Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831104 - Número de Diario 21
(L52A2P1oN021F19831104.xml)Núm. Diario:21ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D.F., viernes 4 de noviembre de 1983 TOMO II. NUM. 21
SUMARIO
APERTURA ..
ORDEN DEL DÍA ..
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA ..
MINUTA DEL SENADO
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley citada. Se turna a comisión ..
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud de permiso para que los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega, puedan prestar servicios en la embajada de Estados Unidos, en México. Se turna a comisión ..
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
REFORMAS A LA LEY DEL IVA
El diputado Juan López Martínez, a nombre de la diputación del PDM, presenta y da lectura a un proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o.- A y deroga la fracción II del 2o.- A de la ley citada. Se turna a comisiones. Imprímase ..
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
El diputado Alberto Salgado Salgado, del PST; presenta y da lectura al proyecto de decreto que reforma el apartado V del artículo 34 de la Ley mencionada. Se turna a comisión. Imprímase ..
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. Bernardo Sepúlveda Amor, aceptar la que le confiere el Gobierno de Colombia. Primera lectura ..
LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley nombrada. Primera lectura ..
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que autoriza a los CC. Araceli Bouchot Marina, Josefina Bolaños Sánchez , Francisco Velázquez Aguilera, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Arturo A. León Hernández, José Maya Burgette y Manuel Valencia Vargas para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos, en México; Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores, en los consulados del país citado, en Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Senado ..
CONSIDERACIONES SOBRE EL ACUERDO DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Por parte del diputado Gabriel Salgado Aguilar, acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre último. Menciona lo que
al respecto establece el artículo 62 constitucional. Hace una proposición sobre el particular ..
Por su parte el diputado Manuel Osante López, se refiere a lo expresado por el diputado Salgado, manifestándose en contra. Nuevamente habla el C. Salgado Aguilar para insistir en su propuesta, misma que se desecha ..
A su vez, la diputada María Teresa Ortuño Gurza solicita del C. Osante López, explique las razones por las que se opone a la propuesta del diputado Salgado Aguilar. El diputado Osante explica sus razones ..
PRECIOS DE GARANTÍA Y AUMENTOS A PRODUCTOS BÁSICOS
El C. José D. López Domínguez se refiere al precio de garantía de 13 productos agrícolas y al aumento al arroz, huevo y leche. Hace reflexiones sobre el particular y solicita que esta Cámara se aboque en relación al asunto. Se turna a comisión ..
CONSIDERACIONES SOBRE CUERPOS POLICIACOS
El diputado Arnaldo Córdova. Da lectura a una denuncia-petición dirigida al gobierno de Tamaulipas, de la que solicita se entere esta Cámara. Se turna a comisiones ..
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión ..
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. EVERARDO GAMÍZ FERNÁNDEZ
(Asistencia de 346 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
LII Legislatura.
Orden del día
4 de Noviembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minuta
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Boyacá, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Dictamen a Discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández, Manuel Valencia Vargas, Raquel Hernández Murguía y Patricia Fortes de Flores para prestar servicios en la embajada y consulado de los Estados Unidos de América, en México.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de diputados de la Quincuagésima Segunda
Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día tres de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández
En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del jueves tres de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos cincuenta y seis ciudadanos diputados.
La presidencia, a nombre de la mesa directiva exhorta a las diversas corrientes de opinión, representadas en esta Cámara, se apeguen a lo establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y su Ley Orgánica para obtener mejores resultados en la acción legislativa.
Lectura del orden del día.
Sin discusión, se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día veintisiete de octubre próximo pasado.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La H. Cámara de Senadores comunica la elección de su mesa directiva que funcionará durante el presente mes de noviembre. De enterado.
La propia H. colegisladora remite la minuta con proyecto de decreto, que concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Iván García Solís, en nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, que reforma. deroga y adiciona diversos artículos de la Ley de Planeación. Túrnese a las comisiones unidas de programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que reforma y adiciona la Ley de Información Estadística y Geográfica.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC diputados, la Asamblea en votación económica, le dispensa el trámite de segunda lectura, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión en lo general y después en lo particular el proyecto de decreto. Sin que motive debate en ninguno de los casos, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos, por unanimidad de trescientos sesenta votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entre tres dictámenes con sendos proyectos de decreto, que conceden permiso a la C. Leticia del Socorro de Alba de García para prestar servicios de auxiliar administrativo, en la embajada del Brasil, en México; y a los CC. Heriberto Huerta y Martha Rojas Taboada para prestar servicios administrativos en la embajada de Nueva Zelandia, acreditada en nuestro país. Son de segunda lectura.
A discusión, en su orden, los proyectos de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban por unanimidad de trescientos sesenta votos. Pasan el primero, al Senado, y los dos restantes, al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para hacer comentarios y poner de manifiesto la importancia del hecho histórico que tuvo la emisión del decreto del 27 de octubre de 1849, en virtud del cual el estado de Guerrero se integraba a la Federación Mexicana, así como para relatar diversos actos de los héroes del estado de Guerrero, en las tres etapas de nuestra vida institucional, hace uso de la palabra el C. José Martínez Morales.
Por su parte, el C. Arnoldo Gárate Chapa, en nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, interviene para decir que el 4 de diciembre próximo se efectuarán elecciones para el cambio de autoridades municipales y legislativas en el estado de Tamaulipas.
Agrega que la ciudadanía con entusiasmo se apresta a cumplir con su deber y a ejercer su derecho de votar, lo que indica que el pueblo quiere la democracia como forma de gobierno y sistema de convivencia.
Señala que, lamentablemente, esta conducta popular se ve inquietada por actos y desempeños ilegítimos y condenables, por parte de los elementos oficiales que tratan de sacrificar los nobles anhelos populares.
A continuación, menciona hechos al respecto y concluye diciendo que con estas conductas tan negativas como ilícitas, la Ley se queda en letra muerta y por ello, los legisladores deben actuar pronto para que la Ley Nacional, recibida de nuestros predecesores, sea observancia permanente, ejercicio diario y norma de seguridad, de paz y de progreso. Túrnese a la comisión de Información, Gestoría y Quejas.
A su vez, el C. Edmundo Jardón Arzate, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, interviene para hacer consideraciones sobre el acuerdo suscrito por el secretario de la Contraloría General de la Federación, Francisco Rojas, y Publicado en el Diario Oficial el pasado 26 de octubre.
Dice que dicho acuerdo se refiere a la prohibición que expresamente se establece en el artículo 62 de la Constitución en vigor, en el sentido de que los diputados y senadores en ejercicio, no pueden desempeñar ningún otro cargo público, ni en el Poder Ejecutivo Federal ni en los poderes ejecutivos de los estados.
Expresa las razones que, a su juicio, tuvieron los miembros del Congreso Constituyente de 1916-17, para introducir en nuestra Constitución el Artículo
Hace comentarios sobre la corrupción y concluye su intervención dejando a los señores diputados esta pregunta, para que cada quien la responda según sea su juicio sobre el particular:
"¿Es sólo a través de los cargos públicos como se puede dar el fenómeno de la
corrupción y el fenómeno de la inconstitucionalidad hacia determinados intereses? ¿No valdría la pena reflexionar acerca de quienes, siendo diputados o senadores, son a su vez asesores o altos funcionarios de la gran empresa privada de nuestro país?"
Para referir hechos relacionados con el mismo tema, hace uso de la palabra el C. René Rojas Ayala.
En seguida, aborda la tribuna el C. Héctor Ramírez Cuéllar para comentar la situación que está imperando estos momentos en el Mar Caribe, como resultado de la reciente agresión militar norteamericana a la isla de Granada. Dice que en estos momentos se encuentra en un lugar de El Caribe, una flota de guerra integrada por nueve barcos, que están programados para realizar distintas operaciones de desembarco y otros preparativos para acciones bélicas.
Agrega que desea señalar esos hechos para conectar esta escalada norteamericana, ahora enfilada hacia Nicaragua, pero que los altos dirigentes de la revolución de Nicaragua, están dispuestos a repeler una agresión norteamericana
Entre otros conceptos, expresa que México ha tenido en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, una actitud que enorgullece al pueblo. La actitud del embajador Porfirio Muñoz Ledo debe ser resaltada, porque defendió la resolución que condena a los Estados Unidos por su acción en Granada y que exige la salida de las tropas de ese país y que el mar caribe no sea acumulado con armas de destrucción masiva.
Por lo anterior, llama a la Cámara de Diputados para que se pronuncie a fin de que el mar caribe sea una zona sin armas atómicas ni convencionales y que cesen las maniobras y las acciones que en estos momentos está llevando a cabo la flota de guerra de los Estados Unidos.
Por último, usa de la palabra el C. Andrés Cázares Camacho para, a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, dar a conocer una relación de acciones y situaciones que en contra de la actuación pacífica de Acción Nacional, se han dado en el estado de Sinaloa, y especialmente en el municipio de Mazatlán, con motivo de las próximas elecciones a efectuarse en Sinaloa.
Para demostrar lo anterior, relata 17 hechos que según él, confirman su denuncia y expresa: "Este es el panorama de la democracia que pretende implantar el régimen actual para lograr la unidad nacional."
Finalmente solicita que esta Cámara de Diputados acuerde se mande un oficio firmado por el C. Presidente a la comisión Estatal Electoral, instalándola para que respete la ley y la equidad en las elecciones de Sinaloa y, en especial, que dé las órdenes pertinentes para que los comités distritales hagan entrega de los nombramientos de los representantes de casillas, que tienen en su poder y se niegan a entregar a los partidos políticos .
También solicita se considere este asunto de urgente y obvia resolución.
Previa moción del C. Jesús Luján Gutiérrez sobre lo que él considera dos cuestiones que se están tratando al mismo tiempo, y después de que la Presidencia hace la aclaración correspondiente, la Asamblea, en votación económica, no admite la proposición del C. Cázares Camacho y, en consecuencia, se da por desechada. El resto de la denuncia se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las trece horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, cuatro de noviembre, a las diez horas. Se pasa a sesión secreta."
-Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
MINUTA DEL SENADO
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén: "CC. Secretarios de la Cámara de diputados. Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F; a 2 de noviembre de 1983.
Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.;
Andrés Valdivia Aguilera, S. S."
