Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831208 - Número de Diario 33

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO II México, D.F., jueves 8 de diciembre de 1983 TOMO II. NUM. 33

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA

INVITACIÓN

Al tercer informe de gobierno del C. licenciado Tulio Hernández Gómez, gobernador de Tlaxcala, el día 10 del actual. Se designa comisión

COMUNICACIÓN

Del Congreso de Coahuila, relativa a sus funciones legislativas. De enterado

MINUTA DEL SENADO

LEY DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto de decreto de reformas y adiciones a la ley nombrada. Se turna a comisión

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Alberto Bustamante y Jesús Esquina Gurrusquieta, aceptar y usar las que respectivamente le otorgan los gobiernos de Francia y Colombia. Primera lectura

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

Correspondiente al ejercicio de 1982. Se le dispensa la lectura. La C. Irma Cué de Duarte explica los fundamentos de la Comisión dictaminadora en relación a este dictamen

A debate en lo general, Intervienen en contra los CC.: Juan José Hinojosa, Rolando Cordera Campos y David Lomelí Contreras, quien propone modificaciones a los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 10 y 11, mismos que se desechan ; en pro, Ricardo Govela Autrey; en contra, Héctor Ramírez Cuéllar, por la Comisión, Manuel Cavazos Lerma. se aprueba con los artículos no impugnados

A discusión en lo particular. A debate los artículos 1o. y 8o. Intervienen en contra los CC. Astolfo Vicencio Tovar quien propone nuevo texto al 8o.; en pro, Rogelio Carballo Millán quien contesta una interpretación del diputado Blanco Sánchez; nuevamente para aclaraciones, Vicencio Tovar y Carballo Millán ; en contra del 1o., Ignacio Vital Jáuregui; en pro, Alejandro Posadas Espinosa; nuevamente los mismos oradores. Se aprueba el artículo 1o. en sus términos

A discusión los artículos 3o., 4o. y 5o. Intervienen en contra los CC. Raymundo León Ozuna; en pro, Dulce María Sauri Riancho ; en contra, Daniel Angel Sánchez Pérez quien también impugna el 5o.; en pro, Manuel Villa Issa. Nuevamente, Sánchez Pérez y Villa Issa; en contra, Antonio Gershenson quien también objeta el 4o.; en pro, Genaro Borrego Estrada; para aclaraciones, Antonio Gershenson e Irma Cué de Duarte. Se aprueba el artículo 3o. en sus términos

A discusión el artículo 5o. Intervienen en contra los CC.: Luis J. Prieto; en pro, Antonio Herrera Bocardo ; nuevamente, el C. Luis J. Prieto; para hechos, Ricardo Castillo Peralta. Se aprueba en sus términos

A debate el artículo 8o. Sin discusión. Se da por desechada la modificación

propuesta por el diputado Vicencio Tovar al impugnar el artículo 1o. Se aprueba en sus términos. Pasa al Ejecutivo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de decreto que permite a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar, prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México, Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA C. LUZ LAJOUS

(Asistencia de 366 ciudadanos diputados)

APERTURA

La C. Presidenta (a las 11:05 horas): -Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

EL C. secretario Enrique León Martínez:

"Segundo Período Ordinario de Sesiones, 'LII' Legislatura.

Orden del día

8 de diciembre de 1983.

Lectura del acta de sesión anterior.

El C. licenciado Tulio Hernández Gómez, Gobernador Constitucional del estado de Tlaxcala, invita a la sesión solemne en la que rendirá su tercer informe de su gestión administrativa, la que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.

Comunicación del Congreso del estado de Coahuila.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Obras Públicas.

Dictámenes de primera lectura

Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. Alberto Bustamante V. y Jesús Esquinca Gurrusquieta para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"-Acta de la sesión anterior de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Presidencia de la C. Luz Lajous.

En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del lunes cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos diez ciudadanos diputados.

Lectura del orden del día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, verificada el día primero de los corrientes.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

La H. Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones hacendarias. Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La propia H. Cámara de Senadores envía minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recibo y a las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Minuta proyecto de decreto enviada por la H. Colegisladora que concede permiso al C. Alberto Bustamante V. para aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que el C. Jesús Esquinca Gurrusquieta pueda aceptar y usar una condecoración que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El C. Rafael Aguilar Talamantes, en nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, hace uso de la palabra para referirse a las elecciones llevadas a cabo el día de ayer en los estados de Tamaulipas,

Guerrero y Michoacán, en donde él considera se cometió un grave atentado, no en contra de algún partido en particular, sino en contra del pueblo de los estados ya mencionados.

Menciona la definición de su partido como instrumento político al servicio del pueblo. Por ello le sorprende que en Tamaulipas se hayan maquinado una serie de maniobras fraudulentas para impedir que diversos partidos políticos y el pueblo organizado pudieran realizar su voluntad de manera correcta.

Refiere hechos para corroborar lo anterior y cuestiona a los priístas preguntándoles a quién tratan de servir. Señala que tal parece que los peores defensores de la política del Presidente De la Madrid son precisamente los miembros del PRI, porque este comportamiento es vergonzoso y es un grave error político el que están cometiendo al tratar de ganar a toda costa.

Presenta esta denuncia y reitera que se ha cometido un grave atentado contra el pueblo en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

Se continúa con los asuntos en cartera:

La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, suscribe un dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

En atención a que este dictamen ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.

Dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, emitido por las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.

También a este documento, la Asamblea le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta un dictamen con proyecto de decreto que autoriza a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de primera lectura.

Dictamen con proyecto de decreto signado por las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, que reforma y adiciona el Código de Procesamientos Penales para el Distrito Federal.

En virtud de que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos legisladores, la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura, a fin de que se someta a discusión y votación de inmediato.

A discusión de lo general el proyecto de decreto.

Hacen uso de la palabra en contra el C. Daniel Angel Sánchez Pérez; por las comisiones dictaminadoras, el C. José Luis Caballero Cárdenas.

Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba en este sentido con los artículos no reservados para su discusión, por doscientos sesenta y ocho votos en pro, cuarenta y uno en contra y una abstención.

A discusión en lo particular.

Previa aprobación de la Asamblea, el C. David Orozco Romo impugna los artículos 33, 134-2, 270 bis, 274, 276, 296 bis, 299 y 301; por las Comisiones interviene el C. José Luis Caballero Cárdenas; por segunda ocasión, los mismos oradores.

Suficientemente discutidos los artículos en cuestión, en votaciones nominales sucesivas se aprueban en sus términos de la siguiente manera:

El artículo 33 por doscientos sesenta y dos votos a favor y cuarenta y ocho en contra.

El artículo 134-2 por doscientos sesenta y dos votos a favor y cuarenta y ocho en contra.

El artículo 270 bis por doscientos sesenta y dos votos en pro y cuarenta y ocho en contra.

El artículo 274 por doscientos sesenta y dos votos afirmativos y cuarenta y cinco negativos.

El artículo 276 por doscientos sesenta y dos votos en pro y cuarenta y cinco en contra.

El artículo 296 bis por doscientos sesenta y dos votos a favor y treinta y ocho en contra.

El artículo 299 por doscientos sesenta y dos votos afirmativos y treinta y cinco negativos.

El artículo 301 por doscientos sesenta y dos votos en pro y treinta y siete en contra.

A debate el artículo 152.

Usan de la palabra para proponer una modificación al texto, que la Asamblea no acepta y por tanto se da por desechada, el C. José González Torres; por las Comisiones la hace el C. José Luis Caballero Cárdenas.

Se considera suficientemente discutido el artículo y en votación nominal se aprueba en sus términos por doscientos cuarenta votos en pro y treinta y cuatro en contra.

Aprobado el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que autoriza a los CC. Gloria López Iñiguez, Mireya Martínez Serrano, Jorge Humberto Salazar Méndez y Fermín Ochoa y Padilla para prestar servicios como empleados en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Es de segunda lectura.

A discusión en lo general y después en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por doscientos cincuenta votos en pro y cinco en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

A continuación, para referirse a los expresado por el C. Rafael Aguilar Talamantes, en relación a los procesos electorales realizados en los estados Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, y dar sus puntos de vista sobre ellos, hace uso de la palabra el C. Heriberto Batres García.

Por su parte, el C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya aborda la tribuna para denunciar, lo que a su juicio es consecuencia de las elecciones

que tuvieron lugar el pasado 7 de agosto en el estado de Aguascalientes.

Dice que el día 3 de este mes fue secuestrado, por elementos que dijeron ser agentes federales, el diputado federal suplente Leonardo Durán Juárez, a quien se le torturó , golpeó y se le amenazó de muerte, abandonándolo completamente desnudo en la carretera panamericana entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, Jalisco. Dice también que fueron secuestrados nueve dirigentes demócratas, entre ellos el presidente estatal de su partido y un exdiputado local suplente. Agrega que esto es la respuesta a la lucha de la ciudadanía de Calvillo y de Jesús María en Aguascalientes, en defensa de su voto.

Hace comentarios al respecto, y a nombre del Partido Demócrata Mexicano solicita que se investigue esta denuncia y se obre en consecuencia. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

Para insistir en los argumentos manifestados en sus intervenciones anteriores, vuelven a la tribuna los CC. Rafael Aguilar Talamantes y Heriberto Batres García.

Para referirse al mismo tema de las elecciones y principalmente a las del municipio de Arcelia en el estado de Guerrero, hace uso de la palabra el C. César Humberto González Magallón, quien señala que el Partido Socialista de los Trabajadores triunfó en ese municipio y que el pueblo de Arcelia no permitirá que se pisotee su voluntad.

Para precisar sus conceptos anteriores, nuevamente usa de la palabra el C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya.

A su vez, el C. Jesús Luján Gutiérrez se refiere al reportaje de un periodista, aparecido en un diario de la capital el día de hoy, referente a los problemas inquilinarios provocados por falta de un reglamento o ley de la vivienda.

Menciona que el Partido Popular Socialista desde hace cinco años presentó una iniciativa de Ley de Defensa del Inquilino, que a la fecha no se a dictaminado.

Señala que el 13 de octubre el C. Sergio Ruiz Pérez expresó la necesidad de que se legislara sobre la materia, y que el entonces Presidente de la Cámara, diputado Cervera Pacheco, exhortó a las Comisiones para que dictaminaran al respecto.

Expresa que como no se ha cumplido con la excitativa, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, solicita a la Presidencia se sirva aplicar el Reglamento en lo conducente. La Presidencia invita a las Comisiones que están estudiando el asunto, intensifiquen su trabajo.

Después de mociones de orden reglamentario del C. Juan Gualberto Campos Vega, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a los artículos 21 y 192 del Reglamento.

Con base en estos preceptos, hace uso de la palabra el C. Juan Gualberto Campos Vega para solicitar a la Presidencia se aplique a este asunto lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento.

El C. Javier Blanco Sánchez usa de la palabra para sugerir; que con apego al Reglamento la Presidencia fije fecha conveniente para que se cumpla con el Reglamento.

Por su parte, el C. Mariano Piña Olaya invita a los diputados del Partido Popular Socialista acudan a la Comisión de Justicia que él preside, para analizar sus iniciativas y emitir los dictámenes correspondientes.

Para aclaraciones sobre el tema e insistir en que la Presidencia debe de fijar una fecha a las Comisiones respectivas para que dictaminen sobre el particular, interviene el C. Francisco Ortiz Mendoza.

La Presidencia, con base en el artículo 21 del Reglamento, fija el término de 20 días para que se presente el dictamen de la iniciativa en cuestión.

Para hacer algunas referencias de su vida política y expresar su opinión sobre las recientes elecciones realizadas en Puebla y principalmente en Zihuateutla, donde le tocó vigilar, hace uso de la palabra el C. Cándido Díaz Cerecero.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las dieciséis horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves ocho de los corrientes, a las diez horas."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba .. Aprobada, señora Presidenta.

INVITACIÓN

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D.F.

La 'LI' Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, invita a usted a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Tulio Hernández Gómez gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, la ceremonia se efectuará el sábado 10 de diciembre a las 11:00 a.m. en el Centro Cívico de las instalaciones de la Exposición y Feria de Tlaxcala, el cual ha sido declarado Recinto Oficial.

Atentamente.

La Comisión.

Tlaxcala de Xicotencatl, diciembre de 1983."

La C. Presidenta: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designara a los siguientes CC. diputados: José Antonio Alvarez Lima, Rafael Armenta Ortiz, Genaro Borrego Estrada, José Carreño Carlón, Juan Campos Vega, Sami David David, María Griselda García Serra, Alma Inés García de Zamora, José Luis Lamadrid Sauza, Enrique

León Martínez, Mariano Piña Olaya, Raúl Rea Carvajal y Efraín Zúñiga Galeana.

COMUNICACIÓN

El mismo C. Secretario:

"-CC.. Presidente de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, México, D.F.

Tenemos el honor de participar a usted que hoy día de la fecha el H. XLIX Congreso Constitucional del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, previas las formalidades de Ley, inauguró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejecución Constitucional.

Protestamos a usted las seguridades de nuestro respeto.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coah., noviembre 15 de 1983.

Diputado Secretario Jacobo Charles Coronado, diputado secretario Dr. Darío de J. Hernández Zamarron."

Trámite: -De enterado.

MINUTA DEL SENADO

LEY DE OBRAS PUBLICAS

El mismo C. Secretario:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

Presente.

Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley de Obras Públicas.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., 7 de diciembre de 1983.

Alberto E. Villanueva Sansores, S.S.; Andrés Valdivia Aguilera,S.S."

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Artículo primero: Se reforman los artículos 2o., último párrafo; 6o., 7o., 9o.; 11, primer párrafo; 12; 13; 148 primero y último párrafos, 17, fracción VII; 20; 21, segundo párrafo; 22; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 39, segundo párrafo; 41; 42; 44, primer párrafo; 46; 47, tercer párrafo; 51, segundo, tercero y cuarto párrafos; 52; 56; 57; 59, primer, tercero párrafos; 61; 62; 63; 65; 66, primer, tercer y cuarto párrafos, y 70, para quedar como sigue:

"Artículo 2o. ..

..

I. ..

II. ..

III. ..

Los bienes muebles que deban incorporarse, adherirse a destinarse a un inmueble, necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias o entidades conforme a lo pactado en los contratos de obra, se sujetarán a las disposicines de esta Ley, sin perjuicio de que las adquisiciones de los mismos se rijan por la Ley respectiva."

"Artículo 6o. ..

La Secretaría queda facultada para interpretar las disposiciones de esta Ley para efectos administrativos.

Oyendo la opinión de la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Obra Pública a que se refiere el artículo 11 de esta Ley. la Secretaría expedirá las disposiciones administrativas que en aplicación de la presente Ley, deberán observarse en la contratación y ejecución de las obras."

"Artículo 7o. La ejecución de obras públicas con cargo total o parcial a fondos federales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas, estará sujeta a las disposiciones de esta Ley. Para estos efectos se pactará lo conducente en los mencionados convenios, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados."

"Artículo 9o. Las entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno, cumplirán directamente ante la Secretaría, con las obligaciones que esta Ley señala a las entidades sectorizadas para con sus respectivas dependencias coordinadoras de sector."

"Artículo 11. Se crea la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Obra Pública, como órgano de asesoría y consulta para la aplicación de esta Ley, que se integrará bajo la presidencia del Secretario de Programación y Presupuesto, con representantes permanentes que serán los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público Contraloría General de la Federación; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Urbano y Ecología, y del Departamento del Distrito Federal.

..

.. "

"Artículo 12. En la realización de las obras públicas, las dependencias y entidades deberán:

I. Ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en su caso; de acuerdo con las estimaciones de recursos y las determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución, contenidas en el Plan y los programas mencionados;

II. Ajustarse a las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las propias dependencias y entidades para la ejecución del Plan y los programas a que se refiere la fracción anterior;

III. Ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, o de las entidades respectivas, y

IV. Respetar las disposiciones legales y reglamentarias y tomar en consideración los planes y programas de desarrollo de los estados y municipios."

"Artículo 13. En la planeación de cada obra pública las dependencias y entidades deberán prever y considerar, según el caso:

I. Las acciones a realizar previas, durante y posteriores a su ejecución;

II. Las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;

III. La coordinación con otras dependencias y entidades que realicen obras en las mismas áreas;

IV. Los avances tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de las obras y la sección de materiales, productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional, que satisfagan los requerimientos técnicos y económicos del proyecto.

V. Los requerimientos de áreas y predios, previa consulta con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuando se trate de obras urbanas, para que ésta, en el ejercicio de sus atribuciones, determine su conveniencia y viabilidad. Asimismo, la observancia de las declaratorias de previsiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios que hubieren hecho conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia;

VI. Los efectos y consecuencias sobre las condiciones ambientales. Cuando éstas pudieran deteriorarse, los proyectos deberán incluir, si ello fuere posible, lo necesario para que se preserven o restauren las condiciones ambientales y los procesos ecológicos. En tal supuesto se dará intervención a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y, en su caso, a las dependencias que tengan atribuciones en la materia, y

VII. Preferentemente, el empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios de la región, así como productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional.

"Artículo 14. Las dependencias y entidades elaborarán los programas de obra pública y sus respectivos presupuestos con base en las políticas, prioridades, objetivos y estimaciones de recursos de la planeación nacional del desarrollo, considerando:

I a IV..

..

..

Las dependencias coordinadoras de sector y, en su caso, las entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno, enviarán a la Secretaría los respectivos programas de obra pública en la fecha que ésta determine, para verificar la relación que guarden dichos programas con los objetivos y prioridades del Plan y los programas de desarrollo del país."

"Artículo 17. ..

I a VI. ..

VII. Los trabajos de conservación y mantenimiento ordinario, preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo, y

VIII.. "

"Artículo 20. Las personas interesadas en registrarse en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, deberán solicitarlo por escrito y satisfacer los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley."

"Artículo 21. ..

Los contratistas que tengan interés en continuar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, presentarán ante la Secretaría, dentro de los cincuenta días hábiles anteriores al vencimiento de su registro, su solicitud de revalidación, acompañando la información y documentos que procedan, en los términos del artículo anterior."

"Artículo 22. La Secretaría, dentro de un término que no excederá de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción o revalidación. Transcurrido este plazo sin que haya respuesta, se tendrá por registrado al solicitante o por revalidado el registro."

"Artículo 30. Los contratos de obra pública se adjudicarán o llevarán a cabo, a través de licita citaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos casos en que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, por ser el titular de la o las patentes necesarias para realizar la obra."

"Artículo 31. Las convocatorias, que podrán referirse a una o más obras, se publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de la entidad federativa donde se ejecutarán las obras, y contendrán:

I a III. ..

IV. Información sobre los anticipos;

V. El plazo para la inscripción en el proceso de adjudicación, que no podrá ser menor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria;

VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de proposiciones;

VII. La especialidad de acuerdo al Padrón de Contratistas, que se requiera para participar en el concurso, y

VIII. Los criterios conforme a los cuales se decidirá la adjudicación.

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones la Contraloría y la dependencia coordinadora de sector podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del contrato."

"Artículo 33. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que preven los artículos 55 o 56, las dependencias y entidades podrán optar por contratar las obras en que en las propias disposiciones se señalan, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 30 de esta Ley.

La opción que las dependencias y entidades ejerzan en los términos del párrafo anterior, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En el dictamen a que se refiere el artículo 36, deberán acreditar que la obra de que se trata se encuadra en algunos de los supuestos previstos en los artículos 55 ó 56, expresando, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la opción."

"Artículo 34. Las personas físicas o morales que participen en las licitaciones y ejecuten obra pública o presenten servicios relacionados con la misma, deberán garantizar:

I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación;

II. La correcta inversión de los anticipos que, en su caso, reciban, y

III. El cumplimiento de los contratos."

"Artículo 35. Las garantías que deban otorgar los contratistas de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, se construirán en favor de:

I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que celebren con las dependencias a que se refieren las fracciones I a III del artículo 1o. de esta Ley;

II. La Tesorería del Distrito Federal, en los actos o contratos que celebren con el propio Departamento;

III. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

IV. Las tesorerías de los estados y municipios, en los casos de las obras a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley."

"Artículo 36. La dependencia o entidad convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, emitirá en dictamen que servirá como fundamento para el fallo.

En junta pública se dará a conocer el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato a la persona que, de entre los proponentes:

I. Reúna las condiciones legales, así como las técnicas y económicas requeridas por la convocante;

II. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, y

III. Cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de los trabajos.

Si una vez considerados los criterios anteriores, resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la postura más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

Las dependencias y entidades no adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no fueren aceptables y procederán a expedir una nueva convocatoria."

"Artículo 39. ..

En los contratos a que se refiere el párrafo anterior, podrán incorporarse las modalidades que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones de ejecución de la obra.

.. "

"Artículo 41. Las dependencias y entidades podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundamentales y explícitas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 29. Este convenio adicional deberá ser autorizado por el titular de la dependencia o entidad. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

De las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior, el titular de la dependencia o entidad informará a la Secretaría, a la Contraloría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere formalizado la modificación."

"Artículo 42. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, notificando a la Contraloría y a la Secretaría. Esta última, a su vez, informará en la Cuenta Pública, de las causas que motivaron tales suspensiones."

"Artículo 44. Las dependencias y entidades comunicarán la suspensión o la rescisión del contrato al contratista, a la Secretaría, a la Contraloría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector.

.. "

"Artículo 46. Cuando durante la vigencias de un contrato de obras ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción en un cinco por ciento o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados. Las dependencias o entidades emitirán la resolución que acuerde al aumento o reducción correspondiente."

"Artículo 47. ..

..

La dependencia o entidad comunicará a la Contraloría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector, la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción, a fin de que, si lo estiman

conveniente, nombren representantes que asistan al acto.

.. "

"Artículo 51. ..

Previamente a la ejecución de estas obras, la dependencia o entidad emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte: la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, especializaciones, programas de ejecución y suministro, y presupuesto correspondiente.

La dependencia o entidad comunicará periódicamente a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector, el avance físico y los costos relativos.

En la ejecución de estas obras son aplicables, en lo conducente, las disposiciones contenidas en los artículos 41, 42, 46, 47 y 59 de esta Ley."

"Artículo 52. La dependencia o entidad deberá enviar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, copia de los títulos de propiedad, si los hubiere, y los datos sobre localización y construcción de las obras públicas, para que se incluyan en los Catálogos e Inventarios de los Bienes y Recursos de la Nación y, en su caso, para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal."

"Artículo 56. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán realizar, o contratar en los términos del artículo 33, las obras que se requieran en los supuestos que a continuación se señalan.

I. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;

II. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad; la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos las dependencias y entidades se coordinarán, según proceda, con las dependencias competentes;

III. Cuando la dependencia o entidad hubiese rescindido el contrato respectivo. En estos casos la dependencia o entidad verificará previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece el segundo párrafo del artículo 38, si existe otra proposición que resulte aceptable; en cuyo caso el contrato se celebrará con el contratista respectivo;

IV. cuando se trate de trabajos cuya ejecución requiera de la aplicación de sistemas y procedimientos de tecnología avanzada.

V. Cuando se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación y demolición, en los que sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución, y

VI. Cuando se trate de trabajos que requieran, fundamentalmente, de mano de obra campesina o urbana marginada y, que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra, o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes beneficiarios.

Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios.

El titular de la dependencia o entidad, en un plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, deberá informar de estos hechos a la Contraloría, a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector."

"Artículo 57. Cuando por razón del monto de la obra, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 30 por el costo que éste represente, las denuncias y entidades podrán contratar sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la obra objeto del contrato, no exceda de los límites a que se refiere este artículo y se satisfagan los requisitos que el mismo señala.

Para los efectos del párrafo anterior, en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, se establecerán los montos máximos de las obras que las dependencias y entidades podrán contratar directamente.

Si el monto de la obra supera los máximos a que se refiere el párrafo anterior, pero no excede los límites que igualmente establecerán los mencionados Presupuestos, el contrato relativo podrá adjudicarse a la persona que reúna las condiciones necesarias para la realización de la obra, previa convocatoria que se extenderá a, cuando menos, tres personas que cuenten con la capacidad de respuesta y los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Para los efectos de la aplicación de este precepto, cada obra deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites, que establezcan los Presupuestos de Egresos; en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de una obra podrá ser fraccionado para que quede comprendida en lo supuestos a que se refiere este artículo.

Los montos máximos y límites, se fijarán atendiendo a la cuantía de las obras, consideradas individualmente, y en función de la inversión total autorizada a las dependencias y entidades."

"Artículo 59. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría y a la Contraloría en la forma y términos que éstas señalen, la información relativa a las obras que realicen o contraten.

..

La Secretaría, la Contraloría y, en su caso, las dependencias coordinadoras de sector, podrán solicitar en todo tiempo la documentación completa o específica relativa a cualquier obra, coordinándose en el ejercicio de estas facultades.

.."

"Artículo 61. Las dependencias y entidades controlarán todas las fases de las obras públicas a su cargo. Para tal efecto establecerán los medios y procedimientos de control que requieran, de acuerdo con las normas que dicte el Ejecutivo Federal, a través de la Contraloría."

"Artículo 62. La Contraloría y las dependencias coordinadoras de sector, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán verificar en cualquier tiempo que las obras y los servicios relacionados con ellas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados."

Artículo 63. Las dependencias y entidades proporcionarán todas las facilidades necesarias a fin de que la Secretaría, la Contraloría y las dependencias coordinadoras de sector, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan realizar el seguimiento y control de las obras públicas."

"Artículo 65. La Secretaría, la Contraloría y las dependencias coordinadas de sector, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obra pública, así como solicitar de los servicios públicos de las mismas y de los contratistas, en su caso, todos los datos e informes relacionados con las obras."

"Artículo 66. Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o las normas que con base en ella se dicten, podrán ser sancionados por la Secretaría con multa equivalente a la cantidad de diez a mil veces el salario mínimo, vigente en el Distrito Federal en la fecha de la infracción.

..

Cuando proceda, la Contraloría podrá posponer a la dependencia o entidad contratante la rescisión administrativa del contrato en que inicia la infracción.

A los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, la Contraloría aplicará, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones correspondientes."

"Artículo 70. Los servidores públicos de las dependencias y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las normas que de ella se deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la ley.

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada administrativamente."

Artículo segundo. Se adicionan los artículos 3o., con una fracción II y se recorren en su orden las actuales II a V, para pasar a ser III a VI; 23, con un último párrafo y 37, con una fracción III, y un penúltimo párrafo, para quedar como sigue:

"Artículo 3o. ..

I..

II. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Federación;

III. Dependencias: ..

IV. Entidades: ..

V. Sector: ..

VI. Dependencias coordinadoras de sector:"

"Artículo 23. ..

I y II. ..

Cuando desaparezcan las causas que hubiesen motivado la suspensión del registro, el contratista lo acreditará ante la Secretaría, la que dispondrá lo conducente a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos legales."

"Artículo 37. ..

I y II. ..

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

En los casos a que se refiere el artículo 7o., se aplicará lo dispuesto por este artículo, para lo cual se pactará lo conducente en los convenios respectivos.

.. "

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

Artículo segundo. Se derogan: el párrafo segundo del artículo 40, el párrafo segundo del artículo 45, el artículo 60, así como las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto por este Decreto.

Artículo tercero. Para los efectos de inscripción y revalidación en el Padrón de Contratistas de Obreras Públicas y en tanto no se expidan las modificaciones al Reglamento de la Ley, consecuentes con este Decreto, seguirán siendo exigibles los requisitos que establece el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas que por este ordenamiento se reforma.

Artículo cuatro. Las disposiciones reglamentarias y administrativas de la Ley de Obras Públicas, continuarán aplicándose en todo lo que se opongan a este ordenamiento.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México. D. F., 7 de diciembre de 1983.

Raúl Salinas Lozano, S. P.; Alberto E. Villanueva Sansores, S. S.; Guillermo Mercado Romero, S. S."

Trámite: -Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

El C. secretario Enrique León Martínez:

"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: Con oficio fechado el 2 de diciembre del año actual, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. ingeniero químico Alberto Bustamante V.,

Presidente del Comité Directivo de la Alianza Francomexicana de Oaxaca, A.C., para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 5 del presente mes, se turnó a la suscrita Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. ingeniero químico Alberto Bustamante V., Presidente del Comité Directivo de la Alianza Francomexicana de Oaxaca, A. C. para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 6 de diciembre de 1983.

Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernaldo Bátiz Vázquez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Victor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnoldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."

Trámite: -Primera lectura.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

"Comisión de Gobernación y Punto Constitucionales.

Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el C. general brigadier D.E.M. Jesús Esquinca Gurrusquieta, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Militar José María Córdoba, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al C. general brigadier D.E.M. Jesús Esquinca Gurrusquieta para aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Militar José María Córdoba, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 6 de diciembre de 1983.

Presidente: Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrial Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Víctor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnoldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Victor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres Carmona."

Trámite: -Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

"ÍNDICE DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

Presentación

I. Consideraciones previas y cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal

II. Panorama económico

1. INTERNACIONAL

2. NACIONAL

III. Resultados de la gestión financiera

1. SECTOR PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

1.1 Egresos.

1.2 Ingresos.

1.3 Déficit y Deuda.

2. GOBIERNO FEDERAL

2.1 Egresos.

2.2 Ingresos.

2.3 Déficit y Deuda.

3. ORGANISMO Y EMPRESAS

3.1 Egresos.

3.2 Ingresos.

3.3 Déficit y Deuda.

IV. Revisión sectorial

1. SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

1.1 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

1.1.1. Productos Forestales Mexicanos.

1.1.2. Forestal Vicente Guerrero.

1.1.3. Instituto Mexicano del Café.

1.2. Secretaría de la Reforma Agraria.

1.3. Secretaría de Pesca.

1.3.1. Productos Pesqueros Mexicanos e Industrias Pesqueras Paraestatales del Noroeste.

2. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

2.1. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2.1.1. Ferrocarriles Nacionales de México.

2.1.2. Aeroméxico.

2.1.3. Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

2.2. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

3. SECTOR COMERCIO

3.1. Secretaría de Comercio.

3.1.1. Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

4. SECTOR BIENESTAR SOCIAL

4.1. Secretaría de Educación Pública.

4.2. Secretaría de Salubridad y Asistencia.

4.2.1. Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.2.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

4.3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

5. SECTOR INDUSTRIAL

5.1. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

5.1.1. Petróleos Mexicanos.

5.1.2. Comisión Federal de Electricidad.

5.1.3. Otras Empresas del Sector Industrial.

6. ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES

6.1. Convenio Unico de Coordinación.

6.2. Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER).

6.3. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR).

V. Observaciones, conclusiones y sugerencias

PROYECTO DE DECRETO

ANEXO ESTADÍSTICO

"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

Honorable Asamblea:

En los términos del párrafo sexto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo enunciado en el numeral 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal fue presentada a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1982, enviada en tiempo y forma por el Ejecutivo Federal, en la que se incluyen los resultados de la gestión financiera de la Administración Pública Central y de las entidades paraestatales incorporadas en el Presupuesto, así como su impacto y contribución a la economía nacional, entre otros aspectos.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los documentos respectivos fueron turnados para su estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y para revisión, por conducto de la Comisión de Vigilancia, a la Contaduría Mayor de Hacienda,

de conformidad con lo preceptuado en los artículos 3o.; 10.; fracción II y 15 de la Ley Orgánica respectiva.

Al tenor de los previsto en la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió el Informe Previo señalado en el inciso a) de la fracción II del artículo 3o. del ordenamiento invocado, que el órgano técnico de la Cámara de Diputados elaboró con los comentarios generales señalados en esa disposición y que rindió a través de la Comisión de Vigilancia.

La Comisión dictaminadora procedió a efectuar el análisis de la documentación recibida y de la información que adicionalmente obtuvo a lo largo de dos reuniones generales y diez reuniones sectoriales de trabajo, celebradas con los funcionarios de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1982, y las diversas comisiones de esta Cámara de Diputados conformadas con los representantes de todos los grupos parlamentarios, para conocer los resultados de la gestión financiera; comprobar si se ha ajustado a los criterios presupuestales; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal, expresión de la gestión económica - administrativa realizada por el Gobierno Federal durante 1982, conserva en su presentación la forma y los elementos más importantes de la del año anterior e incorpora, en esta ocasión, información nueva y más detallada, cuantitativa y cualitativamente, con la que se facilita su consulta y se muestran con veracidad los resultados y el estado financiero del sector público presupuestario, dando a su contenido la objetividad indispensable para lograr transparencia en la actividad gubernamental con la que, sin duda se facilita su evaluación y el control de la gestión de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1982.

Los esfuerzos por mejorar la estructura, enriquecer el contenido y actualizar la presentación de la Cuenta Pública, conllevan el perfeccionamiento de la contabilidad gubernamental en relación a su oportunidad, confiabilidad y suficiencia en información, así como de los mecanismos de enlace y conciliación entre los subsistemas de contabilidad de egresos, ingresos, fondos federales, deuda pública y sector paraestatal, hasta materializarse en un programa a mediano plazo que se ha implementado, por el que se asegurará la continuidad de ese proceso de modernización y actualización permanente del Presupuesto y de la Cuenta Pública, en el que ha insistido esta Representación Popular.

La Cuenta Pública que se dictamina se integra con un Tomo de Resultados Generales y 18 tomos sectoriales, entre los que se cuentan los relativos a los ramos que surgen en 1982, el Ramo XIX, Aportaciones de Seguridad Social y el Ramo XXVI, Promoción Regional; los estados de flujo de efectivo de 507 entidades coordinadas de control indirecto que aumentan el número registrado por primera vez en la Cuenta Pública de 1981, que fue de 451 entidades; así como un anexo de agregados económicos en el que se reúne la información de carácter económico procurando sistematizar la relativa a la contribución del sector público en la actividad económica. La estructura así descrita, permite advertir el propósito por mejorar la congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Federación, que también se inició durante 1981, para hacer compatible la información que registran ambos instrumentos con el fin de facilitar su análisis e interpretación.

De este modo se reordena el contenido del Tomo de Resultados Generales en atención a los objetivos de política económica y se divide en dos capítulos: uno denominado de Resultados Generales, que sigue una estructura similar a la de la Cuenta Pública del ejercicio anterior y, el otro, de información cuantitativa, en el que están situados los estados financieros, presupuestarios y económicos consolidados del Gobierno Federal y de los Organismos y Empresas, en el que también figura un apartado de información complementaria a la de resultados generales referida, entre otros aspectos, a los ingresos, egresos y deuda del sector presupuestario.

Los tomos sectoriales comprenden básicamente información relativa a los objetivos, estrategias y resultados del sector, mencionando los logros alcanzados en los programas y metas sectoriales previstas, así como las desviaciones más importantes.

En el anexo de agregados económicos se incluyen las cuentas económicas del sector público presupuestario, que muestra los principales componentes, el costo y financiamiento de la producción de bienes y servicios públicos, clasificados en rubros uniformes para facilitar su integración al sistema de cuentas nacionales de México; así como la información más destacada sobre subsidios y transferencias, formación bruta de capital, evolución de los precios y tarifas del sector paraestatal y la relativa al presupuesto de divisas.

Es conveniente hacer notar que al formular el Ejecutivo Federal, en la presente administración, la Cuenta Pública, se propone vincular aún más, la contabilidad con el Presupuesto y a éste con el programa - presupuesto, en función de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, con la finalidad de fortalecer el proceso evaluativo que brinde apoyo eficaz para el cumplimiento de las actividades administrativas de planeación, programación y presupuestación, y a la vez facilite el ejercicio de las atribuciones legales de fiscalización que por disposición constitucional corresponden a esta soberanía.

En la elaboración del dictamen correspondiente, la Comisión se auxilió de la información anteriormente descrita, así como de los elementos contenidos en la documentación de la Contaduría Mayor de Hacienda, enriquecida con

los datos obtenidos mediante visitas directas a ciertas entidades de la Administración Pública Federal, llevadas a cabo para verificar determinadas operaciones, confirmar algunas cifras y otros aspectos de la Cuenta Pública. La contaduría Mayor de Hacienda elaboró cuestionarios cuyas respuestas se lograron directamente en reuniones de trabajo con la Secretaría de Programación y Presupuesto, y el documento del órgano técnico de esta Cámara presenta, por vez primera, en capítulos especiales, la evaluación programática y, aunque sea en forma sucinta, el análisis financiero y presupuestario por entidades.

Con estas innovaciones se presentan los comentarios de carácter general sobre la gestión de las dependencias y entidades, un análisis de los aspectos más significativos consignados en la Cuenta Pública y una apreciación de conjunto de los resultados financieros de la gestión gubernamental.

En virtud de las recomendaciones al Ejecutivo Federal formuladas por esta H. Cámara de Diputados en el Decreto del dictamen, correspondiente a 1981, se procedió a la implantación del Registro Unico de Transferencias para contar con un sistema integral de seguimiento y control que permita evaluar su impacto en el desarrollo económico y social del país; en materia de contabilidad gubernamental, se publicaron las reglas específicas para la reexpresión de los estados financieros de las empresas públicas y el catálogo para la reclasificación de las cuentas; se incorporó en la Cuenta Pública de 1982 información más amplia sobre la deuda, en especial la relativa al crédito externo; y se diseñó un programa de trabajo para incorporar íntegramente la estructura programática de las actividades del sector paraestatal, particularmente de PEMEX, entidad que, además, procedió a reformar sus mecanismos de control y supervisión en pago estricto a la sugerencia camaral.

Con las consideraciones anteriores esta Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1982, somete a las consideraciones de esta honorables Asamblea el siguiente

DICTAMEN.

I. Consideraciones previas y cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal.

La revisión de la Cuenta Pública constituye un aspecto central de la fiscalización financiera que el Constituyente confió a esta soberanía.

La fiscalización financiera que se realiza a través de la Cuenta Pública constituye una forma de control externo del ejercicio del Presupuesto. Tal función corresponde a la Cámara de Diputados en razón de que dicho control es el correlato lógico de sus facultades en materia de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos. Así, nuestra Constitución establece un singular mecanismo de refuerzo al principio de separación de Poderes. El Legislativo, a través de las leyes tributarias y financieras y del Presupuesto de Egresos, establece tanto las fuentes como los destinos del tributo y del crédito público; el Ejecutivo, a través de sus dependencias desarrolla los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos, a través de actos de ordenación y ejecución en los que se materializan las autorizaciones expedidas por el Poder Legislativo, a quien el Ejecutivo debe rendir cuentas puntualmente sobre su gestión. La revisión de la Cuenta por el Legislativo tiene por objeto central, de acuerdo con lo establecido por el artículo 74 de la Constitución General, conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el gasto se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas desarrollados por la Administración Pública durante el ejercicio en examen.

De igual forma es materia de la fiscalización financiera el examen de la correspondencia o discrepancia entre lo gastado por la administración y lo autorizado por el Legislativo en las partidas del Presupuesto.

Las tareas de fiscalización financieras se realizan por la Cámara de Diputados a través de sus distintos órganos, en momentos sucesivos en el tiempo y conforme a procedimientos y técnicas diversas.

En relación a los órganos que invierten en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, destacan la Comisión Permanente, el Pleno de la Cámara, las Comisiones de Dictamen Legislativo y la Contaduría Mayor de Hacienda, que se encuentra bajo la dirección de la Comisión de Vigilancia. Cada uno de estos órganos cumplen con funciones específicas que le son propias y para las que se encuentran expresamente facultados por la Ley.

El proceso de revisión contiene diversas fases y aspectos que se encaminan al logro de objetivos específicos. Una vez que el Ejecutivo presenta la cuenta a la Comisión Permanente, ésta se turna a la Oficialía Mayor para su ulterior remisión a las comisiones legislativas y a la Comisión de Vigilancia, quien la recibe y la envía a la Contaduría Mayor de Hacienda.

A la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, corresponde preparar el dictamen que habrá de presentar al Pleno de la Cámara de Diputados para que éste cumpla con las funciones que al respecto le señala la Constitución Política Mexicana. En la elaboración de su dictamen la Comisión analiza la Cuenta Pública y su documentación anexa, valiéndose del Informe Previo preparado por la Contaduría Mayor de Hacienda, al tiempo que cuenta con las informaciones al efecto recabadas de los órganos de la administración.

Las funciones del Pleno son las de discutir la Cuenta Pública a partir del dictamen elaborado por la Comisión Legislativa. Su propósito acorde con su naturaleza de asamblea deliberante es el de formular un juicio sobre los efectos políticos, económicos y sociales, resultantes de la ejecución del Presupuesto.

Siendo el Presupuesto uno de los instrumentos centrales de la política económica, el análisis de su ejercicio a través de la revisión de la Cuenta Pública comprende, necesariamente, la formulación de un conjunto de apreciaciones sobre los efectos de su ejercicio sobre la economía, sobre la estructura productiva y sobre la composición misma del todo social. El impacto social del ejercicio del Presupuesto conduce, necesariamente, al que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca y se pronuncie sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, sí como para que aprecie la eficacia o ineficacia de la gestión financiera y administrativa desarrollada por las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos correspondientes.

De esta manera, la revisión de la Cuenta Pública se inserta dentro del diálogo existente entre la representación nacional de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Diálogo insustituible que, en el caso, se concreta en actos de fiscalización parlamentaria externa y posterior al ejercicio que debe traducirse en el marco de referencia de la discusión y aprobación de los presupuestos ulteriores.

De conformidad con la reforma constitucional de 1977, la revisión de la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor de Hacienda se inicia desde el momento en que ésta recibe la Cuenta Pública. A la Contaduría Mayor corresponde, según establece el artículo 74 de la Constitución General, verificar si las cantidades gastadas concuerdan con partidas autorizadas en el Presupuesto, así como la exactitud y justificación de los gastos hechos. Si en las investigaciones correspondientes aparecen irregularidades que entrañen gastos no autorizados y carentes de justificación, incumplimientos reiterados de las leyes vigentes en materia financiera y anomalías contables pendientes de explicación, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá adoptar medidas conducentes, que la Ley establece para la corrección de tales irregularidades. Las verificaciones de referencia se concretan en el análisis contable clásico a través de auditorías - de ingresos, de egresos, de sistemas, de obras, etcétera y de inspecciones, que permiten determinar con precisión la naturaleza, motivos y magnitud de las irregularidades, materia de la investigación.

Si de las investigaciones practicadas resultase que las irregularidades contables fueron la ocasión o el motivo para que se verificasen faltas administrativas, se causaren daños civiles o perpetrasen ilícitos penales, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá realizar lo conducente a la determinación de sus responsabilidades. De estas acciones, la Contaduría Mayor da cuenta a través del Informe de Resultados. Es mediante estas acciones, resumidas en el Informe de Resultados, como la Cámara de Diputados cumple con el fincamiento concreto de responsabilidades; tareas con las que, siempre bajo el control de la Comisión de Vigilancia, la Contaduría Mayor de Hacienda se comunica con los órganos de control administrativo del Poder Ejecutivo a fin de determinar y aplicar las sanciones administrativas y civiles a que haya lugar respecto a los servidores públicos que incurran en negligencia o abuso en los pagos y, finalmente, con los órganos encargados de la procuración de la justicia para aquellos casos en los que las irregularidades contables detectadas permitan suponer, fundadamente, que las mismas son constitutivas o dieron origen a ilícitos penales.

La Comisión pudo constatar de la documentación recibida, de las reuniones realizadas y del contenido del Informe Previo, que las obligaciones a cargo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente.

La Cuenta Pública acredita la conformidad de la recaudación de los Ingresos de la Federación a los rubros previstos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1982, de la que, además, se cumplieron los criterios contenidos en la exposición de motivos de la misma y que los ingresos derivados de financiamientos se contrataron y se contrataron y ejercieron de acuerdo con las autorizaciones otorgadas al Ejecutivo Federal en esa Ley, inclusive de ejercer montos adicionales en virtud de las circunstancias económicas que prevalecieron en ese ejercicio de las que da cuenta el Congreso de la Unión en los términos de la Ley.

En materia de obras públicas, se hace constatar el apego de las dependencias y entidades a las disposiciones aplicables, con la debida consideración a la situación económica imperante, que influye en el cumplimiento exacto de la Ley de Obras Públicas. Las entidades elaboraron sus programas de obras según lo previsto en la respectiva ley, mismo que tuvieron que reestructurarse por el incremento en el costo de los insumos y, salvo ciertas entidades del sector paraestatal, que incurrieron en algunas omisiones, las demás circunscribieron su gestión al marco legal de referencia.

La documentación relativa al cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos y de las Leyes General de Deuda Pública y sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal, revelaron su observancia, en lo general.

La existencia de excepciones determinan interrogantes que generan prevenciones sobre hechos irregulares que deben ser investigados, mismos que la Contaduría Mayor de Hacienda precisará.

Al término de la Ley de tal procedimiento, la Contaduría Mayor de Hacienda dará cuenta a esta Cámara, por conducto de la Comisión de Vigilancia de ese órgano, del resultado de sus estudios y auditorías, así como de la formulación de los pliegos de observaciones y de la promoción del fincamiento de responsabilidades que en materia civil, penal, o administrativa hubiese determinado.

II. Panorama económico

La Comisión consideró pertinente, antes de proceder al análisis de los resultados de la gestión financiera para 1982, examinar, por una parte, las principales características del contexto internacional cuya incidencia es importante en nuestro país y, por otra, hacer algunas reflexiones respecto a los propósitos de la política económica general, la evolución de la economía interna y los resultados finales de 1982.

1. INTERNACIONAL.

Durante 1982 se agudizó la recesión de la economía mundial, que creció a tasas negativas: - 0.3% en los países desarrollados; - 4.6% en los países en desarrollo exportadores de petróleo, y el 1.7% en los no exportadores de petróleo. En ambos grupos de países el crecimiento económico fue inferior al ya de por sí deprimido ritmo que registraron en lo que va de los 80's y sustancialmente menor a lo observado en la década de los 70's, que a su vez fue más reducido y con mayor fluctuaciones que en los 60's. En otras palabras, la tendencia recesiva se agudizó en 1982. En las naciones industrializadas se presentó un alto nivel de desempleo, alcanzando en la segunda mitad de 1982 una tasa de 9%. Desde mediados de 1979 se adoptó en dichos países una estrategia anti - inflacionaria, basada en políticas de restricción del gasto agregado. Por ello han controlado la inflación, pero persiste la debilidad de la actividad económica. Esta baja en la inflación en los países industrializados ha sido apoyada, además, por demandas salariales moderadas y por la caída en los precios del crudo y otras materias primas.

Por otra parte, la inflación aumentó en los países en desarrollo no petroleros, pues el incremento en los precios al consumidor subió de 31.2% en 1981 a 32.9% en 1982.

El incremento de la producción en los países en desarrollo no petroleros ha observado tasas significativamente inferiores a las alcanzadas en el pasado. El promedio en crecimiento del PIB en términos reales fue de 5.5% en 1973 - 1980; 2.8% en 1981, y 1.7% en 1982. En la totalidad de los países de América Latina el crecimiento per cápita fue negativo en 1982.

La recesión en los países industriales ha frenado la demanda de exportaciones de los países en desarrollo y han contribuido a empeorar sus términos de intercambio, sobre de todo de los no petroleros que los han visto disminuidos en 20% entre 1978 y 1982.

Los países industrializados no han podido reducir sus elevados déficit fiscales. La recesión en estos países, así como el creciente desempleo, han fortalecido las demandas de diversos sectores para que se adopten políticas comerciales más proteccionistas. La evolución de los tipos de cambio en algunos de estos países ha reforzado tales tendencias. Dichas presiones fueron muy severas en 1982, y como efecto de la contracción económica, el volumen de las importaciones fue inferior a lo esperado. Las consecuencias de esta baja en el comercio han recaído en los países en desarrollo, y en especial en los llamados de industrialización media.

La actividad económica deprimida de los países industriales y sus esfuerzos para acumular petróleo y para sustituirlo con otras fuentes de energía, debilitó aún más el mercado petrolero mundial, y en 1982 ocasionó disminuciones en el precio del crudo (en 4%) y reducciones en sus importaciones. En consecuencia, los países exportadores de petróleo redujeron su volumen exportado de petróleo en 19%, y prácticamente desapareció su superávit en cuenta corriente.

Las balanzas de pagos de los países en desarrollo no petroleros han sido afectadas por las altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales, la debilidad económica de los países industriales, la intensificación del proteccionismo y la disminución de los precios internacionales de los productos primarios.

Los mercados cambiarios internacionales registraron en 1982 intensas fluctuaciones. Esta situación provocó variaciones en los tipos de cambio, que resultaron las más acentuadas desde principios de la década de los 70's.

Por otra parte, el mercado internacional de capitales registró durante 1982 un volumen de operaciones de alrededor de 16.5 mil millones de dólares (13% inferior al de 1981).

En los últimos meses de 1982, el desempleo, el estancamiento económico, la inflación, el proteccionismo las fluctuaciones cambiarías, la astringencia de capital y los desequilibrios tanto en las finanzas como en las balanzas de pagos, eran los principales problemas a que se enfrentaban las economías del mundo.

2. NACIONAL.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1982 señalaba que los propósitos de la política económica general para ese año, eran el mantenimiento del acelerado ritmo de crecimiento y del empleo. Así, se estimaba factible un crecimiento del PIB de 6.5 - 7.0%, en términos reales, y la generación de empleos a una tasa superior al 4.0% anual. Estas metas suponían elementos que no ocurrieron en la magnitud y oportunidad que se esperaban.

En primer lugar, se esperaba que como resultado de los elevados montos de inversión que se habían dado en los años anteriores, y la consecuente ampliación de la infraestructura productiva que ello significaba, aumentaría la producción y la capacidad de exportación que, a la vez, hicieran menos vulnerable a la economía, expandieran la oferta de productos básicos y permitieran obtener divisas que contribuirían a corregir los desequilibrios con el exterior y a paliar las presiones en el tipo de cambio.

En segundo lugar, se esperaba que el contexto económico internacional resultara menos adverso, ampliando con ello la posibilidad de sortear los problemas que se habían manifestado desde 1981.

En tercer lugar. se estimaba que - como resultado de las medidas de ajuste que se introdujeron

desde 1981. como el aumento de ingresos públicos vía precios y tarifas, la moderación en el crecimiento del gasto público aprobado, y las restricciones a las importaciones - se daría una modificación de las expectativas que redujera significativamente la especulación cambiaría.

Sin embargo, la situación que se enfrentó fue considerablemente diferente. En 1982 se inició, en el ámbito interno, con aumento en la especulación y presiones crecientes sobre el tipo de cambio, que se habían empezado a manifestar desde el segundo semestre de 1981 y, en lo externo, con una recesión internacional superior a la esperada, altas tasas de interés y un mercado petrolero deprimido.

En este contexto, al no presentarse los supuestos que sustentaban la política económica, hubo que introducir, desde los primeros meses del año, importantes medidas de ajuste que modificaron en forma radical el programa económico para 1982.

En febrero, al retirarse al Banco de México del mercado cambiario, se inició un período de flotación sumamente inestable del tipo de cambio (que en sólo diez días registró una depreciación aproximadamente 67%). Para enfrentar la nueva situación cambiaria se diseñó un paquete de medidas que buscaba contener la demanda agregada para compensar los aumentos de precios provocados por la variación del tipo de cambio.

Así, se trató de realizar un ajuste en las finanzas públicas para reducir el crecimiento del déficit, por lo que se dispuso una disminución de 3% en el presupuesto. Por otra parte, se buscó la congelación de precios de productos básicos por 90 días, la introducción de mecanismos fiscales y financieros para cubrir pérdidas cambiarías a empresas endeudadas en dólares - para evitar mayores costos - y una reducción arancelaria para artículos básicos, materias primas y equipo - a fin de no afectar más la oferta de bienes que requería la población y el aparato productivo - . Adicionalmente se ajustó la política de tasas de interés para evitar salidas especulativas de divisas.

Posteriormente, en marzo, y como parte del programa de ajuste postdevaluatorio, se dispuso un incremento salarial de 30%, 20%, y 10% según los niveles de ingresos de los trabajadores - para apoyar, en forma emergente, su poder adquisitivo - acompañado de medidas fiscales para las empresas que no tuvieran capacidad para conceder estos aumentos.

Más adelante, en abril, se reforzaron las medidas de ajuste: comprimir el déficit del sector público en 3 % del PIB, respecto a 1981; reducir el déficit corriente de la balanza de pagos entre 3 y 4 mil millones de dólares en relación a los niveles del año anterior y limitar el endeudamiento público a 11 mil millones de dólares.

Para tal efecto, se introdujeron medidas de carácter cambiario, financiero y fiscal, destacándose entre éstas, la reducción del gasto Público hasta en 8% de su monto aprobado y el aumento de ingresos públicos, mediante precios y tarifas hasta en 150 mil millones de pesos. Adicionalmente, se impusieron límites cuantitativos a las importaciones, tanto públicas como privadas.

Sin embargo, la reacción del público no fue la esperada y se exacerbaron los movimientos especulativos y las fugas de capital, lo que presionó aún más el tipo de cambio.

Así, el mercado cambiario se vio afectado, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Las fugas de capital, la liquidez inyectada por el déficit público y los vencimientos de la deuda pública de corto plazo, contratada en el segundo semestre de 1981, presionaban sobre la demanda de divisas. Por otra parte, la menor corriente de créditos externo y la poca respuesta del aparato productivo exportador reducía la oferta de divisas.

Todo ello provocó que se cerrara el círculo especulación - devaluación - inflación - especulación de lo que cancelaba la posibilidad de éxito de las medidas de ajuste emprendidas. Por ello, se tomaron nuevas decisiones para impedir el agravamiento de la situación, entre las que destaca la entrada en vigor, de un sistema de doble tipo de cambio - uno preferencial y otro general - , así como la solicitud de una prórroga de 90 días para pagos de capital de la deuda pública externa a los bancos comerciales más importantes del exterior. No obstante estas medidas, no logramos detener el agravamiento de la especulación y la salida de divisas.

Ante la especulación cambiaria generalizada, el desarrollo de un mercado paralelo de divisas, la desmedida fuga de capitales y la escasez crónica de divisas, el 1o. de septiembre se decreta el control generalizado de cambios y la nacionalización de la banca. Se establecieron dos tipos de cambio, uno preferencial y otro ordinario. Los tipos de cambios fueron fijados en 50 pesos y 70 pesos por dólar.

Debido a los problemas para instrumentar el control de cambios, especialmente en la zona fronteriza, el 1o. de diciembre se anunció el restablecimiento del control dual, y el 20 se puso en operación. El tipo de cambio controlado se fijó en 95.10 pesos a la venta sujeto al deslizamiento de 13 centavos diarios. Para el pago de obligaciones en mexdólares, contraídos antes del 20 de diciembre, se estableció un tipo de cambio especial de 70 pesos por dólar, con un deslizamiento de 14 centavos diarios y el tipo de cambio libre se fijó en 150 pesos.

En este contexto de desarticulación de la política económica y de distorsiones en los mecanismos de ajuste y transmisión del aparato económico, se pusieron claramente de manifiesto los problemas de carácter estructural que vinieron a sumarse a los de coyuntura dado por resultado el dislocamiento de la economía nacional, que en 1982 experimentó una crisis sin precedente en los últimos 50 años.

Los efectos del debilitamiento de la actividad económica se reflejaron en la caída de la producción, aumento del desempleo deterioro de los niveles de vida, incremento en los índices de precios, contracción del comercio exterior y desequilibrio en las finanzas públicas y el mercado de cambios.

Durante 1982 la inflación fue de 98.8% (diciembre - diciembre); el déficit financiero del sector público como proporción del PIB llegó a 18.0%; el PIB real decreció 0.5%; la inversión bruta fija total disminuyó en la real - la inversión pública se redujo en 12.7% real y la privada en 20% real - ; las importaciones se desplomaron provocando que la balanza comercial registrara un superávit, que no pudo compensar el déficit provocado por el pago de servicios al capital extranjero, provocando que la balanza en cuenta corriente registrara un déficit de 2 mil 685 millones de dólares contrastando con el de 11 mil 544 millones del año anterior.

La política económica no pudo responder con oportunidad a las nuevas circunstancias, y las deficiencias estructurales de la economía obstaculizaron el ajuste y agravaron los problemas. La situación internacional adversa no pudo ser compensada por políticas internas por la grave dependencia en materia financiera y comercial; asimismo, se amplió la vulnerabilidad externa cancelando la posibilidad de que las medidas cambiarías y de contención de la demanda agregada surtieran efectos sustanciales.

A pesar de los esfuerzos para hacer frente a la situación adversa y al no ejecutarse medidas más efectivas y oportunas, los resultados pusieron en evidencia la gran vulnerabilidad de la economía mexicana derivada de sus deficiencias estructurales y fue imposible vencer la inercia.

En suma, los graves desequilibrios estructurales y coyunturales que se empezaron a manifestar desde 1981, hicieron crisis en 1982. A finales de este año, la situación era de una gravedad inusitada: desempleo duplicado y en peligro de triplicarse; parálisis de la producción y amenaza de quiebras masivas por falta de recursos para la operación de la planta productiva; inflación elevada y acelerada, así como un extraordinario déficit del sector público que la nutre; insuficiencia de ahorro para financiar la inversión; ingresos públicos deteriorados por el debilitamiento de la recaudación fiscal y por una política de precios y tarifas que fomenta la inequidad y debilita la capacidad de la empresa pública para cumplir sus fines sociales; carencia de divisas y virtual suspensión de pagos; una gigantesca deuda pública - interna y externa, pública y privada - cuyo servicio representa una elevada proporción del presupuesto y de las exportaciones de bienes y servicios, ahogando las posibilidades de inversión productiva y de abatimiento de los rezagos sociales; en fin, una situación de emergencia.

III. Resultados de la gestión financiera.

El examen de este rubro gira en torno al déficit del sector público presupuestario, que resume los resultados de la gestión financiera de la Federación; su monto, así como su forma de financiamiento, tiene importantes consecuencias para la economía en su conjunto y para logro de los objetivos que persigue el presupuesto. Para facilitar la comprensión y la revisión de los resultados de la gestión financiera, esta Comisión Dictaminadora primero analizó los componentes del déficit consolidado del Sector Público Presupuestario, y luego, se procedió de igual manera en el caso del Gobierno Federal y del Sector Público Paraestatal. En cada uno de estos tres apartados, el examen se inicia con una revisión de los egresos y de los ingresos para de ahí obtener el déficit y el endeudamiento a que da origen.

1. SECTOR PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO.

1.1 Egresos.

La política de gasto público de los últimos seis años se orientó primero a superar la crisis, después dio prioridad a energéticos y alimentos, y a partir de 1980 buscó reducir las inversiones del subsector petrolero y reorientarlas hacia otras prioridades. Sin embargo, la inercia y los compromisos de este subsector obstaculizaron la resignación propuesta. Además el gasto público se dispersó y desarticuló al emprenderse sin una programación sistemática que lo vinculara con las prioridades nacionales y que fijara mecanismos de control y evaluación que aseguraran el cumplimiento de sus metas. En consecuencia, se redujo su productividad - manifestada en la terminación de proyectos de menor prioridad relativa mientras otros más importantes quedaron inconclusos - , se propició su derroche, se relajó la disciplina, hubo deshonestidad en sus ejercicio, y se divorció de las prioridades del Desarrollo Nacional. Esta falta de programación sistemática aunada a la débil respuesta de la producción nacional elevaron el contenido importado del gasto público, incrementando el endeudamiento externo y la dependencia económica.

Asimismo, el gasto destinado a la inversión y a los sectores sociales, se vio limitado por los déficit crecientes, por el monto y la rigidez del servicio de la deuda y por la necesidad de transferencia y subsidios. Estos últimos elevaron su proporción dentro del gasto público, redujeron el ahorro del sector público y no siempre cumplieron con sus objetivos. En consecuencia, a pesar de la expansión del gasto público, la satisfacción de las necesidades básicas, la redistribución de la riqueza y el ingreso, así como el impulso a la producción

y al empleo, no avanzaron al ritmo esperado, a pesar de su carácter prioritario.

El agravamiento de la crisis económica y de la incertidumbre a partir de la devaluación de febrero de 1982, hizo que se modificara el presupuesto para enfrentar la nueva e inesperada situación de la economía nacional. Este presupuesto, se había formulado con criterios de austeridad y de disciplina, para reducir la proporción del déficit financiero con respecto al PIB, que registró un aumento notable en 1981. Por ello, el programa de inversiones públicas se había incrementado moderadamente y proponía reducciones en las inversiones del sector petrolero, así como ajustes en el gasto corriente y de operación para limitarlo a lo estrictamente indispensable. Sin embargo, el deterioro de la crisis exigió cambios en el presupuesto para hacerlo más austero y reordenar las prioridades.

Por otra parte, la devaluación , y la inflación concomitantes, así como los aumentos de la tasa de interés y el crecimiento extraordinario de los créditos al sector público en años anteriores, implicaron un aumento considerable en el servicio de la deuda, ajustes salariales y la urgencia de reducciones en el contenido importado del gasto público. Por ello, se tomó la decisión de no autorizar ampliaciones presupuestales para adquirir insumos importados, salvo cuando fuesen estrictamente indispensables para la operación de la planta productiva. Asimismo, se optó por reducir, selectivamente; en 8% el presupuesto aprobado, exceptuando al servicio de la deuda, los servicios personales y las participaciones a estados y municipios. Los criterios generales que consigna la Cuenta Pública para la aplicación de esta reducción fueron:

- Una mayor afectación al gasto corriente, incluyendo transferencias y especificando programas, proyectos y/o actividades afectadas.

- Eliminación de asignaciones para creación de plazas y acortando la sustitución de vacantes.

- Cancelación o restricción de adquisiciones para fines administrativos, así como reducción de gastos no indispensables.

- Suspensión de construcción de edificios e instalaciones con fines administrativos y obras de carácter ornamental.

- Estricta disciplina presupuestal a través del control de calendarios de ejercicios preestablecidos o ajustados. No se autorizaron anticipo en los calendarios de gasto.

- Fijación de un calendario de flujo de divisas del sector público y control y racionalización de sus importaciones.

- Eliminación de ciertas prestaciones a funcionarios y cancelación de asignaciones para la compra de vehículos destinados a ellos o a fines administrativos.

Por otra parte, se aumentaron los precios y tarifas del sector público, lo que junto con la reducción presupuestal hubiesen significado la corrección que demandaba el saneamiento de sus finanzas; pero el tamaño y la complejidad de la crisis frustraron estos propósitos.

La magnitud de las devaluaciones elevaron considerablemente los subsidios cambiarios, el pago del costo financiero de la deuda externa y la restitución de valores de los depósitos que se pagaron a un valor superior a la recuperación de los pasivos en dólares.

También aumentó considerablemente el gasto público por la extraordinaria inflación que se registró y el consecuente aumento en los salarios y en los insumos de los programas de inversión, así como por las malas cosechas que aumentaron la importación de granos básicos. Estos gastos fueron ineludibles por la exigencia de mantener la operación de los sectores prioritarios y de satisfacer la demanda de alimentos. A estos habría que añadir que el pago de intereses se elevó por encima de lo previsto y que algunas empresas públicas hicieron gastos sin previa autorización.

Todo lo anterior significó, como se muestra en el cuadro 1 que el gasto público ejercido superará en 1.569 billones al gasto presupuestado. Esta discrepancia entre lo realizado y lo programado se explica en casi la mitad 47.8% por las diferencias cambiarias; en un 27.1% por el mayor pago de la deuda; en 15.6% por el aumento de salarios y en 9.5% por el alza en el costo de los insumos. Este desglose se presenta en el cuadro 2.

Los gastos del sector público consolidado en 1982 tal como aparecen en el cuadro 1, fueron de 4.666 billones de pesos, superiores en 50.7% a los egresos aprobados y en 89.1% al gasto ejercido en 1981. Si se excluye al servicio de la deuda - que duplicó a la cifra presupuestada originalmente y que triplicó la registrada en 1981 - se obtiene el gasto programable, mismo que sólo superó en 17.3% al monto presupuestado, como puede corroborarse en los cuadros 1 y 3. Tal discrepancia se explica principalmente por el aumento en salarios y costos de insumos.

Por otra parte, este gasto fue el más afectado por las medidas de reducción presupuestal.

El cuadro 3 muestra la composición del gasto programable y se aprecia que su mayor componente es el gasto corriente y de operación que rebasó en 22.1% al presupuesto aprobado y que explica el 80.2% de la desviación total del gasto programable. En este rubro se incluyen los servicios personales que no se vieron muy afectados por la reducción presupuestal, pero sí por los aumentos salariales. Esto, aunado a la elevación de los costos para mantener en operación la planta productiva y garantizar la prestación de los servicios públicos, explica no sólo su desviación, sino también el incremento en la participación del total, que pasó de 57.6% en 1981 a 65% en 1982.

La inversión física, por su parte, redujo su participación en el total de gastos programable - del 30.6% en 1981 al 26.9% en 1982 -

y superó al presupuesto original en 20.2%, lo que comparado con la inflación del año implica una disminución en términos reales.

El cuadro 4 muestra la combinación de los impuestos de la inflación, la devaluación, el aumento salarial, las tasas de interés y la reducción presupuestal del 8% en cada uno de los diferentes tipos de gastos del sector público. Ahí se aprecia que de no haberse puesto en práctica la reducción presupuestal del 8%, el gasto público ejercido hubiera sobrepasado al programado en 1.705 billones.

En este punto conviene hacer una aclaración. Lo que en párrafos anteriores se llamó gasto del sector público consolidado, no es el gasto bruto que arrojarían los estados contables, ya que éstos contienen recursos que pertenecen a los estados y municipios, o bien, operaciones virtuales y compensadas que no representan un flujo efectivo o transferencia real de recursos, o un impacto directo en la economía, sino que son asientos en libros que de no eliminarse implican una doble contabilización. Este ajuste aparece en el cuadro 5, donde se observa que el egreso que resulta de los estados contables es de 5.515 billones de pesos y que una vez hechos los ajustes señalados se reduce a 4.666 billones de pesos. Si se toma la primera cifra como punto de referencia, se observa que supera en 66.1% a la cifra presupuestada y en 99.6% a la registrada en 1981. Las deducciones a la cifra de gastos surgida de los estados contables, obedece a las siguientes consideraciones:

- Participaciones a estados en Ingresos Federales. Conforme a la recomendación de la H. Cámara de Diputados; se disminuye este concepto del ingreso y del gasto, tanto del Gobierno Federal como del consolidado, pues la Federación únicamente desempeña el papel de agente recaudador, pero los recursos corresponden a los estados.

- Subsidios compensados. Estos subsidios - al comercio e industria a los importadores y exportadores - se conceden contra impuestos, por lo que sólo son movimientos virtuales y/o compensados.

- Asunción de pasivos. Es una medida del Gobierno Federal para sanear la estructura financiera de las entidades que tienen carácter estratégico o prioritario. Se deduce porque no implica transferencias de recursos, sólo asientos contables.

- Fondo de financiamiento al Sector Público. Se trata de un fideicomiso constituido por el Gobierno Federal, el Banco de México, S. A., en febrero de 1975, cuyos fondos se transfieren de manera transitoria a las entidades del Sector Público. Se deduce porque los recursos que registra se contabilizan dos veces, una cuando el Gobierno Federal los capta y distribuye y otra cuando los organismos los reciben y erogan.

