Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831124 - Número de Diario 29
(L52A2P1oN029F19831124.xml)Núm. Diario:29ENCABEZADO
Diario de los Debates
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en Administración local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D.F., jueves 24 de noviembre de 1983 TOMO II. NÚM. 29
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA .
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR . SE APRUEBA.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY SOBRE JUSTICIA EN MATERIA DE FALTAS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL D.F.
Proyecto de la Ley mencionada. Se le dispensa la lectura. Se turna a comisiones. Imprímase.
MINUTA DEL SENADO
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Proyecto de decreto que reforma la Ley de referencia. Se turna a comisión
RECOMENDACIÓN DE LA PRESIDENCIA
Relativa a que las manifestaciones de solidaridad, adhesión o apoyo al licenciado Carlos Salinas de Gortari, se expresen al finalizar la última intervención
PRESENCIA DEL LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI
Se designa una comisión que lo introduce al recinto parlamentario
EXPOSICIÓN DEL COMPARECIENTE
El licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, expone los fundamentos que sustentan los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para 1984
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Preguntas de los CC. José Eduardo Pacheco Durán, Luis J. Prieto, José Encarnación Pérez Gaytán, Oscar Ramírez Mijares, Enrique Alcántar Enríquez, Raúl López García, Jesús Luján Gutiérrez, Sergio M. Beas Pérez, Francisco Ortiz Mendoza, Mariano López Ramos, Ignacio Vital Jáuregui, Julieta Guevara Bautista, Iván García Solís, Juan José Hinojosa e Irma Cué de Duarte, a las que el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, da respuesta en su oportunidad
CONSIDERACIONES DE LA PRESIDENCIA
Relativas a la comparecencia del secretario de Programación y Presupuesto.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Levanta la sesión .
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. EVERARDO GÁMIZ FERNÁNDEZ
(Asistencia de 363 ciudadanos diputados.)
APERTURA
El C. Presidente (a las 10:30 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Segundo periodo ordinario de sesiones.
LII Legislatura.
Orden del Día
24 de noviembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa del Ejecutivo
De ley sobre justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno del Distrito Federal.
Minuta
Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones de Seguros.
Comparecencia del licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto .
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández.
En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del miércoles veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos sesenta y cinco ciudadanos diputados. Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acto de la sesión, anterior verificada el día de ayer.
Presidencia del C. Florentino Jaimes Hernández.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El C. Doctor Lauro Ortega Martínez, Gobernador Constitucional del estado de Morelos, suscribe atenta invitación a los actos cívicos que tendrán lugar el día 28 de los corrientes en Cuautla y en el municipio de Ayala, con motivo del LXXII aniversario de la proclamación del Plan de Ayala.
Para asistir a dichos actos con la representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC. Juan Salgado Brito, Emma Victoria Campos Figueroa, Lorenzo García Solís y Heladio Gutiérrez Ortega.
La Legislatura del estado de Veracruz invita a la sesión solemne que tendrá verificativo el día 30 del actual, en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, Gobernador Constitucional de la entidad, dará lectura al tercer informe de su gestión administrativa.
Para concurrir a la sesión mencionada, con la representación de este Cuerpo Legislativo, la Presidencia nombra en comisión a los CC. Mario Vargas Saldaña, Alfonso Arroyo Flores, Carlos Brito Gómez, Rogelio Carballo Millán, Irma Cué de Duarte, Cándido Díaz Cerecedo, Servando Díaz Suárez, Serafín Domínguez Ferman, Demetrio Ernesto Espinoza Leal, Elpidia Excelente Azuara, Wilfrido Martínez Gómez, Edmundo Martínez Zaleta, Mauro Melo Barrios, Jorge Minvielle Porte Petit, Antonio Murrieta Necoechea, José Nassar Tenorio, Héctor Sánchez Ponce, Daniel Sierra Rivera, Manuel Solares Mendiola, Roque Spinoso Foglia, Salvador Valencia Carmona, Celso Vázquez Ramírez y Amador Toca Cangas.
Presidencia del C. José Isabel Villegas Piña.
La H. Cámara de Senadores envía el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los CC. Gloria López Iñiguez, Mireya Martínez Serrano, Jorge Humberto Salazar Méndez y Fermín Ochoa y Padilla para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría de Turismo, por conducto de la Gobernación, remite la memoria de las labores realizadas por dicha dependencia, correspondiente al periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983. Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados.
Presidencia de la C. Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba.
Las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal emiten un dictamen con proyecto de decreto, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los CC. diputados, la
Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
Las mismas comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal emiten un dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia civil y mercantil.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucional, que autoriza a la C. Yanick Sierra Peniche Durocher, para prestar servicios como secretaria en la delegación general de Quebec, en México. Es de primera lectura.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público signa un dictamen con proyecto de decreto que forma el que autorizó el Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios sobre el Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
En virtud de que este dictamen ha sido ya distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea de votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hace uso de la palabra, para proponer modificaciones al dictamen que la Asamblea en votación económica no admite y por tanto se dan por desechadas, el C. Arnaldo Córdova; en pro lo hace el C. Jorge Luis Chávez Zárate; por segunda ocasión, los mismos oradores.
Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández.
Continúan en el uso de la palabra, en contra, el C. David Lomelí Contreras; en pro, el C. Edmundo Martínez Zaleta; para hechos, el C. Edmundo Jardón Arzate; en contra, el C. Héctor Ramírez Cuéllar; por la comisión dictaminadora, el C. Antonio Fabila Meléndez, y por último, para aclaraciones, el C. Héctor Ramírez Cuéllar.
Se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
A discusión en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular, por trescientos cuarenta votos en pro, dieciocho en contra y siete abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La propia Comisión de Hacienda y Crédito Público emite un dictamen con proyecto de decreto, que amplía el monto de la garantía que el Gobierno Federal puede otorgar a las operaciones de préstamo celebradas en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el plazo en que en la misma puede concederse.
También a este dictamen se le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Intervienen en contra, el C. Raymundo León Ozuna y por la comisión dictaminadora, el C. Héctor Perfecto Rodríguez.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos treinta y un votos a favor, dieciocho en contra y nueve abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Educación Pública, que reforma y adiciona la Ley de Precios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Por las mismas razones de los dos casos anteriores que se acaban de aprobar, la Asamblea dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión el artículo único de que consta el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba en votación nominal por trescientos cincuenta y siete votos en pro y uno en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Francisco Xavier López Mena para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia, en la ciudad de Cancún, con jurisdicción en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Es de segunda lectura. Ç
A discusión el proyecto de decreto, sin ella, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos cincuenta y ocho votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En seguida, para denunciar una serie de violaciones y atropellos que, a su juicio, ocurrieron en las elecciones llevadas a cabo el día 20 de este mes en el estado de Oaxaca, principalmente en el municipio de Juchitán, hace uso de la palabra el C. José Encarnación Pérez Gaytán; menciona lo expresado en la tribuna por el C. Héctor Sánchez el día 17 del presente en relación al fraude que, según él, se estaba preparando por el gobierno de la entidad.
Relata hechos de los que dice él fue testigo, y señala que el pueblo juchiteco y del Istmo de Tehuantepec exigen la nulidad de las elecciones y que se elijan los ayuntamientos mediante plebiscitos, con garantía plena de la participación de todos los ciudadanos.
En segundo término, se refiere al proceso electoral del estado de Tamaulipas, donde considera que igualmente el gobierno está preparando otro fraude.
Relata una serie de acontecimientos sobre el particular y concluye diciendo que los miembros del Partido Socialista Unificado de México tienen confianza en que pronto el pueblo mexicano va a imponer la democracia con todas sus letras, en su contenido y en su forma y que no cesarán de luchar en esta tribunal y fuera de ella, en la calle y en la manifestación pública y en todas partes, porque la democracia es el porvenir de nuestro país. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría Quejas.
Para referirse a la elecciones realizadas en Oaxaca, y expresar sus puntos de vista sobre el tema, hacen uso de la palabra los CC. Artemio Meixueiro, José Dolores López Domínguez, Ángel Mora López, Sergio Ruiz Pérez y José Estefan Acar.
Para rectificación de hechos, vuelve a la tribuna el C. José Encarnación Pérez Gaytán.
Por su parte, el C. Roger Cicero Mackinney usa de la palabra para señalar las carencias de servicios de salud que tienen el 70 por ciento de la población en el estado de Yucatán, según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional Indigenista, resultado de los estudios que al respecto se efectuaron.
Comenta y opina sobre el particular y entrega a la Secretaría la denuncia en cuestión . Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
Para rendir homenaje al pintor muralista José Clemente Orozco, en ocasión de conmemorarse el centenario de su natalicio, hacen uso de la palabra los CC. Sergio Beas Pérez y Crescencio Morales Orozco.
A su vez, el C. Alfredo Reyes Contreras usa de la palabra para hacer reflexiones en torno a las comparecencias ante esta Cámara de Diputados, de los señores secretarios de Estado. Menciona la disposición constitucional al respecto y dice que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista exige que en las futuras comparecencias se destierre, de manera definitiva, la viciosa práctica de marginar la participación de la Cámara de Diputados, pues aquí está la representación del pueblo mexicano que merece respeto a su actividad, independientemente de las limitaciones con que se realiza el trabajo legislativo.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dieciséis horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, veinticuatro de noviembre, a las diez horas, en la que tendrá lugar la comparecencia del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY SOBRE JUSTICIA EN MATERIA DE FALTAS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente les envío Iniciativa de Ley sobre en justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno del Distrito Federal, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación somete la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 23 de noviembre de 1983.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
La materia de faltas de policía y buen gobierno, generalmente considerada como parte del llamado Derecho Penal Administrativo, que se localiza en uno de los puntos de más directo y cotidiano contacto entre gobernantes y gobernados, y que con la mayor frecuencia involucra a personas de escasos recursos económicos, ha sido tratada de diverso modo por la legislación nacional y extranjera. En lo que respecta al Derecho mexicano, subsiste la heterogeneidad del tratamiento. Además, no se suele reconocer a este sector de la administración de justicia la importancia que por múltiples razones jurídicas y sociales merece.
Anteriormente, las faltas o contravenciones de policía y buen gobierno estuvieron incorporadas en el Código Penal sustantivo. Prevalecía entonces la idea que los ilícitos, según su gravedad, se dividían en crímenes, delitos y contravenciones, todos ellos encuadrados en un mismo ordenamiento. En tal virtud, privaba el principio de legalidad en el ámbito de las faltas, por el hecho mismo de hallarse éstas recogidas por una ley en sentido formal y material.
A lo largo del tiempo desapareció este sistema y se optó por llevar los ilícitos más graves, calificados como delitos, al Código Penal y a las leyes especiales, y reducir todo lo concerniente a las faltas o contravenciones de policía y buen gobierno al nivel de bandos y reglamentos expedidos por la autoridad administrativa. Si bien es cierto que este encuadramiento de las faltas permite que el catálogo de éstas se modifique sin intervención del Poder Legislativo, correspondiendo a la dinámica de las circunstancias, también lo es que, para garantía del gobernado, debe existir un adecuado marco de referencia que fije los límites y los lineamientos fundamentales de la función reglamentaria y del procedimiento a seguir por parte de las autoridades administrativas.
Como resultado de los planteamientos expresados en la Consulta Nacional sobre Administración de Justicia y Seguridad Publica, se advirtió que tarea preponderante sería la sistematización de las medidas jurídicas, realistas y eficientes que procuraran establecer de manera clara y específica el marco regulador para la actividad ciudadana en relación con la autoridad administrativa, haciéndose necesaria la expedición de bases generales en materia de faltas de policía y buen gobierno.
En la presente iniciativa se reconoce la necesidad de introducir, por la vía de bases generales, el principio de la legalidad en ámbito de la justicia de faltas de policía y buen gobierno, por lo que el Ejecutivo a mi cargo, consciente de la conveniencia de supeditar sus funciones a las normas de la Ley, tiene interés en destacar al Congreso de la Unión, que es el cuerpo legislativo para el Distrito Federal, como el órgano competente para señalar el marco del control y de la orientación de la justicia en materia de faltas en el propio Distrito Federal.
Habida cuenta de lo anterior y de que el artículo 73 de la Ley Suprema faculta al Congreso de la Unión para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal, se considera que el Poder Legislativo cuenta con atribuciones claras y suficientes para expedir las normas generales de la justicia de faltas de policía y buen gobierno, con la únicas limitaciones de dejar a los reglamentos la precisión de tales faltas, de reservar a la autoridad administrativa la función de sancionar a los infractores y de no exceder las sanciones que, en la especie, determina el artículo 21.
Por otra parte, la Ley, obra del Congreso de la Unión integrado por representantes del pueblo, bajo la autoridad superior de la Constitución, es la norma que con mayor firmeza permite garantizar la libertad y los derechos de los mexicanos. En consecuencia, el cambio de régimen que esta iniciativa propugna, además de apoyarse en las consideraciones jurídicas antes mencionadas, contribuye a afirmar las garantías de los gobernados y fortalece, así, el Estado de Derecho en el Distrito Federal, fijando la bases normativas para la administración de justicia de policía y buen gobierno, sin perjuicio de la función reglamentaria y sancionadora que corresponde al Ejecutivo Federal.
Conviene insistir en que la ley proyectada no trata, en modo alguno, de sustituir a los reglamentos y agotar la materia de faltas de policía, cosa que posiblemente contravendría el mandato constitucional, sino únicamente pretende trazar los lineamientos generales a los que la administración de justicia debe sujetarse en este campo, procurando mayor certeza y seguridad jurídicas para los gobernados, tomando en cuenta, por lo demás, la noble importancia practica que reviste la llamada "justicia de barandilla", y la vinculación que con ésta tiene el quehacer cotidiano de la Policía Preventiva, cuyo buen desarrollo interesa profundamente a la ciudadanía y que el Ejecutivo Federal a mi cargo ha contraído el compromiso de mejorar sustancialmente.
En consecuencia, la iniciativa propone fijar: a) Un concepto general sobre faltas, cuyo desglose específico se confía a la dinámica de los reglamentos, en la inteligencia de que la descripción de aquéllas se hará mediante normas de aplicación estricta y en forma limitativa, esto es, excluyendo cualquier posibilidad de integrar arbitraria o discrecionalmente su catálogo por analogía o mayoría de razón: b) La definición de las sanciones aplicables, que se encuentran ya reconocidas en el artículo 21 constitucional, sin perjuicio de incorporar, en vez de aquéllas, medidas de menor gravedad, como es la simple amonestación; c) La previsión de los órganos competentes para aplicar las sanciones; y d) El procedimiento al que ha de ajustarse la impartición de justicia en la materia que aquí interesa.
El proyecto que ahora se somete a la Soberanía del Congreso, resuelve el problema que surge cuando una misma conducta se halla prevista como ilícito administrativo por otras normas de este carácter, reglamentarias de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal o de otras leyes. En tal hipótesis, prevalecen los restantes ordenamientos, especiales con respecto al sistema general de faltas. Así se evita la doble sanción por la misma conducta y se sostiene, por otra parte, la autonomía de la sanción aplicable a conductas ilícitas que no encuadran, precisamente, dentro de la idea de faltas de policía y buen gobierno para el propósito que inspira y funda la presente ley.
Asimismo, el proyecto atiende el problema que resulta cuando del comportamiento indebido, esto es, de la infracción de policía, derivan daños y perjuicios en agravio de particulares, que deban reclamarse por la vía civil. En esta hipótesis, se aplican las sanciones administrativas correspondientes, de naturaleza totalmente diversa a la de las consecuencias civiles de una conducta ilícita, pero al mismo tiempo se faculta al juez calificador para que intervenga de oficio, conciliatoriamente, procurando obtener la reparación de los daños y perjuicios causados. Esta función conciliadora posee plena justificación, por razones de economía procesal, para evitar una inconveniente o inútil carga de trabajo ante los órganos de la justicia civil, y tomando en cuenta que los intereses sujetos a conciliación son estrictamente privados, cosa esencialmente distinta de la que se plantearía si se pretendiese actuar conciliatoriamente con respecto a las faltas mismas o, peor aún, en lo que concierne a delitos perseguibles de oficio, ámbito en el que no actúa el poder dispositivo de los particulares.
Se prevé que las faltas sólo se sancionarán cuando se hubiesen consumado, cancelando de este modo la posibilidad, impertinente en el orden de las contravenciones, de proceder en contra de los infractores por actos preparatorios o por mera tentativa. El tema que se presenta con respecto a los concursos ideal y material, en cuya regulación se ha avanzado en el Derecho penal sustantivo, en sentido estricto, se proyecta también al sistema de faltas. Por ello, hay tratamiento explícito para este asunto y se dispone la acumulación, sin exceder en ningún caso los límites máximos previstos por la Constitución de la República para las sanciones de que se trate.
Es importante destacar que el proyecto de ley recoge en el sistema de faltas o traslada a éste, criterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia o incorporados, con probada conveniencia y eficacia, en el ámbito
penal estricto, a saber: el derecho que tiene en todo caso el infractor de elegir entre multa y arresto, la conmutación por sanciones de menor gravedad, la suspensión de la ejecución de la sanción, y la reducción del arresto cuando hay pago parcial de la multa impuesta.
En lo que toca a los órganos competentes para el conocimiento de estos ilícitos, se conserva el sistema de jueces calificadores, que para garantía de buen desempeño debe reunir los mismos requisitos necesarios para la designación de los Jueces de Paz en el Distrito Federal. En cuanto a la competencia territorial, el proyecto advierte que se estará a las normas correspondientes para fijar la circunscripción dentro de la que pueden conocer los jueces calificadores.
Con apoyo en el Reglamento de Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, se contempla la intervención de la dependencia que éste señale para ejercer la supervisión sobre el funcionamiento de los Juzgados Calificadores y para dictar, previo acuerdo del Jefe del Departamento, los lineamientos de carácter técnico y jurídico a los que deban sujetar sus actuaciones los jueces calificadores. Se trata, con esto, de mejorar y uniformar la gestión y los criterios de quienes tienen a su cargo impartir justicia de Policía.
El procedimiento a seguir en este ámbito de la impartición de justicia amerita detenida reflexión, considerando que debe ser fluido y expedito, y que también debe reconocer adecuadas garantías procesales al gobernado. No hay duda en torno a la conveniencia de que este procedimiento tenga carácter oral, público y concentrado. Se procurará agotarlo en una sola audiencia.
Por lo que toca a la distribución de competencia entre el Ministerio Público y el Juez Calificador, según la naturaleza de sus respectivas atribuciones y las exigencias de la práctica, se fija, como parece pertinente, la norma de que el juez calificador dé vista Ministerio Público, antes de iniciar un procedimiento por faltas, cuando a su juicio pueda estarse en presencia de hechos que deban perseguirse penalmente. En este caso, el Ministerio Público absorbe el conocimiento del asunto; si se trata solamente de infracciones de Policía, el juez calificador asume el conocimiento del caso.
En lo que se refiere a la detención y presentación del infractor, se ha optado por la solución que mejor se pliega al espíritu y a la letra de la Constitución, así sea por vía analógica, con las variantes que impone la naturaleza de las faltas y el carácter del procedimiento respectivo. Si la Ley Suprema permite la detención de un delincuente en caso de flagrancia, parece lógico que la detención y presentación del infractor también operen únicamente en hipótesis de flagrancia y cuando, por las circunstancias del caso y para la debida marcha del procedimiento, resulte verdaderamente indispensable dicha detención.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito presentar a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE LEY SOBRE JUSTICIA EN MATERIA DE FALTAS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I
Faltas y sanciones
Artículo 1o. Corresponde al Departamento del Distrito Federal, por conducto de sus órganos administrativos en los términos previstos por la Ley Orgánica del propio Departamento y dentro del ámbito de jurisdicción territorial de éste, sancionar las faltas de policía y buen gobierno.
Artículo 2o. El reglamento de esta Ley determinará como faltas de policía y buen gobierno, mediante normas de aplicación estricta, en forma limitativa, las acciones u omisiones, individuales o de grupo, realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito, o que tengan efectos en éstos, que alteren o pongan en peligro el orden público, la prestación de servicios a la comunidad, o la seguridad, tranquilidad, bienestar, salud y propiedad de las personas.
Artículo 3o. El reglamento a que se refiere el artículo precedente prevendrá las sanciones exactamente aplicables a las faltas consignadas en él, según su naturaleza y gravedad, que consistirán en multa o arresto, con apercibimiento al infractor, y que podrán ser conmutadas por simple amonestación o suspendidas en la forma prevista por esta Ley.
Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, la amonestación es la reconvención, pública o privada, que el juez calificador haga al infractor; la multa es el pago de una cantidad en dinero que el infractor hará al Departamento del Distrito Federal; y el arresto es la privación de la libertad por un periodo de doce a treinta y seis horas, que se cumplirá en lugares diferentes de los destinados a la detención de indiciados en un procedimiento penal y a la detención, reclusión o arresto de mayores. Estarán separados los lugares de arresto para varones y para mujeres.
Artículo 5o. En todo caso, al resolver la imposición de una sanción administrativa, el juez calificador apercibirá al infractor para que no reincida , haciéndole saber las consecuencias sociales y legales de su conducta.
Artículo 6o. Si el infractor es menor de edad, el juez calificador ordenará inmediatamente su presentación ante el Consejo Tutelar, por conducto de la Policía, de trabajadores sociales o de quienes legalmente tengan bajo su cuidado al menor, a juicio del propio juez. No se alojará a menores en lugares destinados a la detención, reclusión o arresto de mayores de edad.
Artículo 7o. Cuando con una sola conducta el infractor transgreda varios preceptos, o con diversas conductas infrinja distintas disposiciones, el juez calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder los límites máximos previstos por esta Ley para las sanciones de que se trate.
Las faltas sólo se sancionarán cuando se hubieren consumado.
Artículo 8o. Si las acciones u omisiones en que consisten las faltas se hallan previstas por otras disposiciones de carácter administrativo, reglamentarias de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal o de otras leyes, no se aplicarán la presente Ley y su reglamento, y se estará a lo dispuesto por aquéllas.
Artículo 9o. Cuando de la falta cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil, el juez calificador se limitará a imponer las sanciones administrativas que correspondan, pero procurará, interviniendo de oficio conciliatoriamente, obtener la reparación de los daños y perjuicios causados. Si éstos se satisfacen de inmediato, o se asegura convenientemente su reparación, el juez calificador lo tomará en cuenta, en favor del infractor, para los fines de la individualización de la sanción administrativa o de la conmutación y de la suspensión condicional.
Artículo 10. El juez calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta, para el ejercicio de su arbitrio, la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta, las condiciones en que ésta se hubiese cometido, las circunstancias personales del infractor y los antecedentes de éste.
El importe de la multa será de un día a treinta días del salario mínimo general en el Distrito Federal al tiempo de cometerse la infracción.
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
En todo caso, una vez que el juez calificador determine la sanción que corresponda, el infractor podrá elegir entre cubrir la multa que se le fije o purgar el arresto que le corresponda.
Tomando en cuenta lo antes dispuesto, si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o sólo cubriere parte de ésta, el juez calificador la permutará por arresto, que no exceda de treinta y seis horas, considerando equitativamente, para reducir la duración de aquél, la parte de la multa que el infractor hubiere pagado. Esta norma se entiende sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de la conmutación o de la suspensión condicional.
Artículo 11. El juez calificador podrá conmutar la sanción que prevenga el reglamento por amonestación o por otra sanción de menor gravedad, o disponer de plano la suspensión por un año de la ejecución de la impuesta, cuando a su juicio, y por razones de equidad, resulte pertinente hacerlo. Si durante el periodo de suspensión el infractor comete otra falta de las reguladas por el reglamento de esta Ley, se hará efectiva la sanción suspendida, sin perjuicio de la que corresponda a la nueva falta cometida.
Artículo 12. La potestad estatal para la aplicación o la ejecución, según corresponda, de sanciones por faltas al reglamento de policía y buen gobierno, prescribe por el transcurso de seis meses, contados desde el momento de la presentación del infractor ante el juez, o de tres meses, contados a partir de la fecha de la resolución que dicte el juez calificador. En el primer caso, la prescripción se interrumpirá por las diligencias que ordene o practique el juez calificador, y en el segundo por las diligencias que se realicen para ejecutar la sanción. En ambos supuestos, la prescripción se interrumpirá una sola vez. El plazo para que opere la prescripción nunca excederá de un año.
CAPÍTULO II
Órganos
Artículo 13. Compete a los jueces calificadores el conocimiento de las faltas de policía y buen gobierno y la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley. Aquéllos actuarán con la competencia territorial que determinen las normas aplicables, para el conocimiento de las faltas cometidas en la circunscripción respectiva. En caso de duda o conflicto acerca de la competencia territorial, será competente el juez que prevenga.
Artículo 14. Los jueces calificadores contarán con un secretario y con el personal administrativo necesario para el despacho de sus funciones. El secretario ejercerá las atribuciones asignadas legalmente al juez en ausencia de éste. En el desempeño de aquéllas, los jueces girarán instrucciones, por el conducto correspondiente, al personal de la Policía Preventiva que preste sus servicios en la jurisdicción del Juzgado Calificador.
Artículo 15. Para ser juez calificador y secretario de Juzgado Calificador se deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano;
b) Ser licenciado en Derecho con título registrado ante la autoridad correspondiente; y
c) No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional.
Artículo 16. La designación de los jueces calificadores y de los respectivos secretarios corresponde al jefe del Departamento del Distrito Federal, a propuesta en terna que hagan los delegados de la circunscripción dentro de la que aquéllos deban actuar.
Artículo 17. El departamento del Distrito Federal, por conducto de la dependencia que prevenga el Reglamento de su Ley Orgánica, supervisará el funcionario de los juzgados calificadores y dictará, previo acuerdo del Jefe del Departamento, los lineamientos de carácter técnico y jurídico a los que aquéllos deban sujetar
sus actuaciones, para mejorar y uniformar la gestión y los criterios en este sector del servicio público.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Artículo 18. Los agentes de la Policía Preventiva procederán a la detención y a la presentación inmediata de quienes incurran de faltas de policía y buen gobierno, ante el juez calificador que corresponda, sólo en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de falta flagrante y el agente de la Policía Preventiva considere, bajo su más estricta responsabilidad, que es indispensable la presentación del infractor para hacer cesar la falta o en virtud de las circunstancias en que ésta se produzca, tomando en cuenta la preservación del orden público y las condiciones en que se encuentren el infractor o la víctima; y
II. Cuando se trate de falta flagrante y no sea posible obtener la debida identificación del infractor, para asegurar la buena marcha del procedimiento, en los términos del artículo siguiente.
El agente de la Policía Preventiva que practique la detención y presentación deberá justificar la necesidad de éstas ante el juez calificador. Fuera de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, en ningún otro caso se detendrá, por simple falta, al infractor del reglamento de esta Ley.
Artículo 19. Cuando no procedan la detención y presentación inmediata del infractor, conforme a lo previsto en el artículo anterior, el agente de la Policía Preventiva se limitará a extender cita por escrito a aquél, disponiendo que comparezca ante el juez calificador competente, en el lugar en que éste despache oficialmente, en día y hora determinados. En la misma boleta en que conste la cita, se relacionará sucintamente la falta cometida, anotando circunstancias de tiempo, modo y lugar, y asentando los nombres y domicilios de testigos y otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento respectivo. La boleta se levantará por triplicado, conservando un tanto el agente de la Policía Preventiva, entregando otro al infractor y reservando el tercero para entregar al juez calificador que deba intervenir.
El agente de la Policía Preventiva requerirá al infractor bajo su estricta responsabilidad, la exhibición de algún documento de identidad que aquél porte y que lo identifique debidamente y asentará los datos en la boleta a que alude el párrafo precedente.
Artículo 20. Cuando se trate de faltas no flagrantes, sólo se procederá mediante denuncia o querella de los hechos ante el juez calificador, quien, si lo estima fundado, librará orden de presentación del infractor.
Artículo 21. Presente el infractor ante el juez calificador, si éste considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito, dará cuenta inmediata al Agente del Ministerio Público o quien legalmente lo supla en el lugar en que se hizo la presentación. De esta vista se dejará constancia por escrito. El Agente del Ministerio Público resolverá si es procedente el inicio de una averiguación previa penal. De ser así, el juez calificador se abstendrá de conocer y pondrá al infractor, con las constancias y elementos de prueba correspondientes, a disposición del Agente del Ministerio Público. Si éste determina que los hechos no son constitutivos de delito, se actuará conforme a las normas contenidas en los artículos siguientes.
Artículo 22. El procedimiento ante el juez calificador será oral y público, salvo que por motivos de moral u otros graves resuelva el juez que se desarrolle en privado. Radicado ante éste el asunto, el juez hará saber al infractor que tiene derecho a comunicarse con persona que lo asista y defienda, y le permitirá hacerlo si lo desea, fijando un tiempo de espera razonable, con suspensión del procedimiento, para que el defensor o asistente acuda al lugar en que aquél se desarrolla. Concluido el plazo para la presentación de las personas requeridas por el infractor, sea que éstos se presenten o no, continuará el procedimiento. Se actuará en la misma forma cuando el juez estime conveniente la comparecencia de otras personas.
Artículo 23. El juicio en materia de faltas de policía y buen gobierno se sustanciará en una sola audiencia, necesariamente presidida por el juez calificador o por quien legalmente lo sustituya. Oportunamente citará el juez a las personas que deban concurrir a la audiencia. Si el juez lo considera indispensable, podrá disponer la celebración de otra audiencia, a la brevedad posible y por una sola vez, para la recepción de elementos probatorios conducentes a acreditar la falta y la responsabilidad del infractor, su caso. En este supuesto, se pondrá en libertad al infractor y se citará para la nueva audiencia.
Artículo 24. La audiencia se iniciará con la declaración del agente de la Policía que hubiese practicado la detención y presentación o, en su caso, con la toma de nota de las constancias aportadas por aquél o con la declaración del denunciante o querellante si lo hubiere. A continuación se recibirán los elementos de prueba disponibles. Finalmente, se escuchará al infractor, por sí o por medio de su defensor o de la persona que lo asista, o por ambos si aquél lo desea. Enseguida el juez calificador resolverá, fundando y motivando su determinación, conforme a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos aplicables.
CAPÍTULO IV
Disposiciones generales
Artículo 25. Las órdenes de presentación y comparecencia y las citas que se dicten con motivo del procedimiento por faltas de policía y buen gobierno serán ejecutadas o notificadas por medio de la Policía Preventiva. El incumplimiento de los mandatos de la autoridad que
conozca de dicho procedimiento se sancionará en los términos de las normas aplicables.
Artículo 26. En todo lo no previsto por esta Ley y por su reglamento, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en lo conducente, y sin perjuicio de que el juez calificador dicte los acuerdos que estime conveniente para la buena marcha del procedimiento, tomando en cuenta la naturaleza y las características de éste.
TRANSITORIOS
Artículo primero . Esta Ley entrará en vigor a los noventa días de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la expedición del reglamento de esta Ley. Entretanto, se continuará aplicando, en lo que no se oponga a la presente Ley, el Reglamento de Faltas de Policía en el Distrito Federal, del 30 de junio de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio del mismo año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 18 de noviembre de 1983.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
El C. Presidente: - En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal e imprímase.
MINUTA DEL SENADO
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la Minuta Proyecto de Ley de Instituciones de Seguros, que reforma los artículos 55, fracción II, segundo párrafo; 75, fracción VIII; 97, fracción VIII, 135 y 136, fracción I, primer párrafo.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 23 de noviembre de 1983.
Alberto E. Villanueva Sansores, S.S.; Andrés Valdivia Aguilera, S.S."
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Artículo único. Se reforman los artículos 55 fracción II, segundo párrafo; 75, fracción VIII; 97, fracción VIII, 135 y 136, fracción I, primer párrafo, de la Ley General de Instituciones de Seguros, para quedar como sigue:
"Artículo 55 .........................
II. .....................................
Si la reserva fue constituida por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en el caso previsto en la fracción I, inciso c), del artículo 135 de esta Ley, los productos de la inversión de la reserva quedarán siempre en beneficio del reclamante si el cobro resultare procedente, deduciendo de dichos productos el monto de los intereses que haya pagado la institución de acuerdo a la resolución correspondiente, si éste fuere menor; y
................................... "
"Artículo 75. .....................
VIII. Si la institución no constituye, dentro de los diez días de haber sido notificada, las reservas para obligaciones pendientes de cumplir, que se ordenen de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I, inciso c), del artículo 135 de esta Ley; y
.................... "
"Artículo 97. ............................
VIII. Si la sociedad no constituye, dentro de los diez días de haber sido notificada, las reservas para las obligaciones pendientes de cumplir, que se ordenen de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I, inciso c), del artículo 135 de esta Ley; y
................................................... "
"Artículo 135. En caso de reclamación contra una institución o sociedad mutualista de seguros, con motivo del contrato de seguros, deberá observarse lo siguiente:
I. Se deberá agotar el procedimiento conciliatorio, cumpliendo las reglas que a continuación se señalan:
a) El reclamante presentará un escrito ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, con el que se correrá traslado a la empresa de que se trate.
La presentación de la resolución ante la Comisión interrumpirá el plazo establecido en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguros.
b) La empresa de seguros, dentro del término de cinco días contados a partir de aquel en que reciba el traslado, rendirá un informe por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en el que responderá en forma detallada respecto a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, el cual deberá presentarse por conducto de un representante legítimo.
c) Al recibir la reclamación, la Comisión ordenará a la empresa de seguros que, dentro del término de diez días, constituya e invierta la reserva específica para obligaciones pendientes de cumplir, a menos de que a juicio de dicha Comisión fuere notoriamente improcedente dicha reclamación.
d) La Comisión citará a las partes a una junta de avenencia, que se realizará dentro de los veinte días contados a partir de la fecha de recibo de la reclamación; si por cualquier circunstancia la junta no puede celebrarse en la
fecha indicada, se verificará dentro de los ocho días siguientes.
Si no comparece la reclamante, se entenderá que no desea la conciliación y que es su voluntad no someter sus diferencias al arbitraje de la Comisión. Si no comparece la empresa de seguros, se aplicarán las sanciones previstas en la fracción VI de este artículo. Sin embargo, en la audiencia relativa, la empresa de seguros podrá argumentar la imposibilidad de conciliar y su voluntad de no someter sus diferencias al arbitraje.
Si con motivo de no haber comparecido el reclamante a la junta de avenencia, la empresa de seguros solicita autorización a la Comisión para cancelar la reserva que se le hubiere ordenado constituir e invertir conforme al inciso anterior, mediante notificación personal se dará vista al reclamante, a fin de que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga. Una vez concluido dicho plazo, a solicitud de la empresa de seguros la Comisión, en su caso, le autorizará a cancelar la reserva que se le ordenó constituir.
e) En la junta de avenencia se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, y si esto no fuere posible, la Comisión las invitará a que voluntariamente y de común acuerdo la designen árbitro, sea en amigable composición o en juicio arbitral de escrito derecho, a elección de las mismas. El compromiso correspondiente se hará constar en acta que al efecto se levante ante la citada Comisión.
f) Las Delegaciones Regionales de la Comisión tramitarán el procedimiento conciliatorio y, en su caso, el procedimiento arbitral escogido por las partes, hasta la formulación del proyecto de laudo.
II. En el juicio arbitral con amigable composición, de manera breve y concisa se fijarán las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje.
La Comisión resolverá en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a formalidades especiales pero observando las esenciales del procedimiento. No habrá incidentes y la resolución sólo admitirá aclaración de la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres días siguientes al de la notificación.
III. El juicio arbitral de escrito derecho se apegará al procedimiento que convencionalmente determinen las partes en acta ante la Comisión, fijando las reglas para tal efecto; aplicándose supletoriamente el Código de Comercio, con excepción de sus artículos 1235, 1247 y 1296; a falta de disposición de dicho Código, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, salvo lo dispuesto por el artículo 617.
Las notificaciones relativas al traslado de la reclamación, a la citación a la junta de avenencia, de la demanda y del laudo, deberán hacerse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo y surtirán efecto al día siguiente de la notificación.
Con independencia de lo anterior, en el compromiso arbitral de escrito derecho regirán los siguientes términos:
a) Nueve días para la presentación de la demanda, a partir del día siguiente de la celebración del compromiso, así como para producir la contestación a partir del día siguiente del emplazamiento a juicio.
b) La Comisión, dentro de los nueve días siguientes al vencimiento del último plazo señalado en el inciso anterior, dictará acuerdo fijando el término que crea suficiente para el ofrecimiento, admisión, recepción y desahogo de las pruebas, no pudiendo exceder de cuarenta días.
c) Diez días comunes a las partes para formular alegatos.
d) Tres días para los demás casos.