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PREMIOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
Artículo primero. Se adicionan los artículos 44 con una fracción VI, y el 46 con un segundo párrafo, y se reforma el 48 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 44. ..
I a V. ..
VI. Artes y Tradiciones Populares.
Artículo 46. ..
Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones Populares, el Consejo se integrará, aparte de los representantes de las instituciones señaladas, con los directores generales de Culturas Populares de la Secretaría de educación Pública, del Instituto Nacional Indigenista y del Fondo Nacional para el fomento de las Artesanías.
Artículo 48. Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los premios de ciencias y Artes, salvo en el campo de Artes y Tradiciones Populares que podrá también otorgarse a comunidades y grupos. Por cada año habrá una asignación de premios; pero no será necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se hayan realizado dentro de ese lapso.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación .
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., a 2 de noviembre de 1983.
Gilberto Muñoz Mosqueda, S. P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.; .. Andrés Valdivia Aguilera, S. S."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Educación Pública.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México,
D. F.- Secretaria de Gobernación .
CC. Secretarios de la cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 18 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de gobernación, lo siguiente:
'Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión , el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas cuya lista se proporciona a continuación, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. La nacionalidad mexicana de dichas personas se ve acreditada por las fotocopias de sus respectivas actas de nacimiento que se remiten anexas al presente oficio.
C. Mario Guerrero Chavarría, almacenista, Embajada de Estados Unidos de América, en México.
C. Jorge Contreras Jurado, especialista en economía agrícola, Embajada de Estados Unidos de América, en México.
C. Felipe de Jesús Acosta Vega, almacenista, Embajada de Estados Unidos de América en México.'
Al transcribir a usted lo anterior, les envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 21 de octubre de 1983.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite :- Recibo y túrnese a la comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
REFORMAS A LA LEY DEL IVA
El C. Juan López Martínez: - Señor presidente, pido la palabra .
El C. Presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Juan López Martínez.
El C. Juan López Martínez: - Señor presidente;
CC. integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:
La Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, por mi conducto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se adiciona al artículo 2o. -A de la Ley del impuesto al Valor Agregado, con un inciso g) en su fracción II y se deroga la fracción II de la misma Ley, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiende a desgravar del pago del impuesto al valor agregado, a la enajenación de medicinas y su consiguiente traslado al adquiriente.
Esta proposición se presenta en el entorno de la crítica situación económica que vive nuestro país, caracterizada por la inflación, que todavía no ha sido eliminada, que, entre otros efectos, ha producido un agravamiento en la desigualdad económica y social entre los distintos sectores que componen nuestra población.
Se reconoce que una buena parte de las medicinas son proporcionadas, si no gratuitamente, sí como contraprestación a los derechohabientes de los institutos de seguridad operados por el Estado, principalmente el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Pero una mayor parte de los medicamentos son objeto de enajenaciones, gravables por este impuesto. Contribuyen a este fenómeno tanto los propios derechohabientes que adquieren estos productos en el mercado, ya sea por premura o por juzgar deficientes los servicios de estos institutos o incompletos los cuadros básicos de sus medicinas, como los millones de personas no inscritas en ese sistema, entre los cuales se pueden enlistar los campesinos más marginados, los subempleados y los desocupados.
Si bien la cobertura de la seguridad social se ha ampliado, quedan estos sectores sin protección. En este contingente se pueden contabilizar los nueve millones de mexicanos formados por los integrantes del desempleo abierto y sus familiares, concentrados en los dos grandes renglones que, por su importancia son, por lo demás, elocuentes y alarmantes .
En la industria de la construcción se estima que más de un millón doscientos mil trabajadores han sido separados de su trabajo, o no han encontrado nuevo en la obligada transitoriedad de esta actividad, por la cual se puede calcular que cuatro millones de personas por este motivo, carecen de ingresos regulares.
En la industria manufacturera se ha calculado que casi dos millones 527 mil trabajadores han ingresado en las filas del desempleo durante 1982 y 1983, con afectación de un mínimo de cinco millones de personas.
Para 1984 se estima la pérdida de un millón más de empleos.
Los integrantes de los sectores más deprimidos, entre ellos los desempleados, precisamente por la pobreza y la angustia, sufren una mayor incidencia en las enfermedades y para adquirir las medicinas que las curen, con sus escasos recursos económicos se ven obligados a pagar más por ella, al estar gravadas por un impuesto indirecto e injusto, en una situación en que el alza de los precios de sus otros consumos de sobrevivencia ya han mermado su escaso poder adquisitivo.
La ampliación del plazo de gracia para prestar los servicios médicos en el instituto mexicano del seguro social, a los que han sido dados de baja, si bien atenúa la gravedad del problema, no lo resuelve.
Esta situación se da paradójicamente cuando hace menos de un año el derecho a la salud se elevó a rango constitucional.
Los que militamos en el partido Demócrata Mexicano sostenemos que puede y debe darse salud para todos y esta convicción es compartida por otras formaciones partidarias y gran parte del pueblo mexicano. Salud para todos no significa que nadie padecerá los efectos de la enfermedad o la invalidez, sino que puede y debe defenderse este bien con alimentación, higiene, atención profesional, y medicinas preventivas y curativas en el hogar, en la escuela, en el centro de trabajo, de tal manera que el bienestar del cuerpo sea base de la superación cultural y social.
Son evidentes los avances que se han logrado en nuestro país, en esta materia de salud, no sólo como fruto del esfuerzo gubernamental sino como obra de toda la sociedad mexicana; pero también lo es que hay muchas carencias por remediar y mucho camino por andar; que la acción estatal en este campo no es dádiva sino cumplimiento de una de sus funciones.
El desgravar las medicinas es un medio, entre otros, de implementar el derecho a la salud; encarecerlas, mediante una carga impositiva, es ir contra ese derecho.
Con la misma motivación, la Fracción Parlamentaria del partido Demócrata, a través del diputado Felipe Pérez, presentó una iniciativa análoga a la presente, la que reiteramos actualizada al nuevo marco legal, social y económico que nos afecta.
En la actual situación no puede exigírsele más sacrificios al pueblo mexicano. Por el contrario, es un clamor popular que el Gobierno se solidarice con su pueblo y le aligeren las cargas fiscales, sobre todo de un consumo de primera necesidad como el de los alimentos desgravados, como es el de las medicinas.
Debemos hacer conciencia de que los sectores más deprimidos de la población no solamente sufren la explotación de sus patrones o de los intermediarios, cuando éstos no les pagan lo justo por sus servicios o sus productos, sino también por parte del estado, cuando éste los priva de sus magros recursos a través de impuestos mal planeados e injustos, sobre todo a través de los calificados como indirectos, como el que nos ocupa. En la especie, el Gobierno aumenta sus ingresos en razón directa de las enfermedades de los mexicanos y de su desventura. Agrava la injusticia y la sinrazón de este impuesto, el hecho de que por la mecánica del mismo y por la evasión fiscal que propicia son beneficiarios dolosos de un buen porcentaje del mismo, los intermediarios de la venta de estas mercancías.
Por lo demás, en el proyecto se desgravan, también, los insumos que entren directamente en la composición de las medicinas, pues de no hacerlo los laboratorios que las fabrican, como consumidores finales, pagarían el impuesto y lo repercutirían, vía precio, en los pacientes que se trata de proteger.
Por las anteriores consideraciones, se propone el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se adiciona el artículo 2o. - A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con un párrafo, colocando como inciso g) de su fracción II, con la siguiente redacción:
Artículo 2o.- A. ..
I. .. ..
"g) Medicinas e insumos que entren directamente en su composición, adquiridos por laboratorios, registrados como tales ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia."
Artículo segundo. Se deroga la fracción II del artículo 2o.- B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en que se establece una tasa especial del seis por ciento de este impuesto a las medicinas.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., noviembre 4 de 1983.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, diputados Juan López Martínez, Enrique Alcántar Enríquez, Francisco Alvarez de la Fuente, Margarito Benítez Durán, José Augusto García Lizama, Raymundo León Ozuna, David Lomelí Contreras, Ma. de Jesús Orta Mata, David Orozco Romo, Ofelia Ramírez Sánchez, Ignacio Vital Jáuregui, Baltazar Ignacio Valadez Montoya."
El C. Presidente: - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, túrnese la iniciativa del C. diputado Juan López Martínez, de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salubridad y Asistencia e imprímase.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alberto Salgado Salgado.
El C. Alberto Salgado Salgado: - C. Presidente de la Cámara de Diputados: En aras de la brevedad vamos a hacer una exposición verbal y a jugar un poco al legislador.
Los precios es un elemento económico de vigencia permanente en nuestra sociedad; estos representan el valor de las cosas, de los servicios y a veces hasta de la habilidad de las personas.
Nosotros entendemos que este órgano legislativo es el que crea las instituciones administrativas y les confiere las facultades a que deben someterse, así como en términos generales reglamenta la actividad social a través de reglas que se precisan en la codificación vigente. Dentro de esas facultades que el propio Legislativo confiere al Ejecutivo, nos encontramos con la de fijar los precios y de establecer el control respecto de los mismos. Facultad que desde luego se le confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Y es de tal relevancia esa facultad, que de no ejercerse de manera eficaz, produce una serie de situaciones que afectan desde luego a la mayoría popular; porque se ha venido demostrando a través de los acontecimientos, que ha resultado de una imposibilidad insalvable establecer ese control sobre los precios de una multiplicidad de artículos tan importantes como son los productos básicos, los productos alimenticios en general, alimentos balanceados, productos de la industria fundamental; como también nos encontramos los combustibles, los derivados del petróleo, el gas natural; camiones, tractores, autobuses; productos farmacéuticos, productos químicos, petroquímicos; cal, yeso, cemento, etcétera. En realidad el Ejecutivo tiene a través de este mecanismo, que es la Ley Orgánica del Estado, que establece su constitución, toda una gama de posibilidades para poder establecer una proporcionalidad entre los salarios y los precios e impedir que de manera arbitraria se señalen con las correspondientes consecuencias de orden económico.
Si nosotros examinamos la forma en que se han empleado estas facultades, habremos de concluir que hay una gran ineficiencia en el manejo de las mismas, porque fuera de los productos básicos, en donde se le da cierta publicidad a esos precios de garantía, en los demás productos de la industria fundamental, se realiza el procedimiento administrativo casi de modo confidencial.
No se tiene noticia de cuáles son los criterios que aplica la Secretaría de Comercio para sancionar los precios. Y nos encontramos sorpresivamente que, mínimo cada tres meses, tales productos se incrementan ocasionando una gran desproporción entre el ingreso salarial y los precios de esos productos, lo que impide, desde luego, el poder obtenerlos.
En esas condiciones y advirtiendo, pues, que esta facultad tan importante, de fijar los precios y de controlarlos, no se ha ejercitado con la eficiencia debida. Es menester que tengamos conciencia legislativa para establecer algún mecanismo como el que se propone en este decreto, a fin de que coparticipe esta Cámara de Diputados en función de sus facultades constitucionales en materia económica, coparticipe en el ejercicio de esta facultad con el Ejecutivo.
¿De qué manera? Se requiere que la Cámara de Diputados tenga esa participación pública, a efecto de terminar con ese proceso confidencial de aumento de los precios, que desde el punto de vista administrativo solamente se desenvuelve con la simple opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en forma genérica, se establece en ese mecanismo que los empresarios o productores tendrán derecho a una utilidad racional, pero ese término racional tan abstracto, tan genérico, tan impreciso, ha originado que esas utilidades resulten desproporcionadas.
La participación de la Cámara de Diputados haría que ese proceso administrativo tuviera una publicidad amplia que permitiera a los diversos sectores intervenir en el proceso de fijación de los precios, y además se impediría, como es del dominio público, ciertos subterfugios de los prepotentes empresarios para conseguir sus objetivos.
En este decreto se propone pues, la coparticipación dentro de este ámbito económico, de los dos poderes federales, del Ejecutivo y del Legislativo. Además, pues, impediría esa política económica de comando que se ha venido practicando, de ataque por sorpresa a la sociedad.
Creemos que es responsabilidad de las mayorías el no ejercer las facultades constitucionales como legisladores, ni permitir que el Ejecutivo maneje a este organismo a discreción. Creemos que esta etapa debe ir concluyendo porque de otra manera no se reivindica ese organismo ante la opinión pública.
No es una situación de enfrentamiento, yo no tengo enemistades con ninguno de los legisladores, lo único que tengo es un poco de determinación y de conciencia legislativa para pararme aquí y señalar puntos de vista de convicción.
En resumidas cuentas, el decreto que se propone es el siguiente:
Sometemos a la remota consideración de esta Asamblea Legislativa, la reforma al apartado V del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que quede así:
Artículo 34. A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como a fijar los precios oficiales, debiendo para ello, recabar igualmente el parecer de dicha secretaría, y la previa autorización de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente en su caso; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación y participar con la mencionada secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos del comercio exterior.
MOTIVACIÓN
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha venido manejando la facultad de señalar los precios oficiales de modo un tanto ineficiente, y en consecuencia, lesivo a la sociedad; pues si bien es inobjetable que el proceso inflacionario, las devaluaciones y desordenes en la planeación económica, han coadyuvado para producir el caos e incremento en los precios, ello no impide el cumplimiento de los deberes de vigilancia que le asisten a dicho organismo, así como los de control de los precios para poner los artículos al alcance de los consumidores, y evitar que de modo arbitrario y sin control alguno, sean establecidos por los industriales y comerciantes.
Las mercancías y productos que están sujetos a la fijación de precios es de lo más variable y extenso, representando por consiguiente, parte importante en lo que a adquisición se refiere en el ámbito nacional, pues entre ellas se encuentran los artículos alimenticios de consumo generalizado; los productos de las industrias fundamentales, combustibles derivados del petróleo y de gas natural, los artículos producidos por ramas importantes de la industria nacional, cigarros, jabones, detergentes, pastas dentríficas, medicinas, productos farmacéuticos, productos químicos; materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, productos químicos y petroquímicos primarios, ácidos, hule, sosa, etcétera; productos de las industrias fundamentales, alimentos balanceados, cemento, cal, yeso, fertilizantes, minerales metálicos y no metálicos; productos de la industria siderúrgica; artículos producidos por ramas importantes de la industria; alimentos preparados para niños, aparatos de uso doméstico, camiones, autobuses y tractores, etcétera. De ahí pues, la importancia de que se maneje esta facultad de fijación de precios, conferida por el Congreso de la Unión con responsabilidad política y administrativa.
El sentir general de la población es que no se han controlado los precios adecuadamente, pues la queja de todos los días es el incremento de los mismos en toda clase de artículos, y no es exagerado afirmar que de un mes a otro, experimentan aumentos de modo desordenado, desconociendo los habitantes si hubo al efecto autorización previa, situación confusa que deriva de la circunstancia de que no existe un mecanismo publicitario que haga saber anticipadamente la autorización de los aumentos y la justificación de los mismos; y aun cuando se publican en el Diario Oficial, este periódico, por sus características, no es leído por la mayoría de la población, por lo que no es un medio que baste por sí mismo para informar anticipadamente sobre este fenómeno económico. Por tanto, se hace necesario que los aumentos se hagan públicos, y para que se autoricen, se elabore un mecanismo que otorgue un mayor margen de protección a la ciudadanía; para ello debe intervenir la Cámara de Diputados, debatiendo, sancionando o desaprobando los incrementos solicitados por los productores, o sugeridos por la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la que, desde luego, acompañará los elementos y datos por medio de los cuales se pretenda justificar los incrementos en los precios de los artículos que están bajo su control, y cuya clasificación podemos encontrar en la propia Ley de Atribuciones en Materia Económica; en los periodos de receso, quedará a cargo de la Comisión Permanente determinar sobre la procedencia de tales aumentos, o bien convocar a sesiones extraordinarias cuando la importancia del caso lo amerite.
La intervención de la Cámara de Diputados en este proceso, deriva de que dispone de facultades en materia económica, de orden constitucional, llevando, además, como fin, darle publicidad al hecho a efecto de que disponga de amplia difusión esta temática, permitiendo, por otra parte, la oportunidad de defender a las mayorías consumidoras, haciéndose un estudio adicional por el organismo legislativo, respecto de los trámites que se hayan efectuado ante la autoridad administrativa competente, los que hasta ahora manejan, casi de modo confidencial, entre las dos secretarías antes mencionadas y autorizadas por la ley; permitiéndose, además, mediante esta reforma, convertir a la Cámara de Diputados en un órgano de peso económico en lo que a este asunto de importancia nacional se refiere; impidiéndose que las utilidades de los productores sean desmesuradas y consecuentemente lesivas a la economía popular. Existe al respecto la creencia más o menos generalizada de que las autorizaciones en los aumentos de los precios respecto de artículos que no son básicos, se consiguen
por medios persuasivos muy originales, pretendiéndose, mediante este decreto, establecer un freno a tales prácticas y convertir al organismo legislativo en medio protector para los consumidores, al conferírsele potestad para que participe en este proceso de fijación de precios, mediante la discusión y votación de los consiguientes dictámenes a que en cada caso hubiere lugar.
Así pues, se podrán analizar públicamente los elementos que propongan los solicitantes para que se aumente el precio de los artículos clasificados por la Ley de Atribuciones en Materia Económica, participando de modo conjunto y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las secretarías referidas para decidir, finalmente, la propia Cámara, si se autorizan en cada caso los aumentos que se solicitan.
Esta medida tendrá, además, como propósito terminar con la política económica de comando o de ataque por sorpresa a la población, que se ha practicado de tiempo atrás por la Secretaría de Comercio, la que ha autorizado aumentos frecuentes sin aviso previo a través de los medios de publicidad, excepto en casos aislados; entonces, esta iniciativa propiciará el que se tenga conocimiento anticipado de las solicitudes, además de que el proceso de discusión de las mismas será público, presentándose la oportunidad durante el mismo de conocer la opinión de los diversos sectores.
Desde luego que será responsabilidad de la mayoría parlamentaria, el determinar, primero, si esta iniciativa dispone de importancia y, consecuentemente, amerite ser dictaminada, y discutida y votada; y segundo, participar desvinculadamente de la influencia del Ejecutivo para asumir la defensa racional de la población, más aún, en estos tiempos difíciles económicamente. Y justificamos la procedencia de esta iniciativa, porque las instituciones del Estado son susceptibles de mejoría y porque la coparticipación de los órganos Legislativo y Ejecutivo se complementarían, aportando mejores soluciones a esta cuestión, para impedir que la injusticia social siga en aumento y propicie el retorno a la barbarie, pues el derecho, que se apoya en la fuerza del Estado no ha sido bastante para atemperar los efectos de la crisis, porque ha faltado a la acción administrativa el contenido ético necesario, pues la crisis, principalmente, es un efecto de la desmesurada deuda exterior, con sus consecuencias ya sabidas, así como la contradicción fundamental entre el carácter social de la producción y su apropiación privada, que prevalece en este sistema nuestro, propiciador de la desigualdad económica, cultural y social y generador de lacras como la explotación, la mendicidad, etcétera, sistema en donde todo toma forma de mercancía, hasta la fuerza de trabajo y cuyo fin primordial es la especulación o ganancia; sistema que está quebrantado en sus bases por la misma crisis, como lo demuestran los hechos actuales.
Se persigue pues, con esta iniciativa o proyecto de decreto, establecer proporcionalidad en los precios, ya que de ello se encargaría muy acuciosamente esta Cámara, así como de vigilar su fijación y hacer público el proceso de establecimiento de los precios, dándosele así a este organismo un contenido práctico de naturaleza económica, al asumir una acción directa en la vida igualmente económica del país, a efecto de que justifique su existencia constitucional y reivindique ante la opinión pública.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 1983.
Diputado Alberto Salgado Salgado, Partido Socialista de los Trabajadores.
- Señor Presidente, ruego que se le dé el curso que corresponde.
El C. Presidente: - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, túrnese la iniciativa presentada por el diputado Alberto Salgado Salgado, de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, a la Comisión de Comercio e imprímase.
Continúe la Secretaría con el Orden del Día.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 28 de octubre próximo pasado, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Boyacá, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 3 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios, para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Boyacá, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 4 de noviembre de 1983.
