Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831116 - Número de Diario 25

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos el Septiembre de 1921

AÑO II México, D.F., miércoles 16 de noviembre de 1983 TOMO II. NÚM. 25

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA

INICIATIVAS E INFORMES DEL EJECUTIVO

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 1984

Además de la Ley citada, se envían los siguientes informes: sobre Materia Arancelaria; sobre Control de Cambios; sobre las Sociedades Nacionales de Crédito, correspondientes al año de 1983. Se turna a comisión. Imprímase

LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL D.F., 1984

Se turna a comisiones. Imprímase

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 1984

Se turna a comisión. Imprímase

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL D. F., 1984

Se turna a comisiones. Imprímase

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Aplicados a la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984. Se turna a comisiones. Imprímase

DICTAMEN A DISCUSIÓN

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.

Proyecto de la Ley citada. Se le dispensa la lectura

A discusión en lo general. Intervienen los CC. en contra, Miguel Angel Martínez; en pro Manuel Osante López; en contra, Francisco Javier Alvarez de la Fuente; en pro, Heriberto Batres García; en contra, Iván García Solís; nuevamente Alvarez de la Fuente y Batres García; para hechos, Salvador Castañeda O'Connor; para contestar alusiones, García Solís; por las comisiones, José de Jesús Fernández Alatorre. Se aprueba con los artículos no impugnados

A discusión en lo particular. A debate el artículo 3o. y 21. Intervienen los CC. para modificaciones al 21, Crescencio Morales Orozco, mismas que se desechan; en contra del 3o., Alberto Salgado Salgado; por las comisiones, Guillermo Pacheco Pulido; nuevamente los dos últimos oradores; para una moción, David Orozco Romo. Se aprueba en sus términos

A debate el artículo 13. Intervienen los CC. para una modificación, José González Torres, misma que se desecha; por las comisiones Guillermo Pacheco Pulido; nuevamente González Torres. Se aprueba en sus términos. Pasa al Ejecutivo

OPINIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988

Que emitió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

A discusión el Sector Económico, Intervienen los CC. para una proposición que se acepta, María Teresa Ortuño Gurza; para hacer comentarios y exponer sus puntos de vista, Antonio Gershenson, Ignacio Vital Jáuregui, Mariano López Ramos, Héctor Ramírez Cuéllar, Ricardo Cavazos Galván, J. Dolores López Domínguez y Antonio Murrieta Necoechea

A discusión del Sector Social. Usan de la palabra los CC. para hacer consideraciones Francisco Javier González Garza; para hechos, Sergio Quiroz Miranda; para exponer sus puntos de vista, Iván García Solís, Juan López Martínez, Sergio Quiroz Miranda, Mariano López Ramos y Dulce María Sauri Riancho; para aclaraciones, González Garza, Juan Mariano Acoltzin Vidal, María Teresa Ortuño Gurza y Acoltzin Vidal. Se aprueba. Remítase al Ejecutivo e insértese en el Diario de los Debates

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. EVERARDO GAMÍZ FERNÁNDEZ

(Asistencia de 386 ciudadanos diputados)

APERTURA

El C. Presidente (a las 11:10 horas): -Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"Segundo periodo ordinario de sesiones.

LII Legislatura.

Orden del Día

16 de noviembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Iniciativas del Ejecutivo

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984.

Informe sobre el uso de la facultad en materia arancelaria.

Informe sobre el uso de la facultad en materia de control de cambios.

Informe sobre el establecimiento, disolución y operación de las sociedades nacionales de crédito, correspondiente al año 1983.

Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1984.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984.

Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1984.

Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984.

Dictamen a discusión

De las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal con Proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública

Relativa el Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988. Discusión en lo particular."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El mismo C. Secretario:

"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández:

En la ciudad de México, a las once horas y quince minutos del martes quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos cincuenta y cuatro ciudadanos diputados.

Lectura del orden del día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día diez del actual.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

El C. Presidente de la República envía Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

En virtud de que este documento ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, le da el trámite siguiente: Recibo y a las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal e imprímase.

El propio primer Magistrado de la Nación remite la Iniciativa de la Ley General de Salud.

Por las mismas razones del caso anterior, la Secretaría le da este trámite: Recibo y a la Comisión de Salubridad y Asistencia e imprímase.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la memoria de las labores realizadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, correspondiente al periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983. Recibo y resérvese en el Archivo para consulta de los ciudadanos diputados.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público suscribe un dictamen con proyecto de Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas emisiones de Bonos del Ahorro Nacional hasta por la cantidad de cinco mil millones de pesos.

En virtud de que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.

Proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Justicia que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales.

También a este documento y por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.

La Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de Decreto que autoriza al C. Flavio Mansi Tazzer, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Italia, en el Puerto de Acapulco, Guerrero. Es de primera lectura.

La Comisión de Justicia signa un dictamen con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos legisladores, la Asamblea en votación económica, le dispensa el trámite de segunda lectura, a fin de que se someta a discusión y votación de inmediato.

A discusión en lo general el proyecto de Ley.

Hacen uso de la palabra, en contra el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla; en pro el C. Heriberto Batres García; en contra el C. David Orozco Romo; en pro el C. Manuel Osante López; en contra el C. Alfredo Reyes Contreras; por la Comisión Dictaminadora el C. Mariano Piña Olaya; por segunda ocasión los CC. Gutiérrez Zorrilla y Piña Olaya, y para proponer el dictamen regrese a Comisión para nuevo estudio, el C. Francisco Javier González Garza.

La asamblea en votación económica no admite la proposición, y en consecuencia se da por desechada.

Suficientemente discutido en lo general el proyecto de Ley, en votación nominal se aprueba con los artículos no reservados para su discusión, por doscientos ochenta y tres votos en pro, cincuenta y ocho en contra y trece abstenciones.

A discusión en lo particular. A debate el artículo 11. Intervienen, para proponer una modificación el C. Crescencio Morales Orozco; en pro lo hace el C. Heriberto Batres García.

Suficientemente discutido el artículo 11, en votación nominal se aprueba en sus términos, por doscientos noventa y dos votos en favor, sesenta y uno en contra y una abstención.

A discusión los artículos 22 y 23.

Hacen uso de la palabra para proponer modificaciones a los artículos los CC. Alfredo Reyes Contreras y Francisco Alvarez de la Fuente, que la Asamblea en votaciones económicas sucesivas no admite y por tanto se dan por desechadas.

Después de una moción del C. Daniel Angel Sánchez Pérez, a la cual da respuesta la Presidencia, hace uso de la palabra en pro el C. Salvador Valencia Carmona.

Se consideran suficientemente discutidos los artículos y se aprueban en sus términos en votación nominal, por doscientos ochenta y nueve votos afirmativos, sesenta y cuatro negativos y una abstención.

A debate el artículo 29.

Intervienen el C. Crescencio Morales Orozco para proponer una supresión, que la Asamblea no acepta y por tanto se desecha.

El C. César Humberto Vieyra Salgado, inscrito para hablar en pro, declina hacerlo por considerarlo innecesario.

Suficientemente discutido el artículo 29, en votación nominal se aprueba en sus términos, por doscientos noventa y ocho votos en pro y cuarenta y siete en contra.

A discusión el artículo 31. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en sus términos, por doscientos noventa votos a favor y cuarenta y cuatro en contra.

Aprobado en lo General y en lo Particular el proyecto de Ley. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Dos dictámenes con sendos proyectos de decreto presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que conceden permiso al C. Héctor Vicente Ahúja Fuster para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Medalla al Mérito Aeronáutico, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil, y al C. Enrique Cánovas Buenrostro, la condecoración Recomendación del Ejército, que le otorga el Departamento del Ejército de los Estados Unidos de América. Son de segunda lectura.

A discusión en su orden los proyectos de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban por trescientos treinta y un votos en pro, uno en contra y una abstención. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

A continuación se somete a discusión en lo general la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta Pública, en relación al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.

Intervienen, para hacer consideraciones y comentarios, así como para expresar sus particulares

puntos de vista, los CC. Luis J. Prieto del Partido Acción Nacional, quien propone que las comisiones Unidas de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Puntos Constitucionales, analicen el artículo 26 constitucional y la Ley de Planeación, para presentar reformas y/o adiciones que den al Congreso una participación más activa, y que en el mes de abril se apruebe un periodo extraordinario de sesiones, para analizar en pleno los resultados de la ejecución y los programas sectoriales, para presentar observaciones conforme al artículo 5o. de la Ley.

Después de una moción al respecto del C. José Carreño Carlón, la Presidencia turna las proposiciones a las comisiones que propuso el C. Luis J. Prieto, previa aprobación de la Asamblea en este estudio.

Continúan en el uso de la palabra los CC. Rolando Cordera Campos del Partido Socialista Unificado de México; Raymundo León Ozuna del Partido Demócrata Mexicano; Ricardo Antonio Govela Autrey del Partido Socialista de los Trabajadores; Juan Gualberto Campos Vega del Partido Popular Socialista y Manuel Cavazos Lerma del Partido Revolucionario Institucional.

Suficientemente discutida en lo general la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta Pública, en relación al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en votación nominal se aprueba por doscientos setenta y un votos en pro, cincuenta y tres en contra y nueve abstenciones.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles dieciséis, a las diez horas."

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.

INICIATIVAS E INFORMES DEL EJECUTIVO LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1984

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo que establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a lo dispuesto en la fracción I del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso aprobación de la Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo no reelección.

México, D.F., a 15 de noviembre de 1983.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D".

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

En ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal el artículo 71 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73, fracción VII, del mismo ordenamiento, y del artículo 7o. de la Ley de Planeación, por su digno conducto someto a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, las iniciativas de leyes de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio de 1984.

Las tareas hacendarías, para el año próximo, han sido concebidas en el contexto de la política de financiamiento del desarrollo, cuyos lineamientos básicos se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, y se precisan en los Criterios Generales de Política Económica para 1984, que acompañan a la presente iniciativa en documento por separado. En ellos se combinan las acciones para la reordenación económica con las medidas que sientan las bases del cambio estructural. Desde luego, se reconocen los avances logrados durante 1983, así como los rezagos y problemas no resueltos que plantean la necesidad de continuar perseverando en la solución de la crisis.

En el presente año, las circunstancias exigieron tomar importantes decisiones para reorientar el cauce básico de la economía. En diversos aspectos los ajustes fueron abruptos. Entre otros factores, las políticas cambiaría, de ingresos tributarios, de precios y tarifas, de tasas de interés, de deuda, las modificaciones de nivel y estructura del gasto público, así como la actitud solidaria de los trabajadores, han permitido corregir el rumbo que seguía la economía mexicana finales de 1982. Si bien la contracción económica fue mayor a la prevista y la inflación se abatió a un ritmo inferior al esperado la corrección de la balanza de pagos superó los objetivos planteados y el saneamiento de las finanzas públicas avanzó de acuerdo con lo programado. Ello requirió cambios en el manejo de los principales instrumentos económicos centrando la atención en los que permitieron evitar rezagos mayores en relación a las metas planteadas.

Los cambios que ha experimentado el país, durante este año, han sido más acentuados de lo que se esperaba, denotando la crítica situación económica en la que se inició esta Administración. Hay que reconocer, sin embargo, que los costos de la reordenación han sido altos, lo que se refleja en una baja del nivel de vida de muchos mexicanos. No obstante, esos costos eran inevitables, como se anticipó desde que se propuso el Programa Inmediato

de Reordenación Económica. El poco margen de maniobra que presentaba la crisis no ofrecía opciones. Lo fundamental era mantener la planta productiva y el empleo, frenar el acelerado proceso inflacionario, equilibrar la balanza de pagos y sanear las finanzas públicas.

A pesar de los efectos desfavorables del ajuste, los sacrificios en que se incurrió, en el corto plazo fueron sustancialmente menores a los que se hubieran materializado, de no llevarse a cabo la reordenación económica. Esta convicción refuerza el propósito de continuar y concluir el ajuste económico que se ha planteado.

Las causas más agudas de la crisis están bajo control. Sin embargo, no se han superado en forma definitiva. Por tanto, no se puede descuidar el esfuerzo o ceder en el mismo, a riesgo de acelerar la inflación y prolongar indefinidamente la crisis. Ello implicaría retroceder a la situación prevaleciente a finales de 1982 y malograr lo hasta ahora realizado.

Los esfuerzos que exige la política de financiamiento del desarrollo, en 1984, son distintos a los que han sido necesarios durante este año. Si bien no difieren en cuanto al rumbo trazado ni en los objetivos sustantivos, se requiere una diferente intensidad y ritmo de las acciones.

Aun cuando será necesario continuar con medidas consistentes en todos los ámbitos de la actividad económica, los cambios habrán de ser menos drásticos. La reordenación deberá empezar a rendir frutos más visibles, como resultado de las acciones instrumentadas este año y de la capacidad para persistir en los esfuerzos y avanzar en la dirección que se ha establecido como objetivo de la política económica en el mediano plazo.

En tal sentido, en el segundo año, del programa de ajuste, el objetivo central será continuar abatiendo la inflación y mantener el nivel de empleo, como las formas más efectivas de proteger el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Además, se buscará detener el descenso de la actividad económica y promover un incremento del producto interno bruto de alrededor del uno por ciento. Se persistirá en el saneamiento de las finanzas públicas reduciendo el déficit en su relación con el PIB y profundizando la rehabilitación financiera de las empresas públicas. Todo ello se hará acentuando los aspectos cualitativos del desarrollo e impulsando el cambio estructural, que prepare el camino hacia un crecimiento eficiente y sostenido a partir de 1985.

A ello coadyuvarán los avances en el restablecimiento del equilibrio financiero - cambiario y en las finanzas públicas, así como ciertas perspectivas favorables en el ámbito internacional. En este último aspecto, el abatimiento de la inflación y la recuperación económica internacionales, así como la menor incertidumbre sobre el mercado petrolero, son indicadores que señalan condiciones propicias al logro de los objetivos propuestos. Sin embargo, las expectativas sobre la evolución de las tasas reales de interés aparecen menos promisorias.

Uno de los principales instrumentos de la política económica será la Ley de Ingresos, cuya iniciativa se presenta hoy a la consideración de esa honorable Cámara. En ella se determinan los elementos para aumentar los recursos del sector público y lograr un financiamiento consistente con los objetivos de la estrategia económica y social.

Política de Ingresos

Las modificaciones legales que se elevan a la consideración de esa honorable Cámara, aspiran a dar un paso importante en el perfeccionamiento de las estructuras e instrumentos de la política tributaria, dentro de un proceso permanente de actualización y modernización. En tal virtud, las propuestas pretenden imprimir una mayor justicia al sistema impositivo e incrementar el monto total de la recaudación, sin aumentos sustanciales en los gravámenes, sino a través de dotar de más y mejores elementos a la administración fiscal.

El avance gradual del sistema tributario y las reformas desarrolladas durante los últimos años, lo sitúan entre los más complejos y avanzados del mundo. Sin embargo, el aparato encargado de administrarlo no se ha ajustado con la celeridad requerida, en ocasiones por falta de recursos. De ahí que el país se caracterice por tasas nominales de impuestos relativamente altas, similares a las de países desarrollados y, simultáneamente, por menores coeficientes de recaudación efectiva. En consecuencia, el principal problema y reto en materia tributaria es redoblar esfuerzos en la lucha contra la elusión y evasión fiscales.

Para aumentar la recaudación, sin cambios sustanciales en las tasas nominales, se requiere un adecuado control de los contribuyentes, fortalecer los métodos de asistencia y registro, afinar la legislación tributaria y, sobre todo, eficacia en la administración.

La lucha contra la evasión no sólo persigue incrementar los ingresos del Gobierno Federal sino, fundamentalmente, aumentar la equidad vertical y horizontal del sistema tributario. Las injusticias en esta materia radican, en gran parte, en la habilidad y posibilidad que tienen algunas personas y empresas para no pagar los impuestos que les corresponden. De ahí que ahora se inicié, con mayor intensidad, un esfuerzo en favor de la justicia tributaria.

En cuanto a tributación directa, el Impuesto sobre la Renta seguirá siendo la pieza clave por su capacidad recaudatoria, características en materia de equidad y potencialidad para controlar la evasión.

Desde 1979, se han venido realizando ajustes al impuesto directo a las personas físicas, para disminuir los efectos desfavorables de la inflación, a través de corregir la tarifa correspondiente con objeto de adecuar la carga fiscal. Por ello, para 1984, se propone ajustar la tarifa nuevamente, con el fin de proteger el ingreso real de los contribuyentes, en especial de los trabajadores.

Reconociendo que la Ley del Impuesto sobre la Renta ha tomado en cuenta sólo parcialmente los efectos de la inflación sobre la base gravable, se propone modificar el sistema de tal manera que el cálculo de la deducción adicional refleje, en mayor medida, el valor de reposición de los bienes de inversión. Esta acción forma parte integral de una serie de apoyos a la inversión productiva, que próximamente serán anunciados.

Con ese fin, se propone modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta para promover la inversión que se efectúe en 1984, a través de un esquema de deducción sustancial de la inversión que se realice en ese año. Sus beneficios irán disminuyendo para las inversiones que se lleven a cabo en los ejercicios de 1985 y 1986.

A fin de avanzar en materia de globalización se propone la acumulación de ciertos ingresos por servicios, como es el caso de los intereses que obtienen las personas físicas vía préstamos otorgados por las empresas donde laboran a tasas de interés bajas o nulas. Esto evitará que algunas personas se aprovechen del tratamiento fiscal otorgado a los intereses pagados por bancos. La propuesta no invalida los beneficios derivados de relaciones contractuales pactadas con anterioridad a su entrada en vigor, ni los que se deriven de ingresos de previsión social.

En lo que se refiere a derechos de autor se propone la acumulación por este concepto, con excepción de aquellos casos en que se hayan cubierto los derechos de registro. Además, se establece la obligación para las personas morales que realicen esos pagos a quienes no hayan cubierto los derechos de registro, de retener y enterar el 20% de la cantidad otorgada, misma que será requisito para que esos pagos sean deducibles.

Se incorporan al régimen general de Ley las reglas sobre el tratamiento de las pérdidas cambiarías, utilizadas por el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA), con lo cual se permite, a las sociedades mercantiles, efectuar la deducción correspondiente en el ejercicio en que sean exigibles los adeudos con residentes en el extranjero. Con esa media se evitará que las empresas acumulen un monto excesivo de pérdidas, haciendo imposible su amortización en el periodo que establece la propia Ley. Para mantener la congruencia de las disposiciones, será necesario establecer, en la ley, que la utilidad por variaciones cambiarías se debe acumular durante el ejercicio en que sean exigibles las deudas o los créditos en moneda extranjera.

Un paso importante que se sugiere para reducir la evasión, es establecer la obligación, para las personas morales, de retener el 10% de los pagos por concepto de arrendamientos, honorarios e intereses, al momentos de realizarlos. Dicha retención será requisito indispensable para hacer deducibles esas partidas. Con ello se inducirá a quien recibe el pago, a presentar declaración.

La problemática de los contribuyentes menores ha representado una preocupación constante de la política tributaria. Con frecuencia se advierte que un gran número de contribuyentes se encuentran acogidos a este régimen, aun cuando su volumen de operación no lo justifica. Se propone establecer la obligación, para el contribuyente menor, de presentar declaración anual, sólo cuando tenga la exigencia de llevar registros contables, considerando los pagos bimestrales que actualmente se realizan, como provisionales. Desde luego, se señalarán, por giros, qué actividades quedarían sujetas a este régimen.

Por otro lado, para compensar las distorsiones que el proceso inflacionario ocasiona en los niveles de ingreso, se propone incrementar a 3 y 4.5 millones de pesos los límites actuales - 2 Y 3 millones de pesos -, así como avanzar en la delimitación de esos contribuyentes utilizando las características objetivas. El factor que se sugiere para ajustar la cuota, en 1984, sería de 80%.

Para facilitar la instrumentación de ese régimen, se recomienda que las medidas propuestas entren en vigor a partir de 1985, excepto las relativas a los límites. De esta manera, las tesorerías de las entidades federativas, que son las que recaudan estos tributos, tendrán tiempo de adecuar sus sistemas administrativos.

Se propone modificar la metodología que se utiliza para calcular los pagos provisionales de las sociedades mercantiles, ya que la mecánica vigente es inequitativa y no refleja adecuadamente el gravamen definitivo. Además, constituye una fuente de diferimiento del pago del impuesto.

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se modifica el calendario de los pagos a que están obligadas las personas físicas. En consecuencia, se propone que el periodo de presentación de la declaración anual no se limite al mes de abril, sino que se amplíe a los meses de enero, febrero y marzo indistintamente.

También se presenta una modificación al plazo para presentar la constancia sobre remuneraciones cubiertas y pagos efectuados, ampliándolo hasta febrero. De esa manera, se facilitará a las personas físicas la presentación de su declaración anual en el periodo referido.

De otra parte, el mercado de vehículos observa una sustitución de unidades de mayor cilindrada por otras de menor, lo cual ha originado una distorsión en la estructura del Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos. Con el fin de hacerlo más equitativo, se propone incorporar el precio del vehículo en el procedimiento del cálculo de la cuota. Así, se evitará que modelos de un valor comercial mayor paguen una cuota menor que otros de más bajo precio o de modelos anteriores.

En relación con la Ley Federal de Derechos se plantean importantes modificaciones en lo referente al ajuste de algunas cuotas. Estos

cambios tenderán a simplificar la estructura de algunos derechos e incluir otros que no estaban contemplados. Así, se propone restablecer la franquicia postal que, hasta 1982, venían disfrutando los partidos políticos registrados.

Durante 1984 PEMEX seguirá siendo el contribuyente más importante del país en función de que sus volúmenes de producción y exportación harán posible aumentar los niveles de ventas internas y externas. Se estima que la aportación tributaria de PEMEX al erario nacional, por derechos sobre hidrocarburos, ascenderá a alrededor de 1 billón 700 mil millones de pesos, que representa la tercera parte del total de los ingresos del Gobierno Federal y significa un incremento de 63.6% sobre su aporte en 1983.

De aprobarse la Iniciativa que se presenta a esa soberanía, se espera alcanzar, en 1984, un ingreso total del Gobierno Federal de 4 billones 758 mil 300 millones de pesos. Cifra superior en 55.3% a la que se estima obtener al término de 1983.

En materia de coordinación fiscal se han dado pasos importantes, para cumplir los objetivos de fortalecer las haciendas de las entidades federativas y municipios, así como armonizar el sistema tributario a nivel nacional.

El monto de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al periodo enero - septiembre de 1983, asciende a 352 mil millones de pesos. Esto significa un incremento de casi 196 millones de pesos, con relación al mismo periodo del año anterior. En los últimos años, las participaciones federales a los estados se han elevado de 49 mil millones de pesos en 1979 a 218 mil millones en 1982, lo que representa un aumento de más de 4 veces. Con ello se ha otorgado un importante impulso para mantener un adecuado nivel de actividad en la mayor parte del país.

Para 1984, se propone sustituir el tradicional sistema de participaciones en impuestos federales, por un régimen de ingreso ampliado entre Federación, estados y municipios. Este comprenderá todos los impuestos federales y los derechos sobre hidrocarburos y minería. Así, las haciendas locales serán copartícipes de los ingresos que se deriven de la aplicación de leyes fiscales de carácter federal.

Con el objeto de precisar la composición y distribución de los fondos General de Participaciones, Financiero Complementario de Participaciones y de Fomento municipal, se sugiere reformar la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta más significativa se relaciona con el fortalecimiento del Fondo Financiero Complementario de Participaciones, el cual se incrementará de 20 mil millones a 60 mil millones de pesos, a partir de 1984. Estos recursos se distribuirán entre las entidades federativas de menor desarrollo relativo.

Otras modificaciones a esta Ley buscan adecuarla a la reciente reforma del artículo 115 de la Constitución Política. Al efecto, se propone que la entrega de participaciones a los municipios se realice en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y sin deducciones. Por otra parte, en la Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, se incorpora un ramo especial para las participaciones a estados y municipios, con el propósito de dar transparencia a este renglón de importancia creciente.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, se consuma la descentralización administrativa en forma global a favor de los estados, a través de los convenios de coordinación en la materia, lo que garantizará un mejor control y un mecanismo más efectivo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En ocasiones, las sociedades mercantiles desaparecen sin llevar a cabo liquidación alguna y sin cumplir con los requisitos fiscales. Ello origina que, de haber contribuciones pendientes de pagar, no exista posibilidad de exigirlas. Por lo anterior, se propone modificar el Código Fiscal de la Federación, a fin de considerar como responsable solidario de la sociedad, a los administradores o gerentes que tienen amplios poderes para realizar actos de dominio. Esta responsabilidad se limitará sólo a las contribuciones que se causaron durante la gestión de la persona física de que se trate. Asimismo, se limita la obligación de los administradores y gerentes de la sociedad cuando se presente el aviso de liquidación de la misma y se garantice el interés fiscal.

Un aspecto importante en la lucha contra la evasión y elusión fiscales, lo constituye el programa de fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que contempla, entre otras cuestiones, la revisión permanente, a través de auditorías directas, a contribuyentes con ingresos superiores a 500 millones de pesos al año. Paralelamente, se continuará con los sistemas de revisión normales y cíclicos de dictámenes y declaraciones de los demás contribuyentes.

Otro elemento relevante del combate a la evasión es el proceso de modernización de la administración tributaria, que muestra avances importantes en beneficio del fisco y los contribuyentes. De esta forma, se ha incorporado la informática e implantado un nuevo esquema de administración por funciones que mejora el proceso de captación de impuestos. Además, se continúa la descentralización y desconcentración de funciones hacia el interior de la República.

En este año la política de precios y tarifas del sector público buscó reducir los principales rezagos y distorsiones. Los esfuerzos se centraron en los energéticos, pero también se actuó en una gama amplia de productos y servicios. Como resultado de las medidas instrumentadas, algunos precios y tarifas se aproximaron a las metas planteadas en la estrategia de mediano plazo.

A raíz de esos avances, en 1984, la política de precios y tarifas tiene menos margen de acción. A pesar de que la inflación será menor, habrá que perseverar con ajustes que eviten nuevos rezagos. Además, para avanzar en la

reordenación económica y fortalecer el cambio estructural, será necesario asegurar la continuidad de las acciones emprendidas en este terreno, a fin de incrementar los ingresos del sector público de manera permanente en el mediano plazo.

Entre las principales restricciones que enfrenta esa política, se encuentran su impacto desfavorable sobre la inflación en el corto plazo, los ajustes que implica sobre algunas actividades y empresas, así como el sacrificio que representa para los consumidores.

Sin embargo, esos costos y dificultades han de compensarse con los beneficios que representa su contribución al saneamiento de las finanzas públicas de la inflación en el mediano plazo y a mejorar la asignación global de los recursos.

Los precios de aquellos bienes que se cotizan en los mercados internacionales tendrán que aumentar a un ritmo que permita superar los rezagos que se acumularon hasta 1982, a fin de equilibrar los costos de esos bienes con los que rigen en el exterior.

Se atenderá con especial cuidado el movimiento de los precios de los artículos y servicios incluidos en la canasta de consumo básico. En esta materia, el Estado puede y debe utilizar racionalmente los subsidios. En las condiciones actuales los bienes y servicios básicos, verdaderamente esenciales para las mayorías, requieren y ameritan apoyos.

Un tercer grupo de precios y tarifas del sector público habrá de moverse en relación al costo de producción de los bienes y servicios en cuestión. En este caso, la situación económica y los objetivos del cambio estructural no permiten, ni justifican, cobrar por un bien menos de lo que cuesta producirlo. De otra parte, esta política tendrá, como contrapartida esencial, las medidas de rehabilitación financiera y operativa de la empresa pública, de manera que se evite repercutir a los consumidores ineficiencias de operación en su perjuicio.

En consecuencia, la política de precios y tarifas del sector público estará orientada a aumentar los ingresos, para reducir el déficit y abatir la inflación. Además, en coordinación con la política de subsidios se aplicará con criterios de equidad, aumentando relativamente más los precios de aquellos productos que consumen los grupos de mayores ingresos y menos los básicos de consumo generalizado. Finalmente, apoyará una más eficiente asignación de los recursos, al inducir precios relativos adecuados.

Es necesario precisar que los subsidios deben limitarse y racionalizarse. Ya se ha visto que otorgar subsidios en forma acelerada e indiscriminada, ocasiona efectos desfavorables en el combate a la inflación y la redistribución del ingreso. Hacerlo, implica reducir el gasto en inversión y el empleo. Por ello, no hay que tomar actitudes que consideren expenderlos indefinidamente. Aquí hay que ver el bienestar de todos y no de un grupo en particular, por importante que sea.

En materia de estímulos fiscales, se propone concentrarlos en cuatro aspectos prioritarios: La promoción selectiva de la inversión y el empleo, el fomento al desarrollo regional, la atención a los mínimos de bienestar y el fortalecimiento del sector externo. Debe subrayarse que la política de estímulos fiscales tiene como objetivo fundamental, coadyuvar a la incorporación de la creciente fuerza de trabajo al proceso de producción, mediante instrumentos que alienten la generación de empleos permanentes y productivos.

Los estímulos seguirán manejándose con criterios estrictos de austeridad y racionalidad, conforme a los lineamientos generales de selectividad, congruencia, automaticidad y simplicidad.

El principal instrumento por el que se otorgarán los incentivos fiscales seguirá siendo el Certificado de Promoción Fiscal. Este se complementará con la aplicación de acuerdos de vigencia anual y, en casos especiales, con otros más específicos, como los que se utilizan para apoyar los programas de fomento.

En otro sentido, se proponen modificaciones a algunos artículos de la Ley del Registro Federal de Vehículos, con lo cual se reducirán los diversos trámites que deben realizar los propietarios de vehículos fabricados o ensamblados en el país, a uno solo, consistente en el registro de origen. Una vez registrado ya no será necesario realizar gestión alguna, a excepción de las correspondientes a reposición de documentos por pérdida o inutilización. Los vehículos de procedencia extranjera seguirán sujetos a lo que estipula la mencionada Ley. Así se simplifican los trámites administrativos, se evita el burocratismo y la corrupción.

A efecto de facilitar las exportaciones de mercancías, se propone extender, de tres a seis meses, el plazo en que los bienes, que se encuentran en depósito aduanal, causan abandono. Asimismo, se sugiere otorgar otras facilidades con el objeto de fomentar las exportaciones y ampliar los montos que pueden ser exportados en calidad de operación ocasional, dándole así mayor simplicidad a su tramitación.

Con el propósito de contribuir a la descentralización de la vida nacional y dar mayores facilidades a los importadores y exportadores que no viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se establecerán administraciones regionales de aduanas. Estas tienen por objeto acercar las instancias administrativas al interesado y llevar la facultad de toma de decisiones a un lugar que le sea más cercano y le permita, cuando se presenten diferencias de criterio, acudir a la autoridad administrativa inmediata superior. Para este efecto se desconcentrarán facultades, decisiones y funcionarios del ramo aduanero, sin que ello implique incrementos de personal o mayor complejidad burocrática.

Políticas financieras

El propósito principal de las políticas financieras será contribuir a un sano financiamiento del desarrollo y evitar, al mismo tiempo,

mayores presiones inflacionarias. Es decir, el objetivo esencial se enmarca en el difícil equilibrio entre hacer crecer la economía y continuar la lucha contra la inflación.

La eliminación del clima especulativo, el fortalecimiento de la confianza y los ajustes a las principales variables financieras realizados este año, constituyen un avance en el logro de ese propósito. El diseño de las políticas financieras, en el marco de la planeación del financiamiento del desarrollo y de los programas sectoriales de mediano plazo, garantiza la consistencia de esa nueva etapa de la reordenación económica con el cambio estructural.

Es menester señalar diversas implicaciones que la situación fiscal tiene sobre las políticas financieras. El extraordinario nivel del déficit público condicionó los instrumentos financieros a la tarea de obtener recursos para su financiamiento. El saneamiento logrado en 1983, permitirá reorientar las estrategias crediticias, monetaria y de deuda pública, hacia objetivos más ligados con el crecimiento de la economía y con los esfuerzos de planeación global y sectorial en los que estamos empeñados.

De otra parte, los logros en la reordenación económica también facilitará avanzar, con mayor firmeza, hacia los objetivos de mediano plazo en materia de ahorro, canalización de recursos y reorientación de las relaciones económicas con el exterior.

Reconstituir e incrementar, paulatinamente, el ahorro financiero es objetivo esencial de la estrategia de financiamiento del desarrollo. Para lograrlo, son factores clave: abatir la inflación, consolidar la confianza y ofrecer rendimientos atractivos para los ahorradores. El énfasis puesto sobre estos factores, durante 1983, permitió detener y luego revertir, a partir de junio, el proceso de desintermediación.

La estrategia en materia de tasas de interés pasivas considera mantener rendimientos reales positivos - en relación a la inflación esperada - que estimulen el ahorro, sobre todo a plazos largos. La flexibilidad de las mismas permitirá adecuar el rendimiento nominal a modificaciones en las condiciones del mercado y en el ritmo de descenso de la inflación. Se evitarán rigideces y rezagos, que eleven innecesariamente las aplicables a las operaciones de crédito.

Un aspecto crucial para la recuperación de la economía, será establecer una adecuada relación entre las tasas de interés pasivas y las activas, que sea compatible con el propósito de incrementar el ahorro y canalizar eficientemente los recursos disponibles para créditos a los sectores productivos.

El volumen, costo y agilidad con que fluya el crédito a los sectores privado y social determinarán, en buena medida, la intensidad y ritmo de la recuperación económica el año próximo. La reducción del desequilibrio fiscal, este año, permitió aumentar en términos relativos los recursos financieros disponibles para esos sectores. Sin embargo, la recesión económica y el aumento del costo del dinero se tradujo en una demanda de crédito relativamente baja, si bien durante el segundo semestre del año se recuperó.

La programación financiera prevé que los montos disponibles para los sectores privado y social aumentarán sustancialmente. El reto de la política crediticia será lograr que la mayor parte de esos recursos se dirija hacia los sectores de mayor prioridad y rentabilidad social, de manera oportuna y a un costo razonable. Sin embargo, para reducir el desequilibrio fiscal y alcanzar una mejor asignación de los recursos crediticios, que redunde en una mayor eficiencia global, habrá que proseguir, simultáneamente, con la racionalización de los subsidios financieros.

Se tomarán medidas, de manera coordinada con la política monetaria, para abatir gradualmente las tasas de interés activas, así como reducir el margen de intermediación financiera, al mínimo compatible con una adecuada rentabilidad del sistema bancario en su conjunto.

De acuerdo con las directrices sobre eficiencia y competencia interbancarias, los indicadores para la operación de los bancos estarán en línea con la eficiencia de las instituciones que realicen mejor sus funciones. En ese contexto, se buscará que los servicios prestados se cobren de acuerdo al costo real de los mismos, al tiempo que se avanzará en el análisis y reducción de costos. De otra parte, se continuará con la revisión de los activos de los bancos, evitando su inmovilización, con el fin de que la mayoría de los recursos se destinen a otorgar créditos y a inversiones en capital de riesgo.

Es necesario conciliar los objetivos de rentabilidad económica y social de los programas y proyectos financiados por la banca nacionalizada, con el imperativo de mantener una utilidad adecuada para los propios bancos. El crédito otorgado por esas instituciones fluirá, principalmente, hacia aquellas actividades y regiones que efectivamente generen una demanda de recursos. Sin embargo, un porcentaje del mismo se canalizará a través de los cajones de crédito preferencial, de acuerdo con las prioridades que se establezcan.

En este año, el sistema bancario orientó sus esfuerzos, en forma prioritaria, a preservar la planta productiva y el empleo. En lo fundamental, se establecieron mecanismos para la reestructuración financieras de las empresas, aplicando soluciones diferentes a las que tradicionalmente se venían operando. Para este objeto, la banca nacionalizada ha actuado en forma coordinada al atender a las empresas deudoras de varios bancos.

La banca y los fideicomisos de fomento instituyeron líneas de crédito adicionales a las que tenían previstas, fundamentalmente para apoyar a productores agropecuarios y a la pequeña y mediana empresa con problema de liquidez, a proveedores nacionales de entidades del sector público, y a empresas que de manera

conjunta se asocian para producir bienes de capital que sustituyen importaciones. Adicionalmente, se ampliaron líneas de crédito preferencial, con bancos del exterior, para importaciones de todo tipo de insumos industriales. En 1984, la banca nacionalizada desarrollará un papel activo en la gestación, evaluación y realización de proyectos de inversión por parte de los sectores privado y social.

Los bancos y fideicomisos de fomento continuarán siendo la principal vía de canalización del crédito preferencial a las actividades y regiones prioritarias, así como de apoyo técnico - financiero para los proyectos de inversión. Esas funciones esenciales se realizarán en el contexto de una disminución selectiva de los subsidios implícitos en las operaciones crediticias preferenciales. Se continuará reduciendo el número y la diversidad de tasas de interés activas preferenciales, ya que la estructura actual se traduce en diferencias entre sectores y usuarios que no se justifican, así como en una asignación ineficiente de los recursos financieros. En conjunto, esas medidas buscarán que los montos disponibles se traduzcan efectivamente en más crédito y a costo adecuado, coadyuvando de manera fundamental a la recuperación económica.

La política monetaria se orientará a mantener la liquidez del sistema, en un nivel que coadyuve al abatimiento de la inflación y al sostenimiento del equilibrio financiero - cambiario, sin afectar la canalización suficiente del crédito a los sectores privado y social. En la medida en que requieran menos recursos para financiar el déficit del sector público se podrán reducir, gradualmente, la tasa de encaje legal y/o los depósitos de regulación monetaria.

La programación financiera procurará obtener recursos al mejor costo posible para cubrir el déficit. Al mismo tiempo, la política de manejo de disponibilidades de los organismos y empresas del sector público, evitará erogaciones adicionales e innecesarias. Para ello, se afinarán los mecanismos de control de disponibilidades y se modificarán los lineamientos que rigen las inversiones correspondientes, erradicando la obtención de rendimientos financieros a partir de fondos provenientes de transferencias presupuestales que reciban del Gobierno Federal.

Durante 1983, como resultado del Programa Inmediato de Reordenación Económica, se han acumulado reservas internacionales a un ritmo satisfactorio. Sin embargo, no se han reconstituido los niveles previos a los deseables en la perspectiva del mediano plazo. En consecuencia, se seguirá propiciando una acumulación de reservas de divisas, congruente con la recuperación de las importaciones y con una expansión adecuada de los agregados monetarios.

El establecimiento de un sistema cambiario que permite al sector externo de la economía desenvolverse de manera sana, así como tipos de cambio adecuados, constituyen un elemento clave de la política económica de esta Administración. Por ello, en 1984 se continuará la política cambiaría realista y vigente de la evolución de las relaciones económicas con el exterior.

En el marco de una cuidadosa programación del uso de divisas, será posible suministrar las necesidades para cumplir las obligaciones financieras del país con el exterior, así como realizar importaciones considerablemente superiores a las de este año y más acordes con el ritmo de actividad económica que se espera.

En este sentido, se harán revisiones periódicas de los montos, criterios y prioridades de asignación, con el fin de responder, con agilidad, a las cambiantes condiciones del entorno internacional y a los requerimientos de los diversos sectores y actividades.

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo se definirán las directrices que permitirán al sistema bancario seguir coadyuvando a la superación de la crisis y, sobre todo, a establecer las condiciones financieras necesarias para el crecimiento sostenido.

El sistema bancario seguirá rigiéndose por los criterios de adecuada rentabilidad y manejo honesto y profesional de las instituciones. Para que sus acciones permitan el logro de los objetivos planteados, deberán estar respaldadas por un marco legal que considere las transformaciones realizadas y su nueva orientación. Para ello, se revisarán las leyes y reglamentos que lo rigen, con el fin de adecuarlo a la nueva estructura y funcionamiento del sistema. En tal virtud el Ejecutivo Federal someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Bancaria, en 1984.

Para que la banca nacionalizada contribuya a la consecución de los objetivos nacionales y asegure que los procesos de generación, asignación y canalización de recursos sean congruentes con los propósitos de la estrategia económica y social, se continuará la reestructuración del sistema y se adecuarán los lineamientos para su operación.

Se han dado pasos importantes en la tarea de reestructurar la banca múltiple. De sociedades anónimas se transformaron en sociedades nacionales de crédito. Se inició también el proceso de fusiones, conformándose actualmente 29 instituciones bancarias. Asimismo, se avanzó en la indemnización a los antiguos propietarios y en el establecimiento de los nuevos órganos de gobierno.

Se continuará con la reorganización indispensable de esas instituciones, de acuerdo con la estrategia de mediano plazo. En 1984, los esfuerzos se encaminarán a asegurar su eficiente funcionamiento y al cumplimiento de sus objetivos.

Los fideicomisos de fomento serán reorganizados y reagrupados, a fin de lograr una mayor coordinación en el financiamiento de actividades prioritarias y evitar duplicidades e incongruencias en la política crediticia. En este sentido, en el presente año, el Fondo para el

Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), se integró al Banco Nacional de Comercio Exterior y se liquidó el Banco Nacional de Turismo, ya que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), está en condiciones de brindar la cobertura de servicios a este sector.

En el pasado reciente se inició el proceso de internacionalización de la banca mexicana. Actualmente, las agencias en el exterior experimentan agudas restricciones, derivadas de los problemas de la economía nacional y del sistema financiero internacional. Es preciso consolidar, ordenar y racionalizar la presencia de la banca nacional en el exterior y lograr que participe más ágilmente en los mercados internacionales.

Requisito importante, para la promoción de un desarrollo equitativo y la descentralización de la actividad económica nacional, es vigorizar la presencia regional y sectorial de las instituciones bancarias. De esta manera, la estructura institucional coadyuvará a una canalización de recursos más congruentes con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo.

A fin de que los intermediarios financieros no bancarios apoyen con eficiencia la estrategia de financiamiento de largo plazo, se reorganizarán a través de un sistema más equilibrado, que permita una cobertura más completa de sus servicios. Se ha avanzado en esa dirección. Se iniciaron las operaciones a futuro de acciones en la Bolsa de Valores, lo que contribuye a disminuir el riesgo e incertidumbre sobre el comportamiento del mercado. Para lograr el desarrollo, consolidación y operación autónoma de esas instituciones, es fundamental empezar a desvincular algunas de ellas del sistema bancario. Por último, se crearán sociedades de inversión de renta fija, que darán acceso al pequeño ahorrador al área de actividades de las instituciones financieras no bancarias.

La política de deuda pública, para 1984, tiene como premisa fundamental reducir el financiamiento externo al nivel estrictamente necesario para complementar el ahorro interno y cubrir los requerimientos de divisas de la economía, en un contexto de racionalidad en su uso. En consecuencia, se busca una mayor participación del financiamiento interno que, en el marco de un desequilibrio cada vez menor de las finanzas públicas, permita seguir abatiendo la inflación.

Se ha iniciado una nueva fase de las relaciones de nuestro país con la comunidad financiera internacional que permite mayor holgura en el pago de los compromisos crediticios con el exterior. Durante 1983, se concluyó la reestructuración de la deuda externa del sector público, iniciada a finales de 1982. Los contratos de renegociación implican diferir, aproximadamente, 85% de los vencimientos que ocurrieron y los que se darían durante el lapso de agosto de 1984, representando 23 mil millones de dólares, una tercera parte del total.

Los convenios de reprogramación de la deuda pública externa establecen nuevos plazos de vencimiento de 8 años con 4 de gracia. Sin embargo su costo se elevó. Mientras que, a mediados de 1982, los diferenciales que se pagaban por operaciones de crédito externo de mediano plazo, superaban ligeramente el 1%, la reestructuración tuvo un costo promedio escasamente inferior al 2% de diferencial. Es decir, la parte de la deuda pública que fue reestructurada, tuvo un aumento en su costo de aproximadamente tres cuartos de punto porcentual en promedio.

La capacidad crediticia de México se deterioró en forma importante y el costo adicional fue inevitable. Aun así, se obtuvieron las mejores condiciones de costo y plazo, en comparación con los países que están reestructurando sus deudas. A cambio se lograron varios objetivos: normalizar nuestras relaciones con el exterior y evitar represalias económicas; reanudar los flujos de crédito externo hacia el país; permitir las importaciones indispensables; reordenar las finanzas públicas; darnos el tiempo para restablecer los equilibrios básicos de la economía, tanto en el terreno fiscal como en el sector de comercio exterior y en el control de la inflación; diferir nuestros actuales compromisos hacia años futuros de mayor crecimiento y capacidad de pago.

Los recursos netos que México solicitará a la banca internacional para 1984, en proceso de negociación en este momento, gozarán de términos y condiciones de costo y plazo más favorables que los obtenidos hace 15 meses para el programa de 1983, dado el inicio de la recuperación del prestigio crediticio del país ante la comunidad financiera internacional. Esas condiciones permiten atenuar los problemas de liquidez que se presentaron desde mediados de 1982, así como conformar un perfil de vencimientos de la deuda externa más acorde con la capacidad de pago del país, la reactivación de su economía y la reordenación de las finanzas públicas. En suma, favorecen el establecimiento de una política de financiamiento más activa, que propicie el mejoramiento de nuestras corrientes financieras con el exterior.

Por otra parte, a través del FICORCA, se apoyó al sector privado en la renegociación de sus pasivos con bancos y proveedores extranjeros, buscando atenuar los problemas de liquidez actuales y permitirle cubrir el riesgo cambiario derivado del diferimiento de sus pagos externos, sin incurrir en subsidios por parte del Gobierno Federal. El importe de las reprogramaciones efectuadas, a través de éste y otros instrumentos, ascendió a cerca de 14 mil millones de dólares.

Con la reestructuración se ha dado un sólido avance para fortalecer la capacidad crediticia y financiera del país ante la comunidad internacional.

Se estima que, para finales de 1983, el saldo de la deuda externa del sector público ascenderá, como máximo, a 63 mil 900 millones de dólares, en comparación con 58 mil 900 millones de dólares a finales de 1982. El incremento de 8.5% significa que el endeudamiento neto para el presente año se ajusta a los límites autorizados por el honorable Congreso de la Unión.

La política de endeudamiento interno, para 1984, observará lineamientos estrictos en cuanto a sus fuentes de financiamiento, a fin de combatir la inflación y utilizar racionalmente el ahorro financiero disponible. Simultáneamente las acciones se orientarán a reducir al mínimo posible el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal y del resto del sector público.

El presupuesto de la Federación, para el próximo ejercicio prevé requerimientos financieros netos del orden de 1 billón 524 mil millones de pesos, aproximadamente 5.5 por ciento del producto interno bruto y que representa el 13 por ciento del gasto total del sector público presupuestal.

En virtud de las consideraciones expuestas y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública, se solicita al honorable Congreso de la Unión que, al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al año de 1984, autorice un endeudamiento adicional por esa cantidad. Esta solicitud incluye un endeudamiento externo neto equivalente a 670 mil millones de pesos - o sea, 4 mil millones de dólares - y 854 mil millones de pesos de endeudamiento interno neto adicional. De este modo, 1 billón 168 mil millones de pesos serán destinados a financiar el déficit neto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el resto a la intermediación financiera y al sector paraestatal no incluido en el Presupuesto.

Además, se solicita autorización para ejercer hasta 277 mil millones de pesos de crédito Público interno, para financiar, con recursos no inflacionarios, la Reserva Contingente para la Recuperación de la Actividad Económica, prevista en el artículo 6o. de la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984. En el caso de que se requiera ejercerla, servirá para llevar a cabo programas de creación de empleos y apoyar la inversión de los sectores social y privado.

Departamento del Distrito Federal

La política de ingresos del Departamento del Distrito Federal se mantuvo rezagada durante muchos años con respecto a los egresos. De tal forma, sus finanzas pasaron a depender de manera creciente de los financiamientos y apoyos del Gobierno Federal. A partir de 1983, se inicia un proceso de reestructuración de las finanzas del Departamento con la aprobación de su nueva Ley de Hacienda. Esta ha permitido una evolución más favorable de sus ingresos propios durante este año, cuyos beneficios se extenderán a 1984.

En la segunda mitad de 1982, se comenzó el proceso de instrumentación de los criterios de revaluación de valores catastrales, que había aprobado el Congreso de la Unión el año anterior. La experiencia recogida desde entonces permite sugerir, en esta ocasión, ajustes para que la aplicación de este tributo resulte más equitativa y eficaz.

También se presentan modificaciones en el renglón de derechos y otros rubros, buscando mantener y fortalecer la dinámica de sus ingresos. La mayoría de los cambios que se proponen responden a necesidades detectadas para una más adecuada administración y aplicación de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.

En consecuencia, se estima que el Departamento del Distrito Federal generará un poco más222 mil millones de pesos de ingresos, lo que implica un crecimiento de 42% con respecto a los obtenidos durante 1983.

Durante el año de 1983, el Ejecutivo Federal, en uso de la facultad conferida en la Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificó, creó y suprimió diversas fracciones de las tarifas generales de los impuestos de importación y exportación, como se explica en el informe anexo a la presente, en donde se aprecian los motivos en que se fundaron tales determinaciones, proponiéndose a esa H. Asamblea la aprobación de las mismas, en los términos del artículo segundo transitorio de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 1983.

En atención a las consideraciones que contiene la presente exposición de motivos y a efecto de que el H. Congreso de la Unión tenga conocimiento de los recursos con los que se financiará el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, me permito someter a esa representación nacional la estimación que aparece parcialmente en las distintas fracciones del artículo 1o. de la Ley, integrando el total de dichos recursos.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1984

Artículo primero. En el ejercicio fiscal de 1984, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

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cuando en una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, se contengan disposiciones que señalen un diverso ingreso, este último se considerará comprendido en la fracción de este precepto que corresponda al primero.

Artículo 2o. se autoriza al ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos u otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, que no rebasen los montos netos de 854 mil millones de pesos por endeudamiento interno y de 670 mil millones de pesos por endeudamiento externo, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para ejercer hasta 277 mil millones de pesos, de crédito público interno, para financiar con recursos no inflacionarios, la Reserva Contingente para la Recuperación de la Actividad Económica, prevista en el artículo 6o. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984, en el caso de que se requiera ejercerlo para llevar a cabo programas de creación de empleos y para apoyar la inversión de los sectores social y privado.

Asimismo se faculta al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan.

También queda autorizado el Ejecutivo para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria, en los términos de la referida Ley General de Deuda Pública.

Del ejercicio de estas facultades dará cuenta el Ejecutivo oportunamente al Congreso de la Unión especificando las características de las operaciones realizadas.

Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para:

I. Fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, respecto a los bienes federales aportados o asignados para su exportación, o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

II. Expedir las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por esta Ley en materia de estímulos y subsidios fiscales.

Artículo 4o. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, de acuerdo con las disposiciones que los establecen, exceptuado el impuesto sobre la renta, y de conformidad con las reglas que a continuación se señalan:

I. Derecho sobre hidrocarburos:

A cuenta de este derecho enterará como mínimo diariamente, incluyendo los días inhábiles, 500 millones de pesos durante el primer semestre del año y 700 millones de pesos en el segundo semestre y además mensualmente, 48,000 millones de pesos, durante el primer semestre del año y 60,230 millones de pesos en el segundo semestre, los que deberá pagar el último día hábil de cada mes.

II. Impuesto especial sobre producción y servicios:

A cuenta de este impuesto, por la enajenación de gasolina y diesel, enterará como mínimo diariamente, incluyendo los días inhábiles, 900 millones de pesos durante el primer semestre del año y 1,100 millones de pesos en el segundo semestre, los que acreditará en los pagos provisionales que establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el mes inmediato posterior a aquél en que fueren enterados, debiendo presentar la

declaración de pago provisional a más tardar el último día hábil de cada mes.

El Banco de México deducirá los pagos diario y mensual que establecen las dos fracciones anteriores, de los depósitos que Petróleos Mexicanos debe hacer en dicha Institución conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica del propio banco y los concentrará en la Tesorería de la Federación.

III. Impuesto al valor agregado:

Efectuará los pagos provisionales de este impuesto en la Tesorería de la Federación de acuerdo con lo establecido por la ley respectiva, pudiendo realizar ajustes trimestrales sin que causen recargos las diferencias que en su caso resulte.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para variar el monto de los pagos provisionales a que se refieren las tres fracciones anteriores, cuando exista un incremento en los ingresos de Petróleos Mexicanos que así lo amerite.

IV. Contribuciones causadas por la importación de mercancías:

Determinará los impuestos a la importación y las demás contribuciones que cause con motivo de las importaciones que realice, debiendo pagarlos ante la citada Tesorería de la Federación, dentro del segundo mes posterior a aquel en que se efectúe la importación, mediante declaración en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los derechos de atraque, muelle y puerto se determinarán y pagarán en los términos de la Ley Federal de Derechos.

V. Impuestos a la exportación.

Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Reglamentaria del párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución, establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo y gas natural, y sus derivados, Petróleos Mexicanos, los deberá determinar y pagar mensualmente por las exportaciones que realice, mediante declaración en la forma oficial aprobada por la citada Secretaría.

Petróleos Mexicanos presentará las declaraciones, hará los pagos y seguirá cumpliendo con la obligación de retener y enterar los créditos fiscales a cargo de terceros, incluyendo los establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos que señalan las leyes fiscales.

Asimismo, Petróleos Mexicanos presentará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los meses de abril, julio y octubre de 1984 y enero de 1985, una declaración en la que informará sobre la totalidad de los pagos por contribuciones y sus accesorios, productos y aprovechamientos a su cargo, efectuados en el trimestre anterior, empleando la forma oficial aprobada por la propia Secretaría.

Artículo 5o. En los casos de prórrogas para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 3.5% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año de 1984.

Artículo 6o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Artículo 7o. Durante el año de 1984, en materia de impuestos al comercio exterior se aplicarán las siguientes normas:

I. Importación:

El 80% de la recaudación del impuesto establecido en el apartado B de la fracción I del artículo 35 de la Ley Aduanera se destinará a incrementar, los fideicomisos constituidos en el Banco de México, para el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y para el equipamiento industrial, así como para la realización de otras operaciones análogas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los contratos de fideicomisos respectivos en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984. El 20% restante de la recaudación se destinará al organismo oficial que tenga como fin la promoción del comercio exterior del país, su fomento y la prestación de asesoría en esta materia.

El impuesto señalado en el párrafo anterior no se pagará por las mercancías a que se refieren las siguientes fracciones de la Ley del Impuesto General de Importación:

01.02.A.001 01.02.A.002 01.03.A.001

01.04.A.001 01.04.A.002 01.04.A.003

01.05.A.001 02.01.A.004 02.01.A.005

04.01.A.001 04.02.A.001 04.02.A.003

04.02.A.004 04.02.A.005 04.02.A.999

04.03.A.003 04.05.A.001 04.05.A.002

04.05.A.999 05.04.A.001 05.04.A.999

05.14.A.002 05.15.A.001 06.02.A.002

06.02.A.003 06.02.A.007 06.02.A.008

06.02.A.009 06.02.A.010 06.02.A.011

06.02.A.012 06.01.A.013 07.01.A.002

07.01.A.008 07.05.A.002 07.05.A.003

07.05.A.004 07.05.A.999 10.01.A.001

10.03.A.002 10.03.A.999 10.04.A.001

10.04.A.002 10.05.A.002 10.05.A.004

10.06.A.001 10.07.A.001 10.07.A.002

12.01.A.002 12.01.A.003 12.01.A.005

12.01.A.006 12.01.A.007 12.01.A.008

12.01.A.009 12.01.A.999 12.02.A.001

12.02.A.999 12.03.A.001 12.03.A.003

12.03.A.004 12.03.A.005 12.03.A.006

12.03.A.007 12.03.A.008 12.03.A.009

12.03.A.010 12.03.A.011 12.03.A.012

12.03.A.013 12.03.A.014 12.03.A.015

12.03.A.016 12.03.A.017 12.03.A.018

12.03.A.019 12.03.A.020 12.03.A.021

12.03.A.022 12.03.A.023 12.03.A.024

12.03.A.025 12.03.A.999 12.10.A.001

12.10.A.999 15.01.A.001 15.02.A.001

15.07.A.001 15.07.A.003 15.07.A.008

15.07.A.009 15.07.A.014 15.07.A.999

17.01.A.001 17.02.A.001 23.01.A.001

23.01.A.002 23.02.A.001 23.03.A.001

23.03.A.002 23.03.A.999 23.04.A.001

23.06.A.001 23.07.A.001 23.07.A.002

23.07.A.005 23.07.A.007 23.07.A.009

23.07.A.010 23.07.A.999 25.04.A.001

25.07.A.007 25.10.A.001 25.24.A.001

25.24.A.002 25.28.A.001 26.01.A.001

26.01.A.002 26.01.A.003 26.01.A.004

26.01.A.005 26.01.A.006 26.01.A.008

27.01.A.001 27.02.A.001 27.04.A.001

27.07.A.001 27.08.A.001 27.10.A.001

27.10.A.002 27.10.A.003 27.10.A.004

27.10.A.006 27.10.A.009 27.10.A.011

27.10.A.017 27.11.A.001 27.11.A.002

27.11.A.003 27.11.A.004 27.14.A.002

27.17.A.001 28.01.A.004 28.03.A.001

28.04.A.001 28.05.A.001 28.08.A.001

28.20.A.001 28.20.A.002 28.28.A.011

29.01.A.001 29.01.A.003 29.01.A.008

29.01.B.001 29.01.B.002 29.01.B.003

29.01.B.004 29.01.B.010 29.01.B.012

29.01.B.014 29.02.A.001 29.02.A.025

29.02.A.026 29.04.A.003 29.08.A.021

29.09.A.001 29.09.A.002 29.11.A.001

29.23.A.065 29.23.A.074 29.23.A.079

29.27.A.003 29.38.A.008 29.44.A.003

29.44.A.005 29.44.A.006 29.44.A.022

30.02.A.003 30.02.A.020 31.01.A.001

31.02.A.001 31.02.A.002 31.02.A.003

31.02.A.004 31.02.A.005 31.02.A.999

31.03.A.001 31.04.A.001 31.04.A.002

31.04.A.003 31.04.A.999 31.05.A.001

31.05.A.002 31.05.A.003 31.05.A.005

31.05.A.999 32.09.A.001 32.11.A.001

32.13.A.004 37.05.A.001 37.05.A.002

38.19.A.048 38.19.A.073 38.02.B.020

39.02.B.021 39.07.A.001 40.01.A.001

40.01.A.002 40.11.A.006 40.11.A.007

40.11.B.004 41.01.A.001 41.01.A.002

41.01.A.003 41.01.A.004 41.01.A.006

41.01.A.007 41.01.A.008 41.01.A.999

41.03.A.001 41.04.A.001 41.04.A.999

44.05.A.003 44.07.A.001 44.13.A.001

47.01.A.001 47.01.A.002 47.01.A.003

47.01.A.005 47.01.A.006 47.01.A.008

47.01.A.999 47.02.A.001 47.02.A.002

48.01.A.001 48.01.A.002 48.01.A.003

48.01.A.004 48.01.A.999 48.01.B.004

48.01.F.004 49.01.A.001 49.01.A.002

49.01.A.004 49.01.A.005 49.01.A.007

49.01.A.003 49.01.A.999 49.02.A.001

49.04.A.001 49.05.A.001 49.05.A.002

49.06.A.001 49.07.A.001 49.07.A.003

49.07.A.004 49.11.A.001 49.11.A.003

49.11.A.008 49.11.A.001 49.11.A.011

73.01.A.001 73.03.A.001 73.03.A.002

73.03.A.003 73.03.A.004 73.03.A.005

73.03.A.006 73.03.A.999 73.13.A.003

73.13.A.009 73.16.A.001 73.16.A.002

73.16.A.004 73.40.A.030 74.01.A.001

74.01.A.004 74.01.A.005 74.01.A.006

74.19.A.010 *75.01.A.001 *75.02.A.001

76.01.A.001 76.01.A.002 76.01.A.003

76.01.A.004 76.02.A.005 80.01.A.001

80.01.A.003 84.06.A.002 84.06.A.005

84.06.A.012 84.06.B.019 84.10.A.006

84.10.B.008 84.11.A.010 84.11.B.005

84.17.A.002 84.18.B.008 84.18.C.003

84.19.A.031 84.21.A.003 84.21.A.011

84.22.A.013 84.23.A.020 84.24.A.001

84.24.A.002 84.24.A.003 84.24.A.004

84.24.A.005 84.24.A.006 84.24.A.007

84.24.A.008 84.24.A.999 84.24.B.001

84.24.B.002 84.24.B.003 84.24.B.999

84.25.A.004 84.25.A.005 84.25.A.010

84.25.A.011 84.25.A.012 84.25.A.013

84.25.A.021 84.25.A.022 84.25.A.023

84.25.B.006 84.25.B.999 84.25.C.001

84.25.C.004 84.25.C.005 84.26.A.004

84.26.A.006 84.26.B.002 84.28.A.012

84.61.A.007 84.61.B.004 84.63.A.008

84.63.B.004 84.64.A.003 84.65.A.005

85.01.A.010 85.01.B.025 85.08.A.010

85.16.A.001 86.02.A.001 86.03.A.001

86.04.A.001 86.05.A.001 86.05.A.002

86.05.A.999 86.06.A.001 86.06.A.002

86.07.A.001 86.07.A.002 86.07.A.003

86.07.A.999 86.09.A.001 86.09.A.002

86.09.A.003 86.09.A.004 86.09.A.005

86.09.A.006 86.09.A.007 86.09.A.008

86.09.A.009 86.09.A.011 86.09.A.012

86.09.A.013 86.09.A.999 86.10.A.002

87.01.A.002 87.03.A.001 87.03.A.004

87.06.A.009 87.06.A.085 87.08.A.001

87.14.A.007 88.02.A.002 88.02.A.008

88.03.A.001 89.01.A.004 89.01.A.005

89.01.A.006 89.01.A.007 89.02.A.001

89.02.A.002 89.03.A.001 89.03.A.002

89.03.A.999 89.04.A.001 90.14.A.005

92.12.A.006 92.12.A.012 93.03.A.001

9.86.A.003 ----------------- -----------------

* Cuando sean importados por el Banco de México.

Tampoco se pagará el impuesto de referencia por la importación de mercancía proveniente y originarias de países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cuando le sean aplicables las fracciones con tratamiento preferencial en virtud del Tratado de Montevideo, hasta en tanto subsiste dicho tratamiento y, en su caso, las mercancías provenientes y originarias de países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, si a su importación le son aplicables las fracciones que gocen de preferencias arancelarias conforme al Tratado que instituyó a esta última asociación.

II. Exportación:

No se pagarán los impuestos a la exportación por las mercancías a que se refieren las siguientes fracciones de la Ley del Impuesto General de Exportación:

27-09-a-01 27-10-a-06 27-12-a-01

27-09-a-99 27-10-a-99 27-13-a-01

27-10-a-01 27-11-a-01 27-13-a-02

27-10-a-02 27-11-a-02 27-13-a-99

27-10-a-03 27-11-a-03 27-14-a-01

27-10-a-04 27-11-a-04 27-14-a-02

27-10-a-05 27-11-a-99 27-14-a-99

Artículo 8o. El Impuesto a la exportación y sus adicionales, se aplicará invariablemente en los casos de algodón, café y camarón, con base en su precio oficial.

Artículo 9o. Las cantidades que se recauden por los diversos ingresos fiscales que establece esta Ley, se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros

de las oficinas recaudadoras y de la propia Tesorería, como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Como excepción a lo previsto en el párrafo que antecede, las cantidades correspondientes a las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudadas por las oficinas de los propios Institutos y por las Instituciones de Crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que se concentren en la Tesorería de la Federación, cumpliendo con los requisitos contables respectivos y debiendo reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Las cantidades correspondientes a los abonos retenidos a trabajadores por patrones, para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores podrán ser recaudadas por las oficinas del propio Instituto y las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que se concentren en la Tesorería de la Federación cumpliendo con los requisitos a que se refiere la última parte del párrafo anterior.

Artículo 10. Se aplicará el régimen establecido en la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, a los ingresos que perciban los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que estuvieran sujetos a control presupuestal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984, entre las que se comprende a:

Petróleos Mexicanos.

Comisión Federal de Electricidad.

Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Ferrocarriles Nacionales de México.

Ferrocarriles del Pacífico, S. A. de C. V.

Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S. A. de C. V.

Ferrocarriles Unidos del Sureste, S. A. de C. V.

Ferrocarril Sonora - Baja California, S. A. de C. V.

Aeronaves de México, S. A.

Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

Instituto Mexicano del Café.

Productos Forestales Mexicanos.

Forestal Vicente Guerrero.

Fertilizantes Mexicanos, S. A.

Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

Diesel Nacional, S. A.

Siderúrgica Nacional, S. A.

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A., y

Productora e Importadora de Papel, S. A.

Artículo 11. Cuando los organismos y empresas propiedad del Gobierno Federal, incrementen sus ingresos como efecto de aumentos en la productividad o modificación en sus precios y tarifas, los recursos así obtenidos serán aplicados prioritariamente a reducir el endeudamiento neto del organismo o empresa de que se trate, o a los programas a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 12. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda otorgar los siguientes:

I. Estímulos y subsidios a:

a) El sector agropecuario.

b) El sector pesquero.

c) El abasto de productos básicos.

d) La producción de aguas envasadas y refrescos de marcas nacionales.

e) La importación de materias primas cuya oferta es insuficiente.

f) La importación de artículos de consumo a las franjas fronterizas y zonas libres del país, por las empresas y centros comerciales establecidos en ellas.

g) La importación de equipo y maquinaria a las franjas fronterizas y a las zonas libres del país, por las empresas y centros comerciales establecidos en ellas para instalarlos en dichas empresas o centros comerciales.

h) La importación de equipo y aditamentos para evitar, controlar y disminuir la contaminación ambiental, que efectúan directamente los industriales nacionales para instalarlos en sus fábricas.

i) La investigación científica y al desarrollo tecnológico.

j) Las nuevas inversiones en la industria terminal automotriz y en la industria de autopartes.

k) La industria editorial.

l) La marina mercante.

m) El turismo.

n) Otras actividades prioritarias en los términos del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas.

II. Subsidios respecto de los impuestos federales, en relación a los contratos de compraventa de petróleo que celebran el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos para integrar el patrimonio del fideicomiso para la Emisión de Certificados de Participación ordinarios, denominados "Petrobonos".

III. Subsidios a la exportación de artículos primarios, de productos manufacturados y de servicios y venta de tecnología.

Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidas para fomentar las exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las franjas fronterizas y a las zonas libres del país, en los por cientos o cantidades otorgados o pagados, en su caso, durante el ejercicio fiscal anterior.

Los estímulos o subsidios que conceda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de este artículo, en ningún caso afectarán las participaciones que correspondan a las entidades federativas o municipios, ni tampoco afectarán a las contribuciones destinadas a un fin específico.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conceder los estímulos a que se refiere este artículo, escuchará la opinión de las dependencias competentes en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar a las empresas de la industria terminal automotriz el subsidio a que se refiere el artículo anterior en su fracción I, inciso j) de esta Ley, hasta por el 100% del Impuesto General de Importación que cause la maquinaria y equipos nuevos para la fabricación de automóviles, camiones, tractocamiones y autobuses integrales.

Para ser beneficiarios de los subsidios señalados, las empresas de la industria terminal automotriz deberán cumplir previamente con el presupuesto de divisas conforme a lo dispuesto por el Decreto de Racionalización de la Industria Automotriz y por las reglas que sobre el particular fije la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz. Al mismo tiempo deberán observar los grados mínimos de integración nacional que establece el citado Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar subsidios hasta por el 100% del impuesto general de importación en favor de las empresas de la industria de autopartes que causen la maquinaria y equipo nuevos que sean destinados a la fabricación de componentes, conforme a las reglas que emita dicha Secretaría, escuchando a la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz.

Artículo 14. Durante el año de 1984, se suspende la vigencia de las disposiciones que concedan exenciones de impuestos o de derechos federales, excepto las exenciones señaladas en las leyes que establecen dichos impuestos y derechos y las previstas en el Código Fiscal de la Federación.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor en toda la República el 1o. de enero de 1984.

Artículo segundo. Se aprueban las modificaciones a las Tarifas de Impuesto a la Exportación y a la Importación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año de 1983, a las que se refiere el Informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional y su Ley Reglamentaria, ha rendido el propio Ejecutivo al H. Congreso de la Unión.

Ruego a ustedes, CC. Secretarios, se sirvan dar cuenta de esta Iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Miguel de la Madrid H."

El C. Presidente: -En virtud de que estos documentos se están distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darles el trámite correspondiente.

"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley Reglamentaria del párrafo 2o. de dicho precepto Constitucional, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la aprobación del H. Congreso de la Unión el uso que durante el presente año fiscal ha hecho de las facultades que tiene concedidas en materia arancelaria, por virtud de las normas legales secundarias citadas.

En el año de 1983 se apoyan las medidas de racionalización de las importaciones y de reducción de la inflación que ayudan a mantener la planta productiva y el empleo y a la sustitución eficiente y selectiva de las importaciones. Al mismo tiempo en coordinación con otros instrumentos y políticas del Ejecutivo Federal, la política arancelaria se orienta a promover la actividad exportadora y a reducir el sesgo antiexportador de la economía en su conjunto.

A efecto de cumplir lo anterior, en el presente año fiscal y en atención al Programa de Reordenamiento de la Economía, el Programa de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo, el Programa de Apoyo a las Exportaciones y al Plan Nacional de Desarrollo, como instrumentación de la política arancelaria se modifica el arancel a 2,695 fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación, donde se eleva la tasa arancelaria en 56 para proteger la fabricación nacional y desestimular las importaciones. Bajo estas medidas se reduce la tasa impositiva a 2,639 fracciones consideradas prioritarias para el mantenimiento de la planta industrial y los niveles de empleo y relativas principalmente a bienes intermedios y productos alimenticios.

Con el propósito de racionalizar la protección y darle uniformidad y homogeneidad a la Tarifa del Impuesto General de Importación, en complemento a las modificaciones de la tasa impositiva se crean 36 fracciones; se modifica el texto a 46; se modifica la unidad de aplicación a 2 y se derogan 19.

Para dar cumplimiento a los compromisos contraídos por nuestro país como signatario del Tratado de Montevideo 1980, en la renegociación del Patrimonio Histórico de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se mantienen las concesiones otorgadas en la Lista Nacional de México y en las Listas de Ventajas no Extensivas (actualmente Acuerdo Parcial número 26), para los países no andinos:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, las cuales comprenden 1378 fracciones, efectuándose ajustes sobre 162 fracciones; fueron renegociados 8 Acuerdos Parciales de naturaleza comercial (con vigencia preestablecida), para 461 fracciones; se prorroga la vigencia de los 5 Acuerdos Parciales con países del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, abarcando 1 001 fracciones; se adecuan 11 acuerdos de Complementación a Acuerdos de Alcance Parcial de naturaleza Comercial, con diferentes fechas de renegociación, conforme al Tratado de Montevideo 1980, realizándose ajustes a 132 fracciones; por último, se concluye la negociación de dos Acuerdos Regionales de Apertura de Mercados a favor de las Repúblicas de Bolivia y del Ecuador.

En total, las modificaciones arancelarias a la Tarifa del Impuesto General de Importación, en este periodo, se efectúan sobre 2,814 fracciones en las siguientes fechas:

El 17 de enero del año en curso se modifican 1,896 fracciones al reducir el arancel a 1,860, incrementarlo a 29, crear una y modificar el texto a 6.

El 6 de abril se efectúan 119 modificaciones arancelarias al reducir el arancel a 96, elevarlo a una, crear 5 fracciones, modificar el texto de 9, modificar la unidad de aplicación a 2, negociar la Tarifa diferencial por Lista Nacional de México a 5 y una por Acuerdo de Complementación Industrial.

El 19 de mayo se modifican 664 fracciones, al reducir el arancel a 652, elevarlo en 2, crear 7 fracciones, cambiar el texto a una, modificar la Tarifa diferencial a una por Lista Nacional e incorporarla a otra por Acuerdo de Complementación Industrial.

El 5 de julio se realizan 35 modificaciones arancelarias, al reducir la tasa impositiva a 12, elevarla en 5, crear 8 y modificar el texto a 7, derogar 2 y negociar la Tarifa diferencial por Lista Nacional de México a una.

El 12 de septiembre se modifican 32 fracciones, de las cuales se reduce el arancel a 8, se eleva en 6, se crean 3 fracciones, se modifica el texto a 6, se derogan 7, se restituye la negociación en Lista Nacional de México a una fracción y se incorpora a otra la negociación de Acuerdo de Complementación.

El 8 de noviembre se efectúan modificaciones a 37 fracciones arancelarias, donde se reduce la tasa impositiva a 7, se eleva a 6, se crean 6 fracciones, se modifica el texto de 9, se derogan 6 y se negocia la Tarifa diferencial por Lista Nacional de México en 2 y por Acuerdo de Complementación Industrial en una.

En el mes de noviembre se modifican 31 fracciones, al crear 6, aumentar el arancel a 7, disminuirlo en 4, modificar el texto a 8, derogar 4 y negociar la Tarifa diferencial por Acuerdo de Complementación Industrial en 2.

En la Tarifa del Impuesto General de Exportación se efectúan 116 modificaciones que se llevan a cabo en las fechas siguientes:

El 3 de mayo se modifica la tasa ad valorem de 45 fracciones relativas principalmente a productos minerales no metálicos, productos pesqueros, productos químicos y productos metálicos, y se crea una fracción para facilitar la exportación de polisulfuro de amonio y calcio.

El 29 de junio se modifican 10 fracciones, relativas al café y sus productos, de los cuales se exentan de la tasa ad valorem 8 y se reduce al arancel a 2.

El 12 de septiembre se crea una fracción, para la exportación de mezcal, se modifica el texto a 2 fracciones relativas al aguardiente y a propelentes purificados y licuados a base de propano, butano e isopropano y se gravó una fracción relativa a desperdicios o chatarra.

El 24 de octubre se crean 4 fracciones relativas a chile (pimiento) dulce, camarón y langosta se modifica el arancel a 2 fracciones relativas a café crudo en grano y se grava a 7 fracciones relativas a langosta, abulón y camarón con el propósito de controlar la evasión del control de cambios, se cambia el régimen de exportación de prohibida a exenta en 3 fracciones y se derogan 9.

En el mes de noviembre se grava con un impuesto ad valorem del 1 porciento a 31 fracciones relativas a legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas para evitar el ilícito de la subfacturación que impide el ingreso al país de las divisas que genera la exportación de estos productos.

Anexo al presente se envía una relación de los Decretos relativos a las modificaciones arancelarias detalladas con antelación.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

"DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 17 DE ENERO DE 1983

IMPORTACIÓN

1. Creación de fracciones. 85.15.B.025

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

29.13.A.009 84.60.A.003 87.06.A.007

29.35.B.045 85.06.A.0103 87.12.A.0013 70.08.A.005 85.06.A.0123 90.28.B.049

70.13.A.001 85.06.A.0143 92.12.A.007

70.13.A.002 85.06.A.999 92.12.A.015

82.04.A.0293 85.15.B.020 92.12.A.016

83.07.A.007 85.17.A.002 92.13.A.0013 6 84.25.A.014 85.20.A.999 92.13.A.0043 84.33.A.018 85.20.B.0063 92.13.A.0053 6 84.41.A.009 85.21.A.023

b) Reducción.

02.01.A.999 05.09.A.003 08.03.A.002

02.06.A.0013 05.13.A.001 08.05.A.999

02.06.A.999 05.15.A.0023 08.09.A.001

04.01.A.001 06.02.A.001 08.10.A.001

04.02.A.002 06.02.A.004 09.06.A.001

04.02.A.0033 06.02.A.005 09.10.A.999

04.02.A.0043 06.02.A.006 10.03.A.9992

04.02.A.0053 06.02.A.999 10.06.A.0013

04.02.A.999 06.04.A.002 11.01.A.001

04.05.A.002 07.03.A.999 11.02.A.0013

04.05.A.999 08.02.A.001 11.02.A.999

11.04.A.004 15.16.A.0023 27.04.A.002

11.04.A.999 16.04.A.0073 27.07.A.002

11.05.A.001 17.02.A.001 27.07.A.006

11.09.A.001 17.02.A.0023 27.07.A.010

12.01.A.001 17.02.A.004 27.10.A.018

12.04.A.001 17.03.A.002 27.11.A.005

12.07.A.005 19.02.A.0013 27.12.A.001

12.08.A.001 19.02.A.999 27.16.A.001

12.08.A.002 20.02.A.999 27.03.A.002

13.02.A.003 21.06.A.0013 28.04.A.0023

13.02.A.004 21.06.A.002 28.04.A.003

13.02.A.0073 21.06.A.999 28.04.A.005

13.03.A.011 21.07.A.004 28.04.A.999

13.03.A.0013 21.07.A.005 28.05.A.999

13.03.A.002 21.07.A.006 28.06.A.0023

13.03.A.016 22.08.A.001 28.06.A.0033

13.03.A.018 22.09.A.001 28.06.A.0043

13.03.A.0203 22.10.A.001 28.09.A.003

14.03.A.001 25.05.A.0013 28.10.A.002

15.04.A.999 25.07.A.006 28.10.A.999

15.05.A.001 25.10.A.999 28.12.A.004

15.07.A.001 25.11.A.999 28.13.A.0033

15.07.A.003 25.19.A.0033 28.13.A.0043

15.07.A.004 25.30.A.0013 28.13.A.009

15.07.A.008 25.30.A.0023 28.13.A.0103

15.10.A.0063 25.30.A.0033 28.13.A.0113

15.10.A.0113 25.30.A.0043 28.13.A.012

15.10.A.014 25.30.A.005 28.13.A.013

15.11.A.001 25.30.A.006 28.13.A.014

15.12.A.001 25.30.A.999 28.13.A.999

15.12.A.0024 25.31.A.001 28.15.A.002

15.13.A.001 25.31.A.002 28.16.A.0013

15.13.A.002 25.31.A.0033 28.16.A.0033

15.13.A.999 25.31.A.999 28.16.A.0043

15.15.A.0013 26.03.A.004 28.17.A.0023

15.16.A.0013 26.03.A.999 28.17.A.003

28.17.A.999 28.38.A.0093 28.45.A.999

28.18.A.002 28.38.A.0103 28.46.A.0023

28.18.A.003 28.38.A.012 28.46.A.0033

28.18.A.999 28.38.A.013 28.46.A.999

28.20.A.004 28.38.A.0153 5 28.47.A.001

28.21.A.001 28.38.A.0163 28.47.A.999

28.23.A.001 28.38.A.017 28.48.A.001

28.25.A.001 28.38.A.018 28.48.A.002

28.28.A.001 28.38.A.019 28.48.A.004

28.28.A.002 28.39.A.003 28.48.A.0053

28.28.A.0063 28.39.A.004 28.48.A.006

28.28.A.0083 28.39.A.0053 28.48.A.999

28.28.A.0123 28.39.A.999 28.52.A.0013

28.28.A.0133 28.40.A.001 28.52.A.999

28.28.A.0143 28.40.A.002 28.54.A.001

28.28.A.017 28.40.A.003 28.55.A.001

28.29.A.0033 28.40.A.0053 28.55.A.999

28.29.A.0063 28.40.A.0063 28.56.A.0013 28.29.A.999 28.40.A.007 28.56.A.0023

28.30.A.002 28.40.A.008 28.58.A.005

28.30.A.0093 28.40.A.010 29.01.A.006

28.30.A.012 28.40.A.011 29.02.A.008

28.30.A.023 28.40.A.012 29.02.A.016

28.30.A.999 28.40.A.014 29.02.A.017

28.31.A.0033 28.42.A.001 29.02.B.005

28.32.A.999 28.42.A.0033 29.02.B006

28.31.A.0023 28.42.A.005 29.02.B.010

28.35.A.999 28.42.A.006 29.02.B.999

28.37.A.0013 28.42.A.007 29.03.A.001

28.37.A.003 28.42.A.008 29.03.A.004

28.37.A.999 28.42.A.009 29.03.A.999

28.38.A.0023 28.42.A.0103 29.04.A.0053

28.38.A.004 28.43.A.004 29.04.A.006

28.38.A.005 28.43.A.999 29.04.A.015

28.38.A.006 28.45.A.002 29.04.A.027

28.38.A.0073 28.45.A.003 29.04.A.030

29.04.A.033 29.08.A.026 29.14.A.034

29.05.A.003 29.08.A.027 29.14.A.035

29.05.A.005 29.08.A.029 29.14.A.036

29.05.A.999 29.08.A.031 29.14.A.037

29.05.B.0033 29.10.A.003 29.14.A.038

29.05.B.006 29.10.A.004 29.14.A.041

29.05.B.008 29.11.A.010 29.14.A.042

29.05.B.999 29.11.A.0113 29.14.A.045

29.06.A.001 29.11.A.012 29.14.A.046

29.06.A.001 29.11.A.014 29.14.A.047

29.06.A.003 29.11.A.015 29.14.A.048

29.06.A.004 29.11.B.999 29.14.A.049

29.06.A.005 29.13.A.001 29.14.A.050

29.06.A.010 29.13.A.005 29.14.A.052

29.06.A.012 29.13.A.0103 29.14.A.053

29.06.A.013 29.13.A.013 29.14.A.054

29.06.A.016 29.13.A.014 29.14.A.056

29.06.A.0173 29.13.A.015 29.14.A.057

29.06.A.019 29.13.A.017 29.14.A.059

29.06.A.0201 29.13.A.018 29.14.A.060

29.06.A.021 29.13.A.020 29.14.A.065

29.07.A.004 29.13.A.022 29.14.A.070

29.07.A.005 29.14.A.008 29.14.A.072

29.08.A.007 29.14.A.013 29.14.A.074

29.08.A.009 29.14.A.015 29.14.A.075

29.08.A.010 29.14.A.018 29.14.A.076

29.08.A.011 29.14.A.019 29.14.A.082

29.08.A.012 29.14.A.0203 29.14.A.083

29.08.A.013 29.14.A.0213 29.14.A.084

29.08.A.014 29.14.A.0223 29.14.A.086

29.08.A.016 29.14.A.023 29.14.B.001

29.08.A.017 29.14.A.025 29.14.B.002

29.08.A.019 29.14.A.028 29.14.B.003

29.08.A.023 29.14.A.030 29.14.B.005

29.08.A.0243 29.14.A.032 29.15.A.009

29.08.A.025 29.14.A.033 29.15.A.01235

29.15.A.0193 29.16.A.055 29.23.A.037

29.15.A.022 29.16.A.0561 3 29.23.A.039

29.15.A.023 29.16.A.057 29.23.A.040

29.15.A.025 29.16.A.058 29.23.A.041

29.15.B.001 29.16.B.0023 29.23.A.042

29.16.A.0063 6 629.16.B.008 29.23.A.045

29.16.A.0103 29.16.B.010 29.23.A.053

29.16.A.011 29.19.A.004 29.23.A.055

29.16.A.012 29.19.A.005 29.23.A.056

29.16.A.014 29.19.A.006 29.23.A.058

29.16.A.016 29.19.A.010 29.23.A.059

29.16.A.0173 29.19.A.014 29.23.A.060

29.16.A.018 29.21A.013 29.23.A.062

29.16.A.019 29.22.A.013 29.23.A.063

29.16.A.0203 29.22.A.015 29.23.A.066

29.16.A.021 29.22.A.022 29.23.A.067

29.16.A.0233 29.22.A.028 29.23.A.069

29.16.A.0243 6 29.22.A.044 29.23.A.070

29.16.A.0293 29.22.A.055 29.23.A.071

29.16.A.0303 29.22.A.056 29.23.A.072

26.16.A.032 29.22.A.058 29.23.A.073

29.16.A.0336 29.23.A.0033 29.23.A.078

29.16.A.0353 5 29.23.A.006 29.23.A.083

29.16.A.037 29.23.A.0103 29.23.A.088

29.16.A.038 29.23.A.014 29.23.A.0891

29.16.A.039 29.23.A.0151 29.24.A.005

29.16.A.041 29.23.A.016 29.24.A.007

29.16.A.043 29.23.A.018 29.25.A.001

29.16.A.0443 29.23.A.019 29.25.A.051

29.16.A.045 29.23.A.022 29.25.A.052

29.16.A.046 29.23.A.023 29.25.A.067

29.16.A.047 29.23.A.025 29.26.A.003

29.16.A.048 29.23.A.027 29.26.A.008

29.16.A.049 29.23.A.028 29.26.A.016

29.16.A.050 29.23.A.033 29.28.A.005

29.16.A.054 29.23.A.036 29.30.A.002

29.31.A.0013 29.35.C.027 29.38.A.019

29.31.A.009 29.35.C.034 29.38.A.020

29.31.A.010 29.35.C.035 29.38.A.021

29.31.A.046 29.35.C.045 29.38.A.022

29.31.A.060 29.35.C.047 29.38.A.025

29.33.A.999 29.35.C.052 29.38.A.026

29.34.A.010 29.35.C.055 29.38.A.030

29.34.A.015 29.35.C.064 29.38.A.999

29.35.A.002 29.35.C.071 29.39.A.003

29.35.A.020 29.35.C.072 29.39.A.0043

29.35.A.021 29.35.C.082 29.39.A.008

29.35.A.025 29.35.C.086 29.39.A.014

29.35.A.028 29.35.C.091 29.39.A.015

29.35.A.031 29.35.C.092 29.39.A.016

29.35.A.033 29.35.C.093 29.39.A.023

29.35.A.035 29.35.C.094 29.39.A.0451

29.35.A.041 29.35.C.0971 29.39.A.052

29.35.A.057 29.35.C.098 29.39.A.061

29.35.B.0143 29.35.C.1023 5 29.39.A.063

29.35.B.026 29.35.C.1121 29.39.A.064

29.35.B.032 29.35.C.113 29.42.A.0046

29.35.B.043 29.35.C.116 29.42.A.0093

29.35.B.057 29.35.C.117 29.42.A.0213

29.35.B.061 29.35.C.119 29.42.A.0223 6

29.35.B.064 29.36.A.003 29.42.A.0323

29.35.B.067 29.36.A.014 29.42.A.0333

29.35.C.001 29.36.A.015 29.42.A.0343

29.35.C.003 29.36.A.017 29.42.A.035

29.35.C.004 29.36.A.021 29.44.A.015

29.35.C.005 29.38.A.003 29.44.A.016

29.35.C.010 29.38.A.004 29.44.A.019

29.35.C.014 29.38.A.006 29.44.A.020

29.35.C.015 29.38.A.0093 29.44.A.055

29.35.C.018 29.38.A.010 29.44.A.056

29.35.C.021 29.38.A.013 29.45.A.002

29.35.C.026 29.38.A.0153 29.45.A.999

30.01.A.0013 30.03.A.020 32.05.A.0023

30.01.A.0033 30.03.A.022 32.05.A.0033

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90.17.A.0263 90.27.A.0053 98.03.B.003

90.17.A.0293 90.28.A.0013 98.03.B.004

90.17.A.0373 90.28.A.006 98.03.B.005

90.17.A.041 90.28.A.0076 98.03.B.006

90.17.A.041 90.28.A.025 98.03.B.008

90.17.A.054 90.28.B.0023 98.03.B.010

90.17.A.061 90.28.B.010 98.03.B.999

90.17.A.066 90.28.B.050 98.16.A.001

90.17.A.0673 90.28.B.051

90.17.A.999 90.28.B.052

3. Modificación de Texto.

02.06.A.002 29.13.A.006 85.20.A.004

16.02.A.004 85.15.B.002 85.20.A.0323

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 6 DE ABRIL DE 1983

IMPORTACIÓN

1. Creación de fracciones.

29.02.B.013 74.04.A.003 84.63.B.006

39.01.C.011 84.42.A.017

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

29.35.C.0836

b) Reducción.

12.07.A.003 28.28.A.003 29.06.A.0177 13.02.A.0077 29.02.A.016 29.08.A.001

13.03.A.010 29.02.A.017 29.08.A.021

26.03.A.005 29.02.A.022 29.13.A.009

29.14.A.011 29.35.B.009 29.42.A.0134 8

29.14.A.012 29.35.B.0147 29.42.A.027

29.15.A.021 29.35.C.004 29.42.A.037

29.16.B.006 29.35.C.008 29.42.A.038

29.21.A.011 29.35.C.022 29.42.A.041

29.22.A.005 29.35.C.043 29.42.A.043

29.22.A.008 29.35.C.044 29.44.A.001

29.22.A.035 29.35.C.045 29.44.A.002

29.23.A.007 29.35.C.050 29.44.A.0038

29.23.A.0091 29.35.C.081 29.44.A.006

29.23.A.026 29.36.A.002 29.44.A.0228

29.23.A.054 29.36.A.020 29.44.A.039

29.23.A.065 29.36.A.022 29.44.A.044

29.23.A.071 29.38.A.005 29.44.A.046

29.23.A.074 29.38.A.008 30.03.A.005

29.23.A.079 29.38.A.013 35.01.A.001

29.25.A.0218 29.38.A.016 35.07.A.006

29.25.A.030 29.38.A.023 39.01.B.010

29.25.A.042 29.38.A.027 39.02.B.019

29.25.A.054 29.39.A.002 39.06.A.007

29.25.A.057 29.39.A.008 44.05.A.0031 8

29.31.A.021 29.39.A.014 44.13.A.001

29.31.A.047 29.39.A.0501 47.02.A.002

29.35.A.001 29.39.A.060 48.01.A.0021

29.35.A.041 29.39.A.0627 48.01.A.0031

29.35.A.042 29.41.A.004 48.01.A.0041

29.35.B.005 29.41.A.005 48.01.A.999

29.35.B.006 29.42.A.0097 48.20.A.001

Modificación de texto.

15.16.A.0027 29.23.A.015 30.03.A.0107

29.06.A.020 29.23.A.089 48.01.A.0017

29.06.A.021 29.36.A.021 84.63.A.041

4. Tarifa diferencial para Lista Nacional de México.

28.38.A.015 29.16.A.035 30.03.A.016

29.15.A.012 29.35.C.102

5. Modificación de la Tarifa diferencial por acuerdo de complementación.

85.26.A.004

6. Cambio de Unidad de Aplicación.

10.03.A.999 85.15.B.0056

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DE 1983

Importación

1. Creación de fracciones.

29.10.A.005 85.11.B.007 98.05.A.007

84.01.A.005 87.06.A.098

84.60.A.017 89.05.A.999

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

29.36.A.030 89.05.A.0011

b) Reducción.

05.05.A.001 5.17.A.001 38.19.B.001

05.12.A.002 5.17.A.002 39.01.A.028

05.12.A.003 9.02.A.003 39.01.B.007

05.12.A.999 2.01.A.002 39.01.B.011

09.09.A.001 5.12.A.001 39.01.B.017

11.04.A.001 5.16.A.0011 39.02.A.009

11.04.A.0028 6.03.A.001 39.02.B.002

11.04.A.003 8.15.A.999 39.02.B.029

11.08.A.001 8.28.A.004 39.03.B.004

13.02.A.006 8.28.A.016 39.03.B.015

13.02.A.008 8.38.A.021 39.03.B.016

13.02.A.010 8.40.A.015 40.01.A.0038 13.02.A.999 9.02.B.010 40.10.B.005

13.03.A.004 9.14.A.031 41.05.A.999

13.03.A.011 9.15.A.026 41.10.A.001

13.03.A.0198 9.23.A.0028 42.05.A.001

13.03.A.0218 9.23.A.061 42.05.A.999

13.03.A.0228 9.35.C.096 42.06.A.001

14.02.A.001 9.39.A.042 42.06.A.002

14.05.A.004 30.01.A.008 42.06.A.999

15.07.A.010 32.01.A.014 44.03.B.001

15.07.A.011 32.01.A.999 44.05.A.004

15.07.A.0128 32.04.A.999 44.09.A.002

15.07.A.017 32.08.A.999 44.09.A.004

15.10.A.0018 33.01.A.013 48.01.B.005

15.10.A.0038 34.04.A.004 48.01.E.001

15.10.A.0048 35.05.A.001 48.01.F.008

15.10.A.0058 36.04.A.005 48.15.A.016

15.10.A.0078 36.04.A.006 48.21.A.0038

15.10.A.009 37.01.A.007 48.21.A.0077 15.10.A.999 37.03.A.006 48.21.A.010

15.11.A.999 37.03.A.0088 49.11.A.014

15.15.A.003 37.05.A.999 51.01.A.001

15.15.A.999 38.03.A.002 51.01.A.0022 51.01.A.003 57.11.A.001 68.15.A.001

51.01.A.004 57.11.A.002 68.16.A.001

51.01.A.005 57.11.A.003 68.16.A.006

51.01.A.999 58.07.A.001 68.16.A.999

51.02.A.007 58.07.A.999 69.01.A.001

51.02.A.010 59.02.A.002 69.01.A.999

51.03.A.001 59.02.A.003 69.02.A.0017

51.03.A.002 59.02.A.004 69.02.A.002

51.03.A.003 59.02.A.999 69.02.A.003

51.03.A.004 59.06.A.001 69.02.A.004

51.03.A.005 59.06.A.999 69.02.A.999

51.03.A.999 59.12.A.002 69.03.A.001

51.04.A.001 59.12.A.003 69.03.A.003

51.04.A.002 59.12.A.004 69.03.A.004

51.04.A.003 59.12.A.999 69.03.A.005

51.04.A.004 59.14.A.002 69.03.A.008

51.04.A.005 59.14.A.003 69.03.A.013

51.04.A.006 59.15.A.002 69.03.A.014

51.04.A.007 59.17.A.003 69.03.A.999

51.04.A.008 59.17.A.004 69.09.A.001

51.04.A.013 59.17.A.006 69.09.A.007

51.04.A.999 59.17.A.010 70.01.A.002

53.08.A.0018 60.01.A.004 70.01.A.999

53.08.A.002 61.11.A.999 70.03.A.006

55.03.A.001 62.04.A.001 70.03.A.999

55.09.A.001 62.04.A.003 70.11.A.002

55.09.A.002 64.05.A.001 70.11.A.005

55.09.A.999 65.01.A.001 70.11.A.006

56.01.A.001 65.02.A.001 70.12.A.999

56.01.A.999 65.06.A.002 70.14.A.001

56.02.A.004 65.06.A.003 70.14.A.002

56.02.A.006 65.06.A.004 70.14.A.007

56.02.A.007 68.13.A.002 70.15.A.001

56.07.A.001 68.13.A.003 70.17.A.001

56.07.A.002 68.13.A.005 70.17.A.003

57.10.A.999 68.13.A.006 70.17.A.0056 70.17.A.010 73.20.A.006 73.40.A.023

70.17.A.0126 73.20.A.007 73.40.A.024

70.17.A.020 73.21.A.003 73.40.A.027

70.17.A.021 73.21.A.999 73.40.A.999

70.19.A.002 73.24.A.002 74.02.A.001

70.20.A.020 73.25.A.003 74.03.A.011

70.21.A.001 73.27.A.002 74.04.A.002

70.21.A.003 73.27.A.999 74.05.A.002

70.21.A.004 73.29.A.009 74.08.A.002

70.21.A.007 73.31.A.002 74.11.A.001

70.21.A.008 73.31.A.003 74.11.A.003

70.21.A.999 73.31.A.999 74.19.A.001

71.14.A.001 73.32.A.004 74.19.A.003

71.14.A.002 73.32.A.005 74.19.A.004

71.14.A.003 73.32.A.008 74.19.A.999

71.14.A.004 73.32.A.010 76.02.A.002

71.14.A.999 73.32.A.999 76.02.A.003

73.10.A.006 73.32.B.001 76.04.A.003

73.12.A.001 73.32.B.002 76.04.A.005

73.13.A.006 73.32.B.003 76.06.A.001

73.14.A.005 73.32.B.999 76.06.A.004

73.15.A.006 73.35.A.002 76.07.A.001

73.15.B.013 73.35.A.999 76.07.A.999

73.15.C.001 73.37.A.001 76.09.A.001

73.17.A.002 73.37.A.002 76.11.A.001

73.18.A.001 73.37.A.003 76.16.A.002

73.18.A.005 73.37.B.999 76.16.A.010

73.18.A.007 73.40.A.001 76.16.A.011

73.18.B.001 73.40.A.002 77.02.A.999

73.18.B.002 73.40.A.006 78.03.A.001

73.18.B.0038 73.40.A.008 78.04.A.001

73.18.B.006 73.40.A.010 78.04.A.002

73.18.B.008 73.40.A.011 79.06.A.999

73.20.A.001 73.40.A.012 80.03.A.0118 73.20.A.002 73.40.A.017 80.04.A.001

73.20.A.003 73.40.A.021 80.05.A.001

82.02.A.004 84.10.A.001 84.20.A.002

82.03.A.002 84.10.A.004 84.20.A.003

82.03.A.010 84.10.A.010 84.20.A.004

82.04.A.003 84.10.A.013 84.20.A.005

82.04.A.004 84.10.A.014 84.20.A.008

82.04.A.016 84.10.A.016 84.20.A.009

82.04.A.017 84.10.A.020 84.20.A.010

82.04.A.019 84.10.A.022 84.20.A.011

82.04.A.023 84.10.A.999 84.20.A.012

82.04.A.032 84.10.B.003 84.21.A.001

82.04.A.035 84.11.A.002 84.21.A.005

82.05.A.002 84.11.A.0138 84.21.A.010

82.05.A.006 84.11.A.022 84.22.A.001

82.05.A.008 84.12.A.001 84.22.A.0068

82.05.A.011 84.12.A.002 84.22.A.0108 82.05.A.021 84.14.A.0018 84.22.A.019

82.06.A.003 84.14.A.002 84.22.A.020

83.07.A.001 84.14.A.004 84.22.A.0357

83.07.A.002 84.14.A.006 84.23.A.018

83.07.A.005 84.14.A.999 84.25.A.006

83.08.A.003 84.15.A.001 84.25.A.008

83.09.A.004 84.15.A.0038 84.27.A.001

83.13.A.002 84.15.A.0068 84.28.A.010

83.13.A.003 84.15.A.0088 84.29.A.001

83.13.A.004 84.15.B.0168 84.29.A.002

83.13.A.005 84.17.A.003 84.29.A.0038 83.13.A.999 84.17.A.007 84.29.A.0048 84.02.A.001 84.17.A.016 84.29.A.0058 84.03.A.001 84.17.A.0278 84.29.A.0068 84.03.A.004 84.17.A.0318 84.29.A.0078

84.06.B.033 84.17.A.0358 84.29.A.0088 84.07.A.001 84.18.A.008 84.29.A.010

84.07.A.999 84.19.A.013 84.29.A.011

84.08.A.003 84.19.A.018 84.29.A.0128 84.08.A.007 84.19.A.0248 84.29.A.013

84.08.A.999 84.19.A.029 84.29.A.014

84.29.A.015 85.01.A.057 85.13.A.008

84.29.A.016 85.01.A.999 85.14.A.001

84.33.A.001 85.02.A.0041 85.14.0056 84.33.A.002 85.04.A.008 85.14.A.009

84.33.A.999 85.04.A.009 85.14.A.016

84.40.A.005 85.04.A.999 85.14.A.999

84.40.A.006 85.05.A.002 85.14.B.999

84.40.A.010 85.05.A.9998 85.15.A.005

84.40.A.011 85.08.A.003 85.15.A.0246

84.40.A.023 85.08.A.007 85.17.A.006

84.40.B.001 85.08.A.013 85.17.A.007

84.40.B.011 85.08.B.001 85.17.A.008

84.40.B.999 85.08.B.004 85.18.A.003

84.45.A.054 85.08.B.006 85.18.A.0136 84.45.A.087 85.08.B.999 85.18.A.0146 84.45.A.999 85.09.A.001 85.19.A.001

84.46.A.005 85.09.A.0028 85.19.A.002

85.50.A.999 85.09.A.003 85.19.A.023

84.55.A.006 85.09.A.0047 85.19.A.0356 84.56.A.005 85.09.A.005 85.19.A.426 8

84.56.A.0068 85.09.A.006 85.19.A.0536 84.56.A.007 85.09.A.007 85.19.A.065

84.56.A.011 85.09.A.008 85.19.A.069

84.56.A.0178 85.09.A.009 85.19.B.001

84.59.A.001 85.09.A.0108 85.19.B.006

84.59.A.0048 85.09.A.011 85.20.A.001

84.59.A.008 85.09.A.999 85.20.A.004

84.59.B.015 85.09.B.002 85.20.A.007

84.59.B.041 85.09.B.003 85.20.A.009

84.59.B.049 85.09.B.004 85.20.A.0128

84.61.A.014 85.09.B.009 85.20.A.0158 85.01.A.004 85.09.B.999 85.20.A.016

85.01.A.0098 85.10.A.002 85.20.A.0171 8 85.01.A.016 85.11.A.0036 85.20.A.019

85.01.A.025 85.11.A.999 85.20.A.0207 85.01.A.0556 85.13.A.004 85.20.A.0217

85.20.A.0228 87.06.A.042 90.10.A.999

85.20.A.026 87.06.A.064 90.10.B.001

85.20.A.028 87.06.A.069 90.10.B.0037 85.20.A.029 87.06.A.070 90.10.C.999

85.20.A.030 87.06.A.071 90.14.A.0018 85.20.A.0327 87.06.A.072 90.14.A.002

85.20.B.001 87.06.A.082 90.14.A.003

85.20.B.0038 87.06.A.083 90.16.B.023

85.20.B.0098 87.06.A.095 90.17.A.057

85.21.A.0028 87.06.A.096 90.17.A.068

85.21.B.009 87.06.A.097 90.17.C.010

85.21.B.0148 87.07.A.004 90.18.A.003

85.22.A.001 87.07.A.999 90.18.A.009

85.22.A.0121 87.09.A.003 90.18.A.999

85.22.A.016 87.14.A.001 90.19.A.001

85.22.A.018 87.14.A.003 90.19.A.002

85.22.A.999 87.14.A.006 90.19.A.003

85.23.A.007 87.14.A.008 90.19.A.004

85.23.A.013 87.14.A.009 90.19.A.009

85.23.A.999 87.14.A.012 90.19.A.010

85.24.A.004 87.14.A.013 90.23.A.003

85.25.A.006 87.14.A.999 90.23.A.0058

85.26.A.001 87.14.B.002 90.23.A.009

86.03.A.0021 88.02.A.001 90.23.A.011

86.05.A.999 88.02.A.004 90.24.A.001

86.07.A.002 88.02.A.005 90.24.A.018

86.09.A.010 90.06.A.999 90.24.A.999

87.01.A.001 90.07.A.004 90.26.A.009

87.01.A.999 90.07.A.005 90.26.A.999

87.03.A.999 90.07.A.008 90.27.A.001

87.06.A.008 90.07.B.005 90.27.A.999

87.06.A.015 90.08.B.0038 90.28.A.003

87.06.A.032 90.08.C.001 90.28.A.004

87.06.A.036 90.09.A.009 90.28.A.005

87.06.A.037 90.09.A.999 90.28.A.014

87.06.A.041 90.10.A.0016 90.28.A.019

90.28.A.020 92.11.B.001 94.01.A.001

90.28.B.003 92.11.B.0026 95.08.A.001

90.28.B.022 92.11.C.0016 91.03.A.001

92.11.C.003

3. Modificación del texto.

87.06.a.010

4. Modificación de la tarifa diferencial por lista nacional de México.

30.05.A.005

5. Tarifa diferencial por acuerdo de complementación industrial.

68.02.A.001

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 5 DE JULIO DE 1983

Importación

1. Fracciones de nueva creación.

32.05.A.088 48.07.A.019 87.07.A.010

38.13.A.002 48.19.A.999 91.10.A.002

47.01.A.008 73.40.A.030

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

29.02.A.010 29.02.A.012 39.07.A.0311

29.02.A.011 39.02.B.019

b) Reducción.

06.02.A.004 06.02.A.010 29.14.A.028

06.02.A.007 06.02.A.011 48.01.E.007

06.02.A.008 06.02.A.012 48.19.A.0011

06.02.A.009 06.02.A.013 74.05.A.002

3. Modificación de texto.

30.03.A.005 76.04.A.003 98.08.A.005

48.07.B.008 85.26.A.017

73.15.A.006 91.10.A.001

4. Tarifa diferencial para lista nacional de México.

85.26.A.004

5. Derogadas.

85.26.A.002 85.26.A.007

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1983

Importación

1. Creación de fracciones.

39.02.B.043 81.01.A.003 81.02.A.004

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

28.17.A.0048 85.05.A.0048 85.20.B.0038 85.05.A.0031 85.19.B.002 98.09.A.001

b) Reducción.

28.45.A.999 29.35.C.083 90.17.A.009

29.15.A.024 73.07.A.001 90.17.A.0677

29.21.A.018 84.52.A.0041

3. Modificación de texto.

39.02.B.019 81.02.A.002 84.41.A.008

81.01.A.002 81.02.A.003 85.01.A.0205 4. Tarifa diferencial para lista nacional de México.

37.02.A.011

5. Tarifa diferencial para acuerdo de complementación industrial.

84.52.A.999

6. Derogadas.

84.52.A.001 85.01.A.029 90.17.A.008

84.52.A.002 85.01.B.010

84.52.A.005 90.17.A.007

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 1983

Importación

1. Creación de fracciones.

29.35.B.075 73.25.A.004 85.18.A.020

29.38.A.031 85.15.B.026 91.11.A.006

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

29.22.A.004 29.22.A.006 29.22.A.031

29.22.A.005 29.22.A.007 29.31.A.031

b) Reducción.

29.35.B.071 85.13.B.0036 92.11.C.0081

29.42.A.031 85.21.A.011

38.05.A.001 90.27.A.002

3. Modificación de texto.

29.38.A.015 85.01.A.038 85.15.B.017

29.38.A.016 85.13.B.005 85.18.A.0105

73.18.B.001 85.15.B.005 85.21.A.024

4. Tarifa diferencial para lista nacional de México

85.01.B.999 85.13.A.002

5. Tarifa diferencial para acuerdo de complementación industrial.

85.21.A.999

6. Derogadas.

85.01.B.009 85.13.A.005 85.18.A.014

85.09.B.002 85.13.B.004 85.21.A.015

DECRETO PUBLICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1983

Importación

1. Creación de fracciones.

13.03.A.023 87.12.A.003 90.04.A.003

85.19.A.073 89.01.B.003 97.06.A.019

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

29.23.A.005 85.19.A.057 98.11.A.0021

85.15.B.0051 6 86.08.A.001

85.19.A.0561 98.11.A.001

b) Reducción.

30.02.A.014 87.06.A.091 98.11.A.0031

87.06.A.001

3. Modificación de texto.

40.04.A.001 84.22.A.033 85.19.A.006

48.15.A.005 85.14.B.003 85.19.A.008

56.01.A.006 85.15.A.024

4. Tarifa diferencial para acuerdo de complementación industrial.

85.15.B.999 85.19.C.999

5. Derogadas.

85.14.B.002 85.19.A.060 85.19.C.012

85.15.A.039

1. Modificación de texto.

2. Cambio de unidad de aplicación.

3. Eliminación de la tarifa diferencial por lista nacional de México. ALALC.

4. Eliminación de la tarifa diferencial por acuerdo de complementación industrial. ALALC.

5. Concesión pos acuerdo de complementación industrial. ALALC.

6. Modificación de la tarifa diferencial por acuerdo de complementación industrial. ALALC.

7. Concesión de la tarifa diferencial por la lista nacional de México. ALALC

8. Modificación de la tarifa diferencial por la lista de México. ALALC.

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 3 DE MAYO DE 1983

Exportación

1. Creación de fracción.

31-02-a-03

2. Modificación de arancel.

a) Reducción.

01-06-a-16 25-16-a-03 27-10-a-07

03-01-b-01 25-16-a-04 71-01-a-07

03-03-a-08 25-16-a-05 71-02-a-01

03-03-b-03 25-16-a-06 71-02-a-02

03-03-b-04 25-16-a-10 71-02-a-03

03-03-b-05 25-16-a-11 71-02-a-04

03-03-b-06 25-16-a-99 71-02-a-99

05-15-a-02 25-17-a-06 71-12-a-04

25-03-a-99 25-17-a-07 71-12-a-06

25-15-a-01 25-17-a-08 71-12-a-08

25-15-a-02 25-21-a-01 71-13-a-05

25-15-a-03 27-07-a-02 71-13-a-07

25-15-a-99 27-17-a-03 76-01-a-01

25-16-a-01 27-07-a-05 76-01-a-02

25-16-a-02 27-07-a-99 76-01-a-99

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 1983

Exportación

1. Modificación de arancel.

a) Reducción

09-01-a-01 09-01-a-05 21-02-a-01

09-01-a-02 09-01-a-06 21-02-a-02

09-01-a-03 09-01-a-07

09-01-a-04 09-01-a-99

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1983

Exportación

1. Creación de fracción.

22-09-a-08

2. Modificación de arancel.

a) Elevación.

76-01-a-03

3. Modificación de texto.

22-09-a-05 27-11-a-05

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1983

Exportación

1. Creación de fracciones.

03-03-b-07 16-05-a-02 16-05-a-03

07-01-a-29

2. Modificación de arancel.

a) Reducción.

09-01-a-01 09-01-a-02

b) Elevación.

03-03-a-06 03-03-b-031 03-03-b-061

03-03-a-07 03-03-b-041

03-03-b-02 03-03-b-051

3. Desgravación arancelaria.

29-42-a-06 30-03-a01 49-07-a-02

4. Derogadas.

68-02-a-04 99-03-a-03 99-05-a-08

99-01-a-03 99-05-a-03 99-05-a-11

99-02-a-03 99-05-a-05 99-06-a-02

DECRETO PUBLICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1983

Exportación

1. Modificación de arancel.

a) Elevación.

07-01-a-01 07-01-a-12 07-01-a-24

07-01-a-02 07-01-a-13 07-01-a-25

07-01-a-03 07-01-a-14 07-01-a-26

07-01-a-04 07-01-a-15 07-01-a-27

07-01-a-05 07-01-a-16 07-01-a-28

07-01-a-06 07-01-a-17 07-01-a-29

07-01-a-07 07-01-a-18 07-01-a-99

07-01-a-08 07-01-a-20 08-09-a-01

07-01-a-09 07-01-a-21 08-09-a-02

07-01-a-10 07-01-a-22

07-01-a-11 07-01-a-23

1 Modificaciones de texto."

"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 bis de la Ley Orgánica del Banco de México, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la aprobación del H. Congreso de la Unión el uso que durante el presente año ha hecho de las facultades que tiene concedidas en materia de control de cambios, por virtud de la disposición legal antes citada.

Considerando que desde el establecimiento del control de cambio se tuvo conciencia de que sería necesario su adaptación paulatina a las características particulares de nuestro país y a la evolución de la economía nacional y que es conveniente un mecanismo sencillo y dinámico que facilite el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, se expidió el Decreto de Control de Cambios que entró en vigor el 20 de diciembre de 1982.

El mencionado decreto establece como materia de control a las exportaciones de mercancías; a los pagos que efectúen en territorio nacional las empresas maquiladoras por remuneraciones a su personal, adquisición de bienes, exceptuando activos fijos y contratación de servicios; a las operaciones de crédito externo, las importaciones de mercancías, los gastos correspondientes al Servicio Exterior Mexicano y a las cuotas y aportaciones por la participación de México en organismos internacionales.

