casos de restitución y dotación se plantea la procedencia o improcedencia de las acciones agrarias para afectar pequeñas propiedades, bien porque se considere que éstas se constituyeron al margen de la ley, o bien, porque se considere que han dejado de ser inafectables por alguna de las causas que establece la misma.
Es decir, ahora se trata de decidir, en la inmensa mayoría de los casos, si procede afectar a una pequeña propiedad o no, por lo que entran en conflicto dos derechos igualmente respetables, garantizados plena y categóricamente en la Constitución: El derecho de los núcleos de población a que se les restituyan las tierras de que fueron despojados o se les doten las que necesiten, y el derecho absoluto a la inafectabilidad de un predio que reúne las características de una pequeña propiedad en explotación.
Ahora bien, el derecho de los núcleos de población para que se les restituyan sus tierras tiene como límite la pequeña propiedad inafectable por esa vía, que es de 50-00-00 has. de riego o sus equivalentes en otras clases de tierras; y el derecho a la dotación tiene como límite la extensión que se reconoce como pequeña propiedad tipo de 100-00-00 has. de riego o sus equivalentes en otra clase de tierras.
En ambos casos se reconoce la preeminencia del derecho de inafectabilidad de la pequeña propiedad, porque por más necesidades que tengan los núcleos de población solicitantes, las acciones agrarias de dotación son improcedentes cuando en el radio de siete kilómetros no existen fincas afectables, o cuando en la restitución se determina como inafectable la superficie de 50-00-00 has. de riego o sus equivalentes.
De todo lo anterior se desprende que las necesidades de los núcleos de población, cuando iban dirigidas a la afectación de grandes propiedades, requerían que una vez establecido un principio de prueba, como se establece en las diligencias previas de la primera instancia, en los dictámenes de las Comisiones Agrarias Mixtas y en las resoluciones provisionales de los gobernadores, los solicitantes tomaran posesión de las tierras presuntamente afectables.
Por otra parte, la necesidad de hacer tangible la reforma agraria, el conocimiento de que el reparto de tierras era a costa de las grandes propiedades y que éste era un medio para corregir la acumulación de la propiedad rural, autorizaban a que se diera la posesión provisional. Sí, pero ahora no existen esas razones porque el sistema ejidal cuenta con 100 millones de hectáreas y bajo el régimen de propiedad privada sólo se registran 85 millones de hectáreas que ocupan, en su mayor parte, pequeñas propiedades inafectables.
En 1970 se habían censado un millón 20 mil predios con una superficie total de 100 millones de hectáreas bajo el régimen de propiedad privada, y se agrupaban en la siguiente forma:
1. Hasta cinco hectáreas representaban el 68.7% del número de predios y el 9.2% de la superficie total.
2. De cinco a cien hectáreas formaban el 29.3% de número de predios y el 50.3 % de superficie total.
3. De cien a cuatrocientas hectáreas representaban 1.8% del número de predios que tenían el 26.5% de la superficie total.
4. De 400 o más, sólo llegaban al 0.2% del número de predios y al 14% de la superficie total.
Ahora bien, estos datos del '70, durante los últimos diez o 12 años, se han modificado porque la propiedad privada, que en 1970 tenía una superficie total de 100 millones de hectáreas perdió 15 millones por afectaciones y ahora los ejidos poseen 100 millones y la propiedad privada sólo tiene 85, por lo que la distribución de la propiedad a que nos referimos antes, por superficie de los predios, se reduce a los grupos con superficies hasta de cinco hectáreas; de cinco a 100 y de 100 a 400 hectáreas, a los que les correspondía superficialmente los porcentajes
de 9.2%, 50.3% y 26.5%, respectivamente; es decir, el 86% de 100 millones de hectáreas, que ahora equivale al 100% de los 85 millones de hectáreas que es la superficie total actual de la propiedad privada, ya que habiendo perdido por afectaciones alrededor de 15 millones de hectáreas o más, que representa el 14% sobre 100 millones de hectáreas, que la propiedad privada tenía en 1970.
En este supuesto de afectación del grupo de predios de 400 o más hectáreas, y en cualquier otro en el que pudiera establecerse que la afectación también que sufrieron los predios de los demás grupos es evidente que el 59.5% de la superficie de la propiedad privada son pequeñas propiedades inafectables compuestas por grupos de hasta cinco hectáreas, y de cinco hasta 100 hectáreas; es decir, en principio pequeñas propiedades inafectables indiscutibles.
Por otra parte, debe suponerse que el grupo de 100 a 400 hectáreas que representan un 26.5% en su gran mayoría, o en su totalidad, está integrado por pequeñas propiedades que tienen esa superficie: en tierras de temporal, hasta 200 hectáreas por predio; para el cultivo del algodón, hasta 150 hectáreas por predio; en cultivos de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales, hasta 300 hectáreas por predio, y en tierras de agostadero, hasta 400, 800 o más hectáreas por predio; todo lo cual nos lleva al convencimiento de que cualquier afectación a tales predios plantea la afectación de una pequeña propiedad absolutamente inafectable de acuerdo con la Constitución y leyes reglamentarias, razón por la cual deben tomarse todas las medidas necesarias para que no se afecten ilegalmente, entre las cuales destacan las que deben tomarse para evitar que, mediante las resoluciones de los gobernadores de los estados, los núcleos de población solicitantes entren en posesión provisional de los predios presuntamente afectables y se establezca una situación de hecho prácticamente irreversible, cuando la resolución presidencial revoca la resolución de primera instancia o cuando la Suprema Corte revoca la resolución presidencial dotatoria, ya que los ejidatarios se niegan a desocupar el predio afectado ilegalmente y las autoridades agrarias no se atreven a desalojarlos.
Esta situación ha dado lugar a que la Secretaría de Reforma Agraria, con base en el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, proponga la compra de las tierras afectadas al margen o en contra de la ley.
Ante hechos consumados, puede considerarse que tal procedimiento es justo porque trata de resarcir a los pequeños propietarios de los daños sufridos, pero tal acto de justicia se anula en gran parte, si se toma en cuenta que cuando se llega a realizar esa operación sólo se resarce al propietario parcialmente, por cuanto que los avalúos de las tierras afectadas siempre son más bajos que los que tienen comercialmente en el momento del pago; porque no se pagan los perjuicios causados por el despojo de sus tierras desde la posesión provisional hasta el pago; porque el pago de las tierras afectadas ilegalmente representan una carga muy onerosa para el Estado que no ha podido afrontar cabalmente y esta imposibilidad causa un tratamiento injusto y desigual para los que no alcanzan a obtener el pago parcial de sus tierras, frente a los que sí lo obtienen; porque este procedimiento en última instancia abre las puertas a afectaciones ilegales a pretexto de que serán pagadas y porque se vulnera el valor obsoluto de que goza la pequeña propiedad inafectable, que ciertamente no consiste en al pago parcial que recibe el propietario, sino en la facultad de explotar su pequeña propiedad sin menoscabo de alguna especie.
Por otra parte, la legalización de una práctica que lesiona derechos constitucionales fundamentales es perjudicial para el orden constitucional y jurídico que debe preservarse si queremos que en este país subsista un Estado de Derecho.
Por estas razones, entre otras muchas que pueden hacerse valer, proponemos la modificación del párrafo segundo de la fracción XII del artículo 27, constitucional, suprimiendo la frase que dice: "y ordenará que se dé posesión inmediata de las superficies que, en su concepto procedan". También se suprime en el segundo párrafo la frase: "los expedientes pasarán entonces al Ejecutivo Federal para su resolución", frase que se incorporará al siguiente párrafo cuya adición se propone.
Consecuentemente, el párrafo segundo de la fracción XII del artículo quedará como sigue:
Los gobernadores turnarán las solicitudes a las Comisiones Agrarias Mixtas, las que sustanciarán los expedientes en plazo perentorio y emitirán dictamen; los gobernadores de los estados aprobarán o modificarán el dictamen de las Comisiones Mixtas.
A continuación del párrafo anterior, se propone la siguiente adición:
Si los poseedores o propietarios de predios presuntivamente afectables comparecieron al procedimiento agrario durante la primera instancia, aportaron pruebas, y alegaron que los predios de su posesión y propiedad son pequeñas propiedades inafectables, y los gobernadores o las Comisiones Agrarias Mixtas, en su caso, consideran afectables algunos de esos predios, ordenarán que se les mande interpelar para que ratifiquen si la totalidad de su predio es inafectable, si se mantiene en explotación, si no es objetable tal inafectabilidad por alguna causa legal y los motivos por lo que lo consideren así. Desahogada la interpelación en sentido afirmativo el gobernador o las Comisiones Agrarias Mixtas se abstendrán de ordenar que se ponga en posesión provisional al núcleo solicitante y apercibirán en la resolución de primera instancia a los propietarios y poseedores interpelados, que de probarse durante la tramitación del expediente relativo que el predio no es inafectable, incurrirán en las penas y responsabilidades que señala la Ley Orgánica.
En caso de que los propietarios o poseedores consideren que sus predios exceden las superficies señaladas a la pequeña propiedad, deberán de manifestar la superficie excedente y el lugar en donde debe localizarse la pequeña propiedad inafectable, quedando, respecto a ésta, sujetos a lo establecido en el párrafo anterior y respecto al excedente al trámite ordinario fijado por la Ley de Reforma Agraria.
En caso de que los propietarios o poseedores no desahoguen la interpelación dentro del término de 30 días a contar de la fecha de la notificación personal que se les haya hecho conforme esta disposición, el gobernador mandará poner en posesión de las tierras presuntamente afectables al núcleo solicitante.
Si los poseedores o propietarios antes mencionados no habían comparecido al procedimiento agrario, se procederá a formular la interpelación a que se refieren los párrafos anteriores y se concederá a los interesados el término de 30 días para que comparezcan, presenten pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, en cuyo caso se procederá en los términos de los párrafos segundo y tercero de esta fracción, y en caso de que no lo hagan será aplicable el párrafo cuarto.
Artículo 293 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Se adiciona este artículo con el siguiente párrafo:
Los trámites que señalan los artículos del 294 al 303 de esta Ley se seguirán en todos los casos, pero en aquellos en que los propietarios o poseedores hayan contestado la interpelación a que se refiere la fracción XII del artículo 27 constitucional, manifestando que los predios de su propiedad o posesión son pequeñas propiedades inafectables o hayan localizado la pequeña propiedad dentro de un predio mayor, las autoridades agrarias a los gobernadores de los estados, en su caso, se abstendrán de poner en posesión provisional de las tierras y aguas presuntamente afectables, a los núcleos de población solicitantes, ya que éstos sólo tomarán posesión definitiva de tales tierras y aguas hasta que así lo ordene la resolución presidencial respectiva.
En el supuesto de que los propietarios o poseedores no comparezcan al procedimiento, con el objeto a que se refiere el artículo anterior, no habrá lugar a que las autoridades agrarias o los gobernadores se abstengan de poner en posesión provisional a los núcleos de población solicitantes de las tierras presuntamente afectables, previa certificación en la que conste que se hizo la interpelación en los términos de la fracción XII del artículo 27 constitucional y que los propietarios y poseedores no la desahogaron en el término legal.
Artículo 293 bis. Se propone un nuevo artículo en los siguientes términos:
Si las autoridades agrarias tienen alguna objeción a las pequeñas propiedades que tengan señalado un trámite especial, no se tomará en cuenta hasta en tanto no se dicte resolución en el procedimiento respectivo.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 27 de octubre de 1983.
Aguilar Camargo Octavio, Aguilar Paniagua Paulino, Basaldúa Vázquez Fabián, Bátiz Vázquez Bernardo, Blanco Sánchez Javier, Calderón Ortiz Francisco, Castillón Alvarez Pablo, Cázares Camacho Andrés, Cicero Mackinney Roger, De Lara Tamayo Jaime Armando, Esparza López José G., Espinosa de Ugalde Esperanza, Fragoso Fragoso Marco A., Gárate Chapa Arnoldo, Gómez Guerrero Miguel, González Domene Alberto, González Garza Francisco J., González Torres José, Gordillo Mandujano José A., Gutiérrez de Barrios Graciela, Gutiérrez Zorrilla Felipe, Hadad Interian José, Hinojosa Hinojosa Juan José, Iguiniz González Manuel, Larios Ibarra Jesús Salvador, Ling Altamirano Jorge Alberto, Martínez Cruz Miguel Ángel, Medina Valdez Gerardo, Medina Valtierra Emma, Méndez Aquino Rubén Darío, Méndez Ramírez Alfonso, Millán Brito Juan, Moctezuma y Coronado Javier, Molina Rodríguez Juan Manuel, Mora López Ángel, Ortuño Gurza Ma. Teresa, Peña Farber Rodolfo, Prieto González Luis J., Romero Estrada Salvador, Salgado Aguilar Gabriel, Sánchez Espinosa Luis E., Soto Alba Francisco, Torres Serranía Luis, Trujillo Parada Arturo, Vázquez Garza Juan, Vicencio Acevedo Gustavo A., Vicencio Tovar Astolfo, Villalobos de Pineda Florentina, Villegas Piña J. Isabel, Viramontes Paredes José, Zamora y Duque de E. Manuel."
El C. Presidente: -Túrnese a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY SOBRE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS
"Honorable Asamblea:
A las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio que suscriben, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, envió a esta Cámara el Ejecutivo de la Unión. Propósito fundamental de la misma es realizar modificaciones estructurales al organismo público descentralizado denominado Productora Nacional de Semillas para que, a través de su actualización y expansión en el país, apoye con estricto apego a la ley, la actividad agrícola.
La iniciativa promueve que la administración de la Productora Nacional de Semillas
esté a cargo de un consejo de administración, en el cual estarán representadas las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la producción de semillas, que en forma colegiada resuelva las acciones que las prioridades fijen en apoyo a la producción agrícola. Este sistema permitirá modernizar su estructura, pues simultáneamente incorpora al área de decisiones del organismo, a las diversas autoridades relacionadas con la materia y amplía las facultades y responsabilidades del consejo para el óptimo rendimiento de este importante renglón de la actividad productiva.
Se busca también integrar al Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas a la Comisión Nacional de Fruticultura y a las empresas privadas, dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas.
Asimismo, adiciona un párrafo al artículo 5 de la ley, en que obliga a que los representantes que se acrediten ante el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas sean técnicos especializados en la materia y no sólo "técnicos de eficacia reconocida", como lo dispone la ley en vigor.
En la reforma que se propone, en el artículo 6, se establece que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas dará preferencia a los programas de Productora Nacional de Semillas para el mejoramiento de plantas existentes y la formación de otras.
Las modificaciones que se plantean al artículo 8 son de redacción y estilo, para adecuarlo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La propuesta de modificación al artículo 12 busca que el Comité Calificador de Variedades de Plantas lo integren las diferentes direcciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que inciden en la producción de semillas, así como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Comisión Nacional de Fruticultura, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, buscando articular las acciones de esas dependencias y organismos descentralizados, para una mejor y más eficiente calificación de las variedades de plantas y su registro.
La iniciativa plantea en las adiciones que propone al artículo 17, que a la Productora Nacional de Semillas corresponda a asesorar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que en los programas de ésta se usen las semillas adecuadas a la región de que se trate; así como para que fije requisitos y dictamine sobre exportaciones e importaciones.
Las comisiones que suscriben consideraron necesario hacer algunas modificaciones al texto de los artículos propuestos en la iniciativa, a saber:
Al artículo 6 del proyecto que se propone a su consideración, se agregó que la investigación a que se refiere es la oficial, con lo que se deja la posibilidad de que otras instituciones, privadas y docentes, puedan emprender esa tarea. Se suprimió la palabra originariamente, por considerar que si queda determinado que esa función de investigación corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, la palabra originalmente haría presumir que esa función es privativa del Instituto.
En la segunda parte del mismo artículo se cambió el sujeto con interés jurídico. En la iniciativa se contemplaba a los particulares como únicos interesados en los trabajos de investigación, y en el proyecto que se presenta se utiliza la expresión las demás personas, considerándose que ésta es más amplia y puede contemplar otro tipo de personas físicas o morales, que podrían quedar fuera de lo previsto en el artículo.
Del artículo 17 se suprimió la fracción XI propuesta en la iniciativa, ya que si a la Productora Nacional de Semillas se le da la facultad de proponer requisitos y dictaminar técnicamente sobre importación y exportación de semillas, se le está convirtiendo en juez y parte, por ser este organismo el productor y también el dictaminador. A mayor razón, la facultad de emitir opinión en todos los casos de importación o exportación de semillas le corresponde al Comité Calificador de Variedades de Plantas, según el artículo 13 de la ley, y la Productora Nacional de Semillas forma parte de dicho comité al tenor del artículo 12 del proyecto que se presenta. Al suprimir la facultad referida se evita crear una duplicidad de funciones que además estarían en pleno conflicto por pertenecer, por una parte, a un cuerpo colegiado como es el comité, y por otra, a la Productora Nacional de Semillas en exclusiva, siendo ésta parte de ese cuerpo colegiado.
Al artículo 20 de la iniciativa también se le hicieron modificaciones, se suprimieron el penúltimo y antepenúltimo párrafos, considerándose que si la iniciativa plantea una modificación estructural en la administración de la Productora Nacional de Semillas, al confiar ésta a un consejo de administración, las facultades del director general deben ajustarse a ese nuevo modelo de administración, y el artículo 21 de la ley habla expresamente del director general.
Se suprimió totalmente el penúltimo párrafo del artículo 20 de la iniciativa por ser contradictorio con la misma, ya que las facultades del director general no pueden ser las mismas que las del consejo de administración, pues si así lo fuera, no se justificaría la existencia de ese cuerpo colegiado.
Se propone en el proyecto de decreto la reforma al artículo 21 de la ley que nos ocupa. A dicho artículo se incorpora el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de la iniciativa, con la modificación de que el director general de la Productora Nacional de Semillas será nombrado por el Presidente de la República.
En el artículo 21 del proyecto de decreto, se detallan las facultades del director general y se someten al órgano jerárquico superior, como es el consejo de administración y ya no el
Presidente de la República, con lo que se logran los objetivos fijados en la iniciativa, sobre la colegialidad del órgano de decisión de la institución.
Por todo lo anterior se considera que la administración de la Productora Nacional de Semillas por un consejo, articulará las acciones de las diferentes dependencias involucradas en la producción y mejora de semillas, lo que se traducirá en una mayor eficiencia en el manejo de sus recursos y en una mejor aplicación de tan importante insumo para el incremento de la productividad agrícola.
En virtud de la importancia y trascendencia de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas en el desarrollo agrícola de nuestro país, las comisiones que suscriben se han planteado como tarea a desempeñar en el próximo periodo de receso de esta Legislatura, el análisis y estudio de la ley en lo general, con el propósito de que se presente una iniciativa sobre el particular en el próximo periodo ordinario de sesiones, ya que las presentes reformas y adiciones se refieren a la estructura organizacional.
En los artículos transitorios se establece la obligación para que se elabore y expida el reglamento de la ley, dentro del año siguiente a la fecha de publicación del decreto de reformas.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben se permiten proponer a la aprobación de esa honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS
Artículo primero. Se adiciona con una nueva fracción VI el artículo 5, de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas; la actual fracción pasa a ser VII, y se reforma el párrafo final del mismo artículo, para quedar como sigue:
Artículo 5. ...................................................................................................
I............................................................................................................... ..
II. .............................................................................................................
III. ..
IV.............................................................................
V. .................................................................................................
. VI. La Comisión Nacional de Fruticultura y las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas reconocidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
VII. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
Los representantes que acrediten los organismos ante el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas deberán ser técnicos especializados en la materia, y coordinarán sus actividades para el mejor funcionamiento del propio Sistema.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 6,8 y 12 de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas para quedar de la manera siguiente:
Artículo 6. La investigación oficial para el mejoramiento de variedades de plantas existentes y la formación de otras corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, quien dará preferencia a los programas de Productora Nacional de Semillas, con la cual se coordinará en la producción de semillas mejoradas que se requieran prioritariamente para fomentar el desarrollo agrícola del país. Las demás personas que lleven a cabo trabajos semejantes, que tengan interés en obtener privilegios de aprovechamiento exclusivo de variedades que mejoren o formen a través de investigación, requerirán autorización de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los términos que establece la presente Ley.
Artículo 8. Las semillas originales de las variedades de plantas que el Instituto mejore o forme y que hubieren sido aprobadas para cultivo, se entregarán a la Productora Nacional de Semillas para su aprovechamiento en los programas de producción de semillas en escala comercial. El suministro de semillas a entidades y particulares se realizará a través de la misma Productora Nacional de Semillas, previo acuerdo del secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Artículo 12. El Comité Calificador de Variedades de Plantas estará integrado por un representante de la Dirección General de Agricultura que lo presidirá; por las direcciones generales de Economía Agrícola, Sanidad Vegetal, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; la Dirección General de Controles al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Comisión Nacional de Fruticultura, Productora Nacional de Semillas y Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Además, se invitará para que lo integren, acreditando representante, a los productores de semillas y órganos de educación agrícola.
El jefe del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas tendrá el cargo de secretario.
Artículo tercero. Se adiciona la fracción X al artículo 17, y cambia de número la actual fracción X para corresponderle la número XI de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas para quedar en la forma siguiente:
Artículo 17. ........................................................... .................................................................................. .................................................................................
.. X. Asesorar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a fin de que en los programas
que realice para apoyar la producción y productividad agrícolas, se usen variedades de semillas certificadas idóneas, desarrolladas especialmente para las regiones de que se trate.
XI. Las demás funciones que le señalen su reglamento interior y las disposiciones reglamentarias de la presente ley.
Artículo cuarto. Se reforman los artículos 20,21,22 y 27 de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas para quedar de la siguiente manera:
Artículo 20. La Administración de la Productora Nacional de Semillas estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por dos representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y uno de ellos será el secretario del ramo, que lo presidirá; por representantes de las secretarías de Programación y Presupuesto, Comercio y Fomento Industrial y del Banco Nacional de Crédito Rural, S.A., y por un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Los representantes propietarios podrán acreditar suplente.
El consejo tendrá las más amplias facultades de administración y representación del organismo, así como el más amplio poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, así como las siguientes que se enumeran con carácter enunciativo, más no limitativo.
A) Llevar a cabo todos los actos relacionados con el objeto del organismo;
B) Autorizar el Presupuesto del organismo;
C) Otorgar, expedir y firmar cheques, letras de cambio, pagarés y toda clase de títulos de crédito, documentos civiles y mercantiles o bien delegar en el director general o en apoderados especiales la realización de dichos actos, con observancia de las disposiciones legales aplicables;
D) Designar apoderados generales y especiales con facultades necesarias para asuntos de carácter general o especial;
E) Promover o desistirse del juicio de amparo, formular querellas penales y otorgar perdón, así como articular y desahogar posiciones en los juicios en que el organismo sea parte;
F) Autorizar la estructura organizacional que proponga el director general;
G) Aprobar los programas del organismo para la autorización del coordinador del sector, y
H) Expedir el Reglamento Interior del organismo.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y el Presidente tendrá voto de calidad.
Asimismo, la Productora Nacional de Semillas contará con un consejo técnico consultivo que fungirá como órgano de consulta y cuya integración y funcionamiento se determinarán en el Reglamento Interior respectivo.
Artículo 21. La administración directa del organismo quedará a cargo de un director general que será designado por el Presidente de la República, y el cual se auxiliará de los funcionarios que a efecto apruebe el Consejo de Administración, con las facultades que les confiera el propio director general o el Reglamento Interior del organismo.
El director general tendrá las siguientes facultades:
I. Dirigir en lo general las actividades del organismo.
II. Formular el programa y el presupuesto anual de la Institución y someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.
III. Las generales y las especiales que requieran cláusulas especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio en los términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la república en Materia Federal, en la inteligencia que para el ejercicio de las facultades de dominio requerirá el previo acuerdo del Consejo de Administración;
IV. Designar apoderados generales y especiales con facultades necesarias para asuntos de carácter general o especial, reservándose su ejercicio;
V. Promover y desistirse del juicio de amparo;
VI. Formular querellas penales y otorgar perdón;
VII. Desahogar posiciones en los juicios en los que el organismo sea parte;
VIII. Otorgar, expedir y firmar cheques, letras de cambio, pagarés y toda clase de títulos de crédito conforme al artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
IX. Rendir anualmente al Consejo de Administración un informe general de las actividades de la Productora y de las cuentas de su administración, y
X. Las demás que le confiere el Consejo de Administración.
Artículo 22. El Reglamento Interior determinará las atribuciones que correspondan a los funcionarios que auxilien al director general, señalando la forma y términos en que se suplirán sus ausencias, así como las del director general.
Artículo 27. Las solicitudes de crédito para el financiamiento de la producción, beneficio, distribución y venta de semillas certificadas por parte de la Productora Nacional de Semillas y las asociaciones de productores de semillas, constituidas en los términos de esta ley, tendrán atención preferente en las instituciones de banca y crédito y otras entidades dedicadas al crédito agropecuario, así como en aquellas instituciones relacionadas con el apoyo y fomento a la actividad agropecuaria. Igual preferencia tendrán para la adquisición de fertilizantes, insecticidas, maquinaria y equipos y demás productos que se fabriquen por las empresas de participación estatal.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El Reglamento de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas deberá ser elaborado y publicado en un plazo no mayor de un año, a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 25 de octubre de 1983.
Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos: Presidente, Antonio Murrieta Necoechea; Secretario, Héctor Hugo Olivares Ventura, Enrique Agüero Avalos, Enrique Alcántar Enríquez, Ernesto Andonegui Luna, Juan Arizmendi Hernández, Rafael Armenta Ortiz, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, Francisco Calderón Ortiz, Emma V. Campos Figueroa, Ricardo Castillo Peralta, José Cervantes Acosta, Viterbo Cortés Lobato en contra, Jorge Luis Chávez Zárate, Demetrio E. Espinoza Leal, Domingo Esquivel Rodríguez, Mario González Navarro, Gilberto Gutiérrez Bañaga, Leopoldo Hernández Partida, Antonio Herrera Bocardo, Gildardo Herrera Gómez Tagle, Germán Jiménez Gómez, Sacramento Jofre Vázquez, José Dolores López Domínguez, Areli Madrid Tovilla, Abdón Martínez Hinojosa, José Martínez Morales, Juan Medina Cervantes, Alfonso Méndez Ramírez, José Nassar Tenorio, Cirino Olvera Espinosa, Maclovio Osuna Valderrama, Nicolás Orozco Ramírez, Francisco J. Ovando Hernández, en contra Rodolfo Peña Farber, Rubén Pérez Espino, Rafael S. Portillo Díaz, Oscar Ramírez Mijares, José Rosas Gómez Luna, Homobono Rosas Rodríguez, Roberto Rubí Delgado, en contra Daniel A. Sánchez Pérez, Mario Santos Gómez, Manuel Tarriba Rojo, Odilia Torres Ávila, Manuel Villa Issa, Efraín Zúñiga Galeana.