Humberto Lugo Gil, Presidente Mario Vargas Saldaña, secretario, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Victor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Trámite: - Primera lectura.
LEY ORGÁNICA DEL
DEPARTAMENTO DEL D.F.
La C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén:
"DICTAMEN
-Honorable Asamblea: A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, formulada por el C. Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa propone la reforma de cinco artículos de la Ley Orgánica vigente, así como diversas adecuaciones a otros siete preceptos.
La Comisión que suscribe advierte que la iniciativa presidencial para reformar la Ley Orgánica, se circunscribe a actualizar y hacer más flexible la estructura administrativa del Departamento del Distrito Federal.
A nadie escapa el hecho de que tal reestructuración es un paso más, dirigido a responder con eficacia a los complejos problemas que afronta el Distrito Federal.
Para rendir el dictamen que ahora se expone a la honorable Asamblea, esta Comisión no ha escatimado esfuerzos de análisis y estudio. El consenso se ha establecido a partir de la deliberación y ponderación del texto de la iniciativa presidencial que se acepta, en su esencia, con las modificaciones surgidas del trabajo de este órgano colegiado de la Cámara de Diputados.
El punto de partida del presente dictamen es la disposición constitucional contenida en el artículo 73, fracción VI, base primera, conforme a la cual el gobierno del Distrito Federal lo ejerce el Presidente de la República, a través del jefe del Departamento del Distrito Federal.
Esta Comisión destaca que desde 1941 ha sido tradicional que la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal contenga, en sus artículos iniciales, un catálogo en el que se enumeran todas las unidades administrativas centrales y las demás dependencias y organismos vinculados al Departamento. El carácter limitativo de tales enunciados normativos, por su casuismo, ha originado, sobre todo en épocas recientes, una rigidez que dificulta la respuesta pronta a las necesidades cambiantes del Distrito Federal.
La solución casuista se ha visto demeritada, con el paso del tiempo, ante la tendencia de la moderna administración pública marcada por las exigencias de una mayor flexibilidad organizativa, respetando siempre los postulados del estado de derecho. La flexibilidad se expresa a través del principio de autoorganización del Poder Ejecutivo y se cumple mediante el ejercicio de su facultad reglamentaria tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
A partir de la ponderación de estos dos criterios -el casuista y el de flexibilidad- la Comisión que suscribe llegó a la conclusión de que, sin menoscabo de la tradición normativa, pero en atención también a la especificidad propia del gobierno del Distrito Federal, en tanto dependencia del Poder Ejecutivo, se hace aconsejable una solución intermedia en la que, enunciándose en la Ley las principales unidades administrativas integrantes del Departamento, se propicie también la indispensable flexibilidad remitiendo a la facultad reglamentaria las restantes cuestiones de organización administrativa; en esta forma el Departamento podrá responder mejor a los complejos problemas que enfrenta el Distrito Federal.
A las consideraciones anteriores responde el texto que ahora se propone para el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Esta Comisión estima que el artículo 3o. debe contener básicamente, la enumeración de los órganos superiores del Departamento del Distrito Federal y sus funciones genéricas.
Además, se prevé la posibilidad de crear hasta dos nuevas secretarías generales adjuntas. De esta forma, a juicio de la Comisión, sus modificaciones satisfacen la necesidad de flexibilidad administrativa planteada en la iniciativa presidencial.
Tanto la parte final del artículo 3o. como el artículo 4o. de la iniciativa establecen las bases generales en materia de organización administrativa del Departamento, cuyo desarrollo y concresión será objeto del reglamento.
También será objeto de las normas reglamentarias fijar los términos para el ejercicio
de la facultad de delegación contemplada en el artículo 10.
En correspondencia con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la iniciativa propone la reforma al artículo 11 de la Ley Orgánica vigente, suprimiendo de su texto la referencia a la forma en que habrán de suplirse las ausencias temporales del jefe del Departamento, por ser ésta materia propia del reglamento. La facultad del Presidente de la República para designar a los secretarios generales, secretarios generales adjuntos y al oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, facultad claramente derivada del artículo 73, fracción VI, base primera, de la Constitución General, se incorpora así al artículo 11.
La adición de la nueva fracción XXI al artículo 17 de la Ley Orgánica tiene por objeto asegurar una mejor difusión de las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes en el Distrito Federal.
Esta Comisión encuentra plenamente justificada la reforma que la iniciativa propone a la fracción IV del artículo 18, por lo que hace suya la propuesta de que se reincorpore a dicho texto legal el servicio público de inhumaciones, para así asegurar su control jurídico y administrativo por parte del Departamento del Distrito Federal.
La creación, por el Congreso de la Unión, de las Secretarías de la Contraloría General de la Federación y de la de Desarrollo Urbano y Ecología, determina la necesidad de armonizar el texto de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, mediante las modificaciones pertinentes a los artículos 17, fracciones I y IV; 19, fracciones II, III, y V y 20, fracciones I y II, por lo que la Comisión estima oportunas dichas adecuaciones.
De particular trascendencia resultan, a juicio de esta Comisión, las adiciones que se proponen a los artículos 19, fracciones II, III, V y XIX; 20, fracciones I, II, XIV y XV y 21, fracciones III, IX, X y XI de la Ley. La primera de ellas se encamina a implantar un sistema integral de planeación indispensable para la mejor administración del Distrito Federal.
Por su parte, en respuesta a demandas de los sectores mayoritarios y a los postulados del estado social de derecho, la iniciativa prevé que el Departamento del Distrito Federal fomente la producción y comercialización de productos básicos mediante programas de abasto, para lo que se adiciona el artículo 21.
En el mismo sentido se adiciona con dos nuevas fracciones el artículo 20 de la Ley, que facultan al Departamento del Distrito Federal para crear la infraestructura necesaria en las áreas de vivienda y transporte.
En materia de regularización de la tenencia de la tierra y escrituración masiva, se modifica el artículo 39 para implementar un protocolo notarial especial, que facilite la formalización de los actos en los que interviene el Departamento del Distrito Federal, sistema que tiende a lograr una mayor celeridad en beneficio de las clases populares.
Conviene insistir en que la iniciativa fortalece los instrumentos de acción del Departamento del Distrito Federal, otorgándole la posibilidad de agilizar su funcionamiento para responder a las necesidades de estructura que la administración requiere para su mejor desempeño.
Por todo lo anterior, la Comisión del Distrito Federal, que suscribe, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY
ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se modifican los artículos 3o., 4o., 10, 11, 12, 16, párrafo primero; 17, fracciones I, IV y XXI; 18, fracción IV; 19, fracciones II, III, V y XIX; 20, fracciones I, II, XIV y XV; 21, fracciones III, IX, X y XI y 39, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. El Jefe del Departamento del Distrito Federal se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos que competen al Departamento del Distrito Federal en los términos de esta Ley, de las siguientes unidades administrativas:
I. La Secretaría General de Gobierno para atender, primordialmente, las materias relativas al seguimiento de las funciones desconcentradas en las delegaciones del Departamento, así como los asuntos de trabajo y previsión social y todo lo relacionado con la administración de los recursos territoriales y bienes del Distrito Federal.
II. La Secretaría de Planeación y Evaluación para atender, primordialmente, las materias relativas a la planeación, programación, evaluación y fiscalización de la administración financiera.
III. La Secretaría General de Obras para atender, primordialmente, las materias relativas a obras públicas, operaciones hidráulicas y vivienda.
IV. La Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología para atender, primordialmente, las materias relativas a la proyección del área urbana y los problemas del medio ambiente, así como el fomento a las actividades agropecuarias.
V. La Secretaría de Desarrollo Social para atender, primordialmente, las materias relativas a los servicios médicos, las actividades cívicas, la recreación, los reclusorios y centros de readaptación social, la promoción deportiva y las actividades turísticas y culturales.
VI. La Secretaría de Protección y Vialidad para atender, primordialmente, las materias relativas a la seguridad pública y la vialidad.
VII. La Oficialía mayor para atender, primordialmente, la administración y desarrollo del personal, el ejercicio presupuestal, los recursos
materiales, los servicios generales y, en general, la administración interna del Departamento del Distrito Federal.
VIII. La Tesorería para atender, primordialmente, las materias relativas a la operación de la administración fiscal y la recepción de ingresos del Departamento del Distrito Federal.
IX. La Contraloría General para atender, primordialmente, la auditoría y el seguimiento y control de obras y servicios, y
X. Las Delegaciones a que se refiere el artículo 14 de esta Ley.
Asimismo, podrá contar con dos secretarías generales adjuntas para atender nuevas actividades administrativas o para realizar, con carácter temporal, las tareas específicas que al efecto delegue la jefatura del Departamento; además contará con las coordinaciones generales, direcciones generales y demás unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados que establezca su Reglamento Interior.
Artículo 4o. La asignación y distribución de las atribuciones de las unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados, a que se refiere el artículo anterior, para el despacho y atención de los asuntos de la competencia del Departamento del Distrito Federal, se señalarán específicamente en su Reglamento Interior.
Artículo 10. Corresponde al jefe del Departamento del Distrito Federal la representación legal de éste, la que podrá delegar, en los términos que establezca el Reglamento Interior, en los funcionarios del propio Departamento, que por sus atribuciones se encuentren vinculados con la materia motivo de la representación.
Artículo 11. Los secretarios generales, los secretarios generales adjuntos y el oficial mayor del Departamento del Distrito Federal serán designados y removidos por el Presidente de la República.
Artículo 12. Los secretarios generales, secretarios generales adjuntos, oficial mayor, tesorero, contralor general, delegados, coordinadores generales, procurador fiscal, directores generales, directores y demás titulares de las unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados, podrán delegar atribuciones en otros funcionarios, previo acuerdo con el jefe del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 16. La jefatura del Departamento, las secretarías generales, las secretarías generales adjuntas, la oficialía mayor, la tesorería, la contraloría general, las delegaciones, las coordinaciones generales, la Procuraduría Fiscal, las direcciones generales, las direcciones y demás unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados integran la administración pública centralizada.
.. Artículo 17 ..