Los términos serán improrrogables y se computarán en días hábiles y las notificaciones que no sean personales se harán a las partes por medio de lista que se fijará en los estrados de la Comisión o de la Delegación Regional correspondiente, y empezarán a surtir sus efectos al día siguiente de que sean fijadas.
Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el procedimiento su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse.
IV. La Comisión tendrá la facultad de allegarse todos los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido en arbitraje.
V. El proyecto de laudo deberá someterse a la consideración del Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, para su aprobación.
El laudo que se dicte sólo admitirá como medio de defensa, el juicio de amparo.
Todas las demás resoluciones en el juicio arbitral de estricto derecho, admitirán como único recurso el de revocación.
VI. El incumplimiento por parte de la empresa de seguros a los acuerdos o resoluciones dictados por la Comisión, en los procedimientos establecidos en el presente artículo, se castigará con multa administrativa que impondrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 50 a 100 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
VIII. El laudo que concede a una empresa de seguros, le otorgará para su cumplimiento un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación; si no lo efectuare, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impondrá a la empresa una multa hasta por el importe de lo condenado, sin perjuicio de la prevista en la fracción siguiente.
VIII. Corresponde a la Comisión la ejecución del laudo que se pronuncie, para lo cual mandará pagar a la persona en cuyo favor se hubiere dictado el laudo, del monto de la reserva constituida e invertida en los términos de la fracción I de este artículo.
Si no fuere suficiente el monto de dicha reserva, la Comisión propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la disposición de las reservas técnicas que la empresa de seguros tenga constituidas en los términos de Ley, a fin de que la propia Secretaría ordene el remate en bolsa de los valores depositados
conforme a esta Ley y si ellos estuvieron afectos a las reservas de la empresa de seguros, ésta deberá reponerlos de acuerdo a lo que establece esta ley para la reconstitución de las reservas.
IX. Si alguna de las partes no estuviere de acuerdo en designar árbitro a la Comisión, el reclamante podrá ocurrir desde luego ante los tribunales competentes."
"Artículo 136. .............................
I. Los tribunales no darán entrada a demanda alguna contra una empresa de seguros si el actor en ella no afirma bajo protesta de decir verdad, que ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros se agotó el procedimiento conciliatorio a que se refiere la fracción I del artículo anterior.
............................................"
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1984.
Artículo segundo. Los juicios arbitrales que al momento de la iniciación de la vigencia del presente Decreto se estén tramitando ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros conforme a lo dispuesto con el texto anterior del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros, se continuarán conforme a lo dispuesto por éste, pero las partes, de común acuerdo, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros que a partir de la fase procesal siguiente a la que se esté desahogando, se apliquen los términos que para el juicio arbitral de estricto derecho señala el artículo 135 que se reforma.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., 23 de noviembre de 1983.
Senador Gilberto Muñoz Mosqueda, Presidente; senador Alberto E. Villanueva Sansores, Secretario; senador Andrés Valdivia Aguilera, Secretario."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECOMENDACIÓN DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Se ruega la atención de los señores diputados. De acuerdo con la práctica establecida para ocasiones similares, se ruega a los CC. legisladores que si en el transcurso de la comparecencia del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, ante esta H. Cámara de Diputados, quisieran externar manifestaciones de solidaridad, adhesión o apoyo al respecto, éstos se podrán efectuar al final de la última intervención. Se extiende esta recomendación a los señores invitados y asistentes.
PRESENCIA DEL LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI
El C. Presidente: - Se encuentra en el salón de recepción de esta H. Cámara de Diputados, el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto. Se designa en comisión para que lo introduzcan a este recinto y lo acompañen cuando desee retirarse a los CC. diputados: Humberto Lugo Gil, Manuel Cavazos Lerma, Ricardo Antonio Govela Autrey, David Lomelí Contreras, Luz Lajous, Crescencio Morales Orozco, Dulce María Sauri Riancho y Juan Vázquez Garza.
Se ruega a la comisión cumpla con su cometido.
De conformidad con la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto.
EXPOSICIÓN DEL COMPARECIENTE
El C. Presidente: - El licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, ha solicitado hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, y se le ruega pase a la tribuna.
El C. licenciado Carlos Salinas de Gortari:
- "C. Presidente de la honorable Cámara de Diputados; ciudadanos diputados; señoras y señores: El Ejecutivo de la Unión ha remitido a esta honorable Cámara, en los términos que fija la Constitución de la República y con plazo más amplios para su mejor análisis los proyectos de Presupuesto y Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio de 1984. Corresponde al secretario de Programación y Presupuesto, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución, dar cuenta de los mismos y, en consecuencia, poner al alcance de este cuerpo legislativo la información necesaria para la atención de sus atribuciones en la materia. Cumplo esta responsabilidad al comparecer hoy ante esta Legislatura que representa democráticamente la voluntad política mayoritaria y la pluralidad ideológica del pueblo de México.
A través de actos concretos, el Presidente Miguel de la Madrid ha fortalecido nuestras instituciones y procesos democráticos. En particular, se ha propuesto impulsar en la práctica el principio de la división de poderes: ha mantenido informado oportunamente al Poder Legislativo sobre la marcha de los asuntos de la administración pública. En este marco, los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto nos hemos reunido en más de treinta ocasiones con los integrantes de comisiones especializadas de ambas cámaras para proporcionar información solicitada. Por
primera vez, se han enviado a la Cámara de Diputados informes trimestrales sobre la marcha de las finanzas públicas y la situación económica. Esta acción política del Presidente de la República, obliga a la más amplia disposición de dar contenido a los propósitos de fortalecimiento y enriquecimiento de las relaciones de colaboración entre poderes.
El reciente debate legislativo sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 ha constituido una clara demostración de estos propósitos en los hechos. Hemos seguido con gran interés las distintas intervenciones que han marcado este debate y que reflejan una ardua y seria labor de análisis en el seno de las comisiones legislativas especializadas, así como la diversidad ideológica y la vitalidad de opinión de esta representación popular. Es de gran importancia el dictamen final de esta Cámara, por su reconocimiento de que - me permito citar - "el Plan es un documento político que define los compromisos básicos del Gobierno con la Nación", y su aprobación asimismo, de los objetivos y estrategias generales del Plan. Existe la más firme voluntad política de atender, en el proceso mismo de instrumentación del Plan, las recomendaciones y sugerencias contenidas en dicho dictamen, en el sentido de presentar en detalle las relaciones inter e intra - sectoriales, precisar los vínculos objetivos - metas - decisiones, especificar compromisos en cifras y fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad para alcanzar los objetivos del Plan.
El Ejecutivo continuará, dentro de nuestra clara división de poderes, llevando a la práctica las leyes emanadas del Congreso. Ubicado en el marco del derecho y con amplia participación en su ejecución, el Sistema de planeación es democrático, y, utilizándolo activamente, el Estado mantiene su responsabilidad en la conducción del desarrollo en nuestro régimen de economía mixta.
La construcción del Sistema Nacional de Planeación Democrática es un proceso en marcha. Este año ha sido de gran actividad en materia de planeación; se han alcanzado ya resultados significativos. Precisión de las políticas, fortalecimiento de la participación y también ajuste operativo de los instrumentos a los lineamientos estratégicos del Plan son las grandes tareas que el Presidente de la República ha fijado para la segunda etapa del proceso de construcción del SNPD durante 1984. Como lo prevé la propia Ley de Planeación, serán los programas operativos anuales y los programas sectoriales - que están actualmente recogiendo mediante un proceso ampliado de participación los temas que más interesan a la población y que serán dados a conocer durante el primer trimestre de 1984 -, los que establezcan con detalle las metas, las acciones concretas y los tiempos precisos. El documento "Criterios de la Política Económica para 1984", que el titular del Ejecutivo remitió al acompañar las iniciativas de Ingreso y del Presupuesto de Egresos, es parte precisamente de esa concepción. El Plan, como definición de propósito y marco de estrategia, da consistencia y perspectiva cierta a los programas. Es la única manera de que la suma de partes y de los esfuerzos particulares nos lleve al todo que deseamos. Esto permite que, a la vez que el Plan permanece a lo largo de la Administración, puedan irse incorporando modificaciones e incluso nuevas prioridades sectoriales y regionales, surgidas de la consulta popular y, en forma destacada, aquéllas propuestas por el Congreso de la Unión.
Por primera vez tratándose de un segundo año de Gobierno, el proyecto de presupuesto del Sector Público, se deriva de un Plan Nacional de Desarrollo y se enmarca en un Sistema de Planeación en proceso de consolidación. La perspectiva económica y social que encuadra este proyecto permite aclarar las relaciones que guarda con el Plan Nacional de Desarrollo.
Al inicio de la presente administración, el país se encontraba en una situación de emergencia. Existía el grave riesgo de que el deterioro económico se tornara más severo, adquiriera rasgos de irreversibilidad y afectara la estabilidad social. Frente a esta problemática, el 1o. de diciembre de 1982 el Presidente de la Madrid hizo un diagnóstico de la situación, puso en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica y anunció el compromiso de enfrentar la crisis con visión transformadora. El combate a la inflación y el menor acceso al endeudamiento externo han significado un esfuerzo extraordinario de austeridad y también un fuerte sacrificio para el país. Sin embargo, la opción de continuar con la inercia de la crisis o de contemporizar con ella hubiera significado un costo mayor.
Con el esfuerzo de reordenación, la inflación, aunque todavía, alta, viene bajando. Los crecimientos del mes de septiembre y del mes de octubre de 1983 muestran que, cuando no se acumulan en un lapso breve ajustes excepcionales de precios y tarifas, la inflación crece ya a una taza anualizada de alrededor de 45%. Esta es la situación actual del piso inflacionario de la economía: la tercera parte que al inicio del año. Se han mantenido los niveles de producción y de empleo en el sector industrial en relación con los de diciembre pasado. El sector agropecuario ha mostrado un desempeño favorable. Se ha revertido el proceso de desintermediación financiera y viene aumentando en términos reales el ahorro interno en moneda nacional. Se ha avanzado decididamente en el saneamiento de las finanzas públicas, alcanzándose las metas fijadas; se ha controlado la grave inestabilidad cambiaria de fines de 1982 y el mercado dual de cambios ha permitido fomentar las exportaciones y canalizar las divisas disponibles hacia las transacciones prioritarias para el funcionamiento de la economía.
De no haberse adoptado con firmeza hace un año las difíciles decisiones que la realidad exigía, la situación económica y social del país sería hoy en día caótica. Midamos en
consecuencia, los avances contra los riesgos ciertos y no sólo contra metas integradas en los momentos de mayor incertidumbre. De no haberse actuado, la espiral especulación - devaluación - inflación hubiera llevado rápidamente al tipo de cambio a niveles de por lo menos 250 - 300 pesos por dólar para mediados de 1983, montos a los que se cotizaba nuestra moneda a fines de 1982 en el mercado de futuros. La inflación, que anualizada en el último trimestre de 1982 había alcanzado ya 150%, se hubiera disparado a niveles superiores al 200%. El costo en términos de pérdida permanente del poder adquisitivo de los salarios, de concentración del ingreso y agudización de las desigualdades sociales hubiera sido extremo. La caída del producto nacional hubiera sido muy acentuada, más que duplicando la que se observará efectivamente este año, como lo demuestra la tendencia a la baja de segundo semestre de 1982, que fue del orden de una tasa negativa del 7%.
La imposibilidad de reestructurar la deuda externa hubiera dislocado nuestras relaciones económicas con el exterior, llevando a la suspensión unilateral de pagos y a una dinámica de acontecimientos graves para la soberanía nacional. La falta de divisas hubiera asfixiado el aparato productivo y provocado una serie masiva de quiebras. El desempleo, que se duplicó en 1982 hubiera por lo menos mantenido su tendencia al deterioro y alcanzaría hoy alrededor del 15%: con esa situación más de tres millones de mexicanos hubieran estado desempleados en este momento.
Por ello, podemos afirmar con certeza que, si bien el combate de la crisis ha tenido un costo, el no atacarla de raíz o haber pretendido sólo moderarla, hubiera provocado una situación de gravedad sin precedente en el país. La inercia de la crisis hubiera puesto en el riesgo la soberanía de la Nación y la viabilidad misma de las instituciones democráticas. Por lo contrario, los resultados logrados ante los riesgos señalados y frente a las metas establecidas muestran que hay avances firmes e inseparables en los aspectos reales y financieros de nuestro desarrollo. La política seguida, a la vez que ha atacado las raíces del problema, ha permitido mantener nuestro régimen de libertades y reafirmar la fortaleza del país.
En 1984, el contexto internacional seguirá siendo adverso. Aun cuando se manifiestan signos de reactivación económica en algunos grandes países industrializados, esta recuperación aparece aún como parcial y frágil. La mayoría de los países desarrollados no han alcanzado aún resultados suficientemente firmes en materia lucha contra la inflación y estabilidad externa y se enfrentan a fuertes rigideces en su estructura productiva: no son estas condiciones óptimas para su crecimiento. Los países socialistas están severamente afectados tanto por dificultades económicas internas, como por el replanteamiento de sus relaciones comerciales y financieras con el mundo occidental.
Por su parte, los países en desarrollo se encuentran en una situación de estancamiento socialmente lacerante; en particular América Latina, la región más afectada por el alza en las tasas de interés y la contratación de los mercados de exportación.
Atraviesa en su conjunto por uno de los periodos más dramáticos de su historia moderna. La región tuvo en 1982 un crecimiento negativo de casi dos puntos. Para 1983 se estima una caída adicional de otros tres puntos; una probable agudización de la crisis de endeudamiento en la mayoría de los países de la región hará que en 1984 sea un año aún peor. Se estima que el consumo per cápita de alimentos en América Latina ha caído de 15 a 20% en promedio en los últimos dos años. Para países que, a diferencia de México, no tuvieron un fuerte crecimiento económico durante la década de los '70, la situación actual significa una involución de diez años. En materia de ingreso y bienestar, la mayoría de los pueblos de América Latina parecen hoy estar desandando el camino que difícilmente habían ya recorrido.
En 1984, los factores que más directamente afectan la evolución coyuntural de la actividad económica en México seguirán siendo poco favorables, aunque probablemente menos que en 1983. Las tasas internacionales de interés permanecerán altas. No es de esperarse una recuperación del mercado internacional de hidrocarburos. El mayor dinamismo relativo de los países industrializados constituirá un aliento moderado para nuestras exportaciones no petroleras; sin embargo, seguirá el proteccionismo en los hechos. Parece paradójico que no se comprenda que la solución de los problema financieros internacionales está en gran medida, en una mayor participación de los países en desarrollo en las corrientes mundiales de comercio.
En un contexto internacional que sigue siendo adverso y con una crisis interna sujetada a control pero aún no vencida, 1984 será un año muy delicado para la conducción de la política económica y social. Como lo anunció el Presidente de la República desde su discurso de toma de posesión, el esfuerzo de reordenación deberá mantenerse por segundo año consecutivo durante 1984. No se puede relajar el esfuerzo porque aún no se recupera la estabilidad indispensable para restablecer sobre bases más sólidas y justas la capacidad de desarrollo.
Como lo señala el documento de "Criterios Generales de Política Económica para 1984", en ciertos aspectos, este segundo año de reordenación será más leve que el primero, pero en otros será más difícil. Más ligero, porque los ajustes serán proporcionalmente menores que los ya realizados: la inflación está cediendo; el poder adquisitivo de los salarios no se seguirá deteriorando; la actividad económica empezará a recuperarse en la segunda parte del año. Y más pesado, en tanto se trata de realizar un esfuerzo adicional por encima de lo ya realizado y se requiere de una mayor precisión y afinación en el manejo de los instrumentos de la política del desarrollo. 1984 exigirá
rigor, perseverancia, austeridad y un esfuerzo solidario de la Nación.
El año próximo el propósito central seguirá siendo el combate a la inflación. Una recuperación económica, en condiciones de alta inflación, sería transitoria; inevitablemente habría una posterior recaída. Sin embargo, se reconoce la existencia de un piso inflacionario, que va cediendo gradualmente conforme se abaten inercias, rezagos y expectativas, por debajo del cual es difícil pretender situarse de inmediato sin caer en una espiral deflacionaria. Se han evaluado con cuidado los márgenes disponibles en el manejo de los instrumentos de política para evitar una prolongación de la recesión o la perpetuación indefinida del estancamiento. El año próximo la política económica persigue un delicado equilibrio entre el abatimiento de la inflación y la posibilidad de recuperar el crecimiento sostenido.
En forma paralela a la lucha contra la inflación, se reafirma el propósito de defensa del empleo y de la planta productiva, tanto para reducir el costo social del ajuste como para conservar la flexibilidad que otorga, al momento de reactivar la economía, el haber preservado la capacidad de respuesta del aparato productivo. Asimismo, para poder reencauzar el desarrollo del país de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el año próximo será crítico para darle mayor énfasis a la estrategia de cambio estructural y adoptar las decisiones fundamentales al respecto que están aún pendientes.
En el contexto anterior, la política de gasto público será durante 1984 un instrumento fundamental para consolidar los esfuerzos de reordenación económica y para inducir, en su ámbito, el cambio estructural deseado. Diez puntos sintetizan la estrecha relación que guarda con el Plan Nacional de Desarrollo el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984:
1. Énfasis a la equidad dentro de la austeridad. El proyecto de presupuesto para 1984 sigue siendo austero. El gasto total asciende a 11.7 billones de pesos, casi 50% más que en 1983: se mantiene, en consecuencia, en términos reales y, por lo tanto, permanece la austeridad. Las rigideces en el gasto, resultantes en particular de la carga de la deuda, seguirán siendo muy altas; las amortizaciones se elevan a casi un billón y medio de pesos; el pago de intereses representa 2.8 billones, 10.1% del ingreso nacional; las participaciones a estados y municipios se elevan a 806 mil millones de pesos. Junto con servicios personales y generales, representan una parte atada del gasto de cerca del 60% del total: este porcentaje da una medida de las rigideces actualmente existentes en el manejo del presupuesto.
Dentro de la austeridad general y a pesar de las rigideces la estructura del presupuesto tiene una clara orientación social. Busca al máximo mantener o crear fuentes de trabajo, mediante la reorientación de la inversión pública hacia sectores intensivos en el uso de la mano de obra, la canalización hacia adentro de las compras del Sector Público y programas emergentes de empleo; permite asegurar el abasto de alimentos básicos y defender el consumo popular; asegura prioritariamente niveles adecuados de cobertura en la atención de servicios sociales básicos, particularmente en materia de educación y salud.
2. Financiamiento sano del gasto y prioridad a la lucha contra la inflación. En la fijación del monto total de gasto, se adoptó como criterio básico que el financiamiento del déficit público no signifique un endeudamiento externo excesivo, un crecimiento inflacionario de la base monetaria y/o un desplazamiento de la demanda de crédito de los sectores social y privado. Las mejores estimaciones disponibles muestran que un déficit público de 5.5% del PIB satisface ese criterio durante 1984. De esta forma, la parte del gasto público que se va a financiar con endeudamiento sigue cayendo: de cada peso de gasto público, 35 centavos correspondían a deuda en 1982, lográndose abatir a 16 en 1983 y será de sólo 12 en 1984; es decir, el año próximo 88 centavos de cada peso de gasto provendrán de recursos propios.
El gasto programable del Sector Público se eleva a un poco más de 6.5 billones de pesos y crece en cerca del 50% respecto al esperado en 1983, es decir al mismo ritmo que la inflación promedio; en relación al PIB se situará en alrededor del 24%. Se mantiene en consecuencia el gasto en términos reales y la prioridad a la lucha contra la inflación.
Se continuará abatiendo el gasto corriente, reduciendo su participación en el PIB en casi dos puntos. Asimismo, las transferencias gubernamentales aumentarán sólo 35%, disminuyendo su participación en el gasto total en cuatro puntos.
Esto se logrará en gran medida a través de la eliminación de subsidios que no contribuyan directamente a las prioridades nacionales ni beneficien claramente a los grupos sociales más desfavorecidos. En 1983 hemos frenado el proceso de desahorro público. Y en 1984 se espera duplicar el ahorro corriente registrado el año anterior y alcanzado 1.5 billones de pesos o, de manera equivalente, casi seis puntos del PIB y elevándose en más de diez puntos la participación del ahorro en el financiamiento de la inversión.
3. Apoyo a la recuperación de la actividad económica. El programa de inversiones públicas crecerá en más del 55% respecto a 1983; y la presupuestal, que incluye el Programa de Emergencia del Empleo, ascenderá a casi 2 billones de pesos, y representa un crecimiento anual de 61%, mayor que el de la inflación. El crecimiento real de la inversión pública contribuirá a apoyar la recuperación de la actividad económica.
Paralelamente, se propone por primera vez la incorporación de una reserva presupuestal equivalente a un punto del PIB para apoyar, si existen recursos internos no inflacionarios disponibles, la recuperación económica del país
a través de una mayor asignación del gasto público, principalmente de inversión. Con esta reserva se busca alcanzar el delicado balance entre el propósito central de combate a la inflación y la necesidad de evitar que la recesión económica se prolongue indefinidamente y pueda afectar de manera irreversible la capacidad productiva.
4. Defensa del empleo. El proyecto de presupuesto de 1984 busca prioritariamente proteger el empleo. La inversión pública se seguirá orientando en mayor medida hacia dos sectores más intensivos en el uso de mano de obra; en particular comunicaciones y transporte y desarrollo rural. Se mantiene el programa emergente de empleo con una asignación de 150 mil millones y una creación estimada de 300 a 400 mil empleos. Paralelamente, se fortalece la estrategia de reorientación hacia adentro de las compras del Sector Público para defender la planta productiva nacional y en consecuencia, el empleo. El contenido importado del gasto público seguirá bajando para situarse el año próximo en 11% solamente del total; por otra parte, se anunciará en los primeros meses del año próximo el programa consolidado de adquisiciones del Sector Público, simplificándose trámites y otorgándose prioridad a los proveedores nacionales con mayor grado de integración.
5. Abasto y defensa del consumo popular. El proyecto de presupuesto para el año próximo busca asegurar el abasto de alimentos básicos y facilitar su acceso por parte de las mayorías, mediante el apoyo a la producción en el medio rural, la consolidación en los procesos de transformación y comercialización y la canalización selectiva de subsidios. Así, los renglones de desarrollo rural, pesca y abasto absorberán en 1984 una quinta parte del gasto programable, contra el 18% en el quinquenio anterior, haciéndose un esfuerzo adicional para elevar la prioridad presupuestal otorgada a la alimentación.
6. Atención a los servicios sociales básicos. Se busca asegurar prioritariamente niveles adecuados de cobertura en la atención a los servicios sociales básicos, particularmente en materia de educación y salud.
Así, los renglones educación, salubridad y seguridad social absorberán en este año el 23% del gasto programable y aumentarán su participación en 1984.
Se hace así un esfuerzo adicional para aumentar la prioridad dada a la provisión de servicios básicos y la promoción del desarrollo social. Se dará prioridad al mantenimiento de la infraestructura existente y a la elevación de la calidad de los servicios.
7. Fortalecimiento de la participación estatal en áreas estratégicas y prioritarias. Ello implica una revisión y replanteamiento de la asignación del gasto público, especialmente en el sector industrial y de energéticos: se busca una mejor articulación entre los sectores productivos que maneja el Estado y el sector industrial nacional por un lado y, por el otro, avances firmes en productividad al interior del sector paraestatal.
En este marco, los sectores de energéticos e industrial disminuyen el año próximo su participación en el gasto programable en casi tres puntos. Esto significa que los esfuerzos se orientan a un aprovechamiento más eficiente de la capacidad instalada o a un mejoramiento de la productividad, restringiendo la ampliación de capacidad a proyectos en curso o a casos especiales. En la estructura del gasto programable del sector paraestatal, se continúa el esfuerzo para disminuir la importancia relativa del gasto corriente; en 1984 éste aumenta en 39% contra 49% para el gasto de inversión.
El sector energéticos recibirá el 26% del gasto programable disminuyendo su participación respecto a '83. En particular, la inversión en PEMEX se sitúa en más de 552 mil millones de pesos, nivel adecuado para abastecer el mercado interno y mantener la plataforma de exportación.
El sector industrial paraestatal recibirá en 1984 una proporción menor del gasto programable, que este año.
Se consolidará plenamente la participación del Estado en áreas prioritarias, avanzando en el saneamiento financiero y la integración. productiva de las empresas públicas.
8. Fortalecimiento de la infraestructura básica del país. En el proyecto de presupuesto que se presenta, se mantiene la importancia relativa del sector de comunicaciones y transportes con una asignación de cerca de un décimo del gasto programable y el 13.5% de la inversión presupuestal. Este sector reúne características que justifican el apoyo presupuestal: promueve en forma inmediata el empleo de mano de obra que utiliza en forma intensiva, mejora la infraestructura en esta área estratégica, y sienta bases para una mayor integración económica, social y territorial del país.
9. Promoción del desarrollo regional en el marco del fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre. Se han consolidado los programas de desarrollo regional, de desarrollo urbano y ecología, emergentes de empleo y las participaciones federales a los estados, como parte de una instrumentación decidida de la estrategia de descentralización de la vida nacional: los montos globales pasan de 700 mil millones en 1983 a más de 1.2 billones en 1984, lo que representa un aumento de 70%. Estos recursos serán utilizados para ejecutar en los estados y municipios proyectos en áreas productivas, en infraestructura básica y de apoyo para el desarrollo social. Se canalizarán 80 mil millones a las distintas entidades federativas a través del Convenio Único de Desarrollo. Asimismo, el proyecto de presupuesto contiene recursos por 20 mil millones para la realización de obras prioritarias previstas en los programas regionales estratégicos del sureste, del Mar de Cortés, de las zonas áridas y los planes estatales especiales de Chiapas y de Colima, próximamente con la puesta en marcha del programa de la frontera norte. Por primera vez, se define el apartado regional como sector económico y
se crea el ramo XXVIII, de participaciones a estados, para facilitar una visión integrada de los apoyos presupuestales al desarrollo regional.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1984 se eleva a 377 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 70% en relación con 1983. Los recursos disponibles se orientarán a equilibrar y mejorar la distribución de servicios, dando mayor énfasis en zonas marginadas de la capital. Se otorga prioridad al abastecimiento suficiente de agua potable y al transporte colectivo. Se fortalecerán las acciones de tratamiento de aguas negras y de adquisición de reservas territoriales; se seguirá apoyando la autoconstrucción de viviendas y se atenderá la conservación y mantenimiento de la infraestructura existente en la ciudad.
10. Eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público. Como en 1983, el ejercicio del gasto se apegará estrictamente durante 1984 a los montos autorizados por esta Cámara. Para facilitar su posterior seguimiento, se ha cuidado que exista para el año próximo una adecuada vinculación entre las estructuras de presentación del presupuesto y de la cuenta pública. Asimismo, atendiendo la solicitud que nos fue formulada por esta Cámara, se incluyen dos empresas adicionales al control presupuestal, Altos Hornos de México y Fundidora de Monterrey.
La instauración del servicio civil de carrera persigue, hacia adentro del Sector Público, promover ascensos en base a méritos y niveles adecuados de capacitación y, hacia afuera, asegurar un servicio eficiente para el usuario. En 1984, se impulsarán los trabajos de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, creada durante este año para este propósito.
Por otra parte, se busca el equilibrio adecuado entre control y desregulación para asegurar conjuntamente honestidad y eficiencia en el ejercicio del gasto. Se seguirá vigilando el cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables al Sector Público Federal, se simplificarán y agilizarán las modalidades de contratación del Sector Público a partir de la revisión actualmente en curso de la Ley de Obras Públicas. Se ha desarrollado y está en proceso de instrumentación un sistema integrado de control, fiscalización y evaluación. Paralelamente se impulsarán vigorosamente programas de simplificación de trámites y desregulación en todos los casos donde sea conveniente, abatiendo el burocratismo, el reglamentarismo excesivo y la supervisión asfixiante, hacia adentro y hacia afuera.
Señores diputados: La elaboración y discusión del proyecto de presupuesto es una ocasión privilegiada para confrontar necesidades por atender con recursos disponibles y, por lo tanto, para precisar prioridades efectivas en la conducción de la política económica. El proyecto de presupuesto para 1984 ratifica la decisión de mantener el ritmo de combate a la crisis para vencer la inflación, proteger el empleo y defender el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Gracias a los avances realizados en este año, durante 1984 se moderará con sentido social la austeridad económica. Paralelamente se avanzará de manera decisiva en la introducción de los cambios estructurales que permitirán crecer sobre bases de permanencia, eficiencia y mayor justicia. 1984 puede - y debe - ser el año de consolidación de la reordenación y de cambio hacia una nueva y mejor etapa de nuestro desarrollo.
Permítanme reiterar que en la renovación del régimen dentro del movimiento de la Revolución está el programa: fidelidad a sus principios originales; reformas a la Constitución; lenguaje directo y actualizado; fortalecimiento de las bases de sustentación del Estado; combate a fondo de la crisis y cambios estructurales y cualitativos.
Asimismo, que en la reordenación revolucionaria de la economía está el camino: cumplir el mandato democrático y enfrentar la crisis sin romper el consenso ni abandonar la responsabilidad social; sentar bases para el porvenir y no sólo corregir los errores del pasado; y lograr reducir la duración del tiempo que tome el ajuste, pues con medidas severas puede, con mayor rapidez y firmeza, salir México, más rápido, adelante.
Les reitero, señores diputados, mi mejor disposición para atender los requerimientos de información y las preguntas que deseen plantear, con motivo de estas iniciativas del Ejecutivo de la Unión. Muchas gracias.(Aplausos.)
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El C. Presidente: - Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, varios CC. diputados han manifestado su deseo de hacer a usted algunas preguntas en relación con los presupuestos de egresos.
Voy a dar lectura a los nombres de los CC. diputados y a la fracción parlamentaria a la que pertenecen:
José Eduardo Pacheco Durán, PRI; Luis J Prieto, PAN; José Encarnación Pérez Gaytán, PSUM; Oscar Ramírez Mijares, PRI; Enrique Alcántar Enríquez, PDM; Mariano López Ramos, PST; Jesús Luján Gutiérrez, PPS; Sergio M. Beas Pérez, PRI; Francisco Ortiz Mendoza, PPS; Raúl López García, PST; Ignacio Vital Jáuregui, PDM; Julieta Guevara Bautista, PRI; Iván García Solís, PSUM; Juan José Hinojosa, PAN e Irma Cué de Duarte, PRI.
Tiene la palabra el C. diputado José Eduardo Pacheco Durán.
El C. José Eduardo Pacheco Durán: - Señor secretario: Los diputados de la mayoría priísta se sienten satisfechos por su asistencia, que en acatamiento a una disposición constitucional comparece ante esta representación popular para dar respuesta a diferentes cuestionamientos que son preocupación de todos
los mexicanos y que esperan en su respuesta y en sus explicaciones, una acción de correspondencia y reciprocidad a la confianza que han depositado en el Gobierno de la República y que ha hecho posible para todos hacer más llevadera esta situación que vivimos.
No cabe duda, señor secretario, que el régimen ha ejercido su mandato en un clima de paz social y de libertad, no ha hecho uso para ello de las armas, ni de cuerpos represivos, ni ha restringido las libertades, porque ha contado con el apoyo de las grandes mayorías que son las que menos responsabilidad tienen de la situación que vivimos, porque no fueron las que tuvieron la administración de las finanzas ni son propietarios de los grandes capitales que, lejos de ayudar al país con sus recursos, los desplazaron hacia el extranjero en una actitud egoísta y poco patriótica.
Son estas mayorías integradas por las clases medias populares, los campesinos y los trabajadores y fundamentalmente estos dos últimos, quienes han sufrido en mayor medida los embates de la crisis, a los que no se puede pedir más sacrificio porque casi todo lo que poseían lo han perdido, y es con estas mayorías, señor secretario, con quienes tenemos el compromiso más grande para hacerles menos pesada la carga y para irles restituyendo el patrimonio que han perdido por ayudar a la patria.
Sentimos que el Gobierno de la República así lo entiende y por eso vemos que con el propósito de superar la crisis económica que padecemos y combatir la inflación como el principal flagelo que enfrenta el país, de los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, así como de las exposiciones de motivos de las iniciativas de Ley e Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del propio año, y del proyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes, se aprecia congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, como lo dispone, claro está, la Ley de Planeación al considerar como objetivo de máxima prioridad - y usted lo ha dicho hoy -, el defender el nivel de vida de las mayorías nacionales, integradas por los trabajadores, los campesinos y las clases medias populares, mediante la protección del salario y atención prioritaria a los programas de desarrollo social.
Lo anterior, aparejado a la busca de protección al empleo y a la planta productiva. Para ello se establece como lineamiento de política económica en 1984 proteger el salario real promedio, buscando que conserve su nivel con una negociación salarial acorde con la inflación del próximo año, que esperamos, según se ha expresado, sea de alrededor del 40%. Pero no podemos soslayar y mucho menos ignorar y dejar de sentir el grave deterioro salarial sufrido en el año de 1983 con una inflación anual del 80% aproximadamente, lo que reclama indiscutiblemente una política para atenuar sus efectos.
Considerando lo anterior, de la opinión emitida por esta soberanía sobre el Plan Nacional de Desarrollo, se desprende la necesidad de tomar medidas para que no sea golpeada aún más la economía y el nivel de vida de las clases populares, para lo cual se sugirió ampliar la desgravación fiscal sobre el consumo de artículos de carácter básico para la vida de los mexicanos que les permita una existencia, si no confortable, al menos digna, como lo son productos como la ropa, el calzado, los útiles escolares, medicinas y alimentos; sobre los cuales, todos sabemos, pesa al Impuesto sobre el Valor Agregado, IVA, que más parece beneficiar al comerciante honesto que al erario público y mucho menos al pueblo de México.
Asimismo, señor secretario, aun cuando el desempleo afectó a la fuerza de trabajo del país, se evitó su disparo a niveles que pudieran provocar una situación económica más desesperante. La tasa de desempleo, según la información que se nos ha proporcionado, se mantuvo entre el 8 y 9%, y se busca que no aumente; eso, mediante la creación de empleos temporales y la protección de la planta productiva para que recupere su capacidad de generar empleos permanentes.
Los mexicanos tienen interés en saber cómo será protegido su salario; cómo será protegido su poder adquisitivo y su nivel de vida; cuál es la protección que se le da a la planta productiva y cuándo el pueblo mexicano comenzará a sentir los efectos positivos de esta protección. Para ello, señor secretario, le formulo las siguientes preguntas.
¿Cuáles son las medidas antiinflacionarias que en forma concreta e inmediata se adoptarán en los programas anuales a realizar durante el año de 1984?
Para cumplir con el mandato constitucional en el sentido de que el salario mínimo sea suficiente para atender las necesidades de la familia. ¿Qué medidas concretas se adoptarán para que los salarios no sean rebasados por la inflación y puedan conservar su poder adquisitivo, así como reponer la capacidad de compra perdida a consecuencia de la inflación habida en 1983, que es la que ahora nos afecta, y no la de 1984, aun cuando sin duda nos afectará en el futuro?
¿Cuáles son las medidas específicas de protección al empleo y a la planta productiva, y cuándo se estima comenzará a crear empleos permanentes la planta productiva?
Respecto a la última pregunta que le formularé, señor secretario, cabe un señalamiento previo: el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, en su pasada comparecencia, dio respuesta a una pregunta sobre este tema que es respecto al IVA, pero sentimos que se amerita una explicación más amplia porque no planteamos la desgravación del IVA en términos totales, sino que la estamos planteando respecto a ciertos productos de consumo que consideramos básicos para el pueblo mexicano, y el cuestionamiento es el siguiente: si la desgravación de esos productos no sería más beneficioso para la Nación - que daría como consecuencia ampliar el poder adquisitivo de las grandes mayorías -, que la recaudación tributaria que se logra con ellos.
La pregunta es: ¿Cuáles son las razones para no desgravar del IVA a productos de consumo básico como la ropa, el calzado, las medicinas, los suéteres escolares y los alimentos, que cada día se encuentran más lejos del alcance de las clases populares que constituyen la mayoría del pueblo mexicano. Gracias.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Con mucho gusto, señor diputado Pacheco Durán. Recojo con particular satisfacción el señalamiento que la diputación de mi partido, el Revolucionario Institucional hace sobre la congruencia que se observa entre el Plan de Desarrollo y el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1984. Efectivamente, como usted lo destaca, no hay mayor preocupación en el presupuesto que atender las cuestiones sociales del desarrollo. Si la prioridad, como lo dijo el Presidente de la República desde su campaña, es el hombre, en consecuencia la acción sobre las cosas y los objetos tienen que adquirir un papel secundario y complementario frente a esta prioridad fundamental de esencia que es el ser humano. Por ello, el presupuesto, reconociendo que tiene que dar una lucha efectiva contra la grave crisis real y financiera que vive nuestro país reconoce que en ese combate puede haber prioridades de contenido social y eso es lo que se hace cuando los recursos principales se canalizan como se observa en las tasas de crecimiento más altas hacia el campo hacia la salud hacia la educación hacia la infraestructura básica por el empleo que genera.