Esta clasificación fue diseñada atendiendo, por una parte, a la conveniencia de captar el mayor volumen de divisas posibles para su posterior canalización hacia actividades prioritarias y, por la otra, a la imposibilidad práctica y el elevado costo administrativo que implicaría tratar de controlar los ingresos de divisas correspondientes a numerosos conceptos, en particular los derivados del turismo y las transacciones fronterizas.

Por cuanto a las exportaciones, el decreto contiene diversas disposiciones tendientes a estimular decididamente las ventas al exterior que efectúan las empresas pequeñas y medianas, removiendo obstáculos que se oponían a ello y procurando una atractiva rentabilidad para dicha actividad.

Por otra parte, con objeto de promover el buen nombre de México en los mercados internacionales de capital y facilitar las negociaciones tendientes a reestructurar la deuda externa pública y privada, el decreto contiene previsiones específicas para canalizar parte de las divisas controlables al servicio de dicha deuda.

En cuanto a las importaciones se estableció un régimen según el cual sólo puede liquidarse con divisas controladas, las que realicen los exportadores aquellas otras que se consideran prioritarias para el desarrollo económico y social del país.

A partir de la expedición del multicitado decreto, se inició una amplia labor para hacer que el control de cambios operara de la mejor manera posible, procurando evitar el entorpecimiento de las actividades y transacciones que se ven afectadas por el mismo. Como resultado de esa labor, se han instrumentado y puesto en vigor diversas disposiciones complementarias entre las que destacan las siguientes:

El 20 de diciembre de 1982 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables a la Exportación, mismas que establecen el plazo y los términos conforme a los cuales deben venderse a instituciones de crédito del país, las divisas correspondientes al valor de las exportaciones sujetas a control, hecha la deducción de los gastos asociados a tales exportaciones.

Con objeto de fijar el procedimiento mediante el cual los interesados habrían de obtener permisos de importación con derecho a adquirir divisas al tipo de cambio controlado, para el pago de mercancías provenientes del exterior comprendidas dentro da las fracciones arancelarias autorizadas, el 31 de diciembre de 1982 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas Complementarias de Control de cambios Aplicables a la importación. Estas reglas señalan el régimen aplicable a las importaciones temporales y, de acuerdo a una reforma reciente, incorporan al mercado controlado de divisas los intereses que devenguen los créditos que otorguen proveedores del exterior, con motivo de importaciones que realicen empresas mexicanas.

Posteriormente, se expidió el acuerdo que establece los Gastos Asociados a la Importación y Exportación de Mercancías para los efectos del Control de Cambios, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 20 de enero del año en curso. En este acuerdo se determinan los gastos asociados a la importación y exportación que quedan comprendidos en el mercado controlado de divisas, y se autoriza a las personas físicas o morales que realicen exportaciones de mercancías, a deducir los gastos comprobables asociados a tales exportaciones de los respectivos compromisos de venta de divisas.

Considerando que es altamente conveniente para el país la formación de especialistas y técnicos, con grados superiores de preparación académica en disciplinas científicas, tecnológicas y administrativas, que contribuyan en forma relevante a nuestro desarrollo social y económico, se emitieron las Reglas Complementarias de Control de Cambios relativas a Estudios en el Extranjero, a efecto de incorporar los estudios que apruebe el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología o el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, que se realicen en el extranjero, dentro del mercado controlado de divisas. Dichas reglas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1983.

A efecto de instrumentar las ventas de divisas a que se refiere el inciso b) del artículo quinto transitorio del decreto de Control de Cambios vigente, se estableció el Programa de Ventas de Divisas para el Pago de Adeudos Vencidos a Favor de proveedores del Extranjero, que fue dado a conocer al público por la prensa nacional el 28 de febrero del presente año. Este programa administrado por el Banco de México, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, tiene como objetivo facilitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas establecidas en el país, el pago de sus adeudos contraídos con proveedores del extranjero con anterioridad al 20 de diciembre e 1982, denominados en moneda extranjera y pagaderos fuera de la República Mexicana, por concepto de principal y, en su caso, intereses, que se encuentren registrados en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Con objeto de otorgar a las empresas exportadoras las máximas facilidades para realizar las importaciones necesarias para su proceso productivo, así como para usar y transferir las divisas generadas por exportaciones, se expidieron las Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables al Uso y Transferencia de Divisas Generales por la Exportación de Mercancías, que fueron publicadas en el Diario Oficial el 4 de marzo de 1983. Estas reglas permiten a las empresas aplicar el producto de su exportación, al pago de conceptos del mercado controlado como son los gastos asociados a la importación y a la exportación, los adeudos registrados de proveedores extranjeros y la importación de mercancías. Adicionalmente, prevén la posibilidad de realizar operaciones de permuta o trueque, de transferencia de divisas para pago de importaciones del mercado controlado y de uso o transferencia de divisas, hasta por el 100% del valor de las exportaciones, para el pago de adeudos registrados a favor de proveedores extranjeros.

El 11 marzo de 1983, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas Complementarias de Control de Cambios, para el Sector Pesquero, a efecto de proporcionar a dicho sector los servicios especializados del Banco, Nacional Pesquero y Portuario, S. A. Se ha considerado que con la participación de esta institución, se obtendrá un mejor control de las divisas generadas por la actividad pesquera y al mismo tiempo se dotará al mencionado Banco, de instrumento adicional para la recuperación de los créditos que ha canalizado hacia esa actividad.

Se creó un Comité Técnico de Control de Cambios, formalizándolo mediante acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 1983. Ese acuerdo prevé que el comité, formado por dependencias, sesionará por lo menos una vez a la semana, sin perjuicio de reunirse con mayor frecuencia cuando así lo soliciten sus miembros propietarios.

Al comité se le asignaron las funciones de actuar como órgano de consulta y dar opinión al respecto a los asuntos que le presenten las dependencias y entidades competentes, relativos a las disposiciones del control de cambios; el funcionamiento del control de cambios; estudiar las disposiciones sobre la materia y recomendar aquellas otras que resulte conveniente expedir; y aprobar los programas de generación y uso de divisas que presenten los Exportadores.

A efecto de dar operatividad a los mecanismos de registro de adeudos a favor de entidades financieras del exterior y de proveedores extranjeros, en lo conducente, se emitieron las Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables al Registro de Crédito en Divisas a Cargo de Empresas Privadas establecidas en el país a favor de entidades financieras del exterior, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del presente año. En estas reglas se detallan, en función del destino que se le dará a los recursos, los requisitos que deberán cumplir las empresas que soliciten la inscripción de los créditos mencionados, ya sea que hayan sido contratados o dispuestos antes del régimen vigente de control de cambio o con posterioridad al mismo.

De conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto de Control de Cambios en vigor, se estableció un sistema de cobertura de riesgo cambiario en favor de las empresas establecidas en el país, que tienen adeudos contraídos con anterioridad al 20 de diciembre de 1982 con entidades Financieras del exterior, proveedores extranjeros o instituciones de crédito mexicanas, denominados en moneda extranjera y pagaderos fuera de la República Mexicana, que se encuentren registrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según corresponda.

Este sistema se instrumentó mediante el Programa para la Cobertura de Riesgos Cambiarios Derivados de Endeudamiento Externos, que fue dado a conocer al público por la Prensa Nacional el 6 de abril del presente año. Respecto de este Programa Administrativo por el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos cambiarios,

cabe destacar que ha sido diseñado de manera que no implique subsidios a favor de los interesados y a cargo del sector público, y que sólo se aceptan en el mismo adeudo a largo plazo o que se reestructure para que venzan a dicho plazo, con objeto de mejorar el perfil de vencimiento de la deuda externa y alcanzar uno de los principales objetivos que se persiguen con el establecimiento de este tipo de mecanismo.

Tomando en consideración la importancia que reviste para la economía de la zona fronteriza y en general para la del país, la conservación y fomento de la industria maquiladora; la conveniencia de apoyar a las empresas mexicanas de parques industriales para maquilar; la necesidad de dichas empresas de realizar sus erogaciones en dólares de los Estados Unidos de América o por su equivalente en pesos al tipo de cambio del mercado libre incluyendo en su mayoría adeudos con el exterior; y el desequilibrio financiero que ocasiona a tales empresas el recibir al tipo de cambio especial o al controlado, la contraprestación correspondiente al usoo goce que hacen las maquiladoras de sus inmuebles y parques industriales, el 11 de abril de 1983 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas Complementarias de Control de cambios para empresas maquiladoras.

Estas reglas exceptúan del mercado controlado las divisas que destinen, las empresas maquiladoras al pago de créditos otorgados a terceros por instituciones financieras del exterior, para la construcción de inmuebles o parques industriales cuyo uso o goce haya sido destinado a las propias maquiladoras, siempre y cuando la contraprestación correspondiente a tal uso, o goce se aplique a liquidar los créditos mencionados. Asimismo, exceptúan del mercado controlado las exportaciones de las maquiladoras que se encuentren registradas en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Por otra parte, esas reglas precisan los conceptos de las ventas de divisas que deberán efectuar esas empresas a instituciones de crédito del país al tipo de cambio controlado.

Posteriormente, se emitieron las reglas para operaciones de Seguro y Reaseguro en moneda extranjera celebradas por Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros del país, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial el 12 de mayo del año en curso. Dichas reglas tienen como finalidad, adecuar la actividad aseguradora a las necesidades de los distintos sectores del país. Para ello, se ha considerado conveniente dotar a las empresas de seguros de instrumentos que les permitan la captación de primas y pagos de siniestros con coberturas en moneda extranjera, así como de un adecuado régimen de inversión de sus reservas técnicas y demás pasivos de operación correlativos.

Considerando que uno de los propósitos fundamentales de la actual administración es el fomento de la exportación de productos manufacturados; que la venta de los metales preciosos para manufacturar piezas de orfebrería y joyería se efectúa al tipo de cambio del mercado libre, en tanto que la venta de divisas correspondiente a las exportaciones de estas manufacturas se realiza al tipo de cambio controlado; y que el control de tales exportaciones mejoraría notablemente si las operaciones relativas se centralizaran en una sola institución de crédito, fue expedido el acuerdo que adiciona, respecto de exportaciones de orfebrería y joyería y otras manufacturas con contenido de metales preciosos, las Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables a la Exportación, con objeto de eliminar el desequilibrio que enfrentaban esos exportadores y promover la exportación de sus productos. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1983.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo cuarto transitorio del Decreto de Control de Cambios en vigor, y tomando en consideración las disponibilidades de divisas del Banco de México, el 19 de julio de 1983 se dio a conocer al público, a través de la prensa nacional, el programa para el pago de vencimientos Corrientes de Adeudos a Corto Plazo a Favor de Proveedores del Extranjero, el cual señala el procedimiento para el pago de dichos adeudos pagaderos en moneda extranjera fuera de la República Mexicana, que se encuentren registrados en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y cuyo último pago deba hacerse entre el 1o. de julio y el 19 de diciembre de 1983.

Con la finalidad de facilitar el trámite aduanal de las exportaciones de mercancías que, en razón de su volumen, medio y disponibilidad de transporte a utilizar, presentan condiciones especiales de salida hacia el extranjero, se expidió el acuerdo que adiciona, respecto de exportaciones recurrentes, ocasionales y de productos a granel, las Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables a la Exportación, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 3 de agosto del presente año.

En relación con los adeudos en moneda extranjera pagaderos fuera de la República Mexicana, a cargo de empresas establecidas en el país y a favor de proveedores del extranjero, contraídos con anterioridad al 20 de diciembre de 1982 y registrados en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se habían dado a conocer el 'Programa para el Pago de Adeudos Vencidos a favor de Proveedores del Extranjero', de fecha 28 de febrero de 1983, referido a vencimiento no posteriores al 30 de junio último, así como el 'Programa para el Pago de Vencimientos Corrientes de Adeudos a Corto Plazo a favor de Proveedores del Extranjero', del 19 de julio de 1983, relativos a vencimientos que ocurren entre el 1o. de julio y el 19 de diciembre del presente año. Con estos antecedentes, el 3 de agosto próximo pasado se dio a conocer al público mediante aviso en la Prensa Nacional, el nuevo programa para

el pago de Adeudos a Favor de Proveedores del Extranjero. Este programa establece el procedimiento para el pago de adeudos cuyos vencimientos no hayan quedado comprendidos en los programas dados a conocer con anterioridad o que habiendo vencido a más tardar el 30 de junio del año en curso, por alguna razón no hayan sido incorporados al programa del 28 de febrero de 1983.

La política cambiarían adoptada durante el presente régimen, ha simplificado el sistema de control de cambios creando un mercado controlado para las importaciones prioritarias, exportaciones de mercancías y los ingresos y egresos correspondientes a la deuda externa pública y privada. La administración de este sistema ha permitido aumentar la disponibilidad de divisas para pago de importaciones, reiniciar el servicio puntual de la deuda, generar un superávit en cuenta corriente y fortalecer las reservas internacionales del Banco de México que al 31 agosto de último ascendieron a 3,552 millones de dólares.

Reitero a ustedes las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1984.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. -Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria al Servicio Público de la Banca de Crédito, presento a este honorable Congreso de la Unión, el informe sobre el establecimiento, disolución y operación de las Sociedades Nacionales de Crédito correspondiente a 1983.

La nacionalización de la banca, ha quedado plenamente incorporada en nuestra norma suprema como un paso irreversible en el avance de la Revolución Mexicana.

Se han ampliado los alcances del sistema financiero. Se ofrecen posibilidades nuevas para lograr que el proceso de intermediación sea más eficaz, contribuya de mejor manera a la promoción de un desarrollo más equitativo, a la descentralización de las actividades económicas y a la atención de las prioridades nacionales. Al mismo tiempo, esto significa mayor responsabilidad para el Estado.

La banca nacionalizada constituye un elemento adicional en la ejecución de la estrategia de desarrollo del Estado: posibilita una mayor congruencia entre los medios y los fines de política económica.

En la promoción del desarrollo, la Banca Nacionalizada permite conjugar, en su operación, los criterios estrictamente técnicos con los intereses más generales de la sociedad. Al incorporarse a las tareas del Sistema Nacional de Planeación Democrática, la Banca se convierte en un instrumento valioso para conducir mejor el cambio estructural y aliviar los problemas de la crisis económica, aumentando nuestra capacidad para resolverla.

El primero de diciembre del año pasado asumí el compromiso de que la Banca Nacionalizada habría de ser del pueblo y no de una nueva minoría de dirigentes. También que se reestructurarían las instituciones de crédito de tal manera que se asegurara el control efectivo de la Nación a través del Estado. Hemos avanzado en el cumplimiento de este compromiso.

Durante el presente año hemos creado nuevas bases jurídicas, administrativas, de dirección y control que posibilitan que las sociedades nacionales de créditos conjuguen rectoría del Estado y participación democrática; autonomía y observancia del interés nacional; rentabilidad con eficiencia y honestidad en la prestación del servicio al público ahorrador, salvaguardando y garantizando sus intereses y recursos.

Con base en el artículo 28 constitucional, se promulgó la ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. En cumplimiento de esta ley, los bancos nacionalizados, así como cuatro instituciones de la banca mixta, fueron transformados de Sociedades Anónimas a Sociedades Nacionales de Crédito. Estas cuentan ya con nuevos reglamentos orgánicos que regulan su organización y funcionamiento como entidades sujetas al régimen del derecho público. La participación social en la Banca está asegurada. Los diversos sectores e individuos pueden participar en el capital, dentro de ciertos límites.

En el Decreto de Nacionalización de la Banca se planteó el compromiso de pago justo por concepto de indemnización a los antiguos propietarios. El proceso de indemnización se ha llevado a cabo observando lo dispuesto por los artículos 27, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley de la Expropiación. Se han respetado en todo momento las disposiciones contenidas en las distintas leyes aplicables a dicho proceso.

Establecimos los mecanismos necesarios para asumir el compromiso de la indemnización con responsabilidad y rigor técnico. Se crearon la Comisión Intersecretarial, el Comité Técnico de Valuación y el Fideicomiso para el pago de la Indemnización Bancaria.

La Comisión Intersecretarial, integrada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, así como por el director general del Banco de México, formuló las recomendaciones sobre los lineamientos generales observados en el pago de la indemnización, examinó las implicaciones que este pago tendría en el Presupuesto de Egresos de la Federación y presentó las recomendaciones relativas a la forma de pago.

Desde diciembre del año pasado se inició la evaluación de cada banco nacionalizado con apego a la Ley, y a técnicas y prácticas profesionales establecidas y sancionadas por la larga experiencia del quehacer bancario, de su administración y fiscalización.

Se partió de los estados de contabilidad formulados y publicados por cada institución al 31 de agosto de 1982. De acuerdo con los lineamientos que normalmente ha aplicado la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, los directores de los bancos elaboran el estado de contabilidad ajustado. La mencionada comisión efectuó algunos ajustes correctivos. Se ensancharon los puntos de vista de los anteriores administradores. El resultado de estos trabajos fue presentado al comité Técnico de Valuación, integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Comisión Nacional de Valores. Con base en los trabajos descritos, el comité presentó los dictámenes técnicos correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que fijó el monto de la indemnización a pagar por cada acción expropiada. Al hacerlo, consideró las declaraciones fiscales y otros documentos relacionados.

La indemnización de los accionistas se ha iniciado en 16 instituciones de crédito: Banca Serfín, Banco Capitalizador de Veracruz, Banco Comercial Capitalizador, Banco Comercial del Norte, Banco de Oriente, Banco de Tuxpan, Banco del Interior, Banco Monterrey, Banco Nacional de México, Banco Regional del Norte, Bancomer, Corporación Financiera, Financiera de Crédito Monterrey, Financiera Industrial y Agrícola, Hipotecaria del Interior y Multibanco Mercantil de México.

El capital contable de estas 16 instituciones, ajustado al 31 de agosto de 1982 para efectos de indemnización, asciende a la cantidad de 73,302 millones de pesos. Los intereses correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de septiembre de 1982 y el 31 de agosto de 1983 implica un monto de 41,965 millones de pesos. Ambas cantidades suman 115,267 millones de pesos. Este monto representa alrededor del 80% del total estimado.

El Fideicomiso para el pago de la Indemnización Bancaria, en el que participa como fideicomitente del Gobierno Federal la Secretaría de Programación y Presupuesto y como fiduciario el Banco de México, opera un mecanismo administrativo que permite a los interesados acreditar sus derechos, recibe los títulos de las acciones y cupones que fueron expropiados y entrega a cambio los bonos para el pago de la indemnización.

El pago se realiza con bonos nominados 'Bonos del Gobierno Federal para el Pago Indemnización Bancaria 1982'. Los bonos se emiten con fundamento en los artículos 1o., 2o., 4o. y 5o., fracción II de la Ley General de Deuda Pública y tienen el mismo tratamiento fiscal que los depósitos bancarios de dinero a plazo.

Los bonos devengarán intereses sobre saldos insolutos, que serán pagaderos trimestralmente. El pago inicial se hará el 1o. de marzo de 1984 incluyendo los intereses correspondientes al periodo del 1o. de septiembre de 1983 al 29 de febrero de 1984. De esta manera, el pago de intereses no afectará el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983, debiéndose hacer las previsiones correspondientes en los presupuestos de los años siguientes.

En consecuencia con los programas sexenales de la administración, los bonos tendrán un periodo de gracia de dos años y siete amortizaciones por anualidades vencidas. La primera amortización se hará en septiembre de 1986.

La Comisión Intersecretarial para la Indemnización Bancaria determinará con precisión el inventario de bienes, inversiones o valores correspondientes a operaciones no crediticias que los bancos nacionalizados tienen en distintas empresas. Esta comisión también se encarga del estudio y la recomendación de políticas y criterios que se utilizarán para definir el mejor aprovechamiento y destino que deberá darse a estos activos.

De acuerdo con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos dado un paso significativo en la racionalización del sistema bancario. De las 60 instituciones existentes, 56 nacionalizadas y 4 bancos mixtos, se liquidaron 11 instituciones que realizaban operaciones especializadas y 20 fueron fusionadas a otros bancos. Subsisten 29 sociedades nacionales de crédito, 17 bancos conservaron sus denominaciones, domicilios, capital social, sucursales e infraestructura de servicios. Son: Bancreser, Mexicano Somex, Banca Promex, Regional del Norte, Sofimex, Internacional, Monterrey, de Oriente, de Provincias, Bancam, Mercantil de Monterrey, BCH, Confía, Multibanco Mercantil de México, Refaccionario de Jalisco, Banpaís y Unibanco.

Se fusionaron 32 instituciones en sólo 12 sociedades nacionales de crédito. Las instituciones fusionadas aparecen entre paréntesis: Banamax (Banco Provincial del Norte), Bancomer (Banco de Comercio), Banca Serfín (Banco Azteca, Banco de Tuxpan y Financiera Crédito Monterrey), Banca Cremi (Actibanco de Guadalajara), Multibanco Comermex (Banco Comercial del Norte), Banco Continental Ganadero (Banco Ganadero), Banco del Centro (Banco del Interior, Hipotecaria de Interior y Banco Mercantil de Zacatecas), Banco del Atlántico (Banco Panamericano), Banco del Noroeste (Banco Occidental de México y Banco Provincial de Sinaloa), Promoción y Fomento (Banco Aboumrad), Banco Latino (Corporación Financiera y Financiera Industrial y Agrícola), Crédito Mexicano (Banco Longoria, Banco Popular y Probanca Norte).

Las fusiones fortalecen a las instituciones participantes; cumplen con programas de integración de bancos múltiples que las autoridades tenían hace varios años; promueven la competencia y desarrollo de Banca Regional.

A través de estas medidas, la banca múltiple se agrupa en un número menor de instituciones. Con este proceso se pretende reducir los costos por la operación de economías de escala, ampliar su cobertura y fortalecer su

estructura financiera y participación en los mercados internacionales. Se mantiene la competencia. Se avanza en la racionalización de la estructura del sistema bancario, y se establecen nuevas bases para el crecimiento de las instituciones crediticias. De esta forma, las sociedades nacionales de crédito podrán prestar un mejor servicio al público, y realizar una mejor contribución a los planes y programas de desarrollo del país.

De las 29 sociedades nacionales de crédito, 14 quedaron domiciliadas en el Distrito Federal y 15 en provincia. De ellas, 6 en Monterrey, 2 en Guadalajara y una en cada una de las ciudades siguientes: Culiacán, Chihuahua, Mexicali, Morelia, Puebla, San Luis Potosí y Tampico.

Los bancos con operación a nivel regional serán 12. En Nuevo León: Bancam, Regional del Norte, Mercantil de Monterrey y Banco Monterrey; en Jalisco: Banca Promex y Refaccionario de Jalisco; en Michoacán: Banca de Provincias; en Puebla: Banco de Oriente; en Baja California: Unibanco; en Tamaulipas: Banco Continental Ganadero; en San Luis Potosí y Zacatecas: Banco del Centro; y Sinaloa: Banco del Noroeste.

La revocación de 11 concesiones obedece a la necesidad de que el sistema bancario quede integrado por sociedades nacionales de crédito con capacidad para cumplir los objetivos señalados en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Esta exige que operen como banca múltiple. Entre las instituciones que se liquidan había 6 bancos especializados: Banco Regional del Pacífico, Financiera de Crédito Mercantil, Financiera de Industrias y Construcciones, Financieras de León, Financiera del Noreste y Sociedad Financiera de Industria y Descuento. Se liquidan también 5 bancos de capitalización: Banco Capitalizador de Monterrey, Banco Capitalizador de Veracruz, Banco Comercial Capitalizador, Banco General de Capitalización y Banco Popular de Edificación y Ahorro. Estas instituciones eran muy pequeñas, sin perspectivas de desarrollo, y sus operaciones no generaban instrumentos de ahorro o financiamientos competitivos.

Ha sido motivo de especial preocupación y cuidado por parte del Ejecutivo Federal el aspecto relativo a los recursos humanos con que cuenta el sistema bancario.

Se ha cumplido el compromiso de no afectar los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores de las sociedades nacionales de crédito. En las transformaciones de las sociedades, el régimen laboral de los empleados no sufrió modificación alguna; en las fusiones, los trabajadores de las sociedades fusionadas quedaron adscritos a la sociedad que subsistió, la cual respetó los derechos adquiridos. En el caso de las liquidaciones, los empleados y funcionarios de las instituciones podrán optar por su indemnización, o en su caso, su jubilación. Para proteger los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de las sociedades nacionales de crédito ha sido elaborada la iniciativa de la Ley Reglamentaria de la fracción VIII bis del apartado 'B' del artículo 123 constitucional, misma que en su oportunidad someteré a la consideración de esa representación popular.

Se han integrado ya los Consejos Directivos de las sociedades nacionales de crédito. En la configuración de su máximo órgano de Gobierno se ha decidido, por parte de los Certificados de Aportación de la Serie 'A', la participación de los diversos sectores de la administración pública, designando como Consejeros a servidores de amplia capacidad y experiencia. Se emitieron las bases para designar los consejeros que corresponden a los certificados de la serie 'B'.

Los consejeros directivos deberán asegurar que las sociedades funcionen con la autonomía y competitividad necesaria en la prestación del servicio público de banca y crédito, con estricto apego al marco jurídico que les corresponde y dentro del sistema nacional de planeación democrática.

Se dará vigencia a las Comisiones Consultivas en cada una de las sociedades, las que, al conocer las políticas y criterios de operación, los proyectos de aplicación de utilidades y el informe de las actividades, podrán formular las recomendaciones que estimen pertinentes.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea una política de financiamiento del desarrollo que tiene como objetivos básicos recobrar y fortalecer la confianza del público y la capacidad de ahorro interno, así como asegurar la eficiente canalización de los recursos financieros de acuerdo con las prioridades del desarrollo. La operación de las sociedades nacionales de crédito está orientada hacia la realización de estos objetivos.

El crecimiento de la captación durante 1983 ha sido posible por el establecimiento de un renovado clima de confianza en la sociedades nacionales de crédito; por una política de rendimientos acorde con las expectativas de los ahorradores, coherente con la evolución de la inflación, los plazos, y los riesgos; y por la creación de nuevos instrumentos de ahorro que ofrecen alternativas de inversión.

La captación de recursos de las sociedades nacionales de crédito aumentó de enero a octubre en un billón 050 mil millones de pesos, y se espera que al finalizar el año este aumento sea de un billón 400 mil millones de pesos lo que representa un crecimiento aproximado del 56%.

Hay que destacar que la nueva captación se ha dado en moneda nacional, desapareciendo prácticamente los depósitos en dólares, exceptuando las cuentas indispensables de maquiladoras y exportadores. Asimismo, ya en junio el crecimiento mensual de la capacitación bancaria resulta superior al aumento mensual en los precios, revirtiéndose el fenómeno de desintermediación. financiera.

La captación de recursos del público por las sociedades nacionales crédito de representa más del 85% de la captación total del sistema bancario esperada para fines de año.

La canalización eficiente de los recursos intermediados por el sistema bancario hacia los sectores y regiones prioritarios para el desarrollo económico y social del país, es una de las preocupaciones fundamentales de la presente administración.

El descenso de la actividad económica se traduce en una reducción sustancial de la demanda de crédito y constituye uno de los principales problemas que enfrenta el sistema financiero nacional. Sin embargo, la administración bancaria no ha adoptado una actitud pasiva frente a esta situación. Por el contrario, la banca ha desempeñado un papel activo como promotor de la actividad financiera. Se ha impulsado la coordinación interinstitucional de las sociedades nacionales de crédito, la banca nacional de desarrollo, los fondos y fideicomisos públicos de fomento, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, se han emprendido acciones para influir en una mejor y más ágil canalización de recursos.

Se han establecido programas crediticios especiales de apoyo a la planta productiva y a la defensa del empleo. Se ha puesto en operación el Programa de Apoyo a las Empresas con problemas de Descapitalización y de Liquidez, el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Empresa del interior de la República, el Programa de Apoyo a Proveedores de Empresas Paraestatales y Descentralizadas y el Programa de Cobertura de Riesgos Cambiarios para la reestructuración de la deuda externa privada.

Estos programas contribuyen a la solución de los problemas financieros de las empresas mexicanas, condición necesaria para el mantenimiento del aparato productivo, la protección del empleo, y la recuperación económica nacional.

La canalización de recursos al sector privado hasta el mes de octubre de 1983 ha llevado un bajo ritmo, ascendiendo a 278.5 miles de millones de pesos, 28.7% mayor al saldo al 31 de diciembre de 1982 y superior en 150% a los niveles concedidos en igual periodo de 1982.

La participación del sector industrial en el crédito alcanza más del 50%. Parte importante de los recursos canalizados al sector privado se han otorgado a los sectores agropecuarios y comercial, buscando con ello apoyar la producción y abasto de los productos de consumo popular.

Al igual que la actividad económica, la canalización regional de crédito presenta un alto grado de concentración de los recursos de un reducido número de entidades.

A través de los centros bancarios regionales se está promoviendo la descentralización de la operación bancaria, particularmente la de apoyo crediticio a las regiones más atrasadas. Estos centros atienden y evalúan, con criterios más apegados a las necesidades específicas de las localidades, las demandas de créditos y servicios financieros. Con esto se busca que los recursos financien proyectos productivos y generen empleo y progreso en los propios lugares donde son captados.

La presencia de la banca mexicana en el exterior constituye un mecanismo importante en las relaciones financieras de México y en la captación de divisas. En años anteriores se inició un proceso de internacionalización de la banca, paso importante que permitió una actividad ágil y directa en el mercado internacional de capitales.

Pese a las restricciones externas, se mantuvo la presencia internacional de la banca mexicana en las principales plazas financieras del mundo, entre las que destacan Nueva York, Londres y Los Ángeles, a través de la operación de 21 agencias y sucursales. Se han iniciado los estudios para racionalizar esta participación de las sociedades nacionales de crédito.

Así, durante 1983 se logró preservar y consolidar el sistema bancario nacionalizado en el contexto de una economía que atravesó por una de las situaciones más difíciles en las últimas cinco décadas.

Las sociedades nacionales de crédito mantuvieron su operación y eficiencia. El público depositó su confianza y sus recursos en las instituciones financieras, haciendo uso intensivo de los recursos bancarios. Con plena observancia del mercado jurídico, se está cumpliendo de manera responsable y transparente el compromiso de administrar la banca con eficiencia y honradez y de orientarla hacia las prioridades del país.

La banca está operandocon eficiencia y con rendimientos positivos. Se mantiene la solvencia financiera a la vez que ese contribuye a la mejor instrumentación de la política económica. Este año los bancos tendrán utilidades del orden de los 15 mil millones de pesos, con los que fortalecerán su estructura financiera, y podrán aumentar el capital y crear reservas que permitan su sana expansión.

La banca ha tenido una importante contribución, en la defensa de la planta productiva y la protección al empleo, evitando que la crisis se hubiera manifestado más severa. El crédito no se desvía hacia la especulación o hacia usos no justificados, ajenos a las necesidades de producción de la Nación y de las mayorías.

Estamos conscientes de que aún quedan muchas tareas por realizar. La Nación dispone ahora de una herramienta adicional con la cual se pueden enfrentar los retos y problemas de nuestro tiempo, dentro de la estrategia global del Plan Nacional de Desarrollo.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Imprímase.

LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL D. F. 1984

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.

En cumplimiento a lo que establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa:

Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1984.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1983.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

La Política de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, se mantuvo rezagada durante los últimos años, de tal forma que se hizo depender a las finanzas de esta entidad en forma importante de los financiamientos y de los apoyos del Gobierno Federal. A partir de 1983, se inicia un proceso de reestructuración de las finanzas del Departamento. Por tal motivo, el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal que ha permitido una evolución favorable de los ingresos propios del Departamento durante 1983, extendiéndose estos beneficios a 1984.

Durante la segunda mitad de 1982 se inició el proceso de instrumentación de los criterios de revaluación de valores catastrales que había aprobado el Congreso. La experiencia recogida durante este plazo permite sugerir ajustes para que la aplicación de este tributo resulte más equitativa y eficaz.

También se proponen algunas adecuaciones a la Ley de Hacienda en el renglón de derechos, y en otros rubros buscando mantener y fortalecer la dinámica de los ingresos del Departamento. La mayoría de los cambios propuestos, sin embargo, responden a necesidades observadas para una más adecuada administración y aplicación de la Ley de Hacienda del Departamento, de tal forma que se pueda lograr un mejor cumplimiento de las disposiciones vigentes.

De esta suerte se estima que el Departamento del Distrito Federal obtendrá 222,040 millones de pesos de ingresos, lo que implica un crecimiento de 42% con respecto a los ingresos obtenidos durante 1983.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la Soberanía de ese H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente Iniciativa de

LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1984

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1984, el Departamento del Distrito Federal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

Millones de pesos

I. Impuestos 18 654

1. Predial.

2. Sobre adquisición de bienes inmuebles.

3. Sobre espectáculos públicos.

4. Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, y sobre los premios obtenidos de los mismos.

5. Sobre juegos con apuestas y sobre apuestas permitidas y sobre premios obtenidos de los mismos.

II. Contribuciones de mejoras 793

III. Derechos 16 997

1. Por la prestación de servicios que correspondan a funciones de derecho público.

2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Departamento del Distrito Federal.

IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago 500

V. Accesorios de las contribuciones 1 200

VI. Productos.

1. Por la prestación de servicios que correspondan a funciones de derecho privado.

2. Por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado.

A. Tierras y construcciones.

B. Enajenación de muebles e inmuebles.

C. Intereses de valores, créditos y bonos.

D. Utilidades de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

E. Otros.

VII. Aprovechamientos. 2 197

1. Reintegros y cancelación de contratos.

2. Multas administrativas, así como las impuestas por autoridades judiciales y reparación del daño denunciado por los ofendidos.

3. Donaciones en especie a cargo de propietarios de fraccionamientos de terrenos.

4. Aportaciones en efectivo por fraccionamiento de terrenos y por la construcción de conjuntos habitacionales.

5. Aportaciones en efectivo por quienes construyen obras nuevas para la dotación general de la infraestructura, equipo y servicios urbanos.

6. Cuotas por diversión, subdivisión o relotificación de predios.

7. Otros no especificados.

VIII. Participaciones en impuestos federales 179 600

1. Por fondo general.

2. Por fondo financiero complementario.

3. Por participación del 80% de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

IX. Ingresos derivados de financiamientos 167 910

1. Empréstitos.

A. Al Departamento del Distrito Federal.

B. A los organismos descentralizados del Departamento del Distrito Federal.

2. Emisión de bonos y obligaciones.

3. Otros no especificados.

X. Otros ingresos 57 838

1. Ingresos y financiamientos de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

2. Transferencias del Gobierno Federal.

3. Otros no especificados.

Total $ 447 789

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación del Departamento del Distrito Federal, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, que no rebasen el monto neto de 141,408 millones de pesos por endeudamiento para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1984, en los términos y condiciones que ordena la Ley General de Deuda Pública.

Artículo 3o. Durante el año de 1984, se suspende la vigencia de las disposiciones que concedan exenciones de impuestos, contribuciones de mejoras o de derechos, excepto las exenciones señaladas en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.

TRANSITORIO

Artículo único. Esta ley entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

Reitero a ustedes CC. Secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

El C. Presidente: -En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.

Trámite: - Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal. Imprímase.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1984

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.

En cumplimiento a lo que establece la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a lo dispuesto en la fracción I del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa:

Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1984.

Asimismo me permito informarles que el día 24 del presente, está programada la comparecencia del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto, para dar cuenta de la referida iniciativa.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No reelección.

México, D. F., 15 de noviembre de 1983.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

ÍNDICE

A. Exposición de Motivos.

I. Introducción.

II. Evolución del gasto público para 1983.

III. Política de gasto para 1984 en el marco de la planeación.

IV. El presupuesto como instrumento del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

V. Estrategia sectorial del gasto.

Sector Desarrollo Rural.

Sector Desarrollo Regional.

Sector Pesca.

Sector Desarrollo Social.

Sector Comunicaciones y Transportes.

Sector Abasto.

Sector Turismo.

Sector Industrial.

Sector Energéticos.

Sector Administración.

VI. Políticas específicas de gasto.

Inversión Pública.

Adquisiciones.

Transferencias.

Servicio Civil.

VII. Proyecto de presupuesto de la Administración pública.

Gobierno Federal.

Poderes.

Sector Central.

Sector Paraestatal.

VIII. Proyecto de presupuesto de la deuda pública.

IX. Ahorro, déficit y divisas.

A. Apéndice Estadístico.

C. Iniciativa de Decreto.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal a mi cargo, por vuestro digno conducto, somete a la consideración de esa H. Representación Nacional para su análisis y en su caso aprobación, la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984.

Doy cumplimiento así a la obligación constitucional de informar al pueblo de México, a través de esa H. Cámara de Diputados, sobre el Proyecto de Presupuesto que ejercerá la Administración Pública Federal y cuya conformación se sustenta en la estrategia económica y social del Plan Nacional de Desarrollo.

El presente Proyecto se orienta a la atención de las demandas que la sociedad ha planteado en la consulta popular en el marco del Sistema Nacional de Planeación. El programa - presupuesto emana de los programas operativos anuales formulados por las dependencias y entidades en el contexto de los programas de mediano plazo, los que en su oportunidad serán puestos a su disposición, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Planeación.

Como se señala en el documento Programa Anual General, se ha avanzado en la reducción de los desequilibrios más agudos y en el control de la crisis. No obstante, para sustentar un crecimiento sobre bases firmes y consolidar los logros obtenidos es preciso perseverar en la reordenación económica. Con la eliminación gradual de las rigideces y obstáculos se imprimirá, cada vez, un mayor ritmo al cambio estructural que propicie el acceso de nuestro país a una sociedad más igualitaria.

El Proyecto, que ahora se somete a su consideración, ha sido formulado atendiendo los objetivos de la segunda etapa de la reordenación económica.

En esta estrategia y asociado con otros instrumentos de política, se plantea consolidar el saneamiento financiero del sector público y avanzar decididamente en la reestructuración permanente del gasto público, como uno de los medios fundamentales para el combate a la inflación, la reactivación de la economía, el apoyo a la planta productiva, la generación de empleos y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

En atención a la petición formulada por esta LII Legislatura en los dictámenes aprobatorios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983 y de la Cuenta de la Hacienda de Pública Federal de 1981, se incorporan Altos Hornos de México, S. A., y Fundidora Monterrey, S. A., al grupo de entidades paraestatales controladas presupuestalmente.

Asimismo, con el propósito de brindarle mayor transparencia al gasto, se crea el Ramo de Participaciones a Estados y Municipios, lo que posibilitará un mejor conocimiento de los recursos que le corresponden a las entidades federativas estatales y locales en impuestos federales; con ello el Poder Legislativo dispondrá de elementos para una evaluación integral sobre los recursos que la Federación transfiere, a través del gasto y de la recaudación a Estados y Municipios.

Por último, con la implantación del Registro Único de Transferencias se establecerá la infraestructura básica para la evaluación de la eficiencia e incidencia de este rubro de gasto en los diferentes sectores y en las Finanzas Públicas; próximamente se enviará el informe correspondiente a 1982 a esa H. representación popular y el de 1983 en fecha posterior a la entrega de la Cuenta Pública correspondiente.

La presente Exposición de Motivos contiene una breve evaluación del comportamiento del gasto público en 1983, la estrategia para 1984 y las diversas políticas de carácter específico que ahora se someten a su consideración. Con fundamento en el Programa Anual General, se materializan los planteamientos estratégicos multisectoriales de mediano plazo en acciones sectoriales y administrativas, delimitando los responsables de su ejecución para el logro de los propósitos y metas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la expresión cuantitativa y cualitativa contenida en el proyecto se avanza en la vinculación de la planeación con la programación y presupuestación a fin de alcanzar una mayor eficacia y honradez en el quehacer público. La Consolidación del Sistema Nacional de Planeación y el perfeccionamiento de los mecanismos de la participación social, coadyuvarán al mejoramiento de los Programas Operativos Anuales y en especial del proceso de programación - presupuestación.

En el proceso de planeación, la ejecución se constituye en una de las etapas con mayor grado de dificultad, razón por la cual se requiere del esfuerzo y perseverancia de los servidores públicos para cumplir con las acciones y programas que contempla este proyecto, así como de la participación permanente de esa H. Cámara de Diputados en el ámbito de sus atribuciones.

EVOLUCIÓN DEL GASTO PARA 1983

De acuerdo a la estrategia contemplada en el Presupuesto de Egresos 1983 y a lo establecido en el Decreto Aprobatorio correspondiente, el ejercicio presupuestal se ha caracterizado por la responsabilidad y la disciplina en las actividades del sector público; así como por la observancia de criterios de carácter selectivo y de apego a prioridades sectoriales.

Como ha sido informado trimestralmente, el ejercicio del gasto público ha respondido fundamentalmente a los propósitos de la reordenación económica, contribuyendo al abatimiento del déficit financiero del sector público, al reducirse la parte porcentual del mismo en más de la mitad respecto a 1982, para situarse en torno a 8.5% del producto interno bruto. También fue posible restaurar el proceso del ahorro público, tanto por la moderación y reorientación del gasto público como por el efecto de los aumentos en precios y tarifas.

Durante 1983 el gasto público se ajustó a la disponibilidad de ingresos y al monto de endeudamiento autorizado por la H. Cámara. En la medida en que los ingresos propios aumentaron por revisiones en precios y tarifas o por mayor eficacia recaudatoria, o cambio en los supuestos macroeconómicos, en esa proporción pudo incrementarse el gasto destinado a apoyar programas prioritarios. Esto significa que no hubo sobregiro del gasto financiado con un endeudamiento superior al autorizado por lo que el monto del déficit se ajustó a la disponibilidad de recursos no inflacionarios.

A través de la canalización de recursos con cargo al programa de emergencia al empleo, fue posible atenuar el impacto de la desocupación derivada del menor ritmo de actividad económica al atenderse primordialmente las áreas marginadas en zonas urbanas críticas y en el medio rural. Con la reorientación del gasto público hacia el interior del país y el Programa de Apoyo a la Planta Productiva, se estimuló la producción de origen interno. El contenido importado del gasto público ha disminuido hasta situarse alrededor del 15% en promedio.

En 1983 hubo reasignaciones a entidades y dependencias públicas, con cargo a las reservas presupuestales contenidas en el Presupuesto de Egresos aprobado y por los mayores ingresos derivados de los aumentos de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos de acuerdo a los términos del Decreto Aprobatorio. Su autorización a diferentes sectores se efectuó en forma trimestral y una vez evaluados los resultados del periodo procedente.

Estas modificaciones constituyeron una respuesta para aminorar los efectos de la crisis. Ello permitió mantener el nivel del gasto en una magnitud compatible con un financiamiento sano y a la vez restablecer la generación de ahorro público.

Así, el gasto programable del sector presupuestal ascenderá a 4,300 mil millones, con un crecimiento superior al 60% respecto a 1982, inferior al de los ingresos presupuestales. Dicho gasto excluye el servicio de la deuda y las participaciones a estados y municipios, renglones que casi duplican su monto para 1983.

La canalización de los mayores recursos asignados, confirmó la orientación sectorial que aprobó la H. Cámara, al darse prioridad a los sectores de bienestar social, desarrollo rural, comunicaciones y transportes y abasto de productos básicos.

Por las medidas adoptadas para reducir el gasto corriente a lo estrictamente indispensable, la evolución de los renglones de materiales y suministros y de servicios generales reportaron un bajo ritmo en su ejercicio. En cumplimiento de las disposiciones emitidas, las adquisiciones de vehículos, mobiliario, equipo e inmuebles para fines administrativos se restringieron y se reglamentaron las prestaciones a los servidores públicos. Los servicios personales experimentaron un incremento que obedeció, principalmente, a las repercusiones de los aumentos otorgados en el transcurso del año y al efecto de las revisiones contractuales en el sector paraestatal.

Las transferencias se destinaron a apoyar la operación de las empresas paraestatales, especialmente al Sector Eléctrico, CONASUPO, BANRURAL y las entidades del Sector de Comunicaciones y Transportes. El ritmo de crecimiento anual fue similar al previsto e inferior al registrado hasta 1982.

La selectividad y jerarquización de proyectos y obras en proceso incidieron en un retraso inicial de la ejecución de las inversiones públicas y también, en cierta medida, la estacionalidad del primer año de gobierno. Los esfuerzos para imprimirle una mayor flexibilidad a los programas de obras y de adquisiciones de los principales ejecutores del gasto posibilitaron su recuperación a partir del segundo semestre.

La concentración de esfuerzos en proyectos con mayor prioridad relativa, elevada utilización de mano de obra y bajo contenido importado permitieron iniciar la reordenación del gasto público. Después de un desahorro en 1982 se estima que el ahorro público será de 450 mil millones en 1983; este hecho confirma la menor importancia relativa del endeudamiento en el financiamiento del gasto.

El ejercicio del Presupuesto requirió de un conjunto de normas con la finalidad de especificar las contenidas en el Decreto Aprobatorio. Asimismo, se reestructuraron las bases para el funcionamiento de las paraestatales y se inició la simplificación de trámites en las dependencias con el objeto de agilizar el pago de las obras públicas y adquisiciones y reducir controles y permisos innecesarios.

Con la finalidad de atender las demandas de la burocracia, se instrumentaron diversas acciones que coadyuvan al desarrollo del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública.

Destaca la creación de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, con la participación de la Federación de Sindicatos del los Trabajadores al Servicio del Estado. En el seno de esta Comisión se discutió y aprobó un paquete de ajuste salarial a la burocracia, que buscó un efecto redistributivo del ingreso al beneficiar en mayor proporción al personal federal de los estratos más bajos.

Mediante los recursos del Programa de Emergencia del Empleo se instrumentaron proyectos en zonas urbanas críticas y en el medio rural, principalmente en obras de agua potable y alcantarillado, vivienda, pavimentación, saneamiento ambiental, limpieza y carreteras de mano de obra. Se aprovecharon preferentemente, mano de obra e insumos locales, favoreciendo las adquisiciones de origen nacional.

Aún prevalecen rigideces como el servicio de la deuda que representa una proporción elevada del gasto total, lo que compromete importantes recursos y limita las posibilidades de una mayor cobertura de proyectos. Asimismo, persisten presiones por la inercia en algunos renglones del gasto, lo que ha dificultado avanzar con mayor rapidez.

De la evaluación de las acciones y medidas de la reordenación económica se puede observar que se ha avanzado pero no todo está resuelto. Hay problemas que requieren de periodos mayores para ser superados y precisan de una acción continua y permanente, propósito de las acciones a desarrollar para 1984.

Política de gasto para 1984 en el marco de la planeación

El Plan Nacional de Desarrollo determina que la política del gasto público se oriente a promover el desarrollo social mediante la generación de empleos; a elevar y mejorar los servicios básicos; y a la reestructuración del sistema de subsidios con fines de redistribución del ingreso. Con la composición, magnitud y calendarización del gasto público, se inducirá un comportamiento de la demanda interna acorde a la capacidad de absorción de la economía y sustentado con un financiamiento sano.

Son directrices fundamentales el fortalecimiento del aparato productivo y distributivo en áreas prioritarias y estratégicas, así como asegurar eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público.

Por la magnitud y naturaleza del ajuste realizado en 1983 y en función al comportamiento esperado para 1984, se iniciará la segunda etapa de la reordenación económica, cuyos principales objetivos son: no retroceder en el abatimiento de la crisis económica, iniciar la recuperación de nuestra capacidad de crecimiento y como propósito fundamental, combatir la inflación.

El manejo de las finanzas públicas será un elemento determinante en la instrumentación de la política económica a desarrollar. La reestructuración permanente del gasto público, a partir de la moderación en el ritmo de crecimiento, se concibe, acorde al Plan Nacional de Desarrollo, como una revisión a fondo de su esquema normativo; una reorientación en cuanto a los criterios de asignación; un reordenamiento de su estructura; la adecuación de las prioridades sectoriales y regionales contenidas en los Programas de Mediano Plazo; y el cambio integral en el otorgamiento de transferencias y subsidios.

Se pretende eliminar la dispersión y las rigideces que comprometen el gasto y limitan su asignación para fines sociales y productivos. Es necesario erradicar aquellas prácticas y actividades que desvían la atención de los propósitos fundamentales y a la postre dificultan el logro oportuno de los objetivos esenciales que demanda el cambio estructural.

En el fortalecimiento de la capacidad del aparato productivo y distributivo, se dará mayor énfasis a las inversiones que permitan una utilización más eficiente de la capacidad instalada y la conclusión de los proyectos en proceso, concentrando los esfuerzos y recursos.

Los recursos asignados a la inversión propiciarán e inducirán el empleo al otorgar prioridad a sectores, entidades, programas y proyectos intensivos en el uso de mano de obra.

Para 1984 se propone la incorporación de una reserva presupuestal equivalente al 1% del producto interno bruto para apoyar la recuperación económica del país y hacer frente a contingencias a través de una mayor asignación del gasto.

Este gasto adicional se asignaría a la luz de la evolución del primer trimestre de 1984. Con esta reserva se busca apoyar el delicado balance entre el propósito central de combate a la inflación y la necesidad de evitar que la recesión económica se prolongue indefinidamente para no afectar irreversiblemente a la capacidad productiva. En consecuencia, se utilizaría esta reserva si las condiciones observadas la hacen necesaria y si existen los recursos para financiar dicho gasto, sin generar nuevas presiones inflacionarias.

Esta reserva, en caso de ser utilizada, se asignaría en base a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de mediano plazo y se centraría en los rubros con mayor impacto en el empleo y en la recuperación de la inversión de los sectores social y privado.

Es voluntad del Ejecutivo Federal no ejercer un presupuesto mayor al que aprueba la H. Representación Popular, por lo que ahora se propone la inclusión de esta reserva condicionada. Ello posibilita un manejo más flexible para atender con oportunidad los requerimientos de la recuperación económica.

Se buscará aumentar la cobertura y la calidad de los servicios sociales básicos, impulsar el desarrollo económico mediante la modernización de la infraestructura básica, para reactivar la actividad económica en el territorio nacional, con énfasis en las acciones que más inciden en el medio rural. En conjunto, se avanzará en los objetivos de la política de gasto para proteger a los grupos más desfavorecidos.

En el otorgamiento de las transferencias se establecerán lineamientos más específicos para modular la expansión de las empresas públicas en relación directa con el ritmo de crecimiento de la demanda interna de bienes y servicios estratégicos; especial importancia tendrá la capitalización de aquellas que estén ubicadas en sectores prioritarios o encaminadas hacia la exportación de bienes y servicios y a la sustitución de importaciones.

En el sector público, se crearán los empleos estrictamente necesarios, promoviendo programas de capacitación que proporcionen las herramientas técnicas que servirán de base para incrementar la productividad.

En el orden jurídico, se propondrá a ese H. Congreso un proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas, con la finalidad de que los recursos del sector público, se manejen con mayor transparencia y honradez y al mismo tiempo, flexibilicen su ejercicio. En este proyecto se plantean bases y procedimientos que acreditarán al Estado las mejores condiciones de economía e imparciabilidad, reglamentando en esta materia el artículo 134 constitucional.

También se propone la eliminación de trámites administrativos que obstaculizan y hacen más complejos los proceso decisorios durante la ejecución de las obras, en detrimento del objetivo social y productivo para el cual se emprenden los proyectos y se comprometen recursos públicos. Con estas modificaciones se fortalecerá la renovación moral, lo que coadyuvará a desterrar el dispendio y el desperdicio, evitando la desviación de recursos a fines distintos de los autorizados.

En este orden, durante 1984 se adecuará la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Almacenes a los requerimientos que las circunstancias exigen; para ello se procederá a elaborar un proyecto de modificaciones que tiene como finalidad reglamentar, en su parte correspondiente el artículo 134 constitucional. Asimismo, con el propósito de dar congruencia a los diversos instrumentos jurídicos en la materia, se efectuará una evaluación a la Ley General de Bienes Nacionales.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento serán analizados para adecuarlos a las modalidades requeridas por el Sistema Nacional de Planeación y actualizarlos en función a las reformas jurídicas de leyes afines. Igualmente se deberá modificar la Ley en las partes referentes al control y evaluación presupuestal y a la instauración del sistema de control de la gestión de la administración pública por parte de las secretarías globalizadoras.

Para 1984, se avanzará en la recomposición entre los gastos de operación y de inversión; racionalización en los subsidios y transferencias como parte integral de una política de precios y tarifas más realista; la cancelación de programas no prioritarios; una política salarial de los servidores públicos acorde a la situación actual del país; y nuevas modalidades de autofinanciamiento y de saneamiento financiero del sector paraestatal.

En materia de gasto corriente se instrumentarán medidas para reducir el gasto directo de administración y reforzar las normas fundamentales, eliminando aquellas que involucran excesivos trámites en su cumplimiento o implican complicados procesos administrativos. Para una mayor eficiencia en la operación de las empresas, se adoptarán programas de productividad tendientes al uso más racional de los recursos físicos y financieros evaluando, entre otros, las líneas de producción a fin de suprimir productos y procesos de producción obsoletos.

La inversión crecerá moderadamente, concentrará esfuerzos y recursos en obras de infraestructura económica y social, en proyectos de corta maduración o a punto de ser concluidos y en todos los casos, en condiciones altamente productivas para lograr con menores recursos un mayor impacto en la producción y el empleo. De la misma manera se pretende cancelar aquellos proyectos no indispensables y se reformulará la ejecución de aquellos cuya programación hubiera sido inadecuada o de baja productividad.

El Proyecto de Presupuesto para 1984 presenta una reducción, en transferencias en relación al ritmo de crecimiento de años precedentes. Este nuevo esquema, de implantación gradual

y condicionada, tenderá a eliminar los subsidios que no benefician claramente las prioridades nacionales y a los grupos sociales más desfavorecidos. El otorgamiento de las mismas se hará en base a programas de reestructuración financiera, o de mayor autofinanciamiento hacia el mediano plazo, sin descuidar la condición de temporalidad y transparencia.

Con respecto a la política salarial se tomarán en cuenta las necesidades de actualización de remuneración y racionalización en las estructuras, considerando las disponibilidades financieras.

Se continuará con la adopción de un paquete salarial integral que permita cubrir las percepciones al personal en relación directa a sus funciones y responsabilidades, beneficiando en primera instancia a todos aquellos trabajadores ubicados en las escalas más bajas. Para 1984, se retribuirá con mayor sentido de equidad al personal ubicado en los puestos intermedios, en virtud de que son éstos los que tienen a su cargo la actividad operativa y de análisis de la problemática y responsabilidades que afrontan las dependencias.

Otro elemento primordial en la reestructuración lo constituye la forma de financiamiento del gasto. Esta estrategia exigirá un ajuste estructural y coordinado tanto del esquema de ingresos como del gasto público. Ello implica medidas en materia fiscal, en particular una revisión a fondo de los mecanismos administrativos de fiscalización de los causantes, y en materia de precios y tarifas, el diseño de políticas y esquemas operativos graduales.

No es suficiente la corrección del desequilibrio entre los ingresos públicos y el gasto. Se adoptará con firmeza el criterio de que el financiamiento del gasto público no sea sustentado en la emisión primaria o en el desplazamiento del crédito a los sectores social y privado. El control del uso del financiamiento externo será más riguroso para asegurar su complementariedad y financiar sólo aquellos programas prioritarios que requieren de importaciones.

El programa de reestructuración financiera de las empresas públicas esenciales o estratégicas es parte fundamental del ordenamiento de las finanzas públicas. Será necesario elevar el autofinanciamiento de la operación y el de la expansión de la capacidad y por tanto, eliminar paulatinamente la dependencia extrema al endeudamiento y a las transferencias del Gobierno Federal.

En este sentido, las medidas se encaminan a la obtención de resultados concretos en el mediano plazo, en una primera etapa, la capitalización se efectúa principalmente a través de la asunción de pasivos por el Gobierno Federal. En algunos casos, sólo se proporcionarán recursos frescos a aquellos organismos que carezcan de capital de trabajo.

Entre las dependencias y entidades que se proponen para esta primera etapa se encuentra el Departamento del Distrito Federal, que requiere, impostergablemente, un desahogo de sus elevados compromisos financieros para estar en condiciones de cumplir más oportunamente con la atención a los problemas agudos de la ciudad de México. El Banco Nacional de Crédito Rural, que cubre las necesidades crediticias de importantes zonasagropecuarias consideradas prioritarias; Fertilizantes Mexicanos, el cual abastece de insumos básicos al campo; y Comisión Federal de Electricidad, que precisa de un crecimiento continuo para hacer frente a la demanda.

Es imperativo iniciar el establecimiento de programas de reestructuración y modernización con carácter obligatorio, que consideren explícitamente las metas a lograr en la elevación de la producción y la productividad; en el acrecentamiento del autofinanciamiento; y el aprovechamiento óptimo de su capacidad instalada. Los Coordinadores de Sector y los órganos de gobierno de las empresas paraestatales desempeñarán un papel relevante y rector. Con este propósito, los programas integrales de reestructuración financiera contemplarán entre sus líneas básicas, la continuidad de ajustes realistas a los precios y tarifas, racionalización de subsidios, uso de divisas, reestructuración de la deuda y aportaciones de capital.

Adicionalmente y como se comenta en el apartado siguiente, la reorientación sectorial, es parte fundamental de la reestructuración propuesta del gasto. El cambio ha requerido la revisión de las estrategias de desarrollo rural, del proceso de industrialización y de la modernización del transporte, del abasto y el turismo, en los términos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Anual Global.

Como resultado de lo mencionado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984 contempla un abatimiento del déficit del sector público, al disminuir su participación en el Producto Interno Bruto de 18% en 1982 al 8.5% para 1983 y a una meta de 5.5%, o de 6.5% en caso de utilización de la reserva para Recuperación Económica en 1984. Esta magnitud es compatible con la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios y la evolución esperada de la actividad económica, consistente con la meta de abatimiento de la inflación.

La meta de déficit, las establecidas para los componentes del gasto y las de asignación sectorial corresponden al nuevo esquema estructural de las finanzas públicas.

El gasto programable del sector público crecerá en cerca de 50% respecto al esperado en 1983 y en relación al Producto Interno Bruto se situará en torno al 23.8%.

Se logrará abatir el gasto corriente y de operación, que excluyendo intereses, representará el 67% del gasto programable con un crecimiento anual inferior.

En contraste, las transferencias gubernamentales sólo aumentarán en 35.4.% respecto a 1983 y disminuirán su participación en el gasto total al pasar de 30% al 26% para 1984.

El programa de inversiones públicas crecerá al 55% respecto a 1983, en tanto la inversión presupuestal que incluye el Programa de Emergencia del Empleo ascenderá a cerca de 1,928 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 61%, lo que significa aumentar su participación en el Producto Interno Bruto. Ello significa que se va en la dirección contemplada en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, al posibilitar que el gasto de capital se eleve durante 1985-1988 en alrededor de 1.5 puntos del Producto Interno Bruto, respecto al periodo 1977-1982.

El proceso de desahorro ha sido frenado en 1983 e iniciado el proceso de recuperación de su capacidad como fuente de financiamiento de la inversión. La eliminación de rigideces en los ingresos públicos y del programa de racionalización y moderación del gasto, han permitido que los ingresos mantengan un ritmo superior al del gasto; se espera para 1984 duplicar el ahorro corriente registrado en 1983.

El presupuesto como instrumento del sistema nacional de planeación democrática.

El Proyecto de Presupuesto se estructuró con apego a las disposiciones que establece la Ley de Planeación, en lo relativo al enlace entre el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas del Sistema Nacional de Planeación.

La instrumentación del Plan se inicia con los Programas de Mediano Plazo; en ellos se formulan los planteamientos estratégicos sobre las prioridades económicas y sociales que establece. Estos programas identifican los esfuerzos y acciones en materia de programación, respecto de los sectores económicos y sociales, las dependencias administrativas, las entidades paraestatales y las regiones prioritarias.

Los programas de mediano plazo constituyen la vinculación entre la estrategia del Plan y el Presupuesto de Egresos y contienen la programación relativa a los temas estratégicos en su contexto nacional, precisando las acciones que son responsabilidad del sector público.

Los programas operativos anuales reflejan la forma como la programación estratégica contenida en los programas de mediano plazo será instrumentada en el año. Esta característica de los programas operativos permite relacionar el presupuesto que expresa fundamentalmente la vertiente obligatoria, con los otros instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En el Proyecto se concreta la forma como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal contribuyen a los objetivos del Plan. Sus metas y estructuras programáticas se relacionan con las prioridades que se desprenden de los propósitos, estrategias y líneas generales de acción que para cada sector estratégico establece el Plan.

En 1984, las principales acciones por prioridades que realizará el sector Público en apoyo a la instrumentación de la Estrategia del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo se resumen a continuación.

Educación, deporte y recreación

Las acciones educativas se encaminarán a ampliar la cobertura en aquellos niveles que presentan deficiencias como son preescolar, educación para adultos, secundaria y medio superior. Se dará especial atención a la calidad de la enseñanza a través de la modificación de programas de estudio y la capacitación de maestros. El sistema educativo dará atención a 25 millones de personas y se impulsará la descentralización de los servicios. En deporte y recreación se tenderá a superar la atomización en los servicios que otorgan las distintas instituciones, instrumentando la reorganización de las mismas. La meta es extender los servicios a la sociedad en su conjunto.

Alimentación y nutrición

Para lograr la integración programática del quehacer público vinculado con la cadena alimentaria e introducir mayor orden y aprovechamiento de los recursos se instrumentó el Programa Nacional de Alimentación.

En 1984, las acciones se concentran en un número determinado de alimentos y se dirigen preferentemente a mejorar los niveles nutricionales de la población de bajos ingresos. En la fase productiva será primordial la producción interna de granos y productos agrícolas para consumo humano concentrando los apoyos en las zonas de temporal; en la fase de transformación se fomentará la producción, el abasto y el control del Paquete Básico de Consumo Popular; y en la fase de comercialización se impulsará el desarrollo y modernización del sistema de acopio y abasto de alimentos y se aumentará su disponibilidad a través de la reducción de las mermas y de la preservación de sus características nutricionales. Asimismo, en lo relativo a la fase de consumo y nutrición se dará orientación a través de los medios de comunicación social, tendiente a mejorar los patrones de consumo de alimentos con nutrientes adecuados.

Salud

Se ampliarán y mejorarán los servicios de salud a través de la coordinación efectiva de las instituciones y la reorganización y el aprovechamiento eficiente del potencial de recursos disponibles. Una de las prioridades principales es la atención a la población no amparada por los sistemas de seguridad social, misma que está reforzada por la descentralización de los servicios.

Adicionalmente, se establecerán convenios con los sectores privado y social destinados a estimular el desarrollo científico y tecnológico en los campos de producción de instrumental y equipo médico, así como de fármacos, en los que se espera producir 76.9 millones de dosis

de biológicos, 31 mil litros de reactivos y 652 mil unidades de medicamentos.

Desarrollo urbano y vivienda

Se avanzará en los aspectos normativos y de control que aseguren la distribución armónica de las ciudades en el territorio, apoyando con obras directas la construcción de 21 sistemas de agua potable y 26 de alcantarillado.

En materia de vivienda, se promoverán acciones específicas de mejoramiento, así como la elaboración de un proyecto para el fomento a la construcción de vivienda. Se contempla la reordenación de los sistemas financieros auspiciando créditos adecuados a las capacidades de los demandantes, canalizando su otorgamiento a los grupos sociales organizados.

Ecología

En materia de ecología se propondrán modificaciones a la legislación y normatividad vigente. También se desarrollarán proyectos de investigación y aplicación tecnológica para mejorar el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, realizando obras en 34 parques nacionales. Se avanzará en el control de contaminación del agua a través de 18 proyectos de anticontaminación en diversos puntos del país. En el caso de la contaminación del aire las acciones se concentran en las áreas críticas. Por lo que respecta a la flora y fauna silvestres se propiciará su conservación, desarrollo y aprovechamiento. Además, se propone revisar el monto de las sanciones por contaminación ambiental y avanzar en la definición de una política fiscal en el marco de un programa de política ecológica.

Desarrollo rural integral

Las acciones están encadenadas a mejorar las condiciones de vida en el campo y a promover la producción de cultivos básicos. Se fijarán los precios de garantía oportunamente y se mantendrá una política selectiva de subsidios, vía precios y tarifas, insumos, créditos y seguros.

En las obras de infraestructura a realizar se privilegia a los proyectos de corta duración. También, se alienta la expansión de la ganadería y a la producción avícola y de leche.

Los elementos centrales de estas acciones son la organización social y una mayor participación de los productores en los procesos de decisión.

Reforma agraria integral

Se llevarán a cabo programas de fomento al empleo rural, acompañados de programas de capacitación campesina y de organización de productores, y se dará prioridad a la integración de unidades básicas de desarrollo rural. Durante 1984, se llevarán a cabo acciones de inducción relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra, se terminará el catastro rural en 9 entidades, regularizando 100 mil predios con 50 millones de hectáreas.

Agua

Se orienta su racionalización y será regulada su disponibilidad espacial y temporal.

En relación con el uso agrícola se incrementará la superficie bajo riego, se impulsará un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente y se instrumentarán acciones para promover un uso más racional.

Particular importancia se dará a los problemas de las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, así como los de otras poblaciones críticas.

Pesca y recursos del mar

Las acciones en materia de pesca se orientarán a elevar el nivel de vida de la población dedicada a esta actividad, a diversificar la captura y fomentar el consumo. Las empresas del sector público alcanzarán una meta de captura directa de 179.1 mil toneladas, y de 194 mil en acuacultura, generarán empleos y captarán diversas a través de las exportaciones de 122 mil toneladas. Se promoverán actividades para cuantificar las especies existentes, sus volúmenes explotables y localización, vinculadas a las metas de captura estarán las actividades de industrialización.

Bosques y selvas

Se impulsarán las acciones tendientes a lograr un aprovechamiento racional de los recursos silvícolas. En especial, serán preservadas las áreas forestales mediante la reforestación, el uso integral de los recursos extraídos y la utilización de especies secundarias.

Se buscará consolidar la planta productiva silvícola, mejorando los índices de eficiencia y productividad y los niveles de abastecimiento de la planta industrial.

Desarrollo industrial y el comercio exterior

Se dará importancia a los programas de defensa a la planta productiva y al empleo. Se concertarán programas de exportaciones en los que, con base en meta específicas, se otorgarán apoyos financieros, tecnológicos, promocionales, de asesoría y de divisas. Se simplificarán los trámites de exportación y la banca de fomento adoptará progresivamente los criterios y métodos de financiamiento orientados al impulso decidido a la exportación.

Los apoyos de demanda, vía compras del sector público, alentarán la sustitución inmediata de importaciones de insumos industriales. Se dará continuidad a los programas de compras concertando compromisos de abasto con la industria nacional.

Los paquetes de concertación incluirán asistencia técnica, vinculación con las firmas de ingeniería e institutos de investigación nacional, así como apoyos fiscales y financieros, en

contraparte, se especificarán términos de calidad, precios y plazos de entrega.

Energéticos

Se abastecerá en forma suficiente la demanda interna y se generarán excedentes de crudo para la exportación. Se aprovecharán los diversos recursos energéticos en un esquema racional de explotación y consumo.

Las inversiones de orientan a asegurar los requerimientos futuros de la demanda. En particular en petróleo se reforzará la capacidad de almacenamiento y la red de poliductos y en electricidad se ampliará la capacidad en 1,130 MW.

Minería

Se pondrá especial énfasis en el impulso a la pequeña y mediana minería a través del otorgamiento de créditos. Adicionalmente, se fijan las metas de producción de 1.2 millones de toneladas de azufre; 4.1 millones de toneladas de sal; 1 millón de toneladas de carbón; 89 mil toneladas de barita; 2 mil toneladas de grafito y 2.6 millones de onzas troy de plata. Asimismo, se conformará un inventario de recursos minerales prioritarios y se avanzará en la integración de reservas estratégicas.

Sistemas de transporte y comunicaciones

Se emprenderán acciones para satisfacer adecuadamente las necesidades de movimiento de carga y de personas, buscando mejorar la calidad de los servicios. Para tal efecto, se modernizarán los sistemas de administración y operación de las empresas paraestatales del sector, especialmente las ferrocarrileras, y se buscará una mejor articulación con los sistemas productivos y de comercialización con énfasis en el abasto popular. Las acciones en materia de comunicación se centrarán en la aplicación de tecnologías más convenientes para el país.

Modernización comercial y abasto popular

Las acciones del Sistema nacional para el Abasto buscan avanzar en la reglamentación y difusión de normas de productos alimenticios, así como en la ampliación del subsistema nacional de información.

Los productos comprendidos en el paquete básico de consumo popular a cargo del Sistema CONASUPO serán aumentados en 12% y se avanzará en la satisfacción regional de la demanda, así como en una mejor distribución regional de la capacidad de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y servicios.

Esto contribuye al saneamiento de la intermediación comercial y la regularización del mercado.

En materia de concertación, se elaborarán convenios productivos con el sector privado y social para que generen satisfactores que actualmente conforman el Paquete Básico.

Turismo

Se incrementarán las acciones promocionales orientadas a lograr una mayor captación de turistas extranjeros, aprovechando las ventajas comparativas que otorga la política cambiaría y los atractivos turísticos. Se espera obtener un ingreso de divisas de 2,000 millones de dólares.

Se consolidarán los centros turísticos en operación. Se mejorará y ampliará la planta turística utilizando los mecanismos de financiamiento y concertación dando especial atención a la Frontera Norte. Se promoverá la integración turística en la Costa , con el objeto de incrementar la afluencia de visitantes y se ampliarán los programas turísticos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Desarrollo tecnológico y científico

Dentro del desarrollo tecnológico y científico del país se destacan las acciones que en tal sentido desarrolla el CONACYT. Este, durante 1984, dentro del Programa Nacional de Becas, sostendrá su compromiso con 3,925 becarios vigentes, otorgando 1,659 becas nuevas, y continuará el Programa de Financiamiento de Proyectos de Investigación apoyando a 235 nuevos proyectos, entre los que cabe resaltar los dirigidos al sector salud, al químico - farmacéutico, a la transformación de materias primas y a la sustitución de importaciones, así como al desarrollo de recursos naturales.

Empresa pública

Dentro de la estrategia presupuestal de buscará fortalecerla mediante modificaciones cualitativas. Se especificarán los criterios que sirvan para evaluar su productividad.

Una mayor efectividad y eficiencia de la empresa pública se logrará mediante una reorganización que permita una adecuada coordinación de sus acciones. Las compras de la empresa pública se canalizarán en forma creciente a la industria nacional y se agilizarán los procedimientos. En el manejo de sus precios y tarifas se seguirá aplicando una mayor coherencia y compatibilidad con los objetivos de la política económica del gobierno.

Capacitación y productividad

La orientación y modernización del aparato productivo y distributivo estarán acompañados de un programa de capacitación cuyas principales actividades para 1984 son las siguientes: consolidar el Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento, normar la capacitación para los trabajadores de la Administración Pública Federal Centralizada, promover programas de capacitación para el sector informal urbano, y para el sector rural.

En cuanto a productividad se establecerán, en las empresas públicas, programas de reestructuración y modernización que prevean metas a lograr y se fomentarán acciones que propicien una mayor eficiencia en la pequeña y mediana

empresa, mediante sistemas como los que contempla el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y se hará más eficiente, responsable y racional el ejercicio de los recursos públicos.

Justicia

En materia de impartición de justicia para la preservación de la seguridad pública, se pretende alentar en forma organizada la participación ciudadana. Paralelamente, continuarán los esfuerzos para hacer más eficiente los cuerpos policiacos y lograr su respeto comunitario a través de su honestidad y servicio.

Se proseguirá la consulta popular que apoya el proceso de Reformas Jurídicas. En este sentido, se coordinarán esfuerzos con los gobiernos de los Estados y Municipios, a través de los COPLADES y los Convenios Únicos de Desarrollo, a fin de descentalizar y desconcentrar sus acciones revisando la competencia y ubicación de los órganos jurisdiccionales, judiciales, federales y locales.

Comunicación social

El Gobierno Federal se compromete a impulsar la política de comunicación social, como acción de apoyo para el fortalecimiento del carácter democrático de las instituciones, haciendo que la sociedad civil esté permanentemente informada y participe, así, en la orientación de la gestión pública en la segunda etapa de reordenación, de conformidad con los lineamientos de este programa.

Política regional

La elaboración de programas regionales, y su instrumentación, son esenciales para los cambios cualitativos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la estrategia de descentralización de la vida nacional.

La selección de las regiones se basó en el reconocimiento del papel estratégico que ellas ejercen en el desarrollo nacional. La región del Mar de Cortés, la Región del Sureste la Frontera Norte, la de Zonas Áridas y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México son zonas asociadas a áreas económicas fundamentales para el desarrollo futuro del país.

El Programa Mar de Cortés propone acciones articuladas de incorporación de recursos pesqueros, turísticos y mineros de esa cuenca marítima, sobre la base de la integración de infraestructura de transporte y de los servicios de apoyo necesarios.

El Programa del Sureste propone acciones de desarrollo rural integral, diversificación e integración del aparato productivo y ampliación de la infraestructura de enlaces y comunicaciones, con base en el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, conservación ecológica y desarrollo científico y tecnológico apropiados a las condiciones regionales.

El Programa de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro propone acciones de ordenamiento y control y una serie de acciones que conducen a asegurar un desarrollo urbano equilibrado y justo en las localidades de los seis estados que la circundan, para anticipar, en forma ordenada, el futuro crecimiento de esta zona.

El Programa de la Frontera Norte establecerá acciones que combinan el fomento de actividades generadoras de desarrollo en la región, con independencia de su papel como frontera, y que estimula el aprovechamiento de la relación fronteriza para asegurar el desarrollo de la actividad industrial, turística y comercial local.

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Para el control y ordenamiento del crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se manejarán en forma conjunta las acciones en materia de suelo, vialidad y transporte, así como las relativas a la desconcentración industrial. Respecto al suelo se elaborará un esquema rector que permita tomar decisiones sobre los grandes proyectos metropolitanos de usos del suelo; en cuanto a vialidad y transporte se ampliará la disponibilidad de los diversos medios.

El abastecimiento y uso racional del agua en la zona se logrará mediante programas promocionales, la política de precios y tarifas, y la normatividad para su uso industrial, así como con la rehabilitación y perforación de pozos, y la conclusión de la segunda etapa del Proyecto Cutzamala, combinado con la reducción de la extradición en los acuíferos del Valle de México.

Se pretende implantar mecanismos que controlen el uso y destino del suelo, que permitan la adecuada programación de los servicios, que restrinjan selectivamente el futuro crecimiento de la ciudad, y la prestación y ampliación de los servicios básicos.

Se dará congruencia y complementariedad a la reglamentación sobre contaminante del aire, se pondrá en operación la red automática de monitoreo atmosférico y se iniciará la recuperación de suelos para uso agrícola y para la ampliación de parques nacionales y estatales de la región.

A continuación se consigna el gasto presupuestal destinado a las principales prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

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Estrategia sectorial del gasto público El Plan Nacional de Desarrollo establece que la orientación de las políticas sectoriales atiendan simultáneamente tanto los problemas urgentes derivados de la crisis como el cambio estructural que demanda el desarrollo del país. Las prioridades están constituidas por los sectores de desarrollo social, comunicaciones y transportes, desarrollo rural, abasto y el desarrollo regional.

Conforme a los programas sectoriales de mediano plazo y en particular, al Programa Anual General de 1984, un elemento clave para sentar las bases de una recuperación diferente será mantener el énfasis en los programas de atención social, de infraestructura básica y el de desarrollo rural, en el marco de la reestructuración permanente del gasto público.

Esta reorientación sectorial exige una jerarquización rigurosa en programas y proyectos, procediendo a cancelar aquéllos no esenciales o de baja prioridad relativa a la concentración de esfuerzos y racionalidad en la composición del gasto, se agrega la direccionalidad para el logro de los objetivos de los programas de mediano plazo y la selectividad requerida para el saneamiento de las finanzas públicas.

Para 1984, la direccionalidad sectorial del gasto apoya la reordenación económica y el cambio estructural. En particular, lo correspondiente al desarrollo rural, de modernización y conservación del transporte, al bienestar social y abasto, así como la revitalización de los programas de desarrollo regional.

Con las obras de infraestructura básica y las involucradas en el Programa de Emergencia del Empleo, se continuará abriendo nuevas fuentes de empleo, tanto permanentes como de carácter eventual, lo que impulsará la demanda agregada aun deprimida. Se otorgará preferencia a la producción agropecuaria al destinarse montos cada vez más elevados de inversión y de crédito.

La estrategia contempla un énfasis mayor en los programas especiales, cuyas acciones multisectoriales, de carácter participativo y coordinado, se tienen previstas en el presente Proyecto. Entre éstos destacan el Nacional de Alimentación, el de Protección al Empleo y a la Planta Productiva y los de carácter regional, como el del Mar de Cortés, de la Región del Sureste, de la Ciudad de México y Región Centro, entre otros.

Para 1984 el proyecto de gasto programable ascenderá a 6 592.4 mil millones de pesos con un crecimiento de 50% en relación al año anterior. En este gasto se incluye la asignación para el Programa de Emergencia del Empleo. En este monto se incorporan los presupuestos de Altos Hornos de México, S. A. y de Fundidora de Monterrey, S.A. que ese año ascenderá a 101.3 mil millones. Con ello, el conjunto SIDERMEX forma parte del sector paraestatal en presupuesto.

RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO

GASTO PROGRAMABLE

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PARTICIPACIÓN %

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Para mantener los servicios básicos en el sector educación, se canalizarán importantes montos de gasto, al observar un aumento de 58.2% respecto a 1983 y aumentará su participación en el gasto programable. En los servicios de salud y seguridad social con un crecimiento del 50.5%, el gasto del sector permitirá atender las necesidades más apremiantes de la población, y lograr una mayor cobertura nacional.

En desarrollo rural se pretende incrementar los niveles de bienestar de la población rural y fortalecer su integración con el resto del país; su asignación crecerá al 50.7% en relación al presupuesto de 1983.

La reorientación del gasto asignado a la infraestructura en comunicaciones y transportes, radica en que se considera como uno de los más importantes generadores de empleo y como parte sustantiva de la actividad económica. Las asignaciones de gasto, que en 1983 observaron un dinamismo superior al resto de los sectores, se elevaran al 51.4% en relación a 1983.

En la actividad comercial se plantea apoyar el abasto suficiente y mantener el poder adquisitivo del salario a través del programa

para la producción, abasto y control del paquete básico. Para ello sus gastos se incrementarán en 52.4% para asegurar la distribución de productos básicos al pueblo de México.

En contraste, el sector industrial y en particular al subsector energéticos, ajusta su gasto con el objeto de inducir el cambio estructural, a través de incrementos en la productividad y mayor eficiencia, aprovechando la fuerte ampliación de la capacidad instalada de los últimos años.

En el subsector petrolero, se culminarán los proyectos de refinerías y complejos de petroquímica básica con mayor grado de avance; y se mantendrán las instalaciones que optimicen la explotación de los yacimientos. Especial atención se imprimirá al incremento de la capacidad de almacenamiento y de recuperación secundaria.

En el subsector eléctrico, se implantarán cambios hacia un sistema integrado de plantas que aprovechen el margen de operación, para efectos de mantenimiento y abastecimiento de la demanda en horas pico, así como a la reducción de pérdidas por distribución de energía eléctrica.

Finalmente, los sectores administrativos cumplirán sus funciones con un gasto limitado al mínimo indispensable y con base en la asignación y uso racional de los recursos.

Sector desarrollo rural

México necesita contar con un sector rural dinámico, cuya fortaleza se base en el bienestar campesino. Se requiere aumentar la producción hasta lograr un crecimiento superior al de la población procurando al mismo tiempo desarrollar las zonas atrasadas de la agricultura y lograr una explotación más racional de bosques y selvas que mejore el bienestar económico y social de la sociedad rural.

Para ello, los propósitos fundamentales de la política de desarrollo rural son: garantizar la soberanía alimentaria de la nación; mejorar los niveles de vida de los campesinos y desarrollar las zonas atrasadas de la actividad productiva.

Para el logro de estos objetivos, el Plan Nacional de Desarrollo establece una estrategia cuyos elementos centrales son la organización social para apoyar la retención del excedente económico generado en el campo; la diversificación de las actividades productivas; la superación del minifundio, una mayor participación de los productores primarios en los procesos de decisión y la concertación de acciones entre los sectores públicos, social y privado.

Asimismo, los instrumentos de apoyo de que dispone el Estado se orientarán, de manera sustantiva y armónica, hacia las zonas rurales y en especial a incentivar la producción de básicos propiciando el incremento de áreas cultivadas y de rendimientos, otorgando particular importancia al cambio tecnológico.

En este sentido, se contempla a las comunidades rurales como las unidades básicas del proceso, se identifican las zonas de mayor atraso, se reordenan los apoyos a la producción; se promueve la organización y la capacitación campesina, se agiliza el reparto agrario; se acredita la seguridad jurídica de la tenencia y se impulsan hacia las regiones y zonas rurales los servicios públicos indispensables para el bienestar social de sus habitantes.

En 1984, las líneas específicas de acción que normarán el manejo de los instrumentos y los programas del sector son:

Reordenar los incentivos y apoyos a la producción agropecuaria y forestal con canalización preferente del crédito, insumos y maquinaria a zonas de temporal y alimentos básicos.

Extender los servicios de asistencia a técnica para incrementar y hacer más eficiente la organización de los productores.

Aprovechar intensiva y racionalmente la frontera agrícola.

Ampliar la capacidad productiva por la vía de las pequeñas obras de infraestructura intensivas en mano de obra y de corta maduración.

Fortalecer la integración de las actividades agrarias, pecuarias y forestales, entre si y con los sectores industriales y de servicios.

Regularizar los derechos agrarios; constituir o integrar unidades de desarrollo rural y modernizar el aparato administrativo de la reforma agraria.

También se contempla establecer mayor congruencia entre el conjunto de obras en proceso y la disponibilidad de recursos apoyando preferentemente las de mayor avance físico y aquellas que no revistan problemas de ejecución.

Con estas acciones se propone impulsar la producción de 18.2 millones de toneladas de granos alimenticios; 1.6 de cultivos oleaginosos; 0.5 de cultivos industriales y 6.2 de forrajeros; así como, apoyar la reforestación y dar impulso a la industria de la celulosa a fin de reducir gradualmente las importaciones.

Para la realización de estas acciones se propone asignar un gasto de 599.4 mil millones de pesos, de los cuales 278.6 mil millones corresponden a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 15.0 mil millones a la Secretaría de la Reforma Agraria; 36.7 mil millones al Instituto Mexicano del Café; 1.8 mil millones a Productos Forestales Mexicanos; 1.5 mil millones a la Forestal Vicente Guerrero. Asimismo, se prevén transferencias y apoyos a otros organismos de fomento al campo entre los que destacan: el Banco Nacional de Crédito Rural S.A., con 94.8 mil millones de pesos; la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., con 36.0 mil millones de pesos y el Fideicomiso de Riesgo Compartido con 8.8 mil millones de pesos.

Agrícola

La soberanía alimentaria se basa en la concepción de que el país no puede ni debe depender de decisiones del exterior en esta

materia, ya que la disponibilidad de alimentos tiene repercusiones directas en la nutrición del pueblo.

México posee un potencial productivo de amplias posibilidades, para aprovecharlo será necesario realizar cambios profundos en las estructuras de producción, distribución y consumo; aunado al despliegue de un esfuerzo ordenado y sistemático que reconozca prioridades muy claras y atienda estrategias precisas.

A estos requerimientos responde el Programa Nacional de Alimentación y acorde con esa estrategia el Subsector Agrícola otorga prioridad a las Zonas de Temporal y a los Proyectos de Infraestructura Productiva; al apoyo financiero al campo, especialmente a la producción de cultivos básicos y a fortalecer la organización de productores y el aumento de la productividad.

En apoyo a esta estrategia en 1984 se realizarán las siguientes acciones y metas:

Infraestructura Hidráulica. Se incorporarán 79 mil hectáreas de riego y 96 mil de temporal tecnificado. A través de los proyectos para la rehabilitación de áreas de riego, en el Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan en Tamaulipas y Río Fuerte en Sinaloa, se rehabilitarán 21 mil hectáreas y se protegerán 1 millón de hectáreas productivas realizando acciones de control de ríos. Estas obras beneficiarán a 387 mil habitantes.

En lo relacionado con la pequeña irrigación y con el fin de obtener resultados productivos en el corto plazo se terminarán 300 obras apoyando especialmente los proyectos que en su ejecución presentan un avance de más del 70%, como son los casos de San Lorenzo Culiacán; Chunchintoc y Edzna en Campeche y Andrés Figueroa y Nexpa en Guerrero.

En materia de abastecimiento de agua a las áreas metropolitanas, se elevará la capacidad instalada en 13.3 M3/Seg. con un suministro de 8.5 M3/Seg. en las ciudades de Monterrey, Coatzacoalcos, Tijuana, Guaymas y en las zonas donde se desarrollan obras de infraestructura hidráulica. Los avances en el proyecto Cutzamala permitirán incrementar el suministro a la zona metropolitana de la Ciudad de México en 2 M3/Seg. Asimismo se iniciará la construcción del Acueducto Chapala - Guadalajara y el de Armería, Manzanillo.

En materia de asistencia técnica, a través del Programa Nacional de Apoyo A las Áreas de Temporal, se brindará atención a 762 mil hectáreas y se realizarán obras de riego y drenaje. En los distritos de riego se mantienen los niveles de atención de 1983 pero mejorando la coordinación de los servicios y se atienden 150 Distritos de Temporal procurando que las actividades de coordinación se realicen con mayor oportunidad y efectividad.

En lo relacionado con el crédito, y dado que constituye uno de los instrumentos de mayor impacto en el fomento de la producción agrícola, las entidades de crédito y seguro consolidarán los logros alcanzados en 1983, habilitándose 11 millones de hectáreas que representan 57% de la superficie programada para siembra.

Con un Plan de Operaciones de 256 mil millones de pesos y apoyos fiscales por 94.8 Banrural habilitará 6.6 millones de hectáreas, 66% de básicos y 34% de oleaginosas. Los Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, contemplan un plan de descuentos de 140 mil millones de pesos, 25% superior a 1983; 71% de créditos de avío y 29% de refaccionarios. Asimismo, y en forma paralela el fideicomiso de riesgo compartido apoyará con recursos financieros a 400 mil hectáreas.

Otras actividades sustantivas de apoyo que realiza el subsector es la producción de semilla mejorada y certificada, y la formación profesional de postgrado de técnicos agropecuarios y forestales. A estas últimas se canaliza recursos por un monto de 12.7 mil millones de pesos. Finalmente, a través del Instituto Mexicano del Café se apoyará una comercialización de 2.9 millones de quintales de café; dando especial atención a la exportación del producto.

Pecuario

En la búsqueda de una expansión productiva más dinámica y equilibrada entre la agricultura y la ganadería, la estrategia enfatiza la construcción de pequeñas obras de fomento, así como el mejoramiento del potencial forrajero de los pastizales y el mayor aprovechamiento de los esquilmos.

En el corto plazo, se da prioridad a la producción avícola y a la producción de leche. Asimismo, se alienta la expansión de la ganadería menor: ovinos y caprinos, por su capacidad de desarrollo en áreas de temporal.

En 1984, los programas de apoyo a la ganadería mantendrán la producción y venta de semen y se continuará con la compra y desarrollo de vaquillas; se realizarán campañas sanitarias de control para prevenir brotes epidemiológicos.

La banca y organismos de fomento atenderán 1.8 millones de cabezas de bovinos de cría y leche y el aseguramiento de 2 millones de cabezas de ganado. Por su parte, Alimentos Balanceados de México, S.A. de C. V., aportará una producción de 47 mil toneladas.

Forestal

La actividad forestal se orientará primordialmente a mejorar en forma integral la vida de los pobladores de las zonas forestales. En tal sentido, la política de gasto del subsector contempla realizar acciones para :

Fortalecer las organizaciones de los productores ejidales bajo esquemas y modalidades de asociación Estado - Campesino, ya que estos últimos usufructúan más del 70% de los bosques y selvas.

Fomentar la participación activa de los posesionarios del bosque tanto en el manejo de las exportaciones como en las actividades de beneficio evitando la práctica generalizada de la venta del árbol en pie.

Promover el desarrollo agroindustrial y la participación de los productos forestales en las actividades comerciales y de transporte.

Asimismo, se apoya la preservación y expansión de áreas forestales mediante la reforestación, se impulsan las industrias de celulosa y se promueve la explotación de productos maderables y no maderables a fin de reducir gradualmente las importaciones.

Reforma agraria

La Reforma Agraria Integral es de vital importancia para incrementar la producción y el bienestar en el campo. Su estrategia contempla impulsar la constitución e integración de unidades de desarrollo rural, efectuando el reparto de tierra bajo esta modalidad; garantizar la seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia; y modernizar el aparato institucional tendiente a lograr una tramitación expedita de los asuntos agrarios.

Entre las principales acciones a realizar en 1984 cabe destacar:

En materia de dictaminación y ejecución agraria se atenderán resoluciones presidenciales en 1 millón de hectáreas.

El Programa de Catastro Rural y Regularización de la tenencia de la Tierra continuará sus actividades para otorgar seguridad jurídica en 9 entidades federativas e iniciar en 3 entidades más, con lo cual se regularizarán 100,000 predios, con 50.0 millones de hectáreas.

Se contempla un incremento del 50% en la meta de organización de productores a través de la integración de unidades de desarrollo rural integral en 3,000 ejidos y comunidades e iniciar la descentralización y desconcentración de las acciones agrarias racionalizando el carácter normativo de las oficinas centrales.

Las entidades paraestatales continuarán con las obras de infraestructura en tres fraccionamientos turísticos y en 15 poblados se autorizarán solicitudes de inversiones productivas en diversos ejidos y se regularizarán 2,000 hectáreas, con asentamientos humanos en ejidos y comunidades.

Sector desarrollo regional

Conforme a nuestra Constitución Política, el quehacer público es una responsabilidad compartida entre Federación, Estados y Municipios; de ahí que desde el inicio de la administración y especialmente a partir del Plan Nacional de Desarrollo, se promueva el reforzamiento de las relaciones entre las tres instancias y la adopción como una premisa fundamental de gobierno, de la descentralización de la vida nacional.

En este contexto, se transformó el Convenio Unico de Coordinación en Convenio Unico de Desarrollo a fin de constituirlo como instrumento integrador de las acciones programáticas, económicas y administrativas para promover el desarrollo de los estados y municipios.

Entre las acciones más relevantes destaca la de transferencia de la construcción y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y las bases para iniciar los procesos de descentralización en materia educativa y de salud.

Cabe destacar también, las medidas tomadas dentro del Programa de Empleo que fueron ejecutadas directamente por los estados y municipios en áreas urbanas con una cobertura inicial de doce entidades federativas y posteriormente trece más; así como para el programa de Servicio Social Obligatorio a fin de generar 50 mil plazas para estudiantes egresados de las Escuelas Nacionales de Educación Superior.

Para 1984, se introducirán reformas a las modalidades programáticas del sector mediante la concentración de acciones y esfuerzos, tendientes a mejorar la utilización de los recursos.

Así, los anteriores Programas Estatales de Inversión, Integral para el Desarrollo Rural y de Atención a Zonas Marginadas se fusionan en uno solo denominado Programa de Desarrollo Regional cuya cobertura permitirá brindar un mejor apoyo a las necesidades estatales de inversión en espacios que son las subregiones COPLADE. Asimismo, permitirá integrar una mayor participación de las comunidades en la concepción, seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo Regional a través de los Comités de Planeación Municipal como parte de los Sistemas Estatales de Planeación para que se manifiesten directamente las necesidades locales de inversión.

La asignación de los recursos para el sector en 1984 responde a las siguientes prioridades:

Apoyar los programas de desarrollo en regiones prioritarias.

Impulsar la desconcentración del gasto, destinando mayores recursos para la ejecución directa por parte de los gobiernos estatales y municipales para atender sus necesidades fundamentales.

Fortalecer el desarrollo de ciudades medias, a través de la construcción de infraestructura básica de apoyo y de desarrollo social.

Inducir el mejor equilibrio entre campo y ciudad, fomentando los proyectos productivos y el desarrollo de los sistemas de comunicación, en especial caminos rurales y abasto.

Impulsar la capacidad ejecutiva de las entidades federativas y municipios, asignándoles recursos para la formulación de estudios y proyectos.

Apoyar en forma preferencial la rehabilitación de proyectos productivos y la terminación de obras inconclusas que sean económicamente viables.

Asignar fondos para atender situaciones de emergencia y programas de promoción social.

Se contempla impulsar los Programas Regionales Estratégicos dentro de los cuales destacan el Desarrollo de la Región Mar de Cortés; de la Región Sureste; Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro; Plan Chiapas y Plan Colima.

También, en estos programas se presupuestan recursos para contribuir a resolver eventuales deficiencias presupuestales en las Tesorerías Estatales y Municipales, así como ayudar a resolver necesidades a damnificados, derivados de fenómenos naturales imprevisibles.

El Programa de Empleo que resultó ser un eficaz instrumento para generar puestos de ocupación alternativa para los habitantes de zonas urbanas críticas, del campo y de los egresados de la educación superior, en 1984 será fortalecido con proyectos productivos, becas para capacitación de trabajadores que pierden su empleo y programas de atención a la mujer. Se trata de un programa que no genera costos administrativos, y es de beneficio directo para la comunidad que amortiguará sustancialmente las presiones del desempleo. Al programa de empleo se le asignan 150.0 mil millones.

Los programas de Desarrollo Regional, tendrán una asignación de recursos federales por la suma de 215.4 mil millones de pesos y serán utilizados para ejecutar en los estados y municipios proyectos en áreas productivas, en infraestructura básica de apoyo y para el desarrollo social. Los de desarrollo urbano y ecología 55.6 mil millones de pesos, mismos que se incluyen en Desarrollo Social. Así, el gasto para la prioridad Desarrollo Regional Ecología suma 271.0 mil millones de pesos.

Sector pesca

La creciente demanda de alimentos requiere de nuevas políticas que permitan aumentar y diversificar la oferta alimentaria. El desarrollo de los recursos pesqueros es una alternativa que apoya la consecución de este propósito.

Para impulsar el potencial del sector se requiere de la participación equilibrada de los sectores público, social y privado. Participación que posibilitará consolidar los procesos de captura, industrialización, comercialización y consumo de los productos pesqueros empleando técnicas que permitan ampliar el mercado interno y competir en el exterior.

En apoyo a esta estrategia las acciones del sector para 1984 se orientan a elevar el nivel de vida de la población dedicada a la pesca; diversificar la captura y el consumo de los productos piscícolas; intensificar la explotación pesquera principalmente en la zona económica exclusiva y la del mar territorial; generar empleos en zonas y grupos marginados, así como a captar divisas a través de exportaciones.

Se promueven las actividades de investigación y prospección indispensables para definir las especies existentes, sus volúmenes explotables, características, localización y demás elementos para la determinación del potencial pesquero real.

A través del uso múltiple e intensivo de la flota, se prevé alcanzar una meta de captura directa de 179.1 mil toneladas de especies de consumo popular. Para ello, se habilitará la flota camaronera de modo que sea utilizada dentro y fuera de la temporada de pesca, y su localización en áreas escasamente explotadas.

La piscicultura puede constituir una importante fuente de ocupación e ingreso en el medio rural, por lo que es preciso incorporarla a la actividad económica básica de los campesinos estableciendo un sistema permanente de fomento. En 1984, se impulsará la operación óptima de los centros existentes; la difusión de técnicas de producción y el fortalecimiento de esta actividad mediante el desarrollo de cultivos extensivos y de pesquerías artesanales. Esto permitirá alcanzar una meta de 194 mil toneladas de productos pesqueros.

La incorporación del sector social a todas la etapas del proceso presupone una importante actividad de promoción de las formas de organización para el trabajo y un esfuerzo considerable de capacitación de las cooperativas desde los aspectos administrativos hasta los de comercialización. Para ello, en el próximo año se formularán estudios y manuales de organización y capacitación que permitirán atender a 28 816 pescadores.

El incremento y diversificación del procesamiento y conservación de productos pesqueros exige establecer una adecuada correspondencia entre la infraestructura portuaria y la planta industrial, continuar con el desarrollo de procesos sencillos y baratos como seco - salado y ahumado y elevar la eficiencia de la planta industrial en las empresas paraestatales propiciando una adecuada coordinación entre ellas.

La industrialización de productos pesqueros pretende asegurar la oferta de productos finales que con características de fácil conservación, calidad higiénica y bajo precio puedan ser destinados al abasto popular. De esta forma se dará prioridad a las pesquerías de consumo masivo y se procesarán industrialmente 1 199 miles de toneladas; de las cuales 160.9 mil serán resultado de la acción directa de las empresas paraestatales.

Se contemplan acciones orientadas a propiciar un uso más intensivo de la infraestructura comercial y se concede especial atención al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo de comercialización. Se comercializarán 1 014 miles de toneladas de productos pesqueros en sus diferentes presentaciones; canalizando 892 mil al mercado interno y 122 mil al externo, la captación de divisas por este concepto será 645.6 millones de dólares, 11.7 millones más de los obtenidos en 1983.

Para realizar con eficiencia las actividades de descarga de productos pesqueros se continuará la ejecución de proyectos prioritarios destacándose por su importancia los de Puerto Escondido, Oax., el Sauzal, B. C.; Frontera, Tab., y Puerto Morelos, Q. R. Asimismo, se ampliarán y construirán muelles pesqueros en el Sauzal, B. C.; Isla de Cedros, B. C.; Puerto

Peñasco, Son; Frontera, Tab., y Puerto Morelos, Q. R. Finalmente, se efectuarán dragados en Huizache, Son.; Boca de Camuchin, Nay.; y Barra de Navidad, Jal.

Para apoyar estas acciones se propone asignar al sector un gasto de 125.3 mil millones de pesos, 54.2% mayor al presupuesto esperado de 1983; de este total corresponden a la Secretaria de Pesca 10.5 miles de millones de pesos y 107.8 miles de millones a Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V., y al conjunto de empresas pesqueras del noroeste.

Sector desarrollo social

La sociedad igualitaria a la que aspiramos los mexicanos y que ha sido reafirmada por la presente Administración, se sustenta fundamentalmente en el Desarrollo Social cuyos principios tienen como objetivo central el hombre y su bienestar y calidad de vida.

El Sector Desarrollo Social comprende los aspectos de educación, salud y seguridad social, desarrollo urbano y ecología y laboral. Para impulsar las acciones de estos rubros se propone la asignación de un presupuesto para 1984 de 1 623.8 mil millones, de los cuales 844.3 mil millones corresponden a los programas de educación, 723.9 mil millones a los programas de salud y seguridad social y laboral y 55.6 mil millones para los de desarrollo urbano y ecología.

Educación

La educación y la cultura revisten particular importancia en el marco de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo Tercero constitucional sustenta la filosofía y la forma de organización de la educación pública precisándola como un derecho fundamental para mejorar la vida económica, social y cultural del pueblo. De este fundamento constitucional y de los planteamientos recogidos durante el proceso de consulta popular se desprenden los tres propósitos básicos del sistema educativo:

Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana.

Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación.

Mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación.

La consecución de estos propósitos está condicionada a la superación de rezagos importantes, ya que no obstante los avances experimentados en la última década, subsisten serios obstáculos: un número importante de analfabetos y elevados índices de deserción y reprobación.

Como factores determinantes de marginación educativa inherentes al mismo sistema se encuentran: escuelas incompletas en zonas rurales e indígenas, desarticulación en los programas educativos en cuanto a finalidad y contenido diversidad en los planes y programas de un mismo nivel y modalidad, excesiva centralización administrativa, operativa y financiera de la federación, entre los principales.

Por otra parte, la desarticulación existente entre la educación y la estructura productiva, origina que la formación de los egresados no responda adecuadamente a las exigencias presentes de la sociedad, situación que contribuye a que se genere desempleo de los mismos. Conviene señalar además la importación de valores, actividades y formas de vida que transmiten los medios masivos de comunicación, mismos que deterioran la identidad nacional y marginan las culturas étnicas y populares.

La infraestructura y el fomento al deporte y a la recreación no han sido suficientes para satisfacer a toda la población; la educación física no está adecuadamente vinculada al proceso educativo global; las instalaciones deportivas son insuficientes y su uso social es limitado; y por último, las actividades recreativas se han distribuido en forma desigual entre los distintos sectores sociales del país.

Para avanzar en la solución de esta problemática en 1984, la estrategia del subsector da especial prioridad a:

Fortalecer el nivel de atención en educación primaria ampliando en particular el servicio a grupos indígenas y comunidades dispersas.

Sentar las bases de la descentralización de los servicios de educación básica y normal dentro de un proceso participativo.

Ampliar la atención de adultos analfabetos vinculando su alfabetización con su capacitación para la producción.

- Reorientar el sistema de educación universitaria vinculando la formación profesional a los requerimientos del desarrollo.

- Fortalecer la calidad académica a través de una mayor preparación y capacitación del maestro.

- Impulsar los servicios bibliotecarios en toda la República ampliando el número de bibliotecas y el acervo bibliográfico.

- Promover las líneas de investigación tecnológica en particular las orientadas a productos básicos y de bienes de capital.

- Promover el rescate de artesanías reconociendo este valor cultural en las zonas fronterizas para reafirmar la identidad nacional.

La política de gasto se orienta a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos buscando una utilización más racional de la capacidad instalada. Las acciones y metas que se pretende alcanzar son las siguientes:

- Educación Básica. Se dará prioridad a la atención en nivel preescolar y secundario, a la integración de los planes y programas y se atacarán las causas externas que originan la deserción y la reprobación instrumentando cursos de recuperación. En el nivel preescolar se proporcionará atención a 1.5 millones de niños que representan

el 76.6% del total, este beneficio se continuará impulsando en el medio rural y las zonas marginadas, para lo cual se reforzarán las medidas que permitan satisfacer en cantidad y calidad las exigencias educativas. En el nivel de primaria se dará atención a 14.8 millones de alumnos, siendo responsabilidad del Gobierno Federal satisfacer al 71.1%; en secundaria la educación abarcará a 4.1 millones de alumnos, proporcionando el Gobierno Federal el 72.1%, lo que significa atender 88.0% de los alumnos egresados de las escuelas primarias.

Educación Rural e Indígena: Se impulsará la atención a grupos indígenas y comunidades dispersas a través de escuelas bilingües y cursos comunitarios, los cuales proporcionarán servicios educativos a 620 mil alumnos indígenas y 207 mil niños en cursos comunitarios.

Educación para adultos: Las acciones estarán dirigidas a la prestación de servicios en regiones rurales marginadas y en los estados de menor desarrollo relativo. Se alfabetizarán a 784 mil adultos, se brindará educación primaria a 968 mil y secundaria a 358 mil adultos. En capacitación para el trabajo se atenderán a 456 mil personas.

- Educación universitaria: Se dará prioridad al fortalecimiento de las instituciones de provincia, a las unidades de servicio de desconcentración y a las actividades de coordinación de las acciones de este nivel. Se estima proporcionar atención a 959 mil alumnos en el medio superior, y en el superior a 830 mil alumnos.

- Educación tecnológica: Se estructurará este nivel educativo conforme a las necesidades del desarrollo del sistema productivo y la investigación que realizan estas instituciones se orientará al desarrollo de tecnología sustitutiva para la industria de bienes de capital y bienes de consumo básico. En el nivel medio superior y terminal se atenderán a 685 mil alumnos, 86 mil más que en 1983, y en el nivel superior 173 mil alumnos, 8 mil más que en el año anterior.

- Investigación y postgrado: Al igual que en otros niveles, la investigación se orientará hacia las ciencias básicas y el desarrollo tecnológico de los sectores prioritarios. Se impulsarán los postgrados vinculados a la investigación estratégica y a los requerimientos del desarrollo nacional.

- Formación, superación y actualización del Magisterio: Se reforzarán las acciones de capacitación, actualización y mejoramiento profesional de los maestros en servicio; se establecerán mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los particulares de tal manera que el número de egresados responda a los requerimientos del sistema educativo nacional. Todo ello orientado al mejoramiento de la calidad del servicio.

- Ampliación y mejoramiento de la planta física: Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo dentro del marco de austeridad, soló se realizarán las obras de ampliación y de mejoramiento indispensables para el funcionamiento del subsector, se construirán 8 mil aulas y 1 132 talleres, 579 laboratorios y 6 889 anexos.

- Preservación y difusión del acervo cultural: Las acciones están encaminadas a fortalecer la conciencia de nuestra identidad y a preservar, incrementar y divulgar el patrimonio histórico y cultural de la Nación.

Se intensificarán las relacionadas con la preservación, rescate y difusión de las culturas populares de los grupos étnicos y de artesanos.

- Fomento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas: Se efectuará la reorganización en las instituciones que realizan esta actividad con la finalidad de optimizar el uso de la infraestructura haciéndola extensiva a la sociedad en su conjunto.

Para lograr lo anterior, el monto presupuestado destinado al Subsector Educación en 1984 asciende a 844.3 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 58.1% en relación con el año anterior, de este monto 479.4 mil millones se destinan para el gasto directo de la Secretaría de Educación Pública y 364.9 mil millones para las entidades que conforman el subsector.

Salud y Seguridad Social

El concepto moderno de salud se asocia con el estado de bienestar físico y mental del individuo y la situación de seguridad que promueve el desarrollo pleno de la persona.

El sistema de seguridad social abarca un conjunto de prestaciones sociales, culturales y económicas que se orientan a proporcionar protección integral a la salud del individuo y de su familia. Por su parte, la Asistencia Social se ocupa de atenuar las diferencias sociales entre los mexicanos.

La meta global que se ha fijado el Estado de centra en hacer efectivo el derecho a la salud, para toda la población, permitiéndoles el acceso a estos servicios. Es por ello que, no obstante las condiciones económicas adversas, se han realizado esfuerzos significativos para evitar el deterioro de los niveles de bienestar en salud y seguridad social.

La problemática actual que enfrenta el subsector, se engloba principalmente en la carencia de prestación de servicios en algunas regiones, dependencia tecnológica y de insumos del exterior, escaso desarrollo de la investigación en la materia, así como dispersión de esfuerzos y subutilización de la capacidad instalada.

Promover una cobertura nacional de los servicios de salud, garantizando un mínimo razonable de calidad para todos los habitantes del país, constituye uno de los propósitos fundamentales de la estrategia de desarrollo social.

La política de gastos para 1984 del subsector Salud y Seguridad Social se estructuró de acuerdo con los lineamientos y líneas generales de acción insertos en el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, las orientaciones básicas que guían su acción son las siguientes:

- Reorganizar y modernizar los servicios de salud y asistencia social a través de la integración del Sistema Nacional de Salud.

- Descentralizar o desconcentrar a las entidades federativas el primer y el segundo nivel de atención de los servicios proporcionados a la población abierta.

Racionalizar el uso de la capacidad física instalada mediante un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente.

Procurar una mayor disponibilidad de recursos para la atención de la población no amparada por los sistemas de seguridad social.

Consolidar un sistema de abastecimiento institucional a través de compras consolidadas de medicamentos, instrumental y equipo.

Fomentar un mayor nivel de integración nacional en la fabricación de insumos.

A través de estas acciones se pretende alcanzar las metas siguientes:

En materia de salud, se aplicarán 99.8 millones de dosis de vacunas para prevenir enfermedades, acción que se apoya en la producción de biológicos, misma que será de 76.9 millones; se otorgarán 12.2 millones de consultas orientadas a la planificación familiar y 101.2 millones de consultas generales y especializadas en los diferentes niveles de atención; se construirán 3 laboratorios de salud pública y se terminarán 80 unidades médicas, se fortalecerán las acciones de conservación y mantenimiento de la capacidad instalada y se realizarán 1.4 millones de inspecciones sanitarias.

En materia de asistencia social, se dará especial atención a la protección de la niñez y vejes en estado total de abandono, así como a minusválidos y al Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias. Para tal efecto, se otorgarán 237.3 millones de raciones y se protegerán a 101.5 miles de personas.

En cuanto a seguridad social, se mejorarán las pensiones y jubilaciones; se incrementará en 50% la cobertura de guarderías; se instrumentará un programa nacional de velatorios; se terminarán 10 551 viviendas y se otorgarán 13 345 créditos hipotecarios y 460 mil de corto plazo.

A efecto de desarrollar las acciones y metas fijadas, el monto presupuestal que se propone para el Subsector Salud asciende a 712.8 mil millones, 50.4% superior al esperado de 1983. La distribución por entidades es la siguiente: 77.4 mil millones para la Secretaría de Salubridad y Asistencia; 413.0 mil millones para el Instituto Mexicano del Seguro Social; 95.5 mil millones para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado; 13.7 mil millones para el Desarrollo Integral de la Familia.

Desarrollo urbano y ecología

La problemática del desarrollo urbano y la vivienda se ha agravado por el incumplimiento de las medidas de planeación de los asentamientos humanos que ha originado una amplia dispersión de las comunidades rurales frente a una concentración urbana en unas cuantas ciudades. Situación que se agudiza por factores de orden estructural tales como: una inequitativa distribución del ingreso y el poco desarrollo de los instrumentos para el control que permite lograr el bienestar de los conglomerados urbanos y rurales.

En materia ecológica, la problemática está vinculada con la contaminación del aire, agua y suelo, resultado de la concentración urbana y de una actividad industrial intensa y a la desforestación, la erosión y la desertificación provocada en gran medida por prácticas agropecuarias inadecuadas.

En atención a esta problemática y derivado de los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo, la acción del subsector se orienta a alcanzar un desarrollo equilibrado en el territorio y al ordenamiento interior de los centros de población, el fortalecimiento del control del Estado sobre los procesos del aprovechamiento del suelo urbano. Además de procurar satisfacer las necesidades del suelo, vivienda y equipamiento urbano, preservar los valores históricos y culturales y la propiedad inmueble federal.

Por lo que se refiere a la política de ecología, se persigue el control y disminución de la contaminación ambiental y la restauración ecológica, en particular en las áreas donde la situación se ha vuelto crítica debido al efecto de las actividades socioeconómicas.

Con el propósito de dar satisfacción a las necesidades planteadas y apoyar el logro de objetivos en 1984, se levarán a cabo las siguientes acciones:

En el ámbito de desarrollo urbano:

- Se instrumentarán medidas de control tendientes a consolidar un sistema nacional de ciudades, impulsar el desarrollo de centros alternativos y propiciar la distribución armónica de las ciudades en el territorio.

- Se construirán 21 sistemas de agua potable y 26 sistemas de alcantarillado, dando especial atención a las ciudades medias y zonas fronterizas.

- Se intensificarán la asesoría y supervisión técnica a los Gobiernos Estatales y Municipales, en materia de agua potable y alcantarillado, a fin de que directamente ejecuten las obras en la materia.

Se restaurarán 100 monumentos de importancia cultural y se realizará la conservación de edificios históricos y públicos.