I. Administrar los bienes de dominio público y los de dominio privado del Departamento del Distrito Federal en los términos de las disposiciones legales aplicables, con la intervención que corresponda a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y a la de Programación y Presupuesto;
II y III .. ;
IV. Llevar registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Departamento del Distrito Federal y vigilar su adecuado uso y conservación, así como ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, con la intervención que las leyes otorguen a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y a la de Programación y Presupuesto;
V a XX .. ;
XXI. Publicar la Gaceta Oficial del Departamento, dando en este órgano de difusión la publicidad a los documentos que conforme a las leyes precisen de este requisito.
Artículo 18 ..
I a III .. ;
IV. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de jurados, panteones, registro civil, tribunales calificadores, dispensas y licencias referentes al estado civil de las personas, notariado, consejo de tutelas, registro público de la propiedad y del comercio, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos y desamortizaciones conforme a las leyes de la materia;
V a XIV ..
Artículo 19 ..
I .. ; II. Dictar las medidas administrativas que procedan respecto a quienes incurran en responsabilidades que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal, con la intervención que en su caso concedan las leyes a las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.
III. Autorizar las erogaciones por servicios y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles; aprobar, previo acuerdo del Presidente de la República, la participación del Departamento del Distrito Federal en empresas, sociedades o asociaciones civiles y mercantiles, ya sea en su creación, aumento de capital o en la adquisición de todo o parte de éste; así como realizar los demás actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el propio Departamento; todo ello con la intervención que las leyes señalen a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de Desarrollo Urbano y Ecología;
IV .. ;
V. Controlar y vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal y evaluar el gasto público del propio Departamento para fines internos, en los términos que fijen las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.
VI a XVIII ..
XIX. Diseñar el sistema integral de la planeación para el Distrito Federal, así como la elaboración de programas financieros anuales, de acuerdo a los lineamientos que conforme a su respectiva competencia expidan las secretarías
de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 20 ..
I. Fijar la política, la estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que deban sujetarse la planeación urbana y el mejoramiento y protección del entorno ecológico de la ciudad de México, con la intervención que le concedan las leyes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios a cargo del Departamento del Distrito Federal, Conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y su Reglamento y demás leyes aplicables, dando la intervención que corresponda a las secretarías de Programación y Presupuesto y a la de la Contraloría General de la Federación;
III a XIII. .. ;
XIV. Fomentar la construcción y, particularmente, la autoconstrucción de vivienda para ampliar la cobertura habitacional, planificando las acciones necesarias al efecto, formulando programas conexos en materia de trabajo y recreación; y
XV. Promover la operación deficiente del transporte público en el área metropolitana y crear la infraestructura necesaria para ello.
Artículo 21 ..
I y II. .. ;
III. Estudiar, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, las políticas tendientes a regular el crecimiento industrial y de fomento a la pequeña y mediana industria, así como de aquellos que incrementen la generación de empleos en el Distrito Federal.
IV a VIII. ..
IX. Coordinar los programas de abastos y comercialización de productos básicos en el Distrito Federal;
X. Fomentar la producción industrial y la comercialización de productos básicos; y
XI. Proporcionar servicios de localización de personas y vehículos desaparecidos, accidentados o detenidos en la vía pública.
Artículo 39. ..
Los volúmenes de este protocolo se integrarán por folios, llevarán las siglas P.E. y serán autorizados en la forma que establezcan la ley del Notariado del Distrito Federal.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. En tanto se expida el nuevo Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, continuarán en su ejercicio los órganos administrativos centrales y desconcentrados que se mencionan en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 4 de noviembre de 1983.
Comisión del Distrito Federal: Luz Lajous, Presidenta; José Carreño Carlón, secretario. Aguilar Alcerreca José, Alvarez González Manuel, Alapizco Jiménez Domingo, Anderson Nevárez Hilda, Bartilotti Perea Pedro Luis, Balanzario Díaz Daniel, Blanco Sánchez Javier, Calzada de Campos Ma. Luisa, Contreras Cuevas Arturo, Del Olmo y Reyes Joaquín, De la Vega Netzahualcóyotl, Fernández Martínez Enrique, García Lizama José Augusto, García Pérez Rodolfo, García Solís Iván, Gámiz Fernández Everardo, Jardón Arzate Edmundo, en contra; León Martínez Enrique, Ling Altamirano Alberto, en contra; López Cano Norma, Llarena de Guillén Xóchitl, Martínez Valdéz Armida, Medina Valdéz Gerardo, en contra; Morado Garrido Miguel Ángel, Núñez Perea Esteban, Osante López Manuel, Osorio Palacios Juan José, Govela Autrey Ricardo, Orozco Romo David, Parcero López José, Riva Palacio Galicia Enrique, Ruiz Pérez Sergio, en contra; Saldaña Rossel Juan, Salazar Toledano Jesús, Sánchez Lazcano Alicia Perla, Valdivia Ruvalcaba Alfonso, Villalpando Nuñez Sara,"
Trámite: -Primera Lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- Honorable Asamblea: En oficio fechado el 3 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Araceli Bouchot Marina, Martha Estrada Rosales, Ofelia Jaimes Cereceres, Margarita Castellanos Eternod, Ofelia Salinas González, Josefina Bolaños Sánchez, Francisco Velázquez Aguilera, José Maya Burgette, Arturo Alberto León Hernández, Manuel Valencia Vargas, Raquel Fernández Murguía y Patricia Fortes de Flores puedan prestar servicios en la embajada y consulado de los Estado Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 25 de los corrientes, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada y en los consulados
en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la C. Araceli Bouchot Marina para prestar servicios como bibliotecaria en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la C. Josefina Bolaños Sánchez para prestar servicios como bibliotecaria en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al C. Francisco Velázquez Aguilera para prestar servicios como bibliotecario en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la C. Martha Estrada Rosales para prestar servicios como secretario en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la C. Ofelia Jaimes Cereceres para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo sexto. Se concede permiso a la C. Margarita Castellanos Eternod para prestar servicios como asistente de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la C. Ofelia Salinas González para prestar servicios como mecanógrafa en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo octavo. Se concede permiso al C. Arturo Alberto León Hernández para prestar servicios como empleado en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo noveno. Se concede permiso al C. José Maya Burgette para prestar servicios como chofer - mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo décimo. se concede permiso al C. Manuel Valencia Vargas para prestar servicios como asistente de prensa y encuadernación en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la C. Raquel Fernández Murguía para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso a la C. Patricia Fortes de Flores para prestar servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 26 de octubre de 1983.
Humberto Lugo Gil, Presidente; Mario Vargas Saldaña, Secretario; José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Segunda lectura.
El C. Presidente: -Está a discusión en lo general ... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- Señor Presidente, se emitieron 338 votos en pro, siete en contra y una abstención.
El C. Presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
CONSIDERACIONES SOBRE
EL ACUERDO DEL SECRETARIO
DE LA CONTRALORÍA
El C. Presidente: -Se han inscrito en el siguiente orden para hacer uso de la palabra,
los CC. diputados Gabriel Salgado Aguilar, José Dolores López y Arnaldo Córdova.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Salgado Aguilar.
El C. Gabriel Salgado Aguilar: -Señores diputados: La Secretaría de la Contraloría General de la República, en boletín de prensa número 24 de esa misma dependencia, manifiesta su acuerdo administrativo en el que entre otras cosas determina la prohibición para que miembros del Congreso de la Unión desempeñen una actividad adicional a la función de legislador por la que se percibe sueldo o remuneración. Desde luego este acuerdo administrativo se refiere a funciones del sector público, que indudablemente caen en la esfera de la competencia del Ejecutivo o del Poder Judicial. Este acuerdo que se alude y al que los medios de difusión le prodigaron obsequiosamente toda la difusión deseada, nos debe traer una serie de reflexiones que, desde luego, mucho tiempo atrás, las diferentes generaciones legislativas que se han sucedido debieron haber hecho y haber actuado en consecuencia.
En efecto, el artículo 62 de la constitución Política establece muy claro que: "Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados, por los cuales, se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador".
Ahora bien, por fortuna esto ha permanecido establecido en diferentes numerales de las diversas constituciones que nuestros constituyentes redactaron a través de las diversas épocas de nuestra patria, encontrándose como su más lejano antecedente de esta disposición, en la Constitución Política de la monarquía española del año de 1812, en sus artículos 129 y 130 que a la letra establecían:
"Artículo 129. Durante el tiempo de su diputación contado desde este efecto, desde que el nombramiento consta en la Permanente de Cortes, no podrán los diputados admitir para sí ni solicitar para otro, empleo alguno de provisión del Rey ni en ascensos como no sea de escala en sus respectivas carreras."
"Artículo 130. Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, ni un año después del último acto de sus funciones, obtener para sí ni solicitar para otros, pensión ni condecoración alguna que sea también de provisión del rey."
Todo esto en el Año de 1812. Esta constitución que fue jurada en 1812, el 19 de marzo, seis meses después, el 30 de septiembre en la Nueva España del mismo año de 1812, era jurada aquí también en nuestra república Mexicana.
Ya nuestra patria, el 22 de octubre de 1914, en la constitución de Apatzingán, en su artículo 58 consignaba ese decreto, y a la fecha se conserva intacta, tan intacta que ni siquiera se ha cumplido en sus términos.
Desempeñar una función o actividad ajena a la de legislar, esto es a la del Congreso, con remuneración, comisión o compensación económica, es violar la constitución en su artículo 72; es hacerle al sabelotodo y puedelotodo, es enriquecerse ilícitamente violando la Ley de Responsabilidades, es fomentar el desempleo al privar a otras personas de desempeñar esas funciones; es fomentar la crisis económica y el descontento popular; es traicionar al pueblo que espera algo positivo de nosotros; es crear ataduras, compromisos políticos, económicos y morales con otro poder, es fomentar el presidencialismo abdicando de nuestra sagrada responsabilidad ante la patria.
Aquí, en nuestra Cámara, en una gran parte de miembros, el que no es líder, es comisionado o tiene licencia con goce de sueldo. Qué diferencia de aquellos Sindicatos que registra nuestra historia, en que cualquier líder al ser nominado para aspirar algún cargo de representación popular, inmediatamente cesaba en sus funciones y dejaba desde luego de percibir sueldo, comisión o compensación.
Sí, compañeros, tal parece que formamos en el presente aún un Congreso eminentemente costumbrista, tradicionalista. Esto es para hacer únicamente lo que el Ejecutivo en turno va indicando, o lo que ya es sobradamente conocido que le gusta, o va con la línea de la tradición o costumbre que le damos, y así nos encontramos con que en vez de que ya este Congreso tome su auténtico papel, asuma su patriótica responsabilidad de freno, contrapeso, moderador e indicador de toda actividad trascendente y trascendental para nuestro pueblo mexicano, que tanto añora y necesita la actitud digna, patriótica, equilibrada, valiente, esforzada y sabia de sus representantes elegidos o impuestos, como algunas veces.
Lucha auténtica e incondicional de la soberanía indivisible del poder del pueblo mexicano. Aptitud celosa y vigilante como guardias en turno de lo más sagrado de nuestra patria, que es el derecho de todos y cada uno de sus hijos.
Ha habido indicadores, sutiles algunos y determinantes algunos otros, por ejemplo, en alguna ocasión, en tiempos del periodo pasado de sesiones, el representante del Ejecutivo expresó que esperaba una actitud digna y valiente de los legisladores. En repetidísimas ocasiones el Ejecutivo ha manifestado como parte de su tesis y programa a desarrollar en su Gobierno, la exhortación a la realización y práctica de una democracia integral en todos los actos del sector público.
Cuando se efectuaron elecciones en Chihuahua y Durango, El ejecutivo exigió respeto y actitud correcta y legal para los resultados de dichas elecciones, como sucedió en la mayor parte de ellos.
La creación de una dependencia del Ejecutivo, la Contraloría General de la República,
que a los ojos de cualquier conocedor de las funciones de los diversos órganos públicos podría considerarlo como una duplicidad en funciones con las que le competen a esta Cámara de diputados -claro, si las ejerciera- por conducto de órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, y lo que es más, existe la Procuraduría Fiscal de la Federación que tiene similares funciones.
La investigación y consignación de un prominente miembro de este Congreso de la Unión en la persona del ingeniero Jorge Díaz Serrano, quien a su ver -de la Contraloría- violó también dicha ley, es uno de los tantos indicadores más.
El acuerdo número 24 de la dependencia denominada Contraloría General de la República, que al parecer su finalidad es llenar ese gran vacío que nosotros los diputados nos empeñamos en conservar y a veces hasta fomentar y aumentar, permitiendo y fomentando la centralización de actividad y poder en un solo hombre, acuerdo cuyo contenido todos sobradamente conocemos por la publicidad del mismo.
Indiscutiblemente todo lo anterior demuestra cómo el Poder Legislativo se ha dejado absorber en sus facultades, en detrimento y perjuicio del orden constitucional.
Ahora recuerdo -creo en la semana pasada-, cuando en una sesión de esta Cámara se discutía la Ley sobre producción, Fertilización y Comercio de Semillas, en la que refiriéndose al artículo 20 de la misma, en que se especifica que la administración de la Productora Nacional de Semillas estará a cargo de un consejo de administración, mismo que tendrá las más amplias facultades de administración y representación del organismo.
Un compañero nuestro proponía que acorde con el mismo precepto de ese artículo, era prudente que el mismo consejo de administración nombrara un director. Sin embargo, más adelante, en el mismo artículo, dice: "La administración directa del organismo quedará a cargo de un director general, que será designado por el Presidente de la República". En esa ocasión se discutió y no se quiso aceptar la incongruencia ni tampoco se quiso aceptar el mensaje tan repetido de la democracia integral en todos los actos de Gobierno, y, sin embargo, este Congreso -insistimos de antemano- será el Presidente quien designe al director general de esa dependencia.
Como vemos, pues, la incongruencia salta por doquier. Desde luego se discutió por razón de considerarse incongruente y contradictorio con este artículo y con esta parte de dicha Ley. Esto lo propuso un diputado de Acción Nacional, compañero de su servidor. Cosa que, desde luego, fue rotundamente rechazada.
La Contraloría General de la República, al crear el acuerdo aludido y que emitió en su boletín número 24 en reciente fecha, contraviene el más elemental criterio jurídico, pues, claro está que no es de su competencia establecer qué debe hacer o qué no debe hacer el Congreso de la Unión o sus miembros que lo conforman.
Pero qué oportuno resulta este acuerdo, fuera de orden jurídico, pues esto nos da la oportunidad de sensibilizarnos los miembros de este Congreso y de reconocer cuál es una de las obligaciones primordiales, y con esto se vislumbra la posibilidad de romper ese costumbrismo, ese tradicionalismo arraigado en el Poder Legislativo, y se inicia una etapa de autenticidad, de responsabilidad, de cumplimiento al selectísimo deber de velar y luchar por los derechos de nuestro representado, como nos lo determina la ley, nos los demanda el pueblo y lo requiere la patria.
El acuerdo, pues, es sólo indicativo, y para que éste surta efectos, es necesario algo más.
En base en estas consideraciones, compañeros diputados, me permito en nombre de la diputación de mi partido, Acción Nacional, hacer la siguiente proposición:
"Que esta Cámara de Diputados tome el acuerdo consistente en: Ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda proceda a investigar las funciones públicas con remuneración, comisión o compensación económica, de todos y cada uno de los miembros de este Congreso de la Unión, informando a esta soberanía, por conducto de su comisión de Vigilancia, para que, en consecuencia, proceda conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
Consecuentemente, ruego se consulte, pues, a esta Asamblea si se aprueba o no esta proposición. Por la diputación del Partido Acción Nacional, Gabriel Salgado Aguilar. Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados, noviembre 4 de 1983." (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Manuel Osante.
El C. Manuel Osante López: -Con la venia del C. Presidente; Honorable Asamblea: Me trae hasta esta tribuna la íntima necesidad de explicar de la manera más clara, ante las noticias que en ocasiones se engrosan de manera tendenciosa, la reafirmación de ciertos conceptos que son torales dentro de la vida institucional de nuestra patria y que ninguna noticia con un sentido adverso al que debe ésta poseer, conforme a los niveles conocidos de ética periodística, pueda torcer la realidad en que se vive institucionalmente en este país.
Priva en el medio político nuestro ya, y creo que todos somos testigos fehacientes de esto, un respeto absoluto entre los poderes.
Situaciones como las que plantea la Secretaría de la Contraloría de la Federación no pueden, pues, en el concepto de la mayoría, mover a sentimientos o a conceptos que no son los que coinciden con el más puro cumplimiento de la norma constitucional reflejada en la realidad.
Somos todos los diputados, y debemos serlo, observantes de la Constitución General de la República; coincidimos con la afirmación del
señor diputado Salgado en ese sentido, pero también debemos ser gentes equilibradas para saber juzgar en el clima político en el que nos movemos, cuáles son, en ocasiones, las tendencias en algunas opiniones que surgen no siempre con finalidades altamente positivas. Tenemos además, la convicción de que en esta LII Legislatura no se han presentado los casos que lamentablemente en el pasado ocurrieron; tenemos la certeza de que esa conducta asiste a todos los miembros de esta LII Legislatura, y estamos también decididos a acatar plenamente nuestra Constitución, y sabemos perfectamente cuál es nuestro deber respecto de estas situaciones.
No abrigamos tampoco, ningún temor por supuestas inquisiciones que se hicieran al respecto. Cada quien sabe, en su profunda convicción cuál es su nivel ante este género de responsabilidades.
Pero, también insistimos, de manera muy clara, que no se ha lesionado en lo más mínimo la dignidad del Poder Legislativo; de que sabemos cuál es la estructura del mismo y cuál es la diferencia entre los actos tendientes a hacer valer la Constitución General de la República, así como cuáles pueden ser también las ideas tendenciosas para establecer discusiones anodinas o bizantinas.
En ese sentido, quiero que se reafirme claramente cuál es la posición de la mayoría, y creo que tampoco habrá nadie, en la oposición, que no entienda plenamente que todos los CC. diputados, como representantes populares, somos cabales, aceptamos el respeto que nos merece la constitución General de la República, y tenemos un claro sentido de nuestros deberes ante la Nación. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Gabriel Salgado Aguilar.
El C. Gabriel Salgado Aguilar: -Muchas Gracias señor Presidente; compañeros diputados: Solamente para reproducir y reafirmar los conceptos primeramente emitidos por su servidor, y además, para insistir en mi proposición, precisamente fundada en los propios conceptos, bueno, los conceptos que emitió aquí mi compañero diputado Osante López y, además, para hacer notar que yo hice una referencia muy clara al órgano técnico dependiente de esta Asamblea popular, prevista su creación en la propia Constitución y en la propia Ley Orgánica de este Congreso de la Unión, cuyas funciones precisamente consisten en vigilar el buen manejo de todo -pero de todo el gasto público de todo el sector estatal-, esto es de los tres poderes. Consecuentemente pues, que es a la Contaduría Mayor de Hacienda a quien le compete vigilar y en todo caso participar de actividades referentes, relacionadas con la actitud de este Congreso. Decía, pues, que es ella quien debe vigilar, investigar y que se nos informe, sea por conducto de la Comisión de Vigilancia o sea en forma directa a esta soberanía, a efecto de que se detecten todas aquellas irregularidades, aquellas actividades que constituyan una infracción a la norma fundamental que, como ya dije, data incluso desde muy antes a la creación de las constituciones que han regido nuestra patria a través de nuestra historia.
Consecuentemente, y en base a lo que dije inicialmente, y en base también a lo manifestado aquí, por el compañero diputado que me precedió en el uso de la palabra, insisto y ruego al señor Presidente de esta Cámara, para que consulte a la soberanía si se aprueba la proposición ya citada. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, Consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición.
El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, ponerse de pie... Desechada, Señor Presidente.
La C. María Teresa Ortuño: -Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: -tiene la palabra la C. Ma. Teresa Ortuño.
La C. María Teresa Ortuño Gurza: -Sólo para señalar la evidente contradicción de la postura de la mayoría. no podemos entender en Acción Nacional, cómo es que se rechace a discusión después de que se discutió. En fin, ese es otro asunto. ¿Cómo es posible que se rechace la proposición de que la Contaduría mayor de Hacienda sea la que investigue estos casos, que es la primera obligada por la ley, por constitución, etcétera?, como se dijo antes.
Quiero solicitar al licenciado Osante, o quien sea de la mayoría, que nos explique nada más ¿por qué no aceptaron a discusión este asunto y las razones por las que se niegan a que la Contraloría directamente interfiera en este aspecto que es de grave importancia? Gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Osante.
El C. Manuel Osante López: -Señor Presidente: con todo respeto para opinión de la señorita diputada Ortuño Gurza, pienso que ninguno de los miembros de está Cámara están ni siquiera en la hipótesis, de poder estar sujeto a investigación. Se trata de una acción que en cumplimiento de sus objetivos está llevando a cabo el Estado, a través de la Secretaría de la Contraloría. Una acción en la que evidentemente podría haber representantes populares culpables. Nadie en este mundo puede impedir definitivamente que estas situaciones ocurran, pero que quede bien planteada la situación: es el acuerdo de la Contraloría
dirigido hacia los titulares de las dependencias administrativas, para que ellos provean a efecto de llevarlo a cabo, y se evalúen así sus resultados. Nosotros no vamos a ser en este sentido así, ni colaboradores de ninguna naturaleza y en ningún sentido del Poder Ejecutivo que actúa y que cumple con su deber. Nosotros estamos de pie. (Aplausos.)
PRECIOS DE GARANTÍA Y AUMENTOS
A PRODUCTOS BÁSICOS
El C. Presidente: -tiene el uso de la palabra el C. diputado José Dolores López Domínguez.
El C. José Dolores López Domínguez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el 31 de octubre del presente año el secretario de Agricultura y de Comercio, conjuntamente, dieron a conocer el aumento de precios de garantía de 13 productos agrícolas, siendo éstos: en el maíz, de 19 mil 200 pesos la tonelada; 18 mil 200, en el trigo; 13 mil, en el frijol; 21 mil, en el arroz; 12 mil 600, en el sorgo; ajonjolí, 50 mil; semilla de algodón, 19 mil 900; cártamo, 26 mil 400; girasol, 30 mil 600 soya, 31 mil; copra 46 mil; cebada maltera 19 mil 200; cebada forrajera, 11 mil 100, y como para no alegrarse demasiado, en la misma reunión se dieron a conocer allí los aumentos de arroz, huevo y leche en 33, 25 y 20% en su promedio para los consumidores urbanos y del campo a la vez.
Si se toma en cuenta que acaban de aumentar los precios de la gasolina y el diesel, mismos que elevan los precios de los combustibles en el campo, como es costumbre, y de que todos los precios de las mercancías que consume el campesino llegan más elevados al campo, entonces la situación se vuelve más difícil y compleja.
Si consideramos los porcentajes, veremos que no corresponden a la realidad, pues los costos de producción se disparan sin que nadie los controle. Sólo de 1978 a la fecha, los costos de producción por hectárea han aumentado en 800%, mientras los precios de garantía lo han echo sólo en 595% en promedio, y en 540% en los granos.
Los nuevos precios no podrán influir seriamente en las maltrechas economías campesinas, pequeñas y mediana, si no van acompañados de los subsidios correspondientes en relación a las tarifas eléctricas, cuotas de agua, renta de maquinaria, reducción de precios a las semillas y otros insumos.
Es bien conocido que son los grandes propietarios los que mejor aprovechan la infraestructura, las mejores tierras, permisos de importación de maquinaria e implementos agrícolas, y permisos de exportación de su productos, los que pueden por su capacidad a la vez económica, abaratar costos, que son los más beneficiados con la política agropecuaria del Gobierno.
Por ello, nosotros, cuando hablamos al aumentar los precios de garantía, se deben acompañar con subsidios, para los pequeños y medianos agricultores fundamentalmente. Los ajustes que se hicieron a los precios el lunes pasado mantienen el mismo esquema que durante décadas impulsó a los productores agroindustriales y no estimuló la producción de básicos.
Los incrementos de octubre del '83 respecto a octubre del '82 fueron en promedio de 86% para el maíz y el frijol. No tiene ningún sentido hablar de que los promedios fueron en promedio de 120 mil -como dijeron el lunes los secretarios de Agricultura y Comercio -; como tampoco tiene sentido decir que estos aumentos fueron del 20% en relación a los que estaban vigentes desde mayo. Porque, por ejemplo, para el frijol, el aumento fue sólo del 11.9%, y para el trigo el aumento fue del 30%.
Estos aumentos de los precios son completamente insuficientes, aún sin considerar el rezago histórico de los precios de garantía.
Como se ha repetido hasta el cansancio, durante décadas se propició la descapitalización del campo; pero principalmente, en relación a los productores de granos básicos, ya que los agricultores capitalistas que siembran para abastecer a la agroindustria se capitalizaron, no se descapitalizaron.
Y digo que son completamente insuficientes, aún sin considerar el rezago histórico, porque si se trata de evaluar los precios reales con los nuevos precios de garantía resulta que hubo un decremento de 9.5% para los granos, aunque el precio real de las oleaginosas aumentó en 5%.
Esto, de nuevo confirma que se mantiene la tendencia de estimular los cultivos agroindustriales y de mantener los básicos en un segundo plano. Lo cierto es que el poder de compra de los campesinos que cultivan maíz y frijol -que son la inmensa mayoría de los campesinos mexicanos -, no se vio incrementado en términos reales con esos aumentos de los precios de garantía.
Con los nuevos precios del maíz, un campesino medio de la mayor parte de la República, que cultiva entre tres y cinco hectáreas, recibe por su cosecha - en el mejor de los casos - un ingreso bruto que es 10% inferior al salario mínimo promedio nacional.
El campesino temporalero que siembra frijol recibe todavía menos, y eso sin considerar los costos, o para no hablar de costos, sin descontar su salario.
Pero todavía más, los precios que se fijaron el 31 de octubre pasado estarán vigentes para el ciclo otoño - invierno, lo que significa que para abril o mayo de 1984, cuando se entreguen las cosechas de este ciclo, los actuales precios ya no serán más que otra burla para los campesinos porque ya ahora los incrementos fueron eso, una burla y nada más.
Un incremento justo a los precios de garantía, no significa que los precios de los bienes básicos deban aumentarse desproporcionadamente. Los intereses de los campesinos no son
contradictorios con los consumidores urbanos y, sobre todo, no hay esa contradicción ahora, porque ni se está beneficiando a los consumidores urbanos, ni se está beneficiando a los productores de granos básicos.
Como decía anteriormente, el precio real de maíz y frijol nuevo, es en términos reales 9.5% inferior a 1982, sin considerar que este precio estará vigente hasta abril o mayo del '84, para cuando la caída será mayor. Y, por otra parte, el mismo Banco de México ha aceptado que los salarios mínimos han perdido casi un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de 1983. Está claro que la contradicción y la diferencia de intereses no está entre los campesinos y los consumidores, sino entre éstos y los grandes agricultores capitalistas y la burguesía urbana que, aun en la crisis, continúan ganando. Además, este tratamiento tan desigual a los agricultores se confirma con otros elementos de la política agropecuaria, por ejemplo, la de crédito.
Lo que Banrural está haciendo este año es verdaderamente inaceptable. Para comenzar, la superficie que habilitara en 1983 es en total 9.7% menor a la que habilitó en 1982; pero lo más grave es que son precisamente a los cultivos de granos a los que más se ha reducido la superficie habitada. En frijol se redujo 28%; en maíz, 15%; en trigo, 14.8%. En cambio, a la soya, cártamo, algodón y sorgo se aumentó la superficie habilitada en 12%. Lo grave no es que en unos cultivos se haya aumentado la superficie atendida por Banrural, sino que se haya disminuido la de los productos básicos; resulta ridículo por eso, que en 1983 se estén habilitando 940 mil hectáreas, y de frijol, 896 mil, es decir, que se le esté dando prioridad a un grano para producir alimentos balanceados y se esté dejando prácticamente en segundo plano a otro que, junto con el maíz, constituye el elemento básico de millones de mexicanos.
Con los criterios de Banrural se atienden sobre todo, a motivaciones financieras antes que de autosuficiencia. No llegaremos muy lejos. La medida aplicada este año de no dar crédito al campesino que tuviera tres cultivos siniestrados, afectó por lo menos, y de acuerdo a declaraciones del mismo director de Banrural, a 450 mil hectáreas de maíz y frijol que dejaron de sembrarse sólo por esa razón. Si a ello, además le agregamos que en general el manejo del presupuesto de 172 mil millones de pesos no se ejerció en total debido a que el Banco exigía que para ser sujeto de crédito, debía no adeudar el campesino y sabemos que 10 mil millones de pesos se deben, o sea, que de todos los campesinos no hay nadie que no deba.
De tal manera que esta política al dejar de dar créditos, disminuye las superficies de cultivo. Para que caminemos seriamente en el combate contra la dependencia alimentaria y la autosuficiencia de ésta, se precisa una política de fondo que contemple entre otros aspectos -en nuestra opinión-, una regularización profunda de la tenencia de la tierra, tan arbitraria y desigualmente establecida; un presupuesto al campo se ejerza en la realidad cortando las manos bandidezcas que lo atrapan en determinados momentos y casi regularmente en la vida del campo mexicano, impulsando la técnica en la producción del campo, organizando la provisión y principalmente a los productores respetándoles su organización independiente y considerándolos como sujetos de la producción y no como objetos de la misma.
Se requiere, a la vez, dar un combate responsable contra las empresas trasnacionales que acaparan más del 80% de la producción alimentaria, justificándose la demanda de nacionalización de esta industria, respetando los derechos de los trabajadores agrícolas tan explotados y marginados; haciendo que CONASUPO compre todos los productos y pague bien a los productores, haciendo que se baraten las semillas y todos los costos de producción por hectárea, que agobian al campesino mediano y pobre.
Se requiere, en síntesis, considerar a la producción como de interés público y servicio social, pues hasta hoy las propuestas del Programa Nacional Agropecuario y Forestal; lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el campo y el Programa Nacional Alimentario no modifican sustancialmente el drama que viven los hombres del agro.
En la Comisión Permanente, antes como en este periodo de sesiones el 13 de octubre, hemos planteado, la Fracción Parlamentaria del PSUM, nuestros puntos de vista sobre este tema; propusimos un sistema de precios de garantía, mismo que debe contener por lo menos los siguientes elementos básicos que ya hemos desarrollado en ocasiones anteriores y que pudieran ser:
"1. Modificar la conformación del gabinete agropecuario, dando participación al Congreso de la Unión y, sobre todo, a las organizaciones de productores y de campesinos que tienen que ver en este asunto.