Comisión de Comercio: diputado Alejandro Posadas Espinosa, Presidente; diputado Francisco Rodríguez Pérez, Secretario, diputados Ernesto Andonegui Luna, Juan Arizmendi Hernández, Wulfrano Ascención Bravo, Sergio M. Beas Pérez, Manuel Cavazos Lerma, Oscar Chacón Iñiguez, Roberto González Barba, Juan José Hinojosa H., Moisés Raúl López Laines, Samuel Meléndrez Luévano, Alfonso Méndez Ramírez, José Ignacio Monge Rangel, Antonio Murrieta Necoechea, José Nassar Tenorio, Manuel Nogal Elorza, Luis Héctor Ochoa Bercini, Miguel Ángel Olea Enríquez, José Eduardo Pacheco Durán, en contra Sergio Quiroz Miranda, Gerardo Ramos Romo, Saúl Ríos Beltrán, Roberto Rubí Delgado, Jesús Salazar Toledano, Pablo Sánchez Puga, Alberto Santos de Hoyos, Ramiro Valdez Fontes, Astolfo Vicencio Tovar, Guillermo Villa Ávila.
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
El C. Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general...
El C. Presidente: - Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra el C. diputado Viterbo Cortez Lobato, y para hablar en pro, los siguientes CC. diputados: Enrique Alcántar Enríquez y Nicolás Orozco Ramírez.
Tiene la palabra el C. diputado Viterbo Cortez Lobato.
El C. Viterbo Cortez Lobato: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: El dictamen puesto a consideración de esta honorable Asamblea, que se refiere al decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a juicio del Partido Popular Socialista es de trascendental importancia. No es un dictamen más que debe pasar inadvertido, sobre todo para las fuerzas políticas y sociales que se preocupan por el desarrollo agropecuario como base alimentaria de nuestro país, que se sustenta primordialmente en tres pilares: crédito, investigación y tecnología; pero todos ellos al servicio de empresas trasnacionales en los que las semillas mejoradas, motivo de este debate, son de vital valor como el inicio de una cadena de dominación extranjera.
De manera breve y esquemática, para entender qué es lo que ha ocurrido a la producción agropecuaria de nuestro país, será menester recordar que los países industrializados dentro del sistema capitalista, tienen necesidad vital de controlar la producción agropecuaria de los países subdesarrollados.
Ello ocurre así porque su banca, su comercio, su industria, sus finanzas, dependen en gran parte de los países pobres como fuentes de materia prima y de beneficios cuantiosos con la explotación de mano de obra barata y del enorme mercado que representan para sus productos manufacturados, entre los cuales están los insumos agrícolas.
Por esta razón, los países industrializados, con Estados Unidos a la cabeza, han instrumentado una estrategia doble: Primero. En convivencia con los gobiernos que se prestan, desarrollan reformas agrarias inocuas, que no tocan la estructura semifeudal para proteger a los terratenientes. Segundo. Acciones generalizadas para destruir las organizaciones campesinas.
México, cuyas instituciones son el resultado de una revolución democrática, burguesa, popular y antiimperialista, no podía escapar a pesar de todo a la mira de las empresas nacionales, y no obstante de existir una reforma agraria, basada en el artículo 27 constitucional, fue el escenario de una estrategia agropecuaria, instrumentada y desarrollada desde Palacio Nacional, hace ya más de 30 años cuyos resultados están a la vista: Importación masiva de básicos, miseria para la mayoría campesina y bonanza para una minoría terrateniente. Es decir, crisis de los pobres del campo.
Muchas son las razones para aplicar la crisis agropecuaria en nuestro país, pero hay que entender que una producción poco eficaz de manera sustancial, obedece a las estructuras tradicionales de tenencia de la tierra, porque donde hay grandes extensiones de las mejores tierras, en manos de unos cuantos, conlleva la existencia de una gran masa rural, carente de tierra y de un gran número de minifundios. Cuando la propiedad de la tierra se concentra en muy pocas manos, es lógico que no haya incentivos para cultivar toda la tierra disponible ni emplear toda la mano de obra disponible. El monopolio de la tierra, de las tierras mejores -como ocurre en nuestro país - significa impedir que los campesinos tengan acceso a ella, significa cultivarla de manera parcial e irracional para mantener bajos los salarios y en un estado de tenencia a las masas rurales.
Es verdad que la producción agropecuaria, en cualquier parte del mundo, no puede progresar sin capital y tecnología avanzada, pero cuando el capital y la tecnología son de origen extranjero, no es estable ningún control ni sobre la tecnología ni sobre el capital. De esta manera, los beneficios que se obtienen van a dar a manos de unos cuantos capitalistas nacionales de la ciudad y del campo.
Los programas y políticas agropecuarios son prácticamente elaborados por el capital y la tecnología del extranjero. Gran proporción de los rendimientos regresa a la metrópoli, aumentando la debilidad de los recursos. Los conflictos sociales del campo se agudizan impulsados por la mísera creciente de los obreros agrícolas y, sobre todo, por el olvido sistemático de los principios esenciales de la reforma agraria.
Nadie, absolutamente nadie, está en contra de la modernización de la agricultura, pero esta modernización debe hacerse beneficiando a la mayoría de la masa rural y no a la minoría, como ocurre en nuestro país. La modernización iniciada hace más de 30 años, fortaleció a la clase terrateniente empeorando las condiciones de las masas rurales. El gobierno de Miguel Alemán financió obras de riego, canalizó el crédito hacia las empresas capitalistas, subsidió la importación y difusión de tecnología extranjera y patrocinó el establecimiento de las fundaciones Ford y Rockefeller, a fin de desarrollar semillas de alto rendimiento, fundamentalmente de maíz, de trigo y sorgo.
Con estas medidas, México dio la impresión de haber resuelto su problema de producción agropecuaria; su crecimiento fue tan espectacular que se llegó a hablar de un milagro, como el milagro alemán o como el japonés, tanto así que se exportaron grandes cantidades de cultivos, no sólo los tradicionales de exportación, sino granos como el maíz.
Fue lógico que con la inyección de capitales, difusión de tecnología y ayuda decisiva por parte del Estado, la producción agropecuaria, en las mejores tierras irrigadas, aumentara de manera espectacular, en forma aparatosa, pero esta producción fue diseñada para ser subsidiaria de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, y no para la producción de básicos que el pueblo tanto reclama. Tanto es así que México abastece los dos tercios de vegetales de invierno que los Estados Unidos requieren.
El modelo agropecuario instrumentado que se conoció como Revolución Verde, y que consistió en una transferencia masiva de capital y tecnología del extranjero, en realidad consistió en una operación bancaria y financiera bien planeada que aseguró la venta de insumos por parte de empresas trasnacionales.
Cuando se dio el proceso de modernización de la producción, bajo los lineamientos de la llamada Revolución Verde, pero limitado a un sector en las tierras irrigadas, atrajo gran cantidad, en constante aumento, de capital y tecnología extranjeros para toda clase de servicios colaterales a la agricultura.
Como avalancha se difundieron los capitales a todos los niveles, de tal modo que toda la producción y su distribución quedó controlada por inversionistas extranjeros. Pero, una vez alcanzado su límite superior, la producción se estancó no sólo por el área limitada en que se implantó, sino porque la afluencia de capital y tecnología no podía ser igual que al principio, sino menor. Pero una vez que se inició este proceso, los capitales extranjeros se orientaron directamente en la producción, comercialización, procesamiento y exportación de algunos rubros, entre ellos: algodón, azúcar, frutas y verduras destinados a los Estados Unidos principalmente, utilizando la mano de obra barata rural mexicana que bajaba los costos. Este ha sido el camino seguido por las empresas trasnacionales para controlar los canales de comercialización, financiamiento de la producción, procesamiento y distribución, y la tecnología que, al asociarse con los productores, determinan el tipo, volumen y la superficie a sembrar.
A través del tiempo el capital y la tecnología extranjera han desarrollado una red de mecanismos como una telaraña que atrapa todo, desde la siembra, producción, cosecha, procesamiento, comercialización, financiamiento, transporte, etcétera, de tal modo que la producción agropecuaria del sector modernizado, el de mayor peso económico, con este modelo de desarrollo diseñado se ha convertido en la práctica en un apéndice de la economía norteamericana.
Este es el resultado de la Revolución Verde; este ha sido el camino transitado por la producción agropecuaria, que ha hecho más estrecha la dependencia alimentaria de nuestro país respecto de los estados de Norteamérica. Los funcionarios y técnicos que pusieron en práctica este programa, este plan, este modelo, se hicieron ilusiones con la tecnología moderna, basada en el empleo de semillas de alto rendimiento, semillas mágicas - les decían - semillas milagrosas - así les llamaban también - la producción, con éstas - se decía -, se elevaría a gran medida; o sea, con la producción de básicos y alimentos para animales, se lograrían grandes cantidades de granos, leche, carne y huevo, se satisfaría así, según las cuentas alegres, la demanda solvente del mercado interno y, sobre todo, en realidad sería provechoso para los Estados Unidos y sus empresas que solícitas darían asistencia técnica, crédito e insumos a los farmers mexicanos para copiar el sistema de vida norteamericano, el american way of life, añorado por, puntos suspensivos, pero lo más provechoso sería -según sus cuentas alegres - que los conflictos agrarios desaparecerían cavando la tumba de la reforma agraria en nuestro país. México fue la cuna de la Revolución Verde. Aquí se iniciaron los trabajos y engolosinados autores por los resultados espectaculares del principio, este modelo de desarrollo fue trasladado a otros países donde también sufrió estrepitosos fracasos. Fracaso económico, porque no satisfizo las necesidades alimentarias; fracaso social, porque los conflictos agrarios se agudizaron y, fracaso político, porque la mayoría campesina disminuyó su poder político y de negociación.
Las semillas mejoradas, milagrosas, mágicas, de alto rendimiento, utilizadas para dar cima al modelo de desarrollo agropecuario, en realidad sí cumplieron su misión, fueron milagrosas, de alto rendimiento, de excesivo rendimiento, tal como se esperaba para las empresas trasnacionales, que aseguraron colosales ganancias con la venta de sus insumos indispensables, como exigencias propias de las semillas milagrosas. Porque las semillas de alto rendimiento fueron diseñadas para dar rendimiento - perdón por la redundancia - sólo con un paquete tecnológico de insumos caros que únicamente los agricultores ricos pueden adquirir. Insumos todos de procedencia extranjera y empresas trasnacionales. Así fue como el agro mexicano se vio invadido por equipo mecanizado, diseñado sustancialmente para ahorrar mano de obra, equipo, que en frecuentes ocasiones no se ajustaba a las exigencias físicas de las superficies por sembrar. Lo importante era colocar el equipo a como diera lugar. A todo lo largo y ancho del país surgieron establecimientos comerciales, con proveedores de insumos de capital extranjero y empresas nacionales, pero filiales de las extranjeras. Los únicos productores que pueden aprovechar los conocimientos modernos, asistencia técnica, maquinaria y equipo, son los terratenientes grandes y medianos; los pequeños productores quedan al margen de estos modernos adelantos.
El sistema de crédito, la estructura de comercialización de lo insumos y productos agrícolas, los canales de exportación, etcétera, orientados hacia el sector terrateniente, hacen más desigual el poder político entre la elite agraria y los campesinos.
Las empresas establecidas en México son subsidiadas de empresas extranjeras, las que proporcionan su tecnología propia, fabrican insumos, procesan los productos y los venden ya procesados. Las empresas establecidas reciben la visita de expertos extranjeros bajo su propia cuenta. La mecanización se hace de manera indiscriminada, promovida por los fabricantes de equipo agrícola. La asistencia técnica se orienta al uso de los insumos agrícolas, que fabrican las trasnacionales a fin de incrementar sus ventas. Pero lo más grave es que la producción agropecuaria está muy ligada, estrechamente, a las agroindustrias. Y las agroindustrias son proveedoras de alimentos para todos los estratos.
¿Y qué es lo que ocurre en nuestro país con la industria alimentaria? México, más que otro país de América Latina, sigue muy de cerca el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que se hace en los Estados Unidos. Son las grandes empresas trasnacionales que inducen al modelo consumista, característica de la población norteamericana.
Dentro de un marco de un país subdesarrollado, donde no obstante existen empresas de capital nacional, se sujetan, al final de cuentas, a un mismo patrón internacional. Las empresas trasnacionales tienen mayor poder económico que las nacionales, abarcan un mayor radio de la producción y distribución, y controlan ramas clave, que les da una mejor posición dentro de las cadenas agroalimentarias, donde desempeñan un papel decisivo, por medio de su colosal poder financiero, tecnológico y publicitario.
Es el panorama, señores diputados, de la actual producción agropecuaria, modelo de desarrollo - vuelvo a insistir -, impuesto por empresas trasnacionales, cultivo de productos de alto rendimiento para fines de exportación, abandono de la producción de básicos de las mejores tierras, importación masiva de granos, de leche en polvo , pieles, cueros y vísceras.
Crisis de la mayoría rural, bonanza de la minoría, y olvido sistemático de los principios de la reforma agraria. Las causas son evidentes y no es posible negar la influencia determinante de la llamada modernización agrícola: Revolución Verde a través de transferencia tecnológica y capital extranjero, y el apoyo decidido de instituciones nacionales e internacionales que impulsaron este modelo de desarrollo agropecuario.
Y como se dijo al principio, son tres pilares que sustentan este modelo de desarrollo rural: crédito internacional, investigación y uso de semillas apropiadas. Todos ellos orientados
hacia la producción que garantice las máximas ganancias, que olvide las reales necesidades del pueblo y que desvía los esfuerzos de la Nación hacia otros renglones que se contraponen con nuestras necesidades.
Ha llegado la hora de declarar que este modelo no debe seguir. Ya no puede justificarse la presencia de empresas trasnacionales en nuestro aparato productivo; ya no es justificable la presencia de un aparato industrial, como un proceso de subordinación de la producción a los parámetros y exigencias de un sistema industrial que busca las máximas ganancias, modificando los programas de producción y, sobre todo, los hábitos de consumo que llevan problemas de desnutrición para nuestro pueblo.
Ahora bien, las cadenas de dominio trasnacional están integradas por una larga serie de eslabones, todos importantes, pero el primer eslabón importante y definitorio está constituido por las semillas mejoradas porque el aparato trasnacional no es exclusivo en el control de los alimentos, en el manejo sistemático del producto final elaborado, enlatado o industrializado, sino el control decidido del insumo inicial del que depende todo el complejo productivo: las semillas mejoradas.
En términos generales se puede afirmar, que la modernización agrícola implica una genética de alto nivel porque la alimentación humana fundamentalmente depende de tres docenas de plantas, y sólo tres de ellas: trigo, arroz y maíz, constituyen el 15% de los cereales que consume el pueblo mexicano.
Cuando en nuestro país se inició la Revolución Verde, y vuelvo a insistir en ella, las empresas nacionales empezaron a controlar el campo de la investigación, a través de las fundaciones Ford y Rockefeller, y todavía siguen influyendo con la presencia de técnicos que tienen esa mentalidad rockefeleriana, y que todavía van a los Estados Unidos a doctorarse con esa misma mentalidad.
A nivel mundial cuatro empresas, Sandoz, Unión Carbide, Upjohn y Purex, controlan el 70% de las patentes de semillas de frijol y seis empresas Unión Carbide, FMC, ITT, Upjohn, Purex y Celanese, tienen bajo su dominio las semillas de lechuga, algodón, soya y otros cereales.
En verdad es que en nuestro país sólo el 36 de la superficie, de la superficie mejor, de las mejores tierras, su previo de cultivo utiliza las semillas mejoradas. A pesar de eso, la producción es deficitaria de tal modo que el maíz, soya y sorgo, su déficit alcanza a 11, 15 y 44%, respectivamente.
La PRONASE, en el caso de la producción de semillas de básicos, arroz, frijol, maíz y trigo, aporta el 47.5% en la oferta total; y en el caso particular de las semillas de arroz y frijol, controla el 95 y 84% respectivamente.
En buena hora que la PRONASE haya logrado estos rubros, sin embargo, cultivos fundamentales quedan en manos de trasnacionales, de empresas privadas, como el sorgo, hortalizas y maíz, cuyo control es de 77, 57 y 49%, respectivamente, semillas mejoradas, muchas de ellas importadas o provenientes de empresas mexicanas, pero con patente de producción extranjera. Las semillas provenientes del extranjero, es decir, importadas para los cultivos de sorgo, soya y maíz fueron de 94.2% en lo general, pero individualmente los porcentajes fueron de 55.5, 30 y 8.7%, respectivamente, para estos cultivos.
Ahora bien, las empresas privadas trasnacionales ejercen un estrecho control a través de la imposición de determinadas semillas como parte del paquete tecnológico, indispensable para asegurar las especificaciones del producto dictadas por las mismas empresas.
A grandes rasgos, como ejemplo, citaremos la agricultura por contrato, que son convenios celebrados entre las grandes empresas y los productores, éstos se comprometen a producir para la empresa en un determinado periodo; las empresas facilitan los insumos, semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, equipo y asistencia técnica y, si es preciso, financiamiento. Deducible todo del precio de lo producido previamente establecido, con derecho de supervisión por parte de la empresa. Si el producto no satisface las especificaciones se aplican castigos sobre el precio convenido.
En lo que se refiere al uso de semillas y al uso de insumos químicos, se controlan a través de una supervisión técnica permanente. Las grandes empresas tienen -algunas- campos de experimentación y técnicos que recorren los predios para asegurar la debida aplicación de los insumos, las labores requeridas, y solucionar los problemas que pudieran ocurrir.
Si se tiene el caso de una incorrecta aplicación de los previamente entregados, la empresa puede anular el contrato y exigir el pago de lo adelantado.
Estas son las conductas de las grandes empresas privadas. Su dominio es tal, en lo que se refiere a semillas mejoradas, que hay algunas semillas híbridas nacionales, como el sorgo purépecha, ajustadas a las condiciones del país que, sin embargo, no son usadas por los productores debido a la publicidad desmedida de las que producen las trasnacionales.
En cambio, como un contrasentido, el maíz y el sorgo representan el 15% del total de exportaciones de semillas mejoradas, debido, sobre todo, a que su producción no responde a las características técnicas de la demanda; características inducidas por empresas trasnacionales.
En consecuencia, la atadura de la cadena trasnacional se inicia con las semillas mejoradas en el productor agrícola y la empresa privada, desde el momento en que las semillas híbridas, por ser tales, no se pueden producir y el productor, en cada siembra, se ve obligado a recurrir a su proveedora, o sea, la empresa privada.
Mayores ganancias se obtienen por parte de las empresas porque, además, son procesadoras
del paquete tecnológico necesario para las semillas mejoradas. La dependencia se ahonda porque las semillas son controladas a través de patentes, lo que propicia su acaparamiento, su imposición indiscriminada, reemplazando las semillas nativas que definitivamente pueden desaparecer y, en fin, desechando más aún nuestra dependencia alimentaria. Este es el modelo de desarrollo agropecuario inducido por las empresas privadas y estas son las razones por las que el Partido Popular Socialista se opone al dictamen, porque tal parece que a pesar de las evidencias que nadie puede negar, sobre las consecuencias nefastas para nuestro pueblo, que han provocado las empresas trasnacionales, aún se persiste en transitar por el mismo camino en el momento que el artículo 6 del dictamen da facultades a que las empresas privadas participen en la investigación. Nadie se opone a ello, a condición de que sean nacionales y no extranjeras.
Por lo anteriormente expuesto, si nos remontamos al año de 1941, cuando el gobierno inició conversaciones con la Fundación Rockefeller para realizar un programa de ayuda técnica y después, en 1943, al firmar un convenio con la misma fundación, y crear la Oficina de Estudios Especiales para el Desarrollo de Semillas Mejoradas, el modelo agrícola norteamericano fue determinante pretendiendo adaptar y trasladar prácticas de un país altamente desarrollado sin tomar en cuenta, entre otras cosas, tenencia de la tierra, infraestructura, nivel cultural, capacidad crediticia, etcétera, investigaciones orientadas a usar el paquete tecnológico sin el cual las semillas mejoradas no valen nada. Y todavía así, el dictamen pretende en la práctica, hacer partícipe en la investigación a las entidades privadas que son de capital extranjero. Nuestra propuesta no fue aceptada en el sentido de que se agregara la frase: "de capital nacional".
La fracción VI también agrega la Comisión Nacional de Fruticultura. No hay objeción para ello, pero las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas -ya dimos los nombres de estas empresas que han distorsionado la producción agropecuaria para ponerla a su servicio olvidando las prioridades nacionales -, no deben participar.
Se ha hecho en realidad "poner la Iglesia en manos de Lutero". El dictamen afirma, además, que al suprimir la facultad a la PRONASE, según el artículo 13 de proponer requisitos y dictaminar técnicamente sobre importación y exportación de semillas en todos los casos, se evita crear una duplicidad de funciones, puesto que el Comité Calificador es el que debe tenerla, comité al cual la PRONASE pertenece. A simple vista podría parecer bueno, pero lo grave es que al mismo tiempo que se le quita esta facultad a la PRONASE, se invita a formar parte del Comité Calificador a los productores de semilla, sin especificar cuáles, porque hay productores de semillas, entre ellos están Unión Carbide, Upjohn, Celanese, etcétera, quienes tendrán voz y voto dentro del Comité Calificador.
Nosotros pedimos en el seno del estudio de las comisiones, que se agregara en cualquier párrafo donde existiera el concepto "empresa privada", que sean nada mas dos palabras: "capital nacional", y no fue aceptado, las demás cosas fueron aceptadas, pero sustancial, no.
Señores diputados, la estrategia en la producción agropecuaria para nuestro país ya no puede plantearse como una simple sustitución de cultivos, y la recuperación del ritmo de producción que tuvo algún tiempo. No, lo que es imprescindible es abandonar el esquema impuesto que dio prioridad a los cultivos de alto rendimiento con la ingenua idea de vender artículos caros al extranjero, que aportarían divisas y con ello adquirir alimentos baratos del exterior, tal política, aumentó nuestra dependencia, agravó las desigualdades en el campo y provocó problemas de transporte y almacenamiento de lo importado. Es necesario abandonar ya el modelo agropecuario inducido del exterior; se trata del poder alimenticio de nuestro pueblo, poder que en manos de nuestros proveedores, los Estados Unidos, se transforma en arma de chantaje y dominación. Este es el hecho que da prioridad a la afanosa búsqueda de nuestra suficiencia alimentaría, se trata de dar una nueva orientación que signifique decidirnos a producir lo que nos es necesario y no a lo que necesitan los demás.
Para el Partido Popular Socialista es evidente que debemos producir, acorde con nuestras necesidades y no con base en la mentalidad empresarial. Con una nueva teoría de enfoques y acciones que corresponda a un cambio radical de orientación. Y el primer paso es controlar, de manera real y efectiva, por parte del Estado mexicano, las semillas mejoradas.
El dictamen, en la práctica, no busca ese objetivo patriótico. El Partido Popular Socialista votará en contra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Enrique Alcántar Enríquez, en pro.
El C. Enrique Alcántar Enríquez: - Señor Presidente, compañeros diputados: El suscrito, como miembro de la Comisión de Agricultura, firmó positivamente al dictamen porque las reformas de organización y de administración de las instituciones involucradas en la iniciativa, son relativamente adecuadas y no producen más daño. Sin embargo, con ellas solas no se solucionará ni el problema alimentario general, ni el de las semillas en particular, además de lo que se aborda en la iniciativa, lo estrictamente legal y formal. Hay otras cuestiones involucradas de las cuales voy a hacer algunas consideraciones.
La finalidad con que se creó Productos Nacionales de Semillas fue la de lograr la superación de estos insumos, que fueran adaptables a los sistemas ecológicos de las diferentes regiones en que se emplearan, de acuerdo con
los climas, hidrografía, topografía, calidad de suelos, etcétera, puesto que no era conveniente adaptar semillas que eran óptimas para rendir buenos resultados en otros países con sistemas ecológicos distintos al nuestro. Además servirían para ahorrarnos divisas que se emplearan en la compra o adquisición de estos insumos en el extranjero.
Por otra parte, reconocemos los esfuerzos que los técnicos y agrónomos mexicanos han logrado, principalmente en el maíz y el trigo, habiendo obtenido el reconocimiento internacional y que con tan buen éxito se están empleando estos adelantos en todo el orbe, principalmente en la India y Paquistán, contribuyendo en lo que se ha denominado la Revolución Verde. Pero también consideramos que tanto a nivel nacional como regional este programa ha estado algunas veces a cargo de personas que no tienen los conocimientos suficientes en la materia y cuyos nombramientos se debieron a recomendaciones políticas o nepóticas. Esto ha propiciado que las metas que se fijaron a este programa no hayan sido plenamente alcanzadas, puesto que actualmente se reciben muchas quejas de los campesinos en relación a la escasez y mala calidad de las semillas, y a la necesidad constante de importación cuando se quiere obtener buena calidad en las mismas por los agricultores particulares.
Insistimos en que las funciones de PRONASE sean aumentadas a su máximo para que se logre en forma óptima calidad y la cantidad necesaria para evitar las importaciones de semillas, y elevar la producción de alimentos que tanto está necesitando el país, con lo que se evitarán así las importaciones de alimentos que están gravando la situación financiera nacional, puesto que propician el endeudamiento al extranjero con más de dos mil millones de dólares anuales. Asimismo, consideramos que se debe evitar al máximo la burocratización de estas actividades, aprovechando al máximo la experiencia de los agricultores, que naturalmente han ido seleccionando las semillas por su tamaño y densidad.
Veremos con beneplácito que en la supervisión del funcionamiento de esta dependencia, se incluyan técnicos representativos de organizaciones o asociaciones que mucho ayudarán con su experiencia y conocimientos en la materia, tales como exportadores y productores agrícolas, asociaciones agronómicas y botánicas que existan en el país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Nicolás Orozco Ramírez.
El C. Nicolás Orozco Ramírez: - Ciudadano Presidente; honorable Asamblea: La iniciativa de decreto que nos ocupa para adicionar y reformar diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas fue enviada por el Ejecutivo para su estudio, discusión y en su caso, aprobación de esta honorable Cámara de Diputados.