- Transferencias crediticias. Son operaciones semejantes a las del Fondo de Financiamientos, es decir provienen de financiamientos y se transfieren por la vía de inversiones a entidades públicas.

- Fondo revolvente de PEMEX. Consiste en líneas de crédito autorizadas, con renovación parcial automática en documentos, es decir, se trata de redocumentación de créditos, inflándose los registros de ingreso (financiamiento) y egreso (amortización), ya que realmente estas operaciones no generan movimientos de efectivo.

- Quebrantos financieros. Esta operación equivale a una asunción de pasivos, pero se refiere a determinadas instituciones bancarias que tuvieron pérdidas derivadas del otorgamiento de dólares a precios preferenciales, habiéndolos obtenido en el mercado libre, y el Gobierno las resarce asumiendo pasivos.

- Pasivo no documentado de PEMEX. Se integra con el financiamiento de contratos y con la cesión de contrarrecibos de proveedores. El primer caso se refiere al descuento con instituciones de crédito, de contratos por venta de exportación, y el segundo a la liquidación de pasivo contraídos con proveedores mediante utilización de una línea de crédito con bancos nacionales. Estas operaciones se compensan porque el financiamiento de contratos se amortiza dentro del mismo ejercicio, y la cesión de proveedores no genera movimientos de efectivo, sólo asientos contables.

Esta cifra bruta es útil, entre otras razones, para llegar a la cifra de déficit del sector público que tanto se ha mencionado en los medios de difusión (1.5 billones de pesos). La cifra a la que se llega con los datos netos no es muy distinta (1.4291 billones y la diferencia se explica, por el rezago que existe entre el ingreso y el egreso de los conceptos que se deducen. En el cuadro 6 se muestra la clasificación del gasto en corrientes, de capital y amortizaciones, cifras que sirven para obtener el déficit que nos ocupa, pero antes, es necesario examinar la otra cara de la moneda, los ingresos.

1.2 Ingresos

La estrategia de financiamiento del desarrollo seguida durante 1977 - 1982 descansaba de manera importante en los ingresos provenientes del petróleo y la deuda externa. Por otro lado, los estímulos a la inversión privada, el tratamiento fiscal favorable a las empresas, la disminución de la carga tributaria a los estratos de menores ingresos, así como la elusión y la evasión fiscal debilitaron la base impositiva.

Adicionalmente, la política de precios y tarifas se orientó a estimular la planta productiva y la descentralización de la actividad económica, mediante insumos baratos, lo que influyó en la insuficiencia de recursos de las empresas, así como en el aumento de transferencias, créditos y financiamiento inflacionario. Si bien los precios y tarifas registraron incrementos, éstos es realizaron de manera

aislada e insuficiente (véase cuadro 7 donde aparece la evolución de los precios y tarifas del sector público de 1977 a 1982). En consecuencia, se deterioró la capacidad de generación de ahorro de las empresas públicas y esta debilitación financiera obstaculizó el cumplimiento eficiente de sus fines sociales.

La caída de los precios internacionales del crudo a mediados de 1981, deterioró más la situación financiera del sector público. Esto, junto con las devaluaciones de 1982 y la aceleración de la inflación obligaron a replantear su estrategia de financiamiento. Por ello se modificaron significativamente los precios y tarifas del sector público aumentando el precio de gasolina, diesel, turbosinas, gas natural, gas LP, productos petroquímicos, bienes básicos de CONASUPO, de energía eléctrica, acero, fertilizantes, azufre, tarifas aéreas y ferroviarias y cuotas de caminos y puentes (para detalle sobre el monto del aumento y el tiempo de ejecución véase cuadro 7). Sin embargo, este incremento fue tardío e insuficiente para detener el agravamiento financiero de las empresas públicas que se agudizó por la escasez de divisas y los crecientes requerimientos del servicio de la deuda.

Estos cambios condicionaron el comportamiento de los ingresos del sector público. Durante 1977 - 1982, la contribución de los ingresos ordinarios se deterioró significativamente. Su participación como fuente de financiamiento del gasto disminuyó de 77.5% en 1977 a 54.4% en 1982, en tanto que los ingresos provenientes del crédito aumentaron de 28.5% a 45.6%. Estos datos se presentan en el cuadro 8, donde también se ilustra la baja en la participación de los ingresos de organismos y empresas de 36.4% del total en 1977 a 27.6% en 1982.

Los ingresos tributarios aumentaron a una tasa media anual de 45.2% de 1977 a 1982; pero si se excluyen los impuestos sobre las ventas internas y externas del petróleo, esta tasa se reduce a 34%, inferior al crecimiento nominal del PIB. Esta inelasticidad de los ingresos no petroleros afectó la capacidad de generación de ahorro del Gobierno Federal para sufragar sus gastos de operación y de capital, así como para apoyar la capitalización que requería la fuerte expansión de la capacidad productiva de las empresas públicas.

Durante 1977 - 1982, los ingresos ordinarios de los organismos y empresas crecieron a una tasa media anual de 43.8%, debido fundamentalmente, a las ventas de PEMEX, que aumentaron a una tasa promedio de 53.5%, mientras que los ingresos ordinarios del resto de las entidades lo hicieron al 32.8%, tasa inferior a la de la inflación. Esto fue consecuencia de la rigidez de los precios y tarifas del sector público.

En cuanto al año que nos ocupa, el cuadro 9 revela que los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 4.775 billones de pesos, cifra que casi duplicó a la de 1981, y rebasó en 53.4% a la previsión original.

De este total, el 54.4% provino de fuentes fiscales de la venta de bienes y servicios, siendo que se había previsto que este porcentaje fuera de 62.5, lo que indica el deterioro de la estructura de los ingresos públicos. Por lo contrario, los financiamientos fueron de 2,179 billones, cifra que casi duplicó al monto programando y que contribuyó a que este renglón participara en un 45.6% del total cuando la previsión había sido de 37.5%. Las cifras de ingresos públicos y su desglose se presentan en el cuadro 9, donde también se realizan los ajustes mencionados en el caso de los gastos. Estas deducciones se detallan en el cuadro 10. La diferencia en el monto total de los ingresos originales de ambos cuadros (5 mil millones) se deben al renglón de devolución de ingresos. En el cuadro 9 se observa que debido principalmente a los aumentos en precios y tarifas y a la devaluación, los ingresos ordinarios excedieron a los presupuestados en 33.5% (registrando mayor dinamismo los ingresos del sector paraestatal) mientras que esta discrepancia fue de 86.5% en el caso de financiamiento.

Finalmente, el total de ingresos públicos se clasifican en corrientes, de capital y de financiamientos en el cuadro 10, mismo que junto con su homólogo del apartado de gastos nos permitan obtener el déficit del sector público presupuestario y el endeudamiento a que da origen.

1.3 Déficit y deuda

El déficit del sector público presupuestario, como proporción del PIB, llegó a ser extraordinariamente alto (14.5%) por lo que, originalmente se programó reducirlo en un 1.5% puntos porcentuales. Más tarde se modificó esta meta para duplicarla a 3 puntos. Sin embargo, a que el sector público registró una posición superavitaria en divisas, la pérdida de dinamismo de los ingresos corrientes no petroleros, así como la aceleración del gasto público, ya comentados, impidieron cumplir con estas metas, y el déficit aumento al 18% del PIB; es decir, excedió en 3.5 puntos porcentuales del PIB a la ya de por sí elevada proporción alcanzada en 1981.

Esto quiere decir, en términos de pesos, que el déficit registrado en 1982 fue de 1.545 billones de pesos cifra que duplicó al programado originalmente (.767 billones y al registrado en 1981 (.760). Estos datos aparecen en el cuadro 11, donde también destaca que esta notable diferencia se debió al desarrollo del sector público, pues se había estimado un ahorro de 270.5 mil millones de pesos y el resultado fue un desahorro de 298.6 mil millones, cifra que representa el 3.2% del PIB y que no tiene precedente en nuestra historia reciente. El déficit de capital, por otra parte, se estimó en 1.037 billones de pesos y fue de 1.247 billones, lo que sumando al desahorro de 298.6 mil millones de pesos arroja el déficit que nos ocupa.

En el desahorro citado, jugaron un papel importante las pérdidas cambiarías que asumió el Gobierno Federal y que fueron del 685.5 miles de millones de pesos. Si eliminamos estas cifras, el déficit financiero presupuestario ejercido excede al programado en sólo 12.1%, es decir 93 mil millones de pesos.

Las discrepancias en la cuenta corriente del sector público, principal componente de la diferencia entre el déficit proyectado y el realizado, se explica fundamentalmente en el Gobierno Federal, que registró un desahorro de 652.7 mil millones, cuando se había previsto un ahorro de 140.9 mil millones (véase cuadro 12). En otras palabras, en términos de desahorro, el Gobierno Federal rebasó la cifra presupuestada, en 793.6 mil millones de pesos. El desahorro del Gobierno Federal fue compensado parcialmente por un ahorro del sector paraestatal de 354.1 mil millones de pesos, cifra que rebasó en 173.2% a los 129.6 mil millones que fueron programados.

Los resultados en la cuenta de ahorro se explican principalmente porque los gastos corrientes ejercidos (3.114 billones) casi duplicaron a los presupuestados (1.863 billones). Esta discrepancia se originó primordialmente en el Gobierno Federal, ya que sus gastos corrientes (2.158 billones), excedieron en 90.4% a la cifra programada (1.134 billones), mientras que sus ingresos corrientes (1.505 billones), rebasaron en 18.1% a lo estimado originalmente (1.275 billones). Estas diferencias se examinan con mayor detalle en el apartado siguiente.

Los ingresos corrientes de todo el sector público (2.815 billones), rebasaron en 32% a la cifra prevista (2.134 billones). Esto se debió principalmente a que el sector paraestatal obtuvo ingresos corrientes que sobrepasaron en 52.5% a los estimados, por las razones ya anotadas y que se especificarán aún más, en párrafos posteriores.

El déficit del sector público en cuenta de capital, que aparece en el cuadro 13, superó al programado en 20.2%. Esta diferencia fue de 60.6% en Organismos y Empresas y de sólo 5.9% en el caso del Gobierno Federal. Tanto en éste como en el sector paraestatal, los ingresos de capital representan montos muy reducidos, mientras que los egresos de ambos son mucho mayores en cantidad y en diferencias absolutas entre lo estimado y lo realizado. Estas fueron de 53.5 mil millones en el Gobierno Federal y 167.7 mil millones en el sector paraestatal. Es decir, mientras este último explica la mayor parte de la discrepancia en el déficit de capital, aquél explica una mayor proporción del déficit en la cuenta corriente y las variaciones en ésta son las más importantes en las desviaciones del déficit presupuestario consolidado.

Como consecuencia de este extraordinario déficit, el sector público tuvo un endeudamiento neto de más del doble de lo previsto: 1.738 billones de pesos. De este total, 1.545 se destinaron a financiar el déficit y el resto (192 mil millones) constituyó el aumento en disponibilidades (véase cuadro 14). A esta cifra de endeudamieto neto se le pueden hacer los ajustes señalados en los dos apartados anteriores para llegar al monto que utiliza la Cuenta Pública (1.519 billones). Estos ajustes se resumen en el cuadro 15, donde también se desglosa el endeudamiento neto en colocaciones y amortizaciones.

En 1982 se registró un cambio importante en la estructura del endeudamiento neto, ya que mientras en 1981 el crédito externo participó con 56.7% del total, en 1982 esta proporción se redujo a 19.8% - se había previsto que esta cifra fuera de 31.8% - , a pesar de la revaluación en pesos. Este cambio se debió a que la caída de los ingresos petroleros, la salida de capitales, los resultados de la balanza de pagos y la rigidez de los ingresos ordinarios, registrados en 1981, hicieron de la deuda externa el renglón más dinámico de los ingresos presupuestarios, y en ese año el endeudamiento neto externo fue mayor al de los cuatro años anteriores a pesar de que el costo del crédito en los mercados de capitales del exterior alcanzó los niveles más altos de las últimas décadas. Pero en 1982, se redujo sustancialmente la oferta de crédito externo y creció el riesgo crediticio de México en el exterior, lo que dio como resultado la imposibilidad de conseguir el monto de créditos externos que se habían programado y autorizado por el Congreso: 11 mil millones de dólares. De éstos sólo se contrataron 5 mil 900. Esta contratación, aunada a la necesidad de cubrir un déficit financiero creciente, dio lugar a un aumento extraordinario en el endeudamiento neto interno en 1982, que superó en 279% al registrado en 1981 y en 133% al previsto originalmente, por lo que representó el 80.2% del endeudamiento total. Estos recursos internos provinieron principalmente del Banco de México, de los valores gubernamentales (CETES - PETROBONOS) y de la documentación de los subsidios cambiarios mediante obligaciones del Gobierno Federal.

Esta política resultó procíclica ya que sus impactos inflacionarios y de contracción del crédito disponible para la inversión del resto de la economía, agravaron las manifestaciones más notorias de la crisis, las que a su vez aumentaban la necesidad de mayores endeudamientos que sólo podían ser internos, pues las fuentes externas se dificultaron en la primera mitad del año y se clausuraron en el segundo semestre, lo que a su vez redujo notablemente los márgenes de maniobra de la política económica para enfrentar la crisis. Por ello se solicitaron apoyos bilaterales y se negociaron prórrogas trimestrales con la Banca Internacional para definir el pago de capital de la deuda externa. La urgencia por obtener en 1981 y 1982 hizo que una proporción importante se contratara a corto plazo, lo que junto con la imposibilidad de documentar lo que iba venciendo, trajeron consigo compromiso de pago que obligaron a la prórroga mencionada. La mayor parte de la deuda externa a largo plazo se canalizó hacia

el sector energéticos, el Gobierno Federal y la Banca de Desarrollo.

El endeudamiento neto externo en 1982 (301.3 mil millones de pesos) fue superior a lo presupuestado (243.7 mil millones) en 23.6%; pero esta diferencia se debe a que se trata de cifras en pesos. En términos de dólares, como ya se apuntó, apenas se contrató un poco más de la mitad de lo aprobado por el Congreso. Esto constituye un claro ejemplo de cómo las devaluaciones de 1982 pueden conducir a interpretaciones imprecisas de los datos si no se acompaña de suficiente información.

En cuanto al endeudamiento de los integrantes del sector público, cambiaron las proporciones registradas en 1981 cuando el Gobierno Federal absorbió el 54.8% del total y los Organismos y Empresas el restante 45.2% (cuadro 16) En 1982 estas cifras fueron de 91.5% y 8.5%, respectivamente, debido a la política de sanear financieramente a las empresas públicas y a las medidas de contracción del gasto ya reseñadas.

Por otra parte, como el Gobierno Federal se constituyó en el principal aval de la contratación de deuda externa, los Organismos y Empresas redujeron su endeudamiento neto en divisas de 298.3 mil millones de pesos en 1981 a 73.3 mil millones en 1982, mientras que el Gobierno Federal registró la tendencia inversa, pasando de 122.1 mil millones de pesos en 1981 a 228.0 mil millones en 1982, cifra que casi duplicó el monto presupuestario (120.4 mil millones). En cuanto al endeudamiento neto interno, el Gobierno Federal absorbió el 95.4% y los Organismos y Empresas el 4.6% restante.

Como producto del mayor endeudamiento y de la devaluación de la deuda en pesos, originada por las devaluaciones de 1982, la deuda consolidada del Sector Público Presupuestario, llegó a 7 mil 777 millones de pesos, cifra 3.3 veces superior a la registrada en 1981. Casi la mitad del saldo de 1982 (3.549 billones), se debió al ajuste por revaluación, como se observa en el cuadro 17. Del total de la deuda, el 55.1% (4.281 billones) corresponde al Gobierno Federal, y un poco más de la mitad (4.182 billones) es de naturaleza externa. Esto representa un cambio de las proporciones registradas en 1981 cuando la deuda externa participó con el 43.8% del total. Esto se debió más a la revaluación de la deuda en pesos que al dinamismo del crédito externo. Así, no obstante el rápido crecimiento de la deuda interna (172% con respecto a 1981), y a pesar de que no se contrató más que la mitad del monto programado de deuda externa, el saldo de ésta creció en 307% con respecto al año anterior, como se desprende del cuadro 18.

Para profundizar en este punto se anexa el cuadro 19 que, además de presentar el saldo de la deuda, desglosar las variaciones de la misma en 1982 para diferenciar el efecto endeudamiento propiamente dicho, de los aumentos que se deben a la multicitada revaluación. Así, del aumento de 5.4 billones de pesos que registró el saldo de la deuda en 1982, 1.9 billones se debieron a la contratación propiamente dicha y 3.5 a los efectos de la revaluación. Del incremento registrado en deuda interna (2.3 billones de pesos), la mayor parte (1.6 billones) se debió a endeudamiento y sólo 0.7 billones a la revaluación. En deuda externa por lo contrario, de los 3.2 billones de aumento, sólo 0.3 se debieron a endeudamiento, y 2.9 a revaluación.

El cuadro 20 clasifica a la deuda (tanto interna y externa) por tipo de institución intermediaria: públicas, mixtas, privadas y otras. Las primeras registraron el mayor saldo (4.3 billones), y las privadas ocuparon el segundo lugar (2.6 billones). En estas últimas, el porcentaje de la deuda externa fue de 94.7% (y un 66.4% del saldo se debe a la revaluación) y en las publicas de 25.4%, es decir, éstas canalizaron básicamente créditos internos provenientes de los CETES y del Encaje Legal, principalmente, mientras que las privadas concedieron básicamente crédito externo al sector público.

La disponibilidad y las condiciones financieras de los mercados internacionales determinaron el tipo de divisas en que se contrató la deuda pública externa, lo que a su vez significó un aumento de la participación del dólar estadounidense en el total, llegando a ocupar para 1982 el 89.4% del saldo total. Esto se aprecia en el cuadro 21 donde también sobresale la participación del marco alemán (4.0% en los dos años), y la libra esterlina (2.9% en 1981 y 2.4% en 1982). También se observa, como era de esperarse, que el aumento de la deuda, en cada una de las monedas, debido al endeudamiento, es muy reducido y que la mayor parte corresponde a la revaluación.

Finalmente, en relación a la deuda externa del sector público, el cuadro 22 muestra la compatibilización de las cifras que aparecen en el Informe Trimestral de la SHCP al Congreso de la Unión y las registradas en la Cuenta Pública, información con la que se da cumplimiento a una petición expresa de esta H. Cámara de Diputados.

Estas cifras son diferentes debido a que siguen procedimientos de registros distintos y a que cubren objetivos y requerimientos de información diversos: a) El informe Trimestral de la SCHP consigna la captación real de recursos externos por parte del sector público clasificándola por dependencias o entidades usuarias. La Cuenta Pública por otra parte, registra los pasivos en el momento en que son contratados, independientemente de la fecha en que entren al país. b)La Cuenta Pública clasifica los recursos según la nacionalidad del acreedor, pero cuando la deuda externa es contratada por las Instituciones Nacionales de Crédito y se transfieren al sector público, se dificulta su identificación y, en ocasiones, se registran como deuda interna. c) Los Informes Trimestrales de la SHCP reflejan el flujo de

recursos, mientras que la Cuenta Pública contabiliza las asunciones de pasivo para presentar la posición deudora total del Gobierno Federal. d) Los adeudos generales por arrendamientos financieros, por Ley no son considerados como deuda pública, de ahí que no sean registrados por la SHCP; sin embargo, dichos adeudos sí son incluidos en la Cuenta Pública para fines contables. e) Se contabilizan saldos y flujos de deuda externa con diferentes cotizaciones de los tipos de cambio.

El cuadro 22 cuantifica estas diferencias. Ahí se observa que en el total del sector público, la cifra de la Cuenta Pública excede en 348.5 mil millones de pesos, a la cifra de la SHCP. Esta diferencia en el caso del Gobierno Federal es de 449.3 mil millones de pesos (lo que implica que en el caso de las entidades paraestatales incluidas en el presupuesto la cifra de la SCHP es superior a la de la Cuenta Pública), y se explica por la transferencia a otras entidades del sector público no controladas presupuestalmente (111 mil millones); por un traspaso a la CFE de 164 mil millones de pesos; por asunción de pasivos de BANRURAL (17 mil millones), por créditos a corto plazo canalizados a través de la Banca Nacional (137 mil millones).

En Organismos y Empresas, la CFE registra una diferencia negativa de 225.8 mil millones de pesos debido a transferencias del Gobierno Federal por 184 mil millones, a créditos mediante la Banca Nacional por 37 mil millones de pesos, y a variaciones en el tipo de cambio por 5 mil millones ya que tiene créditos en diversas monedas.

PEMEX muestra una discrepancia de 8 mil millones que se explican por la inclusión de 25 mil millones de arrendamientos financieros; por un saldo negativo de 74 mil millones correspondientes a períodos anteriores del fondo de financiamiento del sector público; por la intermediación financiera del NAFINSA y BANRURAL (49 mil millones); por transferencia del Gobierno Federal (mil millones); por variaciones negativas en el tipo de cambio (5 mil millones) y por diferencia entre los informes internos de la entidad por 12 mil millones de pesos.

La diferencia de CONASUPO se debe a las cartas de crédito que no presentan como deuda la SCHP (20 mil millones), y a mil millones aproximadamente por diferencias en los tipos de cambio.

La diferencia de Aeroméxico corresponde a sus arrendamientos que no se consideran como deuda en el informe de la SCHP al Congreso. La diferencia de Ferronales se deben a cartas de crédito que consideran como deuda externa (mil 745 millones de pesos) y el resto se debe a la intermediación financiera que registró NAFINSA y BANRURAL.

En Caminos y Puentes Federales las discrepancias se deben a que la SHCP lo tiene registrado en BANOBRAS como programa propio de la Institución.

Como resultado del fuerte aumento de la deuda externa, a partir de 1979 y sobre todo en 1981, así como a las devaluaciones, los aumentos en las tasas de interés, los plazos de vencimiento en los créditos y la política de cambio dual, los gastos por servicio de la deuda crecieron substancialmente triplicando el monto registrado en 1981 y más que duplicando la cifra programada. Esta situación aparece en el cuadro 23 donde se observa que el servicio de la deuda en 1982 fue de 1.925 billones de pesos, siendo que la cifra presupuestada había sido de 828.8 mil millones, y la ejercida en 1981 de 611.1 mil millones. Ahí también se aprecia que los gastos de servicio de la deuda externa (1.258 billones) casi duplicaron a los de la deuda interna (.667 billones) y que la mayor parte de los gastos de deuda interna se debieron a los intereses (418 mil millones) mientras que en la deuda externa la mayor proporción correspondió a comisiones y gastos (696 mil millones). Esto último se explica porque en ese renglón se incluyen las diferencias cambiarías que pagó el Gobierno Federal por su deuda directa y para cubrir el quebranto financiero del sistema bancario.

La participación de las amortizaciones se redujo ligeramente en el caso de la deuda interna (de 29.9% en 1981 a 23.4% en 1982), pero substancialmente en la deuda externa (de 54.8% en 1981 a 23.9% en 1982). Esto último se debió a la endeble estructura a plazos de la deuda contratada en 1981 y 1982 y a la prórroga de pagos negociada en la segunda mitad de 1982.

2. GOBIERNO FEDERAL.

2.1. Egresos.

Las medidas de saneamiento en el sector público paraestatal, y la absorción de pasivos por las pérdidas cambiarías del sistema bancario incrementaron substancialmente el Gasto del Gobierno Federal, añadiéndose al efecto de la inflación y del aumento salarial. Esto se amortiguó parcialmente por las reducciones presupuestales y por las economías en el ejercicio del presupuesto, que afectaron a su gasto programable. Todo ello implicó que los egresos ejercidos por el Gobierno Federal (2.942 billones de pesos) rebasaran el presupuesto aprobado (1.980 billones) en 48.5% como se muestra en el cuadro 25. La mayor parte de esta discrepancia de 962 mil millones se originó en los gastos de amortización (1.515 billones) que casi triplicaron al monto programado (594.7 mil millones). Esta diferencia de 920 mil millones se explica principalmente por el impacto de las modificaciones en el tipo de cambio que significó 627.2 mil millones de pesos (cuadro 25).

Por otra parte el gasto programable realizado (1.427 billones) apenas rebasó en 2.9% a la cifra prevista (1.386 billones). Esto último se debió al efecto de la reducción presupuestal

que mitigó en buena medida los impactos del tipo de cambio, del aumento de salarios y de la inflación, cuyos montos aparecen en el cuadro 25. Las discrepancias de los diferentes renglones del gasto programable del Gobierno Federal con los montos programados y los ejercidos en 1981, se presentan en el cuadro 25. Allí se muestra que el gasto corriente - destinado a la operación permanente y regular de la planta productiva - superó en 97.6 mil millones de pesos al gasto presupuestado y que de esa discrepancia una buena parte (97.1 mil millones) se debe al sobregasto en servicios personales, renglón que absorbe un 46.6% del gasto corriente y que, como ya se anotó, presentaba escaso margen para la aplicación de la reducción presupuestal del 8%, pero se vio afectado de manera importante por el aumento salarial (87 mil millones de pesos).

Otro renglón sobresaliente del gasto corriente es el de transferencias que representó el 45.3% del total y que rebasó en 31.9% al gasto programado. Esto representa una diferencia de 101.2 mil millones, que se debe en primer término a las variaciones en el tipo de cambio (45 mil millones de pesos) y al aumento salarial (42 mil millones de pesos). Por otra parte, además de los efectos de la reducción presupuestal, el renglón de Nuevas Necesidades también amortigua los efectos de tipo de cambio, los salarios y la inflación, y refleja economías en el ejercicio del presupuesto (cuadro 25).

En el Gobierno Federal, al igual que en el presupuesto consolidado, se observa que los gastos de capital fueron inferiores, (en 10.1%) a la cifra presupuestada. En materia de inversiones se dio prioridad al gasto en obra pública para eliminar los cuellos de botella y para la infraestructura urbana y rural. La reducción observada obedeció a las medidas de austeridad presupuestal aunque se afectaron en montos significativos por el impacto de la devaluación (19.9 mil millones de pesos) y de los aumentos salariales (16 mil millones de pesos). Por ello, el Gobierno Federal revisó la ejecución de proyectos en proceso y canceló o difirió los que no fueran prioritarios.

Casi un 50% del gasto programable corresponde a Transferencias (tanto de capital como corrientes, tanto a entidades no incluidas en el presupuesto como a las incluidas), de ahí que convenga profundizar en su examen.

Las transferencias adoptan diferentes modalidades: subsidios en género o en especie, exención de impuestos, estímulos fiscales, precios subsidiados, tarifas bajas y tasas de interés preferenciales. Estos recursos son canalizados por el Gobierno Federal y por la Banca Nacional a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos, la Política de Precios y Tarifas, los Fideicomisos del Gobierno Federal y la Banca Nacional. Por ello suelen clasificarse en cuatro grandes grupos: de gasto, de ingreso, financieras y de precios y tarifas. Su naturaleza es distinta, pero todas ellas representan estímulos para alentar la producción, fomentar la inversión productiva, apoyar la creación de empleos, mejorar la distribución del ingreso, en fin, contribuir al logro de las prioridades nacionales.

La magnitud alcanzada por las transferencias exige un análisis detallado de su monto y de sus modalidades a fin de profundizar en el conocimiento de su eficacia y eficiencia para lograr los objetivos que se proponen. Por ello y a petición de esta H. Cámara de Diputados, se está concluyendo al Registro Unico de Transferencias (RUT) que observa los lineamientos de la contabilidad nacional y traza el destino de este instrumento de política económica y social.

Las transferencias más conocidas son las del gasto, que durante 1977 - 1982 cuatriplicaron la inversión física, duplicaron el gasto directo de administración y condicionaron la recurrencia y dependencia de los beneficiarios. En este período su concesión no se ajustó a un plan de saneamiento financiero de las empresas beneficiadas ni al compromiso de cumplir con determinados resultados. En 1982 las transferencias fueron 7.6 mayores a las de 1977 y pasaron como proporción del PIB, del 5.7% al 8.7%. En 1982 fueron de 806.8 mil millones de pesos (cuadro 26), superando en 27.4% a lo presupuestado y en 63.1% a la cifra de 1981. Este total se desglosa en el cuadro 26, donde se aprecia que un poco menos de la mitad (349 mil millones) se destinó a las entidades controladas presupuestalmente y que los sectores más favorecidos fueron: el industrial (183.6 mil millones), el de bienestar social (150.6 mil millones) y el agropecuario, forestal y pesca (131.5 mil millones). La misma clasificación, pero comparando lo ejercido con lo presupuestado y 1982 con 1981 aparece en el cuadro 27. El elevado porcentaje de las transferencias que se destinó al sector paraestatal (22.8% del total) se debió a la necesidad de asegurar la producción de bienes estratégicos y por la política de subsidiar la venta de algunos de ellos, sobre todo electricidad y fertilizantes. El subsector eléctrico absorbió más de la tercera parte, por el subsidio implícito en los precios y por las aportaciones de capital del Gobierno Federal para complementar su programa de inversiones. Las mismas razones explican los apoyos al subsector de fertilizantes y a la industria azucarera.

Le sigue en importancia las transferencias para apoyar los servicios de bienestar social (sobre todo educación y salud), que recibió el 18.7% del total. Las instituciones de educación media y superior recibieron más del 40% del total del sector y las de salud y seguridad social el 15%.

La producción agropecuaria y pesquera recibió el 16% del total de transferencias mediante créditos subsidiados, seguro agrícola, compartición de riesgos con campesinos, preparación de técnicos y comercialización de productos agrícolas y pesqueros.

Los apoyos al Sector Comercio (93.2 mil millones de pesos, 11.6% del total) obedecen

al aumento de la participación de CONASUPO en la regulación y abasto de productos básicos a los mayores precios de importación de granos. Las transferencias al Sector de Comunicaciones y Transportes (63.5 mil millones) se debieron en 63% a las empresas del sistema ferroviario y en 16% a las aéreas.

El aumento salarial de emergencia obligó a canalizar subsidios a los gobiernos de los estados por 39.0 mil millones de pesos. El aumento del pago del servicio de la deuda hizo que se respaldara al sector paraestatal con 82.1 mil millones de pesos ''apoyos para pago de pasivo'' de los cuales la mayor parte fue absorbida por la CFE.

Otro aspecto de las transferencias del Gobierno Federal a Organismos y Empresas controladas presupuestalmente se presenta en el cuadro 28 que las clasifica en estatutarias, de precios y de capital. El 44.7% del total que es de 26.2 mil millones (ligeramente mayor a la del cuadro 26 porque se mide en flujos de efectivo y no en devengable) corresponde a las transferencias de precios.

Los efectos de la reducción presupuestal, la inflación, el tipo de cambio y los salarios sobre el gasto programable, pero clasificándolo por las secretarías (es decir, atendiendo a la clasificación administrativa y no a la económica como en el cuadro 25) se muestran el cuadro 29 donde se observa que el mayor impacto se debió al aumento salarial (145.5 mil millones de pesos) y que las consecuencias presupuestales del tipo del cambio (67.3 mil millones) casi se compensan con la reducción del 8% (64.7 mil millones). Las secretarías más afectadas por el aumento salarial fueron la SEP (76.7 mil millones). SEPAFIN (20.5 mil millones) y SCT (14.5 mil millones).

La misma clasificación administrativa, pero mostrando las discrepancias con lo presupuestado y con 1981 aparece en el cuadro 30, donde se muestra que el gasto de las secretarías creció el 50.1% respecto a 1981 y superó en 13.2% la cifra programada notándose que las mayores ampliaciones correspondieron a las coordinadoras de los sectores prioritarios: Educación, Comercio Comunicaciones y Transportes y Fomento Industrial. El gasto de la SEP representó el 28.8% del total de las secretarías, y el 42% de las ampliaciones, en buena medida por la elevada participación de las remuneraciones al personal en el total del gasto. El incremento de SECOM obedeció a los mayores recursos destinados a CONASUPO por la compra de granos y otros productos básicos, y su desviación representó el 21% del total de las secretarías.

La SCT rebasó en 19.5% su presupuesto original por el aumento del costo de los insumos que requiere la infraestructura de transportes y comunicaciones, y SEPAFIN casi duplicó el gasto ejercido en 1981 debido a la necesidad de estimular la producción de insumos básicos y estratégicos y coadyuvar a la reorientación, modernización y fortalecimiento de la industria paraestatal. Una buena parte de su aumento se debe a los fuertes apoyos al sector azucarero para cubrir el finiquito de la liquidación de la zafra a productores cañeros, a FERTIMEX (para subsanar los efectos de la devaluación el atraso en la cobranza para el pago de cargas moratorias e intereses) y el subsector siderúrgico para respaldar sus programas de inversión.

En el cuadro 30 sobresalen también los ramos XIX (aportaciones a la seguridad social) y XXVI (programación regional), que antes estaba en el ramo XXIII de erogaciones adicionales. Estos dos ramos se crearon en 1982 y el primero de ellos incluye principalmente a las aportaciones estatutarías al IMSS y al ISSSFAM. El segundo ramo incluye los programas especiales PIDER, PEI Y COPLAMAR, así como los subsidios a los estados y municipios. Las disminuciones en esta última partida se deben principalmente a que su monto se reasigna a las secretarías ejecutoras, como SAHOP, SEP y SARH.

2.2. Ingresos

La política de ingresos del Gobierno Federal en 1977 - 1982 atendió a los propósitos de impulsar la actividad productiva y atenuar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo, aprovechando el surgimiento de otras fuentes de financiamiento como el petróleo y la deuda externa. Por ello, se permitió que se deteriorara la base impositiva de la recaudación. Como resultado, los ingresos ordinarios redujeron su participación en el total, del 82.4% en 1977 a 41.4% en 1982 (cuadro 31).

Al principio, los cambios en la estructura ajustaron la carga fiscal son modificar el impuesto a las empresas. Posteriormente la Reforma Fiscal modernizó el sistema de impuestos indirectos y la coordinación con las entidades federales. Entre los cambios realizados destaca el cambio de tratamiento a PEMEX, que aumentó los impuestos a la actividad petrolera sustancialmente para absorber parte del superávit del productor de esta empresa, sobre todo por las rentas provenientes de sus exportaciones.

En 1982, los cambios fiscales buscaron dotar al sistema de una mayor generalidad y avanzar la globalización, así como combatir la elusión fiscal en el Impuesto Sobre la Renta y perfeccionar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En el Impuesto Sobre la Renta se incrementó al ajuste a los impuestos de los trabajadores de acuerdo a las condiciones económicas vigentes al inicio del ejercicio.

Para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores se aplicó un subsidio mediante un ajuste del 35% a la tarifa mencionada del Impuesto Sobre la Renta para los meses de agosto a diciembre, lo que significó una desgravación del 15% en promedio. En concordancia, se redujo principalmente el impuesto a todas las personas físicas independientemente

del origen de sus ingresos. Por otra parte, se amplió la base de aplicación del impuesto al perfeccionar algunos conceptos que constituyen fuentes de evasión. En 1982 se suprimieron las bases especiales de tributación aplicables a la industria de la construcción y se eliminaron las de los servicios de auto transporte, que se prestan dentro de un mismo grupo de empresas o a las compañías ligadas por propiedad accionaria.

También se suprimió el decreto que concedía estímulos a las sociedades de inversión y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país, ya que sólo beneficiaban a las grandes empresas. Además se limitó la cuantía de las compensaciones para previsión social a los empleados cuyas remuneraciones excedían siete veces al salario mínimo anual.

En impuestos indirectos, se armonizó con el resto del país la tasa del IVA aplicable a la renta y enajenación de inmuebles en las franjas fronterizas, aumentándolas del 6 al 10%.

Los ingresos del Gobierno Federal en 1982 se afectaron por la recesión económica - que deprime el ingreso y el consumo, bases gravales importantes - y por el sacrificio fiscal, sobre todo el originado por las medidas para opoyar a las empresas a fin de preservar las fuentes de empleo. Estos efectos se compensaron parcialmente por el aumento en pesos de las ventas internas y externas producto de la inflación y las devaluaciones. Como resultado neto, los ingresos ordinarios rebasaron en 18.1% a la cifra presupuestada, y crecieron, con respecto a 1981, al 70.3%. De su total (1.279 mil millones de pesos), el 44.4% correspondió a los impuestos a la actividad petrolera tanto por las ventas internas, en especial de gasolina, como al exterior. Los ingresos derivados de financiamientos, en cambio, casi duplicaron la cifra prevista pasando de 926.6 mil millones de pesos a 1.808 billones (véase cuadro 2).

De los ingresos ordinarios, la mayor participación corresponde a los corrientes (99.9%) y de éstos, los más importantes son los tributarios, mismos que aparecen desglosados en los cuadros 33 y 34. Ahí se observa que en 1982 crecieron al 60.2% y que el Impuesto Sobre la Renta y el IVA, que gravan al ingreso y al consumo, apenas si rebasaron la cifra prevista en 4.8% y 2.2% respectivamente, y crecieron en relación a 1981 en 39.8% y 24.1%, cifras inferiores a la inflación; mientras que los de producción y servicios y de comercio exterior (que se benefician con la devaluación y los aumentos en precios y tarifas como la gasolina, excedieron lo presupuestado en 32.4 y 35.3% y crecieron en 186.7% y 93.7% respectivamente. En consecuencia, la participación de Renta e IVA en el total se redujo del 37.6% en 1981 a 32.8% en 1982 y de 19.7% en 1981 a 15.3% en 1982, respectivamente. Por el contrario, producción y servicios y comercio exterior aumentaron su participación del 7.0% en 1981 al 12.5% en 1982 y del 29.2% en 1981 al 35.3% en 1982

2.3. Déficit y deuda

Como resultado de los movimientos anteriores, el Déficit Financiero Presupuestario del Gobierno Federal en 1982 (cuadro 35), fue de mil 463 mil millones de pesos, más del doble de la cifra programada originalmente(623.6 mil millones de pesos), más del triple del ejercicio en 1981 (432.9 mil millones) y 95% del déficit total del sector público. El componente principal de este resultado, como se reseñó, fue el dinámico crecimiento de los gastos corrientes, que ascendieron a 2.158 billones de pesos, monto casi dos veces superior al presupuestado (1.134 billones) y casi dos y media veces mayor al ejercido en 1981 (921.3 mil millones). Los ingresos corrientes por su parte (1.505 billones de pesos). apenas superaron en 18.1% a los presupuestados (1.275 billones).

Estos movimientos de ingresos y egresos corrientes dieron como resultado un desahorro de 652.8 mil millones de pesos, cuando se esperaba un ahorro de 140.9 mil millones. Es decir, la diferencia con respecto a lo programado fue de casi 800 millones, dato que explica la mayor parte de la discrepancia de 839 mil millones de pesos entre el déficit ejercido y el presupuestado, y que revela un grave deterioro financiero, pues significa que buena parte del gasto corriente tiene que ser financiado por deuda, si bien una parte importante del desahorro se debió a las pérdidas cambiarías.

Si se excluyeran las pérdidas cambiarías que tuvo que absorber el Gobierno Federal (694.5 mil millones de pesos, cuadro 25), el déficit hubiera sido de 768.0 mil millones, superior en 23.2% al presupuestado. En otras palabras, sólo el impacto del tipo de cambio en el gasto del Gobierno Federal explica el 82.8% de la discrepancia entre el déficit programado y el realizado.

Uno de los renglones más íntimamente relacionado con el déficit del Gobierno Federal es su servicio de la deuda, que en 1982 alcanzó la impresionante cifra de 1.5 billones de pesos (cuadro 36), casi tres veces superior a la prevista (593.2 mil millones). De este total el renglón más significativo fue el de comisiones y gastos (693.9 mil millones de pesos), que resultó más de 100 veces superior al del presupuesto original (6.1 miles de millones lo que se originó porque el Gobierno Federal absorbió alteraciones cambiarías por 685.5 mil millones de pesos. Esta cifra se distribuyó de la siguiente manera: 312.7 mil millones originados por la revalulación en pesos de su deuda directa con el exterior; 184.7 mil millones de pesos por las diferencias cambiarías de los créditos otorgados por el Banco de México que fueron denominados en dólares y que ascenderán a 11 mil millones de dólares; 73.8 mil millones para cubrir la diferencia surgida de recuperar créditos en dólares del sistema bancario al tipo de cambio preferencial y de pagar depósitos al tipo de cambio ordinario, durante los últimos cuatro meses

del año; 82.4 mil millones por las ventas de dólares del Banco de México al tipo de cambio preferencial; y 31.9 para cubrir las pérdidas cambiarías de las Instituciones Nacionales de Crédito. De los 685.5 mil millones de pesos, el 45.6% del egreso en comisiones y gastos de la deuda correspondió a los impactos de las modificaciones cambiarías en la deuda directa del Gobierno Federal y el resto fue para cubrir los efectos de la devaluación en el resto de la economía.

En segundo lugar, ocupando casi una cuarta parte del total del endeudamiento, sobresalen los gastos en intereses (417.3 mil millones), que casi duplicaron al monto presupuestado (272.2 mil millones) debido a los incrementos en las tasas de interés internas y al aumento del crédito contratado con los bancos nacionales mediante la colocación de CETES, que aumentaron en, mas de 50% en 1982.

Las amortizaciones sólo rebasaron en 17.2% al presupuesto original debido al convenio con la Banca Internacional para posponer el pago de capital de los últimos meses del año.

La diferencia registrada en la cifra de ADEFAS obedece a que este dato al presupuestarse en una mera previsión y el importe final se conoce en la medida en que los adeudos se formalizan con los beneficiarios.

Los apoyos para pago de pasivo, fueron concedidos por el Gobierno Federal a los Organismos y Empresas (principalmente a CFE) debido a los programas de sancamiento financiero y de apoyos a las empresas públicas.

En el cuadro 36 también se observa que la deuda externa elevó sustancialmente su participación en el total pasando del 17.2% en 1981 a 57.3% en 1982, debido en buena medida a las devaluaciones de este año. En los gastos de deuda interna, el mayor monto correspondió a los intereses (362.9 mil millones, 56.6% del total), mientras que en la deuda externa la mayor parte (80.7%) fue ocupada por las comisiones y gastos.

3. ORGANISMOS Y EMPRESAS

3.1. Egresos.

Durante 1977 - 1982, las mayores trasferencias a entidades públicas y a organismos desconcentrados, dedicados a la prestación de servicios de tipo colectivo explican las discrepancias entre el gasto ejercido y programado del Gobierno Federal. Entre los más beneficiados con estas mayores asignaciones destacan las entidades educativas desconcentradas; BANRURAL, particularmente a partir de 1980; y el sector paraestatal industrial, principalmente los subsectores eléctrico, azúcar y FERTIMEX. En el citado período, los subsidios al consumo mediante CONASUPO, superaron a los previstos originalmente. Otras entidades, como BANRURAL, no se ajustaron a lo autorizado y no ejercieron el presupuesto en función de lo programado, deteriorando la eficiencia de los recursos.

En los Organismos y Empresas, las discrepancias con el presupuesto autorizado se localizaron principalmente en PEMEX, CONASUPO, ASA e IMSS, entidades que observaron un sobregasto persistente. PEMEX a pesar del sobregasto, no cumplió con las metas asignadas (exceptuando las de anticipar la plataforma de producción) lo que deterioró las finanzas del organismo, desequilibró la distribución sectorial del gasto público, elevó el déficit de la Federación y fomentó un exceso en el contenido importado de la inversión pública.

El gasto total de Organismos y Empresas (1,990 billones de pesos) superó en 48.4% a los egresos programados (1,341 billones). La discrepancia entre lo ejercido y lo realizado (649 mil millones), se explica en un 81.5% por las devaluaciones (que aumentaron su gasto en 232.6 mil millones de pesos), el aumento salarial (198.2 mil millones de pesos), la inflación (169.5 mil millones), y la elevación de la tasa de interés (18.3 mil millones). Estos efectos se amortiguaron parcialmente por las reducciones presupuestales (75.2 mil millones de pesos). Los efectos de estos cambios imprevistos en cada una de las entidades que forman parte del presupuesto se muestran en el cuadro 39, donde sobresalen los efectos de las variaciones cambiarías en el gasto de PEMEX (420.4 mil millones de los cuales habría que excluir 317 mil millones de impuestos para llegar a la cifra consignada en el cuadro 38). El gasto de CONASUPO también fue afectado de manera sobresaliente por las devaluaciones (54 mil millones). De igual manera la inflación afectó sobre a todo estas dos instituciones (60.4 y 25.2 mil millones, respectivamente), así como el IMSS y al ISSSTE (27.7 y 27.1 mil millones respectivamente), mientras que los aumentos salariales afectaron principalmente a CFE (28.3 mil millones) y al IMSS (31.2 mil millones).

El gasto programable de Organismos y Empresas que ocupa en 75% del total, fue de 1.483 billones de pesos rebasados en 35.6% al estimado originalmente (1.094 billones). Esta discrepancia es menor a la de los egresos totales porque en este tipo de gastos se concentró el esfuerzo de reducciones presupuestales y porque el impacto del tipo de cambio es menor que en el caso de los gastos por amortizaciones (que absorbieron más de la mitad de este efecto). En contrapartida, la incidencia de la inflación y los aumentos salariales recae en este renglón de gasto en 100%.

Los egresos programables, por entidad y clasificados en Productos de Bienes y Servicios Estratégicos, transportes, otros, regulación y abasto, asistencia y seguridad social y órganos de fomento, aparecen en el cuadro 40.

En cuanto a la diferencia de lo ejercido con lo programado sobresale, además de PEMEX (58.2%, 184.1 mil millones), CONASUPO con 60.2% (60.1 mil millones, que representa el 15.4% de la diferencia total del gasto del sector paraestatal). IMSS (50.2 mil millones), ISSSTE (27.2 mil millones) y PROPEMEX (10.5 mil millones). Estas diferencias se deben a los factores ya señalados, a

los que habría que agregar que el sobreejercicio de PEMEX y PROPEMEX se debe en gran parte, a la posibilidad de allegarse recursos adicionales por la generación de divisas que implica el desarrollo de sus actividades y la falta de mecanismos de control.

La evolución del gasto programable, principalmente en PEMEX, fue un factor de rigidez que obstaculizó al ajuste, tanto en inversión como en operación. Asimismo, los compromisos adquiridos en los últimos años, condicionaron fuertemente el monto de gasto a ejercer, dado que los adeudos acumulados hasta 1981 en sus erogaciones devengables y el efecto de los contratos o pedidos con proveedores internacionales, así como los innumerables frentes en programas de inversión, hicieron que la decisión del ajuste fuese rebasada por la inercia.

Por otra parte, PROFORMEX, CONCARRIL Y DINA ejercieron un gasto inferior al programado por la disminución de la demanda de sus productores originado por la recesión.

En los cuadros 41 y 42 se presentan los egresos corrientes y de capital para cada una de las entidades sujetas a control presupuestal, cifras que son las relevantes para explicar el déficit del sector. En cuanto a gastos corrientes, PEMEX, CONASUPO e IMSS son las más importantes en monto realizado y en desviaciones observadas; mientras que en gastos de capital sobresalen PEMEX y CFE.

3.2. Ingresos

Los ingresos del sector paraestatal (2.037 mil millones de pesos en 1982) aumentaron en 51.9% con respecto a lo estimado y en relación a 1981 (cuadro 43). El mayor dinamismo se registró en los ingresos ordinarios (crecieron 116.8% y 52.7% más de lo previsto), debido a los aumentos en precios y, tarifas y sobre todo, al incremento de los ingresos de PEMEX por la devaluación, la recuperación de volúmenes exportados, y a que no enteró pagos de impuestos al Gobierno Federal. Los ingresos ordinarios por entidades se presentan en el cuadro 44 donde costa que PEMEX obtiene ingresos por 641.6 mil millones y aporta el 59.0% del total (1.087 billones), siguiéndole en importancia el IMSS (197.8 mil millones) CONASUPO (93.6 mil millones) y CFE (67.8 mil millones).

Los ingresos corrientes que son los relevantes para determinar el déficit del sector, se incluyen en el cuadro 45, que revalida los comentarios del párrafo anterior en cuanto a orden y sólo cambia en magnitud.

Por otra parte, los ingresos por transferencias del Gobierno Federal (348.3 mil millones) aumentaron 47% respecto a lo presupuestado (236.9 millones) y 80% en relación a 1981, como resultado de los apoyos para sanear su estructura financiera.

Los ingresos por financiamiento (370.9 mil millones) rebasaron la cifra programada (241.6 mil millones) en 53.5%, pero fueron inferiores a las de 1981 (512.5 mil millones), debido a que se recurrió a la deuda externa en mucho menor medida.

En el cuadro 46 se incluyen los ingresos de capital de cada una de las entidades que aparecen en el presupuesto. Sobresale su monto reducido a los ingresos corrientes, y ordinarios, pues apenas llegan a 11.6 mil millones, superiores en 17% a lo previsto. Las entidades más prominentes en este tipo de ingresos con CFE (31.9 mil millones) e IMSS (20.6 mil millones).

3.3. Déficit y deuda

El sector paraestatal registró un déficit de 82.7 mil millones de pesos muy inferior al presupuestado de 143.3 mil millones. Esto se debió a los aumentos en su ingreso corriente - ya comentados - originados principalmente por los aumentos de precios y tarifas, las devaluaciones y el incremento en transferencias corrientes del Gobierno Federal por encima de lo previsto. Todo ello incrementó su ingreso corriente a 1.310 billones de pesos, monto que rebasó en 52.5% a lo estimado originalmente (859 mil millones de pesos).

Por otro lado, el aumento del costo de todos los insumos y la devaluación - que aumentó sustancialmente el contenido importado de su gasto de por sí elevado, pues en los proyectos de PEMEX la importaciones ocuparon entre 35 y 40% del total - hizo que a pesar de las medidas de austeridad instrumentadas, sus egresos corrientes fueron de 1.2 billones de pesos, cifra superior en 37.2% al presupuesto original (875 mil millones de pesos).

El resultado fue un ahorro, antes de transferencias de 110 mil millones de pesos, cuando se estimaba que tuvieran un desahorro de 15.6 miles de millones de pesos. Si al ahorro realizado se le suman las transferencias corrientes del Gobierno Federal (244 miles de millones de pesos) se obtiene un ahorro después de transferencias de 354 mil millones de pesos (cuadro 47).

Por otra parte, los egresos de capital ejercidos (548.5 mil millones) rebasaron en casi 50% al monto presupuestado, lo que aunado a la pequeñez de los ingresos de capital, originó un déficit de capital de 541 mil millones de pesos, que fue mitigado en parte por las transferencias de capital de 104 mil millones. El resultado fue un déficit después de transferencias de 437 mil millones de pesos, que sobrepasó al ahorro registrado en cuenta corriente en 82.7 mil millones de pesos, que es el déficit que se comenta. Esta cifra se desglosa por entidades en el cuadro 48, donde se parecía que CFE, por sí sola explica más de la mitad de la misma ya que registró un déficit de 51.9 mil millones de pesos. Le sigue PEMEX con un déficit de 9.7 mil millones de pesos, contrastando con ellos el IMSS y la Compañía de Luz y Fuerza que observaron superávit de 3.6 y 1.2 mil millones respectivamente.

Si bien PEMEX registró un déficit de 9.7 mil millones en 1982, conviene resaltar que esto significó una reducción sustancial en relación al déficit de 224.2 miles de millones registrado en 1981. Esto se debió al superávit en divisas de esta empresa pública (que aumentó significativamente sus disponibilidades en pesos por las modificaciones cambiarias) lo que junto con la recuperación de los volúmenes exportados, y el no entero de impuestos a la Federación, le permitieron contrarrestar los incrementos en gastos y reducir su déficit financiero.

El resto de las empresas, por su tipo de producción estratégica, mantuvieron su volumen de producción en la mayor parte de los casos, pero registraron un aumento en sus ingresos por los aumentos de precios y tarifas hacia la segunda parte del año y por los mayores apoyos financieros, lo que dio por resultado que su déficit no se alterara significativamente.

Las cifras de los ingresos corrientes y de capital que registraron cada uno de los Organismos y Empresas incluidas en el Presupuesto, aparecen en los cuadros 45 y 46. Ahí se aprecia que los ingresos obtenidos por PEMEX (639.2 mil millones de pesos) casi duplicaron a los ingresos programados (320.8 mil millones). La misma tendencia, pero en menor proporción, se observó en el Seguro Social, en CONASUPO, en CFE y en el ISSSTE, mientras DINA registró ingresos corrientes inferiores a los programados en 8.3 mil millones de pesos. Los ingresos de capital también fueron superiores a los estimados en 16.3 mil millones de pesos, sobresaliendo en este sentido FERTIMEX, IMSS Y PEMEX, como se aprecia en el cuadro 46.

Por otro lado, los egresos corrientes (1.2 billones) aventajaron en 325.5 mil millones de pesos a la cifra prevista, como se detalla, por entidad en el cuadro 41. Así, se aprecia que las variaciones más significativas se registraron en PEMEX, CONASUPO, IMSS, CFE e ISSSTE. DINA, por la falta de demanda y los programas de austeridad registró gastos corrientes inferiores en 8.8 mil millones a los presupuestos.

El cuadro 42 presenta la misma clasificación pero para los egresos de capital, que rebasaron en 180.2 mil millones de pesos a los estimados originalmente. De éstos, PEMEX explica la mayor parte, ya que la diferencia entre lo ejercido y lo presupuestado fue 146.1 mil millones de pesos.

Los déficits registrados en 1981 y años anteriores elevaron considerablemente el endeudamiento, el saldo de la deuda y por lo tanto los gastos de su servicio (cuadro 49), que en 1982 fueron de 507.1 mil millones de pesos, cifra que duplica el monto programando (247.4 mil millones). La mayor parte de los mismos (262.6 mil millones de pesos, 51.8% de total) se destinaron a pagos de intereses y la proporción más importante del resto fueron gastos de amortización (241.7 mil millones 47.7% del total). La misma estructura se observa en la composición del servicio de la deuda interna y externa, donde las comisiones y gastos, a diferencia de lo que ocurre en el Gobierno Federal, resultaron prácticamente insignificantes. La deuda externa siguió ocupando el mayor porcentaje del servicio (78.7%), y a pesar de las devaluaciones, sólo aumentó ligeramente su participación en el total, con respecto a 1981, cuando contribuyó con el 74.7, como reflejo de la dificultad de contratar créditos en los restringidos mercados internacionales.

IV. Revisión sectorial.

Este capítulo, así como el que le precede constituyen la parte central del mandato constitucional de revisar la Cuenta Pública del año anterior. Aquí se examina el cumplimiento de las metas contenidas en los programas de las dependencias y entidades del sector público. Esta tarea es la más difícil dentro de los trabajos que demanda la revisión citada, pues la política sectorial se resume en el volumen de resultados generales y se especifica en 18 tomos adicionales, que incluyen 535 programas de los cuales 401 corresponden a las entidades del Sector Central y 134 a los Organismos y Empresas sujetas a control presupuestal. Cada uno de los programas a su vez incluye varios subprogramas con metas específicas, que fueron modificadas en el transcurso del año.

La magnitud de la tarea obliga a ser selectivo, de manera que se examinó el cumplimiento de las metas y el presupuesto asignado para ello, en los sectores considerados más importantes. Agropecuario, Forestal y Pesca; Comunicaciones y Transportes; Comercio; Bienestar Social (Educación, Salud y Trabajo); Industrial (que incluye al subsector de energéticos) y Estrategias Intersectoriales (CUC, PIDER y COPLAMAR).

Para ello no sólo se revisaron los tomos programáticos de la Cuenta Pública y la parte correspondiente en el volumen de resultados generales, sino que además se realizaron reuniones de comisiones unidas - de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con las vinculadas al sector correspondiente - , a las que se asistieron servidores públicos de las dependencias y entidades examinadas. Ahí se plantearon dudas e inquietudes que fueron despejadas de inmediato o bien, se resolvieron por escrito. Dada la cantidad de información manejada, este capítulo intenta resumir lo más sobresaliente.

Adicionalmente, se recurrió al análisis que hace el informe previo sobre este tema, si bien no se hace referencia a los resultados para medir la eficiencia de los programas contenidos con su documento, ya que, el escaso número de años considerados dificulta la obtención de resultados satisfactorios, pero esta metodología podrá afinarse en el futuro. En este sentido cabe destacar que el informe previo no es más que un trabajo preliminar que tendrá oportunidad de ser modificado y perfeccionado en el transcurso del proceso de revisión de la Cuenta Pública de 1982, que

concluye cuando la Contaduría Mayor de Hacienda remite a esta representación popular el informe de resultados antes del 10 de septiembre del año entrante.

Para no saturar de datos la parte escrita de esta revisión se decidió una serie de cuadros que muestran el presupuesto aprobado y ejercido, así como sus diferencias para cada una de las principales dependencias y entidades de integran cada sector. Asimismo, se anexan cuadros que contienen todos los programas de cada entidad o dependencia y las metas previstas, modificadas y alcanzadas en cada uno de los subprogramas de los principales programas.

Por otra parte, una proporción importante del cumplimiento de las metas específicas está íntimamente ligado a los factores ya señalados en el capítulo de gestión financiera (devaluación, inflación, aumento salarial, intereses, reducciones presupuestal) por lo que, no incurrir en repeticiones, se sugiere la consulta de los cuadros que desglosan estos impactos por entidades y dependencias.

La revisión sectorial, por otra parte, exige ligar el presupuesto a la función económica, eliminando los gastos que no están vinculados directamente al programa o programas que se analizan. Por tanto, es necesario excluir del gasto presupuestal, los pagos de la deuda pública, las adefas, los estímulos fiscales y las participaciones a estados y municipios. Esta operación aparece en el cuadro IV. 1. Las operaciones compensadas y virtuales corresponden a transacciones financieras vinculadas a operaciones crediticias. El renglón de otros incluye el pago de pensiones civiles y militares, los subsidios a transportes eléctricos y al Metro, y los recursos del programa de Emergencia en Chiapas y Tabasco.

Después hacer todas estas deducciones al gasto público, que surge de los estados contables, se obtiene el Gasto Sectorial Programable, que fue de 2.6 billones de pesos, superior en 17.6% al monto programado (2.2 billones) y en 45.5% al de 1981. El total, a su vez, se distribuyó entre los diferentes sectores económicos, tal como se muestra en el cuadro IV. 2, donde resalta que el 58.2%, se destinó a las áreas prioritarias, sobre todo a bienestar social que recibió un 27.3%, cifra sólo inferior a la del sector industrial (35.0%), que incluye a PEMEX.

El cuadro IV. 3, por su parte, presenta la misma clasificación, pero vinculada a la participación de cada sector durante 1977 - 1982, lo que permite ubicar el desempeño del gasto sectorial en 1982 dentro del mediano plazo. En el período citado, la estrategia de gasto sectorial apoyó dos prioridades fundamentales: energéticos y alimentos. La primera aceleró su ritmo en relación a la estimación original, lo que absorbió recursos de otros sectores, afectó al déficit presupuestario, detorioró la balanza de pagos y obstaculizó el uso racional de los recursos. Pero a partir de 1980 y debido a que se adelantaron sus metas de producción y exportación, se procuró modular la inversión de este subsector reorientándola o otros sectores prioritarios: Comunicaciones y Transportes, Agropecuarios, Pesquero y Bienestar Social. Las cifras indican que este propósito no se cumplió cabalmente. En el período 1977 - 1982 el gasto sectorizable creció a una tasa promedio de 41.1%, registrando un mayor dinamismo en promoción regional, en comercio, en energéticos, en bienestar social, en comunicaciones y transportes y agropecuario.

La estrategia se frustró por la cantidad y dispersión de los proyectos de PEMEX, sus compromisos adquiridos, la falta de control efectivo en el gasto las empresas públicas y la ausencia de mecanismos eficientes de seguimiento, evaluación y reformulación de programas. Esto dificultó la posibilidad de reorientar el gasto en la magnitud y en la dirección esperadas.

A fines de 1981, la cobertura de servicios sociales básicos, la infraestructura de comunicaciones y transportes y los resultados agrícolas, demandaban apoyo a estos sectores para superar rezagos y cuellos de botella. Al mismo tiempo, el desenvolvimiento del mercado internacional del petróleo y el creciente consumo nacional estimulado por los precios excesivamente bajos, hacían necesaria la continuación de las inversiones en el sector petrolero. Esto, aunado a las dificultades financieras y a la creciente inflación, exigía adecuar la estrategia inicial mediante la desaceleración de la tasa de crecimiento del gasto real.

La necesidad de darle mayor prioridad del sector agropecuario, comunicaciones y transportes, comercio, bienestar social y promoción regional, hizo que el programa de ajuste redefiniera la política de gasto y reorientar a las asignaciones. Por eso el aumento sobre el presupuesto original se registró en los sectores de bienestar social comunicaciones y transportes, comercio, promoción regional e industrial. El primero, debido al aumento de salarios y a la decisión de mantener la cobertura en los servicios sociales básicos, rebasó en 19.1% a la cifra original (cuadro IV. 2); pero el sector que rebasó en mayor monto a la cifra presupuestada fue el sector industrial (228.3 mil millones),porque sus requerimientos de operación y de inversión, así como el contenido importado de sus proyectos de inversión eran necesarios para mantener las exportaciones y abastecer de insumos estratégicos a las ramas productivas.

Otro sector que se significó por la diferencia entre el gasto ejercido y el presupuestado (37.6 mil millones de pesos) fue el sector comercio, debido a la intervención directa de CONASUPO en la comercialización de trigo (que no estaba considerada en el programa original),a las mayores importaciones - por los malos resultados agrícolas del año - y a las devaluaciones.

La desviación en comunicaciones y transportes (17.4 mil millones) se debió al subsector ferroviario que requirió asignaciones adicionales para cubrir los mayores costos de operación, que representaron los aumentos en salarios y en combustibles. Los aumentos en promoción

regional (9.7 mil millones) se debieron, como ya se explicó, al aumento salarial de emergencia.

Los demás sectores ejercieron un gasto similar o inferior al programado debido a los esfuerzos de reasignación de recursos entre programas y proyectos. Los más afectados en este sentido fueron los Sectores de Asentamientos Humanos, Defensa y Marina y el Sector Agropecuario. Los detalles se presentan a continuación, aclarando que el examen recurre por un lado a la clasificación sectorial por el otro a la programática. Aquélla, porque está directamente vinculada al destino sectorial del gasto y ésta, porque contiene el detalle de las metas de cada uno de los diferentes programas que integran los presupuestos de las entidades y dependencias del sector público. por eso a veces las cifras no coinciden, ya que hay coordinadoras del sector - SAHOP, por ejemplo - que ejecutan programas de otro sector - comunicaciones, por ejemplo.

1. SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Este sector está integrado por los subsectores agropecuario y forestal, por un lado, y pesca por el otro. Los objetivos básicos del primero se resumen en lograr la autosuficiencia alimentaria e incrementar las oportunidades de empleo en el medio rural. Los objetivos del segundo fueron impulsar al sector mediante obras de infraestructura pesquera básica y social, la construcción y/o rehabilitación de plantas industriales y la integración de una red de distribución que coadyuve a garantizar la disponibilidad de productos básicos.

Para lograr estos objetivos se presupuestó un gasto de 303.8 mil millones de pesos, que fue ligeramente inferior al ejercicio (300.7 mil millones de pesos). Estos totales se dividen por entidades y dependencias en el cuadro IV. 4. Ahí se observa que la SARH obtuvo casi un tercio de esos recursos (110.8 mil millones),mientras que a la secretaría de la Reforma Agraria y de Pesca se les asignaron 8.1 y 6.6 mil millones de pesos respectivamente. Entre los Organismos y Empresas que integran este sector, las más importantes, por los montos ejercidos, fueron BANRURAL (45.9 mil millones de pesos), PROPEMEX (33.7 mil millones de pesos) e INMECAFE (16.8 mil millones de pesos). Estos recursos se canalizaron a lograr una serie de metas de producción, asistencia técnica, construcción de infraestructura, etcétera.

Sobresalen, entre ellas, las metas de producción - maíz, trigo, frijol, etcétera - , que aparecen en el cuadro IV. 5, de las cuales ninguna se alcanzó debido a las condiciones climatológicas y a que el 74% de las tierras aptas para la agricultura son de temporal, así como a la escasa productividad de los crecientes recursos presupuestales y a una disminución, en términos reales y nominales, del gasto en este sector.

1.1 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

Para profundizar más en el cumplimiento del presupuesto y de las metas, por dependencias y entidades, el cuadro IV. 6 detalla la división del gasto programático de la SARH entre 53 programas, de los que sobresalen cuatro que absorben el 62.7% del total: FY - Infraestructura para el Desarrollo Agrícola, FE - Administración, FF - Coordinación para el Desarrollo Agrícola de los Distritos Agropecuarios y 3D - Captación y Conducción de Agua para Usos Múltiples (SARH). El primero es el más importante de la Secretaría, y representa el 27.9% de su presupuesto. Las metas de cada programa así como su grado de cumplimiento se desglosa en el cuadro IV. 7 ahí se observa que de las 26 metas incluidas sólo nueve se cumplieron. Entre los factores que incidieron en este incumplimiento, destacan, además de los ya citados, las transferencias de recursos a otros programas y la falta de conclusión de las especificaciones

técnicas de las obras.

1.1.1. Productos Forestales Mexicanos

Esta empresa ejerció un gasto de mil 108 millones de pesos, inferior en 10.9% a la cifra programada (mil 243 millones). Estos recursos se destinaron a cinco programas (cuadro IV. 8) entre los que sobresale el HC - Producción y Transformación Forestal, que ocupó el 83.9% del gasto total y tuvo un subejercicio de 210.0 millones de pesos. Este programa proponía 12 metas de las que sólo alcanzó una, y entre de ellas no se consignan avances (cuadro IV. 9)aunque se señaló que si fueron inferiores debido a la contratación de la demanda del producto, lo que a su vez ocasionó la cancelación de turnos de trabajo en algunas fábricas y aserraderos y la paralización temporal en otras.

1.1.2. Forestal Vicente Guerrero.

Los ocho programas de esta institución (cuadro IV. 10), requirieron 784 millones de pesos, 8.4% más de lo programado. El 73% de este gasto se destinó al Programa HC - Producción y Transformación Forestal. Este programa incluye cuatro subprogramas cuadro IV. 11), con diez metas, de las cuales no se alcanzaron seis, debido a la reducción en la demanda de sus productos y a problemas de programación.

1.1.3. Instituto Mexicano del Café

Los seis programas del INMECAFE implicaron un gasto de 15 mil 688 millones de pesos, que excedió en 37.7% al presupuesto original (cuadro IV. 12) y que en un 79.3% se destinó al programa R2 - Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales (SARH). Este programa tenía un presupuesto original de 8 mil 919 millones de pesos y terminó siendo de 12 mil 439, debido al aumento de precios y a los mayores volúmenes de compraventa del grano, ya que su meta era almacenar

2.8 millones de quintales (modificada a 2.6) y resultó ser de 2.9 (cuadro IV. 13). Esto, a su vez, se debió a la cosecha abundante, al retiro temporal de los compradores particulares, y a que las ventas fueron inferiores a las estimadas por la reducción en las cuotas de exportación y en el consumo interno.