2. Fijar una estrategia de precios de garantía para cada ciclo, a su inicio y al término de éste, diferenciando el tipo de productor y el destino del producto.
3. Fijar, junto con el precio de garantía, una canasta básica para el campesino garantizando su abasto.
4. Controlar el precio de la canasta básica de insumos para evitar su disparo cuando se fijan los nuevos precios de garantía.
5. Otorgar diferentes subsidios en especie para los campesinos que cultivan básicos, además de la asistencia técnica necesaria para incrementar estos productos.
6. Que la banca nacionalizada desarrolle programas de crédito nuevo para implementar en serio la transformación agroindustrial, a fin de erradicar el subempleo y compensar el deterioro del ingreso campesino, contando con el rezago de los precios de garantía."
Todo lo cual, en nuestra opinión, requiere de una reestructuración de la administración que se encarga de este aspecto concreto en la
vida del campo mexicano, así como de la modificación legislativa en la materia.
Será provechoso, compañeros diputados, subrayémoslo, que esta Cámara, por medio de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, no contemple los deficientes precios de garantía, sino que se aboque al examen de los mismos en relación a los altos costos de producción y su correspondiente normalización y equilibrio. No responder a los requerimientos que los campesinos han hecho patente en marchas y movilizaciones de varios estados, no estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
Trámite: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
CONSIDERACIONES SOBRE
CUERPOS POLICIACOS
El C. Presidente: -Tiene la palabra de ciudadano diputado Arnaldo Córdova.
El C. Arnaldo Córdova: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: Los constituyentes de 1917, muy sabiamente dispusieron que para vigilar el orden público y la seguridad de la ciudadanía, bastaban dos tipos de corporaciones policíacas; por un lado, las policías municipales; por otro lado la policía directamente encargada de la persecución de la delincuencia; la Policía Judicial. Y esto lo determinaron por varias y por muy buenas razones, entre las que hay que contar, en primer lugar, la de que corporaciones especiales de carácter policíaco, corporaciones encubiertas que no están directamente autorizadas por la ley, con finalidades especificadas predeterminadas en ésta, son siempre corporaciones policíacas que tienden a reprimir al ciudadano, que tienden incluso, naturalmente, a una forma encubierta de subversión del orden. Esto ha ocurrido con algunas de las muchas policías, no autorizadas por la Constitución, que padece el pueblo de México. Pero ha ocurrido también con destacamentos especiales que se organizan aparentemente para reprimir una determinada actividad delictuosa. Esto ocurre sobre todo, con el tipo de dispositivos que conocieron los habitantes del noroeste del país, en lo que se llamó la Operación Cóndor. Todavía hoy, son miles las familias que lamentan la represión o que lloran algún muerto inocente en el desarrollo de este dispositivo policíaco y militar que fue la llamada Operación Cóndor.
De este tipo de dispositivos especiales todavía estamos conociendo. Y uno de ellos está operando en una zona que se distingue por la proliferación de fenómenos de corrupción: la zona petrolera del noroeste. Me refiero a la llamada Operación Convoy que es un dispositivo aparentemente montado para perseguir la delincuencia común en la zona del puerto de Tampico y alrededores.
Voy a dar a ustedes a conocer, por encargo de mi partido, el Partido Socialista Unificado de México, una comunicación que es al mismo tiempo una denuncia y una petición de algunos candidatos a puestos de elección popular de nuestro partido, en el estado de Tamaulipas, que fue dirigida al doctor Emilio Martínez Manautou, Gobernador Constitucional del estado, y al Congreso del estado de Tamaulipas.
Con su venia, señor Presidente, dice así:
"Tampico, Tam. a 13 de octubre de 1983.
Al doctor Martínez Manautou, Gobernador Constitucional del estado; al Congreso del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tam.; los suscritos, Gerardo Unzueta Lorenzana, Raúl Sinencio Chávez y Antonio Carmona Pérez, candidatos a alcalde y a diputados por este puesto, y Orlando Valencia Granados, secretario general del comité municipal del Partido Socialista Unificado de México, en Tampico, nos dirigimos a ustedes para hacerles una pública y urgente demanda: el cese inmediato de la Operación Convoy. Nuestra demanda se basa en el derecho de petición consagrado en el primer párrafo del artículo 8. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reclamamos de usted, señor gobernador, y de ustedes señores integrantes del Congreso del estado, el cumplimiento del segundo párrafo del mismo artículo que a la letra dice: 'A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario'. Los hechos que motivan esta demanda son los siguientes:
"Primero. Desde hace meses se extendió hasta esta ciudad y puerto la llamada Operación Convoy emprendida por el gobierno del estado de Tamaulipas, cuyo objetivo es el de combatir la delincuencia, el pandillerismo y la drogadicción. Desde entonces la policía municipal se subordinó a las fuerzas que realizan la Operación Convoy y que no están identificadas con ningún cuerpo policiaco legal existente.
"Segundo. La extensión de la Operación Convoy a Tampico se ha significado por la agudización de las tensiones sociales en la ciudad y puerto, que se caracteriza por los siguientes rasgos:
"a) Los agentes que participan en la Operación Convoy, actúan con violación ostentosa de las garantías consagradas en la Constitución, pues aprehenden personas sin orden de autoridad judicial y sin que medie flagrante delito. (Artículo 16.)
"Realizan cateos igualmente sin orden judicial y con métodos violentos extremos. (Mismo artículo.)
"Retienen detenidos durante lapsos mayores que el establecido por la Constitución, de 72 horas. (Artículo 19.)
"Maltratan a las personas detenidas causándoles, en no pocos casos, lesiones irreversibles. (Mismo artículo.)
"b) La propia existencia de un cuerpo policiaco como el que mencionamos es completamente irregular y contraria a la Constitución Política de nuestro país, que sólo admite la existencia de la Policía Judicial y la Policía Preventiva. (Artículos 18 y 21.)
"En ningún caso ha sido público a qué cuerpo y a qué disciplina corresponden los integrantes de la Operación Convoy, cuáles son las limitaciones y cuáles las facultades que tienen. Nadie sabe.
"Es inadmisible, en un estado donde rija una Constitución, la existencia de este aparato represor anónimo e irresponsable.
"c) Siendo ya graves la arbitrariedad y la corrupción policiacas, éstas se han extremado con la Operación Convoy. Los policías preventivos que actúan en su apoyo, se ven alentados por la impunidad con que actúan los integrantes de la operación. Son varias las colonias -entre ellas las más populares, donde habitan trabajadores- las que viven bajo el terror como consecuencia de la acción de este grupo o comando, o lo que sea.
"Ahora la población de Tampico vive bajo dos graves amenazas: la delincuencia, resultado de fenómenos de descomposición social que se producen en este puerto, y la delincuencia, producto de la arbitrariedad, el atropello y la impunidad policiacas.
"No creemos necesario ofrecer pruebas detalladas de las afirmaciones que hacemos. Son hechos conocidos por la población de Tampico en general, y desde luego por sus autoridades, las cuales con frecuencia han ofrecido poner un alto a los desmanes.
"No dudamos que el señor gobernador y el Congreso del estado tienen ya, o pueden recabar en cortísimo plazo, la información suficiente. Bastaría con abrir un foro de consulta destinado a escuchar las quejas sobre la operación, y éstas llegarían por centenas. "De otra parte, una simple ojeada a los órgano de opinión pública sería suficiente para conocer de la alarma que han provocado los desmanes de la Operación Convoy y su subordinada, la Policía Preventiva.
"El problema, naturalmente, no se resuelve con la supresión de la Operación Convoy. Se hace necesaria una profunda reorganización sobre base democrática y popular, no autoritaria, de la Policía, para que la sociedad tampiqueña pueda confiar su seguridad a un cuerpo de este carácter.
"Desde nuestro punto de vista, la seguridad de la población de Tampico debe estar en manos de los propios habitantes, pero esta es una cuestión que habrá que discutir aparte.
"De inmediato, la supresión de la Operación Convoy significaría un alivio para las tensiones que se padecen en Tampico, y creemos que en todo Tamaulipas abriría el camino para la reorganización de la policía que es necesaria a fin de que, en lugar de ser coadyuvante de la delincuencia, sea un adversario de ella, respaldado por el pueblo.
"Esta reorganización debería ir precedida, desde ahora mismo, de una orden contundente de cese a las arbitrariedades y alto a la corrupción de todos los demás cuerpos policiacos.
"Dado que no existe conocimiento público del origen y base legal de este cuerpo, nos es imposible invocar la derogación de un acuerdo o decreto. Por lo tanto, proponemos y creemos que bastaría para el efecto, que el Poder Legislativo o en su caso la Comisión Permanente del Congreso, adopte un punto de acuerdo dirigido al señor gobernador, instalándolo a suprimir ese cuerpo por las razones ya señaladas. Pero también consideramos posible, dada la grave situación existente, que una resolución unilateral del Poder Ejecutivo del estado, eliminando la Operación Convoy, resuelva el problema tajantemente.
"Hecha la proposición, quedamos de ustedes, por la democracia y el socialismo, Gerardo Unzueta Lorenzana, candidato a alcalde de Tampico; Antonio Carmona Pérez, candidato a diputado por el XV Distrito; Raúl Sinencio Chávez, candidato a diputado por el I Distrito; Orlando Valencia Granados, secretario general del comité municipal del PSUM en Tampico."
Ruego a usted, señor Presidente, disponga que esta denuncia sea turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Información, Gestoría y Quejas, y Justicia.
Por el Grupo Parlamentario del PSUM, diputado Arnaldo Córdova. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, unida con la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
"Segundo periodo ordinario de sesiones. LII Legislatura.
Orden del Día
8 de Noviembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas del Ejecutivo
De decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas emisiones de Bonos del Ahorro Nacional.
De reformas al artículo 23 - bis, de la Ley Orgánica del Banco de México.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Héctor Vicente Ahúja Fuster y Enrique Cánovas Buenrostro, pueden aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia."
El C. Presidente (a las 13:30 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de noviembre, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES