Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831205 - Número de Diario 32

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración local de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO II México, D. F., lunes 5 de diciembre de 1983 TOMO II. NUM. 32

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA.

MINUTAS DEL SENADO

DIVERSAS DISPOSICIONES HACENDARIAS

Proyecto de decreto que las reforma y adiciona. Se turna a comisión.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL

Proyecto de derecho que reforma y adiciona la ley mencionada. Se turna a comisiones.

CONDECORACIONES

Proyecto de decreto que permite al C. Alberto Bustamante V. acepta y usar la que le otorga el Gobierno de Francia. Se turna a comisión

OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

CONDECORACIÓN

Solicitud de permiso para que el C. Jesús Esquinca Gurrusquieta pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Colombia. Se turna a comisión.

ELECCIONES ULTIMAS EN TAMAULIPAS, GUERRERO Y MICHOACÁN

El C. Rafael Aguilar Talamantes denuncia hechos cometidos en estos eventos efectuados ayer en los estados de referencia.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

Correspondiente al ejercicio fiscal de 1982. Se le dispensa la lectura.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Correspondiente a 1982, Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de decreto que permite a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar, prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos, en México. Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Proyecto de derecho que reforma y adiciona el código citado. Se le dispensa la lectura.

A discusión en lo general. Usan de la palabra, en contra el C. Daniel Angel Sánchez Pérez; por las comisiones el C. José Luis Caballero Cárdenas. Se aprueba con los artículos no impugnados.

A discusión en lo particular. A debate los artículos 33, 134, 270 bis, 274, 276, 296 y 301. Se manifiesta en contra de ellos el C. David Orozco Romo; por las comisiones el C. José Luis Caballero Cárdenas; nuevamente los mismos diputados. Se aprueban en sus términos.

A debate el artículo 152. Para una modificación que se desecha, intervienen los CC. José González Torres; por las

comisiones José Luis Caballero Cárdenas. Se aprueba en sus términos. Pasa al Senado

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de decreto que autoriza a los CC. Gloria López Iñiguez, Mireya Martínez Serrano, Jorge H. Salazar Méndez y Fermín Ochoa y Padilla para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos, en México. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo.

ELECCIONES ULTIMAS EN TAMAULIPAS GUERRERO Y MICHOACÁN

El C. Heriberto Batres García se refiere a lo expresado por el C. Rafael Aguilar Talamantes en esta misma sesión sobre este particular.

ELECCIONES ULTIMAS EN AGUASCALIENTES

El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya trata este tema y manifiesta consecuencias de dichas elecciones que tuvieron lugar el 7 de agosto del año en curso. Hace comentarios al respecto y solicita se investigue su denuncia. Se turna a comisión.

ELECCIONES ULTIMAS EN TAMAULIPAS, GUERRERO Y MICHOACÁN

En torno a este tema tratado en dos ocasiones en esta sesión, nuevamente lo tratan los CC. Rafael Aguilar Talamantes y Heriberto Batres García. A su vez, el C. César Humberto González Magallón se circunscribe principalmente a las elecciones en el municipio de Arcelia, Guerrero. Nuevamente interviene Valadez Montoya.

PROBLEMAS INQUILINARIOS

El C. Jesús Lujan Gutiérrez se refiere a estos problemas y menciona que hace cinco años el PPS presentó una iniciativa de ley de defensa del inquilino y por el 13 de octubre último se expresó en esta Cámara se legislara sobre la materia, cosa que a la fecha no se ha hecho. Excitativa de la Presidencia a las comisiones. El C. Juan Gualberto Campos Vega solicita se aplique el Reglamento en torno al dictamen e igualmente lo hace el C. Javier Blanco Sánchez. El C. Mariano Piña Olaya invita a los diputados del PPS acudan a la comisión que preside para obrar en consecuencia. El C. Francisco Ortíz Mendoza insiste en el punto de vista expresado ya por el C. Blanco Sánchez. Se fija término para que se dictamine el asunto en cuestión.

ELECCIONES ULTIMAS EN PUEBLA

El C. Cándido Díaz Cerecedo hace algunas referencias de su vida política y opina sobre las elecciones expresadas, principalmente las llevadas a cabo en Zihuatutla.

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA C. LUZ LAJOUS

(Asistencia de 310 ciudadanos legisladores)

APERTURA

El C. Presidente (a las 11:10 horas):- Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. Secretario Jorge Canedo Vargas:

"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

'LII' Legislatura.

Orden del Día

5 de diciembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones hacendarias.

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Alberto Bustamante V. para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas en grado de caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Jesús Esquinca

Gurrusquieta pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Militar José María Córdoba, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

De las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.

De la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los CC. Gloria López Iñiguez, Mireya Martínez Serrano, Jorge Humberto Salazar Méndez y Fermín Ochoa y Padilla, para prestar servicios administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sesión Secreta.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El mismo C. Secretario:

"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día primero de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Presidencia de la C. Luz Lajous.

En la ciudad de México, a las once horas y quince minutos del jueves primero de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, con asistencia de trescientos cincuenta y dos, CC. diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día veintinueve de noviembre próximo pasado, misma que sin discusión se aprueba.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que tendrá lugar el día 4 de los corrientes, en el Monumento a la Revolución de esta capital, con motivo del LXIX aniversario del Pacto de Xochimilco.

Para asistir a dicho acto con la representación de esta Cámara de Diputados, La Presidencia designa en comisión a los CC. Daniel Balanzario Díaz, Cirino Olvera Espinosa y Antonio Pérez Peña.

La H. Cámara de Senadores comunica la elección de la mesa directiva que funcionará durante el presente mes. De enterado.

El Congreso del estado de Durango participa la designación de su mesa directiva. De enterado.

En virtud de que las iniciativas del Ejecutivo Federal y las suscritas por CC. diputados, las cuales a continuación se mencionan, han sido ya distribuidas entre los CC. legisladores; la Asamblea, en votaciones económicas sucesivas, les dispensa la lectura a efecto de que sean turnadas a las comisiones correspondientes en la forma siguiente:

De Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibo y a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social e imprímase.

De decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Recibo y a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal e imprímase.

De Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales. Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprimase.

De decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca. Túrnese a la Comisión de Pesca e imprímase.

De Ley Federal de Turismo. Túrnese a la Comisión de Turismo e imprimase.

El C. Alfredo Reyes Contreras da lectura a la exposición de motivos de la iniciativa suscrita por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, que reforma y adiciona la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.

Por su parte, el C. Alfredo Salgado Salgado da lectura a una iniciativa de decreto tendiente a reformar el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia e imprímase.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra en los palcos de honor de esta Cámara de Diputados, una delegación parlamentaria de la República Popular China, que preside el honorable Pen Chong, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, que se encuentra en nuestro país en visita oficial.

La propia Presidencia les da cordial bienvenida y expresa sus mejores deseos porque su estancia en México sirva para fortalecer las relaciones amistosas entre ambos países.

Se continúa con los asuntos en cartera

La H. Cámara de Senadores envía minuta con proyecto de ley del Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recibo y a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

La misma H. Colegisladora remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso a las CC.: Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Minuta con proyecto de decreto, enviada por la misma H. Cámara de Senadores, que concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración de la orden Kwang - wha en grado de banda, que le otorga el Gobierno de la República de Corea.

La Presidencia considera este asunto de urgente resolución y la Asamblea, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, le dispensa todos los trámites a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.

A discusión el proyecto de decreto respectivo. Sin que motive debate, en votación nominal, se aprueba por unanimidad de trescientos cincuenta y dos votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Oficio de la Secretaría de Gobernación al que se anexa la memoria de las labores desarrolladas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, durante el periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983. Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados.

Dictamen con proyecto de decreto de las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público suscribe un dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 bis de la Ley Orgánica del Banco de México.

Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.

A discusión en lo general y en lo particular el artículo único de que consta el proyecto de decreto.

Hacen uso de la palabra, en contra: el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla; por la comisión dictaminadora, el C. Jorge A. Treviño Martínez; en contra, el C. Salvador Castañeda O'Connor; en pro, el C. Miguel Angel Olea Enríquez; en contra, el C. Raymundo León Ozuna; en pro, el C. Antonio Fabila Meléndez; en contra, el C. Héctor Ramírez Cuéllar; en pro, el C. Mariano López Ramos; para precisar conceptos, nuevamente el C. Jorge A. Treviño Martínez y, finalmente, para aclaraciones, el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla.

Suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, en votación nominal se aprueba por doscientos setenta y cinco votos en pro y cincuenta y cinco en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Dictamen con proyecto de decreto suscrito por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Transportes, que abroga el diverso por el que se crearon las Comisiones Estatales y la Comisión Central Ejecutiva de Cuotas en Materia de Abastecimiento de Durmientes para los Ferrocarriles.

También a este dictamen se le dispensa el trámite de segunda lectura.

El C. Juan Arizmendi Hernández, a nombre de las comisiones dictaminadoras presenta y da lectura, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento, a un dictamen complementario, y solicita se dispense la segunda lectura al mismo y se someta a discusión con el dictamen principal.

En votación económica la Asamblea dispensa el trámite de segunda lectura al dictamen complementario.

A discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, con la modificación propuesta por las comisiones.

Intervienen, en contra: el C. José Isabel Villegas Piña; por las comisiones dictaminadoras, el C. Alvaro Uribe Salas y para una aclaración, el C. Ignacio Vital Jáuregui.

Se considera suficientemente discutido el artículo único y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular con las modificaciones, de las comisiones, por doscientos sesenta y cinco votos en favor y veintinueve en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que autoriza a los CC. Irene Gallardo y Ramos, Humberto Franco Elías, Nicasio García, José Mercedes Villaseñor Gómez, José Luis Ramírez Cerro, Manuel Diosdado Hernández, Agustín Ortíz Jiménez, David Tobanche Castillo, Luis Salazar y Esteban Cortés Salas para prestar servicios como empleados en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Es de segunda lectura.

A discusión en lo general y después en lo particular el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por doscientos sesenta y siete votos en pro, doce en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Para expresar que hoy, primero de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se cumple el primer año de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, hecho que como diputado de la mayoría priísta de esta Legislatura y como representante del pueblo mexicano, no desea dejar pasar sin comentarlo, hace uso de la palabra el C. Enrique Soto Izquierdo.

Enseguida, en su exposición analiza varios hechos, explica razones y acciones, hace el balance de algunos resultados y justifica históricamente la primera jornada anual del gobierno.

A su vez, el C. Fabián Basaldúa Vázquez se refiere a lo expresado por el C. secretario de la Reforma Agraria hace algunas semanas, en el sentido de que ya no quedaban tierras que repartir entre los ejidatarios en distintos estados de la República.

A continuación, menciona cuatro latifundios ubicados en el estado de Veracruz, señalando que dichos latifundios los detentan el senador Salvador Barragán Camacho y el C. Joaquín Hernández Galicia, a nombre de los trabajadores petroleros.

Termina diciendo que a nombre de los campesinos marginados y de la Diputación del Partido Acción Nacional, hace la denuncia correspondiente. Túrnese a la Comisión de la Reforma Agraria.

El C. Daniel Angel Sánchez Pérez aborda la tribuna para dar su punto de vista sobre lo expresado por el C. Enrique Soto Izquierdo, en primer término, y en segundo, para referirse a los problemas que subsisten en Tabasco, por la represión en contra de los miembros del Pacto Ribereño.

Hace consideraciones al respecto y da lectura a una carta del C. licenciado Mario Ramón Beteta, relativa a la conversación que tuvo el director de PEMEX con el señor Eulogio Méndez Pérez, que aparentemente resolvía el Pacto Ribereño.

Agrega el C. Daniel Angel Sánchez Pérez que se acaba de recibir una denuncia de los dirigentes del Pacto, en el sentido de que siguen presos los 34 campesinos que el secretario de Gobierno prometió liberar mediante fianzas pequeñas, ya que los delitos que se les imputaban no eran de gravedad; que también se sigue persiguiendo a los dirigentes del Pacto y que existen órdenes de aprehensión contra ellos.

Menciona que Petróleos Mexicanos reconoce la deuda que tiene con los campesinos desde hace más de diez años y que a la fecha no se les ha pagado.

Solicitan en la denuncia que PEMEX y el señor gobernador del estado de Tabasco den un paso hacia adelante con acciones concretas para abrir un diálogo, liberar a los campesinos y terminar con la represión, como lo prometió el secretario de Gobierno. Túrnese la denuncia a las comisiones unidas de Justicia y de Energéticos.

Por su parte, el C. Jesús Lazcano Ochoa manifiesta que la Unión de Colonos de San Nicolás Totolapan, Asociación Civil, denuncian que el pasado once de noviembre fueron aprehendidos, sin ninguna orden, los señores Jesús Rivera Martínez y Manuel Reyes Cruz, presidente y secretario general de dicha Unión.

Hace una relación de los hechos y de las irregularidades jurídicas que perjudican a dichos colonos y también denuncian la detención de otras dos personas y la preocupación por el desalojo de 200 colonos que están protegidos por la Ley. Túrnese la denuncia a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.

Para hacer una serie de comentarios sobre las elecciones llevadas a cabo el 20 de noviembre en el estado de Oaxaca, y particularmente en el Itsmo de Tehuantepec, hace uso de la palabra el C. Héctor Sánchez López, quien dice que no hubo elecciones, sino simplemente se montó una farsa electoral donde se conjugaron policías, ejército, grupos de porros, funcionarios de casilla y varios auxiliares.

Hace una relación de lo acontecido en los 14 municipios donde participó la alianza PSUM - COCEI, en los que hubo provocaciones, violencia, represión y asesinatos.

Dice que ante esta situación de violencia, ellos han respondido con una huelga de hambre pacífica en busca de soluciones políticas al conflicto, y para alcanzar el triunfo de sus demandas en el Istmo de Tehuantepec.

Para referirse a lo expresado por el C. Héctor Sánchez López y dar su versión sobre los hechos en el Istmo de Tehuantepec, interviene el C. Antonio Fabila Meléndez.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las diecisiete horas y veinte minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes cinco de los corrientes, a las diez horas."

Está discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señora Presidenta.

MINUTAS DEL SENADO

DIVERSAS DISPOSICIONES HACENDARIAS

La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

Para los efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a usted, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones Hacendarias.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 2 de diciembre de 1983.

Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES HACENDARIAS

Ley General de Crédito Rural

Artículo primero. Se reforma el artículo 16 de la Ley General de Crédito Rural para quedar como sigue:

"Artículo 16. Los consejeros de la serie "A" serán el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o quien lo deba sustituir conforme a las disposiciones aplicables, y que tendrá el carácter de Presidente del Consejo y Administración; los Secretarios de Agricultura y Recurso Hidráulicos y de la Reforma Agraria, quienes tendrán el carácter de vicepresidentes; el Secretario de Programación y Presupuesto; el Director General del Banco de México y el Director General de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Los Consejeros con la representación de los accionistas de la serie "B" serán designados, respectivamente, por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad dos por parte de la Confederación Nacional Campesina, y uno más por los vicepresidentes, que será seleccionado entre las diversas organizaciones campesinas.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y en caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad."

LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO

Artículo segundo. Se reforma el artículo 7o., párrafo primero y tercero de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A., para quedar como sigue:

"Artículo 7o. El Consejo de Administración estará integrado por catorce consejeros propietarios, quienes serán designados en la siguiente forma: Por las acciones de la serie "A" se elegirán tres por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos por la Secretaría de Pesca y uno por cada una de las siguientes dependencias: Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comunicaciones y Transportes, de Trabajo y Previsión Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Marina. Por las acciones de la serie "B" se elegirán tres consejeros. .. "

La Presidencia del Consejo de Administración corresponderá al Secretario de Hacienda y Crédito Público o a quien lo deba sustituir conforme a las disposiciones aplicables, correspondiendo la vicepresidencia al Secretario de Pesca o quien deba sustituirlo.

LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL PEQUEÑO COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo tercero. Se reforman los artículos 13, fracción I, párrafo segundo y 18 de la Ley Orgánica del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A. de C. V., para quedar como sigue:

"Artículo 13. ..

I. ..

Los primeros dos propietarios y dos suplentes por la Secretaría de Hacienda y Crédito público, los terceros propietario y suplente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el cuarto propietario y suplente por el Departamento del Distrito Federal. .. "

"Artículo 18. La Presidencia del Consejo de Administración corresponderá al Secretario de Hacienda y Crédito Público o a quien lo deba sustituir conforme a las disposiciones aplicables, correspondiendo la vicepresidencia al Secretario de Comercio y Fomento Industrial."

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.-México, D. F., a 2 de diciembre de 1983.

Manuel Ramos Gurrión, S. P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.; Guillermo Mercado Romero, S. S."

Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL.

La misma C. Secretaria:

"- CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.

Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., 2 de diciembre de 1983.

Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.; Guillermo Mercado Romero, S. S."

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL

Artículo primero. Se adiciona el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con los párrafos segundo y tercero, para quedar como sigue:

Artículo 16. ..

Los propios titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a la Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

Los acuerdo por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas

se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se reforman las fracciones IV y XIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. ..

I. a III. ..

IV. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales; estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos de la Federación y evaluar sus resultados conforme a sus objetivos, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes; administrar su aplicación en los casos en que no competa a otra Secretaría; así como comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, a fin de ejercer las facultades fiscales que le confieran las leyes cuando los particulares se beneficien sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal;

V a XIII. ..

XIV. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;

XV y XVI. ..

Artículo tercero. Se reforman las fracciones VI y XXI, se recorre en su orden la fracción XXVI para pasar a ser XXVII y se adiciona la fracción XXVI al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34. ..

I a V. ..

VI. Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior, y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

VII a XX. ..

XXI. Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas;

XXII a XXV. ..

XXVI. Registrar los precios de mercancías, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los contratos o pedidos respectivos; autorizar las compras del sector público en el país de bienes de procedencia extranjera, así como, conjuntamente con la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizar las bases de las convocatorias para realizar concursos internacionales, y

XXVII. Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. Artículo cuarto. Se reforma la fracción VI, se recorre en su orden la fracción XVIII para pasar a ser XIX, y se adiciona la fracción XVIII al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 40. ..

I a V. ..

VI. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

VII a XVII. ..

XVIII. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias, y

XIX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo quinto. Se reforma el primer párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 46. Dentro de la Administración Pública Paraestatal se consideran empresas de participación estatal mayoritaria, incluidas las instituciones nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, las sociedades nacionales de crédito, y las instituciones nacionales de seguros y de finanzas, aquellas que satisfagan alguno de los siguientes requisitos:

A) a C). ..

Artículo sexto. Se adiciona el artículo 49 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:

Artículo 49 bis. Las entidades a que se refiere este capítulo, deberán inscribirse en el Registro de la Administración Pública Paraestatal que llevará la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Los directores, gerentes o de las entidades paraestatales que no cumplan con esta obligación, serán responsables en los términos de la Ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Tercero. Las entidades paraestatales que no estén inscritas en el Registro a que se refiere el artículo 49 bis que se adiciona por el presente Decreto, deberán hacerlo en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.-México, D. F., 2 diciembre de 1983.

Manuel Ramos Gurrión, S. P. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, S. S.; Guillermo Mercado Romero, S. S."

Trámite: -Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

CONDECORACIÓN

La misma C. Secretaria:

"- CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes. Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano ingeniero químico Alberto Bustamante V., Presidente del Comité Directivo de la Alianza Franco - Mexicana de Oaxaca, A. C., para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas en grado de caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., 2 de diciembre de 1983.

Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.; Guillermo Mercado Romero, S. S."

"MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. ingeniero químico Alberto Bustamante V., Presidente del Comité Directivo de la Alianza Franco - Mexicana de Oaxaca, A. C., para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas en grado de caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.-México, D. F., 2 de diciembre de 1983.

Manuel Ramos Gurrión, S. P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S. S.; Guillermo Romero Mercado, S. S."

Trámite: -Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

CONDECORACIÓN

La misma C. Secretaria:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

- CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 16 del actual.

'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. general brigadier D. E. M. Jesús Esquinca Gurrusquieta, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Militar José María Córdoba, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 24 de noviembre de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

Trámite: -Recibido y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ELECCIONES ULTIMAS EN TAMAULIPAS, GUERRERO Y MICHOACÁN

El C. Rafael Aguilar Talamantes: -Señora Presidenta, pido la palabra.

La C. Presidenta: -¿Con qué objeto?

El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Para hacer una proposición.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Rafael Aguilar Talamantes.

El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Compañera Presidenta; compañeros diputados: Vengo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, a hacer un llamado a la conciencia democrática, republicana, que quede todavía en esta elevada tribuna nacional.

Probablemente todos los que estamos aquí, el día de hoy, al leer la prensa nacional vimos los titulares en el sentido de que el día de ayer se realizaron comicios tranquilos en Tamaulipas, en Guerrero y en Michoacán. Sin embargo, quienes hemos sido testigos directos de la forma como se llevaron a cabo las elecciones en estas tres entidades, sabemos que esos titulares de la prensa no corresponden a la realidad.

Es importante que los que tenemos la representación que nos permite estar en esta Cámara, tomemos conciencia de que el día de ayer se cometió un gravísimo atentado, no contra ningún partido en particular, sino contra el pueblo de Tamaulipas, el pueblo de Guerrero y el pueblo de Michoacán.

Saben los diputados que están en esta Cámara, cuál es la posición política del Partido Socialista de los Trabajadores: de apoyo al Presidente, de alianza con el sector revolucionario, de claridad respecto al papel que juega y ha jugado el Partido Revolucionario Institucional en la vida nacional. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, es preocupante el hecho de que el día de ayer el hampa electoral haya determinado la actitud del Partido Revolucionario Institucional lo mismo en Tamaulipas que en Michoacán, o en Guerrero. Esto es muy grave, quienes saben un poco de historia coincidirán conmigo en que en la historia nacional

es una constante en el que los periodos electorales se conviertan luego en períodos insurrecionales. Nosotros, por elemental responsabilidad política, venimos a preguntar a esta Cámara: ¿De qué se trata? ¿A qué se está conduciendo al pueblo? ¿Por qué estos fraudes? ¿Por qué estas irregularidades? ¿Por qué estas arbitrariedades?

Desde muy temprano empezamos a recibir reportes del comportamiento de los funcionarios electorales en aquellos municipios, donde el pueblo organizado había decidido lanzar candidatos propios oponiéndolos al PRI. En algunos de esos municipios el partido Socialista de los Trabajadores, que se ha definido a sí mismo como un instrumento político al servicio del pueblo, facilitó su registro al pueblo de algunos para que importantes sectores populares pudieran con toda legalidad llevar adelante su lucha electoral y hacer cumplir su voluntad de llevar a las presidencias municipales a dirigentes honrados, auténticos, queridos por el pueblo, y nos encontramos con la sorpresa de que en Tamaulipas el licenciado Villegas, presidente de la Comisión Estatal Electoral, había estado maquinando una serie de maniobras fraudulentas, de triquiñuelas legaloides para estorbar e impedir que los diversos partidos políticos y que el pueblo organizado en diversos municipios, pudiera realizar su voluntad de manera correcta.

El sábado en la noche, unas horas antes de realizarse las elecciones en Tamaulipas, después de pelear toda la semana, apenas nos estaban entregando los padrones electorales. El mismo sábado a las once y media de la noche, después de tramitar durante varios días y realizar diversas quejas, denuncias, protestas y jornadas, nos estaban apenas entregando los nombramientos de los representantes; todo para que el día de ayer, cuando se presentaban los representantes de los diversos partidos a las casillas, fueran expulsadas. ¡Cómo se atreven a hablar de limpieza en el proceso electoral de Tamaulipas!, cuando de manera personal pudimos testimoniar - y consta en diversas actuaciones -, que el proceso estuvo lleno de irregularidades, se da el caso de Soto La Marina, se concentraron tres días antes de las elecciones cerca de 200 tipos con formación paramilitar, para integrar una brigada volante que anduviera casilla por casilla tratando de, convulsivamente, frustrar el anhelo popular de tener un ayuntamiento propio, con líderes que ellos mismos habían seleccionado para llevar adelante su decisión, incluso, por la vía de que el PST les facilitara su registro para que tuviera una participación totalmente legitimada.

Colas enteras de volantes fueron prácticamente expulsados de las filas, solamente se permitía votar en muchas casillas de Soto La Marina a miembros de estas brigadas volantes, que votaban por el PRI y que traían un distintivo.

Y así como en Soto La Marina, en Guadalupe Mainero, en Abasolo, en Güemes y en diversos municipios de Tamaulipas se cometió un grave atentado, no contra uno u otro de los partidos sino contra el pueblo, que es lo grave.

La decisión política del gobernador de Tamaulipas había sido ganar a toda costa. La decisión de los representantes del PRI en el estado parece que era también ganar a toda costa, a costa, incluso, de la voluntad popular.

Pero no solamente en Tamaulipas sucedió esto el día de ayer, en Michoacán sucedió lo mismo, y en Guerrero, de manera muy grave, se dio lo mismo. Los mismos antecedentes que llevaron a Genaro Vázquez a tomar las armas, se están dando ahora en el estado de Guerrero. Se ha cometido una grave burla contra el pueblo del estado de Guerrero. Y es importante que esta Cámara tome nota de esta situación gravísima, porque al final de cuentas, compañeras y compañeros diputados, lo que está sucediendo debe alentarnos a todos.

Saben ustedes que nosotros somos partidarios de la vía constitucional al socialismo. Confiamos en la capacidad de gobierno y pueblo para poder transitar por la vía del derecho, hacia los cambios que el país necesita. Y tal parece que la actitud de los funcionarios electorales y de los dirigentes priístas está en plena contradicción contra el derecho y contra la voluntad del pueblo. Lo grave es que se está haciendo un atentado muy serio contra la Constitución. Contra un principio que es elemental en la vida nacional, el principio que es elemental en la vida nacional, el principio de la soberanía popular. Se está afectando muy gravemente a ese principio y se está orillando a todas las fuerzas políticas a que integremos un solo bloque en defensa de la legalidad constitucional, que paradójicamente está siendo violentada precisamente por los representantes del Partido Revolucionario Institucional, en muchas de las entidades donde ha habido elecciones este fin de semana.

Lo grave también es esto, y hay que denunciarlo en esta Cámara, en muchos lugares de la República - y voy a señalar hechos concretos -, está tratando de imponerse mediante las bayonetas el criterio de los caciques. Hubo lugares en donde los soldados del Ejército, que se supone estaban custodiando el orden y la tranquilidad de las elecciones, secuestraron ellos mismos, junto con los funcionarios electorales y los delegados priístas, las urnas. Ahí, donde veían la posibilidad de que otros partidos triunfaran, se procedió de esta manera. Y esto es muy grave, mucho muy grave. A pesar de esto nosotros podemos proclamar en esta Cámara que triunfamos en Soto La Marina Tamaulipas; que triunfamos en Guadalupe Mainero, que triunfamos en Abasolo, que triunfamos en Villagrán.

Y en el caso de Guerrero, gracias a la insurgencia popular que se dio en apoyo de candidatos democráticos, de un gran arraigo en su municipios, aquí podemos proclamar - y hay que decirlo con toda claridad, porque no podemos dejarnos engañar por las mentiras que se están publicando -, que el Partido Socialista de los Trabajadores ganó en el municipio de

Arcelia, ganamos en Tecpan de Galeana, ganamos en Tierra Colorada, ganamos en Coyuca de Catalán y ganamos en San Marcos, en la zona de la Costa Chica.

Quisiera dar unos datos para ilustrar a esta alta representación nacional, para que puedan aquilatar la magnitud del fraude que el día de ayer se realizó -insisto- no contra los partidos, sino contra el pueblo de estas entidades.

En primer lugar, en San Marcos, Guerrero, a las 2 de la tarde de manera totalmente ilegal y arbitraria, el Ejército secuestró las urnas de muchos lugares del municipio de San Marcos.

Nosotros, nuestros representantes, que habían integrado brigadas de defensa del voto, lograron rescatar algunas de esas urnas y lograron contar en sus manos con copias de las actas.

Para que se ilustren ustedes respecto al porqué hubo ese secuestro de urnas, basta darles alguna información de las urnas que logramos rescatar y de las actas que tenemos en la mano, les voy a dar los siguientes datos:

En Rancho Viejo, el PRI, 15 votos; el PST, 128; en Tecomate Pesquería, el PRI, cero votos; el PST, 38; en San Miguel, el PRI, 43; el PST, 61; en Las Vigas, PRI, 46; PST, 241; en Caridad, el PRI, tres votos; el PST, 107; en la casilla 3 - A, el PRI, 16; el PST, 18; en Monte Alto, el PRI, 41; el PST, 114; en otras dos casillas más, el PRI, cero; el PST, 203; el PRI, 10; el PST, 105, esto, en el municipio de San Marcos.

Nosotros estamos profundamente indignados por la forma como el día de ayer se realizaron las elecciones, lo mismo en Tamaulipas que en Guerrero, y en Michoacán; es necesario decirlo porque incluso aquí, entre los diputados, está el presidente del PRI en el estado de Michoacán; es necesario decir aquí, en esta tribuna, que el día de ayer se robaron todas las urnas de Tlalpujahua; es necesario decir que en el municipio de Venuestiano Carranza se sorprendió a los funcionarios electorales con un paquete de boletas llenándolas, marcándolas para llenar las urnas con votos favorables a los caciques.

Y quisiéramos preguntar y cuestionar aquí a los compañeros priístas: ¿De qué se trata? ¿A quién tratan de servir? Tal parece que los peores defensores de la política del Presidente De la Madrid son precisamente los compañeros del PRI, porque este comportamiento es vergonzoso y es aberrante y es un grave error político el que están cometiendo nuestros compañeros priístas al tratar de ganar a toda costa; primero nos argumentan y nos pretextan que se trata de luchar contra la reacción y por lo tanto hay que tupirle al PAN; pero nos están tupiendo parejo y lo grave es que no están tupiendo a todos los partidos sino lo grave es que están tupiendo al pueblo, están defraudando y engañando al pueblo.

He querido venir a hacer esta denuncia porque dentro de unos minutos nos metemos en el embrollo de una serie de puntos del orden del día y sería francamente imposible presentar esta denuncia que estamos haciendo en esta tribuna.

El día de ayer - hay que decirlo con toda claridad -, y los primeros que deben tomar conciencia de esta situación son los propios diputados de la mayoría, el día de ayer se cometió un grave atentado contra el pueblo, lo mismo en Tamaulipas, que en Guerrero o en Michoacán. Eso es lo que yo quería decir.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

"ÍNDICE DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

Presentación

I. Consideraciones previas y cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal.

II. Panorama económico

1. Internacional.

2. Nacional.

III. Resultados de la gestión financiera

1. Sector Presupuestario Consolidado.

1.1. Egresos.

1.2. Ingresos.

1.3. Déficit y Deuda.

2. Gobierno Federal.

2.1 Egresos.

2.2 Ingresos.

2.3. Déficit y Deuda.

3. Organismos y Empresas.

3.1 Egresos.

3.2. Ingresos.

3.3. Déficit y Deuda.

IV. Revisión sectorial

1. Sector Agropecuario, Forestal y Pesca.

1.1. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

1.1.1. Productos Forestales Mexicanos.

1.1.2. Forestal Vicente Guerrero.

1.1.3. Instituto Mexicano del Café.

1.2. Secretaría de la Reforma Agraria.

1.3. Secretaría de Pesca.

1.3.1. Productos Pesqueros Mexicanos e Industrias Pesqueras Paraestatales del Noroeste.

2. Sector Comunicaciones y Transportes.

2.1. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2.1.1. Ferrocarriles Nacionales de México.

2.1.2. Aeroméxico.

2.1.3. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

2.2. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

3. Sector Comercio.

3.1. Secretaría de Comercio.

3.1.1. Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

4. Sector Bienestar Social.

4.1 Secretaría de Educación Pública.

4.2. Secretaría de Salubridad y Asistencia.

4.2.1. Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.2.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

4.3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

5. Sector Industrial.

5.1. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial

5.1.1. Petróleos Mexicanos.

5.1.2. Comisión Federal de Electricidad.

5.1.3. Otras Empresas del Sector Industrial.

6. Estrategias Intersectoriales.

6.1. Convenio Unico de Coordinación.

6.2. Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER)

6.3. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR)

V. Observaciones, conclusiones y sugerencias

Proyecto de Decreto.

Anexo Estadístico"

"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

Honorable Asamblea:

En los términos del párrafo sexto de la fracción IV del artículo 74 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo enunciado en el numeral 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, fue presentada a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1982, enviada en tiempo y forma por el Ejecutivo Federal, en la que se incluyen los resultados de la gestión financiera de la Administración Pública Central y de las entidades paraestatales incorporadas en el Presupuesto, así como su impacto y contribución a la economía nacional, entre otros aspectos.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los documentos respectivos fueron turnados para su estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y para revisión, por conducto de la Comisión de Vigilancia, a la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 3o.; 10, fracción II y 15 de la Ley Orgánica respectiva.

Al tenor de lo previsto en la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió el Informe Previo señalado en el inciso a) de la fracción II del artículo 3o. del ordenamiento invocado, que el órgano técnico de la Cámara de Diputados elaboró con los comentarios generales señalados en esa disposición y que rindió a través de la Comisión de Vigilancia.

La comisión dictaminadora procedió a efectuar el análisis de la documentación recibida y de la información que adicionalmente obtuvo a lo largo de dos reuniones generales y diez reuniones sectoriales de trabajo, celebradas con los funcionarios de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1982, y las diversas comisiones de esta Cámara de Diputados conformadas con los representantes de todos los grupos parlamentarios, para conocer los resultados de la gestión financiera; comprobar si se ha ajustado a los criterios presupuestales; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal, expresión de la gestión económico - administrativa realizada por el Gobierno Federal durante 1982, conserva en su presentación la forma y los elementos más importantes de la del año anterior e incorpora, en esta ocasión, información

nueva y más detallada, cuantitativa y cualitativamente, con la que se facilita su consulta y se muestran con veracidad los resultados y el estado financiero del sector público presupuestario, dando a su contenido la objetividad indispensable para lograr transparencia en la actividad gubernamental con la que, sin duda, se facilita su evaluación y el control de la gestión de las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de Egresos de la Federación para 1982.

Los esfuerzos por mejorar la estructura, enriquecer el contenido y actualizar la presentación de la Cuenta pública, conllevan el perfeccionamiento de la contabilidad gubernamental en relación a su oportunidad, confiabilidad y suficiencia en información, así como de los mecanismos de enlace y conciliación entre los subsistemas de contabilidad de egresos, ingresos, fondos federales, deuda pública y sector paraestatal, hasta materializarse en un programa a mediano plazo que se ha implementado, por el que se asegurará la continuidad de ese proceso de modernización y actualización permanente del Presupuesto y de la Cuenta pública, en el que ha insistido esta Representación Popular.

La Cuenta Pública que se dictamina se integra con un Tomo de Resultados Generales y 18 tomos sectoriales, entre los que se cuentan los relativos a los ramos que surgen en 1982, el Ramo XIX, Aportaciones de Seguridad Social y el Ramo XXVI, Promoción Regional; los estados de flujo de efectivo de 507 entidades coordinadas de control indirecto que aumentan el número registrado por primera vez en la Cuenta pública de 1981, que fue de 451 entidades; así como un anexo de agregados económicos en el que se reúne la información de carácter económico procurando sistematizar la relativa a la contribución del sector público en la actividad económica. La estructura así descrita, permite advertir el propósito por mejorar la congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Federación, que también se inició durante 1981, para hacer compatible la información que registran ambos instrumentos con el fin de facilitar su análisis e interpretación.

De este modo se reordena el contenido del Tomo de Resultados Generales en atención a los objetivos de política económica y se divide en dos capítulos: uno denominado de Resultados Generales, que sigue una estructura similar a la de la Cuenta Pública del ejercicio anterior y, el otro, de información cuantitativa, en el que están situados los estados financieros, presupuestarios y económicos consolidados del Gobierno Federal y de los Organismos y Empresas, en el que también figura un apartado de información complementaria a la de resultados generales referida, entre otros aspectos, a los ingresos, egresos y deudas del sector presupuestario.

Los tomos sectoriales comprenden básicamente la información relativa a los objetivos, estrategias y resultados del sector, mencionado los logros alcanzados en los programas y metas sectoriales previstas, así como las desviaciones más importantes.

En el anexo de agregados económicos se incluyen las cuentas económicas del sector público presupuestario, que muestra los principales componentes, el costo y financiamiento de la producción de bienes y servicios públicos, clasificados en rubros uniformes para facilitar su integración al sistema de cuentas nacionales de México; así como la información más destacada sobre subsidios y transferencias, formación bruta de capital, evolución de los precios y tarifas del sector paraestatal y la relativa al presupuesto de divisas.

Es conveniente hacer notar que al formular el Ejecutivo Federal, en la presente administración, la Cuenta Pública se propone vincular aún más, la contabilidad con el Presupuesto y a este con el programa - presupuestal, en función de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 con la finalidad de fortalecer el proceso evaluativo que brinde apoyo eficaz para el cumplimiento de las actividades administrativas de planeación, programación y presupuestación, y a la vez facilite el ejercicio de las atribuciones legales de fiscalización que por disposición constitucional corresponden a esta soberanía.

En la elaboración del dictamen correspondiente, la Comisión se auxilió de la información anterior descrita, así como la de los elementos contenidos en la documentación de la Contaduría Mayor de Hacienda, enriquecida con los datos obtenidos mediante visitas directas a ciertas entidades de la Administración Publica Federal, llevadas a cabo para verificar determinadas operaciones, confirmar algunas cifras y otros aspectos de la Cuenta Pública. La Contaduría Mayor de Hacienda elaboró cuestionarios cuyas respuestas se lograron directamente en reuniones de trabajo con la Secretaría de Programación y Presupuesto, y el documento del órgano técnico de esta Cámara presenta, por vez primera, en capítulos especiales, la evaluación programática y, aunque sea en forma sucinta, el análisis financiero y presupuestario por entidades.

Con estas innovaciones se presentan los comentarios de carácter general sobre la gestión de las dependencias y entidades, un análisis de los aspectos más significativos de conjunto de los resultados financieros de la gestión gubernamental.

En virtud de las recomendaciones al Ejecutivo Federal formulado por esta H. Cámara de Diputados en el Decreto del dictamen, correspondiente a 1981, se procedió a la implantación del Registro Unico de Transferencias para contar con un sistema integral de seguimiento y control que permita evaluar su impacto en el desarrollo económico y social del país; en materia de contabilidad gubernamental, se publicaron las reglas específicas para la reexpresión de los estados financieros de las empresas pública y el catálogo para la reclasificación de las

cuentas; se incorporó en la Cuenta Pública de 1982 información más amplia sobre la deuda, en especial la relativa al crédito externo; y se diseño un programa de trabajo para incorporar íntegramente la estructura programática de las actividades del sector paraestatal, particularmente de PEMEX, entidad que, además, procedió a reformar sus mecanismos de control y supervisión en apego estricto a la sugerencia camaral. Con las consideraciones anteriores esta Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1982, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

I. Consideraciones previas y cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal

La revisión de la Cuenta Pública constituye un aspecto central de la fiscalización financiera que el Constituyente confió a esta soberanía.

La fiscalización financiera que se realiza a través de la revisión de la Cuenta Pública constituye una forma de control externo del ejercicio del Presupuesto. Tal función corresponde a la Cámara de Diputados en razón de que dicho control es el correlato lógico de sus facultades en materia de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos. Así, nuestra Constitución establece un singular mecanismo de refuerzo al principio de separación de Poderes. El Legislativo, a través de las leyes tributarias y financieras y del Presupuesto de Egresos, establece tanto las fuentes como los destinos del tributo y del crédito público; el Ejecutivo, a través de sus dependencias desarrolla los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos, a través de actos de ordenación y ejecución en los que se materializan las autoridades expedidas por el Poder Legislativo, a quien el Ejecutivo debe rendir cuentas puntuales sobre su gestión. La revisión de la Cuenta por el Legislativo tiene por objeto central, de acuerdo con lo establecido por el artículo 74 de la Constitución General, conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el gasto se ha ajustado a lo criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas desarrollados por la Administración Pública durante el ejercicio en examen.

De igual forma es materia de la fiscalización financiera el examen de la correspondencia o discrepancia entre lo gastado por la administración y lo autorizado por el Legislativo en las partidas del Presupuesto.

Las tareas de fiscalización financiera se realizan por la Cámara de Diputados a través de sus distintos órganos, en momentos sucesivos en el tiempo y conforme a procedimientos y técnicas diversas.

En relación a los órganos que intervienen en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, destacan la Comisión Permanente, el Pleno de la Cámara, las Comisiones de Dictamen Legislativo y la Contaduría Mayor de Hacienda, bajo la Dirección de la Comisión que se encuentra de Vigilancia. Cada uno de estos órganos cumple con sus funciones específicas que le son propias y para las que se encuentran expresamente facultados por la Ley.

El proceso de revisión contiene diversas fases y aspectos que se encaminan al logro de objetivos específicos. Una vez que el Ejecutivo presenta la Cuenta a la Comisión Permanente, ésta se turna a la Oficialía Mayor para su ulterior remisión a las comisiones legislativas y a la Comisión de Vigilancia, quien la recibe y envía a la Contaduría Mayor de Hacienda.

A la Comisión de Programación, presupuesto y Cuenta Pública, corresponde preparar el dictamen que habrá de presentar al Pleno de la Cámara de Diputados para que éste cumpla con las funciones que al respecto le señala la Constitución Política Mexicana. En la elaboración de su dictamen la Comisión analiza la Cuenta Pública y su documentación anexa, valiéndose del Informe Previo preparado por la Contaduría Mayor de Hacienda, al tiempo que cuenta con las informaciones al efecto recabadas de los órganos de la administración.

Las funciones del pleno son las de discutir la Cuenta Pública a partir del dictamen elaborado por la Comisión Legislativa. Su propósito acorde con su naturaleza de asamblea deliberante es el de formular un juicio sobre los efectos políticos, económicos y sociales, resultantes de la ejecución del Presupuesto.

Siendo el Presupuesto uno de los instrumentos centrales de la política económica, el análisis de su ejercicio a través de la revisión de la Cuenta Pública comprende, necesariamente, la formulación de un conjunto de apreciaciones sobre los efectos de sus ejercicio sobre la economía, sobre la estructura productiva y sobre la composición misma del todo social. El impacto social del ejercicio del Presupuesto conduce, necesariamente, a que el Pleno de la Cámara de diputados conozca y se pronuncie sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, así como para que aprecie la eficacia o ineficacia de la gestión financiera y administrativa desarrollada por las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

De esta manera, la revisión de la Cuenta Pública se inserta dentro del diálogo existente entre la representación nacional de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Diálogo insustituible que, en el caso, se concreta en actos de fiscalización parlamentaria externa y posterior al ejercicio que debe traducirse en el marco de referencia de la discusión y aprobación de los presupuestos ulteriores.

De conformidad con la reforma constitucional de 1977, la revisión de la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor de Hacienda se inicia desde el momento en que está recibe la Cuenta

Pública. A la Contaduría Mayor corresponde, según establece el artículo 74 de la Constitución General, verificar si las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas en el Presupuesto así como la exactitud y justificación de los gastos hechos. Si en las investigaciones correspondientes aparecen irregularidades que entrañen gastos no autorizados y carentes de justificación, incumplimientos reiterados de las leyes vigentes en materia financiera y anomalías contables pendientes de explicación, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá adoptar medidas conducentes, que la Ley establece para la corrección de tales irregularidades. Las verificaciones de referencia se concretan en el análisis contable clásico a través de auditorías -de ingresos, de egresos, de sistemas, de obras, etcétera y de inspecciones, que permitan determinar con presión la naturaleza, motivos y magnitud de las irregularidades, materia de la investigación.

Si de las investigaciones practicadas resultase que las irregularidades contables fueron la ocasión o el motivo para que se verificasen faltas administrativas, se causaren daños civiles o perpetrasen ilícitos penales, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá realizar lo conducente a la determinación de sus responsabilidades. De estas acciones, la Contaduría Mayor da cuenta a través del Informe de Resultados. Es mediante estas acciones, resumidas en el Informe de Resultados, como la Cámara de Diputados cumple con el fincamiento concreto de responsabilidades; tareas con las que, siempre bajo el control de la Comisión de Vigilancia, la Contaduría Mayor de Hacienda se comunica con los órganos de control administrativo del Poder Ejecutivo a fin de determinar y aplicar las sanciones administrativas y civiles a que haya lugar respecto a los servidores públicos que incurran en negligencia o abuso en los pagos y, finalmente, con los órganos encargados de la procuración de justicia para aquellos casos en los que las irregularidades contables detectadas permitan suponer, fundamentalmente, que las mismas son constitutivas o dieron origen a ilícitos penales.

La Comisión pudo constar de la documentación recibida, de las reuniones realizadas y del contenido del Informe Previo, que las obligaciones a cargo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente.

La Cuenta Pública acredita la conformidad de la recaudación de los Ingresos de la Federación a los rubros previstos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1982, de la que, además, se cumplieron los criterios contenidos en la exposición de motivos de la misma y que los ingresos derivados de financiamientos se contrataron y ejercieron de acuerdo con las autorizaciones otorgadas al Ejecutivo Federal en esa Ley, inclusive la de ejercer montos adicionales en virtud de las circunstancias económicas que prevalecieron en ese ejercicio de las que da cuenta el Congreso de la Unión en los términos de Ley.

En materias de obras públicas se hace constar el apego de las dependencias y entidades a las disposiciones aplicables, con la debida consideración a la situación económica imperante, que incluye en el cumplimiento exacto de la Ley de Obras Públicas. Las entidades elaboraron sus programas de obras según lo previsto en la respectiva ley, mismos que tuvieron que reestructurarse por el incremento en el costo de los insumos y, salvo ciertas entidades del sector paraestatal, que incurrieron en algunas omisiones, las demás circunscribieron su gestión al marco legal de referencia.

La documentación relativa al cumplimiento del Decreto de Presupuesto y de Egresos y de las Leyes Generales de Deuda Pública y sobre Adquisiciones, Arrendamientos y almacenes de la Administración Pública Federal, revelaron su observancia, en lo general.

La exigencia de excepciones determina interrogantes que generan prevenciones sobre hechos irregulares que deben ser investigados, mismos que la Contaduría Mayor de Hacienda precisará.

Al término de Ley de tal procedimiento, la Contaduría Mayor de Hacienda dará cuenta a esta Cámara, por conducto de la Comisión de Vigilancia de ese órgano, del resultado de sus estudios y auditorías, así como de la formulación de los pliegos de observancia y de la promoción del fincamiento de responsabilidad que en materia civil, penal, o administrativa hubiese determinado.

PANORAMA ECONÓMICO

La Comisión consideró pertinente, antes de proceder al análisis de los resultados de la gestión financiera para 1982, examinar por una parte, las principales características del contexto internacional cuya incidencia es importante en nuestro país y, por otra, hacer algunas reflexiones respecto a los propósitos de la política económica general, la evolución de la economía interna y los resultados finales de 1982.

1. Internacional

Durante 1982 se agudizó la recesión de la economía mundial, que creció a tasas negativas: - 0.3% en los países desarrollados; - 4.6% en los países en desarrollo exportadores de petróleo, y 1.7% en los no exportadores de petróleo. En ambos grupos de países el crecimiento económico fue inferior al ya de por sí deprimido ritmo que registraron en lo que va de los 80's y sustancialmente menor al observado en la década de los 70's, que a su vez fue más reducido y con mayores fluctuaciones que en los 60's. En otras palabras, la tendencia recesiva se agudizó en 1982. En las naciones industrializadas se presentó un alto nivel de desempleo, alcanzando en la segunda mitad de 1982 una tasa de 9% Desde mediados de 1979 se adoptó en

dichos países una estrategia antiinflacionaria, basadas en políticas de restricción del gasto agregado. Por ello han controlado la inflación, pero persiste la debilidad de la actividad económica. Esta baja en la inflación en los países industrializados ha sido apoyada, además, por demandas salariales moderadas y por la caída en los precios del crudo y otras materias primas.

Por otra parte, la inflación aumentó en los países en desarrollo no petroleros, pues el incremento en los precios al consumidor subió de 31.2% en 1981 a 32.9% en 1982.

El crecimiento de la producción en los países en desarrollo no petroleros ha observado tasas significativamente inferiores a las alcanzadas en el pasado. El promedio en crecimiento del PIB en términos reales fue de 5.5% en 1973-1980; 2.8% en 1981, y 1.7% en 1982. En la totalidad de los países de América Latina el crecimiento per cápita fue negativo en 1982.

La recesión en los países industriales ha frenado la demanda de exportaciones de los países en desarrollo y ha contribuido a empeorar sus términos de intercambio, sobre todo de los no petroleros que los han visto disminuidos en 20% entre 1978 y 1982.

Los países industrializados no han podido reducir sus elevados déficit fiscales. La recesión en estos países, así como el creciente desempleo, han fortalecido las demandas de diversos sectores para que se adopten políticas comerciales más proteccionistas. La evolución de los tipos de cambio en algunos de estos países ha reforzado tales tendencias. Dichas presiones fueron muy severas en 1982, y como efecto de la concentración económica, el volumen de las importaciones fue inferior a lo esperado. Las consecuencias de esta baja en el comercio han recaído en los países en desarrollo, y en especial en los llamados de industrialización media.

La actividad económica deprimida de los países industriales y sus esfuerzos para acumular petróleo y para sustituirlo con otras fuentes de energía, debilitó aún más el mercado petrolero mundial, y en 1982 ocasionó disminuciones en el precio del crudo (en 4%) y reducciones en sus importaciones En consecuencia, los países exportadores de petróleo redujeron su volumen exportado de petróleo en 19%, y prácticamente desapareció su superávit en cuenta corriente.

Las balanzas de pagos de los países en desarrollo no petroleros han sido afectados por las altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales, la debilidad económica de los países industriales, la intensificación del proteccionismo y la disminución de lis precios internacionales de los productos primarios.

Los mercados cambiarios internacionales registraron en 1982 intensas fluctuaciones. Esta situación provocó variaciones en los tipos de cambio, que resultaron las más acentuadas desde principios de la década de los 70's.

Por otra parte, el mercado internacional de capitales registró durante 1982 un volumen de operación de alrededor de 165.5 mil millones de dólares (13% inferior al de 1981).

En los últimos meses de 1982, el desempleo, el estancamiento económico, la inflación, el proteccionismo, las fluctuaciones cambiarías, la atingencia de capital y los desequilibrios tanto en las finanzas como en las balanzas de pagos, eran los principales problemas a que se enfrentaban las economías del mundo.

2. Nacional

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1982 señalaba que los propósitos de la política económica general para ese año, eran el mantenimiento del acelerado ritmo de crecimiento y del empleo. Así, se estimaba factible un crecimiento del PIB de 6.5 - 7.0, en términos reales, y la generación de empleos a una tasa superior al 4.0% anual. Estas metas suponían elementos que no ocurrieron en la magnitud y oportunidad que se esperaban.