1.2 Secretaría de la Reforma Agraria

Esta dependencia tuvo un egreso de 10 mil 828 millones de pesos, que excedió en 11.3% al gasto presupuestado y que distribuyó en 12 programas de los cuales tres absorbieron el 56% (cuadro IV. 14). El más importante de todos fue GW - Investigación, Dictaminación y Ejecución Agraria, que representó el 21.2% del gasto total y tuvo un subejercicio de 5 millones de pesos. Los cuatro subprogramas que contiene, propusieron 13 metas de las que sólo cumplieron tres (cuatro IV. 15); los cinco programas más importantes de la Secretaría plantearon 41 metas y lograron 13 de ellas. Esto se debió principalmente a que la realización de trabajos técnico - informativo depende de las peticiones, que no son fácilmente predecibles, a impedimentos legales, a que no se presentan todos los requisitos establecidos por la ley, a problemas de coordinación con otras secretarías, y la novedad de algunos programas que requerían capacitación previa.

1.3 Secretaría de Pesca

El presupuesto ejercido por esta Secretaría (14 mil 357 millones, ligeramente inferior al estimado originalmente) se distribuyó en diez programas (cuadro IV. 16), de los cuales dos absorbieron el 71.2%; el H1 - Fomento (53.9% del presupuesto) y el H8 - Captura (17.3% del total). Estos dos programas propusieron 24 metas (cuadro IV. 17), de las cuales se lograron 13. El incumplimiento relacionado con los centros de consulta se debió a la reducción presupuestal y a la falta de infraestructura, y en el programa de captura, obedeció a problemas de recopilación de datos, a la menor disponibilidad presupuestal, a necesidades no consideradas en el programa original, a la modificación de criterios evaluatorios, al incumplimiento de empresas constructoras, a la contratación tardía de obras, y al exceso de carga de trabajo.

1.3.1 Productos Pesqueros Mexicanos e Industrias Pesqueras Paraestatales del Noroeste

Esta empresa realizó un gasto de 42 mil 768 millones de pesos que rebasó en 69.6% al presupuesto original. El total se distribuyó en siete programas, dos de los cuales cubrieron el 92.8% del total: LK - Industrialización y R3 - Comercialización y Transporte (cuadro IV. 18). El primero tuvo un subejercicio del 15.6% y el segundo rebasó su presupuesto en 187.4%. Entre los dos buscaron ejecutar 32 metas, pero sólo alcanzaron seis (cuadro IV. 19), situación que se explica por la falta de capital en trabajo; la oferta insuficiente de productos ya acreditados; deficiencia en la administración del equipo de transporte y obsolecencia del mismo; la interrelación de los programas que produce efecto en cascada, es decir, si no se cumplen las metas de captura no se pueden cumplir las de industria, ni las de comercialización; la falta de uniformidad en la obtención de materia prima, que produce períodos de inactividad; la falta de integración vertical en todos los procesos; la obsolecencia de los equipos productivos y la carencia de programas de reemplazo; la falta de materiales de envase y empaque, que requieren una importación del 70% de hojas de lata; problemas con la flota que careció de mantenimiento y suministro oportuno de refacciones, en su mayor parte de procedencia extranjera; carencia de técnicos especializados en operación y mantenimiento; y problemas de infraestructura portuaria.

2. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En 1982, la política de este sector perseguía una mayor integración y eficiencia de los transportes y las comunicaciones. Sus objetivos y metas prioritarias estaban orientadas fundamentalmente a la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte y aumentar la cobertura del servicio de comunicaciones. Para cumplir con esto se le asignó un presupuesto de 207.8 mil millones ejerciendo un monto 8.3% superior; es decir, se le destinaron 225.2 mil millones (cuadro IV. 20), de los cuales 49.8 correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 35.0 al subsector de Asentamientos Humanos y Obras Públicas - esto último se refiere sólo a los programas de esa Secretaría que corresponden al Sector de Comunicaciones y Transportes, lo que obviamente no coincide con el presupuesto de SAHOP - . LOS Organismos y Empresas controlados presupuestalmente que sobresalen en este sector son: Aeroméxico, Ferronales y ASA.

2.1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Esta dependencia ejerció un presupuesto de 106.9 mil millones de pesos que superó en 16.4% a la cifra original (cuadro IV. 21) y que fue destinado a cubrir 39 programas de los cuales el QD - Administración de los Ferrocarriles, representó el 44.5% del total. Le siguen en importancia el PH - Puertos Comerciales, el QI - Oficinas Postales; el PI - Puertos Industriales y el OW - Red Férrea, cuyos subprogramas con sus metas aparecen en el cuadro IV. 22. Ahí se describen 176 metas y se observa que se alcanzaron 69. La diferencia se debió a los equipos que requerían los proyectos se encontraban en proceso de fabricación o en etapa de transportación, lo que origina avances mínimos; cancelación de obras por transferencia de recursos a otras de mayor prioridad; no se pudo

disponer oportunamente de las reparaciones necesarias; y la complejidad de los proyectos que implican reprogramación a la luz de las nuevas condiciones. Cabe aclarar que por la naturaleza de los proyectos de este sector, los efectos de la recesión, la inflación, los aumentos de costos, la devaluación y las restricciones presupuestales, son especialmente severos.

2.1.1. Ferrocarriles Nacionales de México

Esta empresa realizó un presupuesto de 50.2 mil millones de pesos, cifra que excedió en 11.4% a la estimada originalmente, y que se distribuyó entre ocho programas, de los que sobresalen: QA - Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre y QB - Transporte, que absorben el 57.7% del total. Este último programa rebasó en 44.5% su presupuesto original (cuadro IV. 23).

Los programas citados intentaron lograr 11 metas (cuadro IV. 24) y alcanzaron cinco. La discrepancia se explica primordialmente por la devaluación, que impidió adquirir el número de locomotoras programadas; la cancelación de 40 cabuses de los 80 solicitados originalmente; la reducción de adquisición de góndolas; y la contracción de la demanda de transportación.

2.1.2. Aeroméxico

Esta empresa ejerció un gasto de 31.9 mil millones de pesos, cifra que rebasó en 87.3% al monto original, y que se destinó a cuatro programas de los cuales el QO - Tráfico, representó un poco más de la mitad y excedió en 64.1 su presupuesto inicial (cuadro IV. 25). Ninguna de las metas propuestas por este programa pudo alcanzarse (cuadro IV. 26) debido principalmente a la reestructuración de rutas, la cancelación de vuelos, la disminución de la demanda de pasaje por la crisis y la elevada elasticidad de ingreso de estos servicios, la retracción en la carga de importación y la falta de dinamismo de las exportaciones. Estos efectos se compensaron parcialmente por la huelga de la Compañía Mexicana de Aviación, en el mes de noviembre.

2.1.3. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

El gasto de 26.8 mil millones de pesos de esta empresa, casi triplicó al monto presupuestado originalmente (9.3 mil millones) y se destinó a tres programas de los cuales el QL - Operación Aeroportuaria absorbió el 82.8% del total, y triplicó la suma prevista inicialmente (cuadro IV. 27). El desglose de este programa aparece en el cuadro IV. 28), donde se observa que no se cumplió ninguna de las metas programadas por razones similares a las indicadas en el caso de Aeroméxico. Además, las operaciones se habían estimado de acuerdo a la tendencia de los ejercicios anteriores, pronóstico que obviamente no se realizó y las operaciones atendidas fueron muy inferiores a las previstas.

2.2. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas

Como ya se explicó, en este sector de comunicaciones y transporte se incluyen sólo los programas de SAHOP que se refiere a esa actividad. Los más importantes se presentan en el (cuadro IV. 29), que detalla sus metas. Ellos son, el OI - Carreteras Troncales y el OK - Caminos Rurales. El primero, ejerció un gasto de 18.8 mil millones de pesos, inferior en 4.9 mil millones al monto programado y, el segundo, 7.1 mil millones de pesos, ligeramente inferior al presupuesto inicial (7.9 mil millones de pesos). Estos programas plantearon nueve metas y alcanzaron cuatro. La divergencia se justificó por las restricciones presupuestales, aumentando en los costos de los insumos y del equipo que en parte es de importación (cuadro IV. 29).

3. SECTOR COMERCIO

El propósito fundamental de este sector consiste en promover el acceso de productos básicos a precios accesibles a la mayoría de la población; avanzar en la superación de las distorsiones del sistema de comercialización y optimizar la participación del país en el comercio exterior, consolidando la oferta exportable y racionalizando las importaciones.

Para lograr estos objetivos, se le destinaron recursos por un monto de 185.5 mil millones de pesos, cifra que rebasó en 25.4% a la previsión original (cuadro IV. 30) la mayor parte de este gasto fue realizado por CONASUPO (159.8 mil millones de pesos).

3.1. Secretaría de Comercio

Esta dependencia ejerció un presupuesto de 96.5 mil millones de pesos, que sobrepasó en 47.8% al monto aprobado, y se distribuyó entre nueve programas, de los cuales uno solo absorbió el 89.9%: el R1 - Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular (cuadro IV. 31) Este programa rebasó en 55.9% su presupuesto original y propuso alcanzar 19 metas, de las cuales logró 11 (cuadro IV. 32). Cabe aclarar que la mayor parte de las metas fueron rebasadas y que las que no se cumplieron, estuvieron principalmente relacionadas con la importación de productos básicos. Otras razones se incluyen a continuación ya que el único programa de CONASUPO es precisamente el RI.

3.1.1. Compañía Nacional de Subsistencia Populares

Esta entidad contó con 167.4 mil millones de pesos, cifra que excedió en 62.4% al monto original (cuadro IV. 33) y que destinó a un solo programa: el R1 - Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, cuyas metas

corresponden a las del programa del mismo nombre, ya señalado en el caso de SECOM. El incumplimiento de las metas de este programa se debió primordialmente a condiciones climatológicas adversas, la cosecha extraordinaria de 1981 que permitió reducir importaciones (y por lo tanto no cumplió con la meta de toneladas importadas); al aumento de precios de garantía, la devaluación, compras no planeadas en el caso de trigo, pero que fueron necesarias por la crisis financiera del país y por la política de abasto de bienes básicos; contracciones en la demanda originada por los aumentos de precios de los productos y por la recesión económica, la necesidad de regular el mercado (hubo saturación del mercado de frijol e incertidumbre en los precios del ajonjolí), la escasez de divisas y el cierre de fronteras para evitar la fuga de capitales (control de cambios.)

4. SECTOR BIENESTAR SOCIAL

La política de este sector tiene como propósito básico permitir a los mexicanos una vida digna producto de una ocupación estable y bien remunerada, así como la disponibilidad eficiente y generalizada de salud, educación y capacitación para el trabajo. Por ello, sus recursos se destinan al abatimiento de esos rezagos y a la creación de las condiciones para que la población disfrute de los frutos del desarrollo, dando impulso a la creación de empleos. En consecuencia, este sector prioritario ejerció uno de los presupuestos más elevados, 716.4 mil millones de pesos, que excedió en 19.1% a la estimación inicial (cuadro IV. 34). Poco más de la tercera parte de este presupuesto se destinó a la SEP (248.0 mil millones) y una cifra ligeramente inferior al IMSS (221.4 mil millones), ocupando el tercer lugar el ISSSTE (62.2 mil millones).

4.1 Secretaría de Educación Pública

Las acciones educativas desarrolladas en 1982 estuvieron orientadas por cinco objetivos programáticos: asegurar la educación básica a toda la población; vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicio social y nacionalmente necesarios; elevar la calidad de la educación; mejorar la atmósfera cultural del país y promover el desarrollo del deporte y aumentar la eficiencia del sistema educativo.

El presupuesto original autorizado a la Secretaría de Educación Pública en 1982 fue de 306.523 millones de pesos y el ejercicio ascendió a 368.608 millones de pesos (cuadro IV. 35). El incremento presupuestal del 20.3% se debió fundamentalmente a los aumentos salariales que se otorgaron durante ese año.

Los programas 4x - Asegurar la Educación Básica a toda la Población y el 4y - Vincular la Educación Propedéutica y Terminal con el Sistema Productivo de Bienes y Servicios, Social y Nacionalmente Necesarios, absorbieron el 51.6% y el 28.3%, respectivamente, y el 79.9% del gasto total de la Secretaría de Educación Pública. Estos dos programas requirieron 54 mil 719 millones de pesos más de lo que tenían autorizado originalmente, cantidad equivalente al 88.1% del total en que se excedió el sector educativo. Esto explica por qué estos programas requieren de una gran cantidad de personal para llevar a cabo sus acciones.

El programa 3z - Ampliar y Conservar la Infraestructura Física, fue el tercer programa en importancia desde el punto de vista del gasto, tuvo un ejercicio de 25 mil 125 millones de pesos, que representó el 6.8% del gasto total del sector.

Los nueve programas restantes aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, participaron en su conjunto con sólo el 13.3% del gasto total de la Secretaría de Educación Pública.

La Cuenta Pública incluye 21 programas que no aparecen en el presupuesto de Egresos de la Federación; los cuales ejercieron 433 millones de pesos del presupuesto. La Secretaría de Educación Pública informó que estos programas especiales fueron presupuestados dentro de otros sectores del Gobierno y que posteriormente se decidió realizar la transferencia de los recursos al sector educativo para que éste los llevara acabo.

En el programa 4x - Asegurar la Educación Básica a toda la Población, la mayoría de las metas se alcanzaron en una proporción aceptable (cuadro IV. 36). En educación primaria se mantuvo la atención al 100% de los niños que solicitaron el servicio, no obstante que se esperaba una demanda en primaria federal de 11 millones 485 mil niños y sólo la solicitaron el 98% de los niños previstos; en castellanización a niños indígenas se cumplió con el 86% de la meta; en llevar educación preescolar a todos los niños, lo programado se logró en un 88%; en lo referente a ofrecer secundaria federal a todo el que la demande, en un 87% y en desarrollar las distintas modalidades de la secundaria técnica, en un 88%.

Las metas se rebasaron significativamente en un 372% en incorporar alumnos a grupos integrados y en un 113% en la atención a niños en albergues escolares.

El subprograma 03 - Dar a la Población Adulta la Oportunidad de Recibir la Educación Básica o Complementaria en su caso. La información presentada en la Cuenta Pública no coincide con la del Presupuesto de Egresos. Mientras que en éste se marcaba como metas: alfabetizar a un millón 400 mil personas, proporcionar educación primaria a un millón 22 mil adultos y educación secundaria a 478 mil, en la Cuenta Pública se clasifican en adultos incorporados, adultos alfabetizados y adultos capacitados.

La Secretaría de Educación Pública explicó al respecto que las diferencias entre la información presentada en el Presupuesto de Egresos y la de la Cuenta Pública, en relación a la meta de alfabetización, se debió a un error de

interpretación de las metas que se proponían para el Presupuesto de Egresos.

El Planteamiento original era el de atender en los programas de alfabetización a un millón 400 mil personas, considerando el número de adultos que se incorporarían a la educación básica, los que se capacitarían y los que se iban a alfabetizar, y no como se indica en el Presupuesto de Egresos de alfabetizar a un millón 400 mil personas.

En la columna de metas modificadas de la Cuenta Pública se corrige dicho error, lo que permite una evaluación mejor de las acciones del subprograma, pero no anula los efectos de su incorrecta presentación. Así, las metas alcanzadas fueron las siguientes:

Se incorporaron 957 mil (118%) adultos a la educación básica; se alfabetizaron a 512 mil (88%) adultos y se capacitó a 40 mil (100%).

Con respecto a las metas de proporcionar primaria y secundaria a los adultos, sólo se lograron en un 52% y 44%, respectivamente, la Cuenta Pública menciona como causas fundamentales la fuerte reducción del presupuesto y el comportamiento de la matrícula.

En cuanto al programa Vincular la Educación Propedéutica y Terminal con el Sistema Productivo de Bienes y Servicios, Social y Nacionalmente Necesarios, las metas se cumplieron en términos generales de manera satisfactoria. Sólo en el subprograma 02 - Fomentar la Educación Media Profesional, hubo una desviación del 30%, ya que se previó atender 97 mil 320 alumnos y se atendieron únicamente a 67 mil 953. Esto se atribuyó al incremento de los costos de construcción y equipamiento que impidió la apertura de nuevos planteles que tenían programados.

4.2. Secretaría de Salubridad y Asistencia

Esta dependencia registró un presupuesto de 45.3 mil millones de pesos que rebasó ligeramente (4.5%) al monto asignado originalmente y que destinó a la ejecución de 15 programas (cuadro IV. 37), de los cuales el YV - Atención Curativa, fue el más importante (33.9% del total), siguiéndole el YI - Administración de la Salud (21% del total), y el YU - Atención Preventiva (20.7% del total). Las metas respectivas aparecen en el cuadro IV. 38 donde se consignan 28, de las cuales se consiguieron siete. La Cuenta Pública no explica las discrepancias, pero se informó en las reuniones sostenidas que se debieron principalmente al carácter contingente de muchas de las metas; a la reestructuración de los servicios de salud; a la dificultad para contratar personal; a problemas para el abasto de insumos, a la rehabilitación de algunos locales y a los obstáculos para la terminación y equipamiento de locales en la zona rural; a falta de constancia de los pacientes en cuanto a consultas y tratamientos subsecuentes; a que sólo se dispuso 50% del Programa Mundial de Alimentos; a problemas de transporte y distribución de los estados.

4.2.1. Instituto Mexicano del Seguro Social

Este organismo ejerció un gasto de 223.5 mil millones de pesos (35.4%) mayor al programado originalmente, de los cuales 216.4 se distribuyeron en 12 programas (96.8% del total) propios de la institución y el resto (7.1 mil millones) a tres programas del IMSS - COPLAMAR (cuadro IV. 39). De todos ellos, el más importante fue el 1B - Atención Curativa (50.1% del total y un sobregasto de 61.8%), siguiéndole en importancia el 1E - Prestaciones Económicas (18.7% del total y un sobregasto de 46.9%), y el ZX - Administración Central (13.2% del total y un sobreejercicio de 38.2%). Los dos primeros programas propusieron 16 metas y lograron la mitad (cuadro IV. 40) mientras que el Programa de Administración sólo presentó una meta de la que no informó el grado de avance y reportó logros en lo que no cuantificó inicialmente.

El incumplimiento se atribuyó a reasignación entre programas, cancelación y diferimiento de obras, lo que a su vez impidió satisfacer la demanda programada; la falta de estabilización en la demanda de consulta de medicinas familiar, la reestructuración de servicios auxiliares, la consolidación de servicios, la carencia de mano de obra calificada, y la falta de surtimiento de materiales y equipo.

4.2.3. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

El presupuesto ejercido por esta institución fue de 74.2 mil millones de pesos, que sobrepasó en 42.4% al monto programado y se distribuyó en 16 programas, entre los que sobresalieron: 1B - Atención Curativa (32.5% del total y 66.7% de sobregasto); IM - Protección al Salario (20.9% del total y 92% de sobregasto) e IE - Prestaciones Económicas (14.4% del total y 54.6% de sobregasto), como se ilustra en el cuadro IV. 41. Estos tres programas pretendieron concluir 13 metas (cuadro IV. 42), pero sólo alcanzaron tres y el primero de ellos no logró ninguna. Las razones que motivaron esta discrepancia fueron principalmente: los aumentos en sueldos, los mayores costos de bienes y servicios, la cantidad de derecho habientes que se registraron en el ejercicio - inferior a la estimada - , al aumento del precio de las mercancías que venden las tiendas del ISSSTE, un surtido más completo de productos en las tiendas que reduce el número de visitas de los derecho habientes, un costo superior de los subsidios - en el subprograma de subsidios y ayudas - , y la creación de reservas técnicas actuariales.

4.3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Esta dependencia registró un gasto de 8.1 mil millones de pesos, que fue inferior en 5.7%

al monto presupuestado y que distribuyó en cincuenta programas (cuadro IV. 43), de los cuales WT - Programa Nacional de Empleo y Organización Social para el Trabajo ocupó el 44.1% del total de los recursos, siguiéndole en importancia el WN - Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de las Autoridades e Instituciones de la Administración Integral del Trabajo (26.2% del total). El gasto de ambos programas fue inferior a la cifra presupuestada y trataron de satisfacer 147 metas, pero consumaron 81 (cuadro IV. 44). La diferencia se explicó primordialmente por la necesidad de actualizar la legislación, la disminución de la partida de viáticos y pasajes, la dinámica de los programas del sector, que generan apoyos a compromisos no programados; la crisis económica que implica una mayor cantidad de asesorías y atención de problemas y revisión de planteamientos, la falta de respuesta de parte del sector privado en materia de fichas ocupacionales, la decisión de que las autoridades del Comité Técnico de FOSOC se respalden con recursos.

5. SECTOR INDUSTRIAL

La estrategia de este sector se orientó a ordenar el crecimiento industrial y a reducir su dependencia del exterior, fomentando la producción de bienes básicos, insumos estratégicos y bienes de capital. Asimismo, buscaba estimular la generación de empleo. La crisis afectó seriamente al sector industrial paraestatal y se buscó que los programas para conjurarla no agravaran su deterioro, de ahí que la reducción presupuestal fuese selectiva y que a pesar de ella, ejerciera un presupuesto de 918.7 mil millones de pesos superior en 33.1% al monto original (cuadro IV. 45). De este total poco más de la mitad correspondió a PEMEX (500.6 mil millones de pesos, 58.2% superior al presupuestado) y le siguió en importancia la CFE (171.6 mil millones de pesos y un sobre gasto de 21.7%). También ejercieron presupuestos importantes, en monto y en desviaciones, FERTIMEX y Siderurgia Lázaro Cárdenas Las Truchas.

5.1 Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial

Esta dependencia ejerció un gasto de 248.2 mil millones de pesos, que excedió en 58.2% a la cifra inicial (cuadro IV. 46). Estos recursos se distribuyeron entre seis programas de los cuales los ocuparon el 95.6% del total: OI - Planeación de los Energéticos (53.7% del total y 59.2% de sobregasto), e IM - Planeación de la Industria Manufacturera (41.9% del total y 63.8% de sobregasto). Las 42 metas de estos dos programas se muestran en el cuadro IV. 47, donde consta que se completaron 37. La diferencia obedeció particularmente a la reorientación de actividades que dejó pendiente la ejecución de metas programadas, la crisis nacional e internacional, que redujo las solicitudes de inversiones extranjeras; la desviación de recursos a metas no programadas (como la encuesta sobre el uso eficiente de energía); que no se concluyó el reglamento para el otorgamiento de licencias de operadores y operadores senior de instalaciones nucleares, por el estricto análisis que requiere, y el aumento del costo de los viáticos y pasajes que suspendió auditorías programadas.

5.1.1. Petróleos Mexicanos

Este organismo ejecutó un presupuesto de 489.7 mil millones de pesos, que sobrepasó en 58.1% a la suma originalmente aprobada y que distribuyó entre cuatro programas de los cuales dos absorbieron el 60.2% (cuadro IV. 48): O1 - Producción Primaria (39.7% del total) y O3 - Comercialización (20.5% del total y 165.3% de sobregasto). Las 16 metas de estos programas de detallan en cuadro IV. 49, detectándose el cumplimiento de cinco de ellas. Las desviaciones se fundamentan sobre todo en las causas macroeconómicas y presupuestales ya señaladas, y en factores como razones técnicas - asignar equipos de perforación a pozos de desarrollo y no a pozos inyectores ni de exploración como estaba programado, cambio que hizo por razones coyunturales - ; falta de suministro de materias primas, contracción del mercado por aumento en precios, la puesta en marcha de las compresoras de gas en la zona de Campeche, que redujeron al gas transportado, y reparación y mantenimiento de las plantas de refinación.

5.1.2. La Comisión Federal de Electricidad

Esta institución registró un gasto de 209.8 mil millones de pesos, superior en 19.2% al presupuesto aprobado, que distribuyó en nueve programas de los que sobresalen tres (cuadro IV. 50): K7 - Generación de Energía Eléctrica de origen secundario (41.7% del total y 28.0% de sobregasto), K6 - Generación de Energía Eléctrica de origen primario (15.6% del total y 30.5% de sobregasto) y LA - Distribución de Energía Eléctrica (12.1% del total y 23.7% de sobregasto). Las once metas de estos programas aparecen en el (cuadro IV. 51), donde sobresale que sólo se completó una de ellas y que otra - construcción de plantas carboeléctricas - se canceló. El incumplimiento se explica particularmente por la imposibilidad de importar equipo por falta de divisas; por retraso en el diseño de rutas de cable; por el atraso en el suministro de materiales; por la escasez de equipo; porque se captó menor cantidad de agua que la esperada; y porque se sobrestimó la demanda industrial de electricidad.

5.1.3. Otras empresas del sector industrial

En el cuadro IV. 52 aparecen los presupuestos y los programas de FERTIMEX, DINA,

SIDENA, CONCARRIL y SICARTSA, Y en los cuadros IV. 53, IV. 54, IV. 55, IV. 56 Y IV. 57, el detalle de sus metas.

De las empresas citadas CONCARRIL y DINA tuvieron un subejercicio de gasto originado fundamentalmente por la contracción de la demanda de su producción mientras que las demás rebasaron significativamente su presupuesto - entre 30 y 60% - por los aumentos en costos y por su carácter estratégico, que implica mantenerlas en operación para no afectar a otros sectores estratégicos y prioritarios. Tales impactos compensaron parcialmente la reducción de la demanda de sus productos que trae consigo la crisis. A esto habría que añadir razones particulares de cada empresa tales como: paros de producción por interrupción del suministro de materia prima, falta de equipo de importación, incremento de algunos productos en perjuicio de otros, disminución de las importaciones de insumos, situaciones temporales como asolve de canales, interrelación con otras metas que al no cumplirse inciden en el incumplimiento de la subsiguientes; realización de ventas coyunturales, fallas en el control de calidad por parte de los proveedores; incertidumbre en los mercados y en la situación económica; contracción de las exportaciones; fallas en los pagos de clientes; cancelación de pedidos; retraso en el surtimiento de partes por el lado de los proveedores y aumentos de comisiones por ventas a los distribuidores.

6. ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1982, incluye el ramo de promoción regional que comprende los Programas Estatales de Inversión (PEI); el Convenio Unico de Coordinación (CUC); el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). El presupuesto programado y ejercido se resume en el siguiente cuadro:

Variación

respecto

Presupuesto 1982 original

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6.1 Convenios únicos de Coordinación (CUC)

En el marco de la política sectorial llevada a cabo durante el período 1980 - 1982 y a efecto de intensificar la participación de los sectores público, privado y social, los PEI fueron sujetos a revisión con el fin de adaptarlos e indentificarlos con el programa de inversión de la Federación, adecuándolos al esquema de sectorización de la organización administrativa federal.

De igual forma se ampliaron los CUC mediante la incorporación de los programas federales realizados con los ejecutivos estatales. Es el caso de los programas de desarrollo estatal (PRODES) y los sectoriales concentrados (PROSEC).

A pesar de las restricciones presupuestales de 1982, los recursos asignados a los PEI se incrementaron en mil 927.7 millones de pesos en relación con el presupuesto original (20 mil millones), orientándose prioritariamente hacia la construcción de escuelas, reparación y construcción de centros de salud, construcción y mantenimiento de carreteras estatales y alimentadoras, caminos rurales, agua potable y alcantarrillado.

De los 21 mil 927.7 millones asignados a este programa, se canalizaron 250 millones al programa de seguimiento global del CUC, y del resto (21 mil 677.7) se gastaron únicamente 21 mil 643.2 millones de pesos, los cuales sumados a las asignaciones de los PRODES y de los PROSEC (mil 333.1 y 2 mil 314.3 millones de pesos respectivamente) así como a los 250 millones destinados para el seguimiento global del CUC, hacen en total de 25 mil 540.6 millones de pesos.

En otras palabras, para 1982 el gasto autorizado fue de 25 mil 581.1 millones, superior en 27.9% al presupuesto original de 20 mil y en 46.7% al ejercido en el año anterior que fue de 17 mil 436.6 millones.

De los 21 programas incluidos en los PEI, ocho se consideraron prioritarios: la ampliación y conservación de la infraestructura física, agua potable, alcantarillado, construcción y reparación de centros y casas de salud asistenciales, caminos rurales, carreteras estatales, carreteras alimentadoras y vivienda progresiva. Estos ocho programas absorbieron 17 mil 748.5 millones de pesos, 69.4% del presupuesto ejercido.

El programa de ampliación y conservación de la estructura física se proponía construir 11 mil 450 aulas escolares, realizando 6 mil 894; de 250 laboratorios programados se terminaron 123; de 586 talleres se lograron 302 y 3 mil 410 anexos se concluyeron 2 mil 003.

El programa de agua potable se proponía alcanzar una meta de 525 sistemas de agua y consumo 281. El de alcantarillado, logro 15 de las 33 metas propuestas (modificadas a 31) por el aumento de costos y porque su presupuesto se redujo en 3.2%. El programa de construcción y reparación de centros y casas de salud asistenciales, realizó el 59.0% de las metas modificadas, y el de caminos rurales el 61.8%; mientras que el de carreteras alimentadoras concluyó 91.7% de los kilómetros programados.

Debido a la prioridad del programa de carreteras estatales el Gobierno Federal le asignó recursos por 3 mil 928.1 millones de pesos (21.6% más del monto original) programando la construcción de 44 mil 573 kilómetros de carreteras, de los cuales se construyó el 93.6%.

Durante el desarrollo del programa de vivienda progresiva, hubo necesidad de modificar el presupuesto original (260.5 millones) en un 430.6%, para la ejecución de 20 mil 189 viviendas de las cuales se construyeron 9 mil 776.

Por lo tanto, aun cuando la mayor parte de los programas considerados prioritarios, tuvieron considerables incrementos en relación con sus asignaciones presupuestales originales, éstos no pudieron cumplirse cabalmente, sobre todo por problemas de tipo técnico y de incrementos en los costos de inversión, cuya previsión fue muy inferior.

6.2 Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER)

De los 17 mil millones de pesos aprobados presupuestalmente para este programa, se autorizaron 14 mil 921.2 millones, se ejercieron únicamente 13 mil 148.6 (88% de los autorizado y 24.1% superior al monto ejercido en 1981). Su cobertura alcanzó 139 microrregiones en operación dando atención al 56% del territorio nacional y beneficiando a mil 148 municipios con 12 millones de personas.

Sus recursos fueron distribuidos de la manera siguiente:

50.8% para el fortalecimiento de la base productiva de las comunidades rurales; 39.9% a programas y servicios de apoyo a la producción y 9.3% a programas de bienestar social.

Las acciones prioritarias fueron orientadas hacia el sector agropecuario, forestal y pesquero, destinándoles el 62.3% del presupuesto, mismos que se invirtieron en la construcción de infraestructura productiva, servicios y asistencia técnica y programas de organización y capacitación campesina. Las metas propuestas en este programa se alcanzaron aceptablemente, pero se observaron algunas desviaciones principalmente por la escasez de maquinaria y equipo, dificultades de acceso a las comunidades más apartadas, obstáculos imprevistos en los proyectos y aumento de precios en los insumos. Así, el programa de infraestructura para el desarrollo agrícola incorporó y habilitó al riego 54 y 59% de las hectáreas programadas; el de producción y transformación agrícola benefició 794 mil 615 hectáreas y 44 mil 640 productores, cumpliendo sus metas en un 94 y 74% respectivamente; el de infraestructura para el desarrollo ganadero construyó instalaciones para 47 mil 947 vientres, 481 mil 722 cabezas de ganado y 415 mil 941 aves, en beneficio de 53 mil 113 productores, lo que representa el 71.58, 23 y 58% de las metas programadas.

El sector Comunicaciones y Transportes fue prioritario y se le asignaron mil 884.7 millones de pesos (14.3% de los recursos ejercidos). Las metas alcanzadas, en la construcción de caminos rurales fueron del 62%, y el número de beneficiados fue 53% de lo programado.

El sector Administración obtuvo el 7% de los recursos ejercidos, y entre las actividades realizadas en sus programas destacan las efectuadas por las coordinaciones estatales del PIDER, que consolidaron el operativo, control y seguimiento de este programa en concordancia con la política de descentralización del Gobierno Federal.

Al sector Bienestar Social se le asignó el 5.6% de los recursos ejercidos por PIDER, mismos que fueron destinados al programa de construcción de escuelas, logrando la construcción y rehabilitación de mil 829 aulas (92% de lo programado), así como el 86% de los anexos destinados a la atención de alumnos .

El sector Industrial ejerció el 5.1% de los recursos del PIDER, con los que se logró dar servicio a 153 obras productivas dotación de servicio eléctrico a 277 comunidades y se benefició a 153 mil 687 habitantes, lo que representa el 64,77 y 82% de las metas programadas respectivamente.

El sector Asentamientos Humanos ejerció el 3.3% de los recursos y logró, construir ampliar y rehabilitar sistemas de agua potable cumpliendo con el 51% de las metas programadas, beneficiando a 114 mil 441 habitantes (50% de lo previsto).

Al sector Comercio le fueron autorizados 280.3 millones de pesos. (2.1% de los recursos ejercidos) para mejorar la infraestructura y equipamiento de apoyo en el abasto y comercialización de los productos agropecuarios, beneficiando al 8 1% del número previsto y logrando el 43% de las metas propuestas en la construcción de infraestructura de almacenamiento (bodegas).

Con el objeto de crear y mejorar instalaciones turísticas de contenido social, se asignó a este sector el 0.3% de los recursos ejercidos, lográndose habilitar instalaciones turísticas por el 75% de lo programado.

6.3 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR)

Para la coordinación de los diversos programas dirigidos a las zonas más pobres del país se asignó al sistemas COPLAMAR un presupuesto de 33 mil 990.8 millones de pesos de los cuales ejerció 32 mil 097 millones (5.6% menos del presupuestado, 58.3% más que en

1981). Estos recursos se dirigieron a proporcionar a las poblaciones marginadas condiciones mínimas de bienestar en alimentación, salud, vivienda y educación. Para lograrlo se concertaron programas entre COMPLAMAR y las diferentes dependencias y entidades que realizan obras en las zonas rurales, como CONASUPO, IMSS, SAHOP, SARH, STPS Y CFE.

CONASUPO - COPLAMAR, El Programa de Abastos y Servicios Integrados y Apoyo de la Economía Campesina se propuso construir por conducto de DICONSA, 19 almacenes y equipar otros 24; construir 76 almacenes regionales y equipar 69 bases de mantenimiento y 4 mil tiendas rurales. Sólo en la construcción de almacenes regionales se cumplió la meta programada en su totalidad; los demás sufrieron un 50% de desviaciones, en promedio.

IMSS - COPLAMAR. En estos programas no fue posible concluir 11 de las 40 Clínicas - Hospital de campo programadas originalmente y, en consecuencia, el número de consultas externas proporcionadas alcanzó únicamente el 75% de las metas.

SAHOP - COPLAMAR. En carreteras alimentadoras y caminos rurales, se observan desviaciones en 30 y 33% respectivamente; el programa de mejoramiento de la vivienda se cumplió en 92% y el de agua potable cubrió sólo el 69% de lo programado.

STPS - SARH. Con una asignación de 7 mil millones de pesos, este programa proponía crear 2 mil cooperativas y 40 mil empleos permanentes. Las metas logradas rebasaron lo programado; 2 mil 032 cooperativas y 57 mil 778 empleos.

SEP - COPLAMAR. Con un presupuesto de 55.1 millones de pesos, las metas de este programa se cumplieron en su totalidad.

CFE - COPLAMAR. Este programa logró electrificar 87 almacenes de abasto, 73 pozos de agua potable y 340 poblados, resultados superiores de lo previsto.

SARH - COPLAMAR. Este programa cumplió sus metas en un 84%.

INI - COPLAMAR. Con 108.4 millones de pesos asignados, se propuso construir una unidad de producción forestal y 63 kms. de caminos, transportar productos del campo en Oaxaca, operar centro de producción bovina, formar apiarios en Yucatán, organizar cooperativas pesqueras, asesorar a comunidades, realizar obras de pequeña irrigación en el estado de Oaxaca, y fomentar el desarrollo forestal en Pátzcuaro, Michoacán. El programa fue ejecutado totalmente.

COPLAMAR - SARH - FORESTAL. (VIVEROS). Se proponía establecer tres viveros de calabacilla loca y se realizaron dos.

Con una asignación de 78.1 millones de pesos, el programa de unidades básicas de producción alimentaria (COPLAMAR) intentaría integrar 70 unidades, meta que rebasó en un 55%.

El presupuesto para el programa de solidaridad de cooperación comunitaria (COPLAMAR) se orientó al apoyo de los programas de salud preventiva y mejoramiento social de las comunidades donde se desarrolla el programa IMSS - COPLAMAR, ejerciendo el 79% de los recursos asignados.

Finalmente, conviene aclarar que en el volumen de Promoción Regional de la Cuenta Pública de 1982, a diferencia de la de 1981, no aparecen los programas y recursos del Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Al cuestionar a los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre este tema, se respondió a esta Comisión Dictaminadora, que en el transcurso de la formulación de la Cuenta Pública de 1982, la Coordinación General del SAM ya no existía y, por lo tanto, no fue posible obtener la información completa y coherente que permitiera incorporar a esta estrategia intersectorial en el tomo de Promoción Regional.

V. Observaciones, conclusiones y sugerencias

Este dictamen es, en esencia, un documento que trata de entender y explicar, como fundamento de juicio, las principales discrepancias entre las metas programadas y resultados obtenidos, que a su vez están ligadas a las diferencias entre las cifras ejercidas y presupuestadas, tanto de ingresos como de egresos y déficit del sector Público. Por ello, esta Comisión perseveró en la cuantificación del monto adicional que se debió a las manifestaciones imprevistas de la crisis económica y, también, de la magnitud del esfuerzo de restricción presupuestal, que fue parte de un paquete de medidas para conjurar los efectos de la citada crisis. Esta cuantificación se presentó para el sector público presupuestario consolidado, las dependencias y entidades que lo integran, y los principales renglones que componen la clasificación económica del gasto público.

Así, se encontró que de 1569 billones de pesos de sobre ejercicio en el gasto público (50.7% superior al presupuestado), el 57.3%, es decir, 899.1 mil millones de pesos se debieron a las variaciones cambiarías imprevistas; 244.1 mil millones a los incrementos salariales por encima de la estimación original y 182.8 mil millones a la mayor inflación. En otras palabras, estos tres factores explican el 84% de la discrepancia entre el gasto presupuestado y el ejercicio. Por otra parte. la reducción presupuestal de 8% significó ajustes por 135.3 mil millones.

En este sentido, el más afectado fue el Gobierno Federal que sobrepasó su gasto en 961.2 mil millones respecto a lo presupuestado. De esta cifra, el 72.3% (694.5 mil millones de pesos) se explica por las modificaciones en el tipo de cambio y 145.5 mil millones (15.1%) por los aumentos salariales. Es decir, estos dos impactos representan el 87.4% de la discrepancia observada.

También se cuantifican las diferencias entre ingresos presupuestados y ejercidos, así como en el déficit y el endeudamiento resultantes,

distinguiendo los impactos originados por las variaciones en el tipo de cambio, que automáticamente multiplican los registros en pesos de todo lo que esté denominado en moneda extranjera. Sobresale en este sentido el hecho de que los estados contables registraron una contratación de deuda externa superior en 24% al monto sancionado por el Congreso, siendo que los 11 mil millones de dólares aprobados apenas se obtuvo un poco más de la mitad (5 900 millones de dólares).

En la raíz de todas estas modificaciones está el hecho insoslayable de que la ejecución del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación se realizó en un ambiente de crisis que dislocó y rebasó las previsiones iniciales.

El desenvolvimiento de la economía nacional e internacional fue radicalmente distinto a lo previsto originalmente. No sólo fallaron los pronósticos de las dependencias y entidades del sector público encargadas de integrar y presentar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 1982, sino los de todos los sectores de la economía, tanto público como privado y social; y no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.

En las condiciones que vive el mundo actual, caracterizado por incertidumbre, el temor, las guerras comerciales, las fluctuaciones cambiarías y los comportamientos erráticos de los mercados financieros, resulta sumamente difícil hacer pronósticos y, si a esto se agregan los desequilibrios estructurales de nuestra economía, el debilitamiento de los instrumentos de política económica para enfrentar situaciones adversas, y prácticas especulativas de quienes anteponen el interés particular al de la Nación, da como resultado el aceleramiento de una crisis que adquirió proporciones dramáticas.

En el ámbito interno, desde el primer mes de 1982, las presiones especulativas, empezaron a socavar la posibilidad de cumplimiento de las condiciones previstas originalmente, situación que se ratificó el 17 de febrero de ese año cuando el Banco de México se vio obligado a retirarse del mercado cambiario. Al no cumplirse la previsión del tipo de cambio, tampoco pudo cumplirse el pronóstico de inflación , ni el de aumentos de salarios, tasas de interés y precios de materiales y equipos.

El cambio drástico de los supuestos originales necesariamente tuvo que implicar modificaciones en el presupuesto - en el marco de un conjunto de medidas más amplio - para tratar de compensar, aunque fuera en parte, el desenvolvimiento indeseable de la situación económica. Por ello, se hicieron esfuerzos para contraer el presupuesto, primero en 3% y después en 8%, con respecto a las cifras originales; y aunque se logró parcialmente esta meta, la dinámica de los otros determinantes del crecimiento del presupuesto fue muy superior. De ahí el empeño de esta Comisión Dictaminadora por determinar el impacto de las principales manifestaciones de la crisis económica y de la reducción presupuestal en los renglones sobresalientes del presupuesto.

La explicación - que es sustento de un juicio y no manifestación del mismo - no es encubrimiento o ausencia de crítica. Explicar las diferencias entre las previsiones y las cifras realizadas no quiere decir renunciar a la penetración en las causas que originaron estas discrepancias , ni tampoco neutralidad o aval de las políticas emprendidas, ni mucho menos negar avances. Se señalan adelantos y las causas de su freno como un primer paso para afianzar aciertos, evitar la recurrencia de las crisis y derribar escollos que frenan el constante mejoramiento económico, político y social de la Nación. Estos señalamientos son también un ingrediente básico para vigilar y coadyuvar a que las políticas del Estado tengan un sustento firme que asegure el cumplimiento de los propósitos nacionales.

México se ha desarrollado consolidando su libertad y su estabilidad social y se ha transformado en todos los órdenes, pasando de ser una economía rural, semifeudal y atrasada a ser un país de desarrollo intermedio, que figura entre los primeros 15 países del mundo, el potencial de sus recursos naturales y humanos ha crecido en cantidad y calidad, así como su infraestructura de producción, de comunicaciones, de transportes y de tecnología; se ha registrado una industrialización acelerada que ha modificado el tamaño, la composición y la localización de la población, de la actividad económica y de la estructura productiva; el monto y el ritmo de las inversiones en el sector industrial han incrementado la capacidad instalada en ramas básicas y estratégicas para el desarrollo nacional; se ha convertido en una potencia petrolera, fuente importante, pero no única, de recursos para apuntalar las tareas del desarrollo; se han desarrollado las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales; el mercado interno ha crecido considerablemente y las perspectivas de ampliación son promisorias, lo que permitirá el desarrollo de un aparato productivo de mayor tamaño y diversificación; su población de 75 millones de personas representa una fuente extraordinaria de fortaleza y energía que cuenta con una creciente cantidad de profesionistas, técnicos, investigadores y obreros especializados.

Por otra parte, México ha logrado consolidar un sistema político estable, capaz de renovarse con el transcurso del tiempo y con una firme voluntad de perfeccionamiento, fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana. Los sectores social y privado han mejorado sus formas de organización constituyendo un sustento firme para la vigorización constante de la sociedad civil. Se ha elevado la capacidad y la experiencia de la administración pública y se han vitalizado sus instituciones para cumplir con las tareas que les son propias.

No obstante, también se reconoce que el progreso no ha sido generalizado ni ha tenido el dinamismo suficiente para resolver añejos

rezagos sociales, ni otros recientes surgidos del proceso mismo de crecimiento económico, que no ha podido transformarse cabalmente en desarrollo social.

Si todo el potencial de desarrollo no se ha podido explotar a plenitud para cristalizar nuestro proyecto nacional, es porque no se han podido corregir las deficiencias estructurales de la economía, entre las que sobresalen: el desequilibrio del aparato productivo y distributivo, la insuficiencia del ahorro interno, la escasez de divisas, y las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza entre personas, factores, sectores y regiones.

Por eso, esta Comisión manifiesta su apoyo y su decisión de vigilar el cumplimiento de la vertiente de cambio estructural que se inserta en la nueva estrategia de desarrollo socioeconómico y que busca iniciar transformaciones de fondo en la estructura económica y en la participación social, para superar las insuficiencias y los desequilibrios fundamentales, del desarrollo y proyectar al país sobre bases más firmes hacia una sociedad igualitaria.

Este respaldo obedece, además, al reconocimiento de que la crisis económica que vive el país - la más severa en los últimos 50 años - , no es un problema meramente coyuntural, como lo prueban su recurrencia y mayor intensidad, que confirman la existencia y persistencia de problemas estructurales.

Esta combinación de coyuntura y estructura trajo consigo en 1982, un deterioro económico de dimensiones extraordinarias; duplicación de la tasa de desempleo, producción estancada o en franco proceso de descenso, inflación del orden del 100% y en riesgo de aceleramiento, desintermediación financiera que impedía captar ahorros para financiar la inversión, pérdida de soberanía monetaria y una devaluación del peso de 5.5 veces con respecto a la cotización de diciembre de 1981, virtual suspensión de pagos, carga agobiante de la deuda sobre los recursos presupuestales, gasto público sin adecuado sustento financiero y con muestras de rigidez, ineficiencia, indisciplina en su ejercicio y deficiente programación efectiva; subsidios fuera de proporción y sin que beneficiaran a los grupos de menores ingresos, asunciones de subsidios cambiarios del Gobierno Federal a las empresas industriales y comerciales y a los usuarios del crédito del sistema bancario, recaudación fiscal debilitada, empresas públicas con déficit crónicos y balances financieros en situación de quiebra, ingresos no petroleros rezagados, déficit presupuestario sin precedente y financiado con recursos inflacionarios, exportaciones no petroleras en descenso y dificultad creciente para captar divisas y caída de la productividad general de la economía, entre otros.

Por otra parte, sin bien esta crisis tiene causas externas, la rapidez con que se deterioró la situación económica puso de manifiesto, tanto la concurrencia de desequilibrios profundos de la economía nacional, como la desarticulación, debilitamiento, inoperancia e insuficiencia de los instrumentos de política económica. Así, se observa en 1982 una desvinculación entre objetivos e instrumentos de política, la asignación de varias metas a un solo dispositivo; la instrumentación de medidas que resultaron inoportunas, o insuficientes, o irrelevantes, o que provocaron efectos distinto o contrarios al deseado.

Además, la rápida expansión de los recursos del petróleo y del crédito externo restó flexibilidad a la política económica, al permitir que se postergaran los ajustes y las adecuaciones requeridas por la dinámica de los últimos años.

Este reconocimiento de desaciertos de la política económica, permite identificar las rectificaciones necesarias y se constituye, por ello, en oportunidad para transformar, renovar, reorientar e impulsar la política de desarrollo por un camino que consolide y fortalezca los avances ya logrados, evite distorsiones y remueva los obstáculos que frenan nuestro proyecto nacional.

Esta autocrítica conlleva la firme intención de detectar las causas del mal funcionamiento de los instrumentos de política del Estado para corregirlas, en consecuencia, vigorizarlos a fin de que puedan cumplir cabalmente con el propósito que los inspira. Por todo ello, esta H. Cámara se pronuncia porque el Estado, para hacer un auténtico y efectivo conductor del desarrollo nacional, fortifique y agilice todos sus instrumentos, y que en su utilización asegure su congruencia interna y los vincule indubitablemente con los objetivos de su proyecto político.

Así, el señalar las circunstancias y errores ocurridos en una coyuntura crítica, no debe llevar al descrédito de toda una etapa de construcción nacional, de todos los esfuerzos que han significado para las generaciones precedentes. Menos aún puede inferirse el fracaso del proyecto nacional o del sistema que lo mantiene vigente. Por el contrario, el ejercicio de la autocrítica, es una muestra evidente del vigor del sistema, de la voluntad renovadora y de la capacidad del régimen revolucionario para avanzar por la senda que marcan los intereses superiores de la Nación.

También como resultado de este ejercicio de autocrítica, la H. Cámara de Diputados considera fundamental la lucha por la solución radical de las causas y de las manifestaciones de la crisis, que laceran el bienestar de los compatriotas de menores ingresos, irritan y lastiman la conciencia nacional y corroen las bases de nuestra supervivencia como país independiente, libre, democrático y justo. Por eso nos solidarizamos con las dos vertientes de la estrategia económica y social que hará posible acceder a los cuatro objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y que se orienta a combatir no sólo las manifestaciones, sino también las raíces de la crisis para conjurar su recurrencia.

Todo ello significa, desde ahora, el compromiso de mantenernos actuantes y vigilantes para participar y procurar que se cumplan los propósitos de la segunda etapa del Programa Inmediato de Reordenación Económica, que enfrenta

los problemas de la situación actual mediante tres orientaciones básicas: proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico; combatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, y recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes.

En este contexto la Cámara de Diputados se pronuncia porque: el gasto público sea manejado con mayor racionalidad, mantenga coherencia con su financiamiento y reafirme su uso como instrumento privilegiado para transformar el crecimiento económico de desarrollo social; se acelere el proceso de reforma fiscal que evite la evasión, considere la globalización y mejore su equidad dando tratamiento preferencial a los grupos de menores ingresos; se fortalezca el papel estratégico de la empresa pública; la reestructuración del sistema financiero nacional erradique las prácticas especulativas y fomente la generación del ahorro y la canalización de recursos hacia las tareas prioritarias del desarrollo social y económico; la política comercial contribuya a reorientar los recursos y a reordenar el aparato productivo para que sea cada vez más integrado y menos dependiente del exterior; la política cambiaria se oriente a un manejo patriótico de las divisas, canalizándolas y asignándolas a las prioridades nacionales y no a las prácticas especulativas; el apoyo a la planta productiva permita mantener el empleo y la oferta de productos básicos, sin incurrir en subsidios a empresas no viables e ineficientes; la política de subsidios continúe siendo revisada para que éstos lleguen a las clases más desprotegidas, evitando los beneficios a las estructuras oligo o monopólicas; que el endeudamiento externo sea usado como recurso complementario, basando el financiamiento del desarrollo, cada vez más en recursos internos y, finalmente , que se prosiga en la lucha simultánea para resolver los problemas estructurales que subyacen en la crisis.

Cabe reconocer que si bien la Cuenta Pública de 1982 logra avances notables, ya reseñados en la primera parte de este documento, e incorpora las observaciones hechas anteriormente por la H. Cámara de Diputados, el margen para perfeccionamiento es aún amplio. por ello sugerimos:

- Simplificar y clarificar la información de la Cuenta Pública uniformando la nomenclatura y evitando diferentes nombres para un mismo concepto o viceversa; eliminar el uso real como sinónimo de ejercido ya que el primer término quiere decir ajustado por inflación y no se utiliza en ese sentido ; abandonar conceptos como controlados, que crean confusión, usando en su lugar términos más precisos como incluidos o no incluidos en el presupuesto; especificar la procedencia del dato en el título de los cuadros (por ejemplo) si es conciliado o de estados contables); explicar el cambio de cifras de una Cuenta a la siguiente y el tipo de ajuste que se realizó; y manejar cifras uniformes, tanto en su prestación como en los criterios utilizados.

- Eliminar información duplicada, sin sacrificar el contenido para efectos de fiscalización y análisis; reorganizar la información y el contenido de los tomos Sectoriales; incluir un capítulo introductorio en donde se detallen y se aclaren las conciliaciones a las cifras contables e introducir un capítulo global en el tomo de Resultados Generales donde se muestren los principales resultados de las variables de finanzas públicas y su impacto en la economía, con mayor detalle del que actualmente contiene el capítulo de Panorama Económico, y detallar, aún más, los programas prioritarios.

- Continuar adecuando la presentación de la Cuenta Pública al Presupuesto de Egresos para otorgarles mayor congruencia en la presentación.

- Continuar mejorando y enriqueciendo la información sobre la Deuda Pública, en particular los términos de contratación y su estructura a plazos.

- Sistematizar en el mediano plazo la aplicación de criterios para la reexpresión de los estados financieros de los organismos y empresas incluidos en el Presupuesto para actualizarlos a las condiciones presentes de la economía y realizar un seguimiento permanente de su avance.

- Incluir en el tomo de Resultados Generales el análisis sobre los estados financieros de los Organismo y Empresa.

- Procurar que el Registro Unico de Transferencias sea remitido a la Cámara de Diputados a más tardar a principios de noviembre de cada año.

- Profundizar en el análisis de las causas de las discrepancias en el ejercicio del gasto y en las metas de los programas prioritarios.

- Afinar los instrumentos de seguimiento para la realización de inversiones referidos no sólo al aspecto financiero o de recursos, sino a la programación ejecución, control y evaluación de la Obra Pública.

- Realizar acciones tendentes a la instrumentación de un registro sistemático de la información de los fideicomisos del Gobierno Federal, similar al Registro Unico de Transferencias (RUT).

- Modernizar en las diversas entidades o dependencias del Sector Público, los mecanismos de organización, administración, operación, control y evaluación tendentes a racionalizar la ejecución del Gasto Público, dentro de un marco y objetivos de mayor productividad y eficiencia tanto institucional como sectorial.

- Recabar oportunamente de las entidades los documentos e informes que requieren las secretarías globalizadoras y coordinadoras en relación al ejercicio de sus presupuestos y los avances en la consecución de las metas y sus programas.

- Preparar en sistemas computarizados la información analítica de la Cuenta Pública para que en el futuro, por esta vía, también se le entregue a la H. Cámara de Diputados.

- Separar la información de los Poderes Legislativos y Judicial y presentarla en tomos independientes.

- Fortalecer las acciones tendentes a lograr que se guarden y conserven adecuadamente los documentos comprobatorios de los ingresos y gastos públicos.

- Realizar por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto una mayor supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las normas de contabilidad presupuestal de las dependencias y entidades del sector público.

- Incluir en el tomo de Resultados Generales el análisis de la instrumentación aplicación y cumplimiento de la normatividad presupuestal derivada del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Continuar mejorando los mecanismos de información sobre importaciones y uso de divisas del Sector Público, presentando el análisis correspondiente.

- Especificar las modificaciones al presupuesto aprobado que autorice el Ejecutivo Federal en el transcurso del ejercicio, explicando su razonabilidad y el sustento jurídico de las mismas, en los términos del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Presentar en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública la información relativa a los programas con igual nivel de desagregación, utilizando unidades de medidas representativas de las actividades, permitiendo así asociar las metas y los recursos de los diversos subprogramas y proyectos que los integran.

- Presentar la información relativa a las metas en unidades de medida homogéneas y representativas en todos los casos claramente referida al objetivo correspondiente, y asociarla invariablemente al gasto requerido por las actividades a desarrollar.

- Proporcionar una explicación cuando los cambios en la asignación de recursos por programas sean de una magnitud importante respecto a lo previsto, no sólo de las variaciones resultantes en el gasto, sino que se sustente también en función de la estrategia prevista y de los resultados esperados.

- Evitar cambios en la denominación de actividades y unidades de medida de los subprogramas, dentro del ejercicio presupuestal anual.

En cuanto al aspecto sectorial se recomienda:

- Reforzar los Sistemas del Sector Agropecuario Forestal y Pesquero vinculados con la programación anual para incluir los recursos hidráulicos en los planteamientos del Sector, a fin de sustentar la presentación de los programas relacionados con este subsector.

- Ampliar la cobertura del sistema de programación del Sector Industrial, para estar en posibilidad de integrar un conjunto de programas que sean representativos de la actividad sectorial.

- Presentar los recursos asociados a metas específicas para poder evaluar los logros o modificaciones del Programa Producción Primaria de PEMEX.

- Dividir el Programa Abasto, Regularización y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular en varios programas (mayor apertura programática) para facilitar la evaluación del uso de sus recursos en el logro de metas específicas por actividades.

- Mejorar la información que proporciona el Sector Comunicaciones y Transportes en relación con las desviaciones en metas y recursos, correspondiente a los niveles de subprogramas y proyectos.

- Evitar en el Sector Educación se ejerzan recursos en programas no incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Revisar y mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional en el Sector Salud y Seguridad Social.

En cuanto a la información sobre estrategias intersectoriales sugerimos que, en vista de que los tres programas de promoción regional (CUD, PIDER y COPLAMAR) tienen objetivos semejantes y ámbitos de acción similares, deben consolidarse en un programa integral de apoyo regional que contribuya a la descentralización de la vida nacional.

Asimismo, esta Comisión instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda a través de su Comisión de Vigilancia para que:

- Determine las irregularidades habidas y proceda a promover su corrección y la sanción que de acuerdo con las leyes corresponda.

- Profundice en el examen de las entidades y dependencias cuyo comportamiento financiero amerite un examen de mayor cobertura, así como un seguimiento estrecho sobre el rumbo que tomen sus finanzas.

- Ejercer las acciones que le corresponden en materia de responsabilidades y de seguimiento a las recomendaciones que formule la Cámara de Diputados y realice, dentro de la esfera de su competencia, los seguimientos a las mismas hasta su consecución, para que se dé cuenta a esta Representación Popular de los resultados obtenidos de su participación.

- Realice un mayor número de revisiones, inspecciones y auditorías y se vigorice su coordinación con los mecanismos de auditoría y control del Poder Ejecutivo.

- Acentúe la vigilancia sobre la corrección de las cifras de las contabilidades y la necesidad de que éstas se lleven al día y se realicen acciones sistemáticas para que la contabilidad

patrimonial se ligue y engrane con la presupuestal.

Las observaciones anteriores acreditan la necesidad de que el Ejecutivo Federal instrumente el Sistema Nacional de Control, Fiscalización y Evaluación. Por su parte la Cámara de Diputados fortalecerá a la Contaduría Mayor de Hacienda con mayores recursos a fin de reforzar el desarrollo de sus actividades.

Para contribuir a este objetivo, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y la Dictaminadora analizarán cuidadosamente la Ley Vigente que rige a este Órgano Técnico a fin de proponer oportunamente las reformas y adiciones que le permitan cumplir de manera más expedita y eficiente las labores de fiscalización, vigilancia y control que tiene encomendadas.

La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de conformidad con lo anterior y en atención a los datos y comentarios generales a que se refiere el Informe Previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en los artículos 70 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 25 y 45 a 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 2o., 11 y 20 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1982; 6o., 7o., 9o. y 13 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1982; y demás relativos de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1982

Artículo 1o. Se presentó para su revisión la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Presupuestal de 1982, en el tiempo y la forma que establece la Legislación aplicable, con la información financiera, presupuestal, programática y económica en la que se muestran los resultados de las acciones de las dependencias y entidades comprendidas en dicho presupuesto.

Artículo 2o. Se revisó la documentación recibida en ejercicio de las atribuciones constitucionales de fiscalización de la gestión pública, complementando el análisis con la información rendida por la Contaduría Mayor de Hacienda de conformidad con las facultades y obligaciones que determina su Ley Orgánica.

Artículo 3o. Se conocieron los resultados de la gestión financiera analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público Presupuestario consolidado e individualmente por cuanto hace a dependencias y entidades.

Artículo 4o. Se hizo la comprobación de que el ejercicio presupuestal de dependencias y entidades de control presupuestario directo, se ajustara a los criterios legales aplicables.

Artículo 5o. Se evaluó el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas sectoriales y estrategias intersectoriales previstos en el presupuesto.

Artículo 6o. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de los artículos 11 y 13 de su Ley Orgánica, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que proponga a la Secretaría de Programación y Presupuesto las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas; así como para que dicte las medidas correctivas procedentes, para lo cual se recomienda:

- Sistematizar en el mediano plazo la aplicación de criterios para la reexpresión de los estados financieros de los organismos y empresas incluidos en el Presupuesto para actualizarlos a las condiciones presentes de la economía, y realizar un seguimiento permanente de su avance, incluyendo en el tomo de Resultados Generales el análisis sobre dichos estados financieros.

- Continuar mejorando y enriqueciendo la información sobre la deuda pública, en particular los términos de contratación y su estructura a plazos.

- Afinar los instrumentos de seguimiento para la realización de inversiones referidos no sólo al aspecto financiero o de recursos, sino a la programación, ejecución, control y evaluación de la obra pública.

- Realizar acciones tendentes a la instrumentación de un registro sistemático de la información de los fideicomisos del Gobierno Federal, similar al Registro Unico de Transferencias (RUT).

- Realizar por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto una mayor supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las normas de contabilidad presupuestal de las dependencias y entidades del Sector Público.

- La secretaría de Programación y Presupuesto deberá incluir en la próxima Cuenta Pública un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias de la Cámara de Diputados.

Artículo 7o. La Contaduría Mayor de Hacienda en la forma prevista en la fracción XIII del artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos de análisis e interpretación de la Cuenta Pública para la elaboración

del Informe Previo y el calendario a que está sujeto; así como las necesarias para reforzar e incrementar la cobertura y alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias; para formular los pliegos de observaciones y promover el financiamiento de responsabilidades, y las que le permitan el seguimiento de las acciones que ejercite.

Artículo 8o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1982 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Artículo 9o. Remítase al presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiere lugar, instruyéndola para que dentro del término de ley rinda el informe de Resultados correspondientes.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México. D. F., a 3 de diciembre de 1983.

Los diputados miembros de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública.

Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa".

ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO 1

EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Millones de pesos )

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CUADRO 2

EXPLICACIÓN DE LA DISCREPANCIA ENTRE EL GASTO PUBLICO

EJERCIDO Y EL PRESUPUESTADO

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CUADRO 3

GASTO PROGRAMABLE

( Millones de Pesos . )

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CUADRO 4

CONSOLIDADO DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

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CUADRO 5

CONCILIACIÓN EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

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CUADRO 6

EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, SEGÚN ESTADOS CONTABLES.

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CUADRO 7

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS DEL SECTOR PARAESTATAL

DE 1977 A 1982

(Pesos)

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CUADRO 8

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

(Participación Porcentual)

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CUADRO 9

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Millones de Pesos )

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CUADRO 9 - A INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Millones de Pesos )

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CUADRO 10

CONCILIACIÓN INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 10 - A

EGRESOS E INGRESOS CONSOLIDADO

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 11

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

( Millones de Pesos )

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CUADRO 12

AHORRO CORRIENTE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 13

DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 14

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

( Miles de Millones de Pesos )

Cifras Brutas

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CUADRO 15

ENDEUDAMIENTO NETO MONETARIO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

( Millones de Pesos )

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CUADRO 16

ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 17

Análisis de la Variación del Saldo de la Deuda del Sector Público Presupuestario

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 18

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 19

DEUDA CO LIDADA POR SU ORIGEN

SALDOS

(Millones de Pesos)

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CUADRO 20

DEUDA DEL SECTOR PRESUPUESTARIO POR INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA

SALDOS 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 21

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO POR TIPO DE MONEDA 1

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 22

COMPATIBILIZACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA

(Millones de Pesos)

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CUADRO 23

SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1/

Amortización, Intereses, Comisiones y Gastos

(Miles de Millones)

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CUADRO 24

GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 25

ADEACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL -

EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

1982

(Millones de Pesos)

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CUADRO 25 - A

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CUADRO 25'B GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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(Millones de Pesos)

CUADRO 25' - C

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 26

CONCILIACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS 1982

( Millones de Pesos )

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CUADRO 27

SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS

( Millones de Pesos )

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CUADRO 27 - A

( MILLONES DE PESOS )

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CUADRO 28

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADAS PRESUPUESTALMENTE 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 28 - A

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 29

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

1 9 8 2

( Millones de Pesos )

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CUADRO 29 - A

( Millones de Pesos )

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CUADRO 30

GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 30 - A

( Miles de Millones de Pesos )

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CUADRO 31

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

( Participación Porcentual )

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CUADRO 32

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

(Millones de Pesos)

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CUADRO 33

INGRESOS TRIBUTARIOS

( Millones de Pesos )

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CUADRO 34

Ingresos Tributarios

(Participación Porcentual)

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CUADRO 35

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO FEDERAL 1/

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 36

SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL

(Millones de Pesos)

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CUADRO 36 - A

(Millones de Pesos)

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CUADRO 37

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

(Miles de Millones de Pesos)

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CUADRO 38

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS EN

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

1982

(Millones de Pesos)

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CUADRO 39

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

1982

(Millones de Pesos)

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CUADRO 39 - A

(Millones de Pesos)

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CUADRO 40

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

(Millones de Pesos)

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CUADRO 40 - A

(Millones de Pesos)

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CUADRO 41

EGRESOS CORRIENTES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

(Millones de Pesos)

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CUADRO 41 - A

(Millones de Pesos)

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CUADRO 42

EGRESOS DE CAPITAL DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO 42 - A

( Millones de pesos )

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CUADRO 43

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ESCUELAS EMPRESAS

( Millones de pesos )

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CUADRO 44

INGRESOS ORDINARIOS PRINCIPALES ENTIDADES

(Millones de pesos)

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CUADRO 45

INGRESOS CORRIENTES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO 45 - A

( Millones de pesos )

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CUADRO 46

INGRESOS DE CAPITAL DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR ENTIDAD 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO 46 - A

( Millones de pesos )

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CUADRO 47

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DE

ORGANISMOS Y EMPRESAS

(Millones de Pesos )

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CUADRO 48

DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO POR ENTIDAD

( Miles de Millones de pesos )

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CUADRO 49

SERVICIO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

POR SU ORIGEN

( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 1

CONCILIACIÓN DEL GASTO SECTORIZABLE 1/

( Miles de Millones de pesos )

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CUADRO IV. 2

GASTO SECTORIZABLE 1/

(Miles de millones de pesos)

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CUADRO IV. 3

GASTO SECTORAL

(Participación Porcentual)

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CUADRO IV. 4

SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 1/

(Millones de pesos)

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Cont...

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 5

PRINCIPALES METAS DE RESULTADOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

FORESTAL Y PESQUERO, 1981 Y 1982

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CUADRO IV. 6

PROGRAMAS DE S A R H 1/

(Millones de Pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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cont...

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 7

SECTOR SARH

Programas FY, FF Y 3D

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cont...

SECTOR SARH

Programas FY, FF Y 3D

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SECTOR SARH

Programas FY, FF Y 3D

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CUADRO IV. 8

PROGRAMAS DE PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 9

PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS

Programa: HC

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CUADRO IV. 10

PROGRAMAS DE FOVIGRO 1/

( Millones de pesos )

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CUADRO IV. 11

FORVIGRO

Programas HC

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CUADRO IV. 12

PROGRAMAS DE INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ I/

( Millones de pesos )

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CUADRO IV 13

INMECAFE

Programa R2 Y FW

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CUADRO IV. 14

PROGRAMAS DE S.R.A. 1/

( Millones de pesos )

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cont...

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CUADRO IV. 15

SECTOR SRA

Programas GW, FE, GY, GT, GZ

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SECTOR SRA. Programas: GW, FE, GY, GT, GZ

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SECTOR SRA

Programas GW, FE, GY, GT, GZ

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SECTOR SRA

Programas: GW, FE, GY, GT, GZ

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CUADRO IV. 16

PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE PESCA 1/

(Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 17

SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 Y HI

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SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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SECTOR PESCA

Programas: H1, H8, H9 y HI

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CUADRO IV. 18

PROGRAMAS I E PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS, S. A. DE C. V.

E INDUSTRIAS PESQUERAS PARAESTATALES DEL NOROESTE. 1/

(Millones de Pesos)

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CUADRO IV. 19

PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS S. A. DE C. V.

Programas: R3, LK y H8

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PRODUCTORES PESQUEROS MEXICANOS

Programas: R3, LK y H8

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PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS

Programas: R3, LK y H8

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CUADRO IV. 20

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1/

(Millones de pesos )

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(Millones de pesos )

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(Millones de pesos )

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CUADRO IV. 21

PROGRAMAS DE S. C. T. 1/

(Millones de Pesos )

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(Millones de pesos )

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(Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 22

SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas PH, Q1, PI, OW.

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CUADRO IV. 23

FERROCARRILES NAL. DE MÉXICO Y FF. CC. UNIDOS DEL SURESTE, S. A DE C. V. 1/

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 24

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y FERROCARRILES UNIDOS DEL SURESTE, S. A DE C. V.

Programas QA, QB

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FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y FERROCARRILES UNIDOS DEL SURESTE, S. A. DE. C. V.

Programas: QA y QB

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CUADRO IV. 25

PROGRAMA DE AEROMÉXICO, S. A. 1/

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CUADRO IV. 26

AEROMÉXICO, S .A.

Programa QO

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CUADRO IV. 27

PROGRAMAS DE A. S. A. 1/

(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 28

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.

Programa: QL.

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CUADRO IV. 29

PROGRAMAS DE SCT DESARROLLADOS POR SAHOP

Programas : OI, OK, IU

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PROGRAMAS DE SCT DESARROLLADOS POR SAHOP

Programas: OI, OK, IU

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CUADRO IV. 30

SECTOR COMERCIO 1/

(Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 31

PROGRAMAS DE LA S E C O M 1/

(Millones de Pesos )

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(Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 32

SECTOR SECOM

Programa R1

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SECTOR SECOM

Programa: R1

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CONASUPO

Programa R1

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CUADRO IV. 33

PROGRAMA DE C O N A S U P O

(Millones de pesos )

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CUADRO IV. 34

SECTOR BIENESTAR SOCIAL 1/

(Millones de pesos )

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(Millones de pesos )

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CUADRO IV. 35

PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 1/

(Millones de Pesos )

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(Millones de Pesos )

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(Millones de pesos )

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CUADRO IV. 36

SECTOR SEP.

Programas: 4x, 4y.

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SECTOR SEP

Programas: 4x, 4y

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SECTOR SEP

Programas: 4x, 4y

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SECTOR SEP

Programas: 4x, 4y

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SECTOR SEP

Programas: 4x, 4y

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SECTOR SEP

Programas: 4x, 4y

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CUADRO IV. 37

PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 1/

(Millones de pesos )

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(Millones de pesos )

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CUADRO IV. 38

SECTOR S. S. A. Programas: YV, YI, YU

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SECTOR S. S. A. Programas: YV, YI, YU.

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SECTOR S. S. A. Programas: YV, YI, YU.

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SECTOR S. S. A.

Programas: YV, YI, YU.

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SECTOR S. S. A.

Programas: YV, YI, YU.

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PROGRAMAS I M S S; I M S S - COPLAMAR 1/

(Millones de pesos)

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(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 40

IMSS

PROGRAMAS: 1B, 1E y ZX

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IMSS

Programas: 1B, 1E, y ZX

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IMSS

Programas: 1B, 1E Y ZX

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CUADRO IV. 41

PROGRAMAS DEL I S S S T E 1/

(Millones de pesos)

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(Millones de pesos)

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CUADRO IV. 42

I. S. S. S. T. E.

Programas; 1B, 1M, 1E, Y 1P

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I. S. S. S. T. E.

Programas: 1B, 1M, 1E, Y 1P

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CUADRO IV. 43

PROGRAMAS DE S. T. P. S. 1/

(Millones de Pesos)

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CUADRO IV. 44

SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT.

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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SECTOR ST y PS

Programas WN y WT

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CUADRO IV. 45

SECTOR INDUSTRIAL

( Millones de Pesos )

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( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 46

PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 47

SECTOR SEPAFIN

Programas: I0, IM

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SECTOR SEPAFIN

Programas: I0, IM

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CUADRO IV. 48

PROGRAMAS DE PEMEX 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 49

PEMEX

Programas: 01 y 03

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PEMEX

Programas: 01 y 03

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CUADRO IV. 50

PROGRAMAS DE C. F. E. 1/

( Millones de Pesos )

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CUADRO IV. 51

C F E

Programas K7, K6, LA

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CUADRO IV. 52

PROGRAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

( Millones de Pesos )

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( Millones de Pesos )

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(Millones de pesos)

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FERTILIZANTES MEXICANOS, S. A.

Programa MD

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FERTILIZANTES MEXICANOS, S. A.

Programa MD

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CUADRO IV. 54

D I E S E L, S. A.

Programa M9, NA

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CUADRO IV. 55

SIDERÚRGICA NACIONAL, S.A.

Programa: NG

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CUADRO IV. 56

CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL, S.A.

Programa M8

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CUADRO IV. 57

S I C A R T A S A

Programa MV

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La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la segunda lectura al dictamen.

La C. Presidenta: - Con fundamento en el artículo 108 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a través de la C. diputada Irma Cué de Duarte, para explicar los fundamentos de su dictamen.

La C. Irma Cué de Duarte tiene el uso de la palabra.

"Honorable Asamblea: Comparezco ante ustedes a nombre de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública para exponer las razones que motivaron a esa Comisión en la formulación del dictamen que hoy se pone a discusión de esta representación nacional.

La Cuenta Pública de 1982, que hoy se revisa, es un medio de evaluación que refleja la situación económica y las medidas adoptadas para afrontarla, pero no es el único instrumento con que se cuenta para tal fin y aun cuando contiene diversos instrumentos de política económica y del que hacer gubernamental, no los incluye a todos.

La Cuenta Pública es articulada por una dependencia del Ejecutivo Federal y contiene los juicios que en concepto de las entidades ejecutoras del gasto fueron determinantes de tal o cual situación; contiene igualmente el resultado de las auditorías practicadas por los órganos externos y los comentarios de dependencias coordinadoras y globalizadoras.

La Cuenta Pública Federal en un documento que contiene el desglose de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, en subprograma, acciones y metas, y realiza la comparación entre lo ejercido y lo programado; asimismo, incluye los comentarios que las dependencias del Poder Ejecutivo y las propias entidades estiman pertinente especificar, con objeto de detalles si hubo o no modificaciones durante el ejercicio y las causas que, en su concepto, incidieron en los resultados finales.

La Cuenta Pública de 1982 informa que se aumentó el control indirecto de 451 entidades coordinadas, en 1981, a 507 en el año fiscal que hoy se revisa, y sobre el ejercicio de recursos en ramos nuevos creados en el presupuesto correspondiente. De este modo, se establece mayor congruencia entre cuenta y presupuesto aportando la primera información cuantitativa sobre los estados financieros, presupuestarios y económicos consolidados del Gobierno Federal y de los organismos y empresas, así como información sobre cada sector, mencionando los recursos y las modificaciones más importantes; incluye también un anexo de agregados económicos donde sistematiza la contribución del sector público en la actividad económica.

La Cuenta Pública corresponde a un ejercicio en que fallaron todos los pronósticos a nivel internacional y nacional. Así, dependencias y entidades del Sector Público e integrantes de los sectores de la economía a nivel privado y social, también realizando previsiones que fueron evidentes superadas en el primer cuatrimestre de 1982.

En el ámbito interno, desde el primer mes de 1982, las presiones especulativas empezaron a socavar la posibilidad de cumplimiento de las condiciones previstas originalmente, situación que ratificó el mes de febrero de ese año, cuando el Banco de México se vio obligado a retirarse del mercado cambiarlo. Al no cumplirse la previsión del tipo de cambio, tampoco pudo cumplirse el propósito de infracción, ni el de aumento de salarios, ni el de pago de servicios de la deuda, tasas de interés y precios de materiales y equipos.

En consecuencia, era imposible cumplir en sus valores nominales el presupuesto.

Al no presentarse los presupuestos que sustentaron la política económica diseñada en diciembre de '81, hubo que introducir importantes medidas de ajuste, a saber: disminución del 3 y 8% del presupuesto; congelación de precios de productos básicos por 90 días; medidas para cubrir pérdidas cambiarías a empresas endeudadas en dólares; reducción arancelaria para productos básicos, materias primas y equipo, y una nueva política de tasas de interés para evitar salidas especulativas de divisas.

La situación internacional adversa no pudo ser compensada con políticas internas y se hicieron patentes problemas de carácter y estructural, ocasionado la caída de la producción y el fomento del desempleo, hubo también deterioro en los niveles de vida, incremento en los índices de precios, contratación del comercio exterior y desequilibrio en las finanzas públicas y en el mercado de cambio. La resultante final es de todos conocida: la peor crisis económica en los últimos 50 años.

La comisión testimonia que aun dentro de este grave problema, los rectores presupuestales exceptuaron el servicio de la deuda, los servicios personales y las participaciones a estados y municipios, lo que permitió cumplir los compromisos establecidos, y que estados y municipios no detuvieren la obra pública básica.

La fiscalización que se realiza a través de la revisión de la cuenta pública constituye una forma de control externo del ejercicio del presupuesto. El Poder Legislativo, a través de la revisión de la cuenta pública constituye una forma de control externo del ejercicio del presupuesto. El Poder Legislativo, a través de las leyes tributarias y financieras y del presupuesto de egresos, establece tanto las fuentes como los destinos del tributo y del crédito público; y las dependencias y entidades desarrollan los programas contenidos en el presupuesto.

En este contexto, los miembros que elaboraron el dictamen juzgaron conveniente deslindar de una manera precisa los distintos aspectos, etapas y órganos que intervienen en el proceso de revisión de la cuenta, en la inteligencia de que dicho proceso queda claramente definido a partir de la reforma constitucional de 1977.

Es imperativo enfatizar la misión que la norma primaria otorga a la Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Pública, en virtud de que en no pocas ocasiones, el sentido y alcance que tiene esta atribución constitucional, no ha sido comprendida en su justa dimensión y que es de una gran riqueza técnico constitucional, en cuanto involucra a distintos órganos de esta Cámara y constituye un proceso singular e innovador en nuestro derecho público. Hasta 1977 no existía deslinde de tareas entre los diversos órganos que participan en la revisión y análisis de la Cuenta Pública, esto es, funciones como ahora las hay del Pleno de la Cámara y sus comisiones legislativas, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Con las reformas al artículo 74 constitucional de ese año se precisó con toda nitidez que al pleno corresponde conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el gasto se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas desarrollados por la administración pública durante el ejercicio en examen.

De igual forma es materia de la fiscalización contable el dictamen de la correspondencia o discrepancia entre lo gastado por la administración y lo autorizado por la Cámara de Diputados en las partidas del presupuesto .

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos atribuye a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública la elaboración del dictamen sobre esta última, y faculta a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para conducir a ese órgano técnico en los trabajos de fiscalización que sobre la cuenta debe realizar.

La comisión, que aquí represento, ha formulado el dictamen y lo presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, y las funciones de éste son las de discutir la Cuenta Pública a partir del dictamen elaborado por la Comisión Legislativa. Su propósito, acorde con su naturaleza de asamblea deliberante, es el de formular un juicio sobre los efectos políticos, económicos y sociales, resultantes de la ejecución del presupuesto.

Siendo el presupuesto uno de los instrumentos centrales de la Política Económica, el análisis de su ejercicio a través de la revisión de la Cuenta Pública comprende, necesariamente, la formulación de un conjunto de apreciaciones sobre los efectos de su ejercicio sobre la economía, sobre la estructura productiva y sobre la composición misma del todo social. El impacto del ejercicio del presupuesto conduce, necesariamente a que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca y se pronuncie sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, así como para que aprecie la eficiencia o ineficiencia de la gestión financiera y administrativa desarrollada por las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de egresos correspondientes.

A la contaduría Mayor corresponde, según establece el artículo 74 de la Constitución General, verificar si las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas en el presupuesto, así como la exactitud y justificación de los gastos hechos.

Si de las investigaciones practicadas resultase que las irregularidades detectadas por el análisis contable fueron la ocasión o motivo para que se verificasen faltas administrativas, se causaren daños civiles o perpetrasen ilícitos penales, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá realizar lo conducente a la determinación de sus responsabilidades. De estas acciones, la Contaduría Mayor de cuenta al Pleno en el Informe de Resultados, presentados a través de la Comisión de Vigilancia.

Es mediante estas acciones, resumidas en el informe de resultados, como la Cámara de Diputados cumple con el fincamiento concreto de responsabilidades.

Es menester dejar establecido con precisión que el modelo de desarrollo social imperante está fundado precisamente en nuestros principios constitucionales y, por tanto, no debe variar en lo sustancial. El énfasis de la actividad gubernamental es el que atiende a prioridades que son cambiantes. Todos los partidos al discutir la Cuenta Pública de '81, coincidimos en la necesidad de mayor disciplina presupuestal, un programa de combate a la inflación, mayor apoyo al Sector Social de la economía e información trimestral sobre el ejercicio del gasto. Todos estos requerimientos están comprendidos en ordenamiento y en los programas inherentes al Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno, bien es cierto se inspira en la ideología del Partido Revolucionario Institucional, pero su compromiso es servir a la ciudadanía independiente de la postura partidista que cada habitante detente. La democracia es un sistema que aliente la apertura a la autoevaluación, y a la crítica que aporta sugerencias y recomendaciones que hacen factible en mayor medida el mejor cumplimiento de atribuciones.

La Comisión desea dejar constancia de que el dictamen señala errores y aciertos, siendo en su concepto mayores los segundos, e igualmente que contó con todos los elementos de conocimiento requeridos para formular el dictamen.

Las recomendaciones que contiene el dictamen las suscribe, porque está cierta de que el cumplimiento de las mismas ayudará en la prevención de posibles anomalías en el ejercicio del gasto.

Además, la Cámara continuará fortaleciendo a su Contaduría Mayor de Hacienda, con objeto de que disponga de los instrumentos suficientes para cumplir de manera eficiente las funciones que la Constitución y las leyes le señalan.

El dictamen, que hoy se pone a consideración de esta H. Asamblea, es el resultado de un estudio político, jurídico, económico, técnico, realizado a fondo y se presenta con la objetividad que debe corresponder a una comisión dictaminadora. Está ciertamente valorado, pero los juicios en el contenido, corresponden a la integridad profesional y cabalidad política de quienes lo elaboraron y suscribieron. Es severo en la presentación y alentador en cuanto a que aporta sugerencias inferidas de la experiencia.

Mi partido, el Revolucionario Institucional, representado en la mayoría de esta Cámara, responde a la confianza ciudadana instruyendo a sus militares a actuar con verdad, convencido de que la democracia que eligió el pueblo de México y que expresó en su sistema de división de poderes debe ser cumplido por cada uno en el poder en que actúan, para acceder así a hacer vigentes nuestros válidos principios constitucionales en justicia social." Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguientes CC. diputados: Juan José Hinojosa, por el Partido Acción Nacional; Rolando Cordera Campos, por el Partido Socialista Unificado de México; David Lomelí Contreras, por el Partido Demócrata Mexicano, y Héctor Ramírez Cuéllar, por el Partido Popular Socialista.

Y para hablar en pro, los siguientes CC. diputados: Ricardo Govela Autrey, del Partido Socialista de los Trabajadores y Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Juan José Hinojosa.

El C. Juan José Hinojosa: - Con su venia, señora Presidenta: Otra vez, para bien, alterno en la tribuna con Irma Cué; alternar para coincidir o para discrepar siempre es grato si el denominador común es la buena fe política y la inteligencia ideológica.

Y es evidente y de ninguna manera sorpresivo que vamos a discrepar y debemos convocar a que este debate busque en la discrepancia la búsqueda inteligente y honrada de la coincidencia, por lo menos, en la identificación de las áreas que nos separan, para fortalecer y acortar los caminos en las áreas que nos pueden unir.

Es evidente que la discusión de la Cuenta Pública implica uno de los instantes más deslumbrantes en el oficio, legista sintiendo la responsabilidad agrumadora de legislar para el decoro, la alegría el bienestar y la pacífica convivencia de los mexicanos en los marcos del derecho. La otra vertiente, reservada a la Cámara de Diputados, corresponde a fijar en la aprobación o el rechazo del presupuesto, las normas del gasto y en la aprobación de la Ley de Ingresos, el origen y la fuente de los impuestos; después, este debate, la Cuenta Pública que al fin de cuentas es, debe ser - y comparto los puntos de vista de Irma en la definición de los marcos del debate - , ocasión para confrontar el presupuesto con lo realizado, identificar las desviaciones y al mismo tiempo y tal vez lo más importante, porque desborda lo estrictamente procesal, el juicio político sobre el manejo de las finanzas por el titular del Poder Ejecutivo.

En el brevísimo espacio de los 30 minutos, en la terrible angustia del discreto papelito que pasa la Presidencia, para recordarnos que se están agotando, tenemos que abandonar una serie de datos deslumbrantes, que valdría la pena traer a presencia en el debate y plantear en inteligencia, en buena fe política los grandes marcos del juicio sobre la Cuenta Pública. Sobre todo a la respuesta responsable al oficio de diputados, para ser en lo individual representante de un distrito que desborda con mucho oficio minúsculo de la gestoría para convertirse en el cuerpo colegiado que gestiona desde aquí, a través de la Ley y del juicio, sobre el manejo de las finanzas, las posibilidades viables, reales, de convivencia, de tranquilidad y de bienestar para los mexicanos que nosotros representamos .

Esta Cuenta Pública es sin duda alguna una Cuenta Pública extraordinariamente publicitaria, desde el gobierno ha abundado la información: a partir del 1o. de diciembre de 1982 los secretarios de Estado han insistido a través de discursos, comparecencias, declaraciones , ruedas de prensa, en la amplia información sobre los antecedentes de la crisis más severa que este país ha padecido en los últimos 50 años.

A veces, inclusive en sus declaraciones o en sus afirmaciones, han tocado las fronteras de lo apocalíptico y han desgranado objetivos sobre aterrador, desastroso. Es, sin duda alguna, el antecedente de una crisis. En la información desde el Gobierno como trinchera legítima de información, desde los espectadores del acontecer nacional, que a través de la escritura o de la palabra lo enjuician en el alfabetismo y la inquietud política, el cruce de todas las pasiones, a veces la desesperación, a veces la irritación y en ocasiones la ira, y en el cruce de todas estas pasiones, a veces el morbo. Hay quienes desde la desesperación y desde la irritación, desearían el juicio político de los responsables de la crisis, y tal vez frente a la cuestionable o tal vez ilegítima exigencia debiera preguntarse: ¿Y el juicio político a los responsables de la crisis, realmente será el recurso más inteligente, eficaz y adecuado para el planeamiento de lo esencial, que al fin de

cuentas ya lo afirma la sabiduría popular: "Agua pasada ya no mueve los molinos". Sino para el planeamiento hacia el futuro en la exigencia densa de aspiración de que nunca más volvamos a caer en una crisis se la profundidad, de las dimensiones de la crisis desatada en 1982?

Hay que entender, el '82 no se puede aislar como génesis de la crisis; el '82 solo, ni desata, ni acelera, ni explica la crisis. Viene de atrás. Venía por lo menos desde los últimos tres años. Las luces ámbares estaban claramente encendidas y marcaba la urgencia del examen y de la rectificación inmediata. El déficit era creciente: Ya en 1981 alcanzaba sobre el producto interno bruto relación sin precedente en la historia del manejo de las finanzas del país; ya en 1982 llega a la cifra espectacular del 18%; se mantenía una paridad de artificio. Dicen los economistas, es un lenguaje que los profanos batallamos para trasladar de los crítico a lo corriente y fácil de entender, que la paridad es en un altísimo peso específico la relación entre la inflación doméstica y la inflación del país con el que se comercia en mayor intensidad.

En el caso de México la definición es muy fácil de entender y su traducción matemática es sencilla: El 80% de la deuda la tenemos con los Estados Unidos; con los Estados Unidos tenemos el 100% de las transacciones fronterizas, el 90% del turismo, el 75% de las exportaciones y el 70% de las importaciones. La inflación se mantenía en México presente y encendía las luces de alerta, frente a la inflación de los Estado Unidos y tal vez con un criterio aferrado a parámetros que se prometio abandonar, como que la paridad del peso debiera dejar de ser tabú para convertirse en promoción económica, el Gobierno se aferró a mantener un deslizamiento que de ninguna manera correspondía a la discrepancia cada vez más abierta y más profunda, entre nuestra inflación y la inflación externa. Y no obstante que el Gobierno sabía que la paridad era de artificio y que tarde o temprano la paridad no se iba a mantener por decreto y por voluntad política, sino que tenía que sincerarse la economía para que la paridad tomara su nivel correcto, no obstante estos datos que apuntaban al riesgo, el Gobierno, el '81 y el '82 de manera especial el '81, crece espectacularmente el endeudamiento externo y al crecer espectacularmente el endeudamiento externo ya estaba planteando el riesgo de que al tomar las aguas su nivel y la relación peso - dólar, su relación otordoxa y correcta, tendría que ser pagado a un altísimo precio que ha alimentado la crisis del '82.

El endeudamiento externo se desborda en '81, lo vimos en la discusión del año pasado, el Gobierno, en '82, al cerrarse las fuentes de financiamiento externo acude en desesperación y en abuso al endeudamiento interno con altas tasas de interés. Ya el propio dictamen lo subraya, recurrió también a la impresión indiscriminada de moneda, hizo esfuerzos desesperados para disminuir el déficit, primero se planteó un 3%, después un 8%, sin embargo el esfuerzo para disminuir el déficit contrastó con una serie de contradicciones en las medidas tomadas por el Gobierno, que lejos de disminuir el déficit le daban virulencia y, en el desenlace, la descripción de la crisis, tal vez un día en criterio minusculista o literal se busque para la historiografía un inventario de los adjetivos sobre la crisis del, '82, procedentes de todas las fronteras. Pero la crisis pudo evitarse o por lo menos emparentarse, es correcto lo que el dictamen afirma, no somos país aislado en invernadero, ajeno a los vendavales del exterior, pero tampoco podemos coincidir en darles a los vendavales del exterior un peso específico excesivo, sobre la virulencia de la crisis; debemos buscar el equilibrio, se pudo evitar, por lo menos se pudo atemperar y sólo había en los mecanismos constitucionales un recurso, una herramienta, un poder que pudo levantar la voz alerta y oportuna para atemperar la crisis, y ese poder el Congreso, y por ser un problema de finanzas públicas, por ser una crisis económica, la Cámara de Diputados. Y el Congreso, esta Cámara no encendió oportunamente las luces ámbar, no levantó la voz de alerta.

El examen del Diario de los Debates sobre la discusión de las cuentas públicas del '79, del '80 y del '81 nos da la certidumbre de una defensa tenaz, apasionada, insistente, de la política del Ejecutivo en materia de finanzas públicas, a los cuestionamientos surgidos desde la oposición, la respuesta apasionada, densa de carga partidaria para defender al Ejecutivo en el manejo de sus finanzas. Cada discusión de la Cuenta Pública fue un instante espléndido, su vigor, su majestad y su poder para, en honestidad política encender las luces ámbar, cuestionar la política financiera, subrayar las desviaciones , dialogar en buena fe, de igual, para hacer posible que la carrera desbocada del endeudamiento, de la inflación, de todos los datos económicos que generaran la crisis se atemperaran en oportunidad. Y no se hizo, y tal ves por lo menos en mi perspectiva personal - y esto quisiera que fuera el énfasis esencial de mi intervención - , porque se continúa en ese sufemismo intelectual y político, en esa frontera no calificada, entre colaboración entre poderes y divisiones de poderes.

Discrepar entre poderes no es reñir, no es disputar, no es el enfrentamiento insolente e ineficaz del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo; discrepar es válido en la vida personal, es válido en la vida política, es valido en la división de poderes, es buscar por los caminos de la inteligencia la identificación de las áreas para, en el diálogo, no en la yuxtaposición de monólogos, el diálogo, que es apertura para buscar en buena fe el consenso , señalar errores y desviaciones, para que a través

del diálogo inteligente iluminado, generoso, lucido, se encuentren las soluciones oportunas y el Congreso, de la Cámara de Diputados conste, y lo subrayo , no digo los Diputados porque eso se vuelve anecdótico, habla del poder - institución, de la Cámara de Diputados en las definiciones constitucionales, prefirió refugiarse en densa carga partidaria, en la colaboración irrestrica de los poderes, renunciado a transmitir sobre los difíciles caminos de la discrepancia.

Si esta Cámara, si la Cámara de Diputados hubiera levantado la voz discrepante, iniciado en su oportunidad el diálogo, encendido las luces ámbar dialogando con el con el Ejecutivo sobre el desbordamiento del poder hasta los límites de la omnipotencia; si la Cámara de Diputados hubiera asumido su función de freno y contrapeso en la voluntad del Presidente para el manejo de las finanzas públicas, en la soledad de su despacho, por sí y ante sí, en el inventario de las frases que concentran el poder excesivo en la persona del Ejecutivo, es evidente que la crisis se hubiera atemperado.

Sería un exceso de optimismo y tal vez falta de honestidad intelectual atribuir a la división de poderes los mágicos poderes, la panacea o el bálsamo de Fierabrás para curar la crisis, pero es evidente que se hubiera atemperado y es desde el propio Gobierno donde, a partir del 1o. de diciembre de 1982 se reprocha insistentemente el manejo ineficaz, frívolo, derrochón. aterrados, temerario, de las finanzas públicas . Pero fue tardío el reproche, tardío el encendido de las luces, porque ya la crisis nos abrumaba.

Tal vez el debate y el recurso legítimo me traigan a presencia a la tribuna alguna frase desmayada, deslizada en el Diario de los Debates; tal vez se nos indique que en los decretos del '70, del '80 y del '81 se señalaron al Ejecutivo algunas normas, pero sobre la frase desmayada permanece el discurso que se excede en la interpretación de la colaboración, del discurso que olvida la excelencia de la división de poderes. Sobre todo la profundidad, la magnitud de la crisis, no pedía respuestas desmayadas, para que se quedarán perdidas en un rincón del Diario de los Debates , exigía lanzar a la intemperie los problemas, discutirlos frente al pueblo, escuchar las voces sensatas que ya señalaban con claridad y no se necesitaba exceso de sabiduría para entender que el Ejecutivo se desbordaba en omnipotencias en el manejo de las finanzas. Se manifestaba frente a la televisión, pero no se manifestaba frente a los diputados. Y los diputados pudieron, debieron, y esta es la elección que por el poder de México debemos recoger: Sacar a la intemperie el precepto constitucional de la división de poderes. La división de poderes, que en frase de sabiduría se define con una exactitud excepcionalmente luminosa, entre ellas, la colaboración, no es dislocación. La colaboración entre los poderes no implica que el Poder Legislativo pretenda bloquear las posibilidades de sus atribuciones. Al fin de cuentas, la Constitución que nos rige establece un régimen presidencialista.

Carranza, don Venustiano - perdón, con respeto en el claroscuro del balance - permitió modificaciones sustanciales al derecho del trabajo. Permitió que el liberalismo, cuyos residuales todavía en México aleteaban, saturara capítulos como el 130 de la Constitución; pero fue intransigente al, mantener el contenido presidencialista. Ya es evidente que un presidencialismo con poder irrestricto es un grave riesgo para las instituciones y para la vida misma del país.

Y los que aconteció el '79, el '80, el '81 y el '82 cuyo desenlace es esta crisis, es que no hubo freno ni contrapeso al presidencialismo constitucional. Hay palabras bellas y sabias, asegurar que el Gobierno sea de leyes y no de hombres , y el poder irrestricto en manos del Ejecutivo revierte los valores y convierte al Gobierno de hombres y no de leyes.

Es, en frase más refinada, tal vez más teológica, el curso de todos los órganos que constituyen al personal del Estado. ¡ Para que se sume los unos a los otros? Para dar a cada quien lo que es debido.

Hoy, a fin de cuentas, hay coincidencia. El dictamen es excepcionalmente severo un solo párrafo determina la magnitud y la medida de la severidad.

Dice el dictamen: "En consecuencia - a propósito del gasto - se redujo su productividad manifestada en la terminación de proyectos de menor prioridad relativa, mientras otros más importantes quedaron inconclusos, se propició se derroche, se relajó la disciplina, hubo deshonestidad en su ejercicio y se divorcio de las prioridades del desarrollo nacional".

Es evidente que no hay procedentes en el Diario de los Debates de un juicio más severo en un dictamen de la Cuenta Pública en torno al manejo de las finanzas por el Ejecutivo, pero tal vez se le reste peso específico de rectificación honrada o de remordimiento profundo en la coincidencia de enjuiciar a un titular del Poder Ejecutivo que ya no lo es; pero, seamos optimistas, recojamos este juicio severo y demos la oportunidad de rectificación, y vamos a recoger la lección, de manera especial, la mayoría y permítanme la insistencia en un tema: ¿ Qué es la mayoría ? La mayoría no es, no puede ser inventario soberbio de votos; la mayoría no es, no puede ser titular dogmático de la verdad política; la mayoría es desafío, responsabilidad, servicio al, pueblo mexicano; y en este marco debemos todos recoger la lección, entender que sólo en la división, de poderes, en la limitación del poder excesivo, en el temperamento del exceso se puede evitar la reincidencia en el derroche, en la frivolidad y en la vanidad para hacer entender que sólo el poder puede detener al poder. Vamos a hacer de aquí hacia adelante,

es cierto que "agua pasada no mueve molino", pero también es cierto que es el agua pasada la que hizo posible la existencia del molino con su fértil cosecha de pan en las mesas.

La historia es, al fin de cuentas, recoger el claroscuro de los hombres que por ella transitan, recoger los defectos para proyectar las virtudes.

Resulta intrascendente, al fin de cuentas, el voto en pro o en contra frente a un dictamen que habilidosamente, inteligentemente, busca un equilibrio entre evitar el enfrentamiento sobre el juicio y al mismo tiempo hacer concesiones al fracaso. Pero lo importante es, y este debe ser el mensaje, y esta debe ser la lección, y este debe ser nuestro testimonio en los años que nos faltan de diputados, y este debe ser el testimonio para la historia de México, que nunca más el Poder Legislativo renuncie a su poder para que sea y se eviten crisis como las de hoy, que agobian al pueblo y son herida, dolor, tragedia, angustia en los mexicanos. Rehabilitando y dándole fuerza, vigencia y vigor a la frase de Montesquieu: "Que sea el poder quien detenga al poder". Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Rolando Cordera Campos, del Partido Socialista Unificado de México, en contra.

El C. Rolando Cordera Campos: - Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados. Iniciamos nuestro examen colectivo y plenario de la Cuenta Pública de 1982 en un contexto sumamente desfavorable, dominado por la intención de pasar juicio publicitario al pasado, probablemente con el propósito de apoyar de manera irresponsable, porque se está manipulando a la conciencia pública, lo que poco a poco va convirtiéndose en un mero slogan y en, también, instrumento persecutorio por parte de algunos grupos burocráticos minoritarios, me refiero al planteamiento de la renovación moral.

Nosotros lamentamos que el antecedente inmediato a nuestro debate haya sido esta apresurada, masiva, indiscriminada, superficial y atrabiliario avalancha de juicios sobre lo que le pasó a la economía, sobre lo que hizo el Gobierno y sobre lo que no hizo, hasta el grado de llegar a presentarnos ayer o antier la idea de que - lo cito textualmente - "la Cuenta Pública de JLP sería congelada". Creo que no podemos hacer caso omiso de este contexto, sopena de caer en lo que en alguna ocasión, planteaba, si no recuerdo mal, Bernardo Bátiz, en el sentido de que aquí nos comportamos muchas veces como si fuera de este recinto estuviera instalado el vacío. Venimos, pues, necesariamente a un acto político, de reflexión política, sumamente marcados y presionados por un manejo publicitario del objeto del debate que yo no temo en calificar de irresponsable.

Quisiera iniciar mi intervención planteando algunas cuestiones concretas contenidas en el dictamen que nos presenta la Comisión de Programación, y que me parece importante resaltar de entrada.

La primera cuestión está contenida en la página 17 del dictamen, y tiene que ver con un planteamiento que mereció el máximo desplegue en los medios de comunicación y al que hizo ya referencia Juan José Hinojosa. Se dice que hubo deshonestidad en el ejercicio del gasto público. Yo, como creo que la mayoría de los mexicanos, tendemos a pensar que en efecto hubo antes y probablemente haya deshonestidad, pero si así es y así se dice, el mandato que vamos a hacer a la Contaduría Mayor de Hacienda es del todo insuficiente, porque nosotros estamos mandatando a la Contaduría Mayor para que inspeccione, examine, siga el curso de irregularidades posibles; pero si hubo deshonestidad - me parece, lo dejo aquí - esta Cámara tendría que pasar a consignar, y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, pregunta que no nos responde el dictamen, porque eso no lo puede responder, es ¿a quién tendríamos que consignar? ¿A quién globalizadoramente vigilaban y autorizaban el gasto público? ¿A quiénes hay que consignar por deshonestos? Me parece que, porque está planteado aquí, nosotros nos podemos hacer a un lado esta cuestión y el dictamen me parece no nos la resuelve.

En segundo lugar quisiera llamar su atención sobre un hecho que tiende a soslayarse cada vez más y se refiere a una de las cuestiones centrales de lo que pasó en '82 en materia de finanzas públicas, y se refiere a la cuestión del endeudamiento. Ya don José Hinojosa recalcó la necesidad de mirar a 1981 para explicarnos '82, yo me atrevería a sugerir que en '82 simplemente lo que vivimos fue la secuela fatal de lo que en '81 se sembró, y en el centro de esta cuestión parecería estar - discusiones conceptuales aparte - , un endeudamiento ingobernable.

Yo insistiría aquí en algo que nosotros planteamos el año pasado y que me parece sigue siendo una cuestión de actualidad, porque, para desgracia del país, los principales protagonistas de esta cuestión, de este drama, están vivos y muchos de ellos con todavía cargos de importancia, de responsabilidad pública. Me refiero al hecho de que, como lo mostró la Cuenta Pública en '81, el endeudamiento externo explotó, se salió de cauce, en una medida muy importante por una razón, por la salida de capital, por la fuga de capitales que llevaron a cabo grupos minoritarios de mexicanos que propiciaron los bancos privados y que trató de evitarse por la vía de medidas ortodoxas, convencionales y al final desastrosas de política económica. He ahí uno de los puntos de origen de la cuestión que hoy nos ocupa. Y me parece que no deberíamos olvidarla porque sigue viva, porque, ¿quién dedicó buena parte de sus esfuerzos intelectuales - espero que nada más esos - o los de sus colaboradores en 1982, a perseguir, criticar, arrinconar, la tesis de que en México era necesario un control de cambios? ¿Quien, luego haciendo punta en la ortodoxia

- y aquí la ortodoxia tiene que estar entre comillas - precipitó al país en una serie ya no de devaluaciones, en un desplome total de la moneda, es precisamente quien hoy dirige el Banco de México?

Esa es, cuestión de política y es una de las cuestiones a la que nos lleva necesariamente el examen de la Cuenta Pública de 1982. Es cierto, por otro lado, que se vivió una situación financiera del Sector Público muy difícil y que el déficit es, me parece, desde cualquier posición conceptual, desproporcionado. No es esa, pues, la discusión. Pero me parece, y en esto el dictamen nos ayuda mucho, que esta situación que se resume en un déficit desproporcionado, tiene que examinarse de manera detallada, por que si no se cae simplemente en demagogia económica, y en una situación de crisis económica, la peor de las demagogias es precisamente ésa, entre otras cosas, porque no es fácil de entender ni de desmenuzar.

El dictamen muestra con claridad que las diferencias cambiarías, el mayor pago de la deuda y el aumento salarial explican prácticamente todo, un sobregiro al que tanto se ha aludido publicitariamente en estos días. Y esto me parece que es algo que tenemos que recalcar y asumir como colectivo. Es cierto que hay posiciones diferentes en cuanto al monto del gasto público, en cuanto a hacer crecer o no crecer; las asumimos, pero no podemos imponerle a la realidad concepciones doctrinarias para sacar fruto de ello.

En la Cuenta Pública queda muy claro, y el dictamen lo resalta correctamente, el que el déficit desproporcionado que tuvo el Sector Público en ese año, no se explica, no se explica por un derroche en general y en abstracto del gasto gubernamental. Habrá quien diga que el gasto gubernamental es malo, intrínsecamente malo; bueno que lo diga y lo sostenga, y si puede hacerlo que lo pruebe, pero en nuestro examen, en nuestra discusión, nosotros tenemos que convenir en que lo que vivimos en '82, en materia de déficit público, fue sobre todo el resultado de un desorden financiero en muy buena medida inducido por una política necia y miope que, desgraciadamente a pesar de lo que produjo, no ha encontrado todavía una solución de continuidad en nuestro país.

Remito, por cierto a este respecto, a la página 20 del dictamen, en donde podrán ustedes observar cuál fue realmente la magnitud de la desviación del gasto público en un sentido, digamos, estricto de la palabra. Para decirlo tajantemente, en '82 por lo menos, para no incursionar en una discusión que nos sacaría de lo estricto en este caso; el problema del '82 no es exceso de gasto público sino una política financiera y concretamente un aferrarse a los mecanismos ortodoxos de devaluación y tasas de interés, lo que nos llevó a una posterior y aparente situación de desgajamiento público.

Al adoptarse una política devaluatoria, y al final de cuentas ninguna política devaluatoria, porque no se puede llamar política devaluatoria a lo que sucedió en '82 al simplemente desentenderse de la cuestión monetaria esperando que las fuerzas del mercado nos pusieran en algún lugar a salvo. Lo que vino fue un alto costo para la industria y para la economía en su conjunto. Y luego fue que enfrentada la industria a quiebras inminentes tuvo que recurrirse, tardíamente, pero en lo fundamental correctamente, a apoyar a las industrias para evitar su descalabro total, y de ahí se derivan los subsidios cambiarios.

Por cierto, nos gustaría señalar también que no todos los subsidios cambiarios de que habla la Cuenta implicaron desembolsos reales. Tal es el caso, nos parece, del supuesto subsidio a la banca nacionalizada por concepto del diferencial cambiario entre 50 y 70 pesos, entre septiembre y diciembre de '82.

Esto, a nuestro entender, fue tan sólo un registro contable que nunca tuvo que desembolsarse dada la permanencia de los depósitos bancarios en el sistema nacionalizado. Si se descarta este rubro, el monto del déficit se reduce todavía más en 1% de Producto Interno Bruto.

Insistiríamos, pues, si eliminamos los efectos directos de la devaluación sobre el déficit, ese déficit hubiera sido inferior al de '81 - como proporción de Producto Interno Bruto - , lo que nos pone en evidencia una cuestión: Se sacrificó al final de cuentas en '82, como se sigue sacrificando en '83, como desafortunadamente insiste en sacrificar en '84, la cuestión de la producción, la cuestión del empleo... ¡ah!, por un lado, obsoletos, en todo el mundo, criterios financieros, y por el otro, al pago de compromisos financieros. Por cierto que los resultados del dictamen también nos permiten, nos obligan, me parece, el preguntarnos qué tanto significa este empeño del Gobierno actual por organizar toda la actividad nacional y la actividad del propio Estado, al logro de esta ya célebre, para nosotros, tristemente célebre, meta de disminución del déficit público.

Tomen ustedes en cuenta que en '83, de hecho no se presentan en esa magnitud los subsidios cambiarios, alcanzar el 8.5% de déficit con respecto al producto interno estaba prácticamente resuelto de antemano. Y, sin embargo, es en torno a esta meta que se ha sacrificado todo lo demás.

No se trata entonces, simplemente, de un problema de equivocaciones, en los supuestos que sustentaron el presupuesto de egresos. Se dice que en '82 fallaron los supuestos de la política económica; en efecto, fallaron los supuestos respecto a lo que iba a pasar aquí y con respecto a lo que estaba pasando en el resto del mundo.

El problema fue que de nuevo fallaron los supuestos nuevos adoptados, cuando ya fracasaban las políticas aplicadas de principios de año.

Ante las modificaciones presupuestales que se realizaron en el primer cuatrimestre, caben pues, por lo menos, dos reflexiones: una, relacionada con las políticas que las indujeron, sobre todo las de fines de '81 y principios de

'82 y, otra, derivada de las consecuencias que las mismas modificaciones presupuestales tuvieron sobre la economía y los impactos que ésta tuvo durante el resto del año sobre el gasto y, en consecuencia, sobre el déficit.

Lo que vivimos fue que una vez que se adoptaron los nuevos supuestos, una vez que en febrero se adoptó la política de ajuste, y que el secretario de Hacienda llamó al país a prepararse para tener sólo sangre, sudor y lágrimas, cuando el secretario de Hacienda previó y que dispuso aprobar - que era muy buen previsor - , que ese año y éste no creceríamos, entonces lo que tuvimos, como consecuencia de una política que buscaba frenar la inflación, enfrentar la devaluación, lo que tuvimos fue más inflación, más fuga de capitales, más especulación propiciada por la banca privada, y por contra, la reducción del gasto público, agravando la recesión, sin que la de valuación resintiera las exportaciones y sí por otro lado pusiera a los industriales mexicanos tan dependientes contra la pared.

De esta manera el círculo vicioso se reprodujo junto con la caída de la inversión pública y privada, junto con la reconcentración del ingreso provocada por la devaluación y el escaso cumplimiento de los aumentos salariales de febrero.

Consecuentemente, lo que tuvimos ahí fue en acto y para nuestra desgracia, la prueba evidente de dos cuestiones, sobre las cuales nosotros queremos insistir, porque nos parece que es el debate que deberemos tener en algún momento.

Estas dos cuestiones son, por un lado, la crisis de una organización económica que ya desde antes, desde antes del auge petrolero, se había mostrado, de manera muy evidente para muchos, por lo menos, como incapaz de mantener al país en crecimiento y al mismo tiempo de resolver, así fuera de manera mínima las necesidades básicas de las población; y por otro lado, lo que vivimos en '82 también con crudeza, fue un deterioro al parecer imparable, de la capacidad dirigente, de la capacidad del Estado para conducir la economía.

Vivimos pues, una crisis de la economía mixta, deterioro en el Estado y deterioro abierto total del otro lado fundamental de la economía mixta, del sector productivo privado incapaz de responder a los estímulos, siempre dispuesto, cada vez más dispuesto a trocar la actividad productiva por la intermediación, por la actividad productiva por la intermediación, por la actividad comercial y, por último, como sucedió en '81- 82, por la especulación y la fuga de capitales.

Esa es la cuestión que organiza el desastre financiero que hoy nos presenta la Cuenta Pública.

Nosotros, en ese entonces, por cierto, hicimos públicas nuestras preocupaciones, nuestros planteamientos, insistimos en la necesidad del control de cambios, insistimos en la necesidad de someter a control el sistema financiero nacional, fuimos desdeñados, se nos pidieron esquemas alternativos que, claro, ninguno de ellos era aceptable para el Gobierno en aquel entonces, como tampoco lo es para el actual, y tenemos que venir a decir aquí, junto con otros, desde otras perspectivas - no con gusto porque esto no da gusto - , que se lo habíamos dicho, que lo habíamos advertido, que se advirtió también en esta Cámara en la legislatura anterior, que lo advirtieron los partidos políticos durante la campaña electoral y lo que enfrentamos fue soberbia y sordera, que en política son expresiones claras de una crisis de la política, son expresiones claras de que algo está anquilosado, de que el cuerpo fundamental de la organización nacional, el Estado, galopa en la insensibilidad y es incapaz incluso, de escucharse así, de escuchar sus propias voces alternativas. Eso es, nos parece. lo que está hoy en cuestión.

Insistimos en esta cuestión del déficit y del gasto, no por reiterar una posición nuestra en materia de política económica en general, esto lo dejamos para otro tipo de debate. Nos pareció necesario verbar en torno a esta cuestión y básicamente sólo en torno a esta cuestión porque nos preocupa mucho que a partir de estos resultados sin duda aparatosos de la Cuenta Pública, por cierto resultados que el dictamen, dictamen que para mí merece la discusión, no podría decir lo mismo de otros dictámenes en otros años, dictamen que desmenuza en efecto los pormenores de esta cuenta, y que si entonces lo leemos y lo estudiamos podríamos quitarle también lo aparatoso en muchas de estas cifras. Sin embargo, repito, lo aparatoso de estas cifras, lo que está produciendo es una generalización para los próximos años, de conclusiones que se extraen de un periodo totalmente típico y que se está resumiendo desde muchas perspectivas en un ataque frontal a la acción gubernamental, por la vía del Gasto Público y en una poco ilustrada, digámoslo así, posición adversa a todo monto de déficit público.

Y esto es muy grave porque en torno al slogan de reducciones de gasto público se conjuntan voluntades que muchas veces no se dan cuenta que el otro lado de la reducción del déficit público a ultranza, no son los aplausos del fondo Monetario Internacional o de los banqueros, el otro lado de una política de esta naturaleza es el deterioro creciente y cada vez más evidente de los niveles de la vida de la mayoría, el deterioro de la infraestructura y el deterioro de la infraestructura y el deterioro de la capacidad productiva del país. Eso es lo que estamos viviendo hoy.

Y nos preocupa mucho que una cuenta pública, tan rica ya en información, por cierto, y un dictamen que, repito, merece ser discutido, sólo vayan a servir para apoyar la peor de las ideologías en esta crisis, tan grave como es la nuestra. La ideología que favorece el retraimiento, la ideología que favorece el angostamiento de rutas posibles nacionales.

Quisiera terminar llamando la atención sobre algunas cuestiones que generalmente surgen

en estos debates y sobre las cuales, sin embargo, esta Cámara se ve en dificultades para avanzar se refiere a la cuestión de las alternativas. En las comparecencias de los secretarios de Haciendo y Crédito Público, y de Programación y Presupuesto se insistió mucho en que nadie tenía alternativas, y como conclusión se le daba o se quería dar vida a aquel tristemente célebre lema del gran pintor, por otro lado, Alfaro Siqueiros, de que "No hay más ruta que la nuestra". Como él probó en la pintura y como lo ha probado el Gobierno en la política no hay peor consigna que ésa.

Yo quisiera adelantar ante esta Cámara algunas cuestiones que nos parecen de urgente atención, por parte de ella, como colectividad. Nosotros pensamos, porque tiene que ver por cierto con la discusión que sigue, con la del presupuesto, que es necesario cubrir y atender y avocarse a explorar lo que podríamos llamar cuatro grandes áreas de renovación social que son viables de ser acometidas, cuya renovación es viable, es realista, es posible.

En primer lugar, queremos insistir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en la necesidad de que la comunidad nacional, particularmente la comunidad política nacional, vuelva los ojos al campo y se plantee, como primera prioridad de este país, para los próximos años, la rehabilitación del campo mexicano. Esto no va a poder lograrse, por eso sostenemos que vamos para atrás, por eso hemos dicho anteriormente - hoy decimos - , vamos para atrás, no va a poder lograrse y se deja a un lado del campo a los campesinos, si se les ataca, si se violenta su organización natural y si los recursos de la Nación siguen sin canalizarse al campo, como hasta ahora se mantienen: Materia de política agrícola y financiera por parte del Estado.

A propósito aquí quisiera mencionar uno de los demonios negros, de las bestias negras de la discusión ideologizada sobre las finanzas públicas nacionales; lo hago con cierto temor, pero no puedo dejar de hacerlo porque me preocupa mucho, pues tiene que ver con este problema central que es el de los campesinos. El rechazo, no evidente pero transparente, a las ideas; más bien el enjuiciamiento implícito que en la Cuenta y aun en el dictamen se hace al Sistema Alimentario Mexicano, quiere decir por parte de este Gobierno y por parte de quienes elaboraron este dictamen, rechazo a las ideas maestras que estaban contenidas en los planteamientos del Sistema Alimentario Mexicano; quiere decir rechazo a la organización campesina como fuerza productiva fundamental; quiere decir rechazo a la idea que se ha probado realizable de convertirnos en un país autosuficiente, por lo menos en lo básico.

No estaremos en este jolgorio contra el pasado, que por cierto ya está pasado, ojalá y el nivel de crítica que alcanzó este dictamen sobre el '82 lo alcance nuestro dictamen sobre el '83 el año entrante, ojalá; pero digo, no estaremos corriendo el peligro de, en este jolgorio de acusaciones y de enjuiciamiento del pasado, echar, como se dice, junto con el agua sucia al niño, porque como gran pantalla ideológica, el ataque al campo debe funcionar siempre y cuando nos sirva para ir adelante, pero si sirve para justificar las peores, más cavernícolas tesis en materia de desarrollo agrícola, estaremos cometiendo un terrible pecado político, como colectividad, y aquí sí sería indispensable que cuando enjuiciemos un programa vinculado a cuestiones centrales de la vida nacional, fuéramos rigurosos y en todo caso dejáramos la superficialidad para la campaña electoral. Y lamentablemente en este campo central, la cuestión agraria y agrícola parece ir hacia atrás en materia de política, y lo veremos en unos días en materia de legislación, porque intentar darles a los gobernadores las decisiones básicas en materia agraria, es ir hacia atrás, eso no es descentralizar, eso es reforzar el pasado del caciquismo y de las peores fuerzas regionales, en contra de las fuerzas mayoritarias de la región.

La segunda cuestión que nos parece básico plantear ante ustedes, aquí, como una cuestión de máxima preocupación política, nacional, es la cuestión de la industria. No encontramos todavía hoy, a pesar de algunos capítulos del Plan Nacional de Desarrollo, nada que concrete esta necesidad sentida por todo el mundo, por casi todo el mundo, de buscar una industria mínimamente integrada, mínimamente capaz de autoabastecerse y menos vulnerable, en consecuencia, con respecto del exterior.

La banca nacionalizada no está sirviendo para eso. Aquí insistiríamos: la banca nacionalizada cambió de manos. y luego cuando uno ve los nuevos consejos de administración, pues habría que preguntarse si en realidad cambió de manos. Pero lo que es evidente es que no ha cambiado de usos; no ha cambiado de usos y esto es central para la cuestión del desarrollo industrial.

Como es central, si queremos tener un desarrollo industrial, mínimamente consistente, la industria del Estado, que es una de las principales demandantes de bienes industriales, y lo que ustedes van a ver cuando examinen el presupuesto, es que, Su pretexto otra vez, o en aras de reducir el déficit, de pagar la deuda, se somete a la industria paraestatal en su conjunto, al mayor sacrificio financiero y consecuentemente productivo, al que se le haya sometido jamás. Y a varias áreas de la industria paraestatal se les pone de plano al borde del descalabro, de la quiebra, por razones tomadas, no a partir de la situación concreta de las industrias, sino a partir del examen aparentemente globalizador de la cuestión financiera pública. Y esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y queremos desde ahora dejarla planteada aquí para las discusiones posteriores en torno a la asignación de los recursos públicos.

En tercero y penúltimo lugar, queremos llamar la atención sobre algo que también con la crisis, con la deuda, con los aplausos del exterior, con el déficit, se deja de lado en la discusión, en la reflexión y, por desgracia también, en la concreción de la política económica,

y se refiere a la cuestión de las necesidades básicas de la población, necesidades básicas que un número creciente de mexicanos está viendo insatisfechas, volviéndonos a poner en el terreno que estábamos, al parecer - decía el discurso - , abandonado de la desnutrición absoluta y del decaimiento de la calidad humana de grandes masas de la población.

Y aquí, por cierto - eso lo sabemos - , tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la nueva aproximación que tiene que tener la Nación y el Estado con respecto al salario y dejar, de una vez por todas, de verlo como un elemento que activa inflaciones o eleva costos, y verlo más bien como el elemento básico para dinamizar la producción por la vía de un obrero que gana bien, y por la vía de un obrero que consume.

Y tiene que ver con el gasto social que de nuevo se sacrifica en aras de equilibrios financieros que nadie entiende y realmente muy pocos aplauden. Y a este respecto quisiera mencionar también otra bestia negra del jolgorio contra el gasto público y la irresponsabilidad estatal, y me refiero a lo que se conoció con las siglas de COPLAMAR.

Habrá que pasar juicio sobre lo que se hizo en esa materia. Nosotros, desde nuestra posición, fuimos muy críticos del programa anterior que mencionaba, del SAM y del programa de COPLAMAR; pero aquí, de nuevo, pongo la cuestión ante ustedes: Con COPLAMAR lo que estamos diciendo es que, ¿la masa de marginados y de pobres absolutos de México, y particularmente del medio rural, no van a ser atendidas de manera específica? Lo que estamos planteando es que por la vía de los programas normales, como hemos visto en esta cuenta y en las anteriores, tienden a ser dominados obviamente por las grandes empresas y por las grandes concentraciones humanas más organizadas. Se está diciendo - repito - , ¿que por la vía de los programas normales se van a resolver los problemas elementales de esas grandes masas marginadas?

Al condenar el basurero de la historia a COPLAMAR, al identificar a COPLAMAR como el ejemplo, como el arquetipo del derroche, ¿estamos también echando por la borda las necesidades básicas de esta inmensa masa no organizada, con tremendos problemas para desarrollarse productiva y socialmente?

Eso lo quiero plantear así, de esta manera, porque como no tengo ni como hombre ni como miembro de un partido ningún interés creado en esas cuestiones, me veo obligado a hacerlo, porque por razones que todavía no entiendo bien, los problemas más malditos - en la opinión pública y aquí también - son precisamente los programas que mal o bien - al parecer mal, por lo que dicen los resultados - ; pero, repito, los programas que más tenían que ver con las cuestiones esenciales de la mayoría. Y esto, a mí me parece que requiere de que volvamos a pensar la cuestión y sometamos al más riguroso de los juicios a quienes programaron y a quienes operaron estas cosas; pero no el contenido fundamental que al parecer los explicó, porque entonces estamos sometiendo a juicio, sin una acusación, a una condena, las necesidades de la mayoría de la población.

Y por último, creo que la Cuenta Pública que estamos examinando ahora y la que examinamos el año pasado, y también hay que decirlo, lo que estamos viviendo, lo que concretamente ha significado el esfuerzo de planeación y del Plan Nacional de Desarrollo.

Todo ello nos dice una cosa: el Estado tiene que reformar. Los mecanismos internos del Estado ya no nos funcionan como sociedad y tienden a convertirse en mecanismos únicamente de opresión, que se expresan en soberbia, en inepcia, en autocomplacencia, que en materia de finanzas - como hemos visto - cuestan mucho.

Necesitamos, en efecto, planear nuestro futuro y tratar de someter a control el presente, socialmente hablando.

Pero nada de eso lo vamos a poder hacer sin democracia. No hay ya hombres providenciales que nos saquen del barranco. No podemos ya con un Estado - para dar simplemente un ejemplo que parece anecdótico- , con un Estado que cuando se autoevalúa, como en la Cuenta, explica el incumplimiento de las metas en materia de riesgo compartido en el área agrícola, diciendo que no se pudieron cumplir éstas porque los campesinos no se adecuaron - dicho no textualmente - , no se adecuaron a los criterios de los funcionarios.

Nosotros queremos un Estado precisamente al revés. Queremos unos hombres en el Estado, unos grupos en el Estado que se adecuen lo más posible a los requerimientos, y criterios de los grupos sociales, y particularmente en este caso, a los requerimientos, exigencias, tradiciones y cultura de los campesinos.

Pero el hecho mismo de que se diga eso ya en la Cuenta Pública, que se explique el no haber cumplido un programa porque los beneficiarios del programa no entendieron los criterios y reglas de operación del responsable de operarlo. Señores, nos está ya dando una idea del grado increíble de insensibilidad a que está llegando este conjunto de instituciones y hombres que todos convenimos en llamar Estado.

Esto es lo que nos interesaba plantear ante ustedes, nuestras reflexiones sobre el pasado, pero un llamado más, una alerta más sobre lo que hoy nos está pasando y que - repetiría - gira en torno de la cuestión del Estado y de la democracia.

Nos preocupa mucho que estemos cubriendo con una enorme celeridad lo que podríamos llamar una primera fase de un irracionalismo cada vez más galopante, que en el enjuiciamiento de un hombre o unos cuantos hombres y mujeres, un enjuiciamiento en abstracto y en aislado lo que está abriendo otra vez como posibilidad ante la gente, es la posibilidad irracional de nuevos hombres, unas cuantas mujeres que nos salven. La posibilidad de la providencia, como salida política a una crisis, que, como hemos visto, no admite soluciones providenciales.

Que sólo podrá encararse en la medida en que conformemos una verdadera colectividad que no tiene otro camino, en nuestra opinión, que el enfrentamiento de las demandas de la mayoría y un comportamiento esencialmente democrático. Comportamiento, que como hemos visto en estas últimas semanas, el propio Estado de nuevo se ha empeñado en abandonar. Muchas gracias por su atención.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado David Lomelí Contreras.

El C. David Lomelí Contreras: - Con su venia, señora Presidenta; estimadas compañeras y compañeros diputados del PAN, del PRI, del PSUM, del PST, del PPS; compañeros del PDM, mi partido: Manda la Constitución, como todos sabemos, que la revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera. Comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta Cámara de Diputados para llevar a cabo esa revisión, aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera esa actitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley, según reza la redacción del artículo 74 de nuestra Constitución, y que la compañera diputada Irma Cué acaba de repasarnos.

A cumplir con esta delicada tarea, estamos aquí como representantes del pueblo mexicano, tarea ardua además de delicada, en la que la Contaduría Mayor de Hacienda juega un papel cuya importancia está en razón directa a la responsabilidad que impone la realización de un trabajo de la magnitud y de la complejidad que ella realiza.

Los diputados demócratas compartimos esa responsabilidad por el compromiso contraído con nuestros electores, el velar por sus intereses y el de ser sus portavoces, máxime en momentos como los que vivimos actualmente, en los que, parafraseando al señor De la Madrid, "La patria se nos deshace en las manos", pero en las manos y por las manos de la mayoría, de esa mayoría que en forma sistemática ha venido aprobando cuenta tras cuenta con extrema ligereza, aplicando el clásico y dañino criterio de: "borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada".

Es necesario que la LII Legislatura asuma su papel e invistiéndose decididamente de los atributos propios de su soberanía, actúe responsablemente ante el desastre económico de 1982 - último año del sexenio lópezportilista- para no pasar a la historia como cómplice y tapadera del pillaje perpetrado en ese sexenio de Hidalgo, origen de nuestro desbarajuste económico y financiero, cuyas cuentas merecen la reprobación unánime por haber violado con el ejercicio deficitario la estabilidad social, económica y política del país.

De no proceder con energía, de seguir usando la manga ancha en lo relativo a la Cuenta Pública, el significado de la h que se antepone a esta Legislatura, será en el futuro de muy dudosa significación.

La mayoría del PRI tiene la palabra, esa mayoría de la que algunos de sus miembros, haciéndose eco de uno de los gritos de López Portillo, por solidaridad con el compañero de partido, por encubrimiento de sus turbios manejos de las finanzas públicas o de plano por complicidad, por lo que sea, calificaron la situación nacional minimizando la gravedad de la crisis de dimensiones sin precedentes, desde la gran depresión de los años '30 como un simple problema de caja, sí, un problema de caja, sólo que faltó decir de una caja de muerto para meter en ella la esperanza, el crédito y la confianza de los mexicanos en sus gobernantes, salidos de las filas del llamado partido mayoritario. Obviamente, nuestros juicios críticos acerca de la Cuenta Pública Federal, que hoy se discute, toman como base y punto de partida el informe previo que la citada Contaduría Mayor de Hacienda envió a la Comisión de Vigilancia de la misma, así como el dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública elaboró, documentos elaborados con esmero y que son reflejo de un esfuerzo tendiente a facilitar la comprensión y el manejo de un material tan importante para que esta Cámara de Diputados pueda cumplir con su delicada misión de vigilar los dineros del pueblo al que representa.

Nuestro reconocimiento a esa labor que va por buen sendero, ya estoy pensando en la conveniencia de sugerir a mis compañeros Cavazos, Carballo, al amigo Rico, buscar un lema y pudiera ser: "Las cuentas claras y el chocolate espeso".

Reconocemos que en el dictamen hay juicios críticos sobre la gestión financiera realizada por un miembro del mismo partido de la mayoría que lo elaboró, esto es un avance, pues se cuida la debida aplicación de los fondos con independencia de la posición partidaria de quien los manejó; es un inicio, insistimos, que debe completarse en nosotros, desde nuestra posición independiente lo efectuamos en el análisis de este ejercicio.

No está por demás agregar, a guisa de salvedad, término técnico usado por los auditores en sus dictámenes sobre estados financieros de una empresa, que también en las comisiones aludidas, los diputados del PRI constituyen abrumadora mayoría. Quede esto aclarado, pues por mucho pluralismo que haya en esta representación de la LII Legislatura y el que haya habido en la anterior, hay que admitir que esa mayoría, a la que le corresponderán todas las palmas por el éxito, si es que lo hubo, en la gestión administrativa y financiera. Y que por esa misma razón, la de ser abrumadora y abrumante mayoría, le corresponderá también la repulsa general en caso contrario.

Una cosa u otra, el aplauso por el éxito o el repudio por el fracaso, a ella y sólo a ella, a la abrumadora y abrumante mayoría le corresponderá total e indiscutiblemente. Ni una objeción podremos a este respecto los diputados demócratas.

Reiteramos, en esta ocasión, porque sentimos que es un deber de conciencia lo que afirmamos al emitir nuestro juicio particular en contra, al analizar el dictamen referente a la Cuenta Pública del Distrito Federal en el seno de la Comisión, en el sentido de que nuestros juicios relativos ahora a la Cuenta Pública Federal son más contundentes y paralelos, en valoración y objetivos, a los que prevalecen en la opinión pública sobre la desastrosa y anarquista administración del sexenio anterior, y en la que es responsable José López Portillo y los amigos integrantes de su equipo, entre los que se cuentan Hank González, Durazo Moreno y algunos más que forman parte del actual gabinete. Juicios que tampoco vamos a transcribir aquí por el respeto que nos merece esta soberanía.

Para proceder el análisis de los resultados de la gestión financiera de 1982, la Comisión consideró necesario examinar el panorama económico externo así como el interno. Loable propósito, siempre y cuando no sea para achacar a los factores del contexto económico internacional toda la culpa de la situación económica que vive nuestro país, y que el Presidente De la Madrid describió con las siguientes palabras: "La situación es seria, está en entredicho la continuidad del proceso de desarrollo, y se cuestionan las bases mismas que lo han sustentado: lo que es más grave, de continuar el sendero antes apuntado, la viabilidad del país como nación independiente podrá verse comprometida" - hasta aquí De la Madrid.

No sería honesto, como ya lo hemos empezado a escuchar en voces oficiales y oficiosas, imputar a las condiciones internacionales de la economía toda la culpa de nuestra situación, contradiciendo además, lo dicho por el propio Primer Mandatario de la Nación: "Las causas principales de la crisis son internas, y su solución definitiva nos corresponde; no debemos esperar ni cura mágica ni ayuda del exterior".

Permítanme, compañeros, un brevísimo paréntesis. Como diputado sinarquista y demócrata comparto esa apreciación del Presidente De la Madrid, ya que sinarquistas y demócratas afirmamos, consideramos criminal y cobarde el derrotismo de aquellos que creen imposible el resurgimiento de la patria, o que esperan del extranjero la salvación de México; proclamamos que la patria se salvará cuando triunfemos de nuestra propia cobardía y nos decidamos a ser verdaderos ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros deberes y derechos.

Pero una vez cerrado el paréntesis - como dijo Don Juan Tenorio- , pasemos a las conquistas.

En 1982, como se desprende de la lectura del dictamen, se encontró que del billón 569 mil 173 millones de pesos de sobreejercicio en el gasto público, cifra superior en 50.7% al presupuestado, más de la mitad, el 57.3%, tuvo como origen las variaciones cambiarías, los incrementos salariales y la creciente inflación.

A este respecto y para dar una idea del monstruoso crecimiento del gasto público, permítasenos señalar el hecho de que su monto equivale al 62% del Producto Interno Bruto, porcentaje altísimo si lo comparamos con el de otros países. Por ejemplo, con el de Gran Bretaña, 36.5%; con el de Estados Unidos, 23.9% con el de Francia, 22.1%; con el de Venezuela, 21.4%, o con el de Japón, 13.4%.

El ex presidente López Portillo, el de la palabra hermosa, como lo llamó don Andrés Henestrosa, célebre por sus frases y por muchas otras cosas pronunció ésta: "Si algún pecado he cometido es el de haber creado empleos". Pero contra toda justicia, la penitencia de ese pecado la están pagando los mexicanos más humildes; obreros, campesinos, indígenas marginados, los mismos a quienes López Portillo pidió perdón, desde esta misma tribuna, y con lágrimas en los ojos; que sufren, que siguen sufriendo por la miseria casi sepultados en vida. Pero don José López Portillo desde Europa o desde Caparroso, y emulando al célebre personaje de Zorrilla, le estará diciendo a estos mexicanos: "Si buena vida os quité mejor sepultura os di".

Este pecado capital del ex presidente, consistió en cuadruplicar el número de burócratas, de 430 mil que había al 31 de diciembre de 1970, esta cantidad se elevó a un millón 679 mil al 31 de diciembre de 1982, lo cual quiere decir, que mientras hace 12 años había un burócrata por cada 35 mexicanos económicamente activos, a diciembre del año pasado había un burócrata por cada 11. Y sigue la mata dando.

En los Estados Unidos, con una población tres veces mayor que la nuestra, hay un burócrata por cada 67 gringos económicamente activos, y no se administran tan mal.

Evidentemente que la explosión burocrática, agravada por el factor de los incrementos salariales, incide, como dicen los economistas, en el gasto público, y éste en el déficit, y éste en el aumento de la deuda pública, y ésta, en el agravamiento de la crisis, y está, en fin, sobre nuestra independencia económica y política. No olvidemos las palabras del Presidente De la Madrid: "La situación es seria, de continuar el sendero - el sendero de los dislates echeverristas y lopezportillistas, precisaríamos nosotros - , la vialidad del país como nación independiente podrá verse comprometida".

Tengamos presente, compañeros diputados, esas palabras. Fruto de los distantes administrativos del pasado sexenio son los números rojos que arroja la Cuenta Pública de 1982; mi partido, el Demócrata Mexicano, está en contra del dictamen en lo general, entre otras razones, porque el ejercicio del presupuesto federal no se ajustó a lo autorizado; las variaciones registradas entre lo presupuestado y lo ejercido son de tal magnitud que no es posible pasarlas por alto sin señalar lo que a nuestro juicio son las verdaderas causas de tan exorbitantes cifras en renglones de capital importancia.

Hay que tener presente lo afirmado, durante su comparecencia ante esta soberanía, el 27 de noviembre de 1981, por el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Aguirre Velázquez, al presentar su proyecto de Presupuesto de Egresos, tanto de la Federación como del Distrito Federal para 1982. Dijo esto: El proyecto de presupuesto que aquí se presenta, acorde con la política económica enunciada, incorpora lineamientos de racionalización del gasto público. Debido a esa política económica enunciada, la lopezportillista, hizo que el déficit financiero presupuestario de 1982 alcanzara la cifra histórica de más de un billón y medio de pesos, duplicando la que originalmente había calculado don Ramón.

El presupuesto de Egresos aprobado por esta soberanía, a la que se le prometió disciplina, austeridad, reducción del gasto, fue de 3 billones 965 mil 069 millones de pesos. Y, finalmente, el ejercido fue de 4 billones 665 mil 742 millones, lo que significó un 50.7% del autorizado y el 89.1% del ejercido en 1981.

El dictamen explica que los motivos principales que originaron dicho déficit son la devaluación, la inflación, el aumento salarial, las tasas de interés y el entorno financiero internacional adverso a nuestro país.

Sobre este particular disentimos de la opinión de la comisión dictaminadora. La nuestra es que el modo deficitario con que se ejerció el presupuesto de 1982, no es efecto de la crisis por la que atravesó nuestro país en esa anualidad, sino que la crisis es efecto de la torpe gestión financiera del Estado en ese año y en los anteriores. Por esta razón hubo sobregiro, lo que obligó a recurrir al endeudamiento tanto externo como interno, circunstancia que, a su vez, dio lugar a la inflación y ésta a la pérdida de poder adquisitivo del peso frente a las monedas extranjeras, lo cual ocasionó la sobredevaluación del peso y esto al cierre de las exportaciones y a la apertura de las importaciones.

Sobre el endeudamiento externo, nos explica el dictamen, el cambio operado en 1982, ya que mientras en el año anterior alcanzó la cifra récord de casi los 20 mil millones de dólares - equivalió al total de la contraída desde 1810 hasta 1976 -, en el año cuya cuenta pública comentamos solo se encontraron préstamos por la cantidad de 5 mil 900 millones de dólares, cuando la mayoría abrumadora y abrumante del partido oficial en esta Cámara había aprobado con ligereza, con superficialidad, contratar empréstitos hasta por la cantidad de 12 mil millones de dólares. Ya en 1976 el petróleo nos había hecho el quite, en 1982 fue el quite de la providencia al cerrársenos el mercado financiero internacional. Nuestros dolores los están causando también los dólares, los 85 mil millones de dólares que debemos.

Cuando el peso se ajusta a su valor real devaluándolo, se producen trastornos sicológicos, aumenta entonces la deuda externa y las dificultades para subirla se transforma en millonaria, y así hemos llegado a la presente situación, en la que a duras penas sólo podemos pagar los intereses. En 1982, alcanzaron la suma de 2 billones de pesos, y nuestros canales de crédito están sumamente limitados. La inflación ha bajado el poder adquisitivo de los salarios, está dificultando la reposición de inventarios, dificultando el cálculo económico, etcétera, después de avanzar artificialmente, el peligro de retroceder, dolorosamente, es inminente, si las cosas marchan bien - versión optimista - , hasta el año de 1987 podremos recuperar un nivel de vida similar al que teníamos en 1981, según cálculos de los economistas - que se me olvidó preguntar si son de Harvard o son de Cambridge, pero son economistas.

Llama nuestra atención, y seguramente para nuestro órgano técnico, como lo es la Contaduría Mayor de Hacienda, no ha pasado desapercibido el hecho de que el presupuesto se autorizó para realizar programas y obras, y si éstas o éstos no se cumplieron cabalmente su porcentaje de sobregiro será mayor y menos explicable. Ponemos un ejemplo: la Comisión Federal de Electricidad registró un gasto de 290 mil 800 millones de pesos, superior en un 19.2% al presupuesto aprobado; ahora bien, el Programa K- 7 "Generación de Energía Eléctrica de Origen Secundario" tuvo un sobregasto del 28% y no cumplió sus metas; el Programa K- 6 "Generación de Energía Eléctrica de Origen Primario" tuvo un sobregasto de 30.5% y a excepción de geotermoelectricidad que sólo realizó un subprograma en hidroelectricidad y en construcción de plantas, no se cumplió nada.

En el Programa la "Distribución de Energía Eléctrica" se obtuvo un sobregasto de 23.7% sin haber cumplido metas.

En el dictamen se incluyen las explicaciones de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública sobre esta situación, debida a la falta de divisas para importar equipo, el atraso en el suministro de materiales, la sobreestimación de la demanda industrial del vital fluido, etcétera. En nuestra opinión, la razón de fondo es otra: el estado de quiebra, ya de fama pública, que guarda dicha paraestatal y que sobrevive artificialmente a base de subsidios, transferencias, deuda externa e interna y de las altas tarifas que por su servicio de luz cobra al pueblo.

Hay que hacer algo por esta empresa antes de que nos deje a oscuras y tengamos que alumbrarnos con velitas de sebo. Pero, ¿cuál sebo si ya no hay animales? Los programas agropecuarios han acabado con la ganadería.

Creemos que el Presidente De la Madrid pensaba en la Comisión Federal de Electricidad cuando aseveró que la mayoría de las empresas

públicas registran no sólo déficit permanente, sino que sus balances financieros observan situaciones de quiebra.

Es objetable el ejercicio de 1982, porque muchos gastos del Gobierno se desviaron hacia lo inútil. Lo que se acredita con el hecho de que el ahorro público en ese año, registró una tasa negativa del 6%, por primera vez en nuestra historia.

Es objetable el ejercicio de 1982, porque el gasto corriente, contra toda sensatez, se financió en buena parte con endeudamiento externo y además, violando los preceptos constitucionales que establecen que aquél sólo se debe emplear para obras de inversión.

El ejercicio que objetamos no hay que verlo sólo contablemente, buscando que los guarismos cuadren, ya que hasta los contadores de Al Capone hacían que cuadraran los números de los estados contables de su patrón.

Seguramente que las compras fraudulentas de los barcos, aquéllos que dieron lugar al desafuero y encarcelamiento del ex senador Díaz Serrano, figuraron impecablemente presentadas en las respectivas cuentas públicas, y la mayoría a que tanto hemos aludido, y que formó parte de la anterior Legislatura las aprobó, sin más.

Y la famosísima colina de Cuajimalpa, y los bienes patrimoniales de la familia del señor de la colina, y lo embargado, y lo aún no embargado a Díaz Serrano, y el costo de las francachelas de Barragán Camacho, La Quina y El Trampas en Las Vegas, seguramente también fueron parte de la Cuenta Pública del ejercicio en cuestión, bajo el renglón de alguna transferencia sin que aparezcan partidas específicas de ellas.

¿Qué está demostrando esta situación, señores? El desbordado gasto público no beneficia a las clases marginadas, a las que se dice beneficia, sino a la clase privilegiada y a ciertos gatos de angora de la burocracia mexicana.

Un examen serio, compañeras y compañeros diputados, un examen serio de la Cuenta Pública, es imposible llevarlo a cabo sin el auxilio de la Procuraduría General de la República y la información que ésta proporcione sobre las averiguaciones que tenga pendientes.

Bien, señores diputados, ya se hizo una valoración del dictamen en muchos aspectos positiva, pero el proyecto de decreto es neutro, de machote, diríamos; si se le compara con el de 1981, resulta igual. Exceptuamos de este juicio los puntos en que se ordena a la Contaduría Mayor realizar auditorías y fincar responsabilidades, y aquél en el que se recomiendan políticas para el mejor manejo de los fondos públicos; pero los demás resultan con las características del agua: incolora, inodora e insabora, por lo que proponemos la siguiente redacción, que me voy a permitir leer:

"Artículo 1o. Se tiene por revisada la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y por examinados los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982, con las observaciones sobre la forma de efectuarla y las irregularidades que con ello se cometieron, contenidas en el cuerpo de este dictamen.

"Artículo 3o. Al conocerse los resultados de la gestión financiera, analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público presupuestario consolidado individualmente por lo que hace a dependencias y entidades, se encontró que fue ejercido en contra de los intereses de la Nación.

"Artículo 4o. Al comprobarse que el ejercicio presupuestal de dependencias y entidades de control presupuestario directo, se ajustara o no a los criterios legales aplicables, se encontraron las violaciones y las transgresiones descritas en el cuerpo de este dictamen.

"Artículo 5o. Se evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas sectoriales y estrategias intersectoriales previstos en el presupuesto, en los términos contenidos en este dictamen en que aparecen precisados los respectivos incumplimientos.

"Artículo 10. Hágase saber a las distintas autoridades y a la opinión pública, la inconformidad y el voto de censura de esta Cámara de Diputados ante la forma irresponsable y dañina para el país con que se ejercicio el presupuesto federal de 1982.

"Artículo 11. Solicítese de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia de la República Mexicana, informe a esta Cámara qué denuncias ha formulado y cuáles ha recibido, así como qué responsabilidades se han fincado sobre este ejercicio presupuestal y las anteriores de la administración del C. José López Portillo."

Paso esta redacción por escrito a la Presidencia, y le ruego de la manera más atenta la someta a votación.

La C. Presidenta: - Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si admite la modificación propuesta por el diputado David Lomelí.

El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a esta honorable Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el señor diputado David Lomelí o del Partido Demócrata Mexicano.

Los CC. diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo...

Los CC. diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

El C. David Lomelí Contreras: - Ya lo sabía. De todos modos, el voto de la opinión pública es más coincidente con la propuesta del Partido Demócrata Mexicano, y ese voto quiere que los gobiernos se mejoren, sean electos democráticamente y que amen y sirvan verdaderamente a su pueblo. Muchas gracias, compañeros.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Govela Autrey.

El C. Ricardo Govela Autrey: - Señora Presidenta; compañeros diputados: No es posible que, a propósito de la discusión de la Cuenta Pública de 1982, hagamos aquí una larga letanía de lamentaciones sobre los errores cometidos, o que vayamos a estar aquí todo el día como buitres, arrebatándonos los despojos.

México no es un país fracasado, es un país que está haciendo el esfuerzo de enfrentar sus problemas para construir una nueva realidad. Y es, en este marco, en el marco del enfrentamiento a las realidades nacionales, en el que nosotros debemos de analizar esta Cuenta Pública.

Porque, por otro lado, estamos en una discusión de hechos consumados; y aquí, sí estamos de acuerdo nosotros en que una de las primeras situaciones que se resaltan, es el cuestionamiento del papel que en la vigilancia del gasto público juega la Cámara de Diputados.

Porque nosotros estamos ahora discutiendo una cuenta pública que está terminada, sobre la cual ya prácticamente no podemos hacer nada. Y si nos preguntamos entonces, ¿cuál fue el papel de la anterior legislatura en la fiscalización del ejercicio del gasto público?

Porque este cuestionamiento se vuelve presente para nosotros y nos lleva a plantear, como una de las consecuencias de este análisis de la Cuenta de 1982, la necesidad de que la actual Cámara de Diputados tenga una mayor participación en la planeación económica del país y en la vigilancia del ejercicio del gasto público.

Deberíamos hacer un esfuerzo y deberíamos hacer un llamado a un fortalecimiento de todos los mecanismos con que la Cámara cuenta, para que esta Legislatura pueda, a su tiempo, tener una correcta participación en el análisis del gasto público y pueda corregir a tiempo las irregularidades que puedan presentarse. De nada nos serviría estar aquí lamentándonos si no enfrentamos la responsabilidad que ese análisis nos da a los actuales diputados en esta Cámara.

Por otro lado, a nuestro partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, le parece que es importante señalar lo que según nuestro punto de vista constituyó uno de los factores determinantes de la crisis económica que empezamos a enfrentar en 1982, porque nos parece que las interpretaciones que aquí se han dado, fundamentalmente la interpretación del Partido Demócrata Mexicano, es completamente falsa; nosotros pensamos que el fondo de la crisis está explicado por la política económica de los últimos gobiernos y por la estructura económica que esta política ha formado en nuestro país.

Y tenemos que contemplar el hecho de que durante tantos años se ha aplicado una política económica tendiente a favorecer un intento de un acelerado desarrollo capitalista; una política encaminada a fortalecer a los capitales privados y a fortalecer un intento de una acelerada acumulación de capital, pensando que este modelo capitalista sería la solución a las necesidades económicas del país.

Y podríamos mencionar algunas de las medidas que se fueron tomando: Se eximió de impuestos a la industria privada; se le regalaron los energéticos; el propio Gobierno sacrificó su participación en la economía; sacrificó a las empresas paraestatales para ofrecer a los capitales privados insumos y servicios subvencionados; se cerraron los mercados; hubo un control permanente de las demandas salariales, y podríamos seguir mencionando toda esa serie de medidas que estaban precisamente diseñadas para favorecer la acumulación del capital en manos privadas. Y la consecuencia de estas medidas ha sido el enfrentar ahora una estructura económica cada vez más monopolizada y cada vez más dependiente de la economía norteamericana.

Y estas medidas, que también durante el régimen del Presidente López Portillo se tomaron, provocaron que los grandes monopolios, que la oligarquía nacional, que se estaba beneficiando con la gran cantidad de divisas producto de la exportación del petróleo, fueran a derivar en una actividad especulativa y en la fuga de capitales, como ya se ha mencionado aquí por parte de los compañeros del PSUM.

Y esta fuga de capitales, esta concentración de la riqueza cada vez más monopolizada, y una actividad que no se dirigió hacia el desarrollo de la planta productiva hacia la generación de empleos, hacia el fortalecimiento de una estructura de producción nacional, sino hacia la especulación y a la fuga de capitales explica, en gran parte, el fondo del problema a que se enfrentó en el gasto público el año de 1982.

Y nos parece increíble que todavía aquellas personas que se han beneficiado con esa situación, asuman ahora la actitud del escándalo y quieren culpar al Gobierno y lo que ellos llaman la corrupción del Gobierno como la causa de esta situación que ellos mismos han creado.

No negamos que haya corrupción en el Gobierno, pero tomar la corrupción como una cortina de humo para ocultar la realidad que se oculta atrás de ello, nos parece inmoral. La principal causa de la crisis económica es la estructura económica que nuestro país tiene actualmente como resultado de una política económica concreta, una estructura económica altamente monopolizada, altamente penetrada por los capitales transnacionales y altamente dependiente de la economía norteamericana.

Y nos parece importante señalar esto, porque esto está en la actualidad: ¿Qué tendremos que hacer para transformar esta estructura? ¿Qué tendremos que hacer para impedir que esta estructura económica siga reproduciendo los mismos vicios que hasta ahora ha reproducido? Y este problema se convierte en un problema de actualidad hacia el futuro, y por eso pensamos que es importante señalar lo que, según nuestra manera de ver, es el fondo

de la crisis que nos manifiesta el análisis de esta Cuenta Pública.

No pensamos que el Presidente López Portillo haya sido un irresponsable ante esta situación. Sus medidas podrían estar equivocadas, pero él, como Presidente de la República, asumió la responsabilidad de conducir el gobierno de la República. Quisiera recordar algunas palabras del propio Presidente López Portillo, mencionadas en la Segunda Reunión de la República, en 1979, donde él dijo a la Nación: "Tengo lo que pudiera llamar una compulsión por enfrentar los hechos, asumir las responsabilidades y no eludir ninguna de ellas. Para todo tengo explicaciones y respuestas. Pobre Presidente de la República, sería yo, si los hechos, las actitudes y las decisiones no tuvieran explicación franca y abierta ante la República".

El propio Presidente López Portillo tuvo que reconocer en su último informe presidencial, que aquellos a los que su sistema había favorecido, que aquellos a los que se había dado la oportunidad de enriquecerse y de acumular capitales, habían traicionado los intereses de la Nación y habían traicionado la confianza que el propio Presidente había depositado en ellos.

Nosotros estamos de acuerdo: Hay que localizar a los culpables, hay que localizarlos para que se pueda pagar el daño causado a la Nación; pero hay que buscar a todos los culpables, no sólo a aquellos políticos que tal vez se enriquecieron ilícitamente, sino a todos aquéllos que acapararon, que acumularon la riqueza producida por el trabajo de millones de mexicanos y lo dedicaron a actividades de especulación y lo dedicaron a depositarlos en empresas y en bancos extranjeros.

Nosotros exigiríamos, desde esta tribuna que se confisquen todos los bienes malhabidos, que se tomen medidas para que todas las fortunas de políticos, realizadas de una manera ilegal, sean confiscadas. Y volvemos a insistir, que se busquen los mecanismos para que todos aquellos que sacaron los capitales del país, paguen el precio de su actitud.

Y en este sentido quisiera también recordar algunas palabras del propio Presidente José López Portillo en esa reunión, que dijo: "Aquéllos cuya riqueza, según se ha dicho, tiene una hipoteca social, en este año tendrán que empezar a pagarla como razón y fundamento de su propia responsabilidad" - eso espero, eso deseo.

Nos parece que no podemos aceptar el que se hable de esa manera de un gobierno que nosotros pensamos, trató de asumir una responsabilidad y que imaginamos estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de sus hechos; pero vayamos por lo tanto al análisis de quiénes fueron realmente los culpables de la crisis, y a tomar las medidas para que esos culpables paguen la deuda que tienen con nuestra Nación; porque ésta es una situación actual y nosotros estamos contemplando en este año cuál sigue siendo la actitud de la gran mayoría de empresarios de este país, que no han regresado los capitales, que no están dispuestos a moderar sus tasas de ganancias, que no están dispuestos a contener el alza inmoderada de los precios de sus productos, que no están dispuestos a enfrentar con responsabilidad lo que México requiere. Estos mismos oligarcas, que fueron beneficiados con las divisas por la explotación del petróleo que sacaron del país, siguen manteniendo en este momento una actitud en contra de los intereses de nuestra Nación.

Y nosotros nos enfrentamos, por lo tanto, en el análisis de esta Cuenta Pública, a la necesidad de discutir, de debatir, de plantear abiertamente cuáles son las alternativas que nuestro país tiene, cuáles son los cambios estructurales que tendremos que realizar para poder fincar un nuevo desarrollo económico, y en esta discusión, en este planteamiento de alternativas, debamos de converger todas las fuerzas políticas, que tenemos un interés en nuestra Nación.

Si la explicación de la crisis, si la explicación del problema del gasto público de 1982 está en la estructura económica del país, tenemos, como consecuencia lógica de este análisis, que plantearnos la necesidad de preguntarnos y de llevar adelante cuáles son los cambios en esta estructura, que tendrá México que realizar en los próximos años.

Nosotros estamos de acuerdo en la política de sanear las finanzas del Estado; estamos de acuerdo en la política del actual Gobierno de ir al control de la crisis; pero el control de la crisis no basta para crear nuevas alternativas de desarrollo. Y en la pregunta de los cambios estructurales, está, desde nuestro punto de vista, el debate a la orden del día en nuestro país.

Si no queremos simplemente lamentarnos del pasado, si no queremos tener ante esta Cuenta Pública una actitud masoquista o una actitud de buitres, como algunos compañeros, debemos de ir a analizarla para tratar de entender los problemas de nuestra estructura económica y las demandas de la transformación que esto requiere.

Nuestro partido vota a favor del dictamen, porque nos parece que hay un intento serio de analizar las circunstancias económicas que explican el problema de este gasto de 1982 y porque creemos que las alternativas que se están planteando para elevar el papel de esta Cámara, para analizar y buscar a los responsables y tomar medidas para sanear esa situación, nos parece que son alternativas viables y correctas. Por eso, nosotros votaremos a favor del dictamen, y lo hacemos desde esta perspectiva, desde nuestro compromiso político de colaborar a que esta Legislatura cumpla de mejor manera con el papel que la Constitución le atribuye para la fiscalización, para la corrección del gasto público y nuestro compromiso de colaborar con todas las fuerzas políticas nacionalistas, democráticas y revolucionarias, para buscar las alternativas que el país requiere, que nos impidan volver a cometer los mismos errores

y volver a enfrentar los mismos problemas. Gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.

El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señora Presidenta, señoras y señores diputados: En 1982 estalló la crisis económica y social más profunda de la etapa contemporánea. En el transcurso de los años se acumularon factores de carácter interno y externo los cuales, sobre todo éstos últimos, escaparon al control del Estado y se revirtieron en contra de la mayoría de la sociedad. El dictamen elaborado por la Comisión de Programación y Presupuesto sólo proporciona algunos datos básicos de esa conmoción, pero por ser la mayoría de sus integrantes miembros del partido del Gobierno no han podido aquilatar la severidad y magnitud de los desequilibrios que se presentaren y que aún trascienden.

Nuestro país forma parte del sistema capitalista internacional, y por lo tanto también ingresó a la coyuntura recesiva que se había venido registrando, con mayor agudeza, desde 1973. México no entró de inmediato al deterioro generalizado porque en los primero años del sexenio anterior descansó su financiamiento en los excelentes precios de la exportación de hidrocarburos y en los suministros cuantiosos de créditos externos.

El gobierno anterior se propuso, en los dos últimos años de su mandato, alcanzar un crecimiento deslumbrante del Producto Nacional Bruto para edificar una gran nación, próspera y rica. Sin embargo, se olvidó de la experiencia histórica y de las tesis del nacionalismo revolucionario, y aplicó una política que, en lo sustancial, enfatizó en los factores cuantitativos y no en los cualitativos. Se apartó, en los aspectos esenciales, de la política económica formulada por el pensamiento más avanzado de la Revolución Mexicana.

En la primera etapa, se registró un acelerado crecimiento en la inversión pública, en la generación de empleos, en la ampliación de la infraestructura física y en la capacidad de exportación petrolera. El país parecía surgir ajuiciado del Gobierno, como una potencia media en el mundo capitalista, en la que habría notables excedentes financieros para generar la riqueza. El esquema de las sociedades arabizadas y petrolizadas estaba presente en la mentalidad de la mayoría de los funcionarios públicos, aunque sea concepción social no era compatible con los ideales históricos de la Revolución Mexicana, ni con la propia estructura económica nacional.

En 1982, como lo revela el dictamen, hizo crisis una política económica que permitió descansar el desarrollo social en dos bases endebles: la venta masiva de hidrocarburos a un solo mercado, el norteamericano, y los préstamos proporcionados por la banca privada occidental. Este abuso en dos elementos, externos cuya dinámica escapó a la capacidad de maniobra del Estado mexicano, propició también un exceso en las importaciones, no sólo de maquinaria y equipo indispensables para fortalecer la planta productiva, sino también de bienes suntuarios e innecesarios, que sólo consume la minoría privilegiada.

El hecho de no haber fincado el desarrollo económico en las premisas materiales que ha señalado la Revolución Mexicana, uno de cuyos principios reconoce que el financiamiento externo debe ser complementario del ahorro nacional, propició un abrupto declive en la economía y con ello el estallido de la crisis. En menos de 12 meses el crecimiento sobresaliente pero deleznable del 9% del Producto Interno Bruto, nos hizo pasar a cero crecimiento y la economía demostró, con toda crudeza, todas sus deficiencias y distorsiones de carácter estructural. Así, de cero crecimiento, hemos transitado hasta los decrecimientos negativos.

La crisis de México fue también una extensión de la que se registraba en el resto del mundo capitalista, que había caído ya en el pantano de la recesión y que aún no sale de él. De las crisis de sobreproducción que se conocieron en las mejores etapas del capitalismo, ahora se ha pasado a la del franco deterioro de las plantas productivas nacionales. En 1982, los llamados países en vías de desarrollo apenas crecieron 1.7%. En América Latina hubo cero crecimiento o crecimientos negativos en la mayoría de los países.

Desde los primeros meses de ese año, tanto el Partido Popular Socialista como otras fuerzas políticas y sociales consideraban la posibilidad de que hubiera un desplome en los precios internacionales del crudo, a causa de la preocupante saturación del mercado y que con ello sobrevendría el colapso de la llamada "sociedad de la abundancia". Sin embargo, en las altas esferas del poder público se vivía la alucinación de las entradas extraordinarias de divisas, llegándose a plantear incluso, como meta, la autosuficiencia en materia financiera; y otros más pensaron, en el colmo del optimismo desbordado, que México llegaría a ser un país exportador de capital.

Sin embargo, el director de Petróleos Mexicanos, poseedor de una fuerza política sólo comparable a la del Presidente de la República, decidió reducir, unilateralmente, los precios del crudo, incluso sin esperar la respectiva autorización del gabinete económico. No cabe duda que esta decisión personalista fue el catalizador de la crisis.

Uno de los más graves errores del régimen anterior, fue el haber descansado los ingresos federales en las divisas petroleras.

Por el contrario, se otorgaron estímulos sin precedentes a los inversionistas privados, tratamiento fiscal favorable a las empresas particulares, insumos baratos a la planta productiva y tolerancia hacia la evasión fiscal, de parte de los integrantes de la burguesía industrial, comercial y bancaria. Se pospuso, en una palabra, la reforma fiscal progresiva que afectaría al capital nativo porque había suficientes divisas petroleras.

En estas condiciones, de transferencia de los recursos financieros petroleros a la iniciativa privada, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal bajaron de 71.5%. en el año de '77 a 54.4% en el año de 1982. En tanto, los ingresos provenientes del crédito aumentaron de 28.5% a 45.6%. Por los sacrificios que se les impuso a las empresas estatales para incentivar a la capitalización privada, también bajaron los ingresos propios de 36.4% a 27.6%.

El endeudamiento externo se convirtió en la otra palanca de nuestro crecimiento, mientras existían los ofrecimientos de los grandes banqueros occidentales y la necesidad de crear una poderosa industria petrolera, factores ambos que hicieron que el Gobierno perdiera todo tipo de controles. Lo que dejaban de pagar los altos miembros de la burguesía industrial y comercial, lo aportaban los bancos capitalistas sin tener la conciencia más obvia acerca de las asfixiantes consecuencias que tendría el elevado servicio de la deuda.

Los gastos por este concepto se elevan en 82, a cerca de 2 billones de pesos. La participación del dólar en los compromisos financieros ascendió a 89.4%. México se había comprometido demasiado con el imperialismo norteamericano.

Mientras hubo disponibilidad de créditos internacionales se recurrió masivamente a ellos, sin importar que crecía su relación comprometedora con respecto al Producto Interno Bruto. El desarrollo fue, es cierto, muy acelerado, pero extremadamente condicionado al exterior. La afluencia extraordinaria de divisas propició las importaciones de todo tipo, en realidad sin control alguno, tal sólo porque había dólares abundantes y baratos. PEMEX creció en forma sobresaliente, como nunca en la historia, pero con tremendos excesos en los contenidos importados.

La empresa fundamental de México se entregó a un elemento que prevenía de las filas de la iniciativa privada y que estaba muy relacionado con los grandes truts petroleros. Es cierto que se expandieron sus actividades de exploración y explotación, y de generación de divisas; pero también se fomentó, como nunca en el pasado, el contratismo privado, los consumos dispendiosos y la corrupción.

En PEMEX se infiltraron elementos derechistas, ajenos a toda nación de patriotismo, que transfirieron enormes recursos a la burguesía industrial y comercial, y se acumularon ingresos fabulosos en manos de unas cuantas familias.

Desde los primeros meses de 1982, a consecuencia de la ilimitada oferta de dólares y de la libertad cambiaría irrestricta que se mantuvo a toda costa y el Partido Popular Socialista y otras fuerzas políticas democráticas advirtieron sobre la existencia peligrosa de tendencias especulativas en el mercado financiero, una gran proporción de esas divisas entregadas por el Gobierno a la burguesía estaba saliendo para depositarse en bancos e en bancos e inversiones del extranjero. El Presidente de la República, sostuvo las facilidades para saquear al país y solo estableció el control de cambio, medida reclamada por la mayoría del pueblo, cuando ya estaban vacías las arcas del Banco de México. Es decir, en forma importuna y tardía, pero impuesta por los hechos.

Del tal manera que los principales saqueadores de divisas fueron, según lo confirmó la comisión especial formada por esta Cámara, entre otros, los siguientes: Jerónimo Aragón Arias, Luis Suverville, Eugenio Clariond, Javier Robinson Bours, Eduardo Elizondo, Gastón Azcarraga, Pablo Brener, Adrián Sada González, Alejandro Sada Gómez, Arcadio Valenzuela, Salomón Faz Sánchez, Jacobo Zabludovsky, Raúl Velasco, Eloy Vallina Laguera, Jorge Larrea Ortega, Rogelio Sada Zambrano, Manuel J. Clouthier, Alberto Santos de Hoyos, José Mendoza Fernández, Gabriel Alarcón, Romualdo O'Farril Jr. Alberto Bailleres, Gustavo Masón, Emilio Azcárraga Milmo, Miguel Alemán Valdés, Antonio Ruiz Galindo, Guillermo de Zamacona, Bernardo Quintana, José María Basagoiti, Enrique Hernández Pons, Mario Hernández Maytorena.

Mientras la iniciativa privada concentraba un gran parte de las divisas petroleras, las guardaba y las atesoraba, las tasas inflacionarias perdieron todo control. Los precios de todos los productos se dispararon, lo que obligó al Gobierno a decretar aumentos de salarios de 10, 20 y 30% en forma emergente. El año cerró con una tasa inflacionaria del 98.8%, cifra sin procedente en la historia moderna del país. Mientras la crisis comenzaba a golpear brutalmente a la mayoría de la población, por otro lado, se acentuaba la descapitalización nacional y con ello el deterioro absoluto de la planta productiva.

La inflación que se registró, no obedeció al aumento en el circulante monetario sonó el hecho de que los recursos de inversión proporcionados o generados por el Estado, no se utilizaron para ampliar o fortalecer la planta productiva privada sino para insistir en un crecimiento basado en las importaciones de maquinaria y tecnología; además, para invertirlo en las instituciones bancarias, las cuales tuvieron una alta captación de ahorro.

En 1982 se perdió el ritmo de crecimiento de la economía nacional. La inversión bruta fija total disminuyó en un 15% de ella la inversión pública descendió en un 14% y la privada en un 17%. Las importaciones se desplomaron y la balanza de cuenta corriente registró un déficit de 2 mil 685 millones de dólares.

Una demostración palmaria de que no fue sano ni conveniente a los intereses de pueblo hacer descansar el desarrollo nacional en la venta de un solo producto, lo constituye el fenómeno que produjo el virtual desplome de los precios internacionales. El Producto Interno Bruto real decreció en 0.5%, lo que significa que el ascenso había sido prestado a México por circunstancias mundiales más o menos favorables. Una vez que variaron ésta, nos instalamos en realidad, México tiene una planta productiva en exceso dependiente, deformada e incapacitada,

como producto de una secuela de largos años de protección estatal.

Las maniobras especulativas lesionaron la estabilidad de la moneda nacional. Al retirarse el Banco de México y dejarla a su libre fluctuación, en realidad se estaba dejando la paridad de nuestra moneda a merced de los grandes tiburones de las finanzas nacionales. El fortalecimiento del dólar y las altas tasas de intereses impuesta por la reserva federal de los Estados Unidos escapan, es cierto, a la capacidad y responsabilidad del Estado; pero las acciones tendientes a acumular moneda extranjera y a dolarizar los depósitos bancarios, si pudieron haberse frenado, de actuarse en forma oportuna, utilizando para ello los recursos legales de que dispone el Banco Central.

Pero la libertad cambiaría a ejerció como libertinaje en contra de la Nación. Los capitales salían del país y se transformaban las cuentas de ahorro en dólares y las autoridades nada hacían, sino sólo proclamaban su más completo respeto por la libertad. Cuando el Gobierno congeló los depósitos en dólares, ya era demasiado tarde y tuvo que pagarlos después a 70 pesos, premiando los afanes especulativos, aunque con ello se sacrificara el erario federal.

El Partido Popular Socialista considera que la política de gasto público permitió ampliar y fortalecer el desarrollo industrial, pero sobre todo el petrolero. No obstante, pero al elevado gasto no se cumplió con la mayoría de los objetivos acordados. En efecto, industrias fundamentales, como la energética siderúrgica, de bienes de capital, recibieron un importante impulso, y ello no cabe duda, ha enriquecido el patrimonio de todos los mexicanos.

En lo que concierne al sector agropecuario que fue la otra gran prioridad nacional, pese a las inversiones realizadas, no se cumplieron con la mayoría de las metas previstas. Al contrario, se aumentó la dependencia alimentaria con respecto del exterior.

El hecho de que muchos de los objetivos no se hayan cumplido, a pesar de las grandes disponibilidades de recursos económicos, se debió a los siguientes factores: No se respetaron los lineamientos programáticos a causa del desaforado contratismo privado que prevaleció; se relajo la disciplina interna en razón de la política equivocada de cifrar demasiadas esperanzas en la actitud solidaria de la burguesía; a la relación pervertida que se vio entre funcionarios públicos e inversionistas particulares, en que los primeros trataban de gastar todas las asignaciones y los segundos, en efectuar los negocios más rápidos y redituables de la historia moderna del país.

Lo censurable, desde nuestro punto de vista, no es le monto del déficit público, sino las modalidades que asumió su ejercicio; la falta de vigilancia revolucionaria que hubo en la conducción de la política económica.

La corrupción surgió, sobre todo, en la iniciativa privada, cuyos miembros se beneficiaron con múltiples contratos de obra y servicios de dimensiones millonarias, que lesionaron el patrimonio de las empresas públicas y organismos descentralizados. Por esta razón esas empresas, propiedad del pueblo, registraron un desahorro de 298 mil millones de pesos, situación que de gran medida se explica con la deshonestidad que es inherente al contratismo privado.

Este contratismo ilimitado que se registró, contribuyó también a la descapitalización de esas empresas, propició fugas de dinero, adulteración de costos, obras de mala calidad, pagos por anticipado por obras que jamás se realizaron o que se hicieron a medias.

Los egresos del Gobierno Federal fueron importantes en gastos de capital, habiéndose beneficiado sobre todo los sectores industriales, bien estar social, agropecuario y forestal, educación y salud. Estos gastos son positivos porque satisfacieron necesidades ingentes del desarrollo económico y de la población, pero lo que si es preocupante es el sobregasto que se registró en servicios personales, es decir, en renglones improductivos y el hecho de que las transferencias a la iniciativa privada no se ajustaron a ningún saneamiento de tipo financiero ni tampoco se entregaron en relación con el cumplimiento de metas.

La política proteccionista a favor de la burguesía permitió, que durante los primeros cuatro años, ésta se mostrara complaciente con respecto al poder público y que sólo cuestionara la política exterior independiente. Mediante la Alianza para Producción se acabaron con las discrepancias en lo que la burguesía recibía una gran parte de la riqueza petrolera transformada en estímulos, créditos, exenciones y subsidios.

El auge financiero estaba beneficiado, sobre todo, a la minoría privilegiada que, prepotente, al llegar el quinto año de la gestión administrativa proyectó participar de una manera directa en el poder político, por vía de la incorporación de varios de sus jefes al gabinete presidencial.

Los impactos negativos que tuvieron las fluctuaciones cambiarías sólo revelan la extrema vulnerabilidad que tiene nuestra economía en el contexto del sistema capitalista. En la medida en que México recurrió a un excesivo endeudamiento exterior, las variaciones de las tasas de interés implicaron una elevación sustancial en el pago de servicios de la deuda. Así, ante la imposibilidad de responder a esos apremios onerosos, se empezaron a solicitar a los bancos las primeras prórrogas o aplazamientos.

Del exceso en el uso del financiamiento externo pasamos a su opuesto, una virtual congelación de créditos y ello, no cabe duda, repercutió drásticamente en el desplome de la economía nacional. Cuando hubo créditos la economía estaba en auge, pero cuando escasearon, ocurrió el colapso, lo que indica que el endeudamiento estaba desempeñado ya, un papel estratégico, contraviendo las premisas del desarrollo con independencia, democracia y justicia social.

Las históricas decisiones de nacionalizar la banca privada y establecer el control general de cambios, constituyeron una firme respuesta del Estado para restablecer, a favor de la Nación y el pueblo, el equilibrio que se había perdido en beneficio de la minoría privilegiada. Pero no solamente se tuvo esa finalidad, sino la de impedir la entrega, parcial o total, del aparato administrativo y público, a los sectores que habían medrado en la etapa de la bonanza financiera petrolera y de hacer que el Estado y el movimiento democrático general pasaran, de una actividad defensiva, a otra ofensiva, haciendo a un lado a los enemigos históricos que habían conquistado ya un importante poder e influencia en el rumbo de la sociedad.

La trágica experiencia de 1982 confirma que cuando la política económica se aparta de los principios del nacionalismo revolucionario, que enseña que el desarrollo es apreciable en la medida en que contribuye a fortalecer la autonomía nacional y a distribuir más justamente la riqueza nacional, sólo se acentúa el poder de las clases y grupos que, históricamente, han combatido a nuestro pueblo. Que la política de convivencia con la iniciativa privada, en un principio ahorra antagonismos y conflictos políticos, pero que, por defender concepciones diferentes sobre el desarrollo nacional, al final termina por pasar a la oposición violenta, tratando de controlar el poder político fundamental.

La política económica necesita diseñarse en función de los grandes requerimientos nacionales y populares, y no en base a las demandas de los grupos empresariales, cuyos ideólogos en el sexenio pasado y en el actual han planteado, abiertamente, la necesidad de hacer retroceder al Estado y de privatizar las áreas económicas que hoy son propiedad de la Nación. Esta concepción del desarrollo enfatiza en la suprema e irrestricta libertad del individuo, lo que vale decir, en el dictado de los grandes monopolios particulares que son exaltados por ejemplo, en la sociedad norteamericana.

Los recursos petroleros, que seguirán ocupando un sitio destacado en el financiamiento, deben ser manejados con criterios de alta rentabilidad social, nacional y popular, pero también con sentido patriótico, que permita reavivar el contenido básico de la expropiación de 1938.

México, en la actualidad, está en las garras de los grandes usureros internacionales, a causa de los abusos en los créditos externos. Por ese camino ya no debemos transitar más si queremos mantener nuestra independencia nacional. Al contrario, ahora se impone un énfasis mayor, el fundamental, en el ahorro interno, propiciando una participación más justa de los frutos del capital en el desarrollo económico.

En el reciente manifiesto del Congreso del Trabajo se plantea la necesidad de expulsar de las distintas esferas del poder público a los elementos contrarrevolucionarios, que hacen la política que dicta y reclama la iniciativa privada. Consideramos que esa depuración del poder público es insoslayable.

Continuar con la política de proteccionismo general no sólo no permitirá desarrollar la planta productiva como lo reclaman las exigencias nacionales, sino que a la postre estaremos alimentando un conjunto de fuerzas que ya están en abierta disputa por la conquista del poder político.

Esas fuerzas contribuyeron en gran medida a la profundización de la crisis de '82, lucharon con ella en contra del Estado y del pueblo, y ahora, por razones de estrategia, responsabilizan de todo y por todo al Gobierno y al sistema político que trata de que esté ocupado por industriales, comerciantes y financieros, amparados bajo las siglas del registro electoral del principal partido de la derecha. Es decir, el poder económico acrecentado y beneficiado en la crisis de '82, ahora aspira a detener los cargos claves en el sistema político. Es nuestro principal reto.

La experiencia de '82 demuestra la necesidad de abandonar los enfoques y medidas de corte monetarista, librecambista y neoliberal, que sólo han favorecido a la breve minoría y, por el contrario, se reclama la acentuación de la política popular, antiimperialista y democrática que es consustancial a las luchas históricas de nuestro pueblo.

La producción de bienes y servicios no debe considerarse como un fin en sí mismo de la política económica sino como un medio para elevar constantemente el nivel de vida de los obreros y de los campesinos, que son las clases mayoritarias de la sociedad.

Es imprescindible terminar con las medidas de restricción salarial y, por el contrario, ampliar y fortalecer el mercado interno mediante una elevación permanente de la capacidad de compra de los trabajadores de la ciudad y del campo.

No se debe abandonar la política de intervención del Estado en la economía, sino continuar esa participación ahora en las áreas consideradas como prioritarias.

El desarrollo del sector industrial, que ha sido uno de los soportes básicos del progreso nacional, debe fortalecerse pero con un sentido independiente, eliminado a los prestanombres del capital extranjero y sin el excesivo proteccionismo del Estado, tratando de que el sector privado desarrolle, sus propias actividades de base a sus propios recursos.

Es urgente cambiar la dirección de la política agropecuaria para que se enfatice en la imperiosa necesidad de satisfacer el mercado nacional y no en la exportación de las cosechas al mercado norteamericano.

Avanzar más aceleradamente en la globalización de los ingresos de las personas físicas y empresas, a efecto de que el gran capital nacional sea gravado en forma progresiva a su monto.

La política de complacencia, tolerancia o de subordinación a los dictados e intereses de la burguesía, según lo confirma la propia realidad

histórica, tanto del régimen de Miguel Alemán como del sexenio anterior, no resuelto los problemas fundamentales del pueblo y sí por el contrario, ha propiciado una más injusta distribución de la riqueza.

Los aplausos que prodiga la derecha y la iniciativa privada al Estado ocurren en tanto se aplique una política benéfica a esos intereses y a esas posiciones, pero cuando se producen algunos cambios en la dirección opuesta, esa conducta se transforma en oposición agresiva y en la implementación de táctica de desestabilización, no sólo con respecto al Gobierno sino del orden constitucional general.

La Cámara de Diputados, su sector democrático y revolucionario, necesita fortalecer todos los instrumentos jurídicos e institucionales de que dispone a efecto de vigilar, con mayor eficacia y oportunidad, que la política económica no se aparte de las grandes líneas históricas de la Revolución Mexicana.

Señoras y señores diputados: mi partido reconoce que en el dictamen elaborado por la Comisión se advierten progresos en la crítica y la autocrítica acerca de los errores ya consumados al plantear recomendaciones y conclusiones que apuntan a la necesidad de rectificar los aspectos negativos de la crisis política económica, pasada y actual. Muchas gracias (Aplausos.)

La C. Presidenta: - En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas, señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.

Tiene la palabra el C. diputado Manuel Cavazos Lerma.

El C. Manuel Cavazos Lerma: - Señora Presidenta: honorable Asamblea: El dictamen que hoy se somete a consideración, no es solamente un ejercicio en torno al gasto público ni circunscribe solamente al monto ejercido con respecto al programado y a la diferencia resultante; el dictamen que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, empieza por hacer un encuadramiento jurídico de lo que se va a examinar o revisar, después enmarca la situación económica nacional e internacional en la cual se ejerció el presupuesto para luego entrar a la parte central del mandato constitucional por un lado, la revisión de la gestión financiera que esa sí gira en torno al déficit del Sector Público resultante a su vez de los movimientos y en egresos y, finalmente, la parte que se refiere a la revisión sectorial, al cumplimiento de sus metas que cada uno de los programas y de los subprogramas aprobados en presupuesto se había planteado y a las causas de su incumplimiento.

Ya en la parte final del dictamen se ponen a consideración de la Asamblea algunas conclusiones así como también recomendaciones y sugerencias, que giran en buena medida en torno a los instrumentos que están detrás del ejercicio presupuestal y buena parte de esta discusión se dedica al análisis de los instrumentos. Y buena parte también, en congruencia con el dictamen de la deliberación en esta Cámara, se ha centrado sobre esos instrumentos, su fortaleza, su debilidad, la eficacia o eficiencia con que fueron utilizados. Y empezaremos por esta primera parte, empezaremos por los instrumentos; el más importante sin duda alguna es el de el gasto público. Y de alguna manera ha habido en algunos medios en algunos oradores, condena al gasto público como instrumento eficaz para que el Estado logre sus fines, que en el caso del Estado mexicano son los fines de la sociedad, los fines de la mayoría.

Señalar errores en cuanto a la ejecución del gasto público, no significa por ningún motivo, querer debilitar o desprestigiar ese instrumento valiosísimo para la política socioeconómica no. Señalamos los errores para que se corrijan, para que se ratifiquen, para que se vitalice y vigorice ese instrumento y pueda cumplir así con los fines que le son destinados. Para que pueda ser un efectivo motor del desarrollo económico y para que transforme ese crecimiento económico en desarrollo social.

El gasto público, visto en su monto global, es un importante instrumento de estabilización económica. Pero no hay que limitarnos sólo a la parte global del gasto público, veamos también su estructura, su composición, porque ahí tiene funciones también importantes que cumplir para mejorar nuestra estructura industrial, por ejemplo, para reducir la dependencia de la industria del campo y de los servicios, para mejorar la distribución del ingreso entre regiones, entre personas, entre grupos o entre sectores. No limitemos pues, el papel del gasto público ni mucho menos lo condenamos o censuremos por un ejercicio episódico circunstancial, coyuntural; pero eso sí, aprovechamos la experiencia, hagamos la reflexión y asimilemos bien esta lección de 1982. Repito, para tonificarlo, para que cumpla con los propósitos de un proyecto político bien definido.

Se habla también de otro instrumento ligado al gasto público, que es el de lo estímulos, subsidios o transferencias; y es cierto que no hubo una ejecución conforme a los propósitos iniciales; es cierto que nos ayudó a mejorar la distribución del ingreso y que si bien algunas veces benefició a los más necesitados, también fue a parar a manos de quienes menos lo necesitaban, y también se convirtió en fuente de ineficiencia y de mala asignación de los recursos, por que no hubo esa vinculación rigurosa y escrupulosa a estos propósitos de diversificar nuestra producción, de estimular la capacidad de generar empleo, de mejorar los mínimos de bienestar o para satisfacer las necesidades básicas o para mejorar a quienes menos tienen.

Y esta crítica nuevamente apunta en esa dirección, y fue por eso que en el año pasado propusimos que se diera a conocer el registro único de transferencias que nos dice quien es el destinatario final de esos subsidios, de estos estímulos, de esas transferencias para poder hacer el análisis político, el análisis que se interesa más por el beneficiario último, en el aspecto redistributivo de esa política de transferencias.

La banca pública es otro instrumento que ha salido a colación; la banca pública, que se está reestructurando y que tiene que seguir esa reestructuración para poder cumplir con el impulso a las tareas del desarrollo, y esta Cámara tiene un papel de vigilancia que cumplir. Es obligación nuestra señalar las desviaciones de ese propósito original, remarcarlas, deslindar las áreas de competencia de marcar con firmeza el destino de los ahorros captados, ahorros del pueblo que deben ser transferidos y canalizados hacia las prioridades que el pueblo mismo se ha fijado.

Toda desviación tiene que rectificarse, y como dijera Confucio: "Gobernar es rectificar".

Y relacionado con este instrumento de la banca el problema de las fugas de capital, que nadie pueda negar su incidencia negativa en los eventos de 1982. Si todo mundo censura, condena y ve desfavorable la fuga de capitales, es necesario profundizar el análisis de que lo provocó esa fuga de capitales, señalar a quienes anteponen el interés general, el interés privado por encima del interés general o de la Nación. Pero también, ver qué es lo que determina ese comportamiento de capitales sin patria, que es lo que está determinando la decisión de tener un depósito en la banca nacional o tenerlo en la banca extranjera para erradicar de raíz, de fondo, esta causa que desequilibra y disloca nuestras relaciones con el exterior y del desenvolvimiento de nuestra economía nacional.

Se ha hablado también del déficit y parece haber una condena del déficit en sí, cuando habría que profundizar en las formas de financiamiento de ese déficit: que es lo que determina por un lado las presiones inflacionarias y, por el otro, la resignación de recursos entre los diferentes sectores de la economía. Hace falta ir más allá del simple monto del déficit del Sector Público, como también es necesario profundizar en lo que hay detrás del gasto público en su discrepancia con lo programado.

La Cuenta Pública por primera vez hace una cuantificación de cuánto de esas discrepancias o diferencias se deben a factores fuera de control, es decir, a factores imprevistos como una devaluación muy superior a la estimada o como una inflación mayor también a la prevista, lo que trae consigo una secuela de aumentos en los costos de los insumos de la obra pública.

Y otro instrumento vital que ha sido examinado de esta deliberación, es el de la empresa pública. Y se dice que parte del derroche se debe a la empresa pública y se hace la crítica toda intención de debilitar este otro instrumento de política socioeconómica. Se ha señalado ahí una serie de deficiencias en la empresa pública y se hace la crítica con toda intención de debilitar este otro instrumento de políticas socioeconómica. Se ha señalado ahí una serie de deficiencias en la empresa pública: Retraso en precios y tarifas, improductividad, mala situación financiera, se señala ahí para que junto con este planteamiento, y con este apuntamiento, surjan como corolario natural las propuestas, las sugerencias, las recomendaciones, que evitan estos lastres que impiden a la empresa pública caminar con paso acelerado hacia el propósito para el que fueron creadas.

Y sí, se habla de una política más dinámica, más flexible de precios y tarifas, pero vinculado a programas de productividad, programas de saneamiento financiero. No seamos sólo una parte del problema sino que hagamos el análisis integral, porque esto nos conduce a otra de las críticas que aquí se han manifestado: la burocracia.

Y es fácil hablar de la burocracia en general y tratar de provocar asociaciones de ideas ya arraigadas en algunos medios. Pero entendamos que la burocracia ante todo, el trabajador al servicio de Estado y que los fines del Estado son los fines de la sociedad, y que por eso la responsabilidad del servidor público se multiplica en el ámbito social. Y no condenemos a la burocracia por casos aislados o episódicos, no generalicemos por unos cuantos malos servidor públicos.

Es preocupación fundamental mejorar la situación de los trabajadores al servicio del Estado y por eso ya hay en marcha el programa de servicios civil de carrera. Y por eso hay ya en práctica, una serie de modificaciones a los tabuladores y al mejoramiento en prestaciones y a nivel de vida del servidor público para que pueda cumplir de mejor manera, con eficiencia su función de servir así a la sociedad.

A manera de detalles se habla, por ejemplo, de que el subsidio cambiario no implica una transferencia de recursos sino solamente un ajuste en libros. Lo que está ahí en la Cuenta Pública es lo que sí implicó transferencia de recursos, aquellos que pidieron prestado y pagaron a 50, pero los recursos se captaron a 70 pesos por dólar. Esa diferencia cuando se pagó se integró como subsidio cambiario, o bien, las cuentas mexdólares, como solían llamarse, que fueron captadas a un tipo de cambio y pagadas a otro, cuando se registró fue cuando se retiró ese depósito fue cuando se registró subsidio. Los depósitos que ahí permanecieron no causan ajuste en cuenta, sino cuando mucho es cierto - como aquí se dijo - lo que se llama operaciones compensadas , o bien, operaciones virtuales.

Se manifestaron algunas preocupaciones concretas respecto a lo sectorial, al campo. A todos nos preocupa la situación del campesino. Y hay ya una estrategia de desarrollo rural integral, íntimamente vinculada a nuestra estrategia de reforma agraria integral.

Es cierto que tenemos que velar y vigilar esa estrategia y esos propósitos para que esos lineamientos sean transformados e interpretados en acciones que efectivamente se vinculen

a esos propósitos nobles. Es necesario, como parte de la soberanía alimentaria que ahora se postula, cuidar el cumplimiento de esos propósitos, que ya se detallan en parte en el Programa Nacional de Alimentación, lo cual nos lleva a ver la relación entre este documento y el antiguo Sistema Alimentario Mexicano.

El hecho de que no haya habido cifras suficientes para hacer el análisis coherente, integral del gasto implicado por el Sistema Alimentario Mexicano, no quiere decir ponerle bola negra, como tampoco quiere decir ponerle bola negra a su desaparición, sino es más bien retomar lo bueno, el acierto la ventaja de este Sistema Alimentario Mexicano en un programa más ambicioso, más integral, más completo que, repetimos, recoge las ventajas y los aciertos del SAM, pero también corrige algunas deficiencias. Y es legítima esta forma de conducción que implica el deseo de perfeccionamiento en los instrumentos.

En relación con esto se hablaba de COPLAMAR, que estaba destinado a los grupos marginados para alentarlos y estimular la satisfacción de sus necesidades básicas. COPLAMAR estaba disperso en una serie de instituciones y entidades, y ahora lo que se está buscando es que las estrategias intersectoriales, tanto PIDER Q como COPLAMAR, sean incorporados a un programa regional que esté más directamente vinculado con el grupo que se quiere favorecer; y esta vinculación implica un mayor compromiso e implica la posibilidad de una mayor vigilancia y, por lo tanto, de una mayor eficiencia en el cumplimiento de esta demanda política de ayudar más a quienes menos tienen.

En cuanto a la industria, ciertamente compartimos la inquietud, la angustia de la extrema dependencia del sector externos cuyos resultados ya los vivimos en 1982, y por eso se habla de la diversificación y por eso hay todo un programa de situación de importaciones y valga un ejemplo concreto, algunos programas de algunas dependencias o entidades, como PEMEX y CFE, que tenían contenido de importación hasta el 40% ahora se están reduciendo sustancialmente para reducir esa dependencia, al tiempo que se alienta la promoción industrial o que se alienta el uso de nuestra planta productiva y la diversificación de nuestras manufacturas y de nuestros bienes de capital.

Y entramos ahora a los temas de tesis, al tema del Estado, al tema de la necesidad de un Poder Ejecutivo fuerte y hasta, donde esa fuerza se convierte en poder absoluto. Y en ese sentido se han señalado también desviaciones y ese señalamiento de desviaciones es lo que ha llevado precisamente a manifestar aquí, en esta tribuna, la voluntad política de respetar cada vez menos a los hombres. Y hacer eso quiere decir fundar el desarrollo, fundar la política en el derecho, que el proceso transformador tenga sustento jurídico y en ese sentido se ha realizado una serie de modificaciones que apuntan precisamente en esa dirección, y que las podemos encontrar encuadradas en la tesis de democratización integral, o bien, en la descentralización de la vida nacional.

Porque descentralizar la actividad, descentralizar los recursos hacia estados y municipios es también descentralizar el poder. Y hay también ya en programa definido, concreto, para fortalecer el principio de división y colaboración de poderes, que no se pierde en la sombra de una línea no bien demarcada entre colaboración y dependencia. Yo creo que ha habido manifestaciones concretas de esta voluntad de fortalecer al Legislativo, basten algunos ejemplos, el informe trimestral sobre el panorama económico y la situación de las finanzas públicas. No tenemos ahora que esperar hasta la Cuenta Pública para tener una opinión o para estar enterados o informados. Trimestralmente en estas reuniones con servidores públicos, dispuestos a contestar interrogantes, hemos seguido la marcha del gasto público y de los ingresos públicos trimestre a trimestre. Y eso nos ayuda y nos apoya, y también nos compromete a plantear la posibilidad de luces ámbar.

Ha habido también reuniones con servidores publicados a nivel de secretario de Estado, a nivel de subsecretarios, a nivel de técnicos especializados para hacer este seguimiento de las finanzas nacionales y no esperar a hacer juicios - como aquí se decía, a toro pasado o sobre agua estancada que no mueve molino - , No. Pero hagamos también una acotación , el juicio sobre el trimestre es forzosamente sobre lo que ya pasó del trimestre, es decir, ahí también habría que trazar una línea divisoria en cuanto a los tiempos de la discusión, en cuanto a los tiempos de la posibilidad de la opinión, en cuanto a los tiempos para el encendido de las luces de cualquier color.

Se dice también que ha habido funcionarios, servidores públicos que en lugar de atender a la demanda popular, es la comunidad quien debe de ajustarse a sus criterios. No dudamos que haya habido circunstancias de esta naturaleza, pero se están cambiando estilos y forma de conducción política. Ahora tienen que ajustarse a las demandas populares y los programas son flexibles para autocorregirse y cumplir cada vez más con esa demanda sentida.

Le vimos ya, está expreso en el Programa Nacional de Alimentación, hay ahí instrumentos, mecanismos o disposiciones de vigilancia, de vigilancia de la población para que se cumpla con esos propósitos, para que sea la comunidad quien decida su forma de organización y la forma de ejecución de los programas que allí se plantean.

Esto nos lleva al tema de la renovación moral, al tema de la renovación moral, a la mal entendida renovación moral, y conviene aclarar lo que es: y lo que no es: En primer lugar, decir que no es inventar una nueva moral si no reforzar la moralidad colectiva del proyecto nacional, que es nuestra Constitución; que no es persecución ni revanchismo político, ni es cacería de brujas, ni fogón para demonios; que no se finca en cárceles ni en carceleros, sino que es proyecto transformador que

construye, no que destruye, que vigoriza y fortalece, no que debilita y empobrece; que trata de unir a los mexicanos en torno a la moralidad colectiva de nuestros valores nacionales y no a desunirlos o a disgregarlos.

La renovación moral es la revitalización de todo lo que induzca y garantice el cumplimiento de nuestros deberes para con la Nación y para con la República; es ajustar nuestra conducta a esos valores de nuestra República, a los derechos consagrados en la Constitución. Es la supeditación de los intereses individuales y de gremio a los intereses generales, a nuestro orden constitucional, a los valores de nuestra nacionalidad, a la ética política en que se sustenta nuestra identidad y nuestra fuerza, como pueblo independiente, democrático y justo. Es urgente la exigencia política de la sociedad; es mandato para vencer prácticas desviadas que niegan la legalidad, la igualdad, la justicia, la autoridad, la solidaridad social y los valores fundamentales que han forjado el engrandecimiento de México; es volver a innovar y a vigorizar desde la Revolución para la Revolución.

Finalmente, a nombre de la Comisión, deseo felicitar a todos los participantes en esta deliberación sobre el dictamen de la Cuenta Pública, en lo general. Lo han hecho con alteza de miras y con espíritu constructivo; han deliberado desde su propia posición partidista sobre este documento, a todos nos inspira y nos anima al mismo propósito. Cumplir cada vez mejor con las atribuciones que nos son propias para cumplir cada vez mejor con México y con los mexicanos.

Hago también un llamado para que no toleremos deshonestidades ni permitamos que se confunda el patrimonio de la Nación con los patrimonios personales de los malos servidores públicos; seamos intransigentes en cuanto a desviaciones, vicios, deficiencias y corruptelas en el manejo de los recursos del pueblo; apoyemos a la renovación moral porque es tarea de todos; formemos incluso un frente nacional contra la corrupción; formemos brigadas de renovación moral; quien tenga quejas y denuncias contra servidores públicos que las haga saber en la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta Cámara de Diputados.

Finalmente, quiero hacer una puntualización sobre nuestro sistema político; y decir que lo defendemos, que lo hacemos en este dictamen, que lo hacemos en esta tribuna porque es producto de lo mejor de nuestra historia, pero lo defendemos en su esencia, en sus principios, valores, normas e instituciones, porque seguimos leales a ellos, porque se mantienen vivos, vigentes y vigorosos y muy por encima de las fallas temporales de los hombres y de los errores de las prácticas de operación. Seguimos fieles a estos principios porque ellos han sustentado la transformación, el avance y la paz de nuestro país por mas de medio siglo, pero somos igualmente firmes en señalar los errores de los hombres y las prácticas de operación del sistema para corregirlos, para erradicarlos.

Los hombres pasan, algunos se desgastan e incluso algunos claudican, pero los principios siguen firmes, los principios permanecen y se remozan porque llevan en su entraña el germen mismo de su propia perfección, las prácticas de operación se desvirtúan, se descomponen, se vician o se corrompen, pero los principios siguen inalterables, resplandecientes, orientadores. Defendemos al sistema porque sabemos distinguirlo de sus prácticas de operación y de la actuación de sus hombres. Estas prácticas y estos hombres no pueden poner en entredicho la bondad del sistema ni mucho menos ser usados como argumento para postular su caducidad, su decadencia, quebrantamiento o desmoronamiento. Lo defendemos porque representa lo mejor de nuestra tradición histórica y lo mejor de nuestra creación política. Muchas gracias.

La C. Presidenta:- Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, en lo general.

El C. secretario Enrique León Martínez:- En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen, en lo general.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La C. Presidenta:- Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular, de los artículos no impugnados. Se ruega a al Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señora Presidenta, se emitieron 295 votos en pro y 71 en contra.

La C. Presidenta:- Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 295 votos.

Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., y 8o.

Se abre el Registro de Oradores para la discusión del artículo 1o. del dictamen.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 1o. los siguientes CC. diputados: Astolfo Vicencio Tovar del Partido Acción Nacional e Ignacio Vital Jáuregui del Partido Demócrata Mexicano; y para hablar en pro del mismo artículo, los siguientes CC. diputados: Rogelio Carballo Millán y Alejandro Posadas Espinosa del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra en contra el C. diputado Astolfo Vicencio Tovar.

El C. Astolfo Vicencio Tovar:- Señora Presidenta: Mi intención no era únicamente inscribirme en contra del artículo 1o., sino también en el artículo 8o.; entonces, quiero pedir autorización para que mi intervención pueda abarcar los dos artículos.

La C. Presidenta:- Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la proposición del diputado Vicencio Tovar para tratar en una sola intervención los artículos 1o. y 8o. del dictamen.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si se autoriza al diputado Astolfo Vicencio Tovar para tratar en una sola intervención los artículos 1o. y 8o. del dictamen. Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.

El C. Astolfo Vicencio Tovar:- Me inscribí para hablar en contra del artículo 1o. del dictamen, porque realmente este artículo se puede tomar como un antecedente del articulado del propio dictamen: no marca ningún mandato ni hace ningún enjuiciamiento de los resultados de la revisión a que se refiere dicho artículo. Así es que pasemos realmente a lo que tengo que decir respecto a la Cuenta Publica.

Nunca antes, como ahora, la discusión la discusión de la Hacienda Pública Federal revistió tanta importancia como ésta de 1982, porque es la expresión de la crisis por la que atraviesa nuestro país y a la que el Presidente De la Madrid calificó la más grave de los últimos 50 años.

La diputación del Partido Acción Nacional viene a esta tribuna por mi conducto, a exponer sus puntos de vista sobre dicho documento. Además de las intervenciones de nuestros diputados en las discusiones de cuentas públicas anteriores, en las que se denunciaron los errores del gobierno en materia económica, Acción Nacional dio la voz de alerta desde 1980 para hablar sólo del sexenio pasado. Después, en 1981, exigiendo que se modificara la política económica que estaba llevando al país a la bancarrota; y en mayo de 1982 exigía en la Comisión Permanente del Congreso la comparecencia del llamado gabinete económico para que diera una explicación clara de la crisis y para que se tomaran medidas emergentes para frenarla.

Jamás se nos hizo caso. Y no es que vengamos a decir ahora: Ya ves, te lo dije, sino que el Gobierno siempre se ha cerrado a todas nuestras peticiones, iniciativas, proposiciones o exigencias. Y creemos que para que tenga razón de ser los partidos de oposición, se les debe escuchar por lo menos, más aún en épocas tan difíciles como las que hemos estado viviendo, sobre todo en los últimos 13 años.

La Cuenta Pública de 1982 no puede observarse como un hecho aislado, ya que violenta la Constitución y todos los ordenamientos en materia económica. No podemos siquiera pensar en aprobar el dictamen, porque en la Cuenta se observan: 1, La falta de cumplimiento de nuestro marco jurídico en materia económica. 2. El fracaso de las prioridades nacionales que proclamó el Presidente López Portillo, así como de las leyes que soportaban la reforma administrativa y todos los planes especiales, sectoriales, regionales, industriales y globales, como lo prueba el dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda. 3. Es un hecho y lo refleja la Cuenta Pública del '82, que el Sector Público es paradójicamente la primera víctima de la crisis. Que en su magnitud él mismo propició por su origen político - petrolero y por haber basado las posibilidades del desarrollo del país en decisiones extraterritoriales que estaban ajenas a nuestro dominio.

Por su equivocada política de endeudamiento externo para mantener un nivel económico ficticio, en año de campaña y de elecciones. 4. Por no haber tenido control sobre la inflación. 5. Por mantener una paridad irreal al subsidiar el valor del dólar, lo que propicio la fuga masiva de capitales.

Inflación: La insistencia, rayana en la terquedad, de sostener un sistema económico de crecimiento con inflación inoperante en México y en las circunstancias por las que atravesaba la economía, se mantuvo a toda costa para aparentar un crecimiento del 7% anual, que estuvo basado en el endeudamiento y en las ventas masivas de petróleo.

Este crecimiento artificial fue uno de los factores principales que incrementaron la inflación, que ha golpeado brutalmente al pueblo, sobre todo al de escasos recursos económicos. La inflación se vino gestando a través del sexenio, pero se desató en forma incontrolable a partir de 1981, sobre todo después de la baja en el precio del petróleo, producto base de la economía nacional.

Las expresiones triunfalistas de que debíamos aprender a administrar la abundancia, cayeron estrepitosamente ante el estupor de quienes románticamente recordaban los textos de primaria, en los que se ilustra México como el gran cuerno de la abundancia.

Y realmente debía ser así. En su primer informe de gobierno, el Presidente de la República indicó que México ocupa el lugar número 15 entre todos los países del orbe, en lo que se refiere a recursos naturales. Y qué mal uso han hecho de ellos gobiernos seudorrevolucionarios, sobre todo el del sexenio pasado.

El crecimiento del circulante en 1982 fue del 43.1%, en promedio, pero en el segundo semestre del llamado Año de Hidalgo, la maquinita de hacer billetes trabajó horas extras para llenar los bolsillos de aquellos que se iban, y la emisión del circulante subió hasta el 55.3%, lo que representó un aumento en monedas y billetes de 222 mil millones de pesos sin respaldo alguno.

Para llenar las arcas vacías, además de la emisión irresponsable del circulante, se abusó

de la emisión de CETES, que el segundo semestre del '82 creció hasta en un 374%. Esos valores, por sus características, influyen y siguen influyendo en la inflación.

También, en forma notable, influyó el financiamiento deficitario que aparece en el presupuesto; la inflación en los primeros cinco años del sexenio fue de un 28.5% anual, en promedio, pero la que registró en 1982 se disparó hasta el 98.8% - la más alta de la historia - , que dio la puntilla a la ya precaria economía popular.

Déficit presupuestario. Contrariamente a lo que se ha hecho público, en el sentido de que el Sector Público, gastó un billón 500 mil millones de pesos - más que lo autorizado por esta Cámara de Diputados - , la triste verdad es que el excedente, o déficit, o sobregiro, o como se le quiera llamar, supera los dos billones 194 mil millones de pesos, dos millones de millones más 194 mil millones de pesos, lo que representa un 66.1% más del presupuesto original. Estos datos no son inventados, aparecen en el cuadro No. 5 de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal.

En las discusiones de los presupuestos siempre nos hemos pronunciado en contra del artículo, en el que se le conceden amplias facultades al Ejecutivo para que pueda hacer y deshacer con el presupuesto, y éstos son los resultados: El Ejecutivo no sólo no se ajusta al autorizado por esta Cámara, sino que este Congreso no influye para nada en materia de política petrolera, o en el control de la emisión de billetes y monedas, ni el financiamiento interno o externo, fundamentalmente por la sumisión que los diputados de la mayoría muestran frente al Presidente de la República, ya que aprueban con expresiones de alabanza todo lo que se presenta, ya sea benéfico o perjudicial para el país.

Para demostrar la trascendencia de este déficit presupuestal queremos hacer del conocimiento de ustedes y de todo el pueblo de México, que en 1982 se gastaron 6 mil 12 millones de pesos al día durante los 365 días del año fuera del presupuesto. Influyó también en el déficit, de más de 2 billones de pesos, la política populista de subsidios que llegó a un billón de pesos, o sea, la tercera parte del presupuesto sin importar el daño que se estaba haciendo por aparentar una irreal situación económica hasta el día de las elecciones. Un mes después de éstas empezó el desastre: el día 2 de agosto subieron el gas, la luz, el diesel, el pan, las tortillas, etcétera. El día 5 de agosto vino la segunda devaluación, de 48 a 82 pesos el dólar. El día 12 la congelación de cuentas en dólares; en septiembre, el control generalizado de cambios y en octubre la intervención del Fondo Monetario Internacional que obligó a firmar convenios.

Creemos que también influyeron en este déficit los cuantiosos gastos de la ostentosa campaña presidencial del PRI. Se calculan entre 15 mil y 30 mil millones de pesos, cantidad que no sabemos cómo se utilizó, en uno o en varios renglones del presupuesto.

El déficit, en relación con el Producto Interno Bruto, es del 18.8%, lo que quiere decir que de cada peso que se genera en México, produce un déficit de 19 centavos.

Organismos y Empresas. Como siempre, este renglón constituye uno de los principales problemas en el análisis de la Cuenta Pública. De los 637 organismos o empresas, sólo rinden cuentas 27, quedando el resto, o sea 610, sin ningún control presupuestal. La mayor parte del gasto es manejado por estas empresas. En 1982 el gasto directo del Gobierno fue de 662 mil 742 millones de pesos, las empresas sujetas a control presupuestal ejercieron un gasto de un billón 216 mil 914 millones, o sea, el doble de lo que gastó el Gobierno, y las empresas no sujetas a control presupuestal, gastaron 744 mil 620 millones, también superior a la del gasto directo del Gobierno.

El gasto de los sectores de las empresas sujetas a control es totalmente injusto, ya que el sector agropecuario sólo gastó 43 mil 667 millones, y el sector industrial se llevó la tajada del león con 732 mil 856 millones, lo que representó el 180% entre uno y otro.

Mientras no se le dé la debida atención al sector agropecuario, el campo mexicano seguirá postrado en la miseria. Es inconcebible cómo empresas que no rinden cuentas reciban del Gobierno cantidades considerables que llegan hasta los 744 mil millones de pesos. Citemos sólo algunos casos:

El fideicomiso para la Campaña Nacional contra la Garrapata recibió mil 101 millones; Comisión de Aguas del Valle de México, 9 mil 793 - todos son millones de pesos - ; el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 3 mil 235; Fideicomiso de Riesgo Compartido, 7 mil 744; Banrural, 45 mil 891; Banco Nacional Pesquero y Portuario, 2 mil 800; Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, 11 mil 390; Fideicomiso Para Créditos a Ejidatarios, 4 mil 956; Líneas Aéreas Turbocinas, 6 mil 500; Ruta 100, 5 mil 724; Programa de Productos Básicos, 15 mil ; CAPFCE, 22 mil 908; Comisión Nacional de la Industria Azucarera, 12 mil 998; UNPASA, 24 MIL 433; Fondo del Fideicomiso del Azúcar, 7 mil 689; y así, una gran cantidad de empresas, o programas, o fideicomisos que llegan hasta los 744 mil millones. Además el Gobierno, entrega por sectores y sin decir a quien, 14 mil 421 millones de pesos.

Seguimos insistiendo que todos los organismo y empresas deben estar bajo control presupuestal y que aquellos que no se han producido deben desaparecer para que no representen una carga constante en el presupuesto.

Hay otros que se crearon para ayudar a los programas sectoriales, y que han sido un verdadero fracaso y botín de malos funcionarios, como el SAM, que desapareció aparentemente sin dejar huella ni mil millones de pesos que volaron. También han sido un fracaso el PIDER, COPLAMAR , el CUC y otros de

distintas siglas que no han cumplido con los fines para los que fueron creados.

PEMEX. Capítulo especial merece PEMEX. La corrupción dentro de la empresa como del sindicato ha llegado a extremos insospechados, las plazas para todos los puestos se cotizan como si fuera un mercado de valores. Hay desde 100 mil hasta 900 mil pesos, según la utilidad que pueda representar para el comprador. Los aviadores proliferan cada vez más, las exageradas prestaciones y comisiones que concede la empresa a los sindicatos, ha fomentado esa corrupción.

En el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda se establece que el sistema de contabilidad de la empresa se encuentra desagregando en varios centros de registro y que por lo tanto se dificulta el flujo oportuno de la información, y que el control interno no garantiza la protección de sus bienes ni asegura el registro oportuno de sus operaciones.

No consideró tampoco en el saldo de materiales en tránsito, los faltante y mermas de bienes en almacenes de PEMEX en el extranjero y recintos aduanales del país. No cabe duda que PEMEX es el principal contribuyente del Gobierno Federal, ya que los impuestos pagados fueron 671 mil 200 millones de pesos o sea el 44.6% de la recaudación fiscal.

Todo esto significa que la economía mexicana está petrolizada, y que cualquier variación en exportaciones o en precios repercutirá en forma notable. Es indispensable fomentar otras fuentes de ingresos e incrementar la planta productiva cuyos rendimientos son más estables y permanentes.

En el presupuesto, los egresos de PEMEX fueron de 500 mil 571 millones de pesos; pero, por otro lado, aparecen dos partidas que sin estar dentro del presupuesto aprobado, constituyen egresos casi por otros 500 mil millones, estas partidas son: fondo revolvente de PEMEX, 229 mil 200 millones; pasivo no documentado, 191 mil 800 millones.

Quisiéramos que nos aclararan cómo se contabilizaron estas partidas. Al no encontrarse estas partidas dentro del gasto directo o del gasto por sectores, lo único que podemos pensar es que las quisieron disfrazar con rubros no muy claros y sólo puede tratarse del servicio de la deuda, lo que representaría la influencia de ésta en la economía de PEMEX, ya que lo gastado es igual a lo pagado por intereses. Además, existe una desviación sobre el presupuesto aprobado del 58.2%, o sean 184,144 millones de pesos.

Durante el sexenio se incrementó en forma considerable el precio de la gasolina y demás combustibles. Para hablar sólo de la primera, de 2.80 que costaba en 1976 se aumentó a seis pesos en diciembre de '81, y a 20 pesos en agosto de '82; actualmente la estamos pagando a 30 pesos. Estos aumentos, que son cuantiosos y que han influido notablemente en la inflación, no representan grandes ingresos para PEMEX puesto que gran parte de los mismos los cobra el Gobierno por concepto de impuestos.

A pesar de los fuertes ingresos obtenidos por PEMEX, grandes complejos y plantas han quedado inconclusos, y debido a que se han suspendido los trabajos para su terminación, materiales e instalaciones se están deteriorando. Tal es el caso de los complejos de La Cangreja, Morelos, Cunduacán, Tabasco Segundo, El Ostión, Puerto Complejo y Dos Bocas.

Y por último, el balance presentado por PEMEX arroja una diferencia de 100 millones de pesos en relación con la Cuenta Pública.

Deuda Pública. La Deuda Pública en el sexenio pasado registró el más dramático crecimiento que se haya tenido. De 19 mil 600 millones de dólares en 1976, subió hasta 85 mil millones de dólares en 1982, debido fundamentalmente a las políticas equivocadas en materia petrolera y en materia de financiamiento, tanto interno como externo.

Cuando en el mercado internacional subió el precio del petróleo, que llegó hasta los 38 dólares por barril, el Ejecutivo se entusiasmó en forma irresponsable y decidió jugarse toda a una carta: el petróleo.

Pensó que con las reservas petroleras y con los altos precios resolveríamos todos nuestros problemas y rebosarían las arcas del tesoro; que íbamos a vender petróleo a la máxima capacidad de explotación , y que por lo tanto podríamos tener créditos preferenciales en todos lados.

Hasta 1981 la OPEP tenía excedentes, después de sus gastos e inversiones, de 80 mil millones de dólares anuales, que colocaban a tasas bajísimas, y de los que México obtuvo varios préstamos.

En 1981 el precio mundial del petróleo se desplomó y la OPEP sólo destinó créditos por 4 mil millones de dólares.

Al despolome de los precios, México vio mermados en forma considerable sus ingresos, y por haber descuidado la planta productiva y otras fuentes naturales de ingresos su economía se desestabilizó. En ese mismo año y para dar la apariencia de una sólida economía se buscaron préstamos hasta por 22 mil 729 millones de pesos, lo que incrementó la deuda en forma considerable, tratando de mantener el modelo de desarrollo en condiciones totalmente adversas y por un interés político de su partido para dejar a Miguel de la Madrid un país en condiciones favorables para lograr el voto.

Al no contar ya con el dinero de la OPEP, se consiguió ese préstamo de más de 22 mil millones de dólares al costo que fuera. Y en 1981 se pagaron sólo intereses, 6 mil millones de dólares.

A principios de 1982 López Portillo dijo: "No voy a cambiar, por ser año de campaña". Y el 17 de febrero del mismo año, el dólar tenía ya un subsidio pagado por el pueblo del 48%, lo que propició - como ya dijimos- una fuga de capitales que sólo en 1982 fue de 8 mil millones de dólares, que influyó en el endeudamiento por no contar ya con divisas necesarias.

La falta de planeación adecuada, el dispendio y lo elevado del gasto originaron un

incremento en los financiamientos tanto externos como internos. Los ingresos corrientes del Gobierno fueron sólo de un billón 268 mil 669 millones de pesos y los ingresos por financiamiento de un billón 808 mil 037 millones de pesos, o que significa que los financiamientos fueron superiores en 142% a los ingresos.

Y nos preguntamos: ¿cómo se van a pagar?

La captación del dinero de los ahorradores con intereses sumamente altos y la emisión de CETES, representan un endeudamiento a corto o largo plazo que se debe pagar algún día, Por lo que es indispensable frenar ese tipo de financiamientos, que endeudará cada vez más al país.

Todo esto indica, señores diputados, que en México las leyes, los planes, los programas y los presupuestos sólo existen en el papel, ya que las actuaciones del Gobierno no los toman en cuenta.

En la Cuenta Pública no existe nada positivo, el dispendio y desperdicios de los recursos de proyectos no prioritarios y de baja rentabilidad actuaron en detrimento de los programas sectoriales, provocando un altísimo desempleo que ha auspiciado la delincuencia imperante.

La indisciplina presupuestaria, las partidas no comprobables, los subsidios, las desviaciones en casi todos los renglones del presupuesto, fomentaron aún más a corrupción heredada del sexenio echeverrista. Y ya, sin recato alguno, se robó a manos llenas.

Todo el pueblo comenta los vergonzosos e indignantes casos de Flores Tapia, León Bejarano y Díaz Serrano, y clama por que se investiguen a fondo las fortunas personales de Echeverria, Durazo, Hank González, Barragán Camacho Hernández Galicia, la familia López Portillo y de tantos otros funcionarios y exfuncionarios que han aprovechado sus puestos, ya sea dentro del Gobierno o de los sindicatos para enriquecerse ilícitamente, en perjuicio de la comunidad.

Y precisamente porque es indispensable dar una explicación al pueblo, se deben fincar responsabilidades de inmediato, para castigar con todo rigor a los responsables del desastre económico.

Pero aquí, quiero hablar del artículo 8o. Este artículo del proyecto es muy tibio y además incongruente con el dictamen.

En el dictamen se hace un juicio severo en algunos puntos, descubre desviaciones y señala partidas confusas o no comprobadas; gastos dispendiosos y despilfarros y, sin embargo, el artículo 8o. se propone que se esclarezcan las posibles irregularidades para que en su casa, finque responsabilidades.

Creemos que el dictamen y el decreto no pueden poner en duda la existencia de irregularidades ni la necesidad imperiosa de imponer sanciones; pero el citado artículo 8o. no fija ningún plazo para que se finquen estas responsabilidades, por lo que proponemos otra redacción para dicho artículo.

Voy a leer la redacción que propone la diputación de Acción Nacional para el artículo 8o.:

"Artículo 8o. Se ordena a la Contaduría Mayor de Hacienda que practique las auditorías y realice las acciones legales para sancionar las irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1982, y que finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de sanciones conforme a Derecho en un término de cuatro meses, a partir de esta fecha."

Por la diputación del Partido Acción Nacional, Astolfo Vicencio Tovar.

La C. Presidenta: - Téngase por presentada la modificación propuesta del artículo 8o., y resérvese para ser votada en el momento que pase a discusión dicho artículo.

Tiene la palabra el diputado Rogelio Carballo Millán.

El C. Rogelio Carballo Millán: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Yo estaba acostumbrado a escuchar el debate de un artículo en lo particular, a través de la argumentación que sobre este tema correspondiente o un tema concreto pudiera referir la propuesta de dictamen; creo que son situaciones que se han superado, creo que debemos aceptarlo; pero yo diría que respecto a esta participación debemos volver al debate en lo general, porque los temas que ha tocado nuestro compañero Vicencio Tovar, prácticamente abarcan todos los temas, que ya en su oportunidad se debatieron, se analizaron al hacer el debate del documento que propone la Comisión de Programación y Presupuesto para su discusión en lo general.

Sin embargo, no quisiera dejar de hacer algunas referencias, porque creo que es importante que tengamos conciencia de que hay algunos aspectos que son de interés público, son de interés para nosotros y no sólo para los señores diputados de la oposición, sino creo que es un interés manifiesto de esta Cámara, de todos los partidos y de todo el pueblo.

Se han tocado varios temas, como dije hace un momento: El exceso en el gasto público; el no cumplimiento de preceptos legales; que por qué no se controló la inflación; se han hecho juicios de carácter general; se han hecho juicios de carácter particular, que no hubo prioridades en la utilización del gasto 1982, que se pudieron haber tomado medidas respecto a la paridad de la moneda, que se utilizó deuda interna en lugar de deuda externa... Creo que estos aspectos son de interés general, por eso hago alusión a ellos.

Hay otras situaciones que también son de un interés manifiesto, la alusión a que se ha habido otras inconclusas, y que ha habido una utilización del gasto, en defecto de las prioridades que se habían previsto originalmente cuando se aprobó el presupuesto de '82.

Yo creo, señores, que estos aspectos han sido ya analizados de manera permanente y de manera

sistemática en otros debates que hemos tenido en esta Cámara. Yo sólo quisiera agregar en esta ocasión, que el dictamen que ahora se presenta a la consideración de esta Asamblea hace una serie de reconocimientos, hace una serie de análisis y llega a una serie de conclusiones. Creo que - Ojalá no me equivoque - , pero ha habido expresiones de reconocimiento sobre lo que el dictamen como tal señala, y reconocimiento también, de lo que constituyen los insumos para emitir este dictamen. Entre ellos, debo referirme - porque es mi obligación - al informe previo que emitió nuestra Contaduría Mayor de Hacienda.

Solamente quisiera referenciar algunos aspectos en que ya se ha insistido hasta la saciedad en este foro.

Las situaciones anteriores se reconocen, algunas de ellas. Por otro lado, también se hace un reconocimiento pleno de cuáles son los factores externos e internos que en su oportunidad recurrieron para originar algunos aspectos. Pero, concretamente, quisiera mencionar ahora lo que el Plan de Reordenación Económica prevé y que obviamente habría que analizar en todas sus consecuencias, para poder tener los argumentos que rebatan o que justifiquen, si es que así es el caso, lo que para el futuro está previendo este país.

Yo recuerdo que se han mencionado, se han propuesto en el Programa de Reordenación Económica cambios estructurales, la reorientación y modernización del aparato productivo y distributivo; la descentralización en el territorio de las actividades productivas; adecuar las modalidades del financiamiento a las prioridades del desarrollo; preservar, movilizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional, creo que son aspectos que, como justificó la mención del diputado Vicencio Tovar, es de gran preocupación para todos; creo que son aspectos que ya han sido previstos en lo que a esta soberanía ha propuesto el Ejecutivo en otras oportunidades.

Por ese motivo yo quisiera referirme a algunos aspectos concretos. Creo que vale la pena que si vamos a hacer una referencia de tipo particular, yo sólo recuerde que esos movimientos, por ejemplo, que observábamos en la contabilidad y en la revisión de la Cuenta Pública de PEMEX, recordemos esa mención a los fondos revolventes, que fue muy claramente escuchado por los señores funcionarios, con la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, y se dio una explicación muy clara de cuál había sido la forma de registro de utilización de este grupo o este número de operaciones que son, en última instancia, virtuales, por una razón: Yo recuerdo que este rubro - Petróleos Mexicanos - tiene en su diaria acción la posibilidad de manejar fondos revolventes. Y si en su momento dado acumuláramos todos los fondos revolventes o todos los movimientos que se realizan a través de estos fondos revolventes, tendríamos no sólo un movimiento como el que ahora refleja la Cuenta Pública respecto a PEMEX, sino veríamos que se acumularían en una cantidad similar a la que se maneja en el Sector Público presupuestario de tipo general.

Se ha mencionado también que el gasto se orientó a obras que están inconclusas; yo creo que en términos generales las prioridades fueron señaladas, fueron establecidas por las circunstancias, pero aún, a pesar de eso, recuerdo que se dio en su oportunidad, una serie de disposiciones en las cuales se ordenó a todas las dependencias del Ejecutivo que atendieran a las situaciones prevalentes en ese momento, en función de una contracción de los recursos presupuestales.

Por eso, yo quisiera ahora referirme al aspecto de la apertura: Se nos ha mencionado que las decisiones gubernamentales se toman por disposiciones del Ejecutivo y que en algunas ocasiones, y de manera muy marginal, esta honorable Asamblea tiene la posibilidad de participar en las decisiones del Ejecutivo. Yo creo que debemos recordar e inclusive recordar para el análisis que estamos haciendo el día de hoy, cuál fue el proceso que se siguió para poder proponer el dictamen que ahora se somete a esta Asamblea.

Ha habido - nos consta de todos y creo que sería un lamentable descuido no hacerlo - , las disposiciones que hemos obtenido a través de una determinación política de esta Asamblea, de esta Legislatura, de lograr que los funcionarios del Ejecutivo comparezcan individual o ante Pleno, a darnos toda la información posible para cualquiera de los temas que hemos tenido la necesidad de debatir.

Creo que también ya se mencionó, por parte de nuestra compañera Cué, al hacer el enfoque de cómo debe analizarse esta Cuenta Pública de 1982, cuál es la instancia en que estamos en este momento. Por esta razón solamente quisiera agregar que éste es un análisis serio, el que presenta a la consideración de todos nosotros, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Debo recordar, es mi obligación, como miembro de la Comisión de la Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que se nos pidió que esta Contaduría, que este órgano técnico, pudiera dar una verdadera aportación a lo que esta soberanía esperaba para un debate como éste.

Por esa razón, hubo especial empeño en que la Contaduría Mayor ofreciera a todos nosotros y no sólo al partido de la mayoría, los elementos de juicio que de manera objetiva versan o persisten para el efecto de un análisis como el que ahora estamos realizando y para esa misma razón, el dictamen se fundamenta en aspectos, en análisis en investigaciones serias de tipo económico, de finanzas públicas, de cumplimiento legal, de cumplimiento de normatividad específica, o sea, que se han tratado de conjuntar todos los elementos de juicio disponibles y suficientes, no sólo a partir de la información que la propia Cuenta Pública

señala, sino en la diversa información complementaria que a través de varias reuniones se han solicitado del Ejecutivo Federal, y a través de las investigaciones que todos nosotros hemos hecho, sin distinción de partido, para poder dar alguna aportación o algún juicio sobre este documento.

Creo que por este motivo debemos considerar que el informe previo fue un instrumento, fue un elemento, fue uno de los insumos en que en su oportunidad tomó o no tomó en cuenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para hacer esta propuesta. Sin embargo, debemos recordar que es una obligación de la Contaduría Mayor, impuesta por esta Legislatura, que efectivamente produzca alguna información y toda la información posible, de manera profesional, de manera más fundamentada, que nos permita tener mejores elementos de juicio. Ojalá que esto se haya logrado a través de la emisión que se hizo de este documento.

No debemos olvidar que es un documento preliminar sobre los diversos aspectos de interés de esta honorable Legislatura, y no sólo de esta Legislatura, sino de todos los habitantes de este país.

Recordemos que no sólo representa una opinión con elementos fundamentados de finanzas públicas, y a pesar de que se hicieron - como se les ordenó - , pruebas de campo, no constituyen aún la conclusión de nuestro arreglo técnico; por eso, estas expresiones de que ya la Cuenta Pública, que el dictamen de la Cuenta es una muestra evidente de lo que hay qué hacer, todavía lo dejo en un estado dubitativo porque ya algunos de mis compañeros, cuando lleguemos al artículo correspondiente habrán de exponer cuáles son los procedimientos o los procesos que habrán de seguirse.

De todos modos quisiera anticipar que de esta acción habrán de derivarse las tareas de fiscalización más completas, o sea, la realización de revisiones, de análisis, de auditorías, no a base sólo de las revisiones, tradicionales que se habían venido realizando, y esto creo que vale la pena que quede muy claro, deseamos y estamos empeñados todos nosotros en que se avance en la revisión del gasto público, por eso ahora nuestra Contaduría Mayor está realizando auditorías de obras, de sistemas de cumplimiento de programas, y en todos los casos con la profundidad que ello requiera.

Insisto en que no hay que olvidar que las distintas leyes que afortunadamente rigen nuestro país establecen procedimientos procesales muy concretos, o sea, que independientemente que el informe previo que nos rinde nuestro órgano técnico tenga algunas presunciones o tenga algunos presupuestos, habrá que realizar, de manera más concreta, específica y detallada, revisiones más profundas sobre operaciones y aspectos de acuerdo con varios principios.

Las recomendaciones que ha hecho esta soberanía, las que las circunstancias exijan a la Contaduría Mayor, como resultado de su acción, la determinación del universo auditor que la propia Contaduría sugiera y que nosotros, todos nosotros, señores - insisto mucho en esa expresión - , le podamos sugerir, pero con bases sólidas y firmes, siempre bajo la vigilancia de las comisiones correspondientes, que las acciones se habrán de derivar en algunos aspectos concretos: Se formularán recomendaciones en el caso de que sean situaciones de carácter administrativo; se establecerán pliegos de observaciones cuando sea procedente en los términos de la ley correspondiente - tenemos una Ley Orgánica de la Contaduría Mayor.

En este proyecto de decreto se está sugiriendo que se haga una revisión a esta Ley Orgánica, debemos estar muy conscientes de que si esta soberanía lo determina está acción habrá de realizarse. Creo que en esta materia la actualización siempre es importantísima y además necesaria, sobre todo ahora que estamos analizando un gasto público tan cuantioso.

Habrán de establecerse pliegos de responsabilidad, de acuerdo con lo que prevengan nuestras leyes, y que de manera estricta se habrán de fincar si es que llegan a proceder. Y también de manera estricta se seguirá - si se encontrasen - las denuncias penales, una vez que se hayan realizado todas las instancias del caso.

Por otra parte, estamos sugiriendo a nuestra Contaduría Mayor que lleve el seguimiento de lo que aquí se propone y de lo que ella misma determina cuando tiene algún hallazgo. Por eso habremos de ser muy severos en lo que la Contaduría Mayor deba realizar para estos efectos.

De todo ello habrá que dar cuenta en el informe de resultados, que obligatoriamente nuestra Contaduría Mayor habrá de rendir a esta soberanía. Pero quiero que quede muy claro: este órgano técnico tiene como plazo final para la rendición de este informe el día 10 de septiembre del año entrante.

Pero hay una situación que es, por otro lado, determinante. La instrucción de ustedes, señores, de todos nosotros y de esta Cámara, de que es una Contaduría Mayor que tiene que ser actuante , pero no solo en el aspecto punitivo tendrá que ser actuante como elemento de auxilio a los miembros del Ejecutivo porque como lo ha dicho en alguna otra ocasión, no queremos una Contaduría Mayor que tenga miles y miles de policías, sino al contrario, que tenga elementos técnicos que en un momento dado sugieran dentro de su esfera, de su competencia, por supuesto, dentro de la responsabilidad que tienen y con sujeción plena a sus atribuciones, aportaciones al Ejecutivo Federal.

Ahora bien, hay otro aspecto que también nos ha interesado, a todos, se nos dicho que para que haya un mejor control de gasto público debemos incluir en el control presupuestal a todas las entidades públicas. Es un argumento que ya hemos escuchado en otras ocasiones, es un argumento persistente en diversos partidos y yo quisiera recordarles únicamente que en el presupuesto que esta honorable Cámara aprueba, está considerado el ochenta y tanto por ciento del gasto público, por una

parte. Por otro lado, creo que también se ha expresado, a nivel de comisiones, si nosotros tuviésemos dentro del presupuesto como tal, incluidos en la lista las mil y pico de entidades, donde están los organismos, empresas y fideicomisos creo que sería muy buena intención, pero si no, propugnamos porque el control sea no sólo de esta Cámara, sino que sea el Ejecutivo, serían situaciones inoperantes, porque creo que lo primero por lo que hay que propugnar, es que haya una mejor organización y haya una mejor administración y haya, por supuesto una mejor determinación de acuerdo con honestidad.

De tal modo que esa mención de que debemos traer al presupuesto mayor número de empresas y mayor número de entidades, ya ha sido discutida, solamente quise hacer estas referencias por la importancia que esto puede tener. Ya hay algunas otras alusiones que se han hecho en esta tribuna respecto de las asignaciones a los sectores. Yo nada más quisiera, a guisa de ejemplo, recordar que esas transferencias que hace el Ejecutivo, sí están controladas presupuestalmente, por una parte. Por otro lado, sí tenemos elementos suficientes para pedir rendición de cuenta; y por otro lado, lo que más nos preocupa, que no son recursos que se van al pozo. Sencillamente, las entidades han sido beneficiadas con transferencias han pagado un número o un importe mucho muy grande de impuestos que rebasan las transferencias recibidas.

Quizá en este tema debimos haber previsto estas alusiones de nuestros compañeros; sin embargo, creo que es un tema que no está agotado. Es un tema que habrá de ser analizado por nuestros compañeros, pero no quiero dejar de mencionar esta situación. De hecho, siempre se nos ha pedido un instrumento de fiscalización. Siempre se ha exigido. Siempre se ha dicho que la Contaduría Mayor de Hacienda , nuestro órgano de fiscalización de gasto público, está a la zaga, por lo que se creó la Secretaría de la Contaduría.

Yo quisiera que los señores representantes de los partidos de oposición, que son miembros de la Comisión de Vigilancia, pudieran atestiguar lo que ahora este instrumento significa para esta Cámara, porque en todos los casos y bajo todos los efectos los hemos informado, hemos estado conociendo lo que hace la Contaduría Mayor, lo que hace para este año de '82. a revisar este año '82, y lo será para el futuro.

Creo que, si no lo recordamos, debemos tener muy presente que aun a pesar de la limitación de recursos presupuestales, nuestro órgano técnico de fiscalización duplicó sus recursos, y además duplicó el número de sus técnicos que permitan en un momento dado dar respuesta a las exigencias, no sólo del partido de la mayoría, las exigencias de todos nosotros. ¿Por qué? porque creo que es una determinación política la que hemos adoptado todos, y creo que en ese empeño también están asegurados todos. Gracias.

El C. Javier Blanco Sánchez: - Señor diputado, con el permiso de la Presidencia, ¿podría usted ilustrarnos por qué en la fecha del 10 de septiembre debe vencer el plazo para la Contaduría y no antes?

El C. Rogelio Carballo Millán: - Si me permite, señor Presidente: Yo creo que si revisamos la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor, otorga el plazo del 10 de septiembre de manera muy clara, como término para que rinda su informe de resultados. Sin embargo, insisto en que a través de su presentación en la Comisión de Vigilancia podrá usted informarse, usted mismo, porque ésta es otra de las situaciones que yo no mencioné, la apertura que hemos tenido todos para participar en las comisiones y de ahí se advertirá y se dará cuenta de que estos procedimientos se están llevando a cabo, o sea, el establecimiento de las recomendaciones, de las sugerencias, de los pliegos de observaciones y en su caso, de responsabilidad. Muchas Gracias. (Aplausos.)

Presidencia del C. Heriberto Batres García.

El C. Astolfo Vicencio Tovar: Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: - ¿En su segunda intervención? Tiene usted la palabra.

El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Con su permiso señor Presidente; señores: no quiero abusar del tiempo que me correspondería a una segunda intervención, únicamente hacer algunas aclaraciones al diputado Carballo.

Cuando pregunté, pedí que se nos explicara qué era el fondo revolvente de PEMEX y los pasivos no documentados de la misma empresa, que suman 491 mil millones de pesos, fue porque tenemos la impresión, si están considerados dentro de los egresos, ¿qué quiere decir?, que PEMEX, además de los 500 mil millones ejercidos también ejerció un egreso extra de 491 mil millones? Esto querría decir entonces, que el gasto, si no el gasto los egresos ejercidos por PEMEX fueron de cerca de un billón de pesos.

Usted nos dice que ya en alguna ocasión se dio una explicación para estos renglones; pero yo creo que el Pleno de la Cámara tiene todo el derecho de conocer qué significan esos 491 mil millones. Esto, por lo que respecta a PEMEX en esos dos renglones.

También señalé en mi intervención que el balance de PEMEX en relación con lo asentado en la Cuenta Pública tenía una diferencia de 100 mil millones de pesos, puesto que en la memoria de PEMEX de 1982 aparecen unos egresos de 406 mil millones y en la Cuenta Pública aparecen 500 mil 571 millones de pesos; no se me contestó a qué se debe esta diferencia tan cuantiosa en los egresos de PEMEX.

También me dijo el diputado Carballo que yo había hecho referencia a las transferencias; yo ni siquiera mencioné la palabra transferencias, lo que dije fue de que los subsidios que

se otorgaron en 1982 a diferentes dependencias fueron de un billón de pesos, y creo que tengo la razón. Muchas Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Rogelio Carballo, en su segunda intervención.

El. C. Rogelio Carballo Millán: - Señor Presidente: Sólo quiero hacer las aclaraciones solicitadas por nuestros compañeros.

Creo que esta Asamblea debe de tener toda la información en sus manos para poder formar debidamente los juicios correspondiente, y de una vez quisiera recordar que no sólo en una ocasión sino en diversas ocasiones, este año, el año pasado, estuvimos analizando el balance de la cuenta pública de PEMEX, se nos informó debidamente de cómo financia PEMEX sus inversiones, y en todas estas ocasiones se nos ha dicho que se financia con créditos a largo plazo, con créditos a mediano plazo y con créditos a corto plazo, que son los que normalmente tiene la oportunidad de ejercer, varios de éstos en el año. Es decir, varias veces porque son de vencimiento y posibilidad de utilización inmediata. Esto significa que si un crédito de mil pesos en un año lo utilizáramos diez veces, quiere decir que estaríamos utilizando un gasto de 10 mil pesos; sin embargo, si lo pagamos a fin de año el crédito queda liquidado y no aparece ninguna deuda. O sea, son realmente utilización de recursos revolventes, que al fin del ejercicio han quedan cubiertos, y no la deuda, en adición a las que ya tiene PEMEX se le daría en esta misma proporción.

También quisiera recordar que la Cuenta Pública es un documento que nos muestra los datos efectivos, y se ha hablado de los balances de PEMEX que muestran alguna otra información.

Yo quisiera recordar nada más que precisamente la Cuenta Pública es una información en donde se trata de dar una idea del movimiento efectivo de ingresos y egresos que ha tenido la institución, y el balance recoge algunas otras informaciones de tipo patrimonial.

Quiero también reconocer que en este aspecto pueda dar lugar a una confusión, por eso el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública está sugiriendo al Ejecutivo que para el futuro vaya instrumentando, vaya propugnando, porque sus datos de carácter presupuestal, se liguen con los datos de carácter patrimonial, creo que ésos serán los mejores elementos de juicio que tengamos para juzgar nosotros. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra en contra, el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui del Partido Demócrata Mexicano.

El C. Ignacio Vital Jáuregui: Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros: Es alentador para nosotros el que el tono, sobre todo de esta Comisión de Cuenta Pública, esté cambiando hacia una manera más positiva de ver las cosas. Efectivamente, ya nos han dicho que en el ejercicio de la Cuenta Pública del año de 1982 hubo irregularidades, hubo deshonestidades, hubo mal manejo de los dineros del pueblo, y eso, que lo reconozcan los que siempre habían apoyado por todos los caminos esas deshonestidades y esas irregularidades, ya es positivo que se reconozca que la hubo.

Sin embargo, nos hemos apuntado en contra del artículo 1o. porque consideramos leves los juicios que se emiten en él, nosotros sí quisiéramos, como lo dijo nuestro compañero David Lomelí Contreras, que se hiciera notar en el mismo esas irregularidades que se cometieron y que están contenidas en el cuerpo del dictamen; y aprovechando la tribuna queremos tocar algunos puntos de interés personal, que hemos visto en este el ejercicio presupuestario, y que no se han tomado en consideración por nuestros compañeros, que han ocupado la tribuna anteriormente.

En el aspecto Capítulo cuarto de la Revisión Sectorial, en el inciso 3 del Comercio, vemos el problema de la CONASUPO, la cual se excedió en un 62.4%, gastó 167.4 miles de millones de pesos y no cumplió a satisfacción los programas que se le encomendaron. Y nos dice que tenía como fines el abasto, la regulación y comercialización de productos básicos para la defensa del consumo de la economía popular.

Esto es general en el ejercicio millonario del excedente presupuestario, parece que todos los programas se cumplieron a medias. Pero sí en el gasto se excedierón casi al doble. Es como si un contratista que firma un contrato para hacer 10 kilómetros de carretera, en diez millones de pesos, cobra 20 millones de pesos en estimaciones y nada más hace cinco kilómetros de carretera. Hay fraude por partida doble.

En el aspecto de la CONASUPO, nos dice cuáles fueron las causas de su incumplimiento de los programas - y bueno, esto es hasta cómico- , dice: No se cumplió por las condiciones climatológicas adversas. Porque la cosecha de 1981, fue óptima - dice así - , lo cual permitió reducir importaciones. Bueno, pues esto, si no llueve es malo y si llueve está peor; es como aquel jueguito de si la ensartas pierdes y si no, también.

El aumento, también otra causal de incumplimiento, el aumento del precio de garantía, la devaluación, las compras no planeadas, las contracciones de la demanda la escasez de divisas y hasta el control de cambios le hechan la culpa por el incumplimiento del programa. Yo creo que esto es ya mucha falta de seriedad, echarle la culpa a lo bueno y hasta a lo malo. Lo real es que estos programas que son muy buenos, quién se va a oponer a que se le vendan productos básicos al alcance de las clases populares, a precio menor. Todos nos acordamos cuando empezaron esos programas, no son nuevos, son de los años '40, cuando nació Nacional Reguladora. Dijeron que el Gobierno

iba a intervenir en la economía para regular el mercado de productos básicos porque los comerciantes eran muy abusivos, y se iban a bajar los precios, pero el problema es que en aquel tiempo una pieza de pan costaba dos centavos y ahora vale 12 pesos, o sea mil 200 veces; 600 veces lo que valía en los años '40, o sea, un 60 mil por ciento, entonces no hubo tal reducción de los precios ni hubo tal regulación.

Hay otro aspecto que se refiere a lo que gastó la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Dice ahí que se ejercieron por la planeación de manufacturas - entiéndase bien, no erección de fábricas para manufactura, sino planeación de la industria manufacturera - 103 mil 882 millones de pesos; para la planeación de la industria minero metalúrgica, 6 mil 223 millones y para la planeación de industrias de energéticos, 133 mil 288; el total de las planeaciones suman 248 mil 157 millones. Tomando en cuenta que en '82 más o menos la paridad estaba al 100 por 1, quiere decir que por planeaciones se gastaron aproximadamente 2 mil 480 millones de dólares. Nada más en planeaciones. Hay que tomar en cuenta que del presupuesto del año de 1970 quedan 70 mil millones de pesos entre 12.50. Todo el gasto federal en 1960 era de 6 mil millones de dólares - y perdonen que lo reduzca a dólares, por que hay que hacer las conversiones de los tiempos. Pues bien, aquí nadamás en planeaciones, las puras planeaciones equivalen al 50% del gasto de 1970. ¡ Esto es una cosa injusta e ilógica!

Y nos remitimos, para ver en qué consiste o en que se ejercieron estos cientos de miles de millones de pesos, ¿En que consiste la planeación de energéticos? Y dice que se desarrollaron en el año - en el Capítulo Cuarto explicativo de eso - , en planeación de energéticos en los cuales se gastaron 133 mil millones, se hicieron en el año seis estudios, se editaron 12 ejemplares, se consiguieron - perdón se concedieron - 24 mil permisos, se hicieron 9 mil 500 inspecciones, 2 mil 295 informes, 20 estudios y se hicieron 8 mil 52 registros, etcétera, etcétera.

¡ Pues hombre, yo creo que conceder 24 mil permisos entre 365 días, se dieron 70 permisos por día! Suponemos que son permisos para explotación de energéticos o industrias energéticas y entendemos que es mucho dinero para tan poca actividad.

Lo mismo tenemos en la planeación de la industria manufacturera, nos hace una relación de lo que hicieron en un año; que hicieron 170 presupuestos, 64 dictámenes, 4 estudios, etcétera. Se nos hace una cosa muy onerosa para tanto que se gastó en eso.

Todo suma 248 mil millones en planeaciones, en estudios, que se editaron 17 ejemplares, que se hicieron 574 dictámenes, yo creo que necesitamos ahondar en ese ejercicio, porque esto nos parece aquella famosa cuenta de Gonzalo de Córdoba a su señor: que picos, palos y azadones cien millones. Pues si, pero aquellos cien millones le dieron a España un reino y nosotros no hemos ganado con estos cientos de miles de millones de pesos, no tenemos una provincia nueva, no le hemos quitado. El Petén a Guatemala, no le arrebatamos Belice a Inglaterra, no recuperamos Texas de los norteamericanos, nada más hemos perdido 248 mil millones de pesos, a cambio de unos cuantos permisos concedidos.

Y no tiene caso seguir investigando otras cosas, que si nos fijamos sería una larga enumeración de datos, generalmente muy escuetos, que no planeaciones y esos gastos de cientos de miles de millones de pesos. Por eso, yo felicito a los que han intervenido en la Cuenta pública, por el afán de sí tienen de revisar verdaderamente en qué se están tirando, malgastando, los dineros del pueblo. Muchas gracias.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra para hablar en pro al C. diputado Alejandro Posadas Espinosa.

El C. Alejandro Posadas Espinosa: - Señor Presidente; honorable Asamblea: En realidad estábamos inscritos para hablar en favor del artículo 1o, del decreto del dictamen, pero como el compañero diputado, Ignacio Vital Jáuregui, referirse específicamente al texto de esté artículo, hiciera algunos comentarios, quisiéramos referirnos a ellos para hacer algunas aclaraciones de interés general.

Se refirió correctamente al sector comercio y al sector industrial. Respecto al sector industrial. Respecto al sector comercio, dentro del cual destaca indudablemente la participación de CONASUPO. Dentro del gasto total de este sector es importante destacar que, efectivamente, maneja un conjunto de programas de los cuales se nos informa en la Cuenta Pública. Pero para que tengamos una dimensión de qué, a qué nos estamos refiriendo, podríamos clarificar los programas del sector comercio en tres grandes grupos:

El de la defensa de la economía popular, que comprende precisamente todo lo relacionado con el abasto, regulación y comercialización la fabricación de productos básicos. Este conjunto de programas de defensa de la economía, comprenden el 98.3% del gasto del sector. Y de éste precisamente el de abasto, regulación y comercialización de productos básicos, que la ejerce fundamentalmente CONASUPO, es el que se refiere a las compras, importaciones y ventas de maíz, de trigo, de frijol, arroz, oleaginosas y leche en polvo, así como la distribución al mayoreo y menudeo de productos de consumo generalizado.

Ha señalado el diputado Vital Jáuregui su conformidad con el enfoque, la perspectiva de los programas; decía que quién se opone a una intervención del estado para buscar la regulación de los productos, pero cuestionaba la regulación diciendo que no había habido disminución de precios; y ahí estamos confundiendo regulación con disminución de precios,

es decir, la regulación no implica necesariamente la disminución de los precios sino la acción reguladora del Estado, su presencia en el mercado agropecuario y en la distribución al mayoreo y al menudeo de los productos básicos, que es una presencia reguladora - por lo tanto es una presencia marginal no totalizadora - , tiene por objeto precisamente el inducir a que la intervención de otros sectores en estos aspectos se ajusten a los costos reales que van teniendo, y repercutan estos costos en los precios y no más allá, que podría dar lugar a la no presencia reguladora del Estado.

Se cuestionaba también el que no se habían cumplido las metas, y en realidad, si analizamos en detalle cada uno de los programas, nos encontramos que los casos en que se menciona incumplimiento de metas, tienen explicaciones muy concretas: por una parte, a que hubo en 1981 abundancia de cosechas que permitieron acumular para principios de 1982 un inventario de productos del campo, casi cuatro veces superior al de principios de 1981; de ahí que precisamente hubo disminución de importaciones en algunos granos, en algunos productos, y en otros, que son otras condiciones, otras a los que nos estamos refiriendo, el incumplimiento sí fue por condiciones climatológicas adversas, donde hubo menores compras de cosecha.

Pero también tenemos el otro caso, el caso del trigo donde justamente por la no intervención, la no participación de la industria en el mercado del trigo, hubo necesidad de que CONASUPO realizara compras de trigo que no estaban previstas en el presupuesto, precisamente para no dejar que las cosechas quedaran el campo, poderlas captar y tener garantizado el abasto y la regulación de este producto.

Hubo por ahí una mención, así, al paso, de que sí había habido algunos fraudes; yo creo que, simplemente haríamos la invitación al diputado Vital Jáuregui, de que si él tiene conocimiento de algún fraude o algunos fraudes específicos dentro de CONASUPO, la Contaduría mayor, que es nuestro órgano de vigilancia, estaría totalmente abierta a recibir aportaciones concretas y la información que él tuviera sobre el particular.

Por lo que se refiere al sector industrial, al que también hizo mención, se habla de que las partidas de planeación son muy altas y de que los trabajos realizados no corresponden al gasto. Yo creo que aquí, en realidad, lo que hay es que probablemente el señor diputado no analizó en detalle la información contenida tanto en la Cuenta como el dictamen, porque precisamente las partidas a que hace referencia, que están clasificadas como de planeación, no corresponden a este concepto.

Simplemente, refiriéndonos a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial que ejerció un gasto de 248 mil 157 millones de pesos, de estos últimos, 246 mil 6 millones corresponden a transferencias a la industria paraestatal, tanto a la sujeta a control presupuestal como a la no incluida. Estas transferencias a las entidades del sector industrial paraestatal fueron de dos tipos: Para gastos de operación, 156 mil millones y casi 90 mil millones para aportaciones para inversiones. De las transferencias para gasto corriente, o sea, en los 156 mil millones, que es el 77% de estas transferencias, se originaron en subsidios por precios para mantener a éstos niveles bajos que redundan, en última instancia, en beneficio del interés nacional y de las clases populares menos favorecidas. Tal es el caso de los fertilizantes, azúcar y energía eléctrica. Los 36 mil 103 millones restantes de esta transferencia para gasto corriente, se orientó a actividades prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional, tales como la industria naviera, la minería, la investigación en campos estratégicos, como electricidad, siderurgia y otros apoyos específicos derivados de situaciones coyunturales de algunas empresas.

Por lo que se refiere a los cerca de 90 mil millones, que es la otra parte relacionada con inversión, transferencia de capital, estos se destinaron principalmente para observar por medio de aumentos al capital de las empresas, los impactos negativos que en sus pasivos sufrieran éstas por las variaciones en la paridad cambiaría y para incrementar las capacidades instaladas necesarias, a efecto de adecuar la oferta de bienes y servicios prioritarios con su creciente demanda.

Las actividades favorecidas con esta inversión de capital, estas transferencias de capital, fueron: Producción de energía eléctrica, producción de azúcar, desarrollo siderúrgico, desarrollo de la flota naval, producción de fertilizantes, desarrollo minero - metalúrgico y producción de equipo de transporte.

Como vemos , precisamente estas partidas que aparecen clasificadas como de planeación no son gastos directos de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, sólo son transferencias a las industrias manufactureras del sector.

Esto, en términos generales, quería hacer estas aclaraciones.

Pero ahora, quiero referirme concretamente al artículo 1o., que es el que estamos discutiendo. El artículo 1o, señala concretamente que: "Se presentó para su revisión la cuenta de la Hacienda Pública correspondiente, en el tiempo y la forma que establece la legislación aplicada, con la información financiera, presupuestal, programática y económica en la que se muestran los resultados de las acciones de las dependencias y entidades comprendidas en dicho presupuesto". Esto es todo lo que señala el artículo 1o. que estamos discutiendo, y hasta este momento, en ninguna de las intervenciones en contra se ha impugnado lo que es el texto concreto del artículo 1o. ¿Por qué? Por que no podemos impugnar que se presentó en tiempo y forma y que contiene la información y no sólo la que originalmente llegó, sino la que tuvimos oportunidad todos, trabajando en las distintas comisiones de los distintos sectores que fueron aportando toda la información que se solicitó.

Señala el artículo 1o. que se muestran los resultados de las acciones de las dependencias, aquí no están, calificando esos resultados, sino simplemente está afirmando que están ahí los resultados; en el texto completo del dictamen están señaladas todas las observaciones, comentarios y análisis.

Entonces, yo quisiera precisamente que si esto es lo que estamos discutiendo, el artículo 1o., que fue el que se apartó para una discusión en lo particular, yo estimo, y le pediría a la Presidencia preguntara, por medio de la Secretaría, si fuera tan amable, si está suficientemente discutido y pudiéramos pasar a votación este artículo. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Vital Jáuregui, en su segunda intervención.

El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Nada más para unas pocas aclaraciones: Con relación al artículo 1o., nosotros sí consideramos que no está suficientemente explícita su redacción puesto que si se presentó a revisión; bueno, pues en esa revisión se detectaron ciertas irregularidades, deshonestidades, pues hay que ponerlas explícitamente, porque es el fundamento de los demás artículos del dictamen y del decreto. Simplemente queremos que se especifique con más precisión.

Con relación a lo demás, nosotros sí consideramos que sobre todo a los agricultores, CONASUPO sí les ha comprado con fraude sus productos muchas veces, y no creemos que sea justo en muchas partes; por ejemplo, el frijol que se les compraba a 12 mil pesos tonelada o 15 mil, la misma CONASUPO a los 15 o 22 días lo estaba vendiendo a 25 mil pesos tonelada, o sea, al menudeo 25 pesos. No creemos que sea esa diferencia de intermediación, de más del cien por ciento - lo que se diferencia entre lo que se pagó por el producto y a cómo se vendió - eso sí se puede ver, por ejemplo, durante el '82 en muchas partes, a como se facturó del productor hacia CONASUPO y a como vendió CONASUPO al menudeo. Es fácil detectar en el campo esas irregularidades, porque no creemos justo aquello de que "cuando la perra es brava hasta los de casa muerde".

El agricultor, el campesino, sudan mucho, trabajan mucho para producir y hay que pagarles los productos al precio que realmente valen. Y tenemos el caso también de la leche: Se trae leche importada, leche del extranjero a precios muy altos, y en cambio a los productores nacionales no se les deja vender al precio real del mercado. Y muchos otros productos también se han estado pagando en el extranjero a precios más altos de como CONASUPO está comprando a los agricultores nacionales. Creo que es un principio de justicia el que tenemos que poner en claro en esta Asamblea, porque no es justo que se pague a mucho menos a los mexicanos que lo que se está pagando a los extranjeros.

Por otra parte, nosotros sí insistimos en la precisión de la Cuenta Pública, si éste es un subsidio, si es una transferencia, vamos poniéndolo desde el principio como tal, y no que primero lo pone como planeación y salgan con que no, que es una transferencia, que es un subsidio, que es un apoyo. Las cosas hay que decirlas por su nombre desde un principio, y no andar como aquel jueguito de ¿dónde quedó la bolita? Necesitamos ser claros y precisos, señor diputado. (Aplausos.)

Presidencia de la C. Luz Lajous.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Alejandro Posadas, en su segunda intervención.

El C. Alejandro Posadas Espinosa: - Honorable Asamblea: Nada más para aclarar, en relación con el último punto a que se refirió el diputado Vital Jáuregui, si se lee con cuidado el capítulo de gestión financiera, ahí está muy claro este aspecto de las transferencias que están incluidas como partida de planeación.

El problema sería que cuando analizamos la Cuenta Pública, tenemos que considerar en el dictamen el conjunto de la información en que está contenida. Ahí está perfectamente aclarado, o sea, no es algo que se esté manejando de último momento, sino ahí lo está señalando desde un principio.

Nada más por lo que se refiere a lo de CONASUPO, yo insisto en que habría que clarificar muy bien a qué fraudes, cuáles son esos fraudes y cómo se tipifican para señalarlos. Simplemente como información general: CONASUPO adquiere cosechas, pero CONASUPO tiene que comprarlas en los centros de acopio que tiene instalados a lo largo y a lo ancho de la República en una sola época, o sea en la época en que ocurre la venta de las cosechas, pero después tiene que almacenarlas, llevarlas a los centros de consumo y tenerlas almacenadas, y efectuar gastos de conservación para el tiempo en que se consuman. Sí, la cosecha se levanta una vez al año, pero el consumo es en forma permanente y entonces hay que tenerlo, estarlo distribuyendo y se incurre en una serie de gastos. Habría que ver en todo caso con mayor detalle, cómo se maneja este aspecto.

Y nuevamente insistir en que el texto del artículo 1o., que está discusión, nosotros estimamos que está claro, que lo que señala ahí es exactamente lo que ha ocurrido y que por lo tanto si no hay objeciones de fondo pedirle a la Presidencia se preguntara a la Asamblea si está suficientemente discutido el texto del artículo 1o. del decreto.

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 1o. se encuentra suficientemente discutido.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 1o.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ..

(VOTACIÓN.)

Suficientemente discutido, señora Presidenta. En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 1o., en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señora Presidenta: se emitieron 303 votos en pro y 63 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 1o. por 303 votos, en sus términos.

Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 3o. del dictamen.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 3o. los siguientes CC. diputados: Raymundo León Ozuna, Daniel Angel Sánchez Pérez y Antonio Gershenson. Y para hablar en pro del mismo artículo, por la Comisión, Ricardo Cavazos y Dulce María Sauri.

También están inscritos para hablar en pro del mismo artículo, Genaro Borrego y Manuel R. Villa Issa.

Tiene la palabra en contra el C. diputado Raymundo León Ozuna.

El C. Raymundo León Ozuna: - Señora Presidenta; ciudadanos diputados: En cuanto a la gestión financiera, uno de los sectores que afectaron más el déficit público y por ende que incidió en el endeudamiento de la gestión financiera, fue el derroche y mala administración en el sector intersectorial, en un efecto indirecto, no directo, pero que no queremos dejar de ir la oportunidad para hacerla destacar.

Dentro del Plan Global de Desarrollo del sexenio lopezportillista se instrumentaron las estrategias intersectoriales, con el objeto de llevar una promoción regional del desarrollo a través de planes, tales como el Sistema Alimentario Mexicano - SAM- ; el Convenio Único de Coordinación - CUC- ; el Programa Integral de Desarrollo Rural; - PIDER- ; la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Marginadas - COPLAMAR- ; Montaña de Oaxaca, PROSEC, PRODEX, etcétera.

En todos ellos la finalidad era hacer llegar los mínimos de bienestar a las zonas marginadas rurales y a los cinturones de miseria de nuestras grandes urbes. Estos mínimos de bienestar no eran otra cosa que la alimentación, la salud, la educación y el empleo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1982, se aprobó un gasto para estos programas de 88 mil 673 millones de pesos, habiendo ejercido uno real de 98 mil 400 millones de pesos, teniendo una variación significativa del más del 11%.

Esta variación la consideramos importante, ya que no se cumplieron las metas y los objetivos de dichos programas intersectoriales. Aquí sospechamos de que estos 98 mil millones de pesos se fueron para la burocracia que manejó o que instrumentó - como ahora se dice - dichos programas intersectoriales. Aquí es en donde vemos que en el embudo, que son estos programas intersectoriales los que los manejan, los que los dirigen, los que los instrumentan, se quedan con la parte ancha del embudo y a los pobres y a los marginados les queda la parte angosta, les queda la miseria, la nada, y únicamente la esperanza de que iban a ser redimidos.

Un ejemplo claro de lo anterior lo ha sido COPLAMAR, que dentro de sus objetivos primordiales en el Plan Global de Desarrollo que le dio vida, era la de elevar los niveles de vida de los marginados, de los pobres que habitan en las zonas deprimidas del Valle del Mezquital, la zona ixtlera, candelillera de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y los cinturones de miseria del Distrito Federal, de Guadalajara, de Monterrey, de Zacatecas, etcétera.

¿Y qué sucedió con COPLAMAR? Sucedió que los indígenas nuestros, los pobres, siguen esperando esa redención simbólica que aún no les ha llegado, a pesar de la serie de programas que se instrumentaron en coordinación con secretarías de Estado, como fue la SAHOP, la SARH, el IMSS y CONASUPO, que pretendieron dar eso: la salud, el techo, el empleo y los mínimos de bienestar.

En el fracaso de estos programas, que ha sido la repetida tesis de la crisis y del famoso severo ajuste, tenemos un ejemplo:

Vamos a dar ejemplos: CONASUPO- COPLAMAR. El Programa de Abastos y Servicios Integrados de Apoyo de la Economía Campesina, se propuso construir, por conducto de LICONSA, 19 almacenes y equipar otros 24; construir 76 almacenes regionales y equipar 69 bases de mantenimiento y 4 mil tiendas rurales; sólo en la construcción de almacenes regionales se cumplió la meta programada, en su totalidad los demás sufrieron una desviación del 50%, en promedio.

IMSS- COPLAMAR: En Estos programas - nos dice la Comisión - no fue posible concluir 11 de las 40 clínicas, hospital de campo programadas originalmente y, en consecuencia, el número de consultas externas proporcionadas alcanzó únicamente el 75% de las metas.

SAHOP- COPLAMAR: En carreteras alimentadoras y caminos rurales se observan desviaciones en 30 y 33%, respectivamente. El Programa de Mejoramiento de la Vivienda se cumplió en 92% y el de agua potable cubrió sólo el 69% de lo programado.

Queda, pues, por demás claro que no se cumplieron ni medianamente las metas propuestas, a pesar de que el presupuesto se había doblado notablemente 58.3% en relación al del año anterior.

El pobre está aquí pagando impuestos para ayudar al pobre, para que el Estado paternalista, a través de programas distribuidores y generadores de igualdad y de riqueza, les lleve la justicia a los pobres mexicanos.

Pero lo que ha sucedido es que esos impuestos que pagan, que les quieren devolver con bienes y servicios del Estado a través de estos programas, se quedan a la mitad del camino. Aquí es donde quisiéramos preguntar a esta Asamblea, ¿en dónde han quedado los presupuestos de miles de millones de pesos que han manejado los programas intersectoriales? ¿Se han quedado en la mitad del camino, en alguna colina, en algún castillo europeo o en algo que ustedes pueden pensar en dónde han quedado?

Y aquí queremos destacar un caso singular, al que ya se le ha dado demasiada publicidad, pero que es de relevancia primordial en el transcurso de este debate, y que es el tristemente célebre Sistema Alimentario Mexicano, que tuvo como objeto principal elevarnos a país autosuficiente en alimentos. Ya habíamos sido, en épocas anteriores, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, autosuficientes, sin necesidad de estos tecnocráticos y dizque mágicos programas intersectoriales para promover la justicia social.

Tenía también como objeto elevar el consumo alimenticio de los mexicanos, al mismo tiempo incrementar la producción de alimentos básicos, a través de apoyos directos al consumo de las mayorías, y el fortalecimiento de agroindustrias además fomentar la investigación y enriquecimiento de alimentos con especial énfasis en las necesidades y posibilidades de la pequeña y mediana industria. Aquí, hay algo de aspecto irónico: A sólo cuatro años de distancia que fueron propuestos estos objetivos en el Plan Global de Desarrollo, nos encontramos que ambos instrumentos, el Plan y el SAM, se encuentran encerrados, y lo que sucede con el SAM, de acuerdo al dictamen de la Comisión, es que hasta el cadáver se robaron los que dirigieron este programa intersectorial; hasta con el cadáver cargaron.

Informamos lo anterior por lo que señala la Comisión en el dictamen de la Cuenta Pública, en el punto número 6, llamado "Estrategias Sectoriales", por lo que textualmente leo, dice la Comisión: "Finalmente, conviene aclarar que en el volumen de promoción regional de la Cuenta Pública de 1982, a diferencia de la de 1981, no aparecen los programas y recursos del Sistema Alimentario Mexicano, SAM al cuestionar a los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre este tema, se respondió, esta comisión dictaminadora, que en el transcurso de la formulación de la Cuenta Pública de 1982 la coordinación general del SAM ya no existía y por lo tanto no fue posible obtener la información completa y coherente, que permitiera incorporar esta estrategia intersectorial en el tomo de promoción regional". Hasta aquí, la Comisión, describiendo al fantasmagórico SAM.

El SAM que en su momento de gloria recibiera tanta publicidad y ejerciera gravosos presupuestos procedentes de diferentes secretarías de Estado, especialmente de la Presidencia de la República y el suyo propio, se ha convertido en un organismo invisible que no aparece en la relación de Cuenta Pública que nos envió Programación y Presupuesto y menos en el dictamen de la Comisión; por lo que nos resulta a nosotros difícil, por demás, revisar en forma seria la Cuenta Pública de 1982; y en particular en este renglón si no se conoce un estado financiero de un organismo tan costo e inútil como lo fue el SAM, creemos nosotros que la situación es grave, señores diputados.

En este punto, queremos nosotros hacer del conocimiento de nuestro órgano técnico la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión de Programación y Presupuesto, que nuestra labor de gambusinos buscando en los recovecos oscuros del dictamen de la Cuenta Pública y en el presupuesto de egresos para el año de 1982 encontramos, finalmente, rastros y huellas del Sistema Alimentario Mexicano y del monto de la partida que debió haber ejercido en 1982, y que ahora, olímpicamente, no lo encontramos en el dictamen.

Para su conocimiento, señores de la Comisión y de la Contaduría Mayor de Hacienda, esto lo encontramos en la exposición de motivos del presupuesto de egresos de la Federación para 1982, en el capítulo Estrategias Intersectoriales del Sistema Alimentario Mexicano. Se nos dice textualmente: "Por ello, el presente proyecto de presupuesto destina 353 mil millones de pesos a los programas que responden a las prioridades señaladas por el SAM". esto se dijo en la comparecencia de Ramón Aguirre Velázquez ante la LI Legislatura, el 27 de noviembre de 1981.

Por lo tanto, afirmamos que en este caso, ante la ausencia de datos y estado contable del SAM, y el que haya desaparecido su contabilidad, ya no puede ser objeto de una investigación más minuciosa en el examen de resultados, sino de exigir directamente las responsabilidades penales consiguientes, por parte de la Contaduría, la Procuraduría General de la República, la Contaduría Mayor de Hacienda y por parte de esta Cámara de Diputados, un pronunciamiento más severo y más enérgico contra este truco de recurso de incineración.

Preguntamos también a la Comisión de Programación y Presupuesto, que en transcurso de este debate, nos diga cuál fue el costo social para el pueblo marginal, de este marginal programa que ni siquiera lo encontramos y que no cumplió con su cometido.

Aquí, quisiéramos relacionar nuestra intervención con el artículo 3o. que está a debate. Hicimos nosotros una proposición en la intervención en lo general de nuestro compañero diputado David Lomelí Contreras, en el sentido de que se aprobara un artículo 3o. propuesto por nosotros.

El artículo 3o. propuesto por nosotros dice a la letra: "Artículo 3o. Al conocerse los resultados de la gestión financiera, analizando los ingresos, los egresos, y el déficit del Sector Público presupuestario, consolidado individualmente por lo que hace a dependencias y entidades, se encontró que fue ejercido en contra de los intereses de la Nación", y los programas intersectoriales, en los cuales la estrella de este derroche y mal uso de los fondos públicos fue el SAM, y por eso hemos inscrito en contra de este artículo tercero.

Y al SAM por sus frutos lo conoceréis. Una de las finalidades era la autosuficiencia alimentaria que viene a presentársenos aquí como fórmula mágica para que aceptemos estos canales de corrupción. Era la de lograr la autosuficiencia alimentaria y damos números:

En 1982 la producción de arroz tuvo una baja de 54.3% de lo que se había programado; la de frijol fue del 29% anual de lo programado; la del maíz, el 18%; la de ajonjolí, el 68%; la de cártamo el 68% menos de lo programado; de hecho, a excepción del trigo, todos los demás cultivos fracasaron, además no se nos olvide que la importación de los 8 millones de toneladas de granos que se habían programado para este año de 1982 han aumentado a diez millones de toneladas, gracias en gran parte al Sistema Alimentario Mexicano.

El PIDER, cuya finalidad es generar empleos en las comunidades rurales para superar los estados de pobreza, desempleo y marginación en poblaciones de 300 a 3 mil habitantes, para eso nació. Llama nuestra atención el hecho de que en un presupuesto original de 17 mil millones de pesos y a pesar de la crisis y de la necesidad de generar empleos en el área rural, haya ejercido tan sólo una partida de 13 mil 608 millones. ¿Es que acaso no hubo mexicanos aquí a quiénes ofrecerles trabajo en el campo?

El organismo no fue eficiente en este sentido. Resulta, pues, absurdo, que ante el problema tan grave del desempleo no se haya cumplido su meta, y sobre todo en el campo. Por otro lado, realmente, ¿cuáles son la clase o tipo de empleos que ha generado el PIDER?

Nosotros sostenemos que han sido empleos burocráticos no productivos, por lo que en el mismo dictamen se señalan que los presupuestos ejercidos se fueron en su mayor parte en gasto corriente y no obras de inversión.

Ahora bien, todos estos planes, que paradójicamente se le presentan a la sociedad con un alto contenido humano, suelen ser, como aquí se ha visto, inútiles y además onerosos para la sociedad mexicana, porque desvía importantes recursos de nuestra sociedad. Somos ricos, sí, en recursos, y vivimos como pobres.

Aquí, creemos nosotros que estos programas son disfraz que utiliza la máscara del populismo y que, en ocasiones, burlando los nobles sentimientos del ciudadano, distraen para fines muy distintos presupuestos que se van en corrupción.

Es necesario que en este tipo de programas nuestra Cámara de Diputados ejerza mayor control, así como por parte de las autoridades judiciales, y que la oposición esté alerta a ello, asimismo, como la opinión pública. Porque resulta claro que existió corrupción en el sexenio anterior y que gran parte de esta corrupción utilizó como vía o ducto de fuga estos programas intersectoriales.

Y para finalizar, vamos solamente a señalar el presupuesto que ejerció la Presidencia de la República, que fue la promotora y la responsable principal de los programas y del sector intersectorial. El presupuesto original de 1982 de la Presidencia de la República era de 2 mil 888 millones de pesos, un 80% mayor que el del año anterior, y a pesar de ello, el gasto real ascendió en el Año de Hidalgo a 12 mil 500 millones de pesos, dan un 335.9% mayor que el original presupuestado.

Sin lugar a dudas en este sobregiro nos preguntamos los diputados de la fracción parlamentaria demócrata, ¿en dónde se encuentran ? ¿Qué fin tuvieron? Los mexicanos no debemos y no podemos seguir improvisando planes y programas y manejándolos con deficiencia y derroches. Hay que recordar que estos programas su costo no debe de medirse en pesos y centavos, sino en los millones de hora - hombre - trabajo, que se dilapidan.

Por lo antes expuesto y por no compartir el criterio de la Comisión en el artículo 3o., la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano votará en contra. Gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra en pro, la C. diputada Dulce María Sauri Riancho.

La C. Dulce María Sauri Riancho: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Voy a proceder, a reserva de que el artículo 3o. del decreto aprobatorio del dictamen es muy amplio, puesto señala a la letra que se conocieron los resultados de la gestión financiera, analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público presupuestario, consolidado e individualmente por cuanto hace a dependencias y entidades, a referirme específicamente a un aspecto como es el de egresos y concretamente a un ramo de éste, como es el ramo XXVI.

Deseo hacer algunas puntualizaciones a lo expresado por el diputado Raymundo León Ozuna:

En primer término, creo pertinente hacer una distinción entre lo que son estrategias intersectoriales y lo que es el ramo XXVI de promoción regional.

Estrategias intersectoriales significa la cohesión programática en torno a un objetivo. En el ramo XXVI están incluidas estrategias intersectoriales con parte del gasto derogado en torno a ese objetivo. Por ejemplo, señalamos la presencia del Convenio Único de Coordinación, Federación y Estados. Este convenio único recomenzó en 1977, fundamentalmente está dirigido a mejorar el nivel de vida de las ciudades

y poblaciones de los diferentes estados del país, a través de la transferencia de recursos presupuestarios. Así, nos encontramos que en la Cuenta Pública de 1982, los programas estatales de inversión, englobados dentro del Convenio Único de Coordinación, tuvieron una erogación superior a los 21 mil millones de pesos; también nos encontramos los programas sectoriales concertados dentro del propio Convenio Único, que estuvieron dirigidos, entre otras cosas, a que la administración de los programas de agua potable estuviesen controlados por los gobiernos estatales; y en los programas de desarrollo estatal, correspondientes también al Convenio Unido de Coordinación, podemos distinguir una serie de acciones, como por ejemplo, los recursos transferidos para remediar la emergencia debida al volcán Chichonal, en el caso de Chiapas y las obras de prometro de Guadalajara.

Uso esto únicamente para ejemplificar que los recursos transferidos, vía Convenio Único de Coordinación, Programas Estatales de Inversión, se han traducido en obras en los diferentes estados de la República.

Yo creo que en el carácter de diputados de los diferentes puntos del país, hemos tenido ocasión de ver cómo a través de los recursos transferidos de la Federación y con la participación de los gobiernos estatales y de las comunidades se han realizado una serie de mejoras y de transformaciones en los diferentes centros urbanos. Y esto, señores, es hablar de cuestiones muy concretas.

En el caso del Programa Integral para el Desarrollo Rural - PIDER- comenzó su operación en 1973, específicamente, como señalo el compañero León Ozuna, dirigido a comunidades de 300 y 3 mil habitantes. La característica principal de este programa es ser descentralizado, dirigido a promover el desarrollo autosostenido de las comunidades rurales. Este programa se dirigió, está dirigido a promover obra productiva principalmente, teniendo aproximadamente un 50% de la inversión autorizada que en 1982 fue de 17 mil millones de pesos, reducidas después en un 8%, en virtud de la reducción general del gasto público, hasta 15 mil millones, y posteriormente ejercida en 13 mil 500 millones. Estaba dirigida principalmente al apoyo a las obras productivas y a las obras que necesariamente conlleva el desarrollo de estas mismas obras productivas, tales como los caminos, la electrificación y el agua potable. Y una proporción menor a las otras de beneficio social como es el agua potable, las escuelas, etcétera.

La razón de que este programa no haya llenado el 100% de ejercicio se debe, principalmente, a que es un programa que requiere de proyectos factibles de realizarse, que cuando se hace la presupuestación se están elaborando los proyectos productivos, y en algunos casos, al término de la elaboración de estos proyectos, el estudio de factibilidad no resulta favorable y se decide no ejecutarlos. Esa es una razón.

Otra de las razones, que es importante señalar en el caso del PIDER, es que es un programa que llega hasta las comunidades más apartadas de las microrregiones PIDER, y llega a una comunidad aislada para ejecutar una obra representa un alto grado de dificultad. En 1982, como un año en el que la presión inflacionaria sobre los costos, impacto, severamente la obra pública, el PIDER no pudo escaparse de esta situación. Sin embargo, miles de hectáreas incorporadas al cultivo, especialmente hectáreas de temporal y pequeñas unidades de riego, de fomento para la producción, son el resultado del PIDER en diversas regiones del país; miles de empleos creados en forma permanente.

No es así, compañero León Ozuna, que el PIDER haya sido dirigido especialmente a ampliar el número de burócratas en el campo. Solamente el 7%, así lo podemos ver en el tomo de resultados del ramo de Promoción Regional, fue dirigido al sector Administración, y dentro de este 7% podemos recalcar que estuvo dirigido a apoyar las acciones de los equipos de planeación de los gobiernos estatales, que en 1982 se integraron para continuar el proceso de descentralización de este programa.

En el caso de COPLAMAR, dirigido también específicamente a la incorporación de las zonas deprimidas y grupos marginados, el esfuerzo realizado en torno a la distribución de productos básicos, por citar un ejemplo, a al construcción de caminos rurales que han comunicado a cientos de comunidades aisladas ancestralmente en nuestro país, y que además proporcionaron empleo mediante la contratación de mano de obra para su elaboración, son un ejemplo de que el COPLAMAR ejecutó y realizó el gasto que fue autorizado en el ramo XXVI.

Efectivamente, si relacionamos el gasto de COPLAMAR y el gasto de la Presidencia de la República, veremos que una parte muy importante de esta desviación presupuestal, a la que hacía referencia el compañero, en el ramo de Presidencia de la República, se debe a una transferencia de recursos de COPLAMAR, del ramo XXVI al ramo II es el de Presidencia de la República, y que esta transferencia de recursos fue la que permitió crear más de 2 mil cooperativas en todo el país, cooperativas de producción y asimismo, crear 45 mil empleos en el medio rural. Esto también creo que, yendo al campo con las comunidades se ve la acción de este programa en las diferentes regiones y en los diferentes municipios de todo el país.

También compañeros, creo que sería conveniente hacer una revisión del tomo correspondiente al sector Bienestar Social y a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y en concreto al programa IMSS- COPLAMAR, donde se señala claramente el monto de inversión COPLAMAR que fue ejercido a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y que permitió la creación de clínicas y hospitales de campo en muchas comunidades del país; si bien es cierto que no fue posible llegar a la obtención

del 100% de las metas programadas por los resultados anotados, la acción en el campo del Programa de Coordinación IMSS- COPLAMAR fue y es un reflejo de la actividad que desarrolló este programa durante 1982.

Asimismo, creo conveniente señalar en términos de tratar de ampliar o de desvanecer la idea de la burocracia en torno a estos programas, que COPLAMAR como una entidad coordinadora, que por cierto, por un decreto presidencial fue derogada el 20 de abril de 1983, según el Diario Oficial de la Federación, únicamente significa un poco más de 100 millones de pesos de gastos administrativos, que también se pueden encontrar en el tomo correspondiente a la Presidencia de la República.

No podemos tampoco dejar de mencionar la referencia al Sistema Alimentario Mexicano, fue una estrategia intersectorial que en términos de costos directos, y así se señalo repetidamente el año anterior - 1982- cuando estudiábamos la Cuenta Pública de 1981, no significaba una erogación directa, sino una erogación a través de los diferentes sectores que ejecutaba los programas orientados a obtener la autosuficiencia alimentaria.

En 1982, en la Cuenta Pública que es objeto ahora de nuestro estudio, es posible reconocer los programas en los que concurrió el esfuerzo por obtener esta meta de autosuficiencia alimentaria. A guisa de ejemplo tengo aquí un ejercicio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en lo que se estima que a través de diferentes programas, entre los cuales podemos mencionar: Infraestructura para el Desarrollo Agrícola, Sanidad Animal, Extensión Agrícola, etcétera, se estima que se tuvo una erogación por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y señaló, a guisa de ejemplo, cercana a los 124 mil millones de pesos para programas señalados con prioridad alimentaria. Por tanto, el SAM no es un fantasma en la Cuenta Pública, ciertamente no está como el año pasado, integrado en el tomo de resultados de los programas intersectoriales, lo cual hubiera sido deseable.

Lamentablemente, de acuerdo a la información que nos fue proporcionada en la Comisión, el decreto del 19 de enero de este año, que señaló la derogación de la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación, que era la entidad coordinadora del Sistema Alimentario Mexicano y por tanto el aspecto administrativo de gasto directo del SAM, fue derogado, desapareció dicha coordinación y por ello no fue posible contar con la información que nos hubiera permitido tener en el tomo de resultados del ramo XXVI, los resultados programáticos del Sistema Alimentario Mexicano. Pero esta prioridad alimentaria desarrollada en 1982, está incluida en los diferentes sectores: Agropecuario, Comercio, Pesca, Asentamientos Humanos, Comunicaciones y Transportes, entre otros.

Yo también quisiera señalar que el SAM no desaparece, en su espíritu. Lo positivo del Sistema Alimentario Mexicano, el interés por lograr la autosuficiencia, ha sido recogido en el Programa Nacional de la Alimentación. Si bien es cierto que el Programa Nacional de la Alimentación tiene una diferencia conceptual con el SAM, como es el concepto de soberanía alimentaria, que es la posibilidad de decidir, y la exigencia de definir en qué se quiere y se debe ser autosuficiente sin concesión, y en qué es imposible serlo en un cierto horizonte de tiempo a diferencia del concepto de autosuficiencia alimentaria, que manejó el Sistema Alimentario Mexicano, sí se recogen las experiencias positivas del SAM, y sí se han recogido también las experiencias negativas para no volver a incurrir en los mismos errores.

También hay una diferencia significativa que viene a colación, a raíz de los señalamientos del compañero León Ozuna; hay una diferencia en el mecanismo de operación y coordinación institucional entre el SAM y el PRONAL. El PRONAL tiene un marco institucional y programático y una coordinación a través de la Comisión Nacional de Alimentación, que está presidida por el Presidente de la República y en la que están integradas diferentes secretarías de Estado, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la SECOFIN, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Salubridad y Asistencia, Pesca, CONASUPO, el Instituto Nacional de la Nutrición y el DIF; es decir, que el Programa Nacional de Alimentación será instrumentado a través de las dependencias responsables de los programas que tienen relación con la estrategia de soberanía alimentaria.

Este ramo XXVI de Promoción Regional es muy importante; en 1982 aparece por primera vez como un ramo presupuestal autónomo. Es muy importante porque en este ramo se sintetiza o se obtienen los programas que se han desarrollado en forma tripartita, con la colaboración del Gobierno Federal, con la colaboración de los gobiernos estatales y municipales, y con la aportación de las comunidades.

Sabemos que la descentralización de la vida nacional sintetiza las aspiraciones de México y que hay una firme voluntad política de avanzar conforme a nuestra tradición federalista. Por eso creemos que esta transferencia de recursos que se ha hecho a los estados, este esfuerzo por fortalecer su aparato administrativo, su aparato programático, para que sean los estados quienes manejen los recursos asignados a través de estos programas, para que haya participación de los municipios a través de los convenios concertados entre el Estado y los municipios correspondientes a la entidad federativa, debe profundizarse.

Sabemos que en términos de Cuenta Pública es necesario aclarar algunos aspectos que nos permitan señalar con mayor precisión, y sin necesidad de tener que acudir a muchos de los tomos de resultado de la cuenta, el impacto de estos programas intersectoriales.

Sabemos también que dada la similitud que existe entre las estrategias y los objetivos de los programas, como puede ser y así se refleja en el caso de COPLAMAR y del PIDER, en los programas de fomento a la producción, o de apoyo a la producción, es necesario que estos programas tiendan a consolidarse en uno solo de promoción y de apoyo al desarrollo regional. Y así lo señala el dictamen, entre las recomendaciones, la última de ellas corresponde a los programas y a las estrategias intersectoriales, sugiriendo y pidiendo que se consolide en uno solo, en un programa de promoción regional.

La vía del fortalecimiento del federalismo, la vía de la descentralización de la vida nacional, pasa también por la descentralización de los recursos. Para descentralizar tenemos que fortalecer, para fortalecer hay que confiar.

Estos programas, con la correspondiente transferencia, con los correspondientes mecanismos de seguimiento y control del gasto público, podrán ser un instrumento muy poderoso como lo han sido en estos últimos años para ayudar y fortalecer al desarrollo de los estados y al desarrollo de México. Muchas Gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra, en contra, el C. diputado Daniel Angel Sánchez Pérez.

El C. Raymundo León Ozuna: - Pido la palabra, en segunda intervención.

La C. Presidenta: ¿Quiere usted la palabra para hechos o está pidiendo segunda intervención?

El C. Raymundo León Ozuna: - Para segunda intervención.

La C. Presidenta: - Entonces, si puede esperar al turno, que pasen los demás compañeros y se le avisará en su momento.

Tiene la palabra en contra el C. diputado Daniel Angel Sánchez Pérez.

El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: Señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados: Acogiéndome precisamente a la manifestación expresa de la diputada Sauri Riancho, quisiera que se me permitiera tratar conjuntamente con el artículo 3o. del dictamen, el artículo 5o. que había separado, puesto que es tal la amplitud del artículo 3o. que queda implícito el artículo 5o.

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la proposición del diputado Sánchez Pérez para tratar en una sola intervención los artículos 3o. y 5o. del dictamen.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta la Asamblea si se autoriza al C. diputado Daniel Angel Sánchez Pérez a tratar en una sola intervención los artículos 3o. y 5o. del dictamen.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo .. Aprobado, señora Presidenta.

El C. Daniel Sánchez Pérez: - Muchas gracias. Yo quisiera aclarar antes de iniciar, que no creo que nadie en esta sala, ningún diputado, ninguna fracción parlamentaria, haga uso de la palabra en esta tribuna con un afán destructivo, sino más bien nosotros creemos que nuestra participación se debe más que nada a evaluar, a analizar lo que es la Cuenta Pública del '82, pero siempre hacia una perspectiva futura, para evitar los desvíos que se hayan dado, los manejos deshonestos - como afirma la Comisión del dictamen - , y en última instancia, prever que en un futuro esto no vuelva a ocurrir.

También quiero aclarar que realmente nuestra intervención acerca del artículo 5o., que es donde se ha hecho el apartado particular y concreto, nosotros nos referimos a lo que es el sector agropecuario, forestal y de pesca. Pero exclusivamente en esta intervención, y dado lo corto del tiempo y lo avanzado de la hora, yo me referiría al sector Agrícola, que dentro de ese sector es muy fundamental del presupuesto, es el mayoritario.

Hechas estas aclaraciones iniciaré mi intervención por tratar de establecer - Para no salir de algo que fuera el vacío hacia una crítica - qué funciones se han delegado al sector primario en nuestro desarrollo económico nacional.

Y siempre hemos visto, podríamos afirmar, que se reducen a cuatro principalmente: Producir alimentos para el consumo de la población rural y urbana; dotar de materias primas a la industria; mantener y determinar la mano de obra que el propio sector genera, y generar excedente exportable que proporcione divisas para importar lo que el mismo sector necesita.

Teóricamente esto no tendría ninguna objeción. Lo malo es que al confrontarse con la realidad de la agricultura mexicana, este esquema teórico se encuentra con que la agricultura en el país tiene dos grandes vertientes: la agricultura de temporal que se realiza en el 74% de las tierras altas para el cultivo, y la agricultura de riego que abarca aproximadamente 4.6 millones de hectáreas de riego en el país.

Esta problemática produce que, a la hora de querer partir de un esquema para el desarrollo nacional y tomar en cuenta en ella a la agricultura, se ha deformado, tal como ha sucedido globalmente en nuestro país con el esquema desarrollista, se ha deformado también el desarrollo agrícola en el campo ¿por qué? Porque en la modernización que empezó a raíz del gobierno alemanista en toda la economía, nacional, fue a impactar al campo también en este sentido.

¿Y que es lo que ha producido ese esquema de desarrollistas, modernistas en el campo? Ha

producido la disminución de la participación del sector agropecuario forestal dentro de la economía, no por falta del esfuerzo, por falta de productividad, sino porque ha sido relegado para darle mayor oportunidad a lo que ellos llamaban un México industrial, un México moderno, y han dejado las estructuras agrícolas antiquilosadas o las han llevado atrás de lo que es el desarrollo total del país.

¿Qué otra cosa ha causado esa transferencia de un modelo desarrollista aquí nuestro país dentro de la agricultura? Pues una constante y desigual transferencia de valor agregado del sector primario, que es la agricultura a los sectores secundarios de la industria y a los sectores terciarios de los servicios. Y esto, ¿en qué conlleva en total? Pues una inequitativa distribución del producto nacional en perjuicio del sector primario.

Todo esto viene a incluirse en las perspectivas que el Estado Mexicano incluye para sus nuevos presupuestos, y desde entonces se buscan lo que le llaman objetivos sectoriales o las estrategias sectoriales o tácticas sectoriales, que siempre se han podido resumir en unos cuantos, entre los más importantes, en los siguientes puntos: La autosuficiencia alimentaria, que sigue en la base; la autosuficiencia alimentaria busca obtener los volúmenes de producción necesarios para enfrentar con éxito el incremento de la población, proporcionándolos en cantidad, calidad y precios, acordes a los requerimientos de las clases más necesitadas.

Otro de los objetivos sectoriales es la justicia distributiva, que es elevar los niveles de ingreso y condiciones de vida de los campesinos, podríamos salir en tácticas diferentes como premio de garantía, seguridad social, consumo, etcétera. Otra, que aún sigue siendo vertiente fundamental de los objetivos sectoriales, es la generación de empleos, que busca teóricamente aumentar los días de trabajo a cada persona y disminuir el ritmo de emigración hacia las ciudades. Otro objetivo sectorial sería y es también para el presupuesto del '82, la producción de materias primas a la industria, pero principalmente dando prioridad a las destinadas a la industria procesadora de alimentos de consumo popular. Y por último, el desarrollo de lo industrial, que consiste en establecer una base productiva agroindustrial que coadyuve a un desarrollo integral en el campo, a fin de evitar las transferencias de valor agregado del sector primario a otros sectores económicos y promover empleos permanentes y obtener así una mejor distribución del ingreso en el medio rural.

Esto, todo esto se contempla en lo que constituye el gasto público, un gasto público que se utiliza como uno de los instrumentos más importantes para orientar el desarrollo económico de un país.

Para el gasto público del '82 cuáles eran precisamente los principales rubros en estos objetivos sectoriales. Dice: "El gasto público se orientó a estimular a los productores de alimentos". Nosotros diríamos que eso aún es discutible puesto que no ha sido cierto ni en el '82 ni ahora, puesto que todos los programas crediticios, todos los progresos de siembra van encaminados a la producción más que nada, y eso ya lo hemos afirmado aquí, a productos agrícolas que vienen a sustentar a las agroindustrias trasnacionales que se dedican a otra cosa menos a la producción de alimentos para nuestro pueblo, ni en calidad, ni en cantidad, ni en precios. Más que nada se abastecen a las agroindustrias de oleaginosas para aceites comestibles o aquellas industrias que producen alimentos para ganado.

Se dijo que habían proporcionado, o sea, proporcionar insumos era otro de los rubros. A través de esta política se proporcionaron insumos a los campesinos para aumentar la productividad en sus precios. Destacando entre éstos las semillas mejoradas, plaguicidas, fertilizantes y maquinaria, entre otros.

Señores, esto definitivamente resulta una mentira. No es válido hacer programas en los cuales vaya implícita de inicio, una mentira, puesto que a los campesinos ni les dieron plaguicidas, porque eso es mentira, es una de las cosas que más encarece los costos dentro de la producción agrícola, y dependemos en lo absoluto de compañías trasnacionales como Bayer, como la industria Chemical, que es la inglesa, y principalmente Bayer, ni tampoco se les proporcionaron la semillas mejoradas, puesto que en el mismo dictamen se está reconociendo que para 1982 hubo déficit en la producción de semillas mejoradas en el Programa, ya ni siquiera para las que eran necesarias para sembrar todas las hectáreas, cuando menos de los distritos de riego.

Habla de que los precios de garantía se establecieron para estimular a la producción, y se revisaron continuamente estos precios de los productos básicos, a efecto de que éstos fueran remunerativos para el productor y contrarrestar los efectos de la inflación. Esa es otra gran mentira. Los precios de garantía, desde hace poco más de 15 años, no han podido ni siquiera igualar los montos de la producción, al contrario, en términos reales, han ido cayendo verticalmente, y no podemos no solamente encuadrarlos en lo que es en el '82, lo pueden ver los diputados del sector campesino en los actuales precios de garantía que se acaban de marcar para los productos agrícolas que producen sus representados. Entonces, no es cierto que la política de precios de garantía haya un incremento, pues aun cuando en términos monetarios parece que se eleva, no toma en cuenta lo que es el impacto de la inflación y no toma en cuenta también lo que es el aumento de las necesidades de los productores en el campo.

Habla de una comercialización que a fin de reducir el intermediarismo para lograr una mayor retención de excedentes económicos, se desarrollaron nuevas formas de organización vinculadas a los distritos agropecuarios. Otra gran mentira. Al campesino no se le ha organizado para la comercialización, al contrario, se ha tratado de buscar, a través de instituciones

como CONASUPO, suplir esta falta de organización. En los distritos de riego funcional los comités directivos agrícolas. No es cierto que exista ninguna organización para la comercialización. Existe incipientemente una organización para producir, pero nunca para comercializar, y ésta ha sido la gran falla de nuestro país.

Habla aquí - una mentira todavía mayor - que a través del riesgo compartido se propició la organización de productores con el carácter de alianza - Estado - campesino, a fin de evitar en lo posible la subutilización de los recursos naturales.

Señores, en estos objetivos tácticos para el presupuesto de 1982, se diseñaron 53 programas en la SARH, 53 programas que tenían un monto aproximado de más de 3 mil millones de pesos. En esos programas podríamos decir y podríamos señalar ocho principalmente: son 303 mil 800 millones de pesos lo que fue presupuestado para la SARH y de esos programas solamente ocho tienen el 78.53% y quisiéramos referirnos brevemente a ellos porque además de esos ocho solamente cuatro se dedican a llevar estímulos directos a los agricultores; los demás, aun cuando aquí se pretenda defender - y nosotros no tratamos de ofender de ninguna manera al aparato burocrático - , no hacen más que para ir a sustentar el aparato burocrático; esos programas son el FE de Administración; el FF de Coordinación para el Desarrollo de los Distritos Agropecuarios; el FK de Planeación y el UM de Investigación de Desarrollo Experimental en el sector agropecuario forestal que en conjunto suman 32.20% de ese 78% que sumaban los ocho programas restantes.

Los otros cuatro programas que sí van directamente al campo, son el FIE de Infraestructura para el Desarrollo Agrícola, que es el más importante, si es cierto, y representa el 27.89% con 48 mil 509 millones de pesos; el de Producción y Transformación Agrícola, que representa el 2.98%; el WF, que es muy importante, Promoción y Proyecto de Asistencia Técnica que aquí vienen los programas de estímulos y de riesgo compartido a que nos referíamos, y el 3 - D, que es Captación y Conducción de agua para usos múltiples, aunque aquí representando el 11.37% del presupuesto la mayor parte de este presupuesto va dedicada, más que nada, a la conducción de agua potable a los poblados o al aumento aquí mismo, para el Distrito Federal, cosa que deberíamos prever en el futuro para que eso pase a Asentamientos Humanos.

Esos programas en concreto podríamos empezar a hablar por el programa FK de Planeación, donde fueron presupuestados 11 mil 067 millones de pesos y ejercidos 10 mil 536 millones de pesos. No se ejercitó en 5% el gasto presupuestado, y consta de siete subprogramas de los cuales el 02, Captaciones y Tramitaciones Sistematización de Información Estadística y Documental; el 03, Formulación de Planes, Programas y Presupuesto, y 07, Estudios, que en su conjunto representan alrededor de 70% del gasto ejercido en este programa.

Tal como éste y los demás - ustedes van a ver todos - la mayor parte del presupuesto del '82; dicen ellos que para combatir el impacto inflacionario se dedicó un 63% aproximadamente a pago de personal. Eso fue lo que ocurrió en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y es necesario llamar la atención que en los subprogramas 02 y 03 más del 50% del gasto presupuestado está destinado a servicios personales, en tanto que en el subprograma 07 casi 25% del gasto programado se destina a servicios personales también.

El subprograma 02, es que es de las mismas Captaciones y Tramitaciones, Sistematización de Información, Estadística y Documental, se presupuestaron mil 121 millones de pesos y se ejercieron mil 219 millones de pesos. Se rebasó en 98 millones de pesos - un 9% del total - . La meta de un millón 600 mil observaciones meteorológicas, sólo se cubrió en un 43%, y la meta de realizar 13 mil 335 informes estadísticos, se cubrió en un 97%.

En las justificaciones de la Cuenta Publica, se afirma que la primera meta no se alcanzó entre otras razones, por escasez de recursos para contratar personal calificado, lo cual, aunado al hecho de que más del 50% del gasto programado se destinó a servicios personales, podría llevar a concluir que o bien los recursos gastados se usaron para contratar personal descalificado o para incrementar salarios de personal no apto para estas tareas.

En el mismo programa FK, Planeación, de su programa 02, Captaciones y Tramitaciones, Sistematización de Información Estadística y Documental, podríamos decir que si a lo anterior se añaden las demás justificaciones de la Cuenta Pública, sus justificaciones - entre comillas - no se crearon estaciones climatológicas, no se terminaron cinco estaciones que estaban programadas para operar en este año y por último, se adquirieron los equipos de radiación solar que se habían planteado comprar.

Lo menos que se puede concluir a este subprograma, inscrito en el programa FK - Planeación es que faltó precisamente planeación a las gentes que lo crearon.

En el subprograma FK - 03 de Formulación de Planes, Programas y Presupuestos, dice: no se alcanzó en 4%, 82 millones de lo presupuestado; tiene como las dos metas principales la formulación de mil 284 programas y la realización de 420 estudios, mismos que se alcanzaron en un 71% y en un 55%, respectivamente.

El programa WF - y esto sí les suplico que se fijen - , el programa WF, Promoción de Proyectos de Asistencia Técnica, considerado uno de los cuatro prioritarios del subsector agrícola, ejerció sus gastos programados sólo en un 47%, 8 mil millones de pesos por abajo de lo programado, que fue de poco más de 15 mil millones de pesos. Este programa es de particular importancia, dado que incluye

una vertiente de estímulo y otra de riesgo compartido.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1982 se señala entre sus objetivos proporcionar recursos adicionales a las áreas productoras para corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales, de acuerdo con la Ley de Fomento Agropecuario, apoyar a los productores temporaleros en la adopción de tecnología para el logro de un incremento en la productividad de la tierra, así como absorber el costo de las inversiones adicionales que se generen en caso de que los objetivos de la producción no se logren. Esto es el riesgo compartido.

Por esto mismo llama poderosamente la atención que no se ejerció el gasto presupuestado en un monto tan significativo.

Para el subprograma de estímulos a la agricultura temporalera se alcanzó un 79% de la meta consistente en beneficiar 6 millones 400 mil hectáreas; aunque la erogación fue superior en un 39% respecto a la programada no existe ninguna aplicación en los comentarios a las desviaciones, ni en el informe previo de la Contaduría Mayor ni en el proyecto de dictamen sobre la Cuenta Pública, sobre las razones que llevaron a gastar por encima de lo programado.

Con respecto al incumplimiento de las metas, en los comentarios se adelantan dos explicaciones: incumplimiento de los productores con la mecánica operativa para la entrega de subsidios, y un comienzo tardío del ciclo primavera - verano de 1982, lo que impidió la incorporación a la producción de áreas importantes a la producción de granos.

En el subprograma de Riesgo Compartido, la meta consistente en beneficiar a 775 mil hectáreas se alcanzó sólo en un 12% y la erogación respectiva sólo alcanzó un 10% de los mil 49 millones de pesos programados.

En los comentarios a las desviaciones se argumenta que lo anterior fue motivado debido a que en el ciclo otoño - invierno sólo 4 mil 351 hectáreas fueron susceptibles de ser operadas con un monto de 3 mil 700 millones de pesos; mientras que en el ciclo primavera - verano se operaron 89 mil 538 hectáreas, que sí se ajustaron a las reglas y a la mecánica operativa del Programa de Riesgo Compartido, entregándose por concepto de garantías 98.2 millones de pesos.

En ambos subprogramas se observa un problema que generalizando en toda la actividad institucional, ligado al sector agropecuario, adquiere aquí particular dramatismo. El programa WF es un programa prioritario, el planteamiento del riesgo compartido fue sin duda una proposición imaginativa para enfrentar el problema no sólo de lo errático de la zona temporalera, sino sobre todo las consecuencias sociales para los campesinos que están sujetos a un alto grado de siniestros en sus cosechas.

Los mecanismos tradicionales de aseguramiento agrícola, como se ha dicho insistentemente, aseguran la inversión financiera, pero no el trabajo realizado por los campesinos.

El subprograma de Riego Compartido buscaba enfrentar esa situación compartiendo con los campesinos los riesgos en zonas temporaleras y asegurando, al menos en parte, el trabajo invertido en trabajos agrícolas siniestrados. El incumplimiento de metas como en gasto programado, se justifica porque los productores campesinos no se ajustaron a la mecánica operativa tanto para la canalización de subsidios como para su incorporación en los riesgos compartidos, en lugar de analizar dicha mecánica para, efectivamente, hacerla operativa en relación con las necesidades de la actividad de los campesinos productores.

Estos intentos justificatorios, parecen estar precedidos por la divisa que ya el compañero Rolando Cordera hacía mención de que la realidad del campo se tiene que adaptar a la mecánica operativa decidida por las agencias gubernamentales.

Aquí algunas personas pretenden justificar diciendo que efectivamente esos datos son falsos, puesto que no es cierto que se haya operado nada más el 10% del riesgo compartido, sino que se operó un poco más, puesto que había habido más de cuatro millones de pesos, que se dedicaron a la defensa de inundaciones y control hidráulico de ríos.

Señores, este es el caso más clásico de desviación presupuestal. No puede esta honorable Cámara dedicarse horas y horas para apoyar, para aprobar un presupuesto, para que después un secretario de cualquier entidad pública pueda disponer libremente, hacer un traslado de capital o de dinero que se dedicaba al trabajo social, a una ayuda social a los campesinos, para dedicarlo a obras de infraestructura hidráulica o de control hidráulico. Que, además, y lo pueden ver compañeros priístas, los de la mayoría, los del dictamen, no aparece reflejado en el programa que se refiere al FC, Control de Ríos, porque solamente rebasó en 600 millones de pesos su operación, cuando le fueron trasladados, por parte del Riesgo Compartido, del fideicomiso, más de cuatro mil millones de pesos.

En el Programa General de Asistencia Técnica Pecuaria - que rebasó en 5% lo presupuestado - , éste consta de tres subprogramas, de los cuales el 01, Producción, representa más del 50% del gasto ejercido en este programa. Las metas de la SARH para asesorar a 145 mil productores, establecer cinco mil hectáreas de praderas industriales y apoyo técnico en el manejo de 700 cabezas de ganado, se rebasaron ampliamente.

La meta del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital se alcanzó solo en un 51%, y la meta de SARH de apoyar a siete mil unidades pecuarias sólo alcanzó el 12%.

En las especificaciones de la Cuenta Pública se da como argumento de ese incumplimiento la falta de disponibilidad de personal en los

distritos de temporal se planteaba esta meta.

El Programa GL, Asistencia Técnica Forestal, rebasó su gasto programado en 14%, 45 millones de pesos, y consta de cuatro subprogramas, de los cuales el 01, Producción, representa casi el 95% del gasto ejercido.

Las metas de la SARH en este subprograma de Asistencia Técnica en once millones de hectáreas, se rebasó levemente, en tanto que la meta - producción de 700 mil metros cúbicos de madera en rollo se alcanzó solamente el 64%.

Los tres programas de Asistencia Técnica Agropecuaria y Forestal, FWGAGL, representan en su conjunto apenas 6 mil 294 millones de pesos, es decir, 3.6% del presupuesto total ejercido por la SARH.

Aunque el cumplimiento de metas es variable, menos adecuados en el Programa de Asistencia Técnica Agronómica, parece conveniente, sobre todo por la poca importancia que estos programas tienen y sus resultados poco medibles en términos, sobre todo, de productores campesinos, revisar otros mecanismos de asistencia al campo que implicarían, por ejemplo, el traslado de recursos presupuestados en asistencia técnica a los propios productores campesinos.

Complementando lo anterior con el mecanismo financiero ya existente, tanto en la banca comercial como en BANRURAL, de reembolso por asistencia técnica a las organizaciones de productores con un porcentaje de crédito ejercido, que era lo que nosotros proponíamos también como una parte del paquete para los precios de garantía.

Como ustedes pueden ver, no solamente cuando se rebasa lo presupuestado tendríamos que rehacer un reclamo, sino cuando los programas que fueron autorizados no se cumplen ni siquiera en un 50%, y nosotros hemos visto aquí que se cumplieron en exceso se rebasaron en exceso aquellos programas que tenían un presupuesto dedicado a construcción, a obra hidráulica, donde el contratismo tiene toda la manga ancha.

Y en aquellos programas de contenido social, aquellos programas que llevaban realmente la ayuda directa a los campesinos, esos ni siquiera se ejercieron en un 40 o en un 50% en forma global.

Podrían decirnos muchas cosas, podrían hablarnos de la inflación, pero creo que la inflación no afectó a los coyotes que se dedican al contratismo con la SARH, y sí afectó a los campesinos mucho, directamente.

Podríamos hablar también de que a la satanización de aquellos programas u organismos se tienden a establecer la lógica en las estrategias económicas para el campo, ha obedecido hasta ahora al capricho público de los grupos que atienden al poder, no una crítica derivada del análisis serio de sus resultados - así como acudió con los que aquí han estado hablando de COPLAMAR.

Yo quise traer simplemente a ustedes lo que el mismo dictamen nos dice del COPLAMAR, - abusando de su paciencia - ; dice sólo CONASUPO, COPLAMAR, porque ya nos lo había hecho saber Cavazos, COPLAMAR estaba disperso entre varios organismos, varias secretarías, dice: Sólo en la construcción de almacenes regionales, por lo que ve a CONASUPO - COPLAMAR, se cumplió la meta programada en su totalidad, los demás sufrieron un 50% de desviaciones, en promedio.

IMSS - COPLAMAR: En este programa no fue posible concluir 11 de las 40 clínicas - hospital y alcanzamos únicamente 75% de las metas. SAHOP - COPLAMAR, en carreteras alimentadoras, el programa de mejoramiento de la vivienda se cumplió en 92%, y en agua potable cubrió sólo el 69%. En SEP - COPLAMAR con un presupuesto de 55 millones de pesos, las metas se cumplieron en su totalidad.

CFE - COPLAMAR: Este programa logró electrificar 87 estaciones de abasto, 73 fosas de agua potable y 340 poblados, resultados superiores de lo que se había previsto. INI - COPLAMAR: El programa se ha ejecutado totalmente. COPLAMAR - SARH Forestal Viveros se proponía establecer tres viveros de calabacía loca y se realizaron dos. Con una asignación de 78 mil 100 millones de pesos el programa de unidades básicas de producción alimentaria COPLAMAR intentaría integrar 70 unidades, meta que rebasó en un 55%.

Quiere decir que COPLAMAR no estaba funcionando tan mal, por ejemplo, funcionó en esta ocasión Riesgo Compartido u otro de los programas; sin embargo, se nos dice que COPLAMAR tuvo que desaparecer y hasta hoy nos dan la explicación del porqué. Pudiéramos nosotros decir que sí buscamos la racionalidad de los organismos, pero que no buscamos racionalidad cambiando siglas nada más; lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de la desaparición, nosotros le llamamos atrabiliaria, aquí sí, del SAM, aunque hoy nos explican que el SAM tiene un hijo y que ese hijo puede dar frutos como es el PRONAL.

Nosotros no estamos tampoco en contra de eso. Lo único que quisiéramos es que se tomara en cuenta que lo que el fondo del SAM, lo que ha sido el fondo del SAM, todavía persiste; pero que si el SAM no pudo avanzar fue precisamente porque a nivel institucional en las secretarías de Estado, que tuvieron que manejar el programa SAM, persisten aquellas personas que consideran que el esquema de desarrollo agrícola de México debe orientarse a producir para la exportación y no para la alimentación, cosa que puede lograrse porque el SAM no fue ningún fracaso, el SAM dedicó la mayor de su primera etapa a hacer una investigación social; que los que estuvimos en el campo, o los que estamos en el campo, no en despachos cómodos o en algún lugar por ahí perfumado, nos pudimos enterar y comprobar que andaban investigadores sociales del SAM, de esa la obra negra, para precisamente llevar a cabo un programa.

Y esta investigación sería un crimen, eso sí, desperdiciarlas, o por un prurito de esos grupos

políticos que llegan al poder, lanzarlo al cesto de la basura y no utilizar ahora lo que es su hijo adoptivo, que es el PRONAL.

Nosotros podríamos decir que el SAM se parece precisamente a esas obras de infraestructura hidráulica, que nosotros no satanizamos; decimos que son necesarias que se construyan, claro, no dándole la prioridad que se le da para que los contratistas ganen, pero son necesarias que se construyan y sus resultados se den después de 3, 4 o 5 años, al SAM debió de habérsele dado la oportunidad de que igual que a las obras de infraestructura hidráulica pudiera demostrar las bondades precisamente en un programa a largo plazo.

Y desearíamos, por ejemplo, haciendo un parangón respecto del SAM, de PRONAL, que sin desaparecer, sin la idea más remota de que desaparecieran algunas paraestatales, que realmente han sido negativas, que han venido resultando negativas, como INMECAFE, pues sí se les diera una llamadita de atención.

Nosotros nos encontramos con que aquí en el dictamen hay INMECAFE, se le trata como si nada hubiera pasado. Cuando de las investigaciones que se hicieron por parte de esta Cámara, por parte de las subcomisiones, se hablaba de que esta empresa es de las tres sujetas a control presupuestal, por lo que esta soberanía recibió la documentación correspondiente a los estados contables y financieros, salvedades de auditoría externa e indicadores financieros y administrativos, lo que cumple estrictamente con los requisitos formales para la justificación del uso de recursos fiscales y de información sobre la operación y funcionamiento de las empresas sujetas a control presupuestal; pero en ninguna forma da elementos para ponderar el impacto social de su operación y la correcta aplicación de los recursos en relación con los objetivos señalados para esta empresa.

En el caso del Instituto Mexicano del Café, esta soberanía realizó gestiones en el transcurso del año, para recabar información que permitiera dictaminar adecuadamente la Cuenta Pública, no habiendo tenido éxito sus gestiones.

Considero que debe realizarse auditoría financiera, administrativa y funcional, en virtud de que se que se tienen elementos para considerar que los recursos fiscales del ejercicio 1982 no fueron adecuadamente aplicados, y que el conjunto de recursos fiscales de ejercicios anteriores, que acumulados forman su patrimonio, no están siendo usados para los objetivos de desarrollo de los cafeticultores y la cafeticultura del país, y que se desvían para favorecer a un exclusivo grupo de grandes productores que son, a la vez, beneficiadores y exportadores de café, y que los recursos obtenidos por la comercialización global del producto en el exterior, son entregados a ese grupo por la vía de compra masiva y de servicios.

Esto se estuvo ratificando en las reiteradas reuniones que tuvimos con la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de la Subcomisión de Paraestatales, con el señor ingeniero Gasol, una persona que con una prepotencia clara, verdad, se negaba en última instancia a dar datos claros de lo que se le estaba solicitando, una persona que a la hora de impugnársele la mecánica operativa de INMECAFE, siempre salía con evasivas.

Señores, nosotros no queremos que INMECAFE desaparezca, pero sí que este tipo de empresas paraestatales, verdad, deberían de ser llamadas por esta Cámara, y no tratar de justificar desapariciones como SAM, como COPLAMAR y dejar que este tipo de empresas paraestatales siga efectuando el mismo tipo de maniobras.

El esquema de evaluación propuesto por la Contaduría Mayor de Hacienda, aplicado en su informe previo, tiene sin duda la ventaja de permitir presentar algunos parámetros en relación con la eficacia y eficiencia del gasto público; empero, contiene una grave limitación: es, en última instancia, un método de evaluación cerrada, es decir, evalúa la congruencia interna del gasto público con relación a las metas programadas contra las metas logradas, el presupuesto programado contra el ejercicio y esas cuatro variables entre sí.

Sin embargo, este método de evaluación nada nos dice sobre el impacto social del gasto público, en especial del impacto sobre el sector ejidal y comunal de los programas del sector agropecuario. Este método de evaluación tampoco nos permite evaluar el gasto público en relación con los resultados productivos del sector agropecuario; sin este tipo de evaluación, seguiría existiendo un divorcio pronunciado ante las metas y el gasto programado del sector agropecuario y su impacto social y productivo.

Voy a terminar ya, independientemente de que los compañeros del PRI pueden subir 2 o 3 ocasiones en contra de uno solo del partido.

Conviene, sin embargo, subrayar que este divorcio existe y se amplía en la medida en que el esquema programático y presupuestario está viciado en su origen, la vinculación entre el gasto público y su impacto social productivo, sólo es concebible en la medida en que desde el inicio del proceso de programación se incorpore a los productores directos. No se trata de pagar tributo verbal a la planeación burocrática, sino de entender que la eficiencia es siempre resultado de una convocatoria que incorpora la demanda social como el elemento central de toda planeación participativa.

Esas consideraciones son tanto más evidentes tratándose de empresas estatales vinculadas al sector agropecuario; el énfasis puesto en ese aspecto en el dictamen de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 1982, relativo a las empresas paraestatales del sector agropecuario, realizado por la subcomisión correspondiente de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, es a todas luces correcto. De igual forma la petición para obligar a las empresas y organismos paraestatales del sector agropecuario a proporcionar información

suficiente para ponderar su impacto social y económico así como de justificar sus objetivos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, resulta pertinente. De no enmendarse esta orientación de la política oficial se puede llegar, pese a lo manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo, a la cancelación de programas sociales como el de Riesgo Compartido, cuyos logros fueron ya expuestos.

Ya fue mencionado aquí por Rolando Cordera que el Estado cabalga por el sendero de su propia ineptitud y racionalidad e incredulidad; en el campo no se pretende ya llevar a la reforma agraria hasta sus últimas consecuencias, pues el reparto de la tierra no concluye ni se desea que concluya, por razones políticas. No cree en la organización de los campesinos, pues sólo se preocupa por los que tienen tierra, y esto, de forma soslayada y anárquica, manteniendo a cambio en la marginación a cinco millones de jornaleros que también son campesinos, a los que solapadamente niega la sindicalización en forma reiterada. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra a favor del dictamen, el C. diputado Manuel Villa Issa.

El C. Manuel Villa Issa: - Con su permiso señora Presidenta; compañeros diputados; Quiero iniciar la intervención puntualizando algunos aspectos que creo que dan la dimensión de lo que estamos discutiendo.

Se hicieron una serie de comentarios al dictamen, relativos al sector agropecuario, pero creo que el aspecto global en que se desarrolló el sector agropecuario en 1982, es bien importante puntualizarlo. En primer lugar, ya se ha hablado mucho aquí de las cuestiones del cambio de paridad, de la inflación y de todas las cuestiones que influyeron y que no podemos soslayar porque caeríamos en situaciones muy sectarias. En segundo lugar, quiero recordar la situación de tipo climático, que prevaleció durante 1982, que sí fue mala, yo diría que de las malas ha sido la peor en los últimos años. El Gobierno de la República ha tomado como definición apoyar al sector agropecuario, y las cifras son simples y llanas, sin ningún esquema que lo lleve a cabo de otra manera.

El sector agropecuario, como participante en el presupuesto de egresos desde 1977 hasta el '82, subió del 9 al 13.6%. Tal vez quisiéramos que la participación del sector agropecuario fuera del 30, 40 o 50% o más, tal vez; pero también debemos de pensar en el equilibrio que debe guardar el esquema de gasto dentro de una sociedad como la nuestra.

Entonces, el apoyo al campo ha sido definitivo por parte del Estado mexicano. Sabemos que los problemas del campo no son sencillos; son terriblemente complicados y aquellos que han estado en estos asuntos lo pueden saber. No es privativa esta complicación de este país; en cualquier país del mundo, tal vez los problemas más delicados del proceso de desarrollo económico se encuentran precisamente en el campo, y esto lo referimos a los países del mundo occidental y del mundo comunista.

No es entonces una cuestión simple la que estamos debatiendo en este caso. La política agrícola es una política que tiene que estar hecha con imaginación, con decisión política por parte del Gobierno, y con muchos recursos que vayan a canalizarse al campo, repito, podemos argumentar que la cantidad de recursos son insuficientes, pero también lo tenemos que ver en el contexto agregado.

Quiero hacer algunos comentarios de lo que mencionó el diputado Sánchez Pérez, con respecto a los programas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Estamos claros de que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no siembra nuestro campo mexicano, quien lo siembra son nuestros campesinos, los que trabajan la tierra; y no es la secretaría como institución, con la posibilidad de algunos casos excepcionales, es la Secretaría la que tiene la obligación de conducir y diseñar la política agrícola, crea infraestructura para la producción, estimula la producción a través de un sinnúmero de instrumentos dentro de los cuales podemos destacar la asistencia técnica, la organización - que aunque se comentó que no hay organización en el campo para fines de comercialización, posiblemente se haya referido el diputado Sánchez Pérez a un punto específico en el país - , nosotros le podríamos demostrar en dónde sí existe organización para la comercialización. Estimula la producción también a través de la investigación y de algunos otros aspectos que podemos manejar aquí también.

Referente a los programas que el diputado Sánchez Pérez menciona, entonces están acordes con las propias funciones que tiene la Secretaría. Los programas de apoyo, de fomento, de creación de infraestructura, aquí los tenemos desglosados, efectivamente existe un gasto de prácticamente 20 mil millones de pesos para la parte administrativa, pero que la propia Secretaría tiene que llevar a cabo, tiene que realizar.

Tenemos también programas de asistencia técnica, control de ríos, infraestructura para el desarrollo agrícola, que igualmente él menciona, es el programa más fuerte y abarca prácticamente el 28% del presupuesto. No podemos decir que todo el presupuesto de la Secretaría está dedicado a cuestiones administrativas, tenemos un presupuesto de cinco mil millones de pesos prácticamente para aspectos de investigación, que estamos de acuerdo en que pudiera parecer demasiado bajo, es uno de los sectores que dedica a la investigación una parte proporcionalmente importante de su gasto.

Todo esto yo quisiera de verdad que se analizara con la seriedad y con la frialdad que esto implica, basado fundamentalmente en las atribuciones y en las responsabilidades que tiene la propia Secretaría. Quiero puntualizar: la Secretaría no produce alimentos, no siembra,

no genera trabajo en el campo directamente, salvo en algunos casos excepcionales en los cuales así lo hace. Pero en términos generales, es un conductor de la política agropecuaria y con todo lo que esto significa. Mencionó el diputado Sánchez Pérez que el esquema de desarrollo que se sigue en la política de desarrollo agropecuario, ha distorsionado fundamentalmente el esquema de desarrollo. Habla el 74% de agricultura de temporal, la cual efectivamente existe, y ésa es posiblemente una de las limitaciones que tiene este país para poder desarrollar de manera más eficiente la agricultura y el resto de las hectáreas son agricultura de riego. Por esta razón fundamental, es por la que una parte importante del presupuesto se dedica precisamente a las obras de infraestructura hidráulica, que afortunadamente se concluyeron con todos los problemas que esto implicó el año pasado.

El diputado Sánchez Pérez, afirma que la importancia relativa del sector agropecuario ha ido creciendo a través del tiempo. Que esto es debido a la política desarrollista que ha seguido el Gobierno de la República.

Entonces, estamos en una situación en la cual, en todos los países del mundo, en cualquier país del mundo, incluyendo a los países socialistas, han seguido una política desarrollista, porque, incluso, repito, en los países socialistas la importancia relativa de la agricultura ha ido decreciendo porque han ido creciendo los otros sectores, y si seguimos ese esquema, pudiéramos tal vez decir lo que acabamos de comentar.

Pero una cosa que es muy importante es que, si en términos relativos ha disminuido la participación relativa de la agricultura, en términos absolutos ha ido creciendo a través del tiempo. Con los problemas que esto implica, precisa y básicamente por el hecho de tener un gran porcentaje de su territorio, de su área de temporal.

Seguimos sosteniendo que los esquemas de desarrollo en la política agrícola que se ha seguido, tiende, fundamentalmente, y ya lo comentó Sánchez Pérez - y afortunadamente coincidimos en la idea, en los conceptos de aumentar el nivel de ingresos - , aumentar el nivel de empleo, producir para el consumo interno, pero yo sí quiero destacar el hecho de que él básicamente afirma que la producción, es decir, el incentivo que se le ha dado a la producción agropecuaria es fundamentalmente para abastecer aquellas empresas de origen transnacional. Creo que debemos remitirnos a las cifras de apoyo al campo de temporal.

Efectivamente, se sigue sosteniendo el concepto en este caso, de soberanía alimentaria, que se ha transformado aquel concepto de autosuficiencia alimentaria - que no quiero repetir más - , fundamentalmente porque ya se ha tratado con amplitud por la diputada Sauri Riancho.

Con respecto a lo que el diputado Sánchez Pérez comentaba sobre los aspectos de Riesgo Compartido, efectivamente es un algo que se ha ido dando a través de este Programa de Riesgo Compartido; no es que no se hayan ajustado las condiciones del campo algún funcionario federal o a las condiciones del esquema.

Señores, aquí se ha comentado mucho que no se quiere el paternalismo en el campo, todos ustedes conocen las condiciones bajo las cuales se daban los estímulos a través del Programa de Riesgo Compartido y eran condiciones sumamente simples; tampoco era el caso de distribuir recursos a diestra y siniestra; muchas de las hectáreas que no se pudieron sembrar - y quiero recordar y puntualizar aquí, el hecho de que el año de 1982 fue un año, climatológicamente hablando, muy malo; muchos de los terrenos ni siquiera se alcanzaron a sembrar - ¿Por qué entonces, se iba a tener una serie de condiciones para dar riesgo compartido a aquello que no se había logrado sembrar?

Ustedes y nosotros lo sabemos, y además mencionó los recursos que no se pudieron ejecutar, que no se pudieron llevar a cabo y que se usaron para otro tipo de actividades como control de ríos, todo este tipo de cuestiones. Bueno, el presupuesto debe tener una relativa flexibilidad de acuerdo a las condiciones en que se va dando, si no hay esa flexibilidad, estamos atados a un presupuesto que de antemano se ha fijado.

Ese presupuesto, entonces, al no poder ejecutarse o al no poder canalizarse a los objetos primarios que se habían dado, entonces se canalizó fundamentalmente a aquellos otros programas que fueran a canalizar, fueran a beneficiar a los agricultores, y así se tuvo, fundamentalmente, el beneficio de contra inundaciones para prever 247 mil hectáreas de cultivo que, de otra manera, y si hubiéramos tenido una inflexibilidad en el presupuesto, se hubieran perdido y hubiéramos tenido una serie de problemas.

La flexibilidad del presupuesto es importante. Las condiciones en que se ejecuta un presupuesto es importante, y las condiciones sociales en las que se ejecuta un presupuesto es la base fundamental de lo que estamos platicando.

Con respecto a los comentarios que hizo de COPLAMAR y del SAM, yo quisiera decirle que aunque ya las cuestiones de COPLAMAR han sido tratadas bastante ampliamente, prácticamente lo único que me quedaría decir y recordar, puntualizar, en este caso, es que el COPLAMAR como coordinación, es lo que desaparece. Pero no desaparecen los esquemas de transmisión de recursos hacia las zonas más des protegidas, se encuentran enclavados en los diferentes programas de las Secretarías y se han canalizado también a través del proceso

de desconcentración para que en buena medida lo ejecuten los gobiernos de los estados.

No distorsionemos las cosas o tal vez lo que se quiere es no entender las cosas. El COPLAMAR como coordinación ha desaparecido por un decreto presidencial, pero las funciones de COPLAMAR, que creo que es lo que más le interesa a nuestro amigo Sánchez Pérez, ésas permanecen de la misma manera cuando hablamos del SAM, que está satanizado, se han rescatado todas las cosas positivas del propio Sistema Alimentario Mexicano para aumentar las funciones y el esquema de cobertura en un Programa Nacional Alimentario - del que también ya se habló - . No hay, pues, tal desaparición de este tipo de cuestiones en los términos en que muchas veces se quieren hacer; las cosas hay que llamarlas simple y llanamente por su nombre.

INMECAFE es una institución a la que todos conocemos, que tuvo sobregiros importantes en el presupuesto de 1982, explicados ampliamente por los incrementos en precios, la abundante cosecha que tuvo que comprar y las restricciones fundamentales que hubo en el mercado internacional para vender el exceso de producción en nuestro país.

Efectivamente, hemos tenido amplias pláticas con el director de esta institución, nos ha explicado muchas veces el porqué tiene problemas la institución , y se ha comprometido a resolver estos problemas y a informar a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos al respecto.

Es cierto lo que comenta Sánchez Pérez, no ha sido satisfecha en toda su extensión y posiblemente no en todo lo deseable los aspectos que se han tratado, pero no tenemos la menor duda de que esto se va a hacer a través del tiempo, no estamos aquí terminando un proceso de negociación y de aclaración de cuestiones con el INMECAFE, las hemos iniciado y las vamos a continuar.

Tiene muchos problemas el INMECAFE, posiblemente en la parte operativa, pero no tiene problemas en la parte de apoyo a los productores, en su función social es fundamentalmente una institución de la República que va llevando el control hasta donde sus funciones se lo permiten del mercado de café.

Quiero emitir en este sentido una opinión de muchos de los pequeños productores de café de la sierra poblana, con los cuales hemos platicado sobre muchas cuestiones y ellos se quejan mucho de INMECAFE, dicen que tienen muchos problemas con él y cuando alguna vez se le ha planteado la posibilidad de que desaparezca el organismo ellos han contestado y comentado: "Pues aun con los problemas que tiene INMECAFE, estaríamos peor o bastante más mal si desapareciera; pensemos que INMECAFE es una institución de la República que nos ayuda, que nos puede ayudar más, es cierto; pero desaparecer un organismo como éste generaría una confusión bastante grave en el mercado del propio café".

Quisiera también hacer algún comentario muy breve, sobre las palabras relativas al esquema de evaluación que está siguiendo la Contaduría Mayor de Hacienda; efectivamente, es un esquema relativamente limitado, pero también tenemos que tener claro que es el informe previo el que nos ha proporcionado, no es ni por mucho, la última parte del análisis; la propia Comisión de Programación y Presupuesto ha hecho sugerencias y ha hecho comentarios necesarios tendientes hacia la necesaria evolución del impacto social de los programas y no solamente a la evaluación operativa de decir cuánto se programó y cuánto se alcanzó.

Esto ya es un esquema que se está manejando y que esperamos y estamos seguros que en el transcurso del tiempo esto se va a ir perfeccionando. Manejar un esquema de evaluación es un documento como es la Cuenta Pública no es una cosa que se pueda hacer en un mes ni en un año, sobre todo un esquema de evaluación que permita determinar los impactos sociales, económicos y políticos del gasto público en toda la extensión, es labor de toda una vida de preparación. Hemos avanzado mucho, porque tampoco lo podemos negar, que tenemos otro gran trecho por delante, estamos claros de eso. Quisiera con esto, terminar la intervención en este caso y agradecer a la Asamblea su paciencia y disculpar por lo tardado, dado lo largo del debate de esta Cuenta Pública. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - El diputado Sánchez Pérez está pidiendo la palabra. ¿Es para alusiones personales?

El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: - Para hechos.

El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: - Gracias, señora Presidenta: me reduciré a los cinco minutos reglamentarios.

Honorable Asamblea: yo quisiera nada más puntualizar algunas cosas que nuestro compañero Villa Issa, vino a decir aquí en tribuna.

Yo sostengo, porque aquí están las pruebas, que nosotros no estamos en contra de la burocracia, pero de una burocracia que realmente esté prestando servicios a este Estado mexicano en beneficio de su pueblo. Simplemente señalaba que ocho de los 53 programas que maneja la SARH, estos ocho manejan el 78.53% de todo el presupuesto. Y que de ellos, cuatro se llevan el 32.20%, cuatro que no van dirigidos hacia el campo directamente, sino que se quedan en las esferas de la burocracia de la SARH. Eso era lo único que yo señalaba.

Que si son eficientes, que si son positivos, pues los campesinos serán sus jueces, no nosotros, desde aquí.

Por otra parte, afirmo nuevamente que buena parte de los incentivos que se canalizan hacia el campo, y que se han canalizado hasta ahora, van a parar a manos de las transnacionales. Y si no simplemente yo llamaría al diputado Villa Issa para que vea los datos que

existen en los informes, y que vea a qué ritmo de crecimiento se han desarrollado los cultivos como el sorgo y la soya, que van a parar al complejo de alimentos balanceados, nada más de tres compañías en este país. Y que por pura curiosidad se llaman Anderson and Clayton, Purina y La Hacienda, que pertenecen exclusivamente a capital norteamericano, como ya lo hice saber la otra vez en mi intervención. Si esto no es canalizar incentivos hacia las trasnacionales, les podríamos poner de otra forma, pero de todas maneras las trasnacionales se quedan con lo que supuestamente va hacia los campesinos. Hablaba también el compañero Villa Issa de que no es cierto que aquí en este México, el campesino se tenga que acoplar a la mecánica de las instituciones, y yo le preguntaría también al diputado Villa Issa a qué se debe entonces que en el '82 y en el '83 los campesinos que ya tenían preparadas sus tierras - independientemente de que no son adivinos para saber si va a llover en mayo - , que ya las tenían preparadas desde el mes de marzo y abril, para recibir los créditos tuvieron que esperarse hasta los días últimos de abril, para que el banco consecuentemente ANASA y todas las demás instituciones que llevaban estímulos hacia el campo, empezaron a operar ¿Quién le dijo al banco, quién le dijo a ANASA y quién les dijo a las demás empresas o paraestatales que llevaban estímulos hacia el campo no iba a llover en el '82? Y resulta risible que si están diciendo que una de las disculpas para no haberse cumplido con los programas agropecuarios fue precisamente la cuestión climatológica que en 1982 no llovió, ¿Cómo es posible que del Riesgo Compartido que va precisamente a áreas temporaleras porque no llueve, hayan sacado más de cuatro mil millones de pesos para control de inundaciones? Es risible y contradictorio eso.

Y por último, nosotros diríamos que sí existe el esquema desarrollista, porque nosotros afirmamos y lo seguimos haciendo desde esta tribuna, que México todavía sigue siendo un país rural. Lo quieran o no lo quieran los programadores, globalizadores y todas esas gentes inteligentes que vienen desde Estados Unidos, México sigue siendo un país rural.

Y que si nosotros queremos realmente mantenernos enhiestos en esta crisis, necesitamos volver los ojos al campo - como dijera el compañero Rolando Cordera - fortalecer la zona productiva del campo, pero también fortalecer a los campesinos.

Nosotros no estamos buscando que desaparezcan las empresas o los organismos que son apoyo para el campesino, simplemente estamos buscando, como lo hacen los 20 mil cafetaleros que pertenecen a la ciudad, no que desaparezcan, sino que se conviertan en un verdadero apoyo para esos campesinos. No buscamos que estas empresas, estas organizaciones, busquen que medio vivan los campesinos, no; creo que el Gobierno estatal, , el Gobierno Federal, las creó para que puedan vivir mejor los campesinos, para elevar su nivel de vida.

Por eso, en un comentario que se me había escapado, considero que yo pues, no es difícil felicitarse por metas que supuestamente se llevaron a cabo o dejaron de llevarse, porque con esas palabras que utilizan los valuadores de ahora y sobre todo en este dictamen "que buscan propósitos de mejorar los procesos de planeación ex ante". Pues con eso, aunque en los resultados que nosotros consideramos que son post etrum, de esa planeación del post solamente puede ser evaluado el post mortem por algunos de nosotros. Muchas gracias.

El C. Manuel R. Villa Issa: - Pido la palabra.

La C. Presidenta: ¿Es para hechos o para segunda intervención, diputado Villa Issa?

El C. Manuel R. Villa Issa: - Para hechos.

La C. Presidenta: - Tome la palabra, señor diputado.

El C. Manuel R. Villa Issa: - Con su venia, señora Presidenta: Quisiera muy brevemente mencionar la información de incremento de producción en sorgo y en soya, que nuestro amigo Sánchez Pérez menciona. De 1974 a 1982 pasó la producción de sorgo de 4.125 millones de toneladas a 4.900 millones de toneladas, hubo un incremento escasamente del 10%. Para el caso de la soya disminuyó de 598 mil toneladas a 587 mil toneladas.

Contra el incremento de la producción de granos, en términos generales, en todo el país, se pasó de 17 millones a 25 millones. Yo no veo cual es el incremento desproporcionado que se ha dado en el caso del sorgo y de la soya, que van fundamentalmente - como él lo afirma - a tres empresas trasnacionales.

También quiero mencionar que una buena parte del sorgo se usa para raciones alimentarias de ganado, que no necesariamente la manejan las empresas trasnacionales y que tiene un uso adicional a estas cuestiones.

Estoy de acuerdo con usted que los cuatro programas que menciona consumen una parte importante del presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Nadie está negando los números, no se pueden quitar, pero lo que sí quiero puntualizar son las funciones de la propia Secretaría. Si fuera una Secretaría que produjera, una empresa o una empresa paraestatal, mal haría en tener esos datos administrativos tan altos. Pero es una Secretaría normativa no operativa en el campo, salvo - le quiero repetir y reiterar - en cuestiones muy específicas, la Secretaría de Agricultura no siembra, la Secretaría de Agricultura no produce y la Secretaría de Agricultura coordina la política agrícola en México.

Efectivamente, usted mencionó y quiero comentar, que no produce por ejemplo, suficientes semillas mejoradas para la producción de este país. Quien medianamente conoce el campo sabe que todavía el desarrollo tecnológico no es tan avanzado como para definir

una semilla mejorada para cada cultivo y para cada zona de este país.

Todavía nuestras semillas mejoradas, en muchísimas áreas de este país, son mejores las criollas que las semillas mejoradas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué nuestros investigadores no son capaces de desarrollarlo? Yo diría mejor que nuestros agricultores y nuestros campesinos han sido increíblemente capaces de desarrollar las semillas que ellos mismos siembran, y que las han ido generando durante siglos; y que todavía la ciencia y la tecnología moderna - como así se le llama - no ha podido superar eso, y ojalá y nuestros campesinos pudieran generar ese tipo de semillas, adaptadas a todas las condiciones climáticas que llevan este tipo de cosas. No es eso entonces. También quisiéramos que se produjeran más semillas mejoradas, pero no podemos o queremos producir más semillas con algo que no está fundamentalmente probadas esas semillas. Cualquiera de nosotros sabe que cuando se le lleva una semilla mejorada al campesino, que no está convencido de su bondad, y no está convencido de su bondad porque tiene una semilla más bondadosa que la que el extencionista le lleva, no la acepta, y no la acepta fundamentalmente, por una razón: es increíblemente listo nuestro campesino y, entonces, no va a aceptar una cosa que le puede acarrear una serie de riesgos en la siembra de la cual él sobrevive y subsiste.

Entonces, podríamos tal vez afirmar que en la generación de semillas mejoradas debe ser 3, 4, 5, 6 veces, y para allá va una línea en cuanto esto esté comprobado, esté comprometido con la producción del campo mexicano. Qué bueno también que compartimos la idea del riesgo compartido - valga la redundancia - . estoy claro y estamos de acuerdo en que se desviaron recursos, pero también quiero insistir en que la operación de este tipo de esquemas en sus primeros años de operación, muchas veces es difícil y lo hemos visto en una serie de cuestiones, el riesgo compartido se llevó a cabo bajo esquemas que todos conocemos, la facilidad que se le dio a la gente para tener los esquemas de estímulos, y por otro lado el riesgo compartido, son esquemas que conocemos y que son bien simples y quiero insistir nuevamente, no se puede tirar el dinero en un paternalismo que no es más operativo en este país. Muchas gracias. (Aplausos)

Presidencia del C. Heriberto Batres García.

El C. Presidente: - Tiene la palabra en contra el C. diputado Antonio Gershenson del Partido Socialista Unificado de México.

El C. Antonio Gershenson: Ciudadano Presidente; honorable Asamblea: En primer lugar quisiera yo solicitar autorización para tratar en una sola intervención el artículo 3o. del dictamen, que es bastante general, puesto que se refiere a todo el Sector Público presupuestario, y el 4o., que en particular incluye las dependencias y entidades de control presupuestario directo.

El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la proposición del diputado Gershenson para tratar en una sola intervención los artículos 3o. y 4o. del dictamen.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se autoriza al diputado Gershenson tratar en una sola intervención los artículos 3o. y 4o. del dictamen.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Aprobado, señor Presidente.

El C. Antonio Gershenson: - Gracias. El artículo 3o. en que se habla que se conocieron los resultados de la gestión financiera, se continúa - prácticamente podía ser un solo artículo - , en la conclusión de que se hizo la comprobación de que el ejercicio presupuestal de dependencia y entidades de control presupuestario directo se ajustara a los criterios legales aplicables.

A lo largo de esta intervención voy a mostrar casos en que me parece evidente que el ejercicio presupuestal no se ajustó a los criterios legales aplicables. En primer lugar, quisiera yo también señalar que el dictamen contiene toda una serie de avances en relación con el anterior y que recoge atinadamente una serie de recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que a su vez se plantean para que la Cámara las haga suyas.

La propia Contaduría Mayor de Hacienda también nos ha dado un material más acabado, más abundante, más trabajado, que el que tuvimos el año pasado, y creo que es de justicia aprovechar esta intervención para dar a conocer algo más de su trabajo, puesto que esos tomos que se nos entregan, tienen una difusión limitada o un uso también muy limitado.

Finalmente, una parte de lo que voy a decir ya fue señalado por nosotros en alguna o en otra comisión, en las discusiones previas a la que estamos teniendo, pero algunas es necesario plantearlas aquí.

Si nosotros vemos cómo se ha desarrollado el servicio de la deuda externa en la Cuenta Pública, de '82, encontramos que hubo un crecimiento después de haberse mantenido entre 25 y 30% del total de egresos de la Federación, entre 1977 - 1980; a 43.3%, en 1982; pero en especial creció el pago de intereses, comisiones y gastos, de 7.5%, en 1977; primero lentamente hasta llegar al 11.9, en 1981, y luego abruptamente para llegar a 29.5% del total de egresos, en 1982; mientras que la amortización fue bajando el porcentaje, los pagos principales de la deuda fueron bajando gradualmente del punto más alto en 1978 de poco más del 19% a 11.8 en '82, o sea la deuda ya no estaba cumpliendo un papel, ni siquiera de estarnos financiando, puesto que lo que estaba

entrando de nuevos préstamos decrecía, sino que era la trampa de los intereses del endeudamiento progresivo la que estaba absorbiendo el grueso de estos egresos presupuestarios.

A pesar de eso, los ingresos del Gobierno Federal derivados del financiamiento, siguieron creciendo, la dependencia en relación con el financiamiento siguió creciendo; así también con los datos de la Cuenta vemos que de 1977 en que los ingresos derivados del financiamiento eran del 17.6%, se paso en 1980 al 31% y en '82 al 58.6%. La pérdida de independencia es notable. Esta pérdida de independencia, por supuesto, está asociada al papel que se le quiso asignar al petróleo, pero también a que, ateniéndonos al petróleo, se descuidó la recaudación interna. Así vemos nosotros que el Impuesto sobre la Renta, que había representado un 40% en '77 y 42.8% en '78, de las fracciones de la Ley de Ingresos, o sea, un porcentaje importante en la recaudación, bajó gradualmente hasta un descenso más brusco en 1982 para llegar al 30.6%, o sea, desde '78, 12 puntos de descenso; en cambio, el Impuesto a la Exportación relacionado, obviamente, en especial con la exportación del petróleo, de 6.7% del total en 1977 y '78, subió al 27.9% en '82: un impuesto que dependía de lo que ocurriera en el exterior, puesto que se trataba de exportar petróleo.

El Impuesto sobre la Renta entonces baja en proporción con los ingresos totales, pero no es que haya habido una baja pareja, porque nosotros vemos que el capital, que en 1970 había aportado 65% del Impuesto sobre la Renta, en '77 ya nada más aportó 59.3% y en 1982 ya nada más aportó 46.3%. En cambio, el trabajo, que en 1970 había aportado un 31%, subió en '77 al 39.7% y en '82 al 53.6% del total del Impuesto sobre la Renta.

Entonces, aquí vemos que el privilegio fue a dar al capital, en forma creciente.

Y vamos a ver cómo esto se manifiesta también en el ángulo financiero que estamos viendo. De los propios datos del Banco de México y los que estamos viendo de la Cuenta, nosotros vemos que hubo una fuga de capitales en 1982, superior a los 6 mil 500 millones de dólares; si a esto le sumamos mil 420 millones de dólares de compras de activo en el exterior, netas, vemos que hubo una salida de capitales de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, los préstamos del Sector Privado obtenidos del exterior, fueron de mil 331 millones de dólares nada más, o sea, 6 veces menos que lo que sacaron. Esto quiere decir que lo que sacaron fue también parte de lo que entró vía Sector Público: ventas de petróleo, créditos y demás: y que hubo una transferencia del Sector Público al Sector Privado, y de ahí nuevamente al extranjero. El control de cambios, a pesar de haberse aplicado de manera tardía , influyó para detener esta tendencia. Por supuesto que también fue detenida por la situación crítica en la que se llegó en la economía nacional, pero vemos nosotros en el desglose trimestral, que hay un cambio abrupto en el momento en que se introduce el control de cambios, y de un endeudamiento creciente, hay un momentáneo decrecimiento que, después, principalmente a medida que se liberaliza el control de cambios, tuvo un crecimiento nuevamente hacia fines de año.

También vemos nosotros en el análisis de esta deuda, que para fin del año pasado había llegado a 58 mil 800 millones de dólares, que aproximadamente la mitad correspondía a dos instituciones: las dos grandes instituciones del sector energético. PEMEX con alrededor de 20 mil millones de dólares, y la Comisión Federal de Electricidad con alrededor de 10 mil.

También el exceso del presupuesto ejercido en relación con el presupuesto que nos muestra la propia Cuenta Pública que analizamos, incluye en forma importante a PEMEX y al sector eléctrico que, conjuntamente, representan el 57.8% del total del exceso en relación con lo presupuestado. Esto nos muestra que es importante ver lo que pasó en ese sector para entender también lo que sucedió en el conjunto de la economía del país.

En el informe previo de PEMEX de '82, de la Contaduría Mayor de Hacienda, se nos muestra que hubo un exceso de la deuda por encima de lo autorizado por este Congreso, en un 536.5%. En la Cuenta Pública se relaciona esto, en la aplicación con las devaluaciones, pero cualquier cuantificación elemental muestra que hay una desproporción entre cualquier posible impacto de las devaluaciones y este porcentaje.

En una reunión con funcionarios de Petróleos Mexicanos, el director de esta empresa explicó que se había tratado también de créditos emergentes, de la venta de los mil millones de dólares en barriles adelantados que hubo el año pasado y otras ventas que en realidad tuvieron propósitos de financiamiento, e incluso que PEMEX tuvo que dar garantías por préstamos que ni siquiera había gestionado, sino que como del extranjero ya no le prestaban al Gobierno de México, entonces le prestaban a PEMEX, pero en realidad esos fondos eran para usos diversos y no necesariamente para PEMEX.

Entonces, es importante que veamos lo que pasa en ese sector para el conjunto de la economía del país.

También en el caso de PEMEX, en el informe previo, vemos que hay un exceso en la amortización, en relación con lo autorizado, de 2 mil 886.6% y aunque se señalan también cambios en la paridad y tasas de interés, es evidente la desproporción entre el hecho que señalamos y la explicación en cuestión. Y más bien de lo que se trata es del uso de PEMEX como un instrumento financiero del Estado en su conjunto .

Posiblemente haya relación entre este hecho y el deterioro de las razones financieras de PEMEX, que también se analizan en el informe previo, puesto que por cada peso de obligación inmediata PEMEX tenía 38 centavos, frente a 47 centavos en 1981. Y de cada peso de inversión, mientras que en 1981,45 centavos provenían de recursos propios y lo demás era

prestado, los recursos propios de la inversión bajaron a 25 centavos por cada peso en 1982 y lo demás vino de préstamos. Esto, a nivel de análisis general.

Ahora, tenemos que pasar a ejemplificar algunos casos. Dado que, como ya se ha señalado, el informe previo es general, si queremos particularizar un poco más, tenemos que recurrir al informe de resultados que tenemos, que es el que se entregó hace pocos meses, que es de '81. De alguna manera nos da guías para ver lo que puede haber pasado después en '82, ya más en lo particular, y sobre la base de cosas más estudiadas.

Primero, quiero referirme al problema del contratismo, que además es uno de los casos en que yo creo no se ajusta a las normas legales el ejercicio del presupuesto.

El hecho mismo de emplear a contratistas en la perforación de pozos petroleros y algunas otras actividades, va en contra de la Constitución, que en su artículo 27 dice: "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva". La Ley Reglamentaria respectiva, que es la del petróleo, dice en su artículo 4o.: "La Nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., por conducto de Petróleos Mexicanos". Y el artículo 3o. dice: "La industria petrolera abarca ... - no lo voy a leer todo - , simplemente: la exploración, explotación del petróleo y los productos que se obtengan de la refinación de éstos, etcétera".

Entonces, no cabe ninguna duda de que al estarse perforando pozos, a través de contratistas, se está incurriendo en violación al artículo 27 y a su Ley Reglamentaria. Y esto no se ajusta a las disposiciones legales.

Ahora, en el informe de resultados, tenemos algunos datos adicionales que vale la pena mencionar brevemente, que es el hecho de que, además del contratismo, que en estos casos es ilegal, hay beneficios a contratistas a costa de PEMEX de manera reiterada. A diferencia de beneficios a contratistas en algunas otras paraestatales, que están bastante repartidos entre un número grande de contratistas, aquí están muy concentrados, y entre los ejemplos, que la Contaduría Mayor de Hacienda nos pone, son muy numerosos, nada más hay en total ocho empresas, beneficiadas de todos estos tipos de irregularidades. Se repiten y hay largas listas de irregularidades del mismo tipo para cada una de las empresas que hay en cada caso, que son: pagos adicionales por impuestos que debió cubrir el contratista, pagos adicionales por gastos de movilización que ya estaban cubiertos, pagos en exceso por imprecisiones en contratos, y errores numéricos a favor del contratista.

Ahora, de estos ocho, cuatro están en un tipo de irregularidad de los que mencioné, tres coinciden y se reiteran en dos de estos tipos de irregularidad, que son Perforadora México, Perforadora Veracruz, y PROTEXA, y hay una que tiene tres de los cuatro tipos de irregularidad a su favor, en cada una contiene lista de irregularidades de ese tipo y nada más una no está, que es en errores númericos; en todas las otras irregularidades está, y casualmente se trata de Perforaciones Marítimas del Golfo, empresa fundada por Jorge Díaz Serrano; Díaz Serrano ha sido castigado por una cosa diferente a ésta, pero el contratismo sigue.

Por lo demás, solo quiero mencionar que de la discusión que tuvimos aquí hace un año, varios de los problemas señalados que afectan las finanzas de PEMEX, siguen vigentes; la renta de autotanques a muy alto costo sigue en plenitud al grado de que en '82 absorbió el 91.6% de la capacidad de los autotanques utilizados por PEMEX para su transporte de combustible, u otros líquidos. Los precios de subsidio siguen en los mismos términos y sigue cobrándose 13 veces más barato el gas al Grupo de Monterrey que al consumo doméstico del Distrito Federal.

Y simplemente quisiera agregar un ejemplo, porque creo que es útil de ver cómo se subsidia directamente a ciertas industrias, que es el del acetaldehido en el ramo de los petroquímicos, que se vende a CELANESE y que en este periodo se trató de una venta de 169 mil toneladas con un subsidio, en relación con el precio del mercado internacional, de 45 millones de dólares, o bien, a la paridad promedio de '82, 2.7 miles de millones de pesos.

Cuando se nacionalizó la banca, se dio a conocer que un paquete considerable de acciones de CELANESE estaban en poder de bancos que fueron nacionalizados y que, por lo tanto, pasaron a dominio de la Nación. ¡Qué bien que haya una recuperación de parte de esa transferencia! Pero, pues, hace unos días, en este mismo micrófono, se nos informó por parte del secretario de Hacienda, de la intención de poner en subasta, remate o venta las empresas propiedad de los bancos. Así que probablemente este problema lo volvamos a tener en lo sucesivo.

En términos generales, si vemos los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, vemos que pese a las irregularidades e incluso a los casos de corrupción probable o probada, la suma de todas ellas no explicaría por sí sola los efectos en la economía nacional.

Concretamente, las irregularidades representan alrededor del medio por ciento de lo muestreado, o sea que aunque son cosas que deben combatirse y que en cantidades son cantidades muy grandes en comparación con el dinero que se maneja, no nos podrían explicar por sí solo lo que está pasando, la situación en que esta el país. Contribuyen, en todo caso, a la explicación sólo como parte de una política económica bastante más general.

Y por otro lado, una última observación, es la dificultad de poder llegar a conclusiones precisas cuando no hay una confiabilidad en los propios datos. Y yo no me voy a referir a los datos, digamos, un poco más difíciles de medir, como los de dinero, sino los datos de líquidos, valga la redundancia, medibles con medidos, como son la gasolina y el diesel, en que la propia Contaduría Mayor de Hacienda tuvo una especie de odisea tratando de averiguar cuánto combustible se vende, puesto que al comparar las cifras de la Cuenta Pública de '81, en su informe de resultados de este año, con los registros contables cuantitativos de PEMEX, no le checaban, eran diferentes, y cuando fueron a buscar una tercera cuenta, que era la Contaduría de PEMEX, se llevaron la sorpresa, que los datos de la Contaduría de PEMEX no checaban con ninguna de las otras dos fuentes, y no eran diferencias pequeñas: En el caso de la gasolina Extra, las diferencias llegaban al 50.7%; en la Nova, 82.8%; en el diesel, 491.5%, o sea, una fuente reportaba casi 6 veces más que la otra, y en el diesel especial, 32.2%.

Entonces, evidentemente, la necesidad de una precisión y de una confiabilidad en la información, es un elemento indispensable, yo creo que debería de considerarse, plantearse y recogerse en el dictamen y salir al paso de este tipo de problemas que la Contaduría Mayor de Hacienda no está reportando con toda precisión.

Trataré de ver, brevemente aunque sea, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que es el otro renglón importante en el endeudamiento, y vemos que hay un importante déficit, que hay gran dependencia en relación con los financiamientos y las transferencias del Gobierno Federal, los ingresos propios, o sea, el resultado de la venta de electricidad, fundamentalmente, bajaron de 23%, en 1981, de los ingresos totales, a 19.8% de los ingresos totales en 1982. De aquí, claro, se desprende la necesidad de que no se sigan dando tarifas de subsidio, pero las tarifas de subsidio son de subsidio, en realidad, fundamentalmente, a la gran industria, puesto que los grandes consumidores en general - tarifas 10, 11 y 12 - , representaron, en el precio que pagaron por kilowatt - hora, un 57% de lo que pagó el consumo doméstico, y un 46% de lo que pagaron las pequeñas y medianas empresas de las tarifas 2 y 3.

En cambio, los consumidores de esas tres tarifas, que son alrededor de 400, consumen una gran de energía; simplemente los de la tarifa 12, que son alrededor de 100 consumidores, consumen la quinta parte de la energía generada en el país, y las grandes empresas que son de estas tres tarifas más de 8, representan el 55% del consumo total, mientras que el consumo doméstico fue menor del 20%. Eso, ¿qué quiere decir?

Que los aumentos al consumo doméstico no le rinden a la Comisión Federal de Electricidad; además de que ya se está pagando más que la gran industria y que donde rinden los aumentos y donde debían aplicarse, es precisamente a las grandes empresas: son los grandes consumidores para los que se construyen las grandes obras de generación, las grandes líneas de transmisión, etcétera.

También, en este caso, si vamos al informe los resultados de la Comisión Federal de Electricidad de '81, encontramos dos problemas por lo menos para plantearlos, que son: Que hay una reducción de presupuesto a generación y transmisión de electricidad, que son de las funciones propias de la institución, de poco más de 5 mil millones de pesos; pero en cambio hay un gasto adicional al presupuestado, poco más de 6 mil millones de pesos en los gastos de administración. Entonces, es una cuestión que evidentemente inquieta, puesto que no tiene nada que ver con la eficiencia en el uso del presupuesto.

Y la otra cuestión es la entrega a contratistas de anticipos, que luego no se usaron para nada ni se recobraron, o bien, a proveedores, que solamente en este renglón, si las muestras que configuró la Contaduría Mayor de Hacienda fueron representativas, tendríamos una pérdida de alrededor de 7 mil millones de pesos, nada más por este concepto.

También en el informe de resultados, se exponen ampliamente otras formas que se han beneficiado contratistas a costa de la Comisión Federal de Electricidad: Contratos sin concurso, un caso de contrato manipulado para que lo ganara un contratista y otras ventajas ilegales a particulares. En este caso, pues ni siquiera existe el hecho de que el que era director, como en el caso de PEMEX, haya sido castigado por otra razón, sino el que era director de la Comisión Federal de Electricidad, está a cargo de la liquidación de URAMEX en este momento y de gastar el triple de dinero con la institución cerrada, de lo que gastaba cuando estaba trabajando, con un exceso de gasto y una desviación - que según se dijo por este micrófono por el titular - , la Secretaría de Programación y Presupuesto, no había autorizado.

En el caso de la industria, algunas otras cuestiones que llaman la atención, es que mientras en un caso se considera prioritaria la industria automotriz, y eso no es de ahora sino que en '82 más o menos la mitad de los subsidios en Ceprofis, y en años anteriores se le dieron, actualmente se nos vuelve a presentar en la Ley de Ingresos como prioritaria para darle subsidios fiscales y, sin embargo, en el informe de la Semip sobre la venta de VAM y Renault, el argumento principal es que no es prioritaria la industria automotriz y, por lo tanto, sus empresas deben ser vendidas por el Estado. Ahí, evidentemente no hay congruencia.

Y lo principal, que también llama la atención, es que debiéndose dedicar recursos a ramas de la actividad que generan mayor empleo y que satisfacen necesidades generales de la población como son: La vivienda popular, la alimentación, en primer lugar, y después en

todo caso el vestido, y calzado, y la industria pesada en función de estas necesidades generales, se pretenda priorizar a ramas industriales como la automotriz, como la refresquera o como el turismo, que son para los que se están solicitando exenciones de impuestos, dándole puerta abierta a la Secretaría de Hacienda para aplicar como considere convenientes, estas exenciones.

Entonces, todas estas razones nos muestran, por un lado, que no hay coherencia en lo que se plantea en un caso y lo que se plantea en el otro y por otro lado, que hay casos en que claramente el manejo presupuestario no se ajustó a las normas y disposiciones legales.

Muchas Gracias. (Aplausos.)

Presidencia de la C. Luz Lajous.

La C. Presidencia: - Tiene la palabra el C. diputado Genaro Borrego.

El C. Genaro Borrego Estrada: - Con su permiso, C. Presidenta; honorable Asamblea: El diputado Gershenson centró su argumentación 3o. y 4o. del dictamen de la Cuenta Pública de 1982, en aspectos como el del servicio de la deuda, los ingresos del Gobierno Federal erosionados, su preocupación por el contratismo - supuesto contratismo de PEMEX, supuestamente también violatorio de las disposiciones legales - , el endeudamiento de Comisión Federal de Electricidad, y la industria automotriz.

Respecto a la primera de las preocupaciones expresada por el diputado Gershenson, me parece que en el texto del dictamen queda lo suficientemente claro.

Efectivamente, uno de los renglones más íntimamente relacionados con el déficit del Gobierno Federal es su servicio de la deuda, que en '82 alcanzó la impresionante cifra de 1.5 billones, casi tres veces superior a la prevista. Y subrayo superior a la prevista.

De ese total, el renglón más significativo que fue el de Comisiones y Gastos, que resultó, dice el dictamen más de 100 veces superior al presupuesto original. Y esto se originó porque el Gobierno Federal absorbió alteraciones cambiarías por 685 mil millones de pesos.

En el dictamen se expresa, de alguna manera también, la preocupación y el sentido crítico en este renglón, respecto a la composición del déficit que señalaba el diputado Gershenson. Efectivamente, se busca un financiamiento más sano de recursos ordinarios y menos dependiente del financiamiento exterior. Esta fue una distorsión que, de acuerdo con la característica y la complejidad de la crisis, se presentó, hubo que enfrentarla de esta manera y los resultados son los que apunta el diputado.

Asimismo, respecto a la erosión de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, aquí quisiera también expresar una preocupación que se refleja en el propio dictamen: El haber recurrido de alguna manera desproporcionada al endeudamiento externo. La política, la estrategia de impulsar y fortalecer la planta productiva y que esto se tradujo de alguna manera en subsidios a través de precios y tarifas, hizo que los ingresos ordinarios del Gobierno Federal se redujeran.

Pero es preocupación, intención, política, propósito, de la estrategia económica emprendida, el que se invierta esta proporción y que sean los ingresos ordinarios, que sea el ahorro interno de los mexicanos, el que contribuya en una proporción mayor, al financiamiento del desarrollo. Y que el endeudamiento se utilice exclusivamente de manera complementaria para financiar proyectos productivos, factibles y eficientes.

También se expresaba alguna preocupación respecto, tanto a la desviación presupuestal de PEMEX como a la magnitud, al crecimiento de su deuda en 1982. La desviación de PEMEX se puede explicar en el contexto general en el que se vio su ejercicio presupuestal. De las devaluaciones que se presentaron, la inflación, y esto, trayendo aparejado la necesidad de hacerle frente a compromisos ya contraídos. La devaluación, los incrementos salariales, el propio proceso inflacionario.

El costo de sus programas se incrementó. Los precios y tarifas no se ajustaron proporcionalmente el aumento de los costos, y de aquí surgió una necesidad de contratar más crédito.

Los ingresos de Petróleos Mexicanos en 1982, mejoraron respecto a 1981 en 102%. Y respecto al presupuesto, en 199.4%. Si nosotros hacemos el análisis de la proporción entre ingresos propios y financiamientos de Petróleos Mexicanos, y hacemos el análisis comparativo también respecto al año anterior, en 1981, vemos que de alguna manera se mejoró, se logró algún equilibrio, ya que en 1981 los ingresos propios eran de 35% del total y de financiamiento el 65% y, sin embargo, en 1982 la proporción de ingresos propios subió a 51.5% y financiamiento bajó a 48.5%.

Veamos ahora los egresos: En los egresos observamos que el peso fundamental está en el servicio de la deuda, tuvieron un incremento sus egresos de 192% arriba de lo presupuestado, pero ya vimos que los ingresos también aumentaron en 199%, y la explicación, ya de alguna manera se mencionó, alzan el costo de los insumos, transportes controlados en dólares, aumento salarial de emergencia, hubo revisión de contrato colectivo de trabajo y los intereses de la deuda superaron el presupuesto original en 87.3%.

Y para precisar algo más respecto a la deuda de Petróleos Mexicanos, quisiera destacar su importancia. Este renglón reportó en saldo de un billón 544 mil millones de pesos y representa el 61.1% de la deuda externa de los organismos y empresas y significa 36.9% de la deuda externa consolidada del Sector Público, presupuestario al 31 de diciembre de 1982.

El 96.6% se explica por la revaluación de las obligaciones contraídas en moneda extranjera y el 3.4% restante por el endeudamiento neto externo registrado durante el ejercicio de 1982.

Y quisiera acotar este comentario diciendo que en realidad, en términos de dólares, de acuerdo a lo que estaban autorizando PEMEX para endeudarse en 1982, respecto a su autorización PEMEX lo hizo 50% abajo de él.

Se mencionó también por parte del diputado Gershenson su preocupación respecto a la relación de este endeudamiento con las razones financieras que presenta la empresa, y quisiera mencionarle que, efectivamente, se sufre una codificación en ellas, pero hay que tomar en cuenta que los activos de PEMEX, no han sido revaluados conforme a las modificaciones en la paridad.

Para referirme al aspecto que mencionaba el diputado Gershenson, cuestionado al artículo 3 del decreto - El 4, perdón - , en el sentido que los organismos y entidades no cumplían con las disposiciones legales aplicables - se relacionaba con los contratos que PEMEX realiza para la ejecución de sus distintas actividades.

Quisiera mencionarles que en artículo 27 de nuestra Constitución se señala que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, de la plataforma continental, etcétera, el petróleo y todos los carburos de hidrógenos sólidos.

Quisiera mencionarle, diputado Gershenson, que el hecho de que el organismo contrate las obras para la ejecución de sus actividades, no significa que la Nación esté cediendo al dominio directo, que por mandato constitucional le corresponde. Se cumple con la ley de Obras Públicas y tiene la Nación la facultad de contratar estas obras para que se realicen en su nombre; pero eso no significa, de manera alguna, que represente pérdida del dominio directo y que se le impida por mandato constitucional y de esta manera esté violando una disposición de ley.

A mayor abundamiento pudiera señalarse que el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Orgánica, de la fracción I del artículo 27, señala la posibilidad de que se efectúen por parte de contratistas obras, y menciona el caso concreto de la explotación petrolera. De tal manera que con este argumento considere que de manera alguna se está violando ninguna disposición de Ley; por lo tanto, se ha cumplido en los términos que marca nuestra Constitución del organismo y en la disposición legal a la que me he referido.

Se refirió también el diputado Gershenson a la industria automotriz y a la prioridad o no prioridad que ésta tiene, para asociarla a que, precisamente el ejercicio de '82, se vendió Renault.

Y con este motivo, a partir de este planteamiento del diputado Gershenson, yo quisiera señalar la responsabilidad que le corresponde al Estado por mandato constitucional de regir, de ser el rector del desarrollo en la economía. Y la propia Constitución, ahora en su artículo 25, señala los propósitos del desarrollo nacional que debe ser integral para garantizar la soberanía de la Nación, preservar nuestro régimen de libertades y avanzar en materia de justicia social.

De tal manera que el fundamento de la participación del Estado en las áreas estratégicas que se remiten en el artículo 28, y que son facultad exclusiva de su manejo por parte del Estado, al referirse a las prioritarias señala que es con el objeto de organizarlas y vincularlas precisamente hacia los propósitos de desarrollo nacional, que el propio mandato constitucional señala.

Hago esta observación porque podríamos correr el riesgo de confundir los medios con los fines; de lo que se trata es de que la áreas prioritarias, específicamente en la industria, el Estado garantice que coadyuban al logro de los propósitos nacionales, a preservar la independencia y, sobre todo, a que ayuden en este propósito dentro de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, a hacer los cambios estructurales, a disminuir el grado de dependencia y a integrar el aparato productivo industrial.

La manera en que podría resolverse un problema que reconocemos y lo hicimos en algún debate del año pasado, que la industria automotriz era la que presentaba los síntomas más graves de dependencia, y que habían colocado en una proporción muy grande en el déficit de la balanza comercial; había entonces un propósito del Estado de resolver ese problema porque podríamos, se alguna manera, decir que resolviendo el problema de la industria automotriz se podría resolver el 60% del problema del déficit y de la balanza comercial.

Pero la manera de hacerlo no es de que el Estado tenga, sea propietario, de una, de dos fábricas de automóviles, y con eso se va a resolver el problema estructural de la industria Precisamente, para hacerlo se retira de él, expide un decreto en el que se obliga a una compensación de divisas, a una reducción de modelos, que no tiene otro propósito más que de lograr economías de escala para que sean menos las tecnologías que se apliquen en este país, se aumente la posibilidad de producción de partes y componentes en México, reduciendo las marcas, consolidando volúmenes y de esta manera hacer atractivo al inversionista mexicano, a la inversión en México, a la producción de partes y componentes para la industria automotriz.

No es en la posesión de las acciones, sino en la determinación gubernamental, en este caso a través de un decreto, para cumplir con el propósito que en el caso particular de la industria automotriz se señalaba, de tal manera que no es que la industria automotriz se haya considerado en algunos casos prioritaria y en otros no, hay que distinguir el concepto de prioridad para este caso concreto. No todas las ramas de la propia industria automotriz son prioritarias,

la producción de automóviles no lo es, pero también se considera la industria automotriz la producción de camiones y tractocamiones y el Estado participa, sigue participando en esa rama de su sector automotriz.

Con este, diputado Gershenson, creo haberle dado respuesta a los argumentos en contra, a los artículos 3o. y 4o. del dictamen.

Quisiera señalar que en esta jornada parlamentaria, intensa y rica, sin lugar a dudas, efectuamos el examen de la Cuenta Pública 1982 desde muy diversos ángulos y matices, consecuencia esta de la perspectiva que obliga tanto a las distintas ideologías políticas que componen esta soberana Asamblea Legislativa, como la determinación de servir a México que a todos nos une, examen que exige decisión que contenga el fundamento del juicio de valor, significa discernimiento, análisis, búsqueda de explicaciones, aceptables o no; conciencia clara de lo ocurrido, de sus causas y de sus efectos; aun cuando este examen es, desde luego, una obligación constitucional, supimos entender por las características de ese ejercicio presupuestal de '82, por el entorno económico nacional e internacional en el que se dio, por el contexto político en el que se ubica, que esta obligación rebasó el cumplimiento de un mandato y que su trascendencia se ensancha, su dimensión se amplía para darle la categoría de responsabilidad histórica, lo que constituye un verdadero privilegio político si sabemos, como se ha hecho hoy, reconociendo con honestidad aciertos y errores, perservar en aquéllos y convertir éstos en enseñanzas positivas para el bien de la Nación. Muchas gracias.

(Aplausos.)

La C. Presidenta: - Tiene la palabra para su segunda intervención el diputado Raymundo León Ozuna.

El C. Antonio Gershenson: - Pido la palabra, para hechos.

Presidencia de la C. Luz Lajous.

La C. Presidenta: - El diputado Antonio Gershenson tiene la palabra para hechos.

El C. Antonio Gershenson: - Solamente quiero aclarar lo relativo al contratismo que acaba de mencionar el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

En primer lugar él hablaba de supuesto contratismo al principio de su intervención y si quiere ver qué tan supuesto es, le recomiendo que vea en el tomo 3, páginas 747 a 762 del informe de resultados de '81, a donde hay una lista solamente de aquellos pozos perforados por contratistas, en los que encontraron irregularidades. Entonces, yo creo que no es tan supuesto.

Creo que aquí de lo que se trata es de defender a PEMEX, al sector estatal y que cumplan ambos con su papel en favor de la independencia nacional y de las necesidades populares. Y la Ley no autoriza ni la Constitución, el contratismo, sino al contrario efectivamente, el Artículo 27 en un párrafo reafirma el dominio directo de la Nación de todos los recursos naturales. Pero después en el párrafo sexto, dice - como había yo leído - :"tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólido, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señala la ley reglamentaria respectiva". Y ya había yo leído la Ley Reglamentaria, a donde dice que "se llevará a cabo la explotación a través de Petróleos Mexicanos, no de contratistas, en todos aquellos casos en que se trate de actividades de la industria petrolera, que en el artículo 3o. están enumeradas y que incluyen, entre otras, exploración y explotación de petróleo.

Suponiendo que hubiera algún artículo del Reglamento que autorizara los contratos, no podría estar por encima de la Constitución y de su Ley Reglamentaria; pero por los menos el artículo 8o no menciona nada de contratos y si se trata de un error de número, a lo mejor la idea es invocar el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria, que fue el que Díaz Serrano, hablando ante esta Cámara en 1979, invocó para tratar de justificar el contratismo en la parte que dice: "Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestaciones de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere". Pero esto, visto con los artículos anteriores, no puede pensarse que se refiera a la perforación de pozos petroleros, sino a obras auxiliares como caminos de acceso y cosas así. A eso se refieren esos contratos de obra, no a perforación de pozos que están expresamente prohibidos en la Constitución y en su propia Ley Reglamentaria. Es todo lo que quería aclarar y, finalmente, en cuanto a las prioridades de la industria automotriz, a la hora de subsidios a la industria automotriz no son sólo para transporte colectivo y de carga, sino fundamentalmente para lo que más produce, que son automóviles individuales. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Irma Cué: - Pido la palabra, señora Presidenta, para hechos.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Irma Cué para hechos.

La C. Irma Cué: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Parece haberse creado una confusión respecto a los artículos, tanto constitucional como de la Ley aplicable, que se han manejado en esta tribuna por quien me antecedió en el uso de la palabra.

Yo había explicado al diputado Daniel Angel Sánchez Pérez cuál era la Ley aplicable y cómo debía tomarse en consideración. Sin embargo, en vista de que ha sido nuevamente

mencionado en público, ruego a la Asamblea disculparme por tomar estos cinco minutos para explicar a ustedes que, efectivamente, el párrafo sexto que menciona aquí el diputado Gershenson dice que: "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. La Ley Reglamentaria, que se llama Ley del Petróleo, dice muy claramente que:

"es de la exclusiva jurisdicción federal todo lo relativo a la industria petrolera y que las condiciones de exploración dan derecho al concesionario para ejecución de trabajos que tengan por objeto el descubrimiento del petróleo".

De modo y manera que debemos tomar aquí en consideración tres puntos: 1o. El dominio del petróleo no se pierde por el hecho de que sea un tercero quien haga el trabajo de exploración, que es previo.

2o. Es el producto propiedad exclusiva de la Nación. Nadie lo vende más que Petróleos Mexicanos, encargado de la comercialización, producción y distribución del producto.

3o. Cuando no se tiene tecnología suficiente, cuando no se tiene equipo suficiente, la herramienta suficiente - aunque se tenga el recurso humano calificado - , no es posible salir avante en un propósito como el petróleo que era importante el que se encontraba en el mar. Es uno de los fundamentos de nuestro desarrollo y no había ninguna razón para no acceder a obtenerlo, por la exclusiva razón de que no éramos dueños de la herramienta.

De modo y manera que aquí, en este país, no se viola la Constitución ni las leyes reglamentarias de la misma, en el caso del petróleo. Gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra para su segunda intervención, el diputado Raymundo León Ozuna.

El C. Raymundo León Ozuna: - Declino mi participación.

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 3o. se encuentra suficientemente discutido .

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el Artículo 3o.

Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Suficientemente discutido, señora Presidenta. En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 3o., en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señora presidenta, se emitieron 305 votos en pro y 61 en contra. La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 3o. por 305 votos en sus términos. Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 4o... No habiendo quien haga uso de la palabra se pide a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 4o. en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señora Presidenta se emitieron 305 votos en pro y 61 en contra. La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 4o. por 305 votos, en sus términos. Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 5o. del dictamen.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 5o., el diputado Luis J. Prieto del Partido Acción Nacional, y para hablar en pro del mismo artículo el diputado Antonio Herrera Bocardo.

Tiene la palabra en contra el diputado Luis J. Prieto.

El C. Luis J. Prieto: - Distinguida Presidenta; compañeros diputados: Antes de entrar en materia, quisiera hacer algunas pequeñas reflexiones.

Una de ellas es que durante diversas ocasiones hemos manifestado la gran incongruencia que a veces existe. Y hoy estamos sufriendo una de éstas. Decía el diputado Cavazos que una de las grandes responsabilidades de esta Cámara era precisamente la tarea de realizar la Cuenta Pública. Y siento que hemos dedicado muchos días aprobar medallas y a conceder permisos para trabajar en embajadas y consulados.

La gran incongruencia es que dediquemos un día, en esta larga jornada, para cumplir con una de las tareas más importantes que tiene esta Cámara. La otra incongruencia es que en esta Cámara se aprobó el desafuero de un senador, precisamente al encontrar corrupción en la empresa de PEMEX.

El mismo Presidente de la República, tal vez, o seguramente, respondiendo a la expectativa del pueblo de México en la consulta popular, manifestó que era requerido y que iba a hacer grandes cambios para que PEMEX se transformara en la empresa orgullo de México.

Lo inconcebible es que los diputados de la mayoría han venido a ensalzar la cosa extraordinaria como PEMEX maneja. Yo creo que quizá están muy lejos de escuchar el grito, el clamor del pueblo porque están muy lejos de ellos. Pero sí están cerca de la palabra del

Presidente, y él reconoció que era necesario hacer grandes cambios para transformar a esta empresa de lo que era, a una empresa orgullosamente mexicana y manejada con honestidad.

La gran mayoría de los diputados del PRI han ensalzado lo realizado en el sexenio pasado para contrarrestar los hechos, las opiniones, y señalan las desviaciones de la Cuenta Pública. Yo pregunto entonces, ¿quién firmó el dictamen?, porque en el dictamen dice todo lo contrario. En fin, son pequeñas observaciones.

También creo que vale la pena dar una calurosa felicitación a la Comisión que emitió el dictamen, realmente fue una estrategia muy inteligente, se elaboró un dictamen y nos enfrascaron a esta Asamblea a discutir un decreto y no a opinar sobre el dictamen, un decreto que es tímido, que es miedoso porque dice muchas cosa valientes en ese dictamen y el decreto simplemente parece ser una acta de hechos que se consumaron en la comisión. Se presentó para su revisión, se revisó la documentación, se conocieron los resultados, se hizo la comprobación, se evaluó el cumplimiento; de eso nadie puede estar en desacuerdo, todos sabemos que se presentó para la revisión, que se revisó la documentación, que se conocieron los resultados; nadie está en desacuerdo con eso, quizá en lo que pudiéramos estar en desacuerdo es en algunos aspectos del dictamen.

Pero vayamos a materia. Dice el artículo 74 constitucional, "que la revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la sección financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en el programa".

Precisamente por eso estoy inscrito en este artículo 5o., porque dice: Se avalúa el cumplimiento de los objetivos y metas, contenidos en los principales programas sectoriales y estrategias intersectoriales previstos en el Presupuesto. Yo considero que no se revisaron ni se evaluaron muy claramente los objetivos fijados dentro del Presupuesto.

Voy a tomar exclusivamente un sector, es muy difícil poder entresacar lo más importante de los cinco tomos que nos presentaron del estudio de la Contaduría, y la misma Contaduría expone que le faltan elementos suficientes de información para presentar un informe adecuado y correcto.

Sin embargo, veamos cuáles fueron los objetivos del sector agropecuario, forestal y de pesca:

En relación con los objetivos de la actividad agropecuaria y forestal, el programa de Agricultura y Recursos Hidráulicos '80 - 82, señala lo siguiente: Mejorar la capacidad productiva de los campesinos y elevar sus niveles de ingresos y niveles de vida. Yo creo que este objetivo no se cumplió.

Creación de empleos remunerativos y suficientes para los habitantes del medio rural en edad de trabajar, aumentando al mismo tiempo, los días de trabajo productivo por persona ocupada, creo que difícilmente se cumplió.

Incrementar la producción agropecuaria del país a niveles suficientes que permitan la plena satisfacción en cantidad, calidad y precio de los requerimientos nutricionales de la población. Creo que en parte se cumplió. Suministro de materias primas necesarias a la industria, en parte se cumplió.

Generación de excedentes agropecuarios y forestales para exportar, no se cumplió.

Intensificar el desarrollo de una capacidad tecnológica autónoma de acuerdo con las condiciones y necesidades nacionales y que procure el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, especialmente de mano de obra, no tenemos una tecnología autónoma.

Proteger, conservar, incrementar los recursos naturales con los que cuenta el sector. Aquí hemos escuchado muchas veces las denuncias de las grandes talas en los bosques que vienen destruyendo, precisamente los recursos naturales. Establecer una base productiva agroindustrial que sea sólida y que coadyuve a un desarrollo rural armónico integral. Creo que es muy incipiente lo que es la agroindustria.

Pero vayamos un poco más a fondo: En el presupuesto de gasto presupuestal del sector, viene una partida muy interesante, porque apoya organismos, empresas, fideicomisos y otros, son 131 millones de pesos, después de especificar varios, forestales, instituto nacional, Instituto Mexicano del Café, etcétera al final viene otro cargo que dice: Otros conceptos - así tan sencillo como otros conceptos - , y con 40 mil millones de pesos, 30% de lo que se gastó en apoyo a organismos, empresas, fideicomisos y otros, únicamente le gana el Banco Nacional de Crédito Rural, con 45 mil millones de pesos, en relación al Banco, hay un artículo interesante que valió la pena que la Contaduría Mayor investigara un poquito a fondo: habla que el BANRURAL tiene 4 mil 800 edificios en toda la República; 150 mil cuentas, de las cuales 8 mil son de empleados que retiran su dinero el día de pago, o sea, no hay cuenta; 50 mil cuentas que son los acreditados tanto en avíos como en refacciones, que no tienen más de un máximo de una semana para retirar también su cuenta; las demás son cuentas pequeñas de mil 500 pesos. Pero lo extraño es que según este dato, tiene 32 mil 800 empleados el Banco, más 4 mil por honorarios, 3 mil más en los fideicomisos, y actualmente hay que agregar 530 altos empleados de reciente ingreso, pues el actual director aumentó de uno a cuatro los directores adjuntos, de 4 a 16 los subdirectores generales, de 8 a 36 los subdirectores y el número de gerencias es incalculable. Creo que valdría la pena ver cómo se están utilizando estos 45 mil 891 millones de pesos.

En el dictamen aclara que es importante estudiar algunos de los problemas más significativos. Entre ellos señala que las metas de producción de granos no se alcanzaron, y realmente se publican 20 metas, de las cuales únicamente se alcanzó la de trigo, todas las demás

ni una llegó a la meta que se tenía. Pero originalmente, desgraciadamente no hay la información suficiente en la estadística de México; pero no sólo la falta de cumplimiento de la meta, sino que cada día en el campo vamos disminuyendo, por ejemplo, el arroz, en 1961 había 146 mil hectáreas produciendo 332 mil toneladas, en el '70 ya bajó a 150 mil con 405 mil toneladas, y en el '79, 150 mil hectáreas con 490 mil toneladas; en frijol, en 1961, teníamos un millón 617 mil hectáreas, con 723 mil toneladas; en 1970 subió un millón 747 mil hectáreas con 925 mil toneladas y en 1979 bajó a un millón 215 mil, con 640 mil hectáreas, y así podíamos analizar todos los granos, excepto cuando la cebada y sorgo que han aumentado su capacidad de producción y han aumentado las hectáreas productivas. Es difícil así cubrir las metas que se requieren para que México sea autosuficiente.

Pero vayamos a los programas; decía el diputado Villa Issa que la Secretaría no produce, que son los campesinos los que trabajan la tierra, los que siembran, los que producen; claro, la Secretaría no produce, la Secretaría sólo gasta que es distinto, y vemos que entre los programas que señala se encuentran dos, que no marca la Comisión que es el FE y el FK uno de Administración y el otro de Planeación. En Administración se tienen 20 mil 736 millones de pesos, casi el 12% de lo que gasta la Secretaría, lo cual significa mil 728 millones de pesos al mes, que si agregamos el presupuesto de planeación, que es lo mismo o parte de administración, subiría a 2 mil 600 millones de pesos al mes o sea 87 millones de pesos diarios.

Señala también otro programa que no se especifica, Captación y Conducción de Agua para Usos Múltiples, este programa, específicamente, es clásico de lo que tanto criticamos del Plan Nacional de Desarrollo que no dice dónde, ni quién, ni cuándo; el Programa dice lo siguiente:

Creación y Conducción de Agua para Usos Múltiples, tiene seis metas: ampliar el suministro de agua potable, unidad de medida, metros cúbicos por segundo, programado 577 metros cúbicos por segundo, alcanzado 515.

Segunda meta, construir un pozo. Programado un pozo, alcanzado, un pozo.

Instalar sistemas en comunidades, unidad de medida, comunidad, 13 programadas, 13 alcanzadas.

Operar caudal, metros por segundo, hablan de tantos metros por segundo, abastecer adicionalmente a las personas, unidad de medida, la persona, 15 mil 574 personas y como usos productivos múltiples operar el suministro de cuatro metros cúbicos por segundo, se lograron 7.

Yo siento que este programa es de los más ilógico. Si se perforó un pozo, no es posible que ese pozo - no hay en México ningún pozo que pueda producir cinco metros cúbicos por segundo - . Entonces, no revisamos bien estos programas. Pero, sin embargo, para esto, para 13 comunidades que no sabemos en donde existen, para un pozo que es difícil que exista, porque no hay capacidad para hacer un pozo de cinco metros por segundo, se gastaron 19 mil 766 millones de pesos, lo que significa un poco más de mil millones de pesos por comunidad, de mil y pico de gente por la comunidad.

Vino otro programa muy interesante, el 5A, Desarrollo de Recursos Humanos, se gastaron cerca de 3 mil 600 millones de pesos, lo cual significa 300 millones de pesos al mes, lo que nos permite tener 10 millones de pesos diarios, lo cual alcanzaría a tener 200 personas diarias en capacitación con programas de 50 mil pesos, que serían muy generosos, un programa de capacitación de 50 mil pesos diarios y nos darían 73 mil personas en capacitación, en el año.

Pero en fin, veamos ahora algo relativo a pesca. No queremos abusar del tiempo. Se habla del programa HI de Fomento. El programa HI de Fomento consta de lo siguiente: Promoción y Divulgación.

En promoción, elaborar documentos relativos al apoyo financiero, comercialización, distribución y consumo de productos pesqueros, 94 programas. Capacitar cuadros técnicos para la elaboración y evaluación de proyecto, programado un curso, alcanzado un curso. Editar y publicar documentos de información pesquera, 683 documentos. Proyectar y difundir películas sobre la materia, 550 películas - proyectar y difundir, no hacer - . Realizar campañas radiofónicas para informar sobre los logros alcanzados, una campaña, no se realizó. Establecer centros de consulta bibliohemerográfica, programadas 21, únicamente se hicieron 3. Coloquio internacional de legislación pesquera, proyectado uno, no se realizó.

Para esto, o sea, para 94 documentos de apoyo financiero para un curso de capacitación, para 683 documentos de información pesquera para proyectar y difundir 550 películas, se gastó nada menos de 7 mil 734 millones de pesos.

En fin, creo que esto nos aclara fácilmente que si esto es sólo en el sector agrario, cómo estarán los demás programas. Desgraciadamente, ni tengo capacidad personal ni tiempo tuve para leer los cinco tomos del estudio, pero me hace pensar que lo mismo que ocurre en este sector seguramente pasó en los demás sectores.

Siento que para hacer una crítica valiosa en oposición a la Cuenta Pública relativa al Sector Agropecuario, Forestal y de Pesca, bastaría repetir las palabras del actual Presidente de la República, quien manifestó que "fue necesario importar en 1983 más de 8 millones de toneladas de grano para dar alimento al pueblo".

Creo que eso sería más que suficiente, que el Presidente de la República reconozca que en el sexenio pasado no se cumplieron las metas y no creo que nos esté mintiendo.

Pero para quienes sentimos la responsabilidad que nos confiere la Constitución, percibimos que en cada sexenio dicha responsabilidad

se va disminuyendo porque el voto de la mayoría de los diputados así lo dispone. Por lo que creo que esta Cámara llegara a ser - si es que no ha llegado - un simple escenario decorativo para presumir de una democracia que actualmente sólo existe como letra muerta en la Constitución, pero que está muy lejos de ser un sistema de vida que garantice los derechos y las garantías individuales que debe disfrutar todo ser humano para sentir respeto a su dignidad personal.

El problema de ese Sector Agropecuario, Forestal y de Pesca no es nuevo, es muy viejo. Es muy viejo el olvido irresponsable por el que se le ha mantenido por el Gobierno por más de 70 años.

Dijo un personaje de la política mexicana que: "La posesión y el aprovechamiento de la tierra merecen capítulo especial por que el problema del campo es uno de los más graves problemas morales y económicos de México. El campo mexicano no produce siquiera para satisfacer la necesidades alimenticias mínimas del país, y la población rural vive en la miseria y en la ignorancia más cruel. La mera distribución de la tierra no es una solución del problema del campo. Hay que organizar, además, a los agricultores a fin de que su esfuerzo, que aislado se perdería para ellos y para la Nación, sea útil; a fin de que puedan realizar todas las empresas que individualmente no podrían acometer, como mejores colectivas a la tierra, compra y empleo de maquinaria agrícola, construcción de graneros, talleres y plantas de empaque e industrialización de los productos, apertura y fácil acceso a los mercados de consumo y, en general, organización que les permita obtener todas las ventajas que proporcionan los sistemas modernos de trabajo en gran escala. A la organización hay que añadir el crédito, porque la tierra y el trabajo sin aperos, sin avíos, sin refacciones, no bastarían para resolver el problema agrario. Crédito fácil y barato para la agricultura es el punto esencial de la política agraria."

Podría pensarse, amigos, que estas palabras se pronunciaron apenas ayer; desgraciadamente no es así, esto lo dijo José Vasconcelos el 5 de julio de 1929. Posteriormente, el mismo ex presidente Plutarco Elías Calles, reconoció como gran error lo que se venía haciendo en el campo y profetizó que sería, de seguir por este camino, una carga financiera para la Nación, y eso que en aquel tiempo todavía no se contemplaba el grado de corrupción a que se ha llegado.

Durante todo este tiempo transcurrido mucho se ha dicho de la atención que merece el campo, no sólo para producción de alimentos, que es la base del fortalecimiento de nuestro crecimiento económico, sino para algo más trascendental, como es mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, de millones de campesinos. De millones de campesinos que se encuentran marginados de todo, en la educación y en la cultura; con alimentación precaria que los tiene en índices paupérrimos de nutrición, con gran olvido a su salud, en ambiente insano, viviendo en pocilgas miserables que inducen a la promiscuidad y a la degradación. Y todavía, además de sufrir esa miseria inmerecida, tienen que soportar el atropello a su dignidad personal, ya que son utilizados como elemento básico para organizar los acarreos al apoyo al partido oficial o los gobernantes.

Al ver ese trato humano, ¡qué inhumano!, qué difícil es creer que los gobernantes manifiesten la verdad cuando dicen que en México la prioridad es el hombre. Si realmente durante estos últimos 50 años se hubieran aplicado los presupuestos aprobados para este sector agropecuario con honestidad y eficacia, utilizando los adelantos de la ciencia, de la tecnología y sistemas modernos de organización, administración y distribución, seguramente que se tendría capacidad para satisfacer las necesidades de alimentación de la población, y tendríamos también excedentes, en cantidades suficientes, para la exportación.

Pocos países cuentan con la capacidad potencial que nosotros tenemos. Más de cien millones de hectáreas de tierra aprovechable; numerosa mano de obra, 195 kilómetros de carretera; y 25 mil kilómetros de ferrocarril, que si se trabajaran en forma eficiente, serían de gran ayuda para la distribución y comercialización de los productos del campo. Pero ha faltado visión para conducir; capacidad para administrar, anhelo de superación; honestidad para gastar, y veracidad al informar.

Yo siento, amigos, que no es necesario que suba un diputado para estar en contra de mis proposiciones. Acepto lo que diga. No es necesario, porque son hechos claros que no requieren pruebas, pero sí quiero que me respondan a otra cosa:

Yo soy un modesto ingeniero industrial, comercialito, como decía un distinguido político neolonés. No tengo ninguna maestría ni ningún doctorado, lo cual ¿me podría permitir percibir rápidamente y conocer con profundidad los hechos de la realidad? No. Y creo que como yo hay muchos diputados aquí, comercialitos.

Entonces sí creo que la Comisión que emitió el dictamen es capaz, brillante profesionalmente, honesta profesionalmente, diligente, estudiosa, puesto que pudo darse el lujo de penetrar profundamente en el estudio de esos cinco tomos de la Contaduría Mayor, y creo que sería muy conveniente, para mí, en lo personal, quizás para muchos, conocer, ellos que profundizaron en la materia, en qué secretaría, en qué organismo, en qué empresa, en qué fideicomiso encontraron hechos tan palpables, indiscutibles, que les permitió escribir aquello de que en la Cuenta Pública se propició su derroche, se relajó la disciplina, hubo deshonestidad en su ejercicio y se divorció de las prioridades del desarrollo nacional. Creo que sería muy valioso para unificar un criterio sobre este dictamen conocer esta información. Muchas gracias.

(Aplausos.)

La C. Presidenta: - Tiene la palabra en pro el diputado Antonio Herrera Bocardo.

El C. Antonio Herrera Bocardo: - Con su permiso, C. Presidenta; honorable Asamblea: Quiero, con el respeto que me merece el señor diputado J. Prieto, también extenderle una felicitación por haber tocado este tema que no solamente debiera ser de su preocupación sino de todos los presentes y de todos los mexicanos.

El ha subido a esta tribuna para impugnar particularmente el artículo 5o. del dictamen de la Cuenta Pública que dice a la letra: "Se evaluó el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los principales programas sectoriales y estrategias intersectoriales previstos en el presupuesto.

Señor diputado, efectivamente, la Comisión evaluó el cumplimiento de estos objetivos en los términos que lo señala en el dictamen.

Queda, desde luego, para tranquilidad de los compañeros que han insistido en este aspecto el día de hoy en esta tribuna la instancia fiscalizadora la glosa de la propia Contaduría Mayor de Hacienda que sabe que debe profundizar la investigación, la verificación y, finalmente, otorgarnos el informe específico con su criterio y los resultados en el caso constitucionalmente señalado.

La revisión de la Cuenta Pública, señor diputado, no comienza hoy ni termina hoy. La parte más intensa de trabajo de revisión, hasta el día de hoy, se llevó a cabo en las reuniones de la comisión dictaminadora de la Contaduría Mayor de Hacienda para hacer, elaborar o preparar el informe. El trabajo tampoco termina hoy, seguirá con auditorías y el resultado nos será dado a conocer en el informe precisamente de resultados en los primeros diez días del mes de septiembre de 1984.

En su intervención, usted ha hablado de campesinos, usted mencionaba o se refería a algo de los comercialitos. Yo, señor, perteneciente al sector campesino, orgulloso de pertenecer a él, ostento actualmente el cargo de dirigente de los campesinos de mi estado de origen, Zacatecas.

No creo dominar definitivamente un aspecto tan amplio y tan delicado como es la problemática campesina, la agraria y todos los problemas que inciden precisamente en el sector rural de México. Pero sí siento que puedo superar ya el término que usted mencionó hace un momento de hablar por lo menos con el conocimiento que la experiencia en un contacto de verdad directo, permanente, con las fuentes del campo, particularmente en mi estado, pueda ahora, si ustedes me lo permiten, expresar algunos conceptos, en mi manera muy personal de ver la problemática campesina de nuestro país.

Podemos afirmar con toda seguridad, que la historia del pueblo mexicano se resume en la historia de sus luchas por la tierra; así, desde la llegada de la tribu azteca al territorio de Anáhuac, entre las brumas de su leyenda y durante los 300 años del angustioso periodo colonial, donde el despojo se hizo presente para permitir desde entonces la integración de latifundios - no extinguidos hasta hoy - injusticias que fueron el signo dominante de los tiempos y la encomienda o las mercedes reales usufructuadas por los conquistadores, dieron la fisonomía a una etapa de la historia prolongada que la saturan las querellas agrarias. Igual ocurre durante los primeros años de la vida independiente de la Nación, arrancados con el coraje de una exigencia que se inflama por destellos categóricos de restitución a las tierras, a las comunidades indígenas, cuya posesión les había sido arrebatada en un proceso sistemático de expulsión de los naturales, de sus antiguos dominios y posesiones. La reforma a su tiempo, no puede ser ajena a la lucha agraria y secular, y pone énfasis en la resolución de esta candente cuestión, dictando disposiciones al efecto, misma que no pudieron cumplirse ni alcanzar las dimensiones que el problema demandaba, en virtud de que la Nación entera enfrentaba disensiones internas, guerra con el exterior, con potencias interventoras en nuestro suelo y la falta del sentido de la nacionalidad que no acababa de consolidarse. Esa sería la razón de que hayamos podido arribar al ciclo del porfiriato con una gran concentración agraria en poquísimas manos, conformando un sistema social oprobioso, opuesto a toda perspectiva de desarrollo económico nacional y que es la base de la vida popular, tras una tesonera actividad de los precursores de la Revolución, estalla con violencia haciendo surgir el primer movimiento social agrario victorioso en el mundo, en una nación ávida de encontrar las rutas más seguras para su desenvolvimiento.

La Revolución Mexicana de 1910 y el documento de Querétaro que recoge las aspiraciones más sentidas de la colectividad nacional, las determinaciones políticas fundamentales del pueblo, revisten su más acabada peculiaridad en la solución que encuentra para el lacerante problema agrario.

La candente cuestión había sido soslayada cuando en '57 no se pudo hacer de la Constitución, como lo quería Arriaga, la ley de la tierra para dar solución definitiva a la delicada cuestión.

En esta oportunidad, los campesinos del sur esclavizados y empobrecidos, las peonadas del norte y del centro sometidos y miserables, levantan las banderas agraristas e instituyen en la Carta Fundamental las instituciones orientadas a resolver de una vez y para siempre el problema agrario. De ahí la importancia insoslayable del artículo 27 constitucional que consagra al ejido y las demás formas de tenencia de la tierra y el proceso de reforma agraria para dar respuesta a las exigencias de los hombres del campo y sentir el rumbo certero al desarrollo nacional con independencia.

Un examen de las modalidades de este desarrollo económico del país nos pone de manifiesto que las clases económicamente débiles, los campesinos, lo son, porque ellos, con sus bajos ingresos, son quienes aportan su mayor esfuerzo para financiar el costo del desarrollo sin que todavía reciban en cambio - como ya se dijo y en lo cual coincidimos en parte - ,

la retribución justiciera por sus sacrificios. Estos núcleos numerosos, diseminados en toda la extensión territorial de la República, con requerimientos vitales que les obligan a emigrar a las ciudades o al extranjero, donde son víctimas de todos los atropellos, constituyen una afrenta para el sentido humanista de la Revolución, que no puede de ninguna, consentir tanta injusticia.

Ese es el antecedente de la clase campesina en el país, que se finca en su lucha permanente por la superación. El día de hoy, en relación con la Cuenta Pública, se ha hablado ampliamente ya, bordado por las diferentes fracciones parlamentarias, lo que fue o fuera el Sistema Alimentario Mexicano.

Compañeros, como el diputado Cavazoz y la diputada Sauri han hablado ampliamente de la intención de esta estrategia que se creó precisamente en el pasado sexenio gubernamental, aun con las deficiencias o fallas que aquí se han señalado, al que fuera el Sistema Alimentario Mexicano, aceptándolas o no, no podemos desconocer que el país demanda la existencia de un instrumento perfeccionado que resuelva este problema. El Plan Nacional de Desarrollo del Presidente De la Madrid, postula el Programa Nacional de Alimentación y el concepto de soberanía alimentaria orienta, sin duda, el objetivo de plantear estas necesidades, reservando a la Nación las decisiones para satisfacerlas determinando normas de producción, distribución y consumo.

Alcanzar la meta de una cadena alimentaria independiente, sin riesgos internos o externos, nos permitirá a los mexicanos fortalecer nuestra propia independencia. No podemos ser totalmente independientes mientras dependa de otros nuestra subsistencia y exista hambre y desnutrición en el país.

El Plan Nacional de Alimentación enfatiza en sus estrategias fundamentales la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, a la que se refería usted, señor diputado; la organización de productores a lo que se refirieron algunos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, el impulso al desarrollo de las áreas agrícolas de temporal, que es donde radica el sector económicamente más débil de la población rural, y que significa - como en esta tribuna también se mencionó - el 74% de la producción agrícola total en el país.

Este nuevo proyecto nacional alimentario, con toda la incuestionable voluntad manifiesta del señor Presidente, y aun dándose las condiciones propicias, incluyendo las ecológicas que son determinantes, no alcanzará sus metas si no anteponemos la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de los mexicanos. Los campesinos, y particularmente los ejidatarios temporaleros, no pueden darse el lujo de rechazar ninguna intención, programa o proyecto que venga a apoyar las difíciles condiciones en que se desarrolla el cultivo de sus parcelas. Pocos saben veces más allá de lo que en sus comunidades se les puede ofrecer; pero cabe una reflexión: ¿qué hemos hecho nosotros realmente para ayudarlos? Demandamos honestidad, eficiencia al Ejecutivo, y finalmente la demandamos de todos, pero valdría la pena reflexionar respecto a nuestra propia responsabilidad, porque estoy seguro, compañeros diputados, que en la mayoría de nuestros distritos deben existir importantes áreas rurales y, en consecuencia, una importante población campesina en cada uno de ellos.

Y si en verdad queremos servirles, debemos orientarlos y enseñarlos a entender sus derechos, a cuidar su patrimonio y sus recursos. Y cuando esto suceda, serán los mismos productores los principales vigilantes del ejercicio y de la ejecución honesta de todos los programas y beneficios que les atañen . Están establecidos los instrumentos de revisión, de verificación y de sanción, en su caso. Se prevé, también, la sanción de las corruptelas que puedan darse y que son importantes para imponer una conducta moral en todas las acciones del Gobierno y de la sociedad en general. Pero podemos garantizar que al conseguir esta capacitación integral en el campo, serán ellos los mejores y más interesados guardianes de esos intereses.

El mayor recargo está en el campo. Es cierto, allí están los mecanismos que debemos poner en juego para proteger el mejoramiento de la vida rural en México, si es que de verdad lo deseamos.

Es cierto que el porcentaje aquí mencionado de la agricultura de temporal en el país sin duda, repito, la más expuesta a todos los fenómenos y la más cargada de problemas en su desarrollo. Sin embargo, revisando las cifras de producción en los últimos diez años, encontramos que en 1976 - un año muy similar en las condiciones ecológicas de 1982 - por decir algo, en maíz se produjeron ocho millones de toneladas; en 1982, a esas circunstancias y a todas las deficiencias que aquí hoy se han señalado, se obtuvo una producción de 12 millones de toneladas. En frijol, en 1976 - repito, hago esta referencia porque encontramos que es un año ecológicamente muy similar a 1982 - se produjeron 740 toneladas de frijol y en 1982 las cifras de producción fueron de un millón 200 mil toneladas. Y tomando como base, en esos mismos años, la producción total de los diez granos básicos en el país, en 1956 obtuvimos 18 millones 136 mil toneladas de todos estos granos, y en 1982, 25 millones 211 mil toneladas.

Esta referencia la he traído a colación porque no podemos descartar cuánto importa en que un año, tanto los factores climatológicos sean benévolos, como que también las instituciones dedicadas al campo, cumplan oportunamente con los campesinos. Ambos factores son determinantes para obtener un éxito productivo verdaderamente importante. ¡ni quién lo dude! Sin embargo, yo pienso que el trabajo legislativo que se da en el seno, particularmente de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ha sido por demás objetivo. Ante las dudas

permanentes, ante las inquietudes de comprobar los avances de los programas, la eficacia de los proyectos y de los apoyos al campo en general, hemos salido con frecuencia a diferentes entidades del país y hemos podido constatar, hemos tenido libertad de hablar con los productores. Y no podemos compañeros, de ninguna manera, negar el avance que en 1982 y a la fecha hemos podido lograr en nuestras comunidades rurales.

Si lo queremos ver con ojos de duda, si lo queremos ver como una bandera, en este momento, para fincar o apoyar nuestra ideología ha de ser que a alguien le parezca con sentido; pero, sin embargo, allá en el campo donde hemos estado, donde - repito - se puede tener un diálogo directo con los mismos productores, porque así lo han hecho todos los compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias que trabajan dentro de esta Comisión, debíamos pues aceptar, que hay un avance de por medio, que hay mucho todavía en el futuro que realizar, que la lucha por mejorar a las gentes del campo deberá ser permanente, que las metas que nos hemos propuesto, todavía no hemos podido lograrlas, pero que existe el deseo de perfeccionar día con día los instrumentos que nos hagan llegar un día a favorecer de verdad el nivel de vida de esta clase, sí de verdad - repito - nos preocupa.

Yo quiero aceptar las felicitaciones, también del señor diputado que expresó aquí a la Comisión al elaborar este dictamen, porque sobre la Cuenta Pública, en mi opinión personal, es indudable que el dictamen aquí expuesto por ellas es realista y sin duda laborioso, del manejo de los fondos públicos por las diversas entidades del Gobierno Federal, el dictamen revela una realidad por todos conocida, que los desequilibrios estructurales de la economía nacional caracterizada por su dependencia exterior, debilitaron los instrumentos de política económica destinados a enfrentar la crisis, las prácticas especulativas dentro y fuera del país en moneda local, señor diputado, o extranjeras de los que como siempre anteponen su interés personal de la Nación, produjeron la distorsión del gasto Público y la secuela de los daños a la economía del país.

Ante esta realidad sabemos lo que el país necesita, que el gasto público sea manejado con más racionalidad, es decir, para financiar los programas destinados a impulsar el desarrollo nacional sobre la base de las prioridades definidas por la colectividad; reorientar la política económica con medidas de estructura que impidan el crecimiento pavoroso de la brecha entre quienes han estado beneficiados por la crisis y las grandes mayorías populares, particularmente las del campo que tanto nos preocupan, donde los ingresos, repito, todavía no llegan en muchos casos al salario mínimo.

La medida tendrá la virtud de retomar exigencias justicieras de la Revolución Mexicana, que postula convertir el crecimiento económico en desarrollo social. Sobre este particular, todo aconseja invertir la actual inversión de financiamiento, favorecedora del sector industrial, a fin de que los fondos que la integran favorezcan al sector agropecuario, no específicamente en la producción exportable sino prioritariamente para asegurar la comida de los mexicanos, la producción de materias primas para la industria e impedir la criminal fuga de las escasas divisas de la adquisición de los alimentos; el proyecto de renovación moral de la sociedad del Presidente de la República, que recogió la opinión pública es un ingrediente prioritario del régimen y debemos estar seguros que se tomarán, hasta las últimas consecuencias, las medidas que deban adoptarse sobre responsabilidades tanto por la Contaduría Mayor de Hacienda o las dependencias que corresponda en el asunto que se discute, como en todas las demás áreas del quehacer nacional.

El dictamen pone a flote la magnitud expectativa de la crisis de nuestro tiempo, pero que como en otras etapas de la historia, seremos capaces de superarla.

Termino, compañeros diputados, compañeras diputadas, señores, con una exhortación sincera y un deseo a todos los que de una u otra manera tenemos relación en el campo de México que esa preocupación manifiesta aquí, por todas las fracciones parlamentarias, sea de verdad y que olvidándonos en este tiempo un poco de nuestra ideología, de nuestra manera de pensar, podamos hacer un frente común para de verdad apoyar a esta clase mayoritaria que vive en nuestro México, que son los campesinos. Gracias, señores, por su atención. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Luis J. Prieto.

El C. Luis J. Prieto: - Señora Presidenta; compañeros diputados:

desgraciadamente, yo no puedo decir que orgullosamente soy campesino, pero afortunadamente tuve la oportunidad de tener un padre, líder ferrocarrilero, que me enseñó a amar entrañablemente a los marginados, que imprimió en lo más profundo de mi corazón el amor a la patria, el amor a la justicia con libertad, el respeto a la dignidad del hombre, y por eso creo comprender a los campesinos. No acepto el criterio de algunos que dicen que el campesino es flojo y por eso el campo no produce. El campesino de 1983 es producto de un sistema que no lo ha dejado crecer, que lo ha hecho dependiente, porque dependiente es más fácil de manejar. Y ya decía un secretario que el campesino mexicano no estaba organizado para el trabajo, sino organizado para votar.

Y creo que, nosotros, señores diputados, representantes de este pueblo tan noble y generoso como es el de México, tenemos que seguir luchando para que ese mexicano hermano nuestro que vive una miseria inmerecida, viviendo de esperanzas desde hace 70 años, tenga el respeto a su dignidad humana. Que antes que pan, que antes que vestido, que antes que casa tenga respeto a su dignidad personal. Porque el hombre no puede ser libre mientras

existan hombres sometidos y sojuzgados. Y por eso amo entrañablemente al sector campesino, porque es un sector que está esperando todavía que la Revolución Mexicana, que esa sangre campesina hizo fructificar y revitalizó para lograr tierra y libertad, todavía no le hace justicia. No podemos nosotros permanecer sentados en la butaca de espectador ante la tragedia del campo mexicano. No es demagogia, lo siento profundamente, porque amo entrañablemente el respeto a la dignidad de la persona. Creo que no podríamos estar satisfechos si esta situación no se corrige. Varios oradores han hablado de lo que se está haciendo por lo que va a ser mañana. No contestaron a que estábamos en 1982 y analizando 1982. Que mis palabras cuando menos queden pendientes para lo que tenemos que hacer nosotros como diputados, como poder paralelo con el Ejecutivo, lo que tiene que ser el Ejecutivo para que a partir de 1983, se inicie el proceso de edificación a esos millones y millones de hombres y mujeres que están marginados de todo.

Yo espero, amigos, que aceptemos este compromiso de retomar la responsabilidad que tenemos como diputados para exigir, para insistir, para legislar, y se logre que esos mexicanos pronto tengan la igualdad de oportunidades, de derechos y de superación que todos esperamos, que todos tenemos, que todos deseamos, porque de otra manera, mientras que existan campesinos sometidos y sojuzgados por un sistema opresor como el que hoy se vive, nosotros no vamos a poder levantar la cara con alegría ni con satisfacción, porque gran parte de esa responsabilidad está en nosotros. Si otras legislaturas no fueron ni prudentes ni sabias para enfrentarse a esta realidad, yo espero que esta diputación sí retome, sí retome el camino de que el Poder Legislativo sea lo que tiene que ser para estructurar un nuevo México en donde exista justicia con libertad y, sobre todo, respeto a la dignidad humana para vivir la paz que todos anhelamos. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - El diputado Ricardo Castillo Peralta pide la palabra para hechos.

El C. Ricardo Castillo Peralta: - Con su permiso, C. diputada; compañeros diputados, compañeras diputadas: es innegable el proceso revolucionario de este país, se ha fincado en el reparto de la tierra; los mexicanos que sabemos cuáles han sido los esfuerzos de los campesinos para luchar primeramente por la entrega de la tierra y posteriormente para integrar los procesos de organización y de capacitación agraria.

Nos parece interesante escuchar aquí a un señor diputado de Acción Nacional convertido en reivindicador de la clase campesina; nos parece interesante porque es contra el gran capital y contra los latifundistas por los que se han organizado los campesinos para quitarles la tierra: sabemos que ha sido muy larga la lucha de los campesinos y entendemos que todavía existe un gran número de campesinos sin tierra; un gran número de campesinos marginados. Y que las organizaciones campesinas, fundamentalmente la Confederación Nacional Campesina, lucha todos los días por lograr que se repartan todos los latifundios, por lograr que haya avances sociales que permitan, fundamentalmente, el progreso de la clase campesina.

Yo creo que el debate de la Cuenta Pública ha sido motivo fundamental para analizar a fondo los problemas del campo. Aquí los partidos de oposición o los partidos parlamentarios que conformamos esta Cámara, han expresado valientemente las inquietudes de todos los mexicanos por la reivindicación de los campesinos.

Yo quiero expresar que esas manifestaciones, fundamentalmente del Partido Acción Nacional, sean francas, sinceras y que nos ayuden a todos a que se acaben los latifundios, que nos ayuden a todos para lograr mayores volúmenes de crédito al campo; que hagamos una gran conciencia para que las grandes ciudades, los grandes centros de consumo sepan el esfuerzo de cada uno de los campesinos y puedan contribuir pagando el justo precio a sus productos.

Por eso, señores diputados, me siento profundamente comprometido a señalar aquí que tenemos una deuda todavía que cumplir con los campesinos, pero que si la solidaridad de todos los mexicanos es de verdad, habremos de dar avances importantes en esta larga y penosa lucha que han librado los hombres del campo. Quiero manifestar que la Confederación Nacional Campesina seguirá luchando permanentemente para lograr la verdadera reivindicación de los hombres del campo. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 5o.

se encuentra suficientemente discutido.

EL C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 5o. del dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..

Suficientemente discutido, señora Presidenta.

En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 5o., en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señora Presidenta, se emitieron 304 votos en pro y 60 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 5o. por 304 votos, en sus términos.

Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 8o. del dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, y en virtud de estar pendiente la modificación propuesta por el diputado Vicencio Tovar al

artículo 8o., se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si admite la modificación.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas:

- Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si admite o desecha la modificación propuesta.

Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo.

Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

La C. Presidenta: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del artículo 8o.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 8o. del dictamen, en sus términos.

Se ruega a la Oficialía Mayor dé los avisos que corresponden conforme al artículo 161 del reglamento.

(VOTACIÓN.)

Señora Presidenta, se emitieron 305 votos en pro y 59 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 8o. por 305 votos, en sus términos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La C. Presidenta: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El C. secretario Enrique León Martínez:

"Comisión de Gobernación y puntos constitucionales.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 29 de noviembre próximo pasado, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta de proyecto de decreto, que concede permiso a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 1o. de diciembre del presente año, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, al expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán serán de carácter administrativo;

C) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la C. Lorena Villalobos Gutiérrez para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la C. Patricia Piera Salazar para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 2 de diciembre de 1983.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Presidente Humberto Lugo Gil; secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Víctor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del C., Luis René Martínez Sauverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."

Trámite: - Segunda lectura.

La C. Presidenta: Está a discusión en dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, procede la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

El C. secretario Enrique León Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

El C. secretario Enrique León Martínez: - Señora Presidenta, se emitieron 359 votos en pro y 5 en contra.

La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

El C. secretario Enrique León Martínez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - Señora Presidenta se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

El mismo C. Secretario:

"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones LII Legislatura. Orden del Día

9 de diciembre de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que con motivo del V aniversario luctuoso del expresidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Emilio Portes Gil, tendrá lugar el próximo 10 del actual.

El Congreso del estado de Tabasco invita a la sesión solemne en la que el C. Enrique González Padrero, Gobernador Constitucional del estado, rendirá su primer informe administrativo, la que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre.

Comunicación del Congreso del estado de Veracruz.

Dictámenes de primera lectura.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones hacendarias.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.

Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Alberto Bustamante V. y Jesús Esquinca Gurrusquieta para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros."

La C. Presidenta (a las 21:50 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, viernes 9 de diciembre a las 10:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

DIARIO DE LOS DEBATES