Usted ha señalado señor diputado Pacheco Durán como preocupación fundamental las medidas antiinflacionarias que se van a llevar a cabo en 1984 y de ello deriva la reflexión de por qué, por qué el combate a la inflación debe continuar siendo la prioridad fundamental un combate a la inflación con contenido social, ¿por qué debe ser la prioridad? Es que no cabe duda, la experiencia de otros países nos lo ha demostrado, la situación de México en particular, así se ha encargado de demostrarlo, que cuando la inflación llega a niveles como a los que llegó nuestro país a fines del año pasado, a alcanzar lo que se ha denominado a tasas hiperinflacionarias, no hay manera de que los salarios puedan crecer por arriba de los precios. Se deteriora, en consecuencia, el ingreso y además esa situación es de una inflación disparada y descontrolada, necesariamente afectan las decisiones sobre los procesos de inversión y, en consecuencia, la imposibilidad de generar los empleos adicionales que se requieren. Así que, deterioro al ingreso, abate el empleo y finalmente erosiona las bases y raíces de la solidaridad social; genera irritación, alienta comportamientos especulativos y no cabe duda que por la incertidumbre que introduce, impide la introducción de los cambios cualitativos que requiere el desarrollo. Es por eso que no cabe duda que a quienes más afecta la inflación, son los que piden al Gobierno que la combata más a fondo: los campesinos, los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, incluso los pequeños y medianos empresarios, que exigen que se elimine este auténtico problema que corroe las bases no sólo del crecimiento económico, sino el desarrollo social y armónico de la sociedad.
En 1984, los diversos instrumentos de la política del desarrollo, van a actuar en forma coordinada y sostenida para lograr una meta de inflación de 40% a tasa anual. Y se va a actuar en ambos frentes tanto fortaleciendo la oferta como haciendo un manejo de la demanda más acorde con nuestra capacidad de producción.
¿Qué vamos a hacer por el lado de la oferta?, es decir, ¿qué vamos a hacer para que el país mantenga su capacidad de producción y pueda satisfacer la demanda que enfrenta? En primer lugar, hay un programa en marcha de protección y aliento a la planta productiva; el cuál ha permitido que a pesar del ajuste tan severo de 1983 no se haya resquebrajado el aparato productivo nacional.
En segundo lugar, el gasto público se está reorientando hacia adentro. En años anteriores hubo ocasiones en algunas empresas paraestatales, de cada peso que gastamos, 70 centavos se importaban. En 1984 por cada peso que gaste el Sector Público sólo 11 centavos va a importar. O lo que es lo mismo, 89 centavos van a canalizarse hacia el interior del país, de cada peso que gaste, y en consecuencia eso será un elemento adicional de aliento a al producción.
Hay otro elemento innovador que va a permitir fortalecer la oferta del Presupuesto de Egresos para '84, y ese elemento es la reserva de 1% del producto nacional, que estamos solicitando a la Cámara de Diputados apruebe, con objeto de enfrentar contingencias e incluso si las condiciones así lo permiten, durante el segundo semestre del año, apoyar la recuperación una vez que estemos convencidos que la inflación está sujeta y francamente declinante.
Hay, además, con el manejo de la política cambiaria, aliento a las exportaciones, es decir, tenemos que usar el mercado externo por incierto que éste sea, con objeto de colocar más ventas producidas en el interior del país, y que no sean sólo sobrantes del mercado nacional, sino resultado de una auténtica planta industrial dedicada a la exportación.
Debemos fortalecer el mercado interno, de eso nos cabe la menor duda, pero debemos también aprovechar con dinamismo y efectividad, el mercado de exportación; la política cambiaria lo alienta, el proceso de simplificación de trámites y desburocratización para los procesos de exportación también lo está alentando.
Otro elemento de protección y aliento a la oferta está precisamente en una de las preocupaciones que usted señalaba, señor diputado Pacheco Durán, en la protección al salario, es decir el consumo que hacen la mayoría de los mexicanos, que deben tener capacidad para ejercer poder de compra.
Otro elemento de apoyo fundamental a la planta productiva va a ser la baja en las tasas
de interés que ya se ha iniciado este año, y que se conservará durante 1984 dado que la inflación también irá para abajo. En consecuencia, el ahorrador no perderá rendimientos reales en sus ahorros , estará alentado a canalizar recursos y en pesos a través de la banca mexicana, y al mismo tiempo el inversor enfrentará un costo mucho menor.
Los ajustes menores en precios y tarifas también coadyuvarán a una mejor organización de la planta productiva. Así que hay acciones específicas del lado de la oferta, que nos van a permitir apoyar a la planta productiva y, en consecuencia, tener la capacidad de producción que el país requiere para poder satisfacer la demanda y, en consecuencia, crecer sin inflación.
Pero decíamos que los instrumentos del desarrollo del combate contra la inflación no sólo van a ver aspectos del lado productivo, sino necesariamente tienen que considerar la otra parte que está íntimamente relacionada a ellos; la demanda. Ahí, del lado del Sector Público, en la medida que lograremos reducir dos o tres puntos más del ingreso nacional con un financiamiento sano, podremos simultáneamente hacer que la inversión pública crezca en términos reales.
A pesar de las rigideces que contiene el presupuesto, que me permití enfatizar en la presentación inicial, se ha podido hacer un gran esfuerzo para hacer que la inversión pública contenida en el presupuesto crezca más que la inflación, y de aprobarse la reserva del 1% sujeta a su consideración, el crecimiento de la inversión pública será mucho mayor y, en consecuencia, habrá un fuerte o importante jalón de demanda del lado del Sector Público, del lado del consumo privado, en la protección al poder adquisitivo de los salarios habrá un elemento muy importante y el fomento al ahorro privado jugará el papel complementario.
Creo, además, que en el combate a la inflación juegan un papel fundamental las expectativas que la comunidad tiene sobre los aumentos de precios. En la medida que la comunidad se va convenciendo de que a pesar de que los precios siguen creciendo, lo hacen y lo seguirán haciendo a una tasa menor; en esa medida van confirmando sus expectativas de que la inflación - aunque está presente - va para abajo. Y en esa medida, ya no harán compras anticipadas, ya no tendrán que crear inventarios adicionales y algunos seguramente, ojalá, pierdan en sus actividades especulativas.
En consecuencia, con este manejo agregado de la oferta, de la demanda, la situación de las expectativas permitirá que se combata a fondo la inflación y logremos efectivamente la tasa de 40% que hemos propuesto para el año de 1984.
Sólo me permitirá enfatizar que en el combate a la inflación no se agota solamente en estos aspectos; hay - reitero - una profunda preocupación social sobre las acciones que se llevan a cabo. Por ello la preocupación en los aspectos del programa del empleo, el de abasto, la muy destacada del Programa Nacional de Alimentación, y se refuerzan los programas especiales de atención al Sector Social.
La meta de 40% para 1984 es una meta realista, factible y la vamos a lograr en la medida en que perseveremos en la política con que vamos actuando durante 1983 y sostendremos el año próximo.
En materia de salarios, señor diputado Pacheco Durán, el gran éxito de 1983 fue que los asalariados no perdieran sus fuentes de trabajo.
En un programa de austeridad, ante una crisis tan severa como la que vivimos y con los riesgos tan grandes que ella implicaba, lo que se ha observado en otras latitudes no es sólo una intención de controlar la crisis, sino un aumento casi automático del desempleo y pérdida de fuentes de ingresos de los que hoy cuentan con un trabajo permanente.
En México, a diferencia de los programas ortodoxos de estabilización, hemos logrado que los que tenían empleo en 1983 no lo perdieran; y es decir, que pudieron llevar a sus casas un ingreso, aunque fuera un ingreso menguado por la inflación que todavía está presente, e inflación que estamos combatiendo decididamente. Pero llevaron un ingreso porque pudieron conservar sus fuentes de trabajo, y no hay condición más importante para un padre de familia, para un responsable en sostener los gatos de su hogar, que tener la certeza de que va a conservar su fuente de trabajo y, en consecuencia, su ingreso.
Pero en 1984 no sólo buscamos que el jefe de la familia o los miembros de la familia que con él colaboran al sustento de todos sus miembros, mantengan su empleo. Lo que se busca es que también conserven el mismo salario real. ¿Cómo lo vamos a lograr?
La manera más firme y sólida de lograrlo, es abatiendo la inflación. No hay posibilidad efectiva en un proceso hiperinflacionario como el que hemos vivido de poder proteger el salario por aumentos nominales si los precios van desbocadamente hacia arriba. Por eso, como primer elemento para proteger el salario en 1984 está la lucha decidida y frontal al combate a la inflación; y en segundo lugar estarán los aumentos salariales.
Los aumentos salariales corresponden a negociaciones entre partes; y el Estado lo que hace es tutelar el interés de los trabajadores. Pero serán las partes las que finalmente decidan cuál es el ajuste que convengan.
Hay un elemento fiscal que es muy importante y que el señor secretario de Hacienda enfatizó en su comparecencia, y es la desgravación en el Impuesto sobre la Renta para los estratos más bajos, y que permitirá un apoyo adicional al ingreso y al salario de los trabajadores.
Y, finalmente, señor diputado Pacheco Durán, yo me permitiría insistir que el propio presupuesto de egresos contiene programas específicos que fortalecen el ingreso real de los trabajadores. Los subsidios al consumo de productos
básicos, el programa de empleo, aquellos que permiten que se amplíen las escuelas y los centros de salud que hoy los miembros de la familia demandan con mayor intensidad el Sector Público, porque les resultan demasiado caros los servicios privados tanto de médicos como las colegiaturas en las escuelas particulares.
Por eso sabemos que hay una demanda incrementada sustancialmente por mayores escuelas, por mayor atención a la salud y por eso le hemos dado esa prioridad en el presupuesto de egresos para 1984.
Son estas acciones, señor diputado Pacheco Durán, las que permitirán una protección efectiva del salario en 1984.
Preguntaba usted sobre nuevos empleos. Nosotros hemos insistido, porque es propósito del Gobierno de la República hablar con la verdad, que los empleos que logramos crear en 1983 y los que creemos que podremos crear en 1984, la mayoría han sido de carácter transitorio.
No hay programa de austeridad, efectivo y veraz, que pueda plantear al mismo tiempo combatir la inflación, y crear empleos permanentes. Eso no es posible; pero por la preocupación social que este programa tiene, se le ha dado énfasis a los programas temporales y de emergencia del empleo. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1984, conforme se inicia la lenta pero segura recuperación de la economía, empezaremos a observar ya empleos permanentes en la economía.
Ahora, también en 1983 se crearon empleos permanentes. En los sectores crecieron más, los vinculados al sector externo o aquellos que recibieron el impulso de la reorientación de la demanda nuestra que antes se iba hacia afuera y ahora se vierte hacia el interior. Sí hubo empleos permanentes en '83, también los habrá en forma mayor en '84; pero en forma definitiva serán posteriormente.
Finalmente, diputado Pacheco Durán, la reflexión que usted pedía que hiciéramos sobre el IVA, yo me permitiré enfatizar lo señalado por el señor secretario de Hacienda: "... necesitamos recursos para financiar el gasto. La comunidad nos exige más escuelas, más médicos, más hospitales, mejores carreras, mayor seguridad, mejor transporte colectivo". Tenemos que dárselos, pero tenemos que financiarlos sobre bases sanas. Hemos tratado de que ese financiamiento se haga con equidad, aumentando más aquellos impuestos y precios y tarifas que consumen o que utilizan los individuos o los grupos sociales con mayores ingresos. Sabemos que toda la comunidad tiene que pagar parte del costo. Cuando sube la gasolina toda la comunidad lo resiente; cuando sube el IVA toda la comunidad lo resiente, pero lo resienten más aquellos que consumen más de estos productos, y eso debemos de insistir. No podemos bajar los impuestos y ofrecer al mismo tiempo dar más escuelas y mejores servicios de educación o de comunicación o de salud.
Y, en consecuencia, reconociendo que es un esfuerzo adicional que le pedimos a la comunidad, ello es con el objeto de poderle dar los servicios que con tanta urgencia, y además con tanta legitimidad, está exigiendo.
Esos serían, diputado Pacheco Durán, mis comentarios a la pregunta hecha por usted.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Luis J. Prieto.
El C. Luis J. Prieto: - Señor Secretario: Estamos seguros que la inmensa mayoría de los mexicanos que vivimos este México de 1983 esperamos una planeación adecuada que permita un verdadero equilibrio en los presupuestos que garanticen los egresos y se canalicen en forma adecuada para dar su valor a lo urgente sin descuidar lo importante.
Consideramos que hoy más que nunca, dada la crisis que padecemos y que el señor Presidente detalló en forma clara y específica manifestando la trágica situación, nos hace comprender mejor la importancia que tiene la planeación democrática. Pero para que exista planeación democrática antes tiene que existir una verdadera democracia. Es inútil y estéril que se pretenda fundamentar una planeación democrática basada en foro de consulta popular, sin considerar la representatividad que tiene este Congreso, sobre todo en una república federativa, representativa y democrática, como es México.
Esta crisis que vivimos nos debe hacer pensar a todos cómo hacer más eficaces nuestras acciones y cómo lograr una mayor productividad en los resultados. Claro que podríamos estar peor, como lo afirmó el licenciado Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando nos pronosticó qué hubiera pasado si hubiéramos mantenido el mismo déficit de 18% sobre el PIB. Pues hubiéramos tenido que pagar por bienes y servicios un billón 500 mil millones de pesos, y no hubiera habido dinero, ahorro o crédito; se tendría que haber recurrido al tiempo extra de la fábrica de billetes y la inflación hubiera sido cercana al 200%. Y seguramente ese hubiera sido el resultado.
Pero este pueblo noble y tenaz, como lo afirmó el secretario de Hacienda, al mismo tiempo es suspicaz y piensa: ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido gobernantes como los que ha padecido, que pretendieron gobernar con populismo, con demagogia, sin democracia y tolerando una corrupción desmedida? ¿Qué hubiera pasado si no se compran con dinero del pueblo mexicano mansiones en el Pacífico, en el Ajusco, en la famosa colina, castillos en Europa y apartamentos de lujo en distintas ciudades del mundo?
Ahora yo soy quien me permito hacer algún pronóstico, sencillamente tendríamos una inflación entre 3 o 4%; una deuda externa aproximadamente de 5 millones de dólares; un crecimiento de 6 a 8% y nuestro peso estaría entre 13 y 15 pesos por dólar, y desde luego habría inversión, trabajo y alimento suficiente y barato para todos. Pero
hagamos a un lado lo que hubiera pasado, eso es historia, estamos en una realidad concreta aunque nos duela a todos, así que volvamos a esa realidad.
Señor secretario, los recursos que hacen posible el presupuesto del Gobierno Federal, salvo los procedentes de financiamientos externos del próximo año, que serán aproximadamente de 4 mil millones de dólares, provienen del pueblo mexicano, esta es la razón fundamental del celo y del cuidado con que debe manejarse y cuidarse el gasto público, que es precisamente responsabilidad de usted en lo primero, el manejo del gasto y de esta Cámara de Diputados en lo segundo, su vigilancia y fiscalización. Usted, por esa responsabilidad, no puede permitir, menos propiciar que haya partidas y destinos poco claros; cada centavo del pueblo mexicano que aporta para impuestos, derechos y aprovechamientos, debe ser manejado con transferencia comprobable, sea un gasto directo del Gobierno Federal, sea a través de empresas del Estado u organismos descentralizados.
Sobre esta base de consideraciones le formulamos los diputados de Acción Nacional algunas preguntas:
¿Qué medida prevé la dependencia a su cargo para lograr eficacia y honestidad en la administración de las empresas del Gobierno, la mayor parte de las cuales no presentan balances de sus resultados financieros? ¿No considera necesario ampliar el control presupuestal a un mayor número de empresas?, ya que para el '84 únicamente incluyeron a dos más; y según la Cuenta Pública de 1982, sólo 24 empresas bajo control perdieron 24 mil millones de pesos. ¿Cuánto perderán las no controladas?
Queremos también, señor secretario, hacerle otra pregunta muy vinculada con sus funciones de vigilar el buen manejo de los fondos públicos. No hay un solo mexicano que no piense y afirme que el Partido Revolucionario Institucional, su partido, está sostenido por el Estado ya que es dependencia del mismo y, por lo tanto, utiliza fondos del Estado, cuyo manejo adecuado es la responsabilidad de usted.
En cualquier parte de la República, especialmente en campañas electorales federales y en particular en campañas presidenciales, el Partido Revolucionario Institucional dispone de recursos financieros en distintas formas. Utiliza aviones de diversas dependencias gubernamentales, todas las cuales operan con fondos federales; utiliza trenes, y el ferrocarril se sostiene con fondos federales; utiliza personal del Gobierno que está pagando con fondos públicos. Participa la CONASUPO, cuyo sostenimiento depende también de los recursos federales. ¿Nos podría decir usted, que tiene la responsabilidad de manejar con transparencia y honestidad los dineros del pueblo, a cuánto ascenderán en 1984 las aportaciones directas e indirectas de fondos federales para el Partido Revolucionario Institucional, por qué conducto se proporciona y qué sistemas se tiene para controlar este gasto? Le agradeceremos muchos sus respuestas, señor secretario. (Aplausos.)
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Luis J. Prieto: La planeación que el Gobierno de la República lleva a cabo es una exigencia de la realidad; una situación tan difícil como la que vivimos requiere que se enfatice el orden, la consistencia, la perseverancia, la asignación clara de responsabilidades, la delimitación de tiempos, los montos y recursos que requieren las acciones; eso es la Planeación. Y si en las épocas normales se convierte en un mecanismo para acelerar el proceso de desarrollo, en las difíciles, como en la actual, se convierte en un imperativo. Pero en México tiene un carácter que se ha querido enfatizar; no sólo se busca planear sino hacerlo democráticamente, y se hace democráticamente porque se apega a la ley y hay una amplia participación de la comunidad, y la comunidad, diputado Prieto, tiene diversas maneras de participar, diversas vías para manifestarse, y lo que la Planeación ha hecho es reconocer todas y cada una de esas vías para ampliar las posibilidades de que la comunidad exprese sus inquietudes, sus intenciones, sus preferencias; participe en la ejecución de los programas que la afectan y sea un juez vigilante y activo en la evaluación de los programas. Así que hay planeación en México y ésta es de corte democrático.
El Congreso tiene, dentro de la planeación, la participación que la propia ley le señala, la Ley de Planeación, el nuevo artículo 26, introducido a iniciativa del Presidente Miguel de la Madrid, las facultades que el propio Congreso tiene explícitas en la intervención de diversos instrumentos de desarrollo. Caso concreto es éste del Presupuesto de Egresos o del financiamiento del desarrollo, dos instrumentos importantísimos en la orientación del proceso de crecimiento de un país, el Congreso tiene una participación fundamental y así va demarcando y delimitando los derroteros del crecimiento. Así que la participación es democrática; pero lo que no debemos de pretender es que por entenderla democrática la convirtamos en asambleísmo o que en un régimen de clara división de poderes en el cual el Ejecutivo tiene la responsabilidad de ejercer la ley que el Legislativo hace emanar, pudiera pretenderse, por vía de una presencia minoritaria en el Congreso, coparticipar en la tarea ejecutiva del Gobierno. Yo creo que eso es importante, diputado Prieto, que podamos clarificar. (Aplausos.)
En referencia a la reflexión que usted hace, diputado Prieto, de dónde estamos o estaríamos si hubiéramos hecho o dejado de hacer algunas de las cosas que hicimos, yo sólo me permitiría reiterar que este régimen, emanado de la Revolución Mexicana, es producto de la acción de sus hombres, y en ella hemos participado todos, de una u otra manera. Reconocemos con veracidad los errores, tenemos
capacidad de autocrítica y procedemos en consecuencia a enmendarlos; pero no aceptamos que en el balance no se reconozcan los avances y los avances están a la vista de todos; tenemos un régimen democrático, perfectible pero democrático, en el cual se respeta la libertad individual y los derechos sociales, hay avances en materia cuantitativa; el hecho de que usted se manifieste como se manifiesta en esta Cámara con absoluta libertad y en consecuencia lo pueda yo hacer también, es muestra de esta libertad que existe en este país; el Estado tiene capacidad y legitimidad para la conducción del desarrollo y amplía los espacios de participación en la sociedad civil.
Sobre las preguntas específicas sobre el presupuesto que usted se sirvió hacerme, señor diputado Prieto, se están reforzando los mecanismos de vigilancia y fiscalización del gasto; hemos fortalecido en primer lugar la información que se rinde al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, a través de informes trimestrales en el ejercicio del gasto, lo que permite que la Cámara conozca cómo se van ejerciendo las diversas partidas para saber si se está ajustando a lo que ella nos impuso como mandato. Podemos perfeccionarlos, podemos desagregarlos, y es nuestra intensión y respondiendo a la obligación que tenemos, el así hacerlo durante 1984. Hemos fortalecido también las comisiones intersecretariales de supervisión y agilización en el manejo del presupuesto; la propia comisión gasto - financiamiento donde participan las secretarías de Hacienda, la de Contraloría y la propia de Programación y Presupuesto; está la Comisión Intersecretarial de la Obra Pública donde están presentes todas las grandes entidades constructoras del Sector Público y a nivel de observadores y en grupo ad hoc participan también los miembros del Sector Social y privado con responsabilidad en la construcción.
Hemos puesto en marcha en forma decidida y activa, los trabajos de la Comisión del Servicio Civil que van a permitir el que los servidores públicos, los trabajadores al servicio del Estado tengan seguridad en la permanencia de sus puestos, capacitación adecuada para la responsabilidad que les toca hacer y no dependan de los movimientos escalafonarios del arribismo o del amiguismo, sino de la eficiencia del trabajador y al mismo tiempo el trabajador reconoce la obligación y responsabilidad que tiene de servir con eficiencia y con atención al público demandante de sus servicios.
Se han creado también las contralorías internas dentro de cada secretaría de Estado y organismo y empresa descentralizada que con una vinculación directa a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ejercen una vigilancia adecuada, preventiva más que punitiva, de la acción de los trabajadores al servicio del Estado y del ejercicio de los programas de su responsabilidad. Y se ha venido fortaleciendo el sistema de control de la gestión pública.
Por lo que hace a su pregunta sobre organismos, efectivamente en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública se incluyen alrededor de 24 organismos y empresas descentralizadas; representan más del 95% del gasto total que hace todo el Sector Público; son las más importantes. Las que no están en ese formato, no quiere decir que no estén controladas, los órganos de gobierno de estos organismos y empresas, y los titulares de las dependencias que los presiden, ejercen una adecuada supervisión y vigilancia de los mismos, tienen auditores internos, tienen auditores externos, publican por obligación sus balances. Pero además, señor diputado Prieto, desde hace dos años, en la presentación del presupuesto, incorporamos información adicional sobre 400 empresas y entidades de Sector Público. En los más de diez tomos que nos permitimos remitir con oportunidad, sobre el anteproyecto de Egresos de la Federación, no sólo se encuentra información detallada sobre el gobierno central, los organismos y empresas sujetos a control por parte del Legislativo sin información adicional sobre 400 organismos adicionales. Si requirieran información adicional a estos 400, nosotros, cumpliendo nuestra obligación, con mucho gusto se las proporcionaremos.
Por último, por lo que hace a su pregunta sobre el financiamiento del Partido Revolucionario Institucional, yo la única reflexión que haría es que el artículo 41 constitucional establece que los partidos político independientemente de cuál se trate, son entidades de interés público y la ley respectiva, la reglamentaria en sus artículos 48 y 49, establece que deben de darse los medios a los diversos partidos políticos, dado que han sido declarados entidades de interés público, para que puedan levar a cabo las responsabilidades que les competen. Y hablan estos artículos de la LOPPE, de tener acceso en forma permanente a los medios de comunicación, contar con un mínimo de elementos para sus actividades y destaca un elemento que es muy importante: disponer de los medios adecuados para sus tareas editoriales.
En el presupuesto de la Comisión Federal Electoral que se consigna en el Presupuesto de Egresos de la Federación, viene claramente establecido cuál es el monto de la partida asignada para los diversos partidos, trátese del mayoritario o los minoritarios de oposición; todos los partidos, sin excepción alguna, tienen acceso a este apoyo financiero por parte del Estado.
El Partido Revolucionario Institucional, efectivamente, despliega en sus campañas una presencia muy, muy destacada porque tiene una participación muy; muy destacada de sus afiliados. Los sindicatos, las organizaciones campesinas, las de miembros del Sector Popular que forman parte de él, contribuyen con su presencia, sobre todo con su presencia, y también con sus recursos, a financiar las campañas del partido. Así que, reitero, todos y cada uno de los partidos tienen asignada una cantidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación,
y ésa está transparentada en la correspondiente a la Comisión Federal Electoral.
Esa sería, diputado Prieto, mi respuesta a su pregunta. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra C. José Encarnación Pérez Gaytán.
El C. José Encarnación Pérez Gaytán: - Haré primero mi presentación política otra vez . Y soy miembro del Partido Socialista Unificado de México.
Señor Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: El Gobierno, como todo mundo sabe, lleva a la práctica una política que restringe la demanda conteniendo el salario y el ingreso por concepto de trabajo, con el señuelo de abatir por esa vía la inflación de precios, como si éstos se sujetaran a la ley de la oferta y la demanda, como si no estuvieran regidos por la monopolización, y de modo descarado por la especulación.
En este orden de cosas, el Gobierno postula la austeridad ahora denominada "austeridad revolucionaria", que significa disminución de los niveles de vida de los trabajadores, pero no limitación de las ganancias de los grandes capitalistas. Por ejemplo: las 66 empresas mayores en el primer semestre de 1983, obtuvieron utilidades, en promedio, superior al 183% en la relación al igual trimestre de 1982, mientras que el incremento en salarios fue inferior al 70%.
Austeridad revolucionaria que no es obstáculo para que el partido del Gobierno siga derrochando dinero en campañas electorales dispendiosas, para alterar la voluntad ciudadana en las elecciones. Austeridad revolucionaria que propicia elevados sueldos a los funcionarios mayores, a las más alta burocracia política; frente a sueldos raquíticos, casi de hambre, de los maestros de escuela y los demás trabajadores al servicio del Estado. Austeridad revolucionaria bajo cuyo amparo URAMEX debía recursos del presupuesto de 1983 para la actividad productiva de ese organismo a diversos usos, como la liquidación de trabajadores, campaña pública contra el sindicato y elevación desmesurada de los sueldos de los funcionarios, muy superiores a los porcentajes acordados para los trabajadores.
Me detengo en este caso, que es de interés nacional, para decir que el exceso de gasto de URAMEX - con esos mismos propósitos - en 662 millones de pesos, que equivalen al 17% del total, cuando de enero a mayo mientras la empresa trabajó, hizo un gasto menor en una 20% del presupuesto señalado para esos meses. Eso da pie para pensar en que la Secretaría de la Contraloría debería dilucidar lo relativo a esas desviaciones en el ejercicio del presupuesto.
El hecho de que para 1984 se le disminuya considerablemente el presupuesto a esta empresa indica cosa, pero no modifica el hecho consumado.
Se dice que esta línea de conducta no ha sido impuesta desde el exterior. Ciertamente ha sido adoptada por voluntad propia del Gobierno, entre otras cosas para conseguir más préstamos con el aval del Fondo Monetario Internacional. La austeridad que aplica el Gobierno es la misma que impone el Fondo Monetario Internacional, como puede colegirse de la Carta de Intenciones firmada con dicho organismo el año pasado.
Para los efectos de la contracción de las condiciones de la vida del pueblo, es igual que sea por voluntad propia o por voluntad ajena. Con esta política de restricción a los niveles de vida de los trabajadores, se afirma que se ha controlado la crisis, pero la verdad consiste en que esta política ahonda la crisis, puesto que al bajar la capacidad de consumo del pueblo, lo que se abate es el mercado interior y de ninguna manera se estimula la producción sobre todo de artículos necesarios para la vida de la mayoría de la población.
La inflación de precios continúa y si bien es cierto que durante el presente año no alcanzará el ciento por ciento como el año anterior, sino el 85% tal vez, es preciso traducir los porcentajes engañosos a los precios que la gente entiende porque los paga todos los días. Pondré un ejemplo: una mercancía que en diciembre de 1981 costaba 100 pesos, en diciembre de 1982 había que pagarla en 200 pesos, pero en diciembre de este año costará 380 pesos. Encontramos que del '81 al '82 la diferencia fue de 100, y del '82 al '83 fue de 180 pesos. Esta es la realidad.
Se dice que el déficit del comercio exterior igualmente se abate, pero este hecho más que signo de fortaleza económica, más que el resultado de un incremento nunca visto de las exportaciones, es expresión de pobreza y de la falta de suficiente capacidad de compra que tiene el país.
Se afirma también que las finanzas públicas están siendo saneadas porque su déficit decrece de conformidad con las condiciones o con los compromisos contraidos con el Fondo Monetario Internacional. Pero por una parte, aunque se quiera recurrir al financiamiento exterior; la posibilidad no existe en la magnitud en que era posible cuando el problema era aprender a administrar la riqueza, como vociferaban los gobernantes.
Ante esta realidad, se recurre a subir precios de bienes y servicios que proporcionan las empresas estatales, que aunque no se quiera, son inflacionarios, pues generan aumentos de precios en cadena.
La inflación de precios no es provocada solamente por la inflación monetaria ni por el aumento de la inversión en fuerza de trabajo, es decir, en pago de salarios. Lo es también por el aumento de precios, de medios de producción y de consumo directo, como es el caso de los combustibles y de la energía eléctrica, por ejemplo.
El Gobierno disminuye en términos reales el gasto público destinado a sueldo de los trabajadores
del Estado para no recurrir, según se afirma, a la inflación monetaria, contribuyendo con esto a la baja del consumo popular y por ahí deja de lado la posibilidad más firme de superar la recesión, de estimular la producción.
No incrementa en forma adecuada los precios de garantía de los productos del campo, como tampoco aumenta en términos reales el presupuesto agrícola para 1984, ni el crédito rural. Al parecer, prefiere, a pesar de los pesares, seguir, en la línea ascendente de comprar fuera de México 7 millones 800 mil toneladas de granos y oleaginosas, así como leche y otros alimentos. Gastando dólares, en gran parte prestados.
Existe un llamada reforma presupuestal del 1% del producto, o sea, de 277 mil millones de pesos. Es necesario precisar los usos de esa reserva que se presta para despilfarros y gastos no precisamente austeros. Hay base para pensar que de ese fondo se pueden financiar las campañas electorales del Gobierno, pongamos por caso, solamente elevando el nivel de vida del pueblo trabajador, propiciando sus ingresos reales, aumentando su capacidad de consumo, será posible entrar en la vía de la superación de la crisis.
Hablar de protección del empleo y del poder adquisitivo del salario, como puede leerse en los criterios de política económica del Gobierno, sin acompañar esas buenas intenciones - no dudo de esa bondad -, con medidas reales para apoyarlos, sino actuando al revés, equivale a seguir llamando a apretarse el cinturón para pasar a la siguiente fase de la reordenación económica, sufrir y después alcanzar el cielo.
¿Qué quieren - nos dice el Gobierno - no hay liquidez, desean acaso que se impriman más billetes, cada vez de mayor denominación y se acuñen más monedas?" Mas no solamente existe esa salida. Afirmamos que se impone cobrar más impuestos a los grandes usufructuarios de la fuerza de trabajo. ¿Por qué no se incluyen los ingresos por concepto de intereses de dineros depositados en los bancos en los ingresos globales de los individuos? Conocemos la respuesta. Porque aumentaría el porcentaje de impuestos sobre la renta que tendrían que pagar, y no se trata de afectar a los más ricos, sino de austeridad, que quiere decir, en el lenguaje del Gobierno, mayor pobreza para los más pobres.
Ahora que estamos en vísperas de la nueva fijación de los nuevos salarios mínimos, es el momento de probar que el Gobierno desea verdaderamente proteger el salario. Se requieren un aumento, un salario que permita recuperar la capacidad de compra perdida este año y que sirva para prever la inflación de precios del año siguiente.
Ya conocemos las respuestas a todo esto. El Gobierno dice que es necesario sufrir ahora para ganar después, para gozar después; que la austeridad de los más pobres es indispensable para sobrepasar la crisis.
En fin, señor secretario, sus explicaciones sobre estos aspectos del tema serán útiles indudablemente para un mayor y mejor análisis de la situación económica de México; no obstante que por sus frutos es muy conocida la política económica del gobierno. Gracias.
(Aplausos.)
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Encarnación Pérez Gaytán: el Gobierno de la República ha presentado con claridad, veracidad y oportunidad su definición de la política económica y las acciones concretas para enfrentar la situación que vivimos, es una política que tiene principios, reiterados dentro del proyecto revolucionario en el que vivimos y que a partir de esos principios fundamentales ha delineado cuatro objetivos claros a alcanzar en el término del mandato de esta administración: Mantener las instituciones democráticas del país, o lo que es lo mismo, resolver la crisis en la que vivimos dentro de nuestras instituciones y no fuera del marco del derecho y del respeto a la libertad individual y a los derechos sociales. Controlar la crisis con objeto de evitar que ésta, dejada a su libre albedrío o a un mero manejo de inercia o de pretender "ahí llevarla" con acciones que aparentemente no serían del desagrado de la comunidad, pero que más temprano que tarde agravarían su situación . La resolución efectiva y la recuperación de la capacidad de crecimiento. Y finalmente, introducir los cambios estructurales, cualitativos, que nos permitan que esta crisis no vuelva a presentarse para no afectar la situación principalmente de la mayoría de los mexicanos.
La política que el Gobierno tiene en marcha, abate la inflación y prueba de ello es que a pesar de los importantes y sucesivos aumentos de precios y tarifas, de impuestos y de revisión de otros rubros en el año de 1983 la inflación estará abajo de la de 1982 en 20 puntos. A pesar de todas las decisiones de precios que se tomaron deliberadamente durante el año, muestra que aun reconociendo que los aumentos de precios y tarifas impactan los precios, al final esta política permite contribuir al abatimiento de inflación por el mecanismo que ha sido explicado con amplitud.
Aumenta la competencia, contrariamente a lo que usted afirma, al bajar los niveles excesivos de proteccionismo y evitar que unos cuantos grupos monopólicos u oligopólicos controlen la producción fundamental.
Las reformas, además, al artículo 28 constitucional, a iniciativa del Presidente De la Madrid, no sólo reconocen el nivel del máximo texto legal que es la Constitución. La cuestión de los monopolios, que viene de su origen introduce el concepto de prácticas monopólicas, que es el fenómeno más común, el de los oligopolios o competencia entre grandes consorcios y ataca, igualmente, la especulación.
Esta austeridad, que es posibilidad de solución a los problemas que padecen los mexicanos dentro del régimen que vivimos, es por eso mismo revolucionaria, porque no engaña, no
ofrece una solución sin costos, o aquella que sólo afecta a los de mayores ingresos sin afectar a los de menores ingresos. Reconoce que en esta crisis todos tienen que contribuir a su solución; y enfatiza acciones para que los que más tienen más paguen. Pero, reitero, reconoce que a todos afecta. Austeridad reaccionaria es la que propone solución a la crisis sin costos y sin problemas.
Además, esta austeridad protege el empleo, prueba de ello es que en el año de 1984, a pesar de la crisis, el desempleo abierto no aumentará. Reduce subsidios al Sector Privado, la revisión drástica de los precios, principalmente de energéticos, e incluso de electricidad, van en la dirección de reducir los subsidios que se daban al Sector Público.
Los sueldos a que usted hacia referencia, de los servidores públicos de nivel superior, son objeto de impuesto y de transparencia presupuestal. Y contrario a lo que usted afirma, diputado Pérez Gaytán, los sueldos y salarios del personal burocrático de menor nivel son los que aumentaron más, y más del doble durante 1983, que los niveles intermedios y superiores.
La política que lleva a cabo el Gobierno se la impuso el pueblo, señor diputado Pérez Gaytán, en el amplio diálogo que el Presidente De la Madrid tuvo con la comunidad durante su campaña presidencial. Si se leen con cuidado las intervenciones que el candidato entonces, hoy Presidente de la República, tuvo en las más de 40 reuniones nacionales, en las 31 estatales, en las municipales; en el diálogo con campesinos, obreros, empresarios, con sectores populares, se verá que lo que hoy se está haciendo, se vino anunciando a lo largo de todo el año de 1982 en la campaña presidencial. No hay, en consecuencia, diputado Pérez Gaytán, ninguna política que se nos imponga desde el exterior ni ninguna política que se imponga por grupos minoritarios a interior. La política del Gobierno de la República se hizo en conjunto con la comunidad a lo largo de la campaña presidencial y por eso, a pesar de lo dolorosa que resulta, se reconoce como necesaria y sigue siendo validada por la mayoría. Y no es, en consecuencia, como usted lo afirmaba, para obtener más préstamos, sino que incluso, en el año de 1984, el endeudamiento del país en el exterior será nominalmente menor que en el año de 1983.