En primer lugar, se esperaba que como resultado de los elevados montos de inversión que se habían dado en años anteriores, y la consecuente ampliación de la infraestructura productiva que ello significaba, aumentaría la producción y la capacidad de exportación que, a la vez, hicieran menos vulnerable a la economía, expandieran la oferta de productos básicos y permitieran obtener divisas que contribuirían a corregir los desequilibrios con el exterior y a paliar las presiones en el tipo de cambio.

En segundo lugar, se esperaba que el contexto económico internacional resultara menos adverso, ampliando con ello la posibilidad de sortear los problemas que se habían manifestado desde 1981.

En tercer lugar, se estimaba que - como resultado de las medidas de ajuste que se introdujeron desde 1981, como el aumento de ingresos públicos vía precios y tarifas, la moderación en el crecimiento del gasto público aprobado, y las restricciones a las importaciones - se daría una modificación de las expectativas que redujera significativamente la especulación cambiaría.

Sin embargo, la situación que se enfrentó fue considerablemente diferente, 1982 se inicio, en el ámbito interno, con aumentos en la especulación y presiones crecientes sobre el tipo de cambio, que se había empezado a manifestar desde el segundo semestre de 1981 y, en lo externo, con una recesión internacional superior a la esperada, altas de interés y un mercado petrolero deprimido.

En este contexto, al no presentarse los supuestos que sustentaban la política económica, hubo que introducir, desde los primeros meses del año, importantes medidas de ajuste que modificaron en forma radical el programa económico para 1982.

En febrero, al retirarse el Banco de México del mercado cambiario, se inició un periodo de flotación sumamente inestable del tipo de cambio (que en sólo diez días registró una depreciación de aproximadamente 67%). Para enfrentar la nueva situación cambiaria se diseño un paquete de medidas que buscaba contener

la demanda agregada para compensar los aumentos de precios provocados por la variación del tipo de cambio.

Así, se trato de realizar un ajuste en las finanzas públicas para reducir el crecimiento del déficit, por lo que se dispuso una disminución de 3% en el presupuesto. Por otra parte, se buscó la congelación de precios de productos básicos por 90 días, la introducción de mecanismos fiscales y financieros para cubrir pérdidas cambiarías a empresas endeudadas en dólares - para evitar mayores costos - y una reducción arancelaria para artículos básicos, materias primas y equipos - a fin de no afectar más la oferta de bienes que requería la población y el aparato productivo -. Adicionalmente se ajustó la política de tasas de interés para evitar salidas especulativas de divisas.

Posteriormente, en marzo, y como parte del programa de ajuste postdevaluatorio, se dispuso un incremento salarial de 30%, 20% y 10% según los niveles de ingreso de los trabajadores - para apoyar, en forma emergente, su poder adquisitivo - acompañado de medidas fiscales para las empresas que no tuvieran capacidad para conceder estos aumentos.

Más adelante, en abril, se reforzaron las medidas de ajuste: comprimir el déficit del sector público en 3% del PIB, respecto a 1981; reducir el déficit corriente de la balanza de pagos entre 3 y 4 mil millones de dólares en relación a los niveles del año anterior y limitar el endeudamiento público a 11 mil millones de dólares.

Para tal efecto, se introdujeron medidas de carácter cambiario, financiero y fiscal, destacándose entre estas la reducción del gasto público hasta en 8% de su monto aprobado y el aumento de ingresos públicos, mediante precios y tarifas hasta en 150 mil millones de pesos. Adicionalmente, se impusieron limites cuantitativos a las importaciones, tanto públicas como privadas.

Sin embargo, la reacción del público no fue la esperada y se exacerbaron los movimientos especulativos y las fugas de capital, lo que presionó aún más el tipo de cambio.

Así, el mercado cambiario se vio afectado, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Las fugas de capital, la liquidez inyectada por el déficit público y los vencimientos de la deuda pública de corto plazo, contratada en el segundo semestre de 1981, presionaban sobre la demanda de divisas. Por otra parte, la menor corriente de crédito externo y la poca respuesta del aparato productivo exportador reducía la oferta de divisas.

Todo ello provocó que se cerrara el círculo especulación - devaluación - inflación - especulación lo que cancelaba la posibilidad de éxito de las medidas de ajuste emprendidas. Por ello, se tomaron nuevas decisiones para impedir el agravamiento de la situación, entre las que destaca la entrada en vigor, de un sistema de doble tipo - uno preferencial y otro general -, así como la solicitud de una prórroga de 90 días para pagos de capital de la deuda pública externa a los bancos comerciales más importantes del exterior. No obstante estas medidas, no logramos detener el agravamiento de la especulación y la salida de divisas.

Ante la especulación cambiaría generalizada, el desarrollo de un mercado paralelo de divisas, la desmedida fuga de capitales y la escasez crónica de divisas, el 1o. de septiembre se decreta el control generalizado de cambios y la nacionalización de la banca. Se establecieron dos tipos de cambio, uno preferencial y otro ordinario. Los tipos de cambio fueron fijados en 50 y 70 pesos por dólar.

Debido a los problemas para instrumentar el control de cambios, especialmente en la zona fronteriza, el 1o. de diciembre se anunció el restablecimiento del control dual, y el 20 se puso en operación. El tipo de cambio controlado se fijó en 95.10 pesos a la venta sujeto al deslizamiento de 13 centavos diarios. Para el pago de obligaciones en mexdólares, contraídos antes del 20 de diciembre, se estableció un tipo de cambio especial de 70 pesos por dólar, con un deslizamiento de 14 centavos diarios y el tipo de cambio libre se fijó en 150 pesos.

En este contexto de desarticulación de la política económica y de distorsiones en los mecanismos de ajuste y transmisión del aparato económico, se pusieron claramente de manifiesto los problemas de carácter estructural, que vinieron a sumarse a los de coyuntura dando por resultado el dislocamiento de la economía nacional, que en 1982 experimentó una crisis sin precedente en los últimos 50 años.

Los efectos del debilitamiento de la actividad económica se reflejaron en la caída de la producción, aumento del desempleo, deterioro de los niveles de vida, incremento en los índices de precios, contratación del comercio exterior y desequilibrio en las finanzas públicas y el mercado de cambios.

Durante 1982 la inflación fue de 98.8% (diciembre - diciembre); el déficit financiero del sector público como proporción del PIB llegó a 18.0%; el PIB real decreció 0.5%; la inversión bruta fija total disminuyó en la real - la inversión pública se redujo en 12.7% real y la privada en 20.0% real -; las importaciones se desplomaron provocando que la balanza comercial registrara un superávit, que no pudo compensar el déficit provocado por el pago de servicios al capital extranjero, provocando que la balanza en cuenta corriente registrara un déficit de 2 mil 685 millones de dólares contrastando con el de 11 mil 544 millones del año anterior.

La política económica no pudo responder con oportunidad a las nuevas circunstancias, y las deficiencias estructurales de la economía obstaculizaron el ajuste y agravaron los problemas. La situación internacional adversa no pudo ser compensada con políticas internas por la grave dependencia en materia financiera y comercial; asimismo, se amplió la vulnerabilidad externa cancelando la posibilidad

de que las medidas cambiarías y de contención de la demanda agregada surtieran efectos sustanciales.

A pesar de los esfuerzos para hacer frente a la situación adversa y al no ejecutarse medidas más efectivas y oportunas, los resultados pusieron en evidencia la gran vulnerabilidad de la economía mexicana derivada de sus deficiencias estructurales y fue imposible vencer la inercia.

En suma, los graves desequilibrios estructurales y coyunturales que se empezaron a manifestar desde 1981, hicieron crisis en 1982. A finales de este año, la situación era de una gravedad inusitada: desempleo duplicado y en peligro de triplicarse; parálisis de la producción y amenaza de quiebras masivas por falta de recursos para la operación de la planta productiva; inflación elevada y acelerada, así como un extraordinario déficit del sector público que la nutre; insuficiencia de ahorro para financiar la inversión; ingresos públicos deteriorados por el debilitamiento de la recaudación fiscal y por una política de precios y tarifas que fomenta la inquietud y debilita la capacidad de la empresa pública para cumplir sus fines sociales; carencia de divisas y virtual suspensión de pagos; una gigantesca deuda pública - interna y externa, pública y privada - cuyo servicio representa una elevada proporción del presupuesto y de las exportaciones de bienes y servicios, ahogando las posibilidades de inversión productiva y de abatimiento de los rezagos sociales; en fin, una situación de emergencia.

III. Resultados de la gestión financiera

El examen de este rubro gira en torno al déficit del sector público presupuestario, que resume los resultados de la gestión financiera de la Federación; su monto, así como su forma de financiamiento, tiene importantes consecuencias para la economía en su conjunto y para el logro de los objetivos que persigue el presupuesto. Para facilitar la comprensión y la revisión de los resultados de la gestión financiera, esta Comisión dictaminadora primero analizó los componentes del déficit consolidado del Sector Público Presupuestario, y luego, se procedió de igual manera en el caso del Gobierno Federal y del Sector Público Paraestatal. En cada uno de estos tres apartados, el examen se inicia con una revisión de los egresos y de los ingresos para de ahí obtener el déficit y el endeudamiento a que da origen.

1. SECTOR PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

1.1. Egresos

La política del gasto público de los últimos seis años se orientó primero a superar la crisis, después dio prioridad a energéticos y alimentos, y a partir de 1980 buscó reducir las inversiones del subsector petrolero y reorientarlas hacia otras prioridades. Sin embargo, la inercia y los compromisos de este subsector obstaculizaron la reasignación propuesta. Además, el gasto público se dispersó y se desarticuló al emprenderse sin una programación sistemática que lo vinculara con las prioridades nacionales y que fijara mecanismos de control y evaluación que aseguraran el cumplimiento de sus metas. En consecuencia, se redujo su productividad - manifestada en la terminación de proyectos de menor prioridad relativa mientras otros más importantes quedaron inconclusos -, se propició su derroche, se relajó la disciplina, hubo desonestidad en su ejercicio, y se divorció de las prioridades del desarrollo nacional. Esta falta de programación sistemática aunada a la débil respuesta de la producción nacional, elevaron el contenido importado del gasto público, incrementando el endeudamiento externo y la dependencia económica.

Asimismo, el gasto destinado a la inversión y a los sectores sociales, se vio limitado por los déficits crecientes, por el monto y la rigidez del servicio de la deuda y por la necesidad de transferencias y subsidio. Estos últimos elevaron su proporción dentro del gasto público, redujeron el ahorro del sector público y no siempre cumplieron con sus objetivos. En consecuencia, a pesar de la expansión del gasto público la satisfacción de las necesidades básicas, la redistribución de la riqueza y el ingreso, así como el impulso a la producción y al empleo, no avanzaron al ritmo esperado, a pesar de su carácter prioritario.

El agravamiento de la crisis económica y de la incertidumbre a partir de la devaluación de febrero de 1982, hizo que se modificara el presupuesto para enfrentar la nueva e inesperada situación de la economía nacional. Este presupuesto, se había formulado con criterios de austeridad y de disciplina, para reducir la proporción del déficit financiero con respecto al PIB, que registró un aumento notable en 1981. Por ello, el programa de inversiones públicas se había incrementado moderadamente y proponía reducciones en las inversiones del sector petrolero, así como ajustarse en el gasto corriente y de operación para limitarlo a lo estrictamente indispensable. Sin embargo, el deterioro de la crisis exigió cambios en el presupuesto para hacerlo más austero y reordenar las prioridades.

Por otra parte, la devaluación, la inflación concomitantes, así como los aumentos de la tasa de interés y el crecimiento extraordinario de los créditos al sector público en años anteriores, implicaron un aumento considerable en el servicio de la deuda, ajustes salariales y la urgencia de reducciones en el contenido importado del gasto público. Por ello, se tomó la decisión de no autorizar ampliaciones presupuestales para adquirir insumos importantes, salvo cuando fuesen estrictamente indispensables para la operación de la planta productiva. Asimismo, se optó por reducir selectivamente en 8% el presupuesto aprobado, exceptuando al servicio de la

deuda, los servicios personales y las participaciones a estados y municipios. Los criterios generales que consigna la Cuenta Pública para la aplicación de esta reducción fueron:

- Una mayor afectación al gasto corriente, incluyendo transferencias y especificando programas, proyectos y/o actividades afectadas.

- Eliminación de asignaciones para creación de plazas y acortando la situación de vacantes.

- Cancelación o restricción de adquisiciones para fines administrativos, así como reducción de gastos no indispensables.

- Suspensión de construcción de edificios e instalación con fines administrativos y obras de carácter ornamental.

- Estricta disciplina presupuestal a través del control de calendarios de ejercicios preestablecidos o ajustados. No se autorizaron anticipos en los calendarios de gasto.

- Fijación de un calendario de flujo de divisas del sector público y control y racionalización de sus importaciones.

- Eliminación de ciertas prestaciones a funcionarios y cancelación de asignaciones para la compra de vehículos, destinados a ellos o a fines administrativos.

Por otra parte, se aumentaron los precios y tarifas del sector público, lo que junto con la reducción presupuestal hubiesen significado la corrección que demandaba el saneamiento de sus finanzas, pero el tamaño y la complejidad de la crisis frustraron estos propósitos.

La magnitud de las devaluaciones elevaron considerablemente los subsidios cambiarios, el pago del costo financiero de la deuda externa y la restricción del valor de los depósitos que se pagaron a un valor superior a la recuperación de los pasivos en dólares.

También aumentó considerablemente el gasto público por la extraordinaria inflación que se registró y el consecuente aumento en los salarios y en los insumos de los programas de inversión, así como por las malas cosechas que aumentaron la importación de granos básicos. Estos gastos fueron ineludibles por la exigencia de mantener la operación de los sectores prioritarios y de satisfacer la demanda de alimentos. A esto habría que añadir que el pago de intereses se elevó por encima de lo previsto y que en algunas empresas públicas hicieron gastos sin previa autorización.

Todo lo anterior significó, como se muestra en el cuadro 1 que el gasto público ejercido superará en mil 569 billones al gasto presupuestado. Esta discrepancia entre lo realizado y lo programado se explica en casi la mitad 47.8% por las diferencias cambiarias; en un 27.1% por el mayor pago de la deuda; en 15.6% por el aumento de salarios y en 9.5% por el alza en el costo de los insumos. Este desglose se presenta en el cuadro 2.

Los gastos del sector público consolidado en 1982 tal como aparecen en el cuadro 1, fueron de 4 mil 666 billones de pesos, superiores en 50.7% a los egresos aprobados y en 89.1% al gasto ejercido en 1981. Si se excluye al servicio de la deuda -que duplicó a la cifra presupuestada originalmente y que triplicó la registrada en 1981- se obtiene el gasto programable, mismo que solo superó en 17.3% al monto presupuestado, como puede corroborarse en los cuadros 1 y 3. Tal discrepancia se explica principalmente por el aumento en salarios y costos de insumos.

Por otra parte, este gasto fue el más afectado por las medidas de reducción presupuestal.

El cuadro 3 muestra la composición del gasto programable y se aprecia que su mayor componente es el gasto corriente y de operación, que rebasó en 22.1% al presupuesto aprobado y que explica el 80.2% de la desviación total del gasto programable. En este rubro se incluyen los servicios personales que no se vieron muy afectados por la reducción presupuestal, pero sí por los aumentos salariales. Esto, aunado a la elevación de los costos para mantener en operación la planta productiva y garantizar la prestación de los servicios públicos, explica no solo su desviación, sino también el incremento en la participación del total; que pasó de 57.6% en 1981 a 65% en 1982. La inversión física, por su parte, redujo su participación en el total del gasto programable, - del 30.6% en 1981 al 26.9% en 1982 - y superó al presupuesto original en 20.2%, lo que comparado con la inflación del año implica una disminución en términos reales.

El cuadro 4 muestra la combinación de los impactos de la inflación, la devaluación, el aumento salarial, las tasas de interés y la reducción presupuestal del 8% en cada uno de los diferentes tipos de gasto del sector público. Ahí se aprecia que de no haberse puesto en práctica la reducción presupuestal del 8%, el gasto público ejercido hubiera sobrepasado al programado en mil 705 billones.

En este punto conviene hacer una aclaración. Lo que en párrafos anteriores se llamó gasto del sector público consolidado, no es el gasto bruto que arrojarían los estados contables, ya que éstos contienen recursos que pertenecen a los estados y municipios, o bien, operaciones virtuales y compensadas que no representan un flujo efectivo o transferencia real de recursos, o un impacto directo en la economía, sino que son asientos en libros que de no eliminarse implicarían una doble contabilización. Este ajuste aparece en el cuadro 5, donde se observa que el egreso que resulta de los estados contables es de mil 515 billones de pesos y que una vez hechos los ajustes señalados se reduce a 4 mil 666 billones de pesos. Si se toma la primera cifra como punto de referencia, se observa que supera en 66.1% a la cifra presupuestada y en 99.6% a la registrada en 1981. Las deducciones a la cifra de gastos surgida de los estados contables, obedecen a las siguientes consideraciones:

- Participaciones a los estados en Ingresos Federales. Conforme a la recomendación de

la H. Cámara de Diputados; se disminuye este concepto del ingreso y del gasto, tanto del Gobierno Federal como del consolidado, pues la Federación únicamente desempeña el papel de agente recaudador, pero los recursos corresponden a los estados.

- Subsidios compensados. Estos subsidios - al comercio e industria a los importadores y exportadores - se conceden contra impuestos, por lo que sólo son movimientos virtuales y/o compensados.

- Asunción de pasivos. En una medida del Gobierno Federal para sanear la estructura financiera de las entidades que tienen carácter estratégico o prioritario. Se deduce porque no implica transferencias de recursos, sólo asientos contables.

- Fondo del financiamiento al Sector Público. Se trata de un fideicomiso constituido por el Gobierno Federal, el Banco de México, S. A., en febrero de 1975, cuyos fondos se transfieren de manera transitoria a las entidades del Sector Público. Se deduce porque los recursos que registra se contabilizan dos veces, una cuando el Gobierno Federal los capta y distribuye y otra cuando los organismos los reciben y erogan.

- Transferencias crediticias. Son operaciones semejantes a las del Fondo de Financiamientos, es decir, provienen de financiamientos y se transfieren por la vía de inversiones a entidades públicas.

- Fondo revolvente de PEMEX. Consiste en líneas de crédito autorizadas, con renovación parcial automática en documentos, es decir, se trata de redocumentación de créditos, inflándose los registros de ingreso (financiamiento) y egresos (amortización), ya que realmente estas operaciones no generan movimiento de efectivo.

- Quebrantos financieros. Esta operación equivale a una asunción de pasivos, pero se refiere a determinadas instituciones bancarias que tuvieron pérdidas derivadas del otorgamiento de dólares a precios preferenciales, habiéndolos obtenido en el mercado libre, y el Gobierno las resarce asumiendo pasivos.

- Pasivo no documentado de PEMEX. Se integra con el financiamiento de contratos y con la cesión de contrarecibos de proveedores. El primer caso se refiere al descuento con instituciones de crédito de contratos por ventas de exportación, y el segundo la liquidación de pasivos contraídos con proveedores mediante utilización de una línea de crédito con bancos nacionales. Estas operaciones se compensan porque el financiamiento de contratos se amortiza dentro del mismo ejercicio, y la cesión de proveedores no genera movimientos de efectivo, sólo asientos contables.

Esta cifra bruta es útil, entre otras razones, para llegar a la cifra de déficit del sector público que tanto se ha mencionado en los medios de difusión (1.5 billones de pesos). La cifra a la que se llega con los datos netos no es muy distinta (1.4291 billones y la diferencia se explica, por el rezago que existe entre el ingreso y el egreso de los conceptos que se deducen. En el cuadro 6 se muestra la clasificación del gasto en corrientes, de capital y amortizaciones, cifras que sirven para obtener el déficit que nos ocupa, pero antes, es necesario examinar la otra cara de la moneda, los ingresos.

1.2. Ingresos

La estrategia del financiamiento del desarrollo seguida durante 1977-1982 descansaba de manera importante en los ingresos provenientes del petróleo y la deuda externa. Por otro lado, los estímulos a la inversión privada, el tratamiento fiscal favorable a las empresas, la disminución de la carga tributaria a los estratos de menores ingresos, así como la elusión y la evasión fiscal debilitaron la base impositiva.

Adicionalmente, la política de precios y tarifas se orientó a estimular la planta productiva y la descentralización de la actividad económica, mediante insumos baratos, lo que influyó en las insuficiencias de recursos de las empresas, así como en el aumento de transferencias, créditos y financiamiento inflacionario. Si bien los precios y tarifas registraron incrementos, éstos es realizaron de manera aislada e insuficiente (véase cuadro 7. donde aparece la evolución de los precios y tarifas del sector público de 1977 a 1982). En consecuencia, se deterioró la capacidad de generación de ahorro de las empresas públicas y esta debilitación financiera obstaculizó el cumplimiento eficiente de sus fines sociales.

La caída de los precios internacionales del crudo a mediados de 1981, deterioró aún más la situación financiera del sector público. Esto, junto con las devaluaciones de 1982 y la aceleración de la inflación obligaron a replantear su estrategia de financiamiento. Por ello se modificaron significativamente los precios y tarifas del sector público aumentando el precio de gasolina, diesel, turbosinas, gas natural, gas LP, productos petroquímicos, bienes básicos de CONASUPO, de energía eléctrica, acero, fertilizantes, azufre, tarifas aéreas y ferroviarias y cuotas de caminos y puentes (para detalle sobre el monto del aumento y el tiempo de ejecución véase cuadro 7). Sin embargo, este incremento fue tardío e insuficiente para detener el agravamiento financiero de las empresas públicas que se agudizó por la escasees de divisas y los crecientes requerimientos del servicio de la deuda.

Estos cambios condicionaron el comportamiento de los ingresos del sector público. Durante 1977-1982, la contribución de los ingresos ordinarios s deterioró significativamente. Su participación como fuente de financiamiento del gasto disminuyó de 77.5% en 1977 a 54.4% en 1982, en tanto que los ingresos provenientes del crédito aumentaron de 28.5 a 45.6%. estos datos se presentan en el cuadro 8, donde también se ilustra la baja en la

participación de los ingresos de organismos y empresas de 36.4% del total en 1977 a 27.6% en 1982.

Los ingresos tributarios aumentaron a una tasa media anual de 45.2% de 1977 a 1982; pero si se excluyen los impuestos sobre las ventas internas y externas del petróleo, esta tasa se reduce a 34% inferior al crecimiento nominal del PIB. Esta inelasticidad de los ingresos no petroleros afectó la capacidad de generación de ahorro del Gobierno Federal para sufragar a sus gastos de operación y de capital, así como para apoyar la capitalización que requería la fuerte expansión de la capacidad productiva de las empresas públicas.

Durante 1977-1982, los ingresos ordinarios de los organismos y empresas crecieron a una tasa media anual de 43.8%, debido fundamentalmente, a las ventas de PEMEX, que aumentaron a una tasa promedio de 53.5%, mientras que los ingresos ordinarios del resto de las entidades lo hicieron al 32.8%, tasa inferior a la de la inflación. Esto fue consecuencia de la rigidez de los precios y tarifas del sector público.

En cuanto al año que nos ocupa, el cuadro 9 revela que los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 4,775 billones de pesos, cifra que casi duplicó a la de 1981, y rebasó en 53.4% a la previsión social original.

De este total, el 54.4% provino de fuentes fiscales y de la venta de bienes y servicios, siendo que se había previsto que este porcentaje fuera de 62.5, lo que indica el deterioro de la estructura de los ingresos públicos. Por lo contrario, los financiamientos fueron de 2,179 billones, cifra que casi duplicó al monto programado y que contribuyó a que este renglón participará en un 45.6% del total cuando la previsión había sido de 37.5%. Las cifras de ingresos públicos y su desglose se presentan en el cuadro 9, donde también se realizan los ajustes mencionados en el caso de los gastos. Estas deducciones se detallan en el cuadro 10. La diferencia en el monto total de los ingresos originales de ambos cuadros (5 mil millones) se debe al renglón de devolución de ingresos. En el cuadro 9 se observa que debido principalmente a los aumentos en precios y tarifas y a la devaluación, los ingresos ordinarios excedieron a los presupuestados en 33.5% (registrando mayor dinamismo los ingresos del sector paraestatal) mientras que esta discrepancia fue de 86.5% en el caso de financiamiento.

Finalmente, el total de ingresos públicos se clasifican en corrientes, de capital y de financiamientos en el cuadro 10, mismo que junto con su homólogo del apartado de gastos nos permitan obtener el déficit del sector público presupuestario y el endeudamiento a que da origen.

1.3. Déficit y deuda

El déficit del sector público presupuestario, como proporción del PIB , llegó a ser extraordinariamente alto (14.5%) por lo que, originalmente se programó reducirlo en un 1.5% puntos porcentuales. Más tarde se modificó esta meta para duplicarla a 3 puntos. Sin embargo, a pesar de que el sector público registró una posición superlativa en divisas, la pérdida de dinamismo de los ingresos corrientes, no petroleros, así como la aceleración del gasto público, ya comentados, impidieron cumplir con estas metas, y el déficit aumentó al 18% del PIB; es decir, excedió en 3.5 puntos porcentuales del PIB a la ya de por sí elevada proporción alcanzada en 1981.

Esto quiere decir, en términos de pesos, que el déficit registrado en 1982 fue de 1,545 billones de pesos cifra que duplicó al programado originalmente (.767 billones) y al registrado en 1981 (.760). Estos datos aparecen en el cuadro 11, donde también destaca que esta notable diferencia se debió al desarrollo del sector público, pues se había estimado un ahorro de 270.5 mil millones de pesos y el resultado fue un desahorro de 298.6 mil millones, cifra que representa el 3.2% del PIB y que no tiene precedente en nuestra historia reciente. El déficit de capital, por otra parte, se estimó en 1,037 billones de pesos y fue de 1,247 billones, lo que sumado al desahorro de 298.6 mil millones de pesos arroja el déficit que nos ocupa.

En el desahorro citado, jugaron un papel importante las pérdidas cambiarías que asumió el Gobierno Federal y que fueron del 685.5 miles de millones de pesos. Si eliminamos estas cifras, el déficit financiero presupuestario ejercido excede al programado en sólo 12.1%, es decir 93 mil millones de pesos.

Las discrepancias en la cuenta corriente del sector público, principal componente de la diferencia entre el déficit proyectado y el realizado, se explica fundamentalmente en el Gobierno Federal, que registró un desahorro de 652.7 mil millones, cuando se había previsto un ahorro de 140.9 mil millones (véase cuadro 12). En otras palabras, en términos de desahorro, el Gobierno Federal rebasó la cifra presupuestada, en 793.6 mil millones de pesos. El desahorro del Gobierno Federal fue compensado parcialmente por un ahorro del sector paraestatal de 354.1 mil millones de pesos, cifra que rebasó en 173.2% a los 129.6 mil millones que fueron programados.

Los resultados en la cuenta de ahorro se explican principalmente porque los gastos corrientes ejercidos (3,114 billones) casi duplicaron a los presupuestados (1,863 billones). Esta discrepancia se originó primordialmente en el Gobierno Federal, ya que su gastos corrientes (2,158 billones), se excedieron en 90.4% a la cifra programada (1,134 billones), mientras que sus ingresos corrientes (1,505 billones) rebasaron en 181% a lo estimado originalmente (1,275 billones). Estas diferencias se examinan con mayor detalle en el apartado siguiente:

Los ingresos corrientes de todo el sector público (2,815 billones), rebasaron en 32% a la cifra prevista (2,134 billones). Esto se debió principalmente a que el sector paraestatal obtuvo ingresos corrientes que sobrepasaron en 52.5% a los estimados, por las razones ya

anotadas y que se especificarán aún más, en párrafos posteriores.

El déficit del sector público en cuenta de capital, que aparece en el cuadro 13, superó al programado en 20.2%. Esta diferencia fue de 60.6% en Organismos y Empresas y de sólo 5.9% en el caso del Gobierno Federal. Tanto en éste como en el sector paraestatal, los ingresos de capital representan montos muy reducidos, mientras que los egresos de ambos son mucho mayores en cantidad y en diferencias absolutas entre lo estimado y lo realizado. Estas fueron de 53.5 mil millones en el Gobierno Federal y 167.7 mil millones en el sector paraestatal. Es decir, mientras este último explica la mayor parte de la discrepancia en el déficit de capital, aquél explica una mayor proporción del déficit en la cuenta corriente y las variaciones en ésta son las más importantes en las desviaciones del déficit presupuestario consolidado.

Como consecuencia de este extraordinario déficit, el sector público tuvo un endeudamiento neto de más del doble de lo previsto: 1,738 billones de pesos. De este total 1,545 se destinaron a financiar el déficit y el resto (192 mil millones) constituyó el aumento en disponibilidades (véase cuadro 14). A esta cifra de endeudamiento neto se le pueden hacer los ajustes señalados en los dos apartados anteriores para llegar al monto que utiliza la Cuenta Pública (1,519 billones). Estos ajustes se resumen en el cuadro 15, donde también se desglosa el endeudamiento neto en colocaciones y amortizaciones.

En 1982 se registró un cambio importante en la estructura del endeudamiento neto, ya que mientras en 1981 el crédito externo participó con 56.7% del total, en 1982 esta proporción se redujo a 19.8% -se había previsto que esta cifra fuera de 31.8%-, a pesar de la revaluación en pesos. Este cambio se debió a que la caída de los ingresos petroleros, la salida de capitales, los resultados de la balanza de pagos y la rigidez de los ingresos ordinarios, registrados en 1981, hicieron de la deuda externa el renglón más dinámico de los ingresos presupuestarios, y en este año el endeudamiento neto externo fue mayor al de los cuatro años anteriores a pesar de que el costo del crédito en los mercados de capitales del exterior alcanzó los niveles más altos de las últimas décadas. Pero en 1982, se redujo sustancialmente la oferta de crédito externo y creció el riesgo crediticio de México en el exterior, lo que dio como resultado la imposibilidad de conseguir el monto de créditos externos que se habían programado y autorizado por el Congreso: 11 mil millones de dólares. De estos sólo se encontraron 5 mil 900. Esta contradicción, aunada a la necesidad de cubrir un déficit financiero creciente, dio lugar a un aumento extraordinario en el endeudamiento neto interno en 1982, que superó en 279% al registrado en 1981 y en 133% al previsto originalmente, por lo que representó el 80.2% del endeudamiento total. Estos recursos internos provinieron principalmente del Banco de México, de los valores gubernamentales (CETES - PETROBONOS) y de la documentación de los subsidios cambiarios mediante obligaciones del Gobierno Federal.

Esta política resultó procíclica ya que sus impactos inflacionarios y de contracción del crédito disponible para la inversión del resto de la economía, agravaron las manifestaciones más notorias de la crisis, las que a su vez aumentaban la necesidad de mayores endeudamientos que sólo podrían ser internos, pues las fuentes externas se dificultaron en la primera mitad del año y se clausuraron en el segundo semestre, lo que a su vez redujo notablemente los márgenes de maniobra de la política económica para enfrentar la crisis. Por ello se solicitaron apoyos bilaterales y se negociaron prórrogas trimestrales con la Banca Internacional para diferir el pago de capital de la deuda externa. La urgencia para obtenerla en 1981 y 1982 hizo que una proporción importante se contratara a corto plazo, lo que junto con la imposibilidad de documentar lo que iba venciendo, trajeron consigo compromisos de pago que obligaron a la prórroga mencionada. La mayor parte de la deuda externa a largo plazo se canalizó hacia el sector energéticos, el Gobierno Federal y la Banca de Desarrollo.

El endeudamiento neto externo en 1982 (301.3 mil millones de pesos) fue superior a lo presupuestado (243.7 mil millones) en 23.6%; pero esta diferencia se debe a que se trata de cifras en pesos. En términos de dólares, como ya se apuntó, apenas se contrató un poco más de la mitad de lo aprobado por el Congreso. Esto constituye un claro ejemplo de cómo las devaluaciones de 1982 pueden conducir a interpretaciones imprecisas de los datos si no se acompaña de suficiente información.

En cuanto al endeudamiento de los integrantes del sector público, cambiaron las proporciones registradas en 1981 cuando el Gobierno Federal absorbió el 54.8% del total y los Organismos y Empresas el restante 45.2% (cuadro 16). En 1982 estas cifras fueron de 91.5% y 8.5% respectivamente, debido a la política de sanear financieramente a la empresas públicas y a las medidas de contracción del gasto ya reseñadas.

Por otra parte, como el Gobierno Federal se constituyó en el principal aval de la contratación de deuda externa, los Organismos y Empresas redujeron su endeudamiento neto en divisas de 298.3 mil millones de pesos en 1981 a 73.3 mil millones en 1982, mientras que el Gobierno Federal registró la tendencia inversa, pasando de 122.1 mil millones de pesos en 1981 a 228.0 mil millones en 1982, cifra que casi duplicó el monto presupuestario (120.4mil millones). En cuanto al endeudamiento neto interno, el Gobierno Federal absorbió el 95.4% y los Organismos y las Empresas el 4.6% restante.

Como producto del mayor endeudamiento y de la devaluación de la deuda en pesos, originada por las devaluaciones de 1982, la deuda

consolidada del Sector Público Presupuestario, llegó a 7 mil 777 millones de pesos, cifra 3.3 veces superior a la registrada en 1981. Casi la mitad del saldo de 1982 (3,549 billones) se debió al ajuste por revaluación, como se observa en el cuadro 17. Del total de la deuda, el 55.1% (4,281 billones) corresponde al Gobierno Federal, y un poco más de la mitad (4,182 billones) es de naturaleza externa. Esto representa un cambio de las proporciones registradas en 1981 cuando la deuda externa participó con el 43.8% del total. Esto se debió más a la revaluación de la deuda en pesos que al dinamismo del crédito externo. Así, no obstante el rápido crecimiento de la deuda interna (172% con respecto a 1981), y a pesar de que no se contrató más que la mitad del monto programado de deuda externa, el saldo de ésta creció en 307% con respecto al año anterior, como se desprende del cuadro 18.

Para profundizar en este punto se anexa el cuadro 19 que, además de presentar el saldo de la deuda, desglosar las variaciones de la misma en 1982 para diferenciar el efecto endeudamiento propiamente dicho, de los aumentos que se deben a la multicitada revaluación. Así, del aumento de 5.4 billones de pesos que registro el saldo de la deuda en 1982, 1.9 billones se debieron a la contratación propiamente dicha y 3.5 a los efectos de la revaluación. Del incremento registrado en deuda interna (2.3 billones de pesos), la mayor parte (1.6 billones) se debió a endeudamiento y sólo 0.7 billones a la revaluación. En deuda externa por lo contrario, de los 3.2 billones de aumento, sólo 0.3 se debieron a endeudamiento, y 2.9 a revaluación.

El cuadro 20 clasifica a la deuda (tanto interna y externa) por tipo de institución intermediaria: públicas, mixtas, privadas y otras. Las primeras registraron el mayor saldo (4.3 billones), y las privadas ocuparon el segundo lugar, (2.6 billones). En estas últimas, el porcentaje de la deuda externa fue de 94.7% (y un 66.4% del saldo se debe a la revaluación) y en las públicas de 25.4%, es decir, éstas canalizaron básicamente créditos internos, provenientes de los CETES y del Encaje Legal, principalmente, mientras que las privadas concedieron básicamente crédito externo al sector público.

La disponibilidad y las condiciones financieras de los mercados internacionales determinaron el tipo de divisas en que se contrató la deuda pública externa, lo que a su vez significó un aumento de la participación del dólar estadounidense en el total, llegando a ocupar para 1982 el 89.4% del saldo total. Esto se aprecia en el cuadro 21 donde también sobresale la participación del marco alemán (4.0% en los dos años), y la libra esterlina (2.9% en 1981 y 24% en 1982). También se observa, como era de esperarse, que el aumento de la deuda, en cada una de las monedas, debido al endeudamiento, es muy reducido y que la mayor parte corresponde a la revaluación.

Finalmente, en relación a la deuda externa del sector público, el cuadro 22 muestra la compatibilización de las cifras que aparecen en el Informe Trimestral de la SHCP al Congreso de la Unión y las registradas en la Cuenta Pública, información con la que se da cumplimiento a una petición expresa de esta H. Cámara de Diputados.

Estas cifras son diferentes debido a que siguen procedimientos de registros distintos y a que cubren objetivos y requerimientos de información diversos: a) El Informe Trimestral de la SHCP consigna la captación real de recursos externos por parte del sector público clasificándola por dependencias o entidades usuarias. La Cuenta Pública, por otra parte, registra los pasivos en el momento en que son contratados, independientemente de la fecha en que entren al país. b) La Cuenta Pública clasifica los recursos según la nacionalidad del acreedor, pero cuando la deuda externa es contratada por las Instituciones Nacionales de Crédito y se transfieren al sector público, se dificulta su identificación y, en ocasiones, se registran como deuda interna. c) Los Informes Trimestrales de la SHCP reflejan el flujo de recursos, mientras que la Cuenta Pública contabiliza las asunciones de pasivo para presentar la posición deudora total del Gobierno Federal. d) Los adeudos generales por arrendamientos financieros, por Ley no son considerados como deuda pública, de ahí que no sean registrados por la SHCP; sin embargo, dichos adeudos sí son incluídos en la Cuenta Pública para fines contables. e) Se contabilizan saldos y flujos de deuda externa con diferentes cotizaciones de los tipos de cambio.

El cuadro 22 cuantifica estas diferencias. Ahí se observa que en el total del sector público, la cifra de la Cuenta Pública excede en 348.5 mil millones de pesos, a la cifra de la SHCP. Esta diferencia en el caso del Gobierno Federal es de 449.3 mil millones de pesos (lo que implica que en el caso de las entidades paraestatales incluidas en el presupuesto la cifra de la SHCP es superior a la de la Cuenta Pública, y se explica por la transferencia a otras entidades del sector público no controladas presupuestalmente (111 mil millones); por un traspaso a la CFE de 164 mil millones de pesos: por asunción de pasivos de BANRURAL (17 mil millones), por créditos a corto plazo canalizados a través de la Banca Nacional (137 mil millones).

En Organismos y Empresas la CFE registra una diferencia negativa de 225.8 mil millones de pesos debido a transferencias del Gobierno Federal por 184 mil millones a créditos mediante la Banca Nacional por 37 mil millones de pesos, y a variaciones en el tipo de cambio por 5 mil millones ya que tiene créditos en diversas monedas.

PEMEX muestra una discrepancia de 8 mil millones que se explican por la inclusión de 25 mil millones de arrendamientos financieros, por un saldo negativo de 74 mil millones correspondientes

a periodos anteriores del fondo de financiamiento del sector público; por la intermediación financiera del NAFINSA Y BANRURAL (49 mil millones); por transferencia del Gobierno Federal (mil millones); por variaciones negativas en el tipo de cambio (5 mil millones); y por diferencia entre los informes internos de la entidad por 12 mil millones de pesos.

La diferencia de CONASUPO se debe a las cartas de crédito que nos presenta como deuda la SHCP (20 mil millones), y a mil millones aproximadamente por diferencias en los tipos de cambio.

La diferencia de Aeroméxico corresponde a sus arrendamientos que no se consideran como deuda en el informe de la SHCP al Congreso. La diferencia de Ferronales se deben a cartas de crédito que consideran como deuda externa (mil 745 millones de pesos) y el resto se debe a la intermediación financiera que registró NAFINSA Y BANRURAL.

En Caminos y Puentes Federales las discrepancias se deben a que la SHCP lo tiene registrado en BANOBRAS como programa propio de la Institución.

Como resultado del fuerte aumento de la deuda externa, a partir de 1979 y sobre todo en 1981, así como las devaluaciones, los aumentos en las tasas de interés, los plazos de vencimiento en los créditos y la política de cambio dual, los gastos por servicios de la deuda crecieron sustancialmente triplicando el monto registrado en 1981 y más que duplicando la cifra programada. Esta situación aparece en el cuadro 23 donde se observa que el servicio de la deuda en 1982 fue de 1,925 billones de pesos, siendo que la cifra presupuestada había sido de 828.8 mil millones y la ejercida en 1981 de 611.1 mil millones. Ahí también se aprecia que los gastos de servicios de la deuda externa (1,258 billones) casi duplicaron a los de la deuda interna (.667 billones) y que la mayor parte de los gastos de deuda interna se debieron a los intereses (418 mil millones) mientras que en la deuda externa la mayor proporción correspondió a comisiones y gastos (696 mil millones). Esto último se explica porque en ese renglón se incluyen las diferencias cambiarías que pagó el Gobierno Federal por su deuda directa y para cubrir el quebranto financiero del sistema bancario.

La participación de las amortizaciones se redujo ligeramente en el caso de la deuda interna (de 29.9% en 1981 a 23.4% en 1982), pero sustancialmente en la deuda externa (de 54.8% en 1981 a 23.9 en 1982). Esto último se debió a la endeble estructura a plazos de la deuda controlada en 1981 y 1982 y a la prórroga de pagos negociada en la segunda mitad de 1982.

2. GOBIERNO FEDERAL

2.1. Egresos

Las medidas de saneamiento en el sector público paraestatal, y la absorción de pasivos por las pérdidas cambiarías del sistema bancario incrementaron sustancialmente el gasto del Gobierno Federal, añadiéndose al efecto de la inflación y el aumento salarial. Esto se amortiguo parcialmente por las reducciones presupuestales y por las economías en el ejercicio del presupuesto, que afectaron a su gasto programable. todo ello implicó que los egresos ejercidos por el Gobierno Federal (2,942 billones de pesos) rebasaran el presupuesto aprobado (1,980 billones) en 48.5% como se muestra en el cuadro 25. La mayor parte de esta discrepancia de 962 mil millones se originó en los gastos de amortización (1,515 billones) que casi triplicaron al monto programado (594.7 mil millones). Esta diferencia de 920 mil millones se explica principalmente por el impacto de las modificaciones en el tipo de cambio que significó 627.2 mil millones de pesos (cuadro 25).

Por otra parte, el gasto programable realizado (1,427 billones) apenas rebasó en 2.9% a la cifra prevista (1,386 billones). Esto último se debió al efecto de la reducción presupuestal que mitigó en buena medida los impactos del tipo de cambio, del aumento de salarios y de la inflación, cuyos montos aparecen en el cuadro 25. Las discrepancias de los diferentes renglones del gasto programable del Gobierno Federal con los montos programados y los ejercidos en 1981, se presentan en el cuadro 25. Allí se muestra el gasto corriente - destinado a la operación permanente y regular de la planta productiva - superó en 97.6 mil millones de pesos al gasto presupuestado y que de esa discrepancia una buena parte (97.1 mil millones) se debe al sobregasto en servicios personales, renglón que absorbe un 46.6% del gasto corriente y que, como ya se anotó, presentaba escaso margen para la aplicación de la reducción presupuestal del 8%, pero se vio afectado de manera importante por el aumento salarial (87 mil millones de pesos).

Otro renglón sobresaliente del gasto corriente es el de transferencias que representó el 45.3% del total y que rebasó en 31.9% al gasto programado. Esto representa una diferencia de 101.2 mil millones que se deben en primer término a las variaciones en el tipo de cambio (45 mil millones de pesos) y al aumento salarial (42 mil millones). Por otra parte, además de los efectos de la reducción presupuestal, el renglón de Nuevas Necesidades también amortigua los efectos de tipo de cambio, los salarios y la inflación, y refleja economías en el ejercicio del presupuesto (cuadro 25).

En el Gobierno Federal, al igual que en el presupuesto consolidado, se observa que los gastos de capital fueron inferiores (en 10.1%) a la cifra presupuestada. En materia de inversiones se dio prioridad al gasto en obra pública para eliminar los cuellos de botella y para la infraestructura urbana y rural. La reducción observada obedeció a las medidas de austeridad presupuestal aunque se afectaron en montos significativos por el impacto de la devaluación

(19.9 mil millones de pesos) y de los aumentos salariales (16 mil millones de pesos). Por ello, el Gobierno Federal revisó la ejecución de proyectos en proceso y canceló o difirió los que no fueran prioritarios.

Casi un 50% del gasto programable corresponde a Transferencias (tanto capital como corrientes, tanto a entidades no incluídas en el presupuesto como a las incluidas), de ahí que convenga profundizar en su examen.

Las transferencias adoptan diferentes modalidades: subsidios en género o en especie, excención de impuestos, estímulos fiscales, precios subsidiados, tarifas bajas y tasas de interés preferenciales. Estos recursos son canalizados por el Gobierno Federal y por la Banca Nacional a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos, la Política de Precios y Tarifas, los Fideicomisos del Gobierno Federal y la Banca Nacional. Por ello suelen clasificarse en cuatro grandes grupos: de gasto, de ingreso, financieras y de precios y tarifas. Su naturaleza es distinta, pero todas ellas representan estímulos para alentar la producción, fomentar la inversión productiva, apoyar la creación de empleos, mejorar la distribución del ingreso, en fin, contribuir al logro de las prioridades nacionales.

La magnitud alcanzada por las transferencias exige un análisis detallado de su monto y de sus modalidades a fin de profundizar en el conocimiento de su eficacia y eficiencia para lograr los objetivos que se proponen. Por ello, y a petición de esta H. Cámara de Diputados, se está excluyendo al Registro Unico de Transferencias (RUT) que observa los lineamientos de la contabilidad nacional y traza el destino de este instrumento de política económica y social.

Las transferencias más conocidas son las del gasto, que durante 1977-1982 cuatriplicaron la inversión física, duplicaron el gasto directo de administración y condicionaron la recurrencia y dependencia de los beneficiarios. En este periodo su concesión no se ajustó a un plan de saneamiento financiero de las empresas beneficiadas ni al compromiso de cumplir con determinados resultados. En 1982 las transferencias fueron 7.6 veces mayores a las de 1977 y pasaron como proporción del PIB, del 5.7% al 8.7%. En 1982 fueron de 806.8 mil millones de pesos (cuadro 26), superando en 27.4% a lo presupuestado y el 63.1% a la cifra de 1981. Ese total se desglosa en el cuadro 26, donde se aprecia que un poco menos de la mitad (349 mil millones) se destinó a las entidades controladas presupuestalmente y que los sectores más favorecidos fueron: el industrial (183.6 mil millones), el de bienestar social (150.6 mil millones) y el agropecuario, forestal y pesca (131.5 mil millones). La misma clasificación, pero comparando lo ejercido con lo presupuestado y 1982 con 1981 aparece en el cuadro 27. El elevado porcentaje de las transferencias que se destinó al sector paraestatal (22.8% del total)se debió a la necesidad de asegurar la producción de bienes estratégicos y por la política de subsidiar la venta de algunos de ellos, sobre todo electricidad y fertilizantes. El subsector eléctrico absorbió más de la tercera parte por el subsidio implícito en los precios y por las aportaciones de capital del Gobierno Federal para complementar su programa de inversiones. Las mismas razones explican los apoyos al subsector de fertilizantes y a la industria azucarera.

Le sigue en importancia las transferencias para apoyar los servicios de bienestar social (sobre todo educación y salud), que recibió el 18.7% del total. Las instituciones de educación media y superior recibieron más del 40% del total del sector y las de salud y seguridad social el 15%.

La producción agropecuaria y pesquera recibió el 16% del total de transferencias mediante créditos subsidiados, seguro agrícola, compartición de riesgos con campesinos, preparación de técnicos y comercialización de productos agrícolas y pesqueros.

Los apoyos al Sector Comercio (93.2 mil millones de pesos, 11.6% del total) obedecen al aumento de la participación de CONASUPO en la regulación y abasto de productos básicos y a los mayores precios de importación de granos. Las transferencias al Sector de Comunicaciones y Transportes (63.5 mil millones) se debieron en 63% a la empresa del sistema ferroviario y en 16% a las aéreas.

El aumento salarial de emergencia obligó a canalizar subsidios a los gobiernos de los estados por 39.0 mil millones de pesos. El aumento en el pago de servicio de la deuda hizo que se respaldara al sector paraestatal con 82.1 mil millones de pesos (apoyos para Pago de Pasivos) de los cuales mayor parte fue absorbida por la CFE.

Otro aspecto de las transferencias del Gobierno Federal a Organismos y Empresas controladas presupuestalmente se presenta en el cuadro 28 que las clasifica en estatutarias, de precio y de capital. El 44.7% del total que es de 26.2 mil millones - ligeramente mayor a la del cuadro 26 porque se mide en flujos de efectivo y no en devengable - corresponde a las transferencias de precios.

Los efectos de la reducción presupuestal, la inflación, el tipo de cambio y los salarios sobre el gasto programable, pero clasificándolo por secretarías - es decir, atendiendo a la clasificación administrativa y no a la económica como en el cuadro 25 - se muestran en el cuadro 29 donde se observa que el mayor impacto se debió al aumento salarial (145.5 mil millones de pesos) y que las consecuencias presupuestales del tipo de cambio (67.3 mil millones) casi se compensan con la reducción del 8% (64.7 mil millones). Las secretarías más afectadas por el aumento salarial fueron la SEP (76.7 mil millones), SEPAFIN (20.5 mil millones) y SCT (14.5 mil millones).

La misma clasificación administrativa, pero mostrando las discrepancias con lo presupuestado y con 1981 aparece en el cuadro 30, donde

se muestra que el gasto de las secretarías creció en 50.1% respecto a 1981 y superó en 13.2% a la cifra programada notándose que las mayores ampliaciones correspondieron a las coordinadoras de los sectores prioritarios: Educación, Comercio, Comunicaciones y Transportes y Fomento Industrial. El gasto de la SEP representó el 28.8% del total de las secretarías, y el 42% de las ampliaciones, en buena medida por la elevada participación de las remuneraciones al personal en el total del gasto. El incremento de SECOM obedeció a los mayores recursos destinados a CONASUPO por la compra de granos y otros productos básicos, y su desviación representó el 21% del total de las secretarías.

La SCT rebasó en 19.5% su presupuesto original por el aumento del costo de los insumos que requiere la infraestructura de transportes y comunicaciones, y SEPAFIN casi duplicó el gasto ejercido en 1981 debido a la necesidad de estimular la producción de insumos básicos y estratégicos y coadyuvar a la reorientación, modernización y fortalecimiento de la industria paraestatal. Una buena parte de su aumento se debe a los fuertes apoyos del sector azucarero para cubrir el finiquito de la liquidación de la zafra a productores cañeros, a FERTIMEX -para subsanar los efectos de la devaluación y el atraso en la cobranza para el pago de cargas monetarias e intereses- y al subsector siderúrgico para respaldar sus programas de inversión.

En el cuadro 30 sobresalen también los ramos XIX (aportaciones a la seguridad social) y XXVI (programación regional), que antes estaba en el ramo XXIII de erogaciones adicionales. Estos dos ramos se crearon en 1982 y el primero de ellos incluye principalmente a las aportaciones estatutarias al IMSS y al ISSSFAM. El segundo ramo incluye los programas especiales PIDER, PEI y COPLAMAR, así como los subsidios a los estados y municipios. Las disminuciones en esta última partida se deben principalmente a que su monto se reasigna a las secretarías ejecutoras, como SAHOP, SEP y SARH.