En el área de vivienda:

Se constituirán reservas territoriales y se dará el apoyo técnico necesario en la promoción de la oferta de parques de materiales y el desarrollo de nuevas normas y tecnologías para la construcción de vivienda. Esto a través de la participación de los gobiernos de los Estados y municipios y de la concertación con los sectores privado y social.

Se realizarán obras de urbanización para uso habitacional en las colonias populares de Acapulco, Gro., la conservación y mantenimiento de servicios en la zona conurbada de Río Balsas y diversas acciones de urbanización en los Puertos Industriales de Ostión y Altamira. Estas acciones serán realizadas por el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Gro., el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de la Ciudad Lázaro Cárdenas - Las Truchas, Desarrollo Urbano del Puerto Industrial de Altamira, S. A. de C. V. y Desarrollo Urbano del Puerto Industrial del Ostión, S. A. de C. V.

En apoyo a las acciones de construcción de vivienda progresiva, se otorgará financiamiento a través del Fideicomiso Fondo de las Habitaciones Populares para la terminación de 42,500 lotes con servicios, 8 800 pies de casa y la iniciación de 8 400 lotes con servicios y 1 400 pies de casa.

En lo referente a Ecología:

Se instrumentará el control de la contaminación dando énfasis en las zonas críticas y se realizarán acciones correctivas tendientes a restaurar la situación en zonas deterioradas y a disminuir la contaminación.

Se pondrá en operación una red automática de monitoreo atmosférico en la zona metropolitana de la Ciudad de México y 6 redes manuales destacando las de Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez.

Se rehabilitarán los laboratorios para la prevención de la contaminación del agua y se realizarán acciones de control en 7 localidades en los estados de Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

Para el cumplimiento de los objetivos y acciones señalados se propone asignar al subsector un monto de 55.6 mil millones de pesos, de los que corresponden 41.2 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y 14.4 a transferencias para organismos coordinados.

Laboral

La problemática en relación con el empleo, la productividad y otros aspectos laborales demandan el esfuerzo coordinado de los distintos sectores de la sociedad orientados al mejoramiento de las condiciones de ingreso y de trabajo, la solución de los desequilibrios entre oferta y demanda de mano de obra y el aprovechamiento de las potencialidades de la fuerza de trabajo.

En la actualidad, y a pesar de las circunstancias prevalecientes, ha sido posible disminuir el fenómeno de crecimiento de la desocupación que mostraba proporciones alarmantes en el curso del último semestre del año pasado. Este avance obedeció, en buena medida, a la puesta en marcha del Programa de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo y al conjunto de políticas instrumentadas por el Gobierno Federal.

En este contexto, los propósitos fundamentales del subsector laboral, dentro de la política social del Plan Nacional de Desarrollo, se orienta a elevar y proteger la generación de empleos y mejorar el poder adquisitivo del salario, así como a disminuir la marginación y la pobreza dando especial atención a las necesidades básicas de la población y a fortalecer los mecanismos administrativos e institucionales de fomento a fin de proteger el empleo existente multiplicando las oportunidades y procurando condiciones de justicia y bienestar social al trabajador.

Atendiendo a la consecución de estos objetivos, en 1984, la política de gasto se orienta a:

Promover acciones para elevar la productividad y la capacitación y a fomentar la organización social para el trabajo. Se impulsarán las acciones de promoción y vigilancia de sociedades cooperativas por sus efectos en la producción, empleo y bienestar social y se elaborarán 5 programas de acción sobre cooperativismo.

Prever y conciliar los conflictos obrero - patronales que se presenten a través del fortalecimiento de los órganos conciliadores, procuradores e inspectores de la legislación laboral, atendiendo la totalidad de las demandas y brindando asistencia a los trabajadores que lo requieran.

Reforzar las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales laborales, considerando prioritariamente las relativas a contratación, capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene en el trabajo. Se realizarán 12 mil visitas a empresas y sindicatos y se vigilará el cumplimiento de las normas de reparto de utilidades.

Mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias a través del: fortalecimiento del Sistema Nacional para la fijación de los Salarios Mínimos; apoyo a las acciones tendientes a elevar el poder adquisitivo y proteger el ingreso de los trabajadores, mediante el otorgamiento de créditos baratos y oportunos para la adquisición de bienes básicos de consumo duradero así como la promoción de mecanismos de comercialización social y la orientación de las conductas de consumos. Se plantea otorgar 200 mil créditos a trabajadores, además de promover 700 mecanismos de comercialización.

El gasto propuesto para el subsector asciende a 11.1 mil millones, monto que representa un incremento del 52.1% respecto del presupuesto de 1983. A transferencias se asignan 2.1 mil millones, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores absorbe el 76.2% y el resto refuerza las acciones sustantivas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Mixta de la Industria Textil de Algodón y el Comité Mixto de Protección al Salario.

Sector comunicaciones y transportes

El Sistema de Comunicaciones y Transportes constituye uno de los soportes fundamentales para el desarrollo general del país, ya que influye directamente en la integración de las actividades económicas del bienestar social y el intercambio cultural.

En la actualidad, el sistema presenta una desequilibrada participación de los distintos medios de transporte, además de una articulación deficiente entre los mismos. Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la necesidad de lograr un sistema integral de transportes eficientes que incida en la menor medida posible sobre los precios finales de los bienes producidos, y que satisfagan al menor costo las necesidades de movimientos de personas.

En armonía con la política regional del Plan Nacional de Desarrollo, se define como acción prioritaria la integración gradual de la red de comunicaciones y transportes con enlaces transversales que favorezcan la descentralización y vinculación de mercados regionales entre sí y con el mercado mundial. En forma complementaria se impulsará la extensión y modernización de la red alimentadora y rural para mejorar la relación campo - ciudad y contribuir al desarrollo estatal integral.

La inversión destinada a modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de transporte, constituye a su vez un elemento esencial dentro del Programa de Protección al Empleo, al que contribuirá mediante la generación de 350 000 empleos. En este sentido, se apoyará el programa de caminos rurales que permite crear ocupación temporal para la mano de obra campesina en las zonas deprimidas; se incrementarán las tareas de conservación que reclaman atención con urgencia y se continuarán las obras de proceso, aplicando tecnologías con mayor contenido de mano de obra.

En la prestación de los servicios se concentrarán los esfuerzos para aumentar la productividad, para lo cual se actuará en la modernización, de la administración, los procedimientos de operación y la capacitación, particularmente de las empresas ferroviarias, dada su prioridad.

Desde el punto de vista financiero se pretende disminuir el déficit presupuestal del sector mediante ajustes al incremento del gasto de acuerdo a las posibilidades reales de financiamiento, para lo cual se adecuarán las tarifas a los costos.

La materialización de las acciones contempladas en el Sector Comunicaciones y Transportes para el próximo año, demanda una asignación presupuestal de 648.5 mil millones de pesos, cifra superior en 51.4% en relación a 1983. Se otorga mayor prioridad a la inversión, para lo cual se asignan 257.4 mil millones que representan un 48.3% de incremento.

Transporte carretero

El transporte carretero atiende el 80% del movimiento de carga y el, 97% del desplazamiento de personas, por lo que se fortalecerá la regulación y programación concertadas con los autotransportistas para lograr un desarrollo racional y eficiente que se complemente con los otros modos de transporte.

Sobresale la necesidad de atender el deterioro existente en la red carretera y el congestionamiento en diversos tramos, especialmente de la red troncal básica, que afectan en forma importante los costos de transporte. Se otorgará especial atención a la conservación de los 41 500 Km. de la red federal y de los 71 500 Km. de caminos rurales.

En la modernización de la red troncal se concentran recursos en los tramos con mayores problemas que pueden mejorarse a corto plazo. La meta es atender 570 Km. de carreteras, incluyendo entre las más importantes las carreteras Querétaro - San Luis Potosí; Coatzacoalcos - Villahermosa; Irapuato - León; Ecatepec - Pachuca; México - Toluca; Guadalajara - Manzanillo y Culiacán - Guasave. Por otra parte, se terminará el nuevo puente de Coatzacoalcos y se continuará el puente de Tampico.

La construcción de nuevas carreteras se concentrará en las que tienen mayor avance y constituyen enlaces transversales de integración. Al respecto, destaca la terminación de las carreteras de Lázaro Cárdenas - Manzanillo y Temascaltepec - Zihuatanejo y la continuación de la fronteriza del Sur, así como las de Ameca - Puerto Vallarta y Chihuahua - Hermosillo.

Transporte ferroviario

La modernización de la operación e infraestructura del transporte ferroviario constituye el eje de la estrategia para el transporte interior de carga, a fin de recuperar su función troncal en el sistema, en particular para el movimiento de grandes volúmenes de carga a distancias largas. La meta en 1984 es lograr un crecimiento del 6% superior al 4% histórico, con lo cual se espera transportar 68.5 millones de toneladas de carga.

El programa de modernización de la operación ferroviaria otorgará especial atención al mejoramiento de las condiciones laborales y capacitación del personal. Se propone a su vez lograr un aumento en la productividad y reforzar las acciones de mantenimiento del equipo,

lo que permitirá reducir el programa de adquisición de locomotoras a 62 unidades previéndose la reconstrucción de 12 unidades.

Respecto a la modernización de la infraestructura ferroviaria, la mayoría de los recursos se destinan a continuar el proyecto de la doble vía electrificada México - Querétaro, con lo que se llegará al 90% de avance en el tramo Huehuetoca Querétaro y al 20% en instalaciones para electrificación. Para apoyar la política regional se incrementa el ritmo de construcción de los enlaces transversales, que comprenden la rectificación del tramo Esperanza - Córdoba en la vía México - Veracruz, la rectificación de Sayula - Ciudad Guzmán, de la línea Manzanillo - Guadalajara y la construcción de la vía directa Guadalajara - Monterrey.

Transporte marítimo

La Marina Mercante Nacional y el sistema portuario constituyen un apoyo indispensable a nuestro comercio exterior, pues el 82% de éste se transporta vía marítima; además el transporte de cabotaje constituye una opción complementaria para resolver los problemas de transporte interno. Sin embargo, actualmente disponemos de una incipiente Marina Marcante Nacional que determina que el 90% del tráfico de altura y el 50% del de cabotaje se efectúen en embarcaciones extranjeras. Aunando a ello, en los puertos se tienen insuficiente capacidad de almacenamiento, inadecuados accesos terrestres y baja productividad.

En 1984, se fortalecerá el programa de regulación y fomento de la marina mercante, que actualmente se compone de 45 navieras y 170 barcos de bandera nacional, y se continuará impulsando la formación de tripulaciones en el seno de las escuelas náuticas, factor que constituye una de las principales limitaciones en su desarrollo.

En el sistema portuario nacional se terminará la construcción de una posición de atraque en Guaymas; se continuará la ampliación del puerto de Manzanillo y se efectuarán trabajos de reparación de muelles, almacenes y diversas obras complementarias en los diez principales puertos que les permitirán aumentar su productividad.

En los puertos industriales se contempla la terminación de la primera etapa de Lázaro Cárdenas, con la conclusión de la terminal de granos para manejar 1.8 millones de toneladas por año y la terminal de usos múltiples, así como el dragado necesario y accesos carretero y ferroviario para habilitar estas terminales. Para el puerto de Altamira, se continuará con la construcción de las escolleras y se concluirá una primera etapa operativa de la terminal de usos múltiples.

En materia de servicios portuarios, destaca la instrumentación del programa concertando entre autoridad, empresa y trabajadores para modernizar y aumentar la productividad en la operación portuaria.

Transporte aéreo

El transporte aéreo ha experimentado un crecimiento satisfactorio, aun cuando todavía se requiere elevar su productividad y mejorar la coordinación con el sector turismo. En forma paralela, no obstante la expansión de la red aeroportuaria, ya se presentan ciertas deficiencias, destacando principalmente los problemas de saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Las principales acciones programáticas contempladas en el proyecto de presupuesto de este subsector se refieren a la regulación de la actividad aeronáutica en el país, que comprende el transporte troncal de 7.5 millones de pasajeros internacionales y 14.2 millones de pasajeros nacionales, así como el fomento de las líneas aéreas alimentadoras y el uso racional de las aeronaves para servicio del Gobierno Federal.

En relación al transporte aéreo troncal, Aeronaves de México y Mexicana de Aviación movilizarán 14.4 millones de pasajeros, con un incremento global entre ambas líneas de 9%. La flota de Aeroméxico, compuesta por 38 aviones, contempla la sustitución de cuatro aparatos obsoletos por equipos DC9 - 82, bajo un régimen de arrendamiento financiero.

El gasto asignado a Aeropuertos y Servicios Auxiliares será suficiente para la conservación y operación de su red de 58 aeropuertos y la atención de 32.4 millones de pasajeros. Además, el organismo concluirá la remodelación y ampliación de los edificios terminales de Monterrey y Tijuana.

Para infraestructuras aeroportuaria se prevé la continuación de los nuevos aeropuertos de Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Morelia, San José del Cabo y Loreto y la puesta en marcha de actividades que brinden una solución de mediano plazo al sistema aeroportuario del Valle de México.

Comunicaciones

El Sistema de Comunicaciones constituye un elemento indispensable para el desarrollo eficiente del aparato productivo y distributivo. Además de significar un medio esencial para instrumentar la política de comunicación social.

La regulación y fomento de las telecomunicaciones recibe especial atención, con objeto de hacerla más efectiva y mejorar el control técnico de las transmisiones de radiodifusión y telecomunicaciones, destacando el apoyo para modernizar la red de radiomonitoreo.

Se continuará la fabricación del sistema mexicano de satélites Morelos, que se inició en 1983, y se espera ponerlo en funcionamiento en junio de 1985, con objeto de transmitir en su mayoría las señales de televisión y atender la demanda creciente de telefonía a larga distancia. El soporte en tierra requerido para este sistema consiste en 1,500 estaciones receptoras de televisión. En 1984 se instalarán 10 de estas últimas y para 1985 las

otras 31. Asimismo se operarán las 184 receptoras ya existentes. El sistema de satélites permitirá aliviar el congestionamiento de la red federal de microondas para atender fundamentalmente el servicio de telefonía, por lo que se continuará su adaptación y modernización en 70 estaciones para 1984.

Teléfonos de México ampliará su red en 513,000 unidades, que representa un incremento de 8% a su capacidad para alcanzar la meta de 6.8 millones de aparatos y una densidad de 9.2 aparatos por cada 100 habitantes. Se contempla también a través de la Secretaría la incorporación al servicio telefónico de 100 localidades rurales adicionales a las 2.816 incorporadas al sistema para alcanzar una cobertura del 21% contemplado en el programa total.

En el servicio Télex se instalarán 2,600 teleimpresores en existencia, para alcanzar 15,600 abonados. En teleinformática se implantará el Centro de Control de la Red Pública de Transmisión de Datos que permitirá atender 48 ciudades y dar servicio a 2,000 terminales, con lo cual se aumentará en 47% el número de usuarios.

En el servicio telegráfico las acciones se orientan a la consolidación del Sistema de Comunicaciones Automática, la ampliación de la cobertura del servicio, la modernización técnica, operativa y administrativa y la remodelación de oficinas para atender de una manera eficiente y confiable una demanda esperada de 60.2 millones de mensajes y giros.

Respecto al servicio se modernizará los sistemas administrativos y de operación para reducir el tiempo de entrega de correspondencia, facilitar una mayor cobertura y mejorar su imagen y situación financiera. Para ello se impulsará la mecanización la difusión del Código Postal, la remodelación de 1,000 oficinas y la iniciación de un programa de incorporación de núcleos marginados urbanos y rurales a la red postal con la apertura de 235 administraciones, 350 agencias y 1,312 rutas.

Sector abasto

La función principal del sector es posibilitar que los productos lleguen a los distintos consumidores en cantidades y en condiciones de calidad apropiada, a través de canales de distribución que aseguren la provisión de bienes a precios adecuados.

Dificultades de carácter estructural obstaculizan el cumplimiento de esta función. Entre las más importantes se encuentran: el crecimiento distorsionado del comercio, la vinculación insuficiente y desigual de los sectores productivos y las prácticas nocivas que condicionan al consumo.

Para la superación de esta problemática la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo plantea la modernización comercial y del abasto popular. Igualmente se propone alcanzar mayor racionalización económica y social en la actividad comercial, para convertirla en un nexo eficaz la producción y el consumo y mejorar la correspondencia entre la capacidad para integrar la oferta y el tipo y monto de la demanda.

Para el logro de estos propósitos se fomentará la producción de básicos para incidir en la oferta de los mismos; se orientará el consumo hacia los productos nacionales; se mejorará la capacidad de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y servicios; se reducirán los márgenes de comercialización e intermediación; se combatirán los monopolios, el acaparamiento y la especulación y se fomentarán la exportaciones y la sustitución de importaciones principalmente en los productos básicos.

Como avances en la instrumentación de la estrategia se ha diseñado el Sistema Nacional para el Abasto, el Programa para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico de Consumo Popular, el Programa Nacional de Alimentación y el Programa de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo.

En Materia de Comercio Exterior la estrategia se orienta a vincular la oferta industrial con el exterior a fin de revertir la tendencia monoexportadora, a efecto de racionalizar el uso de divisas y alentar la política de sustitución de importaciones.

Para ello se fortalecerán las ramas con capacidad de generación neta de divisas y se desarrollará un amplio mercado interno integrado hacia adentro y competitivo hacia afuera. Se instrumentará una efectiva protección selectiva de ramas prioritarias a través de aranceles para bienes de consumo y controles para bienes intermedios y de capital seleccionados.

Entre las acciones y metas más relevantes para 1984 se destacan las siguientes:

Restringir el crecimiento del sector entre el 0.1 y 1.5% e incrementar la producción de las filiales industriales del sistema CONASUPO en 12.2%.

Producir a través de las empresas del sistema CONASUPO 588 millones de litros de leche fluida y 148 mil toneladas de leche concentrada, en polvo y otras presentaciones; 552 mil toneladas de harina de maíz; 223 mil toneladas de harina de trigo y subproductos; 95.2 millones de piezas de pan y 117 mil toneladas de alimentos balanceados.

Promover la conformación del Sistema Nacional para el Abasto a través de: la construcción de nuevas centrales en las ciudades de más de 500 mil habitantes, y módulos de abasto para ciudades intermedias entre 100 mil y 500 mil habitantes; la ampliación de la capacidad de acopio de bodegas rurales CONASUPO, S. A de C. V., en 5.2% la instalación de un nuevo centro de acopio y el reacondicionamiento de los ya existentes; la promoción de centros de almacenaje para productos hortofrutícolas en 9 estados de la República; la realización de estudios en el resto de las entidades federativas; y la utilización óptima de las instalaciones frigoríficas para productos carnícos y pesqueros.

En materia de regulación, se adquirirán vía Compañía Nacional de Subsistencias Populares,

5.4 millones de toneladas de granos y oleaginosas en el mercado nacional y 7.9 millones en el mercado externo; se supervisará la comercialización de 2.0 millones de toneladas de trigo, que demandará la industria molinera, mediante los sistemas participativos de acopio - abasto; y se comercializarán 13.4 millones de toneladas de granos y oleaginosas.

Disponer, al finalizar 1984, una reserva de 2.7 millones de toneladas de granos, oleaginosas y lácteos, nivel que pretende garantizar la seguridad alimentaria ante cualquier contingencia.

Abastecer el pequeño y mediano comercio con ventas de más de 21 millones de pesos a través de la Impulsora del Pequeño Comercio, S.A. de C. V.; así como comercializar 134 mil millones de pesos de producción de consumo generalizado, a través del sistema DICONSA.

Beneficiar a través del Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industria, 1,492 empresa vía créditos y garantías de apoyos y asesorar a 19,558 más.

Apoyar al comercio exterior a través del Instituto Mexicano de Comercio Exterior atendiendo 77,146 consultas; operando el programa de incentivos promocionales para más de 11,600 empresas y abriendo 8 oficinas regionales de asesoría a la comunidad exportadora y al Gobierno Federal.

Para la realización de estas acciones se propone para el sector una asignación presupuestal de 582.6 mil millones de pesos 52.4% superior al esperado de 1983. La asignación propuesta por entidades es la siguiente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 25.8 mil millones de pesos; Compañía Nacional de Subsistencias populares, 531.2 mil millones de pesos; Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 5.6 mil millones de pesos; y para apoyo a otras entidades coordinadas, 20.0 mil millones de pesos.

Sector turismo

En 1983 la actividad turística recobró el dinamismo de los últimos años de la década anterior. Esto, producto esencialmente de la política cambiaria que desincentivó la salida de viajeros nacionales y convirtió a México en uno de los países más atractivos para el turismo extranjero.

Frente a las restricciones financieras actuales y la necesidad de sostener el nuevo dinamismo, así como de equilibrar la oferta turística para los grupos de altos ingresos con las facilidades para el turismo masivo, se ha adoptado una estrategia que consiste básicamente en el uso intensivo y eficiente de la capacidad instalada, el mantenimiento de una política de precios que favorezca la competitividad en el mercado internacional y el incremento de la demanda interna así como la asignación óptima de los recursos financieros, orientada fundamentalmente hacia el mantenimiento de la planta turística y una operación más eficiente que mejore los niveles de calidad y competitividad.

Asimismo, para proporcionar alternativas de recreación de menor costo y hacer rentables las inversiones, se enfatizará en las actividades de promoción y fomento proporcionando la debida capacitación turística y la apertura de nuevas áreas de esparcimiento.

En 1984, la política de gasto se define en función de tres líneas prioritarias de acción: el fomento y desarrollo, de la oferta, la promoción de la demanda y el aprovechamiento de los recursos turísticos, mismas que contribuirán a lograr un crecimiento superior al del producto interno bruto; proteger el nivel de empleo; generar un número creciente de visitantes extranjeros que aumente los ingresos de divisas; desarrollar la oferta de alojamiento y mejorar la infraestructura, los servicios y el abasto en los centros turísticos de mayor prioridad.

La asignación de recursos apoya la inducción, de la inversión privada y social; la consolidación de la operación de las entidades paraestatales; la utilización intensiva de la capacidad instalada; y la realización de campañas de promoción que incrementan las corrientes de turismo interno y receptivo.

Para consolidar los centros turísticos existentes se contemplan acciones de diversificación y remodelación de la planta turística, y la construcción de una adecuada infraestructura física y social que asegure el crecimiento de dichos centros, dando prioridad a aquellos que captan elevados volúmenes de turismo extranjero, dado que éste contribuye directamente a una mayor captación de divisas.

A través de la concentración de acciones entre los sectores públicos, social y privado se propiciará el abasto oportuno y suficiente de los distintos productos que requiere la construcción y operación de instalaciones turísticas, de modo que se conviertan en una fuente de empleos permanentes que posibiliten el desarrollo de otras actividades en diferentes sectores y contribuyan a elevar el nivel de vida de la población.

No obstante, el comportamiento positivo de la demanda, la situación económica afecta en forma negativa los programas y proyectos de expansión, tanto los destinados al turismo convencional como al turismo social.

Se prevé mediante la realización de 16 campañas publicitarias en mercados de alta potencialidad se aumente en 200 mil el número de visitantes extranjeros respecto a 1983, alcanzando un nivel de 4.7 millones de turistas. Se estima un ingreso de divisas de 1900 millones de dólares. En el orden interno, las acciones de promoción contemplan la celebración de eventos que fomenten la recreación familiar y el conocimiento de la riqueza cultural e histórica de nuestro país.

Por el lado de la oferta, será preciso promover la construcción de 5,560 cuartos de hotel para el cual se celebrarán convenios con otras dependencias del Gobierno Federal; con los gobiernos estatales y municipales, y los particulares, de modo que las acciones de financiamiento realizadas por el sector promuevan la inversión privada en función de las necesidades de la demanda regional. En apoyo de

estas acciones se urbanizarán 334 hectáreas en centros turísticos de la más alta prioridad.

A través del programa inversiones se apoya la continuación del proyecto Cancún, consistente en la infraestructura complementaria de la segunda etapa del proyecto de construcción de cuartos de hotel, obras marítimas, urbanización de terrenos habitacionales, equipamiento de playas y unidades deportivas y la consolidación de la primera etapa Ixtapa, consistente en la apertura de terreno de uso residencial - turístico, obras de desarrollo náutico e introducción de servicios y urbanización de terrenos.

En San José del Cabo se terminará la infraestructura en la zona residencial turístico - habitacional y se proseguirán las obras de equipamiento comercial, playas recreativas, caminos de acceso, vialidad y conservación del estero.

En el proyecto de Zihuatanejo, se realizarán obras de protección contra inundaciones, captación y conducción de agua potable y servicios básicos, y en el proyecto Loreto se construirán embarcaderos, áreas comerciales, auditorio y obras de dragado, relleno y acondicionamiento del muelle.

Para llevar a cabo estas acciones y metas se propone un gasto para el sector de 14.1 mil millones de pesos 51.7% superior al esperado para 1983. El mayor incremento se registra en el renglón de inversión. Del monto total, la Secretaría de Turismo ejercerá 2.9 millones el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 6.3 mil millones; los 4.9 mil millones restantes se distribuirán entre el Consejo Nacional de Turismo y los fideicomisos que operan en el sector.

Sector industrial

El Plan Nacional de Desarrollo define cinco orientaciones estratégicas para el sector industrial; desarrollar la oferta de bienes básicos; fortalecer selectivamente la industria de bienes de capital para incrementar la producción nacional; vincular la oferta industrial con el exterior, impulsando las ramas con capacidad de generación neta de divisas; crear una base tecnológica propia y lograr una industria paraestatal eficiente y competitiva que sea importante elemento de apoyo de las cuatro primeras orientaciones. Asimismo, establece que en el corto plazo será prioritario defender la planta productiva y proteger el empleo.

En la actualidad, las empresas del sector industrial paraestatal se enfrentan a una situación compleja, la mayoría ha sufrido la reducción de sus mercados y tienen problemas financieros que se constituyen en un serio obstáculo para su funcionamiento.

En respuesta a esta problemática, la estrategia de corto plazo se apoya en la utilización de capacidad no aprovechada y los recursos humanos calificados con que cuenta el sector para lograr mayor eficiencia y productividad.

En materia de saneamiento financiero, se atacan los problemas de insuficiencia de capital, por medio de una política de ventas y de precios y tarifas más realistas; de la revisión de apoyos financieros gubernamentales y de una estrategia de endeudamiento que permitirán progresar en grados de autonomía.

En cuanto a empleo, se ha planteado mantener su nivel en el sector y al mismo tiempo, aumentarlo en otras ramas seleccionadas por su efecto multiplicador en la demanda. Asimismo, se privilegiará la subcontratación con la pequeña y mediana industria y se estructurarán programas consolidados de compra.

Por la importancia que tiene el ahorro y la mayor captación de divisas en la estrategia de reordenación económica, se ha instrumentado un programa de fomento a las exportaciones no petroleras, pretendiéndose en 1984 alcanzar 976 millones de dólares, esto es, 35% más que en 1983. Además se integrará la oferta exportable, se promoverán las políticas de negociación triangular, la compensación de divisas, el trueque, la relocalización de canales de comercialización y la utilización común del cuerpo de ventas y bodegas en el exterior.

En este contexto, el proyecto de presupuesto para el sector industrial propone un monto de gasto austero donde se racionalizan los gastos no directamente relacionados con la producción y en el programa de inversión se da prioridad a proyectos que están próximos a su conclusión o tienen perspectivas de creciente demanda final, y /o que contribuyen a complementar cadenas de producción de bienes prioritarios.

El gasto es de 532.1 mil millones de pesos, 24.9% superior al esperado en 1983. La asignación por principales entidades es la siguiente: Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 5.7, Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas" 75.6, Fertilizantes Mexicanos 148.0., Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 21.8, todos estos montos en miles de millones de pesos.

A continuación se detallan las acciones más relevantes que se desarrollarán en 1984.

Minería

Para asegurar el suministro de materias primas mineras que demanda la industria nacional, apoyar la generación de exportaciones y el aprovechamiento integral de nuestras materias primas, la política de gasto contempla:

Intensificar los trabajos de exploración, extracción y beneficio de minerales preciosos, no ferrosos y no metálicos que ofrecen mayores probabilidades de desarrollo inmediato.

Producir 2.1 millones de toneladas de azufre, 4.1 de sal y 1.7 millones de toneladas de carbón no cotizable. Asimismo, se incrementará la producción de planta 35%. de oro más del 100%, de cobre 50%, de plomo 21%, de zinc 65% y de fluorita 14%.

En lo relativo al programa de inversiones se realizarán los siguientes proyectos prioritarios:

El Proyecto "Carbón I" que abastecerá de carbón cotizable a la carboeléctrica de Piedras Negras, Coahuila. Se concluirá en 1985 y a fines de 1984 tendrá un avance de 75%. Los proyectos San Juan de la Costa" y "Santo Domingo" ubicados en Baja California Sur, que abastecerán de concentrados de pentóxido de fósforo a la industria de fertilizantes.

La construcción de dos barcos graneleros de 22 mil TPM para la Compañía Naviera Minera del Golfo, S.A. de C. V. cuya finalidad será la de transportar materias primas en tráfico de altura y cabotaje.

Siderurgia

La industria siderúrgica paraestatal tiene capacidad para producir 6 mil millones de toneladas anuales y proporciona empleo a 46,700 personas. En la actualidad estas empresas enfrentan una situación financiera crítica debido a la contracción de la demanda y a su nivel de endeudamiento.

Para atender esta problemática, las acciones en 1984 se orientarán a mejorar los sistemas de abastecimiento de insumos y el funcionamiento y organización de las empresas. Asimismo, se instrumentarán programas de productividad tendientes a superar cuellos de botella. A través de estas acciones se espera reducir las importaciones de carbón cotizable, de refractarios y de otros materiales y lograr una mayor autonomía financiera y una mejor integración industrial.

En 1984, la producción de terminados será de 2.8 millones de toneladas, volumen inferior en 1% al de 1983, de los que comercializarán en el exterior 420 mil toneladas, 20% más que en 1983, y 2.3 millones de toneladas, decremento del 2% en el mercado interno. Asimismo se producirán 25 mil toneladas de hierro y aceros especiales 55% más que el año anterior.

El programa de inversiones contempla proseguir con los proyectos siguientes:

La continuación de la ampliación de la capacidad instalada en Altos Hornos de México, S.A., en 1 millón de toneladas, obra a la cual se le asignan 9.7 mil millones con lo que se logrará un avance del 90%.

- Hércules II, que suministrará mineral de hierro a Fundidora Monterrey, S.A. y a Altos Hornos de México, S.A. con una asignación de 5.4 mil millones de pesos. Este proyecto concluirá en 1984.

- Conservación de las plantas del grupo siderúrgico considerándose para ello un monto de 6 mil millones de pesos.

- SICARTSA II, que ampliará la capacidad instalada a 2 millones de toneladas de acero líquido, requiriendo para ello una asignación de 46.4 mil millones de pesos. El avance acumulado al término de 1984 será del 43%.

Asimismo realizará la conservación de las instalaciones y mejoras a la planta de SIDENA por un costo de 388 millones de pesos.

Azúcar

La superficie destinada al cultivo de caña y el valor de la producción ubican a la caña de azúcar entre los seis productos agrícolas de mayor importancia nacional. En esta actividad se emplean 285 mil personas, 231 mil dedicadas a tareas agrícolas y 54 mil en los ingenios. En los últimos años la industria azucarera no ha podido superar el estancamiento de la producción a pesar de los recursos invertidos y actualmente la capacidad utilizada en los ingenios es del 65%.

En 1983, la estrategia apoyó la rehabilitación de la planta productiva, el mejoramiento del campo cañero y el saneamiento financiero a través de la reestructuración de la política de precios. En 1984 se proseguirán las acciones iniciadas pero se prevé que la producción se situará en el mismo nivel que en años anteriores.

Respecto al programa de inversiones:

Se terminará en 1984 el Ingenio Plan de San Luis, S.L.P., que permitirá una producción adicional de 10 mil toneladas en el próximo año y tendrá un periodo de maduración de 4 a 5 años para alcanzar su plena capacidad de 90 mil toneladas de azúcar/año.

- Se concluirán las obras de ampliación de capacidad en los ingenios de Tala en Jalisco de 120 mil a 180 mil toneladas por año y de Atencingo en Puebla de 67 mil a 165 mil toneladas anuales. Estos proyectos evitarán que se transfieran anualmente 500 mil toneladas de caña de otros ingenios.

- Se realizarán obras de conservación en 51 ingenios y se avanzará en el programa destinado a controlar y abatir la contaminación de los ingenios en operación.

Fertilizantes

El Subsector se plantea apoyar el cumplimiento de los objetivos en materia alimentaria a través de lograr la autosuficiencia; modernizar el aparato de distribución y comercialización; aprovechar la capacidad instalada y elevar la eficiencia operativa en el uso de las instalaciones y equipos industriales.

En 1984, FERTIMEX producirá 4.4 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos, 10% más que en 1983. Para abastecer la demanda del mercado interno adquirirá 0.5 millones de toneladas de amoniaco y sulfato de amonio en el mercado nacional y 0.4 millones de toneladas de fertilizantes fosforados y potásicos en el mercado externo.

La demanda estimada para 1984 será de 5.2 millones de toneladas, 22% más que en

1983, año en que se registró una significativa disminución de las ventas.

Respecto al programa de inversiones:

Se concluirán las plantas de urea en Coatzacoalcos y de fosfato de diamónico en Lázaro Cárdenas que entrarán en operación en 1984 con capacidad de 495 y 220 mil toneladas/año, respectivamente.

Se proseguirá con las obras en el Complejo Industrial Fosforados I, en Lázaro Cárdenas.

Se avanzará en la construcción de la red nacional de bodegas y terminales de amoniaco procurando así un manejo más eficiente de los productos terminados.

Bienes de capital

La participación del Estado en este subsector tiene como objetivo convertir al Sector paraestatal en el detonante del desarrollo de una industria nacional de bienes de capital eficiente y competitiva, tratando de superar la dependencia del crecimiento industrial con el exterior.

El cumplimiento de este propósito se basa en la articulación de las capacidades productivas y tecnológicas de las diferentes empresas y asegurar a través de ésta la complementación de encadenamientos y fases.

En 1984, las empresas paraestatales en operación producirán 8 mil 500 tractores agrícolas, 100 tractores de oruga, 2 708 bombas, 3 000 transformadores, 833 motores eléctricos y 157 877 toneladas de productos como ruedas de acero, estructuras y naves industriales. En conjunto estas metas representan un incremento del 9.9% respecto a lo previsto para 1983.

En lo relativo al programa de inversión, se seguirá impulsando el proyecto NKS que posibilitará la fabricación de grandes piezas de forja, fundición y pailería y maquinados pesados, permitirá instrumentar en forma más completa la articulación de procesos productivos y la construcción de turbomaquinaria de gran potencia que actualmente importa la industria energética, minera, petroquímica y siderúrgica, entre otras. Se prevé la conclusión de este proyecto para los primeros meses de 1985.

Automotriz y ferroviario

La industria paraestatal de equipo de transporte produce el 100% de los carros de ferrocarril, de metro y de autobuses de pasajeros; una tercera parte de la producción nacional de tractocamiones, más de la mitad de la demanda de camiones medianos y pesados y el 5% de camionetas, además de abastecer la demanda de motores diesel de las empresas del Estado.

La estrategia de desarrollo de este subsector se orienta a apoyar la integración del Sistema Nacional de Transporte, concentrando su actividad en la fabricación de equipo de transporte de carga y colectivo para personas, y en la producción de motores diesel.

En 1984 la empresa Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril fabricará 1 909 unidades ferroviarias, 216 unidades de Metro y 5 000 juegos de partes de tractores.

En lo que se refiere a la rama automotriz, se prevé que se mantendrán los niveles reducidos de demanda que obligó a la suspensión de labores en Dina en el último trimestre del año. Con base en lo anterior, se producirán 2 583 camiones medianos, 920 semipesados, 79 tractocamiones, 900 ligeros y comerciales, 930 autobuses foráneos, 60 trolebuses, carrozado de 450 unidades y 775 motores. Cabe señalar que sólo en el caso de motores se presenta un incremento del 19%, en tanto que en el resto de las metas se refleja un incremento con respecto a 1983.

Se encuentran en proceso el proyecto para fabricar motores diesel de uso automotriz, así como componentes para exportación con una capacidad instalada de 11 mil 500 unidades anuales; y DICUMSA, para fabricar motores de 230 a 400 C.F., de uso industrial, con una capacidad instalada para producir 17 mil 500 unidades.

Naval

La industria naval en México es una de las ramas menos desarrolladas. La escasez de equipo pesado, de tecnología propia y las grandes inversiones necesarias han sido los factores de terminantes de ese comportamiento.

En los próximos años la acción del sector público se centrará en la construcción de buques petroleros y de carga y en la producción de navíos pesqueros.

En 1984 se iniciará la construcción de 2 buques - tanque de 5 mil toneladas, 2 graneleros de 7 500 toneladas, 4 remolcadores de 3 mil barriles y otros de 3 300 barriles para apoyar la transportación de crudo, y se terminarán dos buques - tanque de 45 300 toneladas, 2 graneleros de 22 000 toneladas y 2 chalanes con capacidad de 16 mil barriles. Además, se terminarán 6 atuneros de cerca de 750 toneladas, 6 atuneros de vara y 5 sardineros de 120 toneladas.

En lo relativo al programa de inversión se apoya la conclusión de las obras en:

Astilleros de Veracruz, ampliando su capacidad instalada de construcción de 4 barcos anuales de 45,350 toneladas; Construcciones Navales de Guaymas, S. A., donde se podrán construir barcos hasta de 25,000 toneladas y en Astilleros Unidos de Mazatlán que contará con una capacidad de construcción de embarcaciones.

Celulosa y papel

En los próximos años la actividad paraestatal se concentrará en: lograr y mantener la autosuficiencia en papel periódico, contribuir a la satisfacción de las necesidades de envases

para productos básicos y lograr la autosuficiencia de materias primas fibrosas para el abasto de celulosa. La consecución eficiente de estos objetivos requiere la complementariedad en la operación de las empresas, la consolidación de compras y del aprovechamiento de sus recursos en conjunto.

En 1984 las metas de producción propuestas prevén lograr la autosuficiencia en papel periódico a través de la puesta en operación de la ampliación en la Fábrica de Papel Tuxtepec, alcanzar 30 mil toneladas de producción de pasta mecánica, 93.7% mayor a la de 1983 y producir 23 mil toneladas de papel para corrugar, 76.9% más que en 1983 y 37,382 toneladas de cajas de cartón, un 15.6% mayor a lo obtenido el año anterior.

Como acciones complementarias a realizar se destacan: el reforzamiento del sistema de protección de desperdicios de papel, orientado a evitar las importaciones, la diversificación de la producción hacia envases destinados a productos básicos y la conclusión de estudios para crear la empresa controladora de la rama.

Se concluirá la remodelación de la planta de recuperación de reactivos en Mexicana de Papel Periódico y en la Compañía Industrial de Atenquique se proseguirán las obras de recuperación de reactivos en la planta de pulpa y en la del papel. En conjunto el total de empresas elevarán su capacidad instalada a 312 mil toneladas lo que representa un 47% más con respecto a 1983.

Las metas señaladas permitirán sustituir importaciones por 95 mil toneladas de papel periódico que representan un ahorro de 47.5 millones de dólares.

Sector energéticos

El Sector Energéticos desempeña un papel fundamental en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ya que suministra el insumo básico para el funcionamiento y la expansión del aparato productivo. Además de ser el principal generador de divisas y uno de los mayores demandantes de bienes y servicios.

Al disponer del control de la producción y suministros de los energéticos, el Gobierno posee un poderoso instrumento para promover y conducir el desarrollo y preservar la independencia y soberanía económica de la nación. Esta seguridad no exime al Gobierno de la República de responsabilidad frente a la sociedad actual y la futura, garantizando una explotación racional que asegure el abasto suficiente y oportuno.

En este contexto, la política de precios constituye un elemento de racionalización del consumo. Los recursos generados por los reajustes de precios serán canalizados a la consolidación y expansión de la capacidad productiva a fin de preservar la autosuficiencia energética. El Gobierno Federal asignará los impuestos derivados de la venta de petróleo a las prioridades nacionales conforme se han establecido en el Plan.

La necesidad de racionalizar la explotación de los recursos energéticos tradicionales, hacen necesaria la diversificación de fuentes de suministro. En este sentido, se aprovecharán diversos recursos energéticos en un esquema que optimice su explotación y consumo y se complemente con esfuerzos de fortalecimiento del desarrollo tecnológico propio.

Petróleo

Para la realización de los objetivos de la política de petróleo, en 1984 se contempla una meta de extracción de 2,586 MBD de petróleo crudo que permitirá satisfacer la demanda nacional y cubrir las metas de exportación establecidas en 1,550 MBD. Esta plataforma de producción proporcionará 4,033 MMPCD de gas natural, suficiente para satisfacer el mercado interno y exportar.

Se proyectan ventas en el mercado interno por 1,072 MBD de productos petrolíferos, cifra ligeramente superior a la del año anterior; 12,200 MTA de petroquímicos básicos, cantidad similar a la de 1983.

Lo anterior implica que la empresa desarrolle y consolide los sistemas de distribución, ampliando la capacidad de almacenamiento y la red de poliductos.

Con el propósito de mantener el potencial petrolero del país, se requiere intensificar la actividad exploratoria determinando nuevas reservas de hidrocarburos. Esta se materializará con un número mayor de equipos de perforación en la Sonda de Campeche y Chiapas - Tabasco.

Para fortalecer la infraestructura para la extracción de crudo, se instalarán las plataformas de perforación, producción, enlace y módulos de compresión y se tenderán los oleogasoductos, oleoductos y gasoductos que permitan incrementar la producción en la Sonda de Campeche y mejorar el manejo del crudo y del gas natural, la quema de este último se reducirá a 600 MMPCD en 1983, a 70 en 1984. Este proyecto resulta trascendente al considerar que la extracción adicional de crudo, proviene fundamentalmente de la Sonda de Campeche.

Se continuará en la zona sur la expansión de las plantas de proceso para recuperación de licuables del gas hasta obtener una capacidad de procesamiento de 3,732 MMPCD. En 1984 se determinarán las plantas criogénicas I y II del Complejo Tabasco las cuales dotarán de la infraestructura necesaria para el fraccionamiento de los líquidos obtenidos del gas, provenientes de la Sonda de Campeche.

Se acelerará la terminación de las plantas de petroquímica básica en Cangrejera, Pajaritos y Morelos, Veracruz, San Martín Texmelucan, Puebla, Cd. Camargo, Chihuahua, Salina Cruz, Oaxaca, y Tabasco, Tabasco.

Se instalarán plantas viscorreductoras de 50 MBD en Cadereyta, Salina Cruz y Minatitlán para estar en posibilidades de procesar mayores

volúmenes de crudo pesado. Cabe subrayar, que el programa institucional no contempla para 1984 la iniciación de nuevas refinerías, sino algunas ampliaciones de las existentes ante la reducción de la demanda interna y bajo el supuesto de que se continuará con una política de precios tendiente a racionalizar su comportamiento.

Lo anterior, se ha ajustado estrictamente a los programas de austeridad y racionalidad que el Gobierno ha establecido y se han cancelado, pospuesto o reducido el ritmo de ejecución de algunas inversiones que ya se venían ejerciendo en años anteriores; al respecto, en el contexto del Presupuesto de Egresos de PEMEX, destacan:

- Programa de Puertos Industriales; únicamente se construirán las obras relacionadas con la actividad petrolera;

- Convenios con los Gobiernos de los Estados;

- Ramales de la Red Nacional de Gas;

- Complejo Petroquímico de Altamira;

- Refinería de Lázaro Cárdenas; se cuestiona su ubicación geográfica por el costo del transporte del crudo, para su abastecimiento;

- Segundo Tren de Lubricantes en la Refinería de Tula; esta cancelación determina que no se exporten lubricantes, aunque con el primer tren en proceso de construcción se logrará satisfacer la demanda interna;

- Tercera Expansión de la Refinería de Salina Cruz; esto diferirá el abastecimiento directo a la Costa del Pacífico, por lo que se mantendrá el suministro por vía de cabotaje, lo que implica un mayor costo de transporte; y

- El Almacenamiento de Crudo en Domos Salinos.

Las acciones y metas señaladas demandan un presupuesto para Petróleos Mexicanos en 1984 de 1,195.1 mil millones de pesos.

Electricidad

La electricidad constituye otra fuente energética esencial para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la población. Su dinamismo del subsector debe ir aparejado a la transformación económica del país ya que la falta de capacidad para atender la demanda impondría severas restricciones al crecimiento eficiente del aparato productivo. De ahí que el abasto oportuno y suficiente del fluido constituya el objetivo primordial de la política de energía eléctrica.

En razón de las fuertes inversiones asociadas al aumento en capacidad de generación y transmisión, la estrategia de racionalización en el uso del energético descansa en una política activa de tarifas que tienda a reflejar con mayor fidelidad los costos en que se incurren. El ajuste y la revisión de tarifas no debe constituirse en un fácil expediente para acercarse a un saneamiento financiero del sector, sino que necesariamente debe acompañarse por un programa de elevación de la productividad operativa de la entidad, a fin de que la rehabilitación financiera provenga de ambos frentes.

Bajo estos lineamientos de política, las principales acciones y metas vinculadas al proyecto de presupuesto del subsector para 1984 son: generar 79,769 GWH y comercializar 68,169 GWA para atender a más de 12 millones de consumidores.

Se proseguirán los trabajos de las plantas que se encuentren en proceso de construcción. Se contempla la continuación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde con lo cual el proyecto avanzará en su conjunto un 5.2% en 1984 para totalizar un 72%. Cabe señalar que la fecha probable para que entre en operación la primera unidad es en 1987 y la segunda en 1988.

En cuanto a las obras de transmisión, transformación y distribución, se limitará a lo estrictamente necesario, para no deteriorar el sistema eléctrico y se suspenderán todas aquellas que están asociadas a las centrales generadoras que han diferido o disminuido su ritmo de construcción.

Además, de lo anterior, las metas que se llevarán a cabo durante 1984 serán: incrementar la capacidad instalada en 1,130 MW, instalar y montar líneas de transmisión y distribución por 4,634 Km.; la construcción de redes de distribución por 580 Km., subestaciones para la transformación de energía eléctrica con capacidad de 6,716 MVA y la electrificación de 767 pozos, 401 colonias y 1,007 poblados.

Las acciones y metas señaladas demandan un presupuesto para el subsector de 505.6 mil millones de pesos.

Sector administración

El Sector Administración del Gobierno Federal se conforma por las siguientes dependencias: la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría General de la Federación y de Programación Presupuesto.

El presente gobierno considera relevante la actuación de este sector para planear, coordinar, supervisar, evaluar, fiscalizar y controlar las tareas del desarrollo económico y social. De ahí que la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, haya sido una de las primeras medidas del actual régimen encaminada a redefinir los objetivos y reestructurar las atribuciones de las dependencias para cumplir con mayor eficiencia la rectoría económica del Estado y la funciones propias de un gobierno moderno en el ámbito político y social. En particular y a fin de coadyuvar a tal propósito se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

Para el cumplimiento de las acciones programáticas del sector, se le han asignado recursos

para 1984 por la cantidad de 595,392.4 mil millones de pesos.

Presidencia de la República

A la Presidencia de la República le corresponde proporcionar la organización, seguridad y apoyo logístico y difundir, a través de los medios sociales de comunicación, las actividades del Primer Mandatario. Asimismo, se encarga de coordinar y dar seguimiento a las tareas que involucran la competencia de varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y proporcionar asesoría técnica y jurídica al Titular del Ejecutivo Federal.

Como producto de la modernización de la Administración Pública de la República sufrió modificaciones orgánicas - funcionales que hicieron desaparecer - para ser reubicados en algunos casos - las Coordinaciones Generales y los Sistemas Nacionales de Evaluación y Alimentario Mexicano y transformaron la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación General de Comunicación Social, en Direcciones Generales, creándose además la Dirección General del Secretario Técnico de Gabinetes.

Asociado a ese proceso, durante 1983 la Presidencia de la República fue objeto de un proceso de reestructuración presupuestal que abarcó desde la transparentación integral de sus erogaciones, la redefinición de su estructura programática, la aplicación de los tabuladores vigentes en la Administración Pública hasta la adopción de sistemas de control de gestión internos.

Para 1984 se tiene prevista la incorporación del Estado Mayor a la estructura programático presupuestal de la Presidencia de la República, a efecto de darle mayor transparencia al gasto asignado al ramo. Asimismo, se integrarán las oficinas de Asesores y la Contraloría Interna a su estructura administrativa.

Las acciones contempladas en el presente proyecto de presupuesto, tienen por objeto apoyar el análisis y procesamiento de la información de interés para cumplir las atribuciones de la Presidencia de la República; la preparación, coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados en los diversos gabinetes especializados; y el análisis y presentación de proyectos de iniciativa de ley, reglamentos, decretos y acuerdos, así como de los elementos que los apoyan.

La asignación asciende a 6 mil 155 millones de pesos, superior en sólo el 5.0% a la de 1983.

Procuraduría General de la República

La procuración de justicia constituye una de las bases fundamentales para dar respuesta institucional a las demandas de justicia y de renovación moral de la sociedad. Su cumplimiento exige revisar a fondo le sistema normativo nacional; preservar el estado social de derecho; fortalecer el ejercicio de la función pública de seguridad asociada a la procuración de justicia; proponer la simplificación de procedimientos judiciales y administrativos; y elevar la capacidad profesional de sus apoyos técnicos.

Las acciones previstas para 1984 continuarán con el empeño de modernizar la administración de justicia. Se adecuarán la infraestructura, los servicios de información e instrumentos de apoyo administrativo y se fortalecerá la coordinación para realizar las acciones de reforma jurídica e impartición de justicia. Ello permitirá atender un nivel adecuado de averiguaciones previas y disminuir los trámites que ocasionan; reducir el tiempo en la práctica de diligencias; ejercitar la acción penal con estricto apego a derecho, eficiencia e imparcialidad; elevar el nivel de atención en los agencias del Ministerio Público Federal; fortalecer la prevención de delitos y la rehabilitación de los inculpados y participar activamente en la lucha contra los estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El presupuesto de esta dependencia asciende a 6.4 mil millones de pesos. Esta asignación incluye la integración de un cuerpo de agentes auxiliares del Ministerio Público Federal que apoyará las intervenciones de la Procuraduría en la salvaguarda de los intereses de la Federación y el estado social de derecho. Dicha asignación, también comprende la construcción de las instalaciones del Instituto Técnico de la Procuraduría para mejorar la calidad profesional de la Policía Judicial.

Secretaría de Gobernación

Esta Secretaría regula y conduce, conforme al Programa de Comunicación Social, las relaciones con los medios de comunicación; participa en la prevención de conductas delictivas, en la rehabilitación social de los delincuentes y en la instrumentación del Sistema Integral de Impartición de Justicia. A través de la política demográfica y los servicios de migración promueve acciones de inducción del cambio social, en el marco de las estrategias de reordenación y cambio estructural del Plan Nacional de desarrollo.

En estricto apego a los principios de austeridad y racionalidad en el gasto, esta Secretaría realizará obras en las estaciones migratorias de ambas fronteras. En materia de comunicación social, operará mecanismos de coordinación social, operará mecanismos de coordinación con los medios oficiales de comunicación social mediante el apoyo de los Institutos de Cinematografía, de Radio y de Televisión y propiciará una mayor utilización de los medios oficiales, por parte de las dependencias y entidades, para fortalecer financieramente los medios de difusión del sector público.

El presupuesto asciende a 17.0 mil millones de pesos, de los cuales 13.5 mil millones corresponden a la Secretaría. A Productora e Importadora de Papel, S. A. se le asignarán 21.5 miles de millones de pesos para apoyar sus funciones reguladoras de abasto de papel.

Secretaría de Relaciones Exteriores

La política exterior de México constituye un elemento inseparable del desarrollo nacional en sus propósitos de contribuir a preservar la soberanía de la Nación; fortalecer nuestra independencia política, económica y cultural; apoyar los esfuerzos internos de desarrollo a través de una vinculación eficiente con la comunidad de naciones; defender la paz y coadyuvar a la conformación de un orden internacional más libre, justo e igualitario.

En función de esos propósitos, la Secretaría, contempla su participación en los esfuerzos de cooperación internacional, fundamentalmente económicos y científico - técnicos para proyectos nacionales de desarrollo y en el apoyo a la promoción del comercio internacional, y las negociaciones sobre productos básicos, especialmente alimentos, recursos no renovables, energéticos y bienes de capital.

El proyecto de presupuesto de 23 mil millones de pesos aumenta en 36% respecto a 1983. Este monto incluye aportaciones financieras a organismos internacionales de los que forma parte nuestro país como Estado miembro, así como para sostener las representaciones en el exterior.

Secretaría de la Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional desarrolla acciones orientadas a garantizar la seguridad nacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial mediante la protección de las instalaciones estratégicas, los recursos materiales, el espacio aéreo y las comunicaciones, participando además en tareas complementarias de desarrollo social en zonas de mayor rezago.

En 1984, para cumplir en forma eficiente con las acciones encomendadas se reforzará el cuerpo de infantería; se sustituirá materia obsoleta y se asegurará el adiestramiento y capacitación de las fuerzas armadas mediante la actualización del Plan General de Educación Militar.

Asimismo, se atenderán los requerimientos en materia de salud de más de un millón de pacientes, personal militar y sus derechohabientes; y se colaborará con las autoridades civiles en el cumplimiento de los programas tendientes a mejorar el nivel de vida de la población y hacer frente con eficacia a posibles eventualidades.

El programa de inversión contempla entre otras acciones la adquisición de material para adiestramiento en mantenimiento especializado de la Fuerza Aérea Mexicana; la adquisición de refacciones para aeronaves y materiales de apoyo para la red meteorológica y el mantenimiento de unidades de transmisiones. La asignación propuesta es el 94.2 mil millones de pesos.

Secretaría de Marina

En apoyo al ejercicio de nuestra soberanía en aguas territoriales, costas, vías navegables, islas nacionales y zona económica exclusiva, la Secretaría de Marina realizará acciones de vigilancia en un millón 884 mil kms. cuadrados de la faja costera nacional; e incrementará a 136 millones de millas náuticas cuadradas el área de vigilancia de la zona económica.

Con el propósito de preservar y aprovechar racionalmente los recursos marítimos y nuestro mar patrimonial, se realizarán 9 estudios de investigación oceanográfica y se continuará con la instrumentación del Programa de Prevención y Control de la Contaminación Marina a cargo de la Armada de México.

El programa de inversiones apoyará la modernización de la Armada; la construcción de embarcaciones en los astilleros de la Secretaría, con apoyo de astilleros civiles para abatir costos y la continuación de la construcción de la Base Naval y Unidad Habitacional de Manzanillo.

La asignación presupuestal es de 32.8 mil millones de pesos.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para 1984, la estrategia de esta dependencia enfatizará en la reducción sustancial de la evasión fiscal; y continuará en la modernización y actualización del sistema tributario; instrumentará una coordinación fiscal que siente las bases de un sistema recaudatorio integral; agrupará los diferentes bancos en grupos lo suficientemente grandes para aprovechar las economías de escalas potenciales y buscará una estructura de financiamiento que provea los recursos complementarios que requiere el desarrollo del país, sin poner en peligro la continuidad del crecimiento económico.

El presupuesto propuesto asciende a 249.1 mil millones de pesos, monto que es superior en 21% al de 1983. En este presupuesto se excluyen las participaciones a las entidades federativas, mismas que se incorporan al Ramo XXVIII.

La fiscal se orientará, por su parte a vigorizar las finanzas públicas; modernizar el sistema impositivo; fomentar el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre; y adecuar la coordinación fiscal a las circunstancias actuales, a fin de que se perfeccione el sistema recaudatorio integral de impuestos federales, estatales y municipales.

La política de ingresos del sector paraestatal perseguirá rehabilitar el ahorro de la empresa pública; y corregir distorsiones en los precios relativos para aumentar la eficiencia económica y la equidad social.

De la misma manera, se continuará con la reestructuración de la Banca y se le incorporará al Sistema Nacional de Planeación Democrática, para que contribuya a financiar adecuadamente las actividades prioritarias del desarrollo nacional.

La política de deuda externa buscará una estructura de financiamiento que provea los recursos complementarios que requiere el desarrollo del país sin poner en peligro la continuidad del crecimiento económico.

Secretaría de la Contraloría General de la Federación

Entre los reclamos recogidos por la Consulta Popular destaca la renovación moral de la creación de la Secretaría de la Contraloría Getió en uno de los principios fundamentales. La creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación responde a esa demanda y tiene como funciones básicas: vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables al sector público federal y desarrollar e implantar el sistema integrado de control, fiscalización y evaluación que garantice el destierro de fenómenos de inmoralidad social, ineficiencia y deshonestidad.

En 1984, en cumplimiento de sus funciones promoverá el funcionamiento de los órganos de gobierno en las entidades del sector paraestatal; verificará el adecuado manejo de los fondos públicos; promoverá la congruencia y complementariedad de los sistemas de regulación y apoyo global de la administración pública federal; fortalecerá la coordinación institucional; eliminará reglamentos y trámites excesivos y agilizará las relaciones entre el Estado y la sociedad, estimulando la participación de ésta en el proceso de saneamiento y moralización de la vida nacional.

El gasto propuesto es de 5.7 mil millones de pesos, su monto responde a los requerimientos de consolidación administrativa y funcional para incrementar y mejorar su capacidad operativa.

Secretaría de Programación y Presupuesto

La Secretaría de Programación y Presupuesto orienta sus acciones a la consolidación del Sistema Nacional de Planeación Democrática; a la coordinación de la programación de mediano plazo y la operativa anual y a la emisión de normas, integración, vigilancia y evaluación de los Presupuestos de Egresos del Sector Público para que la asignación y ejercicio de los recursos sea congruente con las prioridades del desarrollo y las disponibilidades de financiamiento.

Para 1984 sus acciones se orientarán a la vinculación de la planeación estatal y municipal con el Sistema Nacional de Planeación Democrática buscando la coordinación, congruencia y continuidad en las acciones públicas. También se vigilará la ejecución del Plan y se evaluarán sus políticas y resultados, considerando las recomendaciones de la Consulta Popular, así como la evolución y comportamiento de la economía nacional y del contexto internacional.

Asimismo, se avanzará en los procesos y metodologías de formulación de los programas de mediano plazo, los de carácter operativo anual y los presupuestos de las dependencias y entidades.

Conforme a los propósitos de la política de gasto público, las acciones se orientan a su reestructuración permanente, la simplificación de trámites y actualización de normas en la materia y se continuará con la implantación gradual del Servicio Civil de Carrera.

Se apoyará la planeación estatal y municipal a través del fortalecimiento de los Convenios Únicos de Desarrollo. También serán coordinados y harán más eficientes los servicios de información estadística y geográfica, y la infraestructura básica de soporte, para apoyar la toma de decisiones y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y será iniciado el Censo Agropecuario.

El presupuesto de esta dependencia asciende a 35.4 mil millones de pesos.

Políticas específicas de gasto

Inversión pública

En 1983, la reordenación económica implicó un escaso crecimiento de la inversión presupuestal, inferior al incremento promedio de los precios. Con la finalidad de dirigir preferentemente los recursos hacia actividades esencialmente de bienestar social y productivas, se dispuso, entre otras medidas, diferir las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas así como aminorar el ritmo de aquéllas que precisan de un elevado contenido importado.

Así se destinaron recursos preponderantemente a obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura básica y de ampliación de la misma, y se prosiguieron a un ritmo mayor las inversiones en el medio rural y las vinculadas a la prestación de servicios de atención social y de educación.

Para 1984, en el marco de la política de gasto enunciada en el Plan Nacional de Desarrollo, la inversión pública se reestructurará para coadyuvar a la generación de empleo mediante obras intensivas en mano de obra; realización de proyectos que impliquen un ahorro de divisas a través de una cuidadosa sustitución de importaciones o induzcan exportaciones; y contribuir a la expansión de la planta productiva de productos y servicios de consumo básico y popular.

Se continuará preferentemente con aquellos proyectos en proceso que contribuyan en forma directa o complementaria a las prioridades de alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios urbanos como agua potable, alcantarillado y transportes. Por sectores, el mayor dinamismo de la inversión y los nuevos proyectos se concentrarán básicamente en el Sistema Integral de Transporte y Comunicaciones, Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Regional y Urbano y de Modernización Comercial y Abasto Popular.

En apego a la reordenación económica, el gasto de inversión pública se ajustará a niveles de financiamiento sano con una alta proporción de recursos internos. En esta medida se contribuye a contener la espiral inflacionaria por un lado y por el otro, se propicia el abatimiento en el ritmo de endeudamiento externo. En este sentido se renegociarán las condiciones y destino de los créditos externos contratados con organismos financieros internacionales o de tipo bilateral, para acompasar el ritmo de sus desembolsos en la reprogramación y jerarquización

de los Programas acorde a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. En aquellos casos en que los proyectos tengan un escaso avance y su prioridad sea relativamente más baja, se suspenderán en forma definitiva.

Con el propósito de racionalizar el gasto de inversión y reorientarlo hacia el mercado interno, las dependencias y entidades consolidarán sus adquisiciones para obtener mejores términos y condiciones de contratación; aprovechar al máximo sus existencias y enajenar, de acuerdo a las disposiciones en vigor, los inventarios obsoletos con el fin de no mantener recursos ociosos.

Por otra parte, se mejorará la articulación de actividades en aquellas dependencias y entidades que concurran mediante sus proyectos de inversión a la ejecución de los programas de carácter multisectorial. Asimismo, antes de emprenderse éstos; se sujetarán a una evaluación previa para garantizar una óptima asignación de recursos y la congruencia que requieran estas acciones, tanto en el logro del propósito fundamental como para asegurar su encadenamiento continuo cuando el periodo de maduración abarque varios ejercicios.

Es necesario delimitar el compromiso de recursos presupuestales bajo estrictos criterios de selectividad y continuidad a fin de lograr no solo las metas propuestas, sino también el mejor uso de los recursos en los términos programados inicialmente.

En la selección de proyectos adquirirán especial relieve los de alcance regional fuera de las grandes zonas metropolitanas.

El ejercicio del gasto de inversión, tanto adquisiciones de bienes y servicios como obras públicas se sujetarán, entre otros, a los siguientes lineamientos:

Se dará preferencia, en la medida de lo posible, a las compras de bienes producidos en el país sobre las realizadas en el exterior.

Se aprovechará la mano de obra e insumos locales en la realización de obras, con especial atención a la conservación y mantenimiento de la infraestructura existente.

Se continuarán y concluirán en mayor medida, obras que tengan un reducido componente de importación.

Bajo este esquema de reestructuración y reorientación y reorientación de la inversión pública se somete a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, un programa de inversiones presupuestales para 1984 de 1 928.7 mil millones de pesos, que representa un crecimiento nominal de 61% respecto al nivel esperado para 1983.

RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO

INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL

(Miles de millones)

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En cuanto a su composición sectorial para 1984, destacan Desarrollo Rural, con un 48.0% de incremento respecto al esperado en 1983, Comunicaciones y Transportes con un crecimiento anual nominal de 48.3% y Desarrollo Social con un crecimiento de 59.3%. En conjunto estos tres sectores participan con el 40.0% del total de la inversión pública presupuestal. Esta tendencia resulta consistente con lo programado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, es evidente la contención del ritmo de crecimiento en energéticos, si bien su participación de 41.6% en 1984 aún resulta

importante. Esta decisión obedece al hecho de que en años anteriores, los esfuerzos de inversión en el sector se concentraron en el desarrollo de la infraestructura petrolera y ahora se requiere de una menor asignación, dado que la capacidad instalada es suficiente para atender la demanda esperada y posibilita la atención de los objetos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Inversión Pública Federal, que incluye la de entidades fuera de presupuesto, se estima que su participación en el producto será de 8.4% en 1984. Con ello el gasto de capital podrá elevarse a partir de 1985 hasta 1988 en alrededor de 1.5 puntos porcentuales del PIB, por encima de la participación promedio registrada en el periodo 1977 - 82.

(Miles de millones)

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Adquisiciones

La utilización del poder de compra del Sector Público Federal constituye uno de los principales instrumentos para el logro de los propósitos del Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. La estrategia de adquisiciones se encamina básicamente a la sustitución de importaciones y a inducir a los proveedores nacionales a adecuar la planta productiva conforme a los requerimientos del país.

Con el propósito de apoyar lo antes expuesto se reinstalaron o, en su caso, instalaron las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento en las principales dependencias y entidades públicas, particularmente en aquellas demandantes de productos de origen externo. Mediante este mecanismo fueron creados foros para presentar directamente a los interesados, los programas anuales de adquisiciones públicas, logrando en algunas entidades culminar con el establecimiento de convenios de mediano plazo para la fabricación de insumos nacionales. El programa de difusión y comunicación permitió orientar a proveedores y compradores, en relación a las normas de adquisiciones y a los procedimientos de concursos.

Con la expedición de las primeras normas complementarias sobre adquisiciones y almacenes se descentralizó, bajo la responsabilidad de dependencias y entidades, la toma de decisiones a través de la operación de los Comités de Compras y se simplificaron los trámites para los suministros.

En conjunto, dichas acciones coadyuvaron al cumplimiento de los criterios de racionalidad, austeridad y trasparencia de las adquisiciones públicas, logrando incrementar su eficiencia y revertir la tendencia hacia los bienes nacionales.

Para 1984, se emprenderán acciones de simplificación de trámites y eliminación de procedimientos innecesarios, particularmente dentro de las propias dependencias y de difusión de las adquisiciones del sector público.

Se trata de darle mayor preferencia al productor nacional sobre el extranjero y buscando en la medida de lo posible, sustituir importaciones.

A los proveedores nacionales se les presentará en enero próximo el programa de compras consolidado del sector público, por tipo de bien y servicios a fin de promover un abastecimiento más eficiente y oportuno, con ello se dispondrá

de los elementos necesarios para hacer sus previsiones y realizar sus proyectos de acuerdo a los requerimientos reales del sector.

En materia normativa se evaluarán las posibles adecuaciones a la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos y Almacenes de la Administración pública Federal; un aspecto primordial será la regulación de los arrendamientos y la contratación de servicios relacionados con los bienes muebles.

Los principales lineamientos que orientarán las adquisiciones durante el próximo año son:

Dar preferencia al productor nacional sobre el extranjero buscando en la medida de lo posible sustituir importaciones.

Utilizar racional y eficientemente los inventarios.

Tramitar la consolidación de las compras, con el objeto de reducir el costo de las mismas.

Procurar la estandarización de los bienes demandados, para disminuir la diversidad de tipos que originan dispendio de recursos.

Continuar con la restricción de compra de bienes no indispensables, tales como vehículos terrestres, aéreos, marítimos y mobiliario y equipo destinado a fines administrativos, excepto cuando se trate de la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacional y los destinados a programas productivos y de servicios básicos.

Transferencias

Las transferencias obedecen a la necesidad de intervención del Estado en el ámbito económico y social para corregir distorsiones inherentes el régimen de economía mixta en el sistema de precios, para apoyar sectores, actividades, regiones o grupos de personas en donde los desequilibrios estructurales provocan los efectos más nocivos.

En general éstas se han otorgado para sufragar deficientes de operación de entidades del sector paraestatal y, así cubrir diferencias entre costos incurridos y precios de los bienes y servicios públicos; apoyar con recursos a instituciones de carácter social y educativo en la realización de actividades que le corresponden al Estado; apoyar a entidades públicas y privadas en la realización de actividades estratégicas que generan empleos e incrementan la oferta de bienes y servicios, y contribuir al saneamiento financiero de las empresas públicas mediante aportaciones de capital.

En los últimos años, el nivel de las transferencias se han elevado en forma acelerada. En el periodo comprendido entre 1977 y 1982 su monto de incrementó en más de once veces, lo que ha significado que su proporción en relación al PIB haya pasado de 3.4 por ciento a 8.7 por ciento, durante ese periodo. A pesar del enorme volumen de recursos transferidos del sector central al resto de la economía, sus beneficios no han sido mensurables y tangibles. No siempre han cumplido con los objetivos específicos que les dieron origen, e introdujeron sesgos y rigideces en la asignación de recursos; al privilegiar al factor capital en relación al trabajo; introducir una alta concentración de la actividad económica y de los asentamientos, humanos; y disimular la ineficiencia en las entidades paraestatales.

En las condiciones actuales y como parte de la política de gasto público, es necesario proceder a una reestructuración del esquema de transferencias. En este Proyecto de Presupuestos se trazan los principales lineamientos a los cuales deberá sujetarse el ejercicio y destino de las mismas.

La reordenación económica exige no sólo la contención de este rumbo de gasto sino fundamentalmente se revisión integral. Ello implica, además de transparencia y temporalidad, la condicionalidad para la búsqueda para la búsqueda de fuentes alternas de autofinanciamiento. El primer paso lo constituye la reorientación y selectividad de las entidades beneficiarias aunado a la modulación de su ritmo de crecimiento y al esclarecimiento del propósito por el que se otorgarán.

La reestructuración no contempla una reducción indiscriminada como fin en sí mismo, sino que incorpora elementos de racionalidad en su asignación a efecto de garantizar su incidencia y propósitos que las originan. En este sentido, la canalización selectiva de los subsidios se condicionarán al cumplimiento de programas específicos de elevación de productividad, así como a la implantación de programas de reestructuración financiera, generación y/o uso racional de divisas, desconcentración territorial y sobre todo a la promoción en el uso intensivo de mano de obra.

Bajo estos principios de reestructuración y asociado a la política de precios y tarifas se reducirán paulatinamente los subsidios implícitos en los bienes y servicios públicos. En esta revisión del nivel y composición de éstos se busca que los precios y tarifas de las entidades paraestatales se acerquen gradualmente a los costos operativos, administrativos y financieros en que incurren; al mismo tiempo se evitará mediante los programas de productividad al traslado de costos no imputables al consumidor originado por dispendios o ineficiencias.

De esta manera, el sector paraestatal podrá obtener recursos propios para sufragar en proporciones crecientes sus programas de operación y expansión.

En aquellos casos que inducen como beneficiarios a las empresas privadas, éstas deberán garantizar que los estímulos que reciban les permitan sanear su situación financiera en el corto plazo, de forma tal que las transferencias cumplan con el requisito de temporalidad.

En el caso de las instituciones en las áreas de educación, salud y otros servicios comunales, se mantendrá la política de apoyo como parte del objetivo de elevar el nivel de vida de la población, en el esfuerzo de hacer efectivo el derecho a la educación y a la salud. Adicionalmente se buscará una mayor eficiencia de los

recursos canalizados a estos propósitos y se explotarán las posibilidades de un mayor autofinanciamiento en forma paulatina.

Para 1984, las transferencias sólo crecerán al 35.5% respecto a 1983, lo que significa un aumento equivalente a dos terceras partes del año precedente. Asimismo, disminuirá su participación en el gasto programable del Gobierno Federal al pasar de 55% en 1983 a cerca del 45% para 1984.

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL

(Miles de millones de pesos)

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TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL PARA 1984

(Miles de millones de pesos)

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Servicio civil

Entre la premisas fundamentales para lograr mayores niveles de eficiencia, racionalidad y honestidad de quehacer público, destacan las acciones de modernización de las estructuras ocupacionales y las modalidades en que se sustenta el desarrollo de los recursos humanos de la federación.

La instauración del Servicio Civil de Carrera persigue proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo del personal, estimulado su capacidad de respuesta, conscientizándolo de su partición en la atención de los problemas que aquejan al país, premiando sus esfuerzos y manteniendo el poder adquisitivo de sus sueldos y salarios.

Para ello, se constituye en prerrequisito insoslayable la seguridad en el empleo con una remuneración justa. Los ascensos escalafonarios deben obedecer a criterios permanentes y sistematizados de reconocimiento al trabajo, dedicación personal y capacitación en las propias instituciones de acuerdo a sus requerimientos específicos.

Durante 1983, se adoptó un paquete salarial que buscó primordialmente un efecto redistributivo de ingreso, beneficiado en mayor medida a los estratos salariales más bajos. La mayor proporción de los recursos canalizaron a fortalecer al nivel equivalente al salario mínimo y a los más próximos a éste, mediante los incrementos decretados el 1o. de enero y el 14 de junio. De igual manera el 1o. de septiembre se otorgó un incremento de $3 000.00 al sueldo base, en términos absolutos, más la repercusión correspondiente al sobresueldo.

En este contexto, se ha creado el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, también implantado en 1983, como base para un moderno sistema escalafonario. Al mismo tiempo, se avanzó en la reestructuración de sobresueldos, como paso previo a la instauración de los tabuladores regionales reduciendo las tasas de trece a cuatro en forma análoga a las de salarios mínimos.

Se revisaron las percepciones de los servidores públicos superiores, de mandos medios y de su personal de apoyo adoptándose tabuladores en todas las dependencias, con el fin de racionalizarlas y hacerlas más transparentes y de esta forma, sentar bases firmes para situarlas en igualdad de circunstancias a las prevalecientes en el mercado de trabajo.

Por otra parte, destaca la creación de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, como instrumento de coordinación y asesoría del Ejecutivo Federal para el desarrollo de Servicio Civil de Cámara en la Administración Pública Federal, que con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado aseguran un foro permanente a los trabajadores del Gobierno Federal.

Sus objetivos son uniformar y sistematizar métodos de administración y desarrollo del personal; el estudio y recomendaciones para asegurar congruencia de normas, sistemas y procedimientos del servicio civil; y proponer elementos para la adecuación e integración del marco jurídico y administrativo.

Para 1984, la política salarial del Gobierno Federal considera, al igual que en 1983, los objetivos y circunstancias de orden económico y el respeto al principio de equidad en el reparto del costo social de la reordenación económica. Sobre estas bases, las líneas fundamentales se centran en otorgar incrementos salariales a los servidores públicos; preservando el poder adquisitivo de los salarios y beneficiando a los trabajadores de más bajos ingresos.

En este contexto, se plantea la necesidad de revisar la remuneraciones del personal técnico calificado del Gobierno Federal, debido a su situación salarial por debajo de la prevaleciente en el mercado, lo que origina una constante rotación y dificultades en el reclutamiento de recursos humanos capacitados. Se revisarán los tabuladores sueldos a fin de preservar su vigencia, homogeneidad y racionalidad.

En casos específicos se evaluarán las posibilidades de atención como lo relativo al personal docente, atendiendo a los acuerdos de la comisión

tripartita Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de Educación Pública y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por último, debe señalarse que las acciones estarán apoyadas mediante programas de capacitación, orientadas a la formación de servidores públicos calificados para la ejecución de la planeación en sus diferentes fases, así como a equilibrar la estructura entre oferta y demanda de mano de obra calificada y a obtener mayores niveles de productividad.

Es una necesidad inaplazable continuar los esfuerzos en materia de servicio civil y de administración y desarrollo de los recursos humanos en general, debido a que constituyen el fundamento para la administración pública y contribuyen directamente a hacer efectiva la renovación moral de la sociedad.

El Proyecto de Presupuesto para 1984 contiene al igual que el del año procedente el tabulador de las remuneraciones de los funcionarios superiores del Gobierno Federal, en cumplimiento al compromiso adquirido con la sociedad y con esta H. Representación Popular. Regirá para los servidores públicos superiores, que comprenden los sueldos del Presidente de la República hasta el nivel del Director General, y contiene los descuentos que conforme a la legislación vigente deberán ser cubiertos por estos servidores.

Los cambios en las remuneraciones en relación a las del año precedente, se originan tanto en la realidad de algunos de los puestos intermedios, como en la actualización de las mismas. La transparencia en el pago y la uniformidad que se ha observado a partir de la implantación del tabulador, ha permitido que los responsables de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a los directivos de la banca nacionalizada y de la oficial, observen uno de los principios fundamentales de la renovación moral. Aun con la actualización efectuada, esos niveles distan de ser competitivos con los prevalecientes en el mercado, observándose que la tasa de incremento neto resulta bastante inferior al promedio tanto de las revisiones contractuales como de las modificaciones en el salario mínimo.

TABULADOR GENERAL DE SUELDOS MENSUALES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL

(Pesos)

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Gobierno Federal

En el marco de la estrategia de reordenación económica y cambio estructural propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, la política de gasto 1984 se instrumenta atendiendo a las atribuciones de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Central.

La composición y destino del gasto que ejercerá el Gobierno Federal se orienta a desarrollar sus funciones de regulación y fomento de la actividad económica, la realización de actividades administrativas públicas y de atención a las necesidades sociales.

Con expansión moderna y condiciones adecuadas de financiamiento, el presupuesto del Gobierno Federal permitirá inducir la recuperación económica sin generar presiones inflacionarias adicionales; la observancia de criterios de racionalidad y austeridad en las asignaciones, garantiza la moderación del gasto corriente y propicia un mayor volumen de ahorro público.

Poderes Legislativo y Judicial

Las funciones legislativas son elementos sustantivos, para promover la democratización integral de la sociedad, ya que mediante ellas se promueven reformas legales y administrativas que aseguran el respeto a las garantías individuales y a los derechos que consagra la Constitución.

El pluralismo político ha permitido que en el Congreso de la Unión se encuentren diversos pensamientos ideológicos que logran enriquecer y dar verdadera significación ciudadana a las leyes, a través de su estudio, discusión y aprobación.

No obstante que el país ha alcanzado progresos significativos en materia de derechos individuales y sociales, se siguen pugnando por la actualización permanente del orden legal mediante reformas introducidas en el marco legislativo, fortaleciendo la legitimidad constitucional y el federalismo.

El presupuesto del Poder Legislativo para 1984, asciende a 6.8 mil millones de pesos y permite que esta representación nacional pueda continuar fortaleciendo la permanente actualización de orden jurídico, así como el examen, discusión y aprobación de los ingresos, el gasto y la cuenta pública, con apoyo en las tareas fiscalizadoras de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Al Poder Judicial le corresponde hacer respetar las garantías individuales y sociales que la Carta Magna consagra, la de custodiar la integridad del sistema federal y apoyar ampliamente las tareas cimentar la seguridad pública.

Para 1984, se tiene como objetivo reforzar el Sistema de Asistencia Legal a la ciudadanía; fortalecer la aplicación del principio de igualdad procesal; continuar con la revisión del juicio de amparo; y elevar la calidad profesional de la administración de justicia mediante sistemas de incorporación, perfeccionamiento y permanencia en el servicio.

El presupuesto del orden de 8.3 mil millones de pesos, permitirá actualizar las prestaciones de sus servidores públicos, a fin de cumplir con los principios de modernización y transformación de la justicia previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.

PROYECTO DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

(Miles de millones de pesos)

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Administración Pública Central

El Presupuesto de la Administración Pública Central para 1984, asciende a 3 780.8 mil millones de pesos, con incremento nominal de 56.6% respecto al esperado de 1983. En este monto se incluye la asignación al Programa de Emergencia del Empleo por 150 mil millones; sin considerarlo, el aumento sería del 50%. Su monto, estructura y orientación responden a la estrategia de saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas.

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL

(Miles de millones de pesos)

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La austeridad en el ejercicio del gasto de las dependencias del Ejecutivo Federal, y su ejecución dentro de lo programado ha propiciado la regulación del ritmo de crecimiento acorde con el de la demanda, elevando su impacto productivo y procurando la satisfacción de las necesidades sociales básicas.

La política de asignación de los recursos presupuestales para 1984, reitera los criterios de austeridad y racionalidad delineados en el Programa Inmediato de Reordenación Económica, base de la estrategia de cambio estructural estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo.

En tal sentido, los criterios generales que norman la ejecución del Gasto Público Federal 1984, tienen como propósito fundamental, elevar la eficiencia administrativa de las dependencias a fin de reducir la participación porcentual del gasto corriente, moderar el crecimiento de los subsidios y racionalizar las adquisiciones gubernamentales, particularmente las de importación.

Las prioridades presupuestales para 1984, buscan fortalecer las acciones de fomento productivo y la reordenación de la inversión en infraestructura básica con miras a inducir la desconcentración económica nacional, el desarrollo rural integral y una mayor generación de empleos. A nivel de gasto programable se da prioridad a los programas necesarios para mantener los servicios sociales indispensables.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL

(Miles de millones de pesos)

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Los lineamientos específicos del gasto público para 1984 modulan el gasto corriente y el capital, el primero responde a los requerimientos de la coyuntura actual y su dinamismo está en relación al efecto de los precios en la adquisición de materiales y suministros, servicios y del incremento anual a las remuneraciones del personal federal.

Las erogaciones asignadas a la adquisición de bienes y servicios muestran una reducción de términos reales. El monto proyectado supone reducción de asesorías y diversos gastos un publicidad, ceremonial o de orden social y el arrendamiento de vehículos, equipos o muebles.

Las asignaciones por concepto de Servicios Personales se estiman en 758.7 mil millones de pesos, monto que representa un incremento del 20.5% respecto al nivel esperado para 1983; este incremento obedece fundamentalmente a la anualización de los aumentos otorgados en 1983.

En términos generales, la política de gasto para 1984 de la Administración Pública Central, se propone reducir sus niveles de gasto administrativo, con excepción de las erogaciones que por su naturaleza y destino, sean indispensables para apoyar la elaboración de productos básicos y estratégicos, y la prestación de los servicios de seguridad y bienestar social.

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de millones de pesos)

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Dentro de esta estrategia, se propone la disminución significativa de los subsidios y transferencias que otorga el Ejecutivo Federal. Las destinadas a Organismos Empresas Participación Estatal Mayoritaria dentro del presupuesto ascienden a 862.3 mil millones de pesos, que representa un incremento del 33.0% respecto al esperado de 1983. Los subsidios a precios o al gasto de operación absorberán 603 mil millones de pesos, 29.2% superiores a los estimados de 1983; y las transferencias de capital se incrementan en 33.0% respecto a 1983.

Entre las entidades beneficiadas sobresalen por su monto la Compañía Nacional de Subsistencias Populares con un total de 245.6 mil millones de pesos que significa un incremento nominal de más del doble y la Comisión Federal de Electricidad con 307.9 mil millones de pesos.

Para 1984, se proyecta una previsión para reorientación sectorial por 175 mil millones en el Ramo XXIII, Erogaciones Adicionales a fin de imprimir mayor flexibilidad en las asignaciones de programas, proyectos y actividades prioritarias y con un alcance social significativo, la que se distribuirá en la medida que avance el ejercicio y las metas parciales sean cumplidas. De esta distribución se le informará a la H. Cámara de Diputados.

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL

(Miles de millones de pesos)

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TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL (Continúa)

(Miles de millones de pesos)

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1 Incluye aportaciones del Gobierno Federal.

Administración pública paraestatal

La administración Pública Paraestatal constituye uno de los instrumentos básicos del Estado como rector del desarrollo. A través de ella, se impulsan las estrategias de reordenación económico y cambio estructural. Se refuerzan los esfuerzos de inducción.

Se trata de que la empresa pública contribuya decididamente a la instrumentación de las políticas sectoriales y a la reorientación del gasto público, apoyando su capacidad de ahorro para promover la inversión en las áreas prioritarias de desarrollo.

El sector paraestatal está siendo objeto de cuidadoso seguimiento, control y evaluación a efecto de corregir las ineficiencias y aprovechar plenamente sus posibilidades en la producción de bienes y servicios y en la promoción, regulación y dirección del desarrollo nacional. Conviene destacar las acciones de reestructuración financiera, que contemplan entre otros aspectos; ajustes realistas de precios y tarifas; racionalización de subsidios y divisas; reestructuración de la deuda y búsqueda de fuente de autofinanciamiento.

Por otra parte, se ha definido con claridad el esquema de competencia y responsabilidad de los Órganos de Gobierno y de las dependencias, respecto a las actividades, respecto a las actividades de planeación, administración y control de las entidades, así como la obligación para estas instancias de promover e instrumentar programas de productividad, descentralización y, en general, de modernización de las empresas.

Para 1984, se fortalecerán las acciones anteriores, sobre todo aquellas que inciden en una mayor productividad del sector, así como las que promueven el empleo.

A través de los Coordinadores de Sector y los Órganos de Gobierno correspondientes, se continuarán apoyando estas medidas.

Asimismo, destaca el fortalecimiento a los programas para apoyar a la planta productiva nacional y el empleo, medidas concretas para sustituir importaciones apoyando la industria nacional a través del poder de compra del Sector Público, así la producción y distribución de básicos para aminorar los costos del ajuste económico en le población de escasos recursos.

El proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Paraestatal, asciende a 3673.8 mil millones de pesos, 41.7% superior al esperado para 1983. El gasto corriente presenta un incremento nominal de 39.0%, para situarse en 2 600.2 mil millones, y el gasto de capital por 48.7% y 1 073.6 mil millones.

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL

(Miles de millones de pesos)

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PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL

(Miles de millones de pesos)

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Proyecto de Presupuesto de la Deuda Pública

En los últimos años, la economía enfrentó problemas de insuficiencia de ahorro interno, falta de liquidez y la imposibilidad de acceso a los mercados internacionales, los cuales presentaron un endurecimiento general en las condiciones de contratación.

En materia de endeudamiento, la presente administración instrumentó una serie de medidas encaminadas a superar la problemática señalada. Estas fueron, entre otras, reestructurar la Deuda Pública, procurando mejorar las condiciones de amortización; restituir la confianza crediticia del país, incrementar los niveles de ahorro interno, a través de tasas de interés atractivas; y evitar recurrir a mayores montos de endeudamiento para aminorar la rigidez del servicio de la deuda.

Se realizaron esfuerzos en el contexto del programa inmediato de reordenación económica para recobrar y fortalecer la capacidad del ahorro interno, tanto del sector público como del privado, con la finalidad de que los recursos financieros se canalicen en forma oportuna y eficiente a proyectos determinados como prioritarios y utilizar a la Deuda Externa como fuente complementaria de recursos.

La reestructuración de la Deuda Externa se planteó como una meta a corto plazo con el objeto de continuar las relaciones comerciales y los vínculos económicos con el exterior. Mejorar plazos, diversificar carteras y obtener mejores condiciones, fueron la base para la reordenación. Después de haber obtenido en 1982, una prórroga de 90 días para saldar los adeudos vencidos, se inició la reestructuración con más de 600 bancos pertenecientes a la comunidad financiera internacional.

Durante 1983 se han concluido los trabajos de refinanciamiento por 23,000 millones de dólares; dichos convenios establecen nuevos plazos de vencimiento de hasta ocho años con cuatro de gracia y comprende la postergación de alrededor de 85% de los vencimientos comprendidos en el periodo, de finales de 1982 a diciembre de 1984.

Estas condiciones han permitido constituir, en el corto plazo, un perfil de la deuda acorde con la capacidad de pago de la economía y la reordenación de las finanzas públicas.

Los beneficios obtenidos por las negociaciones del sector público, se han extendido al sector privado y cuya expresión más evidente ha sido el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, a través del cual se ha proporcionado liquidez a las empresas en apoyo del programa para la defensa de la planta productiva y del empleo.

En 1983, se recurrió a un endeudamiento externo menor al autorizado por la H. Cámara de Diputados, en cerca de mil millones de dólares. Ello obedeció a un comportamiento favorable de la balanza de pagos y por otra, a la adecuación en los desembolsos de créditos acorde al ritmo de los programas y proyectos del Gasto Público.

Para 1984, el monto de asignación propuesto para la Deuda Pública es de 4,308.1 mil millones de pesos, de los cuales 2,601.7 mil millones de pesos corresponden al Gobierno Federal y el resto a los organismos y empresas.

Los pagos de intereses y gastos reflejan un aceleramiento en relación a los pagos de amortización, ya que éstos últimos se han visto disminuidos por la reestructuración de la deuda, tanto del Gobierno Federal como del Sector Paraestatal.

Para 1984, se prevé que las tasas de inflación serán menor a las de los últimos años, por lo que las tasas de interés tenderán a la baja, reduciendo el ritmo de crecimiento del servicio de la Deuda Pública.

La estrategia financiera de mediano plazo se basa en la utilización cada vez menor del crédito externo, administrado el endeudamiento acorde a la capacidad de pago gubernamental, para evitar los problemas de liquidez que se presentan al momento de los vencimientos.

El saldo de la Deuda Pública para 1984, constituirá alrededor del 54.8% en relación al producto interno bruto, cifra inferior respecto a la obtenida en 1982 y 1983.

El logro de estos objetivos y metas guarda una estrecha relación con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Inmediato de Reordenación Económico y el de las Finanzas Públicas:

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

(Miles de millones de pesos)

C o n c e p t o Proyecto

GOBIERNO FEDERAL 2 836.7

Intereses 1 830.21 Amortización 771.5

Adefas 235.0

ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO 1 471.4

Intereses 1 009.0

Amortización 462.4

1 Excluye pagos al Fondo de Financiamiento al Sector Público por 40 000 millones considerados en el servicio de la deuda de los organismos y empresas en presupuesto.

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

(Miles de millones de pesos)

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Ahorro, déficit y divisas ahorro y déficit financiero

En el pasado reciente la dinámica de crecimiento de la economía; los requerimientos de infraestructura y de bienes y servicios, determinaron que la participación del Estado se incrementará, a tal grado que su contribución en la inversión rebasara por mucho a su capacidad de ahorro, obligándose a recurrir en forma creciente al endeudamiento.

Los desequilibrios del aparato productivo condujeron a un deterioro cada vez mayor del ahorro; incrementando la participación del Déficit Financiero en el Producto Interno Bruto.

Las causas principales que incidieron en el Déficit Financiero del Sector Público fueron, además de los desajustes en la producción, la débil captación de recursos tributarios, la ineficaz política de subsidios, de precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por las Empresas Públicas, así como la magnitud de la deuda pública y la rigidez de su pago.

Esta situación hace imperioso fortalecer las finanzas públicas, en este sentido el incremento en el ahorro público es una condición básica, sin la cual, el déficit financiero del sector será difícil disminuir, obstaculizando la capacidad de acción del Estado en la inversión productiva.

La necesidad de aumentar el ahorro responde a la estrategia de sustentar sanamente el financiamiento del desarrollo, apoyándose en los recursos propios generados por la actividad productiva.

Ello requiere de un control más eficiente tanto en la captación como en la asignación y de corregir la política de precios y tarifas, así como de subsidios, y la dependencia a los recursos financieros externos.

En este contexto, el cambio en la estructura y el financiamiento de la inversión, tenderá a aumentar la importancia del ahorro del Sector

Público, de forma tal que substituya las fuentes externas; buscando al mismo tiempo la disminución del déficit.

La estrategia es la de consolidar y establecer nuevos esquemas de financiamiento, con ajustes en el gasto público a través de un moderno crecimiento y reorientación selectiva.

La situación negativa que venía observando el comportamiento del ahorro del sector público hasta 1982, empieza a revestir su tendencia en el ejercicio presupuestal de 1983; logrando un ahorro de 449.3 mil millones de transferencias.

El ahorro del Gobierno Federal antes de transferencias alcanzó 979.4 mil millones, propiciando en mayor medida el financiamiento de gastos de capital por 668.3 millones. Para 1984, será viable alcanzar un ahorro de 2,284.7 mil millones, resultado de la permanencia en la estrategia para incrementar los ingresos, basado en la modernización y actualización del sistema tributario. Por el lado de los egresos, la continuidad en los gastos prioritarios y la reorientación de las transferencias para mejor su efectividad conducirán al resultado esperado.

En los Organismos y Empresas durante 1983, la estrategia de incremento de los ingresos, vía el ajuste de los precios de bienes y servicios del Sector Público, ha estado asociado a criterios de eficiencia operativa y financiera, que permiten avanzar en la rehabilitación económica integral de la empresa pública, liberando al mismo tiempo importantes recursos de transferencias. Los esfuerzos por aumentar la productividad del gasto de operación dieron como resultado un superávit de 733.1 mil millones. La permanencia en dicha estrategia tanto de ingresos como de egresos permitirá para 1984 un superávit de 1,500.9 mil millones, cifra que hace posible cumplir los compromisos derivados del pago de interés de la deuda contraída por los Organismos y Empresas del Sector Público

El ahorro corriente del Sector Público se ha visto incrementado sustancialmente como resultado de la aplicación del Programa Inmediato de Reordenación Económica. La política racionalizadora de las inversiones del mismo programa, sumado al mejoramiento del ahorro permitirán que el déficit financiero se ajuste a las metas proyectadas de 8.5% como proporción del PIB. Para 1984 la continuidad y profundización de la reorientación y del fortalecimiento de las finanzas públicas, permitirán una reducción proyectada del déficit financiero al 5.5% como proporción al PIB.

Ante la situación adversa por la que atraviesa la economía nacional, se ha planteado como objeto prioritario la reestructuración del sector externo, a fin de disminuir las presiones sobre la balanza de pagos, contando al mismo tiempo con un sector público capaz de generar las divisas necesarias para un funcionamiento sano del desarrollo, principalmente en actividades estratégicas y prioritarias del país

Sólo a través de una eficiente racionalización y programación de las divisas disponibles, generadas por el sector público, se podrá disponer de recursos para el cabal cumplimiento de los compromisos contraídos por las entidades y dependencias. Así como realizar las adquisiciones más importantes para el mantenimiento de la planta productiva.

Aún cuando las exportaciones de hidrocarburos seguirán siendo la principal fuente de divisas, el sector paraestatal ha diversificado sus exportaciones, en 1983 exportó volúmenes equivalentes a 721 millones de dólares y para 1984 se espera obtener ingresos por 976 millones de dólares; a través de la exportación de bienes de las ramas minero metalúrgicas, siderurgia, química y petroquímica secundaria.

El total de ingresos previstos por la explotación de mercancías y servicios en 1984 es de 17,560.8 millones de dólares.

AHORRO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL

(Miles de millones de pesos)

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AHORRO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL

(Miles de millones de pesos)

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Estimándose un crecimiento del 8.7% con respecto al año anterior.

Al restringirse el uso de divisas se fortalece la sustitución de importaciones, coadyuvando así a sostener y apoyar el mercado interno, mediante la utilización de insumos nacionales. Las principales dependencias del Sector Público han instrumentado un programa de adquisiciones, y reestructurando al mismo tiempo sus sistemas de contratación, por tal motivo el gasto del Gobierno Federal sólo tendrá 1.4% de contenido importado. De esta manera las empresas paraestatales orientarán el 71.3% de su gasto a al demanda nacional; destacando PEMEX y CFE con un 64.3 y 79.7%, respectivamente.

Los egresos por concepto de importación de mercancías y servicios, sumarán 11 357.1 millones de dólares, que representa una disminución de 11.9% con respecto al año anterior; esta disminución no afectará las importaciones necesarias, en productos básicos, infraestructura e insumos y maquinaria para actividades estratégicas.

Como resultado de las políticas de apoyo a las exportaciones e impulso a la sustitución de importaciones el saldo en la cuenta corriente del sector público para 1984 representará un superávit de 6 203.9 millones de dólares superior en 90% al esperado para 1983; esto permitirá contar con divisas suficientes para afrontar el incremento de las importaciones prioritarias, requeridas para el funcionamiento de la planta productiva.

En suma, para 1984 el Ejecutivo Federal somete a consideración un Proyecto de Presupuesto, que contiene un gasto programable para la Administración Pública de 6,592.3 mil millones; Participaron en Impuestos Federales a Estados y Municipios de 846 mil millones; y un servicio de la deuda pública de 4.308.1 mil millones. De acuerdo a la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación, al financiamiento con recursos ordinarios asciende a 8,884.2 mil millones, en tanto los ingresos derivados de financiamientos serán de 2,892.2 mil millones.

En consecuencia, el Ejecutivo Federal solicita su aprobación para financiar un déficit financiero presupuestario de 1,168.3 mil millones para el Proyecto de Presupuesto; este déficit es congruente con la meta de déficit financiero del Sector Público de 5.5% del producto Interno Bruto. Ese nivel podrá incrementarse en caso de que la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios y la evolución económica de los primeros meses lo permita, hasta por 277 mil millones adicionales, lo que constituye la reserva para la actividad económica.

Para la Administración Pública Central se prevé un déficit de 1,488.7 mil millones de pesos que se puede incrementar a 1,765.7 mil millones de pesos, de ejercerse la reserva para la Actividad Económica. En tanto que para la Administración Pública Paraestatal se estima un superávit de 320.4 mil millones de pesos, compuesto del superávit de Petróleos Mexicanos por 453.4 y el déficit de 133.0 del resto de entidades.

CUENTA DOBLE DE INGRESOS Y GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL

(Miles de Millones de pesos)

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ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO

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CUENTA DOBLE DE INGRESOS Y GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL

(Miles de Millones de pesos)

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En la exposición se han destacado los lineamientos, acciones y programas que se propone efectuar el Ejecutivo para 1984.

En este contexto, el Proyecto de Presupuesto se ejecutará con estricto apego a lo programado, dentro de un marco de honestidad y eficiencia. El nivel y estructura del Proyecto responde a los objetivos y directrices del Plan Nacional de Desarrollo que se especificarán en los programas de mediano plazo. Asimismo, es congruente con la política de financiamiento del desarrollo y de empresa pública y reafirma la rectoría del Estado en la economía, procurando avanzar hacia un desarrollo más justo y equilibrado.

La crisis no ha sido superada y debemos perseverar en la eliminación de los desequilibrios que la originaron. El gasto público, en reestructuración permanente, constituye un instrumento fundamental a través del cual se consolidarán los logros y se avanzará en la reordenación económica y el cambio estructural.

Finalmente, deseo expresar a esa H. Cámara de Diputados que, en el cumplimiento de las disposiciones que guiarán el ejercicio del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta indispensable el esfuerzo conjunto, responsable y dedicado de los servidores públicos y la participación democrática y nacionalista de los sectores socia y privado.

Reitero a a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., noviembre 14 de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1984

PROYECTO

APÉNDICE

APÉNDICE ESTADÍSTICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1984

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Cuadro No. 1

INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL

(Miles de millones de pesos)

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Cuadro No. 2

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL

(Miles de millones de pesos)

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Cuadro No. 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de millones de pesos)

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Cuadro No. 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL PARA 1984.

RESÚMEN POR OBJETO DEL GASTO.

(Miles de millones de pesos).

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Cuadro No. 5

INVERSIÓN PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 1984.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 6

INVERSIÓN PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 7

DEUDA DE LOS ORGANISMOS CONTROLADOS PRESUPUESTALMENTE 1984.

Resúmen Administrativo.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 8

INGRESOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL.

(Miles de millones de pesos).

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Cuadro No. 9

OCUPACIÓN Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL 1984.

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Cuadro No. 10

TRANSFERENCIAS 1984.

ESTRUCTURA ECONÓMICA.

(Miles de millones de pesos).

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Cuadro No. 11

CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 1984.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.1

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: GOBERNACIÓN.

(Millones de pesos).

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Cuadro 11.2

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: RELACIONES EXTERIORES.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.3

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.4

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS.

(Millones de pesos).

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Cuadro 11.5

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

(Millones de pesos).

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Cuadro 11.6

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

(Millones de pesos).

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Cuadro 11.7

TRANSFERENCIAS.

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA.

(Millones de pesos).

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Cuadro 11.8

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.9

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11-10

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: REFORMA AGRARIA.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.11.

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: PESCA.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.12

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.13 (Continúa)

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.14

TRANSFERENCIAS

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.15

TRANSFERENCIAS

SECTOR: TURISMO

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.16

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.17

TRANSFERENCIAS.

SECTOR: DESARROLLO REGIONAL.

(Millones de pesos).

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Cuadro No. 11.18

TRANSFERENCIAS.

EROGACIONES ADICIONALES.

(Millones de pesos).

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Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1984 importa la cantidad de $6 787 289 000.00 (seis mil setecientos ochenta y siete millones doscientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional).

Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1984 importa la cantidad de $8 306 700 000.00 (ocho mil trescientos seis millones setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

Artículo 6o. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1984 establece una Reserva para Recuperación de la Actividad Económica, que importa la cantidad de $277 000 000 000.00 (doscientos setenta y siete mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) cuya aplicación se orientará a la atención de las prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y especificadas en los programas de mediano plazo.

El ejercicio de la Reserva para Recuperación de la Actividad Económica, estará sujeto a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios y a las necesidades que deriven de las condiciones económicas imperantes.

Los recursos de esta Reserva se destinarán, primordialmente, a proyectos y actividades que incidan en la generación de empleo y apoyen la recuperación de la inversión de los sectores social y privado, y en casos contingentes.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, asignará en los términos de este artículo, los recursos de la Reserva para Recuperación de la Actividad Económica e informará del manejo y aplicación que se haga de los mismos en la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 7o. Las erogaciones previstas para el año de 1984 correspondientes a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen en las siguientes entidades:

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Artículo 9o. Los Titulares de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.

La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con los objetivos y prioridades del Plan y de los programas de desarrollo, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinen.

Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1984, otros organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, además de los señalados en el artículo 7o. de este Decreto.

Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Las ministraciones de fondos a las dependencias y entidades serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Salvo lo previsto en los artículos 14 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos a las dependencias y entidades, en los siguientes casos:

I. Cuando no envíen los informes o documentos que les sean requeridos en relación con el ejercicio de sus presupuestos y el avance trimestral de las metas señaladas en los programas que tengan a su cargo;

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos resulte que no cumplan con las metas de los programas aprobados;

III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos, y

IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 13. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del Presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del Titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los inicios 1 y 2 de su fracción II, "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores" y "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores". De estos ingresos se asignarán igualmente los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la Cámara de Diputados;

II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal a que se refiere este Decreto, y

III. Remanentes que tengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos.

Asimismo se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1984, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.

Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del Presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.

Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos Erogaciones Adicionales, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Regional así como de la Reserva para Recuperación de la Actividad Económica a que se refiere el presente Decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La administración, control y ejercicio de los ramos de Deuda Pública y de Participaciones a Estados y Municipios será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPÍTULO SEGUNDO

Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Artículo 19. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud y seguridad nacional, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación y las necesarias para el Programa Emergente del Empleo, previa aprobación del titular respectivo.

Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales, deberán:

I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores de la Administración Pública Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto así como las señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.

Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.

II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1983, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.

III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en Órganos de Gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros, así como gastos de representación, con excepción de los que autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 21. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1984 no se podrán efectuar:

I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de :

a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.

b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional,

así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.

II. Gastos con cargo a la partida de Erogaciones imprevistas.

Artículo 22. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o entidad correspondiente:

I. Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficinas públicas;

II. Gastos menores, de ceremonial y de orden social;

III. Comisiones de personal al extranjero;

IV. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones;

V. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal;

VI. Congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones;

VII. Otorgamiento de becas, y

VIII. Donativos.

Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.

Artículo 23. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, se observarán las siguientes medidas:

I. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos.

II. Se continuarán aquellas obras que no impliquen importaciones, limitando o difiriendo en su caso, las que requieran insumos de procedencia extranjera para su terminación.

III. Se otorgará preferencia a aquellos proyectos en proceso con mayor avance relativo y de más alta prioridad, con el propósito fundamental de proteger la planta productiva, el empleo y el consumo básico.

IV. Se diferirán las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas o bien las de carácter ornamental o suntuario.

V. Se otorgará prioridad a las obras complementarias de proyectos en proceso que sean consecuentes y congruentes con las estrategias y objetivos de la planeación nacional del desarrollo.

VI. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, las dependencias y entidades deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones.

VII. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento de empresas públicas que promueven la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.

Artículo 24. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los demás programas que se formulen conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:

I. El otorgamiento deberá ser selectivo, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agrícolas ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme al comportamiento del mercado, las necesidades sociales y el nivel de ingreso de los productores;

VI. Los subsidios destinados al apoyo de entidades paraestatales se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;

VII. Se considerarán preferenciales, las aportaciones destinadas a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;

VIII. Las aportaciones de capital y asunciones de pasivos se efectuarán previa la adopción, por parte de los beneficiarios, de un

programa de saneamiento financiero a mediano plazo;

IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios, y

X. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 25. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al Presupuesto de Egresos, siempre que medie la aprobación de la dependencia coordinadora de sector, la que previamente, verificará:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Artículo 26. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 27. Las dependencias y entidades sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios o dar ayuda de cualquier clase, con la autorización previa y por escrito de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a la que presentarán para este efecto las solicitudes relativas, una vez aprobadas por los servidores públicos responsables de las propias dependencias y entidades. Tratándose de estas últimas se requerirá además la conformidad del coordinador del sector correspondiente.

Artículo 28. Las Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas, que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.

Artículo 29. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Unico de Transferencias. Asimismo los titulares de las dependencias y entidades serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gastos mencionados.

Artículo 30. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y a la dependencia coordinadora de sector, por conducto de las instituciones y sociedades nacionales de crédito y de las instituciones de banca y crédito del extranjero, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.

Artículo 31. Los subsidios con cargo a impuestos federales, las devoluciones de impuestos, los estímulos fiscales, así como las participaciones que sobre impuestos y productos federales correspondan a los Estados, al Distrito Federal o a los Municipios en los términos que fijen las Leyes de Ingresos de la Federación y de Coordinación Fiscal y las demás normas aplicables, se deberán comunicar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que realice la afectación presupuestal correspondiente.

Artículo 32. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria y de las que operen mediante concesión federal, de los fideicomisos y de las instituciones y sociedades nacionales de crédito.

Artículo 33. El Banco de México en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.

Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de pagos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.

Artículo 35. Las dependencias y entidades quedan obligadas a informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad

que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1984, serán los siguientes:

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Artículo 37. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del gasto público aprobado para 1984 y hará asimismo, las aclaraciones que ésta solicite.

Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Derecho, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para estos efectos, podrá requerir de las dependencias y entidades la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

Artículo 39. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de la atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven acabo las inspecciones y auditorías que se requieran así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La propia Secretaría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1984.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atención y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, D. F., a 14 de noviembre de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

El C. Presidente: - En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.

Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Imprímase.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL D. F. 1984

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

- CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.

En cumplimiento a lo que establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa:

Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984.

Asimismo me permito informarles que el día 24 del presente, está programada la comparecencia del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto, para dar cuenta de la referida iniciativa.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., 15 de noviembre de 1983.

El Secretario , licenciado Manuel Bartlett D."

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.

En cumplimiento a los dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en sus artículos 19, 20, 23 y 24, el Ejecutivo a mi cargo, por su apreciable conducto, somete a esa Soberanía Nacional, para su conocimiento, análisis y en su caso, aprobación, la iniciativa de Decreto correspondiente al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984.

El presente documento es una aportación en cumplimiento a la obligación constitucional y respuesta al compromiso establecido, de informar a los ciudadanos en toda su extensión, sobre el monto, destino y estructura de los recursos públicos que el Ejecutivo Federal en la ciudad capital de la República, ejercerá a través del Departamento del Distrito Federal, sus unidades administrativas y entidades coordinadas.

El marco rector en que se fundamenta la presente propuesta, atiende los principios normativos y definiciones estratégicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, esfuerzo globalizador donde el Distrito Federal, por sus características hegemónicas en el plano regional, participa como una parte vital para proseguir en el camino al desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Para ello, y de acuerdo a las circunstancias particulares que en el contexto económico enfrenta el país, las acciones para la consecución de los objetivos nacionales, se circunscriben a una política financiera definida en los principios de la presente administración, en el sentido de racionalizar el gasto público, bajo una óptica operativa de eficiencia inclinada a satisfacer prioritariamente a los núcleos de población más desprotegidos; es éste el sentido social que avala ahora la gestión de gobierno, sustentada en gobernar para las mayorías.

De acuerdo con los lineamientos de la Ley de Planeación vigente, el presente proyecto constituye el resultado de un proceso de planeación, cuyo valor radica en un amplio consenso popular y de participación democrática; los Foros de Consulta Popular como experiencia de campaña política e instrumento estratégico para la actual administración, orientan las acciones de gobiernos hacia fines concretos dentro de un marco político característico de una sociedad plural y significativamente desigual.

Con esto se pretende que los recursos financieros destinados al gasto público del Departamento del Distrito Federal, se aboquen exclusivamente a la realización de proyectos y acciones instrumentadas mediante programas operativos, que hagan posible modificar el entorno económico, social y cultural del individuo, posibilitando así, un mejor horizonte en sus perspectivas de desarrollo, que se traducen para la comunidad en los principios de una sociedad más igualitaria y justa.

De vital importancia resulta, el contribuir a través de un manejo transparente y fluido del ejercicio presupuestal, para canalizar en forma directa e inmediata, beneficios sustanciales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esfuerzo que vienen realizando en toda su extensión, las diferentes Unidades Administrativas y Entidades del Departamento del Distrito Federal.

Estos principios se encuentran reafirmados en la estrategia planteada en el Programa de mediano plazo en la ciudad de México 83-88, el cual, contribuye en un plano articulador, a sistematizar las acciones definidas para los ámbitos anuales de gestión contenidos en los respectivos Presupuestos de Egresos; logrando así, la congruencia necesaria para que los recursos se asignen en una modalidad tal, que propicie una continuidad operativa a la par de los requerimientos y necesidades de una población creciente y cambiante en su estructura social.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1984, traduce los planteamientos contenidos en el programa de mediano plazo, en su correspondiente espacio temporal de vigencia, asignándose los recursos de acuerdo con la capacidad económica y el difícil momento histórico de la nación.

El proceso sistemático de planeación, concebido para generar alternativas viables de solución en una vertiente participativa y abierta a todos los sectores de la sociedad, ha servido para enriquecer sustancialmente el planteamiento y marco propositivo al que habrá de sujetarse en el presente, la acción gubernamental; la propuesta que se presenta a esa Soberanía Nacional, se deriva en su aspecto programático, de las acciones e instrumentos previamente definidos en el Programa Operativo Anual de la Entidad, documento que establece la congruencia y la actualización anualizada de los planteamientos de mediano y largo plazo contenidos en el programa de mediano plazo.

Si bien es cierto, la magnitud de los problemas de la ciudad de México, rebasa ahora el potencial operativo para la debida prestación

y otorgamiento de servicios públicos; la infraestructura urbana, por su parte, también se ha quedado a la zaga ante el crecimiento ha endeudado a la zaga ante el crecimiento urbano desmedido. Las medidas contenidas en el presente proyecto, resumen la voluntad política para lograr superar estos retos, contando con una participación ciudadana interesada en la solución de los problemas del México de hoy.

El excesivo nivel de crecimiento de la ciudad y de su zona conurbada dado en los últimos años, merece especial atención por sus características únicas en el ámbito social y regional, al ser éste, un fenómeno urbano cuyos efectos trascienden, en el contexto social interno, en un deterioro mayúsculo de las formas de vida y convivencia de la comunidad; desde el punto de vista económico, con un acentuado desequilibrio regional que obstaculiza la senda del desarrollo armónico.

Es por ello que, se ubica prioritariamente, la conjunción y participación de las diferentes esferas Estatales y Municipales de Gobierno, principalmente de la región centro de la República, a cuyos territorios ha logrado penetrar y afectar la zona conurbana de la ciudad de México. Conscientes de la importancia que reviste el problema urbano en nuestro tiempo, y las perspectivas poco halagadoras para su inmediata solución, se requiere, respetando las correspondientes soberanías estatales, la coordinación de acciones y programas que atiendan en un orden prioritario, los problemas de fondo que hagan posible romper la inercia de crecimiento sostenido, vista hasta la fecha.