Es una política para vencer la crisis, no para eternizarla; las soluciones parciales y sin costo que algunos grupos minoritarios proponen, lo único que haría es hacer permanente la crisis sin solucionarla a fondo. No hay más opción que atacar de raíz esta crisis y atacarla con la política que se viene siguiendo. Los resultados, tanto los reales como los financieros, apuntan que vamos en la dirección señalada y son los que finalmente acreditan la política.
En materia de alimentos, en el año de 1984, importaremos 30% menos cantidad de alimentos que en el año de 1983. Por lo que se refiere a la reserva del 1% del producto nacional, no habrá posibilidad de ningún despilfarro, ni en el uso de la reserva, ni en el uso de los recursos normalmente autorizados por el Congreso. La asignación de la reserva, nosotros esperamos las orientaciones que el Poder Legislativo nos marque para distribuir, si ello fuera justificable, los 270 mil millones de pesos que implica la reserva a partir del segundo semestre de 1984.
En conclusión, señor diputado Pérez Gaytán, esta es una política de contenido social activamente en ejecución y no es un mero listado de intenciones. Tenemos a la vista la posibilidad de resolver la crisis si no aflojamos el paso y perseveramos en el camino andado. Es, en consecuencia, por sus principios, por sus postulados, y lo es por la validación de sus resultados, una política de austeridad, sí, pero revolucionaria también. Muchas gracias, diputado Pérez Gaytán.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Oscar Ramírez Mijares.
El C. Oscar Ramírez Mijares: - Hago uso de la palabra en representación de la diputación campesina del Partido Revolucionario Institucional. Antes de formular mis preguntas deseo hacer un reconocimiento, en nombre de mis compañeros, a la actitud del Presidente Miguel de la Madrid, acerca de las demandas de los hombres del campo y su incorporación dentro de los propósitos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Vivimos, ciertamente, una grave crisis económica y los campesinos de México son quienes más la resienten; sin embargo, ellos han sido también quienes han aportado con mayor vigor y convicción su fuerza y su trabajo para incrementar la producción y han asumido, asimismo, con valor y mística, la lucha contra la adversidad.
Por eso es fundamental que los administradores públicos recuerden cotidianamente el compromiso histórico del Gobierno y sus hombres para con las demandas populares campesinas, que tanto necesitan de apoyo, de estímulo y respeto.
Señor Secretario, deseo hacerle las siguientes preguntas:
Primera: Nos estimula conocer que en el proyecto de Presupuesto de Ingresos de la Federación para 1984, se propone la incorporación de una reserva presupuestal equivalente al 1% del producto interno bruto para apoyar la reconstrucción económica del país; sabemos que el propósito del Gobierno Federal es no rebasar los límites aprobados por esta honorable Cámara; por ello resalta la importancia estratégica de la formación de esta reserva. Sería del interés de esta representación nacional el conocer la prioridad que tendría el sector agropecuario en el eventual ejercicio de esta reserva.
Segunda. El proyecto de Presupuesto señala entre sus políticas la asunción de pasivos por el Gobierno Federal para beneficiar entre otros organismos al Banco Nacional de Crédito Rural y a Fertilizantes Mexicanos. Conociendo y considerando la importancia que ambos organismos tienen en el desarrollo rural integral de nuestro país, juzgamos de la mayor importancia conocer
los verdaderos alcances de esta medida financiera. ¿Significa que dichas instituciones podrán contar con mayores recursos reales para apoyar la producción, o se trata solamente de mejorar la imagen contable de estas empresas?
Y tercera. La estrategia de apoyo al subsector agrícola habla de otorgar prioridad a las zonas de temporal; considerando que la mayor parte de la población rural vive en estas zonas y que en ellas se genera la mayor producción de grandes básicos, deseamos conocer con mayor detalle los elementos presupuestales de apoyo que se contemplan para estas importantes regiones productivas del país. Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto: - diputado Ramírez Mijares: conociendo su larga trayectoria en el sector campesino de nuestro país consideramos que la pregunta que usted hace es doblemente relevante.
Es fundamental, y el Presupuesto de Egresos para '84 así lo refleja, la atención al campo mexicano. Más de la tercera parte de nuestros compatriotas todavía viven en el campo. Y sin embargo es allí donde se observan los peores fenómenos de concentración del ingreso y de marginación de los beneficios del desarrollo. No es posible que le exijamos al campo que produzca los alimentos que requieren las áreas urbanas; que genere excedentes para exportación y, en consecuencia, divisas; que otorgue mano de obra barata para el desarrollo industrial y que se constituya en un mercado para el consumo de los productos urbanos, si al mismo tiempo no llevamos a cabo una estrategia de desarrollo integral en las zonas rurales. Por eso es por lo que se viene poniendo en práctica un programa de desarrollo rural integral. Por eso en el Presupuesto de Egresos la partida asignada al campo es de la primera prioridad y crece en su participación dentro del total.
Lo que se busca en el objetivo de la estrategia de desarrollo rural integral, es garantizar una oferta suficiente de alimentos básicos, con la plena utilización de los recursos naturales; pero, sobre todo, logrando que los aumentos en la producción se reflejen en los aumentos en los ingresos para los productores, y en forma destacada, y así me referiré, al tocar la última parte de su pregunta, a los que habitan el las zonas de temporal.
Hay además, la necesidad de fortalecer la planta productiva en el campo, impulsar el desarrollo de las agroindustrias, pero, sobre todo, utilizar los mecanismos formales de organización para transformarlos en centros de comunicación, de participación y de impulso tanto a la producción como a la movilización de los campesinos.
Requiere además el Programa de Desarrollo Rural Integral, y así se está llevando a cabo, el desarrollo tecnológico, la introducción de semillas mejoradas, crédito eficiente y oportuno, seguros para siniestros, seguridad sin lugar a dudas en la tenencia de la tierra, tanto para ejidatarios como para pequeños propietarios, para comuneros y nacionaleros, es decir, se está llevando a cabo una política de desarrollo integral para atender las cuestiones en materia de desarrollo rural.
Dentro de esta política, diputado Ramírez Mijares, ya en el presupuesto que sometemos a la autorización de la Cámara por 11 billones 700 mil millones de pesos, hay partidas bien importantes para el campo. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos va a ejercer casi 300 mil millones de pesos de apoyo a programas en el campo. El propio Banrural - y lo enfatizaré más ampliamente en la segunda parte de su pregunta -, tiene programas importantes de apoyo al campo; la Aseguradora Agrícola y Ganadera; la Secretaría de la Reforma Agraria, el importante programa que está llevando a cabo en materia de regularización de predios. Así que la definición de Política de Desarrollo Rural Integral - qué además está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo - tiene un reflejo claro y especifico en el Presupuesto de Egresos para 1984.
Como efectivamente el Ejecutivo no tiene la intención de rebasar los montos presupuestales que le autoriza el Congreso, pero reconociendo que si la situación en el año de '84 es mejor de lo que anticipamos, se propone la creación de esta reserva por casi 280 mil millones de pesos. La cual, diputado Ramírez Mijares, si el Congreso autoriza que se constituya y en los lineamientos que establezca para su ejecución, deberá tener una participación fundamental en la atención al campo.
Y esto tendrá que ser así, porque si bien, reitero, vamos en 1984 a importar 30% menos de alimentos que este año, de todas maneras sigue siendo insuficiente la producción alimentaria nacional para satisfacer las demandas básicas. Es consecuencia, tenemos que canalizar más recursos a la producción, más no sólo a la producción sino también a la mejor transformación de los productos de campo, a la mejor comercialización de los mismos y al aliento de hábitos de consumo que realmente enfaticen la calidad de los productos y no sólo su capacidad de difusión mercantil.
Esta es la concepción del Programa Alimentario Mexicano, el programa que está permitiendo que recojan las mejores tradiciones en materia de atención a la alimentación de los mexicanos, con lo que el programa nacional de alimentación va a permitir, desde una visión integral, el concepto de soberanía alimentaria.
Así que de la reserva del 1% diputado Ramírez Mijares, canalizaremos - como esperamos que así nos lo marque en sus lineamientos, si lo autoriza la Cámara de Diputados - una parte creciente al desarrollo rural.
En materia de Banrural, efectivamente la situación financiera del banco es muy difícil y esto estaba limitado sustancialmente la disponibilidad de recursos para apoyar programas productivos en el campo. Por ello, dentro de un programa integral de saneamiento de la institución que considera tanto los aspectos de su gasto corriente, de su estructura administrativa interna, como la eficiencia en la recuperación
de sus ingresos, también se está llevando a cabo una política de revisión de su estructura de endeudamiento.
El nivel de endeudamiento del banco era prácticamente excesivo, había contratado créditos en el exterior para prestarlos a una tasa de interés subsidiada moneda interna al interior, con una recuperación muchas veces de cartera difícil; y eso provocó que se restringiera sustancialmente la disponibilidad de recursos para el banco. Por eso el Gobierno Federal decidió asumir una parte importante de la deuda del Banrural, es una deuda, es una asunción que no significa asumir ineficiencias porque si bien se reconoce el problema financiero, ello exige redoblar las acciones de aumentar la eficiencia del propio banco.
Con estos recursos incrementados, que significa la liberación por la deuda asumida por el Gobierno Federal, el Banco rural va a poder atender más de seis y medio millones de hectáreas para la canalización de créditos, y al mismo tiempo poder atender a casi dos millones de los correspondientes al sector pecuario. Es decir, el Banco Rural y su asunción de pasivos va a permitir una mayor canalización de recursos crediticios para el campo.
Por lo que hace a la preocupación en las zonas de temporal, diputado Ramírez Mijares, reiterando que es allí donde vive la mayor parte de los campesinos de este país, campesinos que son un tercio de la población, pero sólo generan un décimo del ingreso nacional, lo que ya refleja una tremenda disparidad en la distribución del ingreso. Y que al interior del propio campo hay productores modernos con ingresos muy superiores a la media y campesinos en situaciones francamente deplorables, es en las zonas de temporal donde tiene que ponerse la mayor atención.
Por eso, en el Presupuesto de Egresos para 1984, se canalizan alrededor de 16 mil millones de pesos para la apertura de nuevas tierras de temporal, lo que va a permitir incorporar alrededor de 96 mil nuevas hectáreas de estos terrenos, que son fundamentales para fortalecer la producción interna. Y dentro de él juega un papel muy importante el programa de zonas áridas, que el Presidente de la República acaba de poner en marcha en su reciente visita a Coahuila.
Está también el programa de apoyo a la Agricultura de Temporal, que atenderá más de diez distritos con asistencia, creará más de 200 kilómetros de camino de penetración; realizará las investigaciones que sean necesarias y asignará más de 5 mil millones de pesos a esta prioridad.
Para la operación de los propios distritos de temporal, se van a poner en marcha acciones que permitan continuar actuando en 150 de ellos con más de 11 mil millones de pesos. Se van a canalizar recursos superiores a 2 mil 300 millones para apoyo a la ganadería en estos distritos de temporal, en 74 centros de producción forrajera, y obras de infraestructura en más de nueve de ellos.
El Programa Intensivo de Producción de Maíz - el PIGMA -, también va a dar una importancia decisiva en casi 200 mil hectáreas para atención en estos centros de temporal, en particular en las áreas del henequén, en las productoras de hule y apoyándolos con casi 100 mil cabezas de ganado.
Se va a enfatizar la organización de 7 mil agrupaciones de diversos productores en el campo y de 3 mil unidades de organización para el desarrollo rural, regularizándose más de 100 mil predios.
En consecuencia señor diputado Ramírez Mijares, puede usted observar que no sólo hay una estrategia, una concepción de desarrollo rural integral en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un reflejo preciso en el presupuesto de 1984, pero que dentro de ella hay una atención prioritaria a los grupos más desfavorecidos que son los que habitan en las zonas de temporal, y en consecuencia, es allí donde se da el incremento más importante, tanto en la asignación de recursos presupuestales como en las metas que se proponen para 1984.
Estos serían , diputado Ramírez Mijares, mis comentarios a sus tres preguntas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Alcántar Enríquez.
El C. Enrique Alcántar Enríquez: - Repudiamos al estado no intervencionista como simple guardián de los egoísmos personales; rechazamos igualmente a los estados despóticos que basados en la intervención omnímoda de sus gobiernos absorben las actividades individuales; esclavizan las voluntades y matan la iniciativa privada.
Señor secretario de Programación y Presupuesto: Hoy que el Gobierno está tomando algunas medidas que las circunstancias precisan y que desde hace tiempo requería el pueblo de México en la reordenación de su economía, como la reducción en el crecimiento del gasto público, aunque lo debido sería reducir el gasto, no el crecimiento. Por otra parte, la atención especial a programas de producción de éxito seguro y otras medidas de emergencia a mediano y corto plazo.
En nuestra economía mixta existen las empresas del sector estatal, como las estratégicas, contempladas en los artículos del 25 al 28 de la Constitución Política, y también las empresas prioritarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero a las no estratégicas, a las no prioritarias, que se les siguen asignando importantes partidas presupuestales, subsidios y transferencias, ¿qué programa existe para desestatizar, ya sea privatizando o mediante cualquier otra forma estas empresas que no están contempladas en la Constitución ni en el Plan Nacional de Desarrollo, como consecuencia de una medida que el gobierno se ha propuesto aplicar para controlar la crisis y en un futuro sacar adelante al pueblo de México?
Si se tiene ese programa, ¿con qué fecha se dará a conocer a los mexicanos el calendario
de empresas no estratégicas para venderse a los grupos social y particulares que se interesen en ellas?
¿Si las empresas que se privatizarán no serán vendidas a personas o empresas extranjeras, como sucedió con VAM y Renault?
¿Y las que no controlará el Estado por nocivas, pero que tampoco nadie se interesará en ellas por incosteables, se cerrarán definitivamente o se seguirá despilfarrando para sostenerlas con los escasos recursos de los mexicanos?
¿Que apoyo dará el Gobierno a la industria familiar, a la pequeña y mediana industria, importantes generadoras de empleos?
Y, por ultimo, señor secretario, ¿el Gobierno mexicano pretende estatizar alguna otra área de nuestra economía?
Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto: - Con mucho gusto, señor diputado Alcántar Enríquez: No cabe duda que las empresas públicas refuerzan la rectoría del Estado, ya que operan en sectores estratégicos o prioritarios; son parte esencial de la responsabilidad de la rectoría del desarrollo que, por mandato constitucional y razón histórica le compete al Estado. Ello, por lo tanto, exige de fortalecimiento del sector paraestatal con objeto de que juegue el papel tan importante que le corresponde dentro de la estrategia general de desarrollo.
Se está reordenando el sector paraestatal y dentro de él el industrial paraestatal, con objeto de que juegue este papel tan destacado en el proceso de desarrollo y no se constituya en un elemento que inhiba acciones innovadoras dentro del propio sector paraestatal o en otra rama del mismo. Se está revisando la presencia del propio sector en aquellas áreas donde no es ni estratégica ni prioritaria su presencia.
La definición de la participación del Estado en las áreas estratégicas, ha sido ya hecha en la reforma al artículo 28 de la Constitución, y por lo que se refiere a las denominadas prioritarias se señala, en el propio artículo 25 como en el 28, que la definición de ellas corresponderá a los lineamientos que se establezcan y uno de ellos será, sin lugar a dudas, en los diversos programas sectoriales que están en marcha. Se está modernizando su organización, su capacidad para regular las actividades de los mercados de bienes y servicios necesarios y se están adoptando mecanismos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos.
Necesitamos, en consecuencia, consolidar con una estructura fortalecida, la participación de la empresa pública en las áreas donde se requiere y en aquellas que así sea, hacerlo con sentido social y con eficacia.
No estamos aumentando los subsidios y transferencias a las entidades no prioritarias, el total del ramo de subsidios y transferencias en el presupuesto sólo crece alrededor de 30%, y eso implica que en términos reales significará una fuerte caída. Y en las entidades no prioritarias la caída es muy superior; hay incluso varias que cesa toda posibilidad de transferencia y subsidio a ellas.
El caso de VAM y Renault fue debidamente informada esta Cámara, en el informe que le fue remitido por la propia Secretaría de Programación y Presupuesto y elaborado por la Secretaría de energía, Minas e Industrias Paraestatales.
En esta revisión de la participación del Sector Público, en el cual hay mil 71 entidades paraestatales, ya están en proceso de liquidación 119, varias de ellas son cambio de denominación; otras son fusiones y algunas, incluso, implicarán su desaparición. El decreto aprobatorio del presupuesto obliga a informar a la Cámara, y en consecuencia lo haremos de aquellas cuyo proceso vaya terminando.
Son estos los elementos, señor diputado Alcántar Enríquez, que permiten observar que el Estado tiene la firme convicción de mantener su activa participación en aquellas empresas denominadas estratégicas por el artículo 28 constitucional, y participar activamente sobre bases de eficacia con claro sentido social, en aquellas que se consideren como prioritarias. Pero como estamos convencidos que un Estado no necesariamente es democráticamente más fuerte por el hecho de ser más grande, por eso estamos revisando con serios criterios de objetividad y apegados a los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo, el número de empresas con las que cuenta el Estado, algunas de las cuales han llegado verdaderamente por accidente y sin ninguna racionalidad de estrategia de desarrollo, a ser propiedad del Estado.
No quisiera tener que recordar, como lo señalábamos el año pasado, que el Estado tiene, incluso ha tenido un cabaret bajo su responsabilidad, porque me parece que es innecesario destacarlo como área prioritaria ni estratégica para el desarrollo.
Estos serían, en términos generales, diputado Alcántar Enríquez, mis comentarios a su pregunta.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Raúl López García.
El C. diputado Raúl López García: - Señor secretario : El Partido Socialista de los Trabajadores considera que en un momento de crisis económica como la que enfrenta nuestro país, en el marco de una situación internacional difícil, tomar la fácil actitud de culpar de todo al Gobierno, de deformar la realidad para engañar y confundir al pueblo y obtener así ventajas electorales para sus intereses particulares, como la ha venido haciendo el Partido Acción Nacional, es una actitud totalmente condenable, es una actitud facciosa y antipatriótica.
El Presidente Miguel de la Madrid inició su gobierno con un sentido de autocrítica y propuso abiertamente a la Nación un programa para superar la crisis. En su primer informe de gobierno, señaló que la Nación está en juego e hizo un llamado a todas las fuerzas
sociales y políticas para responder a lo que México reclama.
Mantener la legalidad constitucional enriqueciéndola y rechazándola, fortalecer las instituciones democráticas, en una tarea a la orden del día para mantener las condiciones necesarias y realizar los cambios económicos, políticos y sociales que las grandes mayorías del país exigen.
Los intereses de la Nación están por encima de los intereses particulares y de grupo, y las fuerzas políticas debemos ser responsables y acudir de una manera decidida y creativa a la implementación de las medidas que puedan llevar a nuestra Nación a una nueva etapa de su desarrollo.
Para el PST, la Constitución General de la República expresa de manera fundamental las garantías sociales que responden a los intereses mayoritarios de la Nación. Tenemos un proyecto constitucional, producto de la histórica tradición revolucionaria del pueblo de México; por ello entendemos que no haber controlado la crisis hubiera sido totalmente perjudicial para los intereses históricos del pueblo de México.
Por estas razones, el año pasado, nuestra organización desde el primer momento se pronuncio en favor del Plan Inmediato de Reordenación Económica. Igualmente, comprendemos que las reformas constitucionales promovidas por el Presidente de la República y aprobadas por el Congreso de la Unión, dotaron de un capítulo económico a la Constitución General de la República, destacando de ellas la rectoría del Estado, la elevación a rango constitucional de la propiedad social en el nuevo texto del artículo 25, y con ello se ha ampliado enormemente la perspectiva con base en la legalidad constitucional de crear, impulsar y desarrollar un poderoso sector social de la economía en todas las ramas para producir bienes y servicios socialmente necesarios, generar empleo y redistribuir el ingreso, que son los objetivos que se plantea el Plan Nacional de Desarrollo.
Desde hace tiempo, muchas fuerzas políticas, y en especial el movimiento obrero organizado, han venido exigiendo como parte del cambio estructural y cualitativo de la sociedad mexicana, la lucha por modificar la conducta del Estado mexicano, demandando la alianza estratégica de éste con las empresas de propiedad social de los trabajadores del campo y la ciudad, para que éstas cuenten con apoyos crediticios, estímulos fiscales, canales de comercialización, asesoría, asistencia técnica, capacitación para su desarrollo es decir, que el Estado ponga al servicio del Sector Social de la economía sus poderosos instrumentos de política económica tal como lo establece la Constitución.
Es por ello que nosotros nos preguntamos si existe la decisión política del Gobierno de la República para que con el PND se dé impulso, cohesión e integración, a través de sus instrumentos de política económica, como gasto público, financiamiento del desarrollo a través de la banca nacional, capacitación y apoyo general al Sector Social del campo y la ciudad, representado por los ejidos, comunidades, cooperativas, uniones y coaliciones de ejidos, sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad social, empresas sindicales y, en general, todas las formas de organización productiva de la clase trabajadora.
Varios rubros del presupuesto, desde nuestro punto de vista, tienen que incidir en este aspecto, está el desarrollo rural integral, desarrollo regional, pesca abasto, desarrollo urbano, aspecto laboral y el recientemente anunciado Programa Nacional de Alimentación. Por eso nosotros queremos hacer las siguientes preguntas:
Primera. Con fundamento en la Ley de Planeación, si existe la decisión de convocar a la consulta popular en el que participen la fuerzas organizadas en el país, el movimiento obrero, las organizaciones campesinas y fuerzas políticas y sociales para aportar criterios y opiniones a la integración de un programa de desarrollo del Sector Social de la economía, en atención a los programas especiales que establece la Ley de Planeación.
Segunda. La necesidad de revisar las leyes secundarias que regulan las formas de organización social para que estén en armonía con el precepto constitucional del Sector Social de la economía, y
Tercera, De aprobarse por el Congreso de la Unión la reserva para recuperación de actividad económica, si podríamos plantear que un rubro especial fuera orientado al apoyo del Sector Social de la Economía.
Muchas Gracias.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Raúl López García: La preocupación por el Sector Social de la economía es una de las más genuinas y veraces del Presidente Miguel de la Madrid. Hay una alianza histórica entre el Estado mexicano y el movimiento obrero organizado. Y en esta alianza juega un papel determinante el aliento a las diversas formas productivas que va adoptando el propio Sector Social.
Se ha dado un reconocimiento explícito a la presencia fundamental que el Sector Social puede tener dentro del desarrollo del país. Es parte fundamental de nuestra economía mixta, y esto es importante recordarlo, porque generalmente cuando se habla de ella se entiende como si fuera una bipolaridad y no es eso, sino una presencia plural y múltiple de diversos sectores sociales.
Se ha elevado - como usted lo ha destacado - a rango constitucional la presencia del Sector Social en nuestro país. No quiere esto decir que una vez definidas cuáles son las áreas de participación estratégica del Estado y reconociendo las llamadas prioritarias, vayan a distribuirse por estancos o por grupos, diversas áreas de propiedad. No, la Constitución de 1917, dio a la propiedad un sentido social; transformó el concepto liberal de propiedad; estableció la privada; pero señaló claramente
que le daría las modalidades que dictara el interés público, y en el propio texto constitucional, a diversas caracterizaciones de la propiedad: la comunal, la individual, la privada, la colectiva. En fin, se reconoce al transformar este concepto liberal y darle su dimensión actual, las diversas modalidades que podrían tener.
En la forma al artículo 25 constitucional, se establece claramente la necesidad - y así lo dice el artículo - que bajo criterios de eficiencia y equidad, se aliente al Sector Social de la economía; entendido en éste, en el Sector Social, los ejidos, las comunidades agrarias, los diversos tipos de cooperativas, las empresas propiedad exclusiva o mayoritaria de los trabajadores y, en general, todas aquellas formas de organización social del trabajo y de la producción y distribución de bienes y servicios socialmente necesarios. Hay, en consecuencia, una convicción política de alentar dentro de nuestro régimen de economía mixta, la presencia del Sector Social en la economía, bajo los criterios que el propio artículo 25 de la Constitución establece.
No hay que olvidar que el Sector Social genera el 60% de la producción de maíz, frijol y trigo en nuestro país, y en consecuencia juega un papel fundamental en su desarrollo.
Hay acciones específicas en las iniciativas del Presupuesto de Egresos de 1984 para, en los hechos, reflejar esta conciencia sobre la importancia en la participación del Sector Social en nuestro desarrollo.
Hay mecanismos específicos de apoyo al Sector Social en los fondos de fomento y apoyo a la industria. Se establecerán líneas de crédito preferenciales para el Sector Social, bajo criterios de eficacia y de equidad, en aquellas actividades y unidades de producción que se establezcan.
Va a introducirse, además, un sistema de becas para trabajadores que les den la capacitación que requieren dentro del Programa de Protección al Empleo, con una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos.
Se van a reorganizar y se adecuarán los contenidos de los diversos programas de capacitación para el trabajo existente, con el objeto de darle una mejor utilización a la capacidad instalada y de mejorar la capacitación técnica y administrativa de los miembros del Sector Social.
Se fortalecerán las cooperativas de producción rural y se le dará impulso a la organización productiva en las formas de productividad social en el campo.
Hay, además, en los programas de desarrollo regional - ya en marcha -, acciones y proyectos productivos en el campo que tienen una activa presencia del Sector Social. El 60% de los fondos convenidos en los programas de desarrollo regional, se realizan con la comunidad y para beneficio de ésta. Es decir, dos terceras partes de los 150 mil millones de pesos, que el programa del empleo contempla, serán precisamente para apoyo o desarrollo de tareas del propio Sector Social.
Es así como hay un reflejo específico dentro del presupuesto, de esta nueva concepción política y constitucional del propio Sector Social.
La reserva del 1% que deberá enfatizar aquellos aspectos fundamentales del desarrollo social, seguramente tendrá un reflejo adicional de beneficio al Sector Social.
En la medida en que los lineamientos que se establezcan para su ejecución enfaticen el desarrollo rural integral, el apoyo al desarrollo educativo y en materia social, la infraestructura básica de comunicaciones y la atención a aspectos prioritarios de la estrategia de desarrollo industrial paraestatal, en esa medida y en los lineamientos que la propia Cámara nos marque, se estará dando un reflejo deliberado y específico en la reserva del 1% a los programas de desarrollo del Sector Social.
Estos son mis comentarios, diputado Raúl López García, a las preguntas que usted señaló.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jesús Luján Gutiérrez.
El C. Jesús Luján de Gutiérrez, secretario de Programación y Presupuesto: Inicialmente deseamos señalar lo siguiente: Es verdaderamente preocupante que se mantenga una política económica grata a la gran burguesía. Los partidos de la derecha, aquí representados, ya dieron su mas amplio beneplácito a los pronunciamientos que hizo de esta tribuna de la representación nacional el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Jesús Silva Herzog, cuya actitud ha quedado perfectamente definida.
Los partidos Acción Nacional y el Demócrata Mexicano mostraron a través de Ultimas Noticias de ayer, sus coincidencias amplias con la orientación gubernamental en materia económica precisada por el titular de Hacienda y Crédito Público.
Los coordinadores parlamentarios del PAN y del PDM coincidieron también en que sí hay síntomas alentadores de recuperación económica al hacer su evaluación de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, ayer, ante los diputados mexicanos. Al comentar con optimismo la decisión gubernamental, ayer ratificada, de que serán devueltas a los ex banqueros las empresas donde tenían acciones los bancos, el coordinador del PAN afirmó que es correcto, porque el Gobierno Federal no tiene capacidad para administrar un número tan grande de empresas.
El jefe de los diputados del PDM calificó de muy positiva y de alto valor jurídico la venta de acciones no bancarias y manifestó su coincidencia con el Gobierno Federal en que de alguna manera la crisis está controlada.
Como es público y notorio la derecha está realizando una febril actividad para combatir al pueblo y al Gobierno nacional; por una parte aplaude las medidas equivocadas del gobierno en materia económica y de la otra
aprovecha la inconformidad que esas medidas han propiciado.
Ya concretamente, por lo que se refiere al tema que usted toca, tenemos algunas preocupaciones que deseamos nos sean aclaradas:
Nuestro país se desenvuelve en medio de una dura crisis económica que se profundizó, entre otras razones, por los errores cometidos en la conducción de la política económica del país. Esta política económica favoreció a la burguesía reaccionaria de dentro y fuera del Gobierno, la que aprovechó la situación favorable que le brindó el Gobierno para obtener las más elevadas ganancias de su historia.
Hoy, después de un año de gobierno, nuestro pueblo continúa sufriendo los efectos de la inflación que no ha podido ser controlada. Ha sufrido además carestía de la vida, desempleo, bajo salarios y miseria. La desesperación ha llegado a grandes masas del pueblo.
A juicio del Partido Popular Socialista, en buena parte se sigue aplicando una política equivocada en la conducción de la economía. No debe el Gobierno, a nuestro juicio, seguir aplicando políticas que ya fracasaron en otros países y también en el nuestro; no se puede seguir pensando resolver la crisis sin establecer cambios profundos en la estructura económica del país; la disminución del gasto público no puede ser la solución a los problemas de la economía nacional.
El PPS ha venido insistiendo en que nuestro país, a pesar de la difícil, situación económica, no se encuentra acorralado, que es posible, en el marco de la sociedad actual, resolver los graves problemas económicos y sociales con éxito.
El Partido Popular Socialista considera, que para continuar avanzado en la construcción de un México independiente, democrático y más equitativo, no hay que olvidar las lecciones de la historia. No es aliándose a la gran burguesía o cediendo a las presiones de la derecha y al imperialismo como saldremos de la crisis, la única salida es la alianza con el pueblo, abandonando las indecisiones y cumpliendo con los compromisos contraidos durante la campaña electoral.
El Partido Popular Socialista considera que es ampliando y profundizando el camino abierto por la Revolución Mexicana lo único que en este momento puede elevar sustancialmente las condiciones de vida del pueblo. Consideramos que sólo fortaleciendo económicamente al Estado, a través de una política de nacionalizaciones en los aspectos fundamentales como la industria alimentaria y la quimicofarmacéutica y con un gasto público austero en los aspectos suntuarios, pero suficiente y, podríamos decir, abundante en la inversión productiva, que permita crear nuevas empresas necesarias para satisfacer las necesidades del pueblo y los requerimientos de la propia administración pública. Corresponde al Estado, y por ello requiere de un gasto público que se lo permita, impulsar y desarrollar un plan agrícola que logre la autosuficiencia alimentaria. A juicio del PPS no se podrá con un presupuesto raquítico, resolver los problemas más urgentes de nuestro pueblo, como son la educación, la cultura, la capacitación, etcétera. Por ello, consideramos que la política presupuestal debe estar encaminada a satisfacer las demandas de los que con su esfuerzo generan las riqueza y no los intereses de la gran burguesía enriquecida que, a pesar de su actitud antipatriótica, continua recibiendo subsidios y estímulos diversos por parte del Estado.
¿Por qué demandamos insistentemente que el gasto público no se reduzca, sino al contrario se amplíe y fortalezca? Porque el gasto público influye en todo el desarrollo económico; el gasto público genera empleos, mejora los servicios de educación, salud, vivienda, transporte, etcétera, sobre todo, porque el gasto público es un instrumento de redistribución de la riqueza.
Señor secretario, ¿cuál sería el nivel de vida del pueblo y las perspectivas de desarrollo independiente de la Nación mexicana si se hubieran tomado a tiempo las medidas preventivas e incluso penales para evitar que los traidores a la patria, entre los cuales están muchos de la iniciativa privada, saquearán al país con más de 54 mil millones de dólares que permanecen aún depositados en bancos extranjeros? ¿Cuántos cientos de miles de empleos se habrían generado con esta enorme cifra que sacó la burguesía explotadora de México? ¿Cuántos millones de mexicanos saldrían favorecidos con la medida urgente de retirar los subsidios calificados de monstruosos a las grandes empresas nacionales y extranjeras, en gasolina, gas y electricidad baratos, mientras el pueblo trabajador los recibe a precios más elevados?
Señor secretario, hemos expresado permanentemente nuestra demanda de que se incremente el gasto público y sobre todo la inversión productiva. ¿Sería tan amable de informar a la Cámara de Diputados y al pueblo de México sobre el monto de la inversión productiva para 1984?
Con frecuencia se habla con los subsidios que se entregan a la iniciativa privada de monstruosos; ¿podría informar a esta soberanía a cuánto ascienden actualmente los subsidios orientados al Sector Privado y a cuánto ascenderán el año que entra?
De antemano le agradezco su respuesta.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Luján Gutiérrez: Creo que es de justicia reconocer que la política económica en marcha no busca ser grata a nadie sino resolver con equidad y eficacia los problemas que enfrenta.
No son estos tiempos para buscar una popularidad transitoria, con medidas aparentemente amables, pero que no resuelven nada y solamente agravan los problemas.
Llegó la hora de la responsabilidad, de la consistencia y de la congruencia en el quehacer de las decisiones gubernamentales.
Desde el 1o. de diciembre de 1982, el Presidente Miguel de la Madrid ha puesto en marcha un programa veraz, con objeto de resolver
los problemas que más agobian a la mayoría, y no de quedarse en un mero ejercicio de decisiones transitorias que nada resuelven y todo empeoran.
Con la austeridad revolucionaria que lleva a cabo el Gobierno de la República coinciden los partidos revolucionarios, porque hay responsabilidad, hay veracidad y hay decisión en imponer las acciones, por amargas que sean, para resolver los problemas fundamentales.
La política en marcha se fundamenta en principios y en valores del proyecto nacional. Fortalece la rectoría del desarrollo por parte del Estado y amplía los márgenes de participación dentro de la planeación democrática a la sociedad civil. Elevó el Sector Social a rango constitucional; estableció fundamentos para distribuir con equidad, con equilibrio las responsabilidades de puntos del desarrollo a lo largo del territorio nacional; ha ampliado la participación en los diferentes ámbitos del Sector Público; introduce criterios sociales explícitos en la afinación de los montos presupuestales. Busca la mayor equidad posible en la recaudación adicional de recursos.
Es, en consecuencia, por sus principios y sus definiciones, una política - quisiera reiterarlo - de austeridad revolucionaria.
En materia de la nacionalización bancaria y de las empresas en ello incluidas, debemos decir con franqueza que no pretendemos la estatización por la puerta trasera. Está claro cuál fue la intención de la nacionalización bancaria; pero no se trata de que el Estado ahogue a la sociedad civil con un tamaño de obesidad y de ineficiencia. Dispone el Estado ya de las empresas estratégicas fundamentales que le permiten llevar a cabo, a cabalidad, la responsabilidad de conducción del desarrollo nacional, en el saneamiento, en la fortaleza de estas empresas estratégicas es a donde el Estado pondrá toda su energía además de mantener siempre su convicción revolucionaria.
La política en marcha tiene, además, su carácter no ortodoxo y progresista en el echo de que ha evitado el desempleo masivo, ha permitido controlar la inflación, ha introducido un programa de apoyo a la producción productiva, eficiente; tiene en marcha el Programa Nacional de Emergencia de Protección al Empleo; lleva a cabo obras de infraestructura básica y de desarrollo social que son las más sentidas por la comunidad; ha buscado fortalecer a los productores del campo por la mejora en los precios de garantía y en los montos de crédito disponible y ha elevado a rango constitucional el derecho a la salud.
No hay predominio en las medidas de corrección financiera, es un programa equilibrado que no reconoce el maniqueísmo de querer establecer una dicotomía que no existe entre lo real y lo financiero; se aboca a solucionar de raíz los problemas e introduce permanentemente un criterio social; hay atención al empleo; hay protección a la planta productiva; hay gasto social; hay medidas de ingresos equitativas, pero, sobre todo, mantenemos la libertad y la democracia para, aun manifestando que nuestras diferencias, persistir en el empeño anunciado.
A pesar de la dureza de las medidas, la mayoría le concede su aprobación a la política en marcha porque hay certidumbre en la dirección hacia lo que vamos. No hemos terminado de resolver los problemas de la crisis, pero la comunidad sabe que si perseveramos y mantenemos las decisiones que hasta hoy hemos introducido, vamos a resolver de fondo el problema tan grave que estamos viviendo. No buscamos imitar políticas adoptadas en estos países, buscamos, en base a nuestra propia experiencia histórica y, también, tratando de evitar los errores cometidos en otras latitudes, definir, como lo hemos hecho, nuestra propia política a partir del diálogo directo con la comunidad.
Hay cambios estructurales y cambios de fondo, no es una política que meramente procura resolver los aspectos superficiales de la crisis; sabemos que aun avanzando en el Programa de Reordenación, esto no será suficiente; es necesario consolidar lo alcanzado y darle permanencia y viabilidad al esfuerzo desarrollado, por eso se ha insistido tanto en el cambio estructural o cualitativo que va a modificar permanentemente los aspectos reales del desarrollo que afectan al aparato productivo, al distributivo, a la comercialización y hay orientaciones generales precisas de ese cambio estructural en marcha, que muestra que el país tiene salida gracias a la política que está siguiendo.
Primero: Se está dando prioridad a los aspectos sociales y distributivos dentro del proceso de cambio.
Segundo: Se está reorientando y modernizando el aparato industrial y comercial de transformación.
Tercero: Se están descentralizando efectivamente y en forma activa los procesos de comercialización y producción, además de toma de decisiones a lo largo del territorio nacional.
Cuarto: Hay una nueva concepción de la forma de financiar el desarrollo, que lo haga sobre bases sanas y sólidas; con objeto de que pueda realmente sostener el esfuerzo que requiere el país.
Quinto: Se reconoce que tenemos un enorme potencial de desarrollo; ya se ha insistido que dentro de las más de 160 naciones que hay en el mundo, México permanentemente está entre las 15 primeras, por su tamaño, por su número de población, por la extensión de sus carreteras, por el número de sus hospitales, por las escuelas que tiene, por las reservas de hidrocarburos y otros energéticos y materias primas básicas; pero todo ese potencial tenemos que ponerlo en marcha y sólo mediante un programa de reordenación podremos aprovechar este gran cambio cualitativo que tiene nuestro país, y también el fortalecimiento en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Se está, en consecuencia, actuando para modificar la distribución del ingreso, para cambiar la composición de los distintos sectores productivos, incluso en su reflejo a lo largo del territorio, para hacer un sector industrial más integrado
hacia adentro y más competitivo hacia afuera, un sector agropecuario - como insistíamos - donde el desarrollo sea integral y vea no sólo los aumentos de producción sino la mejor distribución entre los campesinos, de sus frutos; y también en materia de la comercialización y de la infraestructura básica de comunicaciones.
Pero también en el gasto público estamos haciendo cambios de fondo, estamos aumentando la participación de los rubros para el Sector Social y estamos apretando más la del industrial paraestatal; estamos aumentando la generación de empleos por cada peso que invertimos; estamos cambiando los términos de relaciones de precios entre el campo y la ciudad para favorecer, ahora sí efectivamente, al campesino por los productos que genera y no sólo le transfiera recursos a la ciudad a través de precios relativos más altos; estamos aprovechando mejor nuestro recursos naturales, reduciendo el déficit del Sector Publico, como un cambio estructural de fondo que nos permita avanzar sobre bases más firmes y sólidas y con una política cambiaria mucho más realista y adecuada a nuestras necesidades.
Son estos cambios de fondo, cambios estructurales y cualitativos que van a permitir que una vez que salgamos de esta crisis, de la cual vamos a salir, salgamos fortalecidos y con la posibilidad de recrear un nuevo país, que manteniendo sus principios fundamentales impida que regresemos a donde habíamos partido y podamos darle satisfacción a lo que los mexicanos tanto nos demandan. No hay más alianza, señor diputado Luján Gutiérrez, que la que el Estado tiene con la mayoría de éstas le dan su apoyo porque les habla con la verdad y actúa para efectivamente resolver sus problemas. Necesitamos un Estado fuerte, democráticamente fuerte, que no es lo mismo que un Estado excesivamente grande. Crecer en exceso al estado, sin una base sólida, fue lo que provocó su quiebra financiera y su debilidad frente a sus acreedores. Es hora de que reconozcamos que la fortaleza del Estado necesariamente está en que tenga dos piernas sólidas y no una endeble estructura financiera.
En consecuencia, el presupuesto no es raquítico; es austero, pero al tener prioridades permite que, sin gastar más, gastaremos mejor; que le demos mayores recursos a las áreas sociales que más lo requieren. En consecuencia, introduzca criterios de equidad y no sólo prevalezcan los necesarios de eficiencia.
La memoria - como usted lo señalaba - es ante todo un requisito indispensable para resolver los problemas; pero no por recordar lo que pudiéramos haber hecho en el pasado, permitamos que se inhiba nuestra capacidad de acción para resolver hoy lo que podemos hacer para mañana. Por eso, aun reconociendo los errores que cometimos en el pasado, recordemos los avances que hemos logrado y sobre todo la gran capacidad que tiene el pueblo mexicano para afrentar la adversidad y para resolver hacia su favor los problemas fundamentales.
Señalaba usted, señor diputado, insuficiencia de recursos. No son tales. No son tantos como quisiéramos, pero son los que podemos realmente gastar para hacerlo con productividad, con criterio social y sin que se nos revierta por el lado de una mayor inflación. Pero sólo para educación y cultura estamos canalizando más de 630 mil millones de pesos; para alimentación y nutrición más de un billón y cuarto de millones de pesos; para salud y seguridad social, más de medio millón de millones de pesos. Las cifras, es cierto, han sido incrementadas sustancialmente por el efecto de los precios, no podemos dejar de reconocerlo. Pero aun si lo refractáramos a su situación real, estos rubros crecen, crecen positivamente quitando el efecto de la inflación y siguen siendo cantidades sustanciales.
¿Cuánto vamos a invertir en 1984?, mas de dos billones de pesos. Es decir: 2 billones 300 mil millones de pesos va a invertir todo el Sector Público, con objeto de atender las obras prioritarias que la comunidad le demanda y que tiene la capacidad y la posibilidad de poner en marcha.
Estos serían, diputado Luján Gutiérrez, mis comentarios a su pregunta.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Sergio M. Beas Pérez.
El C. Sergio M. Beas Pérez: - Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: La reordenación económica emprendida por el Gobierno de la República a fin de contrarrestar en lo posible los graves efectos de la actual crisis económica que nos aqueja, se actualiza en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988.
Se persigue proteger y estimular la eficaz distribución de alimentos básicos para el pueblo, mediante la utilización de recursos económicos que beneficien realmente a los grupos sociales más desprotegidos.
Lo anterior no tiene como objeto únicamente superar la crisis - usted lo expresó, en reunión de trabajo celebrada en esta Cámara - porque ello no nos permitiría alcanzar los propósitos fundamentales que nos hemos fijado. Se busca reorientar el desarrollo del país, a partir del esfuerzo solidario de la Nación; fortaleciendo el desarrollo de la República, manteniendo la consulta y conservando y ensanchando las formas de expresión y participación políticas.
El Plan Nacional de Desarrollo contempla también al Sistema Integral de Transporte, que, desde el punto de vista económico, interviene determinantemente en los costos, tanto de producción como de distribución de alimentos básicos por todo el territorio nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo considera la infraestructura del transporte en general, como un elemento esencial que en conjunto con otras inversiones impulsará el desarrollo de las diversas regiones, reordenando económicamente nuestro territorio.
En los criterios generales de política económica se contempla un crecimiento moderado de transportes, que se apoyaría en el uso más intensivo de la capacidad instalada para resolver el problema de vialidad en nuestro sistema de transporte, porque el eficaz abasto y distribución de los productos básicos requiere de la modernización y ampliación de la red carretera nacional, de la reestructuración de los ferrocarriles y del aumento de la capacidad de los servicios portuarios.
Señor secretario: De los anteriores postulados económicos, le ruego que nos exprese su opinión respecto de las siguientes cuestiones que les atañen:
Primero: Se dice que el Sistema Alimentario Mexicano revive en el Programa Nacional de Alimentación. ¿Es esto así? ¿Cómo dará este programa respuesta adecuada a la problemática actual en esta materia? ¿Cuándo será posible evaluar su eficiencia en producción, en eliminación de intermediarios, en abatimiento de costos, en distribución oportuna y eficiente, en la creación de cooperativas de cooperación y consumo sustantivas de ganancias exorbitantes, en la posibilidad de cubrir precios reales y no artificialmente aumentados por especulación o cualquiera otra práctica atentatoria de las economías de las clases mayoritarias, que son quienes más ven lesionado su gasto familiar
Segundo: ¿Puede precisarnos en qué consiste y mediante qué programas se impulsará el uso de la capacidad de la infraestructura actual del Sistema Nacional de Transporte, y qué acciones emprenderá el Gobierno en 1984 para iniciar la instrumentación integral del transporte y en qué plazo se logrará.
De antemano, muchas gracias por sus respuestas.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: Señor diputado Beas Pérez: Son dos temas fundamentales de alimentación, infraestructura básica y comunicaciones y transportes. Reflejo de la preocupación fundamental que el Presidente de la República tiene porque los mexicanos cuenten con alimentos suficientes en su mesa, es que se puso en marcha recientemente el Programa Nacional de Alimentación.
Este programa pretende innovar precisamente donde más aprovecha la experiencia amplia y rica de nuestro país en la materia. O lo que es lo mismo, lo que va a procurar es que haya una coordinación adecuada entre las diversas políticas que ya tiene en marcha el Ejecutivo para resolver el problema de alimentación. No va a sustituir la responsabilidad ejecutiva de los diferentes titulares de las áreas que ponen en marcha el programa. No va a requerir de una burocracia paralela para llevarlo a la marcha, ni invocándole se van a crear diversos programas que no tengan que ver nada con la alimentación.
Pero lo más importante que el Programa Nacional de Alimentación procura como primer elemento es la soberanía alimentaria, que va más allá del concepto de autosuficiencia alimentaria. Porque reconoce que necesitamos producir la mayor parte, aun reconociendo que no todos, porque no hay autarquía en producción de alimentos en ningún país.
Producir los alimentos fundamentales que necesitamos, pero también tener la soberanía en los procesos de comercialización, transformación en las pautas de consumo de alimentos que hagamos. Y alcanzar condiciones de alimentación y nutrición para el pleno desarrollo de los mexicanos.
¿Con qué objeto se va a poner en marcha el Programa Nacional de Alimentación?
Primero: Mejorar los niveles nutricionales de la población que está más desfavorecida, enfatizando regionalmente y particularmente la parte sureste del país esta prioridad; propiciando una distribución más equitativa de los alimentos en el corto plazo y garantizar que las importaciones complementen la producción interna, que ha sido sustancialmente incrementada en el año de 1983, pero que sigue siendo insuficiente para la demanda que hacen los mexicanos y, articulando la estructura productiva con la de transformación y comercialización, se considera toda la fase de la cadena alimentaria, desde la producción inicial, su transformación su comercialización y los diversos patrones de consumo que en ella implican, estableciéndose criterios selectivos claros.
Busca atender, en forma prioritaria, 30 millones de mexicanos en 1984, y haciendo énfasis en la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, azúcar, huevo y leche, entre otros. Va a reordenar los incentivos en materia de producción, a ampliar la capacidad productiva y a fortalecer la organización, de los productores.
En materia de transformación, preservará la industria alimentaria para la inversión nacional, reorientándola hacia alimentos necesarios.
En comercialización, y rompiendo la forma drástica los anquilosados procesos de comercialización que implican un incremento sustancial en el precio final del consumidor, termina pagando por los productos básicos.
Y en materia de consumo ir introduciendo, sobre todo en lo medios masivos de comunicación, una clara estrategia sobre el contenido nutricional de los diversos alimentos. Estas acciones, estos principios tienen un reflejo concreto en el Presupuesto de Egresos de 1984, es decir, no sólo hemos hecho un plan nacional, en cual tiene un reflejo en el programa de alimentación, sino que éste a su vez impacta, en forma precisa y específica, el presupuesto para 1984. Hay, en consecuencia, una gran coordinación, un gran amarre entre el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo.
En materia de producción, se incorporarán al riego 96 mil hectáreas de temporal y 79 mil de riego en apoyo al incremento en la disponibilidad de alimentos; se logrará una captura de casi 2 millones de toneladas de productos de la pesca y se continuará avanzado en las obras de catastro rural y regularización de la tenencia de la tierra para dar certidumbre a los productores.
En transformación se producirán 213 mil toneladas de semillas mejoradas, así como el apoyo a los alimentos balanceados, con una importante transformación de los productos, tanto del campo como de la pesca.
En comercialización se va a dedicar alrededor de 78 mil millones de pesos para apoyo de esta actividad, antes de los que se canalizan a CONASUPO, porque el presupuesto de esta entidad, para poder llevar a un precio subsidiado los productos que demanda la mesa mexicana, va a ascender el año que entra a alrededor de 550 mil millones de pesos. El Departamento del Distrito Federal también tiene proyectos específicos para la construcción, mejoramiento y modernización de mercados o tiendas en el Distrito Federal.
Y en materia de comunicaciones y transportes hay acciones específicas para fortalecer la red carretera del país, con objeto de disminuir el costo de transporte y aligerar el tiempo de entrega del mismo.
En lo relativo a consumo y nutrición, van a instrumentarse el sistema permanente de vigilancia para el control de alimentos y la distribución de más de 300 millones de raciones a los demandantes, fomentándose la organización de consumidores entre 3 mil 500 grupos de compradores.
Como usted puede ver, diputado Beas Pérez, hay acciones concretas en el Presupuesto de Egresos, que se elevan alrededor de un billón 200 mil millones de pesos para apoyar los cuatro elementos principales de la cadena productiva que incorpora el Programa Nacional de Alimentación: la producción, la transformación, la comercialización y los patrones de consumo.
La segunda parte de su pregunta de refiere al sector comunicaciones y transportes. Este es uno de los sectores fundamentales a atender en el presupuesto de '84, por varias razones: primero, tenemos que tener la venas a través de las cuales circulen con rapidez los diversos productos de demanda la Nación. Es además, un sector que por cada peso de obra que hace genera más empleo en relación a otros no tan prioritarios. En tercer lugar, rinde con muy poca inversión, una gran cantidad de producto. Por eso vamos a fortalecer la red de comunicaciones y de transportes, y permitirá a contribuir este programa a la generación de empleos, con alrededor de 350 mil puestos adicionales de trabajo.
Hay acciones concretas: vamos a destinarle 75 mil millones al programa de carreteras, continuando 275 kilómetros que están en operación. Modernizaremos 800 kilómetros, con 62 carreteras en proceso. Continuaremos la construcción de siete puentes y terminaremos el Coatzacoalcos dos. Y conservaremos 41 mil 500 kilómetros de la red en existencia. La conservación es una inversión tan importante como la nueva obra; o conservamos lo que ya tenemos o es como si perdiéramos nuestra inversión y, además genera empleo en una proporción mucho mayor.
También en materia de ferrocarriles hay acciones importantes en el presupuesto. Vamos a fortalecerlos duplicando la tasa de crecimiento histórico de la carga en el Ferrocarril, revisando productividad y calidad del servicio, la autosuficiencia financiera en su operación, atendiendo a los trabajadores ferrocarrileros y modernizando la vía y además la infraestructura de patios y la dotación de máquinas. Casi 220 mil millones de pesos se van a canalizar a Ferrocarriles, con lo cual vamos a poder elevar la cantidad de pasajeros que transporta y la carga que pueden llevar los Ferrocarriles. Vamos a dotarlos, a ir avanzando hacia el parque vehicular de locomotoras que se refiere y avanzar sustancialmente en esa doble vía electrificada que va a permitir llevar del Golfo al Pacífico, por primera vez en el ferrocarril electrificado, los productos fundamentales.
Hay acciones también en materia de transporte marítimo y desarrollo portuario, donde daremos énfasis no tanto a los puertos industriales, que mantienen su prioridad, sino a la renovación de los puertos comerciales.
Son estos elementos, como usted puede ver, diputado Beas Pérez, los que permiten afirmar que en materia de los sectores prioritarios el presupuesto, aunque es austero, tiene acciones concretas, obras específicas, realizaciones que permiten efectivamente enfrentar los problemas sociales hacia los cuales se aboca su acción y ejecución.
Esta sería, diputado, mi respuesta a su pregunta.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Ortiz Mendoza.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Con su venia, señor Presidente; señor secretario: Todos tenemos derecho a soñar, yo lo invito a meditar conmigo. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si hubiéramos tenido empresarios audaces y patriotas? ¿Qué hubiera sido de nuestro país si esos empresarios que acumularon enormes riquezas las hubieran puesto al Servicio de la Nación y no de sus intereses propios solamente? ¿Qué hubiera sido de México si estos empresarios no hubieran vendido sus empresas a las empresas transnacionales, convirtiéndose en simples mandaderos de los grandes capitales extranjeros? ¿Qué hubiera sido de México si estos empresarios, en lugar de explotar tan duramente a nuestro pueblo se preocuparan por mejorar sus industrias y poder competir con las del extranjero? ¿Qué sería de México y de nuestro pueblo si estos empresarios pagaran al fisco, si no tuvieran cuatro contabilidades como tienen? ¿Qué sería de México si estos empresarios no se preocuparan por enriquecerse tan fácilmente, acaparando el huevo, la leche, los productos necesarios para México y luego a través de los medios de comunicación culpar al gobierno? ¿Qué sería de México si estos empresarios - como lo dijo mi compañero el diputado Jesús Luján - no hubieran sacado lo millones de dólares que tienen depositados de la banca extranjera? ¿Qué hubiera sido de México si esos 84 mil millones de dólares que tenemos como deuda se hubieran utilizado para fortalecer
nuestra economía y no para que estos señores los sacaran y los depositaran vía utilidades en bancos del extranjero?
Es bueno soñar, pero la realidad es otra. Tenemos empresarios, salvo muy honrosas y raras excepciones, canijos de pensamiento, de mentalidad enana; sólo les preocupa hacer grandes negocios. Culpar al Estado para presionarlo y sacarle subsidios y favores. Se quejan de los gobernantes. Yo recuerdo a Sor Juana: "Hacedlos cual los queréis, queredlos cual los hacéis". Ellos son los que corrompen a los funcionarios y después ya corrompidos los utilizan para golpear la política estatal.
Por eso nos preocupa mucho, señor secretario, el pensamiento que usted a manejado de que no se trata de desarrollar el sector estatal de la economía por la puesta trasera. La idea es otra. El sector estatal de la economía no es nada más un simple instrumento para participar en la economía mixta, es el instrumento fundamental para el desarrollo revolucionario de México. Esas empresas que están en manos o que estaban en manos de la banca privada fueron adquiridas por los ahorros de los mexicanos, pertenecen al pueblo de México, no a los accionistas.
¿Qué van a hacer estos señores con estos negocios que cayeron ya en manos del Estado a través de la nacionalización de la banca? Utilizarlos para extraer más riquezas de México. Pero no vale más discutir esta cuestión ahora, cada quien se está ubicando ante la historia de México.
Por su parte, el Partido Popular Socialista insistirá hasta el cansancio, hasta que no se conozca la relación completa de todas estas empresas, y junto con esto, la semana próxima, en breves días, entregaremos a esta Legislatura la iniciativa de Ley para que la Cámara de Diputados participe en la discusión de la venta de empresas que están en manos del Estado, a efecto de que no queden a juicio, como se pretende hacer creer, de la Secretaría de Hacienda el si se venden o no se venden las empresas.
Más nos preocupan cuando se señalan tres cuestiones fundamentales para salir de la crisis: La primera de ellas dice que alentaremos y protegeremos la planta productiva. ¿Cuál planta productiva? Son tres las partes de la planta productiva: La que está en manos de las empresas trasnacionales; la que está en manos del Sector Privado y la que está en manos del Estado. Si dejamos esta cuestión ambigua, son tan vivos nuestros empresarios y las empresas trasnacionales que habrán de estirar la mano para recibir toda la ayuda para fortalecer su planta productiva, y junto con el otro planteamiento - hecho y señalado por usted - de que trataremos de evitar inversiones a través de traer del extranjero los productos que necesitamos de importaciones, de cada peso, ahora, 11 centavos serán sólo los que sean de importaciones. ¿Hay alguna medida - es una pregunta - para evitar que las empresas trasnacionales a las que antes les comprábamos en el extranjero importando productos, nos vengan a establecer aquí, a México, a través de los prestanombres - empresarios, una empresa subsidiaria para que, producido ya en México el producto, se venda a la planta productiva y salga la misma cantidad de dólares por vía de utilidades?
Nos parece que este problema amerita un serio análisis, porque junto con la planta productiva, el desarrollo de la planta productiva que ahora trabaja a un porcentaje muy bajo, tenemos que tener un plan de producción de los que el pueblo necesita, no de las cosas superfluas; pero además se plantea como otra medida, la de la aplicación de la exportación; absolutamente legítimo. Sólo hay tres caminos esenciales para obtener divisas; o aumentamos nuestras exportaciones o adquirimos por préstamo o aceptamos inversiones extranjeras. Es evidente que la medida más sana es incrementar las exportaciones; pero ¿qué vamos a exportar? El 74% es de petróleo, el 15% es manufacturas, aproximadamente, y poco menos de eso son materias primas. Cuando hablo de manufacturas - y así lo establece el programa que nos han entregado - se habla de textiles, se habla de alimentos y la industria metal - mecánica, la industria eléctrica ocupa un porcentaje todavía más bajo. ¿Vamos a incrementar nuestras exportaciones de materias primas o conviene al interés nacional para fortalecer nuestra planta productiva interna, para producir al mercado interior y a la exportación, desarrollar nuestra propia tecnología para no tener que depender del extranjero?
Vistas así las cosas, y el Partido Popular Socialista preocupado más por el futuro que por el pasado, que sólo nos sirve para experiencia, queremos tener idea, porque no lo encontramos en el programa, éste se encuentra dividido en dos partes, en Programación y Presupuesto y en Educación Pública; ¿cuál es el plan de desarrollo de la investigación científica y tecnológica? No hay más camino para lograr nuestra cabal independencia que crear nuestra propia tecnología. Aquí se advierten 13 programas, 13 mil millones de pesos aproximadamente en investigación en el programa de Programación y Presupuesto; de éstos, 11 mil y pico de millones van al CONACYT, que lo han convertido en una simple administración de becas y no en el desarrollo de investigación científica. Que se sepa, el Instituto Politécnico Nacional que es la institución del Estado, va a invertir o ha invertido alrededor de 110 millones de pesos; 110 únicamente, nuestra principal institución educativa de México, pero lo más grave de todo, que no lo logramos advertir, por eso es la pregunta, es que hay una absoluta desconexión de todos los programas de investigación científica, ¿cómo podemos hablar del futuro de México, de la independencia nacional?, si esta planta productiva de la que estamos comentando ahora, si se analizara, un elevadísimo porcentaje es de productos extranjeros: tornos, fresadoras, quipos de banco, todo lo que tenemos en la planta de producción o la inmensa mayoría, son productos extranjeros. ¿Qué estamos haciendo o qué se piensa hacer
para que en breve plazo de 1, 2, 5, 10 ó 20 años, los que se quiera pensar, podemos tener nuestra propia tecnología, con un plan y con un programa perfectamente definido? Esa es mi pregunta.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Diputado Ortiz Mendoza: Yo ratifico mi tesis que el desarrollo del sector productivo estatal requiere vigor; requiere decisión para que pueda conducir, como tiene la responsabilidad del desarrollo nacional. Es una conquista irreversible, efectivamente, del pueblo mexicano, las industrias nacionalizadas - destacadamente el petróleo y la electricidad - que el nuevo párrafo del artículo 28 constitucional, introduciendo en la iniciativa del Presidente De la Madrid, reserva y ratifica la propiedad exclusiva del Estado.
Reitero también - y en esto me apego estrictamente al texto del último párrafo del artículo 25 constitucional - que nuestro país requiriendo y ratificando la rectoría del desarrollo por parte del Estado, tiene que alentar la participación de los sectores Social y Privado de la economía, como es en 25, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público. Y dentro de él, señala la Constitución, la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares - léase el sector privado - y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional en los términos que establece esta Constitución. La propia Constitución de la República - reitero - ratifica la rectoría del desarrollo por parte del Estado y enfatiza la necesidad de la participación de los sectores Social Privado dentro de nuestro régimen de economía mixta.
Los empresarios mexicanos tiene como responsabilidad ser eso precisamente, mexicanos, y solidarizarse con los grandes intereses de la República. Y su principal obligación es sostener las fuentes productivas y de empleo.
En materia de la planta productiva, se tiene un programa específico de aliento con objeto principalmente de mantener los empleos que hoy tienen los mexicanos y que no pierdan esa fuente de ingresos, fundamental para su familia. Es la protección del empleo y la posibilidad de producir internamente lo que demandamos, lo que nos obliga a proteger la planta productiva; protección que, hay que destacar, no indiscriminada ni hacia aquellos sectores que sean ineficientes. Y por ineficientes entendemos tanto los del Sector Público como los del Sector Privado, nacional y transnacional e incluso aquellos del Sector Social que no tuvieran esta característica. Así es el criterio de protección a la planta productiva eficiente y que se ajuste - como usted decía - a las prioridades señaladas.
Estamos por eso integrando un programa con apoyos de vía compras del Sector Público. Vamos en enero anunciar las compras consolidadas del Sector Público y, enfatizando lo que usted ya recogía, cómo de cada peso que gaste el Estado 89 centavos se van a comprar aquí. Esto permitirá un aliento adicional a la planta productiva nacional. Y vigilaremos que no se venda como nacional producto que sea importado, como era su preocupación, diputado Ortiz Mendoza.
Segundo: Se agilizarán los pagos del Sector Público a sus proveedores. Tradicionalmente ha habido un retraso importante, en parte por la falta de una adecuada programación del gasto y por la aceptación de los particulares de realizar obras no autorizadas. Pero como ya está en ejecución un programa en el cual sólo se ejerce el presupuesto autorizado por la Cámara y el debidamente autorizado por las entidades coordinadoras, podemos estar, en consecuencia, en la posibilidad de pagar con oportunidad.
Tercero: Habrá apoyos cambiarios y financieros que no implican subsidios ni en la tasa de interés ni el tipo de cambio al cual se le dé a los particulares. Habrá, asimismo, apoyos para diversificar las fuentes de exportación hacia el exterior y los apoyos fiscales a que el señor secretario de Hacienda ya hacía referencia en su comparecencia de ayer.
También tendrá que haber precios más atractivos hacia la inversión en las áreas, sobre todo en las de productos controlados, so riesgo de que vayamos observando que a mayor precio controlado, mayor desabasto en la comunidad; podemos, en parte, resolver este problema por la vía de los subsidios, pero ya conocemos la ineficiencia que en ocasiones se observa cuando crece demasiado la diferencia entre el precio final y el precio subsidiado.
Este programa de apoyo a la planta productiva que, reitero, es sin subsidios ni en tasas de interés ni en tipo de cambio, pero con una conciencia muy clara de que necesitamos preservar nuestra planta productiva por los empleos que genera, será sustancialmente apoyada por el crecimiento en términos reales que tiene la inversión del Sector Público, la presupuestal se incrementa en 61% más que la inflación. Y con la autorización de la reserva del 1% crecerá sustancialmente más la inversión pública, en caso de que el Congreso la autorice, y que casi su totalidad se dedica a inversión, esto implicaría que la inversión pública crecería en términos reales en 1984 arriba del 10%.
Exportaciones. Es una preocupación muy legítima que nosotros compartimos; no queremos, no podemos exportar más hidrocarburos, juegan un papel muy importante en la disponibilidad de divisas que el país tiene, alrededor de 16 mil millones de dólares obtendremos este año y el próximo por la vía de exportación de petróleo. Es una cantidad muy importante que nos ayudará a solventar la demanda interna de divisas, pero no pretendemos hacer depender de la disponibilidad adicional de las mismas por aumentar ni el volumen ni el precio de nuestro petróleo, porque el mercado no tiene la capacidad para absorberlo.
Por eso es que insistimos tanto en la necesidad de aumentar las exportaciones no petroleras.
Y éstas, con la nueva situación cambiaria y con los alientos específicos que el Sector Público le da, ha venido creciendo sustancialmente. En el primer trimestre del año las manufacturas crecieron 7%, pero en el segundo trimestre ya crecieron 24%, y en tercer trimestre se incrementaron 35%; sólo en el mes de octubre las importaciones crecieron en valor más del 10% respecto al mes anterior, es decir, sobre los mismos dólares. Esto muestra que hay un incremento sustancial de las exportaciones diferentes del petróleo o de los productos de origen agropecuario.
Estamos, en consecuencia, conscientes de la necesidad de obtener más divisas, pero estamos alentando en forma decidida las exportaciones de manufacturas.
Parte muy importante en la diversificación de nuestras exportaciones en la sustitución de importaciones y en la esencia misma del proceso del desarrollo está en el avance científico y tecnológico. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un programa muy importante, para el cual la administración de las becas es una cuestión meramente parcial.
Es importante la formación de cuadros tanto en México como en el exterior, siempre manteniendo nuestros principios nacionalistas fundamentales, pero el Consejo realiza otras tareas que son mucho más importantes. Tiene 54 nuevos proyectos en el área de desarrollo tecnológico y analizará para ellos un presupuesto que es casi una vez y media más que el que se canalizó en los últimos cinco años. Tiene en marcha 30 paquetes tecnológicos para sustituir importaciones de tecnología, tanto en la industria alimentaria como en las de bienes de capital y para la industria metalmecánica. Tiene un programa de riesgo compartido con incrementos superiores al 220% en relación a '82, y ha establecido convenios con FERTIMEX y otras entidades públicas para apoyar su desarrollo tecnológico.
Hay, como usted lo señalaba, otras entidades dentro del Sector Público que también desarrollan importantes labores de investigación. En total, en el presupuesto hay más de 70 mil millones de pesos de apoyo por la vía de transferencias a estas entidades, la propia Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla una gran labor de investigación, el Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la UAM, las universidades y centros de investigación de provincia, el Instituto Mexicano del Petróleo, el de Investigaciones Eléctricas. Tenemos ya una muy sofisticada y diversificada capacidad de investigación tecnológica, y estamos decididos a utilizarla y a orientarla en la medida en que nos permitan ir transformando el proceso de crecimiento y de desarrollo.
En consecuencia, así señor diputado Ortiz Mendoza, como en el Presupuesto de Egresos, con partidas específicas, con atención al CONACYT y a los diversos centros de investigación tecnológica, apoyamos esta transformación de desarrollo del país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Desea replantear el señor diputado?
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor secretario: Nos place mucho que usted señale el cumplimiento de la Constitución en lo que se refiere a las empresas del Estado y al respeto a la economía mixta. Ojalá se respetara de la misma manera cuando se habla del salario, que dice que debe ser justo y suficiente para atender las necesidades de una familia, pero no es así, desgraciadamente no es así. Y la Constitución, y ese es nuestro papel, pero también lo es del Ejecutivo, la Constitución es una cuestión viva que sirve como bandera para obtener y alcanzar metas, pero también debe responder a la realidad nacional, y cuando en caso concreto de las empresas que llegaron al Estado por las vías de la nacionalización de la banca, se creó una situación nueva que el Ejecutivo debe contemplar, no circunscribirse a un cumplimiento a la letra, que no va al espíritu de la Constitución. Repito, son concepciones diferentes, y lo que voy a decir en seguida no quisiera que se tomara de manera diferente, sino como un simple señalamiento histórico. Cuando hace seis años hablábamos con los responsables de las finanzas y de la dirección del Estado, respecto a la difícil y grave complicación que se estaba creando en México por una serie de concesiones al Sector Privado, a las empresas transnacionales y a la vía del empréstito, se nos dijo dándonos una palmada en la espalda: "No se preocupen, tengo confianza en 1982 seremos una potencia media". Allí están los resultados.
No es por allí el problema va por la vía de las decisiones de las fuerzas democráticas de dentro y fuera del Estado. Usted le ha puesto un apellido a la cuestión planteada originalmente de protección y aliento a la planta productiva; usted acaba de agregar: "cuando se sujete a esas determinaciones". Nada más que eso no lo dice en el documento, y no dice cuales son las determinaciones. Proteger a la planta industrial en México tiene que ser perfectamente definido por parte del Estado, porque se va a proteger con dinero del Estado, con dinero del pueblo mexicano, vía subsidios, vía ayudas, vía protecciones, como se señala en el planteamiento. Nuestra preocupación es que se den en exceso al Sector Privado y, por la vía de prestanombres, a la planta industrial transnacional.
La otra cuestión señalada, es la de ciencia y tecnología. Nada de lo que usted me acaba de decir lo localicé en el programa, ni en el presupuesto, ni en el Plan Nacional de Desarrollo. En ninguna parte tenemos nosotros acceso a esa información. Y eso es malo, porque yo pertenezco a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Reunida la Comisión de Ciencia y Tecnología hace unas cuantas horas, el presidente de la misma intervino conmigo para que este planteamiento fuera a nombre de la propia comisión de Ciencia y Tecnología, por que es un problema grave. Toda esa información
no la conocemos. Y no se puede manejar a este país si el Ejecutivo escamotea la información y sólo la da para poder contestar a una pregunta. El problema es de otra manera. Suponiendo, sin aceptar, que fuera cierto, que CONACYT tiene todos esos planes y programas, ¿con qué capacidad ejecutiva, con base en qué ley, dónde dice que tiene esas facultades? No tiene capacidad ejecutiva el CONACYT, cumple programas que le entregan, en último caso, ayuda económicamente a determinado tipo de programas científicos y nada más.
Pero el problema no es ese, se habla de que la Universidad Autónoma de México tiene también magnífico desarrollo, no lo dudo, tengo conocimiento que ha gastado el año pasado más de 3 mil millones de pesos en investigación científica, ¿pero cuál investigación científica? Por su propio carácter autónomo puede hacer lo que quiera, el Estado no puede intervenir y no va a intervenir el CONACYT allí, tendrá que ayudarlo económicamente para que haga sus propios programas, ¿por qué?, porque la mayoría de los científicos que actúan allí actúan con una mentalidad liberal, que en aras de la investigación científica libre pueden investigar lo que quieran, pero el Estado no está para eso, nosotros debemos tener un programa de investigación científica y diferenciar con toda claridad lo que es la investigación científica y lo que es la tecnología, porque si vamos a especular en investigación científica se puede hacer, se puede tener una gran investigación científica y un nulo avance tecnológico, porque la investigación científica va hacia el estudio básico y hacia el análisis de las leyes de la naturaleza, pero la tecnología es otra cosa; el motor que impulsa la tecnología tiene que ser y esa es la planta industrial, el que le presenten los problemas a la tecnología y la tecnología los resuelve con base y apoyo en la investigación científica. Es decir, debe haber absoluta comunidad, absoluta unidad entre la investigación científica, la tecnología y la planta industrial. Y por eso volvemos a la planta industrial.
¿Quien va a presentar problemas del desarrollo tecnológico? ¿Las empresas transnacionales? No les interesa, ellas quieren que les compremos tecnología y por esa vía nos han explotado; y si se analiza un poco se verá que desde el decenio de los '50, cuando empezó la revolución científico - técnica en el mundo, desarrollamos en la tecnología mundial, y después de los '70 nos trasladaron las deudas a través de la tecnología, vendiéndonos caros sus equipos y comprándonos bajo nuestros productos de materias primas.
Entonces, ¿no sería la planta industrial transnacional? ¿Será el Sector Privado? No tienen idea de las cosas y no hay hecho nada ¿Cuánto aporta a la investigación científica? No rebasa el 3% de lo que dan de ayuda algunas de las empresas privadas, cuando tienen alguna mentalidad nacionalista. El 97% del gasto de la investigación científica lo otorga el Estado. Entonces, quien lo tiene que desarrollar de manera planificada es el Estado, allí está Petróleos Mexicanos, uno de los graves delitos, 25 mil millones de pesos gastados trayendo materiales del exterior. Si hubiera gastado siquiera el 1% en investigación científica y, por cierto, el Instituto Tecnológico del Petróleo es el que más la desarrolla, ¿cómo estaríamos en México? ¿Que investigación científica propicia la Comisión Federal de Electricidad, coordinadamente y todas las instituciones del Estado? Nada, absolutamente nada, y si existe alguna está totalmente descoordinada. Lo que exigimos del Estado mexicano es que tenga un plan de investigación científica y tecnológica, coordinada con las instituciones del Estado. ¿Y cómo es posible que la Universidad Autónoma?... bueno, que lo haga, tiene 3 mil millones de pesos de investigación científica , que hace a su gusto y de acuerdo con sus programas, y la institución educativa del Estado tiene 111 millones, es decir, el de un hijo no reconocido. Y todas las instituciones tecnológicas del país ¿por qué no realizan investigación científica apoyada por el Estado? ¿Con qué plan y con qué desarrollo?
Nuestra demanda y nuestra exigencia es total, si no tenemos investigación tecnológica y científica, señor secretario, en el año 2000 estaremos hablando de la enorme deuda que tiene nuestro país. (Aplausos.)
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Ortiz Mendoza: En cuanto a la primera parte de sus reflexiones, yo lo único que enfatizaría es que el Gobierno de la República no ha dejado de lado ninguna acción que haya podido, en el año de 1983, para proteger el ingreso de los asalariados. Y esto ha significado principalmente que conserven sus fuentes de empleo y haya un proceso de control y abatimiento de la inflación. Dentro de la severidad de la crisis que vivimos, esa meta, muy ambiciosa en las condiciones en las que nos iniciamos a finales de 1982, ha podido ser alcanzada y el Gobierno ha empeñado en ello todos sus esfuerzos.
En materia de la planta productiva, por otra parte, yo enfatizaría que no hay protección indiscriminada a la planta productiva, ya que no hay subsidios a los particulares en materia ni de tasa de interés ni de tipo cambiario, y estamos abatiendo sensiblemente los correspondientes a los implícitos en los precios y tarifas de los bienes que vende el Sector Público. Pero necesitamos proteger esta planta productiva para mantener los empleos y la capacidad nacional de producción de los bienes que necesitamos. Lo vamos a lograr con las acciones específicas que tenemos en marcha y con el marco general de certidumbre que ya hay para la toma de decisiones de inversión.
En materia de ciencia y tecnología, la información adicional que usted considere necesaria, tenemos la obligación de proporcionárselas; a solicitud que ustedes nos hagan, con mucho gusto responderemos a ella. Hay cambios de fondo en la dirección del CONACYT y en los
programas que está llevando acabo y estamos ciertos de que los responsables podrán satisfacer las demandas de información que ustedes han planeado.
En lo que se refiere a investigación y proyectos específicos, el Estado, efectivamente, está canalizando recursos recientes para ello, pero no le impondrá a las instituciones de investigación superior los proyectos específicos sobre los cuales realicen sus investigaciones. Tenemos que respetar la libertad de investigación. Eso no quiere decir que no exista una política en materia de investigación científica y tecnológica, el Estado realiza investigaciones en sus centros y allí se lleva a cabo investigaciones precisas, pero también dentro del sistema de planeación democrática, induce y concierta programas específicos de investigación con los diversos centros de investigación de las universidades y centros de educación superior. Parte de los programas y proyectos que me permití enumerar de CONACYT se refieren precisamente a eso, programas concertados con los otros centros, que obedecen a la definición general de política de ciencia y tecnología contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, y que es posible que las entidades de investigación superior realicen sin que el Estado intervenga ni menoscabe la libertad de investigación que nos rige en nuestro país.
El C. Presidente: - Con su permiso, señor secretario: En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas, señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el C. diputado Mariano López Ramos.
El C. Mariano López Ramos: - Señor secretario: El Partido Socialista de los Trabajadores consideró de gran trascendencia la nacionalización de la banca, el control de cambios, el establecimiento de la rectoría constitucional del Estado en materia económica, la elevación a rango constitucional a la propiedad social y la Ley de Planeación, medidas, sin lugar a dudas, avanzadas y nacionalistas que permitieron fortalecer la legalidad constitucional y la defensa de la soberanía nacional, que amplían las posibilidades para la participación de los trabajadores - como ya lo ha señalado mi compañero Raúl López - para luchar por alternativas de desarrollo más justas y diferentes a las actuales.
Estas acciones, en el marco de una situación internacional grave, y de presiones abiertas del imperialismo norteamericano y la gran burguesía mexicana, junto a las fuerzas de la derecha, hacen más significativas y valiosas estas medidas.
Reconocemos los avances en el control de la crisis, que aunque pequeños, como se reconocen con objetividad, son altamente significativos y han permitido sentar bases mínimas para avanzar en el control de la crisis. Los objetivos que se proponen para el '84 son necesarios; sin embargo, en opinión de nuestro partido, en primer lugar se deben diferenciar los intereses de la Nación y de los trabajadores frente a los intereses de la gran burguesía y el imperialismo norteamericano. Tomando medidas a fondo, para hacer realidad el propósito de que pague más el que más tiene, ya que hasta ahora han sido los trabajadores y el pueblo quienes han sufrido los peores efectos de la crisis económica. El fuerte ajuste ha sido desigual, los obreros y campesinos, se quiera reconocer o no, han sufrido la disminución real de los salarios, a pesar de las medidas tomadas para defender el salario; en cambio, los capitalistas han gozado de prerrogativas, estímulos, concesiones y las van a seguir disfrutando, incluso hay empresarios desnacionalizados que se han venido beneficiando y enriqueciendo más con la crisis, a pesar de los lamentos en contra de sus voceros dentro y fuera de esta Cámara.
Con respecto a las asignaciones presupuestarias para programas de desarrollo social, tenemos preocupación, que sin lugar a dudas comparten miles de mexicanos, y que consideramos para que los objetivos se alcancen, deben tomarse medidas radicales para que realmente se beneficie a las mayorías.
Señor secretario, ¿creen ustedes, realmente en materia de alimentación y nutrición de nuestro pueblo que se alcanzarán los objetivos propuestos de mejorar los niveles nutricionales de la población de bajos ingresos mientras sigan existiendo en manos de la empresas transnacionales el 100% de la industria alimentaria; mientras no se ataque de raíz el acaparamiento, la intermediación y el coyotaje en la distribución y la comercialización de los alimentos?
En México, un elevado porcentaje de los alimentos producidos en el campo se destinan a la elaboración de alimentos balanceados para el ganado. Cientos de miles de toneladas de pescado se destinan a producir harina, también para alimentos balanceados para reses, cerdos y aves, mientras millones de compatriotas están desnutridos, al mismo tiempo que el ganado engorda. Tiene una mejor alimentación que nuestro pueblo.
Las mejores tierras, acaparadas en unas cuantas manos, se destinan a cultivar también alimentos de exportación a los Estados Unidos, con el pretexto en muchos casos, de traer divisas al país, cuando en realidad las dejan en el extranjero.
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno en relación a estos graves escollos para alimentar mejor a nuestro pueblo? En materia de salud, ¿que medidas se tomarán para poner al alcance de los trabajadores las medicinas cuyos precios están por las nubes? ¿podrá llevarse salud a nuestro pueblo, mientras la industria productora de los medicamentos siga en manos de las empresas transnacionales?
Pensamos que el presupuesto asignado para vivienda y desarrollo urbano es francamente insignificante, y que en nuestro país, cerca de 10 millones de familias trabajadoras del
campo y sobre todo de la ciudad, carecen de vivienda digna.
Se habla de acciones de mejoramiento, de elaboración de proyectos y fomento a la construcción de viviendas. En nuestra opinión, en un renglón tan importante en el que el trabajador destina una parte de su salario en renta, debe ser enfrentado con otras medidas. ¿Las acciones de vivienda no irán a beneficiar más a los acaparadores del suelo urbano y a los empresarios transnacionales que producen los materiales para la construcción? ¿Qué medidas tomarán para hacer efectivo el derecho constitucional de los mexicanos a la vivienda digna y evitar al mismo tiempo que se enriquezcan los enemigos de nuestro pueblo? ¿Podrá haber desarrollo rural integral sin afectar los intereses de los caciques y latifundistas, sin terminar de entregar la tierra a los campesinos, mientras se alienta y protege a los latifundios simulados, mientras se acaparan las tierras y el agua en unas cuantas manos, mientras se mantienen precios de garantía a los productos de los campesinos por abajo de lo invertido en capital y trabajo? ¿Se mantendrá intacto el latifundio agrícola y ganadero improductivo y en alto grado y en alto porcentaje orientado a la exportación? ¿Qué medidas se tomarán para que el presupuesto asignado al campo beneficie al campesino y no al cacique, al latifundista y a la empresa agrícola transnacional, que frenen el desarrollo social, económico y político en los municipios?
Por sus respuestas, señor secretario, muchas gracias.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Mariano López Ramos: En materia de la solución a la crisis el Gobierno de la República es el primero en reconocer que falta mucho por hacer.
Por eso, en 1984, necesitamos seguir avanzando en su combate, y hacerlo con un claro criterio de equidad.
En el proceso de combate a ese problema que tanto agobia a los mexicanos, no se ha dado prerrogativa a nadie, todos los mexicanos han pagado un costo y se ha tratado, se ha procurado, que ese costo haya sido cubierto con equidad.
Dentro de esta política, de evitar que al tener que pagar todos un costo en la solución de la crisis, paguen más los que menos tienen, el Presupuesto de Egresos de la Federación le da en consecuencia prioridad a los rubros de gasto social.
En materia de nutrición, el Programa Nacional de Alimentación permite un avance integral en su atención y fortalecimiento, con la población, objetivo que tiene, la atención regional que precisa, el gasto superior a un billón de pesos, las obras específicas que en materia de agricultura y recursos hidráulicos, pesca, de fortalecimiento de la tenencia de la tierra, de transformación, de comercialización y de nutrición, con ello se estará logrando y avanzando para que efectivamente los mexicanos no sólo cuenten con los alimentos que requieren en su mesa, sino además puedan obtenerlos a un precio adecuado y que sean accesibles.
Resulta ya preocupante y doloroso, tanto los altos precios que los mexicanos tienen que pagar por alimentos, como las colas que tienen que hacer para obtenerlos. Tenemos, en consecuencia, que eliminar la carencia de una suficiente oferta interna de alimentos y lograr que ésta llegue al mercado a precios accesibles para los consumidores.
Esto es lo que el Programa Nacional de Alimentación puesto en marcha por el Presidente Miguel de la Madrid permitirá lograr, y esto es a lo que se abocan las acciones concretas y los recursos específicos que establece el Presupuesto de Egresos para 1984.
En materia de salud, en el corto plazo, lo más importante es evitar el deterioro de los servicios. Hay un sistema de salud ya en marcha y se orientan a promover la cobertura nacional e impulsar la protección social a la población de escasos recursos. Sabemos, y hay que reiterarlo, que en la crisis la comunidad deja de utilizar los servicios privados de medicina y utiliza cada vez más los servicios públicos. Tenemos que estar listos para poder satisfacer esa demanda sustancialmente incrementada de servicios de salud.
En el presupuesto se tiene previsto aplicar recursos para poder dar más de cien millones de dosis de vacunas, doce millones de consultas, continuar la construcción de tres laboratorios regionales en Monterrey, en Ciudad Obregón y Veracruz, y con el afán de evitar, más que curar la enfermedad, se harán más de cien millones de consultas y se terminarán 80 unidades médicas y dos hospitales generales.
Todo ello enmarcado en el gran propósito de descentralización de los servicios de salud. Se ha decidido, como lo anunció el Presidente de la República desde el 1o. de diciembre, que sean los estados los que administren precisamente la atención a la población abierta. Y sobre todo lo que hace en relación al primero y al segundo nivel, el preventivo y el curativo, sin ser muy sofisticado.
Ya está en marcha el programa de descentralización, es una decisión irreversible del Presidente de la República y esto permitirá un avance sustantivo.
En materia educativa, otro gran elemento del desarrollo social, se están canalizando recursos crecientes con objeto de lograr un desarrollo integral, ampliar el acceso de la población, pero sobre todo mejorar la calidad de la educación que estamos proveyendo.
En materia de vivienda, que es un punto que usted señala con toda razón, recursos adicionales en el presupuesto. Pero yo quisiera enfatizar, el Estado como tal, a través de los recursos presupuestales no constituye vivienda, tiene toda una estrategia de apoyo a la misma; por ejemplo, adquisición de reservas territoriales, con objeto de evitar la especulación con la tenencia de la tierra, y de esto se lograrán adquirir más de mil hectáreas en este respecto; consolidar la infraestructura básica
que requiere la propia vivienda, y esto se está avanzando en colonias populares, por darle dos ejemplos, en Acapulco y en el Puerto Industrial del Ostión en Veracruz, servicios de urbanización en más de 300 hectáreas, donde también se beneficiarán diversos estados de la República; apoyar acciones de autoconstrucción e incluso la construcción de pies de casa. Eso no impide que algunas entidades llevarán a cabo la construcción de prototipos de vivienda en la ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey y en el estado de México, pero sobre todo hay un aumento muy importante en el crédito disponible para la vivienda. 62% va a subir el crédito disponible para la vivienda al pasar de 8 mil millones a 13 mil 300 millones de pesos. Como usted podrá ver, hay un aumento superior al incremento en la inflación en la disponibilidad de créditos para la vivienda, y es así como se va a lograr enfrentar este problema social, fundamental y, como usted bien lo señala, lacerante.
Por lo que respecta a los recursos al campo, que nos permitimos destacar con amplitud al hablar del programa de alimentación, la mejor garantía para lograr que los recursos lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, es que la comunidad se organice, tenga sus propios grupos de representación, que ejerza la acción de sus propios recursos; sea una vigilante y actuante participación la que tenga en el ejercicio de estos fondos y no sea una mera receptora de los recursos.
Esto, sin lugar a dudas, se podrá lograr por la gran tradición organizativa que tiene el campesino mexicano y por la gran necesidad que hay de utilizar con mayor eficiencia los recursos que van al campo.
Estos serían mis comentarios generales a su pregunta, diputado López Ramos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: La fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, expresa su conformidad con algunas medidas que se han tomado para combatir y controlar la grave crisis que aqueja al país; pero al mismo tiempo desea expresarle sus preocupaciones al respecto.
Nos preocupa la deuda externa. En el Presupuesto de Egresos del '84 se proyecta aumentarla en un porcentaje del 5.5 relativo al producto interno bruto. Esto producirá, a nuestro juicio, un endeudamiento adicional de 4 mil millones de dólares. Nosotros y la Nación veríamos con beneplácito que esta cantidad se abonara y no se aumentara a la ya desmesurada deuda extranjera. Y para nosotros es decepcionante que nos endeudemos en un año, más de lo que nos habíamos endeudado en 149 años, contados de 1821 hasta 1970, año en que principia el desbarajuste económico de México.
También nos inquietan otros aspectos negativos de la economía nacional; la improductividad del ejido, la cual se resolvería dando la tierra en auténtica propiedad al campesino y nos evitaría una masiva importación de millones de toneladas de cereales y oleaginosas. La semiparalización de la planta productiva, su alta dependencia a la tecnología extranjera, su escasez y dificultad de conseguir divisas para la adquisición de insumos y refacciones en el exterior, las empresas paraestatales que funcionan con números rojos, con déficits cubiertos mediante transferencias y apoyos y subsidios del Gobierno Federal, mal administradas por gerentes y administradores con más méritos políticos que técnicos o administrativos. La explosión burocrática como producto del nepotismo, del amiguismo y del compadrazgo entronizados en el Poder Público y agudizados desde 1970 hasta la fecha, y que impide que grandes recursos económicos se canalicen a la inversión pública y privada.
También nos preocupa la corrupción gubernamental manifestada en diarios y públicos escándalos relacionados con el saqueo de los fondos nacionales por los malos funcionarios y que se muestran a la Nación con un cinismo nunca antes alcanzado, de manera que unos tengamos que pagar y que sufrir por lo que otros derrochan, tanto en el país como en el extranjero.
La falta de credibilidad de un pueblo ante su gobierno, motivada por la incongruencia entre el decir y el hacer de nuestros gobernantes y por el nulo cumplimiento de las promesas electorales de democratización y renovación moral y el pisoteo a la dignidad ciudadana, manifestado en las últimas elecciones en Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California y Sinaloa.
Los deficientes servicios indispensables para una buena y óptima convivencia humana, tales como la educación, la policía, el correo, el telégrafo, los ferrocarriles, la red vial, cuyos funcionamientos dejan mucho que desear.
Señor secretario, los anteriores problemas constituyen para nosotros las principales causales de la crisis y ameritan su inmediata resolución. Nuestro cuestionamiento queremos enfocarlo expresamente a la deuda pública interna, por lo cual queremos tenga usted la amabilidad de informar a esta soberanía sobre los siguientes aspectos:
¿A cuánto asciende actualmente la deuda interna pública acumulada? ¿Cuánto debe el Estado a los ciudadanos mexicanos por concepto de CETES, Petrobonos, Bonos del Ahorro Nacional, estimaciones a los contratistas de obras públicas y facturas a proveedores del Gobierno Federal? ¿En cuánto se va a aumentar la deuda interna durante el ejercicio de 1984? ¿Que sucederá si cambian las expectativas de los ahorradores y se desactiva la demanda de las emisiones anteriormente enumeradas? Por último, ¿no se acelerará la espiral inflacionaria cuando se paguen estos vencimientos por nuevas y multimillonarias emisiones de papel moneda? Muchas gracias, por su atención.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Con mucho gusto, diputado Vital Jáuregui. Las causas de la crisis, efectivamente, debemos atacarlas de raíz. En el Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de diagnósticos, se especifican claramente cuatro elementos fundamentales de cauces de la crisis en su aspecto estructural; los desequilibrios del aparato productivo y distributivo, la insuficiencia del ahorro interno, la escasez de divisas y las desigualdades en la distribución de los beneficios del desarrollo. Causas éstas - como usted señalaba, diputado Vital Jáuregui -, que llegaron a mezclarse e incluso a exacerbarse con aquellos aspectos coyunturales de la crisis que la hicieron tan severa.
Son estas las causas a las que se está dirigiendo el combate decidido y frontal de la crisis que lleva a cabo el Gobierno de la República.
Los desequilibrios del aparato productivo y distributivo se están enfrentando tanto con los programas de apoyo a la planta productiva, como con la revisión a fondo de la estructura de la producción, en el campo, revisando los procesos de transformación, en el aparato industrial, evitando los apoyos indiscriminados y el sostener todo tipo de actividad sin atender a las prioridades fijadas y a los criterios de eficiencias establecidos, y en materia distributiva evitando estos sistemas anquilosados que tanto afectan al consumidor.
La insuficiencia del ahorro interno, principalmente fortaleciendo el ahorro del Sector Público, vamos a duplicar en 1984 el ahorro del Sector Público, y hemos frenado, ya en el año de 1983, todo el proceso de desahorro que observamos en 1982. El año pasado no sólo tuvimos que contratar deuda para financiar toda la inversión, sino además para adquisiciones de gasto corriente. Es decir, no sólo no hubo ahorro para apoyar la inversión pública en 1982, sino que ni siquiera los ingresos alcanzaron para el gasto corriente. En 1984 vamos a duplicar el ahorro de 1983 y vamos a tener un ahorro equivalente a más de un millón de pesos, y no sólo estamos fortaleciendo el ahorro del Sector Público, sino también el del Sector Privado al mejorar la estructura y el atractivo de los sistemas de captación y con ello alentar a los mexicanos a ahorrar en México y en pesos también.
La escasez de divisas se ha venido subsanando en forma, incluso podríamos decir que hasta dramática, por el tremendo superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, no observado en nuestro país en los últimos 40 años, y que nos permite una mayor disponibilidad de divisas, no para incurrir en importaciones dispendiosas o para consumos exagerados, sino para aquellos bienes que realmente requiere la producción de lo que realmente necesitamos. No hay, en un momento de crisis, elemento más importante para combatir la desigualdad que proteger los empleos existentes. Por eso se le ha dado, diputado Vital Jáuregui, tal importancia a la defensa del empleo en esta etapa de reordenación económica y que combate frontal a la crisis. Estas causas estructurales son las que estamos combatiendo con la política en marcha. Con respecto a las preguntas específicas que usted me hacía en materia de deuda interna, me permito informarle, como lo destaca el Presupuesto de Egresos de la Federación, que el saldo de la deuda interna del Sector Público fue, a fines de 1982, de 5 billones 527 mil millones de pesos, ese fue el saldo de la deuda interna; el saldo de la deuda externa ha sido dado en otras ocasiones, y ambas, la interna y la externa, significan el total de la deuda del Sector Público. En este año no incrementaremos esa deuda interna por arriba siquiera del billón de pesos, subirá cuando mucho alrededor de 900 mil millones de pesos; sin embargo, hay un serio problema que representa esta deuda tan elevada del Sector Público y es - como lo decíamos en la presentación - las rigideces que le impone el presupuesto. Si de cada peso que gasta el Sector Público, 40 centavos tienen que irse a la amortización y el pago de intereses, poca flexibilidad hay que atender otros reclamos sociales de gran urgencia. Bajar el déficit del Sector Público no es por una mera razón financiera, hay que abatir el déficit del Sector Público para que la carga de amortización e intereses que se refleje en los años siguientes, no limite la disponibilidad de recursos para inversión en áreas prioritarias como educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente; es decir, tenemos que bajar el déficit porque de otra manera nos comemos los ingresos para pagar la amortización y los intereses. Sólo en el año de '84 vamos a pagar 3 billones 800 mil millones de pesos de intereses y un billón 200 mil millones de amortización, es decir, vamos a pagar sólo por intereses más de lo que vamos a poder invertir el año que entra en las áreas prioritarias; por eso es indispensable continuar reduciendo el déficit del Sector Público, para evitar que nos coma recursos que necesitamos para programas prioritarios.
Pregunta usted, dentro del saldo de la deuda interna, ¿cuánto corresponde a CETES y otros valores en poder del público? Bueno, de los 5 billones y medio que era a finales de '82, alrededor de 240 mil millones de pesos correspondían a los CETES.
El propio Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del desarrollo al que el señor secretario de Hacienda ya ha hecho mención, propone una manera diferente de financiar el proceso de desarrollo. Tenemos que hacerlo principalmente con recursos internos; la parte más importante tiene que provenir de los ingresos propios del Gobierno Federal y de los organismos y empresas paraestatales; ya hemos dicho que de cada peso de gasto, en 1984, 88 centavos provendrán de recursos propios, sin deuda; ahora, los 12 centavos restantes que vamos a obtener de deuda tenemos que obtenerlos principalmente de deuda interna para no seguir presionando nuestro endeudamiento con el exterior.
Hemos logrado abatir el endeudamiento nacional respecto a lo que producimos en diez puntos, pero sí vamos a continuar contratando deuda, porque tenemos que hacerlo si queremos dar empleos adicionales; pero tenemos que hacerlo en una medida tal que podamos pagarlo sin que nos limite programas productivos adicionales; vamos, como lo enfatiza la nueva estrategia de financiamiento, a utilizarlo más con crédito interno; por eso en '84 el crédito externo nominalmente, y en consecuencia en términos reales, va a ser menor al de '83.
La colocación de los CETES no es inflacionaria, tiene un costo, es cierto, pero evita la emisión del circulante y el impacto que éste tiene sobre la expansión de los medios de pago que puede ser superior a lo que la economía podía absorber.
En consecuencia, diputado Vital Jáuregui, como usted puede ver, estamos siguiendo una nueva política de financiamiento del desarrollo, enfatizando los recursos propios, cumpliendo nuestras obligaciones, pero reduciendo la participación de la deuda externa dentro del financiamiento total y logrando que los recursos internos vayan apoyando una proporción mayor del gasto productivo.
El pago del vencimiento de los CETES, si por alguna razón la comunidad lo exigiera en un momento dado, no tiene por qué ser exclusivamente inflacionario. En primer lugar para que la comunidad acepte a los CETES, como acepta a todos los medios de pago, en base a la confianza y en la medida que hemos ido dando certidumbre y seguridad en la política que estamos siguiendo, la comunidad ha redoblado su confianza en los diversos medios que utiliza el sistema bancario para las transacciones normales.
En consecuencia, no hay esa previsión o posibilidad, que la comunidad decidiera cambiar sus CETES y exigir su vencimiento, dado que tiene esos valores porque le dan un rendimiento atractivo y los mantiene porque tiene confianza y certidumbre dentro de la política que se está siguiendo.
Esos serían mis comentarios generales, diputado Vital Jáuregui.
El C. Presidente: - ¿Desea el señor diputado replantear?
El C. Vital Jáuregui: - Sí, señor. Señor secretario; yo creo que es cuestión nada más de enfoques.
Nosotros consideramos que tanto los desequilibrios en la planta productiva, como la insuficiencia del ahorro interno, como la escasez de divisas, y como las desigualdades, no son causas de las crisis, sino que son efectos de otras causas, de las cuales nosotros ya las habíamos enumerado y que para no ser reiterativos, no las volvemos a mencionar.
Sí nos preocupa que tendremos que pagar de intereses 2 billones, 800 mil millones. Y por eso insistíamos nosotros en que esos 4 mil millones de dólares en un solo año, era preocupante, porque eran superiores a los 3 mil 500 ó 3 mil 700 millones de deuda de dólares, de deuda pública acumulada en 149 años. Desde la Independencia hasta 1970.
Nosotros también consideramos que los CETES o cualquier tipo de bonos, son inflacionarios, puesto que tienen un vencimiento, y esos vencimientos no son a corto plazo, serán a mediano plazo, y a su vencimiento hay que pagarlos, y si no hay con qué pagarlos, hay que echar a andar la máquina de hacer billetes para pagar esos bonos y esos vencimientos y esto produce inflación, queramos o no.
Por otra parte, también nos preocupa que de cada peso tendremos que depender 12 centavos del ahorro externo. Es como si un padre de familia que ganara cien mil pesos mensuales se estuviera endeudando cada mes con 12 mil pesos; eso a la larga, más los intereses, lo llevaría a la quiebra familiar, o como una empresa que produjera 100 millones de pesos al año, se endeudara con 12 millones de pesos, esa empresa iría a la quiebra.
Nosotros queremos que nuestro país no se siga endeudando para que esos billonarios - no millonarios - intereses que nuestro pueblo tiene que pagar a las potencias extranjeras, sean dinero que se reinvierta tanto en la empresa pública como en la empresa privada, y así nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan una patria más libre de la tutela del extranjero y sobre todo más generosa para nosotros y nuestros hijos.
El C. Secretario De Programación y Presupuesto: - Diputado Vital Jáuregui, nada más una pequeña precisión: efectivamente de cada peso sólo 12 centavos, de cada peso de gasto, sólo 12 centavos vamos a utilizar para la deuda para financiarlo, pero de estos 12 centavos, una parte vendrá de deuda interna y otra de deuda externa; la mayor proporción será la correspondiente a la interna.
Yo quisiera llamar la atención de que hay un notable avance para llegar a este nivel de 12 centavos por peso invertido. En 1982 eran más de 34 centavos por cada peso de gasto que hacíamos, lo que provenía de endeudamiento.
Quiere decir que hemos fortalecido notablemente la capacidad de ahorro del Sector Público. Todavía un déficit de 5.5 ó 6.5 del producto nacional es alto. Hemos llegado a esta cifra después del excedido nivel de 18%, que significó en 1982; avanzamos en una forma notable sin excepción y sin comparación al nivel internacional durante 1983 a sólo alrededor de 8.5 y todavía, en '84 vamos a avanzar más, no es suficiente ni es la meta que nos hemos propuesto, pero es un paso muy importante.
No podemos pretender ir más abajo de este déficit porque para reducirlo tendríamos, o que disminuir gasto, y la comunidad lo que nos está exigiendo es gastar más en los servicios fundamentales, o aumentar ingresos, y la comunidad ya no quiere que sigamos incrementando ingresos como tuvimos que hacerlo esta año, o por encima de los que ya están previstos para 1984.
Así que, difícil como es esta situación de tener que seguir utilizando endeudamiento, hemos logrado un avance sustantivo y no podremos ir más allá en el año de '84 porque no podemos comprimir más los gastos o bien incrementar más los ingresos de lo que ya tiene contemplado el presupuesto.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Julieta Guevara Bautista.
La C. Julieta Guevara Bautista: - C. Secretario de Programación y Presupuesto: México ha tenido que afrontar, con el agravante de un escaso desarrollo, las consecuencias de una severa crisis de cauces estructurales e históricas, tanto internas como externas, difíciles de remediar a corto plazo.
La aguda inflación que padecemos obliga a disminuir el gasto público y el déficit presupuestario.
A pesar del carácter adverso de las circunstancias anotadas, el Ejecutivo Federal ha venido reiterando su decisión de hacer una revolución educativa que satisfaga las aspiraciones populares. Decisión que nos alienta y apoyaremos con firmeza.
Pero esta revolución que se realizará en medio de esta situación, parece ser poco propicia. En apoyo de esta tesis podría decirse que el espectacular incremento del 58% del presupuesto del sector educativo va a ser absorbido en alguna medida importante por la dinámica inflacionaria que todavía persistirá el próximo año, tal como se señala en el presupuesto.
Que el gasto corriente en este sector es superior al 85% del presupuesto, destinado casi en su mayor parte a remuneraciones al personal. Lo que implica pocos recursos para introducir innovaciones.
Que la inversión proyectada para 1984, en esta área, disminuye el número de espacios educativos a construir y equipar, no obstante que aumenta en una alta proporción - 130% - la partida correspondiente; de modo que el déficit en este rubro incrementará el rezago acumulado. Por otra parte, es frecuente que se evalúe la suficiencia del gasto educativo, con base en la recomendación de la UNESCO de que éste sea del orden del 8% del producto interno bruto.
El proyecto del presupuesto presentado a esta Legislatura permite inferir que, por la crisis, nos alejamos más del indicador recomendado. Naturalmente, el porcentaje al que alude la UNESCO es abstracto y general y por ello no toma en cuenta el carácter concreto y particular de la situación crítica en que un país adopta sus decisiones y requiere establecer un nuevo esquema de prioridades.
Por lo anteriormente expuesto, estimamos que las restricciones financieras dificultarán la revolución educativa en algunos de sus aspectos cuantitativos, pero no invalidarán toda una gama de medidas orientadas a introducir transformaciones cualitativas que efectivamente legitimen y den sustancia real al cambio anunciado, sin que esto rompa con la armonía, equilibrio y proporción que el gasto debe mantener entre los diferentes sectores que atiende otras necesidades urgentes, como la producción, la salud, la alimentación y que de una u otra manera, condicionan y dan sentido a la educación.
En este contexto, señor secretario, quisiéramos formularle las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las transformaciones cualitativas que reflejadas en el presupuesto traducirán la voluntad del Ejecutivo Federal de dar prioridad a este sector y materializar en él el esfuerzo de revolucionario en forma consistente, y cómo se expresa éste en un mejor aprovechamiento del gasto?
¿Qué opina usted de la recomendación de la UNESCO sobre el volumen del gasto nacional en educación respecto al producto interno bruto? Y si fuera diferente su criterio, ¿Cuál sería su fundamento?
Por significativas y eficaces que resulten las medidas del Gobierno en esta área, los límites materiales impuestos en el presente deben ser subsanados en el futuro, por lo que sería conveniente saber, ¿cómo piensa la administración pública resolver el déficit de aulas y equipamiento que ya mantenemos?
Y por último, señor secretario, si usted me lo permite, quisiera indicarle al diputado Ortiz Mendoza, que se refirió al problema de la ciencia, de la investigación en ciencia y tecnología, que en el tomo 2 - H del resumen programático, de la hoja 9 a la 18, está al análisis sectorial programático y también de la hoja 23 a la 26. Es difícil, o más bien hay que buscar dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo y también buscar en distintas partes del presupuesto, la información a la que aludía el diputado Ortiz Mendoza, y que nos hemos permitido nosotros analizar en cierta parte.
Muchas gracias por su respuesta, señor secretario.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Muchas gracias, diputada Guevara. La revolución educativa es uno de los propósitos más ambiciosos que un gobierno se pueda plantear en un momento de crisis. Es uno de los grandes cambios cualitativos que este Gobierno tiene propuesto llevar a cabo.
Sintetiza la aspiración de una sociedad que ve en la educación el camino de su realización; exige el concurso de todos y cada uno de los mexicanos y le da a la educación su sentido original de formación íntegra. Tiene, además, como sustento fundamental la descentralización de los servicios a lo largo de todo el país; va a implicar una revisión profunda de la educación, sobre todo en la calidad de la misma dentro de sus contenidos. Ya se ha señalado, como algunos de los lineamientos fundamentales de la revolución educativa, el mejorar la calidad de la enseñanza; establecer metodologías diferenciales de atención a los alumnos; disminuir las notorias desigualdades regionales
y sociales que todavía se observan; atacar las graves causas de deserción y reprobación; avanzar hacia la educación de 10 grados; abatir sensiblemente el analfabetismo; impulsar, como un elemento fundamental en toda revolución - en el caso particular de la educativa es más relevante - la participación de la comunidad, y apoyar, asesorar y darle todos los elementos que requiera a ese gran elemento innovador de esa revolución, que es el propio maestro. Es así como se concibe la revolución educativa.
El gasto en el presupuesto para materia educativa se integró en base a las prioridades de la propia revolución educativa, ya plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo: ampliar la cobertura, mejorar la calidad, remuneración justa al magisterio, la creación indispensable de plazas que se requieren, los espacios adicionales que se demandan; todo ello implicó un crecimiento en este sector de 58%, lo que muestra que va a crecer más que la inflación, es decir, aquí se ve claramente que las prioridades que el Gobierno ha establecido tienen un claro reflejo en materia presupuestal; el gasto en educación crece en 1984, en términos reales, y para que éste lo pueda hacer así, quiere decir que otros no van a crecer. Dentro del presupuesto total se han tenido que apretar algunos renglones de gasto por abajo de la inflación - se van a caer, en términos reales - para que otros crezcan frente al aumento de los precios, entre esos otros que crecen, destaca en forma prioritaria la educación con un incremento de 58%.
El criterio de la UNESCO, de comparar el gasto educativo en relación al producto nacional es una convención, una convención para darse una idea de la cantidad de recursos. Validamos ese criterio, aunque reconocemos que antes que la cantidad debe de ir la calidad de la educación que se va a dar.
Se deriva la estimación de ese coeficiente de la experiencia de otros países y se trata con ello de uniformar la comparación; pero debe tomar en cuenta la diferencia que hay de país a país, su grado de desarrollo, los desequilibrios regionales, las condiciones del cambio en el proceso de industrialización, la participación de diversos niveles de gobierno en el gasto educativo. No comparemos, como generalmente se hace en el caso de México, sólo el gasto federal, al cual incluso ni siquiera se le agrega el del Distrito Federal, sino que hay que incluir también el de los estados y municipios, para llegar a una comparación adecuada con la cifra que señala la UNESCO. Pero más importante que comparar el gasto nominal en educación respecto al producto nominal, nosotros hemos hecho una comparación del gasto real en educación en relación al producto real, y éste nos ha mostrado que de 1982 a 1984 hemos aumentado la participación en el producto nacional en términos reales, del gasto que va en educación. Este gasto solamente se refiere a lo que gasta la Secretaría de Educación y tiene contemplado el presupuesto correspondiente, no considera, en consecuencia, lo del Departamento del Distrito ni el que realiza en los estados y municipios, que elevaría la proporción; pero hemos pasado de un 4% del producto nacional en '82, en términos reales, más de 4.6% en 1984.
Esto, lo que muestra, es que a pesar de la severidad de la crisis hay una atención preferente al aspecto educativo y que se refleja, incluso, en este indicador que se ha considerado a nivel internacional.
Por último, diputada Guevara, el déficit de aulas. A través de dos elementos se viene enfrentando el déficit de aulas que tenemos en materia educativa, uno es por la construcción de las mismas; vamos, a pesar del aumento en la matrícula, de los incrementos en los costos de construcción, a abatir en 1984, en un 23%, el déficit en aulas; quiere decir que no vamos a terminar de cubrir el rezago que traemos; enfatizaremos, en consecuencia, la renta de espacios para que nadie se quede sin un local donde recibir educación; pero a pesar de la apertura presupuestal, vamos a poder construir un número tal de aulas que nos permitirá reducir el déficit y si la Cámara de Diputados, en los lineamientos para aplicar la reserva presupuestal nos marca, como estamos seguros y confiados de que así sea, que la educación sea uno de los sectores beneficiados en el uso de esta reserva, podremos incluso aumentar sensiblemente la inversión destinada a la construcción de aulas durante 1984 y, en consecuencia, a pesar de continuar en el programa de reordenación, lograr dentro de la austeridad, abatir el rezago en la disponibilidad de locales para los alumnos de la región.
Muchas gracias, diputada Guevara.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: Señor secretario: Como usted mencionó al inicio de su intervención, se presenta aquí por mandato del artículo 74 de la Constitución, ello permite una confrontación de puntos de vista entre el Gobierno y los partidos de oposición, y ello es útil; sin embargo, pensamos nosotros, este mecanismo debiera ir más lejos, y aprovechamos para proponerlo, el debate debiera realizarse directamente con el propio Presidente de la República, quien es, por efecto de la suma de poderes, de hecho y de derecho que actualmente concentra el responsable, efectivo de la política económica y social que se aplica en al país.
En intercambio de opiniones así debiera ser, con el Presidente, y no para reforzar su poder, sino a la inversa, para disminuirlo y en contrapartida, aumentar el poder del Legislativo que ha menguado a grado tal que, como escuchamos hace dos días, una diputada del PRI y hoy otro más también del mismo partido, han pedido al secretario de Hacienda y a usted, respectivamente, que se suprima el IVA, cuando que ésta debiera de ser una función justamente del Congreso. La verdad es que esos diputados tratan de aparentar ante la
opinión pública que ejercen una función crítica hacia el Gobierno, pero en la práctica, eso lo vemos en todas las votaciones, se pliegan a las decisiones del Poder Ejecutivo. Así están las cosas, y por ello luchamos por una revaloración de esta Cámara; esta demanda se enlaza con nuestra alternativa de un gobierno parlamentario para México que haga surgir al Poder Ejecutivo de una Asamblea Nacional verdaderamente representativa y proporcional, a la cual se sujeten los actos del primero.