2.2 Ingresos

La política de ingresos del Gobierno Federal en 1977-1982 atendió a los propósitos de impulsar la actividad productiva y atenuar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo, aprovechando el surgimiento de otras fuentes de financiamiento como el petróleo y la deuda externa. Por ello, se permitió que se deteriorara la base impulsiva de la recaudación. Como resultado, los ingresos ordinarios redujeron su participación en el total, del 82.4% en 1977 a 41.4% en 1982 (cuadro 31).

Al principio, los cambios en la estructura ajustaron la carga fiscal son modificar el impuesto a las empresas. Posteriormente la Reforma Fiscal modernizó el sistema de impuestos indirectos y la coordinación con las entidades federativas. Entre los cambios realizados destaca el cambio de tratamiento a PEMEX, que aumentó los impuestos a la actividad petrolera sustancialmente para absorber parte del superávit del producto de esta empresa, sobre todo por las rentas provenientes de sus exportaciones.

En 1982, los cambios fiscales buscaron dotar al sistema de una mayor generalidad y avanzar la globalización, así como combatir la efusión fiscal en el Impuesto Sobre la Renta y perfeccionar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En el Impuesto Sobre la Renta se incrementó el ajuste a los impuestos de los trabajadores de acuerdo a las condiciones económicas vigentes al inicio del ejercicio.

Para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores se aplicó un subsidio mediante un ajuste del 35% a la tarifa mencionada del Impuesto Sobre la Renta para los meses de agosto a diciembre, lo que significó una degradación del 15% en promedio. En concordancia, se redujo principalmente el impuesto a todas las personas físicas independientemente del origen de sus ingresos. Por otra parte, se amplio la base de aplicación del impuesto al perfeccionar algunos conceptos que constituyen fuentes de evasión. En 1982 se suprimieron las bases especiales de tributación aplicables a la industria de la construcción y se eliminaron las de los servicios de autotransporte, que se prestaran dentro de un mismo grupo de empresas o a las compañías ligadas por propiedad accionaria.

También se suprimió el decreto que concedía estímulos a las sociedades de inversión y de unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país, ya que sólo beneficiaban a las grandes empresas. Además, e limitó la cuantía de las consideraciones para previsión social a los empleados cuyas remuneraciones excedían siete veces al salario mínimo anual.

En impuestos directos, se armonizó con el resto del país la tasa del IVA aplicable a la renta y enajenación de inmuebles en las franjas fronterizas, aumentándolas del 6 al 10%.

Los ingresos del Gobierno Federal en 1982 se afectaron por la recesión económica -que deprime el ingreso y el consumo, bases gravables importantes- y por el sacrificio fiscal, sobre todo el originado por las medidas para apoyar a las empresas a fin de preservas las fuentes de empleo. Estos efectos se compensaron parcialmente por el aumento en pesos de las ventas internas y externas producto de las inflación y las devaluaciones. Como resultado neto, los ingresos ordinarios rebasaron en 18.1% a la cifra presupuestada, y crecieron, con respecto a 1981, al 70.3%. De su total (mil 279 mil millones de pesos), el 44.4% correspondió a los impuestos a la actividad petrolera tanto por las ventas internas, en especial de gasolina, como al exterior. Los ingresos derivados de financiamientos, en cambio, casi duplicaron la cifra prevista pasando de 9266 mil millones de pesos a 1.808 billones (véase cuadro 32).

De los ingresos ordinarios, la mayor participación corresponde a los corrientes (99.9%) y de éstos, los más importantes son los tributarios, mismos que aparecen desglosados en los cuadros 33 y 34. Ahí se observa que en 1982 crecieron al 60.2% y que el Impuesto Sobre la Renta y el IVA, que gravan al ingreso y al consumo, apenas si rebasaron la cifra prevista en 4.8 y 2.2% respectivamente, y crecieron en relación a 1981 en 39.8% y 24.1%, cifras inferiores a la inflación; mientras que los de producción y servicios y de comercio exterior (que se benefician con la devaluación y los aumentos en precios y tarifas como la gasolina, excedieron lo presupuestado en 32.4 y 35.3% y crecieron en 186.7 y 93.7%, respectivamente. En consecuencia, la participación de Renta e IVA en el total se redujo del 37.6% en 1981 a 32.8% en 1982 y de 19.7% en 1981 a 15.3% en 1982, respectivamente. Por el contrario, producción y servicios y comercio exterior aumentaron su participación del 7.0% en 1981 al 12.5% en 1982 y del 29.2% en 1981 al 35.3% en 1982.

2.3. Déficit y deuda

Como resultado de los movimientos anteriores, el Déficit Financiero Presupuestario del Gobierno Federal en 1982 (cuadro 35), fue de mil 463 mil millones de pesos, más del doble de la cifra programada originalmente (623.6 mil millones de pesos), más del triple del ejercicio en 1981 (432.9 mil millones) y 95% del déficit total del sector público. El componente principal de este resultado, como se reseño, fue de dinámico crecimiento de los gastos corrientes, que ascendieron a 2.158 billones de pesos, monto casi dos veces superior al presupuesto (1.134 billones) y casi dos y media veces mayor al ejercicio en 1981 (921.3 mil millones). Los ingresos corrientes por su parte (1.505 billones de pesos), apenas superaron en 18.1% a los presupuestados (1.275 billones).

Estos movimientos de ingresos y egresos corrientes dieron como resultado un desarrollo de 652.8 mil millones de pesos, cuando se esperaba un ahorro de 140.9 mil millones. Es decir, la diferencia con respecto a los programado fue de casi 800 millones, dato que explica la mayor parte de las discrepancias de 839 mil millones de pesos entre el déficit ejercido y el presupuestado, y que revela un grave deterioro financiero, pues significa que buena parte del gasto corriente tiene que ser financiado por deuda, si bien una parte importante del desarrollo se debió a las pérdidas cambiarías.

Si se excluyeran las pérdidas cambiarías que tuvo que absorber el Gobierno Federal (694.5 mil millones de pesos, cuadro 25), el déficit hubiera sido de 768.0 mil millones, superior en 23.2% al presupuestado. En otras palabras, sólo el impacto del tipo de cambio en el caso del Gobierno Federal explica el 82.8% de la discrepancia entre el déficit programado y el realizado.

Uno de los renglones más íntimamente relacionado con el déficit del Gobierno Federal es su servicio de la deuda, que en 1982 alcanzó la impresionante cifra de 1.5 billones de pesos (cuadro 36), casi tres veces superior a la prevista (593.2 mil millones). De este total el renglón más significativo fue el de comisiones y gastos (693.9 mil millones de pesos), que resulto más de 100 veces superior al presupuesto original (6.1 miles de millones) lo que se originó porque el Gobierno Federal absorbió alteraciones cambiarías por 685.5 mil millones de pesos. Esta cifra se distribuyó de la siguiente manera: 312.7 mil millones originados por la revaluación en pesos de su deuda directa con el exterior; 184.7 mil millones de pesos por las diferencias cambiarías de los créditos otorgados por el Banco de México que fueron denominados en dólares y que ascenderán a 11 mil millones de dólares; 73.8 mil millones para cubrir la diferencia surgida de recobrar créditos en dólares del sistema bancario al tipo de cambio prefencial y de pagar depósitos al tipo de cambio ordinario, durante los últimos cuatro meses el año; 82.4 mil millones por las ventas de dólares del Banco de México al tipo de cambio prefencial; y 31.9 para cubrir las pérdidas cambiarías de las Institucionales Nacionales de Crédito. De los 685.5 mil millones de pesos, el 45.6% del egreso en comisiones y gastos de la deuda correspondió a los impactos de las modificaciones cambiarías en la deuda directa del Gobierno Federal y el resto fue para cubrir los efectos de la devaluación en el resto de la economía.

En segundo lugar, ocupando casi una cuarta parte del total del endeudamiento, sobresalen los gastos de intereses (417.3 mil millones), que casi duplicaron al monto presupuestado (272.2 mil millones) debido a los incrementos en las tasas de interés internas y al aumento del crédito contratado con los bancos nacionales mediante la colocación de CETES, que aumentaron en más de 50% en 1982.

Las amortizaciones sólo rebasaron en 17.2% al presupuesto original debido al convenio con la Banca Internacional para posponer el pago de capital de los últimos meses del año.

La diferencia registrada en la cifra de ADEFAS obedece a que este dato al presupuestarse en una mera previsión y el importe final de conocer en la medida en que los adeudos se formalizan con los beneficiarios.

Los apoyos para el pago de pasivos, fueron concedidos por el Gobierno Federal a los Organismos y Empresas -principalmente a CFE- debido a lo programas de saneamiento financiero y de apoyo a las empresas públicas.

En el cuadro 36 también se observa que la deuda externa elevo sustancialmente su participación en el total pasado del 17.2% en 1981 a 57.3 en 1982 debido en buena medida a las devaluaciones de este año. En los gastos de deuda interna, el mayor monto correspondió a los intereses (362.9% mil millones, 56.6% del total), mientras que en la deuda externa la mayor parte (80.7%) fue ocupada por las comisiones y gastos.

3. ORGANISMOS Y EMPRESAS

3.1. Egresos

Durante 1977-1982, las mayores transferencias a entidades públicas y a organismos desconcentrados dedicados a la prestación de servicios de tipo colectivo explican las discrepancias entre el gasto ejercido y el programado del Gobierno Federal. Entre los más beneficiados con esas mayores asignaciones destacan las entidades educativas desconcentradas; BANRURAL, particularmente a partir de 1980; el sector paraestatal industrial, principalmente los subsectores eléctrico, azúcar y FERTIMEX. En el citado periodo, los subsidios al consumo mediante CONASUPO, superaron a los previstos originalmente. Otras entidades, como BANRURAL, no se ajustaron a lo autorizado y no ejercieron el presupuesto en función de lo programado, deteriorando la eficiencia de los recursos.

En los Organismos y Empresas, las discrepancias con el presupuesto autorizado se lo canalizaron principalmente en PEMEX, CONASUPO, ASA e IMSS, entidades que observaron un sobregasto persistente. PEMEX, a pesar del sobregasto, no cumplió con las metas asignadas (exceptuando las de anticipar la plataforma de producción) lo que deterioró las finanzas del organismo, desequilibró la distribución sectorial del gasto público, elevó el déficit de la Federación y fomentó un exceso en el contenido importado de la inversión pública.

El gasto total de Organismos y Empresas (1.990 billones de pesos) superó en 48.4% a los egresos programados (1,341 billones). La discrepancia entre el ejercicio y lo realizado (649 mil millones), se explica en un 81.5% por las devaluaciones (que aumentaron su gasto en 232.6 mil millones de pesos), el aumento salarial (198.2 mil millones de pesos), la inflación (169.5 mil millones), y la elevación de la tasa de interés (18.3 mil millones). Estos efectos se amortiguaron parcialmente por las reducciones presupuestales (75.2 mil millones de pesos). Los objetos de estos cambios imprevistos en cada una de las entidades que forman parte del presupuesto se muestran en el cuadro 39, donde sobresalen los efectos de las variaciones cambiarías en el gasto de PEMEX (420.4 mil millones, de los cuales habría de excluir 317 mil millones de impuestos para llegar a la cifra consignada en el cuadro 38). El gasto de CONASUPO también fue afectado de manera sobresaliente por las devaluaciones (54 mil millones). De igual manera sobresaliente por las devaluaciones (54 mil millones). De igual manera la inflación afectó sobre todo a estas dos instituciones (60.4 y 25.2 mil millones, respectivamente), así como el IMSS y al ISSSTE (27.7 y 27.1 mil millones respectivamente), mientras que los aumentos salariales afectaron principalmente a CFE (28.3 mil millones) y al IMSS (31.2 mil millones).

El gasto programable de Organismos y Empresas que ocupa el 75% del total, fue de 1.483 billones de pesos rebasando en 35.6% el estimado originalmente (1.094 billones). Esta discrepancia es menor a la de los egresos totales porque en este tipo de gastos se concentró en el esfuerzo de reducciones presupuestales y por que el impacto del tipo de cambio es menor que en el caso de los gastos por amortizaciones -que absorbieron más de la mitad de este efecto-. En contrapartida, la incidencia de la inflación y los aumentos salariales recae en este renglón de gasto en 100%.

Los egresos programables, por entidad y clasificados en productos de bienes y servicios estratégicos, transportes, otros, regulación y abasto, asistencia y seguridad social y órganos de fomento, aparecen en el cuadro 40.

En cuanto a la diferencia de lo ejercido con lo programado sobresale, además de PEMEX (58.2%, 184.1 mil millones), CONASUPO con 60.2% (60.1 mil millones, que representa el 15.4% de la diferencia total del gasto del sector paraestatal), IMSS (50.2% mil millones), ISSSTE (27.2 mil millones) y PROPEMEX (10.5 mil millones). Estas diferencias se deben a los factores ya señalados, a los que habría de agregar que el sobre ejercicio de PEMEX y PROPEMEX se debe, en gran parte, a la posibilidad de allegarse recursos adicionales por la generación de divisas que implica en desarrollo de sus actividades y la falta de mecanismos de control.

La evolución del gasto programable, principalmente en PEMEX, fue un factor de rigidez que obstaculizó el ajuste, tanto en inversión como en operación. Asimismo, los compromisos adquiridos en los últimos años, condicionaron fuertemente el monto de gasto a ejercer, dado que los adeudos acumulados hasta 1981 en sus erogaciones devengables y al efecto de los contratos o pedidos con proveedores internacionales, así como los innumerables frentes en programas de inversión, hicieron que la decisión del ajuste fuese rebasada por la inercia.

Por otra parte, PROFORMEX, CONCARRIL y DINA ejercieron un gasto inferior al programado por la disminución de la demanda de los productos originados por la recesión.

En los cuadros 41 y 42 se presentan los egresos corrientes y de capital para cada una de las entidades sujetas a control presupuestal, cifras que son las relevantes para explicar el déficit del sector. En cuanto a los gastos corrientes, PEMEX, CONASUPO e IMSS son los más importantes en monto realizado y en desviaciones observadas; mientras que en gastos de capital sobresalen PEMEX y CFE.

3.2. Ingresos

Los ingresos del sector paraestatal (2.037 mil millones de pesos en 1982) aumentaron en 51.9% con respecto a lo estimado y en 55.1% en relación a 1981 (cuadro 43). El mayor dinamismo se registró en los ingresos ordinarios -crecieron 116.8% y 52.7% más de lo previsto-, debido a los aumentos en

precios y tarifas y, sobre todo, al incremento de los ingresos de PEMEX por la devaluación, la recuperación de volúmenes exportados, y que no enteró pagos de impuestos al Gobierno Federal. Los ingresos ordinarios por entidades se presentan en el cuadro 44 donde consta que PEMEX obtiene ingresos por 641.6 mil millones y exporta el 59.0% del total (1.087 billones), siguiéndole en importancia el IMSS (197.8 mil millones) CONASUPO (93.6 mil millones) y CFE (67.8 mil millones).

Los ingresos corrientes que son los relevantes para determinar el déficit del sector, se incluyen en el cuadro 45, que revalida los comentarios del párrafo anterior en cuanto a orden y sólo cambia en magnitud.

Por otra parte, los ingresos por transferencia del Gobierno Federal (348.3 mil millones) aumentaron 47% respecto a lo presupuestado (236.9 millones) y 80% en relación a 1981, como resultado de los apoyos para sanear su estructura financiera.

Los ingresos por financiamientos (370.9 mil millones) rebasaron la cifra programada (241.6 mil millones) en 53.5%, pero fueron inferiores a las de 1981 (512.5 mil millones), debido a que se recurrió a la deuda externa en mucho menor medida.

En el cuadro 46 se incluyen los ingresos del capital de cada una de las entidades que aparecen en el presupuesto. Sobresale su monto reducido en relación a los ingresos corrientes y ordinarios, pues apenas llegan a 11.6 mil millones, superiores en 17% a lo previsto. Las entidades más prominentes en este tipo de ingresos son CFE (31.9 mil millones) e IMSS (20.6 mil millones).

3.3. Déficit y deuda

El sector paraestatal registró una déficit de 82.7 mil millones de pesos muy inferior al presupuestado de 143.3 mil millones. Esto se debió a los aumentos en su ingreso corriente -ya comentados- originados principalmente por los argumentos de precios y tarifas, las devoluciones y el incremento en transferencias corrientes del Gobierno Federal por encima de lo previsto. Todo ello incrementó su ingreso corriente a 1.310 billones de pesos, monto que rebasó en 52.5% a lo estimado originalmente (859 mil millones de pesos).

Por otro lado. el aumento del costo de todos los insumos y la devaluación -que aumentó sustancialmente el contenido importado de su gasto de por sí elevado, pues en los proyectos de PEMEX las importaciones ocuparon entre 35 y 40% del total- hizo que a pesar de las medidas de austeridad instrumentadas, sus egresos corrientes fueron de 1.2 billones de pesos, cifra superior en 37.2% al presupuesto original (875 mil millones de pesos).

El resultado fue un ahorro, antes de transferencias de 110 mil millones de pesos, cuando se estimaba que tuvieran un desarrollo de 15.6 miles de millones de pesos. Si al ahorro realizado se le suman las transferencias corrientes del Gobierno Federal (244 miles de millones de pesos) se obtiene un ahorro después de transferencias de 354 mil millones de pesos (cuadro 47).

Por otra parte, los egresos del capital ejercidos (548.5 mil millones) rebasaron en casi 50% al monto presupuestado, lo que aunado a la pequeñez de los ingresos de capital, originó un déficit de capital de 541 mil millones de pesos, que fue mitigando en parte por las transferencias de capital de 104 mil millones. El resultado fue un déficit después de transferencias de 437 mil millones de pesos, que sobrepasó al ahorro registrado en cuenta corriente en 82.7 mil millones de pesos, que es el déficit que se comenta. Esta cifra se desglosa por entidades en el cuadro 48, donde se aprecia que CFE, por sí sola, explica más de la mitad de la misma ya que registró un déficit de 51.9 mil millones de pesos. Le sigue PEMEX con el déficit de 9.7 mil millones de pesos, contrastando con ellos el IMSS y la Compañía de Luz y Fuerza que observaron superávit de 3.6 y 1.2 mil millones respectivamente.

Si bien PEMEX registró un déficit de 9.7 mil millones en 1982, conviene resaltar que esto significo una reducción sustancial en relación al déficit de 224.2 miles de millones registrado en 1981. Esto se debió al superávit en divisas de esta empresa pública -que aumento significativamente sus disponibilidades en pesos por las modificaciones cambiarías- lo que junto con recuperación de los volúmenes exportados, y el no entero de impuestos a la Federación, le permitieron contrarrestar los incrementos en gastos y reducir su déficit financiero.

El resto de las empresas, por su tipo de producción estratégica, mantuvieron su volumen de producción en la mayor parte de los casos, pero registraron un aumento en sus ingresos por los aumentos de precios y tarifas hacia la segunda parte del año y por los mayores apoyos financieros, lo que dio por resultado que su déficit no se alterar significativamente.

Las cifras de los ingresos corrientes y de capital que registraron cada uno de los Organismos y Empresas incluidas en el Presupuesto, aparecen en los cuadros 45 y 46. Ahí se aprecia que los ingresos obtenidos por PEMEX (639.2 mil millones de pesos) casi duplicaron a los ingresos programados (320.8 mil millones). La misma tendencia, pero en menor proporción, se observó en el Seguro Social, en CONASUPO, en CFE y en el ISSSTE, mientras DINA registró ingresos corrientes inferiores a los programados en 8.3 mil millones de pesos. Los ingresos de capital también fueron superiores a los estimados en 16.3 mil millones de pesos, sobresaliendo en este sentido FERTIMEX, IMSS y PEMEX, como se aprecia en el cuadro 46.

Por otro lado, los egresos corrientes (1.2 billones) aventajaron en 325.5 mil millones de pesos a la cifra prevista, como se detalla

por entidad en el cuadro 41. Así, se aprecia que las variaciones más significativas se registraron en PEMEX, CONASUPO, IMSS, CFE e ISSSTE. Por la falta de demanda y los programas de austeridad, DINA registro gastos corrientes inferiores en 8.8 mil millones a los presupuestados.

El cuadro 42 presenta la misma clasificación pero para los egresos de capital, que rebasaron en 180.2 mil millones de pesos a los estimados originalmente. De éstos, PEMEX explica la mayor parte, ya que la diferencia entre lo ejercido y lo presupuestado fue 146.1 mil millones de pesos.

Los déficits registrados en 1981 y años anteriores elevaron considerablemente el endeudamiento, el saldo de la deuda y por lo tanto los gastos de su servicio (cuadro 49), que en 1982 fueron de 507.1 mil millones de pesos, cifra que duplica el monto programado (247.4 mil millones). La mayor parte de los mismos (262.6 mil millones de pesos, 51.8% del total) se destinaron a pagos de intereses y la proporción más importante del resto fueron gastos de amortización (241.7 mil millones, 47.7% del total). La misma estructura se observa en la composición del servicio de la deuda interna y externa, donde las comisiones y gastos, a diferencia de lo que ocurre en el Gobierno Federal, resultaron prácticamente insignificantes. La deuda externa siguió ocupando el mayor porcentaje del servicio (78.7%), y a pesar de las devaluaciones, sólo aumentó ligeramente su participación en el total, con respecto a 1981, cuando contribuyó con el 74.7 %, como reflejo de la dificultad de contratar créditos en los restringidos mercados internacionales.

IV. Revisión sectorial

Este capítulo, así como el que le procede constituyen la parte central del mandato constitucional de revisar la Cuenta Publica del año anterior. Aquí se examina el cumplimiento de las metas contenidas en los programas de las dependencias y entidades del sector público. Esta tarea es la mas difícil dentro de los trabajos que demanda la revisión citada, pues la política sectorial se resume en el volumen de resultados generales y se especifica en 18 tomos adicionales, que incluyen 535 programas de los cuales 401 corresponden a las entidades del Sector Central y 134 a los Organismos y Empresas sujetas a control presupuestal. Cada uno de los programas a su vez incluye varios subprogramas con metas específicas que fueron modificadas en el transcurso del año.

La magnitud de la tarea obliga a ser selectivo, de manera que se examino el cumplimiento de las metas y el presupuesto asignado para ello, en los sectores considerados más importantes. Agropecuario, Forestal y Pesca; Comunicaciones y Transportes; Comercio; Bienestar Social (Educación, Salud y Trabajo); Industrial -que incluye al subsector de energéticos- y Estrategias Intersectoriales (CUC, PIDER y COPLAMAR).

Para ello no sólo se revisaron los tomos programáticos de la Cuenta Pública y la parte correspondiente en el volumen de resultados generales, sino que además se realizaron reuniones de comisiones generales, sino que ademas se realizaron reuniones de comisiones unidas -de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con las vinculadas al sector correspondiente-, a las que asistieron servidores públicos de las dependencias y entidades examinadas. Ahí se plantearon dudas e inquietudes que fueron despejadas de inmediato o bien, se resolvieron por escrito. Dada la cantidad de información manejada, este capítulo intenta resumir lo más sobresaliente.

Adicionalmente, se recurrió al análisis que hace el informe previo sobre este tema, si bien no se hace referencia a los resultados para medir la eficiencia de los programas contenidos en ese documento, ya que, el escaso número de años considerados dificulta la obtención de resultados satisfactorios, pero esta metodología podrá afinarse en el futuro. En este sentido cabe destacar que el informe previo no es más que un trabajo preliminar que tendrá oportunidad de ser modificado y perfeccionado en el transcurso del proceso de revisión de la Cuenta Pública de 1982, que concluye cuando la Contaduría Mayor de Hacienda remite a esta representación popular el informe de resultados antes del 10 de septiembre del año entrante.

Para no saturar de datos la parte escrita de esta revisión se decidió incluir una serie de cuadros que muestran el presupuesto aprobado y ejercido, así como sus diferencias para cada una de las principales dependencias y entidades que integran cada sector. Asimismo, se anexan cuadros que contienen todos los programas de cada entidad o dependencia y las metas previstas, modificadas y alcanzadas en cada uno de los subprogramas de los principales programas.

Por otra parte, una proporción importante del cumplimiento de las metas específicas está íntimamente ligado a los factores ya señalados en el capítulo de gestión financiera -devaluación, inflación, aumento salarial, intereses, reducción presupuestal- por lo que, para no incurrir en repeticiones, se sugiere la consulta de los cuadros que desglosan, estos impactos por entidades y dependencias.

La revisión sectorial, por otra parte, exige ligar el presupuesto a la función económica, eliminando los gastos que no están vinculados directamente al programa o programas que se analizan. Por tanto, es necesario excluir del gasto presupuestal, los gastos de la deuda pública, las adefas, los estímulos fiscales y las participaciones a estados y municipios. Esta operación aparece en el cuadro IV. 1. Las operaciones compensadas y virtuales corresponden a transacciones financieras vinculadas a operaciones crediticias. El renglón de otros incluye el pago de pensiones civiles y militares, los subsidios a transportes eléctricos y al Metro, los recursos del Programa de Emergencia en Chiapas y Tabasco.

Después de hacer todas estas deducciones al gasto público, que surge de los estados

contables, se obtiene el Gasto Sectorial Programable, que fue de 2.6 billones de pesos, superior en 17.6% al monto programado (2.2 billones) y en 45.5% al de 1981. El total, a su vez se distribuyó entre los diferentes sectores económicos, tal como se muestra en el cuadro IV. 2, donde resalta que el 58.2%, se destinó a las áreas prioritarias sobre todo a bienestar social que recibió un 27.3%, cifra sólo inferior a la del sector industrial (35.0%), que incluye a PEMEX.

El cuadro IV. 3, por su parte presenta la misma clasificación, pero vinculada a la participación de cada sector durante 1977-1982, lo que permite ubicar el desempeño del gasto sectorial en 1982 dentro del mediano plazo. En el periodo citado, la estrategia de gasto sectorial apoyó dos prioridades fundamentales: energéticos y alimentos. La primera aceleró su ritmo en relación a la estimación original, lo que absorbió recursos de otros sectores, afectó al déficit presupuestario, deterioró la balanza de pagos y obstaculizó el uso racional de los recursos. Pero a partir de 1980 y debido a que se adelantaron sus metas de producción y exportación , se procuró modular la inversión de este subsector reorientándola a otros sectores prioritarios: Comunicaciones y Transportes, Agropecuario, Pesquero y Bienestar Social. Las cifras indican que este propósito no se cumplió cabalmente. En el periodo 1977-1982 el gasto sectorizable creció a una taza promedio de 41.1%, registrando un mayor dinamismo en promoción regional, en comercio, en energéticos, en bienestar social, en comunicaciones y transportes y agropecuario.

La estrategia se frustró por la cantidad y dispersión de los proyectos de PEMEX, sus compromisos adquiridos, la falta de control efectivo en el gasto de las empresas públicas y la ausencia de mecanismos eficientes de seguimiento, evaluación y reformulación de programas. Esto dificultó la posibilidad de reorientar el gasto en la magnitud y en la dirección esperadas.

A fines de 1981, la cobertura de servicios sociales básicos, la infraestructura de comunicaciones y transportes y los resultados agrícolas, demandaban apoyo a estos sectores para superar rezagos y cuellos de botella. Al mismo tiempo, el desenvolvimiento del mercado internacional del petróleo y el creciente consumo nacional estimulado por los precios excesivamente bajos, hacían necesario la continuación de las inversiones en el sector petrolero. Esto, aunado a las dificultades financieras y a la creciente inflación, exigía adecuar la estrategia inicial mediante la desaceleración de la tasa de crecimiento del gasto real.

La necesidad de darle mayor prioridad al sector agropecuario, comunicaciones y transportes, comercio, bienestar social y promoción regional, hizo que el programa de ajuste redefiniera la política de gasto y reorientará las asignaciones. Por eso el aumento sobre el presupuesto original se registró en los sectores de bienestar social comunicaciones y transportes, comercio, promoción regional e industrial. El primero, debido al aumento de salario y a la decisión de mantener la cobertura en los servicios sociales básicos, rebasó en 19.1% a la cifra original (cuadro IV. 2); pero el sector que rebasó en mayor monto a la cifra presupuestada fue el sector industrial (228.3 mil millones), porque sus requerimientos de operación y de inversión, así como el contenido importado de sus proyectos de inversión eran necesarios para mantener las exportaciones y abastecer de insumos estratégicos a las ramas productivas.

Otro sector que se significó por la diferencia entre el gasto ejercido y el presupuestado (37.6 mil millones de pesos) fue el sector comercio, debido a la intervención directa de CONASUPO en la comercialización de trigo (que no estaba considerada en el programa original), a las mayores importaciones -por los malos resultados agrícolas del año- y a las devaluaciones.

La desviación en comunicaciones y transportes (17.4 mil millones) se debió al subsector ferroviario que requirió asignaciones adicionales para cubrir los mayores costos de operación, que representaron los aumentos en salarios y en combustibles. Los aumentos en promoción regional (9.7 mil millones) se debieron, como ya se explicó, al aumento salarial de emergencia.

Los demás sectores ejercieron un gasto similar o inferior al programado debido a los esfuerzos de resignación de recursos entre programas y proyectos. Los más afectados en este sentido fueron los Sectores de Asentamientos Humanos, Defensa y Marina y el Sector Agropecuario. Los detalles se presentan a continuación, aclarando que el examen recurre por un lado a la clasificación sectorial y por el otro a la programática. Aquélla, porque está directamente vinculada al destino sectorial del gasto y ésta, porque contiene el detalle de las metas de cada uno de los diferentes programas que integran los presupuestos de las entidades y dependencias del sector público. Por eso a veces las cifras no coinciden, ya que hay coordinadoras del sector -SAHOP, por ejemplo- que ejecutan programas de otro sector -comunicaciones, por ejemplo.

1. Sector agropecuario, forestal y pesca

Este sector está integrado por los subsectores agropecuario y forestal, por un lado, y pesca por el otro. Los objetivos básicos del primero se resumen en lograr la autosuficiencia alimentaria e incrementar las oportunidades de empleo en el medio rural. Los objetivos del segundo fueron impulsar al sector mediante obras de infraestructura pesquera básica y social, la construcción y/o rehabilitación de plantas industriales y la integración de una red de distribución que coadyuve a garantizar la disponibilidad de productos básicos.

Para lograr estos objetivos se presupuestó un gasto de 303.8 mil millones de pesos, que fue ligeramente inferior al ejercicio (300.7 mil millones de pesos).

Estos totales se dividen por entidades y dependencias en el cuadro IV. 4. Ahí se observa que la SARH obtuvo casi un tercio de esos recursos (110.8 mil millones), mientras que a la secretarías de la Reforma Agraria y de Pesca se les asignaron 8.1 y 6.6 mil millones de pesos respectivamente. Entre los Organismos y Empresas que integran este sector, las más importantes, por los montos ejercidos, fueron BANRURAL (45.9 mil millones de pesos), PROPEMEX (33.7 mil millones de pesos) e INMECAFE (16.8 mil millones de pesos). Estos recursos se canalizaron a lograr una serie de metas de producción, asistencia técnica, construcción de infraestructura, etcétera.

Sobresalen, entre ellas, las metas de producción -maíz, frijol, etcétera-, que aparecen en el cuadro IV. 5, de las cuales ninguna se alcanzo debido a las condiciones climatológicas y a que el 74% de las tierras aptas para la agricultura son de temporal, así como a la escasa productividad de los crecientes recursos presupuestales y a una disminución, en términos reales y nominales, del gasto en este sector.

1.1. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

Para profundizar más en el cumplimento de presupuesto y de las metas, por dependencias y entidades, el cuadro IV. 6 detalla la división del gasto programático de la SARH entre 53 programas, de los que sobresalen cuatro que absorben el 62.7% del total: FY - Infraestructura para el Desarrollo Agrícola. FE - Administración, FF - Coordinación para el Desarrollo Agrícola de los Distritos Agropecuarios y 3D- Captación y Conducción de Agua para Usos Múltiples (SARH). El primero es el más importante de la Secretaría, y representa el 27.9% de su presupuesto. Las metas de cada programa así como su grado de cumplimento se desglosan en el cuadro IV. 7, ahí se observa que de las 26 metas incluidas sólo nueve se cumplieron. Entre los factores que incidieron en este incumplimiento, destacan, además de los ya citados, las transferencias de recursos a otros programas y la falta de conclusión de las especificaciones técnicas de la obras.

1.1.1. Productos Forestales Mexicanos

Esta empresa ejerció un gasto de mil 108 millones de pesos, inferior en 10.9% a la cifra programada (mil 243 millones). Estos recursos se destinaron a cinco programas (cuadro IV. 8) entre los que sobresale el HC - Producción y transformación Forestal, que ocupó el 83.9% del gasto total y tuvo un subejercicio de 210.0 millones de pesos. Este programa proponía 12 metas de las que sólo alcanzó una, y en tres de ellas no se consignan avances (cuadro IV. 9) aunque se señaló que sí fueron inferior dividió a la contracción de la demanda del producto, lo que a su vez ocasionó la cancelación de turnos de trabajo en algunas fábricas y aserraderos y la paralización temporal en otras.

1.1.2. Forestal Vicente Guerrero

Los ocho programas de esta institución (cuadro IV. 10), requirieron 784 millones de pesos, 8.4% más de lo programado. El 73% de este gasto se destinó al Programa HC - Producción y Transformación Forestal. Este programa incluye cuatro subprogramas (cuadro IV. 11), con diez metas, de la cuales no se alcanzaron seis, debido a la reducción en la demanda de sus productos y a problemas de programación.

1.1.3. Instituto Mexicano del Café

Los seis programas del INMECAFE implicaron un gasto de 15 mil 688 millones de pesos, que excedió en 37.7% al presupuesto original, (cuadro IV. 12) y que en un 79.3% se destinó al programa R2 - Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales (SARH). Este programa tenía un presupuesto original de 8 mil 919 millones de pesos y terminó siendo de 12 mil 439, debido al aumento de precios y a los mayores volúmenes de compra venta del grano, ya que su meta era almacenar 2.8 millones de quintales (modificada a 2.6) y resultó ser de 2.9 (cuadro IV. 13). Esto, a su vez, se debió a la cosecha abundante, al retiro temporal de los compradores particulares, y a que las ventas fueron inferiores a las estimadas por la reducción en las cuotas de exportación y en el consumo interno.

1.2. Secretaría de la Reforma Agraria

Esta dependencia tuvo un egreso de 10 mil 828 millones de pesos, que excedió en 11.3% al gasto presupuestado y que distribuyó en 12 programas de los cuales tres absorbieron el 56% (cuadro IV. 14). El más importante de todos fue el GW_Investigación, Dictaminación y Ejecución Agraria, que representó el 21.2% del gasto total y tuvo un subejercicio de 5 mil millones de pesos. Los cuatro subprogramas que contiene, propusieron 13 metas de las que sólo cumplieron tres (cuadro IV. 15); los cinco programas más importantes de la Secretaría plantearon 41 metas y lograron 13 de ellas. Esto se debió principalmente a que la realización de trabajos técnico - informativo depende de las peticiones, que no son fácilmente predecibles, a impedimentos legales, a que no se presentan todos los requisitos establecidos por la ley, a problemas de coordinación con otras secretarías, y la novedad de algunos programas que requerían capacitación previa.

1.3. Secretaría de Pesca

El presupuesto ejercido por esta Secretaría (14 mil 357 millones, ligeramente inferior al estimado originalmente) se distribuyó en diez programas (cuadro IV. 16), de los cuales dos absorbieron el 71.2%; el HI - Fomento (53.9% del presupuesto)

y el H8 - Captura (17.3% del total). Estos dos programas propusieron 24 metas (cuadro IV. 17), de las cuales se lograron 13. El incumplimiento relacionado con los centros de consulta se bebió a la reducción presupuestal y a la falta de infraestructura, y en el programa de captura, obedeció a problemas de recopilación de datos, a la menor disponibilidad presupuestal, a necesidades no consideradas en el programa original, a la modificación de criterios evaluatorios, al incumplimiento de empresas constructoras. a la contratación tardía de obras, y al exceso de carga de trabajo.

1.3.1. Productos Pesqueros Mexicanos e Industrias Pesqueras Paraestatales del

Noroeste

Esta empresa realizó un gasto de 42 mil 768 millones de pesos que rebasó en 69.6% al presupuesto original. El total se distribuyó en siete, programas, dos de los cuales cubrieron el 92.8% del total: LK - Industrialización y R3 - Comercialización y Transporte (cuadro IV. 18). El primero tuvo un subejercicio del 15.6% y el segundo rebasó su presupuesto en 187.4%. Entre los dos buscaron 32 metas, pero sólo alcanzaron seis (cuadro IV. 19), situación que se explica por la falta de capital en trabajo, la oferta insuficiente de productos ya acreditados, deficiencia en la administración del equipo de transporte y obsolencia del mismo; la interrelación de los programas que produce efectos en cascada, es decir, si no se cumplen las metas de captura no se pueden cumplir las de industria, ni las de comercialización; la falta de uniformidad en la obtención de materia prima, que produce periodos de inactividad; la falta de integración vertical en todo el proceso, la obsolencia de los equipos productivos y la carencia de programas de reemplazo; la falta de materiales de envase y empaque, que requieren una importación del 70% de hojas de lata; problemas con la flota que careció de mantenimiento y suministro oportuno de refacciones, en su mayor parte de procedencia extranjera; carencia de técnicos especializados en operación y mantenimiento; y problemas de infraestructura portuaria.

2. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En 1982. la política de este sector perseguía una mayor integración y eficiencia de los transportes y las comunicaciones. Sus objetivos y metas prioritarias estaban orientadas fundamentalmente a la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte y aumentar la cobertura del servicio de comunicaciones.

Para cumplir con esto se le asignó un presupuesto de 207.8 mil millones ejerciendo un monto 8.3% superior; es decir, se le destinaron 225.2 mil millones (cuadro IV. 20), de los cuales 49.8 correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 35.0 subsector de Asentamientos Humanos y Obras Públicas -esto último se refiere sólo a los programas de esa Secretaría que corresponden al sector de Comunicaciones y Transportes, lo que obviamente no coincide el presupuesto de SAHOP-. Los Organismos y Empresas controlados presupuestalmente que sobresalen en este sector son : Aeroméxico, Ferronales y ASA.

2.1. Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Esta dependencia ejerció un presupuesto de 106.9 mil millones de pesos que superó en 16.4% a la cifra original (cuadro IV. 21) y que fue destinada a cubrir 39 programas de los cuales el QD - Administración de los Ferrocarriles, representó el 44.5% del total. Le siguen en importancia el PH - Puertos Comerciales, el QI - Oficinas Postales; el PI - Puertos Industriales y el OW_Red Férrea, cuyos subprogramas con sus metas aparecen en el cuadro IV. 22. Ahí se describen 176 metas y se observa que se alcanzaron 69. La diferencia se debió a los equipos que requerían los proyectos se encontraban en proceso de fabricación o en etapa de transportación, lo que origina avances mínimos; cancelación de obras por transferencia de recursos a otras de mayor prioridad; no se puede disponer oportunamente de las reparaciones necesarias; y la complejidad de los proyectos que implican reprogramación a la luz de las nuevas condiciones. Cabe aclarar que por la naturaleza de los proyectos de este sector, los efectos de la recesión, la inflación los aumentos de costos, la devaluación y las restricciones presupuestales, son especialmente severos.

2.1.1. Ferrocarriles Nacionales de México

Esta empresa realizó un presupuesto de 50.2 mil millones de pesos, cifra que excedió en 11.4% a la estimada originalmente, y que se distribuyó entre ocho programas, de los que sobresalen: QA - Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre y QB - Transporte, que absorben el 57.7% del total. Este último programa rebasó en 44% su presupuesto original (cuadro IV. 23).

Los programas citados intentaron lograr 11 metas (cuadro IV. 24), y alcanzaron cinco. La discrepancia se explica primordialmente por la devaluación, que impidió adquirir el número de locomotoras programadas; la cancelación de 40 cabuses de los 80 solicitados originalmente: la reducción de góndolas y la contracción de la demanda de transportación.

2.1.2. Aeroméxico

Esta empresa ejerció un gasto de 31.9 mil millones de pesos, cifra que rebasó en 87.3% al monto original, y que se destinó a cuatro programas de los cuales el QO - Tráfico, representó un poco más de la mitad y excedió en 64.1 su presupuesto inicial (cuadro IV. 25). Ninguna de las metas propuestas por este programa pudo alcanzarse (cuadro IV. 26) debido

principalmente a la reestructuración de rutas, la cancelación de vuelos, la disminución de la demanda de pasaje por la crisis y la elevada elasticidad de ingreso de estos servicios, la retracción en la carga de importación y la falta de dinamismo de las exportaciones. Estos efectos se compensaron parcialmente por la huelga de la Compañía Mexicana de Aviación, en el mes de noviembre.

2.1.3. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

El gasto de 26.8 mil millones de pesos de esta empresa, casi triplicó al monto presupuestado originalmente (9.3 mil millones) y se destinó a tres programas de los cuales el QL - Operación Aeroportuaria absorbió el 82.8% del total, y triplicó la suma prevista inicialmente (cuadro IV. 37). El desglose de este programa aparece en el cuadro IV. 28), donde se observa que no se cumplió ninguna de las metas programadas por razones similares a las indicadas en el caso de Aeroméxico. Además, las operaciones se habían estimado de acuerdo a la tendencia de ejercicios anteriores, pronóstico que obviamente no se realizó y las operaciones atendidas fueron muy inferiores a las previstas.

2.2. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas

Como ya se explicó, en este sector de comunicaciones y transportes se incluyen sólo los programas de SAHOP que se refiere a esa actividad. Los más importantes se presentan en el (cuadro IV. 29), que detalla sus metas. Ellos son, el OI - Carreteras Troncales y el OK - Caminos Rurales. El primero, ejercicio un gasto de 18.8 mil millones de pesos, inferior en 4.9 mil millones al monto programado y, el segundo, 7.1 mil millones de pesos, ligeramente inferior al presupuesto inicial (7.9 mil millones de pesos). Estos programas plantearon nueve metas y alcanzaron cuatro. La divergencia se justificó por las restricciones presupuestales, aumentos en los costos de lo insumos y del equipo que en parte es de importación (cuadro IV. 29).

3. SECTOR COMERCIO

El propósito fundamental de este sector consiste en promover el acceso de productos básicos a precios accesibles a la mayoría de la población; avanzar en la superación de las distorsiones del sistema de comercialización y optomitizar la participación del país en el comercio exterior, consolidando la oferta exportable y racionalizando las importaciones. Para lograr estos objetivos, se le destinaron recursos con un monto de 185.5 mil millones de pesos, cifra que rebasó en 25.4% a la previsión original (cuadro IV. 30) la mayor parte de este gasto fue realizado por CONASUPO (159.8 mil millones de pesos).

3.1. Secretaría de Comercio

Esta dependencia ejerció un presupuesto de 9.5 mil millones de pesos, que sobrepasó en 47.8% al monto aprobado, y se distribuyó entre nueve programas, de los cuales uno solo absorbió el 89.9%: el RI - Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular (cuadro IV. 3 1). Este programa rebasó en 55.9% su presupuesto original y propuso alcanzar 19 metas, de las cuales logro 11 (cuadro IV. 32). Cabe aclarara que la mayor parte de las metas fueron rebasadas y que las que no se cumplieron, estuvieron principalmente relacionadas con la importación de productos básicos. Otras razones se incluyen a continuación ya que el único programa de CONASUPO es precisamente el RI.

3.1.1. Compañía Nacional de Subsistencias Populares

Esta entidad contó con 167.4 mil millones de pesos, cifra que excedió en 62.4% al monto original (cuadro IV. 33) y que destinó a un solo programa: el RI - Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, cuyas metas corresponden a las de programa del mismo nombre, ya señalado en el caso de SECOM.

El incumplimiento de las metas de este programa se debió primordialmente a condiciones climatológicas adversas, la cosecha extraordinaria de 1981 que permitió reducir importaciones (y por lo tanto no cumplió con la meta de toneladas importadas) ; al aumento de precios de garantía, la devaluación, compras no planeadas en el caso de trigo, pero que fueron necesarias por la crisis financiera del país y por la política de abasto de bienes básicos; contracciones en la demanda originada por los aumentos de precios de productos y por la recesión económica, la necesidad de regular el mercado (hubo saturación del mercado de frijol e incertidumbre en los precios del ajonjolí). la escasez de divisas y el cierre de fronteras para evitar la fuga de capitales (control de cambios).

4. SECTOR BIENESTAR SOCIAL

La política de este sector tiene como propósito básico permitir a los mexicanos una vida digna producto de una ocupación estable y bien remunerada, así como de la disponibilidad eficiente y generalizada de salud, educación y capacitación para el trabajo. Por ello, sus recursos se destinan al abatimiento de esos rezagos y a la creación de las condiciones para que la población disfrute de los frutos del desarrollo, dando impulso a la creación de empleos. En consecuencia, este sector prioritario ejerció uno de los presupuestos más elevados 716.4 mil millones de pesos, que excedió en 19.1% a la estimación inicial (cuadro IV. 34). Poco más de la tercera parte de este presupuesto de destinó a la SEP (248.0 mil millones ) y una

cifra ligeramente inferior al IMSS (221.4 mil millones), ocupando el tercer lugar el ISSSTE (62.2 mil millones).

4.1. Secretaría de Educación Pública

Las acciones educativas desarrolladas en 1982 estuvieron orientadas por cinco objetivos programáticos: asegurar la educación básica a toda la población; vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios; elevar la calidad de la educación; mejorar la atmósfera cultural del país y promover el desarrollo del deporte y aumentar la eficiencia del sistema educativo.

El presupuesto original autorizado a la Secretaría de Educación Pública en 1982 fue de 306 mil millones de pesos y el ejercicio ascendió a 368 mil millones de pesos (cuadro IV. 35). El incremento presupuestal del 20.3% de debió fundamentalmente a los aumentos salariales que se otorgaron durante ese año.

Los programas 4x - Asegurar la Educación Básica a toda la población y el 4y - Vincular la Educación Propedéutica y Terminal con el Sistema Productivo de Bienes y Servicios, Social y Nacionalmente Necesarios, absorvieron el 51.6% y el 28.3%, respectivamente, y el 79.9% del gasto total de la Secretaría de Educación Pública, Estos dos programas requirieron 54 mil 719 millones de pesos más de lo que tenían autorizado originalmente, cantidad equivalente al 88.1% del total en que se excedió el sector educativo. Esto explica por qué estos programas requieren de una gran cantidad de personal para llevar a cabo sus acciones.

El programa 3z - Ampliar y Conservar la Infraestructura Física, fue el tercer programa en importancia desde el punto de vista del gasto, tuvo ejercicio de 25 mil 125 millones de pesos, que representó el 6.8% del gasto total del sector. Los nueve programas restantes aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, participaron en su conjunto con sólo el 13.3% del gasto de la Secretaría de Educación Pública.

La Cuenta Pública incluye 21 programas que no aparecen en el presupuesto de Egresos de la Federación; los cuales ejercieron 433 millones de pesos del presupuesto. La Secretaría de Educación Pública informó que estos programas especiales fueron presupuestados dentro de otros sectores del Gobierno y que posteriormente de decidió realizar la transferencia de los recursos al sector educativo para que éste los llevara a cabo.

En el programa 4x - Asegurar la Educación Básica a toda la Población, la mayoría de la metas se alcanzaron en una proporción aceptable (cuadro IV. 36). En educación primaria se mantuvo la atención al 100% de los niños que solicitaron el servicio, no obstante que se operaba una demanda en primaria federal de 11 millones 485 mil niños y sólo la solicitaron el 98% de los niños previstos; en castellanización a niños indígenas se cumplió con el 86% de la meta; en llevar educación preescolar a todos los niños, lo programado se logró en un 88%; en lo referente a ofrecer secundaria federal a todo el que la demande, en un 87% y en desarrollo las distintas modalidades de la secundaria técnica, en un 88%.

Las metas se rebasaron significativamente en un 372% en incorporar alumnos a grupos integrados y en un 113% en la atención a niños en albergues escolares.

El subprograma 03 - Dar a la Población Adulta la Oportunidad de Recibir la Educación Básica o Complementaria en su caso. La información presentada en la Cuenta Pública no coincide con la del Presupuesto de Egresos. Mientras que en éste se marcaba como metas: alfabetizar a un millón 400 mil personas, proporcionar educación primaria a un millón 22 mil adultos y educación secundaria a 478 mil, en la Cuenta Pública se clasifican en adultos incorporados, adultos alfabetizados y adultos capacitados.

La Secretaría de Educación Pública explicó al respecto que las diferencias entre la información presentada en el Presupuesto de Egresos y la de la Cuenta Pública, en relación a la meta de alfabetización, se debió a un error de interpretación de las metas que se proponían para el Presupuesto de Egresos. El planteamiento original era el de atender en los programas de alfabetización a un millón 400 mil personas, considerando el número de adultos que se incorporarían a la educación básica, los que se capacitarían y los que se iban a alfabetizar, y no como se indica en el Presupuesto de Egresos de alfabetizar a un millón 400 mil personas.

En la columna de metas modificadas de la Cuenta Pública se corrige dicho error, lo que permite una evaluación mejor de las acciones del subprograma, pero no anula los efectos de si incorrecta presentación. Así, las metas alcanzadas fueron las siguientes.

Se incorporaron 957 mil (118%) adultos a la educación básica; se alfabetizaron a 512 mil (88%) adultos y se capacitó a 40 mil (100%).

Con respecto a las metas de proporcionar primaria y secundaria a los adultos, sólo se lograron en un 52% y 44%, respectivamente, la Cuenta Pública menciona como causas fundamentales la fuerte reducción del presupuesto y el comportamiento de la matrícula.

En cuanto al programa 4y - Vincular la Educación Propedéutica y Terminal con el Sistema Productivo de Bienes y Servicios, Social y Nacionalmente Necesarios, las metas se cumplieron en términos generales de manera satisfactoria. Sólo en el subprograma 02 - Fomentar la Educación Media Profesional, hubo una desviación del 30%, ya que se previó atender 97 mil 320 alumnos y se atendieron únicamente a 67 mil 953. Esto se atribuyó al incremento de los costos de construcción y equipamiento que impidió la apertura de nuevos planteles que se tenían programados.

4.2. Secretaría de Salubridad y Asistencia

Esta dependencia registró un presupuesto de 45.3 mil millones de pesos que rebasó ligeramente (4.5%) al monto asignado originalmente y que destinó a la ejecución de 15 programas (cuadro IV. 37), de los cuales el YV - Atención Curativa, fue el más importante (33.9% del total), siguiéndole el YI - Administración de la Salud (21% del total), y el YU - Atención Preventiva (20.7% del total). Las metas respectivas aparecen en el cuadro IV. 38 donde se consignan 28, de las cuales se consiguieron siete.