En la dimensión regional, cobra singular importancia la implantación del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro, como un instrumento que abre las puertas al combate del estrangulamiento urbano de la zona metropolitana, bajo un criterio multidisciplinario e interinstitucional que posibilitará una amplia gama de alternativas de solución, con la participación sustancial de las Entidades Federativas de la región centro del país, para consolidar el entorno propositivo e instrumentar las acciones correctivas que invariablemente se han tornado en indispensables.

Con el fortalecimiento de la rectoría del Estado mediante la conjugación de acciones para atender el problema urbano en un enfoque regional, se podrá superar la problemática actual que envuelve el círculo tradicional de crecimiento anárquico de la ciudad de México; la situación actual en el ámbito interno, exige cambios sustanciales en el quehacer político, con una intensa coordinación de los diferentes sectores del mosaico social.

Para la instrumentación y coordinación de programas y acciones que en el futuro se deban realizar por parte de las diferentes instancias de gobierno para atenuar y resolver el conflicto urbano del Distrito Federal, en su aspecto regional, social y económico, se han sentado las bases como resultado de la implantación del Sistema Nacional de Planeación Democrática y de acuerdo a lo contenido en la Ley de Planeación, que tienen por objeto sistematizar y diversificar los mecanismos de participación sectorial.

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal, instalado el 27 de octubre del presente año, concreta estos objetivos, como un órgano de apoyo para la formulación, actualización y evaluación de programas de desarrollo de la entidad, siendo a su vez un organismo que propiciará y promoverá una mayor participación y colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

Por su parte, el presente proyecto orienta mediante la programación estricta de acciones, los apoyos necesarios para impulsar en un mayor grado, el avance al desarrollo del sector social, que es donde se ubica la parte toral de la nación; propiciando un esquema participativo en un marco de seguridad y confianza, con un enfoque moderno y dinámico que hace posible resaltar los valores y dignidad humana, de acuerdo con nuestra vocación democrática y herencia histórica.

La colaboración del sector privado en la tarea regional para resolver el problema urbano, hará factible estructurar bajo una política de mutuo respeto, un horizonte corresponsable de actitudes que vigoricen el desarrollo nacional, instrumentando, para tal efecto, las alternativas para la desconcentración de la planta industrial, comercial y de servicios, como parte medular del proceso vital para romper las estructuras anacrónicas de crecimiento acelerado y desmedido.

Con fundamento en la filosofía política de la presente administración, el Departamento del Distrito Federal, asume un papel importante para mejorar las condiciones que en la escena urbana, hacen crisis en los diversos sectores de la sociedad. Los objetivos por tanto, deben encaminarse para asegurar condiciones de vida digna y segura, la prestación eficiente de servicios públicos, la mejora sustancial del medio ambiente, la preservación, uso y destino del suelo, la conformación de infraestructura para la prestación de servicios urbanos, y aquellos factores que intervienen directamente en el desarrollo y superación del individuo.

Estos propósitos deben asegurarse teniendo para tal efecto una estructura organizacional acorde con la magnitud de los requerimientos y demanda de servicios, reconociendo el valor fundamental de la gestión de gobierno ante la responsabilidad social de transformar por la vía del derecho las expectativas de desarrollo; es modificar el obsoleto modelo de desarrollo con un respaldo estructural de orden administrativo que se constituya en el eje de los grandes cambios necesarios e indispensables ahora en la vida urbana.

El complejo problema de la zona metropolitana de la ciudad de México muestra en síntesis la falta de integración de acciones y la atomización de políticas planteadas en el pasado. Por lo que se vierte como proceso esencial establecer el cuadro cognoscitivo de prioridades en el que se sustentarán las acciones de gobierno a fin de contener y revertir, en su caso, el proceso casual del fenómeno urbano.

De esta manera se establece en el contenido del proyecto, en forma clara y precisa, los objetivos, metas y las acciones programáticas que el Departamento del Distrito Federal, sus Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas llevarán acabo para contribuir y coadyuvar al desarrollo nacional en el marco territorial asiento de los Poderes de la Federación.

Asimismo, se presentan analíticamente los montos presupuestales, de acuerdo con cada una de las diferentes acciones programáticas a realizar, que serán erogados con cargo a los recursos ordinarios de la dependencia, los fondos y aportaciones de la Administración Pública Federal, así como de aquellos provenientes de financiamientos internos y externos.

El presupuesto como tal se orienta dentro de la estrategia regional a satisfacer en el corto plazo, las demandas y requerimientos formulados en los Foros de Consulta Popular, bajo un criterio selectivo de atención conforme a las disponibilidades de recursos y las condiciones precarias que en materia financiera vienen afectando al sector.

En este sentido, la concurrencia y concertación de los diferentes sectores de la sociedad será de gran valor para los objetivos institucionales, reafirmando el pacto social que constituye la esencia propia para la continuidad de las instituciones en un marco plural y democrático.

Proseguir en la mejora cualitativa y cuantitativa de los servicio públicos, es la mística definida en los programas operativos, en concordancia a una política integral tendiente a propiciar mejores condiciones de desarrollo del empleo, la vivienda, la producción, la salud, la educación y el abasto.

En el ámbito urbano convergen fenómenos característicos que rebasan la capacidad de gestión del Gobierno de la ciudad. Por ello, será preciso continuar reforzando las tareas destinadas a ordenar y regular el proceso de crecimiento de la ciudad de México, con medidas y políticas enérgicas en materia de uso y destino del suelo, promoviendo el desaliento de todas aquellas áreas de actividad que por su naturaleza son factibles de desconcentrar. Se continuará por su parte, con el establecimiento de reservas territoriales que aseguren el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de regulación del crecimiento urbano; tareas que se complementarán con la participación de las diversas dependencias involucradas en la materia para lograr detener el fenómeno de invasión de predios que ha venido obstaculizando el orden urbano.

El deterioro paulatino que sufre la zona metropolitana en el contexto ecológico, principalmente provocado por los altos niveles de contaminación y la excesiva explotación de los recursos naturales de la región, obligan necesariamente a reafirmar la calidad rectora del Estado, con la actualización de la legislación vigente sobre la materia y la consecución más exhaustiva de los programas dirigidos a restaurar los sistemas ecológicos.

Por lo que respecta a vivienda, la problemática se conjuga con otros factores propios dados por el acelerado crecimiento poblacional; sólo el 32% de la población cuenta con vivienda que reúne condiciones dignas, por lo que, de vital importancia resulta para el desarrollo integral del individuo, consolidar fórmulas eficaces que aseguren en un mínimo, vivienda decorosa a las clases económicas más desprotegidas.

Las acciones emprendidas en coordinación con otras dependencias y entidades, como son los programas de autoconstrucción, la prestación de asesoría técnica y los apoyos financieros productos de una política social, aseguran mejores condiciones de acceso a la vivienda.

La ciudad de México y su zona metropolitana, ha sido el lugar para muchos mexicanos, donde se han cristalizado las expectativas de superación individual y para otros el lugar donde cimientan sus esperanzas de mejores posibilidades para llevar una vida digna. Este paradigma encierra un compromiso político de gran trascendencia donde como principio de derecho debe respetarse la igualdad de oportunidades para todo mexicano, atendiendo, sin menoscabo de otras regiones, los requerimientos urbanos indispensables.

Dada la importancia que tienen los servicios públicos básicos para la vida armónica de la ciudad, deberán incrementarse ampliando la cobertura para hacerlos llegar a las zonas y núcleos marginados; los avances logrados en esta materia, han sido insuficientes para atender a un conglomerado humano en constante crecimiento.

Sin embargo, para satisfacer las necesidades básicas de un centro urbano con las características de la ciudad de México, lamentablemente se han deteriorado otras regiones, al grado tal, que en muchos de los casos los efectos económicos y ecológicos serán irreversibles en un futuro próximo.

El suministro de agua potable para la región es un claro ejemplo que hace crisis en la época de estiaje; con fuentes de abastecimiento lejanas y de baja altura se incurre en altos costos para la dotación de este vital líquido. El caudal que ingresa a la ciudad, se estima en 40 metros cúbicos por segundo, mientras que las necesidades reales que oscilan en un volumen aproximado de 44 metros cúbicos por segundo.

La sobre explotación de los mantos acuíferos del Valle de México, alternativa necesaria para atender la gran demanda de la urbe, ha provocado el deterioro del sistema hidráulico de la región y el hundimiento paulatino de la ciudad.

Las acciones previstas en los programas operativos se conciben en una bifurcación que paralelamente tienda a la solución del problema del agua, por una parte, aumentar los caudales de suministro con el aprovechamiento racional de los mantos y cuencas hidráulicas y por otra, a través de programas de concientización para conseguir disminuciones significativas en el consumo de agua. Los ahorros importantes se vienen dando con la operación de las plantas de tratamiento y reuso del agua, cuyos volúmenes se destinan para la industria y el riego. En lo que se refiere al drenaje, las

implicaciones del problema se circunscriben principalmente al acelerado aumento de los usuarios, la disminución en la capacidad receptiva debida al hundimiento del suelo y a la falta de conciencia en su utilización, manifestada en el arrojo de productos químicos nocivos y desechos sólidos, que merman y obstaculizan la fluidez de las descargas. El servicio alcanza a cubrir, a la fecha, a un 70% de la población. Los sectores menos favorecidos han sido aquellos cuya población se encuentra asentada en forma irregular y en regiones geológicamente impropias.

En lo que atañe al problema de la basura se han ido superando las deficiencias del servicio mediante la reconstrucción de buena parte del equipo y la reposición de unidades de recolección, barrido y transferencia, utilizándose para ello tecnología adaptada a las condiciones actuales de la urbe. La continuidad del Plan Maestro de Basura será vital hasta consolidar y sistematizar la prestación de este importante servicio, que requiere necesariamente aumentar en una proporción equivalente al crecimiento urbano.

La brecha entre la capacidad operativa de la dependencia y el crecimiento excesivo de la mancha urbana, se ha visto notablemente reducida en lo que se refiere a la prestación del servicio de alumbrado público, el cual ha logrado penetrar en casi la totalidad de la ciudad, quedando a la zaga sólo algunas pequeñas comunidades suburbanas. La aplicación de nuevas tecnologías para la atención del alumbrado público ha hecho posible, sin menoscabo en la calidad del servicio, reducir los costos de operación.

La crisis actual patente en el transporte público y la vialidad ha logrado alterar los modos de vida y convivencia de los ciudadanos. Las modalidades existentes en transportación han continuado con las tendencias dadas en años anteriores; la preferencia del transporte privado sobre el colectivo ha ocasionado la saturación de la vialidad, acarreando efectos secundarios que atentan contra la economía, la ecología y la salud.

Las actuales circunstancias financieras por las que atraviesa el sector, impiden la realización de obras públicas significativas que pudieran aminorar las consecuencias de lo anteriormente descrito, para tal efecto las alternativas de solución se abocan prioritariamente a buscar la articulación de los medios colectivos de transporte y la eficacia en los mismos.

Los proyectos importantes que sobre la materia se realizarán; redundarán en el logro de los objetivos previamente planteados, a través de: la terminación de la cuarta etapa del Metro, adicionándose al servicio 10.5 km. de longitud con la construcción de 7.2 km.; la estructuración de nuevas líneas para RUTA 100 y la reposición del equipo de tranvías y trolebuses. Será necesario reponer e incrementar las unidades de servicio de RUTA 100, que hagan posible aumentar la eficiencia y la extensión en la cobertura actual.

En el ámbito social, destacan algunas consideraciones de importancia que se han manifestado en un detrimento de los modos de vida. El Distrito Federal, centro neurálgico para la sociedad nacional, contempla dentro de su territorio, cualidades antagónicas propiciadas con el devenir del tiempo, en un proceso par algunas generaciones, donde el atraso asoma junto a la modernidad.

Las políticas y acciones de gobierno no han alcanzado en un plano globalizador, a mejorar y beneficiar a toda la sociedad en su conjunto; la marginación aún persiste en un alto índice poblacional, la distribución del ingreso se acentúa cada día en forma más inequitativa e ineficiente, la cobertura en educación y cultura no se ha logrado en los niveles deseados y los sistemas de salud se mantienen a la zaga ante el acelerado aumento de la población,

Por ello, no se soslaya la seguridad que en un marco social tiene el empleo como la alternativa única para la consecución de formas dignas y decorosas de vida.

Basta conocer que el fenómeno del desempleo y subempleo viene afectando a un 40% de la población económicamente activa que fija su centro de labores en la Zona Metropolitana de la ciudad de México. Esto acarrea por su naturaleza, dificultades serias para contrarrestar la marginalidad urbana, con sus implicaciones sociales y la alimentación causas principales de los niveles excesivos de mortalidad y morbilidad.

Se acusan todavía, marcadas deficiencias cualitativas en el panorama educacional y cultural del Distrito Federal; si bien, se ha logrado atender a la mayoría de la población infantil en edad escolar, la población analfabeta no se ha podido erradicar en su totalidad.

La incidencia de un fenómeno particular que se manifiesta por las condiciones económicas de la familia, provoca que se interrumpan los estudios por ingresar al mercado de trabajo.

Las posibilidades de educación deben esta abiertas para todo mexicano, por lo que no deberán descuidarse las acciones tendientes a incrementar la infraestructura y capacidad operativa, necesarias para la atención debida de las futuras generaciones.

Por otra parte no se cuenta con los canales apropiados para la difusión y promoción de una auténtica cultura popular, padeciéndose problemas endémicos que obstaculizan la identificación de los verdaderos valores nacionales a las clases populares, ante esta realidad, el camino a seguir consistirá en aumentar los centros culturales para que el ciudadano tenga oportunidad de enriquecer su acervo intelectual y moral de convivencia, en un marco que lo enaltezca y dignifique como individuo.

En estricto sentido, se fomentarán a través de los medios masivos de comunicación actividades cívicas que hagan resaltar el amor a la patria y a sus instituciones.

Representa un verdadero obstáculo para el desarrollo de la Zona Metropolitana continuar con las tasas actuales de crecimiento poblacional; las previsiones más conservadoras nos permiten

concluir que para el año 2,000, se estima una población entre los 18 y 19 millones de habitantes. Las políticas que sobre la materia se implementen fundamentalmente en un marco de plena libertad, redundarán en el destino último que todos los mexicanos deseamos para la Nación.

Así, la desconcentración se hace inminente para influir directamente en los patrones de crecimiento poblacional, buscando de manera prioritaria el equilibrio regional en todas sus manifestaciones; las acciones en este contexto, se ubican principalmente en la descentralización de la administración pública federal, la reubicación de las industrias de acuerdo con el giro y potencial de crecimiento, la regulación del crecimiento de la planta de servicios especializados, la revisión sistemática de las leyes y reglamentos que norman la actividad industrial, así como la supresión paulatina de subsidios e incentivos a las industrias ubicadas en la zona metropolitana.

De acuerdo con la importancia particular que en el ámbito nacional tiene el Distrito Federal, será necesario continuar hasta sus últimas consecuencias, los objetivos planteados para la operación de la Central de Abasto dentro de la estrategia concebida para la implementación del sistema Nacional de Abasto.

Los altos grados de comercialización que se vienen dando en perjuicio de productores y consumidores, sólo podrán erradicarse fortaleciendo la capacidad financiera del sector a través del fomento de cooperativas y la organización de productores, combatiendo así, las prácticas monopólicas de usura comercial, acaparamientos y ocultamientos que han venido reduciendo el poder adquisitivo del consumidor. La organización social será el mejor aliado para mejorar las condiciones actuales del comercio; la infraestructura instalada en la ciudad de México, asegura a través de las herramientas de que dispone el Estado, avances significativos en beneficio de toda la sociedad y en especial de los sectores marginados.

En el ámbito del comercio por su parte, se dejan entrever en la actualidad, problemas de fondo cuyos efectos se resienten severamente en la economía nacional. El Departamento del Distrito Federal colabora dentro de su respectiva esfera de acción y a través de la organización de productores y consumidores en la incrementación y fomento de programas tendientes a suplir las cadenas excesivas de intermediación, mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente conformada por 282 mercados públicos, 49 tiendas institucionales y un almacén general. Con esto se pretende abatir costos en beneficio de productores y consumidor final.

La ciudad de México desde el punto de vista regional, participa sustancialmente en la economía nacional, compactándose en su territorio un fuerte sector industrial, el cual, aporta aproximadamente el 50% del producto interno bruto y absorbe una fuerza de trabajo equivalente al 45% de la población económicamente activa del sector; muestra indudable del carácter paradógico del absurdo modelo de desarrollo que ha venido rigiendo el destino del país.

Esto necesariamente ha implicado una saturación tal que hace imposible perfilar una expansión, tanto a corto como a largo plazo de la planta industrial; los costos provocados por este fenómeno, aunado a los desequilibrios estructurales internos, vienen suscitando serios trastornos económicos y sociales.

Para hacer posible la transformación necesaria en este contexto, prioridad definida como el cambio estructural en el ámbito económico, se hace indispensable la concentración e inducción de acciones para revertir en el plano regional la excesiva concentración de la actividad industrial.

La problemática expuesta requiere para su expedita resolución, la colaboración de las diferentes esferas de gobierno, en la búsqueda de alternativas realistas dentro de los lineamientos y estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los programas operativos estarán vinculados a promover la desconcentración industrial e incrementar simultáneamente los índices de productividad, tomando en cuenta la importancia que tiene en la época presente un sector industrial fortalecido y económicamente productivo.

Por otra parte, la acelerada expansión urbana se ha concebido en detrimento de las zonas agrícolas y forestales de la región, perdiéndose así, el potencial que en años anteriores fuera fundamental para un gran núcleo de campesinos. Basta señalar que en el año de 1950, el área cultivada ascendía a 42,000 hectáreas y a principios de la década de los años 80 se registró un considerable descenso a sólo 28,000 hectáreas, representando una reducción superior al 33%. En cuanto a la población económicamente activa en este sector, se han dado cambios sustanciales, ya que en 1979, ésta era del 1% con respecto al total de la población en el Distrito Federal, anteriormente llegó a representar el 5%.

En materia silvícola no se han dejado esperar las consecuencias de la tala inmoderada de los bosques, para dar paso al crecimiento de la marcha urbana. Esto ha significado, un decremento en la cobertura forestal que en el presente es de apenas un 34% de la original. De continuar con esta tendencia, el Distrito Federal estará condenado a la pérdida irreversible de los bosques y campos agrícolas.

Por lo anterior, se tiene previsto dentro de los programas operativos para el año de 1984, la promoción y fomento del sector agropecuario y forestal, a fin de contener y recuperar en su caso, el potencial productivo perdido a la fecha, siendo a su vez, en la coyuntura actual, una importante fuente de ocupación.

Adicionalmente, y de acuerdo a las características propias de la ciudad de México, configurada por una sociedad heterogénea, se generan conflictos de interés derivados de una excesiva concentración poblacional.

En lo que atañe a seguridad pública, se han instrumentado acciones tendientes a mejorar la prestación de este servicio, ya que ha sido constantemente reiterado por la sociedad y el necesario cambio y renovación en la actitud de los cuerpos policíales, proceso que se viene realizando con la implementación de programas dirigidos a incrementar y eficientar la cobertura de seguridad.

Ante esta perspectiva, se han instaurado programas cuyos objetivos tienden a una reestructuración integral de la seguridad pública, reforzándose las tareas de capacitación y adiestramiento, que harán posible el desarrollo y la formación profesional de la carrera policial en un marco de responsabilidad, honestidad y lealtad institucional, congruentes con los imperativos de renovación moral, demanda reiterada por todos los mexicanos.

En el plano de la administración de justicia, se vienen realizando mejoras sustanciales con la adaptación y modernización de las leyes y reglamentos que norman la vida citadina, apegándose a las circunstancias y a la dinámica de un cambio de una sociedad en constante crecimiento. La legitimación de los derechos ciudadanos se habrá de continuar en forma sistemática y congruente a nuestra realidad social, a través de una permanente revisión de los sistemas y procedimientos para la impartición de justicia.

Desde el punto de vista financiero, se conjugan factores relevantes que han motivado un cambio estructural en el desarrollo de la gestión pública.

La política financiera del Departamento del Distrito Federal se fundamenta en las premisas económicas que se han definido dentro de la estrategia de reordenación económica buscando en el contexto social, condiciones propicias para lograr una mejor distribución del ingreso.

La política económica que venía desarrollando el gobierno de la ciudad de México, no estaba circunscrita plenamente a estos principios que enmarcan el sentido social mayoritario; los desequilibrios en el orden interno se manifiestan aún en desigualdades y una baja productividad; la cobertura en la participación de los diversos sectores no ha sido consolidada en su totalidad a los fines sociales más significativos.

Siendo la política de ingresos la que respalda el ejercicio de la gestión pública, no era permisible que ésta se fundamentara en una Ley fuera del alcance de los propósitos sociales del sector; el sistema financiero por tanto, mostraba su vulnerabilidad en los resultados finales y en el impacto social generado.

Por otra parte, se conjugaban en esta perspectiva, la excesiva centralización y burocratismo del aparato tributario, cuya estructura daba lugar a la persistencia de actividades ilícitas y onerosas en torno a los trámites y registros que el público realizaba; mermando así, en materia de ingresos, la capacidad receptiva del gobierno capitalino.

La lentitud con que se realizaban los procedimientos para la aplicación de la Ley de Hacienda, aunado a fenómenos económicos inflacionarios, revirtieron el cuadro tributario de contribuyentes, de tal forma que en la generalidad de los casos no existía equidad entre la base impositiva y el pago correspondiente.

La Ley de Hacienda vigente, de reciente aprobación, asimila estos elementos constituyéndose un nuevo mecanismo que procura la actualización de los valores bajo parámetros flexibles que propician su adaptabilidad a las condiciones económicas prevalecientes.

Si bien es cierto que el gasto público ha sido el instrumento por medio del cual se han logrado satisfacer las múltiples demandas de los habitantes de la ciudad, también lo es, que derivado de lo anterior, se han experimentado serios desajustes financieros.

El gasto público en el presente Proyecto, sigue ocupando un lugar preponderante para satisfacer los requerimientos de la urbe y sus habitantes. Sin embargo, de acuerdo a la estrategia prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, el criterio rector para su asignación se fundamenta en una aplicación racional de los recursos orientados principalmente a las áreas y sectores prioritarios.

La renegociación de la deuda pública de la dependencia, ha sido un factor relevante por medio del cual, se ha logrado mejorar la estructura financiera del sector, teniendo así, continuidad en las acciones para el cumplimiento prioritario de programas y metas sustantivos.

Es una prioridad fundamental fortalecer la estructura financiera del Departamento del Distrito Federal, los apoyos brindados por el Gobierno Federal en lo que atañe a la deuda pública, serán la pauta para superar los problemas estructurales y coyunturales que vienen afectando a la Entidad en un marco de estrecha colaboración y coordinación, en un esquema participativo y corresponsable.

En este sentido, el apoyo otorgado por el Gobierno Federal para reestructurar la deuda pública, se ha basado en tres acuerdos fundamentales mismos que tienen por objeto aminorar la carga financiera de la Dependencia.

En primer término, se absorberán los montos acumulados, por concepto de pérdida cambiaria; en segundo lugar, se aplicarán tasas preferenciales sobre el pasivo restante y por último, se otorgará un plazo de 10 años para su liquidación.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal para 1984, tiene una asignación de .. $447.788'700.00 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos mil pesos 00/100 M.N), que se cubrirá con:

Recursos propios del Departamento del Distrito Federal $222 040 900 000.00

Fondos de financiamiento al Departamento del

Distrito Federal 167 257 900 000.00

Ingresos propios de los organismos descentralizados $ 16 507 300 000.00

Aportaciones del Gobierno Federal a los Organismos

Descentralizados 41 331 000 000.00

Fondos de Financiamiento a los Organismos

Descentralizados 651 600 000 00

Total $447 788 700 000.00

-- A continuación se presenta el presupuesto directo del Departamento del Distrito Federal bajo el enfoque de clasificación por objeto del gasto, sin considerar a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector, con los siguientes montos:

Servicios Personales $ 49 754 800 000.00

Materiales y Suministros 15 140 200 000.00

Servicios Generales 10 282 800 000.00

Transferencias a Organismos 44 690 400 000.00

Otras transferencias 3 483 800 000.00

Bienes Muebles e Inmuebles 23 211 900 000.00

Obras Públicas 141 154 900 00.00

Amortización de la deuda pública 16 380 000 000.00

Intereses de la Deuda Pública 77 700 000 000.00

ADEFAS 7 500 000 000.00

Total del Departamento $ 389 298 800 00.00

Dentro de estas asignaciones, a efecto de evitar duplicidad de los egresos, las aportaciones que el Departamento del Distrito Federal destina a sus Organismos Descentralizados se presentan en el Presupuesto Consolidado , en el capítulo correspondiente a transferencias, reflejándose la erogación únicamente sobre el monto de sus recursos.

Los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritarias agrupadas en el Sector Departamento del Distrito Federal reflejan, excluyendo aportaciones del propio Departamento, desde el punto de vista de la clasificación, por el objeto del gasto, los siguientes importes:

Servicios Personales $ 23 796 000 000.00

Materiales y Suministros 17 617 400 000.00

Servicios Generales 5 793 500 000.00

Bienes Muebles e Inmuebles 4 469 600 000.00

Obras Públicas 683 600 000.00

Inversiones Financieras 1 190 700 000.00

Erogaciones Extraordinarias 1 397 300 000.00

Erogaciones Derivadas de Ingresos de Terceros 40 700 000.00

Erogaciones Recuperable 754 100 000.00

Intereses de la Deuda Pública $ 2 747 000 000.00

Total del presupuesto $ 58 489 900 000.00

Analizando las cifras anteriores, se puede observar que $ 48 644 900 000.00, que representa el 83.2%, se destina al Gasto Corriente; 12.1% que equivale a $7 098 000 000.00, a la Inversión Física y Financiera y el 4.7% al pago de la Deuda, lo que es igual a $2 747 000 000.00.

Para los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal mayoritaria agrupadas en el Sector del Departamento del Distrito Federal, se proyectan las siguientes autorizaciones de gasto, que incluyen las aportaciones de la Dependencia en su carácter de Coordinadora del Sector:

a) Sistema de Transporte Colectivo $ 36 974 700 000.00

b) Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 15 275 000 000.00

c) Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100 42 802 500 000.00

d) Industrial de Abastos 3 335 700 000.00

e) Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya 2 221 100 000.00

f) Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal 2 082 000 000.00

g)Servicios Metropolitanos, S.A de C.V 489 300 000.00

Total $ 103 180 300 000.00

El Presupuesto de Egresos consolidado del Sector se divide en:

Gasto Directo del Departamento del Distrito Federal $ 239 544 600 000.00

Transferencias a Organismos Descentralizados y

Empresas de Participación Estatal 44 690 400 000.00

Otras Transferencias 3 483 900 000.00

Deuda Pública 101 580 000 000.00

Total Departamento $ 389 298 800 000.00

Gasto Directo de Organismos y Empresas $ 54 304 900 000.00

Otras Erogaciones 1 438 000 000.00

Deuda Pública 2 747 000 000.00

Total Organismos 58 489 900 000.00

Total Presupuesto $ 447 788 700 000.00

El gasto de cada una de las Entidades se cubrirá de la forma siguiente:

a) Sistema de Transporte Colectivo

1. Recursos propios $ 1 776 000 000.00

2. Fondos de Financiamiento al Sistema de Transporte Colectivo 651 600 000.00

3. Aportaciones del Departamento del Distrito Federal 22 633 100 000.00

4. Subsidio del Gobierno Federal 11 914 000 000.00

Total $ 36 974 700 000.00

b) Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.

1. Recursos propios $ 299 900 000.00

2. Aportaciones del Departamento del Distrito Federal 10 835 300 000.00

3. Subsidio del Gobierno Federal 4 139 800 000.00

Total $ 15 275 000 000.00

c)Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

1. Recursos Propios $ 7 101 900 000.00

2. Aportaciones del Departamento del Distrito Federal 10 423 400 000.00

3. Subsidio del Gobierno Federal 25 277 200 000.00

Total $ 42 802 500 000.00

d)Industrial de Abastos.

1. Recursos Propios $ 2 537 100 000.00

2. Aportaciones del Departamento del Distrito Federal 798 600 000.00

Total $ 3 335 700 000.00

e) Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya

1. Recursos Propios $ 2 221 000 000.00

Total 2 221 000 000.00

f) Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal

1. Recursos Propios $ 2 082 000 000.00

Total $ 2 082 000 000.00

g) Servicios Metropolitanos, S.A de C.V

1. RECURSOS PROPIOS $ 489 300 000.00

-- Total $ 489 300 000.00

Bajo un principio de agregación-desagregación, la clasificación del gasto del Departamento del Distrito Federal, por actividades del Sector Público Federal, corresponde a:

Actividades Públicas Centrales $ 72 902 800 000.00

Orientación General de la Economía 108 718 600 000.00

Orientación Sectorial de la Economía 163 414 100 000.00

Servicios Sociales y Urbanos 102 753 200 000.00

Total $ 447 788 700 000.00

La clasificación por función, así como los importes de las actividades anteriormente enunciadas son:

Administración General $ 44 439 000 000.00

Justicia y Seguridad Pública 28 463 800 000.00

Planeación Económica y Social 1 193 400 000.00

Política Tributaria y Financiera 107 525 200 000.00

Fomento y Reglamentación Agropecuaria, Forestal y Agraria 5 019 700 000.00

Prestación de los Servicios de Transportes y Comunicaciones 152 389 200 000.00

Fomento y Reglamentación del Comercio 1 756 700 000.00

Regulación del Mercado 3 614 400 000.00

Fomento y Reglamentación del Turismo 114 100 000.00

Promoción del Empleo y Bienestar del Trabajador 520 000 000.00

Salud Pública 7 365 800 000.00

Asistencia Social 1 309 100 000.00

Seguridad Social 3 811 700 000.00

Asentamientos Humanos $ 71 212 500 000.00

Fomento de la Educación 4 428 100 000.00

Difusión Cultural, Recreación y Deporte 5 051 500 000.00

Preservación y Protección de la Ecología y del Medio Ambiente 9 574 500 000.00

Total por funciones $ 447 788 700 000.00

Para el logro de los objetivos institucionales ya señalados se ha diseñado una estrategia, la que se instrumenta por medio de 37 programas operativos que en nivel de desagregación, precisan sus objetivos particulares, sus

metas, responsables del mismo y Empresas u Organismos participantes en su realización.

Son los siguientes:

AM. Administración del Departamento del Distrito Federal

Su objetivo es implementar, coordinar y darle seguimiento a los planes y programas generales, así como el establecimiento de las políticas y medidas necesarias para elevar los niveles de eficiencia tendientes a lograr un desarrollo más justo y equilibrado del Distrito Federal, mediante la adecuada planeación, organización, control y dirección de las acciones. Se erogarán $44 439 000 000.00 en este programa.

Como meta de operación se tiene la planeación de las acciones gubernativas, tendientes a dirigir y controlar los 37 programas del sector. En este sentido, coordinará y supervisará que se ejecuten las diligencias prioritarias enunciadas, así como las políticas en materia de gobierno, administración y de obras y servicios públicos, en cumplimiento de lo aprobado para cada una de las Dependencias y Organismos del Sector.

BI. Aportaciones y la ministración de justicia

Su objetivo fundamental es el de coadyuvar a la impartición ágil de la justicia, por medio del apoyo administrativo que se otorgue a los órganos existentes y responsables en esta materia. Se tiene asignado para este programa

$7 292 500 000.00.

La tarea permanente de impartición de justicia en forma veraz, oportuna y con apego a la Ley, constituye el fin primordial de este programa. Como metas se tiene previsto resolver 1 313 763 procesos civiles y penales; proporcionar 7 575 asesorías jurídicas; realizar 171 000 averiguaciones previas; realizar 150 000 peritajes y dictar 10 021 sentencias.

BQ. Seguridad pública

Su objetivo es proporcionar protección a la población en sus derechos y propiedades, así como aplicar y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes en la materia; mediante 26,644 elementos, a fin de preservar el orden público y hacer respetar la moral y buenas costumbres de la sociedad en su conjunto. Se otorgarán a este programa $17 556 500 000.00.

La meta consiste en aumentar los niveles de seguridad pública a la población citadina; prevenir los hechos delictuosos en lo posible, localizar personas extraviadas, recuperar vehículos robados y hacer cumplir las Leyes y Reglamento de Tránsito. Acudir en auxilio de los ciudadanos cuando así lo soliciten y realizar los trámites de expedición de placas y de control de vehículos.

BX. Rehabilitación social

Su objetivo primordial es la rehabilitación y readaptación social de las personas que han sido privadas de su libertad por haber incurrido en algún delito. Se asignan .. $3 614 800 000.00 para su cumplimiento.

Así como la sociedad ha establecido formas institucionales para sancionar a las personas que actúan contra sus normas, tiene también mecanismos que permiten la readaptación y rehabilitación de dichos individuos para su reincorporación a la sociedad en un marco de respeto a la dignidad humana. Este programa tiene como meta elaborar e implementar planes encaminados a mejorar los sistemas y métodos de readaptación y rehabilitación social, así como incorporarlos a actividades productivas. Se atenderá a una población aproximada de 43,824 internos y se rehabilitarán a 4,720 personas.

DB. Planeación del Departamento del Distrito Federal

El objetivo principal de este programa, es atender dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación, los preceptos contenidos en la Ley de Planeación, así como la formulación y actualización del Programa de Mediano Plazo y de los Programas Operativos Anuales, respetando las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Al efecto se otorgarán $118 500 000.00.

Como meta de operación se contempla el diseño, aplicación y coordinación de los sistemas, procedimientos y estrategias que promueven el desarrollo integral y armónico de la sociedad y su gobierno; vinculando las demandas de los diferentes sectores de la sociedad en un contexto participativo y de congruencia regional, enlazando las acciones de la Dependencia, con los mecanismos de participación, formulación y evaluación, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal.

DM. Programación del Departamento del Distrito Federal

Su objetivo es elaborar, difundir y aplicar las normas, métodos y procedimientos que coadyuven al ordenamiento de las acciones de las Unidades Administrativas y Organismos del Departamento del Distrito Federal. Para este fin se destinarán $275 500 000.00.

Como meta se tiene la operación de los sistemas, normas y procedimientos de la programación sectorial de corto y mediano plazo, que contribuyan a la racionalización de la función administrativa y de gestión del sector, así como formular la metodología necesaria para la elaboración del Programa Operativo del Sector Departamento del Distrito Federal.

DR. Presupuesto de Departamento del Distrito Federal

Su objetivo principal, es formular el Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal, así como preparar e integrar la correspondiente información financiera de las unidades administrativas del propio

sector. Se destinarán para tal efecto $450 000 000.00.

Este programa tiene por meta formular el Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, que contiene tanto el de la Administración Central como el de sus Entidades Coordinadas, en base a programas y acciones por unidad responsable, dentro de las políticas establecidas por las Dependencias Globalizadoras de la Administración Pública Federal.

DZ. Evaluación del Departamento del Distrito Federal

Su objetivo es evaluar los resultados de los programas de Servicio Público y Gobierno del Sector Departamento del Distrito Federal. Se canalizarán a esta actividad $349 400 000.00.

Su meta es ponderar los avances de programar proyectos y actividades de las entidades del Departamento del Distrito Federal. Se analizará cualitativamente la operación del sector en sus diversos niveles y alcances en relación al cumplimiento de los objetivos y metas prioritarias del sector.

EY. Administración fiscal y recaudación

Su objetivo es lograr una mayor eficiencia y eficacia en la captación, registro, control y vigilancia de los ingresos fiscales en la entidad, así como vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la materia. Se otorgarán a este programa $5 945 200 000.00

Para 1984 se tiene como meta, efectuar una recaudación estimada en $222 040.9 millones de pesos, a través de sus diversas fuentes, que conforme a las leyes aplicables en la materia son las siguientes:

- Impuestos $ 18 654.0 millones

- Contribuciones de Mejoras 793.0 millones

- Derechos 16 996.9 millones

- Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago 500.0 millones

- Accesorios de otras contribuciones 1 200.0 millones

- Productos 2 100.0 millones

- Aprovechamientos 2 197.0 millones

- Participación de Impuestos Federales 179 600.0 millones

EI. Deuda pública del Departamento del Distrito Federal

Su objetivo es administrar la deuda pública del sector, estableciendo las condiciones más viables para su negociación y pago en beneficio de los programas de inversión, servicio y gobierno del Departamento del Distrito Federal. A la liquidación de la deuda pública se aportarán $101 580 000 000.00.

Considerando los apoyos otorgados por el Gobierno Federal y de acuerdo con la reestructuración de los pasivos existentes, se destinan recursos presupuestales, en base a la siguiente composición:

Para pago de capital, se destinan $16 380 000 000.00

Para pago de intereses se asignan 77 700 000 000.00

Para pago de ADEFAS, se erogan 7 500 000 000.00

GR. Fomento forestal

Su objetivo básico es coadyuvar a la restauración de las condiciones ambientales y ecológicas, a través del mantenimiento y ampliación de las áreas verdes como productoras naturales de oxígeno y por tanto preservadoras contra la contaminación atmosférica. Se tienen destinados a este fin $5 019 700 000.00.

Como meta se tiene prevista la producción de 28 millones de árboles de diversas especies, así como el mantenimiento a 15.5 millones de árboles en los viveros y la conservación aproximada de 61 millones de metros cuadrados de áreas verdes.

P6. Transporte urbano

Su objetivo es organizar, adecuar, innovar, operar, conservar y ampliar la red de transporte colectivo para proporcionar a la población un sistema de traslado integral que permita su uso eficiente y seguro, así como mejorar gradualmente las condiciones de transporte público en la ciudad, mediante un sistema que operado en vía libre permita la movilización masiva de personas. Se le otorgarán a esta actividad $152 389 200 000.00.

Como metas de este programa, se contempla el inicio de la cuarta etapa del Metro habilitándose al público 10.5 km. adicionales de longitud con la construcción de 7.2 km; Ruta 100 tiene prevista la adquisición de 1,000 unidades nuevas y reconstrucción de otras 1,000; Servicio de Transportes Eléctricos incorporará 251 trolebuses.

RN. Reglamentación y fomento del comercio

Su objetivo es colaborar con los organismos públicos competentes en el diseño, establecimiento y operación de los mecanismos legales reguladores de la actividad comercial en la zona metropolitana. Se canalizarán para tal efecto $1 756 700 000.00.

Como metas sustantivas se tiene la elaboración de programas que posibiliten la desconcentración de empresas, así como la modernización de 20 mercados públicos y la conservación y mantenimiento de 185 mercados públicos.

R4. Comercialización de bienes de primera necesidad

Su objetivo es asegurar a los capitalinos, el abasto de bienes de consumo de primera necesidad en lugares definidos, en forma oportuna, permanente y suficiente, bajo condiciones de salubridad e higiene, a precios accesibles para las clases populares. A este programa se destinarán $3 512 200 000.00.

Las metas que se propone alcanzar son las de atender aproximadamente a 8,500,000 personas, proporcionándoles la venta de artículos básicos que se expenden en 49 tiendas del Departamento del Distrito Federal. Se sumarán esfuerzos con todos los canales de distribución, para conformar un sistema de abasto eficiente e integral en la ciudad de México.

SA. Comercialización de productos específicos

Su objetivo es facilitar a la población la adquisición de boletos para asistir a diversos espectáculos culturales, eventos deportivos y diversiones en general. Se canalizarán para tal fin $102 200 000 00. Como meta, se pretende realizar la venta de 2.500,000 boletos para diversos espectáculos.

S6. Turismo

Su objetivo es promover y difundir los atractivos turísticos del Distrito Federal, tanto a nivel nacional como internacional y apoyar la actividad de los prestadores de servicios especializados en esta naturaleza. Se erogarán para este fin $114 100 000.00.

La meta a alcanzar es la de organizar y apoyar 107 eventos orientados a incrementar el desarrollo turístico del Distrito Federal, así como la realización de 4 campañas de promoción y la elaboración de un plano turístico.

W4. Protección al trabajador

Su objetivo es vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones relativas en las diversas actividades económicas realizadas en la entidad, conciliar los intereses obrero - patronales en conflicto y proteger a los trabajadores no asalariados. El monto de recursos que se destinarán son $520 000 000.00.

El programa tiene como metas: realizar 56,000 visitas a diversos centros de trabajo para orientar y vigilar la correcta aplicación de la Ley Federal del Trabajo; expedir 9,000 credenciales a trabajadores no asalariados, atender 205.7000 demandas por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

YY. Salud

Su objetivo es elevar los niveles mínimos de salubridad e higiene de la población del Distrito Federal y zona circunvecina, atendiendo médicamente y en forma prioritaria a los grupos económicamente débiles, así como modernizar y operar eficientemente los hospitales e instalaciones de la red del Departamento del Distrito Federal. A este programa se destinan $7 365 800 000.00.

Se han planteado como metas específicas, la atención directa a 1'616,200 pacientes en hospitales de Traumatología y Servicios Médicos generales; rehabilitar 540 órganos y aplicar 39,000 dosis de vacunas; suministrar aproximadamente 240,000 unidades de medicamentos a precios accesibles.

ZP. Protección social

Su objetivo es ampliar la cobertura y elevar los niveles de eficiencia de los servicios otorgados a la población marginada socialmente. Se canalizarán para su cumplimiento. $1 309 100 000.00.

Como metas de operación se plantea la atención a 133,679 personas que por circunstancias especiales requieran de protección social. Como efecto de la solidaridad social hacia los habitantes que no cuentan con posibilidades dignas de un desarrollo integral adecuado, el Departamento instrumenta mecanismos para adiestrarlos y capacitarlos en actividades productivas para facilitar su integración a la comunidad.

IN. Seguridad social

Este programa tiene por objetivo fortalecer las condiciones actuales de bienestar social de los trabajadores del Departamento del Distrito Federal, a través de acciones que redunden en beneficio directo y permitan mejorar los niveles de vida de los mismos. Se asigna un monto de $3 811 700 000.00.

Como metas principales de este programa, está el otorgamiento de 152,000 préstamos a corto plazo, 310 préstamos hipotecarios y la atención a 5,750 jubilados.

2D. Planeación de los asentamientos humanos

El objetivo es ordenar en forma eficiente y conveniente los asentamientos humanos de la jurisdicción, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal en la materia, para lograr una permanente adecuación del medio urbano a las necesidades de la población presente y futura de la Entidad. Se otorgarán para ello $2 616 800 000.00.

Como metas, se formularán 33 estudios encaminados a la planificación de los asentamientos en centros y subcentros urbanos que orienten y regulen el desarrollo urbano, además se colocarán 11,000 placas de nomenclatura en diversas calles de la ciudad, e instrumentarán 16 sistemas de otorgamiento de licencias de construcción.

2L. Mejoramiento urbano

Su objetivo es planear, proyectar y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento urbano y promover la participación comunitaria para el desarrollo de programas de remozamiento

urbano, regeneración de espacios decadentes y en general para mejorar la imagen física y funcional de la ciudad. Este programa cuenta con $17 141 700 000.00 para llevarse a cabo.

Como metas principales se tienen, la realización de 4 obras de construcción para el mejoramiento urbano; sustituir y modificar 27,000 lamparas; conservar 37 centros de barrio y 25,714 cajones de estacionamiento. Se instalarán 74,000 luminarias adicionales.

2M. Infraestructura y equipamiento para la vialidad

Su objetivo es conservar en forma óptima de uso la red vial del Distrito Federal y proporcionar la seguridad requerida tanto a peatones como a conductores de vehículos. El programa cuenta con $17 109 700 000.00 para su realización.

De sus metas prioritarias, destaca el mantener y conservar 1'964,482 metros cuadrados de carpeta asfáltica; mantener 1,904 semáforos controlados por computadora así como la construcción de 7 kilómetros de vialidad conexa al Metro. Como meta adicional se tiene la producción de 1'800,000 toneladas de material asfáltico.

2N. Regularización de la tenencia de la tierra

Su objetivo es promover los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal encaminados a regularizar la tenencia de la tierra y la optimización de su estructura urbana. Se destinarán a este programa $523 400 000.00.

La meta primordial es la regularización de 21,908 predios y llevar a cabo la escrituración de 50,000 propiedades. Los efectos que se deriven de estas acciones son diversos. En primer lugar procurar tranquilidad social al otorgar plenos derechos a los particulares sobre los predios en que se asientan. En segundo lugar, permiten al erario de la Entidad, captar ingresos por diversos conceptos y a su vez posibilitan el suministro de servicios urbanos a las distintas localidades del Distrito Federal.

2V. Vivienda

Su objetivo es el de contribuir a resolver el agudo problema que ha alcanzado la escasez de vivienda que padece la ciudad de México, proporcionando éstas a las clases sociales más desprotegidas, a costos razonables y en condiciones adecuadas de seguridad. Se erogarán para consecución de este fin

$3 880 200 000.00.

La meta de operación es construir 3,743 viviendas de tipo popular, de las cuales se harán 3,093 por medio del sistema de auto - construcción y 650 acciones de vivienda terminada, así como 600 acciones de mejoramiento en viviendas existentes.

3C. Agua potable

Su objetivo es dotar de agua potable en cantidad y calidad, a los habitantes del Distrito Federal, mediante la ampliación de la infraestructura del sistema hidráulico existente, procurando la eficiencia de la operación, captación y conducción del vital líquido, evitando fugas y desperdicios en la red del sistema. Se destinarán para tal efecto $16 056 300 000.00.

Tiene como metas principales de operación, la conservación y mantenimiento permanente de 17 Kms. de la red primaria y de las instalaciones electromecánicas del Sistema de Agua Potable; construcción de 5 pozos nuevos en el Lerma, así como 13 en Xochimilco y 13 en diversas delegaciones.

Aunado a lo anterior, se pretende captar, conducir y distribuir 44 m3/segundo de agua potable, ya que es necesario garantizar el suministro de agua a la población. Prioritaria será la conservación y mantenimiento de las líneas de conducción y distribución. Campañas permanentes por diversos medios de difusión se realizarán para el ahorro y uso racional del agua.

3K Drenaje y tratamiento de aguas negras

Su objetivo es ampliar la cobertura del servicio e incrementar la eficiencia en las tareas de descarga, recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales. Para realizar este programa se han destinado $ 8 575 100 000.00.

Tiene como metas de operación el mantener y operar adecuadamente la red de alcantarillado para que en épocas de lluvias se desalojen en su totalidad las aguas pluviales, evitando problemas viales y sanitarios.

Conservar y mantener 12,012 Km. de la red secundaria y efectuar trabajos de desazolve y saneamiento en instalaciones por 254,780 metros cúbicos.

3S. Suelo

Su objetivo es ordenar el espacio urbano conforme a patrones racionales de dotación y aprovechamiento de la infraestructura y equipamiento urbano, así como regular el crecimiento físico de la ciudad. Se otorgarán a esta tarea $4 880 800 000.00.

Entre sus metas de inversión sobresalen la adquisición de 264,107 metros cuadrados de predios para la construcción de escuelas y ejecución de obras diversas. En este contexto, se expropiarán 2 792 857 m2 de predios para incrementar la reserva territorial del Departamento del Distrito Federal.

3V. Servicios contra siniestros

Su objetivo es establecer estrategias y planes de acción para atender eficazmente a la población de la ciudad en caso de siniestros. Se aportarán para tal efecto $428 500 000.00.

Como meta fundamental se tiene la de prestar a los habitantes del Distrito Federal, un eficiente servicio de auxilio en caso de siniestros o percance, ya sea a través de los cuerpos de bomberos y de rescate, como de la coordinación general para la atención de desastres urbanos.

5C. Educación básica preescolar

Su objetivo es proporcionar a toda la población en edad preescolar las instalaciones adecuadas para el desarrollo de su nivel educacional en el Distrito Federal. Se destinarán para este fin $454 800 000.00.

Como metas de operación, se tiene, conservar y mantener 406 escuelas de educación preescolar y como meta de inversión, la construcción de 16 jardines de niños.

Mediante la construcción de nuevas instalaciones escolares, así como los trabajos de conservación y mantenimiento de los ya existentes, se pretende lograr uno de los objetivos principales, la sociedad igualitaria a todos los niveles y en todas las manifestaciones de vida citadina.

5D. Educación básica primaria para niños

Su objetivo es contribuir a satisfacer la demanda educativa a través de la dotación de instalaciones adecuadas para el desarrollo de este nivel educativo. A este propósito se canalizarán $604 700 000.00.

Este programa tiene como metas de operación conservar y mantener 772 escuelas primarias de la ciudad capital. Como meta de inversión, se ha programado la construcción de 11 escuelas en diversas Delegaciones Político Administrativas del Distrito Federal.

5E. Educación secundaria general

El objetivo principal es el de proporcionar en forma permanente a la población estudiantil las instalaciones suficientes y adecuadas para su educación secundaria. Se aportarán $3 341 800 000.00.

Como meta de operación, se brindarán la conservación y mantenimiento a 245 escuelas que actualmente dan servicio al núcleo estudiantil que cursa sus estudios secundarios y como meta de inversión se construirán 66 escuelas secundarias coadyuvando de esta manera a la elevación de este nivel educativo.

5F. Educación media tecnológica

Su objetivo es dotar de instalaciones adecuadas a la población estudiantil, para incrementar el nivel educativo por medio de la conservación y mantenimiento de los edificios escolares para este fin. Se erogarán $26 800 000.00.

Conservar y mantener 69 escuelas para la educación Media Tecnológica, son las metas principales de este programa.

5I. Promover y coordinar actividades culturales

Su objetivo es instrumentar programas que promuevan actividades culturales, así como la realización de eventos y espectáculos encaminados a incrementar el acervo cultural de la población del Distrito Federal. Se destinarán $2 284 900 000.00 para su cumplimiento.

Entre las metas sobresalientes en el programa están el promover 7,500 eventos de difusión cultural y espectáculos diversos, 303 conmemoraciones cívicas y 96 cursos de enseñanza artística y cultural.

5R. Promoción y difusión de la educación física y el deporte

Su objetivo primordial es la promoción y difusión de la educación física y el deporte para toda la población del Distrito Federal. Se destinarán para su realización $2 766 600 000.00.

Entre sus metas están el realizar 9,607 eventos deportivos y recreativos que aumentarán el grado de desarrollo físico y mental de los habitantes del Distrito Federal, así como conservar, ampliar y mantener 60 instalaciones deportivas y recreativas para beneficiar a 26,000 personas mediante su uso.

6Q. Prevención y control de la contaminación ambiental

El objetivo fundamental, es el de prevenir y controlar la creciente contaminación del medio ambiente, que cada día convierte a la ciudad de México en una de las urbes más contaminadas del mundo, provocando serios problemas en la salud y la ecología. Se destinarán $1 203 300 000.00 para su realización.

Las metas a lograr se sustentan en primer lugar, en un desarrollo adecuado de la infraestructura tecnológica para apoyar las acciones de prevención y control de la contaminación y en segundo lugar la creación de conciencia del problema, en la población citadina; efectuar el diagnóstico de 166,000 vehículos visiblemente contaminantes y proteger y conservar 5 millones de metros cuadrados de áreas verdes.

6T. Imagen urbana, saneamiento ambiental y limpieza

Su objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, mediante la conservación de los recursos naturales y los elementos urbanos. Promover el saneamiento y la preservación del medio ambiente a través del combate a sus contaminantes. La limpieza de la ciudad en todos sus ámbitos se constituye como objetivo adicional. Se destinarán para su realización.

Como metas de operación se tiene la recolección de 4.000,586 toneladas de basura.

Como meta de inversión, se establece la construcción de 3 plantas de incineración y reciclaje de basura.

Así, el presente proyecto es producto de un proceso integrado de planeación y programación sustentando en una consulta pública a todos los sectores de la sociedad, fundamentado en un programa de mediano plazo 83-88, que contempla las directrices básicas para el desarrollo de la entidad en una respectiva global, y que responde dentro de su correspondiente espacio temporal, a las acciones públicas previamente determinadas en el Programa Operativo Anual, en un marco sectorial y de política económica adecuada a la realidad urbana de constante cambio y evolución.

Asimismo, sectorialmente se ha estructurado en forma equilibrada, ya que encuadra en sus objetivos y metas a todos los renglones de actividad que competen a la entidad de Gobierno, asiento de los Poderes Federales, en una óptica racional de cobertura y extensión de los servicios públicos básicos a la comunidad.

Los parámetros financieros en que se finca su validez operativa, responden ampliamente a la coyuntura crítica por la que atraviesa la nación y se dirige a restituir al Departamento del Distrito Federal una mayor capacidad financiera que cierre la brecha entre los ingresos y egresos producto de la gestión pública, con un carácter eminentemente popular al dirigir sus programas prioritarios al beneficio directo de los sectores más desprotegidos de la población, aspecto que se patentiza en los programas de autoconstrucción de vivienda, regularización en la tenencia de la tierra, abasto y transporte colectivo.

Sin embargo, es un presupuesto austero que responde a las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de reordenación económica y cambio estructural, en una concepción que sienta las bases para propiciar un desarrollo más armónico y equilibrado de la Capital de la República, sin perder el rumbo para procurar un mejor nivel de vida en los ciudadanos, restaurando los ecosistemas y servicios indispensables para una convivencia cualitativa superior en términos de dignidad y justicia social.

Es en síntesis, un presupuesto realista que no soslaya las necesidades más elementales de la población metropolitana, pero que tampoco recurre a espejismos de magnitud en la realización de las obras y proyectos útiles a la comunidad, sino que más bien procura cubrir los mínimos indispensables en función de las disponibilidades reales de recursos y de las potencialidades implícitas en una mayor participación ciudadana en la vida pública.

El Proyecto de Presupuesto que se somete a esa honorable Representación Nacional, resume en sí, las alternativas más viables para enfrentar los problemas de la región macrocefálica de la Nación, derivadas de un proceso de un marco correspondiente de actitudes, donde se conjugan las prioridades nacionales y regionales, con las posibilidades reales del presente para su atención.

Se pretende por tanto, orientar la acción gubernamental a preservar como valor fundamental la importancia del individuo ante la sociedad, principio inalienable que sustenta nuestra Revolución y que toca ahora continuar hasta sus últimas consecuencias, a fin de proseguir por el camino del desarrollo en un ambiente de paz, equilibrio e igualdad social.

La coyuntura social y económica, exige ahora, de una mayor capacidad de respuesta por parte de todos los sectores de la sociedad. La conjunción y concertación de acciones, será vital para modificar el esquema de centralismo y concentración, que pone en juego el destino de la nación.

Con el objeto de que esta Soberanía Nacional disponga de mejores elementos para realizar el análisis del presente proyecto de Presupuesto, se incluye el desglose programático presupuestal que contiene los programas, subprogramas, objetivos, metas, montos de gastos y unidades responsables. Así como diversos estados presupuestales que muestran las distintas clasificaciones del gasto para su mejor control y el informe analítico de plazas del personal del Departamento del Distrito Federal.

El Presupuesto que someto a la consideración de esa Soberanía, es producto del proceso participativo del Gobierno y la ciudadanía, lo que ha permitido formular e instrumentar las políticas, planas y programas de desarrollo integral, congruentes con los objetivos nacionales y regionales.

El Ejecutivo Federal a mi cargo confía en que la presente exposición ayude a la comprensión cabal del contenido del Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal para el año de 1984 y que, por tanto, el proyecto que someto a su consideración merezca la aprobación de esa honorable Representación Nacional.

Ciudad de México, noviembre 15 de 1983.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA DE DECRETO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1984

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año 1984, se sujetará a las disposiciones de este Decreto y a las que resulten aplicables en la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto por las Unidades Administrativa del Departamento del Distrito Federal, erogaciones adicionales de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinadas sectorialmente por éste y demás asignaciones que a

continuación se indican, importan la cantidad de $346 208 700 000.00 (trescientos cuarenta y seis mil doscientos ocho millones, setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

Y se distribuyeron de la forma siguiente:

Jefatura del Departamento $ 169 464 000.00

Secretaría General de Gobierno "A" 80 794 000.00

Secretaría General de Gobierno "B" 915 048 000.00

Secretaría General de Obras y Servicios 289 832 000.00

Oficialía Mayor 89 314 000.00

Consejo Consultivo 19 004 000.00

Contraloría General 467 711-000.00

Tesorería 5 945 188 000.00

Dirección General de Policía y Tránsito 17 313 176 000.00

Dirección General de Relaciones Públicas 625 950 000.00

Dirección General Jurídica y de Gobierno 524 395 000.00

Dirección general de Trabajo y Previsión Social 155 475 000.00

Dirección General de Acción y Cultural 924 996 000.00

Dirección General de Servicios Médicos 5 973 862 000.00

Dirección General de Protección Social y

Servicio Voluntario 529 043 000.00

Dirección General de Reclusorios y Centros

de Readaptación Social 2 369 932 000.00

Dirección General del Registro Público de la Propiedad 507 145 000.00

Dirección General de Promoción Deportiva 1 318 655 000.00

Dirección General de Turismo 114 066 000.00

Dirección General de Planificación 9 090 070 000.00

Dirección General de Obras Públicas 21 334 143 000.00

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 21 824 033 000.00

Dirección General de Promoción Económica 54 580 000.00

Dirección General de Información, Análisis

Estadístico, Programación y Estudios Administrativos 242 554 000.00

Dirección General de Servicios Administrativos 4 287 635 000.00

Delegación Alvaro Obregón 2 007 185 000.00

Delegación Azcapotzalco 2 135 178 000.00

Delegación Benito Juárez 2 144 750 000.00

Delegación Coyoacán 1 940 890 000.00

Delegación Cuajimalpa de Morelos 1 000 508 000.00

Delegación Cuauhtémoc 4 813 433 000.00

Delegación Gustavo A. Madero 3 788 387 000.00

Delegación Iztacalco 1 317 075 000.00

Delegación Iztapalapa 2 537 065 000.00

Delegación Magdalena Contreras 979 036 000.00

Delegación Miguel Hidalgo 3 214 314 000.00

Delegación Milpa Alta 723 246 000.00

Delegación Tláhuac 1 110 806 000.00

Delegación Tlalpan 1 261 751 000.00

Delegación Venustiano Carranza 2 744 601 000.00

Delegación Xochimilco 1 522 060 000.00

Comisión Coordinadora para el Desarrollo

Agropecuario del Distrito Federal 602 474 000.00

Coordinación de Abasto y Distribución del Distrito Federal 1 025 299 000.00

Comisión de Vialidad y Transporte Urbano 60 553 000 000.00

Comisión de Ecología del Distrito Federal 603 402 000.00

Planta de Asfalto del Distrito Federa 1 472 663 000.00

Servicio Público de Boletaje Electrónico 102 218 000.00

Almacenes para los Trabajadores del Departamento

del Distrito Federal 140 527 000.00

Servicio Público de Localización Telefónica 109 674 000.00

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 364 500 000.00

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 164 941 000.00

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2 155 274 000.00

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 2 972 343 000.00

Cooperación y Seguridad Social 250 000 000.00

Servicios de las Dependencias 34 728 578 000.00

Servicios de las Delegaciones 9 377 156 000.00

Aportaciones a Organismos Descentralizados 44 690 400 000.00

Importe del Gasto Directo $ 287 718 800 000.00

EROGACIONES ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Sistema de Transporte Colectivo $ 14 341 600 000.00

Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal $ 4 439 700 000.00

Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 32 379 100 000.00

Industrial de Abastos 2 537 100 000.00

Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya 2 221 100 000.00

Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal 2 082 000 000.00

Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. 489 300 000.00

Importe del gasto de Organismos 58 489 900 000.00

Artículo 3o. Las erogaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas costos, unidades responsables de su ejecución y asignaciones presupuestales que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.

De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:

Administración del Departamento del Distrito Federal $ 44 439 000 000.00

Aportaciones a la Ministración de Justicia 7 292 500 000.00

Seguridad Pública 17 556 500 00.00

Rehabilitación Social 3 614 800 000.00

Planeación 118 500 000.00

Programación 275 500 000.00

Presupuestació 450 000 000.00

Evaluación 349 400 000.00

Administración Fiscal y Recaudación 5 945 200 000.00

Fomento Forestal 5 019 700 000.00

Transporte Urbano 152 389 200 000.00

Reglamento y Fomento del Comercio 1 756 700 000.00

Comercialización de Bienes de Primera Necesidad 3 512 200 000.00

Comercialización de Productos Específicos 102 200 000.00

Turismo 114 100 000.00

Protección al Trabajador 520 000 000.00

Salud 7 365 800 000.00

Protección Social 1 309 100 000.00

Seguridad Social 3 811 700 000.00

Planeación de los Asentamientos Humanos 2 616 800 000.00

Mejoramiento Urbano 17 141 700 000.00

Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad 17 109 700 000.00

Regularización de la Tenencia de la Tierra 523 400 000.00

Vivienda $ 3 880 200 000.00

Agua Potable 16 056 300 000.00

Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 8 575 100 000.00

Suelo 4 880 800 000.00

Servicios Contra Siniestros 428 500 000.00

Educación Básica Preescolar 450 800 000.00

Educación Básica Primaria para Niños 604 700 000.00

Educación Secundaria General 3 341 800 000.00

Educación Media Tecnológica 26 800 000.00

Promover y Coordinar Actividades Culturales 2 284 900 000.00

Promoción y Difusión de la Educación Física y el Deporte 2 766 600 000.00

Imagen Urbana, Saneamiento Ambiental y Limpieza 8 371 200 000.00

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 1 203 300 000.00

$ 346 208 700 000.00

Artículo 4o. El gasto destinado a la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal para el año 1984, se distribuye de la siguiente manera:

Amortización $ 16 380 000 000.00

Servicio de la Deuda 77 700 000 000.00

Adeudos Anteriores 7 500 000 000.00

De acuerdo a la apertura programática, estas asignaciones se ejercerán en el programa Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal, que importa la cantidad de: $ 101 580 000 000.00 (Ciento un mil Quinientos Ochenta Millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Artículo 5o. Los titulares de las unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación .

La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y Entidades del Sector, en relación con los objetivos y prioridades del Plan y los programas de desarrollo, a fin de que adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.

Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el Departamento del Distrito Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el Sector que coordina.

Artículo 6o. En el ejercicio del presente presupuesto, las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector, se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.

Salvo lo previsto en los artículos 9 y 25 de este Decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pago que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 7o. La Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento en los siguientes casos:

I. Cuando no envíen los informes y documentos que le sean requeridos en relación al ejercicio de sus presupuestos y al avance trimestral de las metas señaladas en los programas que tengan a su cargo;

II. Cuando el análisis de sus ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;

III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de estos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos; y

IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las formas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 8o. El Departamento del Distrito Federal en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a los dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad del jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los Directores, Vocales Ejecutivos, Administradores o Gerentes de los Organismos Descentralizados o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las Unidades Administrativas y Entidades a su cargo; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal.

Artículo 9o. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984 excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:

I. Tratándose de excedentes de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 12 del Capítulo Segundo de Este Decreto.

II. Por lo que respecta a los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector Departamento del Distrito Federal, se aplicarán para el desarrollo de programas prioritarios.

III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubiéran sido contratados.

El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1984, hará el análisis de la aplicación de los excedentes a los conceptos que se refieren las fracciones anteriores.

Artículo 10. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

CAPÍTULO SEGUNDO

Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales

Artículo 11. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el Titular del Departamento del Distrito Federal y de las Entidades Coordinadas sectorialmente por éste, serán responsables en los términos de este Capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.

Artículo 12. De acuerdo al Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro, se establecen como prioritarios de este Presupuesto los siguientes programas:

- Deuda Pública y su Servicio

- Transporte Urbano

- Agua Potable

- Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

- Seguridad Pública

- Programas Educativos

- Vivienda

- Suelo y Regularización de la Tenencia de la Tierra

- Salud y Seguridad Social

- Imagen Urbana, Saneamiento y Limpieza.

Artículo 13. Los titulares de las unidades administrativas del Sector Departamento del Distrito Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, seguridad pública y transporte urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación y las necesarias para el Programa Emergente de Empleo, previa aprobación del titular del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 14. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales, deberán:

I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de los sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como las señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.

Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.

II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios y salarios al personal eventual que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1983, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.

III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en órganos de Gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros, así como gastos de representación, con excepción de los que autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.

IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el Capítulo 1000, "Servicios personales", excepto los casos que la Secretaría de Programación y Presupuesto autorice.

Artículo 15. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año 1984, no se podrán efectuar:

I. Adquisiciones a nuevos arrendamientos de:

a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.

b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.

II. Gastos con cargo a la partida de Erogaciones Imprevistas.

III. Gastos relativos a congresos, convenciones, ferias y exposiciones.

Artículo 16. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal:

I. Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficinas públicas;

II. Gastos menores de ceremonial y de orden social;

III. Comisiones de personal extranjero;

IV. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;

V. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las unidades administrativas y entidades del sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del Sector Público y el tiempo que por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal;

VI. Otorgamiento de Becas; y

VI. Donativos.

Asimismo las unidades administrativas y entidades del sector, serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.

Artículo 17. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1984, se observarán las siguientes medidas:

I. Se deberá aprovechar la mano de obra local y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos.

II. Se continuarán aquellas obras que no impliquen importaciones limitando o difiriendo, en su caso, las que requieran insumos de procedencia extranjera para su terminación.

III. Se otorgará preferencia a aquellos proyectos en proceso con mayor avance relativo y de más prioridad, con el propósito fundamental de proteger la planta reductiva, el empleo y el consumo básico.

IV. Se diferirán las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas o bien, de carácter ornamental o sumario.

V. Se otorgara prioridad a las obras complementarias de proyectos en proceso que sean consecuentes y congruentes con las estrategias y objetivos de la planeación nacional del desarrollo.

VI. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, el Sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones.

VII. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como bienes de capital.

Artículo 18. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de la Zona Metropolitana y de la Región Centro y del Programa de Mediano Plazo y anuales correspondientes y se apegarán a los siguientes criterios:

I. El otorgamiento deberá ser selectivo, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, y servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos,

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos.

V. Los subsidios destinados al apoyo de las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal, se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;

VI. Las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;

VII. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 19. Para la autorización de transferencias a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de Coordinador Sectorial verificar previamente:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos.

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase.

III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

El departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.

Artículo 20. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la administración de transferencias autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de Sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 21. Las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda de cualquier clase, con autorización previa y por escrito de la Secretaria de Programación y Presupuesto, a la que presentarán por este efecto las solicitudes relativas, una vez aprobadas por el Titular del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 22. La secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas mas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.

Artículo 23. Las unidades administrativas y entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre el Registro Unico de Transferencias. Asimismo los titulares de las unidades administrativas y entidades del sector serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.

Artículo 24. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el Sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o deudos, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas informarán a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.

Artículo 25. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto del Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del Propio Departamento y entidades coordinadas, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.

Artículo 26. La secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de pagos en función de los requerimientos y disponibilidades así como las alternativas de financiamiento que se presenten.

Artículo 27. El Departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligados a informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 28. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas durante el año de 1984, serán las siguientes:

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Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto, realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Departamento del Distrito Federal, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del gasto público aprobado conforme a su Presupuesto para 1984, y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite.

Artículo 30. La secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal. Para estos efectos, podrá requerir de las unidades administrativas y entidades del citado sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

Artículo 31. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley,

comprobará el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.

Artículo 32. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

Segundo. El Departamento del Distrito Federal, previa aprobación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, queda facultado para que, conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente Decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, respecto de las unidades administrativas correspondientes, como consecuencia de las adecuaciones a la organización y funcionamiento interno del propio Departamento, resultantes de las modificaciones que a su Ley Orgánica apruebe el Congreso de la Unión. Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal informará al rendir la Cuenta Anual de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.

Ciudad de México, noviembre 15 de 1983.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel De la Madrid H."

El C. Presidente: -En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.

Trámite: - Recibo y Túrnese a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Distrito Federal, Imprímase.

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA

La C. secretaria Xóchitl Llanera de Guillén:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 27 de la Ley de Planeación, este documento cumple con el compromiso de informar al honorable Congreso de la Unión sobre las orientaciones que pretende dar en 1984 a la ocasión del Estado y del manejo correspondiente de los principales instrumentos de política de acuerdo a la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, para apoyar la toma de decisiones del Poder Legislativo en el proceso de análisis, discusión y aprobación de las iniciativas de Ley de Ingresos y Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal para 1984, que por separado se han enviado a la consideración del H. Congreso de la Unión.

Consideraciones generales

El Ejecutivo Federal reafirma el gran propósito delineado en el Plan Nacional de Desarrollo, y los objetivos de Desarrollo establecidos en éste:

- Conservar y fortalecer las instituciones democráticas.

- Vencer la crisis.

- Recuperar la capacidad de crecimiento.

- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales.

En el marco de estos objetos y a la luz de lo alcanzado en 1983, se propone en 1984, iniciar la segunda etapa de reordenación económica. En esta etapa se busca consolidar los logros y superar las fallas observadas este año y avanzar de manera gradual pero efectiva en los aspectos fundamentales del cambio estructural, para fortalecer las bases de una recuperación diferente, a partir de 1985. Esto implica que en 1984 se seguirá enfatizando la lucha contra la inflación como la prioridad principal, se reafirmará el propósito de defender el empleo y la planta productiva, tanto para reducir el costo social de ajuste como para preservar la capacidad de respuesta del aparato productivo; especial relevancia se dará a la defensa del salario y los niveles de vida , para evitar que sigan deteriorándose. El principio básico de equidad en el ajuste se sostiene como el criterio normativo fundamental para el manejo de la política de desarrollo.

La acción del Gobierno durante 1984 busca lograr un gran esfuerzo de productividad y eficiencia y fortalecer el respeto estricto a la normatividad y moralidad en la toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos; en este sentido, la renovación moral no es un empeño circunstancial, sino un propósito permanente; encabezarla e impulsarla continuará siendo el compromiso del gobierno.

Los aspectos cualitativos del desarrollo -en materia de justicia, educación, salud, medio ambiente, entre otros - adquieren una consideración muy especial, al sustentarse en ellos la posibilidad de modificar la calidad de vida y la orientación del desarrollo, de manera congruente con nuestros valores.

Además de los objetivos anteriores, en 1984 se habrá de proseguir con la consolidación del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a fin de precisar las tareas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dentro del sistema, coordinar las actividades de los tres órdenes de gobierno en la planeación nacional del desarrollo, dar permanencia

a la participación social en todas las etapas de la planeación e instituir mecanismos para llevar a cabo la concertación de acciones entre los diferentes sectores sociales de conformidad con las orientaciones del Plan.

Durante 1983 se ha realizado un gran esfuerzo de ajuste y hay avances; no hemos salido de la crisis, pero hemos logrado controlarla y someterla a gobierno. En el próximo periodo de reordenación debe continuar. Si bien la magnitud del ajuste a realizar será de menores proporciones, se requerirá mayor esfuerzo, talento e imaginación para afinar el uso de los instrumentos con objeto de lograr permanencia en el saneamiento inicial y posibilitar la recuperación económica y el proceso de transformación propuesto. Perseverancia y entusiasmo deberán caracterizar nuestras tareas.

Contenido y estructura

El presente documento consta de dos partes:

En la parte I se presenta el Diagnóstico y la Estrategia para 1984; en el capítulo primero, Contexto Nacional e Internacional, se hace una evaluación de la situación actual del país, analizando los resultados de las medidas de política económica y social tomadas frente a los objetivos propuestos. En el capítulo segundo, Significado de la Estrategia de Desarrollo del PND para 1984, se describen las consideraciones fundamentales que habrán de orientar la instrumentación de la estrategia en dicho año.

Finalmente, en la parte II -La Instrumentación de la Estrategia -, el capítulo tercero se dedica a la Política Económica; en él se definen y analizan las líneas generales de acción para 1984, en materia de ingresos públicos; gasto público; protección a la planta productiva y el empleo; salarios; políticas financiera, monetaria, cambiaria, de comercio exterior y de deuda externa.

Con este programa General para el año de 1984, no solamente se desagregan los grandes planteamientos de política económica y social en acciones más específicas, sino también se avanza en darle orientación al Presupuesto de Egresos de la Federación, ubicado dentro de un marco estratégico general las acciones del Estado para enfrentar los problemas del país.

Es convicción de esta Administración que las tareas del desarrollo competen a toda la Nación. Por ello, cabe destacar que las orientaciones de política no se restringen al ámbito de las acciones obligatorias del Gobierno Federal, al Gasto y a los Ingresos Públicos, sino que en la estrategia se combinan éstos con criterios para el manejo del resto de los instrumentos de política económica y social a cargo del Estado, induciendo la acción de los particulares para lograr el trabajo conjunto de la sociedad en la consecución de los objetivos.

I. Contexto Nacional e Internacional.

Ha transcurrido un año de que iniciamos el combate a la crisis económica más severa de nuestra historia. Frente a una economía dislocada, incapaz de generar oportunidades de crecimiento, de empleo y fuentes de ingreso; frente al riesgo de que el deterioro económico se tornase más severo e irreversible y se afectasen la estabilidad social y el régimen de libertades y derechos de los mexicanos; frente a márgenes estrechos de acción; juntos, pueblo y gobierno, hemos probado que tenemos la capacidad, madurez y voluntad para superar la adversidad y encauzar positivamente nuestro desarrollo.

Desde el inicio se reconoció la necesidad de actuar con decisión y responsabilidad frente a los problemas. Había que tomar la iniciativa para superar la crisis; señalar la gravedad de los problemas y los ajustes, a veces dramáticos, por realizar; y a la vez, fortalecer nuestras instituciones democráticas y preservar y enriquecer el clima de libertades individuales y sociales que consagra nuestra Constitución. Un proyecto político claro, fundado en nuestros principios y tradiciones, enmarcó el programa económico para superar los desequilibrios presentes.

Así, el 1o. de diciembre de 1982 se puso en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica y se anunció el compromiso de enfrentar la crisis con visión transformadora, para actuar sobre las deficiencias estructurales de la economía, a fin de modificar cualitativamente el carácter del desarrollo nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se ha precisado esta estrategia y la estamos llevando a la práctica con eficacia, disciplina y decisión.

El gobierno ha hablado con la verdad. La sociedad ha respondido con amplitud y solidaridad. La paz social se conserva. Hay certeza en el rumbo, firmeza en la conducción democrática y confianza en que superaremos los retos que nos impone esta situación crítica, con los principios fundamentales de mantener la soberanía de la Nación y procurar el bienestar de la población.

Con la misma objetividad con que se ha encarado la realidad durante este primer año deben ahora reconocer los avances y los problemas, no importando su dimensión, para así poder definir con claridad lo que falta por realizar.

La crisis apenas empieza a ser vencida; su complejidad y profundidad son tales que apenas se ha logrado controlar sus factores más severos. El comportamiento y evolución de las principales variables muestra lo alcanzado y lo que aún queda por realizar a fin de reestablecer el funcionamiento normal de la economía y recuperar, sobre bases más sólidas y justas, la capacidad de desarrollo.

Como se propuso, durante 1983 se ha avanzado significativamente en el control de la inflación, en la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos y de las finanzas públicas, así como en la recuperación del ahorro financiero: al mismo tiempo, se ha logrado proteger el empleo y la planta productiva. Hemos cumplido con nuestros compromisos internacionales y reestablecido el crédito internacional.

El cuadro adjunto resume los principales avances de la reordenación económica y muestra que la tarea de corrección no ha sido terminada, pues, tal como se advirtió el 1o. de diciembre de 1982, la superación de la crisis tomará, cuando menos, los dos primeros años de la presente Administración.

El combate a la inflación y el menor acceso al endeudamiento externo han requerido de un esfuerzo extraordinario de austeridad. En las condiciones actuales no es posible luchar con eficacia por una sociedad superior sin partir de la necesidad imprescindible de la austeridad. El ajuste ha significado un fuerte sacrificio para el país. Sin embargo, el costo social hubiera sido mayor de no haberse enfrentado la situación; seguir la inercia implicaba un retroceso más grande e imposibilitaba distribuir con equidad la carga del ajuste.

La estrategia de combate a la inflación ha evitado el riesgo de la espiral hiperinflacionaria. Si bien la inflación sigue siendo alta, los precios aumentan cada vez menos. Así, de una inflación anualizada en el primer trimestre, de 126%, las tasas se han ido reduciendo sostenidamente; a 75% en el segundo y 59% en el tercero.* Además, los crecimientos del mes de septiembre y del mes de octubre de 1983 muestran que la inflación crece ya a una tasa anualizada de alrededor de 46%: la tercera parte que al inicio del año. Cabe destacar, asimismo, que el índice de precios de la canasta básica creció en 54% de enero a octubre frente a 64% del índice.

Sin embargo, no puede hablarse todavía de éxito cuando la inflación sigue afectando los niveles de vida los mexicanos. En 1984 deben redoblarse los esfuerzos para consolidar los avances en la materia.

Por lo que respecta al sector externo de la economía, se ha realizado un ajuste de enorme magnitud y se ha sometido a control una grave inestabilidad cambiaria. Así, mientras el tipo de cambio se deterioró en 466% de 1981 a 1982, la devaluación que se tendrá este año será sólo de 49% para el tipo de cambio controlado y de 8% para el libre; además, al mismo tiempo que se ha recuperado la soberanía monetaria y nuestras instituciones financieras controlan las transacciones con el exterior, la balanza comercial muestra un saldo favorable del orden de 12.0 mil millones de dólares. Este ajuste refleja una severa contracción de las importaciones, consecuencia de la recesión económica y la sustitución de importaciones. No obstante y particularmente en la segunda parte de este año, se empieza a dar una reacción favorable de las exportaciones distintas del petróleo.

Esta situación ha permitido hacer frente al servicio de la deuda externa y a la vez lograr, por primera vez en los últimos 28 años, un superávit en cuenta corriente de entre 3.0 y 3.5 mil millones de dólares. Así, se ha iniciado la reconstitución de la reservas internacionales del país. En un esfuerzo sin precedente, se concluyó la reestructuración de los vencimientos de 23.0 mil millones de dólares de la deuda pública y de casi 12 mil millones de la privada. La renegociación de la deuda es un factor que amplía nuestro margen de acción hacia adelante.

Si bien la evolución del sector externo es sumamente alentadora, cabe reconocer que en gran medida, el esfuerzo aún está basado en forma importante en la depresión de las importaciones y en la exportación de excedentes internos de producción. En 1984 será necesario avanzar decididamente en la consolidación de una base exportadora más sólida, aprovechando plenamente la nueva situación cambiaria y la recuperación de la actividad económica en Estados Unidos. Para ello será necesario eliminar las trabas económicas que subsisten y mejorar la estructura arancelaria.

En finanzas públicas nos propusimos realizar un esfuerzo sin precedente para reducir el déficit de más de 18% del producto en 1982 a 8.5% este año. Esta meta será alcanzada. Lo realizado cobra una dimensión más objetiva al considerar que, si se excluyen los pagos por intereses, el ajuste de las finanzas públicas ha permitido pasar de un déficit de 9.2% del PIB en 1982 a un superávit de casi 2% en 1983.

El avance en el saneamiento financiero ha permitido reducir durante este año la deuda del sector público en términos reales, y la proporción que ésta representada de la producción nacional, pasando de 69% en diciembre de 1982 a 58% para finales de este año. Como consecuencia, si bien los pagos de intereses seguirán restringiendo la reorientación del gasto, gradualmente se irá ampliando el margen de acción al reducirse la proporción que representan en relación al producto.

Este esfuerzo ha sido resultado tanto del ajuste en el gasto como del fortalecimiento de los ingresos públicos. En el gasto público se ha dado una contención de su crecimiento con criterios claros de selectividad; así, a pesar de la crisis se han mantenido los programas destinados a apoyar los servicios sociales fundamentales, el desarrollo rural y regional y la infraestructura de transporte. Al finalizar 1983, el gasto público en bienes y servicios se habrá reducido en 4.0 puntos del producto interno.

Los ingresos, por su parte, han mostrado una evolución sumamente dinámica. Los del gobierno federal, a pesar de la contracción en la actividad económica y la caída en la recaudación del IVA, han logrado mantener su importancia dentro del producto; los de organismos y empresas, se han fortalecido al adoptarse una política más realista de precios y tarifas. Además, se ha buscado actuar con equidad, fijando aumentos más altos para aquellos precios de bienes que consumen más los grupos sociales de mayores ingresos; paralelamente se ha aumentado el subsidio a bienes de consumo *Promedios mensuales de cada trimestre anualizados.

básico, como el pan y la tortilla, al rezagarse su precio frente a la inflación. Los ingresos del sector público presupuestal aumentaron en casi 2.0 puntos del producto.

El menor déficit público ha sido financiado principalmente con ahorro interno, reduciéndose la participación de recursos externos y sin tener que recurrir a la emisión primaria de dinero. Este último hecho ha apoyado el control de la inflación en 1983 y ha cimentado condiciones favorables para la continuación de su abatimiento en 1984. El crecimiento anual del medio circulante llega en octubre a una tasa de 34%, tasa considerablemente menor a 63% que se tenía en la misma fecha del año pasado.

Si bien se ha progresado en el saneamiento de la finanzas públicas, es necesario mejorar permanentemente la estructura del gasto: las erogaciones corrientes siguen ejerciendo una gran presión en detrimento de las de inversión. Además es necesario aumentar su eficiencia y consolidar los mecanismos de control, seguimiento y evaluación; y lograr un funcionamiento más eficiente de la empresa pública. Asimismo, hay que reconocer que el comportamiento dinámico de los ingresos públicos ha sido propiciado en gran medida por los mayores ingresos petroleros y que subsiste un grado importante de evasión fiscal y bases especiales de tributaciones que limitan la elasticidad y equidad del sistema tributario.

Después del vertiginoso descenso en la actividad económica y el empleo registrado en el segundo semestre de 1982 y primer bimestre de 1983, la caída en los niveles de producción muestran signos de haberse detenido en la mayoría de los sectores. Así, la producción industrial que se redujo en 8.8% del primero al último trimestre de 1982, a septiembre muestra niveles ligeramente superiores en relación a diciembre de 1982. Un panorama más claro se presenta al observar la evolución por semestre. Se estima que el PIB industrial en 1982 después de haber crecido 3.8% en el primer semestre, cayó en el segundo en 6.6%. En 1983 se estiman crecimientos negativos del orden de 9.1% y del 1.6% en cada semestre. La producción nacional, medida por el producto interno bruto, se estima que será inferior a la del año pasado en alrededor de 3.5%; así, por segundo año consecutivo, volverá a registrar un descenso, pero su evolución por semestre muestra que ya no se produce la drástica caída de finales de 1982.

Los sectores que han echo uso de los incentivos para canalizar sus excedentes al exterior o rescatar el mercado interno de la competencia internacional, en particular el mercado fronterizo, han sido los que mostraron un comportamiento más dinámico, hecho que representa un primer avance en el cambio estructural propuesto.

Este año se espera que la producción agrícola sea la mejor que la del pasado; las acciones iniciadas en relación con el campo empieza a mostrar resultados, mismos que se reforzaron por las mejores condiciones meteorológicas que se han presentado.

No obstante lo anterior, aún no existen signos claros sobre el inicio de una reactivación sostenida de la actividad económica y subsisten márgenes importantes de capacidad instalada no utilizada.

En materia el empleo, se logró también contener la caída en el nivel de ocupación en el sector moderno de la economía, el cual se ha mantenido ligeramente superior al de finales de 1982. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para absorber en este sector a las nuevas generaciones de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Estos se han empleado en otros sectores. En particular hay tres elementos que han coadyuvado a paliar este problema social: en primer lugar, el favorable comportamiento del sector agrícola, donde se estima hubo un crecimiento positivo del empleo; el segundo elemento lo constituye el esfuerzo realizado por el sector público a través de los programas de protección y creación directa de empleo. En este sentido, se han puesto en marcha programas en el medio rural y en zonas urbanas críticas que han permitido ofrecer una fuente de ingreso a casi 500 mil personas. Finalmente, la flexibilidad del sector informal urbano, que comprende fundamentalmente a trabajadores por cuenta propia y a aquellos no sujetos formalmente a contratos de trabajo, ha podido absorber a parte importante de la nueva fuerza de trabajo. Todos los factores anteriores han permitido que la tasa de desempleo abierto se mantenga en alrededor de 8%, cifra similar a la de finales de 1982.

En el área financiera, se detuvo el proceso de desintermediación por medio de tasas de interés atractivas y una política cambiaria realista, lo cual ha venido generando mayores niveles de ahorro. Se frenó la caída en los saldos reales de captación e incluso se revirtió, a partir de junio, la tendencia decreciente que habían iniciado en el último trimestre de 1982. Se fortaleció considerablemente la captación a mediano plazo, lo que demuestra que hay más confianza en la evolución futura de la actividad económica y de la inflación. Si bien los niveles de crédito siguen estando deprimidos, muestran ya una recuperación que habrá de manifestarse más claramente al continuar la baja en el costo del crédito, que ya se observa en los últimos meses, y mejorar la expectativas para la inversión.

Al mismo tiempo se han dado pasos importantes en el proceso de reestructuración de la Banca Nacionalizada; se inició el proceso de indemnización a sus antiguos propietarios, se reagruparon las instituciones bancarias en sociedades nacionales y crédito y se adelantó en la redefinición de objetivos para la Banca Nacional y los Fondos y Fideicomisos de Fomento. En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, se definirán la estrategia y los lineamientos precisos para continuar el proceso de reestructuración de estas instituciones, a fin de que sigan coadyuvando a la superación de

la crisis y a establecer las condiciones financieras necesarias para el crecimiento sostenido.

Aunque en este primer año de la actual administración han tenido mayor peso relativo las acciones orientadas a abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, proteger el empleo, el consumo básico y la planta productiva, no se ha propuesto el inicio de los cambios estructurales planteados.

En este aspecto, las modificaciones registradas en 1983 en los precios relativos, propiciadas por la política cambiaria las tasas de interés reales positivas y los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público, significan avances en el proceso de cambio estructural, ya que propician que el aparato productivo se oriente hacia la generación de empleos, la exportación, la sustitución de importaciones y el ahorro de los recursos no renovables, además de sanear las finanzas de la empresa pública. Los precios de garantía han aumentado en términos reales sobre su nivel de 1982, los cuales si bien son inferiores aún a los alcanzados en 1980-1981, han permitido iniciar la reversión del deterioro de los términos de intercambio que se había registrado en perjuicio del campo.

Los cambios introducidos durante 1983 en el manejo de la política económica y social, han creado condiciones más favorables para la corrección de las principales deficiencias de carácter estructural de la economía nacional, que radican en los desequilibrios del aparato productivo y distributivos, la insuficiencia del ahorro interno, la escasez de divisas y las desigualdades en la distribución de los beneficios del crecimiento, factores que siguen limitando el adecuado aprovechamiento de nuestro potencial de desarrollo.

En la solución de los problemas estructurales será necesario dar pasos sólidos y firmes en 1984, atendiendo aspectos de mayor concreción y detalle, a fin de articular las medidas para incidir sobre los aspectos sociales, sectoriales y regionales que constituyen prioridades para la instrumentación de estrategia del Plan Nacional de Desarrollo.

Los avances del país en materia económica tienen que ubicarse con un contexto internacional que durante 1983 siguió adverso.

Si bien la economía internacional ha empezado a tener ligera recuperación y la inflación externa ha disminuido, en muchas naciones se han reforzado las medidas proteccionistas, lo que ha significado que los posibles beneficios de esta expansión no se hayan traducido en una ayuda importante para la solución de nuestro desequilibrio externo. Los avances logrados en esta materia son principalmente resultado de las acciones internas.

En los mercados financieros internacionales subsisten y se han elevado aún más las tasas reales de interés. A la vez, se ha restringido la disponibilidad de crédito. Estos hechos no impidieron que hayamos cumplido cabalmente con nuestras obligaciones, reestructurado la deuda y obteniendo los recursos indispensables para enfrentar la coyuntura.

En el caso del mercado petrolero, excedentes en la producción y un mercado deprimido en los países desarrollados se tradujeron en una caída en los precios del crudo en febrero de este año. No obstante, se logró preservar la estabilidad del mercado mundial, en parte debido a la actitud responsable de México, que limitó sus exportaciones a lo que realmente se demanda en forma sostenida y al modificar los precios de las variedades itsmo y maya de acuerdo a las condiciones reales del mercado. Esta actitud tuvo sus frutos en los aumentos del precio del petróleo pesado de un dólar por barril en julio y octubre de este año.

En síntesis la situación económica en 1983 se ha caracterizado por el hecho de haber sujetado los aspectos más agudos de la crisis, si bien aún no la hemos vencido. Así:

- Se ha evitado el riesgo de la espiral hiperinflacionaria. Si bien aún es alta, la inflación se ha controlado y empieza a ceder.

- Se controló la grave inestabilidad cambiaria de fines de 1982.

- En el sector externo se ha logrado un ajuste sin procedente, resultado de una fuerte contracción de las importaciones. No obstante en los últimos meses las exportaciones no petroleras empiezan a recuperarse.

- La meta de saneamiento financiero público, de un déficit de 8.5% del PIB, será alcanzada, producto del ajuste selectivo en el gasto y el fortalecimiento de los ingresos públicos. Así, si se excluye el pago de intereses, la situación de las finanzas públicas en relación a la producción nacional, se corrige de un déficit de 9.2% en 1982 a un superávit de casi 2% en 1983.

- La deuda pública disminuyó en términos reales; como proporción de la producción del país bajó de 69% en diciembre de 1982 a 58% para fin de este año.

- Se revertió la tendencia al deterioro del ahorro financiero; el crédito si bien sigue aún deprimido, empieza a reactivarse.

- La producción nacional medida por el PIB, será inferior en alrededor de 3.5% a la de 1982. No obstante, en la mayoría de los sectores, se ha logrado evitar que siga cayendo la producción sobre los niveles observados a fines de 1982. No obstante aún no hay signos claros del inicio de una recuperación.

- En materia de empleo se ha evitado que los índices de desempleo sigan deteriorándose. El desempeño del sector agrícola y los programas de empleo, son los principales elementos que han coadyuvado a atenuar la escasa generación de empleo. No obstante la economía aún no recupera la capacidad de generación de empleo productivo en cantidades adecuadas a las necesidades del país.

Sin embargo, la crisis no se ha superado de manera permanente. No se puede relajar el

esfuerzo porque aún no se recupera la estabilidad indispensable para el funcionamiento equilibrado de la economía; ceder o aminorar el paso en estos momentos, conlleva al riesgo de acelerar la inflación o prolongar indefinidamente la recesión; ello haría volver a la situación de caos y retroceso prevaleciente a finales de 1982 y perder el esfuerzo hasta ahora realizado. Es en este contexto en el que se fijan las tareas que es necesario emprender en 1984.

AVANCES EN LA REORDENACIÓN ECONÓMICA

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2. Prioridades y estrategias para 1984.

Aunque los avances con sustantivos y en varios renglones sin precedentes, la reordenación nacional debe continuar; la inflación aún es elevada. El nivel de desequilibrio fiscal es alto y el superávit de nuestra balanza con el exterior debe alterarse cualitativamente para que permita la recuperación de las importaciones mediante la de nuestras exportaciones, sobre todo las no petroleras. Aún no hemos recuperado nuestra capacidad de desarrollo y de generación de empleos.

Reconocida la persistencia de los desequilibrios, es necesario determinar la magnitud del esfuerzo de preordenación que debe realizarse, En la fijación de la estrategia se consideraron y ponderaron diversas opiniones, entre ellas las de aquellos sectores que sugirieron aminorar el ajuste adicional que se preveía para 1984. La determinación adoptada es, sin embargo, proceder de acuerdo a las orientaciones originales del programa y completar el esfuerzo ya iniciado. Se trata de prevenir así una recaída y el peligro de que la crisis se arraigue, obligando a prolongar el ajuste durante un periodo mayor. Quienes propugnan por aminorar el ritmo son generalmente sectores con mayor capacidad de absorber los efectos desfavorables de la crisis, pero la decisión se adopta en atención al interés de las mayorías nacionales, las cuales son las que están sufriendo las consecuencias más graves de la inestabilidad económica y exigen que se solucione a fondo el problema, sin posponer las decisiones.

En 1984 se inicia la segunda etapa del Programa Inmediato de Reordenación Económica que corresponde al propósito de continuar en el esfuerzo de reordenación y cambio estructural.

En ciertos aspectos esta etapa será más leve que la primera, pero en otros será más difícil: más ligera porque los ajustes serán proporcionalmente menores que los ya realizados; y más pesada, en tanto que se prolonga en el tiempo el esfuerzo y se requiere de una mayor precisión y afinación en las acciones y en la instrumentación de los programas. Este será todavía un

año de sacrificios, en el cual el logro de los objetivos exigirá un delicado manejo de la política de desarrollo.

En esta segunda etapa el programa se orienta al logro de los siguientes objetivos:

I. Combatir la inflación como propósito central para consolidar lo ya logrado, afirmando la caída de las expectativas inflacionarias. Avanzar lo más posible en su abatimiento, continúa siendo la máxima prioridad de la política económica;

II. Evitar un deterioro adicional en la actividad económica durante el primer semestre e inducir una recuperación gradual y moderada durante el segundo, siempre y cuando no provoque un repunte de la inflación;

III. Defender el nivel de vida de las mayorías nacionales mediante la protección al salario y atención prioritaria a los programas de desarrollo social. Pero la protección más efectiva será el descenso en la tasa de inflación y el mantenimiento, y en lo posible ampliación de las fuentes de empleo;

IV. Se reafirma el propósito de defensa del empleo y de la planta productiva, tanto para reducir el costo social del ajuste, como para preservar la capacidad de respuesta del aparato productivo;

V. Continuar con el saneamiento de las finanzas públicas y dar pasos firmes en la corrección permanente de la estructura y productividad del gasto. Este objetivo comprende la instrumentación de un programa de saneamiento integral y de productividad del sector público;

VI. Superar la escasez de divisas para seguir avanzando en la normalización de las relaciones con el exterior y reconstruir las reservas internacionales del Banco de México;

VII. Desarrollar progresivamente los aspectos fundamentales del cambio estructural, para preparar el camino hacia una recuperación diferente a partir de 1985:

En cuanto al sistema productivo y distributivo, avanzando en materia de desarrollo rural, en la integración y competitividad del sector industrial, en la mejoría del sistema nacional de transportes y comunicaciones, y en la racionalización del aparato comercial; En lo que se refiere al desarrollo regional, continuar asignando recursos a la zonas prioritarias del desarrollo definidas en los programas regionales, y avanzar en la descentralización de la vida nacional en las líneas sectoriales ya trazadas.

VIII. Dar énfasis a los aspectos cualitativos del desarrollo, en particular acentuar la atención en la educación, salud, medio ambiente, seguridad pública e impartición de justicia;

IX. Mantener y reforzar el proceso irreversible de renovación moral de la sociedad. El Estado continuará encabezando este esfuerzo, y

X. Avanzar en el desarrollo de la planeación democrática en todas las áreas del desarrollo.

Los objetivos propuestos confirman la voluntad de no retroceder en la lucha contra la crisis, haciendo que los costos ineludibles de este periodo de transición se reflejen en la recuperación de nuestra capacidad de desarrollo y en su justa distribución sectorial, social y territorial.

El éxito del programa para 1984 descansa en gran medida en los resultados que se obtengan en el control de la inflación. El combate a la inflación constituye el aspecto medular de la estrategia, dado que condiciona la estabilidad necesaria para la recuperación y reorientación del crecimiento. La tendencia declinante de la inflación, lograda a partir del segundo trimestre de 1983, deberá continuar a un ritmo más acelerado. En 1984 se deben dar pasos trascendentales hacia la erradicación definitiva de esta fuente de malestar social. Todos los instrumentos de la política económica se combinan en forma coherente para la consecución de estos objetivos y a fin de iniciar simultáneamente una recuperación gradual de la actividad económica. El diseño y la ejecución de esta política se está planteando de tal forma que la inflación anual se sitúe alrededor del 40%.

En la recuperación de la actividad productiva los rubros de inversión, tanto pública como privada, deberán detener su tendencia a la contratación y en la medida de lo posible iniciar un crecimiento moderado, pero positivo en términos reales. Se seguirá un programa integral de aliento a la oferta productiva y a la inversión privada y se continuará reorientando el gasto público hacia el mercado interno, lo que aunado a una mayor disponibilidad de divisas propiciará la ampliación de la capacidad productiva. Por su parte, es factible que el consumo presente un ligero repunte como consecuencia de la política de protección al salario y de probable reactivación moderada de la economía. Sin embargo, pretender una acelerada reactivación prematura puede provocar un retroceso de incalculables consecuencias en lo ya alcanzado.

Se proyecta detener el decremento de la economía y procurar alcanzar un crecimiento de alrededor de uno por ciento. En el aspecto sectorial se espera un comportamiento relativamente más dinámico en las actividades agropecuarias, minería y electricidad, que crecerían por encima del promedio, un crecimiento moderado en transporte y manufacturas, que se apoyaría principalmente en el uso más intensivo de la capacidad instalada y un crecimiento menor al promedio en construcción, comercio y otros servicios.

Por las características peculiares que atraviesa nuestra expansión demográfica, el crecimiento de la población en edad de trabajar llega a niveles cercanos a 3.8%, magnitud imposible de absorber en una economía que requiere mantener la austeridad como premisa para abatir la inflación, en proteger la ocupación existente y solventar los excesos de deuda contraidos en el pasado. Acorde con esta situación se plantea como necesario redoblar los esfuerzos para dar mayor eficiencia a los programas de emergencia de protección al empleo, orientar el gasto público a inversiones que generan más trabajo y fomentar el uso de mano

de obra en los diferentes procesos de producción.

En efecto, en 1984 no será posible disminuir la desocupación abierta. La evolución prevista de la producción aún no lo permite; sin embargo, mediante los programas mencionados se impedirá, al menos, que se acreciente. Se busca que la tasa de desempleo abierto no sea mayor al 8.5%. No se puede permitir que el empleo y el aparato productivo se deterioren a niveles que hagan prácticamente imposible su recuperación. Su protección continúa siendo indispensable en este segundo año de ajuste. La moderación en las demandas salariales y los programas de emergencia del empleo y protección a la planta industrial permitieron este año detener la caída en los niveles de ocupación, evitando así un prolongado periodo de ajuste con recesión y reducción en el bienestar de la población. Para 1984, en apoyo a la recuperación económica y por justicia social, se propiciará que los salarios reales no se deterioren.

El entorno económico previsto para el próximo año implica un importante ajuste en materia presupuestal. Se trata no sólo de seguir saneando las finanzas públicas, sino de lograr también su corrección permanente, elevando consistentemente los ingresos públicos y reestructurando y mejorando la productividad del gasto. En relación al propósito de avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas y como elemento importante en la lucha contra la inflación, se buscará una reducción del déficit público a un 5.5% del PIB, cifra 35% inferior a la de 1983 y que contrasta con el ajuste de más del 100% realizado en este mismo año. Un déficit de este monto permite un financiamiento sano, sin recurrir a la emisión de circulante, con menor uso de recursos externos que en 1983, libera un volumen importante de recursos para el financiamiento del resto de la economía y es consistente con el objetivo de reducir las tasas de interés internas.

Para fortalecer los ingresos se redoblarán esfuerzos que eviten la evasión fiscal y mejoren la equidad del sistema; en materia de política de precios y tarifas del sector paraestatal, los ajustes de mayor importancia se dieron ya durante 1983, ahora es necesario evitar retrocesos que llevarían a realizar, tarde o temprano, medidas aún más severas. Por ello, en 1984 se seguirán haciendo ajustes en los precios y tarifas del sector público, que serán proporcionalmente menores a los realizados en 1983. Se afectarán en mayor medida, aquellos bienes y servicios demandados por los cupos con mayor capacidad de ingreso, con el objeto de eliminar subsidios indirectos que tienen repercusiones regresivas en la distribución del ingreso.

Tanto el gasto presupuestal a financiar, como el gasto neto de intereses deberán continuar su tendencia descendente como proporción del producto interno. Este esfuerzo exige mantener inalterables los criterios de austeridad y equidad, lo que demanda contener el gasto corriente, dando prioridad al gasto social y reorientando las inversiones. Se propone aumentar la productividad y eficiencia del manejo de los recursos y será necesario el cierre de programas y proyectos no prioritarios. La mayor satisfacción de las necesidades esenciales para los grupos de bajos ingresos continuará siendo, de acuerdo a lo señalado en el Plan, un objetivo de máxima prioridad para el gobierno. La política macroeconómica que se propone, hace compatibles la reordenación de las finanzas públicas con una mayor participación de los programas sociales.

Una economía integrada hacia adentro y competitiva hacia afuera sólo puede ser factible con una política de tipo de cambio realista. La historia ha demostrado que el proteccionismo indiscriminado y la sobrevaluación del tipo de cambio únicamente provocan ineficiencia y agravan la dependencia.

El mantenimiento de la política de tipo de cambio realista, aunado al apoyo a las exportaciones y la recuperación esperada de la economía internacional, inducirán un crecimiento importante de éstas, principalmente en las exportaciones no petroleras y el turismo. Esta política, además, deberá repercutir favorablemente en las actividades sustitutivas de importaciones.

Lo anterior puede llegar a significar un saldo favorable en la balanza de cuenta corriente de hasta ochocientos millones de dólares, cifra acorde con la trayectoria de mediano plazo que deseamos para México. Este hecho será muy importante para lograr financiar el pago de la deuda exterior y seguir reconstituyendo las reservas internacionales. De esta forma fortaleceremos, en 1984, la posición mexicana en sus relaciones económicas con el exterior.

El programa para 1984 considera explícitamente la incidencia de la política económica sobre el cambio estructural. Se continuará con la modificación de los precios relativos de los productos del campo y de los insumos, principalmente los energéticos. La política cambiaria continuará induciendo un incremento en la competitividad externa de nuestros productos e impulsará una situación más eficiente de nuestras importaciones. La permanencia de la orientación sectorial del gasto y del crédito y la recomposición de los ingresos públicos, constituyen un elemento importante para emprender la recuperación sobre bases de mayor equidad y justicia. La descentralización de los servicios de educación y salud contribuirá a redistribuir territorialmente el bienestar social. El avance en los aspectos fundamentales del cambio estructural, durante la segunda etapa de la reordenación, apunta a recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes a las del pasado. Durante 1984 se propone consolidar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, perfeccionando y extendiendo las formas y mecanismos de participación social. En este año, se conocerán el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, los programas de mediano plazo, sectoriales e instituciones contenidos en el decreto aprobatorio del Plan Nacional y se avanzará en la ejecución de los programas regionales y los intersectoriales, lo cual dará mayor claridad y precisión a la

tarea de conducir el desarrollo y servirá de guía para orientar el comportamiento de los agentes económicos y de todos los grupos sociales. Los presentes Criterios y los Programas Operativos Anuales darán la pauta para avanzar en la afinación de la programación - presupuestación y servirán para evaluar y controlar el desempeño de la Administración Pública Federal. Asimismo, dentro del respeto a la soberanía de las entidades federativas, se impulsará la coordinación entre la planeación nacional y aquella que realicen los estado y municipios.

Las perspectivas que han señalado hacen evidente el delicado balance que se debe mantener en el manejo de la política económica. El programa propuesto es realista y consistente: no pretende reactivar la economía más allá de lo posible, porque ello implicaría erosionar lo alcanzado en materia de inflación, pero al mismo tiempo pretende impedir que se prolonguen las condiciones recesivas y se ponga en riesgo la capacidad de crecimiento futuro de la economía. El propósito de ajuste de la segunda etapa de reordenación es permitir establecer un nuevo equilibrio sobre el cual fundar de manera más sana el crecimiento.

Las previsiones no están exentas de riesgos. La evolución del sector externo, especialmente en lo relativo a los precios de nuestras principales exportaciones y en las tasas de interés internacionales, y la inversión privada durante 1984, son elementos cuyo comportamiento influirá significativamente en el éxito del programa. Se requerirá de un cuidadoso seguimiento de estos factores para que, con flexibilidad, la estrategia se mantenga dentro del rumbo señalado.

Reiteramos que no se busca volver al esquema anterior. El programa económico propuesto contiene los elementos que nos permitirán iniciar a partir de 1985 una decidida recuperación con un sector externo menos vulnerable a los acontecimientos internacionales y propulsor importante del crecimiento con unas finanzas públicas cuyo ejercicio no causará presiones inflacionarias y sí en cambio será base de permanentes acciones redistributivas y de bienestar social; con un aparato productivo cuyo funcionamiento no recaiga fundamentalmente en las importaciones y sea generador de los empleos requeridos por el país; con una estructura de precios sin rezagos y distorsiones que impidan la asignación correcta de los recursos. En fin, una recuperación que nos coloque en una senda equilibrada, justa y duradera.

Nuestro patrimonio, nuestros recursos materiales y humanos, la solidez de nuestras instituciones y el régimen de libertades democráticas en que vivimos y defendemos, serán nuestras mejores armas para continuar superando la crisis.

A continuación se presentan, por instrumento, los lineamientos principales en materia de política económica que dan sustento al Programa Inmediato de Reordenación Económica en su segundo año de instrumentación.

METAS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1984

Crecimiento real Concepto Rangos

PRODUCTO INTERNO BRUTO 0.0 a 1.0

Consumo total (0.3) " 0.4

Inversión total 1.0 " 2.6

Exportaciones 6.5 " 8.5

Importaciones 9.0 " 10.0

PRODUCTO SECTORIAL

Agropecuario, Silvicultura y Pesca 1.5 " 2.0

Minería 2.0 " 2.8

Manufacturas 0.2 " 0.8

Construcción (0.5) " 0.3

Electricidad 1.5 " 2.1

Comercio, Restaurantes y Hoteles (0.3) " 0.3

Transportes y comunicaciones (0.2) " 0.8

Servicios financieros, seguros

y bienes inmuebles (0.4) " 0.5

Servicios comunales, sociales

y personales (1.0) " 0.2

INFLACIÓN

Anual 40.0

Promedio 50.0

FINANZAS PÚBLICAS (Porcentajes del PIB)

Déficit público 5.5

Superávit financiero excluyendo intereses 4.3

Pago de intereses 10.1

Gasto en bienes y servicios 23.7

Saldo de la deuda pública 54.8

Interna 39.3

Externa 15.5

Ingresos públicos 32.0

SECTOR EXTERNO

Balanza comercial/PIB 5.7 a 6.0

Balanza en cuenta corriente/PIB 0.0 " 0.5

3. Lineamientos de política económica

En materia de ingresos públicos

En apoyo al objetivo de reducir el déficit público como participación del producto en

1984, se propone aumentar los ingresos del sector público en cerca de un punto porcentual del producto. El aumento provendrá principalmente del ingreso de organismos y empresas, dado que el sistema fiscal se enfrentará a un ingreso gravable deprimido. La iniciativa de Ley de Ingresos justifica y precisa los rubros del esfuerzo en esta materia.

Política tributaria

La política fiscal en 1984 se orientará de acuerdo a los criterios que marca el Plan Nacional de Desarrollo: estimular la recaudación a través de una ampliación de la base gravable y no por aumentos en las tasas impositivas; esto implica acciones para combatir la evasión, reforzando tanto las disposiciones legales, como la administración y fiscalización, con el objeto de hacer más equitativa la carga fiscal entre personas, sectores y regiones.

En materia de impuestos directos se avanzará en la desgravación en el impuesto sobre la renta a los asalariados que favorecerá a los contribuyentes de ingresos menores. Por otra parte, se avanzará en la globalización de ingresos de las personas físicas, reduciéndose el monto no gravable de algunas prestaciones sociales. Se continuarán eliminando las bases especiales de tributación. Adicionalmente se obligará a una tasa de retención por los pagos de arrendamientos, honorarios e intereses.

Por otra parte, se avanzará en la solución de la problemática de los contribuyentes menores perfeccionando el régimen a través de delimitaciones de actividades y corrigiendo el límite de ingresos para considerarlos en esta categoría.

Se contempla el mejoramiento en los esquemas de control, fiscalización y cobro a los contribuyentes. Por otra parte, se modifica la calendarización de los pagos tanto de las empresas como de las persona físicas, para dar mayor facilidad al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Finalmente, en ingresos no tributarios se revisarán los diferentes rubros, en derechos, productos y aprovechamientos, con el fin de ajustar algunas cuotas o tasas que se encuentran rezagadas debido a la inflación y al impacto del proceso devaluatorio.

Políticas de precios y tarifas públicas

En 1983 se avanzó considerablemente en reestructurar los precios y tarifas del sector público. El próximo año continuará el proceso de ajustes graduales, evitando saltos bruscos, con el propósito de cuando menos mantener los precios del sector público en línea con los del resto de la economía. Estos ajustes permitirán el saneamiento financiero de las empresas públicas y harán posible la reducción del déficit del sector público. Su adecuada programación en el tiempo coadyuvará a controlar la inflación.

El manejo de la política de precios y tarifas se sujetará además a los siguientes lineamientos: Se mantendrá el principio de equidad. El mayor peso de los aumentos recaerá sobre los grupos de mayores ingresos y se cuidará que el aumento en el costo promedio de la canasta de bienes de consumo básico sea acorde con los aumentos en los salarios mínimos.

Para los bienes comerciables en el exterior se modificarán sus precios tomando como referencia el precio internacional, a fin de fortalecer la generación de divisas. Esta política racionaliza el consumo interno de bienes susceptibles de exportarse y desincentiva el contrabando. No podemos sustraernos a la situación que prevalece en los mercados internacionales, porque nos condenaríamos a la adopción de patrones obsoletos de consumo y producción, limitando así nuestro desarrollo en el futuro.

En el caso de los bienes y servicios que no se comercian internacionalmente, el patrón de modificación para sus precios será su costo de producción, para evitar que la sociedad pague la ineficiencia de las empresas públicas, las medidas se ligarán a programas y avances de productividad.

En materia de precios de garantía de los productos agrícolas, se buscará mejorar su posición relativa frente al índice general de precios. No es factible seguir subsidiando a los consumidores urbanos a costa de los pequeños y medianos agricultores; decididamente se mejorarán los términos de intercambio en favor del campo.

La estrategia global de revisiones de precios y tarifas de los bienes y servicios que genera el sector público contempla obtener recursos adicionales por un monto del orden de 1.5% del PIB.

Como complemento a la política de precios y tarifas, se avanzará en la política de saneamiento de subsidios de forma que sean transparentes, discriminatorias y temporales para que cumplan el propósito de beneficiar a aquellos sectores que es prioritario apoyar, y en particular, a los grupos de bajos ingresos.

La política de subsidios debe evitar que su monto llegue a niveles que reduzcan en forma sensible la capacidad del gasto del Estado para atender las necesidades sociales y de crear infraestructura, actividades que permiten mayor generación de empleos y que contribuyen directamente al mejoramiento del bienestar de la población; además, el control de los subsidios disminuye conforme aumenta su monto, lo que genera despilfarros y corrupción, lo cual hace que el subsidio no llegue realmente a quien se busca beneficiar.

En materia de gasto público.

El Proyecto de Presupuesto que se somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados se ha estructurado de acuerdo a los objetivos de la segunda etapa de la Reordenación Económica.

La estrategia presupuestal se propone avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas

y en una reestructuración permanente del gasto.