Para la fracción priísta de esta honorable Cámara es importante señalar lo siguiente: El C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ha manifestado en reiteradas ocasiones que es prioridad fundamental de su gobierno garantizar los alimentos para el pueblo de México, y con ello lograr la autosuficiencia alimentaria. Debemos reconocer que se están aplicando las medidas y realizando las acciones necesarias que van encaminadas a lograr ese objetivo.
El Plan Nacional de Desarrollo y el recientemente integrado Programa Nacional de Alimentación son inobjetables hechos que demuestran la congruencia entre el decir y el actuar del C. Presidente de la República.
Vivimos y formamos parte dentro de una realidad que enfrenta graves y difíciles problemas, y se requiere para solucionarlo, la participación responsable y organizada de todos los ciudadanos sin distinción de sexo, edad, ocupación o posición económica.
Aquí, en la máxima Tribuna del país y ante la representación popular del pueblo de México, quiero señalar y los invito a compartir esta reflexión: Es un hecho indiscutible que en el sistema institucional de nuestra patria existen aspectos o situaciones negativas, pero lo negativo que exista en este sistema es eliminable y hay que eliminarlo. Así como que también es una verdad innegable que existen situaciones, esquemas, estructuras, instituciones, planes planes, programas, y conquistas positivas, éstas no sólo hay que conservarlas, sino que tenemos la obligación de enriquecerlas y aumentarlas. En el campo, actualmente debemos aplicar esta misma reflexión.
Es una realidad que los productores agropecuarios, indistintamente del régimen de la tierra, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, por varias razones y situaciones a las que nos enfrentamos, vivimos una época difícil, pero con honestidad todos - creo yo - debemos reconocer el avance que se ha logrado, como lo pudimos constatar el día de ayer, y anteriormente en otras visitas de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta Cámara, que ha visitado algunos estados en donde están a la vista las acciones emprendidas por el rector agropecuario.
Al referirnos concretamente a las semillas y al papel que desempeñan en el proceso de la producción agrícola, es indispensable que hablamos del insumo de mayor importancia y determinante para obtener buenos rendimientos por hectárea, y con ello incrementar la producción de alimentos, lograr la autosuficiencia alimentaria y elevar el nivel de vida de los productores del campo.
En relación a la producción de semillas, nos falta desarrollo y hay mucho camino por andar; la tecnología nacional y la investigación oficial son insuficientes y los volúmenes comerciales que se producen de semillas no satisfacen la demanda existente, así como los bajos rendimientos de algunas variedades; pero también es justo señalar que no todo es negativo, que de acuerdo a su limitado presupuesto, tanto el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
como Productora Nacional de Semillas cumple una importantísima función dentro del proceso de producción en el campo, Se estima que actualmente el país requiere para un año agrícola 552 mil 814 Tons. de semilla para poder sembrar aproximadamente 15 millones de has., con la siguiente distribución de los principales cultivos: en básicos, se requieren 464 mil 340 Tons. para sembrar aproximadamente 11 millones 575 mil has.; aquí sobresale lo relativo al maíz, se requieren 168 mil 140 Tons. de semilla para sembrar aproximadamente 8 mil 407 has.; en oleaginosas se requieren 42 mil 408 Tons. de semillas para sembrar aproximadamente un millón 139 mil has.; aquí sobresale lo referente a la soya, donde se requieren 36 mil 80 Tons. de semilla para sembrar 451 mil hectáreas.
Referente a semillas industriales, se requieren 38 mil 175 Tons. de semillas para sembrar 452 mil has., sobresaliendo aquí, lo referente a la cebada para grano, que se requieren 31 mil 560 Tons. para sembrar 263 mil has. Además, señalamos que en la producción total de semilla de los principales cultivos, tiene gran participación la Productora Nacional de Semillas.
En básicos, la producción total de semillas es de 265 mil 517 Tons., de las cuales PRONASE aporta 185 mil 904 Tons.; esto es, representa una aportación de 70%; en arroz, se producen 23 mil 422 Tons. PRONASE produce 21 mil 575, que representa el 92% de la demanda; en frijol se producen 14 mil 995 Tons., de las cuales produce PRONASE 14 mil 324 Tons., representando un 95% de la producción; en maíz se producen 31 mil 801 Tons., de las cuales PRONASE aporta 26 mil 705 Tons., que representan un 84% de la producción; en trigo se producen 195 mil 299 Tons., de las cuales PRONASE aporta 123 mil 300 Tons., representando el 63% de la producción; en oleaginosas se producen 41 mil 554 Tons., de semilla aportando PRONASE 18 mil 332 Tons., que representan un 44% de la producción.
Es importante señalar que este dictamen que nos ocupa fue elaborado en las comisiones correspondientes que lo subscriben con la participación de los diputados que las integran, y sobresalen en ella varios aspectos. En relación a los que forman parte del Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, se incluye a la Comisión Nacional de Fruticultura y a las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas, reconocidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En la realidad que vivimos nos encontramos con que ya existen empresas privadas que producen semillas y participan en el comercio de este importante insumo. Y como tales deben participar en este sistema.
En relación a señalar expresamente lo que el compañero Viterbo Cortez nos comentaba, de que debían ser de capital nacional, no es aplicable mediante esta ley querer regular o dictar disposiciones, que de acuerdo a nuestra legislación está claramente establecido en nuestra Constitución Política, y la reglamentación a que debe sujetarse la inversión extranjera, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que les otorgue este permiso.
En relación al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, se le responsabiliza expresamente a este Instituto de la investigación oficial para el mejoramiento de plantas existentes y la formación de otras, quien dará preferencia a los programas de Productora Nacional de Semillas y deberán coordinarse INIA y PRONASE para producir las semillas mejoradas, que se requieran prioritariamente para fomentar el desarrollo agrícola del país.
El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas deberá incrementar la investigación y producción de líneas básicas, para que a su vez las entregue a PRONASE, y éstas las reproduzca a niveles comerciales de producción para satisfacer la demanda de semillas. Debemos señalar que ya están operando convenios con gobiernos de los estados y con la participación de los productores, indistintamente de su tenencia de la tierra, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para que ellos mismos produzcan sus propias semillas y obtengan así mayores beneficios.
Para efecto de regular y atender las necesidades nacionales, las demás personas físicas o morales que lleven a cabo trabajos semejantes y tengan interés en obtener privilegios de aprovechamientos exclusivos de variedades que mejoren o formen a través de investigación, requerirán autorización de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En relación al Comité Calificador de Variedades de Plantas, se señala expresamente quiénes lo integrarán; buscando en él la participación de todas las dependencias oficiales que inciden en la producción, certificación y comercio de semillas, así como los representantes de los productores de semillas y organismos de educación agrícola. Este Comité será presidido por el representante de la Dirección General de Agricultura.
En relación a la estructura organizacional de la Productora Nacional de Semillas, se señala expresamente que la administración de ésta recae en un consejo de administración, que invariablemente será presidido por el C. secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y lo formarán, además, otros representantes de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; representantes de la Secretaría de Programación y Presupuesto; de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; del Banco Nacional de Crédito Rural, y por un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Además, en este dictamen se especifican las facultades de este consejo enumeradas con carácter enunciativo y no limitativo. Contiene también este proyecto de decreto, el señalamiento de que la administración directa del organismo quedará a cargo de un director general que será designado por el
C. Presidente de la República; que se auxiliará este director de los funcionarios que apruebe el propio consejo de administración. Se señalan las facultades del director y se especifica que los funcionarios que le auxilien tendrán las facultades que le confiera el propio director o el Reglamento Interior del Organismo.
Finalmente, las comisiones que suscriben, en virtud de la importancia de esta ley en el desarrollo agrícola de nuestro país, nos hemos planteado, como tarea a desempeñar en el próximo periodo de receso de esta Legislatura, el análisis y el estudio de la presente ley en lo general, con el propósito que se presente una iniciativa sobre el particular, en el próximo periodo ordinario de sesiones. Y ya que las presentes reformas y adiciones se refieren casi exclusivamente a la estructura organizacional de los diversos organismos que señala esta ley y, además, se establece la obligación de elaborar y expedir el reglamento correspondiente a esta ley, dentro del año siguiente a la fecha de publicación del presente decreto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Viterbo Cortez Lobato.
El C. Viterbo Cortez Lobato: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados: Tengo aquí a la mano la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, expedida por el licenciado Adolfo López Mateos, en la cual lo que viene a demostrar que el dictamen es un retroceso. No existía ni en el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, ni el Comité Calificador, ni en ningún articulado, las empresas privadas. Ello quiere decir que el Presidente Adolfo López Mateos era visionario desde el punto de vista nacionalista, y por eso no las introdujo en esta ley. Y ahora nos resulta que este dictamen quiere mejorar la anterior ley del licenciado López Mateos, y hace intervenir, en muchos casos, en la comercialización, investigación, distribución de semillas mejoradas a las empresas trasnacionales.
Aquí se afirmó que no causa ningún daño el que empresas privadas participen en la investigación, calificación y comercio de semillas mejoradas. Desde hace 30 años lo vienen haciendo. ¿Cuál es el resultado? Ahí está a la vista. Tenemos necesidad de importar más de ocho millones de toneladas de granos básicos para el pueblo, porque los Estados Unidos de Norteamérica, con sus problemas también económicos que tiene, forzó la compra de esos millones de granos que ellos producen - mal maíz por cierto -, a un precio muy elevado, y por la necesidad de nosotros de importar, tenemos que hacerlo. ¿Pero quién induce esta necesidad? ¡No causan ningún daño! Tenemos que importar 140 mil toneladas de leche en polvo - no sé cuánto cueste, millones de pesos, miles de millones -. Exportamos ganado en pie, a la vez importamos vísceras, cuero y pieles. ¡No causa ningún daño señores diputados! Pero la política de las semillas mejoradas está muy ligada también estrechamente a la industria alimentaria de nuestro pueblo, ¿Y quién controla la industria alimentaria?, ya lo dije anteriormente, son las empresas trasnacionales, que aprovechando la política estatal, como en este caso de apoyo irrestricto, con sus tecnologías modernas, su poder financiero y poder comercial, han logrado imponer sus producto en el mercado obteniendo colosales ganancias a través del crédito preferencial de que son objeto en detrimento de las empresas nacionales.
Dentro de este contexto la inversión extranjera ha invadido ya el sector industrial alimentario, pero con la tendencia a la producción - escúchese bien -, de alimentos suntuarios llamados así no por lo caro que sean, sino que no obstante que son consumidos por sectores poblacionales de altos ingresos y de bajos ingresos, por su carácter de poco valor nutritivo, con un precio superior al del producto original, como ocurre en el caso particular de los corn flakes u hojuelas de maíz. Yo diría que con excepción del procesamiento de leche fresca, leche condensada, leche en polvo, fabricación de tortillas, que por fortuna está en manos de nacionales, los demás son alimentos suntuarios en manos de empresas extranjeras.
Entre los alimentos suntuarios se pueden destacar los concentrados, colorantes, saborizantes artificiales, cereales para el desayuno, las harinas preparadas para hot cakes, sopas enlatadas, alimentos colados para niños, bajo el control de Kellogg's de México, Productos de Maíz, Anderson Clayton, Campbell y Gerber. La fabricación de palomitas de maíz, que originalmente eran fabricadas por pequeñas empresas nacionales, así como las papas fritas, ahora han sido desplazadas por empresas trasnacionales como: Sabritas, filial de Pepsicola, Pepsicor y Kellogg's de México, postres preparados, flanes, gelatinas, golosinas, pastelillos, bajo un abrumador marco de publicidad, son consumidos por estos estratos de la población de altos y de bajos ingresos.
Originalmente debo recordar que en los estratos de bajos ingresos sus hábitos de alimentación se basaban en el uso sustancial del maíz, las leguminosas como el frijol y el haba, grasas y aceites que, viéndolo bien desde un área objetiva, eran de superior valor nutritivo a los hábitos de consumo de hoy, inducidos por las empresas trasnacionales... Y no causan ningún daño.
Un nuevo patrón de consumo que obligan a través de un agobiante marco de publicidad... pero no hacen ningún daño. De hecho, las empresas trasnacionales dominan la industria alimentaria. Y 130 de ellas poseen alrededor de 300 establecimientos, de los que 65 son granjas avícolas, supermercados, cadenas de restaurantes, etcétera. El 80% son norteamericanos y las siguen en orden proporcional las filiales suizas, italianas, japonesas y francesas. Hay casos en que estas empresas no sólo están en la industria de los alimentos, sino en
ramos distintos, tal es el caso de Gerber, productos que se ubican en alimentos y textiles.
A finales de los años 30, ya existían las empresas Anderson Clayton, en el comercio del algodón, en el procesamiento de las semillas para fines alimenticios. Nestlé, Quaker Oats y Chiclets Adams. Y más tarde en los 40s, Coca Cola, Pepsi Cola y MacCormick. En estos mismos años existían ya 16 filiales, y en 1950 aumentaron a 23 , abarcando seis nuevas clases de producción como yogures y otros productos derivados de la leche y café soluble.
Una vez establecidas las empresas trasnacionales empezaron, mediante una publicidad desenfrenada, a imponer nuevos hábitos de consumo que garantizaran la venta de sus productos diferenciados por marcas registradas con transformación, presentación y comercialización características del país industrial de donde proceden.
Es así como la inmensa mayoría de la población empieza a consumir y demandar subproductos caros de carne, de leche, de aceite, platos fríos, confitería, bizcochos, bebidas, jugos, botanas, frituras de maíz, papas fritas, flanes y gelatinas a un precio mil veces mayor que el producto original.
Yo podría citar hasta el cansancio, la presencia de empresas trasnacionales en la industria agroalimentaria, que quiérase que no están ligadas muy estrechamente al modelo agropecuario inducido del exterior, y yo dije que el primer eslabón de la cadena de dominación, son las semillas, eso no lo pueden negar. ¿Cómo es posible que no se le dé importancia a este dictamen que, es decir, no cuesta nada, agregarle ni siquiera la frase "de capital nacional"? Porque afirman que el 51% de las empresas extranjeras son capitales nacionales. ¿Y los prestanombres?
La integración que tienen las empresas trasnacionales, permite funcionar con ventaja, aprovechando sus productos y tener más control del sistema de cada producto además de grandes ventajas financieras.
Es preciso hacer notar, señores diputados, que el nuevo patrón de alimentación impuesto por los trasnacionales y su relación estrecha con la producción agropecuaria, además de afectar la nutrición popular, tiene otras consecuencias, más graves aún: profundizar más la dependencia alimentaria, no sólo por la necesidad de importar básicos, sino por la necesidad de importar otros productos como leche y soya, exigidos por dicho modelo alimentario.
Y aún así, se insiste, como dije al principio, transitar por el mismo camino que ha provocado lo que todo mundo ve y siente, una clara y marcada desnutrición de nuestro pueblo mexicano.
Señores diputados, las semillas -repito- son híbridas, son magníficas, su producción es muy elevada, pero tienen una grave desventaja, sin el paquete tecnológico extranjero no sirven para nada. Y además, aparte de eso, son fácil presa de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de plaga.
De esa manera se están echando - valga el término - al traste las semillas nativas que en determinadas condiciones son superiores a las híbridas.
Yo podría decir, desde el punto de vista genético, cómo se producen los híbridos, pero no es el caso. Lo mismo ocurre en la avicultura, también son híbridas las ponedoras y por ser tales no pueden reproducirse, y se tiene cada vez que importar año con año esas semillas mejoradas.
Yo no estoy en contra -y así lo dije - de que la PRONASE se fortaleciera, y por eso es que luché dentro del seno de las comisiones por que no participaran las empresas privadas de capital extranjero. Hacer eso, significa debilitar a la PRONASE, significa inducir la investigación a través del INIA, hacia la búsqueda de semillas iguales que exige el patrón internacional.
Por lo tanto, volvemos a insistir, el Partido Popular Socialista rotunda y categóricamente se opone a este dictamen porque no tiene los fines patrióticos de que necesita el pueblo mexicano. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta concluir con los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el C. diputado Salvador Castañeda O'Connor.
El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: La Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México votará en contra de este dictamen, porque considera que no se aprovecha este esfuerzo legislativo para avanzar en el objetivo de tener para nuestro campo una tecnología propia y adecuada.
A nosotros nos parece que el terrible déficit de la producción de alimentos en México, se debe a varios factores. Primero, porque los ejidatarios, los pequeños propietarios que producen alimentos tienen las tierras de peor calidad, porque tienen créditos caros e inoportunos, y porque la CONASUPO paga por sus productos precios muy por abajo de los costos de producción.
Ahora esta diferencia entre los costos de producción y los precios de garantía que paga la CONASUPO, se va a aumentar con el incremento a los precios del petróleo, con los precios a la gasolina y al diesel.
Para los campesinos va a ser más difícil producir con estos altos precios, pero también, por este camino, compañeros, vamos a llegar a la agricultura del arado egipcio y de la coa. Muchos campesinos están vendiendo sus tractores y sus camiones. Como aquí se refería alguien, de los ganaderos que estaban mandando las vacas al rastro porque ya no es costeable producir
leche. Yo también digo que muchos campesinos están vendiendo sus tractores porque no tienen con qué moverlos, y están depositando su dinero en la banca, para obtener rendimientos altos.
Sí, aquí se están poniendo las cosas al revés. Pero otro de los problemas que incide en el déficit de la agricultura es usar un tecnología extranjera, inadecuada para el país. Y aquí en el dictamen al incorporar a la investigación privada y a la comercialización privada, en el propósito de mejorar nuestra tecnología, estamos cometiendo un grave error. El Gobierno ha ayudado a financiar la investigación privada que es generalmente extranjera, y luego los extranjeros nos la venden y es inadecuada. No hay peor negocio, por ejemplo, para un campesino que comprar un tractor, porque son tractores previstos para las llanuras texanas, y ellos en un día resuelven el problema de su parcela, maquilan la parcela del compadre y después el tractor lo tiene que guardar. Si el tractor para que sea costeable debe trabajar por lo menos 18 horas diarias.
El uso de pesticidas y fertilizantes es también a veces inadecuado y caro en tierras de temporal, y riesgoso porque aumenta los costos de la producción y a veces la sequía acaba con todas las expectativas del agricultor.
Estos son los problemas que están provocando que ahora hagamos válida aquella consigna de Ruiz Cortines, de la marcha al mar. Pero no vamos al mar a pescar, vamos al mar a recoger la producción de granos que importamos, allí están los barcos en Veracruz que no descansan de descargar los granos que necesitamos los mexicanos para comer.
No, compañeros, que no nos anuncien una ley para el año entrante, tenemos que quitarnos lo acomplejado los mexicanos, podemos tener una tecnología propia y repudiar la tecnología inadecuada y saboteadora del extranjero. Por esa razón votaremos en contra los diputados del PSUM de este dictamen. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Nicolás Orozco Ramírez.
El C. Nicolás Orozco Ramírez: - Ciudadano Presidente; honorable Asamblea: Nuevamente, en nombre de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de Comercio que suscriben este dictamen, hacemos uso de esta tribuna para señalar lo siguiente: En relación a lo expuesto por el compañero Viterbo Cortez, en cuanto a que las empresas trasnacionales debilitarán a PRONASE, debemos hacer las siguientes reflexiones: Las empresas privadas ya participan en la realidad que vivimos aportando su producción para incrementar la producción de alimentos; además, éstas se señala que formarán parte del Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, no al Comité Calificador de Variedades. Al Comité Calificador de Variedades participarán los representantes de las diversas instituciones y secretarías de Estado que inciden en la producción del campo y los productores de semillas, no así las compañías trasnacionales. PRONASE no se debilita de ninguna manera con la participación de las empresas privadas, puesto que, primero, tendrá prioridad dentro de los programas de investigación del propio Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y, seguidamente, la Productora Nacional de Semillas tiene estructura y vida institucional propia, no depende de otras instituciones o empresas privadas. También debemos señalar que este es el primer esfuerzo en serio que se hace, atendiendo precisamente a la importancia que se tiene en la producción de alimentos. Las semillas son, efectivamente, el insumo más importante que determina el incremento y los rendimientos en los granos por hectárea y como tal, se requiere dar el primer paso para que se apruebe este dictamen, autorizando la nueva estructura organizacional que facilite, promueva y mejore la función que Productora Nacional de Semillas tiene dentro de nuestro Sistema Nacional de Producción en el campo.
Por lo expuesto anteriormente, con el debido respeto, solicito a usted, C. Presidente, que someta a discusión, la votación -perdón-, si se encuentra suficientemente discutido este dictamen en lo general. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados en un solo acto.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Señor Presidente, se emitieron 311 votos en pro, y 24 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 311 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 5o.,
fracción VI, de la ley correspondiente al artículo 1o. del decreto; y el 21 de la ley correspondiente al artículo 4o. del decreto. Se inscribieron en contra los CC. diputados Daniel Sánchez Pérez y Francisco Calderón Ortiz; en pro, los CC. diputados Areli Madrid Tovilla Y Víctor Manuel Torres Ramírez.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: -Honorable Presidencia, compañeras y compañeros diputados: Antes de venir a esta tribuna escuchaba yo una expresión en el sentido de que por qué votar en contra si las semillas no tienen ideología. Efectivamente, las semillas no tienen ideología, pero quienes las producen, las distribuyen y comercializan sí las utilizan como una arma estratégica de acuerdo a su propia ideología.
Quiero aclarar que la esencia de esta iniciativa, como ya se dijo muy claramente, es darle otra estructura orgánica, tanto al Sistema Nacional de Producción de Semillas como a la Productora Nacional de Semillas, admitiendo - y en esto no tiene nadie por qué oponerse -, organismos estatales que estaban fuera de esta actividad tan importante como la Comisión Nacional de Fruticultura.
También, a manera de un comentario muy breve, nosotros decíamos en comisiones y explicamos, que no nos interesaría como integren el aparato, de todas formas sigue la misma política del Estado. Y nuestra discusión frontal fue precisamente el que no queríamos que si ya había un consejo de administración, cuya cabeza la define el Presidente de la República, también tuviera que existir un director que también lo designa el Presidente de la República. Y nos perdimos sobre discusiones en presidencialismo.
No votamos en esa ocasión y nos abstuvimos en comisiones con nuestro compañero Dolores, porque decía que había necesidad de que el Presidente de la República designara al señor director, que es el que representa directamente al organismo, en virtud de que así había más responsabilidad de su parte.
Simplemente nosotros preguntamos: ¿En el esquema administrativo nacional a todos los directores los sigue designando el Presidente de la República, y esto no ha sido aval para que sean corruptos o dejen de serlo? Todos los directores están en la cárcel por bandidos y los que aún circulan afuera, los designó el Presidente de la República y eso no los vacunó en contra de la corrupción. Por eso da lo mismo qué tipo de organización tenga este aparato, si siguen con las mismas políticas y siguen con la misma corrupción, el Presidente de la República, al final, se lavará las manos.
Está claro, pues, que tratamos de meter entre una cosa genérica de la cuestión organizacional - como dicen - una situación de principios que sí es fundamental y que ya el compañero Viterbo -a quien felicito- hizo una gran exposición, le dio toda la dimensión que debe tener.
¿Qué cosa es la empresa privada en esta país? ¿Cómo ha sido premiada por los capitales extranjeros, principalmente por el norteamericano? Eso ya lo explicó bastante y sería repetitivo. Nosotros sabemos que en México, una vez que se reubicó después de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo a la división internacional del trabajo, también los capitales que de ahí nacieron, como los de Estados Unidos, empezaron a buscar una propia estrategia, una propia táctica; empezaron a llevar dinero a otras partes, para sus propios fines. Y a México le tocó tener que cambiar de un estado netamente agrícola a un estado de manufactura industrial. Y ahí empezaron a hacer inversiones; ahí empezaron poco a poco, también los Estados Unidos, a tener el dominio de esas inversiones.
Pero la crisis, señores diputados, la crisis mundial que nos azota, le ha venido a dar otras dimensiones. Las industrias llamadas punta como la automovilística, la química, la siderurgia, han venido a caer en un momento dado en conflicto, ya no en desgracia, pero sí en conflicto. Han disminuido las tasas de utilidades y se ha notado, además, que en este momento la mayor parte de los países necesita, de urgencia, satisfacer más que nada sus necesidades alimentarias.
¿Qué han hecho entonces las trasnacionales? Pues han iniciado un periodo de expansión hacia un renglón nuevo, en forma transitoria, para poder ellos tener el control estratégico y político de esos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, a través precisamente de la producción de alimentos.
Y ya no solamente se dedican o han dedicado su dinero a enviar alguna innovación tecnológica, sino que se han dedicado a comprar empresas privadas - como dice Nicolás -, que ya estaban y que por lo tanto deben participar. Empresas privadas que ya estaban aquí han sido absorbidas por el capital nacional o trasnacional que aquí funciona. Esa es la nueva orientación que hasta hoy, en forma transitoria, y para salir un poco de la crisis económica de los Estados Unidos, ha venido haciendo en África, en Latinoamérica. Esto han estado haciendo en otros países que son netamente rurales como el nuestro, cosa que se ha olvidado - creo a partir del '57 - que este país sigue siendo rural aunque no queramos.
¿Qué es lo que con esas cosas sucede? En esta iniciativa supuestamente se trata de darle congruencia al sistema nacional de producción de semillas. Yo digo que no hay tal congruencia, porque atenta contra dos principios fundamentales de ese famoso Plan Nacional de Desarrollo: primero, la autonomía y autosuficiencia en materia alimentaria, y segundo, ponen en servicio la rectoría del Estado. Y vamos a explicar por qué: nosotros hemos dicho - ya la afirmamos -, que la orientación original de las empresas trasnacionales en el país, fue principalmente la manufactura industrial. Esto nos convirtió, aunque no fue
en un país desarrollado, en un mercado muy apetecible para el capital extranjero. También hemos dicho que como resultado de la crisis tuvieron que ajustar sus estrategias y sus esquemas, y que ahora le dan mucha importancia a otras industrias que no están en problema, como es la producción de alimentos.
¿Cuál ha sido la política nacional respecto de esa venida de capital con la nueva orientación? Pues la política gubernamental es muy clara, ha tendido a ignorar los efectos macroeconómicos de las inversiones extranjeras directas y pone énfasis en su promoción cuando parece ser eficiente desde el punto de vista microeconómico, y esto es lo que ocurre en el plan de la producción alimenticia, y la otra, la que se maneja en la ley de inversiones, la premisa de que la política mexicana sobre la de inversión extranjera ha sido de que ésta sea complementaria de la nacional y que se le admita en forma selectiva.
Nosotros quisiéramos hablar nada más de lo que da la inversión extranjera en la industria alimentaria, puesto que Viterbo ya hizo todo de los demás análisis.