La Cuenta Pública no explica las discrepancias, pero se informó en las reuniones sostenidas que se debieron principalmente al carácter contingente de muchas de las metas; a la reestructuración de los servicios de salud; a la dificultad para contratar personal; a problemas para el abasto de insumos, a la rehabilitación de algunos locales y a los obstáculos para la terminación y equipamiento de locales en la zona rural; a falta de constancia de los pacientes en cuanto a consultas y tratamientos subsecuentes; a que sólo se dispuso 50% del Programa Mundial de Alimentos; a problemas de transporte y distribución de los estados.

4.2.1. Instituto Mexicano del Seguro Social

Este organismo ejerció un gasto de 223.5 mil millones de pesos (35.4%) mayor al programado originalmente, de los cuales 216.4 se distribuyeron en 12 programas (96.8% del total) propios de la institución y el resto (7.1 millones) a tres programas del IMSS - COPLAMAR (Cuadro IV. 39). De todos ellos, el más importante fue el 1B - Atención Curativa (50.1% del total y un sobregasto de 61.8%), siguiendole en importancia el 1E - Prestaciones Económicas (18.7% del total y un sobregasto de 46.9%), y el ZX - Administración Central (13.2% del total y un sobreejercicio de 38.2%). Los dos primeros programas propusieron 16 metas y lograron la mitad (cuadro IV. 40) mientras que le Programa de Administración sólo presentó una meta de la que no informó el grado de avance y reportó logros en lo que no cuantificó inicialmente.

El incumplimiento se atribuyó a reasignación entre programas, cancelación y diferimiento de obras, lo que a su vez impidió satisfacer la demanda programada; la falta de estabilización en la demanda de consulta de medicinas familiar, la reestructuración de servicios auxiliares, la consolidación de servicios, la carencia de mano de obra calificada, y la falta de surtimiento de materiales y equipo.

4.2.3. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

El presupuesto ejercido por esta institución fue de 74.2 mil millones de pesos, que sobrepasó en 42.4% al monto programado y se distribuyó en 16 programas, entre los que sobresalieron: 1B - Atención Curativa (32.5% del total y 66.7% de sobregasto); IM - Protección al Salario (20.9% del total y 92% de sobregasto) e IE - Presentaciones Económicas (14.4% del total y 54.6% de sobregasto), como se ilustra en el cuadro IV. 41. Estos tres programas pretendieron concluir 13 metas (cuadro IV. 42), pero sólo alcanzaron tres y el primero de ellos no logró ninguna. Las razones que motivaron esta discrepancia fueron principalmente: los aumentos en sueldos, los mayores costos de bienes y servicios, la cantidad de derechohabientes que se registraron en el ejercicio -inferior a la estimada-, al aumento del precio de las mercancías que venden las tiendas del ISSSTE, un surtido más completo de productos en las tiendas que reduce el número de visitas de los derechohabientes, un costo superior de los subsidios -en el subprograma de subsidios y ayudas-, y la creación de reservas técnicas actuariales.

4.3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Esta dependencia registró un gasto de 8.1 mil millones de pesos, que fue inferior en 5.7% al monto presupuestado y que distribuyó en cinco programas (cuadro IV. 43), de los cuales el WT - Programa Nacional de Empleo y Organización Social para el Trabajo ocupó el 44.1% del total de los recursos, siguiéndole en importancia el WN - Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de las Autoridades e Instituciones de la Administración Integral del Trabajo (26.2% del total). el gasto de ambos programas fue inferior a la cifra presupuestada y trataron de satifacer 147 metas, pero consumaron 81 (cuadro IV. 44). La diferencia se explicó primordialmente por la necesidad de actualizar la legislación, la disminución de la partida de viáticos y pasajes, la dinámica de los programas del sector, que general apoyos a compromisos no programados; la crisis económica que implica una mayor cantidad de asesorías y atención de problemas y revisión de planteamientos, la falta de respuesta de parte del sector privado en materia de fichas ocupaciones, al decisión de que las autoridades del Comité Técnico de FOSOC se respalden con recursos.

5. SECTOR INDUSTRIAL

La estrategia de este sector se orientó a ordenar el crecimiento industrial y a reducir su dependencia del exterior, fomentando la producción de bienes básicos, insumos estratégicos y bienes de capital. Asimismo, buscaba estimular la generación de empleo. La crisis afectó seriamente el sector industrial paraestatal y se buscó que los programas para conjurarla no agravaran su deterioro, de ahí que la reducción presupuestal fuese selectiva y que a pesar de ella, ejerciera un presupuesto de 918.7 mil

millones de pesos superior en 33.1 % al monto original (cuadro IV. 45). De este total poco más de la mitad correspondió a PEMEX (500.6 mil millones de pesos, 58.2% superior al presupuestado) y le siguió en importancia a la CFE (171.6 mil millones de pesos y un sobregasto de 2.1%). También ejercieron presupuestos importantes, en monto y en desviaciones, FERTIMEX y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.

5.1. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial

Esta dependencia ejerció un gasto de 248.2 mil millones de pesos, que excedió en 58.2% a la cifra inicial (cuadro IV. 46). Estos recursos se distribuyeron entre seis programas de los cuales dos ocuparon el 95.6% del total: IO - Planeación de los Energéticos (53.7% del total y 59.2% de sobregasto), e IM - Planeación de la Industria Manufacturera (41.9% del total y 63.8% de sobregasto). Las 42 metas de estos dos programas se muestran en el cuadro IV. 47, donde consta que se completaron 37. la diferencia obedeció particularmente a la reorientación de actividades que dejó pendiente la ejecución de metas programadas, la crisis nacional e internacional, que redujo las solicitudes de inversiones extranjeras; la desviación de recursos a metas no programadas (como la encuesta sobre el uso eficiente de energía); que no se concluyó el reglamento para el otorgamiento de licencias de operadores y operadores senior de instituciones nucleares, por el estricto análisis que requiere, y el aumento del costo de los viáticos y pasajes que suspendió auditorías programadas.

5.1.1. Petróleos Mexicanos

Este organismo ejecutó un presupuesto de 489.7 mil millones de pesos, que sobrepasó en 58.1% a la suma originalmente aprobada y que distribuyó entre cuatro programas de los cuales dos obsorbieron el 60.2% (cuadro IV. 48): 01 - Producción Primaria (39.7% del total) y 03 - Comercialización (20.5% del total y 165.3% de sobregasto). Las 16 metas de estos programas se detallan en el cuadro IV. 49, detectándose el cumplimiento de cinco de ellas. Las desviaciones se fundamentan sobre todo en las causas macroeconómicas y presupuestales ya señaladas, y en factores como razones técnicas -asignar equipos de perforación a pozos de desarrollo y no a pozos inyectores ni de exploración como estaba programado, cambio que se hizo por razones conyunturales-; falta de suministro de materias primas, contracción del mercado por aumento de precios, la puesta en marcha de las compresoras de gas en la zona de Campeche, que redujeron al gas transportado, y reparación y mantenimiento de las plantas de refinación.

5.1.2 La Comisión Federal de Electricidad

Esta institución registró un gasto de 209.8 mil millones de pesos, superior en 19.2% al presupuesto aprobado, que distribuyó en nueve programas de los que sobresalen tres (cuadro IV. 50) : K7 - Generación de Energía Eléctrica de origen secundario (41.7% del total y 280.0% de sobregasto), K6 - Generación de Energía Eléctrica de origen primario (15.6% del total y 30.5% de sobregasto) y LA - Distribución de Energía Eléctrica (12.1% del total y 23.7% de sobregasto). Las once metas de estos programas aparecen en el (cuadro IV. 51), donde sobresale que sólo se complementó una de ellas y que otra -construcción de plantas carboeléctricas- se canceló. El incumplimiento se explica particularmente por la imposibilidad de importar equipo por falta de divisas; por retraso en el diseño de rutas de cable; por el atraso en el suministro de materiales; por la escasez de equipo; porque se captó menor cantidad de agua que la esperada; y porque se sobrestimó la demanda industrial de electricidad.

5.1.3. Otras empresas del sector industrial

En el cuadro IV. 52 aparecen los presupuestos y los programas de FERTIMEX, DINA, SIDENA, CONCARRIL y SICARTSA, y en los cuadros IV. 53, IV. 54, IV. 55, IV. 56 y IV. 57, el detalle de sus metas.

De las empresas citadas CONCARRIL y DINA tuvieron un subejercicio de gasto originado fundamentalmente por la contracción de la demanda de su producción mientras que las más rebasaron significativamente su presupuesto -entre 30 y 60%- por los aumentos en costos y por su carácter estratégico, que implica mantenerlas en operación para no efectuar a otros sectores estratégicos y prioritarios.

Tales impactos compensaron parcialmente la reducción de la demanda de su productos que trae consigo la crisis. A esto habría que añadir razones particulares de cada empresa tale como: paros de producción por interrupción del suministro de materia prima, falta de equipo de importación, incremento de algunos productos en perjuicios de otros, disminución de las importaciones de insumos, situaciones temporales como asolve de canales, interrelación con otras metas que al no cumplirse inciden en el incumplimiento de las siguientes; realización de ventas coyunturales, fallas en el control de calidad por parte de los proveedores; incertidumbre en los mercados y en la situación económica; contracción de las exportaciones; fallas en los pagos de clientes; cancelación de pedidos; retraso en el surtimiento de partes por el lado de los proveedores y aumentos de comisiones por ventas a los distribuidores.

6. ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1982, incluye el ramo de promoción regional

que comprende los Programas Estatales de Inversión (PEI); el Convenio Único de Coordinación (CUC); el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). El presupuesto programado y ejercido se resume en el siguiente cuadro:

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6.1. Convenios únicos de Coordinación (CUC)

En el marco de la política sectorial llevada a cabo durante el periodo 1980-1982 y a efecto de intensificar la participación de los sectores público, privado y social, los PEI fueron sujetos a revisión con el fin de adaptarlos e identificarlos con el programa de inversión de la Federación, adecuándolos al esquema de sectorización de la organización administrativa federal.

De igual forma se ampliaron los CUC mediante la incorporación de los programas federales realizados con los ejecutivos estatales. Es el caso de los programas de desarrollo estatal (PRODES) y los sectoriales concentrados (PROSEC).

A pesar de las restricciones presupuestales de 1982, los recursos asignados a los PEI se incrementaron en mil 927.7 millones de pesos en relación con el presupuesto original (20 mil millones), orientándose prioritariamente hacia la construcción de escuelas, reparación y construcción de centros de salud, construcción y mantenimiento de carreteras estatales y alimentadoras, caminos rurales, agua potable y alcantarillado.

De los 21 mil 927.7 millones asignados a este programa, se canalizaron 250 millones al programa de seguimiento global del CUC, y del resto (21 mil 677.7) se gastaron únicamente 21 mil 643.2 millones, resultando una economía de 34.5 millones de pesos, los cuales sumados a las asignaciones de los PROCEDES y de los PROSEC (mil 333.1 y 2 mil 314.3 millones de pesos respectivamente) así como a los 250 millones destinados para el seguimiento global del CUC, hacen un total de 25 mil 540.6 millones de pesos.

En otras palabras, para 1982 el gasto autorizado fue de 25 mil 581.1 millones, superior en 27.9% al presupuesto original de 20 mil y en 46.7% al ejercido en el año anterior que fue de 17 mil 436.6 millones.

De los 21 programas incluidos en los PEI, ocho se consideraron prioritarios: la ampliación y conservación de la infraestructura física, agua potable, alcantarillado, construcción y reparación de centros y casas de salud asistenciales, caminos rurales, carreteras estatales, carreteras alimentadoras y vivienda progresiva. Estos ocho programas absorbieron 17 mil 748.5 millones de pesos, 69.4% del presupuesto ejercido.

El programa de ampliación y conservación de la estructura física se proponía construir 11 mil 450 aulas escolares, realizando 6 mil 894; de 250 laboratorios programados se terminaron 123; de 586 talleres se lograron 302 y 3 mil 410 anexos se concluyeron 2 mil 003.

El programa de agua potable se proponía alcanzar una meta de 525 sistemas de agua y consumó 281. El de alcantarillado, logró 15 de las 3 metas propuestas (modificadas a 31) por el aumento de costos y porque su presupuesto se redujo en 3.2%. El programa de construcción y reparación de centros y casas de salud asistenciales, realizó el 59.0% de las metas modificadas, y el de caminos rurales el 61.8%; mientras que el de carreteras alimentadoras concluyó 91.7% de los kilómetros programados.

Debido a la prioridad del programa de carreteras estatales el Gobierno Federal le asignó recursos por 3 mil 928.1 millones de pesos (21.6% más del monto original) programando la construcción de 44 mil 573 kilómetros de carreteras, de los cuales se construyó el 93.6%.

Durante el desarrollo del programa de vivienda progresiva, hubo necesidad de modificar el presupuesto original (260.5 millones) en un 430.6%, para la ejecución de 20 mil 189 viviendas de las cuales se construyeron 9 mil 776.

Por lo tanto, aun cuando la mayor parte de los programas considerados prioritarios, tuvieron considerables incrementos en relación con sus asignaciones presupuestales originales, éstos no pudieron cumplirse cabalmente, sobre todo por problemas de tipo técnico y de incrementos en los costos de inversión, cuya previsión fue muy inferior.

6.2 Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER)

De los 17 mil millones de pesos aprobados presupuestalmente para este programa, se autorizaron 14 mil 921.2 millones, se ejercieron únicamente 13 mil 148.6 (88% de lo autorizado y 24.1% superior al monto ejercido en 1981).

Su cobertura alcanzó 139 microrregiones en operación dando atención al 56% del territorio nacional y beneficiando a mil 148 municipios con 12 millones de personas.

Sus recursos fueron distribuidos de la manera siguiente: 50.8% para el fortalecimiento de la base productiva de las comunidades rurales; 39.9% a programas y servicios de apoyo a la producción y 9.3% a programas de bienestar social.

Las acciones prioritarias fueron orientadas hacia el sector agropecuario, forestal y pesquero, destinándole el 62.3% del presupuesto, mismos que se invirtieron en la construcción de infraestructura productiva, servicios y asistencia técnica y programas de organización y capacitación campesina. Las metas propuestas en este programa se alcanzaron aceptablemente, pero se observaron algunas desviaciones principalmente por la escasez de maquinaria y equipo, dificultades de acceso a las comunidades más apartadas, obstáculos imprevistos en los proyectos y aumento de precios en los insumos. Así, el programa de infraestructura para el desarrollo agrícola incorporó y habilitó al riego, 54 y 59% de las hectáreas programadas; el de producción y transformación agrícola benefició 794 mil 615 hectáreas y 44 mil 640 productores, cumpliendo sus metas en un 94 y 74% respectivamente; el de infraestructura para el desarrollo ganadero construyó instalaciones para 47 mil 947 vientres, 481 mil 722 cabezas de ganado y 415 mil 941 aves, en beneficio de 53 mil 113 productores, lo que representa el 71, 58, 23 y 58% de las metas programadas.

El sector Comunicaciones y Transportes fue prioritario y se le asignaron mil 884.7 millones de pesos (14.3% de los recursos ejercidos). Las metas alcanzadas, en la construcción de caminos rurales fueron del 62%, y el número de beneficiado fue 53% de lo programado.

El sector Administración obtuvo el 7% de los recursos ejercidos, y entre las actividades realizadas en sus programas destacan las efectuadas por las coordinaciones estatales del PIDER, que consolidaron el manejo operativo, control y seguimiento de este programa en concordancia con la política de descentralización del Gobierno Federal.

Al sector Bienestar Social se le asignó el 5.6% de los recursos ejercidos por PIDER, mismos que fueron destinados al programa de construcción de escuelas, logrando la construcción y rehabilitación de mil 829 aulas (92% de lo programado), así como el 86% de los anexos destinados a la atención de alumnos.

El sector Industrial ejerció el 5.1% de los recursos del PIDER, con los que se logró dar servicio a 153 obras productivas, dotación de servicio eléctrico a 277 comunidades y se benefició a 153 mil 687 habitantes, lo que representa el 64, 77 y 82% de las metas programadas respectivamente.

El sector Asentamientos Humanos ejerció el 3.3% de los recursos y logró construir, ampliar y rehabilitar sistemas de agua potable cumpliendo con el 51% de las metas programadas, beneficiando a 114 mil 441 habitantes (50% de lo previsto).

Al sector Comercio le fueron autorizados 280.3 millones de pesos, (2.1% de los recursos ejercidos) para mejorar la infraestructura y equipamiento de apoyo en el abasto y comercialización de los productos agropecuarios, beneficiando al 81% del número previsto y logrando el 43% de las metas propuestas en la construcción de infraestructura de almacenamiento (bodegas).

Con el objeto de crear y mejorar instalaciones turísticas de contenido social, se asignó a este sector el 0.3% de los recursos ejercidos, lográndose habilitar instalaciones turísticas por el 75% de lo programado.

6.3 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR)

Para la coordinación de los diversos programas dirigidos a las zonas más pobres del país se asignó al sistema COPLAMAR un presupuesto de 33 mil 990.8 millones de pesos de los cuales ejerció 32 mil 097 millones (5.6% menos del presupuestado, 58.3% más que en 1981). Estos recursos se dirigieron a proporcionar a las poblaciones marginadas condiciones mínimas de bienestar en alimentación, salud, vivienda y educación. Para lograrlo se concertaron programas entre COPLAMAR y las diferentes dependencias y entidades que realizan obras en las zonas rurales, como CONASUPO, IMSS, SAHOP, SARH, STPS Y CFE.

CONASUPO - COPLAMAR. El Programa de Abasto y Servicios Integrados y de Apoyo de la Economía Campesina se propuso construir por conducto de DICONSA, 19 almacenes y equipar otros 24; construir 76 almacenes regionales y equipar 69 bases de mantenimiento y 4 mil tiendas rurales. Sólo en la construcción de almacenes regionales se cumplió la meta programada en su totalidad; los demás sufrieron un 50% de desviaciones, en promedio.

IMSS - COPLAMAR. En estos programas no fue posible concluir 11 de las 40 Clínicas - Hospital de campo programadas originalmente y, en consecuencia, el número de consultas externas proporcionadas alcanzó únicamente el 75% de las metas.

SAHOP - COPLAMAR. En carreteras alimentadoras y caminos rurales, se observan desviaciones en 30 y 33% respectivamente; el programa de mejoramiento de la vivienda se cumplió en 92% y el de agua potable cubrió sólo el 69% de lo programado.

STPS - SARH. Con una asignación de 7 mil millones de pesos, este programa proponía crear 2 mil cooperativas y 40 mil empleos permanentes. Las metas logradas rebasaron lo programado: 2 mil 032 cooperativas y 57 mil 778 empleos.

SEP - COPLAMAR. Con un presupuesto de 55.1 millones de pesos, las metas de este programa se cumplieron en su totalidad.

CFE - COPLAMAR. Este programa logró electrificar 87 almacenes de abasto, 73 pozos de agua potable y 340 poblados, resultados superiores de lo previsto.

SARH - COPLAMAR. Este programa cumplió sus metas en un 84%.

INI - COPLAMAR. Con 108.4 millones de pesos asignados, se propuso construir una unidad de producción forestal y 63 kms. de caminos, transportar productos del campo en Oaxaca, operar centro de producción bovina, formar apiarios en Yucatán, organizar cooperativas pesqueras, asesorar a comunidades, realizar obras de pequeña irrigación en el estado de Oaxaca, y fomentar el desarrollo forestal en Pátzcuaro, Michoacán. El programa fue ejecutado totalmente.

COPLAMAR - SARH - FORESTAL. (VIVEROS). Se proponía establecer tres viveros de calabacilla loca y se realizaron dos.

Con una asignación de 78.1 millones de pesos, el programa de unidades básicas de producción alimentaria (COPLAMAR) intentaría integrar 70 unidades, meta que rebasó en un 55%.

El presupuesto para el programa de solidaridad de cooperación comunitaria (COPLAMAR) se orientó al apoyo de los programas de salud preventiva y mejoramiento social de las comunidades donde se desarrolla el programa IMSS - COPLAMAR, ejerciendo el 79% de los recursos asignados.

Finalmente, conviene aclarar que en el volumen de Promoción Regional de la Cuenta Pública de 1982, a diferencia de la de 1981, no aparecen los programas y recursos del Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Al cuestionar a los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre este tema, se respondió a esta Comisión Dictaminadora, que en el transcurso de la formulación de la Cuenta Pública de 1982, la Coordinación General del SAM ya no existía y por lo tanto, no fue posible obtener la información completa y coherente que permitiera incorporar a esta estrategia intersectorial en el tomo de Promoción Regional.

V. Observaciones, conclusiones y sugerencias

Este dictamen es, en esencia, un documento que trata de entender y explicar, como fundamento de juicio, las principales discrepancias entre las metas programadas y resultados obtenidos, que a su vez están ligadas a las diferencias entre las cifras ejercidas y presupuestadas, tanto de ingresos como de egresos y déficit del Sector Público. Por ello, esta Comisión perseveró en la cuantificación del monto adicional que se debió a las manifestaciones imprevistas de la crisis económica y, también, de la magnitud del esfuerzo de restricción presupuestal, que fue parte de un paquete de medidas para conjurar los efectos de la citada crisis. Esta cuantificación se presentó para el sector público presupuestario consolidado, las dependencias y entidades que lo integran, y los principales renglones que componen la clasificación económica del gasto público.

Así se encontró que de 1 569 billones de pesos de sobreejercicio en el gasto público (50.7% superior al presupuestado), el 57.3% es decir, 899.1 mil millones de pesos se debieron a las variaciones cambiarías imprevistas; 244.1 mil millones a los incrementos salariales por encima de la estimación original y 182.8 mil millones a la mayor inflación. En otras palabras, estos tres factores explican el 84% de la discrepancia entre el gasto presupuestado y el ejercicio. Por otra parte, la reducción presupuestal del 8% significó ajustes por 135.3 mil millones.

En este sentido, el más afectado fue el Gobierno Federal, que sobrepasó su gasto en 961.2 mil millones respecto a lo presupuestado. De esta cifra, el 72.3% (694.5 mil millones de pesos) se explica por las modificaciones en el tipo de cambio y 145.5 mil millones (15.1%) por los aumentos salariales. Es decir, estos dos impactos representan el 87.4% de la discrepancia observada.

También se cuantifican las diferencias entre ingresos presupuestados y ejercidos, así como en el déficit y el endeudamiento resultantes, distinguiendo los impactos originados por las variaciones en el tipo de cambio, que automáticamente multiplican los registros en pesos de todo lo que esté denominado en moneda extranjera. Sobresale en este sentido el hecho de que los estados contables registraron una contratación de deuda externa superior en 24% al monto sancionado por el Congreso, siendo que los 11 mil millones de dólares aprobados apenas se obtuvo un poco más de la mitad (5 900 millones de dólares).

En la raíz de todas estas modificaciones está el hecho insoslayable de que la ejecución del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación, se realizó en un ambiente de crisis que dislocó y rebasó las previsiones iniciales.

El desenvolvimiento de la economía nacional e internacional fue radicalmente distinto a lo previsto originalmente. No sólo fallaron los pronósticos de las dependencias y entidades del sector público encargadas de integrar y presentar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 1982, sino los de todos los sectores de la economía, tanto público como privado y social; y no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.

En las condiciones que vive el mundo actual, caracterizado por incertidumbre, el temor, las guerras comerciales, las fluctuaciones cambiarías y los comportamientos erráticos de los mercados financieros, resulta sumamente difícil hacer pronósticos y, si a esto se agregan los desequilibrios estructurales de nuestra economía, el debilitamiento de los instrumentos de política económica para enfrentar situaciones adversas, y las prácticas especulativas de quienes anteponen el interés particular al de la Nación, da como resultado el aceleramiento de una crisis que adquirió proporciones dramáticas.

En el ámbito interno, desde el primer mes de 1982, las presiones especulativas, empezaron a socavar la posibilidad de cumplimiento de las condiciones previstas originalmente, situación que se ratificó el 17 de febrero de ese año

cuando el Banco de México se vio obligado a retirarse del mercado cambiario. Al no cumplirse la previsión del tipo de cambio, tampoco pudo cumplirse el pronóstico de inflación, ni el de aumentos de salarios, tasas de interés y precios de materiales y equipos.

El cambio drástico de los supuestos originales necesariamente tuvo que implicar modificaciones en el presupuesto -en el marco de un conjunto de medidas más amplio- para tratar de compensar, aunque fuera en parte, el desenvolvimiento indeseable de la situación económica. Por ello, se hicieron esfuerzos para contraer el presupuesto, primero en 3% y después en 8%, con respecto a las cifras originales; y aunque se logró parcialmente esta meta, la dinámica de los otros determinantes del crecimiento del presupuesto fue muy superior. De ahí el empeño de esta Comisión Dictaminadora por determinar el impacto de las principales manifestaciones de la crisis económica y de la reducción presupuestal en los renglones sobresalientes del presupuesto.

La explicación -que es sustento de un juicio y no manifestación del mismo- no es encubrimiento o ausencia de crítica. Explicar las diferencias entre las previsiones y las cifras realizadas no quiere decir renunciar a la penetración en las causas que originaron estas discrepancias, ni tampoco neutralidad o aval de las políticas emprendidas, ni mucho menos negar avances. Se señalan adelantos y las causas de su freno como un primer paso para afianzar aciertos, evitar la recurrencia de las crisis y derribar escollos que frenan el constante mejoramiento económico, político y social de la Nación. Estos señalamientos son también un ingrediente básico para vigilar y coadyuvar a que las políticas del Estado tengan un sustento firme que asegure el cumplimiento de los propósitos nacionales.

México se ha desarrollado consolidando su libertad y su estabilidad social y se ha transformado en todos los órdenes, pasando de ser una economía rural, semifeudal y atrasada a ser un país de desarrollo intermedio, que figura entre los primeros 15 países del mundo, el potencial de sus recursos naturales y humanos ha crecido en cantidad y calidad, así como su infraestructura de producción, de comunicaciones, de transportes y de tecnología; se ha registrado una industrialización acelerada que ha modificado el tamaño, la composición y la localización de la población, de la actividad económica y de la estructura productiva; el monto y el ritmo de las inversiones en el sector industrial han incrementado la capacidad instalada en ramas básicas y estratégicas para el desarrollo nacional; se ha convertido en una potencia petrolera, fuente importante, pero no única, de recursos para apuntalar las tareas del desarrollo; se han desarrollado las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales; el mercado interno ha crecido considerablemente y las perspectivas de ampliación son promisorias, lo que permitirá el desarrollo de un aparato productivo de mayor tamaño y diversificación; su población de 75 millones de personas representa una fuente extraodinaria de fortaleza y energía que cuenta con una creciente cantidad de profesionistas, técnicos, investigadores y obreros especializados.

Por otra parte, México ha logrado consolidar un sistema político estable, capaz de renovarse con el transcurso del tiempo y con una firme voluntad de perfeccionamiento, fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana.

Los sectores social y privado han mejorado sus formas de organización constituyendo un sustento firme para la vigorización constante de la sociedad civil. Se ha elevado la capacidad y la experiencia de la administración pública y se han vitalizado sus instituciones para cumplir con las tareas que les son propias.

No obstante, también se reconoce que el progreso no ha sido generalizado ni ha tenido el dinamismo suficiente para resolver añejos rezagos sociales, ni otros recientes surgidos del proceso mismo de crecimiento económico, que no ha podido transformarse cabalmente en desarrollo social.

Si todo el potencial de desarrollo no se ha podido explotar a plenitud para cristalizar nuestro proyecto nacional, es porque no se han podido corregir las deficiencias estructurales de la economía, entre las que sobresalen: el desequilibrio del aparato productivo y distributivo, la insuficiencia del ahorro interno, la escasez de divisas, y las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza entre personas, factores, sectores y regiones.

Por eso, esta Comisión manifiesta su apoyo y su decisión de vigilar el cumplimiento de la vertiente de cambio estructural que se inserta en la nueva estrategia de desarrollo socioeconómico y que busca iniciar transformaciones de fondo en la estructura económica y en la participación social, para superar las insuficiencias y los desequilibrios fundamentales del desarrollo y proyectar al país sobre bases más firmes hacia una sociedad igualitaria. Este respaldo obedece, además, al reconocimiento de que la crisis económica que vive el país -la más severa en los últimos 50 años-, no es un problema meramente coyuntural, como lo prueban su recurrencia y mayor intensidad, que confirman la existencia y persistencia de problemas estructurales.

Esta combinación de coyuntura y estructura trajo consigo, en 1982, un deterioro económico de dimensiones extraordinarias: duplicación de la tasa de desempleo, producción estancada o en franco proceso de descenso, inflación del orden del 100% y en riesgo de aceleramiento, desintermediación financiera que impedía captar ahorros para financiar la inversión, pérdida de soberanía monetaria y una devaluación del peso 5.5 veces con respecto a la cotización de diciembre de 1981, virtual suspensión de pagos, carga agobiante de la deuda sobre los recursos presupuestales, gasto público sin adecuado sustento financiero y con muestras de

rigidez, ineficiencia, indisciplina en su ejercicio y deficiente programación efectiva; subsidios fuera de proporción y sin que beneficiaran a los grupos de menores ingresos, asunciones de subsidios cambiarios del Gobierno Federal a las empresas industriales y comerciales y a los usuarios del crédito del sistema bancario, recaudación fiscal debilitada, empresas públicas con déficit crónicos y balances financieros en situación de quiebra, ingresos no petroleros rezagados, déficit presupuestario sin precedente y financiado con recursos inflacionarios, exportaciones no petroleras en descenso y dificultad creciente para captar divisas y caída de la productividad general de la economía, entre otros.

Por otra parte, si bien esta crisis tiene causas externas, la rapidez con que se deterioró la situación económica puso de manifiesto, tanto la concurrencia de desequilibrios profundos de la economía nacional, como la desarticulación, debilitamiento, inoperancia e insuficiencia de los instrumentos de política económica. Así, se observa en 1982 una desvinculación entre objetivos e instrumentos de política, la asignación de varias metas a un solo dispositivo; la instrumentación de medidas que resultaron inoportunas, o insuficientes, o irrelevantes, o que provocaron efectos distintos o contrarios al deseado.

Además, la rápida expansión de los recursos del petróleo y del crédito externo restó flexibilidad a la política económica, al permitir que se postergaran los ajustes y las adecuaciones requeridas por la dinámica de los últimos años.

Este reconocimiento de desaciertos de la política económica, permite identificar las rectificaciones necesarias y se constituye, por ello, en oportunidad para transformar, renovar, reorientar e impulsar la política de desarrollo por un camino que consolide y fortalezca los avances ya logrados, evite distorsiones y remueva los obstáculos que frenan nuestro proyecto nacional.

Esta autocrítica conlleva la firme intención de detectar las causas del mal funcionamiento de los instrumentos de política del Estado para corregirlas y, en consecuencia, vigorizarlos a fin de que puedan cumplir cabalmente con el propósito que los inspira. Por todo ello, esta H. Cámara se pronuncia porque el Estado, para ser un auténtico y efectivo conductor del desarrollo nacional, fortifique y agilice todos sus instrumentos, y que en su utilización asegure su congruencia interna y los vincule indubitablemente con los objetivos de su proyecto político.

Así, el señalar las circunstancias y errores ocurridos en una coyuntura crítica, no debe llevar al descrédito de toda una etapa de construcción nacional, de todos los esfuerzos que han significado para las generaciones precedentes. Menos aún puede inferirse el fracaso del proyecto nacional o del sistema que lo mantiene vigente. Por el contrario, el ejercicio de la autocrítica, es una muestra evidente del vigor del sistema, de la voluntad renovadora y de la capacidad del régimen revolucionario para avanzar por la senda que marcan los intereses superiores de la Nación.

También como resultado de este ejercicio de autocrítica, la H. Cámara de Diputados considera fundamental la lucha por la solución radical de las causas y de las manifestaciones de la crisis, que laceran el bienestar de los compatriotas de menores ingresos, irritan y lastiman la conciencia nacional y corroen las bases de nuestra supervivencia como país independiente, libre, democrático y justo. Por eso nos solidarizamos con las dos vertientes de la estrategia económica y social que hará posible acceder a los cuatro objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y que se orienta a combatir no sólo las manifestaciones, sino también las raíces de la crisis para conjurar su recurrencia.

Todo ello significa, desde ahora, el compromiso de mantenernos actuantes y vigilantes para participar y procurar que se cumplan los propósitos de la segunda etapa del Programa Inmediato de Reordenación Económica, que enfrenta los problemas de la situación actual mediante tres orientaciones básicas: proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico; combatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, y recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes.

En este contexto la Cámara de Diputados se pronuncia porque: el gasto público sea manejado con mayor racionalidad, mantenga coherencia con su financiamiento y reafirme su uso como instrumento privilegiado para transformar el crecimiento económico en desarrollo social; se acelere el proceso de reforma fiscal que evite la evasión, considere la globalización y mejore su equidad dando tratamiento preferencial a los grupos de menores ingresos; se fortalezca el papel estratégico de la empresa pública; la reestructuración del sistema financiero nacional erradique las prácticas especulativas y fomente la generación del ahorro y la canalización de recursos hacia las tareas prioritarias del desarrollo social y económico; la política comercial contribuya a reorientar los recursos y a reordenar el aparato productivo para que sea cada vez más integrado y menos dependiente del exterior; la política cambiaria se oriente a un manejo patriótico de las divisas, canalizándolas y asignándolas a las prioridades nacionales y no a las prácticas especulativas; el apoyo a la planta productiva permita mantener el empleo y la oferta de productos básicos, sin incurrir en subsidios a empresas no viables e ineficientes; la política de subsidios continúe siendo revisada para que éstos lleguen a las clases más desprotegidas, evitando los beneficios a las estructuras oligo o monopólicas; que el endeudamiento externo sea usado como recurso complementario, basando el financiamiento del desarrollo, cada vez más, en recursos internos y, que se prosiga en la lucha simultánea para resolver los problemas estructurales que subyacen en la crisis.

Cabe reconocer que si bien la Cuenta Pública de 1982 logra avances notables, ya reseñados en la primera parte de este documento,

e incorpora las observaciones hechas anteriormente por la H. Cámara de Diputados, el margen para el perfeccionamiento es aún amplio. Por ello sugerimos:

- Simplificar y clarificar la información de la Cuenta Pública uniformando la nomenclatura y evitando diferentes nombres para un mismo concepto o viceversa; eliminar el uso de real como sinónimo de ejercido ya que el primer término quiere decir ajustado por inflación y no se utiliza en ese sentido; abandonar conceptos como controlados, que crean confusión, usando en su lugar términos más precisos como incluidos o no incluidos en el presupuesto; especificar la procedencia del dato en el título de los cuadros (por ejemplo) si es conciliado o de estados contables); explicar el cambio de cifras de una Cuenta a la siguiente y el tipo de ajuste que se realizó; y manejar cifras uniformes, tanto en su prestación como en los criterios utilizados.

- Eliminar información duplicada, sin sacrificar el contenido para efectos de fiscalización y análisis; reorganizar la información y el contenido de los tomos Sectoriales; incluir un capítulo introductorio en donde se detallen y se aclaren las conciliaciones a las cifras contables e introducir un capítulo global en el tomo de Resultados Generales donde se muestren los principales resultados de las variables de finanzas públicas y su impacto en la economía con mayor detalle del que actualmente contiene el capítulo de Panorama Económico, y detallar, aún más, los programas prioritarios.

- Continuar adecuando la presentación de la Cuenta Pública al Presupuesto de Egresos para otorgarles mayor congruencia en la presentación.

- Continuar mejorando y enriqueciendo la información sobre la Deuda Pública, en particular los términos de contratación y su estructura a plazos.

- Sistematizar en el mediano plazo la aplicación de criterios para la presión de los estados financieros de los organismos y empresas incluídos en el Presupuesto para actualizarlos a las condiciones presentes de la economía y realizar un seguimiento permanente de su avance.

- Incluir en el tomo de Resultados Generales el análisis sobre los estados financieros de los Organismos y Empresas.

Procurar que el Registro Único de Transferencias sea remitido a la Cámara de Diputados a más tardar a principios de noviembre de cada año.

- Profundizar en el análisis de las causas de las discrepancias en el ejercicio del gasto y en las metas de los programas prioritarios.

Afinar los instrumentos de seguimiento para la realización de inversiones referidos no sólo al aspecto financiero o de recursos, sino a la programación, ejecución, control y evaluación de la Obra Pública.

- Realizar acciones tendentes a la instrumentación de un registro sistemático de la información de los fideicomisos del Gobierno Federal, similar al Registro Único de Transferencias (RUT).

- Modernizar en las diversas entidades o dependencias del Sector Público, los mecanismos de organización, administración, operación, control y evaluación, tendientes a racionalizar la ejecución del Gasto Público, dentro de un marco y objetivos de mayor productividad y eficiencia tanto institucional como sectorial.

- Recabar oportunamente de las entidades los documentos e informes que requieren las secretarías globalizadoras y coordinadoras en relación al ejercicio de sus presupuestos y los avances en la consecución de las metas y sus programas.

- Preparar en sistemas computarizados la información analítica de la Cuenta Pública para que en el futuro, por esta vía, también se le entregue a la H. Cámara de Diputados.

- Separar la información de los Poderes Legislativo y Judicial y presentarla en tomos independientes.

- Fortalecer las acciones tendentes a lograr que se guarden y conserven adecuadamente los documentos comprobatorios de los ingresos y gastos públicos.

- Realizar por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto una mayor supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las normas de contabilidad presupuestal de las dependencias y entidades del sector público.

- Incluir en el tomo de Resultados Generales el análisis de la instrumentación, aplicación y cumplimiento de la normatividad presupuestal derivada del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Continuar mejorando los mecanismos de información sobre importaciones y uso de divisas del Sector Público, presentando el análisis correspondiente.

- Especificar las modificaciones al presupuesto aprobado que autorice el Ejecutivo Federal en el transcurso del ejercicio, explicando su razonabilidad y el sustento jurídico de las mismas, en los términos del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Presentar en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública la información relativa a los programas con igual nivel de desagregación, utilizando unidades de medidas representativas de las actividades, permitiendo así asociar las metas y los recursos de los diversos subprogramas y proyectos que los integran.

- Presentar la información relativa a las metas en unidades de medida homogéneas y representativas en todos los casos claramente referida al objetivo correspondiente, y asociarla invariablemente al gasto requerido por las actividades a desarrollar.

- Proporcionar una explicación cuando los cambios en la asignación de recursos por programas sean de una magnitud importante respecto a lo previsto, no sólo de las variaciones resultantes en el gasto, sino que se sustente también en función de la estrategia prevista y de los resultados esperados.

- Evitar cambios en la denominación de actividades y unidades de medida de los subprogramas, dentro del ejercicio presupuestal anual.

En cuanto al aspecto sectorial se recomienda:

- Reforzar los Sistemas del Sector Agropecuario Forestal y Pesquero vinculados con la programación anual para incluir los recursos hidráulicos en los planteamientos del Sector, a fin de sustentar la presentación de los programas relacionados con este subsector.

- Ampliar la cobertura del sistema de programación del Sector Industrial, para estar en posibilidad de integrar un conjunto de programas que sean representativos de la actividad sectorial.

- Presentar los recursos asociados a metas específicas para poder evaluar los logros o modificaciones del Programa Producción Primaria de PEMEX.

- Dividir el Programa de Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular en varios programas (mayor apertura programática) para facilitar la evaluación del uso de sus recursos en el logro de metas específicas por actividades.

- Mejorar la información que proporciona el Sector Comunicaciones y Transportes en relación con las desviaciones en metas y recursos, correspondiente a los niveles de subprogramas y proyectos.

- Evitar que en el Sector Educación se ejerzan recursos en programas no incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Revisar y mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional en el Sector Salud y Seguridad Social.

En cuanto a la información sobre estrategias intersectoriales sugerimos que, en vista de que los tres programas de promoción regional (CUD, PIDER y COPLAMAR) tiene objetivos semejantes y ámbitos de acción similares, deben consolidarse en un programa integral de apoyo regional que contribuya a la descentralización de la vida nacional.

Asimismo, esta Comisión instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda a través de su Comisión de Vigilancia para que:

- Determine las irregularidades habidas y proceda a promover su corrección y la sanción que de acuerdo con las leyes corresponda.

- Profundice en el examen de las entidades y dependencias cuyo comportamiento financiero amerite un examen de mayor cobertura, así como un seguimiento estrecho sobre el rumbo que tomen sus finanzas.

- Ejercer las acciones que le corresponden en materia de responsabilidades y de seguimiento a las recomendaciones que formule la Cámara de Diputados y realice, dentro de la esfera de su competencia, los seguimientos a las mismas hasta su consecución, para que se dé cuenta a esta Representación Popular de los resultados obtenidos de su participación.

- Realice un mayor número de revisiones, inspecciones y auditorías y se vigorice su coordinación con los mecanismos de auditoría y control del Poder Ejecutivo.

- Acentúe la vigilancia sobre la corrección de las cifras de las contabilidades y la necesidad de que éstas se lleven al día y se realicen acciones sistemáticas para que la contabilidad patrimonial se ligue y engrane con la presupuestal.

Las observaciones anteriores acreditan la necesidad de que el Ejecutivo Federal instrumente el Sistema Nacional de Control, Fiscalización y Evaluación. Por su parte la Cámara de Diputados fortalecerá a la Contaduría Mayor de Hacienda con mayores recursos a fin de reforzar el desarrollo de sus actividades.

Para contribuir a este objetivo, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y la Dictaminadora analizarán cuidadosamente la Ley Vigente que rige a este Órgano Técnico a fin de proponer oportunamente las reformas y adiciones que le permitan cumplir de manera más expedita y eficiente las labores de fiscalización, vigilancia y control que tiene encomendadas.

La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo anterior y en atención a los datos y comentarios generales a que se refiere el Informe Previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en los artículos 70 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13, y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 25 y 45 a 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 2o., 11 y 20 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1982; 6o., 7o., 9o., y 13 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1982; y demás relativos de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1982

Artículo 1o. Se presentó para su revisión la Cuanta de la Hacienda Pública Federal correspondiente

al Ejercicio Presupuestal de 1982, en el tiempo y la forma que establece la Legislación aplicable, con la información financiera, presupuestal, programática y económica en la que se muestran los resultados de las acciones de las dependencias y entidades comprendidas en dicho presupuesto.

Artículo 2o. Se revisó la documentación recibida en ejercicio de las atribuciones constitucionales de fiscalización de la gestión pública, complementando el análisis con la información rendida por la Contaduría Mayor de Hacienda de conformidad con las facultades y obligaciones que determina su Ley Orgánica.

Artículo 3o. Se conocieron los resultados de la gestión financiera analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público Presupuestario consolidado e individualmente por cuanto hace a dependencias y entidades.

Artículo 4o. Se hizo la comprobación de que el ejercicio presupuestal de dependencias y entidades de control presupuestario directo, se ajustara a los criterios legales aplicables.

Artículo 5o. Se evaluó el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas sectoriales y estrategias intersectoriales previstos en el presupuesto.

Artículo 6o. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de los artículo 11 y 13 de su Ley Orgánica, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que proponga a la Secretaría de Programación y Presupuesto las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas; así como para que dicte las medidas correctivas procedentes, para lo cual se recomienda:

- Sistematizar en el mediano plazo la aplicación de criterios para la reexpresión de los estados financieros de los organismo y empresa incluidos en el Presupuesto para actualizarlos a las condiciones presentes de la economía, y realizar una seguimiento permanente de su avance, incluyendo en el tomo de Resultados Generales el análisis sobre dichos estados financieros.

- Continuar mejorando y enriqueciendo la información sobre la deuda pública, en particular los términos de contratación y su estructura a plazos.

- Afinar los instrumentos de seguimiento para la realización de inversiones referidos no sólo al aspecto financiero o de recursos, sino a la programación, ejecución, control y evaluación de la obra pública.

- Realizar acciones tendentes a la instrumentación de un registro sistemático de la información de los fideicomisos del Gobierno Federal, similar al Registro Único de Transferencias (RUT).

- Realizar por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto una mayor supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las normas de contabilidad presupuestal de las dependencias y entidades del Sector Público.

- La Secretaría de Programación y presupuesto deberá incluir en la próxima Cuenta Pública un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias de la Cámara de Diputados.

Artículo 7o. La Contaduría Mayor de Hacienda en la forma prevista en la fracción XIII del artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos de análisis e interpretación de la Cuenta Pública para la elaboración del Informe Previo y el calendario a que está sujeto; así como las necesarias para reforzar e incrementar la cobertura y alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias; para formular los pliegos de observaciones y promover el financiamiento de responsabilidades, y las que le permitan el seguimiento de las acciones que ejercite.

Artículo 8o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por Conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1982 y, su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Artículo 9o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiere lugar, instruyéndola para que dentro del término de la ley rinda el informe de Resultados correspondientes.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 3 de diciembre de 1983.

Los diputados miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública.

Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa."

CUADRO I

EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

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CUADRO 2

EXPLICACIÓN DE LA DISCREPANCIA ENTRE EL GASTO PUBLICO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTADO

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CUADRO 3

GASTO PROGRAMABLE

(Millones de pesos.)

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CUADRO 4

CONSOLIDADO DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

1982

(Millones de Pesos)

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CUADRO 5

CONCILIACIÓN EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Miles de Millones de pesos )

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CUADRO 6

EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, SEGÚN ESTADOS CONTABLES.

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CUADRO 7

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a

1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a

1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a 1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a 1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a 1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a 1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a 1982

( Pesos )

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL DE 1977 a 1982

( Pesos )

CUADRO 8

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

(Participación Porcentual)

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CUADRO 9

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Millones de Pesos )

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CUADRO 9-A

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de Pesos)

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CUADRO 10

CONCILIACIÓN INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Miles de millones de Pesos)

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CUADRO 10 - A

EGRESOS E INGRESOS CONSOLIDADO

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 11

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

(Millones de Pesos)

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CUADRO 12

AHORRO CORRIENTE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 13

DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 14

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

(Miles de Millones de Pesos)

Cifras Brutas

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CUADRO 15

ENDEUDAMIENTO NETO MONETARIO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

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CUADRO 16

ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 17

Análisis de la Variación del Saldo de la Deuda del Sector Público Presupuestario

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 18

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 19

DEUDA CONSOLIDADA POR SU ORIGEN

SALDOS

(Millones de Pesos)

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CUADRO 20

DEUDA DEL SECTOR PRESUPUESTARIO POR INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA

SALDOS 1/

( Miles de millones de pesos )

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CUADRO 21

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO POR TIPO DE MONEDA 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 22

COMPATIBILIZACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA

( Millones de Pesos )

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CUADRO 23

SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1/

Amortización, Intereses, Comisiones y Gastos

(Miles de Millones)

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CUADRO 24

GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 25

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL

EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

1 9 8 2

( Millones de Pesos )

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CUADRO 25-A

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CUADRO 25' B GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 25'- C

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 26

CONCILIACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS 1982

( Millones de Pesos )

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CUADRO 27

SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS

( Millones de Pesos )

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CUADRO 27-A

( Millones de Pesos )

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CUADRO 28

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADAS PRESUPUESTALMENTE 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 28 - A

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 29

ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

1 9 8 2

(Millones De Pesos)

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CUADRO 29 - A

(Millones de Pesos)

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CUADRO 30

GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 30 - A

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 31

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

(Participación Porcentual)

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CUADRO 32

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

(Millones de Pesos)

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CUADRO 33

INGRESOS TRIBUTARIOS

(MILLONES DE PESOS)

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CUADRO 34

Ingresos Tributarios

(Participación Porcentual)

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CUADRO 35

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO FEDERAL 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 36

SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL

(Millones de Pesos)

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CUADRO 36-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 37

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

( Miles de millones de pesos)

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CUADRO 38

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

1982

( Millones de Pesos )

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CUADRO 39

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

1982

( Millones de pesos )

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CUADRO 39-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 40

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

( Millones de pesos )

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CUADRO 40-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 41

EGRESOS CORRIENTES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO 41-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 42

EGRESOS DE CAPITAL DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO 42-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 43

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

( Millones de Pesos )

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CUADRO 44

INGRESOS ORDINARIOS PRINCIPALES ENTIDADES

(Millones de Pesos )

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CUADRO 45

INGRESOS CORRIENTES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO 45-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 46

INGRESOS DE CAPITAL DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO 46-A

( Millones de pesos )

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CUADRO 47

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

(Millones de pesos )

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CUADRO 48

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO POR ENTIDAD

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 49

SERVICIO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR SU ORIGEN

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 1

CONCILIACIÓN DEL GASTO SECTORIZABLE 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 2

GASTO SECTORIZABLE 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 3

GASTO SECTORIAL

( Participación Porcentual )

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CUADRO IV. 4

SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 1 - /

(Millones de pesos)

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cont...

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CUADRO IV. 5

PRINCIPALES METAS DE RESULTADOS DEL SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO, 1981 Y 1982

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CUADRO IV. 6

PROGRAMAS DE S A R H 1/

(Millones de Pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 7

SECTOR SARH

Programas FY, FF y 3D

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cont...

SECTOR SARH

Programas FY, FF Y 3D

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cont...

SECTOR SARH

Programas FY, FF Y 3D

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CUADRO IV. 8

PROGRAMA DE PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS 1/

(Millones de Pesos)

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CUADRO IV. 9

PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS

Programa: HC

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CUADRO IV. 10

PROGRAMAS DE FOVIGRO 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 11

FOVIGRO

Programas HC

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CUADRO IV. 12

PROGRAMAS DE INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 13

INMECAFE

Programas R2 y FW

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CUADRO IV. 14

PROGRAMAS DE S. R. A. 1/

( Millones de pesos )

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cont...

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CUADRO IV. 15

SECTOR SRA

Programas GW, FE, GY, GT, GZ

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SECTOR SRA

Programas: GW, FE, GY, GT, GZ

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SECTOR SRA

Programas: GW, FE, GY, GT, GZ

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SECTOR SRA

Programas: GW, FE, GY, GT, GZ

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CUADRO IV. 16

PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE PESCA 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 17

SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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CUADRO IV. 18

PROGRAMAS DE PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS, S. A.. DE C. V. E INDUSTRIAS PESQUERAS PARAESTATALES DEL NOROESTE. 1/

(Millones de Pesos)

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CUADRO IV. 19

PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS S.A. DE C.V.

Programas: R3, LK y H8

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PRODUCTORES PESQUEROS MEXICANOS

Programas: R3, LK y H8

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PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS

Programas: R3, LK, y H8

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CUADRO IV. 20

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1/

( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 21

P R O G R A M A S D E S. C. T. 1/

( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 22

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programa PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, QI, PI, OW.

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CUADRO IV. 23

FERROCARRILES NAL. DE MÉXICO Y FF.CC. UNIDOS DEL SURESTE, S.A. DE C. V. 1

( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 24

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y FERROCARRILES UNIDOS DEL SURESTE. S.A. DE C. V.

Programas QA, QB

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FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y FERROCARRILES UNIDOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.

Programas QA y QB

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CUADRO IV. 25

PROGRAMA DE AEROMÉXICO, S. A. 1/

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CUADRO IV. 26

AEROMÉXICO, S.A.

Programa QO

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CUADRO IV. 27

PROGRAMAS DE A. S. A. 1

( Millones de pesos)

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CUADRO IV. 28

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.