En relación al primer propósito, y dado el esfuerzo propuesto de ingresos, se busca una reducción del déficit público a un 5.5% del PIB. Este monto equivale a menos de la tercera parte del déficit de 1982; esta cifra aún es superior a la que históricamente ha sido compatible con un crecimiento aceptable del producto y bajas tasas de inflación. Un déficit de este monto se estima permite su financiamiento sano, sin recurrir a la emisión de circulante, con menor uso de recursos externos que en 1983 y a la vez liberando un volumen importante de recursos para el financiamiento del resto de la economía.

En relación al segundo propósito de avanzar en la reestructuración permanente del gasto como elemento clave para sentar las bases de la recuperación diferente a partir de 1985, se buscará contener el crecimiento del gasto corriente para fortalecer el de inversión. Se espera reducir las erogaciones corrientes en relación al PIB en 1.6 puntos. El propósito de mantener las prioridades de los programas de atención a necesidades sociales fundamentales, como educación, salud y seguridad pública, hacen necesario proceder a cancelar programas y proyectos no prioritarios. Asimismo se mantendrán y reforzarán las normas y procedimientos que aseguren disciplina y escrupuloso manejo del gasto público, mejorando su seguimiento y evaluación. En el caso de la empresa pública se instrumentará un programa de saneamiento integral y de productividad, con el objeto de mejorar su eficiencia e imprimir mayor disciplina al ejercicio de su presupuesto. Este programa además contempla el cierre o liquidación de empresas que no cumplen con su objetivo social y que no sirven responsabilidades estratégicas del Estado.

Mejorar la estructura del gasto supone mantener y, en la medida de lo posible, aumentar la inversión pública y mejorar su estructura en función de los propósitos del PND. Así, se propone un crecimiento de la inversión pública de 55%. Su orientación estará encaminada a apoyar la generación de empleo, propiciar la recuperación de la inversión privada y el ahorro de divisas y mejorar la infraestructura social y productiva. En consecuencia se propone un aumento de al rededor el 51% en la inversión en desarrollo rural y social, en 51% en comunicaciones y transportes y de 52% en abasto, entre otros. En contraste se mantiene, al igual que en 1983, un menor énfasis en la inversión en el sector industrial que crecerá un 28%. La menor prioridad conferida a este sector obedece a que en la mayoría de los casos la demanda prevista puede satisfacerse con la capacidad instalada actual. En el caso de energéticos, su participación en el total de la inversión disminuirá. En el sector petrolero sólo se contemplan las inversiones mínimas requeridas para cubrir los mercados interno y externo; además, en este sector, las medidas de precios están destinadas a fortalecer el ahorro público, a racionalizar el consumo y en consecuencia a combatir la inflación.

Protección al Empleo, a la Planta Productiva al Poder Adquisitivo de los Salarios.

La protección al empleo, a la planta productiva y al poder adquisitivo de los salarios, continuará siendo, durante 1984, un propósito fundamental de la política económica y social.

En materia de empleo, las acciones se dirigirán a evitar que la tasa de desempleo abierto se acreciente. El esfuerzo que esto requiere es enorme, por el constante aumento en la fuerza de trabajo y las condiciones económicas que aún no permiten crecimientos muy significativos en la producción. Ante este panorama, se desarrollarán las siguientes acciones:

- El reforzamiento de los programas de emergencia del empleo, tanto en el medio rural como en el urbano, con el propósito de crear entre 300 y 400 mil empleos. En el presupuesto se consideran recursos por 150 miles de millones de pesos con este propósito.

- Apoyar las condiciones favorables del sector rural, fundamentalmente mediante crédito y precios de garantía, a fin de propiciar un mayor empleo en este sector.

Adicionalmente se estima que el sector moderno generara cerca de 100 mil puestos de trabajo, caracterizados por una mayor estabilidad y adecuada remuneración.

En relación al programa de defensa de la planta productiva y el empleo, en 1984 se orientará a superar las deficiencias operativas que se han observado en 1983, particularmente en lo referente a concertación de compras. Adicionalmente se incluirán acciones específicas de aliento y estímulo a la nueva inversión del sector privado, con medidas tales como reducción del costo del crédito y de apoyo a sectores prioritarios.

Acorde con el principio de equidad en el reparto de los costos sociales del ajuste, para proteger los niveles existentes de empleo y para apoyar la recuperación de la actividad económica, en 1984 se buscará proteger el salario real promedio, buscando que éste conserve su nivel. Para ello se espera una negociación salarial del mínimo acorde a la inflación del próximo año, que atienda también la situación de las empresas para no afectar la liquidez de las mismas. En la negociación contractual se buscará mayor flexibilidad que refleje la situación diferencial entre sectores. En adición a la negociación salarial, se apoyará el poder adquisitivo del salario con programas de abasto y de estímulo al sector social.

En materia Financiera y Monetaria

La marcada preferencia del público por canalizar significativos volúmenes de ahorro a plazos medianos es un indicador que demuestra que se recupera la confianza en las instituciones crediticias del país. Sin embargo, las acciones emprendidas, aunque necesarias, han

significado que el financiamiento se haya mantenido caro.

En 1984, se buscará que las tasas pasivas de interés continúen descendiendo, conforme a la inflación esperada, para mantener el aliento al ahorro. Asimismo, se intensificarán las acciones para reducir el costo del crédito, cerrando la brecha entre tasas activas y pasivas.

La reestructuración del sistema bancario, la revisión del sistema de crédito que se concede a tasas preferenciales, la mayor transparencia y control de los subsidios financieros y el fortalecimiento de la competencia en el mercado de capitales, mediante la promoción de la intermediación financiera no - bancaria, reducirían el diferencial existente entre las tasas activas y pasivas. El abaratamiento del costo del crédito dará fluidez a la absorción de recursos y apoyará la planta productiva.

Mediante estas acciones se espera generar un flujo de fondos financieros suficientes para satisfacer las necesidades tanto del sector público como de los sectores social y privado, sin la necesidad de tener que recurrir a la emisión de dinero en proporciones que sobrepasen la capacidad de absorción de la economía. La adecuación de la expansión del circulante al ritmo programado para el crecimiento de la demanda agregada, junto con la política de tasas de interés, constituyen elementos importantes para el propósito de abatir la inflación.

El programa mantiene congruencia entre la política financiera, cambiaria y fiscal, y alienta la reactivación económica dentro de la meta de inflación propuesta.

En materia de Política cambiaria

Se mantendrá por, el momento, el régimen dual para proteger la planta productiva y las transacciones prioritarias ajustando los tipos de cambio de manera gradual de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan interna y externamente. Se mantendrá la congruencia de la política de desliz con las tasas de interés internas para desalentar la especulación entre el mercado nacional de capitales y el mercado de divisas.

En materia de Política de Comercio Exterior

Junto con la Política cambiaria, la política comercial apoyará el proceso de sustitución eficiente de importaciones y el fomento de exportaciones no petroleras, además de continuar contribuyendo a la protección de la planta productiva y el empleo, mientras los aspectos más agudos de la crisis no se hayan superado.

Se persigue conseguir la reorientación sostenida del aparato industrial con el objeto de fortalecer su integración interna y vincularlo eficientemente con el exterior.

En materia de exportaciones, para 1984 se contemplarán la simplificación de trámites, la reducción de aranceles y permisos a un mínimo de productos primarios, las mejoras en la infraestructura comercial, los estímulos fiscales y crediticios, y los apoyos promocionales. En materia de importaciones, se avanzará en el establecimiento de un nivel de protección efectivo más racional, cuidando de eliminar a la brevedad su sesgo antiexportador, y se sustituirán permisos de importación por aranceles. El poder de compra del sector público y la concertación de acuerdos de largo plazo entre gobierno, sector paraestatal y empresas privadas, serán utilizados para fomentar la producción interna de bienes estratégicos hasta ahora importados.

En materia de deuda externa

En 1984 continuará disminuyendo el crecimiento de la deuda como proporción del financiamiento total requerido por la economía, por lo que se amplía, la importancia de los recursos internos como base del financiamiento del desarrollo. Se acude al crédito exterior como factor complementario y necesario para distribuir en el tiempo en forma más racional el costo del ajuste que implica la superación de la crisis. En términos absolutos, en 1984 la deuda pública externa crecerá en no más de 4 000 millones de dólares, cifra inferior a la de 1983 y poco más de la mitad de 1982. La proyección de nuestros ingresos de divisas por ventas de petróleo, mercancías y servicios al exterior, permiten visualizar el cumplimiento pleno de las obligaciones financieras internacionales, lo que afianzará nuestro prestigio crediticio.

Atendiendo al reclamo de la sociedad, este año hemos acreditado que es posible traducir en hechos la determinación política de hacer frente a la crisis. Mantenemos firmemente esa determinación. A fin de evitar recaídas y continuar avanzando en el control de la situación, requerimos, durante 1984, prolongar el esfuerzo y conjugar un delicado balance en el uso de los instrumentos, con la adecuada aplicación de las decisiones en el tiempo.

En 1983, el Estado ha puesto en marcha diversos programas para atender las prioridades de nuestro desarrollo. Durante 1984, se dará mayor énfasis a los aspectos de administración, seguimiento y evaluación de los mismos, a fin de hacer corresponder lo que se realice a lo que hemos programado. Será necesario cuidar que las decisiones adoptadas se constituyan en orientaciones efectivas para la ejecución de las actividades de todos los órdenes y niveles de la administración pública, especialmente en aquellos cuya naturaleza requiere de mayores grados de precisión y en los que inciden de manera cualitativa en la vida de la comunidad.

Para contar con una base firme que permita seguir construyendo la sociedad a que aspiramos y sin limitarse a resolver aspectos meramente circunstanciales, el programa permite conseguir un radical saneamiento de la economía nacional. Con una visión que despeje el horizonte más allá del sacrificio de hoy, debemos fortalecer la confianza en nosotros mismos y mantener inquebrantable la decisión de aprovechar esta oportunidad para continuar avanzando

en el proyecto de transformación nacional por el que tanto se ha luchado.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México D, F,. a 15 de noviembre de 1983.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."

Trámite: - Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Imprímase.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.

"Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal, les fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que la honorable Cámara de Senadores remitió.

Aparece en el expediente que las Comisiones Unidas, Primera de Justicia y Primera Sección de Estudios Legislativos de la Cámara Colegisladora, formularon dictamen con fecha 20 de octubre del año en curso y que éste fue aprobado en sus términos por el pleno de dicha Cámara el día 26 del mismo mes y año.

En el Dictamen de la Colegisladora, se recogen las razones expresadas por el Ejecutivo en la exposición de motivos de la iniciativa, en que se fundamenta la necesidad de expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Al efecto se precisa que se propone la abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 1977, porque a partir de esa fecha, surgieron nuevas estructuras administrativas con motivo de reformas constitucionales, de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Se dice en la exposición de motivos y se confirma en la minuta, que es necesaria la expedición de una Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acorde con las disposiciones constitucionales; pero igualmente acorde con la dinámica necesaria para dar respuesta a los problemas y fenómenos creados en la sociedad contemporánea. De esta manera se propone que la Ley Orgánica precise las atribuciones de la institución y los conceptos orgánicos, dejando al reglamento la distribución de las atribuciones que las leyes asignan a la institución.

En concepto de las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal, este criterio técnico - jurídico constituye una respuesta adecuada a las necesidades de una administración de justicia que requiere actuar con dinamismo ante los problemas sociales creados en el Distrito Federal, tanto por una creciente población como por las exigencias de la sociedad acerca de la justicia y la seguridad públicas. De esta manera, se evitará que el exceso de formulismo o de rigidez en la Ley Orgánica, impidan a la Procuraduría cumplir con el imperativo constitucional de hacer que la justicia sea pronta y expedita.

En la iniciativa se cumplen los extremos legales de toda Ley Orgánica; pues se precisa que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que integra la institución del Ministerio Público del Distrito Federal, con base en las disposiciones constitucionales. Asimismo se precisan sus atribuciones fundamentales como son: la persecución de los delitos; la vigilancia de la legalidad; la protección de los intereses de los menores o incapaces y el cuidado de la correcta aplicación de las medidas de política criminal. Previo análisis que de cada una de las anteriores atribuciones se hace en el proyecto que se dictamina, su regulación se reserva al reglamento.

Las Comisiones Unidas estiman conveniente destacar de la iniciativa los siguientes tópicos:

- La persecución de los delitos, atribución esencial de la Procuraduría, se propone conforme a las diversas etapas del procedimiento penal regulado por nuestras leyes.

- La intervención del Ministerio Público como representante de los menores o incapaces y como vigilante del respeto de sus intereses.

- La conveniencia de que el Ministerio Público practique visitas a los diversos lugares de detección destinados a prisión preventiva.

- Las normas de selección y profesionalismo del personal que ejerza las funciones de procuración de justicia.

Las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal, asimismo, han estudiado las modificaciones que la honorable Cámara de Senadores formuló a la iniciativa. A este efecto, coincidieron en que las modificaciones hechas a los incisos A) fracción IV y B) fracciones III y IV del artículo 3o. y la adición de la fracción V al inciso A) del artículo 3o., enriquecen la iniciativa haciéndola más explícita. En los mismos términos deben considerarse las formuladas por la Cámara colegisladora a los artículos 9 y 23 de la iniciativa.

En mérito a lo anterior, las Comisiones Unidas que suscriben consideran que la iniciativa y la minuta merecen la aprobación de la honorable Cámara de Diputados: pues la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, propuesta por el Ejecutivo y enriquecida por el Senado, constituye un ordenamiento moderno que tiene su sustento jurídico en nuestros textos constitucionales vigentes; que se encuentra actualizado frente a los requerimientos que impone la sociedad

contemporánea y que resulta congruente con las reformas legislativas en materia penal posteriores a la expedición de la ley vigente. El documento así concebido resulta respetuoso de las garantías individuales y al mismo tiempo recoge las inquietudes de la sociedad en relación al buen funcionamiento de esta importante institución, así como para la seguridad pública y la justicia, necesarias para la convivencia de todo grupo humano.

En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal, someten a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO PRIMERO

Atribuciones

Artículo 1o. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integra la institución del Ministerio Público del Distrito Federal y sus órganos auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que a aquella atribuyen los artículos 21 y 73, fracción VI, Base 5a., de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 2o. La institución del Ministerio Público del Distrito Federal, presidida por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en su carácter de Representante Social, tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por conducto de su titular o de sus agentes y auxiliares, conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta ley:

I. Perseguir los delitos del orden común, cometidos en el Distrito Federal;

II. Velar por la legalidad en la esfera de su competencia como uno de los principios rectores de la convivencia social, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia;

III. Proteger los intereses de los menores, incapaces, así como los individuos y sociales en general, en los términos que determinen las leyes;

IV. Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera de su competencia; y

V. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 3o. En la atribución persecutoria de los delitos, al Ministerio Público corresponde:

A. En la averiguación previa:

I. Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre conductas o hechos que puedan constituir delito;

II. Investigar delitos del orden común con el auxilio de la Policía Judicial y de la Policía Preventiva;

III. Practicar las diligencias necesarias y allegarse a las pruebas que considere pertinentes, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido, para fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción penal; y

IV. Restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamente, de oficio o a petición de parte interesada, cuando esté comprobado en la averiguación previa el cuerpo del delito de que se trate, exigiendo garantía suficiente si se estimare necesario, y

V. Solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo.

B. En relación al ejercicio de la acción penal:

I. Ejercitar la acción penal ante los tribunales competentes por los delitos del orden común, solicitando las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de comparecencia cuando así proceda;

II. Solicitar en los términos del artículo 16 de la Constitución, las órdenes de cateos que sean necesarias;

III. Determinar los casos en que proceda el no ejercicio de la acción penal, porque no se satisfagan los requisitos del artículo 16 Constitucional y los previstos en las leyes de la Materia, disponiendo el archivo de la averiguación, y

IV. Poner a disposición de la autoridad competente sin demora, a las personas detenidas en caso de flagrante delito o de urgencia, en los términos a que aluden las disposiciones constitucionales y legales ordinarias.

C. En relación a su intervención como parte en el proceso:

I. Remitir al órgano jurisdiccional que lo haya solicitado a las personas aprehendidas en cumplimiento de una orden dictada por éste, en los términos señalados por el artículo 107, fracción XVIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes, para los efectos de la reparación del daño;

III. Aportar las pruebas pertinentes y promover en el proceso las diligencias conducentes al debido esclarecimiento de los hechos; a la comprobación del delito, de la responsabilidad de quienes hayan intervenido y de la

existencia del daño y a la fijación del monto de su reparación;

IV. Formular conclusiones en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas que correspondan y el pago de la reparación del daño;

V. Interponer los recursos que la ley conceda y expresar los agravios correspondientes; y

VI. Las demás atribuciones que le señalen las leyes.

Artículo 4o. La vigilancia de la legalidad y de la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, comprende:

I. Proponer ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las medidas procedentes respecto de su competencia, en materias de seguridad pública, penal, civil y familiar; y

II. Hacer del conocimiento del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los abusos o inrregularidades graves que se adviertan en los juzgados o tribunales, que afecten el cumplimiento de las garantías de justicia, pronta y expedita.

Artículo 5o. La protección de los menores o incapaces, consiste en la intervención del Ministerio Público en los juicios civiles o familiares que se tramiten ante los tribunales respectivos, en los que aquellos sean parte o de alguna manera puedan resultar afectados. También intervendrán en los juicios en que le corresponda hacerlo, en su carácter de representante social en los términos señalados en las leyes.

Artículo 6o. La intervención del Ministerio Público en la aplicación de las medidas de política criminal, incluye practicar visitas a los reclusorios preventivos, escuchando las quejas que reciba de los internos, e iniciar la averiguación que corresponda de tratarse de alguna conducta o hecho posiblemente constitutivo de delito, sin perjuicio de poner los hechos en el conocimiento de las autoridades encargadas de la reclusión.

Artículo 7o. El Procurador intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los artículos anteriores, según las previsiones del reglamento y los acuerdos que, dentro de su competencia, dicte el Procurador.

Artículo 8o. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público podrá requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de las correspondientes al Departamento del Distrito Federal, así como de otras autoridades y entidades, en la medida en que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Asimismo podrá requerir informes y documentos de los particulares, para los mismos fines, en los términos previstos por las leyes respectivas.

CAPÍTULO SEGUNDO

Bases de organización

Artículo 9o. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estará presidida por el Procurador, jefe de la institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares. La Procuraduría contará con los Subprocuradores, substitutos del Procurador en el orden que fije el reglamento, Oficial Mayor, Supervisor General, Controlador Interno y Los Directores Generales y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones, con la competencia que fije el reglamento de esta Ley, tomando en consideración las previsiones presupuestales.

Artículo 10. Los Subprocuradores auxiliarán al Procurador en las funciones que esta Ley le encomienda y, por delegación que haga el titular mediante acuerdo, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que el agente del Ministerio Público formule o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley establezca, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia.

Artículo 11. Son auxiliares directos del Ministerio Público del Distrito Federal:

I. La Policía Judicial; y

II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Asimismo, es auxiliar del Ministerio Público, la Policía Preventiva, debiendo obedecer y ejecutar las órdenes que reciba del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, de quien dependerá en forma directa en los términos de la fracción VI, Base 5a. del artículo 73 y de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ser Procurador General de Justicia se deben reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y deberá residir en el lugar en donde tengan su asiento los Poderes Federales.

Artículo 13. Los Subprocuradores y el Oficial Mayor, serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República.

Para ser Subprocurador se deben reunir los requisitos exigidos para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;

b) Ser mayor de veinticinco años, el día de la designación; y

c) No haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos.

Artículo 14. En la designación del personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los Servicios Periciales de la Procuraduría, se atenderá a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las normas complementarias contenidas en el reglamento de esta Ley o los acuerdos internos que se expidan con fundamento en la propia Ley y en dicho reglamento.

Para ser Agente del Ministerio Público se requiere:

I. Ser ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos, y

III. Ser licenciado en Derecho con título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Además de los requisitos anteriores, los Agentes del Ministerio Público auxiliares y supervisores, deberán tener cuando menos tres años de ejercicio profesional.

El Procurador podrá dispensar del requisito el título a los Agentes Investigadores de las Islas Marías, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Para ser Agente de la Policía Judicial, se deben reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II y haber concluido cuando menos la enseñanza secundaria.

Para ser Perito Oficial de la Procuraduría es preciso ser ciudadano mexicano, por nacimiento o naturalización, en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito mencionado en la fracción II y tener título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, relativo a la especialidad sobre la que dictaminará, y acreditar que tiene los conocimientos necesarios para dictaminar, mediante el certificado que expida el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si se trata de actividades o profesiones no reglamentadas en la ley o no impartidas por el Instituto citado, se comprobarán los conocimientos, por cualquier medio, pero deberán contar con una práctica mínima de tres años.

Artículo 15. Para ingresar o permanecer al servicio de la Procuraduría en cualesquiera categoría, de Agente del Ministerio Público o de la Policía Judicial, o de los Servicios Periciales, los interesados deberán presentar y aprobar los exámenes de ingreso y acreditar los cursos que imparte la Institución.

Artículo 16. El personal no citado en el artículo anterior, para ingresar o permanecer al servicio de la Institución, deberá presentar y aprobar los exámenes de selección y la encuesta de Trabajo Social que se practique. Todos los servidores de la Institución, tienen la obligación de acreditar los cursos que se impartan para su formación o mejoramiento profesional.

Artículo 17. El Procurador expedirá los acuerdos, circulares y los manuales de organización y procedimiento conducentes al buen despacho de las funciones de la Procuraduría y resolverá, por sí o por conducto del funcionario que determine sobre el ingreso, la promoción la adscripción, las renuncias, las sanciones y los estímulos de sus subalternos, sin perjuicio de las disposiciones que regulen las relaciones laborales entre el Ejecutivo Federal y quienes presten a éste su servicios.

Artículo 18. El Procurador o, por delegación de éste, los Subprocuradores o el Oficial Mayor, podrán adscribir discrecionalmente al personal de la Institución en el desempeño de las funciones que a ésta corresponden, y encomendar a sus subalternos según su calidad como Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como Peritos de la Institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estime pertinentes.

Artículo 19. El personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de aquél, sin quedar comisionados o adscritos a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, previo acuerdo del Procurador o, por delegación de éste, de los Subprocuradores o del Oficial Mayor, que se emitirá discrecionalmente, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad requiriente.

Artículo 20. El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución, sin perjuicio de la autonomía técnica que corresponda a los peritos en el estudio de los asuntos que se sometan a su conocimiento en la emisión de los dictámenes respectivos.

Artículo 21. La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del artículo 21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden común. Para este efecto, podrá recibir denuncias y querellas sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda. Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial desarrollará las diligencias que deben practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen, y ejecutará las ordenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial.

Artículo 22. Los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público sin perjuicio de la autonomía técnica que les corresponda en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 23. Los auxiliares del Ministerio Público deberán dar aviso inmediato a éste en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter.

CAPÍTULO TERCERO

Disposiciones generales

Artículo 24. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus atribuciones específicas, y actuará con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración y administración de justicia.

Artículo 25. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, otorgará la protesta constitucional ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Subprocuradores, el Oficial Mayor, Coordinadores, Directores Generales y el personal dependiente en forma inmediata y directa del Procurador, rendirán la protesta constitucional ante éste.

El personal restante otorgará la protesta constitucional ante el servidor público que designe el Procurador.

Ninguna persona podrá ejercer funciones en la Institución antes de rendir la protesta que ordena el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 26. Los Agentes del Ministerio Público, no son responsables, pero deben excusarse del conocimiento de los asuntos en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la Ley señala en el caso de los Magistrados y Jueces del orden común.

Artículo 27. Los Agentes del Ministerio Público y sus secretarios no podrán desempeñar otro puesto oficial, salvo los que autorice el Procurador, que no sean incompatibles con sus funciones en la Institución, y los de carácter docente. No podrán ejercer la abogacía, sino en causa propia de su cónyuge o concubina, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos, adoptante o adoptado. Tampoco podrán ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, tutor, curador, albacea judicial a no ser que tengan el carácter de heredero o legatario. El mismo impedimento habrá para ser síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Artículo 28. El Ministerio Público o la Policía Judicial sólo expedirán constancias de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento, o cuando resulte indispensable la expedición de dichas constancias para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley.

TRANSITORIOS

Primero. Esta Ley entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal adoptará las medidas conducentes a la elaboración y publicación del Reglamento.

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de 1o. de diciembre de 1977, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 del mismo mes y año. Se mantienen en vigor las disposiciones expedidas con base en la Ley que se abroga y que no se opongan a la presente.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de noviembre de 1983.

Presidente, Mariano Piña Olaya; secretario, Leopoldino Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco Javier Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García, Eleazar García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Angel Martínez Cruz, Crescencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Avila, Salvador Rocha Díaz, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Angel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, María Antonia Vázquez Segura, César Humberto Vieyra Salgado.

Comisión del Distrito Federal.

Presidente, Luz Lajous; secretario, José Carreño Carlón, José Aguilar Alcerreca, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Daniel Balanzario Díaz, Pedro Luis Bartilotti Perea, Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Blanco Sánchez, María Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Jorge Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Ermida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Antonio Ortega Martínez, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rosell, Jesús Salazar Toledano, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Núñez."

El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.

El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.

El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.

Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Miguel Angel Martínez y el diputado Alvarez de la Fuente. En pro, los diputados Manuel Osante López y Heriberto Batres García.

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Martínez.

El C. Miguel Angel Martínez: -Señor Presidente, compañeros diputados: Existen dos razones primordiales para que la diputación de Acción Nacional vote en contra en lo general de este proyecto. El primero, o la primera podríamos decir, porque rompe con el sistema jurídico, ya que pone en unas solas manos la posibilidad de que el Procurador sea a la vez representante de la sociedad y abogado del Ejecutivo. Si bien es cierto ese vicio se ha venido repitiendo constantemente, también lo es que no porque se haya repetido deja de ser válida la objeción que estamos poniendo. La historia nos ha enseñado que en múltiples ocasiones los intereses de la sociedad y el Ejecutivo no sólo han sido contrarios, sino antagónicos y cuando el Procurador se enfrenta ante ese conflicto de intereses, siempre lo ha resuelto en favor del Ejecutivo que es el que le paga. Cuando un particular tiene en sus manos la defensa de intereses contradictorios debe desecharla, debe de inhibirse de actuar porque de otra forma caería en el delito de prevaricato y estamos con este proyecto que, de llegar a ser ley, estamos, digo, legalizando el prevaricato oficial por parte de la Procuraduría.

No es posible, ciudadanos diputados, que sigamos sosteniendo este tipo de situaciones obsequiosas en primer lugar para el Ejecutivo, que es el quien lo manda; y en segundo lugar, para la Cámara de Senadores, que es el o la colegisladora que ya ha aprobado este proyecto y en tal virtud, casi por tradición se convierte en que la Colegisladora, la de la Cámara de Diputados en este caso, no le va a hacer un solo cambio.

El segundo argumento que consideramos de peso es la propia dignidad del Congreso; tal parece que en México el Congreso poco a poco se ha despojado de sus facultades y las va entregando gratuitamente al Ejecutivo. Parece que nos estamos retrotrayendo a los años de 1928, al 31, en que el Congreso de motu proprio entrega al Ejecutivo la posibilidad de legislar en materia civil y penal sin que ni siquiera pudiera este Congreso cambiar un solo artículo, qué digo un artículo, una simple coma, porque ya por decreto le había entregado al señor Presidente la posibilidad de legislar. Este tipo de actitudes ha venido devaluando la figura del diputado. Cada vez el diputado vale menos porque simplemente se ha convertido en un aprobador de los deseos del Presidente de la República. Esa actitud obsequiosa nos conduce en este momento a entregar en manos del Ejecutivo la posibilidad de que haga todo lo quiera en la Ley Reglamentaria.

Y para mí, señores diputados, esto implica una abdicación de un derecho que tenemos. Si bien es cierto los reglamentos tendrán que venir del Ejecutivo, recordemos también que entre más facultades le demos para que reglamente discrecionalmente, menos posibilidades tenemos nosotros de representar a un pueblo, y somos representantes del pueblo de México.

Este par de razones, señores diputados, nos obligarán a los de la diputación de Acción Nacional a votar en contra. Gracias.

El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el C. diputado Manuel Osante López.

El C. Manuel Osante López: -Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

La historia de México no es fácil de abordar con criterios simplistas; ni aun lo más esclarecidos historiadores pueden presumir de conocer el fondo de ciertas determinaciones en el orden político.

Si como acaba de afirmarse aquí, la conflictiva de la sociedad y el Ejecutivo ha llevado a la asunción de facultades indebidas al titular de este último Poder, no creo que esto pudiéramos asignarlo al abuso o a la pretensión hegemónica de mando.

Somos, sí, en verdad, una nación con un régimen presidencial, y esto es una realidad sociológica que creo honestamente implica el más serio, el más científico de los análisis antes que el exceso verbal o superficial.

No hay pues, situaciones obsequiosas en que se entregue a un individuo el manejo cada vez más exhaustivo de los problemas y de las realidades nacionales. Hay una corriente de orden político, hay una ley de orden social y político que se impone por encima de los subjetivismos impropios de la tarea política.

La figura del Presidente, la figura del Ejecutivo mexicano ha sido objeto de análisis tanto nacionales como internacionales, que le dan una configuración seria en este terreno de investigaciones y de estudios.

No creo, por tanto, como se ha afirmado anteriormente, que esto pueda ser solamente un acontecimiento de carácter caprichoso que atente en contra de la dignidad del Congreso, ni mucho menos que sea la fecha de 1928-31 la que marque la proclividad a esa indignidad, pues ciertamente en aquellas Legislaturas, se batalló y se batalló muy seriamente en favor de los ideales populares.

El día de ayer, compañeros diputados, nos abocamos a la discusión de la minuta enviada por el Senado con respecto a la Iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual, no obstante las disensiones expuestas por distinguidos colegas de la oposición, como Alvarez de la Fuente o como Zorrilla Martínez , dejó el camino abierto para futuros análisis. Tal vez para observaciones menos fugaces y por ende para la obtención de frutos superiores en beneficio de la comunidad al margen de las posiciones estrictamente partidistas.

Hoy estamos frente a un instrumento análogo, sujeto a discusión, con vistas a organizar en lo medular los trabajos de la Procuraduría General del Distrito Federal.

Es posible que asistamos a un debate reiterativo en buena parte de cuanto se expuso en la sesión pasada, no está el evento sobrante o excesivo. Cuanto se exprese con limpia intención social y concurre a esclarecer horizontes y compromete a la mayoría a participar con más elevada disposición al diálogo, que con la sola contundencia de una votación ganada de antemano.

No se trata, como ayer se dijo, de prescindir por sistema de toda controversia con la Colegisladora. Se requiere, más que nada, de sobreponer equívocos afanes de notoriedad para intentar legislar con la mayor lucidez, equilibrio y buen sentido.

Abstracción hecha de lo que ayer se expuso con amplitud en cuanto a inoperantes rigideces y búsquedas de cauces de óptima normatividad, me constriño a resaltar fundamentalmente algunas de las reformas propuestas por la Primera Comisión de Justicia y Primera Sección de Estudios Legislativos de la Colegisladora, haciendo mérito -creo que es sincero reconocerlo - del empeño acucioso de los señores senadores para el mejoramiento de la iniciativa.

En primer término , la modificación a la redacción del artículo 3o., fracción IV, de la iniciativa en donde se trata de la etapa procedimental de la averiguación previa, en la que se estimó que únicamente se exigiese la comprobación del cuerpo del delito, o sea, la parte externa, la fase externa de la conducta o del hecho, sin alusión a la participación o a la responsabilidad que compete acreditar al órgano jurisdiccional y sin mencionar la plenitud probatoria que tampoco es propia de la fase de la averiguación previa.

Seguidamente, la decisión de facultar al Ministerio Público para solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo, adicionando a este efecto una fracción V al inciso a) del propio artículo 3o.

Por lo que hace al artículo 3o. B, fracción III, de la iniciativa, se estimó que no se contemplaban diversos supuestos, como podrían ser la exclusión de la pretención punitiva o la comprobación de un caso fortuito. Se propuso, en consecuencia, ampliar la citada fracción para el efecto de que el Ministerio Público determine la no procedencia del ejercicio de la acción penal cuando no se cumplan los presupuestos del artículo 16 constitucional y en los demás supuestos previstos en las leyes de la materia.

Aquí, señores diputados, estimamos que se confirma un punto doctrinario y legal mexicano que delinea con firme trazo la trayectoria del Ministerio Público. O sea, no se persigue por perseguir; no se trata de la guillotina implacable, mecánica. Al ejercicio de la acción, anterior a la investigación y ésta se completa con una tarea de defensa social y equidad absoluta frente al presunto responsable.

No es el funcionario fiscal, dice el tratadista Carranzá y Rivas, alguien que desenvaina feroz su espada, sino que es la encarnación de la fiscalía propia y equitativa. Debe serlo que investigue la verdad para exigir la aplicación de la ley.

No podemos olvidar que el Ministerio Público, pese a sus deficiencias, cumple una misión de enorme vastedad y que está recogida en la iniciativa que nos ocupa de tutela de los intereses de los hijos menores; vela por sobre el desamparo de los humildes; participa en los juicios de divorcio donde peligran los derechos de los hijos e interviene en defensa de las garantías individuales y de los derechos del hombre; es, en efecto, un puente entre el poder público y el pueblo.

Esto, entre nosotros, no ha sido mera entelequia. Un día de abril de 1971 los medios de difusión informaron que el Procurador del Distrito hizo del conocimiento público que la Procuraduría a su cargo, como Institución que es de buena fe, hará valer ante las autoridades judiciales cada vez que sea pertinente y conforme a las pruebas solicitadas que en cada caso se recaben, las excluyentes de incriminación que pudiesen favorecer a algún inculpado.

Y en un día de noviembre de 1979, el Procurador del Distrito Federal, después de su acuerdo con el Presidente de la República, resuelve que los inculpados en delitos causados por la legítima defensa de la vida o del honor, inclusive el homicidio, serán liberados inmediatamente y el Agente del Ministerio Público no ejercerá ninguna acción penal en su contra.

Una procuración de justicia con profundo sentido humano, supone respetar plenamente las garantías individuales que corresponden a todo individuo, con lo que el Ministerio Público cumple la alta función que le asigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Afrontamos, señores diputados, como lo afirma la minuta del Senado, las inquietudes de una población de por sí agobiada por múltiples problemas que justificadamente reclama plena seguridad personal y pública.

No declinemos, por tanto, nuestro derecho a la esperanza de que esta iniciativa se transforme en acción patriótica, con el despliegue integral de sus propuestas mejoradoras de los recursos humanos, empezando por quienes asumen las máximas responsabilidades.

Que no se quiebre la sana intención de una ley que comprendía, en opinión de la Comisión de Justicia, sencillez operativa, dinamismo creador y elevados objetivos; que todos los partidos nos constituyamos en celosos vigilantes de su cumplimiento.

Señor Presidente, honorable Asamblea: Al solicitar su voto aprobatorio en nombre de la Comisión de Justicia, no lo haga a manera de rutinaria invocación, sino como profunda exhortación porque nuestra patria pueda, algún día, abrazar la estrella lejana en donde Stambler ubicó la morada de la justicia. Muchas gracias. (Aplausos).

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano Francisco Javier Alvarez de la Fuente.

El C. Francisco Alvarez de la Fuente: -Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados. Al inscribirnos en contra de esta iniciativa, que fue turnada por el señor Presidente, a la Cámara de Senadores, y trasladada la Minuta a esta honorable Cámara de Diputados, quiero hacer lo siguiente: A manera de ser reiterativo toda vez que ayer discutimos lo de la Procuraduría General de la República, hoy me inscribí en lo general, para hacer algunas consideraciones: Hay algunas incongruencias en las dos iniciativas, por una parte, cuando se trata en el artículo 14 de la escolaridad que deben de tener los agentes de las policías judiciales. En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la República piden como mínimo de estudios para estos que van a ser policías judiciales federales, preparatoria; y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reducen esta escolaridad a secundaria. Quisiera preguntarme yo: ¿qué en los dos casos no son policías judiciales? ¿por qué a unos les piden secundaria y a otros preparatoria? Y ahora bien, en el artículo 21 sigue, también, el darles a estos señores la facultad para que puedan recibir denuncias y querellas. Regresando al artículo anterior, ¿por qué a unos les piden secundaria y a otros les piden preparatoria, y a los dos les dan la misma facultad de recibir querellas? ¿Qué las querellas que se presentan a nivel federal necesitan mayores elementos?, y las que se presentan a nivel del Distrito Federal, que a fin de cuentas también son federales, ¿necesitan más elementos todavía o menos elementos?

Digo, aquí hay una incongruencia ¿verdad? Toda vez que con esto se les está dando armas a la policía judicial, se le están dando más armas aún de las que ya tiene; van a decidir ellos en determinado momento a qué persona van a detener o van a iniciar una averiguación. Sabemos que las policías judiciales son el azote del pueblo, señores. Y si no, hay tantos ejemplos, el pueblo está pidiendo que haya renovación, y Miguel de la Madrid también quiere que haya renovación, pero al parecer, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, no quieren que haya esa renovación. Se les están dando más y más armas cada vez que pueden golpear más al pueblo.

Por otro lado, en el artículo 28 de esta iniciativa dice: "El Ministerio Público o la Policía Judicial, sólo expedirán constancia de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento".

Aquí lo veo muy peligroso yo, para el pueblo, sobre todo en procesos electorales. ¿Por qué? Porque el PRI - Gobierno, cuando no encuentra personas honorables, recurre a expresidiarios, recurren a aquellos que tienen antecedentes penales, y los demás partidos, los independientes no pueden, en determinado momento, de acuerdo a este artículo, solicitar constancias para acreditar la impugnación de tal o cual candidato, de tal o cual funcionario de casilla o de comisión. Están poniéndole una mordaza más, y lo están haciendo con conocimiento de causa de que con esto se van a ver librados los del PRI - Gobierno. Lo están haciendo con esa inclinación, para favorecer a estos señores, para que en ningún momento un partido de oposición independiente pueda decirles: "Este señor no puede ser candidato a diputado, a senador, a gobernador, a lo que sea, porque no va a contar con esa constancia de antecedentes penales". ¡Ah, pero ellos sí! Por cualquier motivo van a tener a su disposición, aunque ya lo tienen, pero con mayor facilidad, para impugnar a cualquiera de los candidatos de otros partidos. Entonces, vemos que efectivamente hay contradicciones.

En el mismo artículo 21 hay contradicción, vuelvo a decir lo mismo que ayer, hay contradicción con el Código de Procedimientos Penales. En la Comisión de Justicia se le suprime a la Policía Judicial la facultad de recibir querellas y aquí en estos ordenamientos, en estas leyes orgánica, tanto de la Procuraduría General de Justicia de la República como la Procuraduría General de Justicia del D. F. se le sigue dando esas atribuciones y todo, ¿por qué?, porque a los señores de Justicia, porque a los señores del Poder Legislativo concretamente a los de la fracción mayoritaria tienen vedado tocar las minutas del Senado y esto, pues, es muy peligroso porque estamos perdiendo la facultad de ser Cámara Revisora. Sabemos que la Cámara que recibe una Iniciativa de la Ley es la Cámara de origen y tiene que pasar esa iniciativa a la otra Cámara que es la revisora y en este caso esta minuta que nos envía la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados se convierte en cámara revisora, pero está haciendo a un lado esa prerrogativa, esa obligación, ya no prerrogativa, esa obligación que tiene constitucional de ser cámara revisora, y, ¿qué es lo que se hace? Llega la minuta, se lee a la Comisión y hasta ahí, no hay discusión porque viene de la Colegisladora y esos señores, son intocables, pero al revés, cuando va de aquí una minuta a la Cámara de Senadores, ahí sí la pueden modificar; ya pasó el periodo pasado con la famosa ley mordaza, ahí la regresaron porque hubo presión de los medios de la prensa. ¿Acaso quieren que el pueblo venga a presionar para que efectivamente nos convirtamos en sus representantes? ¿Acaso quieren que el pueblo venga a presionar para que actuemos de acuerdo con la Constitución? Tenemos que retomar una dignidad que tenemos y que desgraciadamente hemos perdido; tenemos que retomarla, debemos recuperarla por el bien de esta Cámara y por el bien del pueblo; somos Cámara Revisora, no simples aprobadores de leyes.

Por otra parte, aun cuando no es materia del debate, pero estamos en el tema, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano está preparando una iniciativa de ley para que el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo; para que actúe sin ninguna presión del Poder Ejecutivo, del Presidente o del gobernador. Queremos que haya

efectivamente una representación social. Ya lo decían por aquí, que no se puede ser juez y parte ¿Cómo puede ser representante del pueblo y a la vez representante del Gobierno?

Nosotros consideramos que este órgano que es la Procuraduría o que es el Ministerio Público, debe ser autónomo, a fin de que tenga representantes, el Poder Ejecutivo puede tener muchos abogados si quiere, pero el pueblo tiene uno que es el representante social y es el Ministerio Público. Y nosotros vamos a presentar esa iniciativa a fin de que sea autónomo el Ministerio Público.

Por todas las consideraciones anteriores el Partido Demócrata Mexicano por medio de su fracción, va a votar en contra. Gracias.

El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Heriberto Batres García.

El C. Heriberto Batres García: -Señor Presidente, con su permiso; honorable Asamblea; compañeros diputados:

Cuando el diputado Alvarez de la Fuente, nuestro compañero y amigo menciona hechos relativos al trabajo parlamentario y señala que hay renuencia de esta Cámara para modificar las minutas que nos envía el Senado. Yo creo que está ejerciendo un juicio equivocado.

Nosotros estamos, efectivamente, como Cámara Revisora, para, como el nombre en nuestro trabajo lo indica, analizar las iniciativas y las minutas de decreto del Senado, y poder hacer las correcciones que sean procedentes realmente.

No estamos para iniciar un juego de ping - pong en donde nosotros simplemente por acciones caprichosas, le regresemos a la Colegisladora las minutas de decreto. Cuando haya razón fundada para hacerlo, estamos en la obligación de hacerlo, pero cuando no se justifique, no tenemos por qué iniciar esa guerra que al final de cuentas causa demérito al trabajo parlamentario.

Aquí escuchamos algunas impugnaciones, tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Demócrata Mexicano sobre esta iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría del Distrito Federal, y se habla de que tiene incongruencias en relación con la ley que el día de ayer aprobó esta soberanía. Yo no llamaría incongruencias; hay matices diferenciales efectivamente que distinguen a los dos ordenamientos que regulan cuerpos diferentes y realizan actividades comunes, pero actividades con matices también diferentes.

Efectivamente, en la ley que ayer aprobamos de la Procuraduría General de la República, se mencionan como uno de los requisitos de escolaridad para ingresar a la Policía Judicial Federal el haber concluido la instrucción preparatoria, y en la ley que estamos analizando se exige un grado mínimo de secundaria.

Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en que entre más elevados niveles de escolaridad tuvieran, particularmente los hombres que ingresan a estos cuerpos de seguridad, mayor satisfacción tendría la sociedad porque indudablemente que contaría con gente más capacitada y llegaríamos al propósito de profesionalizar estos cuerpos.

Sin embargo, tenemos que ser realistas. No es posible en nuestro medio un reclutamiento con altos grados de escolaridad de tanta gente como quieren estos cuerpos policiacos, no es posible un reclutamiento masivo con este nivel de escolaridad en nuestro país, en donde todos conocemos que los niveles de escolaridad al grado de preparatoria son raquíticos.

Para eso existen otros cuerpos de capacitación y de formación policiaca como ayer lo mencionábamos: las escuelas de capacitación de la policía. Exigimos, efectivamente, un nivel de escolaridad mínimo que existe en esta iniciativa: secundaria. Pero eso no quiere decir que el nivel de capacidad necesario para poder formar parte de estos cuerpos. La propia iniciativa menciona otros requisitos básicos como son: pasar los exámenes de admisión, terminar los cursos en la Escuela de Capacitación de la Policía, no tener antecedentes penales, haber observado buena conducta, etcétera.

No hay, pues, esa incongruencia que se ve, son dos ordenamientos diferentes que están operando sobre una realidad que les es propia. La Procuraduría General de la República lógicamente requiere de un menor número de elementos y entonces se considera que el nivel de escolaridad, los prospectos a ingresar a estos cuerpos es posible reclutarlos en nuestra sociedad con este citado nivel.

Decía el compañero Alvarez de la Fuente también que la iniciativa al regular la expedición de las constancias de antecedentes incurre en acciones, si lo interpreto bien, de carácter discriminatorio, porque no es posible que con estos requisitos se puedan conseguir algunas constancias que son necesarias, por ejemplo, en los procesos electorales, en materia de candidatos. Yo agregaría también en cuanto a recursos de idoneidad de funcionarios electorales y de otros cuerpos, yo creo que no es así. Si leemos nosotros el artículo 28, dice: "El Ministerio Público y la Policía Judicial solo expedirán constancia de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento o cuando resulte indispensable la expedición de dichas constancias para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstas en la ley".

Estamos ante dos supuestos. Uno de ellos, que sea un particular quien solicite la constancia para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones previstas en la ley. En este caso el artículo 28 marca que le serán expedidas las constancias, verbigracia: constancias de antecedentes penales para conseguir un empleo, constancia de antecedentes penales para el cumplimiento de alguna obligación de carácter cívico. Pero sí en otros casos sí sujeta a pedimento de autoridad competente la expedición de estas constancias, y ayer lo decíamos, que a nuestro juicio se trata de poner un freno a la expedición indiscriminada de estas constancias; que así

como sirven a un ciudadano para conseguir un empleo, por ejemplo, también si son mal utilizadas pueden poner en riesgo el buen nombre y el prestigio de una persona que de esta manera con una constancia en manos de cualquier particular podría ser perjudicado o exhibido públicamente quizás con antecedentes que a él no le son muy gratos. Entonces exige el mandamiento de autoridad.

¿Y quién es la autoridad en materia electoral? Pues, todos lo sabemos: los organismos electorales. Si un partido político a través de un organismo electoral solicita la expedición de estas constancias, indudablemente que se le tienen que ser concedidas. Y en este sentido, pues, nosotros creemos que tampoco es una traba para la consecución de estas constancias; sino es más bien un resguardo, un poner a buen resguardo, a buen recaudo, el prestigio y el honor y el buen nombre de los ciudadanos.

El compañero Alvarez de la Fuente objetaba también, y ayer esto fue materia de un largo debate, el artículo 21 de la minuta de proyecto de decreto, o sea, la facultad de la Policía Judicial para recibir en ciertos términos y circunstancias las denuncias o querellas de la ciudadanía.

Pero si nosotros leemos el artículo 21, en la forma en que está redactado, encontraremos que esta facultad concedida a la Policía está rodeada de una serie de seguridades, rodeada de una serie de requisitos que deben de cumplirse para que pueda actualizarse el ejercicio de esta facultad.

El artículo 21 dice en su primera parte, para dejar claramente determinada cuál es la posición de la Policía Judicial: "La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio en los términos del artículo 21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden común".

Aquí en esta primera parte del artículo esta claramente precisada cuál es la posición de la Policía Judicial. Un órgano auxiliar del Ministerio Público.

Continúa el artículo diciendo: "...para este efecto, o sea, para auxiliar al Ministerio Público en la investigación, podrá recibir denuncias y querellas cuando, sólo cuando por la urgencia del caso, no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público". Y aquí presenta el caso de excepción: "Solamente, cuando por la urgencia del caso no sea posible presentarlas ante el Ministerio Público". No le da la facultad abierta; no le da la facultad amplia; no le da la facultad de poderlo hacer en cualquier momento, sólo cuando no sea posible la presentación de aquéllas ante el Ministerio Público. Pero cuando haga esto, dice el artículo, deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda.

Hay, pues, mecanismo de control. En este caso, al recibirse la denuncia de la querella, deberá darse cuenta de inmediato al Ministerio Público para que éste sea el que determine qué es lo que debe hacerse. Y el artículo continúa diciendo: "...y conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial desarrollará las diligencias que deben practicarse durante la averiguación previa y expresivamente para los fines de ésta cumplirá las situaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial.

Decíamos que nosotros juzgábamos, de aceptarse esta propuesta, porque considerábamos que en los términos en que el artículo está redactado, la facultad de la policía judicial no es arbitraria, ni la podrá ejercer en todos los casos, ni la podrá llevar a cabo sin control, ni será un órgano paralelo del Ministerio Público, sino subordinado a éste, y dependiente de las instrucciones que le dicte, y que era el propósito, a nuestra manera de ver, que con esta novedosa figura pudiera la sociedad aspirar a tener una mejor seguridad y una mayor seguridad jurídica.

Creemos que la sociedad necesita y demanda y exige y esto ha sido un pedimento reiterado, sobre todo de la ciudadanía del Distrito Federal, una mayor seguridad ciudadana y una más ágil administración de la justicia.

Creemos que este precepto puede contribuir a ello y estamos deseosos de que así suceda. Pero no creemos de ninguna manera que esta facultad pudiera ser inconstitucional y ya lo dijimos el día de ayer a propósito de la Procuraduría General de la República, que nosotros le encontrábamos su fundamento constitucional en el artículo 21 de la norma fundamental.

Yo quisiera nada más abundar, aun cuando mi compañero antes lo hizo de una manera precisa, también en algunas observaciones que escuché de nuestro compañero de Acción Nacional. Decía él que la Iniciativa, a su juicio, rompe con el sistema jurídico porque permite que el Ministerio Público sea representante social y al mismo tiempo abogado del Presidente de la República. Yo no creo que rompa con el sistema jurídico. La facultad de ser consultor jurídico del gobierno la tiene asignada el Procurador General de la República en el artículo 102 de la Constitución y la representación social como el titular de la acción penal, además del fundamento constitucional, la tiene expresamente en el artículo 3o., 2o. del Código de Procesamiento Penales, cuando dice: "Al Ministerio Público corresponde al ejercicio exclusivo de la acción penal, etc. a etc." En un caso el Ministerio Público actúa en representación de los intereses sociales, pero esto no le impide, y por la Constitución lo autoriza, que actúe siendo el consejero jurídico del gobierno. No se contraponen, no chocan estas actividades; el Ministerio Público, como representante de la sociedad, ha ejercido su función plenamente y el procurador, como consultor jurídico del gobierno con base en este precepto, también lo ha hecho con toda dignidad, y no pensamos que una y otra facultad se contraponga para llegar al grado de romper con el sistema jurídico como lo pretendía hacer valer nuestro compañero diputado de Acción Nacional.

Y por último, se hablaba también de que estábamos entregando al Ejecutivo la facultad de legislar, porque en la propia iniciativa se habla de que algunos aspectos de la ley quedarán a las previsiones del reglamento. Y volvemos a repetir un argumento que ayer decíamos, el reglamento por su propia esencia es la norma expedida por el Ejecutivo precisamente para reglamentar en su materia a una ley que expida el Congreso. Y no se está cediendo la facultad, se están fijando pautas, Si leemos con cuidado los artículos 9o. y 14 de la iniciativa, ahí encontraremos exactamente cuál es la materia que va a ser motivo de reglamento. "La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal - dice el artículo 9o. - estará presidida por el procurador, jefe de la institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares. La Procuraduría contará con los subprocuradores, sustitutos del procurador en el orden que fije el Reglamento, Oficial Mayor, Supervisor General, Contralor Interno y los directores generales y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones con la competencia que fije el reglamento de esta ley, tomando en consideración las previsiones presupuestales," Le deja, pues al reglamento, la organización de las unidades administrativas y la distribución de las funciones de la Procuraduría entre los diversos órganos, todos los detalles de orden administrativo y técnico de organización de la institución, pero los aspectos básicos y fundamentales de la organización de la Procuraduría, del órgano constitucional del Ministerio Público, están en esta Ley Orgánica que hoy estamos conociendo.

Por todas estas consideraciones, compañeros, yo me permito proponer a ustedes que dado que esta iniciativa no sólo está acorde con lo dispuesto por nuestra Constitución, sino también tiene herramientas valiosas para que la sociedad pueda tener una mayor seguridad y una mejor procuración de justicia, creo que si la aprobamos será un valioso aliado para la consecución de estos propósitos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El C. Iván García Solís: - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Iván García Solís, para hechos.

El C. Iván García Solís: - Señor Presidente; Honorable Asamblea. De manera breve queremos explicar las razones por las que el PSUM votará en contra, en lo general, de esta iniciativa.

Consideramos que los cambios propuestos se inscriben en una secuela de reformas que no afrontan la contradicción principal, ya señalada aquí por varios oradores que hicieron la crítica de estos cambios, entre pretender ser la Procuraduría a la vez una representación de la sociedad y del Estado. Esto que lo conocemos por la práctica diaria de esta Institución, ahora queda confirmado y fortalecido a través de estos cambios puesto que de manera similar a los cambios que se hicieron a la Ley Orgánica del Distrito Federal, se remite también a un Reglamento la forma que debe adoptar la estructura administrativa, no de manera total pero sí de manera importante. Esto contrasta, véase con el espíritu e incluso la letra de la Fracción V de la Base 6a. del artículo 73 constitucional, en donde por cierto está resumido el mecanismo para sustentar al Procurador. Dice así:

"El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General que residirá en la ciudad de México y del número de agentes que determine la ley, que determine la ley, subrayo, dependiendo dicho funcionario directamente del Presidente de la República , quien lo nombrará y removerá libremente".

De manera condensada ahí están los defectos y el acierto, voy a decir cuál, en el sentido los primeros, de entregar esta función al Presidente de la República, es la misma crítica que hemos hecho respecto de la ausencia de gobierno propio en el Distrito Federal, y por otra parte existe bueno, el Presidente que lo nombrará y removerá libremente, que es una cesión no solamente al Ejecutivo sino en este caso también la confirmación de la ausencia de poder y gobierno propio en el Distrito Federal; pero por otra parte dice aquí que ahí se establecerá, según la ley, el número de agentes, que a través de la ley se establecerá el número de agentes que existan.

Entonces vemos nosotros que en efecto lo que se requiere es una reforma de fondo que permita resolver esa contradicción esencial que ya ha sido hecha notar aquí y que incluye cambios constitucionales, pero que indudablemente lo importante sería marchar hacia esos cambios de fondo y no aprobar aquí cambios que van en un contrasentido de esa tendencia de democratización. Es muy importante también manifestarse en contra, a nuestro juicio, porque el desempeño práctico, real de esa Procuraduría que como su nombre lo indica, sería procurar la impartición de la justicia, indica a todas luces, que tal como está constituida no funciona como tal, solamente procura resolver los problemas que directamente el Poder Ejecutivo o los funcionarios del más alto nivel le plantean. Pero no se hace eco en realidad, de las muchas y frecuentes quejas de la ciudadanía, por los atropellos también constantes y frecuentes, que se cometen en su contra. por ello y finalizando, simplemente diremos que nos oponemos a estos cambios legales, porque no permiten que las funciones que se remiten al Reglamento, sean discutidas aquí. Si siquiera siendo materia de esta ley, la definición de las direcciones que deben establecerse para la aplicación y el ejercicio de las funciones que tiene la Procuraduría, entonces esto daría al Congreso la posibilidad de discutir la reorganización

de esta institución, en cambio, su remisión al Reglamento hace cada vez más alejada esa función de los intereses de la ciudadanía y sobre todo, de la intervención del Congreso. Esta es una facultad del Congreso, una zona de sus facultades que también está abandonando en la medida que se remite a una norma reglamentaria algo que debe ser discutido aquí. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente en una segunda intervención.

El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser breve.

Decía el compañero Batres que sí se hace estudio, que sí se hace revisión a las minutas que llegan del senado, pero en todo este período y en el anterior del que he sido miembro, no existe ninguna minuta del Senado que se haya revisado minuciosamente ni que se haya hecho alguna modificación pertinente en beneficio de la legislación.

Por otro lado, nos decía él en cuanto a la escolaridad de la Judicial que hay otros medios también para constreñir a estos señores, y que dice que deben de no tener antecedentes penales. Efectivamente ahí está escrito, pero en la práctica no les dan ese puesto si no los tienen.

Ahora bien, me decía él que no se puede reclutar a estos elementos de la Policía Judicial con un nivel académico óptimo, y que por eso se pide un mínimo de secundaria para la Policía del Distrito Federal. Yo quisiera hacerles notar lo siguiente: Si no se puede tener una escolaridad óptima, ¿por qué se les dan atribuciones y facultades de las cuales no pueden cumplir óptimamente?

En relación con las constancias, compañero Batres, efectivamente dice ahí que se tienen que dar a petición de autoridad competente, y usted menciona que esa autoridad competente son los judiciales, y las ejecutivas, y electorales menciona usted, pero estas personas se convierten en juez y parte en el proceso. ¿Por qué? Porque esas mismas autoridades, electorales son miembros del partido aplanadora. Entonces, ¿Cómo van ellos a solicitar una constancia de antecedentes penales de uno de sus candidatos?, y eso es convertirse en juez y parte.

En relación a lo que usted mencionaba de que el día de ayer estuvimos discutiendo, dijo usted ampliamente, - aquí se reconoció que faltaban algunas cuestiones.

En relación a que se le deja a la Policía Judicial la facultad de recibir denuncias y querellas, y usted nos dice que éstas van a ser única y exclusivamente en casos específicos cuando no existe determinado lugar o en ese momento el Ministerio Público ante quien presentar las querellas. Yo infiero ahí, porque las querellas son distintas a las denuncias, las denuncias las puede hacer en cualquier momento y si es por urgente necesidad estamos de acuerdo en que las puede recibir la Policía Judicial. Pero en el caso de las querellas que deben de reunir elementos específicos y esenciales, ¿Cómo las puede recibir un agente de la Policía Judicial?

Ahora, en el caso que nos ocupa, en la Ley Orgánica de la Procuraduría del Distrito Federal, no puede haber la urgencia ni puede ser imposible la presentación de las mismas ante el Ministerio Público, toda vez que en el Distrito Federal, que sabemos que es la ciudad de México, existen agentes del Ministerio Público las 24 horas. Entonces, ¿Dónde está la imposibilidad de presentar ante el Ministerio Público esas denuncias o esas querellas? ¿Qué acaso no es más fácil encontrar a la vuelta de la esquina un policía judicial o ir a una delegación donde está un agente del Ministerio Público y ahí presentarlas?

Yo considero que aquí no cabe lo de urgencia, ni lo de la imposibilidad de presentarla ante el Ministerio Público, toda vez que el área donde van a ejercitar sus funciones los agentes del Ministerio Público, que estamos tratando del Distrito Federal, se constriñen más que nada a la ciudad de México, compañero Batres, entonces no puede haber la imposibilidad de presentarla ante el Ministerio Público.

Por todo lo anterior solicito a todos los señores diputados de las diferentes fracciones, que si efectivamente queremos legislar, que si efectivamente queremos mejorar nuestra legislación, mejorar nuestras instituciones jurídicas, lo veamos sin ningún espíritu partidista y actuemos en beneficio de México. Y voten en contra de esta iniciativa. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Heriberto Batres en una segunda intervención.

El C. Heriberto Batres García: - Señor Presidente; honorable Asamblea: hago uso de la tribuna por segunda ocasión, precisamente motivado por las intervenciones, la segunda intervención del diputado Alvarez de la Fuente y también desde luego motivado por la intervención del PSUM.

Yo creo que si el compañero Alvarez de la Fuente es equitativo en el juicio, tendrá que reconocer que el trabajo en la Comisión de Justicia, de la que ambos formamos parte y que preside nuestro distinguido compañero el diputado Mariano Piña Olaya, ha sido una Comisión de trabajo exhaustivo. Ha tenido en todas sus reuniones una gran asistencia y nosotros hemos podido realizar nuestro trabajo deliberado ampliamente y sin cortapisas.

No es, pues, cierto su juicio de que no hay un análisis minucioso de las minutas del Senado. Pero no las vamos a regresar por el capricho de Alvarez de la Fuente. Me estaban informando que la comisión de Hacienda sí regresó al Senado la semana pasada una minuta. Y esto prueba que el trabajo en Comisiones es asiduo y minucioso. Y la Comisión debe haber encontrado razones de peso para el regreso de

esa minuta; pero cuando se justifique, no cuando vengamos aquí a tratar de exponer temas jurídicos sin conocerlos a fondo.

Yo quisiera decirle al compañero Alvarez de la Fuente que además de los requisitos de escolaridad que la iniciativa demanda, hay otros requisitos muy amplios y para ello quisiera que viéramos el artículo 14, dice: que para ser agente de la Policía Judicial, se deben de reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II, o sea, mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, buena conducta, no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos, y haber concluido, cuando menos, la enseñanza secundaria.

El artículo 15 dice: "Para ingresar o permanecer al servicio de la Procuraduría en cualesquiera categoría de Agente del Ministerio Público o de la Policía Judicial o de los Servicios Periciales, los interesados podrán presentar y aprobar los exámenes de ingreso y acreditar los cursos que imparte la Institución".

En el artículo 16 dice: "El personal no citado en el artículo anterior para ingresar o permanecer al servicio, deberá presentar y aprobar los exámenes de selección y la encuesta de trabajo social que se practique."

Todos los servidores de la Institución tienen la obligación de acreditar los cursos que se imparten para su información o mejoramiento profesional. No estamos aprobando un ordenamiento improvisado que simplemente con el grado de escolaridad permita que una persona se desempeñe en los puestos de la Policía Judicial.

Se están estableciendo otros gravámenes, otras condiciones que tienden, claro, como todos lo deseamos, a mejorar cada día de una manera más eficaz los servicios tan importantes y tan indispensables para la sociedad que presta la Policía Judicial. Y por lo que respecta a la posibilidad de que reciba la Judicial las querellas y denuncias, ya lo dijimos en que términos lo hace, pero además solamente las recibe, no las tramita ni las resuelve, las tramita y las resuelve el Ministerio Público y es éste el que dicta los mandamientos en los términos del Código Penal y de Procedimientos Penales, los mandamientos necesarios para hacer efectiva la investigación y para hacer efectiva la averiguación previa.

Entonces estamos frente a un ordenamiento que yo no le veo francamente las impugnaciones que el compañero Alvarez de la Fuente pretende señalarles, nos ha señalado, mejor dicho, aquí en este momento.

Yo diría, para aclarar también el criterio del compañero del PSUM que también me antecedió la palabra, que una cosa es el Procurador General de la República que, conforme al artículo 102, tiene la facultad de ser el consejero jurídico de gobierno, y otra cosa es el Ministerio Público Federal, que no es consejero del gobierno, es el representante social y es el titular de la acción penal; no hay que confundirlos, el Procurador del Distrito Federal no es consejero jurídico del Presidente, lo es el procurador General de la República porque así lo manda el artículo 102, y yo le quisiera pedir por favor que se asesorara de compañeros abogados del PSUM, que los hay muy valiosos, para que lo orientaran en estos temas. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)

El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: - Para hechos tiene la palabra el señor diputado Salvador Castañeda O'Connor.

El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Señor Presidente, señores diputados: Con serenidad, casi con humildad y en plan de consulta, quiero hacer valer una pequeña objeción. La Ley todavía vigente Orgánica de la Procuraduría del Distrito Federal, establece con precisión cuáles son las direcciones que integran esta Procuraduría del Distrito Federal: Dirección General de Agentes del Ministerio Público, cómo se integra y cuáles son sus facultades; Dirección de Averiguaciones Previas, cómo se integra, cuáles son sus facultades; no las leo porque consumiría mis cinco minutos; la Dirección General de Control de Procesos, cómo se integra, cuáles son sus facultades; la Dirección Jurídica Consultiva, cómo se integra, cuáles son sus facultades; la Dirección General de la Policía Judicial, cómo se integra, cuáles son sus facultades, la Dirección General de Servicios Periciales, la Dirección General de Servicios Sociales, la Dirección General de Participación Ciudadana, la Dirección General de Administración; es decir, una serie de direcciones que forman, pues, la estructura básica de la Procuraduría.

Pero ahora nos encontramos con que el artículo 9o., que leyó aquí el licenciado Batres, dice: "La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará presidida por el Procurador, jefe de la Institución del Ministerio Público, y de sus órganos auxiliares. La Procuraduría contará con los subprocuradores sustitutos del Procurador en el orden que fije el reglamento, primera remisión en el reglamento, Oficial Mayor, Supervisor General, Contralor Interno y los Directores Generales y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones con la competencia que fije el reglamento de esta ley".

De la simple lectura de cómo están integradas las direcciones, cosa en la que legislábamos nosotros, es decir, están integradas en la Ley Orgánica que legislamos nosotros y de la salida que le da el artículo 9o. del Proyecto de Ley, se está viendo que nosotros estamos cediendo facultades que antes tenía el Congreso al Presidente de la República para que él las subsane o las ejercite por conducto del reglamento.

Y en el interés general que hemos tenido de restarle facultades al Ejecutivo en lugar de darle más, pues a mí me parece esto una contratación. Sería mejor que desde la Ley Orgánica se precisaran las facultades de todas las

direcciones tal como está aquí, y no con el ánimo de la flexibilidad, de la modernidad estemos trasladando facultades que antes teníamos nosotros o tenemos todavía, al Presidente para que las ejercite por conducto de los reglamentos.

Pero hay una cuestión más concreta, la base quinta, digo la fracción V de la base sexta del artículo 73 constitucional dice lo siguiente, y es aquí mi consulta, "El Ministerio Público en el Distrito Federal, estará a cargo de un Procurador General que residirá en la ciudad de México, y del número de agentes que determine la Ley. . . " No el Reglamento. ". . .del número de agentes que determine la Ley".

En esta Ley que estamos hoy discutiendo no está determinado número alguno de agentes del Ministerio Público. En una interpretación estricta aquí estamos violando esta parte de la Constitución. Y en una interpretación más general, cuando se dice: ". . . el número de agentes que determine la Ley. . . " Está hablando que toda la estructura me imagino yo, de la Procuraduría, debe estar determinada por la Ley y no por el Reglamento. Esa es mi objeción. Muchas gracias por escucharme.

El C. Iván García Solís: - Señor Presidente. Pido la palabra para alusiones personales.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Iván García Solís.

El C. Iván García Solís: - Señor Presidente Honorable Asamblea. De ninguna manera pretendimos confundir las funciones de la Procuraduría General de la República con la de Justicia del Distrito Federal. Dijimos que había una contradicción entre una función social que sí está especificada para la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y su posibilidad de ejercerla. En el artículo 2o. dice esta Ley Orgánica: "La institución del Ministerio Público del Distrito Federal, presidida por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en su carácter de representante social. . ." Esta característica de "representante social" es la que no se confirma ni se justifica. De tal manera que distinciones de ambas procuradurías aparte, esta contradicción social es visible, entiendo que para todos, y para ello no se requiere asesoría jurídica, sino simple lectura de los periódicos y confrontación de los hechos con esta realidad jurídica, distante de la realidad social. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el C. diputado José de Jesús Fernández Alatorre.

El C. José de Jesús Fernández Alatorre: Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: enemigo de la reiteración, de la repetición y desde luego amigo de la brevedad, trataré de resumir algunas reflexiones en torno a las opiniones muy respetables hechas en esta tribuna en contra del Dictamen que aprueba enriqueciendo la Minuta que nos remite el Senado en donde se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del D.F.

A mí me parece que en cierta manera continuaríamos con mi amigo Salvador Castañeda O'Connor alguna charla en tribuna que dejamos pendiente en cuanto a la diferenciación entre funciones, atribuciones, actividades y la necesidad de que éstas sean contempladas de distinta manera en cada uno de los cuerpos legislativos. Si examinamos con cuidado el artículo 9o. objeto de la reflexión, se dice que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará presidida por el Procurador y aquí mismo se reconoce que el Procurador es el jefe de la institución del Ministerio Público y luego habla de sus órganos auxiliares y también remite al Reglamento Interior para que este reglamento determine el ejercicio de las funciones en relación con la competencia, pero las funciones mismas, distinguidos diputados, pienso yo que están en la propia Ley Orgánica cumpliendo en mandato constitucional.

El artículo 2o., a que también se ha hecho referencia, establece qué es el Ministerio Público del Distrito Federal y establece sus funciones; perseguir los delitos, velar por la legalidad promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de impartición de justicia, proteger los intereses de los menores, cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal en la esfera de su competencia y en algunas otras leyes que también de alguna manera le dan alguna atribución al Ministerio Público del Distrito Federal, en este caso el Procurador. Entonces ¿qué se hace?, se hace en realidad una delegación de funciones, las funciones aquí están explícitamente, expresamente establecidas en la propia Ley Orgánica. ¿Qué le dejan al Reglamento?, la diferencia con el vigente y el actual, es que el Reglamento establezca con precisión, la diferenciación de las funciones estableciendo la competencia de las direcciones.

Y tampoco vale de alguna manera, hacer una identificación tratando de rasar de la misma forma a todas las leyes que hemos discutido porque cuando comentamos la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, cuya naturaleza jurídica es muy sui géneris, muy especial y tiene una dualidad, una ambivalencia con la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

El Procurador del Distrito Federal tiene las funciones entre otras, que inclusive se encuentra en crisis que hemos tenido que reconocer de manera amplísima, en la seguridad pública, en la persecución de los delitos. Tiene a su cargo la policía judicial. Es verdad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la ley determinará el Procurador y el número de agentes. Esto, como ustedes comprenden, nunca ha sido cuestionado, porque no es posible que la Ley Orgánica se pudiera tener que estar modificando con el ascenso y descenso de los agentes de la policía que suceden todos los días, a todas horas, en número determinado e indeterminado.

Yo quiero llamar la atención pero en el sentido atento de que fijemos nuestra atención en el sentido también de que se trata de una ley orgánica para que dándole al Procurador, en este caso Procuradora, las atribuciones medidas, limitadas, establecidas por la propia Ley Orgánica, le permitan la flexibilidad y modernidad para que se organice y combata con eficacia la proliferación de actos criminales, porque en esa camino todos estamos empeñados. Por una parte puede existir una policía preventiva, pero si no se cumple el ciclo completo de la policía que persigue e investiga a los delincuentes y descubre y aprehende a los transgresores de la ley no complementaremos el propósito fundamental de darle garantía de seguridad a todos los ciudadanos y particularmente a los ciudadanos del Distrito Federal, por eso, con todo respeto y en la parte general, atentamente ruego al ciudadano Presidente de esta Cámara, que pida a la Asamblea si considera suficientemente discutido el asunto, y en su caso ponerlo a votación. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados. se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señor Presidente, se emitieron 324 votos en pro y 62 en contra.

El C. Presidente: - Aprobado en lo general, y en lo particular, los artículos no impugnados por 324 votos.

Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 3o., 13 y 21. Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 3o.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 3o. los siguientes diputados: Crescencio Morales Orozco, Alberto Salgado Salgado, y por las Comisiones, el diputado Guillermo Pacheco Pulido.

Tiene la palabra el C. diputado Crescencio Morales Orozco.

El C. Crescencio Morales Orozco: - Señor Presidente, en virtud de que impugnaremos los artículos 3o. y 21, pido a usted con todo respeto, consulte a la Asamblea si se me permite examinarlos en un solo acto.

El C. Presidente: - Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta hecha por el ciudadano diputado Crescencio Morales.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la petición del señor diputado Morales.

Los que estén de acuerdo por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

El C. Presidente: - Adelante, señor diputado.

El C, Crescencio Morales Orozco: - Muchas gracias. Señoras y señores diputados. El Constituyente de 1916 - 17, sensible a los problemas del pueblo, instituyó en el artículo 21 de la Constitución General de la República que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.

El espíritu del Constituyente fue en el sentido de que se protegieran las garantías individuales del ciudadano, particularmente frente a los actos de las autoridades, las que en muchas ocasiones no teniendo claramente delimitada sus funciones en las leyes secundarias, actúan al margen de la ley y en perjuicio de las garantías individuales de los mexicanos.

Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, en uso de las facultades que le otorga el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República Mexicana, presenta la siguiente proposición:

Debe reformarse el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Distrito federal, en su fracción II, en virtud de que incorpora a la policía preventiva en la tarea de investigar los delitos del orden común, junto a la policía judicial. Constitucionalmente sólo la policía judicial debe investigar los delitos cuando se lo ordene el Ministerio Público.

Por esta razón la fracción II del artículo 3o. debe modificarse para quedar en los siguientes términos:

Fracción II. "Investigar delitos del orden común con el auxilio de la policía judicial".

El artículo 21, que de acuerdo con la iniciativa faculta a la policía judicial para recibir denuncias y querellas, debe excluir ese aspecto para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21. "La policía judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público en los términos del artículo

21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden común. Conforme a las instrucciones que se le dicten, la policía judicial desarrollará las diligencias que deben practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta. Cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen y ejecutarán las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que exija la autoridad judicial".

Por la Fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.

Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados a 16 de noviembre de 1983.

Hago entrega de la propuesta en este momento.

El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el ciudadano diputado Crescencio Morales.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se desecha la modificación propuesta.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse ponerse de pie.

Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse ponerse de pie... Desechados, señor Presidente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alberto Salgado Salgado.

El C. Alberto Salgado Salgado: - Compañeros asambleístas; señor Presidente: En la Ley Orgánica, sea de cualquier naturaleza que fuere, se establecen disposiciones que regulan la integración, el funcionamiento y las facultades de cualquier organismo público. Y en la Iniciativa de Ley que se nos ha remitido podemos observar en el artículo 3o. algunas incongruencias, algunas irregularidades de orden técnico que es menester señalar, y no precisamente para proponer nada porque sabemos que es un intento fallido. Lo que en estos casos procedería es solicitar la devolución del artículo a la Comisión para que reconsiderar las observaciones, por ejemplo que atinadamente hizo el compañero del Partido Popular Socialista y probablemente las que yo pueda hacer, a efecto de que se recojan estos pareceres y pudieran ser tomados en cuenta para modificar un poco esta Ley, dado que somos 400 diputados y desde luego estamos en posibilidad de aportar algunas ideas de carácter técnico - legislativo que van encaminadas a hacer más idónea esta Institución Administrativa, represiva y de carácter social.

El artículo 3o. de esta Iniciativa señala que en la atribución persecutoria de los delitos, al Ministerio Público corresponde: a) En la averiguación previa, fracción III, practicar las diligencias necesarias y allegarse las pruebas que considere pertinentes para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos pudieren intervenir o para fundamentar en su caso el ejercicio de la acción penal.

Advertimos que en esta fracción el Ejecutivo le confiere facultades a la Procuraduría del Distrito Federal para que integre el cuerpo del delito y determine si hay o no elementos para consignar, y aquí está invadiendo atribuciones jurisdiccionales porque el cuerpo del delito no es materia del órgano administrativo integrarlo, es de la exclusiva incumbencia del juez unitario del orden penal, y esta disposición abiertamente contraría el artículo 19 constitucional, en el cual se prevé que a ninguna persona se le puede privar de su libertad más de 72 horas, sin que se emita una auto de formal prisión en el cual se tomen en cuenta los datos que haya arrojado la averiguación previa, los elementos externos del hecho delictivo como son las circunstancias de tiempo, modo y lugar y hacer un encuadramiento subfunción dentro del tipo delictivo para ver si esta conducta efectivamente encuadra dentro de lo que está previsto por la ley respectiva.

En estas condiciones, estimamos que hay un error técnico de carácter legislativo, porque la Procuraduría para ejercer la acción penal únicamente requiere atenerse a las cuestiones previstas, como requisitos en el artículo 16 constitucional y que son específicamente la denuncia o querella y que esta denuncia o querella de hechos esté respaldada por una persona digna de fe o por datos, es decir, indicios simplemente, que hagan presumir la responsabilidad del acuerdo.

Entonces la Procuraduría no puede ir más allá de lo que el artículo 16 constitucional previene al respecto, es decir, integra con esa averiguación previa al proceso, es una indagación preparatoria, en primer lugar determinar si el hecho delictivo existe y si los datos que proporciona el denunciante o querellante reportan una responsabilidad simplemente presunta, es decir, que se deduce, pero no va a integrar un cuerpo del delito porque eso ya en primer lugar requiere de una intervención jurisdiccional, es decir, que se haya ejercido la acción penal, se haya consignado el expediente al detenido, si se encuentra privado de su libertad y es el juez quien debe decir si el cuerpo del delito se ha integrado junto con los delitos de la averiguación previa y el estudio detenido del delito para poder determinar si estamos frente a un caso de responsabilidad ya un poco más definida y que ameritará la sujeción a proceso.

En esas condiciones creemos que conferirle facultades a la Procuraduría para que integre un cuerpo de delito, en primer lugar está contrariando de manera expresa, abierta y plena el artículo 19 constitucional. Y esto no es posible que pueda quedarse inserto en una ley; desgraciadamente va a ser posible.

¿Cuál es la otra situación que deriva de este agregado? Pues bien, que eso va a beneficiar al presunto delincuente, porque en un momento dado la Procuraduría, que tiene que

Sujetarse a estas disposiciones porque son administrativas y de orden interno, puede emitir un dictamen estableciendo que si bien es cierto que hay una presunta responsabilidad, sin embargo, no se ha integrado el cuerpo del delito, lo cual resulta verdaderamente absurdo y es una aberración jurídica insostenible.

Pero también podemos advertir otra deficiencia en la fracción IV de ese mismo artículo, en donde de manera genérica establece restituir al ofendido en el goce de sus derechos provisional e inmediatamente de oficio o a petición de parte interesada, cuando esté plenamente comprobado en la averiguación previa el delito de que se trate exigiendo garantía suficiente si se estimare necesario. Restituir al ofendido en el goce de sus derechos provisional e inmediatamente.

Es probablemente un afán de establecer disposiciones abstractas y muy generales para manga ancha a las autoridades interpretativas para que la apliquen un poco a su sabor. No se define qué tipo de derechos, hay derechos personales, hay derechos patrimoniales, y la garantía se deja al arbitro porque dice si estima necesaria esa garantía. Y aquí vemos que incorporan otra institución procesal, porque cuando en el proceso penal con las pruebas aportadas durante la instrucción, el juez en un momento determinado estima que la comisión del hecho delictivo es cierta, puede de manera incidental proveer que se restituya al ofendido en ese goce de sus derechos; que esa institución procesal la vuelven a trasladar al ámbito administrativo y se le confieren facultades al Ministerio Público para que haga un análisis que, más que nada, corresponde al juez unitario penal.

Advertimos nuevamente el error técnico por que están involucrando normas procesales en una Ley Orgánica cuya característica similar es administrativa de manera evidente.

En el propio artículo 3o. se establece, en el inciso B, que dice: "...en relación al ejercicio de la acción penal - inciso tercero - determinar los casos en que proceda el no ejercicio de la acción penal, porque no se satisfacen los requisitos del artículo 16 constitucional, disponiendo del archivo de la averiguación".

Aquí hay una omisión, no sé si ustedes recuerden un caso que fue muy sonado de una persona, mujer por cierto, que privó de la vida a un individuo que se había introducido subrepticiamente a su domicilio, con la intención de robar. Es un caso evidente, inobjetable de legítima defensa; sin embargo en el ejercicio de la acción penal se reduce nada más a que no se reúnan los requisitos del 16 constitucional, pero es de una importancia evidente examinar los casos de incriminación en donde se dan las excluyentes de responsabilidad penal y que, entre otras, está la legítima defensa.

¿Qué sucede en circunstancias como las que estamos planteando? Que se comete un hecho delictivo, y aun cuando de la averiguación de los datos que se acopien se evidencia el caso de una legítima defensa, el Ministerio Público tiene que ejercitar la acción penal. Y es en la inscripción en donde de oficio se hacen valer esas excluyentes de responsabilidad. Y compete al juez el determinar la preferencia de esa legitima defensa o de cualquier otra excluyente de responsabilidad y dictar la orden de libertad sobreseyendo el procedimiento, sin necesidad de que se pronuncie la sentencia definitiva, basta un simple auto en el cual se tenga por acreditada la existencia de la legítima defensa para que se decrete la inmediata libertad del procesado. Y esa circunstancia no está prevista en esta Ley Orgánica que sí pudiera ser materia de incorporación porque en las averiguaciones previas se pueden dar estos elementos y evitar el presunto infractor de la ley el permanecer privado de su libertad, el que tenga muchas veces que sujetarse a las molestias de un proceso aunque por efímero que fuere no deja de ser molesto. Creemos que esa omisión también es digna de considerarse porque no se ha tomado en cuenta por quienes elaboraron este proyecto y en la misma fracción IV se determina poner a disposición de la autoridad competente, sin demora, a las personas detenidas en caso de flagrante delito o de urgencia de acuerdo con el artículo 16 constitucional, poner a discusión de la autoridad competente, sin demora. En este caso la autoridad competente son los jueces penales, pero aquí nos encontramos también con el problema de esa expresión genérica sin demora. Ya sabemos que son 72 horas para que se decida la situación jurídica de un individuo que es privado de su libertad mediante un auto de formal prisión o un auto de soltura; sin embargo en la práctica nosotros nos hemos encontrado de manera reiterada que se infringe ese artículo 16 constitucional y esas garantías, derechos con seguridad constitucionales son de manera regular conculcados. ¿Por qué no se establece aquí el término que previene la Ley de Amparo en su artículo 103, en donde señala un plazo máximo al Ministerio Público de 24 horas para determinar si ejercita o no la acción penal y las 48 horas restantes ya son de la competencia del juez para decidir la situación jurídica del indicado? En esas condiciones nos permitimos formular estos comentarios de manera intrascendente. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Pacheco Pulido.

El C. Guillermo Pacheco Pulido: - Señor Presidente; señores diputados: tenía razón el compañero Crescencio Morales, cuando decía que la aspiración del Constituyente del 17 fue la de allegar al pueblo una realidad de lo que es la justicia. Y creo que en esa afirmación que él hacía está la respuesta a los comentarios que han hecho los compañeros diputados, por que pienso que no se ha dado la dimensión constitucional y jurídica que tiene el Ministerio Público.

Es precisamente en la iniciativa de Venustiano Carranza, donde él nos decía que en la

época porfirista se debía criticar en mucho a las autoridades judiciales. En ese momento, en esa época, la autoridad judicial relegaba en forma total a un Ministerio Público. Las facultades de las autoridades judiciales eran eminentemente inquisitoriales. De ahí que Venustiano Carranza dijo: hay que rescatar las facultades que corresponden al ministerio Público, creando, en el artículo 21 constitucional, la facultad eminentemente acusatoria. Que ya no corresponda a los órganos judiciales; que ya no corresponda a los señores de horca y cuchillo a los jefes políticos; que corresponda en forma definitiva al Ministerio Público.

Ahí encontramos esa dimensión de lo que es el Ministerio Público, en el propio 21 constitucional, que plasma el Constituyente del 17.

Cuando el señor diputado Alberto Salgado Salgado decía que esta ley, en sus comentarios a la fracción tercera, inciso a), criticaba que el Ministerio Público en averiguación previa al practicar sus diligencias necesarias está impedido para comprobar el cuerpo del delito, pienso que eso implica no entender cuál es la función real constitucional del Ministerio Público.

Al Ministerio Público se le llevan hechos, independientemente que éstos se llamen denuncias, o se llamen querella, o se llamen acusación; jurídicamente son hechos; el que los lleva los considera delictivos.

El Ministerio Público tiene las más amplias facultades indagatorias de investigación, no podemos limitarnos a un prurito de que no puede allegarse las pruebas suficientes para comprobar el cuerpo del delito; no es cierto que sea una facultad exclusiva del juez comprobar el cuerpo del delito; es una obligación del juez de acuerdo con el 19 constitucional, tener por comprobado el cuerpo del delito para poder determinar la situación jurídica en un acto de formal prisión, pero no es una facultad exclusiva o propia de la autoridad judicial.

El Ministerio Público, al recibir hechos, consigna hechos, y al consignar hechos el juez tiene que analizar si esos hechos no solamente van a constituir pruebas, sino dice el 19 constitucional: "si son suficientes y bastantes para tener por comprobado el cuerpo del delito". No es nada más en la fase de la averiguación previa en donde el Ministerio Público puede concretarse a tener por comprobado el cuerpo del delito.

Yo pienso que la dimensión y la función del Ministerio público no olvidando que es de buena fe, es amplia en el sentido constitucional que le dio el Constituyente del 17. Tenemos que interpretar el conjunto de nuestras instituciones jurídicas, sobre todo las de orden constitucional; no se opone el 16, ni se opone el 19, se complementan, y eso indiscutiblemente nos da la dimensión fundamental por qué si está de acuerdo con la Constitución el hecho de que en la averiguación previa el Ministerio Público a mayor abundamiento deba llevar por comprobado el cuerpo del delito en sus diligencias.

Esto no implica que vaya a beneficiar a los presuntos delincuentes, porque, repito, si al juez se le consignan hechos, el juez debe ver ni siquiera si esos hechos son susceptibles de prueba, porque en el término de 72 horas el juez no va a valorar pruebas, porque encontraríamos que una prueba que es dentro de las 72 horas puede dejarlas dentro del procedimiento de instrucción. El juez va a ver si hay hechos suficientes y bastantes en lo que esté demostrado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Hasta ahí llega el fundamento constitucional y la dimensión del Ministerio Público, de acuerdo con las estructuras del 16, 19 y 21 constitucionales.

Pienso que las opiniones respetables del compañero diputado en el sentido de que contrarían el espíritu de la Constitución queda demostrado con la propia dimensión del Ministerio Público que están dándole la protección necesaria al ciudadano, para que el Ministerio Público no se convierta en una institución de mala fe sino reafirma su esencia de institución de buena fe.

Decía igualmente que, así lo interpreté, se están introduciendo fases procesales cuando en el propio artículo 3o. se define que hay que restituir al ofendido en el goce de sus derechos provisional e inmediatamente.

Es cierto, compañero diputado, que los que en una o en otra forma hemos participado en la vida jurídica, podríamos afirmar que tal vez estamos muy lejos todavía de alcanzar en México y con más razón en el Distrito Federal, el ideal del artículo 17 constitucional. De poderle responder al pueblo con verticalidad, de que ya hemos llegado a la justicia pronta, expedita y gratuita.

Es cierto, que si hiciésemos una crítica a la justicia, tanto en la forma de procuración como de administración, coincidiríamos en muchos aspectos, pero no es la discusión lamentablemente ella, discusión a la que no llegaríamos, porque yo sumaría mi voto si hubiera crítica a la procuración de nuestra administración de justicia.

El pueblo sufre indiscutiblemente arbitrariedades en todos los aspectos de procuración y administración. Esto no quiere decir en el momento que nosotros nos apartemos no de una técnica fría pero si de que el pueblo está buscando y el gobierno también, a través de una consulta popular, que es el resultado de esta iniciativa, de que haya más rapidez en entregarle a la colectividad los derechos que muchas veces por procedimientos dilatados, amañados si se quiere por los propios funcionarios, en el aspecto de restituir al ofendido en sus derechos - como lo dice aquí esta iniciativa - "provisional e inmediatamente" y la categoría de provisional e inmediatamente lleva a la consecuencia de que tenga que darse una garantía. Podría hablarse hasta si se quiere de una caución; la caución es el término genérico, los específicos son fianza, hipoteca, etcétera.

Yo pienso que es razonable cuando al Ministerio Público, como institución de buena fe,

se le están dando los alcances de restituir al ofendido en el goce de esos derechos. No encuentro violación legal ni constitucional ni puedo llamarle a esto una fase que corresponda a leyes procesales; si no hay una distinción de acuerdo con la averiguación previa en que pueda incluirse necesariamente que el juez sea el único que puede llevar a restituir el ofendido y no sea le Ministerio Público.

En el inciso b), que se señalaba en relación al artículo 3o. en relación al ejercicio de la acción penal, se decía que el Ministerio Público debe determinar los casos en que procede el no ejercicio de la acción penal.

Yo me acuerdo de mis maestros, y cuando hablábamos de la acción penal se comprendía un todo, no es una palabra simple acción penal, encierra toda una gama jurídica. Y precisamente cuando el Ministerio Público determina vía archivo de que no se ejercite la acción penal. los motivos los está señalando, los debe señalar el Ministerio Público en su determinación porque puede operar las causas excluyentes de responsabilidad. Y no sé y no conozco legislación alguna que diga que determinar las causas excluyentes de responsabilidad sean exclusivas de la autoridad judicial. Si el Ministerio Público, como entidad jurídica de buena fe, hablando técnicamente actúa con honestidad, necesariamente tiene las facultades de determinar la aparición de esas excluyentes de responsabilidad. Y puede enviar al archivo esa averiguación. En el caso de que no se determine que operó una excluyente de responsabilidad, sino que diga que no encontró elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal también puede mandarlo al archivo, la diferencia está en que puede volver a salir del archivo regresar a las funciones propias cuando se haya enviado al archivo por carencia de elementos para ejercitar la acción, y es muy distinto cuando se declara que opera una excluyente de responsabilidad. Son dos fenómenos totalmente distintos. La declaración del Excluyente de responsabilidad que tiene efectos de sentencia ejecutoria, a la declaración de que no haya elementos para procesar, porque la averiguación no está correctamente integrada.

Bajo estos puntos de vista, yo pienso que este precepto legal, esta fracción no es omisa porque debemos atender cuál es la categoría, la dimensión de lo que implica acción penal y ahí veremos la fuerza legal del Ministerio Público en estos campos.

Finalmente se habla de la fracción IV, en donde se decía que se debe poner sin demora a las personas que se detengan ante el Órgano Jurisdiccional. Esto indiscutiblemente es otro precepto, es otro señalamiento que hace la propia Constitución. Ninguna persona, y eso es uno de los preceptos constitucionales que más se ven dentro del juicio de amparo, puede ser molestada, afectada en su integridad física, en su persona, en sus documentos, en sus papeles, en sus posesiones, si no hay una orden de autoridad judicial emanada de un procedimiento que funde la causa legal del procedimiento.

Esa es la regla general. Nadie puede ser privado de la libertad si no es mediante una orden que emane de un procedimiento. Si alguien es privado de su libertad en regla general sin orden de aprehensión, la autoridad está incurriendo en delito. Excepción, cuando a las personas se les detiene, como dicen los latinistas, en "infraganti delito". Es decir, en el momento en que lo consuma.

El único caso en que uno mismo como civil tiene la obligación de coadyuvar con la justicia de tener a la persona, auxiliar a las personas afectadas, porque si no cometeríamos un delito de abandono de persona, y poner ante las autoridades competentes a la persona que se le ha privado de libertad, en el caso que sea "infraganti delito". Fuera de esto si a una persona se le priva de la libertad con orden de aprehensión, lo está privando la policía judicial y lo pone a disposición inmediata de un juez en infraganti delito, tendrá que ponerlo la policía judicial a disposición inmediata del Ministerio Público.

Yo veo que esto es congruente totalmente con nuestra Constitución, y esto digo que es congruente porque si nos parece que la redacción es breve y si nos parece que esta Ley Orgánica tiene escasos 28 artículos, aparentemente sea breve, pero si sabemos el contenido de lo que implica acción penal, ministerio público, policía judicial, auto de formal prisión, cuerpo del delito que, repito, representan una gama, no va a plasmar el legislador toda la serie de definiciones en una ley orgánica que simple y sencillamente se dedica a organizar una institución. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salgado en su segunda intervención.

El C. Alberto Salgado Salgado: - De modo atento voy a contraargumentarle al compañero con base en la Ley: Código de Procedimientos Penales. El sostiene que puede ser de la incumbencia del Ministerio Público el determinar el no ejercicio de la acción penal cuando exista alguna de las causas excluyentes de responsabilidad.

Pero veamos qué dice el Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal sobre esta materia. Artículo 6o.: El Ministerio Público pedirá al juez la aplicación de la sanción correspondiente - significa que de modo previo ejercitó la acción penal - al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, sea porque el delito no ha existido, sea porque existiendo no sea imputable al procesado o porque exista en favor de éste alguna de las circunstancias excluyentes de la responsabilidad.

Esta ley esta vigente y no puede ser contrariada por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Lo que viene a confiar y a apoyar mi anterior aserto en el sentido de que no tiene facultades el Ministerio Público para hacer valer en la averiguación previa y de oficio alguna de las causas excluyentes de responsabilidad. Tiene que ser decretada la libertad por el juez, el artículo 6o., así lo determina de manera clara

y expresa, porque compete al Ministerio Público el solicitar esa libertad porque de acuerdo con los elementos que se incorporaron a esa averiguación existen datos serios que lleguen al convencimiento, a la conclusión de que se actuó dentro de las causas previstas por la ley, como, eximentes de responsabilidad. Entonces, queda perfectamente definido el Ministerio Público no tiene esa facultad, y si se está incorporando en esta ley o no se incorpora más bien en esta ley, o como lo pretende el compañero diputado Pacheco, que el Ministerio Público pudiera ejercitarla. Las autoridades no pueden ir de acuerdo con ese principio jurídico, más allá de lo que la ley les permite, eso es perfectamente definido.

Y en su exposición señala igualmente que no hay esa antinomia, y no hay esa colisión legal entre los artículos 16 y 19 constitucionales. Pero, iba traer la Constitución para darle lectura esos dos artículos, y ese artículo 19 de manera expresa solamente autoriza el juez para determinar en el auto de formal prisión si se dan los elementos materiales que viene a confirmar, a configurar el delito y consecuentemente, como lo había sostenido con anterioridad, ese cuerpo del delito, o sea la integración material del mismo, solo puede ser objeto de análisis hasta que se cumplan una serie de formalidades, como son la declaración preparatoria del inculpado, y contrariamente a la opinión del compañero Pacheco, durante ese término constitucional de 72 horas es factible porque ninguna ley lo prohibe que el procesado o el enjuiciado pueda aportar pruebas durante el lapso, si bien es corto, es breve, pues de orden constitucional y el juez tiene necesariamente que atenerse a ese término. Y si es factible, por tanto, ofrecer y desahogar pruebas durante esa etapa procesal, y es deber del juez emitir un criterio valorativo en el auto de formal prisión, en donde existen elementos más serios para someter a proceso al acusado, y desde luego durante la etapa procesal, al emitirse la sentencia, tiene necesariamente que comprobarse por el Ministerio Público, la responsabilidad objetiva o plena del procesado que, a partir del momento en que se le dicta la formal prisión, adquiera esa calidad de procesado.

Es cuestión de que ustedes lean los dos artículos, el 16 y el 19, y entre su propio criterio establezcan una opinión.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Guillermo Pacheco Pulido, por la Comisión.

El C. Guillermo Pacheco Pulido: - De la brevedad de los cinco minutos, nosotros hemos señalado que la interpretación de las leyes requiere que se coordinen determinados preceptos legales. Según entendí, compañero diputado, decía que determinar los casos en que proceda el no ejercicio de la acción penal, por parte del Ministerio Público, era ampliar en contra de las facultades del juez, las facultades que tiene esta institución.

Si tomamos una sola frase del 21 Constitucional, la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. ¿Por qué queremos obligar al Ministerio Público, cuando no hay delito, a que ejercite una acción penal? El 19 constitucional admitirá todas las pruebas que nos está señalando, se puede admitir siempre y cuando el Ministerio Público ejercite acción penal. En esta disposición en que nosotros estamos hasta de acuerdo en que se está ampliando a favor de la ciudadanía el especificar que el Ministerio Público como señalan muchos autores con una frase que dicen es el titular del monopolio de la acción penal, si es un monopolio la acción penal, por qué vamos a obligar al Ministerio Público a que necesariamente en cuanta consignación emanada de denuncia, querella o acusación tenga necesariamente que ejercitar acción penal para que necesariamente sea un juez el que determine si hay delito, si se comprobó o hay presunta responsabilidad. Sería limitar a la institución del Ministerio Público; el Ministerio Público tiene una facultades en realidad que si las aplican de buena fe, muchos asuntos no se consignarán de acuerdo con el precepto constitucional que estamos señalando en el 16, 19 y 21 quedaría en el ministerio Público. Las averiguaciones se integrarían y se resolverían en el Ministerio Público y solamente en los casos específicos necesarios en que estuviese comprobado el cuerpo del delito, podrá ejercitarse esa acción penal. Eso es a mayor seguridad de la ciudadanía y otra cosa más importante, la Constitución establece los mínimos y eso no impide que las leyes vayan más allá a ampliar los beneficios que la Constitución está dando cuando se han reformado algunas leyes ampliado los beneficios mínimos que da la Constitución, las leyes no violan, cuando más y conceden más beneficios que la misma Constitución. Por eso pienso que si entendemos la función clara del Ministerio Público, estos preceptos no violan ningún precepto constitucional. Muchas gracias.

(Aplausos.)

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si los artículos 3o. y 21 se encuentran suficientemente discutidos.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutidos los artículos 3o. y 21. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN.)

Suficientemente discutidos, señor Presidente.

En consecuencia se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 3o. y 21 en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

El C. David Orozco Romo: - Señor Presidente, están recogiendo los dos artículos. Alguien puede estar a favor de uno y en contra de otro.

El C. Presidente: - Se separaron por acuerdo de la Asamblea, se autorizó la discusión del artículo 3o. y del artículo 21 en un solo acto,

por eso la Presidencia está proponiendo, sometiendo a la votación en un solo acto, los dos artículos discutidos.

El C. David Orozco: - La discusión sí ya se aprobó por la Asamblea, pero la votación... Estamos a favor del 3o. y en contra del 21 ¿cómo vamos a votar?

El C. Presidente: - ¿Su proposición concreta licenciado, es de que se vote artículo por artículo?

El C. David Orozco Romo: - De que se sometan a la votación artículo por artículo.

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aceptar la propuesta del señor licenciado David Orozco Romo, de que se sometan a la votación artículo por artículo.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta del señor diputado Orozco Romo.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

El C. Presidente: - Proceda en consecuencia la Secretaría.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 3o. en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Señor Presidente, se emitieron 322 votos en pro y 64 en contra.

El C. Presidente: - Aprobado el artículo 3o. por 322 votos en sus términos.

Proceda la Secretaría a recoger la votación sobre el artículo 21.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Senór Presidente, se emitieron 318 votos en pro y 68 en contra.

El C. Presidente: - Aprobado el artículo 21 en sus términos por 318 votos.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo décimo tercero, el diputado José González Torres, y a favor, por la Comisión, el diputado Guillermo Pacheco Pulido.

Tiene la palabra el señor diputado José González Torres.

El C. José González Torres: - Señor Presidente, señores diputados. Vengo a objetar como ya decía a la Presidencia el artículo 13 del proyecto de Ley que se discute. El artículo dice en su parte introductoria:

"Los Subprocuradores y el Oficial Mayor serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República".

Los demás los requisitos para ser Subprocurador y Oficial Mayor que no voy a impugnar.

Voy a impugnar sólo esta parte que leí pidiendo que en vez de que sean nombrados por el Presidente de la República, lo sean por el propio Procurador del Distrito Federal.

Brevemente trataré de que fuera esquemáticamente, dado lo avanzado de la hora y el muy largo debate y comentario que nos espera acerca del Plan del Desarrollo, voy a darles las razones que me asisten para esta petición:

Primera . Sería darle responsabilidad al alto funcionario, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, de que nombre a sus inmediatos colaboradores.

Yo creo que estos altos funcionarios quedan en situación muy precaria y triste, cuando el Presidente de la República, su inmediato superior, es quien los nombra y les designa también a sus inmediatos colaboradores.

Casi como consecuencia de esta razón surge la segunda: debemos tratar de facilitarles al Procurador, en este caso que es lo que discutimos, el cumplimiento de sus deberes, muy arduos, luego volveré sobre esto. Si es posible que él cuente con personas que colaboren con él y sean de su absoluta confianza, no las que le nombre el superior, sino las que él escoja, en las cuales él tenga confianza, con las que pueda contar y tenga la seguridad de que van a colaborar gustosamente con él.

Y en tercer lugar no lo ocultamos, ya lo hemos dicho con toda claridad, disminuir la absoluta prepotencia que tiene el Poder Ejecutivo en México.

El diputado Osante, siempre tan cortés y tan atento por lo que se hace merecedor al respeto y a la consideración de todos y de mi en primer lugar, trató, digo negó esto y trató de explicar la situación que nosotros planteamos, aludiendo solamente a un régimen presidencialista. Es cierto, hay un régimen presidencialista, pero aparte de las muchas facultades que ya tiene el Ejecutivo nosotros vemos con preocupación muy honda, y por eso nos oponemos a ella, el que se le sigan asignando mayores atribuciones.

Ayer el diputado del Partido Socialista de los Trabajadores me parece o algún otro diputado de la izquierda, decía aquí con toda lógica al referirse a las facultades con que el Presidente de la República formuló el Plan Nacional de Desarrollo, pues si ya están en la Ley de Planeación nosotros no lo negamos ahí están en la Ley de Planeación, por eso nosotros nos opusimos cuando se discutió la Ley de Planeación: ahí están las facultades. Y se le siguen dando y por eso nos oponemos.

Y todavía como si fuera poco, se le siguen de hecho, de facto, reconociendo otra serie de atribuciones no objetando tales o cuales actitudes que el Ejecutivo asume, ejercitando más o menos abusivamente facultades que ya existen en los cuerpos, legislativos.

Yo creo, diputado Osante, que no es sano y provechoso - como creo que lo calificó usted - este régimen que prevalece en México; sino al contrario, es un régimen perjudicial, dañino, que debilita a todos los otros órganos del gobierno y que le da al Ejecutivo una prepotencia sobre los mismos y va propiciando el gradual

absolutismo respecto a todo el cuerpo de la ciudadanía.

Quiero también brevemente, señores diputados, prevenir algunas de las objeciones que pueden hacer a mi petición.

La primera, podría decirse que es el mismo sistema o régimen respecto a las Secretarías de Estado, que el Presidente de la República nombra a los Secretarios de Estado pero también a los subsecretarios y a los oficiales mayores. Y esto es cierto, indiscutiblemente. Lo que yo digo es que también estoy en contra de eso y que si estuvieramos discutiendo la Ley de Secretaría de Estado o cualquier ley conexa con esto, me opondría por las mismas razones. Creo que también los secretarios de Estado deberían tener la facultad de escoger a sus más allegados colaboradores.

La segunda, no se opone al artículo 102 de la Constitución, que ya se citó aquí, puesto que el 102 se refiere, como ya también se aclaró, al Ministerio Público Federal y no al Ministerio Público del Distrito Federal que es de lo que estamos tratando.

Tercero. Yo creo, que no afecta a la estructura general de la institución que ustedes aprobaron desde ayer y ahora también ya se aprobó en lo general la Ley. Nosotros objetamos la estructura general, por eso votamos en contra de la Ley en lo general. Pero puesto que esto ya está probado y ya no tiene remedio, yo por eso intervine al tratar este punto concreto. Ya está así el Ministerio Público, ahora por lo menos que se modifique un tanto el problema de su nombramiento a ver si lográramos una mayor eficiencia del Ministerio Público.

En cuarto lugar, creo que tampoco debe preocuparnos el hecho de que esta Ley deba volver al Senado, pues somos Cámara revisora, respecto a esta Ley y al modificarla un poco habría que regresarla al Senado. Si tarda otro poco, no será mucho, el Senado la aprobará o no rápidamente, y todaviía estamos en tiempo, todavía corre noviembre, todavía no estamos con las prisas que se tienen siempre en el mes de diciembre. Creo que eso no seria argumento, a cambio de tratar de lograr una mejor calidad.

Vale la pena hacer referencia a un argumento que usó con habilidad, lo reconozco, el señor diputado Batres tanto el día de ayer como hoy, el diputado Batres es de los diputados que sí se enfrentan a los argumentos que esgrimimos los oposicionistas, personalmente no siempre no siempre estoy de acuerdo con él pero reconozco que toman en cuenta el argumento y lo contesta, a su modo, convencerá o no convencerá es otra cosa. Repito que él usó con habilidad el argumento de que la sociedad está muy necesitada de seguridad, que clama por su seguridad y entonces dice él, hay que darle facultades a la autoridad encargada de dar la seguridad a la sociedad .

En teoría el argumento es bueno, en teoría yo estaría de acuerdo con él, pero ya no estamos en teoría, estamos en la práctica, estamos ante un hecho real que aqueja a la sociedad mexicana, su inseguridad. Entonces la cuestión está en ver si la inseguridad de la sociedad viene porque le faltan facultades al órgano encargado de dárselas, al Ministerio Público, o porque no hace uso correcto de las mismas, y yo creo que es el segundo caso; facultades le sobran, es lo que estamos objetando, le sobran facultades al Ministerio Público para eso, pero usa mal de ellas.

Esto que voy a leerles ahora no es opinión mía, son declaraciones publicadas en la revista Proceso, el último número, creo declaraciones del general Mota, que es el encargado de la policía y de la seguridad para nuestra gran urbe del Distrito Federal. Y vean ustedes, no son cargos que haga la oposición, es la declaración del propio general Mota. Dice así: Existía corrupción en todos los niveles - antes de él por supuesto -, pero vamos a ver lo que sigue diciendo: Actualmente se ha logrado controlar ese fenómeno en áreas importantes en todos los nivelse, pero aún se requiere muchos grandes esfuerzos para atacar sectores localizados que presentan gran resistencia al cambio y formas nuevas de extorsión que aparecen cada día para neutralizar, imagínese la que nos espera, si el propio jefe de la policía está diciendo que no puede con el tercio, está diciendo que trata de corregir unas fallas y aparecen otras formas en ese afán muy humano, muy propio de la miseria humana, de resistir al cambio y de encontrar siempre recursos nuevos para mantener los intereses creados y para mantener las formas viciosas imperantes.

Entonces, no es falta de facultades, facultades tiene de sobra la autoridad; no las ejercitan bien y por eso se viene procreando toda esta situación de vicio, de corrupción, en virtud de la cual es sabido por todos y reconocido por èmuchas autoridades, que buena parte de los asaltos, de los crímenes, de los hechos de sangre que ocurre en perjuicio de la ciudadanía, son realizados por gente de los mismos cuerpos policiacos o por gentes que acaban de dejar de serlo y que hace poco pertenecían a ellos.

Entonces, señores diputados, yo sé que nunca se ha atendido una petición de la oposición, pero quiero esperar una vez más que ustedes acepten mis argumentos que son objetivos, que buscan solamente la mejor redacción de una ley, su mejor instrumentación para que se logren los fines sociales que siempre se buscan con ella, aunque la ley resulte inadecuada y que por tanto, por primera vez en esta Legislatura me hagan caso y tomen en cuenta esa observación y se modifique el proyecto en el sentido que pido. Que los subprocuradores y oficial mayor de la procuraduría, no los nombre el Presidente de la República, sino que los nombre el propio procurador.

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si es de aceptarse o no la petición hecha por el ciudadano diputado José González Torres.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea

si se admite o se desecha la modificación propuesta.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse ponerse de pie. Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse ponerse de pie. Desechada, señor Presidente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Guillermo Pacheco Pulido.

El C. Guillermo Pacheco Pulido: - Con la misma brevedad, señor Presidente, señores diputados, y con el debido respeto al señor diputado José González Torres, y sólo recordar que la institución del Ministerio Público tiene, entre muchas características procesales, formales, materiales, así como tiene la característica de la oralidad más que la formalidad, la característica de la concentración procesal, de la continuidad de un procedimiento, hay una característica fundamental que se opone a la petición de usted. El artículo 89, fracción II, de la Constitución determina que es la facultad del señor Presidente de la República nombrar al Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Esta característica que tiene el Ministerio Público es el de la unidad. Es decir, el Ministerio Público es un todo; no podemos aislar a un agente del Ministerio Público del propio Procurador. Forman, como principio fundamental, la unidad en su integración, de ahí que por lógica jurídica, si es una facultad que tiene el Presidente de nombrar a los integrantes del Ministerio Público, vía el Procurador de Justicia, y siendo esta una disposición constitucional, por ahora tenemos que sujetarnos a la disposición constitucional y quedar, como facultad del Presidente nombrar al Procurador y a la unidad que depende de esta propia Procuraduría. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José González Torres, en su segunda intervención.

El C. José González Torres: - Señor Presidente, honorable Asamblea, medio minuto nada más.

El artículo que cita el licenciado Pulido Pacheco, el 89, fracción segunda, dice: "Son facultades del Presidente: nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho, al Procurador General de la República, al gobernador del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, al Procurador; y yo lo que pedí que fuera a los subprocuradores y al oficial mayor. Ahora, la explicación que da el diputado Pacheco de que es un todo, bueno es un todo como institución, pero ese todo está dirigido por varias autoridades, Procurador, procuradores, ayudantes, oficial mayor, etcétera, y yo creo que lógicamente no cabe el que porque sea una sola institución, en lo que estoy de acuerdo, diputado pero que sea el Presidente de la República el que nombre a todos los que yo diría por mayoría de razón, debería el Presidente nombrar a todos los subalternos, a todos los demás empleados; si entendiéramos la tesis como la han propuesto. Desgraciadamente ya está votado en contra, pero que quede la aclaración en cuanto al principio jurídico. Gracias.

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 13 se encuentra suficiente discutido.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica y por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, si considera suficientemente discutido el artículo 13. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

En consecuencia se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 13 en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Señor Presidente, se emitieron 310 votos en pro, 40 en contra y 6 abstenciones.

El C. Presidente: - Aprobado el artículo 13, en sus términos, por una votación de 310 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El C. Presidente: En virtud de haber transcurrido en término de cuatro horas señaladas por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de está sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.

Presidencia de la C. Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba.

OPINIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983 - 1984

ÍNDICE

PRESTACIÓN

I. EN LO GENERAL

II. EN LO PARTICULAR

1. Comisiones de Defensa Nacional y de Marina.

2. Comisión de Justicia.

3. Comisión de Relaciones Exteriores.

4. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

5. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

6. Comisión de Educación.

7. Comisión de Salubridad y Asistencia.

8. Comisión de Seguridad Social.

9. Comisión de Asentamientos Humanos.

10. Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

11. Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

12. Comisión de Reforma Agraria.

13. Comisión de Pesca.

14. Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.

15. Comisión de Energéticos.

16. Comisión de Comunicaciones y Transportes.

17. Comisión de Comercio.

18. Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, Vialidad Federal y Autotransporte.

19. Comisión de Turismo.

20. Comisión de Ciencia y Tecnología.

21. Comisión de Distrito Federal.

"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988.

Honorable Asamblea: De conformidad con lo previsto en el artículo 5o. de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal presentó a esta H. Soberanía, por conducto de la Comisión Permanente , para su examen y opinión, el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 - PND -, integrado dentro del plazo a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley y formulado en cumplimiento de la responsabilidad de conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación y consulta señaladas en los artículos 4o. y 20 del mencionado ordenamiento.

En base a la interpretación de las normas parlamentarias vigentes, el documento fue turnado a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que coordinara los trabajos de análisis del Plan con las demás comisiones legislativas. Ello, con el objeto de propiciar la más amplia deliberación entre las diversas corrientes políticas nacionales representadas en la Cámara de Diputados. Cada una de las Comisiones examinó el PND - particularmente en el(los) tema(s) de su competencia - y formuló su opinión tratando de obtener el consenso del Pleno. Las opiniones generales se incluyeron en la primera parte de este documento y las particulares en el segundo apartado. Este se presenta en el orden temático del Plan. Las Comisiones "globalizadoras" - como las de Gobernación y Vigilancia - aportaron opiniones que se consignan en la primera parte.

La participación de esta Soberanía en los nuevos procesos de planeación ha sido determinante a partir de la aprobación, en diciembre de 1982, de la reforma a los principios normativos del desarrollo económico y social del país, plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma comprende un nuevo artículo 26 constitucional, que ordena al Estado integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Con carácter reglamentario de este imperativo constitucional, esta Soberanía aprobó posteriormente la Ley de Planeación, que fijó los términos en que debería elaborarse y presentarse, por el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se somete al examen y opinión de esta Cámara.

Los comentarios y observaciones que en esta fase presenta la Cámara de Diputados, constituye el punto de partida de una participación sistemática de esta representación popular en el proceso de Planeación Nacional del Desarrollo. En las fases siguientes esta Soberanía habrá de contrastar y vincular los objetivos, los propósitos, los lineamientos de estrategia y las líneas generales de acción que se incluyen en el Plan, con los programas de mediano y corto plazo que de él se derivan, así como las decisiones públicas fundamentales y su vigilancia y control, que competen al Poder Legislativo.

Igualmente, en los términos de la Ley, esta representación nacional habrá de establecer las necesarias relaciones del Plan y sus compromisos esenciales con el informe anual del Presidente de la República del Congreso de la Unión; con los informes que cada año deberá rendir el Poder Ejecutivo al Legislativo sobre acciones y resultados de la Ejecución del Plan y los programas; con las memorias e informes que cada dependencia del Ejecutivo debe enviar anualmente al Congreso sobre el estado que guardan sus respectivos ramos; con la cuenta de la Hacienda Pública; con la Ley de Ingresos; con el Presupuesto de Egresos y, en general con los contenidos y modalidades de todas las iniciativas de Ley que esta Soberanía reciba para examen y discusión. En cada una de estas instancias está presente la potestad de esta representación nacional para aportar las observaciones y medidas conducentes a perfeccionar la Planeación Nacional del Desarrollo.

Entendido en sus alcances el marco jurídico y político de la participación de la Cámara de Diputados en el examen del PND, y adelantados los puntos de vista de la comisiones, se procedió a integrar en el presente documento, que se pone a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente

OPINIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983 - 1988

I. EN LO GENERAL

La Cámara de Diputados reconoce que por primera vez un gobierno de la República Mexicana presenta, desde el primer año de su gestión, un plan integral que recoge los diagnósticos, las tesis, y las propuestas emanadas de una consulta social para transformarlas en cuatro objetivos y en una estrategia de desarrollo que los convertirá en realidad mediante instrumentación de cuatro políticas básicas - social, económica, sectorial y regional - y la participación de toda la sociedad.

El PND es un documento político que define los compromisos del Gobierno con la Nación y precisa la estrategia que hará posible la superación

de la crisis, el rescate de la capacidad de crecimiento de la economía, el cambio estructural que eleve la calidad de nuestro desarrollo y la conservación y fortalecimiento de la instituciones democráticas. Estos cuatro objetivos - que reflejan el desafío más importante de nuestro tiempo y recogen las demandas más urgentes de la sociedad mexicana se derivan de un gran propósito fundamental consagrado por el Plan, y que resumen nuestros valores políticos fundamentales: "mantener y reforzar la independencia de la Nación, para la construcción de una sociedad que bajo los principios del estado de derecho, garantice libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social". La Cámara de Diputados comparte esta decisión política fundamental que recoge la voluntad popular de seguir edificando una democracia independiente, libre y justa.

Esta representación nacional, al manifestar su más puntual coincidencia con el propósito fundamental del Plan se obliga, en consecuencia, a vigilar y a participar en el cabal cumplimiento de los cuatro objetivos comprometidos por el Gobierno de la República dentro del término de la responsabilidad constitucional del Presidente Miguel de la Madrid, porque estos objetivos obedecen a los imperativos de subsistir como Nación, así como lograr avances efectuados en el desarrollo nacional de los ámbitos políticos, económico, social y cultural.

Esta Soberanía conviene, asimismo, que para alcanzar los cuatro objetivos, tendrán que cumplirse los compromisos que entrañan las dos vertientes de la nueva estrategia económica y social que propone el Plan: reordenar la economía e iniciar el cambio estructural que eleve la calidad de nuestro desarrollo.

Esta representación nacional ha percibido la necesidad de establecer, sin equívocos, una línea de acción que concerte todas las fuerzas, los compromisos y las expectativas del país en la superación de la crisis. En ello se juega la Nación el mantenimiento y el fortalecimiento de las instituciones en que se funda su existencia misma y su viabilidad. Pero esto no implica renunciar al cambio estructural en el horizonte estratégico ni la corrección gradual de los desequilibrios fundamentales que generan la crisis. Intentar cambios estructurales sin atender a los desequilibrios del corto plazo ha originado en el pasado un crecimiento inestable y logros que no han alcanzado suficiente consistencia. Intentarlos en el presente, sin recuperar los equilibrios perdidos, resulta sencillamente impracticable. Por otra parte, la estabilidad entendida como inmovilidad o renuncia al cambio, obstaculiza los requerimientos de una sociedad en acelerado proceso de evolución, y agudiza las contradicciones sociales. Seguir ese camino sería condenar al país a una mayor acumulación de rezagos y a la descomposición de la estabilidad social alcanzada.

A juicio de esta Soberanía, la nueva estrategia de desarrollo, al perseguir simultáneamente la estabilidad económica y el cambio estructural, refleja una asimilación de estas experiencias y encuentra un solución firme al combatir tanto a las manifestaciones como a las raíces de la crisis.

Esta Cámara está consciente de que para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, es fundamental la participación de la sociedad en el cumplimiento de los propósitos, lineamientos de estrategia y líneas generales de acción de la políticas económicas, sociales, sectorial y regional que consigna este trascendente documento. Por tal motivo, velará por el fomento de los mecanismos de participación social y estará pendiente de que los programas de mediano plazo - sectoriales, institucionales, regionales y especiales - y los programas operativos anuales que se desprenden del PND, especifiquen y concreten, de manera congruente, estas orientaciones generales contenidas en los capítulos de instrumentación de la estrategia. Nos preocupa, de manera particular, la congruencia entre y dentro de cada una de las políticas, y de éstas con los objetivos.

En este orden de ideas la Cámara concuerda con el principio adoptado por el Plan de evitar rigideces y de no proponer compromisos numéricos inamovibles, difíciles de precisar en tiempos de incertidumbre, así como dar al documento un carácter fundamental cualitativo y flexible que le permita adecuar las decisiones y enfrentar las contingencias propias de la situación actual.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que en el seno de las comisiones se han expresado comentarios y recomendaciones en el sentido de concretar las políticas y acciones y de especificar los compromisos en cifras, así como presentar en detalle las relaciones inter e intrasectoriales y los vínculos objetivos - metas - decisiones. Por ello, conviene resaltar que tales precisiones se presentarán en los programas de mediano y corto plazos, mismos que recogerán las sugerencias y propuestas del presente documento. Tales programas, sobre todo los llamados "operativos anuales" son los instrumentos de flexibilidad y perfectibilidad del Sistema de Planeación ya que en ellos se realizan los, ajustes que surgen de situaciones inesperadas, de cambios imprevistos o del perfeccionamiento de los mecanismos de consulta que permiten incorporar elementos nuevos y posibles correcciones.

En este sentido, la Cámara reconoce que el PND es producto de todo un sistema nacional de planeación democrática - SNPD - definido como el conjunto de relaciones donde se vinculan dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y organismos de los sectores social y privado y se identifican responsabilidades para la toma de decisiones de manera congruente y de común acuerdo. También son producto de este SNPD los programas de medio plazo - formulados a partir de los lineamientos del PND - y los operativos anuales, documentos que concretan y cuantifican las orientaciones generales del PND. Otros productos importantes del SPND son los informes se seguimiento de la ejecución

del Plan y los programas, así como las evaluaciones de los mismos y del sistema en general. Todos estos documentos serán valiosos auxiliares para el cumplimiento de la atribuciones y compromisos de esta Soberanía.

El SNPD, a su vez, es un instrumento de la Planeación Nacional del Desarrollo definida por el artículo 3o. de la Ley de Planeación como "la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país de conformidad en las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En consecuencia, el PND es un documento básico que por naturaleza misma da respuesta a las inquietudes o dudas fundamentales que suscita la Planeación del Desarrollo, pero no a los detalles o preguntas específicas, porque es apenas uno de los muchos documentos que surgen de este proceso en la primera de sus etapas: la formulación. A ésta habría que añadir la instrumentación - ya en marcha -, el control y la evaluación, etapas en las que esta Cámara participará activamente, dentro del marco de atribuciones que le asigna la Ley.

Se encuentra advertida esta Soberanía de las dificultades, obstáculos y resistencias que entraña la configuración y, sobre todo, la efectividad de un SNPD que ordene prioridades armonice interese y esfuerzos, asigne responsabilidades y establezca metas y responsabilidades exigibles. Comparte, asimismo, las bases de legitimidad del naciente sistema de planeación derivadas de su apego a los principios de la Constitución General de la República, así como la autenticidad del propósito de actualizar las demandas, aspiraciones y sentimientos nacionales, manifiesta en la consulta social efectuada en la anterior campaña electoral y en los Foros de Consulta Popular que, previstos por la Ley, se realizaron a principios del presente año y seguirán efectuándose de manera permanente para garantizar la flexibilidad, adecuación y efectividad del proceso de planeación.

Sin embargo, en el seno de las comisiones legislativas de esta Cámara se ha observado una corriente de opinión en torno a la necesidad de prever, dentro del proceso de consulta y participación popular, mecanismos que aseguren, en forma cada vez más efectiva, la expresión democrática de una sociedad de la complejidad, diversidad y pluralidad como la mexicana, así como de hacer, también, cada vez más consistente e informada la participación del Poder Legislativo en el SNPD, en particular de la Cámara de Diputados, en la que institucional y permanentemente se da la pluralidad ideológica en el ejercicio del poder público, ya que en ella actúan los partidos que representan las más importantes corrientes políticas que coexisten en la Nación. A este respecto, la Cámara de Diputados :

- Expresa su convicción de que lo esencial en el actual momento, es consolidar y perfeccionar un Sistema Nacional de Planeación Democrática que, en lo fundamental, ha propuesto el diálogo permanente entre el gobierno y la sociedad.

- Exhorta al Ejecutivo a que promulgue, a la brevedad, el Reglamento de la Ley de Planeación que precise los términos y alcances de la consulta y la participación popular en los procesos democráticos de planeación.

- Manifiestan su voluntad de contribuir a la implantación de las medidas necesarias tendientes a fortalecer la participación de esta Soberanía en todo el proceso de Planeación Nacional de Desarrollo, particularmente en el perfeccionamiento y la consolidación del SNPD y sus resultados. Por tal motivo:

- Requiere el envío oportuno a esta Cámara, de los programas de mediano y corto plazo, para su examen y discusión.

- Promoverá modificaciones a la Ley de planeaciones enmarcadas en una revisión integral de la legislación sobre planeación - programación - presupuestación.

En cuanto a las cuatro vertientes o caminos que indican o definen la participación de la sociedad en la ejecución del PND, esta representación popular considera de singular importancia la inducción y la concertación de acciones con los sectores social y privado, por lo que conviene en señalar.

- Que nuestro estado de derecho exige - para encauzar la inducción - que se revise integralmente nuestra legislación, a fin de que las políticas de promoción, regulación y orientación de la actividad social, tengan debido fundamento legal, ya que una normatividad obsoleta o inadecuada, limitará esta concurrencia democrática sana y socialmente necesaria.

Por lo tanto, la revisión sectorial, institucional, regional y especial de la normatividad jurídica que constituye el marco legal que las encuadra, debe ser tarea de inmediata atención, tanto por los poderes Ejecutivo y Legislativo como por los sectores sociales involucrados.

- Que el diseño de mejores y más imaginativas formas de organización y participación del sector social es actividad prioritaria para fortalecer y profundizar su colaboración, fuente primordial para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

- Que la promoción y el encauzamiento de la participación social en cada uno de los programas que se deriven del PND, hará que, sin mengua de la responsabilidad del Ejecutivo Federal para conducir el desarrollo, sea el compromiso de todos los sectores

sociales el que asegure una correcta ejecución, las convenientes modificaciones y adecuaciones, el necesario control y la democrática evaluación del proceso de planeación del desarrollo.

Compartimos la decisión fundamental de fomentar la participación y la solidaridad en torno a los principios, objetivos, estrategia y políticas que el Plan consigna, y la convicción de que las circunstancias en que el Plan ha sido elaborado - la crisis económica más seria que ha enfrentado el país en los últimos decenios y las graves convulsiones mundiales -, obligan a un replanteamiento en el manejo de los asuntos públicos. En el estricto marco del derecho, México enfrenta sus dificultades buscando el consenso por la participación y la afirmación del interés general. En esta perspectiva el Plan entraña el principio de la unidad de dirección y el de perfeccionamiento de la participación política y social, reclamo insoslayable del México de hoy.

Al emprender, por primera ocasión, el examen del Plan Nacional de Desarrollo, la Cámara de Diputados está consiente de que, como lo advierte el Presidente de la República en la presentación del documento enviado a esta Soberanía, los problemas por los que atravesamos en el mundo y en el país afectan estructuras, hábitos profundos de conducta, tendencias e inercias, a las que nos habíamos acostumbrado en el orden mundial y nacional; que el Estado y la sociedad nacional tienen la capacidad para enfrentar estos retos, para convertir la crisis en oportunidad de cambio y superación y para seguir avanzando como país y como individuos; que México tiene la fortaleza interna para vencer la adversidad y enfrentar con éxito la crisis; que nuestro sistema político ha sabido, en los momentos decisivos, plantearse los problemas con realismo y honradez y reconocer las fallas con espíritu de autocrítica, estableciendo las condiciones para corregirlas; y que, en síntesis, mantenemos la voluntad y la decisión para conducir los destinos del país por el rumbo fijado por los propios mexicanos.

Como exigencia ineludible de nuestro tiempo, la planeación expresa el derecho y las responsabilidades de la Nación de prever y decidir su futuro; como instrumento de expansión y predominio de fuerzas e intereses hegemonistas, internos y externos, la planeación es, para ciertos grupos, una vía a través de la cual se pretende prever y decidir, por unos cuantos, el futuro de los demás. De aquí la trascendencia que esta Cámara reconoce a la consolidación y perfeccionamiento de un sistema de planeación de carácter nacional y democrático, que facilite a la Nación y al pueblo de México la prevención de su destino.

De aquí, también, la trascendencia de la participación de esta Soberanía en el proceso de planeación. Y de aquí, finalmente, la coincidencia esencial de esta Cámara con el enunciado del Ejecutivo que asume la planeación nacional y democrático como principio e instrumento de Gobierno, apartando tanto de directivas foráneas como de procedimientos autoritarios, y que reafirma nuestro sistema institucional que alienta: la pluralidad y la tolerancia en la política interna y en la internacional; la concurrencia de los sectores social, público y privado en el marco de la economía mixta; la diversidad nacional en las expresiones de la cultura y la lucha por la igualdad en el campo del desarrollo social.

Como resultado del examen del PND, esta Cámara, en el ámbito de su competencia, asume el compromiso de: participar, de manera activa, vigilante, informada y continua, en todas las etapas del proceso de planeación, para que éste sea un instrumento efectivo de transformación al servicio de la construcción de una democracia independiente, libre y justa; alentar la ampliación y el mejoramiento de la participación social y la consulta popular en el proceso de planeación; atender la congruencia entre y dentro del Plan y los programas; y colabora en la consolidación y perfeccionamiento del SNPD. Adicionalmente, como se detalla en el apartado siguiente, donde se resumen las opiniones de las diferentes comunicaciones legislativas de esta representación nacional, sobre el PND: reconoce aciertos; apunta precisiones conceptuales; propone programas adicionales, atiende a puntos sobresalientes o sugiere agregados a los diagnósticos, a los propósitos, a los lineamentos de estrategias y a las líneas generales de acción de las diferentes políticas que serán instrumentadas; presenta acciones concretas para que sean incorporadas a los programas correspondientes; solicita aclaración, o precisión o concreción de propósitos, metas y acciones; reconoce o plantea inaplazables y necesidades que demandan satisfacción inmediata, tanto de orden jurídico, como político, económico y social; insta a la definición de prioridades en casos específicos; requiere los "modelos" utilizados para conocer los determinantes de las "variables claves" y la magnitud de su impacto, así como las interrelaciones "macroeconómicas" y su compatibilidad con el aspecto sectorial y regional; se interesa, particularmente, por las interacciones entre y dentro de las metas y las políticas que las hacen posibles, sobre todo para asegurar que no existen conflictos entre ellas, o bien, para conocer el efecto neto cuando varias fuerzas se mueven en dirección opuesta; inquiere sobre la actualización de los pronósticos y los plazos de los efectos, para comprender la temporalidad de las metas y objetivos; en fin, manifiesta apreciaciones, inquietudes y planteamientos, con el afán de apuntalar participación de esta Cámara en la planeación, al tiempo que se vigoriza la relación responsable, fecunda y respetuosa con el Poder Ejecutivo, y se fortalece el principio de la división y colaboración de poderes.

Por último, al remitir al Poder Ejecutivo Federal el presente documento, de opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, la Cámara de Diputados recomienda que las diferentes observaciones y sugerencias consignadas

en este primer apartado, así como las señaladas en los capítulos siguientes, se hagan de conocimiento de las dependencias de la administración pública federal, a efecto de que las analicen en el ámbito de su competencia y, en su caso, propongan las medidas que fueren necesarias para incorporarlas en su programación, así como para instrumentarlas jurídica y administrativamente.

II. EN LO PARTICULAR

1. Comisiones de Defensa Nacional y de Marina.

- Para esta representación, el enfoque mexicano de la seguridad nacional, tanto en el plano interno como el externo, se basa en el respeto al derecho; se finca también en la solidaridad interior y en la cooperación internacional.

- En el mismo sentido, conviene esta Cámara en el que el programa de acción de la fuerzas armadas define sus objetivos, doctrina, política, y acciones de acuerdo con la estrategia de desarrollo nacional, para que, en las condiciones internas e internacionales prevalecientes, se establezcan las previsiones a corto, mediano y largo plazo que contribuyen a la seguridad nacional, fortaleciendo la soberanía y el régimen democrático que determina la Constitución.

- Es por ello que la Cámara de Diputados respaldará el propósito de elevar el nivel profesional en todas las jerarquías y niveles de mando en las fuerzas armadas, adecuándolo a las demandas del México actual; el de apoyar la industria militar y naval con objeto de que, en coordinación con la planta industrial del país, disminuya gradualmente el abasto de extranjero; así como el de fortalecer los programas de superación personal, seguridad social y bienestar familiar para los integrantes de las fuerzas armadas.

- Nos parece oportuno que el PND encaminen sus acciones a que: los derechos del mar, los pueblos ribereños que reciben sus aguas, la plataforma continental, las especies altamente migratorias, los recursos vivos y no renovables, nuestra zona económica exclusiva, las embarcaciones, la infraestructura portuaria y la reglamentación internacional, los adquiera como retos presentes y futuros que debemos enfrentar quienes estamos ligados con los problemas y, a la vez, preocupados por mantener vigentes los derechos que sobre el mar posee nuestro pueblo y que expresamente nos confiere nuestra Carta Magna.

2. Comisión de Justicia.

- Las transformaciones políticas y sociales resultantes del desarrollo de nuestro país se han visto acompañadas, a lo largo de nuestra historia, de significativas modificaciones de las estructuras jurídicas.

- Llama la atención de esta soberanía que, a partir de la Revolución y de la entrada en vigor de la Constitución de 1917, las instituciones mexicanas y las representaciones de la sociedad han aportado formulaciones jurídicas que han innovado el derecho a escala mundial.

- No obstante las diversas acciones y estrategias desarrolladas durante los últimos sesenta seis años, es indudable que numerosos instrumentos legales se han tornado inoperantes e ineficientes en materia de procuración y administración de justicia. El PND posee el mérito de reconocer este desfasamiento entre el desarrollo de nuestro sistema jurídico y las necesidades y aspiraciones de los grupos sociales. Esta soberanía reconoce la validez del diagnóstico al tiempo que manifiesta su profunda convicción acerca de la inaplazable necesidad de reformar las normas y órganos a los que la Constitución confía la prevención y la solución de los conflictos conforme a derecho.

- El PND propugna llevar a cabo una revisión integral y la actualización del sistema jurídico nacional. Dicha actualización supone la realización de numerosas acciones legislativas constitucionalmente confiadas a esta soberanía. La Cámara de Diputados, con carácter de tribuna plural, es precisamente el espacio en que tales iniciativas encontrarán un adecuado foro para la discusión y aprobación. Para que dichas acciones sean las expeditas y profundas que se precisa, es conveniente que las mismas sean suficientemente planeadas, y que sobre las mismas se dé la más amplia deliberación. Si bien es cierto que existen reformas inaplazables, esto no obsta para que se mediten y examinen con lo más cuidadoso detalle.

- Es innegable que, además de reformas legislativas, nuestro sistema de administración de justicia reclama de una mejor organización que asegure el más amplio acceso de los ciudadanos a los órganos encargados de procurar y administrar justicia. Resulta hoy día ineludible crear los mecanismos e instrumentos que aseguren a todo individuo un fácil y expedido acceso a la administración de justicia para avanzar con ello en la democratización de nuestras instituciones. Los mejores propósitos que una ley pueda contener, se frustran irremediablemente cuando la misma no puede ser efectivamente invocada por aquellos a quienes formalmente protegen.

- En opinión de esta soberanía, es conveniente, además, transformar los sistemas de incorporación, formación y actualización de los servidores públicos que tienen a su cargo la procuración y la administración de justicia, así como la seguridad pública.

- A través de la funciones que a la Cámara de Diputados asigna la Ley de Planeación, esta soberanía considera, como parte de su responsabilidad frente a la nación, participar activamente en la integración

de grupos que examinen y evalúen permanentemente las acciones que sobre administración de justicia fija el Plan Nacional de Desarrollo.

3. Comisión de Relaciones Exteriores.

- La Política Exterior está comprendida dentro de la parte I, correspondiente a los principios políticos, así como al contexto nacional y internacional.

- Tanto los objetivos como el marco general; la estrategia y sus lineamientos; así como las relaciones bilaterales y multilaterales, incluyendo en esta última parte la relación con los organismos, se encuentra bien tratadas, con una gran claridad conceptual y, sobre todo, corresponden al proceso histórico que en el país ha seguido en esta materia. Los temas han sido ordenados de tal forma, que contienen los pronunciamientos principales del Congreso de la República.

No obstante, se advierte que en los párrafos dedicados a los países de América Central y El Caribe, no existe referencia específica a las proposiciones que el Gobierno ha venido reiterando a lo largo de estos últimos meses - de los cuales dio cuenta en su informe el señor Presidente - en unión de otros países del área conocidos como Grupo Contadora, para encontrar las bases de una paz negociada que procure una solución pacífica a los conflictos de Centroamérica. Esto se debe a la diferencia de tiempos entre el citado documento y la formulación del Plan, por lo que esperamos que tales proposiciones sean incluidas y ampliadas en el programa correspondiente, sobre todo las contenidas en la Declaración de Cancún, que fueron suscritas por los presidentes de México, Colombia, Venezuela y Panamá, el pasado 17 de junio.

4. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- Esta Comisión revisará el detalle de los pronósticos de crecimiento anual de la economía y entiende que las cifras que señala el Plan en esta materia, se refieren a promedios de un período, pues de otra manera se supondría que el crecimiento será constante a lo largo de los últimos cuatro años del sexenio.

- El Plan establece que al disminuir el déficit del sector público como porcentaje del PIB, se registrarán reducciones importantes en los requerimientos financieros del Gobierno, liberándose recursos que apoyarán el crecimiento previsto en la inversión. Esta Comisión estudiará en profundidad este aserto, ya que si se parte de una situación donde el financiamiento del déficit se realizó en su mayor parte con recursos externos - como fue el caso de 1981 -, al prescindir de estos fondos, se reduce el déficit más por la inexistencia de los mismos que por una contracción en el gasto del Gobierno, por lo que no se liberarían recursos internos que posibiliten al financiamiento de nuevas inversiones, a menos que los cambios estructurales, la reducción de la inflación, la política de tasas de interés, tributaria y de empresas públicas, así como el crecimiento esperado a partir de 1984, estimulen el ahorro interno.

- En cuanto a la capacidad de generar ahorro interno, se señala en el Plan que en esta tarea juega un papel crucial el ahorro del sector público. En este sentido conviene que se precise, en el programa respectivo, la interacción de éste con el ahorro privado, ya que los aumentos en los ingresos del Gobierno y del sector paraestatal, reducen la capacidad de ahorro de las empresas y familias, por lo que el efecto neto - considerando sólo este "efecto sustitución" -, pudiera ser inferior al contemplado en el Plan. Nos interesa conocer los efectos de otros factores sobre el ahorro interno - ingreso, tasas de interés etcétera - y esperamos que los mismos se especifiquen en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.

- También esperamos que, en dicho programa, se definan las prioridades concretas para efectos de canalización del crédito por parte de la banca nacionalizada; que se precisa la reestructuración de ésta; que se acompañe de una proyección de fuentes y usos de divisas para cubrir la deuda; que se concrete la política que se va a seguir en materia de control de cambios; y que se incluyan, de manera explícita, las relaciones financieras con el exterior.

- Esta Comisión tiene especial interés en conocer el modelo que permite la congruencia entre las políticas macroeconómicas y las de tipo sectorial. Asimismo, desea saber de los trabajos para mantener actualizadas la previsiones macroeconómicas del Plan y solicita que, cuando se presenten cambios importantes en las estimaciones - y éstos afecten el contenido de la política económica - sean dados a conocer, mediante el Programa Anual Global respectivo, a esta soberanía.

- En lo referente a la política de desarrollo regional deseamos conocer la forma "normativa y positiva" en que será planteada, pues parecen entrelazarse dos modelos: a) el de equilibrio interregional y de integración intrarregional, y b) el de "polos de crecimiento".

- Adicionalmente, esperamos si es posible, que se detallen con precisión, en los programas respectivos, los plazos de las políticas regionales, dado que las estimaciones existentes acerca de los crecimientos sectoriales, implican efectos en las distintas zonas geográficas del país.

- Sabemos que la unidad básica de planeación regional continúa siendo la entidad federativa, en atención a las características de nuestro régimen federal; pero es deseable lograr criterios de regionalización adecuados a los tres órdenes de Gobierno. Nos interesa conocer los avances en esta

dirección, así como en las regionalizaciones de carácter amplio.

5. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

- Esta Comisión reconoce que la crisis actual obliga a aplicar el gasto hacia zonas rurales y urbanas críticas, por eso el programa de protección al empleo y a la planta productiva, está enfocado hacia tales prioridades, lo que redunda en la creación de empleos mediante la aplicación de estos programas.

- Esta Comisión considera importante que el Plan contemple las perspectivas de producción de bienes y servicios básicos y de exportación, lo que necesariamente redunda en beneficio del trabajador, al crear empleos y proteger a la industria mediana y pequeña; y estima relevante el hecho de que el Plan Nacional dirija estos esfuerzos hacia la producción de artículos básicos de consumo popular.

- Por ello, juzga pertinente que, en el Programa de Defensa de la Planta Productiva, se hayan determinado las facilidades crediticias para la importación oportuna, con las divisas necesarias, de maquinaria y refacciones.

- La Comisión contempla con satisfacción la estrategia de fomento a la producción, abasto y protección al paquete básico popular y espera que se amplíe dicho paquete a productos no alimenticios y que se incremente la participación del Estado en la producción.

- Asimismo, le satisface que el Plan señale el rezago del sector social en nuestro régimen de economía mixta y la expectativa de fortalecerlo, ya que con un sector social dinámico y participativo, se vigorizará la confianza y desarrollo de los trabajadores.

- El programa de protección al salario contempla varias acciones favorables a los trabajadores: el control de precios, principalmente de productos de consumo básico, y el aumento de la producción de los mismos; el apoyo a la comercialización en tiendas sindicales y la desgravación fiscal. Esperamos que ésta se amplíe, no sólo hacia los impuestos sobre productos del trabajo, sino también en cuanto al IVA, para que no afecte el nivel de vida de los estratos de menores ingresos. Consideramos importante que se acentúe la tendencia a gravar más al que más gane y consuma, y desgravar el consumo de los grupos de menores ingresos.

- Esta Comisión apoya la política del Plan de fortalecer la organización de los trabajadores y clases populares en comités de consumidores. En este sentido, estima la creación de cooperativas de consumo y la compra de producto del campo en su temporada.

- En el tema de capacitación y productividad, el Plan ha recogido las experiencias y proposiciones de las organizaciones de trabajadores que han realizado estudios al respecto y han propuesto un desarrollo con responsabilidad y calidad en la producción. En este sentido, sugerimos que se estudie un nuevo sistema, más práctico y funcional, que hiciera efectiva la capacitación y el adiestramiento para los trabajadores, entre otros motivos, porque actualmente y por separado, no la pueden llevar a cabo la pequeña y mediana empresas.

- En materia de seguridad social, la Comisión juzga importante el hecho de que se aumente la cobertura de protección social a nuestros compatriotas que no gozan aún de este servicio. A nuestro juicio, dentro de las líneas generales de acción, resultaría muy conveniente establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control para mantener un sano financiamiento y un adecuado uso y aplicación de los recursos financieros para la seguridad social.

- La vivienda por ser una necesidad básica de la población, es clave para el desarrollo con justicia social, por lo que resulta satisfactorio para los que luchamos por la solución de los problemas de la clase trabajadora, que se contemple el desarrollo de la vivienda urbana y rural y el apoyo a la vivienda de interés social.

- La creación del Sistema Nacional de Vivienda, fortalecerá la capacidad de ofrecerla, a la población que aún carece de esta realización social y recibirá el apoyo de los trabajadores, quienes, aun cuando cuentan con organismos dedicados a este propósito, saben de las dificultades enormes y de los obstáculos a veces insalvables, que hay que superar. Se sugiere en este apartado, que se persevere en la formación de cooperativas para fabricar materiales de construcción a bajo precio y en la creación de asesorías gratuitas de ingenieros y arquitectos que apoyen técnicamente a los trabajadores, quienes los fines de semana y con ayuda de sus familiares pueden autoconstruir sus viviendas.

6. Comisión de Educación.

- Los antecedentes y cifras que registra el diagnóstico de la situación educativa contenido en el Plan, muestran, en síntesis, las limitaciones que perduran pese a los grandes esfuerzos realizados por el Estado en esta materia, en los últimos 40 años. La mayoría de estos problemas son consecuencia del propio proceso de crecimiento de la planta docente, del número de alumnos y del progreso de la tecnología educativa, así como de las nuevas necesidades de país.

- Dentro de los problemas señalados en el diagnóstico, destacan, por su gravedad los que se refieren a la deserción y reprobación escolar, a la desigualdad de los rendimientos entre la ciudad y el campo y los que afectan, con mayor intensidad, a la población indígena.

- Es preocupante, en lo que toca a la educación normal, el desfase que existe entre el currículo de la formación del normalista y los contenidos de los planes y programas de estudio que le corresponderá impartir a sus educandos. Situaciones semejantes prevalecen también en otras áreas de nuestro sistema educativo.

- La articulación de los valores que fundamentan las propuestas contenidas en el apartado materia de nuestro examen, se ajusta a las disposiciones constitucionales invocadas y coincide con nuestra propia observación y marco de referencia.

- El desarrollo histórico de nuestro ser nacional ha venido favoreciendo la aspiración a materializar la libertad para desarrollarse individual y socialmente del modo más pleno, desde el punto de vista humano. También ha velado por que esa libertad no se traduzca en un sacrificio permanente y sin remedio de la igualdad de oportunidades y disfrute de la civilización y progreso humanos. En ese sentido, coincidimos con la necesidad de que nuestro desarrollo cultural, y dentro de éste, el sistema educativo, contribuya a que la libertad y la igualdad fundamenten el ensanchamiento de la democracia con participación informada y responsable, como dique a los autoritarismos. Igualdad que acentúe nuestra identidad nacional y haga vigoroso y fuerte nuestro nacionalismo, sin que la igualdad se confunda con uniformidad que aplaste y niegue el carácter multifacético del genio del hombre y la riqueza que éste encuentra en la diversidad que lo distingue, sin rechazos a la cultura universal que amplía los horizontes en vez de limitarlos.

- Estamos de acuerdo con la necesidad de planear la educación para que ésta concurra eficazmente al desarrollo de la cultura nacional y sus manifestaciones regionales, de modo que una sociedad más educada haga posible que las formas de organización de la vida civil materialicen los valores ya mencionados, y permita que nuestros sistemas políticos y económicos afirmen nuestra independencia nacional, en la medida en que adquiera una dinámica interna propia y autónoma.

- La opinión de quienes suscribimos las presentes consideraciones se inclina por proponer algunos aspectos dignos de considerarse para una adecuada comprensión del área:

- Que el sistema cultural de la nación sólo es comprensible a partir de una visión integral que incluya sus múltiples vinculaciones con otras áreas de la actividad social y que por lo tanto, no se agota en la formalidad del sistema educativo a través del que se cumple esta función del Estado; por ejemplo, los medios masivos de comunicación concurren al proceso educativo y cultural a manera de vasos comunicantes; nadie podrá negar su importante impacto en la formación de los valores sociales, de ahí la necesidad de considerar su funcionamiento, de modo que sus ineludibles efectos, coadyuven al logro de los propósitos educativos del PND.

- El sector educativo tiene propiedades especiales, ya que los cambios en los agentes que los realiza son lentos. Por este motivo, existe consenso en que las modificaciones y reformas no sólo son más difíciles de inducir en este sector, sino que su maduración y posteriores efectos en la sociedad, sólo se logran en el largo plazo. Esta es, pues, la razón que explica que la planeación en esta área reclama con más fuerza que en otros sectores la exigencia de un perfil de referencia de largo plazo, capaz de orientar a los que inscriben en períodos más cortos.

- Especial atención nos han merecido las desproporciones e inadecuaciones que se registran en distintos subsectores y niveles del sistema educativo, particularmente en la enseñanza tecnológica y superior con respecto a las necesidades del país. Sin embargo, nos parece indispensable remarcar la conveniencia de que el sistema educativo adecúe sus egresos finales e intermedios a las necesidades sociales, sin que éstos deban identificarse exclusivamente con las orientaciones que se registran en el área de la economía, sujeta a la libre acción de sus agentes. Del mismo modo, es necesario reconocer que hay ciertos excesos en las egresiones de profesionales y técnicos que efectivamente están por encima de lo socialmente necesario y otros cuyo exceso aparente es la resultante del rezago en otras áreas de la actividad social.

- Por otra parte, las adecuaciones del currículo, de las demandas de educación y de la egresión intermedia y final con las necesidades del país, habrán de lograrse por la acción armónica de la planeación democrática, que ha de incluir un vigoroso esfuerzo, en la identificación de las necesidades sociales del México del presente y del futuro y, con base en ellas, constituir un sistema idóneo de orientación vocacional que deje de ser una simple información sobre estudios profesionales o técnicos.

- La descentralización educativa, que se inserta en el propósito más amplio de descentralizar la vida nacional, traerá consigo una afirmación del ser nacional que se apoya en la diversidad que nos conforma. Mejorará la eficiencia y calidad de la educación y auspiciará la participación de la comunidad. Sus resultados serán positivos porque recogerá y coordinará el sentir y la acción de la sociedad, en especial de los maestros, que son la base fundamental del sistema educativo.

7. Comisión de Salubridad y Asistencia.

- Dentro del marco del Plan se destaca la voluntad política del Gobierno de la República de edificar una sociedad más justa e igualitaria, y con la plena vigencia del mandato constitucional del "derecho a la protección de la salud", que da base a un sólido e integrado Sistema Nacional de Salud que garantice a todos los mexicanos, en el más breve plazo, servicios permanentes y accesibles de salud. Este derecho es una responsabilidad ineludible del Estado, que deberá disponer los recursos necesarios para asegurar su cabal cumplimiento.

- De conformidad con el decreto del PND, la instrumentación de los propósitos y estrategias de este apartado, es responsabilidad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como cabeza de sector, que los realizará a través de un "programa de mediano plazo"

- Este programa tiene como finalidad la adecuación de las acciones de los sectores público, social y privado para que, conjuntamente con el mandato constitucional del derecho a la protección de la salud en base a las políticas, programas y acciones que deberá observar cada uno de los sectores.

- Las acciones que permitirán mejorar la eficacia y racionalización de los recursos del sector salud, se orienta a superar los problemas de desigual atención que confrontan los habitantes del país, a través del fortalecimiento y la consolidación de la coordinación e integración funcional e institucional de los servicios.

- Las primeras acciones en tal sentido, ya están establecidas, destacando por su importancia el fortalecimiento de la coordinadora del sector, para que ejerza mayor control en materia administrativa, de coordinación institucional y de disciplina presupuestal con sus entidades coordinadas. De igual manera, sobresalen la desconcentración administrativa, la regionalización de los servicios y la reestructuración de los niveles de atención en especial de la red primaria.

- Estas importantes acciones permitirán aprovechar, en mayor medida, la capacidad instalada y los recursos humanos y financieros; conformar instrumentos de información adecuados y una planeación participativa con sistemas de evaluación y control para mejorar la eficiencia general de los servicios.

- Esta Comisión considera indispensable la coordinación de cada una de las entidades que integran el sector salud, para que, dentro de un planteamiento sectorial, se ubiquen y compatibilicen los programas institucionales.

- Tal coordinación debe ser real, para evitar el desorden y el dispendio: la duplicación de servicios en algunas zonas, mientras otras quedan sin los servicios más elementales; además, para asegurar la óptima suma de esfuerzos y recursos intra o intresectoriales.

- La vinculación de los programas institucionales y sectoriales con el PND se dará a través de dos instrumentos: a) los programas operativos - en los que se proponen las prioridades y proyectos relevantes que se desprendan del programa sectorial -, y b) el programa - presupuesto - en el que se detallan los programas, subprogramas y acciones a desarrollar por cada institución y el requerimiento de los recursos necesarios para llevarlos a efecto.

- Estamos conscientes de que la ejecución del Sistema Nacional de Salud exige la participación responsable y entusiasta de todos los sectores, para que se cumplan las prioridades definidas en el PND.

- Sin embargo, en el medio rural, se hace indispensable y urgente una atención efectiva en lo que respecta al primer nivel del derecho a la salud, por parte de las instituciones descentralizadas - IMSS e ISSSTE - para que se amplíe la cobertura en beneficio de las pequeñas congregaciones marginadas. Es decir, que no actúen exclusivamente en las comunidades asentadas en condiciones ideales, sino que se apoye a la SSA, aplicando un criterio más humanista que administrativo, tomando en cuenta que hay zonas más vulnerables y que no debemos esperar a que se den las condiciones propicias de infraestructura urbana para allegarles el derecho a la salud.

- Hacemos una exhortación a la unidad, y a trabajar de buena fe, con el esfuerzo y la eficacia que la población campesina reclama, porque en los actuales momentos, la producción del campo es prioritaria y es el sector más urgido del disfrute del derecho a la protección de la salud.

- En particular, se manifestó la demanda y la esperanza de que los servicios de salud se amplíen en las regiones indígenas donde se observa un alto grado de incidencia de enfermedades y de alcoholismo. Asimismo, se insistió en el enfoque integral de la salubridad, pues de nada sirven tales servicios si no se remedian las causas de los males - falta de agua potable, contaminación, desnutrición, etcétera.

- La Comisión considera conveniente que en los programas respectivos se fundamente mejor el tercer propósito de la política de salud, pues no es claro como puede "concordarse" el crecimiento demográfico con el desarrollo económico, respetando íntegramente la voluntad de la pareja, cuando se registran tasas de crecimiento negativas en el PIB, y positivas en la población. Entendemos que el propósito se refiere al mediano y largo plazos, pero nos interesa su compatibilidad con los problemas del corto plazo.

8. Comisión de Seguridad Social

- La ampliación de la protección de la seguridad social a toda la población con una relación formal de trabajo y a los trabajadores no asalariados, tiene que ser una actividad prioritaria del Gobierno Federal, por lo que esta Comisión ve con beneplácito que esta tarea se señale como propósito fundamental del PND, pues así se cumpliría con un postulado básico de justicia social.

- Especial mención merece la necesidad de que este servicio se extienda a los numerosos núcleos de campesinos, particularmente indígenas, asentados en zonas marginadas, que no cuentan con ninguna protección de seguridad social.

- Las líneas generales de acción, que se trazan para el cumplimiento de este propósito implican una serie de actividades que tienden a descentralizar o desconcentrar los servicios, a utilizar racionalmente los recursos financieros y, en forma importante, a establecer los esquemas de coordinación interinstitucional para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.

- Este último lineamiento, reviste particular importancia ya que en épocas de crisis no es permisible la dispersión de los recursos materiales y humanos, la duplicación de las acciones o la utilización inadecuada de la capacidad instalada, por ello, todo lo que tienda a integrar un sistema nacional de salud y a la unificación interinstitucional de algunas prestaciones de la seguridad social, debe reforzarse al máximo para conseguir resultados positivos en el menor tiempo posible, como lo señala el PND.

- En consecuencia, la Comisión considera que los planteamientos del PND están acordes con la realidad del país en el momento actual, y con la imprescindible necesidad de llevarlo a la práctica concretándolos en hechos positivos que conduzcan a mejorar el nivel de bienestar social de todos los mexicanos.

- Finalmente, la Comisión se permite comentar, que en el punto correspondiente a la obtención de un sano financiamiento en las instituciones de seguridad social, deberán afinarse y mejorarse los mecanismos de seguimiento para vigilar y controlar la utilización de los recursos financieros de cada una de ellas.

9. Comisión de Asentamientos Humanos

- Esta Comisión opina que la descentralización de la vida nacional es un reclamo, un imperativo y un reto, que supone un proceso gradual que propicie un desarrollo equilibrado de nuestra población, en lo político, administrativo, económico, social y cultural. Ello, a través de un fortalecimiento total al municipio. Es deseable que la función del municipio no se vea interferida por el capricho e intereses de algunos grupos de presión. Lo anterior, ajustando su función a las políticas nacionales del desarrollo urbano.

- Una equilibrada distribución territorial de las actividades productivas a la provincia, sólo se podrá lograr mediante un enfoque de cambio estructural. Antes que nada, el estado de México debe estar reordenado y controlado en su crecimiento, porque es el territorio que cuenta con grandes superficies libres de producción agrícola, que pueden ceder bajo el influjo poblacional.

- Es fundamental que se precisen y se concreten algunas acciones. Por ejemplo, que se expidan, como lo señala el primer informe presidencial, normas jurídicas, que siempre serán susceptibles de adecuación, como la Ley General de los Asentamientos Humanos, la Ley de Vivienda, la legislación que permita regular las rentas y auspicie la edificación de vivienda en renta, modificaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria - para precisar la responsabilidad de la creación de las reservas territoriales, para la agilización de la regularización de zonas urbanas ejidales y comunales - la que se refiere a expropiaciones de ejidos y comunidades que tienen asentamientos humanos, la referente a terrenos nacionales y colonias agrícolas y la relativa a nuevos centros de población ejidal.

- En materia de desarrollo urbano y vivienda, el Plan contempla una política que encare cambios estructurales y contribuya a la reordenación económica que requiere el proceso de desarrollo nacional. Esto plantea la mejor utilización de la infraestructura existente y el aprovechamiento del potencial de zonas alternativas. Los factores estructurales son, sin duda, una inequitativa distribución del ingreso y una desmedida especulación inmobiliaria.

- En esta materia, la comisión considera que deben señalarse las áreas de impulso básicas del desarrollo nacional en el programa correspondiente. Que esas áreas potenciales y alternas del desarrollo y otros centros de población de impulso sean señalados en cuanto a la creación de reservas territoriales para la oferta de la vivienda, instalaciones públicas y desarrollo industrial. Estimamos que la regularización de la tenencia de la tierra debe cubrir dos vertientes: la de las zonas urbanas ejidales - mediante un procedimiento ágil que sustituya el trámite de regularización por la vía agraria - y aquellas también ejidales y comunales que, ya detectadas, afectan los grandes centros de población en donde se producen los fenómenos propios del crecimiento urbano.

- Consideramos que la vivienda popular requiere de suelo urbano y financiamiento oportuno, de apoyo decidido a la autoconstrucción y líneas de crédito nuevas, que impulsen la vivienda en renta y la adquisición de la misma, por parte de los inquilinos, cuando los propietarios vendan

los inmuebles. Por ello, el sistema financiero para la vivienda tendrá que unificarse, fortalecerse y ponerse al alcance de los grupos populares dando tratamiento especial a los grupos organizados.

- La Comisión vería con beneplácito que las lineas generales de acción del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, reflejara aspectos más concretos de carácter legislativo, a conseguirse en el período 83 - 84, dando prioridad a la Ley, Ley General de Vivienda, a la Ley de Regulación de Rentas, a las reformas a la Ley Federal de la Reforma Agraria, a la Ley de Bienes Nacionales y a la Ley General de los Asentamientos Humanos, que deberán ventilarse en el presente período de Gobierno.

- Por lo que toca a las zonas conurbadas, que abarcan varios estados, es indispensable, como el caso de la zona metropolitana de la ciudad de México, que se creen programas de desarrollo en coordinación con los estados involucrados.

- Se debe ser drástico en el tratamiento de las zonas conurbadas, porque las comisiones actuales no tienen fuerza jurídica que las respalde y les dé autoridad y operatividad.

Para que se avance en la descentralización de la vida nacional, los municipios deben ser los receptores de las reservas territoriales del desarrollo urbano y vivienda. Para ello, es necesario que los 31 congresos locales legislen sobre la materia y expidan sus leyes locales del desarrollo urbano y de vivienda. Asimismo, será necesario que modifiquen sus códigos civiles para fincar el régimen de patrimonio familiar en viviendas de interés social y expidan leyes sobre el inquilinato.

- De igual forma, será necesario que los ayuntamientos expidan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan cumplir con los fines y las facultades, que le concede el artículo 115 constitucional en materia de desarrollo urbano y vivienda.

- Esta Comisión entiende que los cuatro programas regionales señalados por el PND no constituyen una lista exhaustiva y opina que la demanda de construir una sociedad más igualitaria - sobre todo en su aspecto de redistribución regional de la riqueza y el ingreso - hace indispensable la formulación - así como su consiguiente instrumentación, control y evaluación - de un programa regional que permita combatir la marginación y fomentar el desarrollo integral de las zonas áridas del país.

10. Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

- Esta Comisión considera de suma importancia reconocer que la voz popular que se hizo escuchar en la reciente campaña política del Presidente Miguel de la Madrid, ha tenido una respuesta que manifiesta la voluntad política de asumir, con decisión, el problema ecológico y de la contaminación ambiental.

- La respuesta inmediata consistió en incluir explícitamente y por primera vez en la planeación nacional, los criterios ecológicos y medioambientales. Ello significa que se reconoce que el medio ambiente es al mismo tiempo resultante del proceso de desarrollo y pre - requisito para que tenga lugar; entendiendo al desarrollo económico y social como un proceso de interacción de la naturaleza con la sociedad.

- La Comisión destaca que la concepción que ostenta el Plan sobre la ecología es satisfactoria porque:

- Situándola en el capítulo de la política Social, la incluye entre las necesidades básicas fundamentales, y dentro del capítulo de Política Sectorial da margen a que cualquier programa que implique o conlleve transformación de los ecosistemas, necesariamente requerirá de alguna gestión ambiental.

- Denuncia el dispendio y la explotación inmoderada de nuestros recursos naturales y la libertad en el otorgamiento de subsidios de insumos básicos, como son los energéticos y el agua.

- Señala la ausencia del control sobre los desechos y residuos industriales y urbanos que han degradado el medio ambiente.

- Cuenta, gracias a la consulta popular, con un consenso integral de la problemática actual en sus principales modalidades.

- Infiere que hay la capacidad y la intención de evaluar el impacto ambiental y el daño ecológico de los programas de crecimiento económico, para lo cual se prevé la adecuación del marco jurídico.

- Además, porque sus propósitos son traducir el medio ambiente a un estado sano, como una garantía individual y un derecho social, que contribuya a un mayor bienestar para el hombre y las comunidades en su conjunto.

- Por otro lado, los lineamientos de estrategia para los asuntos ecológicos y ambientales, giran en torno a la reordenación económica y al cambio estructural. En la primera, destaca el control y disminución de la contaminación ambiental y la restauración ecológica con una perspectiva regional, y en la segunda, el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales del país y la conservación y enriquecimiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.

- En este punto es necesario mencionar que la estrategia de reordenación deberá concebirse con mayor rigor en el corto plazo. No deben admitirse tibiezas cuando habla de controlar y disminuir la contaminación. Deben aplicarse con voluntad política y ecológica las medidas correctivas conducentes

sobre los principales focos de contaminación. El programa inmediato debe definir algún mecanismo para que tanto las empresas públicas como privadas que se reconocen como grandes contaminadoras, instalen sin excusa ni pretexto, sus propios sistemas de control. Además debe buscarse la participación más amplia posible de toda la ciudadanía. De ello dependerá el éxito o el fracaso de posteriores ordenamientos jurídicos y administrativos.

- La Comisión de Ecología y Medio Ambiente sostiene la tesis de que la legislación vigente sobre contaminación y medio ambiente es incompleta, pero también está consciente de que no ha funcionado cabalmente por falta de decisión política para su correcta aplicación.

- Por ello, simultáneamente a lo anterior, se deberán ir sentando las bases para operar las estrategias de mediano y largo plazos que implican el cambio estructural señalado. Las acciones para completar tanto el marco normativo en el ámbito ecológico, para resolverlos eficaz y congruentemente, como la legislación mediante la expedición de nuevas disposiciones legales y la incorporación del principio de agregación a los programas de desarrollo; hacerla eficaz al actualizar el sistema de sanciones y acercar la norma jurídica a la realidad social que regula para cumplir y hacer cumplir la ley; hacerla congruente incorporando a la legislación, sobre todo relativa a los recursos naturales, criterios ecológicos que den como resultado una legislación uniforme como prerrequisito para un desarrollo nacional integral.

- Es aquí donde la Comisión de Ecología y Medio Ambiente será pieza angular para que se logre congruencia entre la norma y la acción, conforme a una visión integral de nuevos criterio ecológicos. Su respuesta será dada a conocer en su momento y forma oportuna.

- Es necesario mencionar que en los dos capítulos en que el plan trata el asunto ecológico, los diagnósticos señalan adecuadamente los principales problemas que afrontan los recursos naturales y el medio ambiente del país, así como las causas que lo originan, excepto en lo que se refiere al agua.

- La Comisión de Ecología considera que deberán revisarse los puntos secuenciales al diagnóstico del agua en ambos capítulos, esto es, los apartados de propósitos, lineamientos de estrategia de líneas generales de acción, a fin de esclarecer su uso y calidad, así como los ámbitos de competencia entre las dependencias que funcionalmente están involucradas de acuerdo con la Ley Orgánica de la administración pública federal, para evitar las duplicidades que en la práctica se han mostrado, principalmente entre las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

11. Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

- Al analizar el contenido del PND relacionado con el sector agropecuario, proponemos se tome en cuenta lo siguiente para la elaboración de los programas correspondientes:

- Los programas de organización y capacitación deberán diseñarse a partir d e las necesidades del propio productor, orientados a una gama de funciones específicas que van desde la producción, comercialización, obtención de créditos e insumos, etcétera, hasta aquellas dedicadas a elevar sus niveles de bienestar mediante un adecuado uso y destino de sus ingresos.

- La organización y capacitación no debe estar enfocada únicamente al productor, se requiere también instrumentar estos programas hacia los técnicos y servidores públicos encargados de estructurar y ejecutar los programas del sector. Por ello es necesaria la participación coordinada de las dependencias involucradas en el diseño de los planes de estudio a nivel medio y superior de aquellas carreras cuyo objetivo es la formación de recursos humanos para la atención de sector.

- A fin de que el mejoramiento de la productividad sea efectivamente el factor dinámico de la producción agropecuaria, es necesario que la concepción e instrumentación de las acciones de asistencia técnica al campo, requieran de una visión mucho más amplia que la simple transferencia de conocimientos tecnológicos enfocados a la producción.

- El elemento rector para poder llevar a cabo las acciones de la estrategia, parte de la reordenación técnico - administrativa, que implica la ubicación especial de los técnicos dentro de una unidad territorial en la que exista una estrecha vinculación con el productor, ofreciéndole un paquete tecnológico de carácter integral, que va desde el mejoramiento de las agrotécnicas locales, nuevas alternativas de producción, uso intensivo de los recursos, etcétera, hasta la capacitación y formas de organización para la autogestión del productor; en su interrelación con otros sectores de la economía.

- Dentro de este marco conceptual, la estructura administrativa y operativa de los distritos de temporal y de riego deben ser un instrumento primordial en el proceso de identificación y formulación de proyecto de infraestructura, dado que cuentan con una organización cuyos miembros radican y trabajan en las áreas rurales donde se manifiesta la necesidad de los mismos.

- Una medida necesaria para estimular la producción agropecuaria, particularmente la de productos básicos que son los que en mayor medida están regulados en su precio, es la adecuación de precios de garantía, en función de los costos de producción, un margen de utilidad que incentiven al productor y el impacto en el consumidor.

La junta aplicación de los precios de garantía es primordial ya que el bajo nivel de ingresos de los campesinos, es la causa principal de la desigualdad social.

- El crédito suficiente y oportuno, tanto en lo especial como en el tiempo , deberá ser un eficiente medio de inducción de los programas de producción, y promotor de la confianza de quienes lo usan, por su manejo claro y honesto.

- El Seguro Agrícola y Pecuario deberá ser un elemento que comparta el riesgo con el productor, principalmente con aquellos que cultivan en áreas de temporal. Por ello, deberá cubrir una mayor gama de productos, principalmente de aquellos en los que se requiere incrementar la producción. Además, deberá ampliar su cobertura a todas las regiones del país.

- Una forma de orientar las actividades productivas y la participación del productor es instrumentar incentivos (fiscales, crediticios, energéticos, etcétera) que se otorguen a la producción y organización. Los mecanismos para la obtención de dichos incentivos deberán estar diseñados de tal forma que su obtención sea ágil y sencilla, adaptada a las características, capacidad y organización de los productores.

- La estructura administrativa y operativa de las instituciones que participan y promueven el desarrollo del sector agropecuario y forestal, requieren de modificaciones y adecuaciones sustanciales, acordes a las necesidades reales de los productores y al enfoque específico de desarrollo rural integral.

- Será necesario intensificar las acciones que en materia de tenencia de la tierra reclame cada región en particular. A fin de tener soluciones especificas en el corto plazo, sobre problemas concretos que limitan la instrumentación y ejecución del universo de programas del sector, deberá establecerse una estrecha coordinación intersecretarial a fin de atender en forma prioritaria aquellos problemas que se identifiquen como factores restrictivos para el logro de los objetivos del sector.

- Deberán reforzarse los instrumentos de coordinación con los gobiernos estatales mediante la desconcentración de acciones, fortaleciendo los convenios únicos de Desarrollo, apoyando la readecuación de las instituciones técnico - administrativas estatales a los objetivos y estrategias de los programas centrales, dentro de un proceso flexible de retroalimentación.

- Para lograr la distribución equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos forestales, es necesario que sus propietarios poseedores tengan acceso y se incorporen a los órganos directivos o consejos de administración de las empresas, tanto paraestatales como privadas. Todo ello, con la finalidad de que se acabe con el rentismo, el contrabando forestal, la apatía por el cuidado del bosque, y la alarmante disminución de la masa forestal en nuestro país.

- Estimamos prudente anotar que, debido a la austeridad en el gasto público, los egresos deben destinarse hacia los grupos mayoritarios, que se encuentran en una situación de marginación económica y social. Por lo tanto, pugnamos porque se canalicen recursos para el aprovechamiento integral del recurso forestal, apoyándolo técnica y económicamente, ya que los propietarios y poseedores del recurso, particularmente los ejidatarios y comuneros, han sido grupos marginados de los beneficios sociales.

- Consideramos necesario que el presupuesto para el subsector forestal sea mayor al del año pasado. Para ello, formularemos los argumentos básicos de las necesidades de la protección, conservación y aprovechamiento integral del recurso.

- En el sector paraestatal, agropecuario y forestal, se considera necesario encontrar los procedimientos y estrategias que paulatinamente vayan logrando cambios estructurales a nivel de empresas que permitan operaciones sanas, contemplando los aspectos financieros y de beneficio social.

- Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del sector, se deberá medir no sólo la operación de las empresas, sino el impacto de los beneficios a los productores y a los consumidores. Para ello, es necesario que se pugne por: estructuras financieras sanas; incremento de producción; incremento de productividad; disminución de costos; generación de empleos; mayor participación y coordinación entre todas las partes que intervienen en el proceso productivo, captación de divisas y un sistema de capacitación eficiente y adecuada.

12. Comisión de Reforma Agraria

- El PND da lineamientos y bases para la formulación de programas sectoriales que Concretarán la Política de "Desarrollo Rural Integral " y de "Reforma Agraria Integral". Estas mayores concreciones se ubicarán en los programas de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

- Las políticas y estrategias derivadas del PND que consideramos deben definirse de inmediato, son las siguientes:

- Tenencia de la tierra: Determinar el procedimiento para garantizarla por encima de la documentación misma, procurando que los regímenes de tenencia vigentes funcionen correctamente apoyados en las figuras jurídicas que, de acuerdo a las circunstancias se hagan necesario establecer o modificar.

- Vivienda: Se supone la creación de un instrumento financiero cuyo origen está plasmado en el artículo 4o. constitucional, y cuya estructura se encuentra

en el PND. Deberá ser un organismo ágil, eficiente y desburocratizado, que impulse la resolución integral de los problemas de vivienda rural existentes, apoyado en la infraestructura gubernamental.

- Se propone también la creación - en el seno del CAPFCE - de un programa de construcción de viviendas decorosas para el maestro rural, que además de dignificar su labor magisterial, sirva para motivar al campesino a mejorar su propio tipo de habitación y sus hábitos de higiene familiar.

- Salud: no son suficientes, los programas para combatir enfermedades contempladas por la SSA; su prevención mediante hábitos de higiene son igualmente importantes. La Reforma Agraria Integral debe implementar y promover programas preventivos y de instalaciones sanitarias en el medio rural.

- Educación: A los programas normales de instrucción primaria rural deben incorporarse programas de capacitación técnica especializada en los distintos tipos de actividad agropecuaria de cada zona y de cada región del país. La Ley de Educación Agrícola que contemplaba la parcela escolar fue abrogada en el decreto que creó la Universidad Autónoma de Chapingo. Se propone sea estudiada la conveniencia de actualizarla y someterla a discusión en las comisiones involucradas.

- Agroindustrias: Los programas agroindustriales además de elevar el nivel de industrialización del país, transformando la materia prima en beneficio del productor directo, constituyen una fuente de trabajo y arraigan a los campesinos en su lugar de origen evitando el gigantismo de las ciudades y sus problemas colaterales.

- Considerando que el PND contiene concepciones en materia agraria, que deben corregirse:

- El Plan destaca "La indefinición de la estructura agraria" apoyándose en las irregularidades que en la realidad se presentan en la tenencia de la tierra. La estructura agraria conforme a la doctrina, es el conjunto de los principios rectores, de instituciones fundamentales, de bases orgánicas, que sistematizan la materia agraria, consagran y sancionan el orden jurídico. De acuerdo con el artículo 27 constitucional, no existe indefinición en la estructura agraria y sí muchos problemas ligados a la tenencia de la tierra.

- El Plan expresa: "En materia de reparto agrario, es necesario determinar la totalidad de la superficie de afectación, para concluir la fase del reparto". Esto parte de un supuesto equívoco: Que en lo futuro ningún propietario concentrará propiedades rurales más allá de los límites que permite la Ley y que tampoco dejarán de cultivar sus propiedades rústicas más de dos años. Se olvida que el proceso de concentración de la propiedad rural es un hecho social que, como los hechos delictivos, se suceden en la vida normal de toda sociedad, aunque las leyes los prohiben, y que en su esencia es dinámico, por lo cual está sujeto a todo género de transformación. Por otra parte, los propietarios de superficies inafectables, que dejen de cultivar sus tierras durante dos años consecutivos, sin motivo justificado, pueden ser afectados para satisfacer las necesidades agrarias. Por principio, las leyes agrarias que regulan los repartos y afectación, son de aplicación permanente en cuanto se den las hipótesis previstas por la propia Ley. Por lo tanto, resulta desacertado hablar de concluir con la fase del rezago y del reparto agrario.

- Es impropio hablar de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y equívoco, que la seguridad de la propiedad rural se obtenga con el solo "otorgamiento de los documentos legales". En nuestro país la inseguridad jurídica la han invocado principalmente los propietarios, cuyos predios rebasan los límites que la Ley autoriza; no los auténticos pequeños propietarios, ni los campesinos, quienes han demandado con todo vigor el establecimiento de un sistema de justicia agraria que los rescate de la madeja de todo tipo de injusticias de que son víctimas. Por ello, este capítulo de la Reforma Agraria debe coordinarse con el correspondiente a reformas jurídicas e impartición de justicia, donde se apunta el reclamo de fortalecer la magistratura agraria con una justicia pronta, expedita y honesta para los campesinos, como lo ordena la fracción XIX del artículo 27 constitucional.

13. Comisión de Pesca.

- El PND en su apartado de pesca y recursos del mar, se centra casi exclusivamente en el renglón de pesca, con escasas referencias al resto de los recursos del mar.

- En el diagnóstico no se menciona el estado financiero actual del sector. Tampoco la necesidad de importar insumos indispensables ni la influencia de monopolios como el de La Viga, Distrito Federal. Se sugiere su inclusión en el programa respectivo.

- También debiera incluirse en el diagnóstico del sector de pesca, la relación escuelas - actividades pesqueras, y asuntos graves como el contrabando de camarón y su estrecha relación con la fuga de divisas. Además, problemas como el de las llamadas Cooperativas Pesqueras Ejidales y las características de la industria de harina de pescado,

- El programa sectorial debiera incluir las especies que por su volumen y precio podrían hacerse llegar a las mayorías. También los problemas de nutrición y Hábitos de los consumidores nacionales.

- Convendría además, en el renglón de acuacultura, hacer referencias concreta a las lagunas litorales y a la maricultura.

- En el programa del sector industrial, es indispensable plantear el problema de los envases, en especial, las latas, su costo y sus necesidades de importación.

- En los propósitos convendría añadir el de control ambiental y la conservación de las especies.

- En el objetivo "Contribuir a mejorar la alimentación de la población" convendría considerar los hábitos alimenticios, los precios, los recursos pesqueros existentes, las inversiones necesarias y los plazos.

- En el objetivo "Generar empleos, especialmente en zonas y grupos más rezagados" convendría considerar la relación inversión - Empleo - capacitación - precio - mercado nacional e internacional.

- En el objetivo "Promover el desarrollo regional y comunitario y mejorar los niveles de vida para los trabajadores que se dedican a la pesca" convendría insistir en la necesidad de la coordinación interinstitucional de las dependencias que intervienen en el sector.

- En "Lineamientos de estrategias" se propone insistir en la integración de las diversas actividades que constituyen la pesca, desde la investigación del recurso hasta el consumo. También dar mayor importancia a la acuacultura de lagunas litorales y a la maricultura desde su investigación hasta su procesamiento y comercialización.

- En "Líneas generales de acción" convendría incluir, en "captura", la necesidad de sustituir importaciones como las de refacciones para motores y artes de pesca.

- En "Acuacultura" sería indispensable explotar nuestras lagunas litorales, hacer maricultura y aprovechar todos los almacenamientos de agua dulce. También establecer en todos los casos la tecnología nacional que permita una verdadera producción masiva de especies marinas.

- En "Industrialización" convendrá incluir la fabricación de harina de pescado, tanto para el consumo animal como para el consumo humano.

- En "Comercialización y transporte" convendría atender las relaciones precio - producto - flete - precio, envase - precio y comercialización - precio al consumidor, número de consumidores por especie.

- En "Organización y capacitación" convendría insistir en la necesidad de la relación escuela actividades pesqueras.

- En "Prospección Investigación y Tecnología", decía incluirse la acuacultura y la maricultura.

- En "Consumo" convendría incluir la necesaria investigación de la relación idiosincrasia, hábitos, alimentación, especies, nutrición, precios.

- En "Financiamientos" convendría destacar a política crediticia y su relación con los grandes pasivos del sector.

- Sería conveniente, finalmente, incluir en las "Líneas generales de acción" a las siguientes: infraestructura y construcción y reparaciones navales.

14. Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.

- Esta Comisión juzga un acierto que el PND reconozca que el desarrollo industrial ha sido importante para la economía nacional, pero ha generado distorsiones a nuestro desarrollo: dependencia del exterior e injusticia social. Sin la reestructuración cabal de este sector, difícilmente se podrán lograr los cuatro objetivos del PND.

- La segunda vertiente de la estrategia del PND (cambio estructural) es de fundamental importancia para el sector industrial, porque sus seis orientaciones generales tienen una incidencia directa en el sector, particularmente la reorientación y modernización del aparato productivo y distributivo.

- Esta Comisión desea que se aclare la forma en que se alcanzarán las tasas de crecimiento promedio (entre 6.7 y 7.9) que se estiman para el sector industrial en el periodo 1985 - 1988, siendo que la previsión para 1983 - 1984 es entre 1.0 y 4.0%. Este salto podría explicares por la superación de los desequilibrios económicos de 1983 - 84 y por el cambio estructural al que se postula. Creemos que el programa sectorial correspondiente debiera explicar ese salto y la forma de lograrlo.

- En cuanto a las políticas para impulsar el cambio estructural:

- La política de protección y comercio exterior nos parece adecuada, sin embargo, se precisa mayor información de cómo se logrará la sustitución selectiva de importaciones de bienes de capital y el fomento de exportaciones de dichos bienes.

- La política de franjas fronterizas y zonas libres deberá quedar suficientemente explícita en el programa regional correspondiente, ya que esta parte del país tiene un gran potencial exportador que debe vincularse debidamente a la economía nacional. En este sentido nos pronunciamos porque el empleo no sacrifique independencia. La industria maquiladora debe coadyuvar al desarrollo de nuestro propio proceso industrial y no ser causa de su distorsión.

- La política de fomento a la industria también deberá especificarse en el programa sectorial ya que el Plan sólo incluye un párrafo.

- La política fiscal y financiera que se detallará en el Programa de Financiamiento del Desarrollo, deberá darle una gran importancia a la orientación selectiva del crédito, y deberán quedar explícitos los mecanismos y condiciones que se utilizarán para esos efectos. El plan sólo dice que la canalización se hará hacia "proyectos prioritarios y empresas que aseguren la rentabilidad del proyecto"; en consecuencia, tendrán que precisarse las ramas prioritarias, así como los criterios para el otorgamiento de tasas de interés preferenciales y otros apoyos bancarios.

- La política de desarrollo tecnológico - industrial y capacitación recibe un enfoque adecuado, pero sería conveniente su ampliación.

- La precisión de la política de fomento a la pequeña y mediana industria es de suma importancia ya que de ella depende, en buena medida, el éxito de la política industrial, y el logro del cambio estructural buscado.

- En la política de empresa pública industrial, creemos que deberá precisarse la expresión que dice: "La estrategia del Plan asigna a la industria paraestatal una gran importancia como instrumento de fomento más que de regularización". Consideramos que debe actuar en ambos sentidos, es decir, para regular y también para fomentar. No se trata de "competir" con la empresa privada, sino de regularla y fomentarla en beneficio del interés general. Creemos que en este inciso debieran quedar claramente precisadas cuáles son las áreas prioritarias en las que puede participar el Estado por sí o con los sectores privado y social.

- En cuanto a la política de regulación, nuestro interés se centro en la política de inversión extranjera. El Plan menciona que "en el proceso de expansión, diversificación y modernización de la planta productiva nacional, se utilizarán de manera complementaria recursos del exterior - tecnológicos, administrativos y financieros - y se orientarán de acuerdo con las prioridades de la estrategia de desarrollo para elevar al máximo su aportación".

- Estamos conscientes de que la independencia económica de una empresa no radica exclusivamente en la estructura del capital social de la misma, sino en su operación, es decir, en el grado de dependencia de insumos y tecnología extranjera para poder operar. Por ello expresamos nuestra preocupación en el sentido de que, para autorizar una inversión extranjera, no basta verificar que se cumpla con los límites de participación en el capital establecidos por Ley, sino además, que su operación se ajuste estrictamente a los criterios señalados en el Plan.

- En este aspecto conviene señalar el interés de la H. Cámara de Diputados por conocer trimestralmente un informe de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en el que se dé cuenta de las resoluciones tomadas y los fundamentos que ha tenido para ello, ya que dicha Comisión requiere de mecanismos de control respecto a su funcionamiento.

- Por otra parte, el Plan señala políticas a cumplirse hacia los años próximos; no obstante, existen actualmente en el país empresas con capital extranjero que no cumplen con los criterios señalados en el Plan, por lo que debieran de establecerse medidas para tales casos y corregir así las desviaciones incurridas en el pasado.

- En materia de desarrollo industrial, esta Comisión espera que los programas de mediano y corto plazo detallen los lineamientos específicos para promover, alentar y organizar de mejor manera al sector social en esta materia y que se le reconozca la importancia debida a su expansión y desarrollo ante los propósitos de cambio estructural señalados.

- Para el sector industrial, debido a su situación y características, la empresa pública debe ser el principal instrumento para su reestructuración y reorientación.

- Nos parece adecuado el "diagnóstico" que se hace de la empresa pública, y esperamos que el programa correspondiente, que concretará los "propósitos y líneas generales de acción", se formule con la misma claridad y contundencia que caracterizan al diagnóstico.

- Se habla de "participar en la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios, y en aquellas actividades de producción básica que no sean cubiertas suficientemente por la iniciativa particular". Se precisa entonces que se detallen cuáles son unas y otras, y que se aclare el papel que corresponde a la participación del Estado en estas actividades, pues la frase citada parece darle un carácter subsidiario.

- Consideramos necesario que sea en el capítulo de empresa pública donde se precisen las áreas prioritarias en las que podrá el Estado participar por sí o con los sectores privado y social. Una aparte primordial de la política de empresa pública creemos que debiera ser el señalar con precisión las ramas productivas que se consideren prioritarias de acuerdo con las políticas sectoriales.

- Dentro de los "lineamientos de estrategia y líneas generales de acción" se señala que "se pondrán en práctica lineamientos y criterios que determinen la creación, adquisición, fusión, liquidación o venta de empresas públicas". Consideremos indispensables que antes de "ponerse en práctica", se señale claramente cuáles son. Tales lineamientos y criterios podrían establecerse en la exposición de motivos del presupuesto de egresos de la Federación de cada año, o en los programas de mediano y corto plazos.

- Asimismo, consideramos conveniente incluir en la cuenta pública de cada año, y en la medida posible, el "balance social" de las

empresas paraestatales, y no únicamente su situación contable y financiera. Es imprescindible evaluar sistemáticamente y con periodicidad la utilidad que representan las empresas públicas para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo nacional, así como el impacto que representan dentro de las estrategias del Plan, y como instrumento de la política económica y social. La evaluación de estas empresas rebasa el ámbito exclusivo de lo presupuestal debiendo de efectuarse en un contexto más general.

15. Comisión de Energéticos.

- El PND contempla los aspectos fundamentales en materia energética, tanto en el diagnóstico, como en los propósitos, lineamientos de estrategia y líneas generales de acción. Estos se presentan bien integrados y cubren aspectos determinados de la planeación a nivel macroeconómico.

- Sin embargo, esta Comisión considera que deberían incluirse en el programa correspondiente, los puntos siguientes:

- El crecimiento del sector energético es prerrequisito para el logro de casi todos los demás aspectos que se contemplan en el Plan. Por tanto se sugiere:

- Completar los inventarios de los recursos energéticos del país, ya que si bien existen inventarios de hidrocarburos y de energía hidroeléctrica, solar, biomasa y nuclear, es necesario mejorar los inventarios de energía geotérmica eólica, carbonífera, gradientes marinos termínicos y/o salinos y de las olas. Esto es un requisito para definir el abastecimiento futuro de las diferentes fuentes de energía, así como la política en cada una de ellas en el futuro inmediato.

- Conocido el inventario, el programa de mediano plazo de este sector tendrá que definir con precisión sus tasas de crecimiento congruentes con los objetivos que el Plan señala, y tomando en cuenta el imperativo de diversificar fuentes de energía "dentro de un equilibrio realista en el que se tome en cuenta la correspondencia entre la disponibilidad de recursos nacionales y los requerimientos de cada una de las fuentes en términos de producción, distribución, materias primas, complejidad tecnológica y viabilidad económica, entre otros".

- Que "el mando sectorial unitario" que se prevé en los lineamientos de estrategia y al cual responden las adecuaciones a la estructura orgánica de la SEMIP, permita establecer programas de desarrollo e invasión por sectores (petróleo, electricidad, etcétera) con dos o tres años de anticipación, a fin de hacer factible la sustitución de las importaciones.

- Este "mando sectorial unitario" es también importante para seguir políticas uniformes de desarrollo regional y sectorial, ya que, en ocasiones, las condiciones de abastecimiento (fundamentalmente en petróleo y electricidad) no son las mismas, como es el caso de los costos para riego agrícola, donde la productividad y rendimiento de una hectárea son diferentes, dependiendo del tipo de energía que se utilice, por la amplia diferencia en el precio entre uno y otro energético.

- La energía también es vital para satisfacer necesidades básicas. En este sentido a la electrificación rural debe dársele un lugar preferente, y mencionarse por separado, ya que por sus características económicas, su electrificación únicamente será factible mediante una transferencia del Gobierno federal, cuyo monto debe estar condicionado por las condiciones económicas de la zona por electrificar.

- En el "esquema realista de precios y tarifas" que señala el Plan, es necesario que - dentro de este realismo y sin descuidar el saneamiento financiero de las empresas productoras de energía -, se consideren tasas diferenciales - tanto en derivados del petróleos como en materia de electrificación - para que se atienda a la necesidad de redistribuir el ingreso a favor de los grupos, regiones y sectores más necesitados.

- El avance energético del país en los últimos años ha creado fuertes desequilibrios regionales por lo que debe preverse - con mayor amplitud - la acción del Estado para evitar los efectos nocivos en materia ecológica, social y económica que la presencia de PEMEX origina en algunas áreas.

- Para "fortalecer la investigación y desarrollo en fuentes en las que el país cuenta con ventaja relativa", que postula el PND, dicha investigación debe hacerse en todas las áreas para iniciar el desarrollo de una tecnología propia. Por tal motivo se deben fortalecer las acciones del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tratando de unirlas - En aquellas áreas de investigación en las que se pueda realizar un trabajo conjunto - y de jerarquizar prioridades.

- En materia laboral, consideramos necesario analizar la asignación actual de los recursos humanos existentes, ya que en las actividades que integran al sector energético se habla de un exceso de personal en algunas áreas y de carencia en otras. Para ello, como señala el PND, es necesaria la participación y consulta al movimiento obrero.

- Otro fenómeno que debe analizarse, es el de las obras que se realizan por contrato, donde - además de exigirse un respeto absoluto por la legislación vigente - deben hacerse adecuaciones legales para evitar la comercialización de los contratos - su traspaso a terceros - por aquellos directamente beneficiados.

- En materia de comercio exterior sería conveniente que en los programas correspondientes.

se destacara y señalara, con mayor amplitud, una política futura de exportaciones de hidrocarburos, donde éstas disminuyan su participación en el mediano y largo plazos y el país tenga otras fuentes de divisas.

- Estimamos necesario profundizar en los mecanismos de consulta, coordinación y acuerdo con los demás países exportadores de petróleo, a fin de evitar un exceso en la oferta y fluctuaciones bruscas en los precios.

- Los programes de disciplina presupuestal, eficiencia en el gasto público, revisión del aparato administrativo existente, etcétera, deben aplicarse con mayor rigor en el sector energético dada la importancia del mismo dentro del sector público nacional.

16. Comisión de Comunicaciones y Transportes.

- Esta Comisión considera incuestionable que el desarrollo del país, en sus órdenes económico, social y cultural requiere que el sector comunicaciones y transportes esté totalmente integrado, de otra forma, no podrán alcanzarse las metas propuestas, dado que los problemas van en aumento y en proporción mayor al del desarrollo de este sector.

- Es cierto que los regímenes revolucionarios han dictado medidas tendientes a solucionar estos problemas de marcado interés nacional, y se ha incrementado la eficacia y eficiencia de este sector, pero también es cierto que la crisis económica actual del país, impide que este sector cumpla su cometido con la eficacia y eficiencia ya señaladas.

- En el área de transportes el PND reconoce el atraso de la legislación, de la propia reglamentación, así como de una deficiente política tarifaria y financiera, la falta de equipo, tecnología atrasada y la consecuente falta de capacitación y, en este momento, la falta de divisas.

- En el área de comunicaciones, también es necesario precisar que se debe revisar y adecuar su legislación para atacar varias causas de rezago.

- La Comisión de Comunicaciones y Transportes, considera que en cuanto a los lineamientos generales del sector, el PND cumple con su fin y su cometido.

- Pero entendemos que por sí solo no es suficiente para lograr sus objetivos en esta área, sino que es necesario:

- Adecuar la legislación y reglamentación del funcionamiento del sistema de transporte.

- Coordinar las áreas de transporte, mejorar equipos, capacitar personal.

- La misma situación se presenta en el área de comunicaciones, ya que en ambas no se ha alcanzado la autosuficiencia financiera - Excepción hecha de los subsectores marítimos y de autotransportes - y, en consecuencia, no se puede expandir la prestación del servicio de comunicaciones y transportes.

- Finalmente, consideramos que son a muy largo plazo los resultados del Plan en está área por la falte de tecnología y la carencia de divisas.

17. Comisión de Comercio.

- El diagnóstico del sector comercio en el PND es realista y corresponde a la información captada en los Foros de Consulta Popular, identificando los problemas estructurales y coyunturales del sector.

- Los propósitos del sector comercio corresponden a su diagnóstico, pero estimamos conveniente que se jerarquicen y que se vigile cualquier desviación que afecte el logro de los mismos.

- Los lineamientos de la estrategia atienden a los problemas coyunturales y estructurales, pero las políticas deberán esclarecerse en el programa sectorial donde se precisaría su correspondencia con la problemática que plantea el sector.

- En las líneas generales de acción, consideramos prioritario el reconocimiento del margen razonable de los productos básicos, que no los desaliente y les permita contribuir, con su esfuerzo, a la solución del grave problema de escasez de los mismos. Así mismo, consideramos de urgente aplicación el desarrollo del Sistema Nacional para el abasto que plantea el PND.

- Con respecto al desarrollo comercial, la Comisión espera que el programa sectorial amplíe los conceptos y los identifique con mayor claridad. Los problemas de los establecimientos comerciales requieren de la concentración de esfuerzos por áreas y fundamentalmente en los sitios donde el consumidor acude tradicionalmente. Esto implica un análisis más detallado de políticas y procedimientos que se traduzcan en resultados concretos en la práctica.

- En el apartado de regulación y control, la Comisión formula las siguientes observaciones:

- En la política integral de precios deberán contemplarse con precisión las posibilidades de la aplicación de subsidios a aquellos productos donde no sea posible mantener una relación inferior con respecto al salario mínimo.

- Que se contemple la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los reglamentos y demás disposiciones que regulan la apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales. La anárquica proliferación sólo podría irse reduciendo a futuro con fijación de criterios definidos en materia de otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones de cambios de domicilio y modificaciones a la capacidad operativa.

- Que no obstante el reconocimiento de los nocivo de las prácticas de persuasión ejercidas a través de la publicidad, distorsionadoras del consumo popular y del propósito de reorientación, no se señala en esta materia cómo se ejercerá la rectoría del Estado; por lo que solicitamos que se atienda esta preocupación en el programa de mediano plazo de comunicación social.

- La organización social e integración productiva se trata brevemente, por lo que sería conveniente su ampliación y clarificación.

- Finalmente, la Comisión se pronuncia por un mayor fortalecimiento de la empresa pública productora y comercializadora de básicos, considerando - adicionalmente a lo que señala el Plan - la trascendencia de la función reguladora que ésta puede desempeñar.

18. Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, Vialidad Federal y Autotransportes.

- El PND analiza correctamente la problemática del sector autotransportes, y propone las directrices que conducen a su solución.

- La Comisión considera que debido al alza del costo de las unidades, sus refacciones e insumos - agravada por el hecho de la fluctuación del peso ante el dólar - es preciso concretar las políticas tarifarias y financieras del autotransporte, ya que éstas repercuten en el valor y precio de las mercancías transportadas.

- En el rubro de propósitos, se conjuga adecuadamente el combate a la inflación con el papel del autotransporte en el abasto oportuno y eficiente, al articularlo a los sistemas de acopio, comercialización y almacenamiento.

- Sin embargo, por falta de coincidencia de la Ley General de Vías de comunicaciones con sus homólogas de los Estados, así como de sus respectivos reglamentos, se dificulta el tránsito de vehículos que transportan mercancías.

- Al respecto, esta Comisión se reunió con el secretario de comunicaciones y Transportes y formuló los siguientes puntos de acuerdo:

- Integrar un equipo de trabajo conjunto entre legisladores de la Comisión y funcionarios de la SCT invitando a los gobiernos de los estados y municipios, para realizar los estudios necesarios a fin de dar mayor congruencia a las diferentes leyes, reglamentos y ordenamientos y lograr una mejor fluidez en las autotransportación de productos básicos.

- La SCT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, implementará las acciones necesarias, para lograr el cumplimiento del propósito del PND de "coadyuvar a realizar abasto oportuno, racionalizando el transporte y mejorando su articulación con los sistemas de comercialización y almacenamiento".

- Se promoverán, ante los diputados estatales, acciones que conduzcan a los estudios legislativos correspondientes, a fin de que en cada entidad federativa se lleven a efecto los puntos anteriores, en su área de competencia.

- Al efecto se fortalecerá la vigilancia de la coordinación entre la autoridad máxima del autotransporte y los autotransportistas en los movimientos masivos de granos - de las cosechas e importaciones - a fin de evitar congestionamientos en los centros de acopio y almacenamiento, y lograr su eficaz transportación. Asimismo, las autoridades darán facilidades a los transportistas, productores y usuarios del autotransporte federal, tendentes a agilizar trámites y evitar tiempos muertos de autotransportación de básicos.

- Se establecerán los enlaces necesarios por parte de la SCT y la Cámara de Diputados, para vigilar el avance y el cumplimiento de estos acuerdos.

- Respecto a la producción y distribución de alimentos básicos, la Comisión considera que hace falta definir políticas específicas que conduzcan a incorporar a la canasta básica, productos pesqueros como el atún y algunos perecederos.

19. Comisión de Turismo.

- Esta Comisión considera importante conocer algunas de las variables que inciden en el sector turismo, a efecto de evaluar la viabilidad del propósito y de las políticas y estrategias que se plantean:

- Las expectativas del turismo para el presente año, a pesar de la crisis internacional, son bastante promisorias, ya que se estima una afluencia mundial de 291.3 millones de turistas, con una derrama económica del orden de 99 mil millones de dólares; siendo los principales países generadores: Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, entre los que destaca Alemania Occidental. De este total, México espera captar para este año, el 1.5% de turistas (4.3 millones) y el 1.7% de esta derrama económica (mil 700 millones de dólares).

- La afluencia de turismo hacia México será de un 87% procedente de los Estados Unidos; 3% de Canadá; 6%, de América Latina y El Caribe; 3.5%, de Europa, y el 0.5% del resto del mundo.

- En turismo fronterizo, se estima para el presente año, un total de 60.6 millones de visitantes generando un ingreso de 4 mil 073 millones de dólares.

- Como se aprecia, la participación de nuestro país en el mercado mundial de turismo - principalmente estadounidense - sigue siendo sumamente limitada a pesar de poseer una gran diversidad y calidad de atractivos turísticos y una capacidad instalada que, en base a un cálculo conservador, nos indica la posibilidad de atender a unos 40 millones de turistas y recibir, consecuentemente, un ingreso aproximado de 16 mil millones de dólares anuales tan sólo por concepto de turismo receptivo de internación.

- De acuerdo al diagnóstico del sector, contenido en el PND esta escasa participación se ha debido a factores tales como la baja calidad de los servicios, la inadecuada política de precios, la falta de un producto diferenciado y competitivo y el manejo inadecuado de la promoción y comercialización.

- Por el motivo, el PND propone estrategias y lineamientos de acción tendentes a incrementar la corriente de visitantes y el flujo de divisas. Sin embargo, creemos indispensablemente hacer algunas observaciones que enriquecerían éste.

- Se menciona la implantación de una política de precios que permita mantener la competitividad en el mercado turístico internacional; no obstante el alza de precios en los servicios turísticos representa un riesgo constante de la pérdida de esa competitividad, por lo que se considera que esta política deberá ser más amplia y precisa, de manera que se definan los mecanismos de regulación más adecuados.

- Las estrategias de promoción deberán estar orientadas a capturar, principalmente, el turismo procedente de los Estados Unidos y Canadá, dada la enorme potencialidad turística, dejando en un segundo término la diversificación de los mercados europeos y asiáticos propuesta por el PND.

- El turismo fronterizo juega un papel fundamental, ya que por cada dólar captado por turismo de internación, ingresan dos dólares por turismo fronterizo. Por tal motivo, se hace necesario definir estrategias de promoción y desarrollo de la oferta que nos permitan, por una parte, incrementar la estadía del turismo en la frontera norte y por la otra, lograr que un número cada vez mayor de esos visitantes se internen hacia los centros turísticos nacionales.

- Consideramos necesario, en primera instancia dotar a la actividad turística de una legislación más amplia y eficiente, acorde con los objetivos del PND. Por tal motivo, la Ley Federal de Turismo se encuentra actualmente sujeta a estudio y adecuación por parte de esta H. Cámara de Diputados, a efecto de sentar una sólida base jurídica que permita el óptimo aprovechamiento de los recursos, a la vez que propicie un crecimiento armónico y sostenido de la actividad que nos ocupa. De esta manera, damos cumplimiento a una de las principales demandas del sector. La instrumentación de las políticas y estrategias habrán de darle su impulso definitivo.

- A este respecto, cabe anotar que su adecuada ejecución exige una mayor asignación del gasto público al sector turismo, que a la fecha representa el 0.2% del presupuesto federal, limitando así sus posibilidades de desarrollo.

20. Comisión de Ciencia y Tecnología.

- La prioridad que da el PND a la temática de investigación y la forma de fortalecer la estructura, así como la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, está bien expresado en términos generales y manifiestan que la Nación está consciente de la importancia de estos aspectos por la independencia política y económica que el país reclama.

- Sin embargo, en el diagnóstico falta señalar que se carece de programas generales de política científica y tecnológica que rijan tanto para las universidades - La mayoría autónomas -, como para el IPN y los institutos tecnológicos. Cada una de estas instituciones o grupos de instituciones tienen sus propias normas y políticas de desarrollo.

- El PND sólo señala el Programa de Desarrollo Tecnológico y Científico, sin aclarar qué organismo, con facultades suficientes, habrá de ser el encargado de ejecutar, coordinar y evaluar el Programa. No puede ser el CONACYT por las limitaciones jurídicas y de estructura que tiene, pues, entre otras, carece de facultades ejecutivas suficientes.

- En el apartado de propósitos sería conveniente que señalara explícitamente la necesidad de elevar la capacidad tecnológica de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional independiente.

- En cuanto al "sistema nacional de ciencia y tecnología" que se instrumentará cabría tomar en cuanta que la mayoría de las universidades son autónomas y se rigen bajo el principio de la libertad de investigación, situación que podría ser incompatible con la ejecución del programa. En cuanto al Instituto Politécnico Nacional y los tecnológicos regionales, se tendría que aumentar el grado de cooperación entre ellos para utilizar en común y en beneficio de los objetivos definidos, los recursos materiales y humanos con que cuentan.

- En los "Temas prioritarios de investigación" se habla de campos muy generales y consideramos importante que se señalen de manera específica los que serán prioritarios; tales como impulsar el desarrollo tecnológico

de PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, la Industria Siderúrgica o la satisfacción de necesidades básicas del IMSS, el ISSSTE, Salubridad, etcétera, cuyas actividades constituyen verdaderas prioridades nacionales.

- Esta Comisión estima necesario incrementar los fondos y recursos públicos al sector a un mínimo del 1% del PIB, sujeto a un programa coordinador en donde la investigación se vincule a las necesidades nacionales.

- Estimamos necesario descentralizar la investigación científica y tecnológica, lo que debe hacerse con audacia, pues mientras no se pruebe el efecto, no podrá destruirse la causa que impide el aprovechamiento de tantos recursos humanos que el sistema nacional tiene, mismos que son desaprovechados por falta de apoyo institucional.

- Se requiere un sistema de seguimiento para los becarios del CONACYT - que actualmente son más de 30 mil -, los cuales significan un núcleo de conocimientos real que debe optimizarse con la creación de centros de investigación en los diferentes estados de la República.

- Es necesario aumentar los presupuestos universitarios para programas de investigación específica, en proyectos de gran envergadura que las instituciones de provincia puedan absorber.

- Es imperativo que se fomente la consulta popular con todos los investigadores y científicos mexicanos - no sólo los del aparato gubernamental - para aumentar las ventajas de una consulta plural.

- Desde el punto de vista legislativo, como lo señala el PND, urge la creación de un paquete legislativo que incluya apoyos fiscales, presupuestos básicos complementarios, reformas educativas y leyes que exijan la utilización de la tecnología nacional en el sector productivo. Este paquete, que esperamos sea incluido en el programa de mediano plazo para el Desarrollo Científico y Tecnológico, deberá incluir, también, los mecanismos de transferencia de tecnología completos o adoptados, para generar bienes de capital e insumos para la planta productiva industrial. Se sugiere una Ley Federal de Ciencia y Tecnología que establezca la entidad responsable de fijar regular, instrumentar y evaluar la política científica y tecnológica. Esta Ley podría facultar al CONACYT para este objeto modificando su actual estructura jurídica.

21. Comisión del Distrito Federal.

- Esta Comisión concuerda con el PND cuando asume que solamente podrán fincarse las bases de un desarrollo regional más equilibrado, si se enfrenta con decisión el reto de reordenar la zona metropolitana de la ciudad de México, por constituir el problema prioritario en el mediano plazo.

- Lograrlo, requiere aceptar que cualquier análisis, enfoque o vía de solución tiene que partir del trinomio descentralización - conurbación - servicios, como fórmula integral e indisoluble.

- El núcleo de la compleja problemática del Distrito Federal y su área conurbada es su desmedido y acelerado crecimiento, que desborda intenciones y recursos. Su solución tiene que abandonar cualquier vestigio de centralismo para fortalecer el federalismo. Solamente así podrá aplicarse una estricta política de reordenamiento y programar de forma adecuada la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios humanos en las ciudades en donde se orientará la desconcentración, para evitar el simple traslado del problema capitalino hacia otros lugares. Solamente así podrán detenerse las migraciones hacia la metrópoli y fortalecer el desarrollo de las zonas de expulsión. Sólo así se reorientarían las migraciones hacia las ciudades intermedias y se incrementaría la capacidad de retención de las regiones expulsoras.

- Sobre las líneas de acción que propone el PND para revertir la tendencia concentradora de la zona metropolitana de la ciudad de México, opinamos que la desconcentración educativa y del sector salud no deben quedar como ejemplos aislados en la administración pública.

- Para las acciones desconcentradoras concretas es importante considerar un radio suficientemente amplio, porque de no contemplar la zona metropolitana con el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos e inclusive Querétaro, estaremos provocando una conurbación de inercia incontenible.

- El crecimiento desmedido del Distrito Federal afecta al estado de México; lo que aquí ya no cabe se coloca en su alrededor, fomentando un crecimiento insospechado en los asentamientos humanos sobre el territorio del estado de México. En la medida que crecen los asentamientos humanos crece el requerimiento presupuestal y esto provoca anarquía en los usos del suelo, valores inmobiliarios, precios de construcción, pago de los servicios públicos, y costo social por el deterioro de la calidad de vida.

- Deberán dictarse medidas prácticas de carácter enérgico, para iniciar el reordenamiento del área metropolitana y, con ello, reforzar cualitativamente la prestación de los servicios públicos del área, evitando su extensión. La política de reordenamiento debe ser hacia el mejoramiento de los asentamientos humanos, la creación de posibles áreas de crecimiento y la integración urgente de las reservas territoriales para producción agropecuaria, parques nacionales, bosques, áreas de construcción y zonas prohibidas al crecimiento urbano.

- Por todo lo anterior, consideramos que sería mas coherente con los programas de

descentralización y con la realidad de la conurbación, elaborar un programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana del Distrito Federal.

- En el caso del Distrito Federal y mientras se abren más y mejores vías de participación ciudadana, consideramos que los diputados deben ser quienes lleven a cabo la consulta popular permanente para alimentar el SNPD y servir de base a los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal.

- Consideramos indispensable actualizar las normas jurídicas que afectan la vida del Distrito Federal, a fin de que los preceptos del PND aseguren su viabilidad legitimidad y congruencia.

-Grave y constante riesgo de toda gran ciudad es que el progreso desfigure los valores esenciales de su vida colectiva. Por ello es vital que en esta renovación legislativa se mantenga como premisa constante humanizar esta capital, fortalecer la integración social, hacer la ciudad cada vez más digna de ser vivida por las mayorías populares que la habitan y conforman cotidianamente.

- Señalamos así, sin afán exhaustivo, pero sí como claro ejemplo de lo trascendente de esta tarea, la necesidad de legislar para procurar un desarrollo urbano y preservar un medio ambiente que aseguren el sano y planeado crecimiento del Distrito Federal y, con ello, una satisfactoria calidad de vida para sus habitantes.

- Estamos convencidos que no marcha a la zaga la urgencia de legislar sobre la vivienda en renta para concretar, en el contexto de nuestra capital los lineamientos generales que contenga la iniciativa anunciada por el Ejecutivo. Asimismo, poner en vigencia una ley de Hacienda que conjugue los criterios de todos los interesados en su instrumentación y aplicación y que se caracterice como indiscutible elemento de equidad y justicia, en apoyo de las clases económicamente débiles.

- Por otra parte, tenemos la convicción de que la iniciativa de Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, por estudiada que se nos presente y enriquecida que sea, sólo podrá cumplir su objetivo si es acompañada de inmediato por la actualización de la amplia gama de reglamentos que regulan nuestra vida cotidiana y que se caracteriza por su inoperancia y obsolescencia.

- Para cumplir cabalmente los propósitos, la estrategia y las líneas generales de acción que el PND señala el Distrito Federal, es indispensable superar la ambigüedad que actualmente se encuentra en su naturaleza jurídica y en su hacienda pública, ya que se le concibe como sector independiente de la administración pública y al mismo tiempo tiene a su cargo el gobierno directo de una población y un territorio determinado

-El Departamento del Distrito Federal es una entidad diferente a las demás que integran la administración pública federal, y también diversa a las que componen la Federación. Pese a ello, se ha venido insistiendo en considerarlo, tasarlo y evaluarlo en sus funciones y resultados con vara semejante al resto de los organismos federales.

- Basta analizar la normatividad a que está sujeto en la presupuestación, ejercicio y control de su gasto, para advertir que existen aspectos que no son congruentes con sus singulares características.

-Tal es el caso de las fuentes económicas que le proveen recursos para su subsistencia: por una parte, el financiamiento federal y, por la otra, los ingresos fiscales propios, que corresponderían en otras entidades federativas a las haciendas estatales y municipales. No en vano cuenta con su propia Ley de Ingresos, instrumentos jurídicos cuya existencia exigiría, por sí misma, la implementación de normas, criterios, presupuestos y mecanismos de control, también específicos. En nuestra opinión, el buen éxito del PND en el Distrito Federal estará directamente vinculado con la clara definición de este aspecto, pues solamente así será posible conjugar una organización eficaz que garantice el buen gobierno y la prestación ágil de servicios, con un sistema de vigilancia y control realista y objetivo.

-Los ingresos reales del Departamento del Distrito Federal se han venido contrayendo, por lo que se hace indispensable revisar los subsidios en general y, específicamente, los aplicados al agua y el transporte para adecuar las tarifas correspondientes; asimismo, fortalecer impuestos, productos y aprovechamientos, con énfasis en el predial.

- En necesidad imperiosa reestructurar y disminuir la deuda publicar una política de reducción en las inversiones, para realizar exclusivamente las que sean autosuficientes o productivas.

- Es insoslayable que la necesidad de sanear las finanzas de la ciudad no se contraponga con la satisfacción de las necesidades de subsistencia de las mayorías populares que habitan en la metrópoli, golpeadas por la inflación y con una capacidad adquisitiva cada vez más deteriorada.

- Que se apliquen las medidas previstas, si, pero con un verdadero y absoluto criterio de justicia y equidad; revisemos subsidios, pero que se ajusten proporcionalmente, retirándolos en forma más adecuada a quienes no los requieran o los necesiten menos. Es lógico que se actualicen impuestos, productos y aprovechamientos, pero también lo es que su incremento se determine después de un serio y meditado estudio, armonizando los enfoques de todas las partes responsables involucradas y haciendo efectivo el principio de que "pague más quien más tiene" con protección efectiva para la clase trabajadora.

- Pero, sobre todo, fortalezcamos en la práctica la imagen de la renovación moral. Nos pronunciamos porque tanto en la iniciativa de la nueva Ley Orgánica del Departamento

del Distrito Federal, como en sus programas a mediano y corto plazos, conforme a las directrices del PND, se atienda la necesidad de considerar el binomio honestidad - eficiencia como una premisa insoluble en el quehacer público.

- En premisa tendrá que orientar por igual la reoraganización administrativa, la capacitación y elección del personal, el adecuado control presupuestal y el manejo diáfano de la deuda pública interna y externa, para eliminar radicalmente desordenes del pasado y cumplir con las autorizaciones presupuestales aprobadas por esta Cámara.

- La situación actual no parece satisfactoria: el Consejo Consultivo y las juntas de vecinos, con su organización y objetivos actuales, son solamente órganos de colaboración ciudadana, con ámbitos de consulta restringidos y sin facultades para intervenir en el rumbo que deben tomar las decisiones fundamentales de la vida de la ciudad.

- Utilicemos como dice el PND, "los canales imaginativos y audaces, alejados de los esquemas de participación que no encajen con la dinámica de la ciudad", pero avancemos en el reconocimiento del derecho indiscutible que poseen los habitantes de este territorio especifico, a intervenir en forma más directa y decisiva las cuestiones fundamentales que norman su vida en la cotidianidad:

Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Manuel Cavazos Lerma, presidente; Irma Cué de Duarte, secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solis, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio A. Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Ma. Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres Astolfo Vicencio Tovar, Haydée E. Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa".

El C. Presidente: - A discusión de la Opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, por sectores.

Se abre el registro de oradores, para la discusión del Sector Económico.

Esta Presidencia informa que se han inscrito hablar en el sector económico, la diputada Ma. Teresa Ortuño Garza, el diputado Antonio Gershenson, el diputado Ignacio Vital Jáuregui, el diputado Mariano López Ramos, le diputado Héctor Ramírez Cuéllar y el diputado Ricardo Cavazos Galván.

Tiene el uso de la palabra la señorita diputada Ma. Teresa Ortuño Gurza.

La C. Ma. Teresa Ortuño Gurza: -Señor Presidente; honorable Asamblea: Voy a hacer la exposición del aspecto económico y al final voy a presentar una proposición.

Al revisar el Plan, en todos sus aspectos económicos, pudimos haber ocupado todo el tiempo de esta intervención, y aún más, con sólo enlistar las interminables vaguedades que contiene. está lleno de exposiciones como: "recobrar y fortalecer", "propiciar", "adaptar", "promover", "inducir", "mejorar", "aprovechar", "dar prioridad", "reorientar", "descentralizar", "adecuar", "fortalecer", "crear", "integrar", etc. tuvimos que desechar este plan tan ambiguo.

Se nos dice que cuando aparezcan los planes sectoriales y regionales, se contestarán los cómos, y se especificarán los medios que se aplicarán. Por el momento, como está actualmente el plan, no es más que una lista de propósitos, buenos tal vez, pero hermanos de sangre de todos los planes publicados en sexenios anteriores que no llegaron a gran cosa y en cambio sí atrofiaron el desarrollo económico nacional.

Otra forma de analizar el tema es opinar acerca de lo que dicen las Comisiones Legislativas en diferentes aspectos. Ahí hubo de todo, por ejemplo: la Comisión de Hacienda y Crédito Público hace observaciones muy pertinente sobre la generación del ahorro interno; señala algunas imprecisiones y ofrece un seguimiento del mismo.

La de Trabajo y Previsión Social aplaude los buenos propósitos del plan, y manifiesta su intención de que se favorezca a las clases populares con empleo, vivienda, capacitación, desgravación fiscal, seguridad social, etc. Total, cae en el mismo error que el documento analizado: deseos plausibles, pero vagos.

La Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos que en la elaboración de los programas correspondientes, se tomen en cuenta las necesidades del productor, de los técnicos y servidores públicos del sector, los precios de garantía el crédito suficiente y oportuno, el seguro agrícola, los incentivos de la producción, etcétera.

La Comisión de Reforma Agraria elabora algunas sugerencias y precisiones, todas ellas dentro del temor del mismo plan.

Patrimonio y Fomento Industrial aplaude también al plan y opina que debe precisarse algunos puntos importantes, como la forma en que se alcanzarán las altas tasas de crecimiento para el sector y al igual que las otras, solicita precisiones y ampliaciones.

La Comisión de Energéticos se comporta en la misma línea que las anteriores, pero peor aún, vuelve a caer en el juego por lo que no dice. Y en esta Comisión de Energéticos es particularmente grave pues es exageró el consumo de energéticos no renovables y la Comisión

no habla de ello, ni de la necesidad de controlar el despilfarro y la corrupción habídas en PEMEX, cuyo presupuesto y endeudamiento forman una de las causas de la postración económica en que nos encontramos.

Esta Comisión tampoco habla de las graves imprecisiones con que dan a conocer las cantidades de reservas probadas de petróleo. De los 72 mil millones de barriles que menciona la Memoria de Labores de 1982, recuerden esta cifra, 72 mil millones; había que descontar 17,500 de Chicontepec, pues se necesitarían 16 mil pozos para sacarlos, lo que seria por demás incosteable. Además el gas quemado reduce en 2,500 barriles de petróleo equivalente, la cantidad arriba citada de 72 mil millones,. Aun hay que restar 3,600 millones por la estimación más o menos de 5% de caída de precio, y un 10% más todavía que equivale a la sobreestimación de las reservas que son 7,200 millones de barriles más. Nos viene quedando en realidad 41,200 millones de barriles, no 72,000. Valor aún muy optimista que debe ser motivo de una evaluación muy realista, a fin de programar una explotación y exportación razonable, una vez asegurado nuestro consumo interno. Y de todo esto nada dice ni el Plan ni la Comisión de Energéticos.

La Comisión de Comercio se va más allá del Plan, solicitado un mayor centralismo al pronunciarse contra la proliferación de establecimiento comerciales, deseando se limite la expedición de licencias, permisos y autorizaciones, y expresándose a favor de un mayor fortalecimiento de la empresa pública destinada a este ramo. Se les hizo poco.

Por lo que se ve, el hilo conductor del trabajo de las comisiones es el de felicitación, aplauso e incienso. Y mucho, solicita la explicación de algunos temas, pero ninguna de ellas se manifiesta por una mayor participación del Congreso en la elaboración del Plan. Como que los mismos diputados del partido oficial se echaron la soga al cuello a sí mismos al aprobar la Ley de Planeación y otorgarse sólo el derecho de opinar y sugerir. Sin embargo, nosotros, los diputados de Acción Nacional, queremos en este análisis ir a la raíz fundamental que da origen a este Plan Nacional de Desarrollo, a éste, no a los anteriores. Lo que le da origen no es la Ley de Planeación, tampoco las reformas constitucionales del capítulo económico aprobado en diciembre pasado, esos son sólo pasos intermedios que se han dado para facilitar la realización del nacionalismo revolucionario, definido por Salvador Carmona Amorós, en su tesis profesional, titulado "Introducción a la Teoría Económica y Política del Modelo Nacional Revolucionario", escrita en 1970 y que encaja perfectamente -atención- con la línea internacional de la social democracia, que encontró eco, acogida y propagación en los asesores de la CTM, quienes desde 1978 se pronunciaron por la introducción de dicho capítulo económico.

Este modelo, el que menciona Carmona Amorós, fue desarrollado por el socialista Oscar Lange y ensayado con consecuencias catastróficas en Egipto por Gamel Abdel Nasser, y en Perú por el Presidente Velasco Alvarado.

Y como se desea encajonarlo aunque sea a fuerza en nuestra realidad, se afirma que este proyecto nacional que da origen próximo al plan que hoy nos toca comentar, tiene su punto de partida en la Revolución Mexicana, y que ya estaba implícito en las demandas que llevaron al movimiento armado.

Pero, ¿cómo va a haber congruencia entre los motivos de la Revolución y la centralización del poner en manos del Gobierno? Nuestra nación siempre ha manifestado una clara votación de libertad, en todas sus dimensiones.

El anhelo popular que llevó a nuestros compatriotas en 1910 a la Revolución y cuyo aniversario número 73 estamos próximos a celebrar, no fue ningún concepto por una modalidad de socialismo; la Revolución no tuvo programa previo pero sí demandas concretas, las cuales son: Tierra y Libertad; Sufragio Efectivo. No reelección; justicia Social. Analicemos qué ha pasado con ellas.

En lugar de tierra y libertad, han reeditado la esclavitud en el campo con formas de control y explotación económico - políticas, colectistas, estatistas, que mantiene a los campesinos atados, a un poder político y al país postrado en la mendicidad alimentaria. Y no nos digan que ya estamos mejor porque importamos menos, deberíamos exportar y ser un granero del mundo.

Aquí podríamos decir que el famoso PRONAL tiene muchísimas semejanza con el Sistema Alimentario Mexicano; ¿algunos de ustedes lo recuerda?

Y en la Página 91 del Plan Nacional de Desarrollo, se utiliza una expresión digna de ser comentada: "a pesar del avance de la reforma agraria". Nosotros consideramos que a esta expresión le sobra la palabra "avance" y debería quedar: "a pesar de la reforma agraria" si se desea hacer un análisis honesto de la verdad en el campo.

Y me gustaría saber si quien a venir a contestar por parte del PRI, tiene algo que de decir al respecto; aquí quisiera también hacer mención de que lo que es justo es justo, ayer el licenciado Cavazos si contestó a las objeciones que se hicieron aquí, como dijo el licenciado González Torres, que convenza es otra cosa, pero sí asumió los argumentos y los rebatió uno a uno, y ojalá esto suceda también hoy.

Acerca de la petición de Sufragio Efectivo, el PRI - gobierno no quiere ni acordarse de que Francisco I. Madero luchó y murió por la democracia pluralista, por el respeto y la vigencia del voto ciudadano, y no quieren acordarse porque han construido un poder central y autoritario y le tomen al voto libre y respetado, porque saben que pese a tantos años de engaño México sigue conociendo su camino y el voto lo demostraría.

¿Justicia social, con los campesinos y los sindicatos controlados y manipulados, sumisos y sujetos al control político, tenemos justicia social? De donde dicen ahora que todo este proyecto

nacional y los planes que de él se derivan son consecuencia de la Revolución.

No podemos decir que el Sistema Nacional de Planeación Democrática sea la cristalización de un ideal latente en el Constituyente de 1917; éste dispuso clara y terminantemente que únicamente habría cinco monopolios en México, que son: los de acuñación de monedas, emisión de billetes, correo, telégrafos y radiotelegrafía. Al emplear la palabra "únicamente", cerró la puerta para seguir creando nuevos estancos y las reformas llevadas a cabo con posterioridad, contradicen claramente la voluntad de los Constituyentes de 1857 y de 1917. También me gustaría saber qué apunta a este respecto el orador del PRI, y mucho agradeceré que se refiera a los Diarios de los Debates de la época o que fundamente, bien su argumento y no a elucubraciones tan vagas como el Plan que estamos analizando.

Creo que sería mucho más honrado afirmar que se pretende tomar medidas centralizantes porque así lo considera conveniente el Ejecutivo en turno, y no porque estaban estos puntos embrionariamente en la Constitución de 1917.

Los monopolios estatales, como forma de centralización económica, no son nuevos en historia. Los monarcas del llamado Derecho Divino de los Reyes, siglo XVII y parte del siglo XVIII, eran dueños de la industria y el comercio. En la Colonia, los reyes españoles se reservaron los siguientes estancos o monopolios estatales: el del azogue o mercurio, el del tabaco, el de los naipes, el de los del tintes y colores, el del papel sellado, el de la pólvora, el de la canela, el de la pimienta, el de la lotería, el correo y otros más; pero aquellos monarcas fueron los suficientemente honrados como para reconocer que todos estos estancos o monopolios eran propiedad de la Corona; nunca se dijo que fuera propiedad del pueblo. Hoy se nos dice que las empresas paraestatales son propiedad del pueblo, cuando en realidad son del Gobierno; más concretamente aún, son de la alta burocracia que las administra, las maneja y acapara fortunas incalculables a la sombra del "servicio público".

El papel del pueblo en este juego, es sólo el de pagar los déficit tan tremendos que ocasionan los despilfarros y la corrupción, y pagarlos no sólo vía impuestos injustamente distribuidos, sino con hambre, con una cada vez menor participación en la distribución de la riqueza, y ver alejada cada vez más la oportunidad de un mayor bienestar.

Recientemente, la revista Contenido publicó una lista de los fraudes, robos y enriquecimientos inexplicables aparecidos desde 1979 en la prensa nacional; aclaro, no se refiere a los fraudes estudiados por la Procuraduría, necesariamente, ni a los castigados, no a los obligados a devolver un sólo centavo a los publicados, y suman la estratosférica cantidad de 330,000 millones de pesos. A esto conduce la administración de los bienes del pueblo a través de las áreas estratégicas de las prioritarias de que habla el Plan.