En México se han identificado 85 casas extranjeras que operan en el país en la rama alimentaria, 80 de ellas son norteamericanas. En 1978, año más reciente de la información sobre el universo de las empresas, tenían éstas, en trasnacionales en el país, 167 filiales, y subsidiarias que representaron aproximadamente el 95% de la inversión extranjera directa en la industria alimentaria. El 74% de las 167 filiales, y subsidiarias de trasnacionales en la industria alimentaria en México, operan bajo el régimen de mayoría de capital extranjero, de ahí que la complementación con la industria nacional sea un espejismo.
El Estado mexicano ha tenido que dar tratamiento de mexicanos a estas empresas, si bien la estructura de capital señalada por su origen está virtualmente controlada por extranjeros. Este control se ejerce además, a través de las otras vías o títulos a que se refiere la ley en su artículo 2o. - la Ley de Inversiones Extranjeros en su artículo 2o., fracción IV -, los que desafortunadamente en este artículo, no se definen a qué título o a qué tipo de control se refiere, de ahí precisamente que en las 19 resoluciones generales, que para tal efecto se dictó la Comisión Nacional Extranjera de Inversiones no aparezcan, dejando campo abierto a que por otros títulos o por otros medios establecidos en esa fracción, las empresas norteamericanas hagan uso de casi un 100 por ciento de esos capitales en esas empresas llamadas nacionales o privadas.
¿Cuáles son otros títulos? Simplemente la diversificación de sus productos, el uso de tecnología absolutamente de ellos en insumos que se utilizan para que operen las semillas que aquí tenemos, la propaganda desmedida, la influencia que tiene sobre funcionarios de este régimen para que les acepten sus contratos de compraventa, y eso lo estamos viendo constantemente con la Secretaría de Comercio, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que permiten la venida de semillas extranjeras en forma permanente, sin otro requisito que llevar un contrato para su sanción. ¿Cuánto va detrás del contrato? Ese es un problema de corrupción que no corresponde aquí tratar.
Parece que la industria alimentaria no es de los sectores más queridos de la mexicanización. La estructura del capital de las 167 filiales sugiere que en la mayor parte de ellas - En un 74%- está bajo mayoría del capital extranjero; sólo el restante 26% de ese dinero, de esas filiales, que representa una cuarta parte de la inversión, se asoció con empresas mexicanas nacionales; las 10 extranjeras principales, que son principales usuarias de esa tecnología que recibimos del extranjero, pagaron por este concepto a sus metrópolis el 87% de todos los pagos totales que se hicieron por tecnología y, curiosamente, de esa suma, el 71% fue pagado por sólo tres trasnacionales; Anderson & Clayton, Purina y Nestlé, ¿no es coincidente que las dos primeras son precisamente las que se dedican a la producción de semillas, y entre éstas a aquéllas que abastecen a los alimentos balanceados o aquellos alimentos que dan base a las agroindustrias alimentarias? ¿No es coincidente que estas dos empresas que iniciaron precisamente la apertura de esa invasión nueva de capital extranjero en la nueva orientación, sean quienes exporten la mayor cantidad de sus pagos en el extranjero por cuestión de tecnología? ¿A esto le podríamos llamar autonomía? ¿A esto le podríamos llamar nacionalismo? Nosotros quisiéramos simplemente hacer alguna referencia a lo que aquí, en tribuna, vino a decir Nicolás Orozco -el compañero diputado Nicolás Orozco -, al contestarle a Viterbo; decía él que PRONASE distribuye la mayor parte de la semilla que se consume por los agricultores y dio datos, y dio cifras. Lo que yo creo que no se vale es manejar la estadística sin ir al fondo de la misma, porque no es cierto que PRONASE produzca toda esa semilla a que se refirió, todos los campesinos lo saben, él mismo como productor de semillas lo sabe, PRONASE compra semilla del extranjero y le pone su etiqueta y la hace pasar como semilla producida por PRONASE - hecha en el país -, con la tecnología nuestra, y eso es engañarse solo, eso es hacerle al tío Lolo, PRONASE ahí, en ese aspecto, y no queremos tampoco que ustedes se queden con la impresión de que PRONASE es una empresa muy eficiente, yo no estoy -como dijo Viterbo - en contra de PRONASE ni de que no se fortalezca PRONASE, pero hay que hablar con la verdad, PRONASE produce menos de estas cifras que nos dio Nicolás Orozco y yo no voy a meterme a decir qué tanto menos; pero sí es cierto que compra semillas en el extranjero y las hace aparecer como producidas por ella y lo que es peor, PRONASE produce semillas que no funcionan en el campo y eso cualquier campesino, cualquier agricultor se los puede decir a ustedes si tienen la molestia de ir al campo, allá le dirán que la semilla
PRONASE es una de las más malas, y si no es así, y citando a valiéndome de la cita que hizo Nicolás de nuestra visita a Jalisco el día de ayer, podríamos decir, en qué se funda o sobre qué tecnología se fincan los nuevos programas del Estado. El Programa PITMA, que es una cosa loable, eso si es cierto, que tiende a aumentar la productividad en el campo, el programa PITMA que vino a nosotros ayer en Ciudad Guzmán, se funda sobre dos semillas: de cal y Pioneer. Y todavía nos dijeron ayer que en el estado de Jalisco se necesitaban 17 mil 500 toneladas para sembrar las hectáreas que iban a sembrar de maíz en Jalisco; que solamente pudieron proporcionarles 7 mil 200 toneladas. Y de esas 7 mil 200 toneladas, 5 mil pertenecían a Decaf, Pioneer y otras como WATT, que no tienen nada que ver con PRONASE.
PRONASE sí está efectuando otro tipo de operación, como es recibir del campesino su semilla y mejorarla con su propia técnica. Esa es una cosa de aplauso, pero que no se tergiversen los hechos. En lo que yo quiero concluir aparte, es que no porque existan empresas privadas, deben aparecer necesariamente en el sistema nacional. Yo diferiré un poco del compañero Viterbo en el sentido de que sí pueden participar las empresas privadas en todo el proceso, nosotros no podemos negarle a nadie de la iniciativa privada que participé en la investigación; a nadie. Nosotros simplemente le pediríamos al Estado que, convirtiéndose en el rector que dice ser, impulse la investigación. Pero los procesos de distribución y de comercialización deben estar en manos del Estado, porque donde se hace el negocio, señores, no es con la tecnología, eso está probado perfectamente, no es con la tecnología, no es solamente la tecnología, se hace con la venta de los productos que aquí se hacen a base de esa tecnología con la comercialización. Ahí es donde se hace el negocio. Nosotros estamos de acuerdo en que investigue la iniciativa privada, ¿Por qué no?, si quiere participar en hacer un México mejor, que participe. Se le pagan sus derechos por investigación. Se le darán algunos privilegios para su investigación, los pueden utilizar las mismas asociaciones de productores que son particulares, y en este país ya están estructuradas. Las pueden utilizar para sí, para tener mejores resultados. Lo que no se puede, señores, es volverla a entregar a la iniciativa privada que ha demostrado, en algunas ocasiones, ser más desnacionalizada que nuestras trasnacionales, entregarle una cosa tan elemental como es la distribución y la comercialización de un instrumento fundamental en el campo como en la semilla mejorada, eso sí no se puede, y eso no lo dice la iniciativa. Yo no estoy de acuerdo con Viterbo, en que se les dejara esos dos procesos de la semilla mejorada.
Y por último, una de las objeciones que hacía Nicolás, nosotros nos opusimos y era la única cosa que pedíamos que le pusieran al dictamen, nos opusimos a que apareciera así, en forma indiscriminada a la empresa privada, como parte del sistema de la producción de semillas, así en una forma indiscriminada porque ya vimos cómo está estructurada la empresa privada y cómo están las cosas en el país. Ya Viterbo dio una franca lección, un buen análisis de cómo están estructuradas las casas que se dedican a la producción de semilla.
Decíamos que le pusieran que fueren "de capital nacional" y esto causó escozor, esa propuesta ocurría dos días después de que se habían reunido en Cancún con las trasnacionales y que les habían prometido que en este país seguiría siendo el paraíso de las inversiones extranjeras. Yo creo que ese fue el escozor de la comisión o de quienes hicieron esta iniciativa, que no hay que poner ninguna traba en esa buena voluntad que tienen los extranjeros de seguir invirtiendo en forma directa en este país.
No, efectivamente, Nicolás, no es esta ley donde vamos a regular la inversión extranjera, pero ya vimos que la Ley de Inversiones Extranjeras es obsoleta, que no se puede aplicar porque el mismo Estado ha aceptado ya que si las empresas de capital extranjero sean en una forma total, si es por otros medios o controles que todavía no se definen.
Pero yo creo que en esta ley si podemos empezar -como ya dijo el compañero Castañeda- a ser un poco dignos, a responsabilizarnos de lo que tenemos por delante y a nivel de diputados, darles un instrumento más a la penetración del capital extranjero. No tenemos nosotros, nadie se los va a agradecer que aquí dejemos abierta la puerta a la inversión extranjera.
Y por lo que ve al capital nacional no se le cierra la puerta, al contrario, yo creo que no nada más PRONASE está en desventaja si se deja abierta esa puerta, también el empresario nacional está en desventaja. ¿Quién de ustedes puede decir que la empresa o que la burguesía nacional o de los capitalistas nacionales pueden competir contra Anderson & Clayton? ¿Quién de todos puede competir contra Bayer? ¿O contra OAC? Ninguno de ustedes, y PRONASE menos que nadie, puesto que PRONASE todavía tiene un presupuesto raquítico.
Yo quería hacer una reflexión final, si deveras, se quiere fortalecer a PRONASE, si de veras se quiere fortalecer el Sistema Nacional de Producción de Semillas, vamos dándole mayor presupuesto a PRONASE y a INIA, vamos dando mayor presupuesto para la investigación de las semillas en las universidades; pero para priorizar en aquellas lineas que necesitamos ahorita como es producción de alimentos. Segundo, llevarle materia prima a las empresas agroindustriales del país.
Ahí sí, señores diputados, firmaríamos los del PSUM una iniciativa en ese sentido. No hay que ser ingenuos, contra esa penetración norteamericana no vamos a empezar a luchar con iniciativas de juguete, tenemos que empezar a luchar contra decisiones firmes. Vamos agarrando el paso a la inversión extranjera, dándole oportunidad al inversionista nacional y fortaleciendo
a los organismos paraestatales, o a los organismos estatales que se dedican a la producción de semillas en el campo.
Ese sería el primer paso. Vamos aprobando aquí un mayor presupuestos para INIA, para PRONASE, para que la Comisión Nacional de Fruticultura, existiendo así la intervención de los productores en su consejo de administración para que haya honradez. Esa sería una salida y una alternativa. Muchas gracias señores.
El C. Presidente:- Tiene la palabra la C. diputada Areli Madrid Tovilla.
La C. Areli Madrid Tovilla:- Señor Presidente; compañeros diputados: Los representantes de los campesinos de México que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, no solo en este foro, sino en otros, cuantas veces hemos podido, denunciamos con toda decisión las irregularidades, las desviaciones, los vicios y los peligros que acosan a nuestros hombres del campo en diversas áreas de su actividad, y también por lo que hace a un tema tan delicado como es la producción, certificación y comercialización de este insumo tan importante que es la semilla.
Pero hoy estamos discutiendo reformas a un artículo de la ley que introduce como novedad la participación la Comisión Nacional de Fruticultura, y las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas, reconocidas para la Secretaría de Agricultura, como integrantes del Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Como aquí se ha dicho, y quiero enfatizar, la existencia de las empresas que se han impugnado es una realidad en nuestro país que no podemos negar. Aunque advertimos que en algunos casos puedan representar un peligro para nuestros fines, pero la composición de su capital y la facultad de dedicarse a cualquier actividad, comercio o industria que no estén prohibidos hallan su apoyo y control en la Constitución y el la Ley que regula las inversiones extranjeras.
Aquí se afirmó que la ley vigente no menciona a las empresas o individuos particulares. Yo quisiera ponerle algunos ejemplos que demuestran que tal afirmación no es verdadera.
En la ley vigente se señala en el artículo 25 y en el 26. El 25 habla de las asociaciones de productores de semilla; el 26 habla de las personas o empresas particulares que se dediquen a la producción de semilla certificadas.
Que quede bien claro que nuestra intención no es defender a las trasnacionales los diputados del Sector Campesino estamos vinculados con el campo y, como tal, sabemos que la ley actual es imperfecta y queremos mejorarla en beneficio de los campesinos; haremos nuestras proposiciones a su debido tiempo después de un minucioso estudio, razonando y consultando con los hombres del campo. Es lo único que quería decir, muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Viterbo Cortez Lobato.
El C. Viterbo Cortez Lobato:- Señor Presidente; señoras y señores diputados: Muy breve seré para una aclaración. En primer lugar, en la tribuna ya no dije que de manera absoluta desapareciera el concepto de empresas privadas dentro del dictamen; dije que salgan las palabras de "capital nacional", no obstante que de antemano se sabe que las empresas nacionales son filiales de las extranjeras, pero por lo menos se deja un resquicio para que en un momento dado se pueda sujetar a las empresas trasnacionales en este rubro tan importante para la producción alimentaria en nuestro país.
Yo pregunto, señores diputados, ¿por qué, por qué se obstinan tanto en no agregar dos palabras, nada más de "capital nacional"?, si debemos recordar que al principio, en el seno de las comisiones, cuando intercambiábamos opiniones se aceptaron en principio; no sé yo a quién fueron después a consultar, yo pregunto: ¿Consultaron acaso al ministro de Agricultura? ¡Y él les dijo que era inadecuado! Si así fuera, entonces, el señor ministro de Agricultura, no debe seguir el frente de esta Secretaría, pues esta sirviendo a intereses extranjeros. ¿Fueron acaso a consultar a los técnicos rockefelerianos? Si así lo hicieron pues naturalmente tendrían que decirles que no, que no agregáramos esas dos palabritas de "capital nacional". No es un capricho de partido, son los intereses supremos de nuestro país que se están jugando con ese simple concepto de "capital nacional" Yo llamo a los diputados de la mayoría que de verdad reflexionen con sentido patriótico, ¿qué les cuesta trabajo? ¡Es un capricho, una consigna! Es decir, para no agregar esas palabritas de "capital nacional".
Señores diputados, la suficiencia alimentaria de nuestro país está en juego: yo no digo tampoco que sea a través de las semillas mejoradas de una manera absoluta, pero se inicia por lo menos, se inicia un paso hacia ese camino para buscar la suficiencia alimentaria en nuestro país. ¿Porque - vuelvo a preguntarme - es una consigna o sólo porque esta iniciativa viene del Ejecutivo? Pues, señores diputados, ¿Para qué venimos aquí a discutir?, nos vamos a nuestras casas y ...señora baronesa, aquí no ha pasado nada.
El PPS, de una manera seria, responsable, revolucionaria, lo único que pide es su extradición.
Esta petición, en la fracción VI del artículo 1o. del dictamen, debe quedar a nuestro juicio así: "La Comisión Nacional de Fruticultura y las empresas privadas de capital nacional, dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas, reconocidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos". Yo llamo a la mayoría de esta Cámara a que con un sentido de veras patriótico y revolucionario, acepten esta iniciativa del Partido Popular Socialista. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado José Dolores López.
El C. José Dolores López:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nuestra discusión ahora ha acarreado una serie de argumentos y opiniones que seguramente no terminan aquí. Hace un momento en la discusión general, incluso se llegó a decir que este problema sustancial, si mal no recuerdo, del aumento de rendimiento por hectárea. Naturalmente que eso es discutible, porque la situación de la agricultura que siempre ha estado dejada a la cola de la producción global de nuestro país, no se trata fundamentalmente, aunque sí de manera importante, del mejoramiento de semillas; se trata fundamentalmente de inversiones, de organización campesina, de regularización de la tenencia de la tierra, etcétera, pero en este caso concreto que nos ocupa, nosotros lo que estamos planteando es no que las empresas privadas dejen de existir, puesto que estamos conscientes de que el sistema que estamos participando, se trata fundamentalmente, de que incluidas en el Sistema Nacional de Protección de Semillas son una forma de introducción del capital extranjero, de las trasnacionales.
Es muy lamentable que las organizaciones representativas de los campesinos no estén en este Sistema Nacional de Producción de Semillas y sí, estas empresas privadas, que aliadas a las trasnacionales, constituyen, forman una estructura distinta, no solamente en la producción de semillas, sino en muchos otros campos de la producción agropecuaria y forestal. De tal manera que pueden las empresas privadas hacer lo que se les venga en gana - si así les parece a los compañeros diputados que defienden esta postura -. Pero nosotros a lo que nos oponemos, repito, y lo planteamos claramente, tanto en comisiones y lo subrayo ahora -, es a que se les incluya en el Sistema Nacional de Producción de Semillas.
No nos parece cuerdo y no nos parece que sea correcto, si están incluso las organizaciones verdaderamente representantes del campesinado mexicano fuera del sistema.
Esta es la situación concreta, y por eso nuestro rechazo, es decir nuestro voto en contra en lo general, y en nuestro rechazo a esta situación concreta que nos parece que está desarticulada, que no tiene razón de ser.
Esta es nuestra posición y por eso la propuesta concreta de que se le quite esa parte de este artículo que estamos discutiendo en concreto. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Nicolás Orozco Ramírez.
El C. Nicolás Orozco Ramírez:- Ciudadano Presidente; honorable Asamblea: Nuevamente en nombre de la Comisión acudimos a esta tribuna para señalar lo siguiente: La fracción a debate de este artículo de la ley, es la fracción VI, que a la letra dice lo siguiente: "Formando parte del sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, será la Comisión Nacional de Fruticultura y las empresas privadas dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas reconocidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos".
Queremos para no centrar el debate en el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, señalar que este es meramente uno de los participantes dentro de este sistema.
Me voy a permitir leer completo el artículo 5o. en todas sus fracciones, con las cuales aclararemos quiénes más forman parte de este Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas:
Fracción I. Forman parte de este sistema el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas;
II. El Comité Calificador de Variedades de Plantas;
III. El Registro Nacional de Variedades de Plantas;
IV. La Productora Nacional de Semillas;
V. Las asociaciones de Productores de Semillas, y
VII. - Brincándonos la VI, que es la que está sujeta al debate -, el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
Es importante señalar lo que se refiere en el último párrafo de este mismo artículo "Los representantes que acrediten los organismos ante el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, deberán ser técnicos especializados en la materia y coordinarán sus actividades para el mejor funcionamiento del propio Sistema".
Con esto creo yo que queda perfectamente explicado el que de ninguna manera serán personas que se designen al azar, sino que serán personas que se designen al azar, sino que serán técnicos capacitados, no serán personas improvisadas, serán especializados en la materia, que con sus conocimientos y experiencias enriquecerán sin lugar a dudas, el funcionamiento de este sistema. Ya aquí lo señalo el compañero Daniel Ángel Sánchez Pérez, que efectivamente no es mediante esta ley como podremos regular la inversión extranjera. Y nuevamente el señalar a lo que se ha referido el compañero Viterbo, que las empresas privadas únicamente contarán, en este caso las dedicadas a la investigación, multiplicación y comercio de semillas, con un representante; de ninguna manera serán ellos los que fijen las políticas a seguir, será un representante - repito - que deberá coordinarse con todo el resto de los que integran este Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Por lo expuesto anteriormente, con respeto, C. Presidente, pedimos pregunte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida esta fracción del artículo 5o. de La Ley sobre Comercio, Certificación y Producción de Semillas.
El C. Jesús Luján Gutiérrez:- Señor Presidente: antes de que se baje el orador deseo saber si me permite hacerle una pregunta.
El C. Presidente:- ¿Señor diputado, está usted de acuerdo que se le haga la pregunta?
El C. Nicolás Orozco Ramírez:- Adelante.
El C. Jesús Luján Gutiérrez:- Acabo de escuchar en la intervención de un orador, que usted es productor de semillas, ¿Es cierto esto?
El C. Nicolás Orozco Ramírez:- Así es. Fui productor de semillas hace algunos años.
El C. Jesús Luján Gutiérrez:- ¿Y ya no lo es?
El C. Nicolás Orozco Ramírez:- Ya no, señor. Cambie de cultivo. (Risas)
Si me permiten la aclaración, creo que es importante. Por los cultivos que se registran en la zona donde yo soy agricultor, cambiamos de maíz a producir caña de azúcar. Por tal motivo dejamos de producir semillas, porque ahora nos dedicamos a explotar el cultivo de la caña de azúcar. Servido.
El C. Presidente :- Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Sánchez Pérez:- Con la autorización de la presidencia, compañeras y compañeros diputados: Yo aplaudo que haya venido una mujer, una mujer campesina a decir cuál es su opinión, y que bueno, coincidimos, también ellos tienen muchas cosas que decir, pero yo creo que los frenan en este momento y no se animaron. No es cierto, al menos no puede imputarse a mí que se haya dicho que no había empresas privadas en la ley. Lo que leyó Areli, es lo que la ley dice, asociaciones de productores, no empresas privadas. Esas no estaban, Tiene razón Viterbo, no estaban, y las meten ahora. Y leyendo el artículo 5o. el compañero Nicolás Orozco, ustedes se dan cuenta por qué deseamos que no estén. El mismo acaba de decir que dentro de ese sistema nacional están integradas las asociaciones de productores de semillas, a menos que quiera la CNC convertirse en empresa privada para poder tener también ahí o que las asociaciones que pueden ser empresas, tengan que convertirse en empresas privadas para tener un mayor número de votos. El productor esta representado a través de la Asociación de productores que son productores especializados, que están contemplados en toda la ley, en la Ley de Organización de Productores, en toda la ley a nivel agropecuario. Las asociaciones son quienes representan a los productores especializados.
Yo no veo por qué ese deseo de que las empresas privadas, haciendo esa forma tan indefinida como indefinidos son los medios de control, tengan que aparecer en el sistema nacional. Si esas empresas privadas fueran universidades privadas con autorización de la SARH, si esas empresas privadas fueran institutos, sería otra cosa, pero empresas privadas a secas, no las podemos aceptar, señores, de ninguna manera. O le ponen, como dice Viterbo, de "capital nacional" para que ya sea un poquito distinto, o definitivamente no hay razón de que estén empresas privadas y asociaciones de productores en el sistema nacional; yo no le veo ningún fin, porque lo que veo que va haber cierto control porque se necesita que deben ser técnicos especializados para que puedan estar dentro del sistema y yo no creo que las trasnacionales tengan ignorantes como técnicos ellos siempre han tenido técnicos especializados, técnicos muy buenos, tan es así que nos han impuesto su tecnología. Definitivamente no hay argumento, ya no le encuentro ningún otro, yo me adhiero a la proposición muy concreta del compañero Dolores, que una vez que se nos leyó el artículo 5o., de que vemos que las asociaciones de productores sí forman parte del Sistema Nacional de Producción de Semillas, no tenga por qué darle entrada a la empresa privada, que ya vimos como está estructurada en este país. Eso era todo lo que yo quería aclarar, muchas gracias.
El C. Presidente :- Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo que está a discusión se encuentra suficientemente discutido.
El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: Por instrucciones de la presidencia , en votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 5o. del dictamen. Los CC. diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 5o. del dictamen en sus términos se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
- Señor Presidente, se emitieron 311 votos en pro y 17 en contra.
El C. Presidente:- Aprobado el artículo 5o. del dictamen por 311 votos, en sus términos.
Tiene la palabra el C. diputado Francisco Calderón Ortiz, para impugnar el artículo 4o. del decreto, 21 de la ley.
El C. Francisco Calderón Ortiz:- Señor Presidente; compañeros diputados: En realidad es más el artículo 21 de la ley en lo que corresponde al artículo 4o. del decreto.
Cada día son motivo de mayor preocupación los problemas sociales que pueden generar en nuestro país por la falta de un abasto suficiente de productos alimentarios, problema que afecta a todos los mexicanos, pero principalmente a los grandes grupos de campesinos y obreros de escasos recursos, que cada día son
más golpeados por la crisis a pesar de todo lo que se diga en contra.
El problema de producción y de productividad en el campo es demasiado complejo y no se resolverá con la promulgación de una ley o con reformas a una ley. Este es el caso de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que por sí sola no resolverá el problema, pero tal vez sí será un gran avance que produzcamos semillas de óptima calidad. Con el fin de producir estas semillas de óptima calidad.
Con el fin de producir estas semillas de óptima calidad, en los años 60s, fue creada la empresa paraestatal Productora Nacional de Semillas. Se buscaba la autosuficiencia en este importantísimo renglón. Han transcurrido 20 años o más y no hemos logrado la tan ansiada autosuficiencia de semillas; seguimos dependiendo en gran medida de las empresas trasnacionales, productoras de semillas. PRONASE no ha cumplido con los compromisos que tiene para con el pueblo de México, sus productos son de baja calidad y se han ganado la desconfianza de los campesinos y agricultores de México. Con esa actitud irresponsable de PRONASE se han generado grandes pérdidas para el país, siendo una de ellas causa por la cual hemos tenido que importar millones de toneladas de granos.
El Presidente de la República envió a esta Cámara de Diputados una iniciativa tendiente a modificar la estructura administrativa de PRONASE creando para ello un consejo de administración, integrado por dos representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y uno de ellos sería el secretario del ramo que lo presidirá, y por representantes de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de Comercio y Fomento Industrial, del Banco de Crédito Rural y por un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. El consejo de administración tendrá las más amplias facultades de administración y representación.
Quiero hacer énfasis en esto, las más amplias facultades de administración y representación. En la iniciativa del Ejecutivo no se contemplaron reformas al artículo 21 de esta ley, pero en el seno de las comisiones, se consideró que al reformar el artículo 20 se debería reformar también el artículo 21, para que existiera congruencia, de tal modo que entre las amplias facultades del consejo de administración se encontraba también la de nombrar al director de PRONASE. Después de haber sido aprobada la reforma del artículo 21 por una mayoría de los integrantes de la comisión de Agricultura, se nos citó a una reunión extraordinaria para modificar el texto del dictamen del artículo 21, donde se propone que no sea el consejo de administración, el que nombre al director de PRONASE, sino que lo haga el propio Presidente de la República. Que el Presidente de la República deje de nombrar uno más de los 900 o mil directores de empresas paraestatales, seguramente no romperá con la hegemonía del Poder Ejecutivo.
No entiendo por qué algunos diputados de la Confederación Nacional Campesina, insisten en que sea el Presidente de la República quien nombre al director de PRONASE, dado que el Presidente de la República está perfectamente representado en el consejo de administración por el Secretario de Agricultura. Además de que todos los miembros del consejo de Administración son funcionarios de alto nivel dentro de la administración federal.
Uno de los argumentos esgrimidos por algunos compañeros diputados de la Confederación Nacional Campesina, insiste en afirmar que el director de PRONASE al ser nombrado por el Presidente, se sentirá obligado a responder con eficiencia. El argumento no es válido, porque durante más de 20 años, los directores de PRONASE han sido nombrados por el Presidente y todos los campesinos y agricultores de México hemos sufrido la ineficiencia de PRONASE. A grado tal que algunos agricultores prefieren no sembrar semilla certificada y lo hacen con semillas criollas.
Seamos congruentes con la necesidad de descentralizar, y que sea el consejo de administración quien nombre al director de PRONASE.
Creo yo que el Presidente de la República nos agradecería quitarle un pequeño trabajo, que estaría perfectamente delegado al secretario de Agricultura y dentro del consejo de administración.
Por todo lo anterior, hago la siguiente proposición:
"Artículo 21, la administración directa del organismo quedará a cargo de un director general, que será designado por el consejo de administración, y el cual se auxiliará de los funcionarios que al efecto apruebe el mismo consejo, con las facultades que le confiere el propio director o el Reglamento Interior del organismo. El director general tendrá las siguientes facultades... y son las diez facultades que marca el proyecto de decreto". Señores, muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor Secretario, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, en pro.
El C. Víctor Manuel Torres Ramírez: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Porque me lo propongo y porque así lo hace la comedida intervención del diputado Francisco Calderón Ortiz, mi intervención será breve.
Se trata de un ángulo de la iniciativa que en su formulación resulta sencilla. Como él lo señalo, en el seno de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a la que yo no tengo el honor de pertenecer, se había propuesto una modificación a la iniciativa presidencial para que la facultad de designar al director de la Productora Nacional de Semillas quedara en manos del consejo de administración de este mismo organismo público descentralizado, y no en manos del Presidente de la República.
Dice el diputado Calderón Ortiz que no entiende por qué algunos de los diputados de la Confederación Nacional Campesina insistieran en conservar para el Presidente de la República, la facultad que consigna la ley vigente de nombrar al director general de Productora Nacional de Semillas.
Cuando tuvimos ocasión - porque la representación campesina de la fracción priísta de esta Cámara nos lo transmitió, del cambio que sin duda con buenos propósitos se proponía la Comisión introducir a la iniciativa presidencial -, tratamos en primera instancia de encontrar los argumentos que apoyaran la modificación propuesta. No los encontramos.
Para don Francisco Calderón los argumentos que se expusieron en la sesión posterior, no eran válidos. Invocó en esta tribuna la congruencia, y que "quitemos trabajo al Presidente".
Me parece poco elegante, pero los términos en que aquí se ha planteado el debate sobre este punto aparentemente intrascendente, me obligan a hacerlo. Y referirles que en esa reunión, a la que sí tuve el honor de asistir porque me lo permitieron los miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, les dije: si no hay argumento para modificar, no modifiquemos. Y si los que yo expresé no parecieron válidos, tampoco se me dio ninguno que tuviera este rango de valor.
Lo digo con todo respecto, ni la congruencia, ni el quitarle trabajo al señor Presidente de la República, pueden ser suficientes para mutilarle una facultad que tiene de acuerdo con la ley actual, y que se hace aún más significativa cuando todos los partidos aquí reunidos hemos convenido en la necesidad de esforzarnos conjuntamente por lograr la independencia alimentaria de este país; por recobrar nuestra soberanía alimentaria. Y dijimos, quienes estamos en contacto con la masa campesina y a ella tratamos de servir, que en una área estratégica tan importante como es la producción, el mejoramiento, la certificación y la comercialización de semillas, en medio de tantos peligros, latentes unos, sufridos y padecidos otros por los propios campesinos, conservara el alto rango del titular del Poder Ejecutivo Federal, la facultad de designar al director general de PRONASE.
No cabe aquí invocar, que aun existiendo esta facultad se cometieron vicios; se tuvieron resultados no satisfactorios; se denunciaron desviaciones, traiciones y componendas; no es válido argumentar lo mal hecho para pretender quitar uno de los controles que más garantizan el que estas desviaciones, el que estos vicios se erradiquen para beneficio de la producción agrícola de nuestro país, que de un punto de vista formal podría ser digno de consideración la propuesta de los compañeros diputados de Acción Nacional. Pero desde un punto de vista realista, de ese que pone los ojos en el devenir y en la forma de devenir de esta realidad, el excluir la facultad del Presidente de la República para designar al director general de la Productora Nacional de Semillas, resulta, allí sí, incongruente, y no porque querramos caer en las formas clásicas de una empresa de propiedad privada, pretendamos que sea el consejo de administración el que designe al director de PRONASE, porque si a esas vamos trasladando, arbitrariamente quizá, alguna de las figuras del derecho mercantil, a una rama del derecho que es distinta y que es más nueva y también más dinámica, como el derecho administrativo y, sobre todo el derecho administrativo y, sobre todo, el derecho administrativo de un Estado revolucionario, yo podría decirles que hay muchos casos en el derecho civil y en el derecho mercantil en que un consejo de administración es nombrado, como por ley ocurre, por la asamblea general de accionistas, y que al propio tiempo la asamblea general de accionistas puede, y de hecho lo hace con frecuencia, designar al director general de una empresa.
Esto, compañeros, implica para mí, la garantía de una vinculación directa entre el órgano supremo de la administración que es la asamblea general, el órgano supremo del Ejecutivo que es el Presidente de la República, y también otra cosa, la imposibilidad de que el consejo de administración, al margen de delirios de persecución, pudiera en un momento, por fallas, por contubernios, votar por la destitución general de la productora.
Hay otros argumentos que no quiero externar porque daría la impresión de un lucimiento que no pretendo, que no lo hago en función -digo-, de la gran delicadeza con que don Francisco Calderón Ortíz planteó sus inconformidades y sus preocupaciones. Claro que para mí sería interesante hablar en esta tribuna o con don Daniel Ángel Sánchez Pérez de la inequitativa distribución de la tierra, de la dependencia tecnológica en que nos encontramos inmersos, de los injustos términos de intercambio entre el campo y la ciudad; entre la agricultura y la industria y, lo que es más grave, entre economía desarrollada y en desarrollo; de la tristemente célebre Revolución Verde; del rescate de nuestra soberanía alimentaria; del uso de tecnología adecuada y no de tecnología impuesta; de la arcaica, y hoy pretendidamente resucitada, teoría de las ventajas comparativas: del agro business y su cauda negativa; del foot power y su insolente amenaza; también sobre la utopía de una economía cerrada o sobre la realidad de transitar revolucionariamente por el camino que conduzca a nuestra cabal, total, absoluta independencia.
que todos queremos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 21 del decreto, se encuentra suficientemente discutido.
El C. Francisco Calderón Ortiz: Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos el señor diputado Francisco Calderón Ortiz.
El C. Francisco Calderón Ortiz: - Con su permiso, señor Presidente: El compañero diputado Torres, en principio, lamento no tener dominio sobre el derecho y tal vez mi exposición refleja ampliamente esta falta de dominio sobre el derecho pero la lógica más elemental me indica, en el párrafo III del artículo 20 que cuando se habla aquí de que el consejo de administración tendrá las más amplias facultades, me da la idea de que pudiera, entre esas amplias facultades, ser la de nombrar al director de PRONASE.
En realidad, la conformación del consejo de administración evidentemente está hecha por hombres de la total confianza del Presidente de la República y que pareciera que en la práctica no iba a modificar absolutamente nada. Invoqué a la congruencia en virtud de que está en el artículo 20 en el párrafo 3o., "tendrá las más amplias facultades". Si no tiene la facultad de nombrar un director, definitivamente no tiene las más amplias facultades. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 21 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: En votación económica se pregunta si este artículo está suficientemente discutido. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 21 en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (VOTACIÓN.)
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Señor Presidente, se emitieron 247 votos en pro, 36 en contra y cinco abstenciones.
El C. Presidente: Aprobado el artículo 21 por 247 votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY QUE ESTABLECE BASES DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BID
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea:
La comisión que suscribe recibió para su estudio y dictamen, el proyecto de decreto que remite la H. Cámara de Senadores de "Reformas a la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo", mismo que se ha distribuido con anterioridad a los integrantes de esta H. Asamblea.
La Comisión ha examinado el proyecto mencionado, estudiado los antecedentes del caso y, después de haberlo discutido suficientemente entre sus integrantes, con fundamento en los artículos 51, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el presente.
DICTAMEN
1. El proyecto en estudio tiene las siguientes características:
a) Autoriza al Banco de México para efectuar, con la garantía del Gobierno Federal, la suscripción adicional de 91 mil 824 acciones o partes sociales que corresponden nuestro país en el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente de 918 millones 240 mil dólares de los Estados Unidos, del peso y ley de 1o. de enero de 1959.
b) Autoriza asimismo al citado Banco de México para efectuar con la garantía del Gobierno Federal, aportaciones adicionales hasta el equivalente de 28 millones de dólares de los Estados Unidos del mismo peso y ley mencionados, para cubrir la cuota de la contribución de México al Fondo de Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.
2. Se estima conveniente recordar algunos antecedentes importantes relativos a este asunto:
a) El Banco Interamericano de Desarrollo fue constituido en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 8 de abril de 1959.
El origen de dicho organismo fue la necesidad de que los países de América Latina contaran con un organismo financiero que tuviera como objeto impulsar y acelerar el progreso económico y social de los países miembros mediante la promoción y el estímulo de inversiones públicas y privadas, empleando para ello sus propios recursos y los provenientes de fondos obtenidos por el banco a través de empréstitos en el mercado internacional de capitales.
b) El capital inicial autorizado del banco, junto con los recursos del Fondo de Operaciones Especiales, se fijó en un mil millones de dólares de los Estados Unidos de América del peso y ley en vigor al 1o. de enero de 1959.
quedando abierta la posibilidad de aumentarse por acuerdo de la asamblea de gobernadores del propio banco.
c) Nuestro país suscribió el Convenio Constitutivo del banco, mismo que fue aprobado por el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 1959.
Además, el Congreso de la Unión aprobó la "Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo" el 18 de diciembre del mismo año.
d) El Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con un Fondo para Operaciones Especiales, con el cual se efectúan préstamos en condiciones y términos que permiten hacer frente a circunstancias particulares que se presentan en determinados países o proyectos, el cual se incrementa mediante contribuciones adicionales de los países miembros cuando la asamblea de gobernadores lo estima conveniente por decisión de una mayoría de tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros.
e) En las diversas ocasiones en que la asamblea de gobernadores ha acordado aumentar las suscripciones de los países miembros en el capital del banco, así como incrementar la cuota de aportaciones adicionales al Fondo de Operaciones Especiales, se ha requerido la reforma de los artículos 2o. y 3o. de la citada ley.
El primero de ellos, en razón a que establece el monto de la suscripción adicional de México en el capital del Banco Interamericano de Desarrollo, y la segunda disposición citada, porque prescribe el monto hasta por el cual nuestro país podrá hacer aportaciones adicionales al Fondo de Operaciones Especiales.
3. La asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, en reunión extraordinaria realizada en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América, el 25 de febrero de 1983 acordó aumentar el capital autorizado del propio Banco en 15 mil millones, 597 dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual su capital ascenderá a la suma de 34 mil 587 millones 524,597 dólares.
Para nuestro país este incremento representa una suscripción adicional de 91 mil 824 acciones con valor de 10 mil dólares cada una, del peso y ley vigente al 1o. de enero de 1959, equivalentes a 918 millones 240 mil dólares del peso y ley referidos.
Asimismo, la propia asamblea acordó además, un aumento adicional de 702 millones 576 mil dólares para el Fondo de Operaciones Especiales, con lo cual las contribuciones al mismo ascenderán a 8 mil 358 millones 528 mil dólares.
Para nuestro país este incremento representa una aportación de 28 millones de dólares de los Estados Unidos de América, del peso y ley en vigor al 1o. de enero de 1959.
4. La Comisión que suscribe considera fundado el proyecto que se examina, pues mediante el mismo, nuestro país podrá cumplir con la ampliación de las aportaciones que le corresponden en el capital del banco y del Fondo de Operaciones Especiales, y particularmente, por los siguientes razonamientos:
a) La solidaridad internacional con todos los países de América Latina a los que afecta gravemente la crisis imperante en la economía mundial, por la notable falta de créditos oportunos y en consideraciones favorables, los cuales son unos de los principales objetivos del Banco Interamericano de Desarrollo.
b) La finalidad de la suscripción de capital es ampliar la capacidad crediticia del banco, así como que dicha institución pueda continuar con su programa de préstamos, y beneficiar financieramente a los países miembros de Latinoamérica.
c) La suscripción adicional que a México le corresponde en el capital de esa institución, le permitirá continuar contando con el mismo poder de votación actual, de manera que se mantendrá la influencia de nuestro país en la elección de directores ejecutivos y, en general, en la toma de decisiones de la asamblea de gobernadores.
d) El capital que nuestro país deberá suscribir se hará en un 95.5% en capital exigible, sujeto a ser pagado en efectivo en la eventualidad de que el banco lo requiera para cumplir sus obligaciones, y el 4.5% restante en moneda nacional libremente convertible.
e) Desde su creación, debido a la sana estructura financiera de este organismo, no ha requerido de recursos de capital exigible, por lo que la suscripción del 9.5% en capital exigible, no significa una aportación inmediata en efectivo de nuestro país.
f) El Banco Interamericano de Desarrollo, al 30 de junio de 1983, había autorizado a nuestro país 114 créditos por un monto total de 2 mil 892 millones de dólares, y se espera obtener otros mil millones de dólares más, durante los próximos cuatro años.
Estos recursos han venido a complementar los esfuerzos de formar el ahorro interno, con recursos provenientes del exterior, en términos y condiciones más favorables de los que se tienen en los mercados privados de capital, y han generado mayores ingresos, empleo y, en general, un mayor bienestar económico y social a nuestro país, ya han sido destinados a financiar principalmente proyectos de desarrollo industrial, agropecuario y de servicios, señalándose como ejemplo de proyectos ya operados los relativos a:
- Segunda etapa del crédito agropecuario FICAR operado por BANRURAL, por 60 millones de dólares; y
- Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", por 54 millones de dólares.
- En lo que atañe a los proyectos en operación conviene recordar los siguientes:
- Exportación de productos manufacturados operado por FOMEX, por 13 millones de dólares;
- El relativo al programa de riesgo para el estado de Guerrero, por 41.5 millones de dólares;
- El destinado a crédito hotelero operado por FONUTUR, por 30 millones de dólares.
- Proyecto minero carbonífero "Río Escondido", por 158 millones de dólares.
5. Considerando las razones anteriores, la Comisión que suscribe estima conveniente la aprobación del proyecto de que se trata para reformar los artículos 2o. y 3o. de la citada ley, a efecto de que nuestro país amplíe la suscripción en acciones del capital y las aportaciones adicionales en el Fondo para operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Dadas las consideraciones expuestas, la Comisión que suscribe se permite someter a esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA A LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Artículo primero. Se reforman los artículos 2o. y 3o. de la ley de 18 de diciembre de 1959, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 19 del mismo mes y año, que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue reformado sucesivamente por decreto del 27 de diciembre de 1963, 5 de enero de 1965, 15 de diciembre de 1967, 30 de diciembre de 1970, 26 de diciembre de 1975, 24 de diciembre de 1977 y 30 de diciembre de 1979, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1963, 13 de enero de 1965, 28 de diciembre de 1967, 31 de diciembre de 1970, 31 de diciembre de 1975, 30 de diciembre de 1977 y 7 de enero de 1980, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 2o. El Banco de México queda autorizado para efectuar, con la garantía del Gobierno Federal, la suscripción adicional de 91 mil 824 acciones o partes sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente de 918 millones 240 mil (novecientos dieciocho millones doscientos cuarenta mil dólares) de los Estados Unidos de América, del peso y ley en vigor al 1o. de enero de 1959."
"Artículo 3o. El Banco de México queda autorizado para efectuar, con la garantía del Gobierno Federal, aportaciones adicionales hasta el equivalente de 28 millones (veintiocho millones de dólares) de los Estados Unidos de América, del mismo peso y ley citados en el artículo anterior, para cubrir la cuota de la contribución de México al Fondo de Operaciones Especiales a que se refiere el artículo 4o. del Convenio Constitutivo de dicho organismo."
Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar las enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 19 de octubre de 1983.
Diputados Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Ángel Acosta Ramos, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Manuel Cavazos Lerma, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Ángel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez; en contra Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce Ma. Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos."
Segunda lectura.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Jorge Treviño Martínez.
El C. Jorge Treviño Martínez:- Señor Presidente:
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, un dictamen complementario al rendido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público el día 20 de octubre de 1983, relativo al proyecto de decreto que reforma a la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por una parte, la Comisión considera pertinente y oportuno enmendar el texto del artículo 1o. del proyecto que se dictamina, en la parte en que se refiere al artículo 3o. de la Ley del 18 de diciembre de 1959, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 19
del mismo mes y año, para precisar con claridad que los 28 millones de Dólares que el Banco de México queda autorizado para efectuar como contribución del país al Fondo de Operaciones Especiales a que se refiere el artículo 4o. del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, no son dólares de los Estados Unidos del peso y ley al primero de enero de 1959, sino dólares actuales. Lo anterior, en virtud de que se trata de una nueva aportación a un fondo cuyas aportaciones todas, de acuerdo con el Reglamento que lo rige, se hacen precisamente a valores actuales; lo cual significa, en el caso que se comenta, pagar estrictamente hasta 28 millones de dólares y no hasta 33.7 millones de dólares, que sería la suma por sufragar en caso de que los dólares fueran calculados conforme al peso y ley en vigor al 1o. de enero de 1959.
Por otra parte, proponemos se modifique el artículo segundo del proyecto referido, en atención a que por una omisión involuntaria, no consideramos las observaciones - que estimamos válidas y legítimas - que hizo el Senado de la República a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que tienen como finalidad únicamente el enriquecer el precepto que se contiene en el propio artículo segundo, aclarando la extensión de las autorizaciones que a través de la iniciativa, materia del dictamen, se conceden al Ejecutivo Federal, y asimismo, para evitar confusión que podría derivarse del hecho de autorizar al propio Ejecutivo a aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual constituye una atribución del Ejecutivo que requiere la aprobación del Senado.
En consideración a todo lo antes expuesto, proponemos que los artículos 1o. y 2o. del proyecto que se dictamina, queden como sigue:
"Artículo primero. Se reforman los artículos 2o. y 3o. de la Ley de 18 de diciembre de 1959, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 19 del mismo mes y año, que Establece Bases para la Ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue reformado sucesivamente por decretos de 27 de diciembre de 1963, 5 de enero de 1965, 15 de diciembre de 1967, 30 de diciembre de 1970, 26 de diciembre de 1975, 24 de diciembre de 1977 y 30 de diciembre de 1979; publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1963, 13 de enero de 1965, 28 de diciembre de 1967, 31 de diciembre de 1975, 30 de diciembre de 1977 y 7 de enero de 1980, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 2o. El Banco de México queda autorizado para efectuar, con la garantía del Gobierno Federal, la suscripción adicional de 91 mil 824 acciones o partes sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por equivalente de 918 millones 240 mil (novecientos dieciocho millones, doscientos cuarenta mil dólares) de los Estados Unidos de América, del peso y ley en vigor al 1o. de enero de 1959."
"Artículo 3o. El Banco de México queda autorizado para efectuar, con la garantía del Gobierno Federal, aportaciones adicionales hasta el equivalente de 28 millones (veintiocho millones de dólares) de los Estados Unidos de América para cubrir la cuota de la contribución de México al Fondo de Operaciones Especiales a que se refiere el artículo 4o. del Convenio Constitutivo de dicho Organismo."
"Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción y aportaciones a las que se refiere el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior."
Solicitamos la dispensa a la segunda lectura de las modificaciones propuestas, y que se proponga a discusión el dictamen principal con su complemento y, en su caso, que el proyecto de decreto aprobado por esta honorable Asamblea, sea devuelto a la Cámara de origen para los efectos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para los fines de los artículos 135, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 27 de octubre de 1983.
Diputados Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Ángel Acosta Ramos, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Manuel Cavazos Lerma, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Ángel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce Ma. Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea si, como lo solicita el C. diputado Jorge Treviño Martínez, se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El C. Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la Comisión. Tiene la palabra el C. diputado Alfonso Méndez Ramírez.
El C. Alfonso Méndez Ramírez: - Señor Presidente, señores diputados: no escuché mi nombre en el dictamen que firmé en la forma favorable con los miembros del partido, que son integrantes de la Comisión; quizá fue el hecho de que no estuve muy atento cuando se leyeron los integrantes que firmaron el dictamen pero habiéndolo hecho, vengo a razonar el voto favorable que dimos los diputados Felipe Gutiérrez Zorrilla, Alberto González Domene, Javier Moctezuma y Coronado y el de la voz.
Consideramos que por las condiciones que en el Banco Interamericano de Desarrollo tiene de favorable para los países Hispanoamérica, que está en proceso de desarrollo, para los países que están como nosotros ahora, atravesando una gran crisis monetaria, una gran crisis económica, y que la suscripción de las 928 mil acciones o partes sociales no exigibles sino en un 4.5% de inmediato y, 94.5% pueden ser eventualmente canjeadas por compromisos ya contraídos por México, no creemos que esta situación en la que vamos a firmar el compromiso de suscripción de un capital que se integrará, no por capital totalmente pagado, sino como el dictamen lo dice, con un 4.5% de inversión inmediata creemos pues, que siendo los créditos obtenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, créditos blandos para el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la industria, para desarrollos que nos ayuden a salir de esta situación de falta de capital; de esta situación de falta de liquidez que tiene el país; creímos saludable firmar en favor y así lo hicimos.
Pero venimos en esta ocasión a pedir a esta honorable Cámara de diputados no abdique de su obligación de revisar las inversiones que con estos créditos se vayan a hacer. Sabemos que son créditos supervisados, que son créditos que previamente han estado afectos a una evaluación técnica. Sabemos que los créditos que nos otorga el Banco Interamericano de Desarrollo serán supervisados también por ellos, que el Gobierno mexicano tiene controles internos para que los créditos sean honesta y sabiamente invertidos.
Pero ante la situación que pueda presentarse cuando se analice la Cuenta Pública, queremos exhortar al Congreso, a la Cámara, que no abdique de sus facultades, que ejerza sus facultades. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguientes CC. diputados: Antonio Gershenson y Juan Campos Vega; y para hablar en pro, los siguientes CC. diputados: José Luis Peña Loza y Carlota Vargas Garza. Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.
El C. Antonio Gershenson: - Señor Presidente; ciudadanos diputados: Los organismos financieros internacionales como son el Banco Interamericano de Desarrollo - al que nos referimos aquí -, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tienen algunos rasgos comunes como es el hecho de que el poder de voto no va conforme al principio de la igualdad entre las naciones, como es el poder de voto en las Naciones Unidas, por ejemplo, en la Asamblea General, sino conforme al dinero aportado por cada país.
Esa similitud tal vez haya hecho, junto con otros más, que a esta Cámara hayan llegado juntas las iniciativas relativas a estos tres organismos, aunque ahora examinamos nada más el dictamen de uno de ellos, el BID. Sin embargo, es importante considerar el grado de interrelación que hay entre estos organismos, especialmente en los últimos años.
Durante la primera época de existencia del Banco Interamericano de Desarrollo, este banco no tuvo vinculaciones financieras directas con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional, e incluso se podían notar algunas diferencias en cuanto a los criterios de los préstamos que concedían, puesto que el BID concedía más importancia al área social y al papel del Estado en la producción, que la importancia que les asignaban las otras instituciones mencionadas.
Sin embargo, a partir de fines de la década de 1960-1970 se da una cada vez mayor identificación entre esos organismos sobre la base de que, haciendo uso de su poder de voto y sus presiones sobre países débiles, el gobierno de los Estados Unidos logra imponer una mayor uniformidad en políticas crediticias. No sólo hay una mayor identificación en la orientación de los préstamos, sino también en las modalidades de la gestión operativa de los mismos. Estos culminan en operaciones conjuntas de financiamiento y en una íntima cooperación en materia de consultas e informaciones entre éstas instituciones internacionales.
Frente a esta realidad, y frente al hecho de que el endeudamiento como solución y no como medio, nos ha llevado a una situación que todo mundo reconoce como difícil e indeseable, la única ventaja esgrimida es la de la conveniencia financiera. Es cierto, se aporta menos de lo que se va a recibir y se recibirá, desde el punto de vista estrictamente financiero, un dinero en mejores términos que los que podrían obtener de otras fuentes. Sin embargo, no podemos nosotros desligar el aspecto meramente monetario o económico del contexto, en el que éste se mueve.
La actividad del Banco Internacional de Desarrollo no tiene de ninguna manera, el mismo grado de gravedad que la del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, debemos señalar la necesidad de que se recupere la tradición de lucha, porque las relaciones económicas internacionales no estén basadas en la
fuerza, en este caso en la fuerza económica, sino en cooperación entre iguales y sobre la base de las necesidades reales de desarrollo de nuestro país y de nuestros países, necesidades que pueden ser evaluadas por nuestros países y no por bancos que llegan desde afuera a decirnos qué, cómo y cuándo debemos hacer y de invertir.
En nombre de una comunidad interamericana no podríamos nosotros justificar el involucrarnos más en este tipo de proyectos, cuando que sabemos que se sustenta a una relación equitativa, sino sobre una relación de fuerza, y apenas en la sesión anterior acabamos de tener una amplia y fructífera discusión sobre la invasión de Granada y por parte de fuerzas militares de los Estados Unidos fundamentalmente.
Frente a esa realidad no estamos planteando como alternativa del aislamiento, pero sí una lucha por modificar esa relación basada en la fuerza y por lograr una relación basada en el trato entre iguales. Y yo aquí insisto, mientras que en la Organización de Estados Americanos, a nivel de asamblea general, existe un derecho igual de cada país y un voto por país, en estos organismos financieros internacionales el voto como lo es en una sociedad anónima, el que tiene más dinero tiene más voto. Y estas no son bases para una relación de igualdad.
Por otro lado, debemos de ver cómo hemos llegado en medio de este sistema internacional a la actual situación económica de vive nuestro país de endeudamiento extremo, de dependencia extrema, de que debemos mucho y de que hay un interés enorme por parte de las autoridades que manejan estas cuestiones de pagar, simplemente urgen fondos, y haciendo a un lado cualquier posible política global en función de los intereses de la Nación y de su desarrollo independiente, pues esos fondos se toman.
Nosotros pensamos que no es correcto el dejar de lado las cuestiones de nuestra política económica y de nuestra política internacional en este tipo de decisiones.
Consideramos que es indispensable que haya una política activa en materia internacional, que se recupere la tradición mexicana en esta materia, de una lucha por un orden económico internacional basado en relaciones de equidad, y que la cooperación económica internacional sea en función de las necesidades de nuestro propio desarrollo, sin estar sujetas a injerencias externas.
Por estas razones es que nos hemos anotado en contra, y por estas razones es que nuestro voto también es en contra.
Con todo, estamos conscientes de que el problema medular, en cuanto a organismos financieros internacionales, está en el Fondo Monetario Internacional y, por lo tanto, la discusión a fondo del problema, sabremos que la tendremos cuando llegue el dictamen relativo a este Fondo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Luis Peña Loza, en pro.
El C. José Luis Peña Loza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados; señoras y señores: abordo esta tribuna nacional para hacer saber a ustedes el porqué nuestro país ha participado en el Banco Interamericano de Desarrollo, como uno de sus miembros más sobresalientes desde su fundación.
Institución financiera internacional, el BID fue creado en abril de 1959, con la finalidad de contribuir acelerar el proceso de desarrollo económico y social de los países miembros de América Latina. Ahora lo forman 43 países miembros, y constituye una de las principales fuentes de financiamiento público externo de la mayoría de los países del área latinoamericana.
El convenio constitutivo entró en vigor el 30 de diciembre del mismo año de 1959, siendo sus fundadores 23 países de nuestro continente, dentro de los cuales se encuentra México y los Estados Unidos. Este organismo crediticio internacional ha venido actuando como catalizador en la movilización de capitales externos privados y públicos, mediante la obtención de empréstitos en los mercados internacionales de capital, y la promoción de operaciones de confinanciamiento de proyectos de desarrollo con otras instituciones financieras.
Las fuentes de sus recursos están constituidas por las suscripciones y contribuciones pagaderas en efectivo de los países miembros, así como de los recursos provenientes de las amortizaciones e intereses de los préstamos otorgados. El BID también emite bonos y contrata financiamientos para allegarse recursos. El capital ordinario está constituido por todas las aportaciones de los países del área latinoamericana; el capital interregional está constituido por las aportaciones del grupo de los países extrarregionales, ambos recursos se destinan a préstamos bajo condiciones normales, para proyectos de desarrollo de América Latina. El Fondo de Operaciones Especiales constituye una fuente de recursos destinados a préstamos de bajo interés y a largo plazo para los países menos desarrollados y más pobres del área.
En 1974 se modificaron sus estatutos para incorporar a la institución a países fuera de la región, entre los cuales se encuentran 15 países europeos y Japón. Actualmente participan 16 países extrarregionales y 27 países regionales, de los cuales 25 son prestatarios. El ingreso de los países extrarregionales al Banco Interamericano de Desarrollo ha permitido a la institución ampliar sustancialmente su volumen de operaciones, sin perder con ello su carácter de banco regional. La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores, en la cual están representando todos los países miembros. La Asamblea de Gobernadores se reúne por lo menos una vez al año para revisar las operaciones de la institución, y tomar las decisiones más importantes de la política financiera. La asamblea delega sus poderes,
excepto aquellos reservados a los gobernadores por el convenio constitutivo al directorio ejecutivo, que tiene la responsabilidad de dirigir las operaciones del banco. Los miembros del directorio ejecutivo son 12 y son elegidos o designados por los gobernadores, por periodos de tres años. El poder del voto de México en este organismo le permite tener permanentemente a un director ejecutivo.
El presidente del banco es elegido por la Asamblea de Gobernadores por un periodo de cinco años, y es, a su vez, presidente del directorio ejecutivo. Tiene a su cargo la conducción de los departamentos administrativos de la institución. Actualmente América Latina cuenta con un poder de votación del 54.4%; Canadá tiene el de 4.4% y Estados Unidos, 34.75%. El conjunto de países extrarregionales tiene un poder de voto de tan sólo 6.8%.
El Banco Interamericano de Desarrollo inició sus operaciones con una suscripción de capital de 850 millones de dólares, y contribuciones al Fondo para Operaciones Especiales por 150 millones de dólares. Con el fin de ampliar sus operaciones el banco ha realizado cinco reposiciones de recursos. La ejecución de una quinta reposición se planeó para los cuatro años comprendidos del 1o. de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1982.
Al terminarse la quinta reposición, el capital autorizado suscrito del banco ascendió a 19 mil 608 millones de dólares, de los cuales 2 mil 3 millones de dólares serán de capital pagadero en efectivo y 17 mil 605 billones de dólares de capital exigible.
El Fondo de Operaciones Especiales, por su parte, aumentó sus recursos a 7 mil 670 millones de dólares, desde el inicio de sus actividades en octubre de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1982, el Banco Interamericano de Desarrollo ha autorizado préstamos por un total de 22 mil 525 millones de dólares a 25 países, de los cuales los más beneficiados han sido Brasil con 4 mil 203 millones de dólares; México con 2 mil 892 millones de dólares; Argentina con 2 mil 680 millones de dólares y Colombia con mil 786 millones de dólares.
Con el propósito de ampliar la capacidad crediticia del Banco Interamericano de desarrollo, para el periodo 83-86, la asamblea de gobernadores en reunión extraordinaria, realizada el 25 de febrero de 1982, en la ciudad de Washington, consideró una propuesta para la sexta reposición de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, en dicha propuesta se recomienda aumentar el capital autorizado por el banco en 15 mil millones de dólares representados por 1 millón 243 mil 428 acciones.
El Convenio Constitutivo del BID señala que su capital se expresará en términos de dólares de los Estados Unidos, de peso y ley vigentes al 1o. de enero de 1959. Cada acción del BID tiene un valor nominal de 10 mil dólares de entonces.
Reformas realizadas en 1978 llevaron al BID a calcular el valor de las acciones a razón de un dólar de 1959 igual a un derecho especial de giro, siendo el equivalente de éste igual a 1.20635 milésimas de dólares corrientes al día de la reforma.
Según la propuesta, correspondería suscribir a México 91 mil 824 acciones que se dividirían de la siguiente forma: 4 mil 132 acciones de capital pagadero en efectivo del 4.5%, y 87 mil 692 acciones de capital exigible, el 95% restante
La suscripción de estas acciones podrá realizarse en cuatro cuotas anuales del equivalente a 12 millones 481 mil 526 en pesos mexicanos, es decir un total de 49 millones 246 mil 100; las cuatro cuartas partes surtirían efecto respectivamente el 31 de octubre de cada año a partir de 1983 hasta 1985 inclusive; si por circunstancias excepcionales los países miembros no pueden pagar su primera cuota para el 31 de octubre de 1983, ésta podrá ser prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1984, las cuotas subsecuentes serán pagaderas el 31 de octubre de cada año.
En cuanto al Fondo para Operaciones Especiales, corresponde a México una contribución de 28 millones de dólares. Dicha contribución se debe hacer en los mismos plazos y proposiciones que la suscripción del capital, a saber: cuatro cuotas iguales de siete millones de dólares cada uno que surtirán efecto respectivamente el 31 de octubre de cada año, a partir de 1983 hasta 1986, inclusive.
El Banco interamericano de Desarrollo canalizará los recursos provenientes de esta sexta reposición, fundamentalmente a inversiones en agricultura y desarrollo rural, mejoramiento urbano y aprovechamiento y diversificación de la energía. Asimismo, financiará proyectos encaminados a superar cuellos de botella específicos en áreas tales como transportes, puertos, obras de comunicación, minería y turismo.
Como meta indicada, el banco se propone canalizar sus recursos de la siguiente forma: a la agricultura y desarrollo rural, entre el 25 y 30%; al mejoramiento urbano, entre el 25 y 30%; al aprovechamiento de energía, entre el 20 y el 30%, y a otros sectores, entre el 10 y el 20%.
La participación de México en el capital del BID le ha permitido obtener 116 créditos con un monto total de 3 mil 44 millones de dólares. Estos préstamos han ayudado a financiar proyectos de desarrollo en sectores industrial, agropecuario y de servicios que ha realizado México en el periodo 1961-1963. Dentro de este marco general de orientaciones de política, corresponde a cada país, de acuerdo a sus prioridades nacionales establecer los proyectos específicos que financiará el banco.
Indiscutiblemente el Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que otros organismos financieros internacionales, ha venido a constituir un foro muy importante para los países miembros no industrializados, a través del cual han logrado propiciar y fortalecer sus relaciones financieras multilaterales, sugiriendo algunas veces y estableciendo otras, importantes reglas del juego crediticio con las que nuestro
país se ha visto muy favorecido por su significativa participación en estos organismos.
Es ocasión oportuna, destacar la reciente participación del secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, en la sesión plenaria de la XXXVIII Reunión Anual de Gobernadores del Fondo monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, celebrada el pasado 28 de septiembre con la representación, y donde habló a nombre de América Latina, El Caribe y España, en la que hizo importantes señalamientos de la política financiera sostenida por nuestro país y que en este pleno nos permitiremos puntualizar algunos de sus más sobresalientes criterios:
"Los últimos años se han caracterizado por un empeoramiento de la situación económica de los países en vías de desarrollo y particularmente los de la región latinoamericana".
En efecto, se han agudizado el desequilibrio externo, de la inflación, el endeudamiento externo y se ha reducido significativamente la actividad económica. Esto ha implicado la profundización de las desigualdades sociales y aumentado la dificultad de reanudar, en la mayoría de los países, el desarrollo sostenido y eficiente.
Ha quedado claro que no se trata de un problema sólo de los países en desarrollo, ni sólo de los bancos, es de todos, es un problema global. Negarlo significa negar la interdependencia, sin embargo, esto no implica uniformidad; las circunstancias de cada país son distintas y a cada quien corresponde resolver su problemática en la forma que estime conveniente.
"En estos meses se ganó tiempo - dijo el secretario -, hemos resuelto agudas crisis de liquidez; la política de la comunidad financiera internacional han sido, en esencia, defensivas; se requiere ahora empezar a diseñar un problema de vuelta a la normalidad y de aliento a las economías en desarrollo".
"En este, como en otros momentos críticos de las relaciones económicas internacionales, se hace preciso romper la inercia, abandonar las actitudes de la miopía y el apego a fórmulas tradicionales. La encrucijada actual demanda visión amplia y voluntad política para realizar cambios que garanticen un desarrollo armónico y sostenido de la economía mundial. En este marco, los mecanismos de cooperación internacional, están jugando y deben jugar un papel esencial, para ello preocupa la resistencia que se observa en ciertos círculos de algunos países industriales por dotar a estos organismos de la suficiente capacidad financiera. No puede haber solución sin crecimiento económico. Son sin duda estimulantes las señales de recuperación de los principales países industriales, pero debe extenderse a otras economías; por su parte el problema de la deuda deberá resolverse en la expansión y no en el estancamiento.
"En esta área la responsabilidad recae sobre toda la comunidad internacional tanto los países prestamistas como los prestatarios deberán aportar su esfuerzo para evitar el colapso, nadie debe excluirse o ser excluido porque no existen soluciones parciales. La interdependencia del mundo actual nos determina a ser solidarios y a reconstruir las bases de un desarrollo equilibrado y justo como condición para la paz mundial".
Los señalamientos que dijo e hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público constituyen enérgicos razonamientos en favor de un nuevo orden económico internacional.
Por otra parte, debemos reconocer que el Banco Interamericano de desarrollo ha constituido uno de los mayores apoyos a la integración económica de América Latina, reforzando los mecanismos de las asociaciones interaccionistas existentes.
Asimismo, el BID se ha enfrentado a múltiples obstáculos desde su origen mismo que ha superado gracias al apoyo de los países miembros. Las negociaciones de la sexta reposición de recursos del BID se prolongaron cerca de un año, debido a la renuncia de Estados Unidos ante un crecimiento en las 2 suscripciones de capital, sin embargo, declinó su actitud y se logró en un aumento superior al 50%. Estas suscripciones y aportaciones constituyen un punto fundamental para que México siga obteniendo beneficios del BID y ejerza una influencia adecuada en el directorio ejecutivo y en la toma de decisiones de la asamblea de gobernadores. La participación de México en la sexta reposición de recursos, le permitirá mantener la proporción actual del poder de voto. Además, se espera que México, en la sexta reposición de recursos, le permita mantener la proporción actual de poder de votación, asimismo, se espera obtener de los próximos cuatro años, mil millones de dólares de crédito. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, en contra.
El C. Juan Campos Vega: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Desde que en diciembre del año pasado se discutieron las reformas en el aspecto económico a la Constitución, aquí se propició un debate, se dio un debate, en torno a la conveniencia o no de que en la ley quedara establecido con claridad, a qué sector de la iniciativa privada debiera dar su apoyo el Estado. En la proposición que hizo el Partido Popular Socialista, nosotros expresábamos que lo fundamental de la reforma económica era el reforzamiento de la participación del Estado en la propia vida económica del país; que considerábamos que hubiera cierto apoyo del Estado a algunas empresas privadas de capital nacional, que contribuyeran a los objetivos prioritarios de los requerimientos de nuestro país. Nos opusimos en aquel entonces a que quedara en la Constitución el apoyo a la empresa privada sin especificar si se trataba de la empresa privada nacional o de la empresa extranjera. Este debate se ha dar el día de hoy con idénticos
resultados; por otro lado, se han producido declaraciones de secretarios de Estado, como el de Hacienda, Jesús Silva Herzog, y el de Comercio, Héctor Hernández, en el sentido de que violando la ley que reglamenta las inversiones extranjeras pudieran darse en nuestro país inversiones donde el 100% fuera de capital extranjero, y, por otro lado, se han presentado ante esta soberanía, diversas modificaciones a leyes donde se establece la relación del Gobierno de México con organismos internacionales para fortalecer nuestra participación, el monto de nuestra participación en estos organismos.
Aquí se nos ha expresado cómo funcionan, cómo operan, cómo se celebran sus reuniones. Pero se ha omitido lo que a nuestro juicio es fundamental: cuál es el papel de estas instituciones, cuál es el objetivo para el cual fueron creadas.
Varios de los países presentes desconocen que al concluir la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero internacional estaba en crisis; que era necesario crear los instrumentos para reestructurar los organismos financieros. Nadie desconoce también que si bien es cierto que el imperialismo como fenómeno económico había salido debilitado de la segunda conflagración mundial, porque había surgido del sistema socialista, también es cierto que el imperialismo norteamericano había salido sumamente fortalecido. Estos organismos creados al principio como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y, posteriormente, el Banco Internacional de Desarrollo, son indiscutiblemente instrumentos en manos del imperialismo norteamericano, para sentar las bases que permitan a los grandes monopolios exponer a nuestro países. Son en muchas ocasiones como los créditos del BIRF, créditos atados para construir la superestructura, para que luego vengan los monopolios internacionales a saquear a nuestro país, a explotar la mano de obra barata y a descapitalizarnos. Y uno de los graves problemas de México es precisamente la falta de capitales que nos permitan transitar por un camino independiente.
Pero si no tenemos capitales, compañeras y compañeros diputados, esto no quiere decir que con el afán de tenerlos, tengamos que hacer concesiones en los aspectos fundamentales de la política económica de nuestro país. No añoramos tampoco nosotros que ya no es la misma política del imperialismo norteamericano, la actual, que la de hace una década. Paulatinamente el imperialismo ha trasladado sus inversiones directas de los países en vías de desarrollo a los países industrializados.
Antes invertía más en inversión directa en los países en vías de desarrollo y mucho menos en los países industrializados, pero a raíz de que el sistema colonial del imperialismo entra en crisis, a raíz de que se empiezan a dar cambios positivos en el mundo, se empiezan a liberar muchos países y a nacionalizar los aspectos esenciales de su economía ante el peligro de perder esas inversiones el imperialismo ha reorientado sus inversiones directas hacia países de alto desarrollo industrial con estabilidad política, y ha dejado de invertir en términos porcentuales, no en lo absoluto, ha dejado de aumentar su inversión en los países menos desarrollados.
Su nueva política, la política más peligrosa que ha sentado actualmente, es la de atarnos cada vez más a través del endeudamiento. No es un problema exclusivo de México el de que haya crecido desmesuradamente la deuda externa; no es un problema exclusivo de los países de América Latina, es un problema de todos aquellos países que están en vías de desarrollo y que se enfrentan a graves problemas de falta de recursos financieros. El imperialismo está utilizando esos sistemas crediticios para atarnos más a su política.
En el aspecto concreto del BID, este organismo no atiende a los aspectos fundamentales del desarrollo económico que pudieran permitir nuestra independencia; no hay crédito del BID para la industria de bienes de capital. El crédito del BID está orientando fundamentalmente, a aspectos de infraestructura, de agroindustria, de industria ligera, y a la promoción de diversos tipos de servicio. Este banco no da los créditos indiscriminadamente; trata a los países de América Latina que le solicitan créditos en base a consideraciones de tipo político.
Cuando se encontraba en Chile el gobierno de la Unidad Popular al frente, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo todo lo posible por no otorgarle, en la práctica, los créditos que necesitaba el gobierno del presidente Allende para resolver los problemas económicos de Chile.
Si vemos el monto actual de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo proporciona a Nicaragua, nos daremos cuenta que son cantidades ínfimas destinadas a aspectos meramente secundarios de la actividad económica nicaragüense, pero vemos los apoyos que prestan a gobiernos dictatoriales.
Aquí se planteó que de acuerdo con el número de votos, en este caso concreto del BID, el imperialismo norteamericano no tiene la mayoría absoluta. Eso es cierto, pero para nadie es secreto que la mayoría de los países latinoamericanos están en manos de dictaduras, en manos de gobiernos reaccionarios, que tienen una estrecha vinculación con la política económica norteamericana. De ahí que la orientación de esta política del BID, a pesar de que no tiene el total de las acciones en sus manos, es siempre orientada a tratar de impedir el desarrollo de la economía de nuestros países.
Por si esto fuera poco, el que preside este organismo es un ex secretario de Hacienda, Ortiz Mena, que es ideólogo de la política del
desarrollismo, es aquel de la famosa frase que había que "crear primero la riqueza y luego repartirla". El haberlo elegido presidente de este organismo, el haber sido reelecto después, no es más que un reconocimiento de parte del imperio hacia la actitud, contraria a los intereses de nuestro pueblo, que tuvo como secretario de Hacienda y que tiene como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, se opone a que se incremente la parte que le corresponde a México en este organismo, y se opone en esencia, a la partición de nuestro país en cualquier organismo que esté al servicio del imperialismo norteamericano. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Carlota Vargas Garza.
La C. Carlota Vargas Garza: - Señor Presidente; honorable Asamblea: México ha sostenido siempre que es indispensable apoyar y fortalecer a los organismos financieros internacionales que tienen como finalidad promover el desarrollo económico y social de los países.
En la difícil coyuntura actual por la que atraviesa la comunidad internacional, se hace más indispensable que nunca, contar con organismos sólidos, como el BID, donde podemos obtener dinero menos caro, a mayor plazo y en condiciones más flexibles para hacer frente a nuestros problemas financieros.
Como ya mencionó el diputado Peña Loza, después de largo debate y con oposición de algunos países industrializados, se ha logrado que se aprueben incrementos a las cuotas aportadas a ese tipo de organismos. Si México o cualquier otro país en desarrollo se niega a pagar su cuota, estaríamos dando argumentos a aquellos grupos que desean obstaculizar su fortalecimiento.
El BID, como ya se mencionó, constituye una de las principales fuentes de financiamiento público externo de la mayoría de nuestros países. Es verdad que la mayor aportación da mayor número de votos. Sin embargo, también hay que recordar que el BID es precisamente un banco y tiene que operar como una institución financiera, pues de otra forma los países no aportarían recursos y los mercados internacionales de capitales tampoco le harían préstamos al BID para que los canalizara a Latinoamérica.
Si lo anterior sucediera, nuestros países tendrían que recurrir a otras fuentes de recursos más caras o con mayor condicionalidad, donde además no tenemos mayoría como el BID.
Por otro lado, se ha buscado en el BID proteger a nuestros países. Así que en su acta constitutiva se establece que el socio individual mayoritario no puede tener más del 34% del poder de votación. Eso es lo que tiene los Estados Unidos, y que América Latina, en su conjunto, debe tener cuando menos el 51%, y de ahí la importancia de conservar nuestro poder de votación que representa un porcentaje de 7.4%, y de que el resto de los países de Latinoamérica hagan lo propio. Si no lo hacemos, como bloque podríamos perder la mayoría, pues tendría, quizá, que solicitarse a la asamblea de gobernadores que permita bajar del 51% el poder de votación de los países latinoamericanos, o que se reduzca el capital, lo cual de ninguna manera nos conviene.
Todas las instituciones financieras del mundo están en constante coordinación, por lo que no debe extrañarnos la coordinación entre el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el BID precisamente por ser una institución con mayoría latinoamericana, permite que sus políticas sean flexibles y congruentes con nuestras necesidades.
El BID no señala qué, cómo y cuándo intervenir; si así fuera, sería grave, pues lesionaría la soberanía de los países. Aquí cada país decide qué proyectos presentar al banco para su financiamiento, más bien el banco tiene la misión de apoyar las políticas que cada país, en uso de su soberanía, determine, el BID simplemente debe cerciorarse que el proyecto reúna las condiciones técnicas y financieras más convenientes.
Con su 7.4 de poder de votación México está en cuarto lugar en estos términos dentro del banco, sólo aventajado por Estados Unidos, Argentina y Brasil. Este poder de votación nos permite tener permanentemente un director dentro del directorio ejecutivo del banco, y de esta manera influir en la política operativa del país mismo. Como América Latina, también es muy importante mantener nuestro 54.04%. Un caso nos lo ilustra: Nicaragua, recientemente solicitó un crédito al BID, y aunque los Estados Unidos dijeron que no lo aprobarían, el resto de los directores -11-., incluyendo a dos de los países extrarregionales, votaron positivo y el crédito se concedió, lo que demuestra la ansiedad de mantener la mayoría en el poder de votación y consecuentemente en el capital de este organismo.
Los foros políticos internacionales, como la ONU, la UNCTAD, el Grupo de los 77, el Grupo de los 24, son foros donde los países defienden sus principios, luchan por establecer verdaderos cambios de estructura y relaciones de poder, buscan lograr relaciones más justas entre los países. en estos foros los votos de cada país cuentan lo mismo, independientemente de su tamaño o poder económico.
En estos foros es de justicia reconocer la posición valiente, fuerte y trascendente que México ha observado siempre. Su política exterior orientada a lograr una solidaridad real entre los pueblos y su lucha por la paz y el desarrollo. Lo hemos visto sosteniendo siempre sus principios de igualdad jurídica entre los Estados, sus principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, su solidaridad activa, concreta y real con
los países del tercer mundo y, muy especialmente, con los latinoamericanos.
La actividad de nuestro país en los foros internacionales es cada vez más fuerte y trascendente. La postura de México en defensa de la justicia ha estado siempre por encima de las diferencias de ideologías y sistemas económicos de los países. Así entre muchos de sus actos, fue México uno de los países que propusieron ante las Naciones Unidas, el reconocimiento del gobierno legítimo de la república Popular China, y el inmediato restablecimiento de las relaciones diplomáticas, culturales y económicas con este país; la ruptura y condena al gobierno de Pinochet; la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Carta de Derechos y Deberes de los Estados; su promoción activa, haciendo caso omiso de presiones o sanciones para que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas se diera por concluido el aislamiento económico y diplomático, con el que se pretendía mantener a Cuba.
Han sido muchos estos actos en el pasado, y este tipo de posiciones actualmente se siguen manteniendo en los principales foros internacionales. Un ejemplo de ello es la posición que México obtuvo dentro de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, el hecho de que se haya designado a México para ocupar la presidencia del Grupo de los 77, que engloba a la mayoría de las naciones en desarrollo, es una muestra del destacado lugar que se le concede a nuestro país en ese foro por sus posiciones siempre firmes, congruentes y de avanzada.
Por último como comentaba hace unos minutos el diputado Peña Loza, también en los foros financieros internacionales se ha mantenido una posición de avanzada; prueba de ello son la denuncias que recientemente hizo el secretario de Hacienda de la Reunión de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que el proceso se ajuste en la economía internacional recae en mayor medida en los países en desarrollo, lo que hace necesario adoptar medidas para que la reforma del Sistema Monetario Internacional y, -perdón-, para la reforma del Sistema Monetario Internacional y para establecer un nuevo orden en las relaciones económicas entre los países del orbe.
Honorable Asamblea, considerando que la situación económica de los países latinoamericanos se ha tornado en los últimos años especialmente crítica; que el financiamiento externo se torna cada día en menos accesibles y más costoso; que la disponibilidad de capital a plazos largos y tasas de interés razonables es esencial para que la región recupere su dinamismo de crecimiento; que el BID constituye una de las principales fuentes de financiamiento público externo de la mayoría de los países latinoamericanos; que es importante apoyar y propiciar el fortalecimiento de los organismos financieros multilaterales como el BID, ya que el crédito externo lo necesitamos de todas formas y si no lo obtenemos de ellos, lo tendremos que obtener de fondos bilaterales y mientras que en el BID tenemos representantes que vigilan nuestros intereses, no es así en el Eximbank ni en el Chase Manhattan, que es importante, en un compromiso de solidaridad, cumplir con nuestra parte que América Latina continúe manteniendo más del 50% del poder de votación; que es importante que México mantenga su poder de votación y así poder tener en forma permanente un director dentro del directorio ejecutivo que es quien maneja la política operativa del banco y que hemos sido uno de los países más favorecidos por éste.
Por todo lo anterior, a nombre de la Comisión, ruego a esta Asamblea su aprobación para el dictamen a discusión y su complementario, y suplico a usted, señor Presidente, darlos por suficientemente discutidos y solicitar a la Secretaría que proceda a recoger la votación. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Rolando Cordera Campos.
El C. Rolando Cordera Campos: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nosotros no creemos que las cuestiones financieras nacionales o internacionales, o la participación de México en instituciones internacionales financieras internacionales o en general en instituciones, deba ser examinada de manera rutinaria, y mucho menos devaluada de manera simplista o excesivamente simplista, como a nuestro juicio se ha tratado de hacer por parte de la mayoría en esta discusión, y en la discusión tenida hace unas semanas sobre casos similares. Esto en general, pero en particular hoy, nos parece que es de una elemental obligación, para una Cámara como ésta, hacerse cargo de que estamos viviendo una situación que no admite rutinas, ni tampoco admite simplismos y mucho menos que estos simplismos se conviertan por su utilización excesiva, en verdades falsedades.
Las instituciones financieras internacionales que dieron cuerpo al sistema internacional están como todo sistema económico internacional: en crisis y atrás de la actuación discriminatoria, yo diría partidaria de estas instituciones financieras internacionales, partidaria del bloque de los países avanzados y particularmente de los Estados Unidos, hay una enorme Literatura y hay una larga discusión y hay muchas posiciones de países y de grupos de países dentro de los cuales, por cierto, varios gobiernos de este país también han participado. Están actualmente, contemporáneamente, los planteamientos en cuanto la necesidad de una reestructuración del sistema financiero internacional hechos por el Grupo de los 77, que ahora preside México.
Lo que nos parece preocupante no es tanto si debamos pagar o no una cuota, este no es un problema de contabilidad elemental, y menos
aún de si se paga aparte esa cuota y el resto en abonos fáciles; no es esa la discusión.
Nosotros convenimos en que es importante para nuestro país participar en las instituciones internacionales, y particularmente en las instituciones financieras internacionales; es importante, pero las bases sobre las cuales se participa, la política con la cual se participa tiene que ser permanentemente revisada, responsablemente, y no dejada al arbitrio de nuestros eventuales representantes en esas instituciones financieras internacionales, y lo que nos preocupa es que esta Cámara no se haga cargo de esta cuestión, y que se nos venga a decir simplistamente, haciendo caso omiso y abstracción de experiencia tras experiencia en América Latina, por ejemplo, que el Banco Interamericano de Desarrollo lo único que examina es la conveniencia financiera de los Proyectos.
¿Conveniencia financiera para quién? Sería la primera pregunta que esta Cámara debería hacerse, y luego examinar en detalle qué tipo de proyectos realmente ha financiado y ha estado financiando el banco Interamericano de Desarrollo; citar lo que no viene a ser sino una anécdota, que en algún momento haya sido pasada por encima la opinión del representante americano como argumento de que los Estados Unidos no ejercen, ni han ejercido permanentemente una influencia dominante, particularmente en el Banco Interamericano Desarrollo, es no ser exactos, y como estamos debatiendo, es utilizar un argumento que no merece ningún respeto.
Nosotros, eso es lo que queremos hacer cuando hemos planteado nuestro voto en contra; no oponernos simplemente a que se pague o no una cuota. Nosotros diríamos: ¿por qué no preguntamos si debe o no aumentar la participación de México y de otros países?, ¿por qué no mandatar así fuera a nivel de exposición de motivos?, ¿por qué no participar a la opinión pública nacional la conciencia de esta Cámara de que nuestro país tiene que ser más activo, más dinámico y cambiar su forma de actuar en instituciones como el BID? ¿por qué no hacerlo?
Ese es el propósito de nuestras intervenciones, llamar la atención sobre esta Cámara en el sentido de que están haciéndose las cosas con exceso de rutinarismo, sin tomar en cuenta la problemática en la cual está metido el sistema internacional y nosotros dentro de él. Y en consecuencia, estamos nosotros extendiendo cartas blancas al Gobierno, no al Estado; al Gobierno, al Ejecutivo, a los operadores del Ejecutivo en los asuntos financieros, que ya es demasiado dar cartas blancas, y a las propias instituciones financieras internacionales, con votos tan simplistas, tan poco reflexivos, tan poco meditados, como el que aquí se nos está proponiendo.
Nosotros definitivamente nos negamos a seguir aceptando exposiciones, argumentaciones, que son meras descripciones, elegías, elogios, a instituciones que francamente no los merecen. Y menos aún cuando son presididas, como es el caso del BID, por un señor que diseñó una política que llevó al país, que coadyuvó a que entrara en una crisis profunda hace más de diez años, de la que todavía no sale y que todavía tenga el descaro de venir hace unas semanas aquí a decir que México está en crisis, porque tiene que pagar 15 años de jolgorio, y no tiene que pagar con austeridad. ¿Jolgorio de quién? Pues de él y sus seguidores y los que con él llevaron al país a la situación en que estamos.
Cómo vamos a aceptar nosotros entonces ahora, tranquilamente, siendo una institución que parece que no tiene problemas y lo único que ha traído para nosotros son hechos buenos y mucho apoyo financiero sin condiciones. Eso es una falsedad, proponer que votemos a favor de esto con esos argumentos, y es faltarle al respeto a esta Cámara. Muchas gracias. El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. Miguel Olea Enríquez.
El C. Miguel Ángel Olea Enríquez: - Con su venia, señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados: Vengo a defender la política hacendaria del señor Presidente López Mateos y del señor Presidente Díaz Ordaz.
La inflación de esos 12 años no llegó al 32%, el crecimiento del país fue superior al 62, la deuda que dejaron fue de cerca de tres mil millones de dólares. Esa deuda se nos incrementó a 80 mil millones de dólares a finales del sexenio pasado; tampoco culpo a los presidentes que firmaron esa deuda.
Nuestra vida mexicana ha girado, desde hace muchos años, en torno a lo que hacen los Estados Unidos. Y lo hacen bien para ellos y mal para nosotros, el mundo lo tienen inundado de dólares falsos y nosotros seguimos acumulando papelitos que no sirven hasta que no regresen allá a comprar algo.
Si el Presidente López Portillo no hubiera pedido prestado, estaríamos gastando dólares y quebrados, e importando petróleo porque ya no teníamos petróleo suficiente; pero con una sagacidad de espanto, nos prestaron dinero para sacar más petróleo, que todo el mundo se dedicó a sacar más petróleo y luego hundir los precios del petróleo.
El problema de México no es lo que debe, sino los intereses que nos cobran, nos están cobrando intereses de agio. Nosotros podíamos pagar la deuda a 20 años si la pagáramos al 6% anual, incluidos los intereses; si nosotros pagamos esa deuda más aprisa nos subirán los intereses. Estamos trampados; estamos trampados porque nos hacen trampas todos los días y todos los días caemos. Parece que tenemos dos enemigos: los Estados Unidos y nosotros mismos, que aquí nos dividimos.
Nosotros lo que debemos hacer es apoyar a un Presidente con buenas intenciones, que lo está demostrando en la práctica , y ver cómo salimos adelante de estas embestidas y no estar dándole puñaladas traperas a todo lo pasado, de lo cual muchos fuimos parte.
El BID y el Banco Mundial, por ejemplo, los que no quieren aportar los fondos son los Estados Unidos, porque no les conviene que esos fondos tengan más dinero para que nos lo presten a nosotros para un pequeño desarrollo. Porque lo que se le debe al BID -tres mil millones de dólares -, en una cuenta de 80 mil, realmente no significa nada; pero significa mucho en cuanto a que estamos sacando seis, siete, ocho, diez tantos más de lo que ponemos como capital y nos lo dan a intereses más bajos. Y ahorita el problema en México son los intereses de esos dólares falsos que nos mandaron, y que la crisis mundial no sólo es nuestra, es de todo el mundo y de ellos, porque si no les vamos a pagar la deuda, van a tener problemas porque sacaron las castañas con las manos en alto. Sacaron las castañas con la banca privada que no es del Gobierno, y si nosotros no pagamos tendrán que quitarles a los banqueros estadounidenses los bancos, porque la sociedad americana, nuestros amigos los americanos, no los dirigentes, les dirán a los dirigentes que qué está pasando, que con dinero del pueblo están haciendo sus trafiques para ponernos a todos en una situación difícil.
El BID es conveniente para nosotros, lo es el Banco Mundial. La mejor prueba es que ellos no quieren poner lo que les corresponde. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: -Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor Haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Señor Presidente, se emitieron 245 votos en pro y 20 en contra.
El C. Presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal, del Congreso Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 14 de octubre del presente año, la H. Cámara de Senadores remitió a la de Diputados, el expediente que contiene la minuta de proyecto de decreto que concede permiso al C. Domingo Carlos Oliveros García para prestar servicios como consultor jurídico en la embajada del Brasil, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 20 de octubre actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado presentará en la embajada del Brasil, en México, serán como consultor jurídico, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Domingo Carlos Oliveros García, para prestar servicios como consultor jurídico en la embajada del Brasil, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 24 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Gerardo Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda
O'Connor, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Victor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Alejandro Lambretón Narro, Salvador Valencia Carmona."
Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de decreto ... No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 14 del presente mes, la H. Cámara de Senadores remitió a la de Diputados el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como consultor jurídico en la Embajada del Brasil en México, para los efectos constitucionales.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 20 de octubre actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la embajada del Brasil, en México, serán como consultor jurídico, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción 22 apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Ricardo Franco Guzmán para que pueda prestar servicios como consultor jurídico en la embajada del Brasil, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F. a 24 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Victor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Alejandro Lambretón Narro, Salvador Valencia Carmona."
Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
La C. Secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: -Señor Presidente, se emitieron 265 votos en pro.
El C. Presidente: -Aprobados los proyectos de decreto por 265 votos.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: -Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
DETENCIÓN DE 16 JÓVENES DEL PST
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado César Humberto González Magallón.
El C. César Humberto González Magallón: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: Durante la tarde y la noche del día sábado pasado, fueron detenidos y secuestrados 16 jóvenes, miembros de la organización juvenil de mi partido, la Juventud Socialista de los Trabajadores. Estos hechos sucedieron en las delegaciones políticas Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y el municipio de Netzahualcóyotl. Nuestros compañeros realizaban
labores de propaganda y proselitismo y en todos los casos intervinieron agentes policiacos, que en forma vejatoria exigieron documentos de identificación. Los documentos que se les mostraron - según ellos - carecen de valor por ser expedidos por nuestra organización política, y a pesar de las protestas de nuestros compañeros, los agentes procedieron a introducirlos con lujo de fuerza a vehículos particulares sin placas, sin que haya mediado tampoco la identificación de los supuestos agentes policiacos, ni fundamento jurídico alguno por escrito, que ameritará la acción represiva de estos sujetos. Dentro de los vehículos los compañeros fueron golpeados, algunos de ellos con verdadera saña y robados en sus objetos personales.
Loa padres de nuestros compañeros, que acudieron ante las autoridades correspondientes a indagar sobre el paradero de sus hijos, fueron víctimas también de la burla y el despotismo que les caracteriza. Ante esta alta representación popular, nosotros elevamos nuestra más enérgica protesta y denunciamos que estos hechos si bien corresponden a casos particulares, representan lo que ya es del conocimiento general de la ciudadanía, que se ve sometida todos los días a estas acciones prepotentes, totalmente al margen de todo principio de respeto y legalidad que nos hacen pensar en un permanente estado de inseguridad que transgrede los principios fundamentales de nuestra comunitaria.
Es ya frecuente que las autoridades policiacas amparadas en supuestas instrucciones, que se concretan en las tristemente conocidas razzias o redadas agredan y violen la integridad física y moral de ciudadanos pacíficos dedicados a actividades lícitas y amparados por disposiciones constitucionales.
Por lo que en esta alta tribuna, y congruentes con los objetivos de lucha de nuestro partido, que ha exigido siempre el imperio de la legalidad constitucional, exigimos que se supriman estas acciones que pisotean las garantías individuales de los ciudadanos por su contravención a nuestra Carta Magna.
Y al elevar nuestra protesta, estamos ciertos que nos referimos a todos los miles y miles de jóvenes que sufren en carne propia todos los días esta persecución ilegítima, por el sólo hecho de ser jóvenes y vivir en los barrios y las colonias populares.
Para todos nosotros es conocido que para algunos elementos y cuerpos policiacos de mentalidad cavernícola, es la misma cosa se joven, ser pobre, ser vago, ser malviviente, ser delincuente. Todo esto contradice los elevados conceptos que para los jóvenes de México, el día 4 de octubre, emitió el C. Presidente de la República, con motivo de la ceremonia de la instalación de la coordinación nacional para la celebración del Año Internacional de la Juventud 1985, que él preside, y quien al referirse a ella manifestó que su presencia es oxígeno que mejora la salud de la Nación.
Nosotros nos preguntamos: ¿Es acaso con la represión y la violencia contra nuestra juventud, que será posible impulsarla para una mayor participación en el quehacer nacional? ¿Con ello será posible el aprovechamiento de su impulso y de fuerza creativa para superar los graves problemas que actualmente enfrentamos? Nosotros pensamos que no; nosotros creemos en la juventud, creemos que el modo de pensar de la juventud, que le es propio, es el modo revolucionario de pensar y de actuar por parte de la juventud, es liberarse de todo aquello que se oponga al paso victorioso y progresivo del pueblo.
Esta hermosa cualidad solamente puede encontrarse en la generación joven de México, que por esencia reclama y transmite autenticidad, limpieza, honestidad y patriotismo, y esa autenticidad, limpieza, honestidad, lealtad y patriotismo deber empezar por considerar que lo que necesitamos los jóvenes de México son verdaderas oportunidades de trabajo y de aplicación de todas sus infinitas potencialidades, y no la subsistencia de cuerpos policiacos anticonstitucionales que ahora padecemos. Por ello, desde aquí lanzamos una excitativa pública a la Dirección de Policía y Tránsito y a la Procuraduría del Distrito Federal, para que normen sus actos conforme a la Ley Orgánica de esta institución, que regula su competencia al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en donde no se contemplan acciones como las denunciadas.
Que respeten las garantías individuales consagradas en el artículo 16 constitucional, que exigen que para toda molestia a las personas en su patrimonio o en sus propios derechos individuales, se requiere mandato escrito de autoridad competente, requisitos que no se satisfacen en estos casos, por lo cual deben cesar inmediatamente estas violaciones.
Al reclamar la desaparición de los cuerpos policiacos, que no tienen sustento en nuestra Constitución Política, reclamamos nuestro derecho a continuar luchando al lado de la clase obrera y el pueblo de México por la conquista de una patria nueva. Y por ello queremos concluir nuestra intervención exhortando a esta honorable Cámara de Diputados, para que se instituyan los ordenamientos correspondientes para la prohibición de las razzias y redadas que a punto están de convertir a nuestra ciudad capital en un virtual estado de sitio, regido por la ley de la selva.
En estos momentos, compañeros de la Juventud Socialista de los Trabajadores tienen tomadas las oficinas del CREA en señal de protesta por la agresión de que fueron víctimas. El primer punto de nuestro pliego petitorio es la suspensión de las anticonstitucionales razzias y el castigo a los culpables. Muchas gracias compañeros.
El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ELECCIONES DEL 16 DE OCTUBRE EN TLAXCALA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Margarito Benítez Durán. De Acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se recuerda a los oradores el límite de cinco minutos para su intervención.
El C. Margarito Benítez Durán: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: cabe aclarar; no he pedido la palabra para hechos. Quiero presentar una denuncia con respecto a las elecciones que se realizaron en Tlaxcala, el pasado 16 de octubre.
A representantes del Partido Demócrata Mexicano en algunas casillas no se les permitió estar, aun teniendo su carta de acreditamiento y sellado por el mismo comité distrital; otros representantes demócratas fueron aceptados cuando se instalaron las casillas, pero resulta de que auxiliares de la Comisión Estatal Electoral corrieron a estos compañeros y al mismo tiempo amenazaron con enviarlos a la cárcel si no lo hacían.
Pero hechos como los que se desarrollaron en estas elecciones, pues son vergonzosos. Por ejemplo, los priístas hicieron propaganda el mismo domingo que se realizaban las elecciones, incluso prometieron dinero a las gentes que encontraban a su paso; y un caso muy concreto en la casilla 9-A, ubicada en la plaza principal de la población de Tetela, del municipio de Santa Ana Chiautempan, es que a alguien se le ocurrió ofrecer 100 mil pesos para poder darle un arreglo a un campo deportivo.
Después se dio el robo de ánforas, concretamente en las Casillas 11, 12, y 16. La 11 ubicada en la población de Tetlanocan; otra, la 12, ubicada en el Jagüey del mismo poblado; la 16-A, ubicada en la calle 4 y 11 de la misma ciudad de Santa Ana.
En varias partes de la ciudad de Santa Ana y Tlaxcala se localizaron centros donde varios elementos hacían distribución de boletas electorales, esto fue descubierto por demócratas y, al mismo tiempo, impidieron a que se depositaran en las ánforas.
Y quien pedirle a la Presidencia que le permita a la Secretaría que cheque las boletas electorales que están en mi poder para ver si están selladas y qué es lo que dice en el sello.
Aquí está un buen montón, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay otras; éstas están rotas, algunas quemadas, hubo, en cierta forma, el jaloneo de que "déjamelas y yo te las quito". Aquí hay más señores, cruzadas en favor de los priístas; y solo pido al Presidente que le permita a la Secretaría que cheque si están selladas por la Comisión Estatal Electoral.
El C. Presidente: -Sírvase la Secretaria acceder a la petición del orador.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: Revisadas, señor Presidente.
El C. Presidente: Continúe el orador.
El C. Margarito Benítez Durán: -Compañeros; así las cosas, deseamos aclarar de que el Demócrata Mexicano pues no tiene imprenta para este material. Vamos pues, compañeros, a aclarar de que en principio estas elecciones no se desarrollaron como se ha prometido. Este es simplemente un botón de muestra de las pocas que presentamos aquí, pero que estas boletas, - casi son mil boletas -, y que este hecho nos da idea de cómo se desarrollan las elecciones en diferentes partes de la República.
Por lo tanto, compañeros, formalmente presentamos esta denuncia por escrito, presentamos la presente denuncia ante esta Cámara, porque uno de sus oficios - diría yo -, una de sus pasiones es vigilar y tomar las medidas de su competencia para preservar la estructura democrática prevista en la Constitución.
Es fenómeno reiteradamente expuesto en esta tribuna que por parte de los gobiernos de los estados, últimamente se han presentado e incrementado acciones en contra de la reforma política y de la democratización integral, que va desde la contradicción del artículo 115 constitucional, en las constituciones y leyes electorales locales, hasta la perpetración de fraudes electorales ejecutados de manera burda y regresiva, sin ni siquiera la gracia de la habilidad, de la astucia elogiable, de la esquina electoral de altos vuelos.
El caso de las elecciones en Tlaxcala para nombrar diputados locales es un boton más de muestra ante las autoridades locales electorales, los demócratas han presentado y presentarán los recursos de ley, y con los tlaxcaltecas iniciaron las formas de lucha popular procedentes para que se respete el voto.
Aquí pretendemos que se investiguen los hechos que son parte de un contexto más amplio, pues ello está implicado en la paz y el porvenir de la patria. Aquí se puede objetar brillantemente, por alguno de los diputados de la mayoría, incluso calificar, aunque sin muchas letras y sapiencia, esta denuncia entre alguno de los géneros literarios. Pero los pobladores de Namiquilpa, de Amajac, de Guerrero, de Xicotzingo y de los otros aquí nombrados, supieron lo que sucedió, y aunque no hubiese un notario al pie de ellos, carrera en el aire y desesperanza, y es de ese escepticismo que primero se manifiestan en abstencionismo y, ante un agravio grave, al margen de los partidos, pueden reaccionar al margen de la legalidad.
Por eso pedimos que se investigue la denuncia, a la cual aportaríamos los elementos de prueba a nuestro alcance y se turne, para ese efecto, a la comisión correspondiente.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados 27 de octubre de 1983. Por la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, diputado Margarito Benítez Durán.
El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
AUMENTO DE PRECIO A GASOLINA Y DIESEL
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Luis Torres Serranía.
El C. Luis Torres Serranía: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: La semana pasada, el Gobierno aseguraba al pueblo que no sería aumentado el precio de los combustibles. Sin embargo, ayer por la noche, sorpresivamente el ama de casa, el taxista, los choferes y automovilistas en general, nos sorprendieron con el aumento de la gasolina y del diesel, en particular, que constituyen los combustibles más populares.
Resulta el pronunciamiento políticamente inteligente en el momento en que, por todos los medios de difusión, se multiplicaban las denuncias de malversación de fondos, que en contra de PEMEX y su sindicato se debían, principalmente, a los líderes charros para ser congruentes con la voz popular que, según se supone, han amasado fortunas de fábula, mantienen guardias blancas, y en los casinos, allende el Bravo, dilapidan fortunas que en última instancia son propiedad del pueblo y hace que - según se ha mencionado en los medios de comunicación - entren las discordias y mutuas acusaciones entre los dirigentes petroleros, estas fortunas tienen su origen malhabido en los fondos de Petróleos Mexicanos.
Por otro lado, el subcontratismo y el intermediarismo en la ejecución de obras y el suministro de materiales y equipo a Petróleos Mexicanos, según se ha demostrado por diversas denuncias de innumerables fraudes descubiertos contra la empresa paraestatal, que debiera ser base firme de nuestra economía, elevan fuertemente los costos de producción, y nos parece que antes de elevar los precios de los combustibles al consumidor debería sanearse en forma total la administración de petróleos Mexicanos incluyendo, desde luego, al propio sindicato de trabajadores petroleros que, como ha sido denunciado recientemente, y en diversos medios de comunicación, parece que ha creado un México dentro de México al parecer intocable, ya que no obstante la vox populi de denuncia, a la fecha no se ha ejercido la acción penal con los que han defraudado fuertemente a PEMEX, como son los casos del ingeniero Ignacio Díaz de León, de Jesús Chavarría, incluidos también los dirigentes Joaquín Hernández Galicia y el senador Salvador Barragán Camacho, y otros líderes y y administradores a quienes la opinión pública ha señalado responsables de cuantiosos fraudes.
Hemos insistido en Acción Nacional que es injusto transferir la carga de la crisis económica a las clases más desvalidas del pueblo de México, y es evidente, señores diputados, que este nuevo aumento a los combustibles, particularmente en el diesel y la gasolina nova, que suben en mayor porcentaje, incidirán, quiérase o no, tal como ocurrió en las alzas anteriores, en los precios de los transportes y en los artículos de consumo básico, ya que en especial el diesel se usa en los barcos mercantes y pesqueros, en los transportes terrestres ferroviarios y en automotores, estos últimos en un porcentaje irracionalmente más alto que el ferroviario, para abastecer de productos de primera necesidad a las grandes ciudades y al pueblo en general.
Aunque se nos diga que no se va a permitir de ninguna manera el alza de pasajes en transportes de carga, es ingenuo creer que estos costos habrán de permanecer sin alteraciones después del aumento a los combustibles.
Todas las experiencias pasadas han probado el carácter inflacionario de estas medidas, que a la postre han desembocado en una alza generalizada de precios, particularmente de los artículos de primera necesidad, llamados de consumo popular.
Por cuanto a los productos agropecuarios, es evidente que irán aumentando su costo y por ende, su precio al consumidor, a los campesinos, ya que los campesinos usan diesel para sus tractores y gasolina nova para su sistema de bombeo y transporte.
Tratando de justificar el alza que nos ocupa, no es aceptable ni manejable el argumento de que los combustibles en el país todavía resultan baratos en comparación a otros países, y en particular, en comparación a los de Estados Unidos, porque en todos los casos es necesario e indispensable analizar las fuentes del energético primario y las condiciones de adquisición y abastecimiento del mismo. Me refiero a aquellos países productores y aquellos que no siéndolo, tienen que importarlo e inclusive importar combustibles terminados, que obviamente han de llevar el sobreprecio que significa su proceso y refinación.
También para una comparación adecuada, deben tomarse muy en cuenta los salarios mínimos y el nivel de vida del pueblo en general. Por ejemplo, en Estado Unidos se ganan entre ocho y diez dólares por hora de trabajo, equivalente a mil quinientos pesos por hora en moneda nacional o sea 12 mil pesos por día, valor muy superior a nuestro salarios mínimos que aproximadamente representan solamente el 4% de los salarios mínimos de Estados Unidos.
En el Distrito Federal, en números redondos, el salario mínimo es de 500 pesos. Se pretende justificar el aumento de precios que comentamos, señalando que el objetivo es acabar con la economía ficción que hasta ahora ha dirigido nuestra política económica. Sin embargo insistimos nuevamente: se adopten medidas inflacionarias para combatir la inflación; se inyecta al enfermo virus infeccioso para combatir la infección, enfermedad para combatir la misma enfermedad. En cambio, tratando de sostener aunque se diga lo contrario, una política populista solapada, no se han efectuado reducciones en el gasto público, se cancela el SAM y se crea el Programa Nacional Alimentario con un gran aumento de carga
burocrática; se siguen gastando miles de millones de pesos en las campañas políticas del partido oficial; se envía petróleo a Nicaragua y otros países del área de dudosa recuperación, tampoco se ha hecho un embargo efectivo de las fortunas malhabidas de varios funcionarios de la administración anterior, y de las dos administraciones anteriores, y los que se han castigado a la fecha como el ingeniero Jorge Díaz Serrano, Héctor García Hernández alias El Trampas, Ramírez Limón y otros de menor importancia, que no representan la totalidad de los funcionarios que han defraudado a México.
Creemos firmemente en Acción Nacional que la reducción en el gasto público y la burocracia, la cancelación de envíos petroleros a crédito, la suspensión de gastos de fondos públicos en campañas políticas y la confiscación de fortunas tan malhabidas como cuantiosas, ayudaría a resolver en forma considerable, la crisis por la que atravesamos.
Como en los aumentos anteriores, es de notarse que el incremento mayor repercute sobre los dos combustibles de mayor uso por parte del pueblo y el mayor consumo en los centros de producción, y así tenemos que el costo del diesel se incrementó en 35.71%, el de la gasolina nova en 25%, tanto que la extra, que consumen las clases más favorecidas subió solamente en un 17.14%.
Si estos aumentos en los combustibles de uso masivo se contemplan en un periodo más amplio, de diciembre pasado a la fecha, el impacto inflacionario sobre la economía popular es más dramático. En estos diez meses la gasolina nova aumentó en 200% al pasar de 10 a 30 pesos; el diesel subió 216.66%, al pasar de 6 a 19 pesos; mientras que la gasolina extra, que es para vehículos de lujo, sólo subió en 173%, pues costaba 15 pesos y ahora se cotiza a 41 pesos.
Por otro lado, se desconoce la estructura de los nuevos precios y no sabemos qué porcentaje se aplicará a los ingresos reales de PEMEX y cuál es el que se destina a impuestos. En los años anteriores había un promedio de 50 al 55% del precio final al consumidor, que se destinaba a impuestos federales, sin que hubiera un incremento real, sustancial, en los ingresos de PEMEX necesarios para fortalecimiento de sus finanzas.
Señores diputados, para terminar quiero expresar nuestra profunda preocupación de en cada aumento de precios en los energéticos, más que aplicarlos al fortalecimiento de la economía de la planta productora, se aplican a impuestos para el Gobierno federal, pasado sobre la dignidad de esta honorable Cámara, ya que nunca se nos informa oportunamente cuál es la estructura real de esos aumentos.
En tal virtud, me permito proponer a nuestra soberanía lo siguiente: Que la Comisión de Energéticos investigue la estructura de precios y determine qué porcentaje del aumento actual se aplica a impuestos federales, y qué porcentaje va a repercutir realmente en los ingresos de PEMEX, para que se someta al pleno de esta Cámara el informe respectivo y hacer una discusión del asunto.
Por lo anterior, solicito al señor Presidente remita esta proposición a la Comisión de Energéticos de esta honorable Cámara.
Por la diputación del Partido Acción Nacional, diputado Luis Torres Serranía y Arnoldo Gárate Chapa.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 1983.
El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Energéticos.
Tiene la palabra el C. diputado Edmundo Jardón Arzate.
El C. Edmundo Jardón Arzate: -Señor Presidente; honorables colegas: No hay duda que en materia de recaudación de recursos para ser empleados por el Estado, hemos avanzado.
En el siglo pasado, el Poder Público dependía fundamentalmente de los recursos obtenidos en las aduanas, particularmente en la de Veracruz, del tabaco, y en una proporción no despreciable de la impresión de naipes.
En la actualidad los recursos que se obtienen en las aduanas son muy importantes, aunque ciertamente mermados por el contrabando y por las múltiples exenciones que se otorgan a la gran empresa.
Los recursos que se obtienen del tabaco también son importantes, aun cuando no en la medida en que deberían serlo, tomando en consideración las ganancias que obtienen las empresas transnacionales que están apoderadas de esta industria. Y en cuanto a la de los naipes, ha pasado a ser competente secundaria porque, aun no creo que se haya perdido la afición o el vicio por los juegos de azar, es evidente que ahora se prefiere - o lo prefieren algunos - ir a probar suerte a Las Vegas, que a jugar conquián en sus casas.
Y uno de los medios de que se vale el Poder Público para obtener recursos, es éste medio que ahora se ha constituido en fuente fundamental para la economía del país, o sea el petróleo. Está claro que para nosotros, miembros del Partido Socialista Unificado de México, los recursos provenientes del petróleo son ciertamente importantes y fundamentales en nuestra economía, y está claro también que para nosotros la empresa estatal Petróleos Mexicanos es una empresa que debe ser defendida y vigilada por todos los mexicanos, porque es una empresa de todo el país. Pero si bien es verdad que se han diversificado las fuentes de recursos de que puede disponer el Estado, también es cierto que no hay, parece no haber, como no la hubo en otros tiempos, congruencia en las políticas a seguir, en cuanto al manejo de determinados recursos, y a la conveniencia de valerse de esos recursos para fortalecer efectivamente a la Nación, a través de una distribución menos significativa de la riqueza.
No somos enemigos de que las empresas del Estado incrementen los precios de determinados artículos producidos por ella, como no lo seríamos tampoco en el caso de determinadas empresas privadas, si se analizan detenidamente los fines y los propósitos de producción de estas empresas; pero lo que no nos parece congruente es que se dispongan en aumento a los precios de las gasolinas y del diesel, cuando todavía hace no menos, o no más, de dos semanas se estaba diciendo lo contrario, que no habría estos aumentos porque ello representaría un impacto inmediato en el proceso inflacionario que padecemos la mayoría de los mexicanos. He aquí que a menos de dos semanas se decide lo contrario, y la incongruencia crece si tomamos en consideración que al mismo tiempo no se prevé un efectivo control de precios, porque la cuestión no radica sólo en si aumentamos los precios de las gasolinas y del diesel, sino en la forma en que abusivamente las grandes empresas privadas se aprovechan de estos aumentos; se valen de ellos para justificar aumentos en sus costos de producción y, en consecuencia, para justificar e imponer nuevos aumentos en los precios de múltiples artículos, algunos de ellos - muchos de ellos - de primera necesidad.
Si al aumento de las gasolinas y del diesel fuera acompañado de un efectivo control de precios, ciertamente el aumento de las gasolinas y del diesel repercutirían sobre determinadas capas de la población y sobre determinados renglones de la producción, pero no es así, porque también es cierto que hay otra incongruencia, la incongruencia en cuanto a la forma en que de manejan estos aumentos de precios.
Ya aquí el compañero Castañeda O'Connor se refería al caso del campo, de cómo los campesinos se ven en la necesidad de renunciar al empleo de maquinaria porque los costos para el consumo de combustible de esa maquinaria se han elevado de una manera realmente insostenible para millares de campesinos y, en consecuencia, renuncian al empleo de esa maquinaria. Ya se ha mencionado también el hecho de que el diesel es básico, en determinadas partes del país, para riego, para el funcionamiento de motores que sirven para las bombas que extraen aguas de los pozos, cuestión que va directamente al problema de la producción, y de la producción de básicos, de aquello de lo que tanto se habla, o sea, de la necesidad de recuperar, y cuando se dice recuperar, quiere decir que se ha perdido la soberanía alimentaria. ¿Cómo recuperar esta soberanía alimentaria si a la vez desde los estratos de Gobierno, no se prevé ni se pone en práctica una política que efectivamente, en materia de empleo y consumo de energéticos, sirve para estimular renglones de la producción que son esenciales, no sólo ahora sino siempre y , ¿cómo impedir que la gran empresa, utilizando estos aumentos de precios de los combustibles a su vez se beneficie más y obtenga mayores ganancias?
Por otro lado, nos parece a nosotros, miembros del PSUM, que todo ello no es más que una búsqueda fácil e inmediata para obtener recursos; más difícil, por supuesto y de mayor resistencia, claro está, sería instrumentar una auténtica política fiscal que gravase las ganancias del gran capital; pero aquí sí nos encontraríamos en campos distintos, los señores diputados del PAN y nosotros, porque estaríamos tocando un punto débil, una zona vulnerable de las posiciones que ellos defienden, la de la gran empresa, la empresa privada.
En consecuencia, nosotros sí queremos hacer notar que es efecto, este aumento a los precios de las gasolinas y del diesel ha sido un aumento constituido en aumento que, evidentemente; dígase lo que se diga, va a trascender y a repercutir en múltiples artículos de consumo, particularmente los de consumo necesario e indispensable. Ya el anuncio mismo nos lo está anticipando, por lo que resta del año - y del año no restan más que dos meses y unos días -, no habrá aumentos en los precios de las tortillas y del pan, por lo que resta del año, lo que quiere decir, que a corto plazo, a muy corto plazo, de estos productos que no hay duda, las tortillas y el pan blanco, se están convirtiendo casi exclusivamente en el alimento de miles de millones de mexicanos y en cantidades cada vez menores.
Creo que en esto se está reflejando una vez más la incongruencia, la improvisación con que en los estratos del Gobierno se procede en materia económica. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José Augusto García Lizama.
El C. José Augusto García Lizama: -Señor Presidente; compañeros vicepresidentes; honorable asamblea: antes de empezar con el tema del energético, cabe subrayar que el problema esencial que padecemos en México, ha quedado comprobado hoy con mi compañero Benítez Durán; ahí en el fraude electoral es donde está la causa de las causas de todos los males del pueblo de México.
Ayer, al fin, después de varias semanas de tener atormentado al pueblo de México, el gabinete económico se dedicó a empujar otro poquito el puñal para sangrar al pobre pueblo en su economía familiar. O si quieren ustedes, ayer se decidieron a meter una aguja para sacarle sangre al pueblo, para darle una transfusión al Gobierno. Y así tenemos un pueblo débil y debilitado cada día más para que ese cuerpo obeso del aparato gubernamental, se vaya llenando de sangre y de sacrificio del pueblo.
A nosotros no nos causó sorpresa como a los compañeros del PAN, nosotros ya sabíamos que venía la puñalada; no sabíamos si era hasta el fondo o nada más tantito; pero aquí parece que todos los miembros del gabinete económico dieron su empujoncito, por lo que vamos a ver después. Subir las tarifas
de Pemex, ¡que fácil! así nos la dieran. ¿Quien las autorizó? El propio Gobierno. ¿Quien lo controla? lo podríamos controlar nosotros pero no queremos. (Aplausos.)
El PAN ya nos dijo muchas cosas, el PSUM igual; no es necesario repetirlo. La corrupción en PEMEX es otro de los grandes males que padecemos en México; con su sindicalismo corrupto y su administración igual. Esto es lo que está afectando al pueblo de México.
No es monopolio PEMEX, pero si es monopolio PEMEX, pues si no podemos comprar más que productos de PEMEX; así me las dieran. ¿Por qué vendió la VAM y la Renault? Porque ahí si hay competencia, ahí si hay demanda, hay oferta, ahí si hay libre competencia; ahí , si ellos suben sus precios no venden un solo automóvil, pero no tienen competencia ¡al subir los precios! al fin que el pueblo de México es cautivo de su Gobierno.
Mientras preparaba esta intervención me acordé de aquel cassette que aquí un compañero mío puso a sonar y que, si ustedes recuerdan y estuvieron aquí, decía: "hay para todos", eso decía el líder de PEMEX, "hay para todos, no se peleén". Y es que hay para todos porque no les cuesta nada; están llenos de condiciones en donde sus líderes se hacen millonarios de la noche a la mañana, y no millonarios de cinco, diez o cien millones, de muchísimas cantidades mayores. "Hay para todos"; ojalá.
La prensa de hoy destaca eso: ahí está donde se reconoce las importancia y la trascendencia de esta medida. Los periódicos nos hablan de los precios nuevos, altos, de los aumentos. El Nacional, ¿qué dice El Nacional, que ustedes saben es el periódico del Gobierno, aquí en la hoja que luego nos dan, dice que esas alzas son para subsidio al pan -¿será para ustedes?-. tortilla y otros básicos, servirá el alza de los energéticos.
No, esto es simplemente demagogia, el pueblo no quiere que lo sigan subsidiando. El pueblo lo único que necesita es que tenga un gobierno que lo sirva, que los desarrolle, que lo haga un hombre pleno. Necesitamos desarrollo integral del hombre que pueda trabajar y ganar el pan en su familia o en lo que sea, en empresas familiares, pequeñas empresas. Ese sería el mejor subsidio al pueblo, no que le regalen nada.
Siguen las explicaciones, porque, según parece, cada secretaría puso su granito de arena en el puñal. Si el Estado no dispone de ingresos reales suficientes para cubrir los requerimientos sociales, debe recurrir en forma repetida a la emisión de dinero. O sea, o te saco sangre o no te doy de comer, esa es la alternativa, pero de todas maneras Juan te llamas.
Los precios de la tortilla y del pan y los famoso subsidios. Estos nuevos incrementos de precios y tarifas, si bien representan presiones inflacionarios en el corto plazo - cuando ustedes se mueran ya no habrá inflación -, o sea, todo es para mañana, no hay nada para hoy, necesitamos vivir hoy, economía para hoy, desarrollo para hoy, no como ofrecen en los países socialistas: "mañana tendremos, "pasado mañana tendremos". No, nosotros necesitamos hoy, ya México es un pueblo adulto, lo decimos a cada rato. Y así quieren abatir la inflación.
Dicen: "uso racional", yo aceptaría esto del uso racional, lo aceptaría si solamente subieran el precio en la gasolina. "Uso racional, saquen el coche menos veces"; pero uso racional del diesel, ¿quién se sale con su camión a pasear? No es posible.
Ya parece que veo a los choferes o a los dueños de los camiones paseando, haciendo uso irracional del combustible.
Y por otro lado, "se han desalentado las compras de gasolina al exterior". Cuando la verdad es que queremos vender más. Pero en este caso no conviene y decimos lo otro; aquí ya no interesan las divisas, o sea, según convenga así se habla. Eso no es derecho. La realidad es otra. También la dicen, también la reconocen
"No se van a recibir los impuestos calculados". Y entonces hay que sacarlos a como de lugar. ¿Y cómo? Pues con los cautivos, pues para eso tenemos el Gobierno que tenemos. Con un pueblo cautivo, pues ya está hecho, ya lo decía el compañero Jardón, con otras palabras.
Aquí y en China cuando se afectan los precios de los energéticos, sean energéticos comidos - o sea, los alimentos - o sean energéticos para mover las máquinas. Cuando se aumentan estos precios repercuten en todas las esferas, aritmética y geométricamente. Cualquiera que sepa un poquito de economía sabe que eso se da así, va a afectar a la producción, a la industrialización, a la transportación primero y a la transportación otra vez, a la distribución, a la comercialización y a todos los niveles de la economía.
Hoy el ingeniero Rodolfo Félix Valdez, cuando nos hablaba de esto en la reunión que tuvimos, reconoció que tendría que repercutir en las tarifas, y tiene que repercutir, si son miles de pesos lo que aumentaron al diesel, le aumentaron más al diesel que a las gasolinas que usan los ricos, o sea lo van a pasar los pobres, no le hagamos al cuento. El Gobierno tiene que poner el ejemplo, y quiere que ya no haya más alzas en los precios de otros artículos. No se puede predicar y hacer lo contrario, eso es hipocresía.
Por todo lo dicho, quiero pedir a la Presidencia, y a ustedes, compañeros, que esa famosa auditoría que pedimos para PEMEX, desde hace como un año, deje de dormir, se active en su gestión, se inicie y se consigne a los responsables, y también para que dejemos de ser los diputados meros aplaudidores del gabinete económico del Presidente, y en algunos otros casos el famoso abogado defensor, que estas intervenciones de hoy, en materia de energéticos,
se pasen a las comisiones que tengan alguna relación económica para que sean estudiadas y se proceda en consecuencia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Energéticos y de Información, Gestoría y Quejas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alfredo Reyes Contreras.
El C. Alfredo Reyes Contreras: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: el tema que han abordado los tres oradores que me precedieron en el uso de la palabra, pone en el centro del debate el tema relativo a las empresas estatales.
Es evidente, es claro que los partidos de la derecha detestan el surgimiento de las empresas estatales y las combaten permanentemente. Pero si nos remontamos a nuestra historia vamos a encontrar lo que en otras ocasiones hemos expresado desde esta tribuna, en el sentido de que el Estado como productor tuvo que asumir esta actitud por necesidad, porque no había lo que ahora llamamos iniciativa privada; y lo que mantiene al Estado es precisamente la fortaleza del sector estatal que tanto molesta a los diputados del PAN y del Partido Demócrata Mexicano.
El propósito de este combate de la derecha en contra de las empresas estatales, es fundamentalmente para que éstas no se fortalezcan. Y por un lado exigen los servicios que el Estado debe prestar, pero por el otro, planten que no suba, que no aumenten los precios de los servicios o de los productos que otorga.
Compartimos el juicio expresado aquí por el diputado Jardón, en el sentido de que no se trata de que las empresas del Estado no aumenten sus precios, ya sea de los servicios o de los productos que otorga.
Lo que nos preocupa fundamentalmente es que se adopten medidas de carácter fiscal faltos de equidad, y que no se aplique estrictamente el mandato constitucional en el sentido de aplicar, en el sentido de establecer, el principio de la proporcionalidad.
¿Por qué en este aumento de las gasolinas no se incrementó más el precio de la gasolina extra, y se incrementó menos el precio del diesel?
Es evidente que esta medida va a tener un carácter inflacionario, pero no lo tendría tanto si, al lado de esa medida recaudatoria, se anunciaran o se pusieran en vigor medidas que tiendan a evitar precisamente la inflación.
La derecha ha ocultado una cuestión que es evidente. Esta medida que ha adoptado el Gobierno, se debe en parte a los grandes subsidios que se canalizan a la iniciativa privada. Eso se calla, no se dice, no conviene. Es evidente que los volúmenes tan enormes que se canalizan a la iniciativa privada provocan desajustes en el desarrollo económico.
¿Por qué no se exige a la iniciativa privada que cumpla con las cargas fiscales que tiene? Con que frecuencia nos enteramos de fraudes fiscales, y hasta hoy 54 mil millones de dólares, que fueron sacados a través de la banca privada, permanecen en el extranjero. Eso también se calla. Pero es evidente que repercute en el desarrollo económico nacional.
Esta Asamblea debe advertir que hay subsidios y subsidios; que unos son los subsidios que fortalecen más a ese sector minoritario, acaudalado de la población. Pero los subsidios que auxilian al pueblo, deben mantenerse y deben incrementarse para que las masas populares no vean reducida drásticamente su situación o su nivel de vida.
Se habla de que se van a incrementar los pasajes, de que se van a incrementar algunos precios de los productos básicos, indudablemente que se va a dar, pero, ¿qué ocurriría si al lado de este incremento de los precios, de los productos de PEMEX, de municipalizar el transporte, es necesario municipalizar el transporte federal?, porque puede ocurrirnos lo que pasó en Chile con Salvador Allende; los transportistas en Chile hicieron un paro que dejaron imposibilitado al régimen de Salvador Allende para transportar las mercancías y cubrir el consumo en todo el territorio de Chile, y aquí en México poco a poco ese sector del transporte federal se va convirtiendo en un peligro evidente también.
A nuestro juicio, el incremento en los precios que comentamos, significan, en cierta forma, que se sigue aplicando una medida, una política económica equivocada que debe corregirse, debe impedirse que sobre el pueblo recaigan los altos costos de la recuperación de la crisis. Los verdaderos responsables, a los que el PAN y el PDM defienden, esos que provocaron o profundizaron la crisis y que se llevaron millones al exterior, los que ahora chantajean al Gobierno y lo presionan abiertamente, para obtener más concesiones, permanecen intocados y logran canonjías que con frecuencia leemos nosotros, se les otorga. El PPS demanda desde esta tribuna, que se abandone, pero ya, las medidas monetaristas, que hasta ahora se han aplicado sin resultados positivos para la mayoría del pueblo. Exige el Partido Popular Socialista, que se aplique un estricto control de precios, como medida mínima para proteger la vida del pueblo mexicano; demandamos también que se mantengan los subsidios que ayudan al pueblo y que se abandonen definitivamente los que se entregan a la iniciativa privada.
Consideramos que en materia económica deben aplicarse medidas de carácter popular para mejorar la vida de la mayoría de los mexicanos y no que la perjudiquen. El Gobierno nacional debe convencerse de la urgencia de aplicar una reforma fiscal a fondo, que grave a las minorías acaudaladas; indudablemente que esta reforma fiscal tendría fines redistributivos. Además, mientras subsiste la dependencia respecto de la economía norteamericana, seguiremos padeciendo problemas graves en el desarrollo económico y en el futuro, si continúa esta misma situación , es previsible que esos problemas se agraven en perjuicio del pueblo
y con peligro para la soberanía nacional. Sólo una política con hondo sentido patriótico, hará posible que salgamos de la crisis sin afectar más al pueblo, que ha sido el pilar que sostiene al país y que ha soportado el mayor peso de la crisis. En cambio, si se mantiene la política de pretender contentar a los sectores minoritarios acaudalados, que hasta hoy han sido los beneficiarios, la crisis se profundizará y se agravarán dramáticamente las condiciones del pueblo mexicano. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Hermenegildo Anguiano Martínez.
El C. Hermenegildo Anguiano Martínez: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Se habla aquí como si hubiera sido un fenómeno sorpresa, como si hubiera sido una política inesperada, el aumento en el precio de los energéticos.
Los que estuvimos aquí presentes el 1o. de diciembre, recordaremos que en el plan inmediato de reordenación económica, en su punto seis, el señor Presidente de la República anunciaba, a fin de cambiar condiciones económicas anteriores, una política realista en materia de precios y tarifas, una política realista, además, que suponía que el aumento se iba a dar trimestralmente. Si vemos el Plan Nacional de Desarrollo, al hablar de la política financiera, o si vemos al hablar del Plan de Desarrollo en materia de energéticos, notaremos también que se habla de precios y tarifas reales de los productos que vende el sector público.
Evidentemente nosotros, por razones que no viene al caso discutir, habíamos caído en otras formas de financiamiento. Para financiar el gasto público, tenemos únicamente tres alternativas o recursos propios, esto es, producto de precios y tarifas e impuestos o financiamiento obtenido a través de terceros, o echar a andar la maquinita. Nosotros, en este momento, no podíamos recurrir al financiamiento ni interno ni externo por condiciones de todos conocidas.
Financiarse deficitariamente a través de echar a andar la maquinita, es un impuesto que pagan todos, no nos quedaba más que un camino. No estoy diciendo que en este momento, o qué este sea el mejor de los caminos; en este momento era el camino que teníamos: aumentar los precios y tarifas; aumentarlos además, porque esto, aunque tiene -y eso se reconoce y lo reconocemos todos -, un efecto inflacionario, lo sabemos, no estamos negando, que el aumento en la gasolina se va a reflejar en los costos y en los precios. También sabemos que por deficiencias y características de nuestra estructura económica, mucho de ello debido a la iniciativa privada, el aumento se da por dos motivos: el aumento real, o sea el incremento verdadero en los costos, pero también por aquellas personas que lo utilizan de escalón para aumentar en forma más que proporcional los precios; muchos de ellos, la inmensa mayoría diría yo, del sector privado, y esto a pesar de que el gasto público sí se ha reducido, compañeros del PAN.
El gasto público en términos reales es bastante reducido, y mucho me temo, o mejor dicho, mucho espero que tengamos que incrementarlo en fecha próxima si no queremos dejar de atender las necesidades básicas en un país de población creciente, y si queremos de alguna manera reactivar una actividad económica que en este momento sigue sumamente frenada.
Efectivamente, se subió poco el precio de la extra y se subió mucho el precio del diesel. ¿Cuál era la situación real del diesel? En cuanto al diesel, señores, simple y sencillamente estas eran las condiciones: Costaba 14 pesos de los cuales se pagaba por IVA 1.83 - al compañero Torres Serranía que pedía estos datos -, por producción y comercio, 6.19; por comisionistas a los vendedores, 35 centavos, por derecho de explotación de hidrocarburos, 5.85, lo cual suma 14.22. Esto es, el precio del diesel era inferior en 22 centavos a lo que se tenía que pagar; esto, sin considerar los costos del diesel; esto sin contar ni exploración, ni perforación, ni explotación, ni transporte, ni refinación etcétera; esta situación no podía ni puede mantenerse.
Respecto a aumentarle más a la extra hubiera sido un aumento simbólico, quizá hubiera sido altamente satisfactorio para algunos compañeros, pero la extra ya no se vende. Es un producto que está francamente por unos cuantos días más, probablemente, en el mercado, puesto que ya nadie la compra.
Con estos argumentos, muy breves, yo quiero simple y llanamente decir que el aumento en precio de los productos de petróleo no es bueno ni deseable, simple y llanamente es necesario. Gracias.
El C. Rolando Cordera Campos: -Pido la palabra para una interpelación antes de que se retire el orador...
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra.
El C. Rolando Cordera Campos: Nosotros, lo que estamos cuestionando es el aumento actual de estos precios. ¿Leyó usted la prensa de hace dos semanas? Porque hace dos semanas el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal dijo que no habría aumento en este lapso, en el lapso de los correspondientes tres meses. Es una de las cosas que estamos cuestionando, no una discusión general sobre la validez de aumento de precios.
El C. Hermenegildo Anguiano Martínez: - Bueno, aquí podría yo obtener dos respuestas, pues que en estos casos siempre es conveniente no avisar el momento en que se va a dar el aumento en los precios por los fenómenos especulativos.
Voces: ¡Qué cinismo!
El C. Hermenegildo Anguiano Martínez: - No es cinismo, señores, es simple y llanamente que esto siempre ocasione presiones
especulativas, nos guste o no, son fenómenos reales de la economía en que vivimos.
La otra cosa, que sería otra respuesta también quizá cínica, es que yo no soy el secretario para haber hecho esas declaraciones.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Distinguidos compañeros diputados. Concluyo hoy una jornada legislativa en la que juntos hemos escrito una página más en la historia parlamentaria moral y democrática del México contemporáneo.
Recorrimos ya la mitad del camino en las sesiones ordinarias de esta LII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Los hombres y las mujeres de las fracciones parlamentarias que la integran, han expresado con honestidad y valentía sus puntos de vista para la resolución de los asuntos que se discutieron, manifestando criterios y opiniones opuestas, que patentizaron su libertad de pensamiento y su convicción republicana, fortaleciendo nuestros valores nacionales.
Se ha demostrado una vez más, que los criterios unifican para preservar los principios de libertad y autodeterminación, cuando está en juego la soberanía y la dignidad de los pueblos y la viabilidad de su proyecto nacional.
Orientan a esta soberanía pensamientos que en su tránsito vital acompañaron a hombres íntegros, preclaros estadistas que trascendieron su ámbito nacional para convertirse en guías de la humanidad. Juárez, Morelos y Bolívar supieron entender y luchar por las aspiraciones superiores del hombre. Democracia y en nombre de ella "respeto por el derecho ajeno" para fincar la paz y, con ella, como fundamento en la libertad, construir la identidad y el desarrollo nacional a que aspiraron entonces sus respectivos connacionales y que hoy es meta de los ciudadanos del mundo.
En este recinto, en 1983, se ha demostrado que esos principios siguen siendo válidos en México, uniendo, en su esencia, inteligencias y voluntades pocas veces coincidentes.
Esta Presidencia desea patentizar su profundo agradecimiento al señor diputado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Gran Comisión, por la atinada coordinación de los asuntos legislativos aquí desahogados; a los señores licenciados Gonzalo Badillo Ortiz y Luis González Escobar, de la Oficialía Mayor; a los CC. diputados vicepresidentes Jesús Salazar Toledano, Onofre Hernández Rivera, José Augusto García Lizama, Pablo Castillón Alvarez, Ignacio Moreno Garduño, y a los compañeros diputados secretarios y prosecretarios con quienes compartimos esta honrosa responsabilidad durante el mes de octubre; a doña María Elena Sánchez Algarín, don Alejandro Azcoytia a todos los servidores públicos de la Cámara, que tan eficazmente coadyuvaron al buen desempeño de nuestras funciones; a los miembros de los medios de comunicación social de esta fuente, por su objetiva labor informativa, y a todos y cada uno de ustedes, compañeros diputados, que tuvieron a bien elegir esta mesa directiva y contribuyeron con su participación y asistencia al éxito de las elevadas tareas de esta honorable Cámara de Diputados.
Deseamos el mayor de los éxitos al señor diputado Everardo Gámiz Fernández y a los vicepresidentes electos para el mes de noviembre en el desempeño de sus funciones, que por su naturaleza legislativa contemplan una nueva etapa en la grave responsabilidad de revisar el pasado para preservar nuestra herencia de siglos y penetrar en el futuro para garantizar nuestra esencia nacional, tratando de que cada día este país sea la mejor opción para nuestros representados. Muchas gracias.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Señor Presidente: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día
3 de noviembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
La H. Cámara de Senadores comunica la mesa directiva que funcionará durante el mes de noviembre.
Minuta
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Boyaca, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley de Información Estadística y Geográfica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Leticia del Socorro de Alba de García, Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Sesión secreta."
El C. Presidente (a las 18:45 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 3 de noviembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"