Precisando más en el tema, el presupuesto que hoy nos presenta es una confirmación de la política antipopular que ha seguido este gobierno desde sus inicios; hace un año sostuvimos que tal política no correspondía con los intereses de la mayoría de la población, y hoy existen pruebas numerosas de que es así.
El llamado Programa de Reordenación Económica, ha traído como consecuencia el empobrecimiento generalizado y una agudización de la desigualdad entre la población del país. Sí mayor desigualdad, pese a que el grupo en el poder reiteradamente habla, ahora ya menos, de acceder a una sociedad más igualitaria, presuponiendo inaceptablemente que México ya lo era.
Veamos los resultados derivados de la política de ingresos y gastos de 1983. A partir del estancamiento absoluto que sufrió la economía, la reordenación financiera se apoyó en pasadas cargas al pueblo; esto ya se ha dicho aquí, pero es importante recalcarlo, los salarios disminuyeron su poder de compra en una proporción muy grande; el salario mínimo, en particular, bajó de noviembre de '82 a diciembre de '83 por lo menos en un 36%, tomando como base datos del Banco de México. Esta baja, unidad al continuo deterioro de su poder adquisitivo, ha originado una estrechez económica para millones de familias; no se compara ni remotamente con la vida muelle y próspera que llevan todos los días aquí y en el extranjero, los más prominentes hombres de negocios, los ex banqueros y los grandes dueños del capital, así como los funcionarios públicos que, pese a los aparentemente moderados salarios de que disfrutan en la nómina, y no lo son tanto, en realidad tienen a su servicio además los incontables recursos del poder público. Las utilidades de las grandes empresas - como ya lo mencionó nuestro compañero de partido que me antecedió en el uso de la palabra - se han mantenido en un alto nivel. Nos referimos especialmente a las grandes empresas que son beneficiarias de la política económica del Gobierno, de modo que, cuando usted nos viene a decir aquí e insiste en que el costo de la crisis y ahora de la reordenación de ha repartido, no podemos menos que rechazar esa visión falseada de la realidad; y en ello, estamos seguros, coincidimos con la apreciación del pueblo, crecientemente indignado por la coexistencia en este país de un mar de pobreza y de islotes de opulencia, despilfarro y poder económico y político concentrado. En este México de hoy, la parte que corresponde del producto nacional a los empresarios, a los comerciantes y a los grandes propietarios, es creciente y la participación de los salarios es menor. Ello se refleja en disminuciones bruscas del consumo popular, el gasto promedio mensual por familia a mediados de 1983, medido en pesos de 1977, muestra que ahora sólo en alimentos, en vez del 37.4% de sus ingresos las familias gastan el 46.7; que ha subido también la proporción que invierte en muebles y enseres, así como la destinada a salud y cuidados personales.
La participación de los salarios dentro del ingreso, ha decaído de un 23.4% en '82, a un 23.4% en '83, tómese en cuenta que en 1976 era de 40.3% y en '70, 35.6%. Muchas otras cosas han ocurrido en el curso del año, entre ellas se reprivatizó parcialmente la banca y pese a que usted dijo hace un año, que no habría retrocesos en esa materia, éstos son hoy visibles para todos, y apenas hace dos días el secretario de Hacienda puso un colofón al asunto al anunciar la venta de las empresas propiedad de la banca, a partir de una retorcida interpretación del decreto expropiatorio respectivo y sin intervención alguna del Congreso. Todo ello por supuesto, con regocijo de la derecha, como ya lo registró hace unos momentos algún diputado.
La reordenación, pues, se encamina al reforzamiento del sistema económico que genera y perpetúa la injusticia y la desigualdad. En el documento de Criterios de Política Económica, y en su intervención inicial, se nos habla de que en el año del '84 se iniciará la segunda etapa de reordenación económica y que ello se orienta en el sentido de operar un cambio estructural.
¿Qué significa la segunda etapa de la reordenación? Significa, sin duda, más miseria y limitaciones para el pueblo, más austeridad, se habla de luchar contra la inflación y se promete que ésta sólo subirá en el año próximo el 40%. Pero el año pasado ustedes hablaron de que sólo subirían los precios en un 50% y lo más previsible es que se llegue por lo menos al 80%. De modo que si se mantiene su error de cálculo en la misma proporción, el aumento de precios alcanzará más del 60%.
Se habla del principio básico de equidad en el ajuste, como guía de la política económica. ¿Cuál equidad demuestra si hay un desplome del salario, si hay un aumento de la desocupación y mantenimiento, y en muchos casos alza de utilidades, fenómeno predecible igualmente para 1984?
En el caso de la desocupación, insistimos, ésta, pese a afirmaciones en contrario, es muy grave, porque ha aumentado, así se diga que ha disminuido gracias a lo que se denomina empleo informal. Este empleo informal en realidad es subempleo, es desempleo.
En esta segunda etapa de reordenación, supuestamente se enlazan los objetivos particulares de la misma con los de iniciar los cambios cualitativos que se requieren en el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales. En
realidad preguntamos, ¡de qué cambio se trata?
Sin duda, por lo que se ve, dichos cambios no son si no el paso a un capitalismo más abierto, más descarnado en el que la acción del Estado, a nombre de la lucha contra el populismo y a favor del realismo, apoya más abiertamente al gran capital, lo fomenta y lo estimula como factor decisivo en la inversión, y por lo tanto en la dirección de la economía esos son los visos del cambio estructural.
También en las relaciones laborales se observa ese llamado realismo. A partir de la antidemocracia y del cooperativismo que se impone por ley a los sindicatos, se controla a los trabajadores, de ahí que el gobierno combata los subsidios al consumo popular restringiéndolos al máximo, y se esfuerce por reducir violentamente el déficit presupuestario sacrificando inversiones y gastos socialmente útiles.
La reordenación, en su segunda etapa, dice proponerse el control de la inflación, una recuperación gradual en el segundo semestre y proteger el salario, el empleo y la planta productiva; pero las palabras van perdiendo ya su significado.
¡Como habla - preguntamos - de protección al salario sin la necesaria escala móvil que lo aumente de manera automática y periódica según se eleven los precios? El Gobierno se niega sistemáticamente a que se implante este mecanismo, argumentando que es inflacionario. Pero de todos modos, el crecimiento de precios se dispara mucho más allá que el alza de los salarios. Y así, lo que ocurre es nuevamente que el trabajo paga el costo de la recuperación.
El presupuesto que se propone, si bien aumenta en términos nominales, por el efecto de la inflación de hecho no observará un incremento real.
El servicio de la deuda, otro aspecto muy importante, seguirá siendo muy alto y los funcionarios mexicanos seguirán cosechando premios de los acreedores, de los agiotistas internacionales, que obligan al pueblo a pagar lo que no gastó.
Mientras tanto, los dólares que salieron al extranjero se encuentran seguros y a salvo de cualquier acción del legítimo rescate por parte de la Nación. El Gobierno ha decidido hacer "borrón y cuenta nueva" con los depredadores de la riqueza nacional. Y así, casi cuatro de cada diez pesos del presupuesto irán al pago de la deuda.
Rechazamos, señor secretario, esa utilización del dinero público. El Gobierno, sostenemos, debiera promover - en alianza con países deudores - una política de resistencia para una renegociación de la deuda. Ayer, apenas, lo reiteró nuestro partido en la tribuna de esta Cámara. Y hoy insistimos en esa demanda. El voluminoso servicio de la deuda afecta seriamente al desarrollo del país y disminuye de manera drástica las disponibilidades presupuestarias.
Un punto en que deseamos insistir, y que es una preocupación común en la Cámara. Es la necesidad de que la reserva presupuestaria - hecho que aquí reiteradamente se ha planteado - la reserva presupuestaria del 1% del producto interno que se propone para manejo discrecional del Poder Ejecutivo, no quede así a su libre arbitrio, agregada a la partida llamada erogaciones adicionales que tradicionalmente se reserva ya el Gobierno. El Poder Legislativo debe decretar con precisión el destino de este monto presupuestario.
Estos son, señor secretario, algunos puntos de vista de nuestro partido. Antes de hacer una reflexión final, quisiera insistir en algunos de los temas planteados por nuestro compañero diputado Encarnación Peréz, que no fueron contestados o comentados por usted.
Uno de ellos, muy importante, es el referente a la empresa URAMEX. Al respecto quiero hacer una pregunta expresa: ¡Autorizó la Secretaria de Programación y Presupuesto que se desviarían los recursos que se habían presupuestado para la actividad productiva de URAMEX hacía el pago de liquidación, campaña antisindical y retabulación de funcionarios, en magnitud tal que el promedio de gasto mensual desde que la empresa está cerrada y sin pagar salarios, ni gastos de operación es el triple del promedio mensual de enero a mayo, en que sí se estuvo laborando? Esa es una pregunta, a nuestro juicio, muy importante.
Comento también, brevemente, la respuesta que usted dio a nuestro compañero Peréz, insistió en que la política, esta política que comentamos y criticamos, la lleva a Cabo el Gobierno por que se le impuso el pueblo, así dijo usted. Nosotros discrepamos de ese enfoque, creemos que el pueblo no está contra si mismo, ustedes propusieron la igualdad y lo que hoy están entregando es una mayor desigualdad. Y si hay insistencia por que los puntos de vista son opuestos, si hay insistencia de parte del Gobierno en el sentido de que el pueblo alegremente acepta la política que ustedes están practicando, yo pregunto, ¡no sería conveniente hacer en este momento, no remitimos a la consulta popular, que fue mecanismo interno de un partido, si no en este momento preguntar mediante un plebiscito al pueblo de México si está o no de acuerdo con esta política de limitación salarial y de sacrificios y de mantenimiento por contrapartida de los privilegios de unos cuantos? Pregúntesele y que el pueblo responda si está o no de acuerdo con esta política.
La reflexión final que deseo hacer, es derivada de su respuesta al tema educativo, inducida por una pregunta de una diputada de su partido. Pensamos que el rótulo revolución educativa, siquiera fuera por elemental cautela, estaría fuera de este debate, pero ya que ustedes lo han introducido, quiero decir que pocas veces un rótulo se aleja tanto de su contenido como éste que ustedes enuncian como "Revolución Educativa". Se ha hablado en su respuesta de que esta revolución implicará cambio en las metodologías; pero, señor secretario, los maestros, los padres
de familia y los alumnos mismos en muchos casos, saben que muchas de las metodologías importadas que se han traído, y aquí insistimos, servilmente importadas. Y le contestamos también a la afirmación que hizo recientemente el secretario de Educación, en el sentido de que no se importaba chatarra educativa para el país, sí se importa, quizá libre de pagos, pero se trae servilmente de Estados Unidos.
Estas metodologías son impugnadas en la escuela cotidianamente, y no se permite que los maestros democráticamente hagan una evaluación de las mismas y realmente innoven, aporten su esfuerzo creador, puesto que para ello se requiere democracia que hoy les es negada. Se habla de que habrá una participación de la comunidad si educación, pero la única que observamos que está promoviendo el Gobierno, es la promoción y la participación financiera, a través de cuotas crecientes, pero en cuanto los padres de alumnos, maestros y alumnos mismos tratan de incidir en el destino de sus comunidades educativas, se ven impedidos para ello porque el autoritarismo que priva en educación es de una verticalidad absoluta.
Finalmente, preguntamos nosotros, ¡cómo es posible que hable de revolución educativa y de respeto a los maestros cuando en fechas recientes se toma policiacamente - y de ello tenemos pruebas, que podemos aportar por que también el secretario de Educación afirmó que no había toma policiaca de la Normal Superior -. Cómo puede decirse entonces que hay una "Revolución Educativa" cuando se realizan estas acciones a espaldas de los maestros, se les dispersa en cuatro puntos cardinales de la ciudad, se les envía a locales alquilados y se pretende demoler un edificio sobre la base de un supuesto peritaje unilateral, negándose un peritaje imparcial que determine si efectivamente se trata de una falla geológica, como le llaman, o de una intención política negativa. Por ello consideramos indispensables controvertir sobre el tema. A nuestro juicio, los cambios educativos que requiere el país implican, desde luego, más financiamiento - aquí también discrepamos de los enfoques gubernamentales y de la fracción del PRI -. La UNESCO recomienda 8% del producto interno para educación, pero esta no es una meta lejana e inaccesible; muchos países la alcanzan ya de distinto grado de desarrollo económico, y aquí, no obstante que se habla de un incremento en el gasto educativo, solamente se logrará un porcentaje quizá superior al 4.5%, pero inferior al 5%. Hay mucho entonces que caminar en materia de financiamiento. Pero, independientemente de esto, que es vital, también hay otra cosa vital y en este momento más urgente, que es la democratización de la vida educativa. La garantía de que maestros - alumnos y padres - alumnos participen efectivamente en la dirección de los centros escolares y que se impida que se cese con la represión administrativa, que se hace contra los maestros, sólo por que éstos demandan la democratización de su organización sindical.
Finalmente, señor secretario, y regresando al nudo central del aspecto presupuestario. El primer año de la reordenación económica equilibró algunos indicadores financieros de las cuentas nacionales; pero esos números, traducidos a hechos sociales, significaron extensión de la miseria, desempleo acrecentado, inseguridad laboral. Y en este marco se ha empezado a desarrollar una descomposición social que el gobierno enfrenta con autoritarismos, y en casos con representación policiaca.
Por otra parte, el proceso de democratización se ha detenido, se mantiene la legislación electoral antidemocrática y las prácticas nocivas que han llevado a fraudes, como el que se pretende consumar contra el aguerrido pueblo juchiteco, que se encuentra en pie de lucha y, por cierto, aquí mencionamos que para apuntalar sus posiciones el partido gubernamental se estima que gastó en Juchitán no menos de 500 millones de pesos. Este tema ha sido tratado aquí y también quiero mencionar que no es adecuada su respuesta cuando dice que el presupuesto para los partidos políticos está de manera transparente indicado en el presupuesto. Si es así agradeceremos que nos dé datos concretos sobre ese desglose presupuestario. Por lo que sabemos, el PRI se niega a informar sobre sus ingresos, e incluso los legalmente aportados por el Gobierno no los recibe, argumentando que tiene otras fuentes.
Consideramos nosotros que esta situación solo puede cambiar si en la gestión pública se introduce un control en el que intervengan todos los partidos políticos.
El actual mecanismo de contraloría sólo permite controlar al Gobierno lo que el propio Gobierno quiere controlar; en cambio, si intervinieran los partidos políticos allí habría un resguardo y una garantía de una vigencia real y acuciosa de la utilización de los fondos públicos.
Finalmente, señor secretario, nosotros no disociamos la política económica y y la social, por ello, para el cambio de esta política económica y social, planteamos la democratización del país. En suma, nos oponemos a esta política económica actualmente impuesta por le Gobierno y proponemos la alternativa de otra que no ha sido impugnada por usted suficientemente y que consideramos que es la que corresponde a los verdaderos intereses del pueblo de México.
Muchas gracias por sus comentarios.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Diputado García Solís: Al principio de su intervención hizo usted algunas reflexiones que creo conveniente refutar.
El Presidente de la República informa la pueblo cuando la Constitución así se lo señala y cumple ese mandato y compromiso con escrupulosa regularidad. Lleva a cabo también un amplio diálogo con la población en los intercambios que permanentemente hace
en la ciudad de México y a todo lo largo del país, y ha venido dando información creciente, incluso por arriba de la solicitada al Congreso de la Unión. Creo en consecuencia, que no puede haber propósito ni proceder más democrático que el que el Presidente de la República lleva a cabo.(aplausos.)
En el fondo del argumento lo que hay es un interés de una parte de la minoría de compartir el poder, que no es la del voto mayoritario. Creo diputado García Solís, que esto hay que decirlo con franqueza. (aplausos.)
La política que se viene siguiendo desde el inicio de esta administración, es de contenido popular, no es agradable y nunca se pretendió que así fuera; es una política responsable que tiene que enfrentar los problemas dentro de la gravedad con la que ellos se presentaron. Hay pruebas del avance, no hay una visión falseada de la realidad ni en el diagnostico de los problemas ni en las acciones que se han llevado a cabo. Creo, Diputado García Solís, que en realidad se falsean los hechos cuando se presentan opciones incompletas no suficientemente justificadas ni suficientemente argumentadas y que en realidad agravan los problemas más que resolverlos.
La segunda etapa de la reordenación implica sobre todo certidumbre en que vamos a resolver la crisis. Es cierto, nos impusimos a finales del año pasado metas que resultaron más ambiciosas de lo que finalmente muestran los hechos, particularmente la de la inflación; pero, en primer lugar, recordemos que la situación fue mas grave de lo que anticipamos en diciembre de 1982: El país se encontraba en el riesgo de reventar, literalmente su aparato productivo; había duplicado su tasa de desempleo; las finanzas públicas estaban en bancarrota; no teníamos crédito externo; estábamos en virtual suspensión de pagos y había riesgos incluso de dislocación del proyecto nacional. La Situación, en consecuencia, sí era de emergencia. Y si a pesar de esa situación el Gobierno tuvo la veracidad de un acto eminentemente democrático de tomar un compromiso público sobre una meta a pesar de lo incierto del momento, eso mostró, sobre todo, la intención firme del Gobierno de la República de llevar a cabo una política decidida de enfrentar la crisis y no sólo de soslayar los problemas. Si anunciamos como meta de inflación, la mitad de la del año pasado, la del año pasado que terminó en promedio alrededor de 100% pero que al final era 150%, pero aceptemos que habíamos propuesto 50% en este año y vamos a terminar en 80%. Nos equivocamos, nos dice usted, en 30 puntos. Yo más bien diría que nos equivocamos en cuatro meses, porque la inflación del tercer trimestre de 1893, muestra ya una inflación entre 45% y 50%. Ahora bien, el PSUM propuso en abril de este año que la inflación cerraría en 150%, equivocándose en 70 puntos de la inflación; si ahora nos dice que va a ser 60%, restemos los 70 y acabaremos con menos de 10% en el año de '84. No es muy realista su predicción y en consecuencia, nos quedamos con la nuestra.(aplausos.)
Ha habido un decidido propósito de introducir equidad en el paquete, reconocemos que la crisis tiene costos, que implica un sacrificio para la comunidad, tiene un gobierno que quiere respetarse, que hablar con la verdad, y eso es lo que hace el Gobierno de la República; por eso, reconociendo que iba a haber estos costos se enfatizó el programa del empleo, se mantuvieron, en consecuencia, los ingresos de aquellos que conservaron su empleo y para los nuevos mexicanos que se incorporaban al mercado de trabajo, se introdujeron programas, sí, de emergencia, pero que finalmente permitieron que alrededor de 500 mil mexicanos tuvieran un ingreso adicional en el año de 1983 y dentro de ellos, más de la mitad fueron jóvenes, que por primera vez se introducían al mercado de trabajo y que tenían - y compartimos con ellos la angustia de no encontrar la manera de poder satisfacer sus necesidades fundamentales y sus aspiraciones legítimas - sólo un gobierno con responsabilidad, social puede, combatiendo a fondo la crisis, introducir programas como éstos, de emergencia del empleo.
Los cambios cualitativos, a diferencia de lo que usted señala, Diputado García Solís, van hacia el fortalecimiento de nuestra independencia, manteniendo nuestras libertades y procurando ensanchar nuestra democracia. No es fácil hacerlo, la democracia sólo se conquista a base de participar activamente en ella y no es producto de la voluntad de un individuo o de la acción de un grupo, es lucha cotidiana y acción reiterada en la práctica; eso lo observamos en la sociedad civil y eso es lo que se propone alentar el Estado. Lo hemos hecho también manteniendo nuestro sistema de economía mixta y ratificando el principio de rectoría del desarrollo por parte del Estado.
Los subsidios, a diferencia de lo que usted señala, diputado García Solís, no disminuyen a los grupos de menos ingresos, al contrario, por darle algunos ejemplos, en el caso del azúcar en el año 1983 se dio un subsidio de 57 mil millones de pesos y en 1984, a pesar del aumento significativo de su precio, será de 58 mil millones; en el caso del maíz en el año de '83 el subsidio fue de casi 60 mil millones de pesos y en el año de '84, llegará a más de 100 mil millones de pesos; subsidiamos también el agua en los distritos de riego; el trigo que se utiliza para la elaboración del pan; también a la producción de leche hay un subsidio que en '84 alcanzará 12 mil 800 millones de pesos; en materia de frijol y sorgo lo hacemos y en el transporte va a alcanzar más de 40 mil millones de pesos de subsidio. No procede en consecuencia, su afirmación de que este Gobierno ha disminuido los subsidios a los grupos populares. Al contrario, ha revisado los subsidios generalizados e indiscriminados y ha acentuado subsidios populares. Sí, ha tenido que subir precios que afectan la canasta popular; precios de artículos que demandan
los grupos populares; pero así se dijo desde el primero de diciembre; que no había opción si queremos realmente alentar la producción de esos artículos y evitar subsidios que son inmanejables.
La inversión, contrario a lo que usted afirma, diputado, sí aumenta. Y sobre todo la inversión de los sectores prioritarios. Si revisamos las cifras fundamentales del cuadro 2 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos, ahí se podrá observar que el gasto programable en sectorial económico, sube en todos los prioritarios arriba del promedio de la inflación y 10 puntos más que la tasa anualizada de la misma. Hay en consecuencia, una voluntad decidida del Estado de que ha pesar de que el presupuesto sea austero, la inversión en los sectores prioritarios crezca en términos reales.
Creo que las palabras adquieren su significado frente a los hechos. Pero mostremos los hechos como realmente son, y no modificándolos a la luz de intereses partidistas, si no con el afán de esclarecer la discusión frente a la comunidad en general.
La renovación moral, diputado Iván García Solís, es un proceso en marcha, irreversible; que no es moda inicial de gobierno, No es válida la afirmación que usted hace de que el Estado no se ha preocupado por faltas y abusos sobre el erario público, por que los hechos públicos están a la vista. Y se seguirá perseverando no sólo en el carácter persecutorio de la renovación moral, si no sobre todo, en la prevención del delito y en entender que la renovación es más que una cuestión judicial, llegando incluso a la ratificación y validación de los principios morales, sociales y fundamentales que tenemos. Y eso, eso no es una moda inicial o acto de primer año de gobierno, es convicción del Presidente de la República y será tarea permanente de su gobierno.
En cuanto a la reserva, con las acotaciones que usted hace, haremos lo que el legislativo nos marque. Las prioridades que nos señale para el ejercicio de la reserva, las ejerceremos en esa forma y le informaremos con oportunidad de lo mismo.
En el caso de URAMEX, me permito decirle que la Secretaría de Programación y Presupuesto no autorizó ningún cambio en el ejercicio del gasto autorizado para el mismo; pero sí reconocemos que las entidades deben tener la suficiente flexibilidad al interior de sus presupuestos, para manejarlos de acuerdo a las circunstancias, no violando las normas establecidas en cuanto al nivel de retribuciones y asignaciones de sueldos y salarios; pero sí en el manejo general de su presupuesto.
La política en marcha, Diputado García Solís, se configuró, y yo lo reitero a lo largo del amplio diálogo sostenido en la campaña presidencial. La votación que se dio el 4 de julio de 1982, se dio ya en una situación difícil para el país, en la cual el Presidente, entonces candidato, hizo en forma excepcional para una campaña presidencial pronunciamientos específicos sobre diversos aspectos de la política que iba a poner en marcha particularmente en su discurso en León Guanajuato, sobre desarrollo, empleo y combate a la inflación, en el que hizo sobre la sociedad igualitaria, en Ixmiquilpan, y el que pronunció en materia de financiamiento del desarrollo, el entonces candidato, hoy Presidente de la República, delineó con claridad medidas que iba a tomar y que sigue tomando en la actualidad; se habló con veracidad en la campaña, se obtuvo un mandato popular en la elección, y el Gobierno de la República viene actuando en consecuencia.
La revolución educativa es un cambio de fondo, y en consecuencia el rótulo es propio, señor Diputado García Solís. No hay más ambición de llamar a algo revolución que de lograr un cambio profundo en las diversas estructuras que conforman un cierto sector, así que haremos ese cambio de fondo en la educación, por que será una de las grandes transformaciones cualitativas que esta administración pueda dejar para el futuro.
No importamos nuestra metodología educativa; si aprovechamos experiencias en otros países. Usted y yo somos productos de esa formación, somos hombres, todos nosotros, producto de las grandes corrientes mundiales de pensamiento, y aprovechamos esas experiencias pero rechazamos los errores y vamos creando nuestros propios cauces, y es así como vamos configurando nuestro propio sistema educativo, pero no con chauvinismo que en realidad vendría a desestimar avances que son importantes en cualquier latitud.
Hay un aliento verídico a la participación en la revolución educativa"; no es un planteamiento formal para alentar las expectativas de la comunidad. Si la planeación es democrática, y lo demostró en los foros de participación popular, que tienen que depurarse pero ya es un avance sustantivo, también lo será en el seno de la revolución educativa. Se hace con los maestros, con una activa participación y presencia de ellos. En el caso de los maestros nunca pensé que un edificio fuera motivo de un argumento ideológico, pero parece que el de la Normal es así.
Mucho tenemos todavía que caminar en materia de educación, en la precisión de sus contenidos, en la transformación de sus procedimientos, pero sobre todo en la revitalización del lugar prominente que al maestro le toca como el gran revolucionador mexicano.
Tenemos finalmente, Diputado García Solís, un avance efectivo en lo real y en lo financiero. Y yo reitero que no existe esa falsa dicotomía y que es un maniqueísmo el pretender señalarlo; se ha apoyado el ingreso por la vía de conservar los empleos, se ha controlado la inflación y se enfrenta toda la problemática respetando las libertades fundamentales que los mexicanos nos hemos dado. Y si como usted señalaba al final, no hemos podido impugnar suficientemente la política por ustedes presentada, es sencillamente porque ustedes no han podido presentar integralmente.
Ese sería mi comentario. (Aplausos.)
El C. Presidente: - ¿Desea replantear, señor diputado?
El C. Iván García Solís; - Sí, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: - Reiteramos nuestra convicción de lo útil de este intercambio de opiniones, pero a la vez reiteramos que nuevamente el Gobierno, a través suyo, se niega ha reconocer lo impopular y equivocado de una política, y además, no reconoce tampoco el clima antidemocrático en que en demasiadas áreas de la vida nacional sigue desempeñándose nuestra actividad cotidiana.
En primer lugar, quisiera responderle que nuestra demanda de darle ,mayor peso al Congreso y al Poder legislativo, no es relativa a compartir el poder con ustedes. Abierta y expresamente tenemos una política de confrontación y planteamos la derrota de la política económica y social del Gobierno, en el camino de acumular fuerzas para sustituir a las que actualmente gobiernan.
Sin embargo en donde usted no encuentra palabras, atribuye intenciones. Sin duda se basa en su propia vocación y la vocación de la gente de su partido, que efectivamente la tiene, principalmente por los puestos públicos.
Queremos decir también, señor secretario, que ni las opciones que planteamos son incompletas, ello no ha sido demostrado aquí. Nosotros hemos hecho propuestas generales de una alternativa distinta para conducir al país y no hay la crítica consistente a esas alternativas, que un poco más adelante resumiré brevemente.
Aprovecho esta segunda intervención para reiterarle la pregunta que hice respecto al SUTIN, respecto a URAMEX, porque es importante que tengamos un registro de su opinión.
Sobre el tema de la inflación, señor secretario, nuestro partido nunca postuló un 150% de inflación, y en todo caso nuestro partido emitió opiniones como tal, como partido, pero ustedes son los responsables de la conducción de los asuntos públicos. Si ustedes son quienes debieran tener un registro y una previsión más ajustada de la cuál va a ser el curso de la política económica y sus efectos, de tal manera que si le place puede quedarse con sus cálculos que no fueron adecuados, pero nosotros seguimos insistiendo en que la inflación es una inflación que golpea severamente a las capas mayoritarias y que el hecho de que diminuye en términos relativos, no quiere decir que haya dejado de ser un lastre y una pesada carga para el grueso del pueblo trabajador.
Respecto a los subsidios, desde luego que usted habló de cifras absolutas, ¿cómo van aumentar los subsidios en cifras absolutas si se han producido una tan grande desvalorización de la moneda? Pero aún sí en términos reales éstos hubieran aumentado, no debemos dejar a un lado el hecho de que dada la actual estructura de producción y comercialización, muchos de esos subsidios quedan en manos de la industria y el gran comercio, en manos de la intermediación. De tal manera que muchos de los subsidios al consumo popular no alcanzan su verdadero efecto, y sí en cambio, se mantiene exenciones, precios diferenciados y precios iguales cuando debieran ser mayores para grandes industriales y grandes usufructuarios de la riqueza del país.
La renovación moral es un tema que poco había usted introducido en este debate. Ahora nuevamente insiste en ese otro rótulo y así le podemos llamar también. Queremos decir que el actual sistema tiene una enorme capacidad para reproducir la corrupción y que esto se ilustra, si no fuéramos muy lejos, con los casos de los funcionarios, y no son seguramente los más altos, y seguramente tampoco son los únicos que hay; si no ya presentados a las autoridades judiciales por efecto de malversaciones y malos usos de los fondos públicos. Por ello, cuando usted dice que no se trata de medidas de persecución, si no mas bien de carácter preventivo, nosotros lo que observamos es que de hecho estos nuevos fraudes a la Nación implican que la prevención no es consistente y que en todo caso conocemos nuestras desviaciones hasta que se produce la coerción y hasta que se produce la persecución contra esos malos manejos.
Por ello nosotros insistimos en una fórmula de control social distinta en la cual participe efectivamente la sociedad y no solamente los funcionarios.
Más adelante habló usted respecto a que su partido se condujo con veracidad en la campaña electoral y que anunció todas las medidas que iba a tomar. Yo estoy seguro que eso no es compartido por la inmensa mayoría de la población, si tal fuera el caso, si se le hubiera explicado abierta y fríamente cómo iba a disminuir su nivel de vida, con seguridad no les hubieran otorgado el voto. Lo que ocurrió fue que se utilizaron lemas y rótulos también que no explicaban con claridad la política que se aplicaría e, insisto, el lema general de la campaña no está confirmado por los hechos, no hay un país más igualitario, hay un país sembrado de graves y contrastantes desigualdades.
Respecto al tema educativo, señor secretario, para finalizar, quisiera mencionar que nadie aquí puede sostener - y nosotros menos que ninguno - que hay que cerrar los ojos a lo que se produce en el extranjero y que el flujo de las ideas es universal, debe serlo, pero precisamente por ello criticamos que desde los años '40 en el país se haya privilegiado la asimilación y aplicación de modelos educativos pragmáticas que muchas veces son desechados en el país de origen y en otros, a los que también se les impone su aplicación, y que aquí siguen conservando esa inercia. Ello se puede comprobar si se observa, por ejemplo, de manera concreta, el cambio impuesto contra la voluntad de los trabajadores de la
educación, puesto que se hizo una votación al respecto - y el Gobierno la perdió - del cambio programático en la educación media de asignaturas a áreas de conocimiento. Insisto ese cambio fue impuesto, no obstante que hubo una votación en contrario de la planta docente a la que se consultó. Ese cambio contradice las tendencias internacionales más consistentes y comprueba su cercanía e, insisto, su ligazón, al impulso educativo norteamericano que, por cierto, en ese país se encuentra también en crisis.
Finalmente, señor secretario, quiero decir que si tenemos alternativa para una nueva política económica y social en el país. Nosotros planteamos un presupuesto mejor distribuido, una reforma fiscal que efectivamente afecta a los grandes propietarios y que desgrave a los trabajadores, que pagan cada vez más de su salario. Recuérdese, por ejemplo, que al no existir escala móvil de tasas impositivas a aumentos nominales de muchos trabajadores, corresponde su paso a tasas más altas que succionan una parte muy importante de los ingresos de estos trabajadores.
La reforma fiscal que proponemos, es una reforma fiscal, como lo mencionó nuestro compañero de partido y otros diputados, que acumule los ingresos de los grandes beneficiarios de la riqueza de este país y les aplique una tarifa verdaderamente progresiva.
En el aspecto de la deuda, también hemos propuesto opciones que son distintas a las que impone el Fondo Monetario y que se conllevan con la resistencia que sí efectivamente queremos ser independientes, debemos de tener frente a esas políticas antipopulares y que no benefician a la Nación.
Planteamos la ampliación del mercado interno, pero no sólo por las compras del Gobierno puesto que éstas incluso han bajado, sino planteamos la ampliación del mercado interno a través de aumentos reales de salario; esto sí efectivamente implicaría una redistribución de la riqueza; pero sabemos bien, señor secretario, que para lograr estos cambios hace falta el aumento de la lucha popular y por ello nuestro partido plantea la participación de los sectores populares, para cambiar esta política económica lesiva y lograr una política diferente en beneficio de la mayoría, así como lograr la democratización del país. Muchas gracias.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Diputado García Solís: El Gobierno es el primero en reconocer sus errores, no adopta ante los avances observados una actitud triunfalista sobre la política seguida, sino únicamente busca reiterar los hechos y las decisiones tomadas, contrastarlas con los resultado para así ir modificando aquello que requiere modificar y perseverando en lo que hay que perseverar.
En este proceso de reconocer errores respeta la disidencia, mantiene un diálogo abierto con sus opositores y reconoce y toma en cuenta los puntos de vista fundados y consecuentes.
Creo, por ello, que en este debate ha habido más argumentos que palabras. Como servidor público, solo puedo decirle que mi vocación es de servicios y de respuesta a la responsabilidad que se me ha encomendado y a la tarea social a la que estamos empeñados.
En el caso de URAMEX me permití hacer un comentario claro y preciso en mi respuesta a su pregunta inicial, el cual reitero en sus términos. La inflación, no cabe duda que golpea a la comunidad, somos los primeros en reconocerlo y por eso es que se busca combatirla a fondo y no sólo introducir paliativos, sino su solución. No hay elemento que afecte más a la comunidad, que irrite más a los consumidores, que lastime más al pueblo que el aumento creciente de precios. Por eso hay una política decidida de combate a la inflación y por eso es intención, primera, el controlarla y abatirla en lo que resta de este año y el próximo.
Los subsidios, efectivamente, algunos no solamente crecen nominalmente, sino en términos reales, el subsidio a la tortilla es uno de ellos que va a aumentar en términos reales en '84. Pero efectivamente, tenemos que hacer una revisión a fondo para ver que efectivamente los subsidios le lleguen al consumidor y no se queden en el intermediario o en un productor privilegiado. Esa es una de las razones por las cuales los programas específicos del Programa Nacional de Alimentación, que pronto pondremos en marcha, impondrán una nueva mecánica de asignación de los subsidios al consumidor final y no para beneficio del intermediario o del productor inicial privilegiado.
La renovación moral no es un rubro, es el lenguaje renovado que todo régimen revolucionario se propone y utiliza. En esta materia no es sólo una intención, sino que habrá esfuerzo redoblado como acción cotidiana de Gobierno.
Las medidas, diputado García Solís, y entiendo que en la campaña del año pasado usted no estuviera muy atento a la del candidato mayoritario, en tanto que usted andaba promoviendo una de uno minoritario, se precisaron y se anunciaron con claridad - yo quiero llamar su atención en forma respetuosa -, el discurso pronunciado por el licenciado Miguel de la Madrid en la reunión celebrada en el Centro Nacional de la Productividad sobre financiamiento del Desarrollo, donde antes de la elección anunció que tendrían que haber modificaciones en los precios y tarifas de los bienes que vende el Sector Público. Anunció también, que tendrían que revisarse los niveles y la estructura del gasto público y ajustarlo a lo que realmente podemos financiar. Se habló con verdad, y hoy se actúa en consecuencia.
La solución de la crisis, diputado García Solís, tiene como requisito la igualdad. Es cierto que se afecta en su solución a todos los estratos, se busca y se procura que sea lo más equitativa posible, pero se reconoce que por necesidad afecta más al que menos tiene; por ello los esfuerzos redoblados del Gobierno
por atender prioritariamente al Sector Social.
El modelo educativo que deseamos, diputado García Solís, ésta en nuestras raíces, en nuestra cultura, está en nuestra historia, y esa es sin lugar a dudas la esencia de nuestra fortaleza y la posibilidad que tenemos de salir adelante. Así se va a actuar en consecuencia entre la revolución educativa.