Programa: QL.

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CUADRO IV. 29

PROGRAMAS DE SCT DESARROLLADOS POR SAHOP

Programas : OI, OK, IU

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PROGRAMAS DE SCT DESARROLLADOS POR SHAOP

Programas: OI, OK, IU

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CUADRO IV. 30

SECTOR COMERCIO 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 31

PROGRAMAS DE LA S E C O M 1/

( Millones de Pesos )

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(Millones de Pesos)

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CUADRO IV. 32

SECTOR SECOM

Programa Rl

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SECTOR SECOM

Programa: Rl

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CONASUPO

Programa Rl

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CUADRO IV. 33

PROGRAMA DE CONASUPO

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 34

SECTOR BIENESTAR SOCIAL 1

(Millones de pesos)

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(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 35

PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 1/

(Millones de pesos)

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(Millones de pesos)

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(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 36

SECTOR SEP

Programas: 4X, 4Y.

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SECTOR SEP

Programas: 4X, 4Y

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SECTOR SEP

Programas: 4X, 4Y

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SECTOR SEP

Programas: 4X, 4Y

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SECTOR SEP

Programas: 4X, 4Y

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SECTOR SEP

Programas: 4X, 4Y

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CUADRO IV. 37

PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 1/

( Millones de Pesos )

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( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 38

SECTOR S. S. A.

Programas: YV, YI, YU.

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SECTOR S. S. A.

Programas YV, YI, YU.

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SECTOR S.S.A.

Programas: YV, YI, YU.

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SECTOR S.S.A.

Programas: YV, YI, YU.

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SECTOR S.S.A

Programas: YV, YI, YU.

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CUADRO IV.39

PROGRAMAS I M S S ; I M S S - COPLAMAR 1/

( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 40

IMSS

Programas: 1B, 1E Y ZX

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IMSS

Programas: 1B, 1E, Y ZX

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IMSS

Programas: 1B, 1E y ZX

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CUADRO IV. 41

PROGRAMAS DEL I S S S T E 1/

( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 42

I.S.S.S.T.E.

Programas: 1B, 1M, 1E, y 1P

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I.S.S.S.T.E.

Programas: 1B, 1M, 1E, y 1P

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CUADRO IV. 43

PROGRAMAS DE S. T. P. S. 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 44

SECTOR ST Y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT.

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SECTOR ST Y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST Y PS

Programa WN y WT

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SECTOR ST Y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST Y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST Y PS

Programas WN Y WT

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SECTOR ST Y PS

Programa WN Y WT

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SECTOR ST Y PS

Programas WN Y WT

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SECTOR ST Y PS

Programas WN Y WT

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SECTOR ST Y PS

Programas WN Y WT

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CUADRO IV. 45

S E C T O R I N D U S T R I A L

(Millones de Pesos)

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(Millones de Pesos)

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CUADRO IV. 46

PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 1/

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 47

SECTOR SEPAFIN

Programas: IO, IM

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SECTOR SEPEFIN

Programas: IO, IM

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CUADRO IV. 48

PROGRAMAS DE PEMEX 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 49

PEMEX

Programas: 01 y 03

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PEMEX

Programas: 01 y 03

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CUADRO IV. 50

PROGRAMAS DE C.F.E. 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 51

CFE

Programas K7, K6, LA

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CUADRO IV. 52

PROGRAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

( Millones de Pesos )

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( Millones de pesos )

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( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 53

FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A. Programa MD

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FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A. Programa MD

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CUADRO IV. 54

DIESEL, S.A.

Programa M9, NA

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CUADRO IV. 55

SIDERURGIA NACIONAL, S.A.

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CUADRO IV. 56

CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL, S.A.

Programa M8

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CUADRO IV. 57

SICARTSA

Programa MV

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Los diputados miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, En contra, Juan José Hinojosa; Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, En Contra; Eugenio Adrián mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, José Esteban Núñez Perea; En Contra, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo; En Contra, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa."

La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Trámite: - Queda de primera lectura.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL D. F.

"Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.

Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondientes al Ejercicio Fiscal de 1982.

Honorable Asamblea:

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 74, fracción IV, como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras, el examen, la discusión y la aprobación anual del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a su ejercicio. El Ejecutivo Federal, en su carácter de órgano al que la Constitución General encomienda el gobierno del Distrito Federal, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 7 de junio de 1983, la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982, cumpliendo así con lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV de la Constitución; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La Comisión Permanente turnó la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal al Oficial Mayor de la Cámara de Diputados quien, atento a los términos por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la envió a la Comisión de Vigilancia, misma que la remitió, el pasado 16 de junio, a la Contaduría Mayor de Hacienda y a las comisiones unidas que suscriben, para que procediesen a su análisis en los términos de su propia Ley Orgánica.

Estas Comisiones Unidas, tras haber considerado en detalle la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1982, pasan ahora a rendir al Pleno de esta Asamblea el siguiente

DICTAMEN

I. EL MARCO JURÍDICO, LOS CRITERIOS PRESUPUESTALES

Las comisiones unidas consideran oportuno reiterar, en dictamen, algunas de las consideraciones hechas en la revisión de la Cuenta Pública Federal. La revisión de la Cuenta Pública constituye un aspecto central de la fiscalización financiera que el Constituyente confía a esta Soberanía.

La fiscalización financiera que se realiza a través de la revisión de la Cuenta Pública constituye una forma de control externo del ejercicio del presupuesto. Tal función corresponde a la Cámara de Diputados en razón que dicho control es el correlato lógico de sus facultades en materia de discusión y aprobación de los Presupuestos de Egresos. Así nuestra Constitución establece un singular mecanismo de refuerzo al principio de separación de poderes. El Legislativo, a través de las leyes financieras y del Presupuesto de Egresos, establece tanto las fuentes como los destinos de los tributos y del crédito públicos; el Ejecutivo, a través de sus dependencias desarrolla los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos, mediante actos de ordenación y ejecución en los que se materializan las autorizaciones de gasto expedidas por el Poder Legislativo, al que el Ejecutivo debe rendir cuentas puntuales sobre su gestión. La revisión de la Cuenta por el Legislativo tiene por objeto central, de acuerdo con las reformas que en 1977 se hicieron al artículo 74 de la Constitución General, conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el gasto se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y vigilar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas desarrollados por la administración pública durante el ejercicio en examen.

La fase final de la fiscalización financiera consiste en el examen de la correspondencia o discrepancia entre lo gastado por la administración y lo autorizado en las partidas del presupuesto.

Las tareas de fiscalización financiera se realizan por la Cámara de Diputados a través de sus distintos órganos, en momentos sucesivos en el tiempo y conforme a procedimientos y técnicas diversas.

En relación a los órganos que intervienen en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, destacan la Comisión Permanente, el Pleno de la Cámara, las comisiones de dictamen legislativo y la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados que se encuentra bajo la dirección de la Comisión de Vigilancia. Cada uno de estos órganos cumple con funciones específicas que le son propias y para las que se encuentran expresamente facultados por la Ley.

El proceso de fiscalización financiera comprende diversas fases que se encaminan al logro de objetivos específicos. Una vez que el Ejecutivo envía la Cuenta a la Comisión permanente, ésta a la Oficialía Mayor para su turno a las comisiones legislativas y a la Comisión de Vigilancia, que la recibe y envía a la Contaduría Mayor de Hacienda.

A las comisiones unidas correspondientes preparar el dictamen que habrán de presentar al Pleno de la Cámara de Diputados para cumplir con las funciones que al respecto señala la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. En la elaboración de su dictamen las comisiones analizan la cuenta Pública y su documentación anexa; disponen también del Informe Previo preparado por la Contaduría Mayor de Hacienda, al tiempo que cuentan con información al efecto recabadas de los órganos de la administración pública.

Las funciones del Pleno son las de analizar la cuenta Pública a partir del dictamen elaborado por las comisiones legislativas. Su propósito, acorde con su naturaleza de asamblea deliberante, es el de formular apreciaciones sobre los efectos políticos, económicos y sociales resultantes de la ejecución del presupuesto.

Siendo el presupuesto uno de los instrumentos centrales de la política económica, el análisis de su ejercicio, a través de la revisión de la Cuenta Pública comprende, necesariamente, la formulación de un conjunto de apreciaciones sobre los efectos de su ejercicio sobre la economía, sobre la estructura productiva y sobre la composición misma del todo social. El impacto social del ejercicio del presupuesto conduce, necesariamente, a que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca y se pronuncie sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, así como para que aprecie la eficacia o ineficacia de la gestión financiera y administrativa desarrollada por el Ejecutivo.

De esta manera, la revisión de la Cuenta Pública se inserta dentro del diálogo existente entre la representación nacional de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Diálogo insustituible que, en el caso, se concreta en actos de fiscalización parlamentaria posterior que deben traducirse en un marco de referencia para la discusión y aprobación de presupuestos ulteriores.

Por otra parte, y de conformidad con la reforma constitucional de 1977, el examen de la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor de Hacienda se inicia desde el momento de su recepción. A la Contaduría Mayor corresponde, según establece el artículo 74 de la Constitución General, verificar si las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas en el presupuesto, así como la exactitud y justificación de los gastos hechos. Si en las investigaciones correspondientes aparecen irregularidades que entren gastos no autorizados y carentes de justificación, incumplimientos reiterados de las leyes vigentes en materia financiera y anomalías contables pendientes de explicación, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá adoptar las medidas conduncentes. Las verificaciones de referencia se concretan en el análisis contable a través de auditorías - de egresos, de sistemas, de obras, entre otras - y de inspecciones que permiten determinar con precisión la naturaleza, motivos y magnitud de las irregularidades administrativas, civiles y penales, materia de la investigación.

Si las investigaciones practicadas demuestran que las irregularidades contables fueran ocasión o motivo para que se configurasen desviaciones administrativas, se causaren daños civiles o perpetrasen ilícitos penales, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá realizar las acciones conduncentes a la determinación de responsabilidades. De estas acciones la Contaduría Mayor de Hacienda de cuenta a través del Informe de Resultados. Es mediante estas acciones, resumidas en el Informe de Resultados, como la Cámara de Diputados cumple sus atribuciones en lo relativo al fincamiento de responsabilidades. Estas tareas realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, siempre bajo el control de la Comisión de Vigilancia, permiten que la Cámara actúe ante los órganos de control administrativo del Poder Ejecutivo a fin de determinar y aplicar las sanciones administrativas y civiles a que haya lugar respecto a los servidores públicos que incurran en negligencia o abuso en los pagos y, finalmente, con los órganos encargados de la procuración de justicia para aquellos casos en que las irregularidades contables detectadas permitan suponer, fundadamente, que las mismas son constitutivas o dieron origen a ilícitos penales. Las acciones aquí descritas, son recogidas en el Informe de Resultados que la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de la Comisión de Vigilancia, pone en conocimiento del Plano.

Las anteriores consideraciones constituyen un ejercicio de interpretación de las normas constitucionales vigentes en materia de revisión de la Cuenta Pública. Estas Comisiones Unidas pasan ahora a presentar ante esta Soberanía el análisis de la Cuenta Pública del Departamento

del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982. Para ello, principiaremos con el análisis de la eficacia del marco jurídico, el cumplimiento de los criterios presupuestales y el logro de la legalidad del ejercicio fiscal; proseguiremos con la exposición del marco socioeconómico dentro del cual se ejerció el presupuesto, con el examen de la gestión financiera y la evaluación de los alcances registrados por los diversos programas, para finalizar con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que motivan el decreto correspondiente. Con todo esto el Pleno cumplirá con las atribuciones que respecto a la revisión de la Cuenta Pública le asigne la Constitución.

Análisis de la legalidad

El examen del cumplimiento de los criterios presupuestales dentro de la revisión de la Cuenta Pública, de conformidad con los previsto por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y las prácticas hasta hoy vigentes, tiene por objeto el constatar la eficacia de los controles de legalidad en el ejercicio del presupuesto.

Los criterios presupuestales aparecen contenidos en normas de diverso rango o jerarquía. Por un lado, se cuenta con los preceptos constitucionales de índole tributaria, por otro, con las normas propiamente integrantes del Presupuesto cuyo ejercicio se examina y que se complementan, teóricamente, con las diversas disposiciones vigentes en materia de contabilidad, deuda, adquisiciones, arrendamientos, y dos, por la Constitución General y por el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1982 son claros y puntuales, diversas normas contenidas en la legislación secundaria resultan en la actualidad imprecisas y reflejan el desfasamiento del derecho financiero respecto a las necesidades de la moderna gestión hacendaría al punto que hacen impostergable su reforma.

Del examen del ejercicio presupuestario correspondiente a 1982 son de advertir anomalías en materia de controles normativos. En particularidad, la normatividad vigente en las áreas de obra pública, adquisiciones y contabilidad refleja deficiencias. Tanto en lo que hace al Departamento del Distrito Federal como en lo relativo a las entidades por él coordinadas, se aprecia la inoperancia de los principios y normas de contabilidad gubernamental.

Los ordenamientos relativos a la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios por parte del Departamento del Distrito Federal, así como a la contratación de obra pública no fueron puntualmente observados.

Los mecanismos de control normativo no operaron satisfactoriamente. Su adecuación deberá considerarse en lo futuro como una prioridad de la administración pública. Debe reconocerse, en este orden de ideas, que las deficiencias encontradas en el ejercicio presupuestal de 1982 deberán mejorar sensiblemente en ejercicios futuros a través de las acciones y facultades que el Congreso de la Unión asignó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, así como del cumplimiento de las observaciones que esta Cámara hizo a la Secretaría de Programación y Presupuesto y al Departamento del Distrito Federal, con ocasión de la revisión de la Cuenta Pública de 1981 en el artículo 4o. del decreto aprobado el 24 de noviembre de 1982, y las que aquí se proponen como parte del decreto que ahora se somete a la Asamblea.

Por lo que hace a la contabilidad gubernamental, es imperioso que el gobierno capitalino realice un esfuerzo serio y consciente en la corrección de las anomalías detectadas y que, en breve término, pueda cumplir con los principios al efecto emitidos en 1981.

En razón de que los criterios legales del presupuesto no fueron cabalmente observados y que su inobservancia bien pudo conducir a propiciar usos indebidos de fondos públicos, estas comisiones unidas han llegado a la conclusión de que conforme a lo establecido en la Ley; la Contaduría Mayor de Hacienda deberá ahondar sin demora en las investigaciones que permitan esclarecer estas anomalías y, de encontrarse que se perpetraron ilícitos, fincar la responsabilidad respectiva y proceder conforme a derecho, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios y particulares que usaron en su provecho los fondos destinados a sufragar necesidades colectivas. Particular cuidado deberá tener la Contaduría Mayor de Hacienda en la auditoría de aquellas obras y adquisiciones que no fueron concursadas, excluidas las que, por su naturaleza o por disposición legal expresa, quedaron exentas de cumplir este requisito.

II. MARCO SOCIOECONÓMICO

Después de los análisis correspondientes al marco jurídico y de la revisión del cumplimiento de los criterios presupuestales, resulta indispensable establecer el encuadramiento crítico de la situación económica y social en que se realizó la gestión financiera y el alcance de los objetivos programáticos por parte del Departamento del Distrito Federal durante el ejercicio de 1982.

Año que, de diversas maneras, puede caracterizarse como vértice en el que se juntan y agolpan las consecuencias de una profunda crisis de estructuras económicas internas y externas, el análisis de la gestión programática, presupuestal y financiera del Departamento del Distrito Federal durante 1982, no puede limitarse sólo al manejo de valores nominales desconectados del examen de las alteraciones que esos valores sufrieran a lo largo del ejercicio anual, así como de sus causas y sus efectos en los resultados parciales y finales.

Transcurrido un tiempo razonable regido por la controversia política y social sobre la situación económica de los últimos años, las comisiones unidas que suscriben consideran llegando

el momento de emprender un esfuerzo singular de esclarecimiento. Vencido por la crisis quedó atrás todo afán triunfalista. La claridad que exige esta hora, obliga a abandonar; lo mismo empeños y resentimientos. El imperativo de hoy es responder a las preguntas de una sociedad que aspira a encontrar las verdades esenciales del presente, para seguir fincando su acción solidaria que asume una realidad crítica a escala estructural y que reclama el cambio consciente de las desviaciones y errores por corregir, de las insuficiencias por colmar y de las formas y estilos por sustituir; sin olvidar por ello que somos un pueblo enraizado en una historia propia, con instituciones permanentes y con potencialidades y recursos humanos, políticos, sociales, culturales y materiales para vencer la adversidad y reanudar el avance sobre bases fortalecidas y horizontes claros.

El ejercicio crítico que las Comisiones Unidas proponen a esta Soberanía, exige una actitud consecuente de cada uno de los diputados, de cada uno de los partidos y de las diversas corrientes políticas e intereses por ellos representados.

Acotado en sus límites formales el examen de la Cuenta Pública, en los términos expuestos en la primera parte del presente dictamen, las Comisiones Unidas se han propuesto presentar los elementos de juicio necesarios para evaluar el ejercicio de 1982 en su dimensión amplia, que analiza las relaciones del gasto público con la realidad económica en que se describe. Ello, con el fin de estar en aptitud de evaluar, con la mayor congruencia, el ajuste entre programas, presupuestos y erogaciones, el cumplimiento de metas y el apego a disposiciones y principios de gestión financiera.

Programas y proyectos específicos del ejercicio fiscal que se examina fueron elaborados, por una parte, a partir de las necesidades ingentes e inaplazables derivadas del crecimiento y de la complejidad de la concentración metropolitana. Por otra parte, ingresos, costos, estructura financiera, metas, criterios de ejercicio presupuestal y el contenido mismo del Presupuesto de Egresos de 1982 para el Departamento del Distrito Federal, se determinaron a fines del año de 1981, a partir de supuestos relativamente estables de financiamiento que durante 1982 entraron en severa contradicción con factores internos y externos imprevistos, que quedaron fuera de control y que cambiaron radical y súbitamente las condiciones para la gestión financiera, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

De la descripción apuntada en el párrafo anterior se desprenden los puntos esenciales para el análisis crítico, que se desarrollan en las siguientes secciones:

1a. La estructura crítica manifiesta en el crecimiento intolerable de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

2a. La crisis del desarrollo nacional que dejó en evidencia la coyuntura de 1982 y llevó a extremos de dislocación los desequilibrios crónicos de la administración de la ciudad.

En esta parte quedarán encuadradas las secciones que comprenderán la revisión de:

3a. Los resultados de la gestión financiera, y

4a. Los objetivos contenidos en los programas.

Sección 1a. La estructura Crítica del Distrito Federal y la Zona Metropolitana.

Además de las implicaciones de injusticia, desequilibrio e ineficiencia que entraña para el desarrollo regional del país y del deterioro creciente de la calidad de la vida de los habitantes de la urbe y de su entorno natural, el desarrollo concentrado del Distrito Federal y la Zona Metropolitana ha provocado, a lo largo de varios lustros, una situación de déficit crónico de los recursos disponibles de cara a los costos de las obras y los servicios urbanos que debe realizar y atender el Departamento del Distrito Federal.

Sólo en función de contrastar los límites naturales que ofrecía para la expansión urbana la cuenca cerrada, a más de dos mil metros de altura sobre el nivel del mar, con el espacio en que hoy se erige la mayor concentración demográfica del país, se hace la referencia a los factores políticos, religiosos y militares que determinaron la fundación de la ciudad indígena y la edificación de la ciudad colonial sobre las piedras de la ciudad indígena, como punto de partida de la formidable fuerza de atracción que ha ejercido el altiplano en el curso de los siglos.

Pero no es sino hasta hace cuarenta años que comenzó la transformación de la ciudad de México en la gran aglomeración urbana que hoy conocemos.

La ciudad creció más rápido que los recursos necesarios para equipar su crecimiento. Los problemas derivados de ese crecimiento se han extendido hacia los municipios aledaños con sus efectos en el empleo, el ordenamiento urbano y el medio ambiente. La zona metropolitana rebasa las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y alcanza 55 municipios del estado de México y uno más del estado de Hidalgo; concentra, en la actualidad, 17 millones de habitantes. Su tasa de crecimiento demográfico es superior a la registrada en el país. En efecto, la población nacional creció tres veces y medio en las últimas cuatro décadas, mientras que en la zona metropolitana lo hizo nueve veces, hasta concentrar actualmente al 21% de la población total del país.

Como dato que informa el agudo desequilibrio regional a escala de la Nación y el papel de la zona como receptor de los efectos de esos desequilibrios, alrededor de la mitad de su población es de origen rural y ha emigrado a ella expulsada por las condiciones de grave depresión de otras zonas del país. Pero en función de los límites a que ha llegado la expansión del área en sus diversos órdenes, sólo el 29% de esa población encuentra ocupación en la industria, mientras el 64% realiza actividades propias de un sector de servicios que frecuentemente encubre el subempleo en razón de la

inestabilidad laboral, la baja remuneración y la carencia de calificación técnica o profesional. A ello hay que agregar sus dificultades o franca imposibilidad de acceso a vivienda, servicios y equipamientos adecuados.

En contrapartida, como la otra cara del desequilibrio regional, que ilustra los procesos de depauperización de las demás regiones del país en beneficio de la zona metropolitana, el valor de la producción de la industria manufacturera concentrado en esta zona, representa el 45% del total nacional. Entre 1960 y 1980 se incrementó en alrededor de dos veces el caudal de agua potable a la zona, suministrado crecientemente de fuentes externas a la metrópoli. Su consumo en el último año mencionado, fue aproximadamente el equivalente de lo que consumieron los 20 centros urbanos que le siguen en tamaño y, todavía así, cerca de dos millones de habitantes del área carecen hoy de un suministro adecuado del líquido.

En los últimos diez años la superficie urbanizada de la Zona pasó de 680 a mil 100 kilómetros cuadrados, bajo un patrón de crecimiento horizontal sobre tierras ejidales, comunales y nacionales, dentro de un esquema de especulación privada y prácticas ilegales que genera desplazamientos masivos de la población del centro a la periferia, con una tendencia a la ocupación de áreas agrícolas y forestales que agrava la destrucción ecológica y hace altamente costoso el proceso de equipamiento y de dotación de servicios. De continuar con la tendencia actual, en sólo cinco años se puede llegar a ocupar más de cinco mil kilómetros cuadrados, dentro de una operación depredatoria sobre bosques, tierras y aguas sin precedente en la historia de los fenómenos urbanos más aberrantes.

Actualmente, el tiempo promedio que requieren los habitantes de la zona metropolitana para trasladarse entre su centro de trabajo y su hogar es estimado en tres horas diarias. Los medios colectivos, que transportan 21 millones 700 mil pasajeros al día ofrecen un servicio deficiente, incómodo y altamente gravoso para el erario. En particular, el Metro, que brinda servicio sólo a tres millones y medio de personas registra en algunas líneas y horas una sobrecarga de pasajeros del 25%. Y en lo que respecta a la red vial, ampliada a altos costos en los últimos años, sin que se vislumbre una solución definitiva a las dificultades de tránsito de dos millones 200 mil vehículos, habría que ver, retrospectivamente, los efectos actuales de no haberse realizado dichas obras y, prospectivamente, la incapacidad material que acusará la infraestructura de hoy para absorber la circulación de cerca de tres millones de vehículos que se prevén dentro del próximo lustro, sin no se adoptan las medidas correctivas urgentes.

La contaminación del aire ha aumentado en los últimos diez años, en 7.5 por ciento anualmente. De las 11 mil 400 toneladas de desechos sólidos que se generan a diario, 4 mil 150 toneladas - El 36% - no llega a recolectarse, contaminando suelo y agua. Hace diez años se generaban 450 gramos diarios de basura por habitante. En la actualidad se generan 700 gramos y para 1908 se prevén 800 gramos, lo cual indica que de continuar el actual esquema de recolección, el problema será prácticamente irresoluble. De hecho, todos los elementos naturales que se requieren para el desarrollo de la región se hallan severamente afectados con daños en muchos casos irreversibles. Dentro de las causa de la contaminación atmosférica destacan las malas condiciones mecánicas del 90% de los vehículos en circulación, la insuficiente adecuación en la calidad de los combustibles para las condiciones del Valle de México, el inadecuado funcionamiento de los procesos de combustión de los automotores del transporte público, el desconocimiento de la ciudadanía del uso de dispositivos que reduzcan la emisión de contaminantes, los gases y humos de una refinería de petróleo, dos plantas termoeléctricas, dos fábricas de cemento y alrededor de 60 fábricas de diversos tipos, las cuales emiten aproximadamente el 45% de los contaminantes industriales del país, entre los que destacan los óxidos de azufre, de nitrógeno, hidrocarburos y partículas de diversa índole. Otro factor que incide en el deterioro ecológico de la zona ha sido la invasión de áreas verdes o de reserva, a causa de los asentamientos irregulares y de fraccionamientos residenciales. Sólo el 70% de la población de la zona cuenta con servicios de drenaje. La cantidad de desechos sólidos disueltos, grasas y aceites presentes en las aguas residuales va de 10 a 15 millones de toneladas al año, afectando suelos con potencial agrícola por salinidad e impermeabilidad, por lo que el crecimiento demográfico e industrial de la zona, con los actuales patrones, pone en peligro de contaminación, en los años próximos, la totalidad de los cauces superficiales y la recarga de los mantos acuíferos del subsuelo.

Finalmente, el problema de la seguridad ciudadana se ha agravado y complicado en la zona en dimensiones que exigen transformaciones cuantitativas y cualitativas, cuantiosos recursos y cambios sociales, económicos y culturales que hasta ahora han rebasado las posibilidades de las gestiones gubernamentales con responsabilidad en el área.

Estos datos ilustran inequívocamente la magnitud de la crisis de estructura que afecta a la concentración urbana, expandida en torno a la capital de la República.

Sin demérito de la importancia de las disposiciones que ha sancionado esta Soberanía en el orden de avanzar en la descentralización de la vida nacional, de la consideración del Plan Nacional de Desarrollo sobre la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro, que entrañan el inicio de cambios estructurales a la medida de la crisis estructural del desarrollo en que se debate la urbe, resulta evidente que los efectos de dichos cambios, en sus aspectos cualitativos,

tienden a madurar en el mediano y el largo plazos, lo que implica que las consecuencias acumuladas del desarrollo altamente centralizado y su dinámica seguirá gravitando en los desequilibrios entre los requerimientos de obras y servicios de la metrópoli y los recursos disponibles y autogenerados en la zona.

Lo que importa subrayar en este dictamen es que dentro de estos desequilibrios socioeconómicos de carácter estructural de la metrópoli, se realizó el ejercicio del Departamento del Distrito Federal en el año de 1982.

Sección 2a. La Crisis del Desarrollo Nacional y sus Repercusiones en el Distrito Federal.

Si la dinámica del desarrollo concentrado originó, a lo largo de los últimos lustros, un crecimiento desproporcionado de la demanda de bienes y servicios y del costo de proveerlos sin que los ingresos mediante los cuales deben financiarse hayan crecido a igual ritmo; si ello obligó al Departamento del Distrito Federal a depender sistemáticamente de subsidios y financiamientos para cubrir el déficit entre sus ingresos propios y su gasto, y ha provocado que su deuda se haya incrementado aceleradamente, incluso en épocas de auge económico y de relativo desahogo de las finanzas públicas, el impacto de los efectos más severos de la crisis a escala nacional durante el ejercicio de 1982 dislocó radicalmente las condiciones del ejercicio presupuestal y de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal.

Desplome y retroceso de la producción, desempleo creciente, inflación triplicada en el curso del año, devaluación en seis veces del peso, con una pesada deuda documentada en divisas extranjeras, entre otros efectos inmediatos de la crisis del desarrollo nacional, repercutieron sensiblemente en la alteración de los valores nominales contenidos en la Cuenta Pública que se analiza. Para dar una idea de esta dislocación generada en lo fundamental por la inflación y las devaluaciones, los egresos totales del Departamento del Distrito Federal ascendieron en 1982 a 222 mil 576 millones de pesos, que representaron un incremento nominal de 54% respecto del presupuesto original, y de más del doble - 105.4% - también en términos nominales, comparado con lo ejercido en el año anterior. Sin embargo, en términos reales, al descontar las variaciones que mostraron los precios del ejercicio fiscal a examen, los egresos del Departamento en 1982, respecto de 1981, se incrementaron sólo en un 3.3%.

Corresponde a la revisión de la Cuenta Pública Federal el análisis general de la economía nacional y sus relaciones con el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero tomando en cuenta las magnitudes descritas en el punto anterior sobre la desproporcionada concentración poblacional, económica y del gasto público en la capital y en la zona metropolitana, resulta evidente que el impacto de la coyuntura de 1982 fue absorbido, también en términos de alta concentración, por las finanzas del Departamento del Distrito Federal que si, como quedó establecido, tradicionalmente han sido deficitarias, hoy se enfrenta a una de sus etapas críticas.

Para tener una idea de la concentración de este impacto en la estructura de suyo crítica de la administración de la urbe, baste señalar que para finales de este año de 1983, si no se toman medidas correctivas inmediatas, la deuda del Departamento se incrementará en alrededor de 500 mil millones de pesos, cifra cercana a lo recaudado en todo el país por la hacienda federal de enero a septiembre del año en curso por concepto de impuesto sobre la renta y muy superior a lo captado por el impuesto al valor agregado en ese periodo. Ello se deriva de que el proceso devaluatorio de 1982, el del ejercicio que se analiza, encontró al Departamento del Distrito Federal con una deuda en más del 60% contraída en moneda extranjera.

La contundencia de estos datos y la llaneza con que los presentan las Comisiones unidas, pretenden acreditar una vez más tanto la crisis de estructura de la zona metropolitana y el déficit crónico de sus finanzas públicas, como su dramático empeoramiento en función de la coyuntura de 1982, como expresión inmediata de una crisis estructural del desarrollo de la Nación.

Con esta perspectiva las Comisiones proponen fijar los términos del debate político y social, en un primer plano, en la realidad económica, en las causas profundas de la crisis y sus relaciones con el ejercicio presupuestal de 1982 que se analiza, sin menoscabo de la atención que corresponde al siguiente plano de nuestras atribuciones constitucionales y que atañe a la revisión específica de las operaciones del Departamento del Distrito Federal.

Esta Soberanía ha participado activamente en el debate nacional sobre la crisis. La discusión de las cuentas públicas que corresponde a esta Cámara propicia una toma de conciencia no a partir de la distribución de culpas y reproches que deje salvo a quien las imparte, sino desde la aceptación crítica y autocrítica de las responsabilidades y las corresponsabilidades. Estas Comisiones Unidas proponen que errores, desviaciones, imprevisiones y pérdidas tendrían que ser asumido -como lo ha hecho el Ejecutivo - por todos los sectores que antes de la coyuntura crítica compartió lo que se consideró aciertos, reencauzamientos, previsiones e incluso lo que se aceptó como beneficios.

La característica central que estas comisiones unidas encuentran en la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1982, es que el presupuesto se elaboró a partir de las premisas de 1981, que no resistieron al agolpamiento de lo factores internos y externos que precipitaron la crisis estructural de la economía de la Nación.

Podría afirmarse que ningún agente económico, público o privado, asumió entonces activamente la dimensión de los descalabros que se precipitarían en el ejercicio de 1982. De fuera y de dentro se conjuntaron en el vértice crítico las altas tasas de interés del exterior que arrastraron a las del interior; la baja en el

precio de nuestras materias primas; el exceso de nuestras importaciones; la disminución de nuestras exportaciones; la caída del turismo del exterior: el aumento de los viajes y los gastos de los nacionales en el mundo y la salida de capitales en grandes flujos especulativos.

Difícilmente podrían estas Comisiones adentrarse en el análisis objetivo de la Cuenta Pública de 1982 sin encuadrarlo en la dimensión de la crisis y en las medidas adoptadas en el mismo año para enfrentarla.

Inflación y devaluaciones incidieron significativamente en las condiciones de la gestión financiera. Modificaciones - en términos nominales y reales - del gasto público, encarecimiento de las importaciones y aumentos salariales gravitaron sobre el cumplimiento de los programas.

Sección 3a. Los Resultados de la Gestión Financiera.

El análisis de la gestión financiera comprenderá, en primer término, algunas observaciones sobre el estado presupuestal del Sector Distrito Federal y el análisis de su gasto para continuar con el examen directo de la dependencia Departamento del Distrito Federal y de los principales organismos y empresas agrupados al Sector.

a) Sector Distrito Federal

La gestión financiera del Sector Distrito Federal se refiere, en conjunto, a la realizada por el Departamento del Distrito Federal y sus organismos y empresas. El análisis tiene por marco de referencia, la descripción de los índices más relevantes de gestión financiera del Sector Distrito Federal, a fin de ofrecer una idea global sobre su situación financiera y el impacto de la crisis sobre el mismo.

Las finanzas públicas del Sector Distrito Federal se deterioraron a lo largo de los últimos años; en 1982 la crisis económica acentúo dicho deterioro.

En primer término destaca una severa variación entre el gasto aprobado y el ejercido, variación del 54%. Se debe considerar que la inflación durante ese año fue de alrededor de 100%.

Conviene, por tal motivo, tener presente que los datos empleados tanto en la Cuenta pública como en el presente Dictamen no han sido ajustados a términos monetarios reales, por lo que el manejo de las cifras en dinero se hace a precios corrientes y no a precios constantes. Por la misma razón el examen se centra en la estrategia, estructura y operación de la gestión financiera y de los programas, y no simplemente en el cotejo de cifras monetarias nominales.

La debilidad crónica de las finanzas públicas del Sector deriva de la incapacidad de recaudar ingresos para responder a los requerimientos de la gran concentración urbana del Distrito Federal. Esta debilidad de los ingresos ordinarios se compensó a través de deuda pública cuyo crecimiento rebasó los límites tradicionales que se juzgan convenientes para entidades como el Departamento del Distrito Federal. En la revisión de la Cuenta Pública de 1981 se advirtió ya este mismo fenómeno y se concluyo en la necesidad de cambiar la estrategia financiera.

Las devaluaciones registradas durante el periodo en examen multiplicaron la deuda pública en razón de su volumen y composición, llevándola a límites sin precedentes.

El estado presupuestal del Sector Departamento del Distrito Federal es como sigue:

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El déficit presupuestal de 62 mil 124 millones de pesos quedó integrado de la siguiente forma:

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Los datos anteriores sobre el déficit presupuestal de 1982 explican la necesidad de financiamiento no previsto en el presupuesto original.

Por otra parte, anotamos que la información presentada en la Cuenta Pública respecto a la deuda total acumulada al finalizar 1982 ascendió a 216 mil 701 millones de pesos.

Finalmente, en la Cuenta Pública se acredita que quedaron pendientes de pago erogaciones por 58 mil 750 millones de pesos que se han venido cubriendo con cargo a las partidas del presupuesto de egresos de 1983.

Análisis del gasto

En los términos expuestos, el Presupuesto de Egresos autorizado para el Sector Distrito Federal fue de 145 mil millones de pesos y el ejercido ascendió a 223 mil millones de pesos. Es importante reiterar que en términos reales el incremento de egresos en 1982, comparado con el ejercido en el año anterior, sólo fue de 3%.

Los 78 mil millones de pesos en los que se excedió el gasto respecto al presupuesto aprobado se explican de la siguiente manera:

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*Considerando el cambio en paridad de divisas de $71.54 por dólar.

** 10-20-30%: Decreto sobre salarios de emergencia.

b) Dependencia Departamento del Distrito Federal

En cifras redondas, los ingresos corrientes ascendieron a 76 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución de 1% respecto a lo estimado por el presupuesto. En cambio, los gastos corrientes ascendieron a 79 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 58% respecto a lo estimado. Estas variaciones originaron un déficit de tres mil millones de pesos, sin que pudiera alcanzarse el ahorro programado.

En el rubro de gastos corrientes destaca el renglón de intereses de la deuda pública, mismo que alcanzó la cifra de 48 mil millones de pesos, 24 mil millones de pesos más de lo presupuestado y que responde, fundamentalmente, a las devaluaciones del peso en el periodo.

En lo relativo al pago de servicios personales, el ajuste de salarios de emergencia provocó sensibles variaciones. En cuanto a materiales y suministros, la modificación presupuestal se debió al aumento en el costo de los insumos; lo mismo es aplicable con relación al rubro de servicios generales.

El aumento de los insumos destinados a las obras públicas motivó que los egresos de capital ascendieran, en 1982, a 86 mil millones de pesos, reflejando un incremento del 81% respecto al presupuesto.

La amortización de la deuda fue durante 1982 de 26 mil millones de pesos, con un incremento del 37% respecto a lo presupuestado, alcanzándose así un gasto total de 190 mil millones de pesos, cifra superior en 64% a la programada originalmente.

INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

1982

(Millones de pesos)

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Por su parte , la deuda neta ascendió a 111 mil millones de pesos, 181% mayor a la presupuestada y el saldo total de la deuda acumulada en ejercicios anteriores y en año de análisis alcanzó la cifra de 217 mil millones de pesos.

Al igual que manifestamos en la revisión de la Cuenta Pública de 1981, se advierte también ahora que el Departamento del Distrito Federal dependió en un alto grado de financiamiento y subsidio: generó , además, una deuda irregular tanto en su cuantía y condiciones como en su plazo, con la que puso en peligro la disponibilidad de recursos suficientes para la versión.

La situación financiera caracterizada por estos elementos se agravó a grado extremo en 1982, Los problemas económicos del periodo, particularmente los relativos a la paridad cambiaría hicieron que una situación financiera de por sí difícil se tornase crítica.

En el dictamen de la Cuenta Pública de 1981 se señalo la necesidad de cambio en la estrategia financiera a fin de fortalecer los ingresos propios y disminuir los financiamientos y subsidios; igualmente, se apuntó la necesidad de reestructurar la deuda del Departamento del Distrito Federal.

Acciones tendentes a conseguir estos dos objetivos se están realizando durante el ejercicio de 1983. Esta Cámara aprobó, en diciembre de 1982, la nueva Ley Federal de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que moderniza la recaudación de los ingresos ordinarios. Reformas a esta nueva Ley se han presentado ha esta Soberanía para proseguir su adecuación. Por su parte, el Gobierno federal ha anunciado ya la adopción de medidas encaminadas a la reestructuración de la deuda, por lo que, dentro de las circunstancias difíciles por las que atraviesa el país, empezarán a sanearse las finanzas del Sector Distrito Federal.

No obstante lo anterior, aún se requieren acciones adicionales para acelerar la reestructuración del Sector . Para ello, estas Comisiones proponen se fije normativamente un límite al endeudamiento y se restrinja éste al monto autorizado de conformidad con el programa financiero. Igualmente, es preciso que se evite contraer la llamada deuda no titulada, y que se modernice la administración fiscal que permitirá obtener una efectiva recaudación.

c) Organismo y empresas del sector Distrito Federal.

El análisis que a continuación se presenta, tiene por objeto caracterizar los principales organismos y empresas del Sector Distrito Federal examinando su capacidad para afrontar los problemas y hacer ciertas reflexiones sobre el desarrollo de sus programas. Es en esta área donde se encuentran prevalentemente localizados los subsidios que la Federación otorga al Distrito Federal.

La suma total de los ingresos y gastos financieros de los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, se incrementó en 1982, principalmente por la incorporación de la Entidad Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100. Actualmente esta entidad representa aproximadamente 34% de los ingresos ordinarios F 48% de los egresos corrientes; 75% del déficit corriente antes de transferencias; 40% de ésta en rubro corriente: 46% de los gastos capitales; 48% del déficit en esta Cuenta; 64% de las transferencias para inversión y la totalidad del, financiamiento de dicho Sector Paraestatal.

Los ingresos más importantes de los organismos y empresas durante 1982, se encuentran representados por los subsidios recibidos del Gobierno Federal y por los financiamientos y aportaciones del, Gobierno del Departamento del Distrito Federal, que en conjunto ascendieron a 19 mil 594 millones de pesos. Se destinaron a las entidades Sistema de Transporte Colectivo Metro, Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100 y servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, empleándose para cubrir gastos de operación, adquisición de autobuses y amortización de la deuda a favor de los expermisionarios de las líneas de autotransportes urbanos en el Distrito Federal.

Todo esto se debió a la prioridad que el Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal han dado servicio de transporte urbano de pasajeros, buscando su desarrollo a fin de atender a una demanda creciente motivada por el aumento poblacional y su disgregación en el área metropolitana de la ciudad de México; asimismo, en la política tendente a evitar incremento en las tarifas de dichos servicios, como instrumento subsidiario en la protección del salario de las clases trabajadoras.

Las finanzas públicas de los organismos y empresas del Sector Paraestatal del Departamento del Distrito Federal son un fiel reflejo del deterioro que se venía presentando desde años anteriores y que se agudizó en 1982.

Las Comisiones Unidades que suscriben pasan a analizar las principales entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal atendiendo a su importancia.

El sistema de Transporte Colectivo Metro tuvo ingresos, totales por 7 mil 239 millones de pesos, cantidad similar a la del presupuesto original. Los ingresos propios del Sistema sólo representaron en el año ahora examinado el 20% de sus ingresos totales; esta baja en la recaudación se debe a que las tarifas del servicio prestado no corresponden a la realidad económica y financiera de la entidad, por lo que esta depende de los subsidios del Gobierno Federal y las aportaciones que al efecto realiza el propio Departamento. Es significativo apuntar que mientras que en 1977 los ingresos totales del sistema de Transporte Colectivo Metro se componía en un 40% de subsidios

y aportaciones, en 1982 éstos ascendieron al 81%.

La política de mantener baja las tarifas de transportes mediante subsidios federales también comprendió al Sistema de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100. Los ingresos totales de esta empresa ascendieron a 17 mil 066 millones de pesos, de los que sólo el 27% fueron recursos propios. Es necesario que las transferencias corrientes y del capital alcanzaron en conjunto la suma de 5 mil 723 millones de pesos. Se observó un endeudamiento neto de 3 mil 455 millones de pesos.

En el rubro de servicios personales el gasto fue de 7 mil 155 millones de pesos excediéndose en 2 mil 172 millones de pesos respecto a lo presupuestado originalmente. En el renglón de materiales y suministros se observó también un aumento del gasto, ya que se ejercieron 3 mil 503 millones de pesos frente a un presupuesto de 498 millones de pesos.

Los ingresos totales del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal llegaron en 1982 a 2 mil 167 millones de pesos. Del total de ingresos corrientes destacan los subsidios que a esta empresa otorgó el Gobierno Federal y que ascendieron a mil 554 millones de pesos. Hay que destacar que, de las empresas del Sector Departamento del Distrito Federal estudias, es el servicio de Transportes Eléctricos, la empresa que proporciona registró menores ingresos provenientes de recursos propios. Por este concepto la empresa sólo obtuvo un 9% de sus ingresos totales.

El deterioro de la situación financiera del Servicio de Transporte Eléctrico se debió, al igual que en las otras empresas del Departamento del Distrito Federal, aquí revisadas, a que sus objetivos son la presentación de un servicio de transporte a bajo costo. El precio del pasaje en trolebús es actualmente de 60 centavos, mientras que de acuerdo con información obtenida, el costo real por pasajero transportado durante el costo real por pasajero transportado durante 1982 ascendió a 9.11 pesos.

Por otra parte, en Industrial de Abastos (IDA) se observó una recuperación del equilibrio y un mejoramiento de su posición financiera. Esto fue consecuencia del aumento de sus ingresos superiores incluso a los previstos en el presupuesto y a la racionalización no se requirió de subsidios ni de aportaciones , si bien el equilibrio se logró con el ingreso de 106 millones de pesos derivados de operaciones ajenas a sus funciones.

Finalmente en Servicio Metropolitanos ( SERVIMET) las previsiones formuladas para 1982, fueron rebasadas ampliamente. La entidad cubrió con ingresos propio Prácticamente sus gastos de operación, realizó inversiones superiores a lo previsto con apoyo en su ingreso extraordinario neto y en transferencia por inversión; pudo amortizar ADEFAS y aumentar sus disponibilidades, mediante la colocación de un préstamo por 348 millones de pesos del Departamento del Distrito Federal.

Al revisar los principales organismos del Sector Federal, en particular aquellos relacionados con el transporte urbano, estas comisiones unidas estiman que de no disminuir los subsidios a estos servicios, su gestión no podrá evaluarse objetivamente ni medirse con realismo su eficiencia.

Se plantea así, claramente, el dilema que tiene el Departamento del Distrito Federal en materia de transporte público: sanear las finanzas de los organismos responsables del servicio conlleva un impacto social muy fuerte que debe ser cuidadosamente ponderado. Una política financiera sana, supondría elevar las tarifas para lograr la autosuficiencia de los organismos, lo que aseguraría un servicio de mayor cobertura. En contrapartida, en tanto las tarifas se mantienen baja no se logra el saneamiento de las finanzas y tampoco es posible proporcionar un servicio adecuado.

Este dilema reclama una respuesta pronta que verdaderamente resuelva el problema del transporte público en el Distrito Federal.

Estas comisiones unidas estiman oportuno agregar una última reflexión sobre este tema. Es posible encontrar soluciones intermedias en las que los precios y tarifas se eleven en cierta medida sin limitar por completo los subsidios. Para esto, y con objeto de tener cuentas transparentes, se requerirá, posiblemente, de cambios en la sectorización de las empresas de transporte público y quizá su transformación en empresas descentralizadas del Gobierno Federal . Resulta apremiante avanzar en la toma de decisiones en este campo; es una vía que las comisiones unidas consideran apropiadas para lograr que las prioridades sean complementarias y no excluyentes.

Finalmente, dentro de la situación actual, es preciso que el Departamento del Distrito Federal cumpla cabalmente con sus atribuciones de control y vigilancia de las entidades por él coordinadas, ya que casi todas ellas muestran una contabilidad deficiente e irregular.

Sección 4o. Los Objetivos Contenidos en los Programas.

De conformidad con los previsto por el artículo 74 de la Constitución General la revisión de la Cuenta Pública comprende también el análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

El presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1982 previó la realización de 36 programas que comprenden diversas acciones destinadas a incrementar y reforzar la infraestructura urbana y a proporcionar a la población los servicios y satisfacciones necesarias.

La mayor parte de los programas examinados registraron variaciones entre el presupuesto y el gasto real ejercido. Estas variaciones dependen en gran medida de la proporción de obras comprendidas en los programas y de la adquisición de insumo extranjero a tal efecto destinados . En ambos rubros la inflación el aumento salarial de emergencia y la pérdida cambiaría tuvieron un impacto relevante durante 1982.

Así aun cuando el gasto correspondiente se incremente nominalmente en un 54% sobre el presupuesto, muchos de los objetivos. Y metas cuantitativas de los programas no pudieron alcanzarse.

GASTO PROGRAMADO Y EJERCIDO DEL SECTOR DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMAS 1981-1982

(millones de pesos)

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Estas comisiones Unidas han analizado en detalles algunos programas considerado como propietario. Su grado de cumplimiento muestra el impacto de la crisis, pero también refleja deficiencia importante en la planeación y administración del Departamento del Distrito Federal. Es importante destacar esto último para formular fundamentalmente algunos recomendaciones para su mejoramiento en lo futuro.

La estrategia programática del Departamento muestra un patrón definido que se mide por el porcentaje de gasto asignado a los programas de transporte urbano , infraestructura y equipamiento para la vialidad, mejoramiento urbano, agua potable y drenaje, mismo que en conjunto representa 48% del pago total del año.

El Programa de Transporte Urbano es el que tuvo en 1982 una mayor importancia presupuestaria. Esta tendencia ha sido constante durante los, últimos años; en 1982 su participación fue del 33%.

Así, el Programa de Infraestructura y Equipamiento para la vialidad, ejerció en 1981 el 11.5% del presupuesto del Sector ; su importancia se vio reducida al asignársele para 1982 un presupuesto equivalente al 6.1% del gasto .

Por su parte, el programa de Mejoramiento Urbano experimentó también una reducción en su importancia estratégica al, para su participación del 9.7% del, total ejercido en 1981 al 3.9% de los recursos totales previstos para 1982.

Otro tanto ocurrió con el Programa de Agua Potable que en 1981 ejerció recursos equivalentes al 6.5, mientras que en 1982 sólo alcanzó al 6.5%, mientras que en 1982 sólo alcanzo 2.6% del, gasto total.

En cambio, el Programa de Drenaje y Tratamiento de Aguas negras ejerció en 1981 el 1.4% del total, incrementándose sus recursos en 1982 para participar en 1.9% del total del gasto total del ejercicio.

Finalmente, por lo que respecta al programa de deuda Pública, que ha mostrado una importancia relativamente elevada dentro de la estrategia de egresos, representó el 14.7% del total ejercido en 1981, aumentando su importancia durante 1982, hasta alcanzar un 33% del presupuesto total ejercido en el periodo, materia de esta revisión.

En el análisis de los seis programas anteriores se observa que la estrategia en materia de distribución del gasto vigente en 1981 sufrió modificaciones durante 1982.

Únicamente los Programas de Infraestructura y Equipamiento para la vialidad, y el Agua Potable no mostraron en 1982 incrementos relativos en su asignación original respecto a lo ejercido en 1981.

El total ejercido por los seis programas durante 1981 representó el 74.8%; conforme a la estrategia planteada en el presupuesto de egresos de 1982 alcanzaron el 75.5%; finalmente, el ejercicio del pago registrado en el año, sectorial. Esta distribución muestra claramente la importancia que estos programas tiene en relación con las propiedades del Departamento del Distrito Federal.

Del conjunto del Distrito Federal desarrollado por el Departamento del Distrito Federal destacan los siguientes: Transporte Urbano, Agua Potable y Educación. Todos ellos prioritarios y que ejemplifican la dinámica de los problemas

del Distrito Federal y la dificultad de su puntual atención en los procesos de planeación programación, presupuestación, ejercicio y control.

Transporte urbano.

El Departamento del Distrito Federal se ha propuesto como objetivo fundamental, el lograr la operación de un sistema de transportación masiva para reducir el tiempo que pierden los habitantes de la ciudad al desplazarse de las zonas en que viven a los centros de estudio, trabajo, recreación y cultura, mismos que se encuentran generalmente ubicados en lugares diversos y aun opuestos geográficamente.

Con la ampliación del Sistema de Transporte Colectiva Metro, se alcanzó la construcción de 18.6 Kms de red con esto en 15*, la meta programada. Entraron en servicio las líneas 4 -en el tramo Candelaria a Santa Anita con 3.2 Kms. - y 5 -de Consulado a Politécnico con 8.3 Kms- Adicionalmente, se alcanzaron avances de 2.9 Kms, en la línea 3 Sur: de 1.6 Kms, en la línea 7 y de 0.2 Kms. en la línea 2. Además se adquirieron los 306 carros - metro programados.

En lo referente al transporte de superficie se proporcionó conservación y mantenimiento a 839 trolebuses, así como a 325 kilómetros de línea elevada.

Para contribuir a la solución del problema de Autotransporte Urbano de pasajeros R-100, adquirió 4 mil 800 unidades, construyó diez y atendió el mantenimiento y readaptación de 4 mil unidades 500 autobuses.

No se cumplió o con las metas de construcción de 57 Km, de línea elevada para trolebuses, y las adquisición de 100 trolebuses. 4o más preocupante fue que sólo se transportaron mil 37 millones de pasajeros en 1982, lo que representa un incremento del 65% sobre el objetivo estimado.

Las autoridades responsables afirmaron que este incumplimiento se debió a que los proyectos de ampliación del Metro se desfasaron en su entrega y que algunas líneas no están funcionando a su capacidad total, debido a fallas en la integración operativas de los diferentes medios de transporte colectivo Ejemplo de dicha deficiencia son entre otras, que las líneas de transporte suburbano no encontraban con las estaciones del Metro, que corrían líneas de autobuses paralelas a la línea del Metro y que la población desconocía las rutas y destinos.

Esto indica deficiencia en la planeación y administración, ya que no se incluyeron en el planteamiento inicial todos los proyectos necesitaron las condiciones para que los programas se realizaran con exactitud y repercutirán en otros alcanzando sus objetivos.

Dada la prioridad y la magnitud de recursos con que cuenta el programa del Metro es imperativo que mejore su eficiencia pues compromete en forma fundamental a todo el Departamento del Distrito Federal.

Agua Potable

Durante 1982 se amplió la red secundaria de agua potable en colonias populares ubicadas en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Cuajimalpa de Morelos, entre otras.

Igualmente, se construyeron tanques de regulación y plantas de bombeo para beneficiar a colonias localizadas en las partes altas de la ciudad.

Para atenuar el déficit de agua potable que tradicionalmente se produce durante el estiaje, en las fuentes naturales de abastecimiento, fue necesario, durante 1981-1982, perforar nuevos pozos en los Valles de Lerma y México y construir las líneas de distribución correspondiente.

Se construyeron líneas primarias de distribución en diferentes delegaciones para cerrar circuitos, entre éstas destacan: Azahares, Carpió, Casas Alemán, Gran Canal, Anillo Periférico, Doctor Andrade, Rojo Gómez, Azcapotzalco, Granjas - Mariano Escobedo, La Caldera, Las Torres - Río Churubusco y Cuchilla del Tesoro.

Dentro del programa de agua potable se cumplió con las metas relativas a la construcción de las plantas de bombeo de Xotepingo y de Picacho - Cerro del Agua, así como con la construcción de cinco pozos de agua potable. Se logró captar, conducir y distribuir más de 18.5 millones de metros cúbicos de agua potable a lo largo de la red, se dio mantenimiento a 12 mil 859 kilómetros de las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable.

El programa para la rehabilitación de pozos de agua potable se cumplió en un 53% al rehabilitarse 32 de los 60 pozos comprendidos en el programa. No se alcanzó la meta en razón de los incrementos registrados en los costos.

Al programa de agua potable se asignaron originalmente 3 mil 500 millones de pesos, y se ejercieron 5 mil 900 millones de pesos. No obstante su incremento - de un 67%-, el total ejercido representa apenas un 2.6% del gasto total del Departamento del Distrito Federal y contrasta con el ejercido durante 1981 que en el mismo programa representó un 6.5%.

Hacemos mención de estos datos porque en reuniones de trabajo de la Comisión del Distrito Federal con funcionarios responsables del programa se conoció que su presupuesto subestimó la importancia del programa y, aunado a emergencias ocurridas durante el año, sus erogaciones tuvieron que incrementarse mediante la transferencia de recursos originalmente destinados al programa de construcción de escuelas.

Una adecuada planeación se hace impostergable a fin de prevenir que la satisfacción de las necesidades vitales se realice en un marco en el que la satisfacción de una sola de ellas

termine por impedir la satisfacción de las restantes.

Educación

Este programa comprende la construcción de planteles escolares. Su presupuesto original fue de 2 mil 745 millones de pesos y el ejercido real del mil 378 millones de pesos lo que significa que, en contraste con los demás programas del Departamento del Distrito Federal, fue uno de los dos que experimentaron reducción presupuestal. En caso, su reducción fue del 50%.

Por esto no se construyó durante 1982 ni una sola de las 53 escuelas para educación preescolar que se tenían programadas y se dejaron de construir 16 escuelas primarias.

Estas Comisiones consideran que los recursos asignados tanto al programa de agua como al de educación eran de por sí limitados y no correspondían a la importancia que socialmente tienen. El reducir aún más los recursos del programa educativo no fue una decisión acertada.

Adicionalmente, y como problema recurrente, estas comisiones unidas aprecian que la información que el Departamento del Distrito Federal proporcionan sobre los recursos que destina al programa de construcción de escuelas es insuficiente. Es claro, que la responsabilidad de la impartición de la educación corresponde al Gobierno Federal y que el Departamento, además de construir las escuelas, proporciona los terrenos donde éstas se ubican y debe atender de su conservación y mantenimiento, así como dotar gran parte de los bienes muebles y proveer su restauración. Sin embargo, la deficiencia de la información sobre este programa hace imposible su evaluación y, en consecuencia, un juicio fundado sobre la toma de decisiones en la materia.

La necesidad de prestar correctamente los datos sobre el desarrollo de los programas educativos ha sido reiterada por la Cámara de Diputados, por las Comisiones y por los mismos diputados. Como a la fecha se carece de ellos estas comisiones unidas han decidido incorporar al decreto una norma que asegure su cumplimiento.

Ya en la revisión de la Cuenta de 1981 se apuntó que para mejorar la disciplina presupuestaria se requería disponer, en el propio presupuesto, que los programas que se establezcan expresamente como prioritarios no deben ser modificados reduciendo el monto de los recursos que se les hayan asignado, o que la flexibilidad en las transferencias rompa la disciplina presupuestal. Asimismo, se recomendó mejorar las técnicas de programación a fin de asegurar que en los programas de construcción de obras se incluyan los recursos para las obras y servicios complementarios.

El presupuesto de 1983 ha incorporado ya estas recomendaciones; insistiremos en su observancia.

La evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de los 36 programas de 1982 permite concluir que se requiere definir desde el principio, en forma detallada, las prioridades en los servicios y las obras públicas, implantar sistemas de información adecuados, acentuar la disciplina presupuestal, mejorar la gestión administrativa en todos sus aspectos e incorporar mecanismos de vigilancia y control; en suma, se busca alcanzar la mayor eficiencia del gasto público por parte del Departamento del Distrito Federal.

Es innegable esto implica un gran esfuerzo y que no se llegará de inmediato a niveles óptimos de eficiencia; es cierto también que el Departamento es ya de magnitud y complejidad poco frecuente, pero su rezago pone en peligro la vialidad misma de la ciudad, además de propiciar un quebranto de la cohesión administrativa que propicia la ineficiencia y el desarrollo de práctica ilícitas.

III CONCLUSIONES

En la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982, estas comisiones unidas han considerado los marcos jurídico y socioeconómico dentro de los cuales se ejerció el presupuesto correspondiente. Igualmente, se procuró analizar su impacto sobre el todo social mediante el examen de la gestión financiera, tanto del Departamento del Distrito Federal como de los organismos y empresas por él controlados sectorialmente, evaluándose, finalmente, los objetivos alcanzados por algunos de los programas a cargo del Departamento del Distrito Federal.

La normatividad financiera vigente acusa un desfasamiento que reclama adecuación y reformas. En general, los diversos mecanismos de control legal contenidos en las leyes en materia de presupuestos, de cuenta pública, contabilidad, adquisiciones, arrendamientos y obra pública, entre otras, no cumplen adecuadamente las funciones preventivas y reductoras de la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal.

La asignación de recursos destinados a proveer a la satisfacción de las ingentes necesidades sociales de los habitantes del Distrito Federal fue, durante el periodo de examen, insuficiente. Varios son los factores que determinaron esta situación.

Destacan los profundos desequilibrios estructurales que condicionan y configuran la realidad social del Distrito Federal y de la zona metropolitana a él la zona metropolitana a el aledaña. El crecimiento demográfico, en buena medida producto de migraciones internas, así como la complejidad de la concentración metropolitana, afectan el espectro de las necesidades urbanas invalidando los esfuerzos de planeación que orientaron la elaboración del presupuesto examinado. Si a lo anterior se agregan los efectos que sobre el ejercicio presupuestal tuvo la crisis económica internacional y nacional del periodo, es fácil determinar la insuficiencia de los recursos públicos

para satisfacer necesidades día a día más complejas, tanto en su dimensión como en su calidad.

En lo tocante al desarrollo de programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios, a través de acciones que podrían tener efectos redistributivos, el ejercicio del presupuesto de 1982 tuvo resultados limitados. Ello se debió, entre otros factores, a la insuficiencia estructural y a la transferencia de las partidas destinadas a rubros tales como salud, educación y vivienda, a otros programas.

La crisis socioeconómica vivida durante 1982 y la rigidez de los ingresos ordinarios obligaron al Departamento del Distrito Federal a acentuar su dependencia de subsidios del Gobierno Federal y del endeudamiento, ya que los ingresos no pudieron crecer en la misma proporción que la tasa de inflación registrada en el año.

Un factor más, de singular importancia, fue objeto de nuestra consideración en la revisión de la Cuenta Pública correspondencia a 1982. Los recursos insuficientes y las necesidades de complejidad y magnitudes, sin paralelo en nuestra historia, acentuaron las deficiencias de la gestión administrativa del Departamento del Distrito Federal.

Todas estas consideraciones nos obligan a formular un conjunto de recomendaciones cuya adopción en opinión de estas comisiones unidas, se sumará a las respuestas que se vienen dando para lograr una mejor administración y un mejor ejercicio de los presupuestos que en el futuro esta Asamblea apruebe para el Departamento del Distrito Federal.

La modernización e integración de los sistemas de contabilidad gubernamental deberán acelerarse en el Sector Distrito Federal, por ser esto requisito indispensable de una buena gestión administrativa y financiera.

Es de reconocerse, y estas comisiones unidas así lo reiteran, que es imperiosa la necesidad de modificar las estrategias financieras del Departamento del Distrito Federal para fortalecer sus ingresos ordinarios y reducir sus financiamientos y subsidios. En este orden de ideas es preciso insistir en la reestructuración de la deuda, tanto interna como externa. Igualmente, en lo tocante a la gestión de las empresas públicas coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, es necesario apuntar que el aumento en sus precios y tarifas deberá estudiarse cuidadosamente a fin de que, en el futuro, alcancen la solidez económica y la salud financiera.

En aquellos casos en los que por ineficacia de los mexicanos de control normativo interno se realizaron acciones aparentemente anómalas o en los que la ausencia de eficaces instrumentos de contabilidad impiden comprobar la regularidad de las operaciones, materia del ejercicio, es preciso que la Contaduría Mayor de Hacienda -de conformidad con lo dispuesto por su propia Ley Orgánica - continúe sin demora la práctica de auditorías e investigaciones que le permitan, llegado el caso, fincar las responsabilidades correspondientes, sean éstas administrativas, civiles o penales.

Por lo anterior, estas comisiones unidas consideran necesario formular al Departamento del Distrito Federal las siguientes observaciones:

a) Incluir en los proyectos de presupuestos para los años sucesivos un límite al endeudamiento del Departamento del Distrito Federal y de las empresas y organismos sujetos a su control, estableciendo normas y mecanismos que impidan el rebasamiento de dichos límites.

b) Realizar los estudios y adoptar las medidas administrativas tendentes a resolver el problema del transporte urbano mejorando su eficacia y eficiencia.

c) Adoptar, a la mayor brevedad, las medidas que permitan una efectiva coordinación entre los programas a cargo del Departamento del Distrito Federal.

d) Proseguir con firmeza las acciones tendentes a la desconcentración del Departamento del Distrito Federal, fortaleciendo sus delegaciones, así como contribuir en el ámbito de su competencia, al objetivo nacional de la descentralización.

Con estas observaciones y con fundamento en los artículos 65, 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y además relativos aplicables, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1982.

Artículo 1o. Se revisó la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982, en los términos de la parte II, sección 3a. del cuerpo del dictamen.

Artículo 2o. Se revisó la observancia de los criterios legales presupuestales tanto por parte del Departamento del Distrito Federal como por los organismos desconcentrados y descentralizados bajo su control, en los términos de la parte I del cuerpo del dictamen.

Artículo 3o. Se evalúo el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas previstos en el presupuesto en los términos de la parte II, sección 4a. del cuerpo del dictamen.

Artículo 4o. Para mejorar la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal esta dependencia deberá:

a) Fortalecer y modernizar durante 1984, sus sistemas contables en los términos de las normas vigentes en materia de contabilidad gubernamental.

b) Proseguir las acciones administrativas, financieras, contables y reglamentarias que permitan liquidar la llamada deuda no titulada, así como las tendentes a impedir la repetición de esta práctica.

c) Eliminar la transferencia de partidas entre programas que implique la imposibilidad de alcanzar sus objetivos.

d) Informar a la Cámara de Diputados acerca del monto, estructura y modalidades de su deuda total a diciembre de 1983.

e) Informe a la Cámara de Diputados acerca de la composición en forma desagregada de las partidas asignadas a la ejecución de los programas de construcción, conservación y equipamiento de edificios escolares.

f) Informar trimestralmente a la Cámara de Diputados acerca del avance de los programas a su cargo.

g) Informar a la Cámara de Diputados acerca del avance de las acciones tendentes a la desconcentración del Departamento del Distrito Federal, al fortalecimiento de sus delegaciones y a la descentralización.

h) Adoptar las medidas encaminadas a reestructurar y racionalizar la administración fiscal.

Artículo 5o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las irregularidades habidas en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1982 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, instruyéndola para que informe mensualmente de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 5 de diciembre de 1983.

Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.

Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretario, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Serafín Domínguez Ferman, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Nuñez Perea, Teresa Ortuño Gurza , Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa.

Comisión del Distrito Federal.

Luz Lajous, Presidenta: José Carreño Carlón, Secretario, José Aguilar Alcerreca, Manuel Alvarez González, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez, Pedro Luis Bartilotti Perea, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, María Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas Joaquín del Olmo y Reyes Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, José Augusto García Lizama, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Everardo Gámiz Fernández, Ricardo Antonio Govela Autrey Edmundo Jardón Arzate, Enrique León Martínez, Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Xóchitl Llarena de Guillén, Armida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Esteban Núñez Perea, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rossel, Jesús Salazar Toledano, Perla Alicia Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Núñez"

ANEXOS

INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA DOBLE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

1982

(Millones de pesos y por cientos)

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GASTOS CORRIENTES, 1982

SECTOR CENTRAL

(Millones de pesos)

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INGRESO CORRIENTE, 1982

SECTOR ORGANISMOS Y EMPRESAS

(Millones de pesos y por cientos)

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GASTOS CORRIENTES, 1982

SECTOR ORGANISMOS Y EMPRESAS

(Millones de pesos y por cientos)

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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PARA DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, 1982

(Millones de pesos y por cientos)

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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1982

(Miles de millones)

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PRESUPUESTO, 1982

(Miles de millones)

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DEUDA PUBLICA SALDOS

(Miles de millones)

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DEUDA PUBLICA POR MONEDA

(Miles de millones)

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La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Trámite: -Queda de primera lectura.

"Honorable Asamblea:

Los suscritos diputados, David Lomelí Contreras, José Augusto García Lizama y David Orozco Romo, representantes del Partido Demócrata Mexicano, ante las comisiones de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, respectivamente, emitimos nuestro voto particular en contra del dictamen que dichas comisiones unidas elaboraron sobre la Cuenta Pública de 1982 del Departamento del Distrito Federal, por la siguientes consideraciones y bajo los siguientes supuestos:

1. Nuestro voto en contra no es, de ninguna manera, condenatorio del trabajo realizado por las comisiones y específicamente por la del Distrito Federal, sino que pretende enfatizar la reprobación y la indignación de nuestro partido, el Demócrata Mexicano, por el ejercicio irregular y en ocasiones delictuoso del presupuesto de 1982 del Departamento del Distrito Federal, por parte de sus autoridades. Mediante este voto, reafirmamos esa reprobación más allá de la metodología de los puntos resolutivos del proyecto de decreto.

2. Reconocemos el trabajo consciente y esmerado de la Comisión del Distrito Federal al examinar esta Cuenta Pública y la voluntad de los miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto al hacerlo propio. En el dictamen se contienen juicios críticos negativos sobre el modo de ejercer este gasto, concordes con los datos técnicos aportados por el informe previo del Contador Mayor de Hacienda y la amplia información recabada en las reuniones de trabajo de la Comisión del Distrito Federal.

Tales juicios y tal manera de proceder merecen ser destacados, más que por lo inusitado, por ser el inicio del cumplimiento de un deber de vigilancia de la debida aplicación de los fondos públicos, ya sea que el funcionario que los maneje, debida o indebidamente, pertenezca o no al mismo partido que el legislador que lo examina y valora.

Nuestros juicios, que parten de los mismos datos, son más contundentes y paralelos, en valoración y en adjetivos, a los que prevalecen en la opinión pública sobre la administración de Hank González y sus lugartenientes, entre ellos Arturo Durazo Moreno, que no transcribimos, por respecto a esta Soberanía.

3. Los juicios, comentarios y conclusiones contenidos en el dictamen no se reflejan lo suficiente en los puntos resolutivos del proyecto del decreto. En este dictamen, dentro del marco legal que lo rige y por su naturaleza análoga a una sentencia declarativa, en una de sus facetas, en sus resolutivos se pudo reflejar y perfilar más, en forma sintética, los juicios y observaciones en el cuerpo del mismo.

Los resolutivos pueden ser correctos, formalmente, pero resultan neutros. Más que por ser incorrectos, votamos en su contra en la medida que son los incompletos.

Exceptuamos de lo anterior los que hacen referencia a recomendaciones para el futuro y aquel que instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda a que realice auditorías para deslindar y exigir responsabilidades, que merecen nuestra aprobación y deben merecer la de todos.

4. En el diagnóstico de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal hay muchos pronunciamientos que compartimos y otros que provienen del especial enfoque partidario de la mayoría que lo elaboró de los cuales disentimos. Como de alguna manera en el proyecto de decreto se asumen tales criterios, que no queremos adoptar, ello también explica el sentido de nuestro voto.

Como el presente voto particular, más que presentar una proposición alternativa a lo expuesto en el dictamen, sirve como testimonio de las razones metódicas y políticas de su sentido negativo, renunciamos al derecho de que se someta a discusión, pero sí solicitamos se anexe al dictamen y se dé a conocer en la misma forma de ese documento.

México, D. F., a 2 de diciembre de 1983.

Diputado David Lomelí Contreras, José Augusto García Lizama, David Orozco Romo."

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:

"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 29 de noviembre próximo pasado, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta de proyecto de decreto, que concede permiso a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 1o. de diciembre del presente año, se turno a la suscritas Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que las propias interesadas presentarán serán de carácter administrativo; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la C. Lorena Villalobos Gutiérrez para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la C. Patricia Piera Salazar para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 2 de diciembre de 1983.

Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Victor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor. Jorge Cruickshank García, Sami David, Enrique Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Sourverville, Alfonso Molina Rubial, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."

Trámite: -Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

"Comisión de Justicia.

Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal les fue remitida la iniciativa de reformas y adiciones

al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, promovida por el titular del Poder Ejecutivo.

En la parte expositiva de la iniciativa se expresa en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vigente desde 1931, es de aquellas leyes que requieren ser debidamente examinadas pare el efecto de actualizar tanto por el hecho de haber sido superadas por la realidad, como por la circunstancia de que en algunos aspectos no se atiende debidamente a las funciones del Ministerio Público y en otros requiere de congruencia con las disposiciones constitucionales.

Se propone precisar en diversos preceptos, en el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial. En tal sentido se precisa que la Policía Judicial tiene el carácter de auxiliar del Ministerio Público, dependiendo de éste y que debe actuar conforme a las indicaciones que reciba.

Se señala que le Ministerio Público, es el órgano facultado para recibir denuncias y querellas y que sólo por excepción, cuando no puedan ser recibidas por dicha autoridad, intervendrá la Policía Judicial y levantará las actas correspondientes, dando cuenta inmediata al Ministerio Público.

Las disposiciones relativas a correcciones disciplinarias y medidas de apremio se hacen congruentes con el resto de las disposiciones normativas.

Se propone la regulación de las denuncias y querellas, en cuanto a su forma, con el propósito de que los denunciantes o querellantes tengan pleno conocimiento de la importancia del acto que realicen y para evitar que posteriormente pretendan desvirtuarlo.

En cuanto a la libertad caucional, se suprimen las limitaciones procesales y se amplía la posibilidad de obtenerla, al dar facultades expresas al Ministerio Público para concederla en todos los casos en que el medio aritmético de la pena permita la libertad caucional. Asimismo, se proponen reformas para armonizar el Código Procesal Penal con el texto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Debe destacarse que se propone la derogación del artículo 265 bis que se refiere a la función conciliatoria, en el supuesto de que ésta sólo se ocupa de resolver intereses individuales y no atiende al interés de la sociedad y además invade facultades que no le han sido conferidas, que son exclusivas del órgano jurisdiccional. Con la instancia conciliatoria el sujeto activo y el sujeto pasivo de un delito disponen a voluntad propia de la acción penal, de la misma forma que sucede con el derecho privado, por lo que se desnaturaliza la esencia del derecho penal, que es de carácter público.

El procedimiento sumario, actualmente adoptados en el Código Procesal Penal, para los casos en que la pena máxima aplicable al delito no exceda de cinco años de prisión, se amplía a diversos casos en los que se justifica abreviar el procedimiento.

Las comisiones unidas después de haber estudiado la iniciativa y de haber deliberado sobre su contenido, han considerado atendibles las razones expuestas por el Ejecutivo para actualizar el orden normativo procesal y hacerlo congruente con la realidad social a fin de cumplir con el mandato constitucional para que la administración de justicia sea pronta y expedita.

Las comisiones unidas estimaron pertinentes y útiles las reformas propuestas; sin embargo, teniendo presente que recientemente la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que reforman el Código Federal de Procedimientos Penales y crean que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sugieren las siguientes modificaciones:

En el artículo 31, fracción II y 33, fracción I, respectivamente, se agrega como corrección disciplinaria o medio de apremio lo siguiente: "Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá de exeder de un día de salario, y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingresos", esto, con objeto de hacer justas y equitativas dichas medidas.

En el artículo 122 se modifica el texto en los siguientes términos: "El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determina la Ley Penal. Se atenderá para ello, en su caso, las reglas especiales que para dicho efecto proviene este Código".

En el artículo 127 se sustituye la mención se encuentra que aparece al final del texto por la mención queda a disposición de la autoridad.

El artículo 134 se redacta en los siguientes términos: Siempre que lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial. quien la hubiere ejecutado, deberá poner al aprehendido, sin demora alguna, a disposición del tribunal respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor.

En el artículo 152 se modifica la segunda parte para quedar con el siguiente texto: Según las circunstancias del caso, el juez resolverá si el cateo lo realiza su personal, el Ministerio Público o ambos.

Cuando sea el Ministerio Público quien practique el cateo, dará cuenta al juez con los resultados del mismo.

En el artículo 202 se sustituye la palabra habitación por la de domicilio.

El artículo 275 se redacta en los siguientes términos: Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la Policía Judicial sea de aquellos que menciona el artículo 263, aquella orientará al querellante para que acuda a presentar la querella ante el agente del Ministerio Público que corresponda.

En el artículo 301 se constituye la mención máximo señalado como pena al delito de que se trate, que aparece al final del texto por la mención término en que deba resolverse el proceso.

En los artículo 317 y 560, se agregó el concepto prejuicio.

El artículo 321 se sugiere en los siguientes términos: Para los efectos del artículo anterior, el Procurador de Justicia, o subprocurador que corresponda, oirán el parecer de los agentes del Ministerio Público, auxiliares que deben emitirlo y dentro de los quince días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso, resolverán si son de confirmarse o modificarse las conclusiones. Si transcurrido este plazo no se recibe respuesta de los funcionarios primeramente mencionados, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.

El artículo 556 se sugiere en los siguientes términos: todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, cuando el termino medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito imputado no exceda de cinco años de prisión. El juez que atenderá para este efecto a las modalidades calificativas del delito cometido en caso de acumulación se atenderá al delito cuya pena sea mayor.

En el artículo 270 bis el arraigo se limitó a treinta días, prorrogables por igual término a petición del Ministerio Público.

Asimismo, las comisiones unidas han estimado pertinente modificar el artículo 10 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, a pesar de que éste no haya sido considerado en la iniciativa, pues es necesario que su texto sea congruente con el artículo 98 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, que recientemente fue aprobado por la Cámara de Diputados, dando competencia a los jueces de la paz para conocer de los delitos que tengan sanciones privativas de la libertad hasta por dos años.

Las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal consideraron que con las modificaciones sugeridas precisadas en los párrafos precedentes se mejora la iniciativa haciéndola congruente en aquellas disposiciones similares por su naturaleza, a las del Código Federal de Procedimientos Penales que recientemente fue reformado por la H. Cámara de Diputados.

Las comisiones estiman haber recogido aquellos temas en que la sociedad se ha manifestado preocupada en el ámbito de la administración de justicia. Las reformas que en este dictamen se someten a la consideración de la soberanía nacional actualizan el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. con objeto de tutelar y ampliar los derechos del ofendido y del inculpado, sin descuidar la protección debida de la sociedad de la cual ambos forman parte. Igualmente, se pretenden perfeccionar las atribuciones correspondientes, teniendo presente el respeto de las garantías constitucionales, a fin de evitar la arbitrariedad y la corrupción para lograr que la administración de justicia sea pronta y expedita, como lo preceptúa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, proponen a vuestra soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo primero. "Se reforman los artículos 10, 20, 31, 33, 116, 122, 127, 133, 134, 152, 202, 262, 271, 274, 275, 276, 299, 301, 305, 317, 321, 477, 481, 536, 551, 556, y 560 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los Jueces de Paz conocerán en materia penal, en procedimiento sumario de los delitos que tengan como sanción apercibimiento, caución de no ofender, multa, independientemente de su monto, o prisión, cuyo máximo sea de dos años. En caso de que se trate de varios delitos se estará a la pena del delito mayor.

.. .. .. Fuera de la competencia a que se refiere el párrafo anterior, los jueces penales conocerán tanto de los procedimientos ordinarios como de los sumarios.

Cuando se trate de varios delitos, el juez de paz será competente para dictar la sentencia correspondiente, aunque ésta pueda ser mayor de dos años de prisión, a virtud de las reglas contenidas en los artículos 58, 64 y 65 del Código Penal.

Estas reglas se entienden con la salvedad de los casos de competencia del jurado, señalados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Artículo 20. El Ministerio Público, en las diligencias de averiguación previa, sólo podrá imponer, por vía de corrección disciplinaria multas que no excedan del importe de un día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Contra estas correcciones no se admite más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 31. Son correcciones disciplinarias:

I. .. ;

II. Multa por el equivalente a entre uno y quince días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite corrección. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingresos;

III. Suspensión. La suspensión sólo se podrá aplicar a servidores públicos con la duración prevista por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

IV. Arresto hasta de treinta y seis horas.

Artículo 33. Los tribunales o jueces, para

hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio:

I. Multa por el equivalente a entre uno y treinta días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingreso.

II. .. ;

III. Arresto hasta de treinta y seis horas. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.

Los funcionarios a que se refiere el artículo 20, solamente podrán emplear como medios de apremio multa del importe de un día del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, arresto hasta de treinta y seis horas y el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 116. El cuerpo del delito en el fraude, abuso de confianza y peculado, se comprobará por cualquiera de los medios expresados en las fracciones I y II del artículo anterior, observándose lo que dispone su inciso final. Además para el delito de peculado es necesario que se demuestren, por cualquier medio de prueba, los requisitos que acerca del sujeto activo prevenga la ley penal.

Artículo 122. El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determina la ley penal. Se atenderá para ello, en su caso, a las reglas especiales que para dicho efecto previene este Código.

Artículo 127. Cuando un lesionado necesite pronta atención, cualquier médico que se halle presente o aquel que sea requerido a prestar su atención, debe atenderlo y aun trasladarlo del lugar de los hechos al sitio apropiado para su atención, sin esperar la intervención de la autoridad, debiendo comunicar a ésta, inmediatamente después de brindarle los primeros auxilios, los siguientes datos: nombre del lesionado; lugar preciso en que fue encontrado y circunstancias el las que se hallaba; naturaleza de las lesiones que presente y causas probables que las originaron; curaciones que se le hubieren hecho y lugar preciso en que queda a disposición de la autoridad.

Artículo 133. En los casos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 271 y en todos aquellos en que el delito no dé lugar a detención, a pedimento del Ministerio Público se librará orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que existan elementos que permitan presumir la existencia del delito y la responsabilidad del inculpado.

La orden de comparecencia y la de detención a que se refiere el precepto anterior, se entregarán al Ministerio Público.

Artículo 134. Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido, sin demora alguna, a disposición del tribunal respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor.

Artículo 152. ..

Cuando durante las diligencias de averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá al Juez respectivo, solicitando la diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen. Según las circunstancias del caso, el juez resolverá si el cateo lo realiza su personal, el Ministerio Público o ambos.

Cuando sea el Ministerio Público quien practique el cateo, dará cuenta al juez con los resultados del mismo.

Artículo 202. Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, toda persona está obligada a presentarse al juzgado cuando sea citada. Sin embargo, cuando haya que examinar a altos funcionarios de la Federación, quien practique las diligencias se trasladará al domicilio u oficina de dichas personas para tomarles su declaración o, si lo estima conveniente, solicitará de aquellos que la rindan por medio de oficio, sin perjuicio de que el interesado, si se le requiere y lo desea, comparezca personalmente.

Artículo 262. Los funcionarios y agentes de Policía Judicial, así como los auxiliares del Ministerio Público, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos del orden común de que tengan noticia, dando cuenta inmediata al Ministerio Público, si la investigación no se ha iniciado directamente por éste. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes:

.. .. Artículo 271. .. ..

Cuando se trate de delito intencional o culposo, exclusivamente, y siempre que no se abandone al ofendido, el Ministerio Público dispondrá la libertad del inculpado, sin perjuicio de solicitar su arraigo, si éste garantiza mediante caución suficiente que fije el Ministerio Público, no sustraerse a la acción de la justicia, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios que pudieran serle exigidos. Igual acuerdo se adoptará, sin necesidad de caución y sin perjuicio de pedir el arraigo correspondiente, cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de libertad.

(Párrafos cuarto al séptimo) ..

Artículo 274. Cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante al Ministerio Público, levantará un acta, de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público, en la que consignará:

I a III. ..

Artículo 275. Cuando el delito que se ponga

en conocimiento de la Policía Judicial sea de aquellos que menciona el artículo 263, aquélla orientará al querellante para que acuda a presentar la querella antes el agente del Ministerio Público que corresponda.

Artículo 276. Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito, se concretarán en todo caso, a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente y se harán en los términos previstos para el ejercicio del derecho de petición. Cuando la denuncia o querella no reúnan los requisitos citados, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante o querellante para que la modifique, ajustándose a ellos, asimismo, se informará al denunciante o querellante dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realiza, sobre la penas en que incurren los que declaran falsamente ante las autoridades, y sobre las modalidades del procedimiento según se trate de delito perseguible de oficio o por querella.

En el caso en que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán constar en el acta que levantará el funcionario que la reciba, recabando la firma o huella digital del denunciante o querellante. Cuando se haga por escrito, deberán contener la firma o huella digital del que la presenta y su domicilio.

Cuando el denunciante o querellante hagan publicar la denuncia o la querella, están obligados a publicar también a su costa y en la misma forma utilizada para esa publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona en contra de la cual se hubiera formulado dicha denuncia o querella y sin perjuicio de las responsabilidades en que aquéllos incurran, en su caso, conforme a otras, leyes aplicable.

Artículo 299 ..

Este auto, el de sujeción a proceso y el de libertad por falta de elementos para procesar, se comunicarán en la misma forma al superior jerárquico del procesado cuando éste sea servidor público.

Artículo 301. Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable, el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrá sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público podrá solicitar al juez fundada y motivadamente o éste disponer de oficio, con audiencia del imputado, el arraigo de éste con las características y por el tiempo que el juzgador señale, sin que en ningún caso pueda exceder del término en que deba resolver el proceso.

Artículo 305. Se seguirá procedimiento sumario cuando se trate de flagrante delito; exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial; la pena aplicable no exceda en su término medio aritmético, de cinco años de prisión, o sea alternativa o no privativa de libertad. Cuando fueren varios delitos, se estará a la penalidad máxima del delito mayor, observándose además lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 10.

También se seguirá juicio sumario cuando se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en su caso, si ambas partes manifiestan en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y no tienen más pruebas que ofrecer, salvo las conducentes a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias.

Artículo 317. En las conclusiones, que deberán presentarse por escrito, se fijarán en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan al acusado, solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia aplicables al caso. Estas Proposiciones deberán contener los elementos de prueba relativos a la comprobación del cuerpo del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad penal.

Artículo 321. Para los efectos del artículo anterior, el Procurador de Justicia o Subprocurador que corresponda oirán el parecer de los agentes del Ministerio Público Auxiliares que deben emitirlo, y dentro de los quince días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso, resolverán si son de confirmase o modificarse las conclusiones. Si transcurrido este plazo no se recibe respuesta de los funcionarios primeramente mencionados, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.

Artículo 477. ..

I. .. ;

II. .. ;

III. ..

La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y III, no impide que, a requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o de sus representantes, adopte el juzgador medidas precautorias patrimoniales en los términos del artículo 35.

Artículo 481. Para suspender el procedimiento bastará el pedimento del Ministerio Público, hecho con fundamento en los artículos anteriores. El juez lo decretará de plano sin sustanciación alguna. Asimismo se podrá suspender el procedimiento a petición del inculpado o su representante, dando vista al Ministerio Público.

Artículo 536. ..

En los casos previstos en las fracciones I y III del artículo 477, se continuará la tramitación del incidente, hasta dictarse sentencia.

Artículo 551. ..

En el caso de la fracción I del artículo 547, la resolución que concede la libertad, tendrá efecto definitivos y se sobreseerá el proceso.

Artículo 556. Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, cuando el término a ser puesto en libertad bajo caución cuando el término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito imputado no exceda de cinco años de prisión. El juez atenderá para este efecto a las modalidades y calificativas del

delito cometido. En caso de acumulación se atenderá al delito cuya pena sea mayor.

Artículo 560. ..

I. ..

II. ..

III. ..

IV. ..

V. ..

Cuando el delito represente un beneficio económico para su autor, o cause a la víctima un daño patrimonial. la garantía será necesariamente, cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o al daño y perjuicio causado y quedará sujeta a la reparación del daño y perjuicio que, en su caso, se resuelva."

Artículo segundo. Se adicionan los artículos 134-2; 270 bis y 296 bis del Código de Procedimiento Penales del Distrito Federal, en los siguientes términos.

Artículo 134-2. Para la aprehensión de funcionarios federales o locales que incurran en la comisión de delitos del orden común, se procederá de acuerdo con lo que dispongan la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las leyes orgánicas y reglamentarias respectivas, sin perjuicio de adoptar las medidas conducentes para evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Si aquél intenta hacerlo, lo evitará la autoridad encargada de su vigilancia y solicitará inmediatamente instrucciones a quien esté conociendo del asunto o deba expedir la autorización ajustándose a las órdenes que de estos órganos reciba.

Artículo 270 bis. Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundado y motivando su petición para que éste, oyendo al indiciado, resuelva, el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerá el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público.

El juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.

Artículo 296 bis. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestran su mayor o menor temibilidad.

El tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias de hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto.

La misma obligación señalada en los párrafos precedentes tiene el Ministerio Público durante la averiguación previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer, fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acción penal o al formular conclusiones.

Artículo tercero. Se deroga el artículo 265 bis, del Código de Procedimientos Penales, para el Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los individuos que se encuentren sujetos a proceso al momento de entrar en vigor este decreto, podrán optar por acogerse a las disposiciones en él contenidas o continuar sometidos a las que se modifican.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., diciembre 1o. de 1983.

Comisión de Justicia: Mariano Piña Olaya, Leopoldino Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco J. Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monrroy Miguel Angel Martínez Cruz, Crecencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Avila, Salvador Rocha Díaz, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Angel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Alvaro Uribe Salas María Antonia Vázquez Segura César H. Vieyra Salgado.

Comisión del Distrito Federal: Luz Lajous, José Carreño Carlón, José Aguilar Alcerreca, Manuel Alvarez Gónzalez, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez, Pedro Luis Bartilotti Perea, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, María Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo y Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, José Augusto García Lizama, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Everardo Gámiz Edmundo Jardón Arzate, Enrique León Martínez, Alberto Ling Altamirano,

Norma López Cano, Xóchitl Llarena de guillén, Armida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Esteban Núñez Perea, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rossel, Jesús Salazar Toledano, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Núñez."

La C. Presidenta: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo ... Se dispensa la Segunda lectura al dictamen.

La C. Presidenta: -En consecuencia, está a discusión en lo general.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes CC. diputados: Daniel Angel Sánchez Pérez y Enrique Alcántar Enríquez, Para hablar en pro: José Luis Caballero Cárdenas.

Tiene la palabra el C. diputado Daniel Angel Sánchez Pérez, en contra.

El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: -Señor Presidente, compañeros diputados: Yo no amenazaré, sino que seré breve, puesto que como dijo el compañero Gershenson: "Se trata de la misma gata nada más que sin revolcar".

El dictamen de reformas al Código Federal, no es más que una calca a la que ya esta Cámara, no nosotros, sino esta Cámara, aprobó por lo que ve al Código Federal de Procedimientos Penales, y mantenemos la misma postura por su carácter anticonstitucional, por lo que ve a los cateos, por lo que ve a confundir querella con denuncia y, sobre todo, porque en esté se deja todavía más grave la situación del arraigo a las personas.

Simplemente queremos hacer mención que esa no muy sabia decisión de haber votado en favor del Código Federal de Procedimientos Penales, ya empezó a causar efecto entre los abogados de toda la República; para mí es muy satisfactorio dar a conocer que en Michoacán, por ejemplo, que tiene gran ascendencia y gran historia por lo que ve a estudios jurídicos, tanto la Barra como el Colegio de Abogados ya se han manifestado en contra de esas decisiones que esta Cámara tomó, y van a pedir formalmente al Senado que se inicie un proceso para derogar principalmente, señores, lo que es el cateo. Ya se discutió mucho en aquel entonces. Nosotros seguimos sosteniendo que es anticonstitucional, nosotros seguimos sosteniendo que no se puede seguir dando tanta fuerza a la Policía Judicial y al órgano acusado en este país, porque se está dando, y eso lo estamos observando, que se está fortaleciendo precisamente a los órganos de represión - Talamantes, aprovechando esa coyuntura que dieron, preguntaba: ¡De qué se trata?

Yo digo que se trata de establecer ese famoso Estado fuerte que el señor Miguel de la Madrid estaba esbozando en su campaña; pero un Estado fuerte, represivo, no un Estado fuerte que con sus argumentos pudiera convencer al pueblo. Por eso vemos aquí que al Ejército se le mima. Por eso vemos aquí, que no porque haya salido de la consulta popular sino de la interpretación muy especial y muy particular que le dan los señores que están en el poder a esa consulta popular, empiecen a modificar leyes, no para darle más libertad ni para reconocerle libertad al individuo, sino para privárselas, para darle más fortaleza a los órganos del Estado, para coartar cualquier movimiento posible, que tiene que venirse, eso es indefectible, por la inquietud social que existe; y más que va a existir, dado que este régimen es incapaz de poder frenar la crisis social y política que vivimos; tiene que venirse un movimiento más drástico, un movimiento popular más difícil contra el Estado, por eso el Estado se está previniendo. Por eso siguen autorizando en este Código para el Distrito Federal, que los cateos los haga el Ministerio Público y la Policía Judicial, sin presencia de la autoridad judicial. Eso ya se discutió muchas veces y eso es anticonstitucional mil veces. No porque preconstituya pruebas o no, sino por la arbitrariedad que es la medalla de distinción de las policías judiciales y particulares en este país, de las miles de policías que anticonstitucionalmente existen y que sí nos deberíamos dar al trabajo o a la cita para erradicarlas.

Y ahora, aquí, creo que se les pasó, gracias a una intervención de José Luis Caballero en las comisiones al que tal parece que tratan de desprestigiar como abogado, al mandarlo a defender este tipo de cosas. Gracias a una intervención que él hizo en las Comisiones en aquél entonces, se dijo que el arraigo no podía exceder de más de treinta días y que sin perjuicio de que se pudiera aumentar a treinta días más, para que pudiera el Ministerio Público durante la averiguación previa de la etapa previa a la consignación, arraigar a una persona, cosa que se dio y se ha dado con los funcionarios que tienen dinero, que han robado al Estado y que, como dicen, ponen pintitos antes de que se inicie realmente la acción penal.

Pero aquí en el Código para el Distrito Federal, dejaron en completo estado de indefensión, y dicen que cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable al imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrán sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público podrá solicitar el juez fundada y motivadamente, poder disponer de oficio, con audiencia

del imputado, el arraigo de esté con las características y por el tiempo que el juzgador señale, sin que en ningún caso pueda exceder del máximo señalado como a pena al delito de que se trate.

Pueden decirnos que precisamente ese estado de indefensión puede ser material de que el juez lo examine y que puede ser un día, un mes, o puede ser lo máximo de un delito, que aquellos que no merecen una pena privativa de la libertad, pero en este caso es muy fácil, cuando el instrumento lo tiene el Estado, y cuando ese Estado es represivo por naturaleza -y que además se le dan este tipo de instrumentos - es muy fácil: A una persona sin antes haber ejercitado la acción penal se le dice al juez: Te pido que lo arraigues, y como hay plena indefensión se puede quedar arraigado de uno a tres años, de uno a cuatro, de uno a dos años, porque simplemente el señor del Ministerio Público puede decir que por falta de elementos para consignar aún no ha integrado debidamente toda su averiguación, y mantener la averiguación congelada dos, tres meses, un año, porque el señor deberá estar arraigado hasta por un máximo de la pena que se le aplica.

La salida jurídica anterior me parece que es la más clara y la más consecuente, que el arraigo no exceda de treinta días sin perjuicio de que pudieran agregarse treinta días más; pero dejar en indefensión una situación que afecta a los derechos individuales de libre tránsito o de libertad en su persona, con un arraigo que puede durar de un día hasta tres años, señores, eso no es motivo de ninguna consulta popular, ese no es motivo más que de la aplicación de instrumentos ya casi fascistas en un régimen que se llama democrático.

Nosotros seguimos y seguiremos votando en contra de todo aquello que esté violando o coartando las garantías individuales, y esto con los famosos cateos de la Policía Judicial y de los agentes del Ministerio Público durante la averiguación previa, sin presencia de los órganos jurisdiccionales, es anticonstitucional. Y sujetar al arraigo a una persona, dejar definido el término por el cual debe ser, durante la averiguación previa penal, es anticonstitucional, es privar de sus derechos individuales a las personas. Si usted, como mayoría priísta, no aprecian que esto pone en grave peligro a la sociedad civil en México, señores, nosotros desde la izquierda, no por mera oposición sino porque creemos que esta Constitución tiene mucho que defenderle, porque creemos que el esfuerzo del pueblo mexicano tiene mucho que defenderse en esa Constitución -que burguesa o no es la que nos rige -; nosotros sí estaremos en contra de todo aquello que coarta las garantías individuales y, por eso, votaremos en contra de este proyecto. Muchas gracias.

La C. Presidenta: -Tiene la palabra, en pro, el diputado José Luis Caballero del Partido Revolucionario Institucional.

El C. José Luis Caballero Cárdenas: - Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea: La mayoría priísta a la que me honro en pertenecer, comparte en plenitud la angustiosa preocupación que expresó el señor diputado Daniel Angel Sánchez Pérez, por lo que toca al exacto cumplimiento de la Constitución General de la República en todos y cada uno de sus preceptos.

No vengo a hablar en contra sino obviamente, en pro. Estamos plenamente de acuerdo con el contenido del dictamen, que el día de hoy las comisiones unidas de Justicia y del Distrito federal presentan para su discusión, análisis y aprobación a esta Soberanía.

Pero es evidente que en el fondo de ese dictamen campea la justa preocupación de todos y cada uno de quienes integramos esas comisiones, como miembros del Partido Revolucionario Institucional, porque las diversas disposiciones que lo integran estén en clara concordancia con los artículos de la Constitución General de la República que, de una u otra manera, tienen que ver con el delicado campo de la cuestión penal.

Es por lo tanto verdaderamente inconsistente la afirmación que ha hecho el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que el proyecto de iniciativa, que hoy está a la digna consideración de esta Asamblea, lesiones en modo alguno las garantías fundamentales que en favor del gobernado consagra la Carta Magna de esta Nación.

No solamente el dictamen no está en contra de nuestra Ley Fundamental sino que tiene como causa o como una de sus causas primordiales, la necesidad de ajustar muchas de las disposiciones del Código de Procedimiento Penales del Distrito Federal, que han quedado a la zaga por la práctica, y que han sido rebasadas por la realidad de la vida actual, que en todos los ámbitos ha exigido reformas y adecuaciones.

Mientras en el seno de las Comisiones tuvimos la oportunidad de examinar con el detalle, con la serenidad y con la prudencia que el caso exige las diversas disposiciones de esta iniciativa, todos los que de buena fe participamos y quisimos trabajar para mejorar la propuesta del Ejecutivo Federal, lo hicimos con plena libertad y al máximo de nuestra capacidad.

Agradezco desde luego, al señor diputado Sánchez Pérez la aseveración que hace en cuanto a que su servidor, de una o de otra manera, mostró inquietudes personales por lo que toca a la duración del arraigo, y niego, desde luego que ni el cateo, ni el arraigo, ni lo que el señor diputado Sánchez Pérez llamó "confusión entre los conceptos de querella y de denuncia", se opongan en modo alguno a la Ley Fundamental de este país, que es la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al cateo, sobre el cual se ha hecho énfasis respecto a su pretendida inconstitucionalidad, quiero dejar perfectamente aclarado que de ninguna manera se aparta un ápice

de lo que al efecto dispone el artículo 16 de la Constitución política.

En efecto, el cateo, de conformidad con esa norma, sólo puede ser expedido por el Poder Judicial, sólo puede llevarse a cabo con una orden expresa del juez y así sigue en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, como también sigue en el Código Federal de Procedimientos Penales. El cateo sólo puede llevarse a cabo a través de una orden escrita, esa orden escrita subsiste tanto en el Código Federal de Procedimiento Penales como en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no ha cambiado una sola letra por lo que toca a esa disposición; el cateo debe tener un objeto preciso y es el examen del lugar que se ha de catear, la aprehensión de persona o personas que deban ser materia de esa orden, objeto de esa orden y la localización o la obtención de tales o cuales objetos o elementos, que permitan perfeccionar una averiguación, que permitan complementar, o que permitan mejorar o enriquecer las pruebas de que se disponga para la plena comprobación del cuerpo del delito y de la probable o plena responsabilidad del inculpado. Esto no ha cambiado un ápice ni el Código Federal de Procedimientos Penales, como tampoco en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; se sigue ajustando al cateo en todo lo ya expresado, rigurosa y estrictamente a la Constitución General de la República; por lo tanto, lo que está de acuerdo en plenitud con lo que exige la Ley Fundamental, por cuanto hace a los cateos, de ninguna manera puede considerarse contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, dice la Constitución en su artículo 16: "Que la autoridad que practique el cateo levantará al final una acta circunstanciada en presencia de dos testigos que pueden ser los que propongan el dueño o poseedor del lugar cateado, si está presente y quiere hacerlo..." Esta parte del artículo 16 constitucional es sumamente importante, porque éste dice: "La autoridad que practique el cateo", de ninguna manera dice ni sugiere siquiera que sea necesariamente la autoridad judicial, esto no es cierto. La lectura del artículo 16 excluye cualquier duda al respecto. Por eso, con profundo respeto pero en forma enérgica y terminante, niego que en el proyecto sometido a esta honorable soberanía el artículo concerniente al cateo resulta contrario a la Constitución General de la República o entrañe en modo alguno violación de garantías. Lo niego de manera enfática e invito, también con la consideración que me merecen, a los distinguidos señores diputados licenciados en Derecho - que los hay muy brillantes en el seno de esta Asamblea - para que examinen el texto del artículo 16 constitucional en la parte concerniente al cateo, y examinen, al mismo tiempo, lo que en la iniciativa, que el día de hoy está a discusión, y comparando los textos, lleguen a la conclusión ineludible porque la impone la lógica, la impone el sentido común de que no hay, por ningún motivo, contrariedad de ninguna especie entre lo que el Código propone a propósito del cateo, me refiero, naturalmente. al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y así fue en el cateo por lo que toca al Código Federal de Procedimientos Penales, no hay ningún divorcio, ninguna divergencia entre su texto y la Constitución General de la República.

Insisto, al final del artículo 16 en la parte relativa se dice: "La autoridad que practique el cateo... " No se dice: "La autoridad judicial... " Quiere esto entonces decir que el cateo, si bien es cierto que sólo puede llevarse a efecto con orden judicial, no es lo menos que la Constitución no exige necesariamente sea el juez quien vaya a practicar ese cateo.

Por lo demás, en el año de 1916, instalado el Constituyente en la ciudad de Querétaro, el señor don Venustiano Carranza, en su exposición de motivos, hace una alusión precisa al papel ominoso que los señores jueces habían venido desarrollando en la República al amparo de leyes asteriores, constituyéndose o erigiéndose ellos mismo en amos y señores de vidas y haciendas, disponiendo como quieran de la averiguación, llevando a cabo las investigaciones que a ellos se les antojaban, con verdaderos asaltos al ciudadano, con asedios inquisitoriales, indignos de ser soportados en cualquier sociedad. Y el señor Venustiano Carranza quiso en su iniciativa, dejar bien clara la inadecuada actitud, la incorrecta actitud, la ilegal conducta de esos jueces; es evidente que en la Constitución de '17 no había por qué dejar a la exclusiva facultad de los señores jueces el seguir procurándose pruebas a como diera lugar, y al final de cuentas el cateo no sirve más que para eso.

Por otra parte no hay duda de ningún género, así como hay de delitos a delitos, también hay de cateos a cateos, Señores, no es lo mismo catear -vamos a decirlo con toda claridad - el domicilio de traficantes de drogas, no es lo mismo catear el domicilio de terroristas urbanos, no es lo mismo catear el domicilio de traficantes de armas o de tratantes de blancas que el domicilio de otras personas de otras calidades, querámoslo o no, por delitos de menos importancia.

Finalmente, por cuanto hace al cateo, lo que la iniciativa contiene no es más que una adecuación sencilla y clara de lo que son propiamente las facultades de las distintas autoridades que intervienen en una cuestión de orden criminal: Por una parte, las que corresponden al Ministerio Público y por la otra, las que corresponden al juez; al Ministerio Público le corresponde perseguir los delitos, investigar, y en la investigación está el acopio de pruebas para ejercitar con los datos jurídicos necesarios y con los elementos de convicción pertinentes la acción penal ante los tribunales. A los tribunales sólo les toca decidir, en consecuencia, hasta por una cuestión de pulcritud normativa

y por una cuestión que hace a la lógica de los procedimientos, el cateo pudiera y debiera estar única y exclusivamente bajo la responsabilidad del Ministerio Público; sin embargo, el legislador no ha querido que vaya hasta ese extremo y exige siempre dos cosas: primero, la orden judicial; segundo, que si el juez lo estima necesario, su personal esté presente en el cateo siempre y cuando no se corra un riesgo de muerte. No hay duda de que en muchos cateos la muerte está presente, no hay duda de que en muchos cateos las cuestiones se van a dilucidar a balazos, y no es justo que para ese tipo de cuestiones se obligue al juez y a sus secretarios de estar presentes en una diligencia que comporta gravísimo riesgo y clarísimo peligro de muerte, eso está fuera de duda.

Por otro lado no es cierto tampoco que en la iniciativa haya una confusión sobre denuncias o querellas y no hay confusión de ninguna especie. En la iniciativa simplemente se establece con toda precisión, que cuando por razones de urgencia la denuncia no pudiera ser presentada ante el Ministerio Público, podrá la Policía Judicial bajo su más estricta responsabilidad, tomar noticia oficiosamente del hecho delictuosos de que se trate. Sin embargo, no podrá en ningún caso conocer de querellas, y si acaso algún ciudadano presenta una querella ante la Policía Judicial del Distrito Federal, la Policía Judicial simplemente se limita a orientar a esa persona sobre cuál es la forma por la que habrá de encauzarse o de darse trámite a esa querella y ante que autoridad es oportuno presentarla. Tampoco es cierto que el arraigo en sí viole garantías constitucionales de ninguna especie. Y en este punto concreto, con la administración que tantas veces he manifestado en esta tribuna y en lo privado por David Angel Sánchez Pérez, creo que hizo una confusión -involuntaria, desde luego -, porque en él no me explico ese error más que en forma involuntaria. Yo creo que el señor diputado Sánchez Pérez confundió lo que en el proyecto a discusión se previene en el artículo 301 con lo que se previene en el artículo 270 bis, y me da la impresión - salvo que haya escuchado mal -, que Daniel Angel pensó que el arraigo por el que habíamos luchado en Comisiones haya quedado suprimido en esta iniciativa.

Se trata de dos arraigos totalmente distintos: el primero está previsto en el artículo 301 y se refiere al arraigo en juicio, al arraigo durante el procedimiento judicial, y es cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable, el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrán sustraerse a la acción de la justicia, en cuyo caso el Ministerio Público podrá solicitar al juez, fundada y motivadamente, o el juez disponer de oficio con audiencia del imputado, el arraigo del inculpado con las características y por el tiempo que el juzgador señale, y añade el artículo: "sin que en ningún caso pueda exceder ese arraigo del término en que deba resolver el proceso..."

El artículo 20 constitucional, en su fracción VIII dice que: "El acusado será juzgado antes de cuatro meses si se tratase de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena máxima excediese de este tiempo..." en consecuencia, no se viola garantías cuando se deja ese arraigo a criterio del juez -como lo ha señalado Daniel Angel Sánchez Pérez-, porque en ningún caso ese criterio del señor juez puede ir más allá de lo que dispone la fracción VIII del 20 constitucional; si se prolonga por más de cuatro meses o por un año, según la duración de la pena que amerita el delito de que se trata, el afectado tendrá expedita la vía del juicio de garantías para hacer respetar sus derechos.

Por otra parte, el arraigo en averiguación previa, a que se refiere el artículo 270 bis, es el que había mencionado Daniel Angel Sánchez Pérez como aquél donde en Comisiones pedimos que no se prolongara por más de 30 días; ese arraigo queda tal como se había previsto en el seno de los trabajos de nuestras respectivas Comisiones, de suerte que sólo me puedo explicar la objeción del señor diputado Sánchez Pérez respecto a esta cuestión del arraigo y a la posible o presunta violación de garantías que implicaría por una involuntaria confusión, porque insistió, lo repito claramente, es un hombre de talento, es un jurista responsable y serio, y no creo que utilizara esta altísima tribuna para impugnar sólo por el prurito de estar en contra. Yo he sentido a Daniel como un opositor de buena fe y de una envidiable y plausible lealtad.

Por lo demás, la iniciativa que recogen las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, por lo que toca a la reforma de ciertos preceptos del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, no hace sino incorporar a la legislación nacional lo que es el resultado de un clamor popular, no hay un solo precepto y no lo habríamos permitido en comisiones; no lo habríamos permitido porque nuestra convicción es la de la justicia, es la del orden, es la del decoro, es la de la democracia, es la de la libertad, es la de la dignidad humana, no hay un solo artículo en este dictamen que de ninguna manera lesione ni remotamente la dignidad del hombre; muy por el contrario, se busca garantizar en la medida de lo posible la situación jurídica en que se encuentra la persona que delinque, del mismo modo se busca mejorar y proteger la situación del ofendido y en ambos casos se busca proteger, desde luego, a la sociedad que es la que está directamente interesada en la atención a estos gravísimos casos de orden criminal. En ningún caso, por ningún motivo, esta iniciativa contiene precepto o línea alguna que se aparte de la Constitución Federal de la República, de la que nos repetimos apasionados defensores. Muchas gracias.

La C. Presidenta: -Tiene la palabra, en contra, el señor diputado Enrique Alcántar del Partido Demócrata Mexicano.

EL C. Enrique Alcántar Enríquez: -Señora Presidenta: Declino hablar en lo general, y en su turno trataré algunos artículos en contra.

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La C. Presidenta: -Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando el artículo de la Ley que desea impugnar y el artículo de decreto que lo contiene.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que de refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señora Presidenta, se emitieron 268 votos en pro, 41 en contra y una abstención.

La C. Presidenta: -aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 268 votos.

Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos: 1o. del decreto, 33 fracción I; 134, párrafo segundo; 152; 270 biss; 274; 276, bis; 299 y 301 del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal.

Se habré el registro de oradores para la discusión del artículo 1o. del decreto.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo, el diputado David Orozco Romo para hablar en pro del mismo artículo, el diputado José Luis Caballero y el diputado Mariano Piña Olaya por la Comisión .

Tiene la palabra el señor diputado David Orozco Romo, en contra.

El C. David Orozco Romo: -Honorable Asamblea; señora Presidenta: Quiero solicitar que consulte a la Asamblea si me da autorización de tratar en una sola intervención los artículos que he reservado.

La C. Presidenta: - Pregunta la Secretaría a la Asamblea si se puede tratar todos los artículos reservados por el diputado Orozco Romo en una sola intervención.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: -Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si autoriza el tratamiento de todos los artículos señalados, que corresponden al 1o. del dictamen, por el señor diputado Orozco.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.

El C. David Orozco Romo: -Muchas gracias. Cuando se pasó a la votación en lo general, los diputados demócratas votamos a favor, en virtud de que consideramos esta ley con aspectos técnicos que se pueden ver por separado. Y una vez que nos reservamos los artículos, no votamos por aquellos en los cuales teníamos inconformidad. Y voy a manifestarlo en los siguientes términos:

El artículo 33 establece una multa excesiva dentro de la tendencia a hacer más benigno y humano el proceso penal, la averiguación, y por eso nos oponemos a ella.

El artículo 134-2, que es una adición, es más grave, pues establece que para la aprehensión de funcionarios federales o locales que incurran en la comisión de delitos de orden común, se procederá de acuerdo con lo que disponga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o sea, aquí se trata de delitos de orden común y los funcionarios reciben un tratamiento especial, lo cual equivale a establecer un fuero de los prohibidos por la Constitución. Se puede argumentar que es únicamente lo que disponga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En caso de que la ley dispusiera algo especial para estos funcionarios, se estaría violando la Constitución, y este es el momento en que estamos legislando y que debemos legislar de acuerdo con la Constitución sin establecer ningún asomo de fuero, ningún asomo de trato especial para un sector especial de la población. Porque observarán ustedes que esta disposición no es por los delitos que se cometan, sino que rige a la persona y se establece una serie, una especie de estatuto personal, por lo que debe ser rechazada.

El artículo 270 bis -al cual se hizo referencia en el debate en lo general - establece el arraigo del indiciado. Sí, es verdad, que es mediante orden de juez sólo tiene jurisdicción, sólo debe de tenerla, sólo impone limitaciones a la libertad de las personas cuando alguien está sujeto a un proceso. El indiciado, el averiguado, tiene la misma calidad jurídica que cualquiera de nosotros. Todo mundo es inocente hasta que se le demuestre que sea culpable, por más graves que sean sus delitos, por más repulsiva que sea su personalidad, por mayores que sean sus antecedentes, el carácter, el hecho de ser averiguado por la Procuraduría, por el Ministerio Público, no le resta ninguna calidad jurídica. Y aquí se le está limitando

mediante el arraigo, se limita su libertad sin causa justificada y sólo a juicio del juez, quien dicta sus órdenes pero basado en la Ley. Y así en las órdenes de aprehensión debe de cumplir con los requisitos del artículo 16 constitucional.

El artículo 274 establece que cuando la policía tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso la denuncia no pueda ser formulada directamente ante el Ministerio Público, levantará un acta de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público en la que consignará y vengan los requisitos.

Es lo ya discutido de que ante la Policía Judicial se pueden levantar actas. Cuando se levantan actas por una denuncia, un ciudadano le atribuye a otro normalmente una conducta que puede ser tipificada como delictuosa; si lo hace frente a un particular, esa denuncia posiblemente comete el delito de calumnia y el menor, el de difamación, pero al hacerlo debe hacerlo ante un órgano revestido de toda la dignidad que es el Ministerio Público, no ante la simple policía, y también por eso se debe de rechazar y votar en contra de este artículo.

En el artículo 276 se establece que las denuncias y querellas deben formularse verbalmente o por escrito, y luego vienen una serie de requisitos: éstos van contra el espíritu del artículo 17 de la Constitución, que establece que nadie puede hacerse justicia por sí mismo y los tribunales estarán expedidos para dar justicia, para que nadie se haga justicia por sí mismo; entonces las oficinas del Ministerio Público deben estar abiertas para recibir las denuncias, sin exigir mayores formalidades en la misma, ni exigir los requisitos que se establecen en este artículo, ni las presiones que eventualmente puede haber al darle a conocer la trascendencia jurídica del acto al tratar de que rectifique el denunciante, etcétera, simple y sencillamente deben estar abiertos, recibir los hechos y ya el Ministerio Público calificará si tales hechos son antijurídicos o no; mas tomando en cuenta nuestra realidad sociológica, en que los denunciantes no van asesorados de abogados y muchas veces se atropellan en sus denuncias, califican jurídicamente los hechos, pero si se les coarta, si se les presiona, entonces ese denunciar que debe ser natural, se les dificulta.

El artículo 296 - bis establece que durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado alegándose datos para conocer su edad, educación, ilustración, etcétera, esto está muy bien para medir la pena que como ustedes conocen va de un mínimo a un máximo, y recomendar las medidas cautelarias respectivas; pero en este artículo no se toma en cuenta que estos datos deben ser tomados con audiencia del procesado, para que pueda allegar aquello que le favorezcan. Entonces, este artículo por lo que es objetable, es por aquello que lo salta y que se omite, por lo cual se debe rechazar, para que en comisiones se le dé ése, se llene ese vacío de tipo jurídico.

El artículo 299 -creo que ya se hizo referencia en la discusión en lo general -, en que el auto de sujeción a proceso o el de libertad se deben determinar al superior jerárquico cuando éste sea servidor público. Aquí también se da un tratamiento especial, no por el delito sino por la persona, que sea inculpado el mismo, o sea un servidor público, sino fuera un tratamiento general, debería decir: Y se le comunicará en la misma forma al superior jerárquico, a su patrón, cuando sea trabajador, a su esposa, etcétera. Es absurda y no tiene ninguna razón de ser este añadido además de que introduce un elemento de fuego, por lo cual debe ser rechazado.

El artículo 301 lo impugnamos porque, de alguna manera - no de alguna manera - sino que deroga el texto anterior. Inclusive tuvimos la duda de que haya sido una falta mecanográfica y que fuera un simple añadido, pero al dar esta redacción, se suprime el texto anterior que establecía que cuando el auto de formal prisión no diera lugar a prisión preventiva, así se le haría saber y se darían los pasos respectivos conforme a esta situación.

En el texto actual no están incluidos todos los elementos del anterior artículo 301; podrían haber subsistido el artículo 301 en su redacción vigente, y ese añadido, y por eso lo rechazamos.

Estas son las razones por las cuales reservamos estos artículos y votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: -Tiene la palabra a favor, el diputado José Luis Caballero por la Comisión.

El C. José Luis Caballero: - Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea: Se objeta el artículo 33 en su fracción I; afirmando que a pesar de la intención de humanizar la justicia se establece entre los medios de apremio una multa considerable excesiva.

Es indudable que una de las notas alejas a la jurisdicción y al imperio de que se encuentran investidos los funcionarios del fuero, es la de contar con los medios de apremio indispensable para hacer cumplir sus determinaciones, y dentro de esos medios de apremio la Ley establece varios, en una especie de graduación que van desde la multa hasta el arresto, incluyendo la posibilidad de proceder en contra del contumaz o del rebelde por el delito de desobediencia.

El Código de Procedimientos penales del Distrito Federal contenía en su fracción I, artículo 33, que se ha impugnado, entre los medios de apremio la posibilidad de que el señor juez aplicara una multa de cinco a diez pesos. Las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal no consideraron que la modificación propuesta para que esa multa vaya de uno a 30 días de salario vigente en el Distrito Federal, sea en modo alguno excesiva, puesto que esa multa puede moverse dentro de un mínimo y

un máximo perfectamente razonable, y si la falta que amerita el medio de apremio es leve, pues resulta obvio que sólo ascenderá al importe de un día de salario mínimo en el Distrito Federal, y así sucesivamente hasta adquirir su máxima gravedad que para exigirla, en todo caso, la imposición de 30 días de salario, si esa fuera la situación que contempla el juzgador para hacer respetar y cumplir sus determinaciones, con la pertinente aclaración de que tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, en ningún caso y por ningún motivo la multa puede exceder de un día de salario; y tratándose de no asalariados la multa jamás podrá exceder de un día de su ingreso.

En consecuencia, no parece atendible la objeción formulada en contra del artículo 22, fracción I, a través de la cual se tacha de poco humano este precepto. Por el contrario, consideramos que se ajusta a la realidad económica por la que atraviesa el país en estos momentos.

Se impugna el artículo 134 - 2, que se refiere a la aprehensión de funcionarios federales o locales por la comisión de delitos del orden común, y se dice en la objeción que el artículo introduce una especie de privilegio o crea un fuero en favor de este tipo de funcionarios que resulta contrario a la Constitución. Esta objeción tampoco disfruta de una gran consistencia jurídica, dado que, como el mismo señor diputado Orozco Romo lo hizo notar, siempre se procederá de conformidad con lo que dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A mayor abundamiento, el artículo 4o. de la Constitución General de la República excluye cualquier duda al respecto y la lectura de los artículos 108, 109, 110, 111 en particular, 112 y 114, indican de manera clara que la aprehensión de funcionarios federales o locales mencionados en esos propios artículos dentro del Título Cuarto de la Ley Fundamental, no puede igualarse a la de los restantes ciudadanos, no es que se trate de la creación de un fuero especial para esa clase de servidores públicos, simple y sencillamente, la Constitución General de la República, por considerar de delicado manejo la responsabilidad de esos altos funcionarios, así lo ha dispuesto en los artículos que ya han quedado mencionados.

Del 108 al 114 inclusive, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto, que sirve de base esencial a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; además, de las leyes orgánicas y reglamentarias respectivas, tienen la forma precisa, conforme a la cual ha de procederse a la aprehensión de los servidores públicos federales o locales que incurran en la comisión de delitos del orden común.

Desde ningún punto de vista se está creando un fuero especial en favor de esos funcionarios.

Se impugna también el artículo 270 bis por cuanto hace al arraigo en la averiguación.

El arraigo en la averiguación previa es absolutamente necesario. Dice el señor diputado David Orozco Romo que todos somos iguales ante la Ley. Evidentemente todos somos iguales ante la Ley, y ésta es en el fondo la esencia jurídica, política y filosófica de la garantía constitucional, consagrada en el primer artículo de la Carta Magna; no hay duda de que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. Agrega el señor diputado Orozco Romo que en realidad tanto quienes se encuentran sujetos a una averiguación con motivo de una denuncia o de una querella, como los demás ciudadanos, somos iguales porque la inocencia o la buena fe se presume mientras no se demuestra lo contrario. Lamentablemente el artículo 9o. del vigente Código Penal para el Distrito Federal, y Federal para toda la República, contraría los buenos propósitos o las buenas intenciones del señor diputado Orozco Romo pues dice claramente: "La intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario". De manera que los ciudadanos que por cualquier circunstancia se vean o nos veamos en la penosa necesidad de contestar a una querella o a una denuncia, pues tendremos que probar que no hemos tenido intención delictuosa y, sobre todo, tendremos que probar que el objeto de la denuncia y que el objeto de la querella son falsos; así que no es cierto que la situación de quienes se encuentran sujetos a averiguación previa sea igual a la de los demás ciudadanos que no están en ese supuesto.

De suerte que cuando, por desdicha, en contra de alguien se llega a presentar denuncia o querella y se teme fundamentalmente que se sustraiga a la acción de la justicia, pues no hay más remedio que recurrir al órgano jurisdiccional para que, en forma fundada y motivada y oyendo desde luego al afectado, se decrete su arraigo que ha de ser con los requisitos que el mismo artículo 270 establece, es decir, que no exceda de 30 días, y que en caso de que haya necesidad de prorrogar ese arraigo por 30 días más se haga, es decir, un arraigo que en ningún caso y bajo ningún supuesto podrá exceder de un total de 60 días, que son el tiempo máximo de que dispone el Ministerio Público para perfeccionar la averiguación y decidir conforme a derechos si ejercita o no la acción penal en contra del indiciado.

Se impugna el artículo 274 del dictamen, porque en él se faculta a la policía Judicial a recibir denuncias, y se afirma como argumento primordial de la impugnación que la denuncia es un acto sumamente grave, sumamente delicado, revestido de cierta solemnidad que sólo debe hacerse valer ante la autoridad competente, que en este caso lo es el Ministerio Público y no frente a la Policía Judicial, que al final de cuentas sólo tiene el carácter de auxiliar y de organismo subalterno al Ministerio Público.

Bien, debe dejarse claramente establecido que de ninguna manera es una regla general que la denuncia deba ser siempre presentada ante la Policía Judicial, sino que se reduce esa posibilidad

para casos especiales, en los cuales las circunstancias propias del momento así lo exijan , y a donde sea clarísimo el inconveniente que la parte afectada pueda tener para esperar hasta presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

No produce indefensión ni provoca violación de garantías el hecho de que alguien desee por conveniencia propia - insisto, por las circunstancias del caso - , presentar denuncia inmediata ante la Policía Judicial, sobre todo cuando en el artículo 274 impugnado, se limita esa posibilidad única y exclusivamente al caso de la denuncia y, por consecuencia, única y exclusivamente para el caso de los delitos que se persiguen de oficio, en cuya situación es obligatorio para el Estado proceder de inmediato a su averiguación, bien sea a través del Ministerio Público o bien sea en caso de extremada urgencia - que éste es el espíritu de este artículo - , a través de La Policía judicial.

Naturalmente, el artículo 274 es prolijo en cuanto a excluir cualquier duda sobre cuáles pudiesen ser las facultades de la Policía Judicial en esa hipótesis. La Policía Judicial sólo debe limitarse a levantar un acta, de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público; La Policía Judicial no está facultada para ir más allá, sólo debe hacer saber al Ministerio Público, de inmediato, que ante ella, ante la Policía Judicial, se ha presentado una denuncia de un caso urgente, de un hecho que puede ser constitutivo de un delito, y la Policía está obligada, pues, a levantar esa acta o parte de policía y a dar cuenta de inmediato con este parte de policía yo con la denuncia en su caso, al Ministerio Público, así como aquellas pruebas que hayan sido proporcionadas y con las que, dentro de la urgencia del caso, hubiese podido complementar o perfeccionar la averiguación del caso concreto.

Por lo tanto, lejos de entrañar una inconveniencia para la ciudadanía se amplia claramente la posibilidad de perseguir los delitos, que por su especial acontecimiento deban ser puestos de inmediato en conocimiento de las autoridades y no haya a la mano del denunciante, no haya a la mano de la parte afectada, más que Policía Judicial y no Ministerio Público. Sería absurdo que por no estar en funciones en ese momento el Ministerio Público, el afectado por un grave delito no pudiese hacer valer un derecho, no pudiese impetrar la protección del Estado en forma directa y precisa a través de la Policía Judicial, con las limitaciones que para la Policía Judicial claramente establece el artículo 274.

Se impugna el artículo 276 afirmando que conforme al artículo 17 de la Constitución General de la República, los tribunales estarán expedidos para administrar justicia, y que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sí, es cierto, la Constitución General de la República dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, esto significa que el Estado se reserva para sí el derecho de impartir justicia, y como contrapartida de ese derecho y de esa obligación deja al ciudadano la posibilidad de poner en movimiento a los organismos encargados de hacer efectiva esa justicia, de hacer respetar ese derecho violado.

Generalmente se dice que la acción en todas sus formas, desde el punto de vista procesal o jurídico, simplemente es el derecho a la jurisdicción; Pero yo no veo que el hecho de que en el artículo 276 se definan o se aclaren cuáles debieran ser los requisitos para la presentación de denuncias y querellas, se llegue necesariamente a deformar el derecho que el ciudadano tiene para que los tribunales lo auxilien en el respeto y en la protección de sus intereses jurídicos lesionados; muy lejos de esa suposición, muy lejos de ese temor, considero, respetuosamente, que el artículo 276 viene a poner un poco de orden en esa alegre actividad a la que algunos ciudadanos se dedican en algunas épocas de la vida y que consiste en que por quitarme estas pajas, van y presentan sin ton ni son una serie de denuncias o de querellas, provocando molestias verdaderamente injustas y generalmente irreparables en contra de ciudadanos respecto de los cuales jamás llegaron a demostrar la materia de esas acusaciones, la materia de esas denuncias, la materia de esas querellas. Se hace el escándalo, aparecen en los periódicos enlodados de una y de otra manera nombres respetables que jamás pueden ser rehabilitados debidamente.

Para evitar esa avalancha de denuncias frívolas e irresponsables, se ha estimado prudente que el Ministerio Público oriente de manera clara, de manera respetuosa, de manera prudente, de manera serena, a quien se presente a denunciar o a querellarse de algún delito, sobre las consecuencias del acta que está iniciando.

Se recomienda que las denuncias o las querellas, se limiten lisa y llanamente a la descripción de los hechos, que en opinión del denunciante o del querellante pudieran ser constitutivos de delito y esto precisamente para que el denunciante o querellante no incurra a su vez en los delitos que pudiesen derivarse de la afirmación - diría un servidor - , ingenua, dolosa o temeraria de que x persona ha cometido un delito que jamás ha tenido lugar en su vida real. Esos delitos pueden ser desde falsedad, pueden ser calumnias, pueden ser difamación, pueden ser otros varios delitos, aquellos en los que incurra un denunciante o un querellante poco avezado en la materia.

El señor diputado Orozco Romo dice que generalmente quienes se presentan a denunciar un delito o a querellarse de que en su contra se ha perpetrado alguno en particular, no van asesorados de abogados; pues precisamente por no ir asesorados de abogados es recomendable que el Ministerio Público les haga saber la gravedad y la trascendencia de los hechos que están narrando del acto jurídico en el que se están involucrando, para que sepan cuales son

las consecuencias a las que se exponen y, en todo caso, rectifiquen totalmente a tiempo cual es su verdadero deseo, cuál es su verdadera intención y no pongan en marcha la pesada maquinaria de la justicia que puede volverse en su contra - insisto - de aquellos que ingenua, dolosa o temerariamente vayan a denunciar hechos falsos o se querellen de delitos que nunca se han cometido.

Por lo demás, si ustedes me permiten, el artículo 275 del Código de Procedimientos Penales en vigor contiene en lo esencial lo que ahora se incorpora al artículo 276, pues dice en lo conducente: "Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la Policía sea de aquellos que menciona el artículo 263, y una vez recibida la querella y antes de practicar las primeras diligencias, el agente que la reciba tendrá la obligación de tomar las siguientes providencias: Hacer saber al querellante las sanciones en que incurre si se produce con falsedad; asentar los datos generales para la identificación de la persona querellante, entre los cuales se contará, en todo caso, la impresión de las huellas digitales al pie del escrito que se presente, y comprobar la personalidad del querellante el los términos establecidos por el artículo 264". En esencia, el artículo 276 mutatis mutandis, se incorpora a esos mismos principios del artículo 275, y hace del hecho del denunciante o de querellar un acto jurídicamente seguro para el ciudadano que incurra ante el Ministerio Público a denuncias o a querellarse de un delito en particular; puede tener la certeza de que si se toma en firme su denuncia es porque han habido bases legales para que proceda, y se toma en firme la querella es porque han concurrido en todo caso las mismas razones, la única novedad que en rigor agrega el artículo 276, sometido a consideración de esta honorable soberanía, es que cuando el denunciante o querellante haga pública la denuncia o la querella, está obligado, también a publicar a su costa y en la misma forma el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la parte afectada con la denuncia o con la querella de que se trate: esto responde, obviamente, a un mínimo espíritu de equidad, puesto que si el escándalo ha hecho trizas del buen nombre de una persona que no ha cometido ningún delito perseguible, por denuncia o por querella de parte, es justo que por lo menos que cuando esa denuncia, esa querella, se publica en los diarios del país o por cualquier otro medio de información la rectificación de esa denuncia, es decir, el resultado que haya tenido al concluir la averiguación, sea también puesta en el conocimiento del público en general para preservar hasta donde ello sea posible, el buen nombre de la persona injustamente acusada.

Se impugna también el artículo 296 bis. Es sumamente importante, es quizá uno de los fundamentales de los que están a la consideración de esta honorable Asamblea, consagra uno de los principios esenciales del procedimiento penal, que es el principio de inmediación. Esto quiere decir que el juez debe mantenerse desde el primer día, desde el primer instante que se inicie el proceso penal bajo su responsabilidad, en contacto personal y directo con el proceso, de manera que esté en condiciones de observar sus circunstancias personales, de allegarse los datos para conocer su edad, su educación, su ilustración, sus costumbres, sus conductas anteriores, los motivos que los impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y las especiales en que se encontrara en el momento de cometer el delito; sus antecedentes personales comprobables, sus vínculos de parentesco, amistad o los vínculos nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temilidad.

Esto es absolutamente indispensable, porque dentro del proceso penal, que es de orden público, prácticamente el juez tiene una sola facultad discrecional, que es la de graduar la pena e individualizándola el caso concreto de que se trate. El juez no está tratando con un fantasma, ni con una sombra de persona, está tratando con un hombre o con una mujer de carne y hueso, con sentimientos con cultura, con una sicología especial, con costumbres, con situación económica, con situación social, con antecedentes de distinta índole, con una persona llena de relaciones sociales, con una persona, por el contrario, que no tiene muchas o no tiene pocas, o no tiene ninguna; con una persona de tales o cuales tendencias y, sobre todo, está obligado a observar a esta persona para conocer el grado de su temibilidad o peligrosidad, que será a fin de cuentas lo que determine en gran medida el monto de la sanción que haya de aplicarse, tanto por lo que hace a la pena de privación de libertad como a las demás sanciones que vayan aparejadas al delito en cuestión.

Parece ser que la objeción que el diputado Orozco Romo ha hecho valer respecto de este artículo, consiste en que no dice de qué manera el juez puede llevar a cabo todas esas investigaciones, o de qué manera éste puede allegarse los datos necesarios para conocer en forma directa y personal las características esenciales del acusado.

Yo creo señor diputado Orozco Romo, que también me merece profundo respeto y admiración - lo he admirado cuantas veces ha hecho uso de esta alta tribuna, por sus valiosos instrumentos de lógica, por sus argumentos y por su dialéctica verdaderamente seductora, y también por su seriedad y lealtad en la oposición; y del cual sé que es un abogado exquisito, sé que es un jurista muy distinguido - . Probablemente el señor diputado Orozco Romo olvidó que el artículo 20 constitucional en su fracción VI, establece una garantía fundamental que debe observarse en todo juicio del orden criminal en favor del acusado, y que es ésta: "Será juzgado en audiencia pública". Es ahí, señor diputado Orozco Romo, artículo 20, fracción VI, donde la Constitución general de la República fija el momento, el lugar y la forma

en que todo eso que a usted le inquieta debe llevarse a cabo.

En su opinión, el artículo debiera ser regresado en esa parte a Comisiones para su corrección; no es necesario, porque lo que fuera omiso - que no lo es - no lo es de ninguna manera, porque todos los actos que menciona el 296 bis, van teniendo lugar desde que el juez toma contacto personal con el acusado hasta el momento en que se presentan las conclusiones de las partes, todo ello, de todas suertes, se concreta de manera rigurosa o debe concretarse de conformidad con lo que dispone el artículo 20 constitucional en su fracción VI, en lo que la propia Constitución General de la República garantiza como uno de los derechos insoslayables del acusado y que es la audiencia pública; en esa audiencia debe el juez tomar nota de todos estos requisitos, de todas estas cuestiones, de todos estos elementos, para estar en condiciones de hacer ejercicio responsable, prudente y sereno del arbitro judicial en cuanto hace a la imposición de las penas, en cumplimiento del principio de inmediación procesal. En consecuencia, es deleznable la objeción que se ha formulado respecto a este artículo.

El artículo 299, del dictamen de las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, se refiere lisa y llanamente a la notificación de los autos con que haya culminado la primera fase del proceso penal, que concluye naturalmente con la determinación judicial de si se ha de someter a proceso al inculpado o si por el contrario ha de dictarse auto de soltura por no haberse comprobado el cuerpo del delito o por no haberse establecido en forma conveniente la presunta responsabilidad de éste.

Considero que la objeciones poco atendible, porque sólo se hace notar en cuanto a que no hay ninguna razón para que tratándose de servidores públicos se le haga saber al superior jerárquico la determinación que caiga en el procedimiento.

No se trata tampoco, a través de ese requisito, de establecer un privilegio en favor de los servidores públicos, simplemente conviene para la buena marcha de la administración y para los efectos que haya lugar dentro del organismo de que se trate, que el jefe de la persona indicada sepa cuál es la situación jurídica en la que se encuentra su subalterno frente al ejercicio de la acción penal de que ha sido objeto.

Señora Presidenta, suplico la bondad de que me concedan tres minutos más para concluir la intervención de un servidor, puesto que sólo me falta contestar a la objeción, de un sólo artículo.

La C. Presidenta: - Proceda la Secretaría a preguntar si puede continuar el diputado con su intervención.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas. - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se autoriza al señor diputado para que continúe en el uso de la palabra responda a la última circunstancia presentada por la oposición en el sentido de uno de los artículos impugnados.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

El C. José Luis Caballero Cárdenas: - Muchísimas gracias. Nada más es lo concerniente al artículo 301, que se refiere al arraigo en juicio. Preferiría según lo ha manifestado en esta tribuna, el diputado Orozco Romo, ante la honorable Asamblea, el texto del mismo precepto en el vigente Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que dice: "Cuando por tener el delito únicamente señalada sanción no corporal o pena alternativa que incluya una no corporal, no puede restringirse la libertad; el juez dictará el auto de formal prisión para el solo efecto de señalar el delito o delitos por los que se siga el proceso.

En realidad, el artículo 301 no soslaya esas disposiciones que contiene el vigente - me refiero al 301 del dictamen sometido a la alta consideración de esta Asamblea - , no soslaya ninguna de las esas normas, simplemente las da por sentadas cuando dice: "Si por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no debe ser internado en prisión preventiva..."Esto es cuando el auto de formal prisión no exige que sea puesto o sometido a una detención, es evidente que da igual desde el punto de vista estrictamente técnico o legal, o desde el punto de vista estrictamente técnico o legal, o desde el punto de vista mucho muy delicado de las garantías de libertad personal, que se diga o no si se dicta aquí en el 301 del dictamen el auto de formal prisión, porque eso ya se da por sobreentendido, y el derecho que en todo caso pudiese efectuarse agravio de una persona cuenta con los recursos legales procedentes para que debidamente preservado dentro del procedimiento.

Lo único que el artículo 301 añade - y que en beneficio de la brevedad y agradeciendo la bondad de todos ustedes que me permitieron seguir en el uso de la palabra no repetiré - es simplemente que cuando no ameritando el delito de que se trata, el inculpado sea puesto en prisión, se proceda a su arraigo cuando haya temor fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; y ya se ha visto que el artículo 301 en cuestión, no deja ni a la decisión arbitraria del juez ni siquiera a la petición caprichosa del Ministerio Público, la posibilidad de que ese arraigo se concrete, sino que debe ser siempre por una determinación judicial, y esa determinación debe estar plenamente fundada y motivada; si el arraigo no estuviese plenamente fundado y motivado, el afectado tiene a su alcance tanto los remedios ordinarios dentro del propio Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal para hacer valer su derecho, como en su caso, el juicio constitucional.

Por todos estos motivos, señora Presidenta, considero que los artículos impugnados deben ser motivados en sus términos, deben ser aprobados en los términos en que los han presentado en el dictamen, las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado David Orozco Romo, en su segunda intervención, del Partido Demócrata Mexicano.

El C. David Orozco Romo: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: No voy a hacer referencia a todos los preceptos en los que podría haber argumentos para seguir discutiendo, de los abogados es nuestro oficio, y lo podemos hacer indefinidamente para torturar a los que no participan en nuestra profesión.

Nada más voy a hacer referencia a aquellos que tengan más incidencia política. En primer lugar, cuando se estuvo discutiendo el artículo 134 - 2, y que el diputado José Luis Caballero hizo referencia a la prostitución, me asusté porque el diputado Caballero sí sabe Derecho, me honro en discutir con él y ciertamente en mi curriculum positivo, puedo poner: discutí jurídicamente con el diputado Caballero, como un dato muy positivo de mi trayectoria. Entonces, todo asustado de la Constitución, los artículos 108, 109, 110 y 111. Y me encontré que ahí se estableciera un tratamiento especial para los funcionarios públicos por su calidad de tales, fuera de lo que me voy a referir: Sí, se establece a las responsabilidades oficiales, el juicio político, el juicio administrativo, y específicamente en el artículo 109, en su fracción II, se dice que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.

Y en el 111 es que, para proceder legalmente contra los diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte, los secretarios de despacho, los jefes del Departamento del Distrito Federal, etcétera, habrá primero el juicio de procedencia como requisito de procedibilidad. Eso sí está en la Constitución pero si se tratara en un proceso penal de alguno de estos funcionarios, lógicamente ya se debió haber agotado el juicio de procedencia. Y entonces, como con Díaz Serrano, se agotó el juicio de procedencia y el juez dictó la orden de aprehensión sin necesidad de sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Servidores Públicos, porque ya se había agotado ese supuesto. Entonces, la introducción de este capítulo es innecesaria en el Código de Procedimientos Penales e - insisto - , que establece un fuero no contemplado en la Constitución. También cuando habló del artículo 9o. del Código Penal, al principio me asusté cuando decía que la intención se presume; sí, pero sigue siendo válida la regla de que alguien es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Ahí, con este artículo 9o., que lo único que califica - aquí si no consulté, pero me acuerdo - , es que los delitos se consideran dolosos salvo prueba en contrario; pero sí se tiene que demostrar que se cometió el delito y que lo cometió el procesado, eso es en referencia al arraigo que puede decretarse a un indiciado, a uno que está sujeto a averiguaciones, que mientras no exista orden de aprehensión y auto de formal prisión, sigue siendo un ciudadano que goza de todas las garantías, y este precepto se las limita al establecer la posibilidad de que sin ser procesado y sin un supuesto de derecho establecido por la Ley, se le arraigue.

Esas son las observaciones que quisiera hacerles, transmitirles el susto momentáneo que sufrí, pero que después de todo sigo considerando válidas las razones, y espero que usted las consideren en el momento de la votación. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado José Luis Caballero, por la Comisión.

El C. José Luis Caballero Cárdenas: - Señora presidenta; honorable Asamblea: Es evidente que en el Título Cuarto de la Constitución General de la República se ha querido definir con la mayor claridad posible cuál es la condición a que se encuentran sujetos los servidores públicos, en cualquiera de las situaciones por las que pudiesen atravesar, bien sea por cuanto hace al desempeño de las altas funciones que les están encomendadas, bien sea por lo que atañe a las gravísimas responsabilidades en las que se encuentran sometidos en el cumplimiento de sus funciones, o bien por lo que toca a los incidentes y avatares que la vida pusiese presentarles. Por ningún motivo y desde ningún punto de vista se trata en el dictamen a discusión de establecer a través de su artículo 134 - 2, contenido en el artículo 2o. del propio documento, un fuero o un privilegio que venga a discusión de establecer a través de su artículo cales por encima de los demás ciudadanos en cuanto hace al caso en que hayan cometido etando José Luis Caballero, por la Comisión.

Muy lejos de esa circunstancia, se dice solamente que su aprehensión habrá de sujetarse a lo que disponga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de tal suerte que no se trata en rigor de privilegiarlos, o de distinguirlos, o de dotarlos de tratamientos o consideraciones especiales; simple y sencillamente se pide que su aprehensión se sujete a lo que al efecto disponga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y es evidente que si una persona, un ciudadano, se encuentra comprendido dentro de ese estatuto, no existe ninguna razón legal para que ese estatuto, si de alguna manera ha establecido la forma en que se ha de proceder a su aprehensión o detención, sea ignorado en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Bajo ninguna circunstancia sería jurídicamente tolerable que si en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus Leyes Orgánica y Reglamentaria, se dispone la forma de proceder a la aprehensión en los casos de esos, funcionarios federales, locales o servidores públicos de alta jerarquía, las condiciones procesales que ahí se establezcan hubiesen de ser soslayadas o pasadas por alto bajo el pretexto o con el prurito de que con ello se está creando un privilegio, o se está dando vida a un fuero que no contempla la Constitución General de la República. Lisa y llanamente debe estarse en la aprehensión de ese tipo de

sujetos o individuos a lo que establezca la Ley Federal de Responsabilidades y no alcanzará ese tratamiento más que aquellos sujetos o individuos que se encuentren comprendidos por el estatuto en cuestión.

En esas condiciones, es evidente que no se contraría la Constitución General de la República y que por el contrario, sí se ajusta en forma rigurosa al artículo 4o., tanto en su letra como en su espíritu y por lo que hace a una sana hermenéutica e interpretación de los propios preceptos y del espíritu de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Lo único que se trata de garantizar, a través de este precepto, es que los funcionarios públicos, federales o locales que cometan delitos del orden común, no tengan la posibilidad de evadir la acción de la justicia, y que se ejerza sobre ellos la vigilancia necesaria para evitar que se sustraigan a la justa represión de los actos que realmente hubiesen cometido en el ámbito de lo criminal.

Por cuanto hace a la cuestión del arraigo y así el artículo 9o. del Código Penal se fija sólo para contribuir a la definición de los delitos intencionales para distinguirlos de los que se llaman culposos - yo les llamo delitos por imprudencia, siempre he preferido la denominación de delitos imprudenciales - , de todas suertes es evidente que dentro del Código está establecido el principio de que la intención es dolorosa, se presume, mientras el afectado, con una denuncia o una querella, no demuestre lo contrario. De suerte que por más inocente que sea una persona si en su contra se levanta una denuncia injusta, vamos a tener que lamentar que pase algún tiempo privada de su libertad si no logra desvirtuar, por los medios pertinentes a su alcance, los hechos que se le imputan.

En esa virtud si alguien está sometido a una averiguación por razones de denuncia o de querella, el artículo 270 bis hace razonable que mientras se aclara su situación y mientras es posible que el afectado demuestre con los elementos de convicción a su alcance que no ha cometido el delito que se le imputa, quede sometido a un arraigo por un tiempo prudente, que una vez más - vuelvo a insistir - , se recomienda sea de 30 días, y que sólo pueda prorrogarse por un término igual por una sola vez, lo que da un total de 60 días, y no es mucho 60 días para que un ciudadano ponga a salvo su honor, ni en este país ni en ningún otro.

En consecuencia, no creo que el artículo que establece el arraigo para la etapa de averiguación o de investigación de los delitos, viola garantías de los ciudadanos, los deje en estado de indefensión, ni los mantenga en una situación de incertidumbre más allá de lo que es estrictamente razonable; esa incertidumbre más allá de lo que es estrictamente razonable; esa incertidumbre en todo caso habrá de concluir a los 30 días, sólo puede ser definido su arraigo por autoridad judicial y la definición de su arraigo tiene que estar debidamente fundada y motivada y siempre el arraigo será decretado con audiencia del directamente interesado, si él está en posibilidad de otorgar caución suficiente, como se estila en esos casos para poder asegurar que no se sustraerá a la acción de la justicia, es evidente que el arraigo no procederá.

En consecuencia no se advierte ninguna seriedad, no se advierte ninguna objeción o impedimento de fondo para que el artículo sea aprobado en sus términos, y así lo solicito respetuosamente a esta honorable soberanía. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si los artículos 33, fracción I; 134, párrafo segundo; 270 bis; 274; 276; 296 bis; 299 y 301 se encuentran suficientemente discutidos.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutidos los artículos señalados por la propia Presidencia.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutidos.

En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de cada uno de los artículos, en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento Interior. Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 33.

(VOTACIÓN.)

EL C. Secretario Jorge Canedo Vargas: - Señora Presidenta, se emitieron 262 votos en pro y 48 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 33, fracción I, por 262 votos, en sus términos.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En su turno el artículo 134.

(VOTACIÓN).

Señora Presidenta, se emitieron 262 votos en pro y 48 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 134 por 262 votos, en sus términos.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - En su turno el artículo 270 bis. Se va a proceder a recoger la votación nominal.

(VOTACIÓN).

Ciudadana presidenta, se emitieron 262 votos en pro y 48 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 270 bis por 262 votos, en sus términos.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En su turno el artículo 274.

(VOTACIÓN).

Ciudadana Presidenta, se emitieron 262 votos en pro y 45 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 274 por 262 votos, en sus términos.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llena de Guillén: - En su turno el artículo

(VOTACIÓN).

Se emitieron 262 votos en pro y 45 en contra, C. Presidenta.

La C. Presidenta: Aprobado el artículo 276 por 262 votos, en sus términos.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 296 bis, en sus términos.

(VOTACIÓN).

Se emitieron 262 votos en pro y 38 en contra.

La C. presidenta: - Aprobado el artículo 296 bis por 262 votos, en sus términos.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - En su turno el artículo

(VOTACIÓN).

Ciudadana Presidenta, se emitieron 262 votos en pro y 35 en contra.

La C. Presidenta: - aprobado el artículo 299 por 262 votos, en sus términos.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En su turno, el artículo 301.

(VOTACIÓN).

Se emitieron 262 votos en pro y 37 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 301 por 262, en sus términos.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 152, el señor diputado José González Torres, y para hablar en pro del mismo artículo, el diputado Mariano Piña Olaya, por la Comisión.

Tiene la palabra en contra el diputado José González Torres del Partido Acción Nacional.

Transcurrido el término de cuatro horas señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue esta sesión hasta concluir los asuntos en cartera.

El C. José González Torres: - Señores diputados: El objeto de mi intervención es muy concreto, es una observación al proyecto de artículo que se propone, del número 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

El proyecto dice así, en la última parte que se refiere a los cateos y es la que voy a objetar: "Según las circunstancias del caso, el tribunal resolverá si el cateo lo realiza su personal, el Ministerio Público o ambos".

Yo objeto concretamente que pueda realizar el cateo sólo el Ministerio Público y, en consecuencia, propongo que se reforme el texto a discusión por el siguiente: "Según las circunstancias del caso, el tribunal resolverá si el cateo lo realiza sólo su personal o en unión del Ministerio Público".

Las razones son las siguientes, señores diputados: La conciencia y el domicilio son lo más sagrado de la persona humana. Son su intimidad. La conciencia es la intimidad personal individual, y el domicilio es, por así decirlo, su intimidad social. Violentar por tanto cualquiera de estos reductos de la intimidad y de la dignidad humana, el pensamiento, la conciencia y el domicilio, constituyen el mayor atentado contra la dignidad de la persona.

La detención y la cárcel son muy graves, indiscutiblemente: son la privación de la libertad, pero de cualquier manera se circunscriben a lo exterior, es la persona que es tomada de su medio y encerrada en una cárcel, pero no se violan las intimidades a que me vengo refiriendo.

Hay un artículo de la Constitución y del Código de Procedimiento Penales que establece claramente que no se puede forzar a un acusado a declarar en su contra ni a declarar a secas; lo tendrán por confeso en caso de que no hable pero no lo constriñen a hablar.

En cambio, la intimidad de la persona en su domicilio, ese sí puede violarse por un acto rudo de la propia autoridad, cuando súbitamente irrumpen su domicilio personas, agentes de la autoridad para practicar la vista de que se trate.

Y tiene agravantes de cateo. El cateo se realiza, comprendo que en parte tiene razón, sorpresivamente. A veces el anuncio de una diligencia haría que no pudiera practicarse de hecho o que no lograra el fin que se busca. Comprendo que tenga que hacerse normalmente y de modo sorpresivo, pero no deja de ser éste un agravante que el legislador ha de tomar muy en cuenta antes de determinar las personas que pueden realizar este acto duro y rudo contra la intimidad de la persona que es su domicilio y la familia.

Se practica además, con alarde de fuerza; no va a llegar un solo agente de la autoridad, del agente del Ministerio Público, sea el juez o el secretario, a preguntar cortésmente a la familia de las cuestiones que estén investigando o a visitar tranquilamente los distintos departamentos de la casa en donde se puedan encontrar los objetos que se buscan. No; siempre se hace con alarde de fuerza, y siempre armados, ostensible o veladamente, pero siempre armados, con lo que se provoca una evidente intimidación y un atraco que pone en peligro la categoría de democrática de la sociedad que lo practica: a una familia que con frecuencia es inocente, generalmente los familiares no tienen que ver nada con el delito que se impute a uno de sus miembros.

Ya decía que yo reconozco que en ocasiones tenga que procederse así, indiscutiblemente, que tenga que haber sorpresa y tenga que haber empleo de la fuerza. El diputado Caballero citó por aquí los casos más extremos, cuando se trata de mafias, cuando se trata de guerrilleros y de armas, cuando se trata de drogas, o se trata de blancas, claro, esos son los casos

extremos, y en esos casos extremos yo comprendo que sí haya riesgos de parte de la autoridad, pero aparte de declarar aquí que por la experiencia que tengo por lo que me consta y por lo que se oye y lo que se dice, sin que la autoridad sea rebatida, la autoridad judicial no se enfrenta a las mafias, a ésas les tiene miedo, se enfrenta normalmente a ciudadanos acusados de delitos comunes y corrientes que se complican por cualquier razón, y con los cuales sí se hace gala de la fuerza pública para sujetarlos de uno o otro modo. Pero aún en el caso de las mafias a que se refería el licenciado Caballero, yo creo que de todas maneras la autoridad tiene que enfrentarse a ellas, guardando las formalidades constitucionales y procesales que garanticen la dignidad de la sociedad de que se trata.

Ahora bien, diputado, un acto de esa gravedad y trascendencia, como es el cateo no puede ser realizado por cualquier agente de la autoridad, rudo, ignorante, bruto, inconsciente. Ese acto tan grave tiene que ser realizado por autoridades competentes, desde el punto de vista jurisdiccional, desde luego; pero además, capaces, que tengan criterios humanos y que puedan llevar adelante aquella diligencia, sin atropellar la dignidad de la persona humana que vaya comprometida por ahí.

Entonces, confiar esto a la autoridad represiva, al acusador como es el Ministerio Público, pues yo creo que es negar cualquier garantía a la persona que va a ser víctima de un cateo. El ministerio Público en nuestro medio, por otra parte, se haya absoluta y merecidamente desprestigiado, precisamente por tanto atropello que comete contra ciudadanos inválidos o de poca valía. En cambio, la autoridad judicial, no obstante que también tiene su desprestigio, sin embargo, es la autoridad más prestigiada en nuestro medio, es la autoridad que va a sentenciar, después de oír los alegatos de las partes, se supone que obra conforme a derecho, se supone que obra mesuradamente, ponderadamente, sopesando los pro y los contras que existen en el asunto que se somete a su jurisdicción. Por tanto la garantía ante esos actos penosos que tienen que hacerse, está en que lo realice la autoridad más capacitada, que es la autoridad judicial.

Por eso, la petición que yo formulo y de esto ya se había dicho por varios diputados, es de que sea sólo la autoridad judicial la que pueda ordenar el cateo y la que deba llevarlo a la práctica.

Se han dado como razones en contra de esto - refutando este postulado que, repito, ya se había presentado en esta tribuna - dos, principalmente: que no es contra la letra de la Constitución. ¡Claro que no es contra la letra de la Constitución! El artículo 16 de la Constitución en ningún momento dice que el cateo deba hacerse por el Ministerio Público o por la Policía Judicial. No de ninguna manera, no va contra la letra de la Constitución, la Constitución simplemente no se ocupa de esto. Y creo que no se ocupe de esto porque debemos remontarnos a los tranquilos años de 1917, tranquilos, desde el punto de vista social, todavía estaba la Revolución y la guerra, pero dentro de la vida social normal, años tranquilos en que el Ministerio Público y la Policía Judicial no intervenían tanto en la vida privada de las personas.

De tal manera que yo creo que los constituyentes no previeron esta situación, ni podrían imaginársela - me parece a mí - , en cambio, ahora la vida social se ha sociavilizado extraordinariamente.

Las relaciones interhumanas son tan tupidas que entonces la autoridad tiene que intervenir. Yo lo reconozco. Tiene que intervenir con mucha más frecuencia y con mucha mayor profundidad de como se hacía más de cincuenta años.

Pero la Constitución tampoco prohibe lo contrario. No lo manda, simplemente no lo trata. No dice que tenga que hacerlo sólo la autoridad judicial, ni dice que tenga que hacerlo la autoridad administrativa. Pero yo creo que es del espíritu de la Constitución, que tan celosa se muestra en el respeto a esas garantías personales, y el artículo 16 parece que lo reitera: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones..." Y más adelante, cuando habla del cateo: "Sólo la autoridad podrá expedir y será por escrito...", una serie de garantías.

Si se ve que la intención del constituyente fue ése: que se respete al máximo la intimidad del domicilio de la persona que sea acusada con razón o sin ella, que sería lo que iba a ventilarse en el proceso que se lleve.

Ahora , el texto actual del Código de Procedimientos Penales que se revisa, tampoco establece ninguna cosa, simplemente dice que el cateo sólo podrá practicarse en virtud de orden escrita, etcétera y yo me atrevo a pensar que por estar hecho aquí ya dentro del procedimiento penal, debamos presumir que el cateo al que se refiere el artículo 152 del Código vigente, el artículo que se pretende reformar se refiere a un acto dentro del juicio, y si es un acto dentro del juicio y lo decreta el juez, se supone que va a asistir por lo menos el secretario; normalmente a esas diligencias debe también asistir el juez, aunque a veces de hecho no lo haga, como la Ley dispone que el juez esté siempre presente en las audiencias, y sabemos que desgraciadamente en nuestro medio forense la regla es que los jueces no comparezcan a las audiencias, pero esa es otra cosa, esas son deficiencias de hecho, deficiencias prácticas del procedimiento; pero aquí se trata de establecer el precepto legal, se trata de concretarlo, se trata de establecerlo y, por esas razones, yo considero que no es democrático ni va con el espíritu de la Constitución sino al contrario, lo contradice, el que se modifique una Ley para abrir una brecha en el respeto a la intimidad de las personas humanas, a su conciencia y a sus domicilios, y en virtud de esa brecha se permite que en algún caso el juez, por decidía,

por flojera, por intimidación también ante la autoridad policial - esto debemos de tomarlo muy en cuenta - acceda a que el cateo lo practique solamente el Ministerio Público o la Policía Judicial.

En la práctica, señores diputados, yo quisiera que ustedes pensaran lo que son los cateos efectuados por la policía y el Ministerio Público son verdaderos saqueos y vejaciones para las personas, yo he visto muchas actas, y conste que el acta nunca refleja una realidad, el acta de cualquier acontecimiento, excepcionalmente cuando hay interés en que lo refleje, en que se manejen muy bien los adjetivos, etcétera, puede dar una idea de lo que fue el suceso. Pero, normalmente, las actas jurídicas son frías, simplemente van asentándolos datos esenciales y las conclusiones a que se va llegando. Pero a través de ellas se puede ver, y las personas que lo han sufrido nos los pueden decir, y muchas veces mediante la prensa se publican lo que son estos acontecimientos. Cómo una autoridad prepotente, armada, etcétera, irrumpe súbitamente en un domicilio, normalmente, repito, de una familia de clase media, indefensa en una casa reducida, irrumpen, se riegan en ella y van a buscar lo que dicen; ni se avisa a los dueños qué se va hacer cuál es el motivo de aquella diligencia. Ellos irrumpen, hacen lo que quieren, luego levantan el acta; si no la quieren firmar el dueño de la casa, que es lo normal - yo, como abogado, les recomendaría que no firmaran - , entonces se ponen ahí dos testigos conocidos de la autoridad que hizo el cateo y asunto que terminó. ¿Y qué sucedió? Que se realizó un acto de lo más brutal, en contra de una serie de garantías que todavía felizmente reconoce la Constitución General de la República en beneficio de los mexicanos.

Por todas esas razones, señores diputados, que no quiero alargar, en esencia son ésas. Yo les pido, muy especialmente a los de la mayoría que son los que van a decidir, que pensando en sus familias, ahorita están en el poder, pero la vida es una rueda de la fortuna, no vaya a ser que alguno de ustedes caiga del carro y se pudiera ver él o su familia en este penoso caso que pensando en sus familias acepten la modificación que solicito, que no pueda entrar a sus domicilios sólo el Ministerio Público, sin el concurso de la autoridad judicial que es la mejor garantía en toda sociedad civilizada.

La C. Presidenta: - Diputado José González Torres. ¿está su propuesta por escrito y firmada?

El C. José González Torres: - No, señora Presidenta, está el texto, pero no lo puedo firmar.

La C. Presidenta: - Lo puede firmar, por favor.

El C. José González Torres: - La parte final del artículo 152: "Según las circunstancias del caso, el Tribunal resolverá si el cateo lo realiza sólo su personal o en unión del Ministerio Público".

La C. Presidenta: - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión, la proposición.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.

Los CC. diputados que estén porque se acepte, sírvanse ponerse de pie... o los que estén porque se deseche, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señora Presidenta.

La C. Presidenta: Téngase por desechada la proposición.

El C. José Luis Caballero Cárdenas: - Señora Presidenta, pido la palabra para alusiones.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado José Luis Caballero Cárdenas, para hechos.

El C. José Luis Caballero Cárdenas: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Brevemente ha sostenido ante esta alta tribuna, que las modificaciones propuestas en el dictamen, en el sentido de que la diligencia de cateo pueda en determinados casos ser llevada a cabo exclusivamente por personal del Ministerio Público y de la Policía Judicial, de ninguna manera viola garantías ni resulta contraria la proposición a lo que para estos casos dispone la Constitución general de la República en al artículo 16.

Dice el efecto: "En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia levantándose a concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia".

Quiero subrayar, quiero que quede perfectamente claro, que el artículo 16 constitucional no ordena que el cateo deba ser practicado en particular o en forma exclusiva por la autoridad judicial, dice: por la autoridad. Si a esto agregamos que el artículo 21 constitucional encomienda la persecución de los delitos al Ministerio Público, pareciera de lógica elemental que el ajuste sugerido por las comisiones unidas en el dictamen, en el sentido de que el cateo pueda ser practicado en casos que así lo exijan por el Ministerio Público sin la presencia del Poder Judicial, de ninguna manera pueda significar violación de garantías ni provocar estado de indefensión,

ni abrir las puertas, ni la manga ancha para que el domicilio de los ciudadanos pueda ser allanado o tomado por asalto impunemente y a capricho de tales o cualidades autoridades. El cateo sigue en pie en cuanto a sus formalidades esenciales, tal como lo previene la Constitución y sólo puede quedar bajo el amparo majestuoso - diría yo - del Poder Judicial, quien es absolutamente libre de negar la expedición de orden de cateo si en su opinión no se justifica que se lleve a cabo únicamente por el Ministerio Público. Pero si se llevara a cabo por el Ministerio Público - insisto una vez más - no se violan garantías constitucionales, porque la Constitución General de la República en ninguna parte dispone que el cateo necesariamente haya de ser practicado por autoridad , judicial, ni sería contrario al espíritu mismo de la Constitución, ni a la distribución de las distintas facultades que contiene, porque el cateo siendo una diligencia que sólo tiene por objeto perfeccionar el acervo probatorio para el ejercicio adecuado de la acción penal, destina al Ministerio Público la persecución de los delitos, y es propio de los delitos la investigación y la posibilidad de allegarse las pruebas que sean necesarias para fines ya indicados.

En consecuencia, sería técnicamente, constitucionalmente, jurídicamente y en la vida real, muchísimo más adecuado que el cateo quedara siempre, siempre y en toda circunstancia, como una facultad expresa del ministerio Público. Se ha querido equilibrar esa facultad sometiéndola para su ejercicio a la aprobación expresa y por escrito, del Poder Judicial, insistiendo en estas circunstancias importantísimas, siempre y cuando se demuestre a satisfacción del juez que es fundada y motivada la solicitud de cateo, sin requisitos no podrá expedirla o extenderla bajo ninguna circunstancia.

Por último, sugería el señor diputado González Torres, que el artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito federal en vigor, parece establecer que el cateo sólo procede durante el desarrollo del juicio; esto es rigurosamente exacto, el segundo párrafo del artículo 152 reza de la siguiente manera: "Cuando el Ministerio Público actúe como investigador de delitos, podrá pedir a la autoridad Judicial que practique cateos proporcionando a esta los datos..."Quiere decir el artículo 152 en vigor previene con toda claridad, con toda precisión, la posibilidad de que también haya cateos durante el periodo de averiguación o de investigación de los delitos y, desde luego, antes del ejercicio de la acción penal; y yo agregaría: "Precisamente con el objeto de permitir que el Ministerio Público ajuste todos y cada uso de sus actos a las garantías que la propia Constitución establece, y cuando decida el ejercicio de la acción penal lo haga en cumplimiento y en debido acatamiento a las normas fundamentalmente que nos rigen".

En esas condiciones, no siento violatorio del artículo 16 constitucional, el artículo que se refiere a los cateos, pido a esta honorable Asamblea se sirva aprobarlo en sus términos y por sus propios fundamentos. Gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 152 se encuentra suficientemente discutido.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 152. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. . . Suficientemente discutido: señora Presidenta.

En consecuencia , se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 152, en sus términos. Se ruega a al Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN).

Señora Presidenta, se emitieron 240 votos en pro y 34 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 152 por 240 votos, en sus términos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén:

"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

- Honorable Asamblea: En oficio fechado el 16 del mes en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los CC. Gloria López Iñiguez, Mireya Martínez Serrano, Jorge Humberto Salazar Méndez y Fermín Ochoa y Padilla para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, el día 23 de noviembre del presente año, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con copias certificadas de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán serán de carácter administrativo;

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la C. Gloria López Iñiguez para prestar servicios como analista programador en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la C. Mireya Serrano para prestar servicios como empleada de visas en la embajada de los Estado Unidos de América en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al C. Jorge Humberto Salazar Méndez para prestar servicios como asistente de servicios generales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso al C. Fermín Ochoa y Padilla para prestar servicios como almacenista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 24 de noviembre de 1983

Presidente Humberto Lugo Gil; secretario Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones, R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Victor Cervera Pacheco, José Carreño, Carlón, Arnoldo Cordova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Victor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Carmona".

Segunda lectura.

La C. Presidenta: - Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

La C. Secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN).

Señora Presidenta, se emitieron 250 votos en pro y 5 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ELECCIONES ULTIMAS EN TAMAULIPAS, GUERRERO Y MICHOACÁN

La C. Presidenta: - Se han inscrito para hacer uso de la palabra los señores diputados Heriberto Batres y Baltazar Ignacio Valadez.

Tiene la palabra el diputado Heriberto Batres para contestar las afirmaciones del diputado Talamantes.

El C. Heriberto Batres García: - Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea: Hace algunos minutos escuchamos del compañero Talamantes hacer referencia a los procesos electorales que se desarrollaron el día de ayer en tres estados de la República: Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Y a nosotros nos resulta sorpresivo que, apenas, menos de veinticuatro horas después de haberse llevado a cabo los estos procesos, venga el compañero Talamantes a formular cuestionamientos relativos a la forma y términos en que dichos procesos se llevaron a cabo.

Nosotros pensamos que nuestra legislación electoral ha rodeado a los procesos políticos de toda una serie de garantías y de una serie de mecanismos, que empiezan desde mucho antes que la elección se verifique.

Los partidos políticos, a lo largo de la preparación del proceso, tienen una serie de derechos para registrar candidatos, para inscribir a sus representantes, para realizar toda una tarea que es ardua en preparación de las elecciones. Llevan a cabo campañas políticas exhaustivas y a fondo, de acuerdo claro, también, a su particular situación y de acuerdo también a los recursos y elementos con que disponen y de acuerdo también con los hombres que postulan.

Nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, postuló candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales en los congresos de los estados que se renovaron,

en las tres entidades de la República para la totalidad de los cargos .

En Tamaulipas, mi partido llevó a cabo campañas políticas de manera pacífica, ordenada y respetuosa. En ningún momento mi partido ha tratado de interferir en el funcionamiento y en el operativo de los organismos electorales. Negamos rotundamente que la ausencia de representantes de los partidos en las casillas - por que los vimos, porque estuvimos presentes en Tamaulipas en las elecciones - , hayan sido desplazados. Cada partido postuló representantes en la medida de sus posibilidades y en la medida en que dispuso de elementos para hacerlo. Pero si le podemos decir al compañero Talamantes que en Tamaulipas no se defraudó al pueblo. El pueblo apoyó en la gran mayoría de los municipios a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. En ningún momento los candidatos de mi partido acudieron al insulto y mucho menos al cuestionamiento de la personalidad de sus opositores, el pueblo de Tamaulipas se expresó democráticamente y nos consta que se ha respetado la soberanía y la voluntad popular, porque nosotros somos respetuosos de la vía constitucional y de la expresión democrática de la ciudadanía.

Pero también debemos hacer alusión a algunos argumentos que el compañero Talamantes expuso en la tribuna, su partido ha participado en Tamaulipas, en las tres últimas elecciones; en 1979 recogió como votación total en el estado algo así cuatro mil votos; en 1980 recogió algo así como tres mil votos; en 1982 recogió algo así como seis mil quinientos votos. Y efectivamente, es un partido revolucionario que lucha también por conseguir la representación popular y somos respetuosos de sus campañas.

Pero yo creo que hay que ser muy claro en el planteamiento de las cosas. En Soto La Marina el Partido Socialista de los Trabajadores postuló como candidato a una persona que había sido militante de mi partido , y así lo reconoce el diputado Talamantes en su intervención, cuando dice que facilitó el registro a dicho candidato para que pudiera contender en la elección. Y esto mismo pasó también en Michoacán, en donde según tenemos información, en Tlalpujahuac el Partido Socialista de los Trabajadores postuló como candidato a la Presidencia municipal a un priísta, que es el señor Antonio Soto, que competía en la planilla de mi partido como candidato a regidor. Y el señor Soto presentó escrito a la comisión local electoral en donde manifestó que no había sido consultado para ser postulado por el Partido Socialista de los Trabajadores y, sin embrago, continuó encabezando la planilla del Partido Socialista. Y el priísta Antonio Soto efectivamente en estas elecciones ganó, pero como síndico de la planilla del PRI, no como candidato del PST a presidente municipal.

Nosotros pensamos, compañero Talamantes, que el Ejército Mexicano está para dar garantías a la ciudadanía y para resguardar la expresión soberana del pueblo; por lo tanto, nosotros rechazamos enérgicamente, porque lo consideramos un juicio de aventurado, que el Ejército haya actuado para Salvaguardar otros intereses. El Ejército es salvaguarda de la Nación, de sus instituciones, de su soberanía y de su independencia. Y si el ejército participa en los procesos electorales es porque la propia legislación electoral establece que habrá todas estas seguridades y resguardos en los procesos electorales.

En estas campañas que se han realizado últimamente, algunos partidos han venido a cuestionar de manera anticipada los resultados de las elecciones. Y sucede que después, los triunfos le son acreditados. Esto significa, a nuestro juicio, que es muy aventurado en un lapso tan corto venir a cuestionar los resultados. En la contienda política todos los partidos aspiran legítimamente al triunfo, están en su derecho; pero los tiempos están marcados en la Ley. No creo que sea válido cuestionar de manera tan anticipada los resultados; debemos esperar que toda esa serie de instancias que las propias leyes establecen para poder tener resultados, resuelvan lo contundente.

Nosotros expresamos que el pueblo de Tamaulipas, el pueblo de Michoacán y el pueblo de Guerrero, se pronunciaron mayoritariamente por los candidatos de mi partido, pero no venimos a festinar triunfos; creemos que debemos de dejar que sean estos organismos, que sesionarán próximamente, quienes determinen quiénes son los candidatos que tuvieron el respaldo mayoritario del pueblo, porque a menos de veinticuatro horas de celebrada la elección, venir a cuestionar sus resultados o por el contrario, venir a decir que se obtuvieron triunfos apoteóticos en una serie de municipios, yo creo que es aventurar juicios, pero, sobre todo, más que esto, es arrojar sobre los organismos electorales, que están formados por ciudadanos responsables una duda que lesiona su honor y su prestigio, una duda que puede poner, dañar seriamente la responsabilidad de hombres que se comprometieron en estos procesos electorales a respetar la Ley y la Constitución.

Nosotros somos respetuosos de la legalidad constitucional, somos respetuosos de los triunfos de los partidos de oposición cuando éstos se obtengan legítimamente, pero no nos corresponde decir ni cuales son los nuestros ni cuáles son los de la oposición.

Dejemos que deliberen estos organismos, no los presionemos ante la opinión pública, están formados por ciudadanos responsables que han puesto su mejor empeño para hacer avanzar a la democracia en nuestro país, y todos estamos empeñados en que esto suceda.

No los presionamos con la nota de prensa sensacionalista que muchas veces por el juicio nuestro, aventurado, se traduce en un desconcierto para la ciudadanía, que muchas veces por la anticipación de un resultado pone en evidencia la legitimación auténtica y democrática de los triunfos que se obtengan, sea el

partido que los obtenga; no manchemos de ninguna manera la voluntad del electorado ni prejuzguemos sobre su expresión; dejemos que el próximo jueves en Tamaulipas y el próximo domingo en Michoacán y en Guerrero, los organismos electorales recuenten y constaten la voluntad popular; emitan el juicio jurídico y de valor que tienen obligación de hacer; no les introduzcamos elementos de presión, dejémoslos deliberar libremente y que el pueblo que se expresó este domingo sea el que determine quienes van a ser sus representantes en cada una de estas entidades en los ayuntamientos y en los congresos de los Estados

Vuelvo a repetir, nosotros rechazamos las impugnaciones al proceso del compañero Aguilar Talamantes, porque juzgamos que es muy prematuro hablar sobre triunfos y sobre resultados.

El Partido Socialista de los Trabajadores es un partido revolucionario que nos merece respeto, es un partido que lucha también por conseguir la adhesión popular como luchan por conseguir todos los partidos aquí representados. Dejemos que ese juicio de la ciudadanía sea constatado próximamente y entonces sí podremos hablar válidamente, mientras tanto, esperemos los resultados de esta confrontación que ha sido pacífica, democrática y respetuosa. Muchas gracias (Aplausos.)

ELECCIONES ULTIMAS EN AGUASCALIENTES

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Baltazar Ignacio Valadéz Montoya, del Partido Demócrata Mexicano.

El C. Baltazar Ignacio Valadéz Montoya: - Muchas gracias, señora Presidenta; compañeros y compañeras diputados: Debo decirles a ustedes que había tomado la decisión personal de no abordar esta tribuna para referirme a los comicios celebrados en el estado de Aguascalientes, el pasado 7 de agosto. Lo había decidido así, porque estoy convencido que don Mariano Azuela, tuvo razón cuando al referirse a su experiencia como senador, la calificó como un viaje al mundo del vacío.

Y he decidido abordar ahora este tema, no precisamente para argumentar y para señalar lo que aconteció en estos comicios, sino para referirme y para denunciar lo que ahora acontece a consecuencia de los mismos.

El pasado sábado 3, fue secuestrado por cinco elementos, que se dijeron ser agentes federales, el diputado federal suplente Leonardo Durán Juárez, a quien se le torturó, se le golpeó, se le amenazó de muerte durante cuatro horas. Después de esto, lo abandonaron completamente desnudo en la carretera Panamericana entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, Jalisco. Ahí fue recogido por la policía municipal de Lagos de Moreno. Días antes, el 18 de noviembre, por orden del Procurador de Justicia Moisés Rodríguez Santillán, fueron detenidos - secuestrados, mejor dicho -, nueve dirigentes demócratas, entre ellos el presidente estatal de mi partido, Eulalio Ortíz Avila y el ex diputado local suplente Juan Manuel Lomelí de Luna.

Esta, señores, ha sido la respuesta a la lucha de la ciudadanía calvillence, a la lucha de la ciudadanía de Jesús María, Aguascalientes, en defensa de su voto y de su sufragio.

Aquí escuchamos hermosos discursos, a veces llenos de irritación para decir y para afirmar que las elecciones en México son puras y transparentes como agua de manantial, pero ya lo dijimos en alguna ocasión y hoy lo repetimos, por lo que han visto los ciudadanos de Sinaloa, de Aguascalientes, de Oaxaca, de Tamaulipas, de Puebla, a los priístas ya no les cree ni su abuelita.

Los que venimos a denunciar aquí tenemos la convicción de que debe llamar la atención de los integrantes de esta Cámara de Diputados. Todos protestamos defender y hacer respetar la Constitución, y si en Aguascalientes se inició el cerrojo político, al parecer ahí se inicia ahora la linea de represión horizontal que rompe absolutamente el estado de derecho y ese orden constitucional.

Por lo expuesto, por la gravedad de los acontecimientos y por el peligro en que está la paz social, no sólo en ese estado, sino en varios de la República, a nombre del partido Demócrata Mexicano, solicitamos que esta denuncia se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas, y que en su seno se integre una comisión pluripartidista para que los investigue y se obre en consecuencia. Esperamos que nuestra petición, sea atendida y escuchada en bien, no del Partido Mexicano o de cualquier otro partido, sino de toda la ciudadanía mexicana; así lo esperamos por el bien de México, y esa petición la dejamos por escrito.

La C. Presidenta: Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

ELECCIONES ULTIMAS EN TAMAULIPAS, GUERRERO Y MICHOACÁN

El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Pido la palabra.

La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto, diputado Aguilar Talamantes?

El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Para hechos.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Rafael Aguilar Talamantes para hechos.

El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Señora Presidenta; compañeros diputados: No tendría sentido hacer uso de la palabra si simplemente se tratara de insistir en lo que ya hemos denunciado aquí, en esta tribuna. Lo que nos preocupa es que los compañeros diputados de

la mayoría, empiecen a creerse a pie juntillas su propio discurso y a autoengañarse.

Aquí hemos denunciado hechos, no cuestiones producto de la imaginación, sino hechos concretos, hechos políticos graves, de los cuales hemos sido testigos presenciales. Hemos denunciado irregularidades porque no son excepciones sino desgraciadamente la marca de procesos electorales recién acontecidos, que por lo demás sucedieron en los últimos tres procesos de 1983.

Lo que nos preocupa es que se sigan sucediendo estos hechos, que no haya campo para las rectificaciones, que se sigan imponiendo los criterios trogloditas de algunos gobernadores, que funcionarios electorales, sin medida y sin responsabilidad de cuál es su función, sigan protegiendo fraudes e irregularidades que van poco a poco debilitando la confianza popular en las elecciones. Sé que el diputado Batres ha estado este domingo en las elecciones de Tamaulipas. Se que su pensamiento es democrático y que es un político honesto; sé también que, apoyándose en un marco de legalidad, aspira tal vez a que el próximo jueves la Comisión Estatal Electoral rectifique los graves errores cometidos el día de ayer en el proceso electoral de Tamaulipas.

Sin embargo, lo que se está imponiendo en el proceso electoral de Tamaulipas, es la voluntad del gobernador: Sobre las leyes, sobre el criterio de los priístas más honestos está imperando su criterio, de ganar a toda costa Soto la Marina.

A mi me tocó estar en el cierre de campaña el domingo antepasado. Fui testigo de como se volcó todo el pueblo por las calles, cómo llenó la plaza de Soto la Marina para respaldar a Francisco Cárdenas.

Estuve también en otros municipios, y me di cuenta de cómo todo el pueblo se unificó tratando de llevar adelante a los candidatos postulados por el PST.

Habría que aclarar, porque algunos piensan que los candidatos que el PST ha postulado con ex priístas que simplemente han claudicado o desertado de su partido, y que de manera oportunista buscan cualquier postulación a toda costa.

Hay que decirlo con toda claridad: El PRI está cometiendo muchos errores en muchos lugares. Errores que incluso llegan a la torpeza política.

En muchos municipios del país, y voy a poner el caso de Ensenada, Baja California, muchas veces se imponen los candidatos de la oligarquía local y a veces candidatos que la oligarquía nacional misma impone al PRI en muchos de los municipios.

Nosotros muchas veces tenemos que andar de ángeles de la guarda del PRI, francamente, rectificando sus graves errores políticos.

He mencionado esos casos, pero en estos últimos procesos electorales podríamos hablar de muchos casos en donde de manera insensible los dirigentes nacionales del PRI han dado consigna para que se postulen a tal o cual persona impopular y el pueblo se ha quedado frustrado, abandonado y han requerido del registro legal del PST para poder llevar adelante sus propósitos.

Nosotros nos hemos definido con toda claridad como un partido que es instrumento del pueblo y allí donde el pueblo, reunido en la plaza, nos ha requerido para facilitarles nuestro apoyo, se lo hemos dado de manera incondicional. Eso ha llevado a que en muchos lugares, en estas últimas elecciones, sobre todo, el pueblo se haya aglutinado alrededor de candidatos del PST, y de esta manera el triunfo en las urnas haya sido muy claro y muy preciso.

Se nos ha impugnado el hecho de que vengamos aquí, a 24 horas de las elecciones, a proclamar triunfos: lo cierto es que simplemente hemos venido a responder a proclamaciones que ya han hecho los delegados priístas, no 24 horas después de las elecciones, a veces hasta media hora antes de que se cierren las urnas. De manera ligera, de manera irresponsable, los delegados generales del PRI en Tamaulipas, en Michoacán y también en Guerrero han declarado y hoy la prensa ha dado testimonio de eso, que el PRI las ganó de todas todas.

Esas declaraciones contradicen totalmente la realidad, la realidad es otra, la realidad está dicha por los hechos mismos; hubo irregularidades en los procesos, hay constancias de que las hubo; hubo robo de urnas, hay constancias de que hubo robo de urnas, y lo que nos preocupa es que se trate de ignorar esos hechos que enturbian las elecciones, y queda muestra de que está en marcha una tendencia peligrosa para la vida nacional, la tendencia de negar la voluntad popular, de aplastarla con aparatos a veces de tipo paramilitar, porque aquí ya se ha denunciado en esta tribuna, que en Puebla, en la sierra norte de Puebla, en donde nuestro partido ha mantenido una constante lucha contra el cacicazgo, las urnas se robaron a punta de metralleta y en otros lugares del país en estas últimas elecciones del domingo, sucedió exactamente lo mismo.

Sobre estas bases nosotros nos atenemos a los hechos, de hechos hablamos y son los hechos los que nos preocupan, y nos preocupan por lo que esto puede significar en el futuro. Hace tres meses en esta misma tribuna denunciamos cómo se dieron las elecciones en algunos municipios de Chihuahua, el resultado fue que el día en que iban a tomar posesión los alcaldes priístas, el pueblo se amotinó y no los dejó tomar posesión. Y como una prueba de que el pueblo tenía razón, es que las autoridades de Chihuahua han tenido que rectificar y llegar a acuerdos políticos con el Partido Socialista de los Trabajadores para sustituir a los ayuntamientos fraudulentos.

Lo que habría que destacar es que en casos como el de Valle del Rosario, Chihuahua, cerca de quinientos ciudadanos armados tuvieron que apoderarse del palacio municipal. Y los de la Policía que estaba custodiando el palacio, solamente se persignó y se tuvo que retirar.

Lo que habría que preguntarnos es que si queremos que estos hechos se sigan repitiendo. Yo me pregunto, qué va a pasar el día primero de enero en Oaxaca, cuando la población entera del Valle Nacional, que fue defraudada en las últimas elecciones de Oaxaca, y que se reunió inmediatamente, multitudinariamente, y tomó la decisión de hacer respetar su voto, qué va a pasar en Valle Nacional el día que quiera tomar posesión del palacio el ministro del culto religioso, que fue seleccionado como candidato del PRI y que está prácticamente inhabilitado, en un lugar donde hubo un gran fraude contra el pueblo como fue Valle Nacional, Oaxaca, y en donde todo el pueblo está unido en torno a los candidatos del PST, que son los que se están enfrentando el cacicazgo de los prietos que han sumido en el atraso y en la miseria a esa riquísima región de Oaxaca. ¿Que va a pasar?

La C. Presidenta: - Diputado Rafael Aguilar Talamantes, con apoyo en lo previsto por el artículo 197 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se le recuerda que la intervención para hechos es sólo cinco minutos.

El C. Rafael Aguilar Talamantes: - (Continúa) Ya voy a terminar, simplemente dejo esta interrogante. En muchos municipios el año que entra, el pueblo se va a reunir por decisión propia y va a impedir que las plantillas fraudulentas tomen posesión.

¿Qué camino vamos a iniciar en este país en donde no se está respetando la voluntad popular?

Eso va a suceder en Tamaulipas, en Oaxaca, en Michoacán, y va a suceder en Guerrero. Se está dejando al Presidente de la República, que es el jefe de las fuerzas nacionales y populares, sin base social; se le está debilitando, se le está deslegitimizando; creo que es una grave responsabilidad política de los compañeros del PRI el andar un camino peligroso, porque hay que decirlo para terminar: Francisco I. Madero por menos de eso proclamó el Plan de San Luis: Francamente, están cometiendo un grave error los priístas que quieren ganarlas de todas todas aún en contra de la voluntad popular.

Eso es lo que hay que decir por ahora.

La C. Presidenta: - El diputado Heriberto Batres García.

El C. Heriberto Batres García: - Con permiso de la Presidencia: Honorable Asamblea: En debida respuesta al compañero diputado Aguilar Talamantes que ha vuelto a esta tribuna a insistir sobre el tema, yo quiero decirle que el PRI, mi partido, no pretende ganar de todas todas, no es esa su intención, aun cuando todos los partidos políticos que se precisan de serios compiten para ganar. Este es el resultado de la participación democrática que todos esperamos; para eso se va a la lucha política; para eso se postulan candidatos para ganar, pero para ganar dentro de las cauces de la ley. Por eso decimos nosotros que hay que esperar a que sean los organismos electorales los que resuelvan. Si él tiene pruebas, evidencias, actas de que se tejan maniobras - como él dice -, de que los organismos electorales están coludiéndose con algún partido político, hay instancias para hacerla valer y desde luego hay que probarlo, esto no es nada más de venirlo a decir a la tribuna.

Francisco Cárdenas, el candidato del PST en Soto la Marina, es una persona que desertó del partido Revolucionario Institucional, porque en la etapa de decisión de candidatos no le fue favorable la decisión de las asambleas de mi partido y éste es el riesgo que se corre cuando se compite con candidatos que no tienen militancia, que no tienen arraigo, que no están empapados de los principios del partido que los postula, se corre el riesgo de perder. Efectivamente, Francisco Cárdenas es un hombre que generó mucha simpatía, pero las elecciones se ganan por un voto y no podemos nosotros presumir cuál será el resultado de la votación del pueblo mientras no tengamos los resultados.

Nosotros, en los procesos electorales no postulamos, ha sido ésta una premisa de nuestros candidatos, no postulamos odios, violencias ni confrontaciones; postulamos la unidad democrática del pueblo. En las campañas que se han desarrollado, muchos partidos de oposición han lanzado insultos graves, han caído en faltas de respeto a las instituciones y a los hombres; nosotros no somos partidarios de esa conducta, por eso el pueblo - creo yo -, se inclina por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Que nosotros no creemos en lo que decimos, yo creo que aquí sí hay una falta de respeto, los priístas estamos convencidos de los principios en que creemos, como cada uno de los militantes de algún otro partido está firmemente convencido de los principios que su partido postula, si no fuera así, no militaríamos en ellos; Los que militan en los partidos por ocasión, los que en un momento de debilidad o en un momento que no tuvieron satisfacción a sus apetitos políticos, desertan de los partidos para acogerse a las banderas de otros. Esos si carecen de militancia; esos si carecen de principios; esos si carecen de ideología. Este es el caso de Francisco Cárdenas, que desertó del Partido Revolucionario Institucional. No era un militante convencido, por supuesto, como no lo es tampoco del Partido Socialista de los Trabajadores.

Nosotros postulamos un militante convencido y por eso creemos - creemos, no lo afirmamos -, creemos que el triunfo nos será favorable. Pero volvemos a repetir: La instancia final es la instancia calificadora que los procesos electorales se resuelvan en esos organismos, es la instancia calificadora; que los procesos electorales se resuelvan en esos organismos y que ellos determinen quién ganó las elecciones. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Se ha escrito para hechos, el diputado César Humberto González Magallón.

El C. César Humberto González Magallón: - Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Independientemente del tono mesurado con el que ha hablado el compañero, que me antecedió en la palabra, creo que no le da derecho a proceder con mentalidad de latifundista. Pensando que se tiene derecho sobre los ciudadanos para que pertenezcan a toda costa al partido que él pertenece.

Todo mundo está, creemos, en libertad de escoger las opiniones políticas que mejor le convengan. Desde luego nosotros no estamos de acuerdo en la teoría de los priístas químicamente puros, o de los comunistas químicamente puros; pero hay otra cosa: no solamente es profundizar una correcta consulta popular pidiéndole a los trabajadores que se expresen y que localizen un programa que sea adecuado a los intereses del municipio, del pueblo.

Desde luego, tampoco pensamos que tienen derecho a herrar a los ciudadanos como si fueran reses para que durante toda la vida los tengan en el corral. Esto ya varias veces lo han venido insistiendo con el PST; pero el PST, repito, ha llevado adelante una consulta popular adecuada y ahí están los resultados, lo quieran o no lo quieran.

Yo vengo a hablar, compañeros, de un hecho muy importante; de lo que aquí podemos ubicar como un castigo que el gobernador de Guerrero le está haciendo al municipio de Arcelia.

El domingo antepasado, y esto lo puede corroborar el compañero diputado del PRI por el VIII Distrito, coincidieron los cierres de campaña del PRI y del PST. Con lo mañoso que les caracteriza, hicieron que a la misma hora se reunieran los dos actos, y engañaron al gobernador porque le dijeron que ellos tenían la mayoría, y mientras el gobernador tenía menos de doscientas personas en un acto de consulta para solucionar los problemas, el PST tenía todo el pueblo en la plaza, y eso irritó al gobernador y entonces debe haber dicho: ahora me la pagan.

Y efectivamente, el día de ayer en el municipio de Arcelia, se dio un grave golpe a este pueblo que está luchando por un candidato electo democráticamente. Pusieron al servicio del aparato electoral a la Policía, al Ejército y a una sarta de bandoleros con credenciales, que dizque eran auxiliares del Comité Electoral, y no sólo eso, sino que hubo violación a las urnas, y eso lo constataremos directamente con el notario público que se encontraba en la presidencia municipal, y todavía le están escamoteando a nuestros compañeros los documentos que acreditan la victoria del Partido Socialista de los Trabajadores, y ustedes pueden informarse ahorita. A pesar de que son dos partidos los que contienden ahí, no tenemos representante en el Comité Electoral y yo le decía a la señorita de Gobernación, porque mandaron el aparato para allá, como lo mandaron a Chihuahua y ocasionaron lo de Namiquipa, les decía yo: "por qué no vienen dentro de ocho días, están ustedes agrediendo al pueblo y el pueblo va a defender su derecho". Pero eso sí hacen, llegan, cometen el atropello y dejan el problema; pero el pueblo de Arcelia está tomando la decisión de que no se pisotee su voluntad. Estas cosas sucedieron ayer en Arcelia.

El Partido Socialista de los Trabajadores ganó rotundamente en Arcelia y esa victoria la vamos a defender. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Baltazar Ignacio Valadez del Partido Demócrata Mexicano.

El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: - El cerrojo político es tal, señores diputados, que hasta los del PST protestan cuando se han mostrado en ocasiones, aquí en esta Cámara, más priístas que los mismos priístas.

Posiblemente algunos piensen que cuando hablo yo de Aguascalientes es tocar un tema no actual, pero es actual entre otras cosas porque a cuatro meses de los comicios el pueblo de Calvillo sigue peleando y sigue luchando por el respeto a su voto y ahora esta siendo amenazado y corre el riesgo, incluso algunos de los que participan en esa lucha de perder la vida, por lo que les sucedió y con lo que le aconteció a nuestro diputado federal suplente destacado en Calvillo.

El diputado Batres nos habla de que debemos confiar en los organismos electorales que califican las elecciones. Pero aquí les va esta información: tras las comisiones del 7 de agosto en Aguascalientes, el secretario de gobierno, Joaquín Cruz Ramírez, llamó a los dirigentes del estado del Partido Demócrata Mexicano y entre otras cosas les dijo: el gobierno del estado tiene interés en que su partido mejore su posición en el Congreso Local y que tengan participación en el ayuntamiento de la capital. Esto, de acuerdo con la conducta política del Demócrata Mexicano tenía que ser rechazado, como así sucedió.

Pero el castigo vino después, cuando el PST por candidatos a diputados de representación proporcional obtuvo diez mil votos, mientras que en los de mayoría relativa apenas alcanzó los cinco mil. Y entonces quedó fuera el Demócrata Mexicano. Así es como se manejan y así es como califican las elecciones estos organismos; y se demuestra, por otro lado, que "cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde".

Nosotros estamos consientes de que desde el punto de vista jurídico nada se puede hacer, pero el de Calvillo como el de otros muchos casos amerita una solución política. Ya lo han dicho aquí casi todos los partidos independientes o de oposición, que nos preguntamos qué va a pasar el primero de enero cuando se pretenda imponer por la fuerza a planillas por las que el pueblo no votó, como es el caso de Calvillo.

Y la respuesta la tenemos: el pueblo seguirá adelante, porque ya no es el mismo, ha despertado

y toma conciencia de que tiene el derecho legítimo a elegir sus gobernantes, de que tiene el derecho legítimo a que su voluntad se respete. Y la lucha seguirá adelante. Eso es lo que va a pasar.

PROBLEMAS INQUILINARIOS

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista.

El C. Jesús Luján Gutiérrez: - Señora Presidenta: señoras y señores diputados: Hay cuestiones que por ser de interés público, que afectan a las grandes mayorías, rebasan los marcos de los partidos políticos, y éstos, cuando tienen sensibilidad e interpretan fielmente estos fenómenos, los abanderan y los canalizan para luchar por una solución justa a esas demandas de carácter popular.

Hay un tema que ha venido siendo manejado en pro y en contra, reiteradamente, en los órganos de información masiva, precisamente por el interés que reviste.

Hoy, en uno de los diarios de la capital, aparece un reportaje de un periodista al cual voy a referirme en alguno de los aspectos del mismo. Dice que más del 50% de los juicios, aproximadamente 250 mil que se desarrollan en los 42 juzgados civiles del Distrito Federal, son provocados por la falta de un reglamento o ley de la vivienda que permita regular las operaciones entre inquilinos y arrendatarios, entre compradores y vendedores, en lo referente a condominios y terrenos, las cuales en estos difíciles tiempos han provocado un desequilibrio social.

Y más adelante este reportero menciona que en juzgados civiles encontró irregularidades entre los proyectistas y actuarios quienes a cambio de dádivas favorecen siempre a los abogados de inmobiliarias o sociedades anónimas dedicadas a la compra - venta de condominios.

Y un último párrafo al que quiero referirme dice que ante esta situación, la Juez 23 Civil dice que en los contratos de arrendamiento por tiempo indefinido, los propietarios aumentan las rentas hasta en más de 100%, y son cuestiones de derecho privado en las que no podemos intervenir.

El Partido Socialista presentó desde hace cinco años una iniciativa de Ley de defensa del inquilino; después de ese tiempo, el pasado 13 de octubre, cuando estaba en la presidencia el diputado Cervera Pacheco, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, el diputado Sergio Ruiz Pérez expresó la necesidad de que se legislara en la materia. Al concluir la intervención nuestro compañero, el presidente de la misma, diputado Cervera Pacheco, hizo un atento recordatorio a las comisiones para que emitieran el dictamen respectivo.

Como hasta la fecha las comisiones no han cumplido con la excitativa antes señalada, los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, solicitamos a la Presidencia de la manera más atenta se sirva aplicar el Reglamento en lo conducente. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Se invita a las comisiones que están estudiando este tema, intensifiquen su trabajo.

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - De acuerdo con el Reglamento, ya se realizó la excitativa a que se refiere el artículo 21 en su fracción XVI, lo conducente es que la Presidencia a su cargo tenga la amabilidad de fijarles fecha a la comisión encargada para que emita su dictamen. Gracias.

La C. Presidenta: - ¿Hay algún diputado que quiera hablar en pro o en contra de esa proposición?

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Disculpe, señora Presidenta, no es una proposición, lo único que proponemos los miembros de la fracción parlamentaria del PPS es que se dé cumplimiento al Reglamento. Si tuviera a bien leerlo.

La C. Presidenta: - ¿En qué artículo está fundamentada su aseveración?

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Artículo 21, fracción XVI.

La C. Presidenta: - Por favor, la Secretaría lea el artículo a que hace referencia el diputado.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - Artículo 21, fracción XVI: "Excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara a que presente dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión".

La C. Presidenta: - Esta Presidencia excita a las comisiones a continuar con su trabajo.

Tiene la palabra el diputado Cándido Díaz Cerecedo, del Partido Socialista de los Trabajadores.

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Señora Presidenta, pido la palabra.

La C. Presidenta: - Cuando termine el diputado Díaz Cerecedo, tendrá lugar para hechos. Orden en la sala.

La C. Presidenta: - Que se lea el artículo 102 del Reglamento.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - "Artículo 102. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra

para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos."

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si algún C. diputado quiere hacer uso de la palabra en relación a la reclamación del trámite ordenado por esta presidencia.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si algún si algún C. diputado quiere hacer uso de la palabra respecto a la proposición del compañero Juan Gualberto Campos Vega.

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Señora Presidenta, pido la palabra.

La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto?

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Para hechos.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan Gualberto Campos Vega.

El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Señora Presidenta: El compañero Luján Gutiérrez, a nombre de la fracción parlamentaria de nuestro partido, no vino a hacer ninguna proposición concreta, como las que se prevén en el Reglamento, simplemente vino a solicitar que se continúen los trámites iniciados por el Licenciado Cervera Pacheco, en el mes de octubre, cuando presidió esta Cámara.

El artículo 21, fracción XVI, es muy claro; establece pasos consecutivos para resolver un problema. El primero es, si después de cinco días - en este caso se trata de cinco años - no se ha emitido un dictamen, hacer la excitativa a la comisión para que dictamine. Si eso no procede, fijar la fecha para que emita su dictamen, y si eso no procediera, entonces se podría turnar a otra comisión.

Con este seguimiento, después de más de un mes, mes y medio concretamente, de que se hizo la excitativa, lo único que nosotros estamos pidiendo es que se aplique el Reglamento y se fije a las comisiones que tienen encargado el dictamen sobre la Ley Inquilinaria. Que se les fije una fecha para emitir este dictamen, es todo lo que ha solicitado el Partido Popular Socialista. Lo único que queremos es que se cumpla con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Esta Presidencia ha resuelto dar una excitativa a las comisiones referentes para acelerar su trabajo.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica si se admite o no la reclamación del diputado.

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se admite o se desecha la reclamación hecha por el compañero diputado.

La C. Presidenta: - Con fundamento al artículo 18 y 19 del Reglamento Interior, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea.

El C. Mariano Piña Olaya: - Pido la palabra para hacer unas aclaraciones.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Piña Olaya.

El C. Javier Blanco Sánchez: - Yo pido la palabra para una moción de orden.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Blanco Sánchez, para una moción de orden.

El C. Javier Blanco Sánchez: - Señora Presidenta; señores diputados: Creo que estamos armando una tormenta y una tempestad en un vaso de agua. La proposición es muy simple y muy sencilla y está el camino abierto por las vías del Reglamento.

Si la señora presidenta me permite, yo sugeriría que obsequiando la fidelidad de apego al Reglamento y a la exigencia de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, se sirva señalar una fecha, la que a su juicio deja el Reglamento tan libre y tan abierta, pudiera ser el día que ella quiera, si quiere darle el tiempo de la eternidad, pues podría decir que el 29 de febrero del año próximo, pero que cumpla con el Reglamento fijando una fecha que libremente ella, de acuerdo con el Reglamento debe fijar.

La C. Presidenta: - Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Piña Olaya.

El C. Mariano Piña Olaya: - Señora Presidenta; respetados colegas: Asumo lo correcto del trámite dispuesto por la Mesa Directiva y, con base en ello, quiero rogar a nuestros respetados colegas del Partido Popular Socialista, se sirvan distraer su atención y por lo que toca a la Comisión Legislativa, que yo me honro en presidir por voluntad de esta Asamblea, nos hagan favor de concurrir a la próxima reunión y nos permitan con ellos, analizar su o sus iniciativas, porque debo aclarar en honor a la verdad, que son varias las que están pendientes. Y una vez que hayamos hecho esto, la Comisión de Justicia podrá proponerles a ellos mismos en el seno de la Comisión, la fecha o las fechas necesarias para emitir sus dictámenes. Si ellos nos permiten con eso ayudarían mucho al desahogo de las iniciativas pendientes.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos el diputado Francisco Ortíz Mendoza del Partido Popular Socialista.

El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Entendemos bien que este es un problema de clase más que del Reglamento; se sabe bien que el Partido Popular Socialista tiene toda la razón en su demanda. Acción Nacional subió no a darle satisfacción al Reglamento, sino a querer, por interés de clase, eludir la responsabilidad; propone el 29 de febrero lo aceptamos, debe ser en año bisiesto, porque si no, entonces habrá problemas: pueden proponer el 28 de diciembre, está cerca, el Día de los Inocentes, pero ese no es el problema. Las comisiones eluden su responsabilidad la propia señora Presidenta en la sesión anterior, eludió su responsabilidad en la Comisión del Distrito: las otras comisiones también lo están haciendo.

Pedimos nada más que se fije la fecha, eso es todo; no queremos asistir a comisiones legislativas para que ahí en petit comité nos den la solución; el Reglamento establece claramente que en este momento después de que ya se hizo la excitaba, La Presidencia debe fijar una fecha, la que guste, pero que se fije, porque el pueblo del Distrito Federal está atento a lo que haga la Cámara de Diputados. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Con base en el artículo 21, esta Presidencia fija el término de 20 días para que se presente el dictamen de la iniciativa a discusión. (Aplausos.)

ELECCIONES ULTIMAS EN PUEBLA

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Cándido Díaz Cerecedo, del Partido Socialista de los Trabajadores.

El C. Cándido Díaz Cerecedo: - Señorita Presidenta; compañeros y compañeras de esta honorable Cámara: Deseo de todo corazón estar biológica y síquicamente loco para que, efectivamente, ese fuera el problema; pero yo veo tras la conducta política de los representantes de los dirigentes del partido de las mayorías también miopía en su actuar, y esto muy mal ayuda al Presidente De la Madrid y muy mal ayuda al fortalecimiento de esa institución política.

No me gusta intervenir, pero lo hago en esta ocasión, porque sería deshonesto, porque mi conciencia me grita, en primer lugar, que representa un grupo de gente humilde cuyos derechos se han venido violando y pisoteando desde hace muchísimos años, porque vengo de un distrito, el distrito de Chicontepec, donde ha sido sistemática la imposición del partido oficial; hemos dicho que Chicontepec es el asiento adicional del autobús político, donde siempre el que llega después se le coloca en aquel distrito, hemos dicho que Chicontepec es el rancho particular, es la Hacienda de los señores gobernadores del Estado y de los intereses políticos de arriba, y esa es la verdad.

Desde mi infancia empecé a verlo, nací en el PRI, aquí en el Distrito en 1955; efectivamente, y he dicho que en esa época y mucho después se nacía priísta como se nace católico; después se ven otros partidos, otras religiones y se cambia. Así, nací priísta en 1955, precisamente cuando firme mi nombramiento de maestro de primaria en el Distrito Federal.

Bien, después estando aquí con un desarraigo de más de 20 años en mi distrito, fui, sin consulta de mi municipio, sin consulta de las fuerzas populares organizadas de allá - CNOP, CNC, que entonces no existía CROC ni CTM en aquel lugar -, impuesto como candidato a la presidencia municipal de Chicotepec por el PRI. Así llegué a la presidencia municipal de Chicotepec.

Aquí se dirá, es cierto, lo acepto, es tan inmoral el corruptor como el corrompido. Efectivamente estoy de acuerdo con eso. Compensamos esta situación cumpliendo con nuestra conciencia e ideología política, actuamos en los tres años y quedan constancias ostensibles hasta la fecha, de que a pesar de que no se opusieron los caciques de aquel lugar de los que fui mozo, de los que fui criado, de los que fui lechero, porque creyeron que encontrarían en mí a un elemento dócil a sus intereses. Pero yo, en los tres años me puse del lado de las fuerzas más menesterosas de mi pueblo, de mi clase: los campesinos - Chicotepec es un municipio 95% indígena y rural - al lado de ellos.

Vino entonces la lucha tremenda y cerrada contra los caciques de aquella región, donde hasta mi vida estuvo en peligro. Gracias a la vinculación, al apoyo del pueblo pudimos terminar. Creo que eso me salva un poco de la inmoralidad que lleva consigo el corrompido. Siempre he cumplido con mis principios y con mi conciencia. No estuve nunca de lado de los caciques, ni he estado. Eso ocasionó precisamente, en 1979, mi separación del PRI; y no sería posible, podría pasarme mucho tiempo explicando todo lo grosero, todo lo burdo que fue esa imposición de '79 en Chicotepec, razón por la cual salimos del Partido Revolucionario Institucional e ingresamos al Partido Socialista de los Trabajadores. Se levantó la bandera del pueblo del distrito de Chicotepec. Me consta, absolutamente.

Pero quiero, con permiso de la Presidencia, nada más agregar esto. En Puebla, el domingo 27 del mes pasado, me tocó vigilar Zihuateutla. Fui testigo de la forma - para mi demasiado grosera -, cómo se trató de robar, en forma descarada, el voto de los campesinos de la sierra.

En Tlascalatongo, las tres casillas de Manuel Avila Camacho, la Ceiba. Y después en Zihuateutla, donde los compañeros con su nombramiento les pedían credencial para identificarse con fotografía. La llevaron, y cuando la llevaron les pidieron cartilla del servicio militar nacional. Buscaron todos los pretextos para no dejarlos ahí.

Y a un servidor, quienes se decían representantes de Gobernación, trataron, no trataron, sino me echaron la propia policía. Un señor representante de Gobernación llamó a la policía

y le ordeno que me separara de la casilla, que me detuviera, así lo ordenó y la policía iba a hacerlo. No me quedo otro recurso que sacar mi credencial y decirle: "Este señor, al que no conoce, es diputado federal; de aquí no me separo ni me separaré deténgame, haga lo que quiera pero de aquí no me separaré."

En Zihuateutla ganamos la elección para presidentes municipales, para diputados de los dos sistemas, se nos entregaron las actas gracias a esa actitud, a esa actitud nuestra de no separarnos de la casilla, a pesar de que llegaron dos o tres carros de pistoleros, del que se bajaron unos y nos gritaron: "Se quitan o los quitamos", con las palabras que siguen a estos hechos; no les hicimos caso, gracias a eso nos mantuvimos en la casilla. Como quiera estar loco y que esto no fuera cierto efectivamente, que los procedimientos electorales fueran limpios, porque entonces México iría efectivamente hacía un proceso democrático en lo político, en lo económico, en lo social, eso nos haría un pueblo más fuerte, libre, desde luego, de las intervenciones y de sojuzgamiento por parte de intereses externos, pero lamentablemente no es cierto, ojalá estuviera loco. (Aplausos.)

La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"Segundo período Ordinario de Sesiones.

'LII' Legislatura.

Orden del día

8 de diciembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El C. licenciado Tulio Hernández Gómez, Gobernador Constitucional del estado de Tlaxcala, invita a a sesión solemne en la que rendirá su tercer informe de su gestión administrativa, la que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.

Comunicación del Congreso del estado de Coahuila.

Dictámenes de primera lectura

Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativos a las solicitudes de permiso de los CC. Alberto Bustamante V. y Jesús Esquinca Gurrusquieta para aceptar y para usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta."

La C. Presidenta (a las 16:30 horas): - Se levanta la sesión pública y se cita para la que tendrá lugar el día ocho de los corrientes, a las 10:00 horas.

Se pasa a sesión secreta.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"