En la página 95 del Plan dice que la pérdida de dinamismo del desarrollo hacia los fines de los años 60s. obligó a reconsiderar las políticas que orientan el crecimiento para hacer más expansiva la política de gasto público. Obligó, aquí se tiene al menos la honestidad de reconocer que fue una decisión que se tomó, ellos dicen que obligada, pero es consciente, expandir el gasto público. Si revisamos un poquito las cuentas nacionales, según la última edición de Banamex, "Examen de la situación económica de México, México en cifras", obtenemos datos muy interesantes. Entre 1970 y 1982 la docena trágica, el PIB pasó de 444,000 millones de pesos a 9.2 billones, es decir, creció 21 veces. En el mismo periodo el gasto público creció de 52.6 mil millones a 3.7 billones, o sea, aumento 70.4 veces. Aquí podemos detenernos a considerar lo impropio de la aplicación de las teorías expontanistas del gasto, aparte ideologías; el gasto creció 70 veces y el PIB sólo 21. Sin embargo estas cifras podrían no tener tanta importancia si esta expansión hubiese redundado en un mayor bienestar de los mexicanos, pero el PIB por habitante pasó de ser en 1970 de 701 dólares a 1,022 dólares en 1982 es decir, creció 1.4 veces repito entre 1970 y 1982, el PIB creció 21 veces, el Gasto Público 70 veces y el PIB por habitante 1.4 veces. Y todos sabemos que la expresión PIB por habitante, es una figura estadística que no se da en la realidad y que menos se da una economía con inflación, pues esta hace más dispar la repartición del ingreso. Y de las causas de esta disparidad, ni una palabra concreta en el Plan. Se lamentan y nada más. Y del castigo a los causantes de tal injusticia, ni una palabra en el Plan ni en ninguna parte. Y de las razones reales de la crisis, ni una palabra en el Plan; aunque sí, creo que es mi deber señalar que respecto al endeudamiento extremo encontramos algo, muy poco pero algo. En la página 191 se afirma que los problemas del país responden "en cierta medida, a la de una estrategia de desarrollo que no consideró suficientemente la vinculación económico con el exterior. Suficientemente no consideró aquello que en cierta medida, nos tiene como estamos. Creo que esta afirmación es cínica, insultante y ofensiva.

Si pudiésemos definir en pocas palabras el libro de 430 páginas llamado Plan Nacional de Desarrollo, creo que todos coincidiríamos en decir que es un Enlistado de Buenos Propósitos, si bien nos va.

Ayer mi compañero Luis J. Prieto, lo calificó de tímido. Yo lo llamaría, además, mediocre. Especialmente diría que los diputados de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, mermada ya nuestra acción por la Ley de Planeación, menos participación tenemos en esta tribuna ya que la mayoría de los datos que da el Plan, se refieren al periodo 85-88, cuando ya no estaremos aquí para juzgar la realización del Plan.

Además, precisamente en ese período 85 - 88, es cuando va a haber estallado en toda su crudeza la crisis, porque si bien reconocemos que se realizan grandes esfuerzos para disminuir el déficit del Gasto Público y el endeudamiento externo, está creciendo peligrosamente el endeudamiento interno, y debe tener su límite, por ejemplo, el financiamiento a través de CETES.

Nos puede pasar lo que a Argentina. En dicho país emitieron el equivalente a los CETES, allá se llamaban Valores Financieros Presenciales, que funcionaron muy bien en el periodo 1979-1981, sin embargo, saturaron el mercado, y para pagarlos se fueron a aumentar la base monetaria; resultado, una inflación del 250%.

Aquí el gobierno mexicano va a pagar 600 mil millones de intereses de la deuda, y los ingresos por IVA e Impuesto sobre la Renta no cubren esta cifra, y de esto nada se especifica en el Plan, sólo buenos propósitos.

Pero lo que nos parece más peligroso es lo señalado en la página 159, donde se habla del marco prospectivo y se dice: "Es necesario, para establecer un marco prospectivo, adoptar un conjunto de supuestos sobre la probable trayectoria de las variables más relevantes. Estos supuestos constituyen un punto de referencia que los acontecimientos pueden cambiar".

Se dice que en la Secretaría de Programación y Presupuesto se elaboró el denominado Programa II. Este Programa II es el que hacer todo este conjunto de supuestos, y en base a los cuales se hizo el Plan; pero, ¿qué pasará si fallan esos supuestos? Ni una palabra sobre planes de contingencia; claro, se dirá como afirmó ayer aquí nuestro compañero Manuel Cavazos, que no es posible precisar que el Plan es flexible, pero entonces, ¿sobre qué estamos opinando? Además, cuando estudiemos el Presupuesto para el año que entra, queremos ver los planes, y tendrán que estar relacionados con el Plan.

Acerca del basamento del Plan, ya en el orden jurídico, la rectoría económica del Estado, la Ley de Planeación, etcétera, no queremos cansarlos y los remitimos a las afirmaciones contenidas en el Diario de los Debates sobre el Capítulo Económico y Ley de Planeación presentados por mis compañeros de partido que hoy aquí ratificamos.

No queremos una rectoría entendida como centralización de decisiones. En Acción Nacional estamos por una mayor participación de la sociedad y una menor injerencia del Estado en la economía, limitada éste en orden al Bien Común no al capricho del gobernante en turno.

El mismo Presidente se contradice al afirmar que desea que el Estado no sea obeso y manda hacer con sus lacayos del Poder Legislativo un Capítulo Económico y una Ley de Planeación que le sujeta su voluntad a si mismo.

Mientras en México no existan realmente libertades económicas, políticas, educativas, de expresión social, etcétera, por la derramó su sudor y su sangre nuestro pueblo, ningún plan va a conducirnos al paraíso.

Por la diputación del Partido Acción Nacional, licenciada María Teresa Ortuño Gurza.

Señor Presidente, también voy a hacer una proposición:

Considerando que el artículo 5o. de la Ley de Planeación insiste en que el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuación del Plan.

Considerando que las opiniones de todos los partidos deben ser tomadas en cuenta por ser el fruto del trabajo responsable desde diferentes líneas políticas - y aquí me refiero no sólo al trabajo en las comisiones, sino a las aportaciones en la tribuna - proponemos:

Que todas las opiniones emitidas en esta tribuna por todos los partidos políticos aquí representados, sean turnados al Ejecutivo y no sólo las de la Comisión para que el documento que reciba el Presidente sea verdaderamente el fruto de un trabajo más completo.

Pido al Presidente solicite a la Asamblea si se acepta la proposición. Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 16 de noviembre de 1983. Por la diputación del Partido Acción Nacional. Diputada María Teresa Ortuño Garza." Muchas gracias.

La C. Presidenta: -Consulta la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta realizada por la diputada María Teresa Ortuño Gurza.

La C. secretaría Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a este pleno si aprueba la proposición propuesta por la compañera de Acción Nacional.

El que este por la afirmativa, sírvase manifestarlo.

El que esté por la negativa, sírvase manifestarlo ... Aprobada la proposición, señora Presidenta.

La C. Presidenta: -Se adjunta la propuesta.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio Gershenson.

Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández.

El C. Antonio Gershenson: - En primer lugar quiero reiterar y ampliar la protesta ayer expresada por el compañero Rolando Cordera, en relación con el lugar que se asigna a este debate en esta Cámara, pues de por sí la discusión se ve limitada a emitir opiniones cuando que el Congreso debía tener facultades para modificar y aprobar o rechazar el Plan Nacional de Desarrollo.

Y a eso, que ya venía de antes, se agrega el hecho de que tenemos que discutir el Plan Nacional de Desarrollo, un documento que se supone que tiene una vigencia obligatoria para el sector público durante 6 años, tenemos que

discutirlo al final en una especie de asuntos generales, después de haberse agotado todos los demás puntos del Orden del día, después de que fue necesario que el Presidente prorrogara la sesión por haber transcurrido ya las cuatro horas que marca el reglamento y a una hora evidentemente inapropiada para un debate a la altura del que debiéramos tener. Y además, ahora agrego en esta discusión en lo particular debemos tomar en las observaciones de 21 comisiones en la mitad de una sesión: ni siquiera una sesión completa para discutir las opciones de 21 comisiones, sino la mitad de una sesión.

Yo creo que eso es completamente inadecuado, y dada esa situación la intervención que yo hago, pues tendrá que limitarse a tocar algunos puntos álgidos y de ninguna manera podrá ser exhaustiva.

En términos generales, evidentemente, hacemos, como ya se inició ayer el proceso una serie de críticas al Plan, presentamos una serie de alternativas, pero además hay aspectos del Plan y de las opiniones de las comisiones que siendo pertinentes no han sido acatados en la política real que vivimos. Y eso también habrá que irlo señalando.

En cuanto a los aspectos generales de la política económica, yo quisiera agregar a lo dicho ayer en lo general que vamos nosotros con preocupación una tendencia a ir privatizando en la práctica sectores de la economía que actualmente están en manos del Estado.

Hoy conocimos por el periódico el anuncio de autoridades hacendarias de que se ponen en venta las empresas propiedad de la banca nacionalizada. Esto se agrega a lo ya mencionado ayer en relación con la venta, que consideramos completamente censurable, de VAM y Renault; y el tratamiento que se da al organismo público descentralizado Uranio Mexicano, cerrado desde hace casi medio año. Esta privatización en la practica -de este último paso, nos enteramos por una información que viene del extranjero, lo cual no deberá de ser; aunque no es la primera vez que ocurre - muestra que esos cargos que hacen compañeros del PAN, de que hay algo de socializante en la política oficial, no se ajusta a la realidad, sino que más bien lo que sucede es lo contrario. Hay una tendencia privatizante; que no puede ir más allá de ciertos marcos que el PAN quisiera que se rebasaran, en otra cosa.

Otro aspecto, de orden bastante general, que no podemos dejar de señalar; es lo relacionado con la deuda externa, porque si bien es cierto que en el manejo de la empresa pública, manejándola como si fuera empresa privada, encontramos una parte de la explicación, una parte todavía más amplía la encontramos en la absoluta libertad cambiará y comercial que imperó durante el auge petrolero y que permitió que particulares sacaran, según datos del Informe Presidencial del año pasado, aproximadamente 20 mil millones de dólares en lo que iba de ese año.

En cuanto a algunos aspectos de la política industrial, en el Plan Nacional de Desarrollo se mencionan dos aspectos; el aumento a las exportaciones, al que se le da mucho más énfasis, y también se menciona a la situación de importaciones. No podemos nosotros desligar este planeamiento de lo que hemos visto en la práctica. Las exportaciones no en todos los casos deben movernos a estar contentos; por ejemplo, si se exporta más carne porque en México ya comemos menos carne por la baja que ha habido del nivel de vida, pues claro, algunos se podrán alegrar, principalmente los ganadores que ahora reciben una mayor utilidad, pero evidentemente la gente que comía carne diario y ahora come una vez a la semana, pues, no puede estar satisfecha de esa situación.

Si nosotros vemos las cosas exclusivamente desde el punto de vista de la balanza comercial, aparentemente podría ser indistinto mejorarla aumentando exportaciones o sustituyendo importaciones, pero hay una diferencia fundamental en cuanto al grado de dependencia del país al final de todo este proceso. Y no podemos dejar de señalar también que hay toda una tendencia a aumentar esta dependencia el acento en las exportaciones y en la maquila, incluso un secretario de Estado ha dicho que debemos de convertirnos en un país maquilador, con un resultado de mayor dependencia. Y esto es más preocupante cuando que de una situación de maquiladoras, digámoslo así, más marginales, a la que ya nos habíamos más o menos acostumbrado, empezamos a pasar a una situación en que la maquila da en industrias que tiene un peso mucho mayor en la economía del país, como es el caso de la industria automotriz, y en la que las nuevas plantas que se han instalado, principalmente en el norte del país, son complementarias en alto de las que existen del otro lado de la frontera.

La dependencia en estas condiciones es cada vez mayor, y en este sentido nos parece necesario resultar que en las opiniones de las comisiones se reconoce algo de este problema cuando se señala que "nos pronunciamos porque el empleo no sacrifique independencia; la industria maquiladora debe coadyuvar al desarrollo de nuestro proceso industrial y no es causa de su distorsión".

En la medida en que caemos en una mayor dependencia la empresa transnacional tiene más peso en las decisiones y nuestro país y los otros países tienen menos peso en proporción, porque las trasnacionales tienen más facilidades para mover las plantas de su propiedad de un país a otro, y en esa forma acudir a aquellos países que les brinden mayores ventajas, incluidos menores salarios, y todo tipo de privilegios.

El pretender competir por atraer nosotros a las maquiladoras de estas trasnacionales, olvida que siempre aparecerá un país mas barato que el nuestro y en mejores condiciones de venta. En esta competencia, en todo caso si alguien sale "ganando", serán aquellos países que,

gobernados por dictaduras, pueden ignorar por mas tiempo el llamado costo social.

En el Plan Nacional de Desarrollo de habla de fomentar una demanda selectiva. Se dice, y es correcto, que la demanda debe ser hacia adentro, y en particular hacia sectores intensivos en mano de obra; este último caso ya no se ve muy complementando con la práctica puesto que, por ejemplo, en el caso de la vivienda popular, que es hacia adentro y es intensivo en mano de obra, pues más bien lo que se ve es una disminución de la inversión en esta área. Pero, además, falta un criterio que consideramos muy importante en cuanto a lo selectivo y a la prioridad y es que la prioridad debe darse a aquellas ramas de la actividad económica que tienen como terminales la producción de bienes de consumo generalizada o de servicios necesarios para toda la población.

En este sentido, nosotros, en diciembre pasado, nos opusimos, por ejemplo, a las exenciones de impuestos de importación hasta del 100% a la industria automotriz y de autopartes, que son industrias que terminan en el automóvil que, aunque sea consumido por un porcentaje considerable de la población, de ninguna manera es la mayoría, y de menos todavía es un artículo de consumo generalizado. Nosotros desde entonces decíamos que nos parecía mucho más prioritaria la construcción de vivienda popular, por ejemplo que también absorbe mano de obra en mucho mayor proporción , que estimular de esta manera a la industria automotriz que en su gran mayoría está en manos de trasnacionales.

En esta área de las trasnacionales también consideramos necesario notar la opinión de las comisiones, que consideramos pertinente, que señala "el interés de la Cámara de Diputados por conocer trimestralmente un informe de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras", ...y, es más, debemos buscar mecanismos efectivos de control respecto a su funcionamiento.

Entro a algunos aspectos de los energéticos; se menciona en la opinión de las Comisiones, la cuestión de la tasas diferenciales en lo que se refiere a precios y tarifas y eso se refiere a la búsqueda de un esquema realista de precios y tarifas que señala el Plan. La realidad que vivimos es de subsidios a favor de pequeños grupos privilegiados, en gas, en combustibles líquidos, en electricidad; el caso más extremo es el del gas natural cuyo precio al Grupo de Monterrey es de 13 veces más barato que al público consumidor de la ciudad de México y como lo dice la opinión de las comisiones, esto debe ser al revés, los subsidios deben ser aquellos que se vean socialmente justificados en beneficio de sectores marginados y oprimidos de la población, no en beneficio de un puñado de monopolios.

Otro aspecto que se señala en la opinión de las Comisiones es el de las obras que se realizan por contrato y concretamente aquellas en las cuales se pasa por encima de la legislación vigente. Yo creo que es un problema que dista mucho de ser particular o colateral, es un problema de soberanía nacional y es funda mental. La Constitución prohíbe las concesiones y contratos en materia de petróleo y de minerales radioactivos; sin embargo, en la perforación de pozos petroleros se entregan estos en contrato en un porcentaje nada despreciable a particulares; además de la prohibición constitucional, esta prohibición se reitera en la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo y en el Reglamento de esta Ley Reglamentaria.

En este sentido, la exigencia de un respeto absoluto de la legislación vigente que está presente en la opinión de las comisiones, debe ser acatada.

También las comisiones en su opinión señalan que se debe fortalecer la investigación y desarrollo en fuentes de energía, para lograr una mayor independencia en esta materia. Se deben fortalecer las acciones del Instituto Mexicano del Petróleo, del instituto de investigaciones Eléctricas y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y se dice. Sin embargo, en la práctica vemos que además de un insuficiente apoyo a los institutos del Petróleo y de la Electricidad, se nos acaba de informar, hace dos semanas, de la cancelación del Centro de Ingeniería de Reactores, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en un sentido diametralmente opuesto a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo y en la propia opinión de la Comisión Respectiva.

En relación con este problema de la independencia tecnológica, está el mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea la necesidad de garantizar la autosuficiencia en la producción de energéticos.

En materia de petróleo, prácticamente esa autosuficiencia está alcanzada, sin embargo, en materia nuclear esa autosuficiencia tendría que darse en el ciclo de combustible, que actualmente no se tiene y se depende en especial de mandar a enriquecer el uranio mexicano al extranjero, lo cual ya permitió un embargo de los Estados Unidos en 1978. Cualquier futura planta nucleoeléctrica debe plantearse tomando en cuenta en primer plano la autosuficiencia en el ciclo de combustible, para impedir este tipo de dependencia en un área estratégica.

Finalmente, el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo que habla de promover la consulta con los trabajadores a través de sus organizadores sindicales para hacer más productivas y eficientes las empresas que son patrimonio de la nación, debería de ponerse en práctica especialmente en los casos que mencioné de URAMEX y de la cancelación del Centro de Reactores.

En materia de política salarial, fiscal y de gasto público, simplemente señalamos algunos puntos adicionales. Es necesario que el ofrecimiento del Plan de Desarrollo en el sentido de "mantener la prioridad de los servicios básicos que proporciona el sector público" se lleve a la practica, pues lo que hemos visto es una reducción a la hora de discutir el

Presupuesto en diciembre pasado, y una nueva reducción en la práctica y en comparación con ese presupuesto en varios renglones.

Tampoco se ha aumentado la participación del gasto de inversión en el gasto total como se plantea en el Plan de Desarrollo, y menos todavía se ha llegado a, como se ofrece, "reestructurar el sistema de subsidios eliminando los de carácter regresivo".

Si el Plan Nacional de Desarrollo plantea una mejor y más progresiva relación entre los impuestos directos e indirectos, la consecuencia práctica, lejos de haber aumentado el IVA, debía ser y debe ser ahora que discutamos el mismo tema para el año próximo, una reducción en el monto total derivado del IVA sobre la base de exentar aquellos productos de consumo popular, del IVA, y establecer una escala más progresiva en los impuestos directos, y en especial gravar directamente las utilidades de las empresas.

Si en el Plan Nacional de Desarrollo de habla de la necesidad de "elevar la generación de empleos así como proteger y mejorar gradualmente el poder adquisitivo del salario", entonces, el combate a la inflación no debe basarse en limitar aumento salariales y liberar precios, sino al revés. Si en este año el salario mínimo esta perdiendo el 25% de su poder de compra, entonces no se está llevando a la practica este planteamiento; y si a continuación se ofrece que "una vez abatida la crisis se procurara que los salarios se muevan en función del costo de la vida y de la productividad", deben tomarse medidas, incluso legislativas, para ir introduciendo en realidad esa escala móvil de salarios, así sea de manera gradual para que tenga plena aplicación en el tiempo que se estima de que la crisis sea superada, o sea, uno o dos años, según las diferentes versiones de portavoces oficiales.

Si se trata, como dice el Plan de Desarrollo, de combatir la marginación y la pobreza, avanzando en particular en la satisfacción directa de las necesidades básicas de la población , entonces el presupuesto , dirigido al gasto social, debe aumentarse en términos reales, y no como se hizo para este año, reducirse.

En términos generales, vemos nosotros que, como yo decía al principio, además de las críticas que desde ayer empezamos a hacer a una serie de insuficiencias y planteamientos equívocos de vaguedades, que hay en el Plan de Desarrollo, vemos también que hay toda una serie de cuestiones que son plausibles y positivas en este Plan y que están más en la posición, tal vez, que nosotros. Muchas gracias.

El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Ignacio Vital Jáuregui.

El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Con su venia señor Presidente.

Compañeros diputados: dicen los biógrafos de Fray Servando Teresa de Mier, que cuando iban a preguntarle por su salud en los últimos días de su vida, cuando estaba viejo, enfermo y achacoso, y le preguntaban "como esta su merced". El contestaba: "pues estoy como la República de mal en peor". Y así vemos nosotros la economía nacional: mejor que mañana, peor que ayer.

Y venimos aquí a discutir un Plan, un Plan que quiere levantar ese elefante echado que es la economía nacional, ese elefante que ha caído, que ha dado un traspiés, porque lo habían cargado demasiado. Y tratamos que en ese plan de desastre en que han puesto los malos mexicanos a la economía nacional, venimos aquí a tratar de ver si ese Plan Nacional de Desarrollo es otro tanto "levántate y anda" que le dijo Cristo a Lázaro.

Tenemos que partir de la base del desastre económico que a grandes rasgos nos dan las siguientes cifras:

El circulante. Aumentó de 23,000 millones de pesos en 1970 a 363,000 millones en 1982. 16 veces, y la economía nacional no prosperó en ese porcentaje.

La inflación pasó de 81.9% en 1977, a 100% el año pasado. Para darnos una idea del despilfarro de los fondos nacionales que le infirieron los malos mexicanos de la docena trágica, contaremos el presupuesto de 1970 que fue de 72 mil millones, contra el de 1983 que fue de 7 billones 200 mil millones, y creo que el que se espera es de 14 billones de pesos para 1984.

La deuda externa pasó de 1970 de 13,800 millones de pesos, a 1982 de más de 85 mil millones. Esta deuda ya es del 5%; nada más los intereses equivalen al 5% del BID y sumando intereses y amortización de la deuda equivalen al más del 24% del gasto del sector público.

La burocracia aumentó de 40 mil empleados en 1940, a mas de 2 millones en la actualidad, contados entre empleados federales, estatales, municipales y paraestatales. Es natural que este elefante no se podrá levantar y andar con semejante carga.

Y en este marco de estos presupuestos, de estos porcentajes, de estos coeficientes, trataremos de abordar cada uno de los sectores de la economía nacional, a la luz del planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo y del planteamiento de nosotros en lo personal y de nuestro partido.

El primer capítulo es el del desarrollo rural; todos nosotros entendemos el fracaso, el fracaso de la reforma agraria en este país que, como ya se dijo en esta tribuna por la señorita Teresa Gurza, este fracaso de la reforma agraria, de una supuesta reforma agraria, ha originado en el campesinado de México hambre, miseria, desnutrición, bracerismo, fracaso completo de la economía alimentaria de la Nación.

La intervención de los políticos en el campo ha hecho nugatorios los esfuerzos de los mexicanos por tener un México que produzca en sus dos millones de kilómetros cuadrados, en sus 10 mil kilómetros de costas, los alimentos para su población y para su exportación como excedente, como se hacía antes, hacia las naciones extranjeras.

La pésima intervención de los políticos en la tierra hizo nugatorios e hizo traición a aquellos que murieron, a aquellos que dieron con su sangre, a aquellos miles de mexicanos de calzón blanco que quedaron tendidos en los campos de batalla de la Revolución exigiendo tierra y libertad, pero tierra en propiedad, no tierra en ejido, no tierra para los políticos, no tierra para el PRI; tierra para los mexicanos, tierra para los campesinos en auténtica propiedad.

Y es natural que todos los aspectos de la economía induce negativamente el fracaso de la reforma agraria, la ganadería no se podrá desarrollar mientras el país no esté en paz, mientras los ganaderos no tengan plenamente derecho a la posesión de su tierra, mientras los ganaderos no estén con la espalda de Damocles, encima de ellos, mientras no tengan las garantías suficientes los programas ganaderos que se hagan o que se lucubren en planes y más planes serán nugatorios, y la ganadería más bien será extensiva que intensiva en nuestro país.

La producción de la leche, vemos nosotros también en este capítulo, el fracaso de la intervención de los altos economistas en el resultado de la producción de la misma. Por decreto se ha fijado el precio de la misma y se le ha dado el mismo precio en la cuenca lechera de Querétaro que en el desierto de Altar. Cómo van a ser las mismas condiciones, cómo va a ser el mismo gasto para mantener una vaca lechera en una cuenca donde hay más de mil milímetros de precipitación pluvial anual que en un desierto donde hay un poco más de 200 milímetros anuales.

Esta demagogia trajo como resultado el fracaso nacional de los productores de leche y la importación masiva de los países en los cuales no hay intervención de los falsos economistas y de gentes nugatorias que detrás de un escritorio están fijando los precios a los productos nacionales.

En el aspecto forestal, también vemos el fracaso de la política intervencionista del régimen. según el censo, hay 44 millones de hectáreas y tenemos 10 millones de mexicanos que viven en las zonas de bosques y de selvas. Si dividimos las hectáreas entre los usufructuarios, veremos que les toca de 4 hectáreas por individuo, considerando una familia de 6 individuos, veríamos que les corresponderían, por familia, algo así como 27 hectáreas de bosque o de selva. Pero la intervención ha puesto un tabú. En las zonas boscosas de Durango, donde yo he visto, donde yo me he percatado, muchas veces por utilizar la madera de un árbol que tumbo un ciclón, un árbol de pino, se le levanta un acta si le cae mal el campesino al líder agrario y se les consigna, y si es un árbol ya caído, es un árbol que hay que aprovechar, Pero como no tenía permiso de la Secretaría, pues hay que consignarlo, y ese señor ha cometido un delito.

Esto, señores, tanto en la zona boscosa como en la zona de la selva, significa que la alta intervención de los que están detrás de un escritorio, ha propiciado que los efectos nugatorios de la explotación maderable en México, han dado al traste y que México, a pesar de tener 44 millones de hectáreas de bosques y de selvas, sea un fuerte importador de maderas del extranjero.

En el aspecto del agua. ¡Qué grave es la problemática del agua del país! Este problema del agua tiene resolución, tiene resolución técnica tiene resolución financiera; nosotros, si se hubieran aportado las resoluciones técnicas y financieras adecuadas, tendríamos el problema del agua resuelto en nuestro país. Es cierto que tenemos grandes zonas desérticas en el Norte, Noroeste y Noreste, pero también tenemos zonas de media precipitación, en el centro, y de máxima precipitación, de más de 3 mil milímetros, en ciertas zonas del Sureste y no ha quedado en planes para el aprovechamiento integral del agua en aquellas zonas desérticas que tienen bastantes valles, que tienen bastantes tierras por irrigar, nosotros sabemos, nos damos cuenta que los grandes sistemas de riego del noreste y del noroeste de la República están en zonas desérticas y que se ha hecho plausible idea aprovechando las aguas y llevándolas por medio de presas y canales aprovechables en los sistemas de riego. Hay mucho más tierras que regar, hay 5 millones de hectáreas pero para 75 millones de mexicanos no nos ajustan ó los 5 millones de hectáreas de riego, es necesario incrementar el riego, es factible aprovechar el agua, es factible aprovechar los excedentes de las zonas de media y de máxima precipitación pluvial hacia las zonas de los desiertos; no es cosa nueva si ustedes recorren el Valle Imperial de los Estados Unidos verán que estas aguas que están regando ese desierto vienen de muchos cientos de kilómetros, de la presa Vulner y es factible aprovechar escalonadamente por medio de gravedad y del bombeo llevar las aguas de aquellas zonas donde hay media y máxima precipitación pluvial a las zonas de baja precipitación, a las zonas desérticas. Todo está en que hubiéramos tenido nosotros buenos gobiernos, buena organización, técnica y financiera pero desgraciadamente los presupuesto se han gastado millonaria mente en otros programas.

El C. Presidente: -Señor diputado, ya tenemos la media hora.

El mismo orador: - Creo que se está cometiendo una injusticia porque a los señores del PRI los dejan hablar lo que les pegue en gana, hablan hasta por 45 o una hora y a mí llevo 15 minutos y ya se me paso una tarjetita.

Les pido a ustedes su venia para seguir con estos datos.

El C. Presidente: -Continúe cinco minutos más.

El C. Ignacio Vital Jáuregui: -...pues, no nos alcanzaran ni siquiera 15 minutos para tanto problema lacerante que tiene el pueblo

de México. Pero señores, diputados, no podemos nosotros en esta alta tribuna denotar que este Plan Nacional de Desarrollo, está igual que todos los demás planes y más planes que los gobiernos de la Revolución nos han hecho y que han fracasado, y ¿por qué han fracasado estos planes?, porque no están fincados en el consenso, en el conocimiento en la colaboración de todos los mexicanos hacia un buen gobierno, hacia un buen gobierno electo mediante elecciones limpias, por toda la mayoría del pueblo de México. Ahí está el mal radical de México, en que hay un divorcio completo entre el pueblo y la alta burocracia que detenta el poder en México.

Tan no vivimos en Estado de derecho, tan estamos viviendo en un estado constante de excepción, que vamos viendo exactamente en estos momentos, en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, la gente esta protestando porque su voto ha sido violentado porque su dignidad ha sido pisoteada. Este es el mal de México y mientras el mal de México que padece mientras la justicia no llegue al pueblo de México, no llegará tampoco la justicia social y vendrán y se irán planes y más planes que seguirán fracasando porque están fincados en la injusticia y en el pisoteo de la dignidad del pueblo de México. Muchas gracias.

El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Mariano López Ramos.

El C. Mariano López Ramos: - Señor Presidente; honorable Asamblea:

En opinión del Partido Socialista de los Trabajadores, consideramos importante referirnos a aquellos puntos que desde nuestro punto de vista consideramos de mayor trascendencia, de mayor importancia en relación al aspecto económico del Plan Nacional de Desarrollo que hemos estado analizando el día de ayer y el día de hoy.

Hay, sin lugar a dudas, un conjunto de aspectos secundarios, no fundamentales, que nuestro Partido no comparte en este plan. Sin embargo, nosotros pensamos que desde esta elevada tribuna debemos esforzarnos por aportar aquellas opiniones y puntos de vista que puedan contribuir a fortalecer aquellos aspectos más positivos e importantes para que nuestro país, a través de este plan mejorado y enriquecido sobre todo con la participación de los trabajadores y el pueblo, que es deseable que sea por lo menos en su implementación, consideramos entonces que el Plan Nacional de Desarrollo aborda un conjunto de aspectos muy importantes y positivos que permiten afrontar la situación que vive nuestro país.

Este proyecto desde nuestro punto de vista orienta a superar la actual crisis económica. No dejamos de reconocer, sin embargo, que la crisis económica que vive nuestro pueblo la están sufriendo fundamentalmente los trabajadores y los sectores económicamente más débiles de la población.

No ignoramos también que esta crisis ha sido agravada por la participación y la ambición desmedida de los grandes capitalistas, tanto nacionales y extranjeros, que tienen también en esta Cámara representantes de sus intereses.

Nosotros consideramos que es de fundamental importancia en este Plan en relación al aspecto económico, abordar aquellos aspectos que a nuestro modo de ver deben ponérsele énfasis:

En el periodo pasado esta Legislatura aprobó las reformas en materia económica a nuestra Constitución y el artículo 25 dice lo siguiente:

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que esté sea integral, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución".

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución".

"Al desarrollo económico nacional concurrirán con su responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuya al desarrollo de la Nación.

Y más adelante agrega en otro párrafo: Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente".

Y en un párrafo final dice: "La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de las actividades económicas del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios".

El Plan Nacional de desarrollo, en su segunda línea estratégica, que se refiere al cambio estructural y que se basa en 6 orientaciones generales para guiar las acciones globales, sectoriales y regionales del Plan, enfatiza en el punto número 6 de la necesidad de fortalecer la rectoría del Estado, impulsar el sector social y estimular al sector privado. Y la Ley de Planeación establece en sus artículo 26, 27 y 29 lo siguiente:

El 26. los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del

país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadas de este sector.

Y el 27, para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondiente.

Estos programas anuales que deberán ser congruentes entre sí, regirán durante el año en que se trate las actividades de la Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los proyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Y el 29, finalmente, dice que el Plan y los programas regionales y especiales deberán ser sometidos por la Secretaria de Programación y Presupuesto a la consideración y aprobación del Presidente de la República.

Con fundamento en el artículo 25 de la Constitución y en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Planeación y considerando sobre todo la aguda crisis económica que vive nuestro pueblo y sobre todo la repercusión que tiene en los trabajadores, que se traduce en aumento constante de los artículos de primera necesidad y en un creciente desempleo, los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores consideramos que en este Plan debiera de contemplarse con mayor profundidad y claridad y amplitud, el impulso al sector social de la economía; se hace necesario, desde nuestra opinión, un programa especial que debiera estar contenido en este Plan Nacional de Desarrollo para el impulso de la propiedad social, programa especial para el desarrollo del sector social que debiera de contar con los elementos necesarios para que la banca nacionalizada otorgue a los campesinos, a los obreros desempleados, a la juventud y a las mujeres que quieran organizarse para producir y para contribuir a salir de la actual crisis económica, debiera contemplar ese programa la organización de múltiples empresas del sector social de la economía.

El Plan en un párrafo aborda aspectos muy secundarios para el impulso de la propiedad social; consideramos nosotros que la respuesta más viable a corto plazo para combatir la crisis e impulsar la producción y la productividad, tanto en el campo como en la ciudad en nuestro país, debe ser precisamente por medio de la creación de empresas sociales con los obreros desempleados, con los campesinos y con todos aquellos sectores de la población que estén dispuestos a organizar cooperativas y empresas sociales.

¿Cómo pueden los trabajadores combatir la carestía? Dentro de una de las muchas formas posibles, nosotros pensamos que con la constitución de múltiples cooperativas de consumo en todo el país, podrán con su propia organización combatir en cierta medida la carestía y de paso golpear a los grandes acaparadores de los alimentos y de los productos de primera necesidad.

Sentimos que en este plan no se traduce la confianza que el Gobierno de la República debe tener en la fuerza de los trabajadores, no solamente para organizar en el campo y en la ciudad pequeñas o medianas empresas sociales, sino inclusive grandes empresas sociales.

Por eso nosotros pensamos que en aquellos latifundios, que todavía existen en muchos lados del país, al hacerse el reparto agrario deben converse en empresas sociales donde los campesinos con el apoyo, la orientación y la asesoría y el crédito oportuno y barato por parte del Estado, pueda constituir empresas de esa naturaleza y combatir de esta manera la crisis económica, la carestía y el desempleo.

Nuestro partido el 13 de diciembre del año pasado, comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto, manifestó algo que nos parece importante mencionar en esta Asamblea. Decíamos a través de nuestros compañeros en esa ocasión que la concepción del desarrollo se ha centrado en el papel de la propiedad estatal y de la propiedad privada y en este sentido el Estado mexicano tiene una seria responsabilidad en la desarticulación, dispersión y abandono al que se ha condenado a la propiedad social. Esta forma de propiedad constituye un avance histórico porque define constitucionalmente el derecho de la clase trabajadora del campo y la ciudad, de los obreros y los campesinos, a desarrollar formas de organización para participar en todos los terrenos de la vida económica. Estas formas sociales, cooperativas, ejidos, comunidades, sociedades, sindicatos, asociaciones, etcétera, pueden contribuir en forma muy importante a sacar al país de la crisis. El apoyo del gobierno federal a la propiedad social, debe de ser de interés público y los trabajadores así lo exigen.

Ha llegado la hora de que el movimiento obrero y campesino reivindiquen plenamente áreas de la producción, clases, además de que deben de impulsar en forma masiva empresas de propiedad social en manos de los trabajadores para producir bienes de consumo para el pueblo, estableciendo un plan nacional de desarrollo del sector social de la economía que defina bases, concepciones, áreas, apoyo y compromiso del gobierno federal para llevarlo adelante.

Es el momento de convocar al movimiento obrero, decíamos, al movimiento campesino y a las clases populares, no sólo a una consulta popular de la planeación, sino a una participación abierta y directa en la producción de bienes socialmente necesarios.

Ya concretamente en la pregunta que hacía nuestra fracción al secretario de Programación y Presupuesto, se decía: ¿Existe la decisión política del gobierno federal de darle carácter prioritario al desarrollo del sector social de la economía o seguirá teniendo esa desconfianza en la capacidad de los trabajadores, y se mantendrá

tendrá vigente el esquema de crecimiento sector público - empresa privada?

¿Habría disposición para incluir en forma preferencial un plan nacional de desarrollo del sector social de la economía en el Plan Nacional de Desarrollo para el año de 1983?

Preguntábamos, finalmente, ¿en qué forma se articularía la acción de las dependencias del Ejecutivo Federal y de los organismos descentralizados y empresas paraestatales para asegurar la coordinación en el apoyo general de la propiedad social?

Estas preguntas consideramos que si van teniendo vigencia, y que ahora más que nunca el impulso al sector social de la economía debe ser la palanca y el motor que progresivamente contribuya de manera real y objetiva a sacar a nuestro país de la crisis económica y a hacer que los trabajadores vayan elevando su papel social sobre todo en el aspecto económico. Estas demandas desde luego que no son nuevas, ya el movimiento obrero en reunión que fue convocada por él sobre el sector social de la economía el 30, 31 de mayo y 1o. de junio de 1980, en la Reunión Nacional para la Reforma Económica mencionada precisamente que la proposición obrera demanda, decía, un cambio en las bases estructurales de nuestra economía a través de una mayor intervención del Estado en este campo y de una creciente participación de los trabajadores en la conducción general de la economía. Y más adelante mencionaba, en esta estrategia de reformas se planteó como elemento sustancial la necesidad de estimular el sector social de la economía como un campo de actividad en el que se vinculen los esfuerzos y los recursos del Estado de los trabajadores, de los campesinos y de los sectores populares para producir y distribuir los bienes socialmente necesarios.

Nosotros insistimos en que esta vía, en que este programa debe elaborarse e incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo para que realmente pueda atacarse a fondo la crisis económica y hacer no solamente que los trabajadores y el pueblo como ha venido siendo hasta ahorita, que estén soportando el peso principal de la actual crisis económica, sino para que los trabajadores dejen de ser sujetos pasivos por la explotación capitalista y se conviertan en sujetos activos que se organizan, que constituyen empresas sociales, que combaten la carestía y el desempleo y que elevan su participación social, económica y política en nuestro país consideramos que eso es fundamental, que es viable su realización.

Finalmente, compañeros diputados, queremos hacer un breve comentario a algunas cosas que aquí se han expresado. Es natural que todo lo que implique la participación de los trabajadores y del pueblo en la política y en la economía de nuestro país, irrite o moleste aquellas fuerzas que defienden los intereses de los capitalistas tanto nacionales como extranjeros.

Es natural que aquí a esta tribuna van a estar como han venido estando, que suban elementos que defienden los intereses de los grandes capitalistas, sean éstos grandes comerciantes, industriales, latifundistas y que les moleste que en nuestro país prácticamente por primera vez, se esté planeando. Son partidarios de la sociedad de consumo; de la sociedad de la libre empresa; que no es otra cosa que la libertad para explotar sin ninguna consideración a los trabajadores y al pueblo y enriquecer a todo lo que pueden.

No nos extraña por eso ni los calificativos que frecuentemente se lanzan contra nosotros, ni los ataques que se lanzan contra los trabajadores y el pueblo, ni nos extrañan las posiciones que asumen aquí en la tribuna erigiéndose dizque defensores de los trabajadores y del pueblo cuando sabemos perfectamente que defienden los intereses económicos de los explotadores de esos trabajadores y el pueblo que dicen defender aquí de palabra.

Creo que es bueno recordarles a los señores de los partidos de la derecha que no somos tan ignorantes como piensan; que conocemos mínimamente la historia de nuestro país, que sabemos del papel importantísimo que han jugado los trabajadores y el pueblo para hacer posible avances en la vida nacional, que no olvidamos el papel importante que tuvo el pueblo y los trabajadores para plasmar en nuestra Constitución derechos en los que prácticamente caso todos los días estas fuerzas de la reacción atacan y que quisieran a toda costa desaparecer.

Nos referimos al contenido del artículo 27 de la Constitución , del 123, del tercero constitucional muchos artículos más, y también sin lugar a dudas, en relación a los artículos que en materia económica establecen la rectoría del Estado en ese renglón tan importante.

Por esa razón, pensamos que aunque esto no va a cambiar, sí es necesario mencionar estas cosas para que esté claro que los trabajadores y el pueblo independientemente de que están siendo todos los días sistemáticamente desorientados y confundidos por esas gentes que claman contra la carestía, contra la crisis, contra el desempleo, contra la corrupción y contra muchos fenómenos más que vive nuestra sociedad. A nosotros no se nos olvida ni tampoco por eso dejamos de reconocer que hay mucha corrupción a muchos niveles, pero que también poco se habla de los corruptores, y que los grandes corruptores de este país son los grandes empresarios nacionales y extranjeros que representan los partidos de la derecha.

Y no se nos olvide también que la carestía, el desempleo y la crisis en gran medida, ha sido originada por estos mismos intereses, capitalistas y gran burgueses, por esa razón, nosotros consideramos y reiteramos finalmente, que el camino más viable y correcto para enriquecer y profundizar el Plan Nacional de Desarrollo que es a través de la realización de un programa especial perfectamente fundamentado en la Ley de Planeación y en los artículos en materia económica, sobre todo, el 25 constitucional, para que lo trabajadores puedan aportar realmente alternativas para combatir la crisis, fortalecer el sector social de la economía, elevar su papel, sacar adelante a nuestro pueblo de la actual crisis económica. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.

El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados. El día de ayer mi compañero Juan Campos Vega expresó nuestras objeciones al procedimiento que el Congreso de la Unión ha seguido en torno al Plan Nacional de Desarrollo.

Esas mismas objeciones a veces nos han hecho dudar de la utilidad de esta sesión y de la necesidad que hay de que la representación popular en verdad asuma su papel frente a este documento fundamental para la vida del país en el presente y en el futuro inmediato.

Nos estamos preocupando porque si el Congreso no participó en la elaboración del Plan, sí fue marginado deliberadamente por el Ejecutivo, como así fue. Nos preocupa que en las siguientes fases del proceso de planeación ocurra exactamente el mismo fenómeno, es decir, la imposibilidad legislativa de participar en el cumplimiento del Plan y en la evaluación de este documento. Sería un fracaso histórico si en este momento con este Plan, el más acabado de la historia de nuestro país, perdiera el Congreso de la Unión la oportunidad de ser actor, de ser participante directo en este proceso de la vida económica del país y sería muy lamentable -responsabilidad que asumiría la mayoría parlamentaria - que frente a este avance, esta representación se quedara como un ente pasivo, contemplativo, de las acciones del Poder Ejecutivo.

Es muy difícil examinar el Plan Nacional de Desarrollo con métodos absurdos e irracionales que se han impuesto en estas sesiones. Desde nuestro punto de vista parece ser que se trata de un mero trámite burocrático y no de la necesidad de que la representación popular realmente intervenga en la formulación del Plan.

Desgraciadamente este es un documento definitivo, es un documento acabado, por lo que es imposible que pretendamos hacer reformas no solamente de fondo, sino siquiera de forma. El plan adolece de múltiples defectos no solamente en su redacción, en su concepción estrictamente gramatical, sino en su contenido. Pero a estas alturas y con este sistema parlamentario anquilosado en el que vivimos, en el que la Cámara de Diputados solamente trabaja dos meses al año, en este sistema absurdo de actividades parlamentarias, sólo corresponde a los partidos deslindar sus posiciones frente a los aspectos fundamentales del Plan.

En primer lugar, nosotros estamos en contra del lenguaje reiterativo, respetitivo, que existe en el capítulo de materia económica, se insiste una vez más en los mismos temas y no hay la más elemental coherencia lógica que tiene los planes en otros países. Se aparta del lenguaje técnico, del lenguaje científico de la economía política para pasar a la declaración de principio a la formulación de políticas económicas y a la concreción de metas cualitativas. Un defecto fundamental que hay en el área económica, es el de que el Plan, a diferencia de otros planes de otros países del mundo, socialistas y capitalistas, éste no contiene metas de carácter cuantitativo y en muchos de los capítulos no existen estrategias concretas, sino meros pronunciamientos doctrinarios que aseguren la concreción de las metas del Plan Este defecto del Plan hará muy difícil la fase de la evaluación del Plan y hará muy difícil que esta representación pueda en verdad hacer un balance concreto de los resultados económicos y sociales de este Plan.

La otra objeción que deseamos hacer, es el énfasis excesivo que se hace a la ampliación del gasto público como la fuente principal generadora de la crisis en México. Nosotros no estamos de acuerdo con esa apreciación del Plan porque no corresponde a la realidad, nosotros combatimos el excesivo gasto público del Gobierno anterior, no por el gasto en si mismo, no por el monto en si, sino por el financiamiento de ese gasto, sino por la forma como se canalizó, se ubicó y distribuyó en la sociedad; el gasto público mayor o menor, no tiene ninguna importancia sino la impugnación que hicimos al gasto público se debió a la excesiva dependencia de los financiamientos externos, al exceso en que se incurrió en el periodo pasado respecto de la deuda externa y también al hecho de que el gasto público se fue concentrando, se fue quedando en manos de breves sectores de la sociedad, aunque otra parte del gasto público sí, efectivamente, se canalizó hacia actividades productivas.

Por eso no compartimos la línea de acción del Plan, de moderar el crecimiento del gasto público haciendo de este factor algo importante en sí mismo, y se afirma, lo que es más grave aún, que la recuperación económica no vendrá por la vía del gasto público, que esa es una solución tradicional que la economía mexicana había tenido, sino que esa recuperación, que se espera por parte del gobierno para el segundo semestre del año próximo, vendrá por el lado de reactivación de la planta productiva, por el lado de la reducción de las importaciones y del aumento de las exportaciones no petroleras.

Desde nuestro punto de vista, el plan olvida que en las épocas de crisis de la economía mexicana la palanca fundamental que ha logrado la superación de esa crisis ha sido precisamente el gasto publico y la inversión del Estado. En todas las etapas en que nuestra economía ha sufrido los estrangulamientos como los que tenemos en la actualidad, no ha sido la solución por la vía o por los canales que el plan señala, y desgraciadamente, siguiendo con esa concepción falsa que olvida la historia moderna de México, se plantea el programa de apoyo a la planta productiva.

Partiendo de la opinión equivocada de que la planta productiva en realidad ha estado desprotegida y que ahora surge la necesidad de una protección adicional a la planta productiva. Y en este contexto se empiezan a otorgar distintas facilidades a la planta productiva,

una de ellas fue la absorción que hiciera el Estado de la deuda de las empresas privadas. Otra de ellas, fue la entrega de dólares baratos preferenciales a los industriales, y otra, por qué no decirlo, el castigo a los salarios para estimular la utilidad de la empresa privada. Sin embargo, conviene examinar si ha fracasado o no el programa de apoyo a la planta productiva y si en verdad es un programa que se orienta por la vía del nacionalismo revolucionario.

En primer lugar, la deuda que las empresas privadas adquirieron en el exterior, fue una deuda exclusivamente calculadora que se elevó en la etapa de la abundancia de divisas, en la etapa del auge quimérico petrolero. Cuando había demasiadas divisas surge la necesidad, mejor dicho, la conveniencia de disparar los niveles de la deuda externa privada. En estricto sentido no había ninguna razón válida para que la empresa privada se endeudara demasiado en el extranjero, y lo hizo sabiendo de que recurriría a la protección y al auxilio del Estado, como en verdad así está ocurriendo, el Estado ha absorbido la deuda de la empresa privada. Y nos encontramos con el hecho de que muchas empresas se han declarado en quiebra desde el punto de vista teórico, pero no han cerrado sus puertas en la práctica; han visto disminuida su tasa de utilidades, pero no en el nivel en el que se dice en la prensa o en la que lo manejan los voceros empresariales.

Se otorgaron dólares preferenciales para importaciones, pero los exportadores mexicanos no han traído a México las divisas que obtienen por la venta de sus productos, sino que insisten en la política anterior de mantener sus divisas en los bancos del extranjero, surgiendo la necesidad de penalizar con multas mayores a quienes infringen las reglas del control de cambios.

En lo que se refiere a la restricción salarial, pensando en que de esta manera se estimularán las utilidades, habrá más reinversión y por lo tanto más producción, ese pensamiento sólo existe en los manuales de los libros de texto de los pensadores monetaristas; en la realidad, en la práctica, esa ecuación no se ha dado, sino que en la medida en que se han elevado las tasas de utilidad de la empresa privada, en esa medida se han concentrado los ingresos en manos de una breve minoría y no ha habido la reinversión esperada ni tampoco la ampliación de la planta productiva. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un grave error la concepción implícita en el programa de apoyo a la planta productiva.

El Plan reafirma el carácter rector del Estado en la economía, y eso aunque sea un pronunciamiento ideológico o político, es ya de por sí positivo, pero el problema surge en las relaciones entre el Estado, el sector social y el sector privado. ¿Cómo lograr que el sector social y el sector privado realmente se incorporen a la consecución de las metas inmediatas y mediatas del Plan Nacional de Desarrollo? Esa es lo esencial de la cuestión, porque el Plan considera que sólo mediante la inducción, que sólo mediante la persuasión o mediante la presencia reguladora del Estado, será posible la incorporación de estos sectores a las metas del Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, aquí también a nuestro juicio, hay tremendas deficiencias, porque tradicionalmente el sector privado no ha aceptado los esfuerzos de planeación ni siquiera los esfuerzos de la planeación política que hubo en la época del Partido Nacional Revolucionario. Para el sector privado siempre es odiosa la planeación porque la asocia con la pérdida de las libertades de comercio y de industria, que consagra la Constitución. Y en su pequeñez mental no concibe que la planeación es una necesidad no solo de las sociedades socialistas, sino de las sociedades capitalistas. En la práctica no hay sociedad basada en el régimen de la propiedad privada, que no tenga un mayor o menor grado de planeación. De alguna manera o de otra. Sin embargo, frente al avance moderno de la planeación en el mundo capitalista, todavía hay elementos que en esta tribuna y en otras, se horrorizan de la posibilidad de que el Plan pueda incluir al sector privado y tratan de mantenerlo en una autonomía que no tiene en la Constitución ni en la historia.

Efectivamente los intereses sectoriales, los del sector social y del sector privado, están subordinados, son subalternos a los grandes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y no pueden considerarse como objetivos separados o mucho menos contradictorios o ajenos a él, porque si esto se diera, entonces el Plan estaría condenado desde hoy al fracaso.

Por encima de los intereses sectoriales es necesaria la conjugación de los sectores para coincidir en los objetivos superiores del plan, que creo que todos compartimos.

En ese sentido, el plan tiene otra debilidad en lo que se refiere al combate de la inflación. El plan enfatiza demasiado en la producción, en la oferta como si ésta fuera la solución única y exclusiva para abatir la inflación, pero en otra parte el plan señala que hay en la economía distorsiones, deformaciones, una de ellas dice el plan, es la coexistencia de pequeñas unidades de producción, por un lado y de tendencia oligopólica por el otro y de que el Estado no dejará el funcionamiento de mercado al libre juego de las fuerzas económicas.

Esas declaraciones programáticas del plan, no vemos en que partes, en que capítulos del plan tengan su correlato desde el punto de vista de las estrategias de carácter concreto, es decir, si existe una tendencia oligopólica en la economía, lo fundamental es que el Estado salga a la palestra de la economía y frene o detenga ese proceso de oligopolización o descentralización económica, y de que por el otro lado apoye y estimule a las pequeñas unidades de producción.

Pero la inflación no se combate sólo con mayor oferta de productos, sino con la depuración de toda la estructura comercial del país que es sumamente anquilosada.

El plan tiene un error muy importante que es de que en los objetivos generales no comprende uno que es muy importante: el de disminuir nuestro grado de dependencia con el

exterior, nuestra dependencia económica, comercial y financiera; y tampoco comprende el objetivo de reestructurar las relaciones que México tiene con el exterior. En este punto el Plan sólo se concreta a insistir en la necesidad de fortalecer la independencia nacional, pero esa declaración, ese objetivo que todos compartimos, no tiene tampoco la debida correspondencia en el plano internacional. El único aspecto que existe en este sentido, es el reconocimiento implícito de que se ha llegado a extremos intolerables en lo que se refiere a la deuda externa y se plantea ahora la necesidad de revertir la tendencia del financiamiento del desarrollo, para pasar ahora a fomentar el ahorro interno.

Esta declaración obviamente es positiva, pero no encontramos una concepción general que nos indique que el Estado Mexicano trata de desligarse, aunque sea limitadamente, de los grandes centros del poder del capitalismo internacional.

En lo que se refiere al déficit del sector público, se insiste demasiado y ahora se incurre en el fetiche del control del déficit. No cabe duda que en este aspecto hay en los redactores del plan una notoria influencia de las concepciones liberales y librecambistas y monetarias que durante muchos años argumentaron que las causas generales de la crisis era el déficit del gasto publico.

Pero el déficit del gasto público no debe examinarse en números desde el punto de vista cuantitativo, no importa que el déficit sea mayor o que sea menor, prácticamente no hay nación en el mundo capitalista que no ejerza su presupuesto en base a un déficit. El propio gobierno norteamericano se caracteriza por ejercer un presupuesto con un alto déficit.

El problema no está en el déficit en sí mismo sino en la forma en como se financia el déficit y si se financia sobre todo con recursos del exterior; entonces el problema está en nuestra excesiva dependencia respecto de los créditos externos, no en el déficit en sí mismo.

Si el déficit se financia en base a los aumentos de los precios de los servicios y de las tarifas, entonces se esta cometiendo un atentado en contra del pueblo.

Y podemos tener un presupuesto perfectamente equilibrado, matemáticamente coordinado, correspondiendo a ingresos con egresos y ese no será ningún avance fundamental para el pueblo mexicano, sino lo fundamental es que una parte del déficit del sector público se financie con recursos nacionales, con los recursos que ha acumulado la burguesía nacional y que hasta hoy no han participado en la financiación de gasto público en la medida de sus beneficios. Es decir sustraer del gran capital recursos para financiar la actividad del gasto público y del déficit .

Y por lo que corresponde a las tarifas, nos parece que el Plan tiene el criterio estrictamente mercantil, propio de los contadores de los partidos de la derecha. Es decir, si hay que realizar el saneamiento de las empresas del Estado desde el punto de vista financiero, pero no se van a sanear desde el punto de vista de la Constitución y de los objetivos de la Revolución de 1910, elevando indiscriminadamente los precios de las tarifas y de los servicios que presta el sector público, porque podemos llegar a tener empresas públicas, financieramente equilibradas, sanas desde el punto de vista de la rentabilidad comercial, pero ese no es el objetivo de la intervención del Estado en la economía ni tampoco es el objetivo de las empresas estatales. En todo caso las tarifas y los precios que deben revisarse, deben ser aquellas que han beneficiado acumulación privada, como por ejemplo, las tarifas eléctricas en que tenemos la situación absurda de que es más caro el Kilowats - hora para el consumidor doméstico, que para el consumidor industrial, y es más barato el Kilowats - hora para el alto consumidor industrial, que para el mediano y bajo consumidor industrial. Es decir, esas aberraciones de la economía estatal deben revisarse y mantenerse los subsidios en el caso en que los subsidios atiendan a una necesidad efectivamente popular, porque los subsidios son un instrumento de política económica que permiten una mejor distribución de la riqueza nacional.

Por lo tanto, señores diputados, nosotros valoramos en lo que cabe el contenido positivo de este Plan. Lamentamos no haber podido participar en él porque deliberadamente no fue posible hacerlo aquí, pero al mismo tiempo no podemos dejar de señalar nuestra discrepancia respecto del Plan con espíritu crítico, con autonomía y con responsabilidad. Muchas gracias .

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Cavazos Galván.

El C. Ricardo Cavazos Galván: - Honorable señor Presidente; compañeros diputados de esta Asamblea de la Cámara de Diputados; señoras y señores: Al revisar el contenido económico del Plan Nacional de Desarrollo y después de escuchar las intervenciones, tanto el día de ayer como el día de hoy por la mañana en relación al mismo tema, no dejan de surgir algunas consideraciones en unos aspectos que, en cierta forma vienen a replicar algunas de estas intervenciones y algunos de estos planteamientos.

Creo que en todas las intervenciones que me han sucedido se ha hablado de aspectos metodológicos del Plan Nacional de Desarrollo y también en alguna manera aspectos sustantivos de los que voy a llamar simplemente estilos de desarrollo. Creo que estas intervenciones nos han servido para identificar determinados problemas, así como también para presentar ciertas perplejidades surgidas de dichas intervenciones. Igualmente han sido útiles para poder evaluar y para poder calibrar ciertos parámetros que nos vayan estimando y nos vayan dando la viabilidad de los argumentos alternativos.

Todo esto en razón de que al revisar los planteamientos que intentan presentarse como innovaciones, correcciones o señalamientos de errores

o inconsistencias, se nota una cierta diversidad cuando no confusión en el uso de tales argumentos o de las diferentes construcciones conceptuales.

Desde luego esto surge como una discordancia inevitable si se tiene en cuenta que la similitud de los términos oculta diferentes considerables en los supuestos teóricos o metodológicos; en los campos de la realidad que se tomaron en cuenta y destacan en el análisis, también, en los juicios de valor que reflejan y, desde luego, en el trasfondo ideológico e intelectual de que proceden.

No pretendemos unificar estas diferencias porque las tentativas eclécticas generalmente resultan estériles. Caeríamos en el mismo error de los proponentes de buscar conseguir un resultado determinado independientemente de las premisas y del contenido, esto resulta a la luz de un dogmatismo o ultranza y de una ausencia vital de rigorismo y honradez científica en el tratamiento de las cosas, motivo de nuestra atención.

No obstante y quizá acaso esta diversidad, si se observa bien, puede ser fuente de nuevas riquezas, de contenidos y de estímulos para aprender más a fondo este evasivo fenómeno que es el desarrollo. Tanto más ahora que esas propuestas cuestionan el sentido que se ha marcado por el Gobierno de la República.

En otro sentido dicha diversidad también perece entrañar una considerable confusión entre presente y futuro, entre juicio de realidad y juicio de valor, entre ideología y utopía y, no menor, entre la consistencia de los diferentes niveles de análisis a los cuales nos hemos remitido tanto en la sesión de ayer como en la del día de hoy.

Poner juntas tantas cosas y no distinguir entre ellas o siquiera darse cuenta puede provocar graves inconveniencias y eventualmente un diálogo de sordos.

Es opinión aceptada de que a pesar de los muchos intentos anteriores, aun no se conoce de manera suficiente acerca de las razones de por qué los procesos de crecimiento económico y cambio en la sociedad están teniendo consecuencias tan ambiguas para el bienestar humano y de por qué las disciplinas del análisis y la planeación del desarrollo de las cuales se esperaba tanto hace unos pocos año, están manifestando una capacidad tan limitada para explicar o dirigir estos procesos de crecimiento y cambio.

Al revisar los argumentos que se han manejado, los estilos o presuntos modelos de desarrollo que se han planteado recientemente en la Tribuna, en seguida no dejan de suscitarse varias preguntas fundamentales: ¿Cuál es el sentido, o sea, a qué cosa de la realidad se refieren estas propuestas de avance social y material? ¿En qué posición del campo teórico se encuentran dichas propuestas en relación a los procesos de desarrollo que insertan? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales y secundarios y qué clases de relaciones se dan entre estas propuestas y el contenido de las mismas? ¿En qué marco temporal se colocan?

Aparentemente, en la intervención de ayer y la de hoy, nuestros compañeros diputados del PSUM parecen no tener clara la temporalidad de los objetos de las distintas políticas. Y el hecho de que las políticas de cambio estructural reduzcan se efecto a un plazo mayor, no quiere decir que no se instrumenten desde ahora, aunque es cierto que sus efectos por la misma naturaleza de las mismas, se notarán hasta después de la superación de la crisis, no porque se instrumenten entonces, sino porque tardan más tiempo con el mismo propósito.

Otra pregunta que surge el revisar estos planteamientos es que acaso se trata de conceptos estáticos o dinámicos, sincrónicos o diacrónicos, y también cuál es el método que plantean como el más adecuado para tratar con todos los problemas que implican.

En esto hemos escuchado toda una serie de cuestionamientos y toda una serie de aspectos importantes, desde luego por las razones que ya enumeraba en cuanto a la posibilidad de que estos estímulos sirvan para en alguna forma integrar opiniones que en alguna forma quedan integradas en forma parcial dentro del contexto general que se ha venido manejando. En esto se han manejado aspectos diversos relacionados tanto con reforma agraria enfatizado en más de una ocasión tanto por los aspectos de la participación del Estado en la economía como en el aspecto relacionado con la venta de empresas y aspectos determinados tendientes al manejo de subsidios, tendientes al gasto público, al financiamiento del gasto público y a un sinnúmero de aspectos que al no verse enmarcados en un planteamiento integral definitivamente carecen en muchos de los casos de las premisas y de la objetividad importante para su manejo dentro de una discusión que como ésta y quizá por ser la primera, no hemos podido tenerla en el campo conceptual que es importante para efecto de poder eventualmente participar en el proceso de la planeación y en el proceso de una opinión razonada y de una opinión suficientemente sustentada en materia del Plan Nacional de Desarrollo.

Creo que si hablamos de reforma agraria y creo que si en ese aspecto revisamos cuáles son los orígenes y la esencia de un proceso de reforma agraria en el país y cómo surge también y a qué razones atendió su instrumentación, creo que seria simplemente fuera de orden plantear la innecesabilidad o innecesariedad de la misma y creo que definitivamente negar lo que en reforma agraria avanza el país no sólo en el aspecto económico sino también en el aspecto político y de justicia social sería en alguna forma negar nuestra historia en nuestro pasado como país y como instancia histórica en la que estado participando y en la que ahora somos parte de ese quehacer social y político.

Creo que en ese aspecto pudiéramos ahondar en forma muy amplia; creo que han sido ya los planteamientos en esa materia realizados en

forma importante por algunos de los diferentes participantes; creo que inclusive más adelante habrá una participación en esta materia específicamente, pero sólo quiero señalar en cuanto a la prioridad que ha tenido el reparto de la tierra se ha buscado y al consignar nosotros dentro de la Constitución el aspecto de desarrollo rural integral, hemos revisado la necesidad para que exista dentro de la atención que se dé al campo en forma especial, todos aquellos problemas orientados para la organización de los campesinos, para todos aquellos aspectos que vengan de alguna forma a apoyar el desarrollo económico y social, eliminar la indefinición en la estructura agraria, la irregularidad en la tenencia, evitar en alguna forma la especulación que se da con la tierra y buscar en esta cuestión, generar y estimular la organización campesina, como base para llevar adelante la organización de la producción agropecuaria.

Hay apoyos y se vienen dando desde tiempo atrás, no son planes, no han sido proyectos, son hechos en cuanto a apoyos a la producción en formas diversas, apoyos para bienestar social en el campo también de maneras muy diversas y apoyos para la integración industrial y del transporte en el área rural. Creo que puede señalarse en forma específica, sin embargo dentro del nivel y del carácter que hemos estado manejando en esta discusión, basta señalarlos dentro del contexto y dentro de los diferentes enunciados manejados en materia de reforma agraria. Se ha manejado también de alguna forma reiterativa, el día de ayer como hoy, por una parte el proceso de estatización de la economía, por otra parte el proceso de venta de las empresas.

Pareciera ser en alguna forma que o se ven diferentes realidades, o solamente se ve parcialmente dicha realidad. Cuando intentamos nosotros discernir respecto a esta situación, y cuando hablamos nosotros respecto a si se estatiza la economía, o si acaso por otro lado se acusa de venta de las empresas, creo que es atendible también registrar los orígenes y el proceso en el cual se ha venido constituyendo el sector paraestatal.

En alguna forma, en sus orígenes el sector paraestatal era inexistente y hablo de los años treintas, cuando empieza a tomar una injerencia importante en la conducción de la actividad económica y productiva del país el gobierno de la República. En este aspecto, y debe de recordarse también, cómo hubo necesidad de crear instituciones nacionales de crédito que apoyaran y financiaran y fomentaran actividades productivas en diferentes órdenes, entonces prioritarios para el desarrollo nacional.

Creo que en ese respecto empiezan a surgir actividades y empiezan a promoverse sobre todo la actividad productiva y la transformación de este país de una economía con una estructura agraria, a una economía que venía a ser eventualmente una economía con una estructura de producción. Dentro de esto, el sector paraestatal se inicia con base en los mandatos constitucionales integrados en el artículo 28 de nuestra Constitución, y poco a poco, en ocasiones en razón de la necesidad de llevar a cabo un determinado apoyo con aspectos sociales en determinadas localidades del país, en otra situación, ante la ausencia o ante la evasión de sus antiguos propietarios, una buena parte de las entidades pertenecientes al sector paraestatal vinieron a caer en manos del gobierno.

Y en esto no es censurable, por una parte el hecho de que se haya engrosado, sino que habría que revisar los orígenes y las bases sobre las que se fue creando este sector paraestatal.

Si así fue su origen, si fue en forma indiscriminada, si hubo necesidad en ocasiones de recoger empresas para salvar fuentes de empleo, o inclusive para lograr que localidades enteras evitaran su destrucción, creo que es bastante razonables, sobre todo este momento en que existe la necesidad de llevar a cabo una serie de racionalización en la aplicación de los recursos, el que se revise la política de manejo del sector paraestatal.

Y a este respecto existen empresas que ni son exclusivas del Estado ni están ubicadas en áreas estratégicas del Estado ni son prioritarias para el Estado, y que el Estado tampoco las tiene por su propia injerencia o por su propia atracción. Creo que este es un punto medular y hay que revisarlo objetivamente y que hay también que ponderarlo dentro de las circunstancias históricas en las que vive en este momento nuestro país. Y en eso definitivamente el plan Nacional de Desarrollo marca una directriz importante respecto a la participación del Estado en la economía y respecto también al papel que juega el Estado como rector de la actividad económica y política en el país.

Creo que es importante verlo a la luz de esto y creo que es importante también replantearse y preguntarse hasta qué punto resultan razonables por un lado las acusaciones de la estatización de la economía y hasta qué punto resultan razonables las acusaciones de la venta de empresas. Creo que no estamos entrando en un proceso de análisis objetivos, serio, razonado y profundo. Creo que es importante en esto conciliar situaciones porque es un solo país y una sola instancia, en apoyar a todos nos toca participar.

Ya que tocamos el paso de las empresas paraestatales respecto de la retracción de los subsidios, creo que resulta importante también y puesto que es un argumento subsidiario de lo anterior revisar exactamente cuál ha sido para el país el beneficio de la política de subsidios, y donde en un momento dado por la simple inercia histórica vinieron a seguir persistiendo estos subsidios en un marco en el que o ya no eran necesarios o simplemente carecía de impacto positivo, social y económico su mantenimiento.

En este respecto creo que también el simple hecho de cuestionarse o establecerse una autocrítica respecto de la fórmula de asignación de dichos subsidios viene a ser positiva. Quizás la

solución, quizás la resolución en esta materia llegara a ser exactamente la misma que anteriormente teníamos. Sin embargo, el reiterar una definición viene a constituir para nosotros, fórmula y sustento de nuestro quehacer político y económico para el futuro u desde luego de congruencia con el cumplimiento de nuestros objetivos y prioridades sociales y particulares en el país.

Se ha hablado también y por la particularidad de los argumentos, algunos de éstos definitivamente son motivo quizás más de mayor lectura técnica o quizás en estos casos simplemente de replantear congruente y consistentemente algunas preguntas para que puedan haber en todo caso algunas respuestas.

Sin embargo, en razón de la importancia que pudiera tener en un momento dado el tema de las reservas petroleras -también mencionado anteriormente -, creo que vale la pena señalar que las reservas probadas totales conforme a los informes al 31 de diciembre del año pasado, eran exactamente de 72,008 millones de barriles de petróleo. Y de acuerdo a los estudios realizados, las reservas probables ascendieron también a esa fecha a la cantidad de 90,200 millones de barriles potenciales, mismos que incluyen -y al incluir las probadas y probables se mantienen dichas reservas en la cantidad de 250,000 millones de barriles.

Desde luego que es importante el revisar las características de ingeniería y técnicas para efecto de poder eventualmente tener la obtención de estos recursos, por lo cual en alguna forma resulta importante el distinguir las maneras en la expresión en cuanto al concepto y en cuanto también a lo que integran dichos conceptos.

Por eso hablaba al principio también respecto de poner juntas tantas cosas y no distinguir en ocasiones entre ellas.

Cuando hablamos nosotros respecto al apoyo o al deterioro que se le hubiera dado a la planta productiva y al empleo, creo que vale la pena revisar también resultados obtenidos y no simplemente como en ocasiones se ha reiterado, un poquito exageradamente y en otras demagógicamente, el hecho de que existan simplemente planes y planes y planes.

Yo creo que hay cosas muy concretas que de alguna manera pueden significarse como parte de nuestra responsabilidad dentro del quehacer económico y productivo nacional. En esto tenemos nosotros aspectos muy concretos en materia de protección de la planta productiva y el empleo, y desde luego hay que hacer el señalamiento que esto no es ninguna cuestión de que estemos satisfechos o que estuviéramos ya simplemente cumplimentados con lo logrado. Pero sí hay que tomar en cuenta la forma y el aspecto relativo en el que se está avanzando en relación a las condiciones que originalmente existían y también en relación a las formas en las que oportunamente algunos agoreros tremendistas anunciaban para estos momentos inclusive del presente año.

Creo que si revisamos lo que tiene que ver con la reorientación de la demanda, el programa especifico para llevar adelante toda una serie de aspectos relacionados con la producción de la planta productiva, en cuanto a las compras del sector público, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad que a pesar también de la concepción pesimista de nuestro amigo Antonio Gershenson, respecto de la posibilidad de exportación.

En cuanto a las exportaciones y con cifras registradas a fechas recientes conforme el informe de ingresos y egresos del sector público al mes de septiembre, creo que los resultados, tomando en consideración inclusive la recesión existente en los mercados extranjeros y particularmente dentro de los Estados Unidos, creo que es importante el revisar hasta qué punto realmente esas concepciones pesimistas o tremendistas están sustentadas por una base objetiva, por una base racionada y sustentada en términos estadísticos, inclusive.

Creo que también deben reconocer las posibilidades en materia de financiamiento para mediano y largo plazo que han logrado mediante los fideicomisos y los apoyos cambiarios y financieros que se han diseñado por parte del sector público para ser operados en el corto plazo, encontrándose respuesta adecuada de parte de quienes son usuarios o de quienes eran apaciguados en este momento en relación a las condiciones marcadas por la banca internacional o por otro tipo de proveedores internacionales.

Y también creo que es importante señalar, sobre todo para aquellos que han remarcado también en forma sesgada el problema de la escasez de divisas, creo que es importante señalar que hasta el mes de agosto se habían establecido y otorgado 113 mil permisos de manejo para importaciones por cerca de un valor agregado de 8,000 millones de dólares, de los cuales hasta la fecha solamente se han logrado ejercitar o se han utilizado en este caso solamente 7,000. O sea hay un remanente dentro de lo que ya está aprobado y comprometido por la autoridad monetaria central en términos del ejercimiento de esos permisos y esas órdenes de pago de dólares preferenciales para importación, en este caso de materias primas y de insumos importantes para el desarrollo y para la producción nacional.

Creo que debemos de ver las cosas en una forma más precisa y mucho menos en forma tan vaga y en ocasiones simplemente dejándonos llevar por opiniones, dejándonos llevar por el sentimiento o dejándonos llevar en otras también, por lo que no nos gustaría que hubiera sucedido o por lo que quisiéramos que pasara.

Creo que si clarificamos un poco esto viene a significar para nosotros un punto de avance y también una definición particular respecto de nuestra actividad, tanto como representantes populares, como mexicanos, en todo el contexto en el que tenemos que ver, responder ante nuestra responsabilidad.

Cuando se alude en general, se pueden considerar estos pormenores y algunas de estas cuestiones que son importantes en su consideración, pero que sí acudo y exhorto a la necesidad de revisarlas dentro de un contexto general integral y dentro de un contexto, también importante desde sus impactos, desde sus orígenes y también del como se suscitan y del cómo también quisiéramos resolverlas, y, sobre todo caso cuando se alude en general a los estilos prevalecientes de desarrollo puede hacerse referencia indistintamente al capitalismo, a socialismo, al comunismo o a cualquier otra forma especifica. simplemente son sistemas históricos dentro de la nomenclatura de las agencias sociales.

Sin embargo, cuando se habla de nuestro estilo nacional con un sentido específico, la referencia no puede ser ya ni al capitalismo ni al socialismo ni a ningún otro esquema determinado, como lo clasifican agencias sociales. Porque esta clasificación sería definitivamente imprecisa e inexacta.

Simplemente al considerar el estado actual o los estados viables y aceptables de desarrollo, estaríamos más bien hablando de estos conceptos con una mayor connotación de estrategias.

El Plan Nacional de Desarrollo integra el poder del Estado en el sentido de ser una fuente generadora de políticas de crecimiento económico. Señala cuál es el papel de este poder en el proceso de desarrollo. en dónde confluyen el problema del poder y el de la generación del cambio y del desarrollo. Y aquí en esto, precisamente en este vértice convergen las bases y nos acercamos en esto a nuestra filosofía y a nuestra propia historia. Y la incorporación, también de nuestras raíces y puntos de referencia anteriores, creados en la definición de nuestro país en los puntos de actuación marcados dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, tanto en lo que corresponde al corto plazo, como es el programa inmediato de reordenación económica, como para el cumplimiento de los objetivos señalados para el mediano y largo plazo de cambio estructural.

El enfoque teórico es de tipo accionalista donde la viabilidad del Estado depende de las fuerzas sociales que pueda movilizar para superar obstáculos y resistencias que como conflictos se oponen a su realización o a su continuidad. En rigor el asunto consiste en integrar estos agentes estratégicos e indagar acerca de los valores, intereses y capacidades con que decidirán e integrarán las estrategias de desarrollo que proponen e impulsan. Esto garantiza ya no sólo el Plan Nacional de Desarrollo sea más aceptable que los demás disponibles, sino que en su esencia simplemente tenga una sola característica que es la de ser integrador y la de ser universal en sus concepciones. Es un esquema integral que explica de qué manera una sociedad se moviliza y usa sus recursos no sólo para el crecimiento económico, sino también para el logro de estos objetivos que son valores permanentes de la condición humana, como son los derechos humanos, desarrollo de la productividad. espíritu creativo, la justicia, la equidad social, bienestar individual y familiar, la conservación del medio ambiente y algunos otros más.

Este esquema implica la definición de un estilo político de desarrollo que absorbe las particularidades de un esquema de oferta, demanda y distribución. Particular importancia reviste a la pregunta, ¡para quién es el desarrollo? Y se integren dentro de sus factores dinámicos más relevantes el origen y la naturaleza de los principales estímulos de la demanda, los sectores claves de la producción, la resolución de las dificultades estructurales que restringen la dinámica de la economía y qué fuerzas motrices también puedan actuar conjunta o independientemente. Y dentro de éstas importancia tiene la ideología revolucionaria, asociada con el cambio mediante la dirección del Estado. y también el nacionalismo revolucionario que ha sido esencia de la actuación del Estado mexicano, inclusive desde la creación del Partido Nacional Revolucionario, hace ya de esto bastante tiempo.

Aspectos de gran importancia manejados dentro del Plan, con carácter dinámico, con tipo de expresión conceptual de los factores integrados, así como también por la educación de un marco histórico con fases bien delimitadas, la conjugación de las variables políticas, la significación atribuida al concepto de contradicción que conduce a una idea más general y dinámica del conflicto y también de su solución.

Marca, proyecta y define los estilos políticos posibles y viables, teniendo en cuenta las circunstancias históricas y los rasgos estructurales existentes en una sociedad organizada de acuerdo con un sistema socioeconómico determinado. Y concibe globalmente el proceso del desarrollo y cómo superar los enfoques fragmentarios y a menudo conflictivos de la diferentes disciplinas o de los pretendidos modificadores del estatus social que radica en la Constitución. En México y en el PND así se concibe, el Estado constituye una fuerza esencial de la maquinaria que promueve el desarrollo y contribuye a la definición del estilo instrumentado. Esta peculiaridad puede dar una posición prominente que le permita cierta autonomía en la fijación de las políticas frente a la pretensión de otros grupos hegemónicos internos y externos, ello se explica por la transferencia de poder al Estado como máxima institución política; así el Estado y sus estrategias deben considerarse como el ámbito dentro del cual los estilos adquieren sentido concreto y dimensión histórica. Reaparece y se establece en lo político como componente central de cualquier concepción de los estilos de desarrollo. Los valores pueden ser variables, pero es esencial que en los estilos se distingan y decía al respecto a cuántos, cómo, qué cosas y para quienes; pues estas son las disyuntivas que normalmente enfrenta un proceso de desarrollo y cuya decisión corresponde al orden político.

Señor Presidente, suplicaría dos minutos más.

El C. Presidente: - Concedido, señor diputado.

El mismo orador: -En el mismo plan se establecen como elementos fundamentales el Estado como fuente generadora de políticas y el régimen político que formula el Estado y lo promueve en beneficio de la sociedad. Diversos grupos y clases sociales que promueven sus intereses y fines políticos son reconocidos también por el PND. Los conflictos derivados precisamente de estos grupos y aspiraciones en ocasiones incompatibles como las que mencionaba al principio de esta participación y los rasgos estructurales, los cuadros ideológicos y las tendencias histórico - sociales que limitan la instrumentación del mismo Plan y todo esto mediante la legitimación de un estilo implicado mediante el consenso dentro del país.

Desde luego y esto para terminar, ha suscitado un debate intelectual sobre estilos de desarrollo que ha cobrado vigencia y que creo como punto de partida inicial es importante y enriquece nuestra vida nacional. Algo hay que hacer definitivamente en esta materia y se abren abanicos de propuestas, las propuestas en ocasiones trascienden también el marco de las adaptaciones posibles de los sistemas sociales vigentes al punto que su puesta en práctica implicaría transformaciones sociales tan profundas que definitivamente el sistema eventualmente no llegaría a absorberlas o quizá se trata de otro sistema diferente. Estrategias y posibilidades concretas que no siempre son bien captadas ni ponderadas, entendidas o siquiera planteadas adecuadamente. Estas propuestas del Plan Nacional de Desarrollo, propugnan la tendencia humanista de desarrollo de los objetivos relativos a la calidad de la vida y el equilibrio ambiental, así como el desarrollo de las potencialidades del hombre bajo condiciones de efectiva justicia social.

La idea central, de ahí que la estrategia propuesta se base en las posibilidades de desarrollo de una sociedad centrada principalmente en su esfuerzo y recursos propios, autoafirmación y en la asociación igualitaria con otras. Su recurso principal tanto como su objetivo fundamental consisten principal y esencialmente en la promoción de la reserva potencial de energía y creatividad social que hay en el pueblo, en sus valores, conocimientos y estilo de vida, cuando son movilizados con un sentido humano y de justicia social.

Por eso se ha puesto el acento en la participación y animación popular en su más amplio sentido económico, social, político, cultural, en las formas colectivistas de producción, consumo y estilos de vida. Centrados en una convivencia social de tipo igualitario. En esto, y por eso también, la viabilidad de un posible estilo, no depende tanto en su origen, de su consistencia racional, como de su capacidad de apelación para atraer el interés colectivo y movilizar el pensamiento y la acción de importantes sectores sociales y políticos. En rigor, no es la riqueza de su visión del futuro y de su elaboración conceptual, ni tampoco el refinamiento con que se ha planeado su instrumentación lo que le da fuerza particular. Sólo en una fase posterior estos aspectos tienen una importancia central. Entretanto, lo que cuenta principalmente es cómo una propuesta responde a una situación histórica global caracterizada por fuertes necesidades y temores sociales. En este caso, expresamos la potencialidad de planteamiento integrado dentro del Plan Nacional de Desarrollo como aquel que tiene capacidad de atraer el interés colectivo y de movilizar el pensamiento y la acción de los importantes sectores sociales y políticos mayoritarios en el país. Gracias.

El C. J. Dolores López Domínguez: -Pido la palabra, señor Presidente, para una opinión adicional a mi compañero.

EL C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Dolores López.

EL C. J. Dolores López Domínguez: - Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Como se ha planteado aquí el aspecto agropecuario, y mi compañero Antonio Gershenson no profundizó en él, quisiera dar una opinión complementaria a su intervención.

No obstante, y a pesar de que oímos ayer los paternos y doctos consejos de la Comisión de Programación y Presupuesto, y su empeño en enseñarnos incluso el concepto de ahorro y de otros aspectos de la política del Plan, quisiéramos discrepar un poco en algunos aspectos del Plan Nacional de desarrollo sobre el llamado Desarrollo Rural Integral.

De entrada quiero decir que con el partido de la mayoría y otros, regularmente hablamos una especie de dos lenguas. Existen dos concepciones sin duda, principales en relación a la planificación, y más opuestas me parece aun cuando se trata o se refiere a la planificación democrática. Los términos se entrelazan en unidad lucha cuando se habla representado a una clase determinada, aun cuando la cobija sea siempre el invocar al pueblo, lo mismo sucede cuando hablamos de democracia, libertad, justicia en el campo.

Independientemente de las interpretaciones de quienes piensan y sostienen que el Plan es generalizador, no inmediatista y estrecho, no generalizador, no inmediatista y estrecho no de acción detallada, específica y concreto, pues, ayer se nos ilustraba que esto último incluso se ha terminado en la planificación mundial.

No comparto naturalmente la idea, el Plan más que esto, es un nuevo programa de gobierno para el presente sexenio que busca programar el diseño de la política económica y social del actual régimen en relación a los intereses que en la vida real representan. EL Plan es más bien un ideario priísta que pretende hacernos creer que resultó de una supuesta consulta popular, en la que campesinos no.

estuvieron presentes, muy a pesar de que ayer aquí se dijo que sí.

Tiene importancia por esta misma realidad mexicana el establecer y definir cómo se pretende darle concreción, lo que a nosotros sí nos interesa en primordial instancia: el bienestar general y particular de las mayorías desposeídas, explotadas y oprimidas de nuestro pueblo. Y esto sí naturalmente en concreto, en detalle si se quiere y a corto plazo, haciendo que no nos quedemos en las generalidades.

Muy a pesar de las generalidades, pues, un documento que precisa ser serio, que busca serlo, debiera mínimamente precisar qué es lo que hará en el campo, cómo se hará, quién lo hará y cuándo se hará, porque si de ejemplo se trata, hay que decir que el Programa Nacional Agropecuario y Forestal que pretendía sembrar 19 millones de hectáreas y que el mismo Presidente de la República valuó en esta tribuna en su primer informe, no ha logrado el 50% de su proyección.

Los tan propalados 175 mil millones de pesos del Banrural para el campo ni eran suficientes ni se invirtieron todos, dejando amplias zonas sin sembrar, a pesar de que deseamos aumentar la producción de alimentos. Compramos millones de kilogramos de granos al exterior a altos precios y se regatea el precio de garantía al productor mexicano, particularmente al pequeño y mediano, que se le debiera compensar con subsidios los altos costos de producción.

EL PRONAL carece de un conjunto de medidas que le ayuden a concretar objetivos, acciones y metas.

Finalmente y para no abundar más en ejemplos, el Programa del Sureste y concretamente los planes estatales que se han programado, se vuelven pesados, anémicos, huecos, en contenido y efecto para satisfacer las más elementales necesidades que demandan las mayorías explotadas, marginadas y discriminadas de aquellos lugares.

El Plan Chiapas, por ejemplo, de miles de millones de pesos, su especificidad lo concreta en un 70% para PEMEX y Electricidad, 15% para gastos administrativos y ahí está claro que con el restante 15% en otras obras no se puede planificar democráticamente para el bienestar de aquella población de brutales contrastes desiguales.

Si bien el Plan registra parte de la realidad no logra avizorar una alternativa que modifique sustancialmente el panorama desigual de los hombres del campo; mismo que requiere de profunda transformación de la estructura agropecuaria, forestal y pesquera, y de fortalecimiento de su integración con la industria y el comercio sobre bases de mayor equidad y eficacia, así como en la modernización y actualización de un conjunto de aspectos jurídicos ya obsoletos y la organización de la vida rural con el resto de la Nación.

Es conocido el hecho de que la Reforma Agraria ha quedado en la oscuridad debido principalmente a que la Secretaría de la Reforma Agraria por décadas ha constituido un colchón amortiguador de tensiones que genera la lucha por la tierra y no por una institución para solucionar los problemas relacionados con la tenencia de ésta.

Se mantienen en pocas manos millones de hectáreas sin que nadie pueda cambiar esta anárquica y desigual tenencia de la tierra. Para hablar de justicia agraria en nuestro tiempo, en serio y con responsabilidad, se requiere en nuestra opinión entre otras cosas, derogar el párrafo tercero de la fracción XIV del artículo 27 de la Constitución, que introdujo la reforma alemanista reaccionaria. Modificar la fracción XV del 27, que considera como pequeñas propiedades verdaderos latifundios; modificar la propia Ley Federal de Reforma Agraria, paternalista y obsoleta en muchas de sus partes para nuestra realidad.

El mantenimiento de estas normas jurídicas coloca los deseos de un plan en proyectos huecos de contenido. Quienes pretendían instaurar un régimen de verdadera justicia en el campo. tienen obligación de revisar seriamente el grotesco término de pequeña propiedad que se utiliza en nuestras leyes, pero más en la realidad, pues ha sido monstruoso, muro de contención para entregar tierras a quienes las solicitan y la trabajan. En cambio, a ejidatarios y comuneros se les retiran sus derechos en la práctica si dejan de trabajar las tierras personalmente durante dos años.

Pero no se obliga en la misma forma a los llamados pequeños propietarios que no trabajan personalmente la tierra, ni viven de ella. Es conocido, por ejemplo que muchos terratenientes o nuevos latifundistas tienen 2 mil, 3 mil y hasta 4 mil hectáreas en distritos de riego y ahí no se aplica la Ley, sino el tristemente conocido concepto de pequeño propietario.

Regular la tenencia de la tierra antes que la entrega de documentos, requiere de un verdadero cambio de la estructura agraria; cancelar los certificados de inafectabilidad agraria; ganadera y forestal ha aprobado, están fuera de la Ley; revisar con seriedad, ¡por qué existen 20 millones de hectáreas en resoluciones presidenciales que no se han entregado físicamente? Examinar las razones por las que se mantienen sin solución más de 3 millones de solicitudes de tierra planteadas por otros tantos comités particulares agrarios, a cuyos integrantes se les engaña constantemente con promesas no cumplidas diciéndoles: vengan mañana, pasado mañana, vayan a tal dirección, ahora a las salas estatales o regionales y viceversa. Esto obliga a los solicitantes a que cambien incluso de expediente y por tanto se pierden éstos en los trámites de ida y venida y en los trenes o camiones de las salas regionales a las direcciones de la Reforma Agraria.

Existe por ello una profunda incongruencia en los dicho por el Plan y la política gubernamental aplicada en la práctica por la Reforma Agraria; el postergar estas soluciones en la Reforma Agraria conduce sin duda a cancelar el

grito zapatista de "Tierra y Libertad" y a engañar de nueva cuenta a los campesinos.

En este aspecto, el desarrollo integral involucra un conjunto de otros asuntos del campo donde se dan las peores condiciones, mayor miseria, más contrastes y desigualdades, los peores transportes, pésimas condiciones de seguridad y salud, deficiente educación, infrahumanas condiciones de vivienda, violación de los derechos políticos, abandono del campo a la ciudad y en relación a los adelantos de la ciencia y la técnica. Por ello, coincidiendo en que al plan deben corregírsele un conjunto de conceptos e ideas en materia agraria, lo fundamental en nuestra opinión es que de una vez por todas se proyecte una real alternativa que modifique de raíz estructuralmente la actual tenencia de la tierra, con ello se modifique a la vez concretamente la vida de los hombres del campo y su familia elevando su nivel de vida. Un asunto que no sólo en el plan, sino en los programas y en la discusión nacional ocupa y ocupará la atención por un buen tiempo, es el de la producción de alimentos que está inscrito en la estrategia de desarrollo rural. Si bien algunas opiniones de la comisión son verídicas con las que podemos coincidir, se queda corta en lo que debiera ser una estrategia realista de alternativa alimentaria, en relación al sector agropecuario y sus funciones o lugares dentro del Plan. Se precisa en nuestra opinión, como lo hemos establecido reiteradamente, una concepción de participación democrática y popular en la programación agropecuaria y forestal. Una visión realista de la relación ciudad - campo, la necesidad de legislar para que la producción alimentaria se considerada de utilidad pública y servicio social, canalizando por tanto todo el presupuesto necesario hacia ella, pues es conocido que el de 1983 para el agro, que además no se invirtió totalmente, no logró combatir los aspectos más desastrosos de la crisis agraria, ni cambiar los factores más negativos que afectan la vida campesina.

Es indispensable que la banca nacionalizada canalice recursos suficientes al campo; que se frene la acción de los monopolios y las trasnacionales que actúan en el agro; que se defienda a los ejidatarios, comuneros y a los auténticos pequeños propietarios, que han sido los más afectados; que se nacionalice la propiedad de tierra en los distritos de riego que están en manos de particulares, cuya mayoría son verdaderos neolatifundistas; que al aumento de precios de garantía para combatir costos de producción, se agreguen precios menores en semillas e insumos, renta de maquinaria, electricidad, cuotas de agua, etcétera, particularmente a los pequeños y medianos productores. Esto los estimulará para aumentar la producción y les ayudara a superar sus niveles de vida. Si no se ve esto en seriedad en un plan como el que discutimos constituirá una falla insalvable, independientemente de que se nos diga que no entendemos la temporalidad del mismo, nosotros aseguramos que queremos también soluciones no para el año 2000, las queremos para que nuestro pueblo hoy y en condiciones incluso de crisis, tenga mejores condiciones de vida, porque no es posible, en nuestra opinión, que unos cuantos grandes comerciantes, unos cuantos grandes industriales, unos cuantos grandes capitalistas agrarios, ganen millones de pesos mientras a nuestro pueblo se le reduce el salario y los ingresos de los campesinos. El petróleo fue, no fue al campo, fue el campo no para servir como se dijo antes, sino para destrozar una cantidad de hectáreas de tierra que hoy no se les quiere pagar, en el caso concreto del Pacto Ribereyno Negar se dice lo que se ha hecho en reforma agraria, es inconsistente y no es real, nosotros consideramos que realmente lo que se ha hecho en reforma agraria no corresponde a las necesidades de nuestro pueblo, nosotros en relación a las empresas, a la venta de empresas estatales preguntaríamos al orador que me antecedió en la palabra. ¡Niega que se hayan vendido empresas como VAM y RENAULT? Está desmintiendo el anuncio de ayer en Bogotá del Director de Crédito de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que se procederá a vender las empresas propiedad de los bancos nacionalizados; si bien es cierto la crisis ha sido reconocida por los actuales gobernantes, no hay realmente medidas que modifiquen sustancialmente la vida de los campesinos. Es teniendo en cuenta fracciones como la XIX y XX introducidas al 27 Constitucional, el pasado año, que el Plan Nacional de Desarrollo introduce lo que llama políticas sectoriales referentes al desarrollo rural integral y de reforma agraria también integral. Al igual que la fracción XIX citada, el Plan deja el sabor de reducir la finalidad de la justicia agraria a garantizar la seguridad agraria en la tenencia de la tierra, incluso suscribiéndola a la documentación a los ejidatarios y comuneros o a lo simple en certificados de los propietarios privados. Si bien se establecen en el Plan algunas normas intersecretariales y objetivos generales, la política agraria puesta en práctica, repito, por el gobierno que sí es concreta, específica e inmediata resulta ineficaz e incapaz para los fines propuestos. El monto de miseria la tasa de mortalidad, la estadística de analfabetos y los actuales conflictos en el agro así lo demuestran. Los demuestran a la vez la situación de los millones de obreros agrícolas que no reciben salario mínimo de por sí deficiente. No reciben vacaciones ni pago de horas extras ni días festivos, ni el séptimo día, ni se les registran sus sindicatos, ni se les respeta lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Este es uno de los aspectos patéticos del campo que ya no se puede ver marginal, que casi todo mundo se resiste a reconocer y que ni planes ni programas establecen lo derechos plenos de estos productores de riqueza.

La sola falta de profundización de estos derechos de más de cinco millones de trabajadores, en el Plan, es una seria falla y limitante del mismo en relación a la parte que nos ocupa.

La organización social en el campo es y ha sido uno de los agudos problemas. Todo queremos organizar, pero en todas partes y particularmente la práctica gubernamental, se niega

a que el hombre del campo se le considere capaz de opinar, razonar, establecer criterios en la producción y así se le discrimina y se le aparta; no se respetan sus organizaciones clasistas que democráticas se han dado, e incluso se les margina de todo el conjunto de planificación en relación a lo que ellos pueden aportar en la producción alimentaria y en otros aspectos de la vida agropecuaria y forestal.

En materia de desarrollo rural integral, el Plan Nacional, por tanto, establece dos objetivos básicos que se definen de la siguiente manera: El desarrollo rural integral implica el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes del campo, se dice, y participación más activa y organizativa de comunidades rurales en la definición y orientación de su desarrollo, y en la defensa de sus propios intereses.

Ambos objetivos convergen el propósito estratégico de garantizar la soberanía alimentaria del país, se dice, siendo un importante cambio de énfasis en la tradicionalmente, han sido las formulaciones gubernamentales en torno al desarrollo rural en vez de medir el desarrollo en términos de producción y productividad agrícola hacerlo en términos de bienestar social; en vez de enfatizar el papel del sector agropecuario en la generación de divisas y por tanto en los cultivos de exportación, enfatizar la producción de básicos y por tanto la aplicación del mercado interno.

Hay un señalamiento que conviene formular, dado que existen ausencias importantes que debilitan enormemente la estrategia propuesta. En primer lugar, aunque es insistente y reiterativo el énfasis puesto en la participación de las organizaciones campesinas, e incluso se señala que la participación campesina en el proceso de planeación democrática no debe reducirse a una mera consulta previa a todas las decisiones, ni a la simple nulificación de las acciones que habrán de realizarse, no existe ningún planteamiento concreto que pudiera garantizar lo anterior. Brevemente se habla en la parte referente a reforma agraria integral de un programa rector de organización y capacitación de productores agropecuarios, pero no se establecen más que directrices extremadamente vagas, como cuando se señala que la Secretaría de Reforma Agraria instrumentará una acción tendiente a integrar a los grupos agrarios en unidades de desarrollo rural integral, como estrategia de apoyo a las actividades de fomento a la producción y de bienestar social, que realizan las diversas entidades del sector público.

Lo anterior es una ausencia notable que invalida el planteamiento global sobre desarrollo rural, dado que éste está de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo, sustentado en la organización social de productos rurales.

Parece imposible lograr un cambio tan profundo como el que se enuncia en la estrategia de desarrollo rural sin una transformación institucional de fondo. Es claro, después de varios intentos, abordados en los últimos sexenios por implementar programas reformistas en el campo, que las inercias y el sistema de contubernio y complicidades que se estrategió en las instituciones gubernamentales vinculadas al campo, son los principales obstáculos para cualquier modificación seria en la política de desarrollo rural.

Al respecto sólo hay un vago pronunciamiento en el Plan en el sentido de que se reforzará tanto la coordinación institucional, como la reestructuración de la administración pública, lo cual también debilita, en nuestra opinión, el Plan Nacional de Desarrollo, que en su esencia nosotros consideramos no corresponde a la realidad de nuestro momento. Gracias.

EL C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Antonio Murrieta, por la Comisión.

EL C. Antonio Murrieta: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Por la Comisión queremos unas concretas aclaraciones a lo que recién acabamos de escuchar de parte de nuestro compañero Dolores.

En primer término, hacía una referencia a los aspectos de la planeación democrática, de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los Foros de Consulta Popular, y obviamente dentro de un contexto correspondiente al tema agropecuario de desarrollo rural integral, de reforma rural integral.

Es conveniente que recordemos que del proceso de consulta popular, en sus orígenes, tuvimos eventos particularmente participativos en los denominados Foros Campesinos de Consulta Popular realizados el primero de ellos a partir del estado de Durango y posteriormente en los sucesivos estados de la República donde el entonces candidato a la Presidencia de la República, Miguel de la Madrid, acudía.

Me preocupa hacer una referencia a esa etapa de la campaña, pero es importante que tengamos presente que tuvo un punto de partida y que después se vino a enriquecer ya de acuerdo con la Ley de Planeación a los foros de consulta que en la oportunidad se fueron realizando. Sí creemos que hubo participación de los campesinos en este ejercicio de consulta popular.

En términos de lo que se mencionaba de los programas sectoriales, los estatales, los regionales, qué bueno es que tengamos atención a ellos y que en su oportunidad y donde sea más conveniente profundicemos y para ello invito particularmente en el ámbito de nuestra Comisión, que estudiemos esos programas en lo que en su oportunidad anteriormente habíamos dado puntos de vista a través del ejercicio permanente que hemos venido realizando con quienes han sido responsables de su elaboración.

En términos de los propósitos objetivos, estrategias del propio Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito aquí tratado, creo que es importante, sobre los puntos concretos que se refirieron, que tengamos presente que allá en el capítulo 8, donde se refiere a los propósitos, se

habla en primer término de un propósito de incorporar a la población rural, al proceso de desarrollo, de un propósito de mejorar sus condiciones, relacionadas con alimento, salud, vivienda, educación antes de otros aspectos que también con propiedad se refieren.

En términos particulares de la producción, en el número 5, se refiere al correspondiente a la producción de básicos y sólo hasta el 8o. se refiere a los aspectos de la balanza comercial.

Creo que es importante que se tenga claridad de que de acuerdo con los alcances que corresponden al Plan, hay claridad en la política, los propósitos, los objetivos y las estratégicas y que con base a ello se llega a los programas estatales, a los sectoriales, a los regionales que en su oportunidad, estamos ciertos se van a ir bien elaborando.

Se mencionaron aspectos relacionados con las condiciones sociales, sabemos que eso va a ser tratado por intervenciones posteriores y por ello considero conveniente a un lado.

En lo que corresponde a reforma agraria, es importante tener presente la opinión de la propia Comisión; creo que de las Comisiones; el texto por ellos presentado, producto del trabajo realizado, es muy propositivo y señalan realmente dónde se deben hacer una serie de correcciones al propio plan, lo señala la opinión de la Comisión, producto del trabajo por ellos realizado.

Pero, no por ello vamos a desconocer que en congruencia con lo que ahí se señala existe un agresivo y bien planteado programa de regulación de la tenencia de la tierra que habrá de general la tranquilidad jurídica a los poseedores de predios ejidales, comuneros y auténticos pequeños propietarios y colonos que, con un afán de arrojo y valentía luchan por sus superación en el ámbito de regiones difíciles, selváticas y desérticas.

En términos de aspectos al sector agropecuario, hemos escuchado lo relativo al área cultivada. Es exacto el compañero al haber señalado los 19 millones setecientos dos mil hectáreas, pero no sé en qué se basa en el momento para predecir que no se va, que no se preparó, entendí, y me preocupa hasta repetirlo, que se me hace sinceramente exagerado ni la mitad propiamente. No me interesa, te lo suplico me lo tomes así, la cifra exacta, en cuanto a lo que se haya preparado no según se dijo. Pero lo que sí sé es que vamos a tener, tengo la convicción que vamos a tener un ciclo agrícola muy satisfactorio, que vamos a conocer de que la superficie cosechada, que es la que realmente interesa, probablemente ande cercana a la segunda mayor que hayamos tenido en este país. Teniendo presente el comportamiento de la superficie cosechada en México se estatizó propiamente desde 1965 hasta 1980, en que anduvimos por los 12 millones y medio de hectáreas, y que fue a partir del 81, llegando al 83, cuando se inició un proceso acelerado de incremento de áreas que creemos que nos llevará a una cantidad superior a los 14 millones de hectáreas cosechadas en este ciclo, que sería propiamente la segunda más alta en la historia. Es importante que de ahí hagamos una reflexión también porque se critica a veces a veces con cierta ligereza el hecho de la productividad. Durante esos años mencionados, en ese toral de hectáreas para granos y semillas básicos, se partió de un rendimiento de un millón, de 1,159 kilos en promedio, llegándose al año de 1980 a 1,829. Ahorita estamos, ahí están las estrategias y los programas orientados en lograr sostener, junto con la extensión de la superficie, lograr sostener la productividad, y se puede esperar una productividad promedio cercana a las dos toneladas por hectárea de todo el conjunto de productos. No se trata de presumir cifras, sino que es importante señalar que el resultado que queda reflejado por esas cifras, es necesariamente producto de la aplicación de esas estrategias a través de los programas que se han derivado del Plan Nacional de Desarrollo.

Otro aspecto que se ha escuchado aquí, el relacionado con los precios de garantía. Un tema que bien podría plantearse demagógicamente, pero pienso que demagógicamente es cuando irreflexivamente se menciona lo que es un sentir de cualquier mexicano bien nacido, que es el buscar los productos del campo obtengan lo justo por su trabajo. Esto lo deseamos todos, pero qué difícil es cuando se tiene que tomar una solución responsable teniendo presente no solamente el momento de fijar un precio, sino las causas que lo llevaron a cabo y los efectos que pueden producirse. Permítanme que aquí haga rápidamente una reflexión. En primer término, creo que debemos tener presente la cadena producción - abasto - consumo; en segundo término en términos de antecedentes tengamos presente los aspectos de regulación normativa necesarios para que un precio de garantía se convierta en realidad y de regulación operativa; no es el simple precio lo que se va a traducir en el beneficio de un campesino, sino se requiere toda una estrategia, toda una acción de regulación normativa y de regulación operativa cimentada en un aspecto de institucionalidad para el ejercicio de esa norma y la realización de la operación. Regulación normativa que tenemos presente que comienza a plasmarse inspirada en el Constituyente del 17 desde 1934 y que así nos lleva a los ordenamientos actuales que por razones de respeto a su atención no referimos con el detalle que sí lo podríamos hacer.

Por otra parte, está el aspecto de la evolución institucional que es muy importante cuando tratemos de hablar de estos temas de precios de garantía que tengamos presente, que tengamos presente como en 1936 se logra concretar Almacenes Nacionales de Depósito como una institución con objetos definidos para participar en estos aspectos de comercialización.

En 1937. el establecimiento por el Presidente Cárdenas, del Comité Regulador del Mercado de Trigo. Y en 38 del Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias. En 41 la existencia de la Nacional Distribuidora y Reguladora. La emergencia establecida

en 43, del Consorcio NADIRSA, Banco Nacional de Crédito Agrícola y CEIMSA, que venía operando desde el 37, pero no orientada al aspecto a que estamos ahorita refiriéndonos, sino simplemente a cuestiones de exportaciones. Y en 1949, se establece el acuerdo de disolución anticipada de NADIRSA, para comenzarle a transferir funciones a CEIMSA, la cual trasciende hasta el 61 en que se crea CONASUPOSA, como un organismo de servicio público y finalmente en 1965, la actual Compañía Nacional de Subsistencias Populares, organismo público descentralizado.

Esto lo señalamos porque es importante que veamos que ha habido todo un proceso muy difícil. Porque es muy fácil hablar de un precio de garantía o de establecer un programa de compras, pero si no se tiene el aparato operativo, no se puede llevar a cabo. Y ya dentro de CONASUPO, es interesante referir que en 71 y 72, respectivamente, se crean bodegas rurales CONASUPO y Centros CONASUPO de capacitación campesina.

En relación a la evolución del precio de garantía propiamente, tengamos presente que en 1953, solamente se pudo establecer en tres productos de maíz, frijol y trigo. Actualmente se están trabajando en 13 productos, durante todo un proceso. Se iniciaban con centros de compra de ingratos recuerdos, muchos en carros de ferrocarril exclusivamente, que la certificación se hacía por una empresa particular y que en cambio ahora se ha logrado establecer sistemáticamente en lo único que podemos creer para aspecto de comercialización, que sean los propios productores los que estén participando en la certificación de peso calidad de sus productos.

Para ello se ha querido desarrollar una infraestructura de almacenamiento y se refleja con dos cifras muy claras: - perdónenme el manejo de cifras - . En 1970 CONASUPO sólo operaba, compraba dos millones de toneladas; en 1981 CONASUPO tuvo que comprar 12 millones 500 mil toneladas. De una reserva que manejaba anteriormente, de unas 750 mil toneladas, ahora se tiene que manejar cinco millones de toneladas como reserva.

¿En qué infraestructura, cómo nos hemos, y perdonen que me refiera en estos términos porque me toco vivir esos procesos, enfrentar almacenamientos a intemperie; quién no de ustedes ha visto el ámbito del campo mexicano, almacenamiento a intemperie con enormes riesgos en términos de la conservación del grano? ¿Y eso, producto de qué es? Producto de hacer una realidad, un precio de garantía.

La política del ejercicio del precio de garantía es importante que tengamos presente cómo ha evolucionado, y podríamos profundizar en detalles, pero no es el caso. Hasta 1976 los precios de garantía, recuerden, se anunciaban al momento que salía publicado el programa de compras que era las vísperas que se iniciara la comercialización.

A partir de 1977, por planteamientos de las organizaciones campesinas, se estableció el sistema de que el precio de garantía se diera a conocer al inicio de la siembra, y ahora, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, en congruencia con los sentimientos expresados en esta misma tribuna por el señor Presidente de la República en su primer informe, se está haciendo el anuncio de un precio de garantía al inicio de la siembra, y se hace un ajuste al momento de la comercialización. Se están haciendo dos revisiones al precio de garantía.

Creo que es importante que este complejo al que nos hemos referido se profundice, para comprender realmente lo que sí se está aplicando como política en relación a los precios de garantía. Pero sabemos tan importante como su establecimiento, es la operación misma de precio a través de los programas de compra, para ello se requiere y es propósito fundamental señalado en el Plan, la participación organizada de los propios productores, solamente así se puede lograr.

Y por eso la importancia de la opinión señalada por la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos en términos que se intensifiquen los programas correspondientes a la capacitación, a la organización de los productores en las diferentes etapas que le corresponde y particularmente a la comercialización.

Es importante que también se tengan presentes los efectos que se generan los incrementos a los precios de garantía, no porque no desconozcamos lo sentido, es que existe el adecuado precio de garantía para el productor, pero tengamos presente que de un subsidio que se venía manejando en el 65 del orden de 520 millones de pesos, ahora en 82 llegamos a un subsidio de 78 mil millones de pesos. Que se mencionara la cifra de 78 mil millones de pesos. Para poder comercializar, llegando al consumidor con los actuales precios recién establecidos.

Nos lleva y me tengo que referir al caso del 82 por ser las cifras que conozco al detalle, nos lleva a eso, que si en 65 manejábamos para la cadena de maíz, masa, tortilla 156 millones de pesos, en 82 se tuvieran que aplicar 34,341 millones de pesos. En trigo, harina, pan de 205 se pasa a 22,585. En arroz no existía y ya se tuvieron que aplicar 294 millones de pesos. En sorgo, que solamente había medio millón de subsidios en ese entonces, en 82 nos enfrentamos a 12,313 millones de pesos. Y estos son los sumandos, correspondientes a 78,000 millones de pesos, y ahora habrá que ver con atención en su oportunidad los sumandos, los dolorosos sumandos para los 178,000 millones de pesos.

Por ello, es que, en este tema correspondiente a precios de garantía, estamos completamente identificados y por ello la claridad de lo planteado por le Presidente del Partido Revolucionario Institucional la semana pasada, cuando señaló: "El partido exige que se apoye la justa demanda de los campesinos de mejorar sus ingresos con la equitativa distribución por sus productos, reconociendo que los consumidores urbanos tienen que contribuir a ello".

Y también por eso nos alienta, ahora que leíamos los criterios generales de Política Económica para 1984 cuando se señala al respecto que "se buscará que los precios de garantía de los productos agrícolas mejoren su posición, con relación al índice general de precios y se seguirán saneando a los sectores de manera que sean transparentes, selectivos y temporales para que beneficien a los sectores que se busca apoyar, especialmente los de más bajos ingresos". Muchas gracias.

El C. Presidente: - Habiéndose agotado el registro de oradores para la discusión del Sector Económico, se abre el registro de oradores para la discusión del Sector Social del Plan Nacional de Desarrollo.

Presidencia del C. Rafael Oceguera Ramos.

El C. Presidente: - Se abre el registro de oradores, para la discusión del Sector Social del Plan Nacional de Desarrollo.

La Presidencia informa que se han registrado los siguientes oradores, para la discusión del Sector Social del Plan de Desarrollo: Francisco Javier González Garza, Iván García Solís, Juan López Martínez, Sergio Quiroz Miranda, Mariano López Ramos y la Diputada Dulce María Sauri Riancho.

Tiene la palabra Francisco Javier González Garza:

El C. Francisco Javier González Garza: - Con su permiso señor Presidente. Primero quisiera llamar la atención de que cuando se anunció el Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado por el Ejecutivo, esto fue motivo de que hubiera luces, fiestas, festejos, repercusión nacional y esto recobró o cobró mucha importancia a nivel de publicidad. Posteriormente, dieron sus opiniones todos los secretarios de Estado, todos los jefes de la Fuerzas Armadas y esto fue motivo también de gran publicidad, la prensa nacional asistió a estos eventos, y hoy que el Congreso de la Unión está dando su opinión a un Plan tan importante como es el Plan Nacional de Desarrollo, vemos que prácticamente podríamos calificarlo de opinión en la clandestinidad. (Aplausos)

De tal manera que es el mismo Congreso el que se ubica en este papel con respecto al Plan Nacional de Desarrollo.

Nos llama la atención que precisamente en una antidemocracia vivida, se presente precisamente un Plan que pretende ser de planeación democrática. Al Partido Acción Nacional le ha sorprendido, sobre todo desde 1982, una serie de acciones que el Estado ha estado tomando, sobre todo a partir de introducir en 1982 las reformas al capítulo económico, después la Ley de Planeación y todo esto avanzando como en algo que no descubríamos su origen y su finalidad.

Haciendo un breve estudio encontramos que es el mismo Presidente de la República el que nos marca como tesis de gobierno fundamental, el nacionalismo revolucionario. Y es precisamente para nosotros importante esclarecer la filosofía de este plan de gobierno que se nos presenta por medio del Plan Nacional de Desarrollo, porque representa en el fondo la filosofía de la gente que hoy está en el poder y tratar de esclarecer si esta filosofía de la gente que hoy está en el poder corresponde a lo que el pueblo mexicano, a lo que la Nación Mexicana ha exigido, ha plasmado y coincide. Como antecedente de este nacionalismo revolucionario, es precisamente en el PRI, en la época del ex presidente José López Portillo, donde el mismo Partido dice: el Partido Revolucionario Institucional, es una organización Política de mexicanos comprometidos a desarrollar la democracia social, por la vía del nacionalismo revolucionario. Dice la afinidad y la alianza entre el Estado Nacionalista Revolucionario, y el Partido de la Revolución Nacional, se mantiene a la luz pública con la mayor firmeza y decisión, ambos tuvieron su origen en el mismo proceso histórico, se nutren de la misma ideología y actúan hacia objetivos coincidentes. La función que históricamente corresponde al Partido Revolucionario Institucional, consiste en asegurar la permanencia de la corriente nacional revolucionaria, en el ejercicio del poder en el Estado mediante la cohesión de las fuerzas fundamentales del pueblo y el fortalecimiento de las bases, de apoyo democrático al régimen constitucional de gobierno. Es entonces en la época de José López Portillo, cuando el PRI asume el papel de introducir en nacionalismo revolucionario. Pero, en la toma de posesión del licenciado Miguel de la Madrid, dice: El Nacionalismo Revolucionario, determinará mi conducta, el Nacionalismo Revolucionario es la fuerza unificadora sustancial de los mexicanos, el Nacionalismo Revolucionario como proyecto nacional, subsiste y se fortalece en la conciencia de las nuevas generaciones. Y aún dice más: la política exterior de México es síntesis e instrumento de nuestro nacionalismo revolucionario. Por tal motivo, como ésta, es la filosofía de este Estado, de este gobierno, nacionalismo revolucionario, para nosotros es mucho muy importante ver con claridad hacia dónde se llevará el rumbo del país y qué es este nacionalismo revolucionario. Si las tesis del nacionalismo revolucionario son acordes al pueblo mexicano, entonces estamos en concordancia con nuestros planes, pero si el nacionalismo revolucionario es contradictorio a las tesis nacionales que estaremos en contra de la filosofía de este Plan de Desarrollo.

Por lo tanto, los teóricos del nacionalismo revolucionario afirman: partí de un acervo de categorías expuestas por el propio Marx, en ese momento científico revolucionario que es el Capital . Por Lenin, en el Imperialismo, fase superior del Capitalismo. Por Oscar Lange, en la Economía, en las sociedades modernas. También, sin postularlo a nivel teórico, abstracto, Vicente Lombardo Toledano, indicó la justeza y viabilidad del nacionalismo revolucionario para México. Aquí hay un origen que nos parece interesante cuando es el PRI el que adopta el nacionalismo revolucionario y su origen es tristemente no muy

propio. Oscar Lange, señala que los puntos distintivos del modelo nacional revolucionario entre el capitalismo y el socialismo, son el Estado y las intervenciones públicas, y las inversiones públicas representan el factor más activo y dinámico del desarrollo económico .

La planificación como instrumento del desarrollo económico que deberá asegurar una cantidad considerable y suficiente de inversiones productivas, mediante el manejo de los precios, el sector privado es inducido al Plan; el Estado es propietario, vía nacionalizaciones y estatizaciones, de medios de producción esenciales con miras al desarrollo económico. Puede existir en la economía capital privado, pero el módulo de operación lo fija la propiedad estatal; el estado puede llegar a asociarse con el capital privado cuando convenga, los criterios de rentabilidad financiera y rentabilidad social son los parámetros que muestran la diferencia entre el modelo capitalista y el nacionalismo revolucionario. Esto nos explica de alguna manera el origen del capítulo económico y lo asegurado ya en la Constitución en el artículo 28 constitucional que garantiza al estado o da injerencia más bien al estado en la que llaman ellos áreas estratégicas como más adelante se va a mencionar, y después dirige también las áreas prioritarias del desarrollo nacional y, finalmente, pone una cláusula y todas aquellas que determine el Congreso de la Unión, de tal manera que el avance en este sentido del Estado en materia económica es ilimitado.

Afirman los teóricos del nacionalismo revolucionario, "la propiedad o ampliación de la propiedad del estado de los medios de producción fundamentales, las nacionalizaciones y estatizaciones que se realicen por la vía coercitiva de la expropiación o no coercitiva de compras, es una cuestión táctica, adecuada al momento histórico concreto en que se produzca, que no violente el discurso teórico del modelo. Las empresas objeto preferente de nacionalización y estatización, electricidad, petróleo, minas, minerometalúrgicas en general, acero, transportes, maquinaria industrial, agrícola, automotriz, química básica, fertilizantes, producción del complejo alimento - bebidas - tabaco, financieras en general y comerciales. Además el control de ramas de inversión, montos de inversión, fuentes de abastecimiento y ventas, operación de la planta, precios, utilidad y pago de impuestos, uso de personal. Todas estas reformas nosotros las vemos como tendencia de este Estado Nacional Revolucionario.

La creación de empresas estatales o mixtas para armonizar la actividad económica, e implementación de nuevos proyectos nacional revolucionarios. A mí me llama, después de estudiar un poco la filosofía del nacionalismo revolucionario y su tendencia, la afirmación que hace la izquierda en cuanto que se privatiza la economía. Más bien, en el modelo revolucionario, nacional revolucionario, iniciativa privada se le instrumentaliza a partir de la toma del Estado. Aun así, hay otro antecedente que es importante considerar en la tesis del nacionalismo revolucionario: es muy ejemplificativo de este programa, la plataforma elaborada por el Partido Popular Socialista, para elección de diputados a la XLVII Legislatura del Congreso de la Unión, entre ellas se propuso introducir a la Constitución un capítulo sobre la economía nacional que precise la finalidad de la producción, las actividades económicas privativas del Estado, la protección de las industrias nacionales, las tareas económicas y sociales de la inversión pública, las bases para reglamentar la inversión extranjera, las condiciones para aceptar los préstamos del exterior, la difusión del comercio exterior, las bases de la reglamentación fiscal, confusión redistributiva.

Y también se pedía la nacionalización del crédito para canalizarlo a la producción industrial y al sector primario. La creación de empresas estatales en la profesión marítima, forestal y mineras. Se pedía la estatización de la industria azucarera, la municipalización de todo el transporte urbano, el control de cambios, la nacionalización de la industria químico - farmacéutica y una reforma urbana.

Después de ver lo que esto hizo, y después de ver el esquema, es el PRI entonces el que adopta las tesis de un partido que en México ha tenido el repudio total, ya que este partido no ha alcanzado (aplausos) en su historia ni el 3% de la votación junta. Después de que el pueblo ha rechazado todas estas tesis, el PRI las asimila, las toma como suyas e introduce el nacionalismo revolucionario como tesis del gobierno.

Para nosotros, dice: las diferencias entre el modelo del desarrollo capitalista clásico y el nacionalismo revolucionario son: en el desarrollo nacional revolucionario la propiedad de los medios de producción fundamentales es estatal, coexiste con ella la propiedad privada clásica; el sector público propone en general a realizar sus actividades con criterios de desarrollo económico y beneficio o rentabilidad social, y existe una contradicción entre los sectores estatal y privado. El desarrollo del modelo tiende a extinguir al sector privado.

Fuera de esta supremacía del sector estatal y estatal privado, el nacionalismo revolucionario existe dentro de la contradicción ampliándola y profundizándola; a la vez que el modelo se realiza como nacional- revolucionario, está dejando de ser tal al implementarse en estos procesos la base material total al socialismo.

Es decir, el nacionalismo revolucionario, por eso es que coincide tanto y por eso le aplauden tanto los sectores de la izquierda, porque finalmente el nacionalismo revolucionario es el paso en los países de la transformación al Estado socialista

La política es economía centralizada, la teoría del nacionalismo revolucionario debe contrastarse con la realidad, que es un programa de lucha progresiva, decía Lenin, revolucionaria. Es un inventario de demandas de lo que falta por hacer en economía y política. Señala cuáles son los objetivos inmediatos y mediatos.

que se persiguen, esto es a donde se quiere llevar a desembocar.

Dice Lenin que quien no tenga esta visión no puede ser un revolucionario. Propone tentativamente llamar al grupo humano en el poder en los países de vida nacional revolucionaria, o sea, al grupo que ahorita está en el poder, como se empieza a atollara: capa nacional revolucionaria, como estrato nacional revolucionario, la burocracia nacional revolucionaria. Esto último, por estar sus miembros imbricados con funcionarios del aparato estatal a nivel máximo de representación.

Ha surgido así entonces un grupo más nuevo, no conocido por el Estado capitalista tradicional analizado por Marx, Engels y Lenin: la burocracia nacional revolucionaria, que toma el poder en los pueblos, que por las leyes específicas del crecimiento independiente del imperialismo muestra el acceso por este camino. La burocracia nacional revolucionaria es el grupo de humano más poderoso económicamente dominante, lo que permite ejecutar por cuenta propia todas las operaciones económicas esenciales, el papel del Estado nacional revolucionario.

En los choques clasistas es congruente con su contenido, si las condiciones lo ameritan, llega a servirse de la fuerza pública dirigida para el caso.

La clase revolucionaria por excelencia, la clase trabajadora, tiene una técnica y una estrategia muy clara frente a sí para abatir la dirección del aparato del Estado mediante la revolución socialista en la que puede contar con la naturalidad e incluso con la alianza de la totalidad o parte del grupo nacional revolucionario.

Con esos antecedentes de este pequeño diagnóstico de lo que es nacionalismo revolucionario, se nos presenta precisamente este Plan de Desarrollo.

Todo este Plan Nacional de Desarrollo está ya en la realidad montado sobre supuestos que en momentos rayan en la ficción. Los supuestos del Plan de Desarrollo realmente tienen consideraciones que se suponen sacados de cuentos mágicos, de unos cuentos de hadas.

Dice: "El Proyecto nacional es la lectura y la interpretación que unos han hecho de la Constitución de 1917".

Este proyecto nacional que nos proponen en el Plan Nacional de Desarrollo, es una adecuación, una lectura, una interpretación, de la Constitución de 1917, pero ahora con 316 modificaciones. De tal manera que interpretan una Constitución que con 316 modificaciones no es ni siquiera el proyecto del Constituyente original.

Y dice: "que se sustenta en el mandato popular". Y ese mandato popular es todo nebuloso. Porque la consulta popular que dicen que se levantó en la plataforma electoral - por la que también supuestamente votaron 17 millones de mexicanos -; y por esto , porque supuestamente votaron 17 millones de mexicanos se convirtió en mandato popular y de ahí surge el programa de Gobierno, vale la pena recordar solamente algunas consideraciones, sólo en el Distrito Federal, entre las abstenciones y los votos de la oposición, sumaron casi las dos terceras partes de electores y si nos remitimos al Diario de los Debates, de esos 17 millones, se podrían reducir a cerca de 9 millones, que en realidad fue la votación que saco forzadamente el Partido Revolucionario Institucional, y después de sacar 9 o cerca de 9 millones de votos reales, presionados entre campesinos, entonces se convierte esto precisamente en mandato popular, y del mandato popular surge el Plan Nacional de Desarrollo.

Así, nuevamente la voluntad y las ideas de un grupo reducido se presenta como mandato del pueblo mexicano, y para el pueblo mexicano; de tal manera que, de este planteamiento que a todas luces surge de dos esquemas o un esquema de ilegitimidad, porque por un lado surge, dicen ellos, de la Constitución de 1917, cosa que no es cierto y por otro lado del mandato popular de la campaña de 1982, y si de aquí surge su legitimación estamos ante un Plan que es ilegítimo. (Aplausos).

Por otro lado, para las personas que comentan que estamos fuera de tema, yo les sugiero que lean las siete tesis del Gobierno que es en lo que se fundamenta el Plan Nacional de Desarrollo, aquí están, de tal manera que aquí dice: nacionalismo revolucionario, democratización integral, etcétera. Por eso es que estamos en tema.

Algunas consideraciones con respecto al Plan Nacional de Desarrollo ilegítimo o de origen ilegítimo, que se nos presenta. En primer lugar, ya estamos a finales de 1983, no se conocen todavía los planes sectoriales, no se conceden los planes de las instituciones y de todos modos este Plan ya se echó a andar; va a pasar lo que siempre pasa con la famosa participación ciudadana y ahora con la del Congreso, los planes se echan a andar y después se consulta al pueblo.

De tal manera que yo diría que hay una condición fundamental en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Dice: Para su diagnóstico este Plan será viable, será posible realizarlo, si se dan una serie de condiciones que están sustentadas en variables que no son controlables. En las dos etapas del Plan de Desarrollo, primero, reordenación económica y cambios de estructuras, la primera fase que es reordenación económica está condicionada a unas variables.

Voy a leer algunas de las variables que condicionan esto que hará viable el Plan de Desarrollo.

Primero, dice: Situación y Perspectivas de la Economía Internacional. Vamos a ver, dice: Disminución de precios y de la demanda prima y del petróleo, es una variable. Estancamiento de exportaciones y escaso dinamismo del comercio mundial, inestabilidad de mercados financieros y del sistema monetario internacional, crecimiento por el contrario de deuda externa y de alza en las tasas de interés. Aquí son

variables, estas variables para la recuperación económica, son variables del exterior. Estamos condicionados nosotros a como se comporte el petróleo, a como se comporten las tasas, a como se comporte el crédito del exterior, y como todo esto está convulsionado, entonces el Plan por su viabilidad está sujeto, primero, a esto que no es controlable.

Segundo: Cuando se habla de la estrategia económica y social, se habla del origen de las crisis, de esta crisis estructural, se mencionan, entre otras, el ensanchamiento de la brecha entre las transacciones con el exterior, la insuficiencia en el desequilibrio de los aparatos productivo y distributivo, la inadecuada asignación del ahorro interno, la escasez crónica de divisas, la presencia de contrastes sociales, y yo no encuentro dentro de las crisis de esta economía crisis de estructura, todo lo que pasó con el mal manejo del dinero del Presupuesto y los recursos de los mexicanos. A nosotros nos alarma que dentro de este análisis o diagnóstico no aparezca como una causa fundamental la corrupción y el manejo que se hizo del dinero de los mexicanos en el sexenio pasado, que es origen de la crisis estructural que vivimos.

También nos parece que cuando se habla de participación social, aquí tenemos un diagrama que es interesante, vuelve a reiterar que surgió de la consulta en la campaña del Presidente, y finalmente después se convirtió a través de los foros de consulta popular; el Plan Nacional de Desarrollo marca entre los mecanismos de diálogo y comunicación entre el Estado y los grupos sociales, marca aquí sector privado, sector social, sector campesino, están en diálogo con el Estado, el sector obrero, los técnicos, los jóvenes, las mujeres y también los diputados y los senadores. Entonces, los diputados y los senadores estamos en un diálogo y comunicación como otro grupo social, así como puede ser, no sé por que no admitimos aquí algunos otros grupos como podrían ser los que venden periódico, el grupo de los que cantan canciones, etcétera, y también los diputados y los senadores, porque en ese nivel estamos, es la relación que nos da.

Hay también algo que nos llama la atención. El antecedente inmediato de este Plan Nacional de Desarrollo es el Plan Global, el famoso Plan Global de José López Portillo, cuyos ofrecimientos fue la administración de la abundancia que sí existía en ese entonces y que sí hubiera alcanzado para todos los mexicanos, y que se nos invitó a administrarla y que se prometieron promedios incalculables, se prometió 9% de crecimiento, se prometió empleo a todos los mexicanos y después se prometió que se reduciría la inflación y fue precisamente en el último año de José López Portillo cuando la economía se derrumbó, entonces el fallido Plan Global de Desarrollo, que sí tenía metas, que contuvo metas, fue un plan fracasado. Ahora no se trata de aludir al Plan Global, esa experiencia ya pasó, de lo que se trata es de que por qué no se asimilan las experiencias de los fracasados planes, por qué después de tanto fracaso esas experiencias no son tomadas en cuenta. De tal manera que quizá por esto, por el fracaso inmediato anterior del Plan Global, sea por lo que este Plan Nacional de Desarrollo carece de metas concretas; aquí quizá el Presidente no quiera mojarse los dedos y no prometer cosas que quizá no se puedan cumplir; de tal manera que entonces eso podría ser la explicación, un fracaso anterior compromete y es una acción preventiva el no poner en este caso metas concretas. Pero, haciendo comentarios de algunas de las afirmaciones que hace el Plan Nacional de Desarrollo, podríamos mencionar algunas que llaman mucho la atención, por ejemplo, con respecto a la reforma agraria, dice en el punto 8, punto 2, punto 12: otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, en áreas rurales y reorganización, y reorganizar los asentamientos humanos irregulares en ejidos y comunidades.

A nosotros nos parece que ese es un diagnóstico interesante. Otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra. Quizá esta es una de las afirmaciones más interesantes del Plan Nacional de Desarrollo, porque dar tenencia, dar seguridad a la tenencia de la tierra, esto es lo que podría hacer el cambio real de los mexicanos. Pero como el Plan no dice cómo se va a asegurar esta tenencia de la tierra, pues entonces estamos en las mismas condiciones. Yo creo que según esta afirmación próximamente nos llegará una iniciativa de Ley del Ejecutivo, para que se den en propiedad la tierra a la mayoría de los mexicanos.

Hay cosas muy chistosas que vale la pena comentar, por ejemplo la afirmación hecha por el brillante Secretario de Pesca que tiene el pueblo mexicano. Este señor yo creo que brilla. Voy a dar una de las cosas que descubrió el Plan de Desarrollo de Pesca, 8.4 y nos ilustra a los mexicanos, nos dice: "Por pesca se entiende el acto de extraer o capturar por cualquier procedimiento a autorizado, especies o elementos biológicos cuyo medio de vida es el agua". Esta es una afirmación muy interesante.

Educación y cultura. Dice en educación, por ejemplo, disminuir substancialmente el analfabetismo y promover la educación de adultos. Aquí sí me gustaría que se especificara porque en la estadística presentada por José López Portillo aparecen seis y medio millones de analfabetas, pero ya en la presentada por el licenciado Miguel de la Madrid para el mismo periodo, solamente son cinco millones seiscientos mil. Si así se va a disminuir el analfabetismo, queremos saber el mecanismo, pero éste no es un mecanismo oportuno.

Y así hay alimentación, rezago social, empleo, etcétera, etcétera. Yo quisiera solamente terminar, ya que mandaron una tarjeta, que es muy oportuna entre otras cosas, hacer una última afirmación y decir que en el Plan Nacional de Desarrollo y esos planes, no pueden ser de ninguna manera el compromiso de un solo hombre, del Presidente, ni tampoco, como es la filosofía introducida en este plan, se

deben de meter estancos y diferencias entre todos los mexicanos. Esto de señalar el sector público, el sector social, el sector privado, y dar injerencias distintas, valores distintos, nos habla ya de una división entre todos los mexicanos como filosofía.

Nosotros creemos que para que el plan y cualquier plan, salga adelante, se requiere de la fe de todos los mexicanos, se requiere de la comunicación, del entusiasmo de todos para reconstruir a este México nuestro, y por lo tanto es la filosofía nuestra. Este plan sólo tendrá éxito con una distinta filosofía que la que hemos analizado en este momento. Muchas gracias. (Aplausos).

El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Sergio Quiroz Miranda.

El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Qué bueno que la derecha se presenta sacando de la ultratumba de la historia las caducas ideas del anticomunismo, que se presenta como es, porque durante las campañas electorales utilizan otro lenguaje, manejan otras ideas escondiendo precisamente lo que son y que aquí el diputado que me antecedió manejo con toda precisión.

Esa tarea del anticomunismo, es el lenguaje que ya fue rebasado por la historia de los pueblos, no lo manejan ellos de manera directa, se lo dejan, y la cumple muy bien, a la Iglesia Católica. Se maneja desde las sacristías de las iglesias de los pueblos y las ciudades de México.

La intervención del Estado en la economía es el punto, no del de esa discusión. Desde el día de ayer que se inició el debate es precisamente la intervención del Estado en la economía la gran preocupación de la derecha de los dos partidos aquí representados.

Se les olvida que la Revolución Mexicana tuvo esencialmente un carácter antiimperialista, el antiimperialismo que está obligado a manejar el Estado mexicano no surgió por iniciativa de ningún partido político.

La Revolución Mexicana fue un movimiento antifeudal, democrático y esencialmente antiimperialista. Ese es el origen de lo que se llama el nacionalismo revolucionario.

No se atreven a manejar ante el pueblo su vieja demanda de la vuelta a la enseñanza religiosa. No se atreven a manejar abiertamente - y qué bueno que no lo hagan - su vieja demanda de volver a los prejuicios y a los fanatismos. Ahora se han presentado tal cual son. Si así lo hicieran en las campañas electorales se sabría la mínima fuerza que representan las ideas de la derecha en nuestro país. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra en su turno el señor diputado Iván García Solís.

El C. Iván García Solís: - Señor Presidente; honorable Asamblea: intercambiamos opiniones el día de hoy sobre el Plan Nacional de Desarrollo 83-84. Este intercambio se inició el día de ayer, pero es necesario, antes de entrar al área específica que a nombre de mi partido comentaré, insistiré en la apreciación general que tenemos sobre este tipo de trabajo parlamentario, que no tiene como consecuencia una modificación en el propio Plan, ya que éste por disposición constitucional y de la Ley de Planeación queda, en última instancia, bajo la decisión y responsabilidad final del Presidente de la República.

Nuestro partido ha presentado ya un modelo distinto de planeación, en el cual se toma en cuenta en el primer e importante lugar, a este Poder Legislativo, pero también de manera destacada a los sectores representativos de la sociedad.

Esta demanda corresponde no a un simple prurito por establecer un mecanismo de democratización formal de la planeación, sino que en el fondo persigue hacer ésta más consistente y útil para el beneficio colectivo.

Pero éste es ya tema de otros debates que serán más frecuentes y necesarios en la medida que los intentos de planeación centralizada y unilateral vayan confrontándose con una realidad que de manera reiterada hace la crítica de los hechos a las previsiones e imposiciones de la burocracia.

Por cierto comentamos también que la crítica que hace el Partido Acción Nacional de la planeación, es una crítica conceptual y genérica, pero con bibliografía mal aplicada.

Oscar Lange, por ejemplo, hace un resumen bastante interesante y prolijo, comparativo de los modelos de planificación, pero entiéndase bien, modelos de planificación en países donde la dirección de la sociedad está en manos de las fuerzas obreras. De este modo la planificación que ahí se critica, ajusta y compara, es la planificación no indicativa, sino una planificación efectiva que tiene una consecuencia real y medible en términos generales. De tal modo que en realidad la crítica panista a la planeación es una crítica que muestra su oposición de fondo a una planificación que tenga como objetivo el beneficio colectivo.

Incidiendo en el tema a debate, es justamente en el aspecto relativo a la política social, contenida en el punto 7 del Plan, en donde el contraste entre cálculos voluntaristas y realidad social se hacen más incompatibles. El plan en esta materia, del mismo modo que en su concepción general, trata de conciliar el propósito de la llamada reordenación económica, motivo éste de la acción inmediata del gobierno, con las metas de largo plazo. Y también de la misma forma que ello no se comprueba en sus aspectos económicos y generales, tampoco en el aspecto social existe congruencia entre la acción política y económica de esos meses, con la promesa de una elevación de las condiciones de vida de la población en el futuro. Es justamente a la inversa, los datos de la vida social cotidiana del pueblo, así como los indicadores de aquellos fenómenos que la afectan de manera más directa, muestran de manera elocuente que las restricciones y penalidades de hoy no van en camino de

ser mitigadas, como textualmente dice el plan y mucho menos resulta en el corto plazo; por el contrario, bajos salarios, desempleo, decaimiento de los servicios de seguridad social y otros aspectos igualmente vitales aumentan en vez de disminuir.

El plan excluye referencia explícita y amplia al problema fundamental de cuya solución se deriva la distribución de la riqueza social y que ilustra sobre las condiciones de vida de la población mayoritaria.

Nos referimos al problema del salario. Quizá en esto el plan suple esa exclusión con un reconocimiento que no por abierto deja de expresar una confesión de parte. Se dice, en efecto, "tomando en cuenta la situación de la empresa y las condiciones económicas del sector, una vez abatida la crisis se procurará que los salarios se muevan en función del costo de la vida y la productividad. También se agrega que se tomarán otras medidas indirectas para proteger los ingresos de la población mayoritaria, como es el control de la inflación. Pero lo que es más grave en los hechos es la política salarial que ha consistido en restringir los incrementos de los salarios lo más posible, llegándose en casos ilustrativos y lamentables, como fueron en el pasado mes de junio, al rechazo a cualquier aumento a los trabajadores universitarios y otros. En general, los aumentos salariales han sido notoriamente menores al incremento del costo de la vida y en su fijación no ha intervenido de manera importante el criterio de evaluación de la productividad del trabajo como elementos indudablemente necesario para elevar la retribución a los trabajadores. En la práctica, pues, nos hemos enfrentado a una política de topes salariales que comprueban cómo uno de los ejes básicos de la llamada reordenación económica es el descargo nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores del peso de la crisis económica. Para ejemplificar este fenómeno podemos observar que de enero a septiembre de 83 los salarios que no fueron reajustados, en junio ya sufren un deterioro no menor al 67%, tomando como base enero de 82. Para fin de año, si se alcanzará la meta de reducir la inflación a 90%, cosa cada vez más improbable, los salarios mínimos que fueron incrementados nominalmente tendrán un deterioro del 73% como mínimo. Para los grandes sectores de trabajadores que no tuvieron aumento, la pérdida será aún mayor. Para 1983, como consecuencia del fenómeno que hemos mencionado, se calcula que el monto total de los salarios bajará su proporción dentro del ingreso nacional del 36% que representado el año pasado a un elocuente 27%.

Compárense ambas cifras: 35 a 27%. Si no hubiera muestra similares en otros terrenos del área social que exhiben sin lugar a duda alguna la política antipopular del gobierno y su contraste violento con la profesión de buenos deseos expresados a lo largo de un plan retórico, ambicioso y discursivo, de cerca de medio millar de páginas; el ejemplo que hemos citado es, creemos, contrapunto notorio y visible de la falta de correspondencia del Plan Nacional a las inmediatas necesidades populares, así como a sus objetivos de largo plazo, pero los otros ejemplos relativos a la política social también existen y por ello nos referiremos a algunos de manera breve. En materia de empleo es donde menos se ha avanzado, incluso las cifras oficiales reconocen que la población que carece de él de manera absoluta así como la subempleada alcanza a 15 millones de personas, lo cual está muy por encima del propósito gubernamental de reducir para fines de 83 a un 8.5 de la población económicamente activa el citado desempleo. La realidad es pues que el volumen de desempleo abarca a cerca del 12% de la población económicamente activa, 12 y no 8%. Este hecho contradice las afirmaciones del documento denominado Criterios Generales de Política Económica para 84, distribuido hoy por cierto en el que se pretende que "la flexibilidad del sector informal urbano ha contribuido a paliar este problema social". Como se observa en este crítico lenguaje, este crítico lenguaje es un inútil eufemismo que trata de ocultar el hecho simple de que ante la miseria y desempleo generalizados, mucha gente ha "obtenido trabajo como tragafuegos, vendedores ambulantes o como improvisados participantes de los servicios urbanos". Si a esto se le llama generar empleos, entonces podría admitirse que nos acercamos a la meta de la disminución de la desocupación, así sea a través de una solución grotesca o insostenible. La verdad en este caso es que a través de la política implícita y expresa del Plan Nacional así como de los actos cotidianos del Gobierno, política que consiste en amortiguar los problemas estructurales a nombre de un cambio a fondo que no se percibe ni se concreta, el país en realidad no avanza, sino retrocede socialmente. En este problema una vez más se manifiesta la incompatibilidad de objetivos. Es imposible pretender alcanzar metas de empleo en tanto se disminuye la inversión pública real y se contrae la producción nacional, dejándose en la práctica el cumplimiento de este objetivo en manos principalmente del sector privado y del libre juego de las fuerzas del mercado.

Aprovechamos aquí para diferenciarnos de aquellas críticas al Plan, y a la política económica gubernamental, que se pronuncian por una mayor reducción del gasto y del presupuesto como fórmula para incentivar la economía. Esta receta no solamente comporta una visión inmovilista y reaccionaria de la sociedad, sino que ahí en donde se ha intentado aplicar con toda frialdad y crudeza, ha fracasado también desde el punto de vista económico.

Pasemos ahora a otros ejemplos relativos a la política social. Los beneficios de la seguridad social sólo alcanzan actualmente al 40% de la población en edad de trabajar, además de que siguen prácticamente desprotegidos los miles de pensionados y jubilados cuyos pagos no se incrementan ni siquiera proporcionalmente a los aumentos de los salarios mínimos. Ello es más grave aún en el caso de

la población rural, pues los jornaleros no tienen la mínima protección sindical que pudiera atenuar su situación.

El mismo caso es el de los realmente pequeños productores, los ejidatarios y los comuneros, quienes han visto disminuir sus ingresos, ya que el bajo e insuficiente crecimiento de los precios de garantía, ya criticados el día de ayer por nuestro partido, no corresponde ni compensan en modo alguno, los aumentos en los insumos que requieren y da como resultado que decrezca la producción y baje el ingreso real de este sector importante y numeroso de nuestra población. Estos sectores sufren más drásticamente la insuficiencia de los servicios de salud y seguridad social, pues a su baja de ingresos reales, se aúna el efecto de la reducción en los gastos gubernamentales en los rubros denominados de beneficio social, disminución que afecta también la calidad y expansión de los servicios así como la construcción de obras públicas indispensables en las ciudades y en las comunidades rurales.

El plan fija como líneas de acción en materia de salud, la de "ampliar la cobertura de los servicios a la población con un mínimo razonable de calidad para todas los individuos", meta ambiciosa, y agrega de inmediato que esta línea "se inserta en la estrategia de reordenación económica y concreta del cambio estructural en materia de salud".

Aquí observamos otra de las contradicciones presentes a lo largo del plan. En primer lugar no se dan los elementos consistentes que permitan augurar que se avanzará seriamente en el camino de dar cobertura a toda la población en materia de salud, pero es menos cierto aún que este buen propósito se confirma inicialmente con las medias relativas inscritas en la política de reordenación económica.

Todo mundo sabe que el nivel de los servicios de la seguridad social en México está bajando de manera constante e inaceptable, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE y principalmente en los servicios que presta la Secretaría de Salubridad, en donde hay una creciente insuficiencia y una notoria baja de calidad.

El ISSSTE, cuyos recursos presupuestarios de por sí no alcanzarían para hacer frente a las obligaciones que por ley tiene este Instituto, sufre adicionalmente de la entrega diferida de sus fondos, es decir, del burdo jineteo que hace de este dinero de los trabajadores el Estado, hecho confesado hace unos pocos días de reunión de Comisiones por el Contador Mayor de Hacienda de esta Cámara. Y ello ocurre sin que se apliquen medidas efectivas para impedir esa ilegal distracción de fondos de la seguridad social.

También es público y notorio que el Seguro Social padece de un congestionamiento de servicios, igual es el caso del ISSSTE y Salubridad y Asistencia, que lleva a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo que ahí labora. Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos, son sujetos a ritmos de trabajo cada vez mayores, sin la correspondiente compensación económica. Se niega el carácter del trabajadores a los médicos - estudiantes que en la práctica atienden áreas extensas de estos servicios, asumiendo la responsabilidad respectiva y en casos, estos médicos - estudiantes son reprimidos.

Esos trabajadores en la práctica tienen áreas extensas de servicios y por ello deben ser justamente considerados como trabajadores.

Por el contrario, se ha implantado un sistema de amenaza y coacción que hace que los hospitales y centros de salud estén invadidos por agentes policiacos que vigilan a los trabajadores. Las normas internacionales, por otra parte, de relación médico - derechohabiente y derecho ha bien - cama hospitalaria, han sido drásticamente rebasadas en sentido negativo, observándose una sobresaturación que deriva en infinidad de desatenciones, no pocas de ellas con resultados funestos que son en el fondo responsabilidad no de los trabajadores de la salud, sino de la política restriccionista, defendida y enunciada en el propio Plan.

Igual fenómeno ocurre en las consultas de clínica y más aún de especialidad. En las primeras se imparten recetas a granel sin el examen a fondo que el paciente requiere, ya que el número de éstos por médico es muy grande. Los medicamentos escasean y no pocos médicos recomiendan abiertamente a los pacientes que hagan sus compras en las farmacias comerciales. Ello es correlativo con la disminución de fondos a la salud destinados, que han disminuido en términos reales representado en 1983 apenas el 3.5 del producto interno, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que este rubro abarque no menos del 8% del producto interno.

La atención por especialidades es deficiente y extemporánea. Da la impresión de que el sistema de seguridad social se ha visto encajonado en un mecanismo que despliega sus mejores esfuerzos en los servicios de emergencia y de hospitalización, y no en el tratamiento oportuno ni menos aún en la prevención, área que prácticamente está excluida desde el propio presupuesto.

Nuevamente vemos como propósitos ambiciosos, reforzados por el proyecto de ley que recién hemos recibido y que pretende la armonización de los servicios de la salud, que no su integración completa - este es tema de próxima discusión -, contrastan con la política inmediata de presión y estrangulamiento de los servicios sociales.

Finalmente, aportaremos el ejemplo relativo a la incongruencia, ésta quizá mayor, si cabe, que las anteriores, de la educación pública.

El Plan parte de una concepción idealizante que sobrevalora el papel de la educación en las sociedad, lo cual ha sido una constancia en el discurso del Estado.

Adopta un progresismo falsamente modernizante, residuo sin duda del aliento positivista que ha tenido la educación en el país por mucho tiempo.

El diagnóstico de las deficiencias de la educación, no puede menos que reconocer la limitación de la matrícula. Si bien, encomia los avances logrados en la expansión de la escolaridad, también reconoce y esto por primera vez en muchos gobiernos que la calidad de la enseñanza se ha rezagado, así como que existen altos índices de deserción y reprobación.

También da fe el Plan de la desarticulación en que se encuentran los distintos niveles de la enseñanza, registrando asimismo fallas de contenido tan notorias y no superadas como el reglamento de la historia nacional en los planes y programas educativos.

Reconoce también el papel clave que debe corresponder a los maestros en la superación del panorama actual y señala la incidencia nociva de los medios de difusión en el tiempo libre de los educandos. Pero ahí está a flor de piel la contradicción, se halaga verbalmente a los maestros; pero en la práctica se les limita y agrede. Se critica a los medios masivos, pero en la práctica se les estimula y otorgan facilidades crecientes, incluso en los escasos espacios en manos del Estado, como Radio Educación, hay una invasión ahora de los anuncios comerciales denunciados por quienes ahí laboran.

En estos hechos, pues, más grave que lo que se dice, en ocasiones es lo que no se menciona, pero que constituye una práctica de la política educativa actual. Estos primeros meses de gestión gubernamental en el campo educativo han significado la agresión a los trabajadores docentes y a las comunidades educativas.

Bajo cargos nunca demostrados se cerró la Escuela Normal Superior, dispersándola en cuatro puntos cardinales de la cuidad. Este acto fue precedido de la supresión de los cursos intensivos que ahí se impartían. Se ha aplicado una política restrictiva en la formación de maestros bajo la afirmación falsa que no se requiere en mayor número.

Una extrapoblación simple del déficit educativo, así como de las nuevas plazas que se generarían al establecerse grupos efectivamente pedagógicos, con menor número de alumnos que los que actualmente nos congestionan, indicaría, no que sobran maestros, sino que hacen falta más.

Pero la incongruencia entre planes ambiciosos y actos de política cotidiana, va más allá, no obstante que se reitera la necesaria orientación democrática de la educación, cada vez se implantan más métodos más antidemocráticos en la conducción de los asuntos educativos.

Se niega el derecho de las comunidades escolares a la convalidación de un proceso que ha hecho disminuir progresivamente los recursos federales de las comunidades educativas a intervenir en las decisión de los asuntos que les competen, incluyendo el nombramiento de directivos.

Ahí donde las comunidades requeridas han conquistado ese derecho, se les discute o niega y hay numerosos casos y crecientes casos de persecución administrativa hacia los maestros, sólo porque éstos ejercen sus derechos sindicales y luchan por cambiar a fondo las prácticas antidemocráticas que privan en el SNTE y porque defienden también su derecho a participar e influir en su materia de trabajo.

Un caso reciente es la imposición en el Instituto Nacional Indigenista, de un burócrata más, ajeno a los intereses y preocupaciones de ese sector.

La democratización de la gestión educativa necesaria e improrrogable, no es contemplada en modo alguno por el Plan, por el contrario, se marcha, como hemos demostrado por los ejemplos anteriores, hacia la consolidación de un mayor autoritarismo y dirección centralizados. Objetamos por tanto, no sólo estas esenciales omisiones del Plan, sino la marcha en contrario de la política educativa.

Brevemente comentaremos que en este terreno se ha querido esgrimir como panacea para resolver los problemas educativos, la muy traída y llevada descentralización que, por cierto, no ha sido explicada suficientemente en la visita que los diputados hicimos al Secretario de Educación, mismo que, insistimos, debe comparecer ante este Plenario para que dé cuenta al Congreso, que es el facultado para la redistribución educativa, dé cuenta, repito, de sus planes y proyectos.

La descentralización no puede implicar un beneficio de por sí a la situación educativa y va a contrapelo del financiamiento educativo nacional. La tendencia histórica y consistente en el financiamiento de la educación indica el aumento progresivo del gasto federal y la disminución correlativa de la inversión que hacen estados y municipios.

Citemos solamente datos de 71 a 82, en ese lapso la incidencia de la Secretaría de Educación Pública pasó, repetimos, de 71 a 82, del 62.8 al 72.4%. Otras secretarías aumentaron su participación del 4.1 al 8.8 en el financiamiento educativo. Los gobiernos estatales, a la inversa, bajaron su participación del 15.7 al 12.8, y los municipales del ya precario 1.4% que tenían bajaron al 1.1%. La enseñanza particular bajó también 15 al 4.9, lo cual por cierto, es positivo.

Queremos decir entonces, que mientras los estados o los municipios no dispongan de recursos mayores derivados de una redistribución de competencia y beneficios fiscales, el habilitarlos como responsables de la prestación de los servicios educativos, puede redundar a que a su vez estados y municipios fomenten la educación privada e impulsen la contribución cada vez mayor de los padres de familia para el financiamiento de la educación pública, que siéndolo, debe ser gratuita, como textualmente lo establece el artículo 3o. constitucional.

Resumiendo, el Partido Socialista Unificado de México insiste, como lo ha hecho en las intervenciones de análisis en lo general y particular precedentes, en su rechazo a un documento impreciso, genérico que no cuantifica metas, plazos ni entidades que aplicarán las políticas propuestas.

Por otra parte, impugnamos abiertamente en el caso del área social y otras, las limitaciones inherentes al documento, así como el curso en contrario seguido por la política reordenadora en sentido contrario a un beneficio social.

A este Plan oponemos alternativas de largo plazo, como son la real unificación del sistema de salud, su universalización por cuenta del Estado y los patrones la gestión democrática en el campo de la salud, el sustancial incremento de los gastos de la salud hasta llegar al 8% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Proponemos también otras medidas como el abasto oportuno de productos básicos así como el efectivo control de precios, y también el impulso del sector social productivo entendiendo tal a cooperativas y ejidos colectivos.

En el aspecto clave de los salarios, demandamos la inmediata implantación de la escala móvil que los defienda de la inflación galopante, así como una reestructuración económica general que permita un desarrollo económico y social del país en beneficio de la mayoría de la población.

En el rubro educativo demandamos un alto la política antidemocrática que a ahí se está aplicando, recubierta de manera grandilocuente y falsa por el término ''revolución educativa'' para dar paso a una real consulta y participación de las comunidades en la transformación del sistema. También aquí demandamos que la inversión presupuestaria suba hasta alcanzar su financiamiento global no menor del 8% recomendado por la UNESCO, en vez del 4.5 previsible para estos años, producto del congelamiento de fondos que hará esta actividad fundamental.

La historia de la planeación en México evidencia que a literatura más abundante, a literatura abundante han correspondido frutos escasos. También es un hecho que el carácter marginal y secundario en que el Poder Legislativo ha sido colocado, impide que esta glosa tenga los efectos que serían indispensables.

Por lo anterior, estimando estas intervenciones nuestras como una oportunidad para insistir en propuestas alternativas de corto y mediano plazo, terminamos nuestra intervención sumando a la proposición de que el resumen de este debate, que por otra parte no debe ser motivo de votación alguna, pase de manera íntegra al Poder Ejecutivo y no sólo se le remita a aquel un dictamen unilateral y apologético proveniente del partido oficial. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Juan López Martínez, de la fracción del Partido Demócrata.

El C. Juan López Martínez: - Al margen de mi intervención que nos ocupa en este tema, la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano expresa su respetuoso pero enérgico desacuerdo por la interrupción de la Presidencia a nuestro compañero el diputado Ignacio vital Jáuregui (aplausos). Exactamente a los 14 minutos de haber iniciado su intervención, como podrá constatarse mediante el video casette que se está grabando por parte de nuestra comisión de prensa. Esta injusticia que suponemos involuntaria, que suponemos es involuntaria, pues manifestamos nuestra confianza en que no la volveremos a padecer.

El C. Presidente: - Proceda, señor diputado.

El C. Juan López Martínez: - Con su permiso, señor Presidente.

''Señor Presidente.

Honorable Asamblea:

Uno de los propósitos más retirados del plan es el de lograr una sociedad igualitaria. Al respecto efectuamos las siguientes observaciones:

Que existe una grave y profunda desigualdad social en nuestro país, es una realidad que se reconoce por todas las formaciones partidarias de sus respectivos enfoques.

Para lograr una sociedad más igualitaria en un plan, se debe partir del diagnóstico del cual es la desigualdad existente, a qué sectores les afecta más y expresar, cualitativamente y cuantitativamente, como se manifiesta y ello actualizado a 1983 que es lo que nos interesa. Debe existir también un diagnóstico sobre cuáles son las causas que provocan esa desigualdad.

En el Plan Nacional y de Desarrollo hay una ausencia sobre este diagnóstico indispensable, elaborando en forma científica, dentro de la metodología y los requerimientos mínimos de las ciencias sociales.

A pesar de lo anterior, en base a la experiencia empírica, corregida por el sentido común, se pueden hacer los siguientes señalamientos:

Uno de los factores que contribuyen poderosamente al agravamiento de la desigualdad son los privilegios que a si misma se otorga, a través del gasto público y en forma de burocracia, la clase política que nos gobierna, a través de altos sueldos, en su cúpula, gastos que contribuyen a su bienestar, servicios a cargo del presupuesto, sin contar el engrosamiento de sus patrimonios a través de varios actos ilícitos. Pero, aun dentro del supuesto, todavía por acreditar, de que en la administración actual se obre con rectitud formal y con licitud, se pueden encontrar varios indicadores que acreditan tal desigualdad. Uno de ellos es comparar el aguinaldo de cuarenta días que reciben los trabajadores al servicio del Estado, en contraste con el de quince días que perciben el resto de los trabajadores. Otro de ellos es la comparación entre el número de médicos por afiliados al ISSSTE que es casi el doble que el número de médicos por afiliados al Seguro Social y, comparativamente, desproporcionadamente mayor que el número de médicos para atender a los pacientes que no están inscritos en los institutos de seguridad, a través de los servicios generales de salubridad, federales, estatales y los casi inexistentes municipales.

La injusticia y la desigualdad se manifiesta entre la misma burocracia, desde los numerosos casos de los empleados de los municipios que no alcanzan siquiera el salario mínimo y los sueldos estratosféricos de los directores de las empresas paraestatales o sus asesores económicos.

Cualquier plan, cualquier ajuste del plan, debe incluir la apreciación de esta realidad y de la realidad de la obesidad del estado actual, de su crecimiento hipertrofiado, que aplasta a los sectores de la población que no participan en los mandos y aplasta también a los sectores inferiores de su burocracia. Con ese reconocimiento, deben implementarse estrategias y acciones, precisamente, para corregir estas anomalías. De llevarse a cabo esta tarea, sí se pueden establecer los cambios cualitativos y estructurales que se demandan para establecer una sociedad más igualitaria.

La desigualdad estructural existente en nuestra nación se ha agravado por la baja constante en los salarios reales, los cuales han perdido, en los dos últimos años, por lo menos un 25 por ciento de su poder adquisitivo y podemos quedarnos cortos.

En el plan se anuncia que, pasada la crisis, sobre todo a partir de 1985, se buscará que los salarios se eleven en la medida del aumento de la productividad del trabajo.

Lo anterior implica la confesión de que los actuales salarios están por debajo de su productividad y que tal política se continuará, por lo menos en 1984. Si se lee entre líneas en el capítulo respectivo, se puede encontrar que se consideró al sacrificio salarial como uno de los instrumentos para salir de la crisis y para abatir la inflación.

Nosotros, en el Partido Demócrata Mexicano sabemos que, de alguna manera, un aumento de los salarios más allá de su productividad puede crear desempleo, e incrementar el ya existente. Pero, igualmente estamos enterados que la tendencia en un mercado libre de trabajo, que ciertamente debe ser corregida por el Estado y por la acción de los sindicatos, es la de que los salarios se igualen a su productividad marginal.

Pero también conocemos que puede haber políticas estatales coercitivas o implementadas a través de la inflación y del populismo, para rebajar los salarios más abajo que su productividad marginal, como de hecho sucedió en algunas etapas de dos sexenios anteriores y, de alguna manera, ha sucedido en el presente sexenio y con la actual crisis.

Esa baja de los salarios por abajo de su productividad, aparentemente sortea los efectos de la crisis y evita el desempleo. De hecho crea graves distorsiones en la economía y en el consumo que , posteriormente, no pueden corregirse.

Así sucedió en la URSS y en las economías socialistas, cuando los estados burocráticos extrajeron altas plusvalías al trabajo de los obreros industriales y agrícolas, para fomentar su industria pesada. Hoy la Unión Soviética es la segunda potencia militar del orbe, pero el nivel de vida de la mayor parte de sus habitantes, según consumos, se puede colocar en el trigésimo lugar de la escala mundial.

En nuestro caso, esta baja artificial e inducida de los salarios, por abajo de su productividad, ha abatido la demanda, junto con otros factores y por ello, en lugar de evitar el desempleo lo ha fomentado. El desempleo propicia una forma aguda de desigualdad.

Ya en esta tribuna, el Partido Demócrata Mexicano ha manifestado su preocupación en relación al desempleo imperante y que afecta a más de 9 millones de mexicanos y desempleados y subempleados.

Participamos en el deseo de que la generación de empleos sea entre un tres y medio por ciento y un cuatro por ciento, a partir de 1985. Ya en esta tribuna, el diputado Raymundo León Ozuna, el día de ayer precisó que en el Plan Global de Desarrollo, en materia de generación de empleos se programó un 4.2 por ciento de incremento en promedio anual y los resultados sólo llegaron al 2.1 por ciento en el año de 1982, en sus finales existieron números rojos de un menos diez por ciento.

Las medidas para proteger la planta productiva y el empleo que, como transitorios, son aceptables y las demás medidas de recuperación económica sólo alcanzarán la meta propuesta en empleo, si con ellas, desde ahora, se implementan medidas de justicia para distribuir mejor la renta. Insistimos y reiteramos que en el proceso productivo debe quitarse el peso excesivo del Estado obeso aligerando la carga fiscal y disminuyendo los subsidios a las empresas paraestatales innecesarias y ruinosas. Ello es una manera de aumentar los empleos y no agravar más la desigualdad social y económica que nos afecta gravemente.

La salud es otra forma de implementar una sociedad más igualitaria. Un marginado sano posee más posibilidades de salir de su pobreza que un marginado enfermo, y goza más de los bienes de la vida. Es loable que se haya garantizado el derecho a la salud en la Constitución de la República; pero no es suficiente, como tampoco es suficiente que se apruebe una nueva ley de la salud, aunque será útil que ésta esté bien instrumentada.

Lo que se necesita es que se den acciones específicas en el rubro, tanto preventivas como curativas. Para ello es indispensable que el porcentaje de los gastos de inversión y bienestar social, aumenten proporcionalmente en el presupuesto a costa de los gastos de administración y de los subsidios a las paraestatales ruinosos e innecesarias Es necesario que los institutos de seguridad funcionen con economía y eficacia, así como los servicios de salud gubernamentales. En todo ello mucho sentido común y poca burocracia.

Es necesario también que no se encarezca la protección a la salud y que sea accesible. Una de las medidas es que las medicinas no sean más caras que su costo de producción y de

mercadeo, a través de gravámenes fiscales. Por ello insistimos en que se les desgrave del impuesto al Valor Agregado, tal como lo propusimos en la iniciativa presentada a está soberanía el pasado 4 de noviembre.

Seguimos sosteniendo, como en la iniciativa se afirmó, que los avances que se han logrado en nuestro país en materia de salud, no sólo son fruto del esfuerzo gubernamental sino obra de toda la sociedad mexicana; que todavía hay muchas carencias por remediar y mucho camino por andar y que la acción estatal en este campo no es graciosa dádiva, sino cumplimiento de una de sus funciones.

La desigualdad social se manifiesta también en materia de vivienda. Para ello no bastan las cifras, pues se anota entre los poseedores de casas propias a los que habitan en un jacal de palma en el campo o una barraca de cartón en las ciudades perdidas. El lograr una vivienda digna y propia para cada jefe de familia es una de las aspiraciones del Partido Demócrata Mexicano. En la búsqueda común de soluciones debe desecharse cualquier absorción estatal; que éste ayude, fomente, apoye, estimule y reglamente en justicia para que la mayor parte de los mexicanos cuenten con una vivienda aceptable; pero que no se convierta ni en el gran casero y en el renglón, como ya ha sucedido en otras materias, no pretenda ser el novio de todas las bodas ni el difunto en todos los entierros.

Uno de los factores que intervienen en el fomento de la desigualdad es un mal sistema educativo y uno de los factores que nos pueden llevar a una sociedad más igualitaria es un buen sistema educativo.

Para ello lo primero que se debe precisar es el tipo de la educación. La educación por su naturaleza, se dirige a las facultades superiores del hombre, a saber, su razón y su voluntad.

Ambas, razón y voluntad, sólo pueden crecer, madurar, afianzarse y perfeccionarse en la libertad. Si no hay libertad no habrá educación sino deseducación. Por ello, en el Partido Demócrata Mexicano establecemos que toda educación debe ser en la libertad y para la libertad y corresponder en su estructura a tal lema, según su grado y tipo. En la educación impartida a menores, deben respetarse los derechos de los padres en la elección del tipo de educación que deba impartirse y en la educación de los jóvenes y adultos la libertad de educación corresponde a éstos a través de las instituciones de la autonomía universitaria, la opción de escoger maestros, la educación crítica y en todos los grados y en cualquier pedagogía que se respete el principio de que el educando es el agente principal de su propia educación y de que toda educación debe finalizarse en él.

Asimismo toda educación que tienda a crear una sociedad igualitaria, debe ser una educación para todos, con condiciones que permitan la igualdad básica y general de oportunidades.

Es un hecho, reconocido en el propio plan, la deserción escolar, sobre todo en los sectores humildes de la población, en que los educandos a temprana edad deben dejar la escuela para poder ayudar a sufragar los gastos familiares. Se reconoce el hecho pero no se anuncian estrategias e instrumentos para paliar, para hacer menos grave este fenómeno.

En el Partido Demócrata Mexicano, como instituciones específicas para solucionar este problema, además de las generales incluidas en un aumento general de la riqueza y de la producción y de un mejor reparto de la renta, proponemos la instauración de un amplio sistema de becas y créditos educativos, para los más desprotegidos y la implantación del presalario estudiantil o sea que la sociedad, de alguna manera, le adelante al estudiante los beneficios que va a recibir de él con una mayor preparación; que le ayuden a subvenir las cargas familiares y de esta manera poder continuar sus estudios.

En los planes sectoriales y adecuaciones que al respecto se formulen, deben tomarse en cuenta este problema y proponer soluciones específicas, como las propuestas por el Partido Demócrata Mexicano, o similares a ellas, de acuerdo con su viabilidad financiera y su posibilidad coyuntural. Desde luego, las sumas cuantiosas que se dedican a subsidiar empresas paraestatales dispendiosas antieconómicas y que operan con pérdidas, tendrían un mejor destino si se dedican a que las futuras generaciones de mexicanos reciban, con justicia y con igualdad, una mejor educación.

La educación está necesariamente relacionada con el desarrollo económico y específicamente con el empleo.

La educación formal debe capacitar para desempeñar un trabajo calificado, cualquiera que sea el grado en que el alumno abandone sus estudios. Asimismo la instrucción debe estar relacionada con la demanda de empleo y con las necesidades de la sociedad. Es un hecho que en muchas de las profesiones hay sobresaturación de egresados en relación con una demanda real de sus servicios.

Estos fenómenos están insuficientemente diagnosticados en el Plan Nacional de Desarrollo. Debe desarrollarse una política educacional que responda a los mismos y les dé soluciones.

Esta política, por afectar a toda la sociedad, debe estar precedida de una auténtica y efectiva consulta popular.

Reiteramos que el Congreso, como se anotó en la intervención demócrata de ayer es el órgano natural para recibirla e insistiremos en las reformas legales necesarias para que lo anterior se logre.

Mientras esto sucede, demandamos que la consulta tenga las características técnicas de una encuesta bien realizada y no como la que precedió el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, se debe hacer un estudio o más bien deben realizarse estudios constantes sobre la relación de los egresados de los institutos de educación formal y la demanda de sus servicios y darse a conocer eficazmente sus resultados,

para que los educandos escojan, con conocimiento de causa, sus opciones educativas.

Realizado lo anterior, deberá darse más apoyo presupuestario a la preparación profesional específica, que de ninguna manera se agota en la universitaria, sino que también incluye la de oficios, que más responda a las necesidades y a una demanda real de los servicios de sus egresados y menor a las que preparen para actividades saturadas y menos útiles socialmente.

Causa y efecto de la desigualdad social es la falta de participación real de la mayor parte de los mexicanos en la actividad política, en su facultad de elegir a sus gobernantes y de participar en la configuración de las decisiones gubernamentales que lo afecten.

No habrá una sociedad más igualitaria mientras el gobierno haga las elecciones y no el pueblo; no mientras se consuman fraudes electorales, como los recientemente instrumentados por los gobernadores de Aguascalientes y de Sinaloa; no mientras las legislaturas locales aprueben en un solo día la reforma de 23 artículos antidemocráticos, como se lo ordenó a su congreso el gobernador de Tamaulipas; no mientras los gobernadores, en lo general, persistan en su actitud de sabotear el nuevo texto del artículo 115 constitucional.

Una efectiva democracia en lo político y en lo social impulsará una sociedad más igualitaria.

El Partido Demócrata Mexicano contempla con beneplácito que el gobierno cuente con un plan para su propia acción en relación con el desarrollo.

Demanda que lo ajuste a los verdaderos reclamos sociales que de ninguna manera han sido recogidos en forma hegemónica por el partido mayoritario, sino que, recogiendo otras voces, evite que fracase, como han fracasado los otros planes.

Alentamos esperanzas de que saldremos de la presente crisis, crisis originadas por sus antepasados, señores de la mayoría.

México D.F., 16 de noviembre de 1983." (Aplausos)

Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Sergio Quiroz Miranda, de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista.

El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, como lo podemos advertir, se ha centrado en atacar la intervención del Estado en la economía y en exigir que el Estado regrese a la forma que tuvo hace más de cien años, de convertirse en un Estado prestador exclusivamente de servicios y de no interferir en la vida económica y en la actividad productiva.

Para nosotros, a juicio del Partido Popular Socialista, la crisis se da en el marco de dos graves contradicciones: la primera es la que se da entre la sociedad mexicana, entre la nación mexicana en su conjunto, entre los intereses de la soberanía y el desarrollo independiente de la nación, contra los intereses que han obstruido y deformado este desarrollo que son los del imperialismo norteamericano y sus agentes.

La otra contradicción en cuyo marco se da la crisis que estamos viviendo, es la que se da entre la clase trabajadora, el pueblo pobre y explotado, frente a la voracidad de una burguesía que no se ha saciado de explotar de saquear al pueblo y a la nación.

Desde que en 1847 el gobierno norteamericano nos impusiera una guerra injusta a virtud de la cual perdimos más de la mitad de nuestro territorio, el imperialismo inició una serie de agresiones en contra de la soberanía nacional de los intereses de la nación y del pueblo mexicano.

Esas agresiones, sin dejar la intromisión directa armada y militar por un lado tomaron diferentes formas. De la agresión anexionista de territorios, pasaron a la presión y a la penetración a través de los capitales y de las inversiones de sus empresas.

Esta intervención se inició desde el siglo pasado, a finales, en el último cuarto del siglo pasado, y fue creciendo durante el gobierno de Porfirio Díaz. Por eso la Revolución Mexicana trató de reivindicar para el pueblo los bienes y los servicios que estuvieren en manos de las compañías transnacionales. Esa es la esencia del carácter anti - imperialista de la Revolución Mexicana.

La otra forma de la intervención es la intervención financiera a través del endeudamiento externo y además hay que añadir la intervención cultural en la juventud sobre todo. Lo característico de todas estas formas de la agresión a la soberanía nacional es que siempre han contado con la complicidad de un puñado de traidores a la patria, de una minoría privilegiada que ha salido favorecida atentando contra el interés nacional.

Esa es la característica común a todas las agresiones que ha sufrido la nación mexicana de parte del imperialismo.

La esencia del debate es precisamente ésa: o estamos en favor de la sumisión, de la sujeción a los intereses extranjeros del imperialismo norteamericano, o estamos en favor del desarrollo independiente y soberano de la nación mexicana para poder aspirar a estadios superiores de la vida económica y social.

La derecha lo ha entendido muy bien, por eso en cada una de sus intervenciones desde ayer, no se han concretado a examinar de manera exhaustiva el contenido del plan, han ocupado más tiempo en presentar, y eso es legítimo, sus tesis acerca de la no intervención del Estado en la economía nacional. Nosotros así también lo entendemos, ese es el punto nodal de la discusión.

De nueva cuenta y de manera persistente sacan a relucir su vieja aspiración del Estado - policía, vieja porque la vienen manejando desde

que nacieron a la vida política y desde antes, y vieja porque representa el pasado superado ya por el pueblo mexicano.

La intervención del estado en la economía, a juicio del Partido Popular Socialista, es precisamente lo que ha salvado a la nación mexicana de convertirse en un estado más de la Unión Americana. Hay que examinar como ha sido la vida económica de México después de la Revolución de 1910. Ya en una ocasión un compañero nuestro explicaba que la iniciativa privada jamás se ha propuesto y aunque lo hubiera propuesto, no habría sido capaz de realizar las grandes tareas nacionales, las grandes tareas populares y democráticas.

Al terminar la Revolución Mexicana, el país devastado, ¿qué hizo la iniciativa privada? Huyo del país con sus bienes materiales y su capital porque estaban en peligro a su juicio. Y fue el Estado mexicano, precisamente, el que podía y debía realizar la máxima tarea de reconstruir la economía nacional. Es el origen de la intervención del Estado en la economía como una cuestión indispensable y necesaria además.

A juicio del Partido Popular Socialista el capítulo VII del Plan Nacional de Desarrollo, que se encarga de la Política Social, define objetivos fundamentales, que como propósitos son positivos, por ejemplo, combatir la marginación y la pobreza; dar satisfacción a las necesidades básicas de la población; proteger y mejorar gradualmente el poder adquisitivo del salario; consolidar en corto plazo los programas de perfeccionamiento de la planta productiva y el empleo, otorgando apoyo y a la pequeña y mediana industria.

Esos objetivos son compartidos por el Partido Popular Socialista. Pero lo que nos preguntamos es de qué manera el Estado va a cumplir con estos elevados propósitos de proteger el salario, porque la realidad, lo que está ocurriendo en estos momentos en el pueblo mexicano, en la clase obrera, es que está soportando alzas permanentes de los precios de los artículos básicos y se está dando un deterioro significado del salario de los trabajadores.

Impulsar la planta productiva aun cuando el compañero Ramírez Cuéllar explicó las diferencias que tenemos en este sentido, pero aun en ese sentido si el gobierno se propone realmente impulsar la planta productiva - no obstante que está trabajando en un índice inferior al 40% -, se enfrenta precisamente a un problema grave que es el de la falta de dólares para echarla a andar.

La actitud desvergonzada de la burguesía oligárquica en este sentido es muy ilustrativa.

Al iniciarse este gobierno y en el transcurso de los meses que lleva en el poder, exigió dólares preferenciales para impulsar las exportaciones. ¿Y cuál es la experiencia que de nueva cuenta se tiene acerca de esta actitud de saqueo? Que efectivamente invirtieron esos dólares en sus fábricas, enviaron sus productos al extranjero; pero dejaron los dólares depositados en los bancos internacionales.

Esa es la experiencia que tiene este Gobierno de nueva cuenta.

Nosotros pensamos que no es por ese camino por el que se va a resolver la crisis económica.

Para cumplir con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, es necesario resolver primero el problema de la falta de divisas.

Y bien se obtienen por la vía del endeudamiento externo, lo que sería muy grave, o bien se obtienen por la vía de fomentar y de incrementar las inversiones extranjeras, lo que sería más grave aún. Pero el Partido Popular Socialista señala un alternativa más, y es la de que es urgente que se apliquen medidas coercitivas, incluso penales, a fin de obligar a los traidores a la patria que se llevaron más de 54 mil millones de dólares al extranjero, para obligarlos a que regresen y se pueda financiar el desarrollo económico de México.

Se habla aquí, por parte de los diputados de la derecha, fundamentalmente de la corrupción, y se dice que hay crisis de confianza. Yo creo que el pueblo mexicano vería con muy buenos ojos que así como se ha castigado severamente a los elementos negativos del sector público, enviándolos a la cárcel, se viera tras las rejas también a esos traidores que saquearon y siguen saqueando a nuestro país de manera trágica en estos momentos, por las necesidades que tenemos desde el punto de vista monetario.

El pueblo mexicano recuperaría la confianza también si se enviara a la cárcel a los especuladores que esconden los alimentos básicos y que aprovechan las libertades que otorga la Secretaría de Comercio para incrementar los precios de los artículos de consumo necesario para nuestro pueblo.

Proceder de otra manera; mantener intocables a pesar de las demostraciones hechas por la burguesía reaccionaria, sus intereses, es ni más ni menos que cargar con todo el peso de la crisis sobre hombros, sobre la explotación de los más pobres, de la clase obrera y campesina. Y en ese sentido el Partido Popular Socialista considera que el Plan debe señalar los instrumentos y las formas para resolver ese problema.

En relación a la alimentación, se habla de un programa nacional de alimento asegurando abasto oportuno de bienes básicos de buena calidad a precios accesibles. Cómo le va a hacer el poder público para cumplir con este propósito que compartimos también en el Partido Popular Socialista? ¿Cómo le va a hacer si a la industria alimentaria que en un 70% se encuentra en manos del capital extranjero no se le somete a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo le vamos hacer? Nuestro Partido reitera la demanda de que es urgente para darle alimentos básicos de buena calidad y baratos a nuestro pueblo, la de nacionalizar la industria de los alimentos y la industria químico - farmacéutica.

Pero además, ante la voracidad demostrada una y mil veces por el aparato distributivo privado, es necesario también sustraer de sus

manos la distribución de los productos básicos y pasarlos al Estado. Sólo de esa manera se podrá cumplir con las prioridades, los propósitos que señala el Plan en el renglón de los alimentos.

En otra parte del Plan se establece como objetivo fundamental el de mantener y reforzar la independencia de la Nación en el terreno económico, político y social y cultural. Nosotros pensamos que un aspecto de la mayor importancia para lograr este propósito es precisamente el del desarrollo tecnológico y científico; la dependencia tecnológica constituye una de las columnas vertebrales que emplea el imperialismo para someter las economías de los países en desarrollo y convertirlas en complementarias de la economía norteamericana.

Por ese motivo salen millones de dólares cada año de nuestro país en pago de tecnología; la iniciativa privada nuevamente no ha demostrado el más mínimo interés en la investigación científica tecnológica; hasta las hamburguesas se elaboran con tecnología norteamericana, no puede ser; el sector privado, como lo ha demostrado, es y será, el interesado en desarrollar la actividad de la ciencia y la tecnología en México.

Nos preocupa que no se establezca en el Plan Nacional de Desarrollo, la manera como se pueda integrar un verdadero sistema del desarrollo tecnológico; en el Plan se confunde la ciencia y la técnica y se les llama o se les considera como generadoras de desarrollo tecnológico. La ciencia y la técnica, no resuelven problemas que no se le presentan, jamás la ciencia ha resuelto un problema que no se le ha planteado, quien debe plantearle los problemas para avanzar el desarrollo tecnológico del país, indiscutiblemente que serán las empresas del Sector Estatal de la Economía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social y otras, coordinadas por un organismo que tenga atribuciones ejecutivas, para que programe, coordine e impulse el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en nuestro país. Porque todos hablamos de que es indispensable para salir de la crisis el incrementar las exportaciones, y qué es lo que vamos a exportar y, en el mejor de los casos, que tuviésemos las divisas suficientes, tendríamos que exportar sobre la base de la producción con tecnología norteamericana o extranjera. Es necesario, urgente, para cumplir con este propósito, que se desarrolle y se coordine y se integre el organismo con atribuciones ejecutivas que indudablemente no podrá ser el CONACYT, porque no las tiene, y porque además se sujeta a las proposiciones que en el terreno de la investigación le hacen las universidades, y éstas actúan a virtud de la libertad y la autonomía a juicio propio y no coordinadas a un plan de desarrollo tecnológico.

En el aspecto de la política agraria, al PPS le preocupa que en algunos renglones se translucen pensamientos y propósitos verdaderamente rreaccionarios. Se afirma que se dará seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, y que la inseguridad afecta especialmente a las tierras comunales y ejidales. ¿Qué significa esto? No está explícito. Pero se infiere, no es que seamos mal pensados, que se coincide con la derecha en su planteamiento aquí reiteradas veces pronunciado, de regresar a la propiedad privada a los ejidos, y ese sería un planteamiento y un hecho verdaderamente reaccionarios. Es decir, lo que a juicio del PPS debe hacerse en el terreno agrario, es precisamente derogar la fracción XIV del artículo 27 constitucional, que es el pretexto para continuar con el latifundismo y para frenar el reparto de la tierra.

Finalmente consideramos que no obstante los propósitos, no se instrumenta el programa adecuado; a un plan debe seguir un programa y al programa el presupuesto; aquí se pasará del plan al presupuesto sin tener un programa definido y claro. Consideramos que si no se alican medidas económicas en contra de la burguesía reaccionaria y se defiende realmente el ingreso de los trabajadores, este plan no pasará de ser una mera frase retórica. Muchas gracias. (Aplausos)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Mariano López Ramos.

El C. Mariano López Ramos: - Señor Presidente, ciudadanos diputados: Consideramos los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores, que este Plan Nacional de Desarrollo debiera ser analizado en el contexto de la situación política nacional e internacional, ya que el lineamiento político general de Plan y las políticas sectoriales que establecen, sin lugar a dudas, queramos reconocerlo o no, van a influir en mayor o en menor medida en el fortalecimiento o en el debilitamiento de las fuerzas enemigas de nuestro pueblo y de nuestra nación.

Nosotros consideramos que en estos momentos en nuestro país se viene dando una contradicción fundamental entre los intereses de la nación por un lado, y los intereses del imperialismo norteamericano por otro; y desde luego queramos aceptarlo o no, a nivel internacional se da una gran contradicción entre las fuerzas del campo socialista por un lado y las fuerzas del campo capitalista con los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza.

Y es importante que nosotros, como representantes del pueblo y de los trabajadores de México, no pasemos al hacer estos análisis, por alto, estas importantes contradicciones que sin lugar a dudas repercutirán, de una u otra forma, en nuestro pueblo.

Pareciera que por algún momento olvidáramos que somos representantes del pueblo, que inclusive independientemente de nuestras propias diferencias ideológicas y políticas, somos miembros de una comunidad nacional que por encima de estos intereses y de ideologías, en ciertos momentos de la vida política de los pueblos, tenemos que conjuntar el mayor número de esfuerzos y voluntades sobre todos los sectores

más avanzados, democráticos y revolucionario, para en primer lugar aislar, poder progresivamente debilitar y finalmente derrotar al enemigo principal de nuestro pueblo.

Para el Partido Socialista de los Trabajadores no hay ninguna duda de que es el imperialismo norteamericano el principal enemigo y que es en lo interno la burguesía nacional aliada en muchos casos, estrechamente vinculada a los intereses imperialistas del enemigo número uno de nuestro pueblo. Y por eso al hacer este análisis pareciera que no existe ninguna relación entre la política en materia alimentaria de vivienda, de salud, o de seguridad social, con la lucha que libra nuestro pueblo en contra del imperialismo norteamericano.

Nosotros pensamos que aquí todos los diputados tenemos que ser muy sensibles a la situación nacional, y especialmente a la situación internacional que vive la humanidad en estos momentos. No podemos engañarnos ni pensar que vivimos en una isla aislada del resto del mundo. Lo que hagamos o dejemos de hacer fortalecerá o debilitará a nuestro enemigo principal, sin lugar a dudas, lo aceptemos o no, nos guste o no nos guste.

Y por eso consideramos nosotros que es de vital importancia, y lástima que al realizar los comentarios acerca de un Plan Nacional de Desarrollo tan importante, hagamos las cosas como de simple rutina y sin y sin darle la importancia que tiene, pues juzgamos el expediente haciendo unas cuantas participaciones y pensando en la hora en que terminen los oradores para irnos a descansar, y nos olvidamos que allá afuera nuestro pueblo está viviendo todos los días las consecuencias de una política imperialista y de una política de la gran burguesía que lo ha ido empobreciendo cada vez más y más, porque en estos momentos no podemos olvidarnos de que México, como país subdesarrollado y dependiente del imperialismo norteamericano, enfrenta gravísimos problemas; no podemos olvidarnos de que hay millones de desempleados y subempleados; no podemos olvidar tampoco de que un elevadísimo porcentaje de la población mexicana está desnutrida, de que al año se mueren más de 150 mil niños exclusivamente por hambre; no podemos olvidarnos de que nuestro pueblo vive todavía en muchos millones de mexicanos al margen de la cultura, en las tinieblas de la ignorancia por el analfabetismo.

Y desde luego hay muchos y muchos problemas que los trabajadores, que el pueblo todos los días están enfrentando y que no podemos ignorar en esta tribuna. Sin lugar a dudas todos los días los trabajadores, conforme avanza esta crisis económica, ellos y sus familias comen menos, tienen más dificultades para vestir y calzar, les cuesta más trabajo poder proporcionar atención médica y medicinas, ya no se diga vivienda, recreación y cultura en general.

Y, sin embargo, ahí están los problemas existentes. Y la vía más fácil que mucha gente escoge y que nuestro pueblo ha sido engatusado y engañado, no enseñado, no descubriendo su principal enemigo y que sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, repercute en las posibilidades reales de defender la soberanía nacional.

El Capítulo de Política Social que hemos venido analizando plantea, es cierto, desde nuestro punto de vista, políticas avanzadas para determinados sectores importantes. Se plantean objetivos que desde luego, a nivel de plan, son buenos, tal vez todavía falte enriquecerlos y profundizarlos, pero sobre todo en el terreno de la implementación nosotros tenemos que concretar.

Y decimos nosotros, compañeros diputados, porque no podemos ignorar la realidad que vive nuestro país que el sistema capitalista en el que estamos viviendo el modelo de desarrollo económico en nuestro país es dependiente del imperialismo y que no se puede por simple deseo transformar.

Y cuando se habla de elevar la generación de empleos así como proteger y mejorar gradualmente el poder adquisitivo del salario, combatir el rezago social y la pobreza, etc., etc., y se aborda posteriormente, ya en el aspecto de la educación, de la salud, de la vivienda, etc., políticas específicas, propósitos y objetivos definidos. Ahí es donde nosotros también queremos insistir en la necesidad de que no aislemos el análisis de esas políticas y de esos planteamientos de la situación real que vive nuestro pueblo y que confronta a nivel internacional.

Nosotros pensamos que independientemente de reconocer que es la clase trabajadora y el pueblo quien está soportando el peso principal de la crisis, dentro de este Plan tienen un importante papel que jugar, inclusive las mismas fuerzas de la burguesía nacionalista, los empresarios pequeños, medianos y grandes empresarios con mentalidad nacionalista, desde nuestro punto de vista tienen un importante papel que jugar.

Y creo que el Estado mexicano, en estos momentos de agresión imperialista abierta y encubierta, debe de conjuntar el esfuerzo de todas las fuerzas sociales que le permitan defenderse de la gran burguesía proimperialista.

Desde luego, nosotros tenemos que fijarnos como objetivos que los trabajadores y el pueblo sean los menos perjudicados en esta crisis. Y ahí es donde precisamente es -creo que en este sistema, en esta realidad- imposible. Porque nosotros consideramos que la solución a fondo, de raíz, en definitiva de los problemas que sufre nuestro pueblo solamente va a ser con el cambio de sistema.

Y cuando hablamos de cambio no nos referimos a tantas opiniones diversas que hablan de cambio y que no se refieren al cambio. Porque cambio para nosotros es transformación, es revolución, y de fondo, de raíz, para siempre de esos agudos problemas en este sistema no van a poder tener solución.

Sin embargo, consecuentes con nuestra política nosotros consideramos que ya específicamente,

por ejemplo en el sector educativo, la penetración de la cultura y de la ideología norteamericana enajenante, despolitizadora, que se manifiesta todos los días a través de los medios masivos de difusión, del cine, de la radio, de la prensa, de la televisión. Debe ser combatida de manera específica y concreta en este plan. Si no se orienta una acción profunda de raíz que nuestro pueblo recupere su identidad como nación, a que nuestro pueblo recupere la confianza, la seguridad y sepa valorar sus esfuerzos, sus héroes y sus mártires, sin lugar a dudas que ese proceso nos desnacionalizaría y le estaría abriendo las puertas de par en par al imperialismo norteamericano.

Y así nosotros consideramos que hay que tener mucho cuidado y tomar medidas radicales en materia educativa, porque sin lugar a dudas, si existiera Benito Juárez, nos reclamaría el que cada vez a la iniciativa privada se le esté dando amplias facilidades en el terreno educativo. Y eso debe terminarse porque atenta contra la soberanía de nuestra nación. Y eso debe terminarse porque sirve a los intereses más antinacionales y reaccionarios.

Nosotros consideramos que aquí se debe aplicar de manera irrestricta la ley; de que se deben cancelar todas las concesiones a los particulares que se dedican a educación preescolar, primaria, secundaria y normal, incluso profesional. Se están produciendo profesionales que lejos de valorar su país, defender la historia y luchar por la transformación del mismo, se dedican a servir a los intereses más antinacionales y contrarrevolucionarios.

Nosotros creemos que los buenos propósitos que el Plan Nacional de Desarrollo en materia alimenticia no va a ser posible mientras siga ese aparato productivo con tanta intermediación, coyotaje, con tanta explotación que se hace del campesino con esos precios de garantía de los productos básicos miserables, insultantes para la labor que realizan los campesinos.

Nosotros consideramos como una tarea fundamental y hasta de ofensa de la soberanía nacional, el que nuestro pueblo esté alimentado; el que la industria alimenticia se nacionaliza, porque debemos reconocer que esa industria tan importante, para que nuestro pueblo y sobre todo la niñez y la juventud se desarrollen sanamente y puedan en el futuro transformar esa sociedad, les estamos cancelando esas oportunidades al futuro de nuestro país por dejar manga ancha a las transnacionales alimenticias. Y allí están Clemente Jacquesy Del Monte y Kraft Food y General Food y Anderson Clayton y Purina y Nestlé y todas las transnacionales de la industria alimenticia que controlan 100% esa importante y estratégica industria, y sin embargo, nosotros consideramos que en este plan debiera de contemplarse en este periodo de aquí al 88, medidas específicas para nacionalizar la industria alimenticia. No hacerlo va a significar que nuestro pueblo siga de sufrido, mal alimentado y sin posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades.

Y si hablamos de salud, los propósitos son muy buenos y avanzados, pero mientras las empresas que producen los medicamentos sigan en manos de las transnacionales, del imperialismo norteamericano y otros imperialismos, sin lugar a dudas que las medicinas van a estar muy alejadas de la posibilidad de que el pueblo las pueda adquirir y se pueda curar.

Por esa razón consideramos que se debe tomar medidas en el Plan en algunos aspectos radicales porque significan, sin lugar a dudas, la posibilidad real de transformar, de hacer realidad objetivos concretos que necesita, que reclama el país, que reclaman los trabajadores y el pueblo.

En otros aspectos, si bien es cierto que hemos avanzado porque ya los mexicanos tenemos en la Constitución consagrado no solamente el derecho al trabajo, a la educación, a la protección de la salud, sino también la vivienda, nosotros debemos considerar y en el Plan, a nuestro modo de ver, faltan políticas concretas para garantizar ese derecho que afecta a unos ocho millones de familias trabajadoras en el país.

Sentimos que aunque se da un paso muy importante hacia adelante, se debe materializar a corto plazo en una Ley Inquilinaria que proteja a la familia trabajadora.

Se debe concretar a corto plazo en una ley de reforma urbana que saque de los terrenos urbanos de la especulación, que establezca los tribunales de arbitraje para defensa de los inquilinos, que establezca la procuraduría de la defensa del inquilino, porque en la actualidad millones de inquilinos están en el más completo abandono, y es urgente para implementar este plan que se den pasos concretos avanzados en esta dirección.

Finalmente, en cuanto a la política sectorial referente a la Reforma Agraria, nosotros la consideramos íntimamente vinculada a estas contradicciones fundamentales y a la propia defensa de la soberanía nacional. Nosotros consideramos que el latifundismo en nuestro país es un lastre para el desarrollo nacional, que provoca no sólo la miseria e injusticia para millones de trabajadores agrícolas, sino también un bajo nivel de producción agrícola y producción agropecuaria, acaparamiento e intermediación y, sobre todo, una deficiente nutrición y alimentación del pueblo. Pero también el minifundio es una desgracia para los campesinos y para el país, y a nuestro modo de ver, ambos deben ser liquidados.

Es necesario liquidar el latifundio privado y convertir sus tierras en propiedad social de los campesinos y trabajadores agrícolas; es indispensable ampliar las tierras de los minifundistas e invitarlos a asociarse en forma cooperativa sobre la base de la voluntariedad, con pleno apoyo del Estado, fortalecer el ejido mediante su organización democrática, deslindando perfectamente sus tierras, acabando con el ausentismo en las parcelas y expulsando definitivamente a las empresas transnacionales del

campo, dando fuerza, asesoría y crédito oportuno al ejido colectivo.

Como ya lo han señalado compañeros de otros partidos de izquierda, nosotros también sentimos que es urgente y necesario que a corto plazo se derogue la fracción XIV del artículo 27 constitucional, que da base al que los latifundistas y ganaderos promuevan el juicio de amparo y que las autoridades judiciales se lo concedan.

Finalmente, nosotros estamos conscientes de que en su gran mayoría, por no decir que el cien por ciento, subir a la tribuna, hacer planteamientos a veces es un tanto cuanto ocioso; sin embargo, entendemos que tenemos una responsabilidad que nos ha dado un sector de los trabajadores y del pueblo a los que defendemos en sus derechos y en sus intereses. No ignoramos que en esta Cámara están representados los intereses tanto de los trabajadores como de la burguesía, independientemente de que seamos 7 los partidos registrados, 6 los presentes, sólo defendemos a dos clases. Y nosotros consideramos que es importante dejar clara nuestra posición, por eso no desligamos la política general del Plan Nacional con las políticas sectoriales, con la realidad de nuestro país, con las agresiones que sufra nuestro país en estos momentos de parte del imperialismo norteamericano. Nosotros no nos hacemos Ilusiones. Sabemos que el imperialismo norteamericano está operando todos los días en nuestro país de muchas y diversas formas, unas abiertas, cínicas y descaradas y otras encubiertas. Por esa razón consideramos que es importante unir esfuerzos y voluntades de las fuerzas más avanzadas democráticas y progresistas para detener el avance de las fuerzas del imperialismo y de las fuerzas de la derecha en nuestro país. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Dulce María Sauri Riancho.

La C. Dulce María Sauri Riancho: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: antes de proceder a abordar el tema que me trae hoy a la tribuna y que es relativo a la política social, quiero hacer mención del siguiente punto.

En la intervención del diputado de Acción le tiene sin cuidado el nivel de vida y el bien - Nacional queda muy claro que a ese partido estar social, soslayan en su intervención la política social y les preocupa más defender la propiedad privada sin función social y atacar la rectoría del estado. Además, manifiesta este compañero una profunda ignorancia de la historia y de la ideología del pueblo de México; por ello antes de proceder a analizar la política social, voy a hacer algunas reflexiones sobre nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario es el valor primordial de nuestra ideología política, nacionalismo y revolución son conceptos inseparables, la historia nos ha hecho nacionalistas por necesidad vital de subsistencia ante las agresiones y ambiciones externas, así como ante las fuerzas de disgregación que nos afectaron en otro tiempo; son irrevolucionarios por la voluntad permanente de constituir la sociedad libre, justa y próspera que ambicionamos los mexicanos regidos por la libertad, la justicia y la democracia, el nacionalismo revolucionario está enraizado en nuestra cultura nacional y en nuestro proceso histórico; es el resultado de la secuencia ideológica de nuestras luchas populares de independencias, reforma y revolución; es la filosofía política que arranca con Hidalgo y Morelos, se reafirma con Juárez y los liberales, se plasma con Madero y con Carranza en la Constitución de 1917 y se continúa en los regímenes postrevolucionarios, palabras de Miguel de la Madrid en esta tribuna el 1o. de septiembre, candidato del PRI y hoy Presidente por voluntad de más de 17 millones de mexicanos. (Aplausos.)

Desde 1910, al iniciarse el movimiento armado, los valores nacionalistas y la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad, se vinculan en la acción y el pensamiento del pueblo mexicano, para asegurar un desarrollo nacional más independiente y una sociedad más libre, justa y democrática.

No son ideas prestadas ni copiadas de nadie. Y menos de algún texto teórico, sino de las aspiraciones de las mayorías y del impulso de toda nuestra historia por consolidar la Nación.

El nacionalismo de la Revolución Mexicana es una explosión social de nuestro ser más íntimo. Es una reivindicación que Octavio Paz ha descrito magistralmente de la fisonomía propia, mestiza, de la realidad específica de México.

Los que siempre han señalado con desdén pedante la falta de ilustración de los revolucionarios de 1910-1917 y aun la carencia de una ideología definida de la Revolución Mexicana y también de su partido, pretenderían ahora presentárnoslas como exponente de textos marxistas lenininistas, y seguidores precursores, puesto que se pronunciaron políticamente con anterioridad, de Oscar Lank.

¿Recuerdan, señores, los artículos 3o., 27 y 123 constitucionales y su contenido?, ¿recuerdan el nombre original de nuestro partido? Partido Nacional Revolucionario, de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestras necesidades y aspiraciones surgió y en ella se sustenta el nacionalismo revolucionario.

Ahora, el partido Acción Nacional acomoda las palabras a su gusto para enarbolar el grito aterrorizado del terror anticomunista, para alarmar a algunos círculos sobre riesgos de que nuestro gobierno sea su abanderado.

Estos manejos verbales me atrevo a calificarlos de mañosos, que no conceptuales, estos malabarismos de interpretación permitirían deformar lo que se quiera para presentarlo como se quiera. No son todos, ¿son todos los que hablan de lucha por los derechos de los trabajadores, socialistas? ¿O comunistas todos los que preconizan el bien común o defienden el interés de la comunidad? ¿Son marxistas todas las formas de propiedad colectiva? ¿Es toda rectoría del Estado modalidad o camino del estado socialista?

Hoy mismo, otro de los oradores del mismo partido, recordaba los monopolios o estancos, y cabe recordar que la propiedad originaria de la Colonia Española era sobre las tierras de la Nueva España.

Ignorancia real o fingida de la historia, de nuestra historia y la del mundo, desinformación teórica se combinan en apoyo de la audaz y mal intencionada interpretación del nacionalismo revolucionario mexicano que hiciera en esta tribuna el orador de Acción Nacional.

Madero era nacionalista y revolucionario; Carranza fue nacionalista y revolucionario; Zapata fue nacionalista y revolucionario; lo fueron los Constituyentes de 1917 y los fundadores de nuestro partido; somos nacionalistas y revolucionarios, y si los de Acción Nacional le temen tanto a ciertos términos, que los borren del lenguaje político, pero sabemos que su verdadero temor es a las acciones revolucionarias por que afectan los intereses que protegen.

Hechas estas puntualizaciones, quisiera también hacer algunas observaciones sobre otros puntos vertidos por el compañero de Acción Nacional.

Dice que no se conocen los planes sectoriales y planes institucionales; además de ignorar que ya se han dado a conocer cuatro programas regionales, no son planes, sino programas de acuerdo a la Ley de Planeación. Que en las dos etapas del Plan Nacional de Desarrollo, reordenación económica y cambio de estructura, compañero, no son etapas, son vertientes y no son secuenciales, son simultáneas, las etapas son cuatro: formulación, instrumentación, control y evaluación.

Sobre las valuables que condicionan el Plan y que no son manejables, estamos confundiendo, variables con funciones instrumentales.

Sobre la participación social que estamos en diálogo con el estado igual que otros grupos. Si estamos en diálogo con el estado, hay reuniones de los coordinadores de las diputaciones mayoritarias y minoritarias como el ejecutivo estatal y otra serie de reuniones que enriquecen y profundizan nuestro trabajo.

Respecto a la no precisión de metas, ya se ha precisado en esta tribuna que son los programas sectoriales y los programas operativos anuales los que incluyen estas metas.

Y al fin una referencia a la política social, en educación que hay una incongruencia de cifras en el alfabetismo. En el diagnóstico, compañeros, se habla en números redondos de seis millones de analfabetas y en el Anexo del Informe Presidencial se precisan las cifras de 1980 a 1983.

Por último, que el Plan no debe ser el compromiso de un sólo hombre, el Presidente. Efectivamente, no es el compromiso de un sólo hombre, sino de 17 millones de mexicanos, que quiéralo o no, Acción Nacional, votaron por estos principios y por el Partido Revolucionario Institucional.

El compañero del PSUM en sus alusiones sobre el Plan, señala que la falla fundamental reside en la imposibilidad de realizar simultáneamente las dos líneas estratégicas, sobre todo porque en la práctica se está privilegiando el corto plazo.

Repetimos que esta apreciación se olvida de los tiempos o de la temporalidad de los efectos, así como de las relaciones casuales y de la condicionalidad de las variables. Además, que no se entiende las diferentes características del Gasto Público. Nivel y estructura. El primero usado para la estabilidad y el segundo para el cambio estructural.

Por otro lado, se nota una incapacidad para el manejo de situaciones simultáneas, pues se cita la estructura del gasto para analizar un cambio estructural y se olvida de su nivel, que es necesario para la estabilidad.

Lo mismo podría decirse de su concepción de la Reforma Fiscal, que ciertamente sirve para propósitos estructurales; pero que también influye en las urgencias del momento. El Plan señala y considera a ambas simultáneamente.

En cuanto a la Política Salarial, creo que se ignora el capítulo de empleo. También el impacto en los salarios, cuando se habla de las políticas.

Para disminuir la inflación, para fomentar el crecimiento en general y de los sectores intensivos y mano de obra en particular.

También cuando se habla de fomentar las exportaciones intensivas y mano de obra y de substituir importaciones.

Cuando se habla de educación y de capacitación y de cambio tecnológico para mejorar la productividad.

Cuando se habla de política fiscal, de precios y tarifas y de fomento a la producción y distribución e importación de productos básicos.

En otras palabras, cuando se habla de todos los determinantes del salario real y de las prestaciones sociales que son los que determinan el nivel de vida del trabajador. De ahí que también cuando hablamos de ecología y medio ambiente de vivienda, de salud, seguridad social, estamos hablando del salario real efectivo del trabajador.

No entender estas interrelaciones es lo que lleva a opinar que se le da poca importancia a los salarios.

Es necesario entender la vinculación y la importancia de las diferentes políticas; a pesar de que esta relación ha sido explícitamente mencionada, parece que no ha sido captada.

La política económica no se justifica sino se traduce en beneficio social. Y de ahí también que se le dé tanta importancia al combate a la inflación no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de justicia social porque agrede más a quien menos tiene.

También el compañero del PSUM hacía referencia al sector salud en el plan. Efectivamente la salud es un resultante de la interacción de factores biológicos, ambientales, económicos y sociales. En este contexto, en la medida que la población disponga de empleo, de vivienda higiénica, de una dieta alimentaria equilibrada de servicios, de agua potable, drenaje y posibilidad de recreación, en esa

medida estarán los habitantes en mejores posibilidades de resistir a los agentes que producen la enfermedad y la muerte.

El plan señala en este renglón tan importante de política social, 5 áreas consideradas estratégicas. La acción preventiva; la reorganización y modernización de los servicios a través de la integración del Sistema Nacional de Salud; la consolidación del Sistema Nacional de Salud; la coordinación programática y funcional sectorial; la reorganización de la asistencia social; la formación, capacitación e investigación de recursos para la salud.

Reconoce el Plan Nacional de Desarrollo lo siguiente: efectivamente, la carencia de un amplio sector de la población de servicios sanitarios básicos, la descoordinación en la prestación de servicios y entre paréntesis, cabría mencionar que hay toda una serie de acciones concretas para procurar la coordinación entre esas diferentes instituciones del sector salud, tales como, me permito citar, el acuerdo en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 1982, mediante el cual el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se integra el sector salud. El Diario oficial del 30 de diciembre del propio año, decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código Sanitario, Ley del Seguro Social y Ley del ISSSTE. En esta reforma se destaca que la Secretaría de Salubridad y Asistencia tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar las actividades en materia de salubridad general a efecto de establecer el Sistema Nacional de Salud y obtener la óptima utilización de los recursos.

Y además me permito señalar que hace dos días recibimos en esta Cámara un proyecto de Ley General de Salud que será discutido en su oportunidad en esta tribuna.

Respecto al comentario sobre los médicos residentes, estos sí son considerados como trabajadores ya que así lo señala la Ley Federal del Trabajo; en el Seguro Social están contemplados dentro del tabulador de sueldos y sujetos a las prestaciones que señala el contrato colectivo de trabajo. La actividad es el adiestramiento y no tienen responsabilidad directa en la atención de pacientes, estando supervisados y dirigidos invariablemente por profesionistas calificados empleados en base. Respecto a la cuestión de la escasez de medicamentos que se señala que se ha presentado, ésta no existe ya que los organismos prestadores de seguridad social durante el año de 1983 utilizaron reservas de sobreinventario de fines de 1982, lo que permitió no tener problemas relacionados con la falta de producción o comercialización de las transnacionales productoras de medicamentos. Quisiera también mencionar otro dato muy importante que nos permite tomar en toda su magnitud el gran esfuerzo que se ha realizado, específicamente en el sector salud, pero también en general en los sectores relacionados con bienestar social. En 1930 un mexicano al nacer tenía la probabilidad de vivir 36.8 años y la mujer un poco más de eso, 38.2 años; en 1978, última estadística señalada, se menciona que los hombres mexicanos nacidos en este año tienen probabilidad de vivir 67.3 y 66.1 años, respectivamente.

Respecto a la descentralización educativa, y a la imprecisión que el compañero del Partido Socialista Unificado de México señala, yo quisiera recalcar que hay una serie de acciones concretas para instrumentar esta política señalada en el propio Plan.

En los Estados, se están instalando los comités consultivos de descentralización que instrumentarán en forma coordinada, entre los niveles Federal y Estatal y con la plena participación de los trabajadores de la educación, los mecanismos para realizar esta descentralización educativa. Recuerdo que desde el 8 de agosto se decretaron estas bases para iniciar el proceso de descentralización educativa. El tema de la educación, fue también reiterado por el compañero del Partido Demócrata Mexicano. Creo que en alguna medida el compañero no analizó con cuidado el Plan en lo conducente a la educación, si lo hubiera hecho, hubiera advertido que muchas de sus observaciones están contenidas en él. Por ejemplo, lo referente a la deserción y las medidas que se dictan para su disminución. La deserción y la reprobación, señala el Plan, tiene frecuentemente causas ajenas a la escuela, sin embargo, no deben subestimarse las razones internas que parecen ubicarse en gran medida en la organización misma del sistema escolar. Por ello, el Plan señala la eliminación de las causas internas de reprobación y deserción de la educación básica y el impulso a la educación especial dentro de sus estrategias y líneas de acción. Por ello, por medio de esta numeración, se buscará eliminar las principales causas internas que propician la reprobación y la deserción escolares a través de programas adecuados para maestros y padres de familia.

Creo también que es necesario puntualizar que el Plan Nacional de Desarrollo, en cada uno de los diez capítulos que lo integran, está permeado por el renglón social. No debemos olvidar que el origen y destino de la planeación es el ser humano; por ello, desde los principios políticos del Plan, al habla de la sociedad igualitaria, se destaca la importancia de otorgar la igualdad de oportunidad y la distribución equitativa y justa de las cargas y de los frutos del desarrollo. Por ello, también se tiene, dentro de los principios políticos, el desarrollo, el empleo y el combate a la inflación.

En el contexto nacional se hace un reconocimiento expreso de la importancia de los recursos humanos con los que cuenta el país; se habla de que si somos 75 millones de mexicanos, también se disponen en este momento de un importante acervo de profesionistas y técnicos, y el índice de analfabetismo se ha reducido, y que contamos con una importante y diversificada base académica de investigación que nos ayudará a poner los elementos fundamentales para combatir y superar la crisis que vivimos.

En el gran propósito nacional y los objetivos del desarrollo, se habla de que para mantener

y fortalecer la independencia de México requerimos de una mayor fortaleza interna en la economía nacional, a través de la recuperación del crecimiento sostenido y también de una mayor fortaleza en la sociedad a través de una mejor distribución en el ingreso entre familias y regiones y el continuo perfeccionamiento del régimen democrático en un marco de libertades individuales y de derechos sociales. De este gran propósito se derivan los cuatro objetivos fundamentales que son: conservar y fortalecer las instituciones democráticas, vencer la crisis, recuperar la capacidad de crecimiento e indicar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales con el apoyo y participación de los diversos grupos sociales y con la planeación democrática. En la estrategia económica y social recuperar la capacidad de crecimiento y elevar la calidad del desarrollo, tiene lugar fundamental abatir la inflación y la inestabilidad cambiaría, porque, señala, y convivir con la inflación es dañar las bases del crecimiento del empleo.

En la estrategia fundamental de reordenación económica que significa la reorientación del gasto público para proteger el empleo, hay una serie concreta de acciones para proteger la planta productiva y el empleo, mismas que se han instrumentado en este año de 1983.

Se enfatizan los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento. El objetivo de descentralizar en el territorio las actividades productivas y de bienestar social, son en última instancia brindar a los habitantes de este país condiciones de vida más decorosas.

Creo que en cada una de estas áreas, podemos encontrar la presencia continua de la preocupación, del deseo, de la estrategia orientada a mantener, a consolidar, a vencer la resistencia para mejorar la calidad de la vida y los niveles de bienestar. Por ello se requiere acrecentar el potencial de los recursos humanos, que son en este momento en que la presión demográfica específicamente en los problemas de empleo resultantes del crecimiento de los 60s es muy importante, importante acrecentar estas fuentes de trabajo para aquellos que ahora se van a incorporar.

Un punto que el día de hoy no se tocó, específicamente, pero que es de la mayor importancia y que el Plan señala por primera vez en un documento de este tipo, es la preservación del medio ambiente y fortalecer el potencial de desarrollo de los recursos naturales. Se actuará para detener el proceso acelerado y creciente de deterioro de algunos recursos, lo cual está causando erosión, desertificación, cambios irreversibles en la cuencas ecológicas, y se tiene la voluntad de explotar en forma racional los recursos, preservándolos y en su mejor caso mejorándolos para las generaciones futuras.

Cada uno de los seis puntos que componen el apartado de política social, como son educación, cultura, recreación y deporte, tiene además del diagnóstico donde se señalan las condiciones del sector, puntos específicos relacionados con lineamientos de estrategia y con líneas generales de acción. La puntualización en materia de metas será realizada en los programas sectoriales correspondientes. Sin embargo no hay que olvidar que en el sector educación, para promover el desarrollo integral del individuo y la sociedad, se buscará ampliar la participación y enriquecer la cultura nacional, la formación, superación y actualización del magisterio, actualización permanente de la matrícula en las normales de acuerdo a las necesidades reales, la formación integral y regionalización de contenidos de libro de texto gratuito, vincular la matrícula en la educación media y superior con las necesidades de desarrollo e integración regional, la flexibilidad y salidas laterales en educación tecnológica, el desarrollo de tecnología sustitutiva y especializaciones en campos prioritarios de la educación tecnológica y universitaria, sin olvidar que el impulso al deporte y la recreación en forma permanente y vinculado a la educación.

También señala en el sector educación, ampliar el acceso a todos los mexicanos de las oportunidades educativas, culturales, deportivas y recreativas. Se menciona la necesidad de la integración de la educación básica a 10 años. La disminución sustancial del analfabetismo y la promoción de la educación de adultos, a través de la capacitación para el trabajo productivo y buscar la continuidad educativa, como ya mencionará la eliminación de las causas internas de la reprobación.

Y en el renglón de la alimentación y de la nutrición, compañero del Partido Socialista de los Trabajadores, el Plan señala en el diagnóstico la insuficiente alimentación y deficiente nutrición de sectores amplios del pueblo de México, que constituyen uno de los problemas más graves que aún persisten en nuestra sociedad, como evidencia de un proceso de crecimiento desigual.

De ahí que dentro de las estrategias específicas se hable en la fase de producción de reordenamiento de incentivos, ampliación de capacidad productiva, organización y seguridad en la tenencia de la tierra. En la fase de transformación reorientar la industria alimentaria, vincular la participación del Estado a las necesidades producción de artículos de consumo básico, impulsar el enriquecimiento nutricional de alimentos populares.

Y la fase de comercialización, modernizar sistemas, integrar infraestructura y asegurar el abasto. En la fase de consumo, programas de educación, reordenamiento de los subsidios haciéndolos electivos.

En el Sector Salud, que ya mencioné cuáles son las líneas y los lineamientos de estrategia y las líneas generales de acción, me limitaré únicamente a señalar que está incluido en el Plan de la consolidación del sistema y la descentralización a Estados y Municipios del primero y segundo nivel de atención en materia de salud.

En materia de seguridad social, el diagnóstico hace referencia al crecimiento del aparato administrativo, preocupación del compañero

del PDM, la concentración en algunas regiones y grupos y las deficiencias en la planeación de los servicios. Por ello los lineamientos de estrategia establecen la necesidad de mejorar la administración y el uso de los recursos financieros y los esquemas de coordinación interinstitucional.

Otro elemento también que integra el Capítulo de Política Social está relacionado con el renglón de vivienda. Que pretende en sus propósitos y lineamientos de estrategia apoyar la superación de las carencias, a través de la acción directa pública y supeditar la revolución económica al desarrollo social en la vivienda mediante la acción popular concentrada.

En desarrollo urbano el propósito esencial es alcanzar un desarrollo más equilibrado, el control sobre el aprovechamiento del suelo, la respuesta a necesidades del suelo y su estructura al transporte colectivo.

Y en las líneas generales de acción una instrumentación del plan del sistema urbano nacional e impulso a transportes seleccionados por sus ventajas comparativas, la atención a zonas urbanas con graves problemas en fronteras y litorales, la seguridad, el financiamiento de la infraestructura urbana, agua potable, con base a un programa nacional coordinado entre los distintos niveles de Gobierno.

Y en la ecología, los lineamientos de estrategia se dividen en lineamientos de orden colectivo, correctivo, con el control y disminución de la contaminación ambiental, restauración de las zonas deterioradas y la precisión del marco normativo y legislativo; también en la prevención de la contaminación ambiental, se establece la necesidad de acuerdos con las entidades contaminadoras para la compensación de daños, inducir el uso de procesos y equipos anticontaminantes y programas de investigación para mejorar la relación, energéticos y la conservación del medio, la estrategia del uso y conservación del agua, donde se establece el manejo de aguas residuales, la necesidad de vigilar y normar la contaminación del aire y la necesidad de proteger la flora y fauna silvestres.

Podemos mencionar que el renglón de política social es un renglón profundamente convencido, comprometido con la necesidad de mejorar los niveles de vida de la población, que no se puede contemplar aisladamente, sino es necesario inscribirlo dentro del Plan Nacional y relacionarlo con cada una de sus políticas.

Por ello, en conclusión, creemos que no hay dilema entre la reordenación económica y el cambio estructural, una nos da las condiciones mínimas y la otra nos da la justicia social.

En virtud de ello, me permito, señor Presidente, considerar que este punto está suficientemente discutido. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier González Garza. Segunda intervención.

El C. José Javier González Garza: - Necesariamente tenemos que referirnos a algunas de las palabras de la diputada Dulce María Riancho, ya que se adopta una actitud muy incongruente en estas intervenciones que no son debate. No hay ningún dictamen para discutir, yo no entiendo por qué el PRI pasa y después de que los partidos damos nuestra opinión, que es lo que estamos haciendo, pasa y nos rebate o nos trata de rebatir los argumentos o las posiciones ideológicas o las afirmaciones que hacemos. Esto es una posición incongruente porque no hay nada que votar, es una simple opinión de los partidos que, por lo menos, el PRI debería de respetar, de tal manera que nos parece sumamente incongruente.

Hay algunas cuestiones que quedan, supongo yo para próximo debate como es el asunto del Nacionalismo Revolucionario, pero mire, yo así como usted me calificó, yo le sugeriría que también leyera la historia de México y también los documentos que nos proporcionan, porque mire usted el Nacionalismo Revolucionario está presentado aquí como tesis de gobierno, no surge de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos de la historia de México. Le voy a dar una referencia que a usted le ha de servir bastante: cuando estaba el presidente López Mateos en el poder, los miembros de su partido, todos eran de izquierda atinada, con Porfirio Díaz, serían científicos, el próximo sexenio, no sabemos qué van a ser. De tal manera que esto lo dejamos para otra discusión.

En cuanto a las tesis de la propiedad, sí tenemos tesis sobre la propiedad, y nosotros entendemos el sentido social de la propiedad, si no lo entendiera así, yo por ahí tengo un documento que se llama Principios de Doctrina, muy bien impreso, se lo obsequio cuando termine este debate y ahí discutimos después sobre la propiedad.

Yo quiero hacer referencia a una cosa que es importante: Aquí se habla sobre cuatro objetivos y propósitos nacionales, y uno de éstos, el más importante, esta en el primer orden, es conservar y fortalecer las instituciones democráticas. Fíjese que este propósito es como el que viene achacando este sistema en este sexenio, porque a la vista de los hechos, sobre todo de los hecho recientes, donde el pueblo se ha desbordado, y no en favor del PRI, precisamente no se están fortaleciendo las instituciones democráticas, de ninguna manera, sino al contrario.

Por último quisiera hacer una referencia sobre los 17 millones que dice usted que representa el PRI que a nosotros nos duele. No, nos duele, no son 17 millones; antes, yo lo mencioné, a lo mejor llegaron a 9 millones, el 4 de julio; ahorita, cálculos que son, no sé, los que están aquí, los que están en el Ejecutivo, cuando mucho.

De tal manera, que no hablen a nombre de una mayoría, una mayoría que primero tendrán que demostrar que es mayoría. Y yo entiendo mucho la posición de los funcionarios, diputados

federales ahorita, que defienden las posiciones del Ejecutivo, y es que después de ser legisladores van a pasar a ser del Ejecutivo, después del Judicial, y en estos brincos lo importante es fortalecer al Ejecutivo que es de donde van a vivir después. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Mariano Acoltzin Vidal. El C. Juan Mariano Acoltzin Vidal: - Señor Presidente, honorable Asamblea. Estamos hoy analizando una opinión respecto al Plan Nacional de Desarrollo, una opinión que debe estar y así también debe estar su debate a la altura de lo que se espera de nosotros, una opinión de gentes respetuosas y así debe ser el debate. Esto implica que hay límites y límites porque en este lugar, en este recinto, no debemos tolerar el chantagismo oportunista que al filo de la crisis quiere llevar agua a su molino con confusiones y con falsedades. (Aplausos.)

Quisiera aquí pedir a nuestro compañero, a algunos compañeros del Partido Acción Nacional que se cultiven y que no vengan aquí a dar estas impúdicas muestras de orfandad ideológica, de desconocimiento de lo que nuestra Constitución, las aspiraciones del pueblo mexicano ahí plasmadas implica; se dijo, el nacionalismo revolucionario no está en la Constitución. ¿Qué, acaso no es nacionalista la doctrina que se encuentra en el artículo 3o.¿ ¿Qué acaso no es nacionalista la doctrina que se encuentra en el artículo 27 con sus prohibiciones para propiedades de extranjeros¿ ¿Qué acaso no en el espíritu de la Constitución está un profundo espíritu de transformación de nuestra realidad para acceder a la justicia social¿ ¿Qué acaso la Constitución es nuestra mejor arma para defender nuestro país y acceder a mejores niveles de vida y a una mayor justicia social¿, negarlo es desconocer este país, sus leyes y su interés por mejorarlo.

Quiero aclarar con toda precisión, como lo hizo nuestra compañera Dulce María Sauri, que el nacionalismo revolucionario es y seguirá siendo el principio que una e inspire a los mexicanos. Es un valor que ha estado presente en todas las luchas populares de nuestra patria desde la Independencia, la Reforma, la Revolución, hasta hoy. Y es un principio que a lo largo de la historia ha provocado la ira, como hoy se vio aquí, de la reacción y de sus voceros. Pero que lo entiendan bien, quienes al criticar el nacionalismo revolucionario criticando a México, vienen aquí. Que lo entiendan bien, no podrán confundir a los mexicanos, no podrán recuperar sus privilegios, no podrán hacer que la historia dé marcha atrás; no podrán hacerlo mientras los mexicanos patriotas estemos dispuestos a defender nuestros principios, nuestra historia, nuestros recursos, nuestros derechos que tan costosamente hemos reivindicado. No podrán lograr sus retardatorios sueños, mientras México siga siendo una Nación libre, soberana y mientras mantengamos los mexicanos nuestra vocación de transformar la realidad para acceder a la justicia social, nunca los mexicanos armados con nuestra convicción nacionalista, y revolucionaria plasmada en nuestra Constitución, permitiremos el retroceso de oligarquías ya vencidas y mucho menos permitiremos la intervención de intereses transnacionales que aquí los diputados del PAN directa o indirectamente defienden. Muchas gracias.

La C. Ma. Teresa Ortuño: - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?

La C. Ma. Teresa Orduño Gurza: - Para unas aclaraciones.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. Teresa Orduño.

La C. Ma. Teresa Orduño: - Señores diputados:

Este asunto es muy importante, por lo tanto, sea la hora que sea, no vamos a permitir, que se nos falte el respeto diciendo que faltamos al respeto. Yo quiero que me señalen concretamente qué fases de nuestros compañeros o mías han sido irrespetuosas en esta tribuna, y no podemos decir lo mismo de la intervención del diputado Acoltzin; él sí ha sido irrespetuoso, y yo creo, no le voy a solicitar que borre del Diario de los Debates nada, le voy a que si muestra un poquito de caballerosidad él solo, si lo desea, se desdiga de las afirmaciones que hizo de esa expresión que valió el aplauso de sus compañeros, de impúdicas muestras de orfandad ideológica.

Precisamente porque sostenemos una ideología, distinta, si, pero porque sostenemos una ideología, es por lo que estamos aquí, y en ningún momento se han externado aquí frases faltas de respeto.

Precisamente compañero Mariano, le suplicaría su atención, porque estamos defendiendo los valores más importantes de la Constitución es porque estamos aquí; porque esa Constitución ha sido reformada en sus bases substanciales para dar cabida al proyecto de nacionalismo revolucionario, no al que se refería la compañera Dulce María. Quizás ella ignora, pero le recomiendo que lea la tesis de Salvador Carmona Amoroz en la que define el nacionalismo revolucionario en los términos en que nosotros venimos a hablar aquí, y aquí se habla perfectamente y claramente de la necesidad de reformar las constituciones, de darle áreas estratégicas y prioritarias al Estado, de expropiar aquellas industrias que sean necesarias y todo el discurso que ya nuestro compañero González Garza vino a decir aquí.

A ese nacionalismo revolucionario, a ese sentido de las palabras con que el Presidente y antes candidato expuso su programa de trabajo, a ese es al que nos referimos, no a los términos románticos de cómo se llamaba antes su partido, que al fin y al cabo... -sin comentarios.

Aquí se viene a hablar de que nosotros defendemos a las transnacionales, yo quiero que se me diga exactamente en qué parte de nuestras intervenciones hemos hablado en defensa de las transnacionales. Ese es un asunto aparte, corríjame, pero tengo entendido que la inversión extranjera es más o menos el 4% en México, puedo estar equivocada, pero no es un asunto a debate. No estamos defendiendo a las transnacionales, estamos defendiendo la soberanía nacional de elementos y modelos ideológicos extranjerizantes que son vías al socialismo. Por lo tanto, dado que en este momento ni en los anteriores se le ha faltado al respeto a nadie, pido que específicamente nos señale en que momento lo hicimos y si no, si lo desea, si le da para eso la caballerosidad a nuestro compañero, agradecería que lo aclarara.

Y, por último, lo que nos parece extraño es que se supone que cada partido viene aquí a opinar su expresión sobre el Plan de Desarrollo. ¿Y por qué el PRI no viene a externar su opinión como los otros partidos? ¿Por qué viene a defender al Plan? Que más pruebas que está al servicio del Ejecutivo.

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría...

La C. María Teresa Ortuño Gurza: - Hice una petición de que se señalaran los puntos ofensivos de nuestros discursos. Solicité los momentos que hemos tenido faltas de respeto.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Mariano Acoltzín Vidal.

El C. Juan Mariano Acoltzín Vidal: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Si así se hubiera pedido aquí votar en el Diario de Debates, igual no lo hubiera yo solicitado. Las cosas se dicen cuando se sabe que se tiene la fuerza de un mandato, las cosas se señalan con la fuerza que tiene una representación legítima. No puedo aceptar borrar ni disculparme de nada porque la historia - y de esa hay que aprender - no da marcha atrás aunque se pida.

Faltas de respeto. Aquí se pronunció la frase de que "los diputados priístas eran lacayos del Ejecutivo". Eso es una falta de respeto. (Aplausos.)

Otras dos aclaraciones. Textualmente dije "no a las empresas transnacionales", sino "a los intereses transnacionales" que es más amplio y está bien visto.

Por otra parte, cómo no venir aquí a dar una opinión favorable de un Plan priísta, hecho por un gobierno priísta legítimamente constituido, hecho con el mandato, hecho con la representación que 17 millones de mexicanos le otorgaron. No nos avergüenza nuestra ideología, no nos avergüenzan nuestros planes, no nos avergüenza estar de lado del pueblo mexicano en la lucha histórica. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría si se encuentran suficientemente discutidos los Sectores Económico y Social.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los sectores económico y social. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El C. Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Señor Presidente, honorable Asamblea: Se emitieron 309 votos en pro, 40 en contra y 17 abstenciones.

Aprobada. Remítase al Ejecutivo para su conocimiento e insértese en el Diario de los Debates.

La C. secretaria Xochitl Elena Llanera de Guillén: Señor Presidente ,se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

La misma C. Secretaria:

"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

'LII' Legislatura.

Orden del Día

17 de noviembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico con motivo del 73 Aniversario de la Iniciación de la Revolución Mexicana, tendrá lugar el próximo 20 de los corrientes.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico

Con el que se remite el Informe de la Deuda Pública correspondiente al Tercer Trimestre de 1983.

Iniciativa del Ejecutivo

De Reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Yanick Sierra Peniche Durocher, pueda prestar servicios en la Delegación General de Quebec, en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Irene Gallardo y Ramos, Humberto Franco Elías, Nicasio García, José Mercedes Villaseñior Gómez, José Luis Ramírez Cerro, Manuel Diosdado Hernández, Agustín Ortíz Jiménez, David Tobanche Castillo, Luis Salazar y Esteban Cortés Salas, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Decreto que Reforma el que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios sobre el Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto que amplía el monto de garantía que el Gobierno Federal puede otorgar en las operaciones de préstamo celebradas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Plazo en que la misma puede concederse.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que concede permiso al C. licenciado Francisco Xavier López Mena, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia, en la ciudad de Cancún con jurisdicción en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Derecho que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas Emisiones de Bonos de Ahorro Nacional hasta por la cantidad de cinco mil millones de pesos.

De la Comisión de Justicia con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Flavio Mansi Tazzer, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Italia, en el puerto de Acapulco, Guerrero."

El C. Presidente (a las 21:00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 17 de noviembre, a las 10:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"