Finalmente, yo entiendo que en este momento usted haga sólo un planteamiento esquemático del programa que su partido propone, pero si la síntesis se completa, yo me atrevería a decir que lo propuesto por ustedes ésta atrás de lo que ya hace el Gobierno. En materia de presupuesto, ya hemos mejorado su distribución atendiendo con la prioridad lo social y el empleo, por encima de lo meramente productivo, en materia de reforma fiscal, ya venimos desgravando desde hace varios años a los estratos de más bajos ingresos, introducimos la muy demandada reforma de eliminación del anonimato y hemos establecido con ello una mayor progresividad a la tarifa. En el caso de la deuda, la política que seguimos es la que nos impone nuestra responsabilidad con las generaciones futuras y con aquellos compromisos contraídos por las que nos antecedieron. El fortalecimiento del mercado interno vendrá no sólo efectivamente del Sector Público, sino también en forma por demás importante del mantenimiento del empleo, de su incremento a mediados del '84 y de lograr el gran propósito de la política social para el año próximo, de evitar que el salario real siga cayendo.
Este sería mi comentario, diputado García Solís. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Juan José Hinojosa.
El C. Juan José Hinojosa: - Antes de entrar en la pregunta o en el comentario, una minúscula viñeta aclaratoria. Mi colega, Luis J. Prieto, habló del subsidio a los partidos políticos y usted, a su vez, confirmó que en el presupuesto existen las partidas. Sin propósito de hacer un juicio de valor, sino simplemente de una expresión estrictamente objetiva, queremos apuntar que Acción Nacional manifestó a través de su Comité Ejecutivo Nacional la decisión de prescindir de ese subsidio con el propósito de obtener un margen más amplio de libertad en el ejercicio y oficio político que el partido encabeza. En la pregunta de Luis J. Prieto subyace un dato esencial, son los límites de la democracia, en la Exposición de Motivos del Presupuesto se insiste en planeación democrática, tal vez convendría subrayar que democracia y planeación no agotan las definiciones democráticas; es democracia y legitimación de origen, de poder, es democracia y obligación de pagar la carga fiscal, porque si se establece el equilibrio entre democracia y obligación, se lleva de paso al equilibrio del derecho y de la obligación ciudadana; es democracia y campo de libertad para la expresión de las ideas; es democracia y posibilidad real, viable de alternancia en el poder de los políticos; es democracia frente a una amplitud de definiciones que están implicadas y que hacen posible su vigencia, la convivencia inteligente, solidaria y plural de la sociedad mexicana.
Ahora sí, pasando esta aclaración que sería deseable que más allá de este ámbito y dentro de este recinto, los mexicanos abriéramos un debate inteligente, constante, para airear el espíritu civilizado, sin pasión partidista, las posibilidades reales de que estas definiciones esenciales contenidas en la propia Constitución adquieran vigencia en la convivencia, en el transitar sobre la vida ciudadana, en el día con día, en la aspiración de los mexicanos para edificar un país de libertades democráticas.
Ahora me toca ser el penúltimo, realmente se han hecho muchas preguntas, es evidente y se debe reconocer que el diálogo ha permitido identificar coincidencias y discrepancias. Y tal vez, más allá de preguntas correctas, quede la posibilidad de un par de comentarios de tipo general. Estas comparecencias evidentemente que son útiles, es un diálogo abierto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de sus secretarios de Estado. Probablemente internamente los diputados, que a fin de cuentas estamos en nuestra casa, pues debiéramos ir haciendo algunas modificaciones como evitar esta terrible confusión entre lo que el pueblo quiere de un secretario de Estado que es inteligencia, lucidez de pensamiento y no necesariamente resistencia física para obligarlo a permanecer parado durante cinco o seis horas.
Debe haber otros mecanismos. Este escenario los permite para, por lo menos que el secretario de Estado esté sentado igual que nosotros, porque este alarde de resistencia física, yo no creo que contribuya a un mejor gobierno. Y espero que el próximo año se recoja esto que se dice así medio en broma, y pues los que vengan aquí a comparecer agradezcan al diputado Hinojosa esta sugestión.
Un dato importante en estas comparecencias, especialmente la de presentación del Presupuesto de Ley de Ingresos, que por allá en 1976 - 77 estaban separadas las secretarías, había la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y había la Secretaría de Programación y entonces venían uno sólo. Pero hay datos que permanecen vigentes y que nos deben obligar a la reflexión, al subrayarlos no hay el propósito de restregar, sobre el rostro de los funcionarios públicos agravios o reproches, sino ocasión de abrir debates que nos permitan recoger la experiencia y proyectarla al futuro.
Tal vez en esta brevísima intervención voy a usar el chocante yo, de la primera persona, pero lo justificaría simplemente porque en el argot parlamentario de mí, se dice que es cuarto viaje a la Cámara y ciertamente, adquiere el parlamentario, experiencia, que siempre es buena porque éste es un oficio.
Por cierto, y entre paréntesis, ayer que escuchaba con mucha atención al licenciado Silva Herzog en su pensamiento relampagueante, pensaba que su partido lo estaba desperdiciando en la Secretaría de Hacienda y que tal ves debiera venirse al Congreso como diputado, y pensaría que lo haría bien; no digo mejor que podría porque el punto de referencia podría establecer un juicio de valor que no pretendo hacer. Lo haría bien.
Pero lo esencial es que aquí se dijo por un secretario de Hacienda que se establecía el réquiem - y lo pronunciaba muy solemne -, del desarrollo estabilizador. Aquí se vino a pronunciar por un secretario de Hacienda el "réquiem del desarrollo estabilizador", se indicó que el desarrollo estabilizador... ¿se puede hablar sin micrófono?...
El C. Roger Cicero: - Una moción, señor Presidente.
El C. Presidente: - No hay lugar a la moción señor, perdone. Es una falla técnica que no es imputable a nadie.
El C. Roger Cicero: - Es el colmo que no haya aquí, en esta máxima tribuna, un buen sonido.
El C. Presidente: - Señor licenciado, tenga usted la amabilidad de pasar a la tribuna.(Aplausos.)
El C. Juan José Hinojosa: - Señor Presidente, muy agraciado por su comprensión. Señor secretario una disciplina por ocupar su lugar. (Aplausos.)
Decía, que en esta misma tribuna, allá en la vieja Cámara de Diputados tan añorada de Donceles y Allende, un secretario de Hacienda comparecía y señalaba que el desarrollo estabilizador estaba liquidado, que había generado una enorme cantidad de rezagos, que había marginado a los campesinos, que en última instancia había hecho más ricos a los ricos y mas pobres a los pobres y que era urgente cambiar el diseño. Y el mismo día que pronunciaba el réquiem del desarrollo estabilizador, pronunciaba en aleluya el advenimiento del desarrollo comparativo.
Después, de cada comparecencia, ya no se hablaba del desarrollo estabilizador, sino del desarrollo compartido. Se nos indicaba - ahora sí - que a través del desarrollo compartido se lograría el equilibrio de las finanzas, la mejor distribución del ingreso, la justicia social, la incorporación de los marginados.
Después, otros secretarios de Hacienda defendieron, y además yo entiendo perfectamente que lo deben hacer, sería terrible que vinieran aquí los secretarios de Hacienda y de Programación a decir que está muy mal el Presupuesto y la Ley de Ingresos, pero en cada ocasión se les ha indicado que el Presupuesto, la Ley de ingresos, es magia de justicia y no ha resultado.
El tiempo va pasando y a pesar de las rectificaciones desenlazamos en una crisis cuyas características, cuyo perfil no han sido definidos por la oposición, sino por los propios funcionarios que aquí han comparecido y se nos indica el terrible fracaso de los últimos años.
Ahora reconozco, en mi vieja experiencia, que hay otro lenguaje este año. No digo el año pasado, que era muy apocalíptico, pero este año simplemente no hay triunfalismo. Tal vez no hay triunfalismo porque tampoco hay materia para el triunfalismo la crisis es agobiante y terrible. Pero hay que señalarlo con espíritu constructivo; si le va mal a México, nos va mal a todos. Si le va bien a México, nos va bien a todos. Lo que yo quisiera subrayar como comentario de esta comparecencia y la del martes, es que la crisis, los problemas que el pueblo padece, que agobia, que azota - por adjetivos no queda - sea recogida para proyectar la experiencia, a partir de ella y realmente reencontrar caminos que permitan la liquidación de movimientos oscilantes para el reencuentro de una política consistente, de un diseño del país que queremos ser.
En esta ocasión coincidimos que el perfil de la crisis es mucho más agudo, que no hay precedente histórico, pero ser mayoría, no sólo ocasión triunfalista, para disminuir a las minorías o establecer contrastes o confrontaciones. Ser mayoría y responsabilidad. Y el pueblo espera, porque detrás de los números y los puntos de vista y de las tesis y de las doctrinas, estas comparecencias, este diálogo no se agota en este recinto, apenas se inicia en este recinto, va mucho más allá de estos muros, empieza cuando las puertas se abren para darnos salida, cuando se habla de los números detrás de ellas. Es el pueblo que va a pagar los impuestos que como decía el licenciado Silva Herzog: "a nadie le gusta pagarlos", pero por lo menos cuando pagamos deseamos sinceramente que contribuyan a la edificación del país, que más allá de la etiquetas de mayorías o de minorías todos los mexicanos queremos ser.
Por lo tanto, yo quisiera apuntar, ya sé la respuesta del licenciado Salinas de Gortari, esta vez sí, yo le digo: más alla de la anécdota de hoy, más alla de la próxima comparecencia el año que viene, nosotros, oposición, desearíamos honestamente que el tiempo diera razón y que la razón no fuera mero juego intelectual, sino realmente el bienestar y decoro en el pueblo de México.
Hay otro dato que yo quisiera apuntar y con ello termino - no se inquiete, yo también tengo prisa de irme -. Se deslizaba, no se deslizaba, se apuntaba con mucha claridad en el discurso introductorio del licenciado Salinas de Gortari un par de palabras estupendas: honradez y aptitud.
Un presupuesto es un esquema de gobierno, me repiten los que saben. Yo lo he oído muchas veces y me lo he aprendido, pero sólo se realiza cuando se encarna en el hombre, porque en esta vida sólo el hombre es capaz de realizar los sueños y las esperanzas y sólo el hombre es capaz de describir las ilusiones
y las posibilidades. Y es cierto, sólo en aptitud se puede realizar el presupuesto, se puede convertir en el deslumbramiento del acceso al decoro y a la vida buena de los mexicanos.
Se apuntaba también en la segunda parte, qué es honradez, que esto, que en anécdota se menciona, si es rótulo o si no lo es, con la renovación moral; y no es rótulo, es tesis, es principio, es mantenimiento, es camino irrenunciable; es exigencia en el tránsito del hombre sobre los caminos.
A mí no me gusta lo de renovación moral, porque yo no creo que la moral se renueve, no es artículo que esté sujeto a decadencia y renovación. Los principios son eternos. Tal vez sea mejor decir reencuentro con la moral.
Iniciaba y deslizaba el licenciado Salinas de Gortari un dato que yo quisiera reafirmar, retomar de su reciente afirmación para proyectarla; yo pienso que la moral no puede imponerse compulsivamente; yo pienso que la moral no puede ser realizada a través de la sórdida amenaza de la cárcel; yo pienso que la moral, antes que nada, es actitud es convicción, es ejemplo, es testimonio. Muy bien de vez en cuando, y ojalá que fuera de vez en cuando, el Estado tenga que perseguir y castigar, pero en la medida que la persecución y el castigo se multiplican, queda la certidumbre de que el pantano es mucho más profundo de lo que su superficie expresa. Yo pienso que el reencuentro con la moral es, debe ser, y lo debe ser de parte del Estado, el propósito de reconocer de reconocer la inmensa riqueza humana con que el propio Gobierno cuenta. Porque es muy grave que el relámpago amarillo de la denuncia y de la persecución destruya y obscurezca las enormes virtudes de los burócratas mexicanos.
Segundo, no es la persecución la que va a transformar al hombre; el hombre sólo se transforma mediante el examen honrado y profundo de su conciencia, que lo dispara a la rectificación. Esto sí es reencuentro con la moral. Que el miedo puede llevar a paralizar todo el ímpetu y la pasión del servicio público. Insisto, hay que castigar, pero también hay que evitar que el aire se llene de smog enrarecido a intoxicante en la denuncia cotidiana del ladrón. Debiéramos también exhibir todos los días el aspecto ejemplar de aquellos que no requieren de auditoría porque son honestos por convicción. Promover en el hombre que trabaja para el Estado, como en el hombre que corrompe y que trabaja en la otra trinchera, la convicción de que la moral es decisión de ser bueno, y en la medida que este espíritu sature el servidor público y sature al contribuyente que corrompe, porque es cierto que para que haya alguien que se deje corromper tiene que existir alguien que lo incite a la corrupción.
Sólo, sólo en este ambiente, en este clima puede florecer la moral. Tal vez puede haber mecanismos, yo no creo en la auditoría del propio Estado sobre su propia acción, yo creo claro, soy de oposición y del mismo modo que reconozco que los secretarios comparecientes tienen que decir que lo que traen aquí es lo mejor, yo tengo que decir que los puntos de vista del oposicionista son excelentes; yo creo con ese espíritu romántico, que la medida, que la división de poderes, estamos de acuerdo, no tienen por qué ser enfrentamiento, debe ser colaboración honrada y leal, pero con fronteras clarísimamente trazadas, que nunca, ni el Legislativo debe romper al servicio del Ejecutivo ni viceversa.
Otra forma de hacer que la moral impere es llevar al servicio público la moral. Quien puede realmente ser auditor es el Poder Legislativo, el Poder Legislativo en el ejercicio de su función, sin modificaciones constitucionales, simplemente ejerciendo las que existen, sea contra peso y freno, testimonio y ejemplo, esté vigilante, que siempre es bueno el contrapeso y el freno para evitar el florecimiento y estímulo de la soberbia.
Le quiero decir, licenciado que no hice preguntas, si no me quiere contestar le doy toda la razón, simplemente quise hacer unos apuntes de tipo general por ser el penúltimo de la comparecencia y tal vez con ganas de competir con la última, a quien estimo y admiro por su sensibilidad política, que es Irma Cué. (Aplausos.)
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Señor diputado Juan José Hinojosa: Creo que la diferencia entre la concepción sobre la democracia que usted tiene y que yo sostengo, es un trecho más pequeño que la distancia entre general Treviño y Ataleguas... La democracia la sentimos y la entendemos en la esencia del artículo 3o. constitucional, el cual no recuerda que no se trata únicamente de un régimen político electoral sino del constante mejoramiento de las condiciones económicos, sociales y culturales del pueblo.
Esa es la preocupación fundamental, como régimen político, en el mantenimiento de las libertades, en los derechos de la oposición, en la división de poderes, en el federalismo y en el régimen electoral y de partidos; y en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo a través del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, del sostenimiento y reordenación de nuestro aparato económico y, sobre todo, de la ratificación de nuestros principios fundamentales. Así entendemos la democracia y esa es, además, la esencia de la planeación que se va llevando a cabo.
No es necesariamente una alternancia en el poder, que dependa de la voluntad de las partes, sino que es mandato del pueblo. La alternancia o el ejercicio del poder es el pueblo el que lo da a través de su voto, y esté ha venido ratificando el carácter mayoritario que le ha dado al régimen de la Revolución.
Creo que con lo que usted dice hay que recordar que el diálogo y la práctica de la democracia siempre llevarán pasión, porque va de acuerdo a la esencia del ser humano el poder desarrollar sus potencialidades, su capacidad
transformadora del entorno y del mundo en el que vive, siempre y cuando tenga la posibilidad de hacerlo, si es que tiene la libertad esencial que es el desarrollo pleno de esa potencialidad.
Cuál es la vinculación, entonces, de un presupuesto, frío enunciado de números con un propósito de transformación social de la realidad. Y es que el presupuesto es ante todo un propósito de justicia. Es la intención en los hechos de llevar a cabo una política transformadora, en las prioridades que establecen, en los recursos que asigna a los sectores principales que hay allí ya, un propósito de justicia y una acción reivindicadora de los principios esenciales del hombre.
No son ánimos de transformación o cambio de principios, éstos son permanentes, son las prácticas las que se están renovando, y en la renovación de las practicas de esta actividad política por excelencia. Esto es lo que hace la renovación moral y esto es lo que se refleja también en la estructura del propio presupuesto, en las acciones concretas que llevan materia de prevención para la actitud de los servidores públicos, particularmente en los criterios de racionalidad que ha impuesto en los servidores públicos superiores. En ese sentido nosotros entendemos a la moral como una solidaridad comprometida y no sólo como un principio enunciativo de valores, y en esta solidaridad comprometida los requisitos impuestos en la racionalidad del uso de los recursos públicos para los servidores, es sin lugar a dudas, un paso adicional. La normatividad que se ha emitido en materia de uso de bienes públicos, en materia de disposición de los recursos del Estado, en la forma del pago de los sueldos, de los salarios, en los viáticos que se conceden, en las prestaciones que se han eliminado, todo ello solidaridad comprometida que el valor público tiene que tener por razón de una moral colectiva, que es lo que lo mina. No es sólo el Ejecutivo el que se vigila a sí mismo o el que mantiene esta actitud renovada. El Congreso de la Unión, en particular, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, viene ejerciendo ya una severa acción vigilante de supervisión de las tareas del Ejecutivo. Lo que se hizo con la Secretaría de la Contraloría de la Federación, es el propio Ejecutivo en reconocer la necesidad de fortalecer su propia área de fiscalización sin detrimento de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la cual además hay una estrecha colaboración y diálogo.
Son temas que a veces se antojan no tienen una gran vinculación el presupuesto y la democracia, pero el hecho de discutirlo en este foro, el hecho de poder hacerlo con respeto y exposición plena y sin cortapisas de las virtudes que cada uno sentimos y defendemos con convicción y, sobre todo, con nacionalismo, y pensando que lo que está atrás de todo esto es la posibilidad que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, puedan vivir en un mundo más digno, más consistente y, de acuerdo a sus convicciones, eso es lo que está atrás de estos empeños, de este presupuesto de 1984 que, reitero, es, ante todo, un propósito de justicia. (Aplausos.)
El C. Presidente: - ¿Desea hacer uso de la palabra?
El C. Juan José Hinojosa: - Como dicen en mi pueblo General Treviño, y lo repiten los Ataleguas: "Al tiempo me remito". Desearía reconocer que los buenos propósitos de han realizado, si no, seremos muy severos para el juicio de una nueva crisis que este pueblo ya no puede resistir.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Nada más reiterar que la severidad es un requisito superior para los miembros de este Gobierno; el Presidente de la República es un hombre que cree lo que piensa y sostiene lo que cree; no ha establecido principios para iniciar su gobierno y terminarlo de manera diferente; hay convicción y perseverancia en las acciones que se van a desarrollar y lo que hoy ofrece como tesis, mañana seguirá siendo acción.
El C. Presidente: - Se ruega a la diputada Irma Cué de Duarte, pase a la tribuna, en el turno que le corresponde.
La C. Irma Cué de Duarte: - Con su permiso, señor Presidente; señor secretario Carlos Salinas de Gortari: De inicio, la Comisión de Programación, Presupuesto y Gasto Público desea, por mi conducto, dejar constancia de que durante el ejercicio presupuestal de 1983, la Secretaría de la cual funge como titular, cumplió escrupulosamente con la obligación de informar a la Cámara de Diputados sobre el ejercicio del gasto público federal.
Más aun, ha concurrido con la secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentando informes trimestrales en los que se expone la situación económica general y aunado a esta presentación, cuantas veces la hemos solicitado, funcionarios de ambas dependencias del Ejecutivo Federal, han asistido a nuestras comisiones y han explicado el por qué, el cómo y el para qué del panorama económico de México.
A la reunión a la que usted asistió respecto al Plan Nacional de Desarrollo, se siguió un procedimiento semejante al que hoy aconteció.
Representantes de los partidos políticos que están comprendidos en esta representación nacional le formularon preguntas a las que usted dio total respuesta. Hoy, como entonces, estamos ciertos de que captó usted la honestidad partidista de quienes formularon requerimientos, como nosotros percibimos autenticidad en todas sus respuestas. La legitimidad de unas y otras, no está en juego. Hay ciertamente, afinidades y hay ciertamente divergencias. Pero queremos dar a usted la seguridad, señor secretario, de que entre una y otras, habremos de elegir el camino a seguir. Y señalando el criterio, lo cumpliremos unidos, pues todos, aquí y en la República,
sabemos, porque lo hemos padecido, los resultados de la desunión.
Los asistentes a esta reunión saldremos enriquecidos, pues el diálogo es constructivo cuando se basa en el respeto mutuo, en el deseo de intercambiar experiencias, y permite en la amplitud del cuestionamiento, llegar a la profundidad del conocimiento y visualizar, desde las ópticas de todos los partidos representados en esta Cámara plural, la realidad que hoy confrontamos.
Ocasionalmente los diputados de nuestro partido recibimos la imputación de que nos plegamos a las decisiones del Ejecutivo. Menester es dejar determinado, sin lugar a dudas, que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, al igual que el titular del Poder Ejecutivo Federal y la mayoría de sus colaboradores, también las tres cuartas partes de los diputados representados en esta Cámara, profesamos los mismos principios políticos basados en la democracia y en la justicia social.
Participamos en campañas coincidentes en tiempo. Y sabemos que el 4 de julio de 1982, 17 millones de mexicanos al sufragar, refrendamos nuestra confianza en las instituciones de la República, y votamos por la renovación de abanderados a las causas sociales que sustentamos.
Cierto que pertenecemos a poderes distintos, pero no confundimos independencia con aislamiento, pugna o competencia. Somos diferentes en conformación y atribuciones, pero no en finalidades. Todos protestamos al iniciar nuestro cargo, cumplir con la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Todos tenemos como objetivo primordial servir a nuestros representados. Por ello aceptamos fungir como servidores públicos. Es en las funciones de control en donde atendemos distintos tramos de su ejercicio buscando en todo tiempo, servir a los intereses más altos de la Nación, esto es, al pueblo que representamos.
Somos críticos, pero no en el sentido unilateral de plantear sólo juicios desfavorables, sino en el sentido amplio de reconocer logros y desaciertos, avances y retrocesos, en balance que surge del estudio, del examen y del discernimiento.
Se planteó aquí una política de confrontación en el Gobierno, con vistas a acumular fuerzas y desplazarnos del poder, pendulizan sobre nuestra vocación por los puestos públicos. Si buscan el poder, ¿no tienen, entonces, vocación por los puestos públicos? La vocación política al fin de cuentas desemboca en los puestos públicos, como éstos de las diputaciones, así sean de mayoría o de representación proporcional. Lo importante es cumplir digna y honestamente, con congruencia ideológica y patriotismo; cumplir la función pública de cada puesto. Eso intentamos todos los que hacemos política.
Quien habla de presidencialismo en sentido peyorativo, quiere ahora comparecencias presidenciales como solución, cuando ni siquiera se escucha a los compañeros.
El diputado Pacheco Durán no pidió la derogación debida, lo que hizo fue consultar la opinión del señor secretario Salinas de Gortari acerca de tal medida. Entendemos cuál es nuestra función y para cumplirla responsablemente escuchamos opiniones y realizamos estudios para luego emitir juicios, no al revés.
En las cámaras de todas las democracias existe un partido que logra la mayoría del voto ciudadano. El instituto político al que me honro en pertenecer: el Partido Revolucionario Institucional, ganó por amplio margen el consenso de la población en elecciones federales. Y a nombre de esa mayoría de representados expresamos de manera informada, responsable, meditada, decidida, pero sobre todo comprometida, nuestra solidaridad con el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de todos los mexicanos (aplausos) hombre que refrenda su compromiso con esas mayorías menos favorecidas, con acciones como la presente, donde la reordenación económica contenida en el presupuesto atiende a criterios de equidad, tiene la clara orientación hacia el gasto social. Esto apoya la tesis de la sociedad igualitaria concebida como propósito de largo plazo y no como meta que se logra en un año.
Su comparecencia, señor secretario, si bien es cierto cumple con una disposición constitucional, pero representa también el inicio de participar conjuntamente en el diseño de la actividad en la cual - como usted recordará - para 1983, aportamos nuestros conocimientos en disposiciones que hoy ameritan haber sido incluidos.
Épocas eran de regulación estricta del presupuesto. Nos complace conocer que persiste la austeridad en el gasto, pero que el mismo no está sujeto a regulación excesiva lo que hará fluida su derrama en la actividad económica general.
Existen propuestas novedosas en materia presupuestaria que aseveran nuestro dicho: la fijación de una reserva para recuperación de la actividad económica; la responsabilidad compartida en oportunidad y eficiencia del gasto; la responsabilidad unitaria como en las de coordinador de información. Tenemos también a la Contraloría General de la Federación a la que se precisan funciones y se le da su relación con nuestra Contaduría Mayor de Hacienda, como las más relevantes.
Quisiera ahora asentar lo que a mi juicio merece una explicación de parte suya:
Con el antecedente de que el más del quórum legal representado en esta Asamblea somos diputados de distritos electorales que comprenden municipios, intuirá usted con cuánto gusto participamos a las reformas del artículo 115 constitucional. El propio Plan Nacional de Desarrollo contiene un capítulo destinado a Desarrollo Regional y en él aparecen dos acciones: la política de centralizar y la de apoyar a estados y municipios.
El presupuesto incluye un nuevo ramo en participaciones que fue desmembrado del correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, como no
aparecen desagregados ninguno de los dos conceptos que lo integran, ignoramos si el presupuesto refleja la voluntad política del Presidente De la Madrid de descentralizar en materia educativa y de salud, por mencionar un ejemplo.
No es comparable el gesto federal de la ciudad de México porque las entidades federativas tienen otros ingresos no federales, pero contrasta comprobar que sólo la ciudad de México tenga el doble del presupuesto que el total de las participaciones al resto del país.
Quisiéramos saber cómo participan los estados y municipios en los programas sectoriales. Cómo se cuida la concurrencia de intereses. Cómo se procura su equilibrio. Cómo se mejoran las haciendas municipales. Cómo se fijan los criterios par otorgar subsidios y ayudas sin lesionar soberanías e independencia. Cómo se coordina el desarrollo regional en el gran esfuerzo nacional .
Cuestionamos, no en interés del municipio como ayuntamiento sino a nombre de los habitantes de estos municipios que depositan cotidianamente su confianza en las instituciones. Son solidarios en la actuación del Gobierno de la República, ya que sabemos que con el esfuerzo actual lograremos el país que todos deseamos hoy para nosotros, y legar a nuestros hijos una Nación mejor, identificada con el nombre que a todos nos unifica: México.
Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias.
El C. Secretario de Programación y Presupuesto: - Diputada Irma Cué: Efectivamente, una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno de la República, es lograr que se distribuya con más equidad y equilibrio a lo largo del territorio nacional, las diversas actuaciones que lleva a cabo el Sector Público y que también los miembros de los sectores privados realizan.
Por ello se han venido introduciendo cambios sustantivos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que enfaticen el carácter regional del desarrollo.
No se trata ya únicamente de ver las asignaciones por sectores o a nivel global, sino que tenemos que darle un contenido económico a la presentación del impacto regional del presupuesto. Hay sustantivos en materia de desarrollo regional, éstos van a crecer muy por encima del crecimiento de la inflación, en total su incremento es de 70%, de ello, los correspondientes a participaciones en impuestos federales, se incrementarán en 60% al alcanzar casi 800 mil millones de pesos. Y efectivamente, para darle una mayor transparencia al presupuesto de la propia Secretaría de Hacienda e impactar con mayor claridad el gasto de dirección regional, se creó el nuevo ramo de participaciones en el Presupuesto de Egresos, lo que permitirá un mejor análisis de esa partida.
Hay un incremento de 178% a los programas de desarrollo regional, los cuales se elevarán hasta 215 millones de empleos. El programa de empleo, como en parte es eminentemente regional, es una pequeña fracción; únicamente se destina a la ciudad de México; crecerá en 50%, en relación a los realmente ejercidos de '83, el crecimiento superará 70%.
Estos son los rubros principales en materia de desarrollo regional. Permitirán acciones específicas en materia de empleo, de infraestructura para el desarrollo agrícola, tanto en pequeña irrigación como en las grandes obras hidráulicas. En infraestructura para el desarrollo ganadero en materia de producción, para transformación agrícola, se harán acciones específicas en almacenes, en pozos de agua potable, en obras agrícolas y en electrificación de pequeños poblados. Se avanzará en carreteras estatales y habrá un incremento de más de 2 mil kilómetros en caminos rurales. Se tienen acciones previstas en materia de equipamiento para el comercio, de abastos, de regulación y de comercialización; se incrementarán en 200 los centros de salud con impacto regional; habrán acciones en materia de vivienda por un número alrededor de 7 mil 200, con impacto regional. Se introducirán mil 300 sistemas de agua potable y se ampliará y conservará la infraestructura física de educación, tanto en aulas, que llegarán a 10 mil, como en laboratorios, que serán 250, en talleres que alcanzarán 500 y en anexos de casi 2 mil 700.
Como usted puede ver, diputada Irma Cué, son acciones que ya se identifican en el presupuesto de apoyo al desarrollo regional. No puede el desarrollo del país lograrse a costa de sacrificar el de la ciudad de México, pero tampoco puede enfatizarse únicamente la atención a esta gran urbe que, como hemos dicho , sobrepasa en población a la de Centroamérica y a la de más de 80 países. No podemos, en consecuencia, únicamente enfatizar acciones hacia ella, descuidando a las dos terceras partes de la población de la Nación, que habita en los estados de la República. Por esto es que se han venido tomando acciones, no sólo en materia presupuestal. El secretario de Hacienda enfatizaba el fortalecimiento de los fondos financieros, la simplificación de las reglas de distribución, los apoyos a los estímulos fiscales. Se va a dar una participación activa a los estados en los comités para el catastro rural y en los de integración de reservas territoriales. Se están fortaleciendo los comités de planeación estatal, que son un elemento indispensable para una acción coordinada dentro de los estados en esta materia. Se está también llevando a cabo la coordinación para el fortalecimiento municipal y se está promoviendo, respetando la división de la estructura federalista de nuestro país, la integración de convenios estado - municipios. Ya no sólo el convenio único de desarrollo por parte del estado, sino la posibilidad de que los propios estados y municipios entren en convenios que permitan un desarrollo más equilibrado al interior del estado y no sólo entre diferentes estados.
Ya hay ejemplos importantes de descentralización al interior de cada estado, por ejemplo en Tlaxcala, Morelos y Baja California, se ha trasladado el cobro del predial a los municipios; en el estado de Morelos hay comités populares
de vigilancia en las obras municipales; en Nayarit hay un sistema integral de programación de inversiones; en Puebla se ha avanzado sustantivamente; en el estado de México; en fin, a lo largo del país se refleja la votación federativa del Presidente de descentralizar la vida nacional también hacia el interior de los propios estados, y los convenios de desarrollo junto con las partidas que el propio presupuesto introduce, permitirán el fortalecimiento de esta voluntad de reconocer que la densidad social del país supera ya las viejas concepciones que consideraban que si en la ciudad de México, se actuara en consonancia, podrán resolverse los problemas de la provincia.
Es una decisión política irreversible el de llevar a cabo este proceso de descentralización y - como usted lo ha señalado - sus dos ejes principales son los relativos a la salud y a la educación; pero en el Presupuesto de Egresos, repito, el hecho de que las partidas para desarrollo regional crezcan sustancialmente por arriba de la inflación, muestran en la práctica esta prioridad.
Señores diputados, a lo largo de esta comparecencia y en cumplimiento del artículo constitucional, que así lo establece, se ha tratado de mostrar que el Presupuesto de 1984 apoyará decididamente la segunda etapa del programa de reordenación económica que el Gobierno de la República tiene en marcha.
La prioridad fundamental es el combate a la inflación, pero manteniendo los empleos existentes y protegiendo la estructura productiva del país. Hay sentido social y democrático en las acciones que el Presidente de la República emprende; el hecho de que se le dé prioridad a la construcción de escuelas y hospitales, a proteger los empleos, a impulsar la recuperación y sobre todo a dar oportunidades ciertas a la juventud y a las mujeres de nuestro país, así como a los trabajadores mexicanos, es un elemento fundamental que ratifica ese sentido social del Presupuesto de Egresos.
El impulso a la descentralización que ha sido una demandada reiterada tanto para esta representación popular como a lo largo del país, un abasto suficiente de alimentos, el funcionamiento eficaz de los servicios fundamentales, la seguridad en la persona y en la familia, el hecho de que pueda transitarse con libertad a lo largo de la República.
Todo esto muestra a pesar de que México enfrenta la crisis más severa de su historia moderna, hay la posibilidad cierta y real de resolverla con apego a nuestros principios fundamentales, dentro del estado de derecho, con respeto al orden constitucional, a la división de poderes y mantenimiento las libertades democráticas.
Se han manifestado diferentes en esta reunión de trabajo, ello muestra y es reflejo de la pluralidad que exige se respete y se aliente en nuestro país. Pero a pesar de estas diferencias, hay la voluntad de afirmar los principios de nuestra Carta Magna y del estado de derecho, así como la probabilidad de nuestro régimen democrático.
Cualquier información adicional o elemento de juicio que esta Cámara requiera para la comprensión del Presupuesto de Egresos de la Federación, los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto estamos por obligación y por convicción a sus órdenes para proporcionárselos. Muchas gracias. (APLAUSOS).
CONSIDERACIONES DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: Se ha agotado la lista de diputados inscritos para hacerle preguntas. Se le invita a pasar a tomar su asiento. (Aplausos).
Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto Su comparecencia ante esta honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo señalado en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República es apreciada por esta soberanía. La amplia participación de los ciudadanos diputados que representan a los diversos partidos, alrededor de su clara exposición y las respuestas que obtuvieron de su parte acerca del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984, es muestra indiscutible del interés que esta representación plural tiene por constatar una correcta aplicación de los recursos presupuestales de que dispone el Gobierno de la República en la satisfacción de las necesidades de la colectividad.
Su intervención nos ha precisado claramente la preocupación presidencial de hacer frente a la crisis económica que vive el país por medio de esfuerzos para utilizar y aplicar los recursos económicos con equidad en beneficio del pueblo.
Las profundas injusticias, los desajustes estructurales, sectoriales y regionales y las graves tensiones sociales que fueron atacadas de frente en gran proporción en 1983, apreciamos que el Proyecto de 1984 contempla una acción más amplia y clara para romper definitivamente viejos moldes logrando el propósito del Presidente Miguel de la Madrid, de proteger a las mayorías marginadas frente a la prepotencia económica de minorías privilegiadas, con la aplicación justa y respetuosa de los recursos presupuestarios.
Seguramente que al discutirse en lo general y en lo particular el proyecto, habrá profundos debates, serenos, respetuosos, con claras divergencias de opinión, pero, sin lugar a dudas, todos ellos coincidirán en que los presupuestos de ingreso y egresos del estado constituyen los más poderosos instrumentos para promover el desarrollo económico y corregir desviaciones circunstanciales que afecten la economía, considerando a éstos como una parte sustancial de la planeación nacional.
Expreso a usted nuestro reconocimiento por su comparecencia, y le pido se lleve la más
firme convicción de que esta representación plural reclamará siempre del derecho a concurrir en la creación de los instrumentos que se requieren para salir avante en estos momentos difíciles que vivimos.
Muchas gracias, señor secretario. (Aplausos).
Se ruega a la comisión designada acompañar al señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, cuando desee retirarse de este recinto. (Aplausos).
El C. prosecretario Artemio Meixueiro: - Señor Presidente: se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
"LII" Legislatura.
Orden del Día.
29 de noviembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Chiapas invita a la sesión solemne en la que el C. general Absalón Castellanos Domínguez, Gobernador Constitucional del estado, rendirá su primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.
Iniciativas del Ejecutivo.
De reformas y adiciones a la Ley General de bienes Nacionales.
De reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Ley Federal de Vivienda.
Minuta.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 6o., 9o., fracción II; 10, 12, fracciones III y VI; 13, 14, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 43, Y 44 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 bis de la Ley Orgánica del Banco de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Gloria López Iñiguez, Mireya Martínez Serrano, Jorge Humberto Salazar Méndez y Fermín Ochoa y Padilla para prestar servicios administrativos en la embajada de los estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Irene Gallardo y Ramos, Humberto Franco Elías, Nicasio García, José Mercedes Villaseñor Gómez, José Luis Ramírez Cerro, Manuel Diosdado Hernández, Agustín Ortiz Jiménez, David Tobanche Castillo, Luis Salazar, y Esteban Cortes Salas para que puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Elección de mesa directiva.
Dictámenes a discusión.
De las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, para toda la República en Materia Federal, y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en Materia Civil y Mercantil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Yanick Sierra Peniche para prestar servicios en la delegación de Quebec, en México".
El C. Presidente (a la 17:20 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día 29 de noviembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES