Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831227 - Número de Diario 43
(L52A2P1oN043F19831227.xml)Núm. Diario:43ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2o. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II MÉXICO, D. F., martes 27 de diciembre de 1983 TOMO II. NÚM. 43
SUMARIO
APERTURA .
ORDEN DEL DÍA .
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
MINUTAS DEL SENADO
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. Alfredo Phillips Olmedo aceptar y usar la que le confiere el Gobierno del Brasil. Se turna a comisión .
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que autoriza a la C. Ana María Durán para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos, en Hermosillo, Sonora. Se turna a comisión .
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1984
Proyecto del Presupuesto de referencia. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DEL MERCADO DE VALORES
Proyecto de decreto que reforma la Ley mencionada. Se le dispensa la lectura. Sin discusión se aprueba. Pasa al Ejecutivo .
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Proyecto de decreto que reforma el artículo 250 del Código citado. Se le dispensa la lectura. Sin discusión se aprueba. Pasa al Ejecutivo .
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley nombrada. Se le dispensa la lectura .
A discusión en lo general. El C. Daniel Angel Sánchez Pérez razona su voto de abstención. Sin discusión en lo particular se aprueba. Pasa al Ejecutivo .
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1984
Proyecto del Presupuesto de referencia.
Se le dispensa la lectura .
A discusión en lo general. Intervienen los CC., en contra, Iván García Solís quien entrega un documento de la diputación del PSUM sobre los lineamientos alternativos de Política Presupuestal. Insértese en el Diario de los Debates. En pro, José Isabel Villegas Piña; en contra, Ignacio Vital Jáuregui; en pro, Raúl López García; en contra, Francisco Ortiz Mendoza; para hechos, Raymundo León Ozuna, Ortiz Mendoza y Rafael Aguilar Talamantes; en pro, Manuel Cavazos Lerma
En seguida aborda la tribuna el C. Luis Dantón Rodríguez para solicitar a los CC. Raymundo León Ozuna y Rafael Aguilar Talamantes, ratifiquen los conceptos vertidos en contra de los CC. Luis Echeverría Alvarez y Jesús Reyes Heroles
Hacen aclaraciones sobre este asunto los CC. David Orozco Romo, Luis Dantón Rodríguez, Aguilar Talamantes y León Ozuna. La Presidencia ordena se proceda en términos del artículo 107 del Reglamento .. 183
Continúa el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación. Hablan los CC., para insistir en sus argumentos, Iván García Solís; para hechos, David
Orozco Romo; nuevamente Ortiz Mendoza, Vital Jáuregui y Manuel Cavazos Lerma.
Se aprueba con los artículos no impugnados .
A discusión en lo particular. A debate los artículos 1o., 2o., 14, 24, 37 y 38. Intervienen los CC., para modificaciones al 1o., 2o., 14 y 37, Astolfo Vicencio Tovar, mismas que se desechan. Además propone enviar un extrañamiento a ciertas secretarías y al Jefe del Departamento del Distrito Federal que también se desecha; por la Comisión, Irma Cué; nuevamente Vicencio Tovar e Irma Cué; en contra del 1o., 2o. y 6o. y una modificación al 14 que se desecha, Antonio Gershenson; en pro, Hermenegildo Anguiano Martínez; nuevamente Antonio Gershenson; en contra, Héctor Ramírez Cuéllar; en pro, Alejandro Lambretón Narro. Se aprueban en sus términos los artículos 1o., 24, y 37 ..
A debate los artículos 2o., 4o., 6o., 7o., 14 y 38. Intervienen los CC., en contra del 2o., 6o. y 14, José Encarnación Pérez Gaytán; en pro, Juan Mariano Acoltzin Vidal; nuevamente Pérez Gaytán; en contra, José Dolores López Domínguez y Raymundo León Ozuna quien impugna el 6o.; en pro, Antonio Murrieta Necoechea; en contra, Juan López Martínez que impugna también el 7o.; en contra, Raúl López García quien impugna el 38; en pro, Rogelio Carballo Millán. Se aprueban en sus términos. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo .
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 constitucional. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 32, 43 y 65 de la Ley citada. Se le
dispensa la lectura. Queda de primera lectura .
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley nombrada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .
LEY DE AMAPARO
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley mencionada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura ..
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL
Proyecto de la Ley de referencia. Se le dispensa la lectura. Las Comisiones, por voz del C. Ricardo Cavazos Galván, presentaron un dictamen complementario que modifica los artículos 3o., 18 y 20. Se le dispensan los trámites
A debate en lo general con las modificaciones propuestas. Intervienen los CC. en contra, Florentina Villalobos, Antonio Gershenson, Baltazar Ignacio Valadez Montoya quien propone modificaciones que se desechan, Pablo Sánchez Puga, Sergio Quiroz Miranda y Daniel Angel Sánchez Pérez, quien propone una modificación que se desecha; en pro, José de Jesús Fernández Alatorre;para hechos, Salvador Castañeda O'Connor.
Se aprueba .
A discusión en lo particular. A debate los artículos 3o., 4o., 15 y 20. Intervienen los CC. en contra, Sergio Quiroz Miranda quien propone modificaciones que se desechan; para hechos, Javier Blanco Sánchez; en contra, Rafael Aguilar Talamantes, quien impugna el 4o.; por las Comisiones Salvador Valencia Carmona; para hechos, Rafael Aguilar Talamantes, Rolando Cordera Campos y Jesús Luján Gutiérrez. Se aprueban en sus términos. Pasa al Senado
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. CANDIDO DÍAZ CERECEDO
(Asistencia de 355 ciudadanos legisladores.)
APERTURA
El C. Presidente: (a las 11:00 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del Día
27 de diciembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Alfredo Phillips Olmedo para aceptar y usar la condecoración de la orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Ana María Durán para prestar servicios administrativos en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1984.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Mercado de Valores.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 250 del Código Fiscal de la Federación.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984.
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia de la C. Luz Lajous
En la ciudad de México, a las once horas y veinticinco minutos del lunes veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se abre la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos treinta ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior verificada el día veintidós de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La H. Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Federal de Protección al Ambiente. Recibo y a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presenta un dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1984.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
El C. Alberto Salgado Salgado presenta y da lectura a una iniciativa de decreto tendiente a reformar los artículos 94, 96, 98, 99, y derogar la fracción XVIII del artículo 89, y la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, emiten un dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1984.
Por las mismas razones del dictamen anterior, la Asamblea le dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general el proyecto de Ley.
Hacen uso de la palabra, en contra, los CC. Gerardo Medina Valdez, Víctor González Rodríguez, José Augusto García Lizama, Mariano López Ramos y Sergio Ruiz Pérez, y en pro, el C. José Aguilar Alcerreca.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por doscientos cincuenta y ocho votos en pro y setenta y dos en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública.
La Asamblea dispensa también el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general y en lo particular el artículo único de que consta el proyecto de decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por trescientos veintidós votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social signa un dictamen con proyecto de decreto,
que reforma y adiciona la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. De igual manera, a este dictamen la Asamblea le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Intervienen, en contra, el C. Daniel Angel Sánchez Pérez; en pro, el C. Gustavo Arturo Vicencio Acevedo; en contra, el C. Pablo Sánchez Puga quien propone una modificación que la Asamblea no admite y por tanto se da por desechada.
Por último, hablan en pro, el C. Sergio Quiroz Miranda y el C. Ignacio Olvera Quintero.
Se considera suficientemente discutido en lo general y en votación nominal se aprueba con los artículos no reservados para su discusión, por trescientos dos votos afirmativos y catorce en contra.
A discusión en lo particular .
Usa de la palabra el C Miguel Gómez Guerrero, quien propone modificaciones a los artículos 118 y 122, que la Asamblea no admite y en tal virtud se desechan.
Por su parte, el C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente propone modificaciones a los artículos 118, 122, 128 y segundo transitorio, que tampoco la Asamblea admite y en consecuencia se dan por desechadas. Presidencia del C. Joaquín del Olmo Reyes Continúa la discusión, hablan, en pro, el C. Everardo Gámiz Fernández y para hechos, el C. Gustavo Arturo Vicencio Acevedo.
Suficientemente discutidos los artículos a debate, en votación nominal se aprueban en sus términos por doscientos veinte votos en pro y cincuenta y uno en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
A continuación hace uso de la palabra el C. Miguel Angel Morado Garrido para dar lectura a una iniciativa de decreto suscrita por él mismo y por los CC. Mario Santos Gómez, Rubén Vargas Martínez, Carlos Jiménez Macías y Rafael García Sancho Gómez, que reforma los artículos 5o., 32, 43 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social e imprímase.
Cuatro dictámenes con sendos proyectos de decreto presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que conceden permiso al C. Raúl Salinas Lozano para aceptar y usar la condecoración de la orden al Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el Rey de España; a los CC. Arturo Olivercen y Fermín Rivas García, la Medalla de Elogio del Ejército, que les otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América, y al C. Luis Cervantes la Orden Hipólito Unanue en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Perú. Son de segunda lectura.
A discusión en su orden los cuatro proyectos de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban, los tres primeros, por doscientos sesenta y seis votos en pro, cuatro en contra y una abstención, y el último, por doscientos sesenta y siete votos a favor, tres en contra y una abstención.
Aprobados los proyectos de decreto, pasan al Ejecutivo los tres primeros, y el último al Senado para sus efectos constitucionales.
En atención a que los dictámenes que a continuación se enumeran han sido ya impresos y distribuidos entre los CC. diputados, la Asamblea en votaciones económicas sucesivas les dispensa la lectura, a efecto de que se les dé el trámite correspondiente:
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 250 del Código Fiscal de la Federación. Es de primera lectura.
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social, relativo al proyecto de Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al proyecto de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es de primera lectura.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Mercado de Valores. Es de primera lectura.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es de primera lectura.
En seguida, el C. José Carreño Carlón, en nombre de la Comisión del Distrito Federal, da lectura al informe elaborado por la misma, en relación a la excitativa formulada por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, sobre la iniciativa de Ley de Defensa del Inquilino, presentada a la Quincuagésima Legislatura, el 7 de noviembre de 1978, por los ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista.
El propio C. Carreño Carlón propone que a fin de que los estudios de la Subcomisión de Vivienda prosigan hasta el cumplimiento de los objetivos señalados, se integre una Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento, que recabará información y elementos de juicio pertinentes, la cual quedará integrada por diputados de todos los grupos parlamentarios y por miembros de las distintas comisiones legislativas competentes en el problema de inmuebles en arrendamiento.
Para integrar la Comisión Especial se propone a los CC. diputados Mariano Piña Olaya, Salvador Rocha Díaz, Jesús Salazar Toledano, José González Torres, José Aguilar Alcerreca, José Parcero López, Manuel Osante López,
Héctor Ramírez Cuéllar, Edmundo Jardón Arzate, José Augusto García Lizama, Arturo Contreras Cuevas, Armida Martínez Valdez y Mariano López Ramos.
Con base en el artículo 58 del Reglamento, hace uso de la palabra el C. Jesús Luján Gutiérrez, quien a su vez formula proposiciones para que se incluyan a las propuestas por la Comisión del Distrito Federal.
También para proponer modificaciones al informe interviene el C. Iván García Solís.
Para hechos, hablan los CC. David Orozco Romo, Cándido Díaz Cerecedo, Gerardo Medina Valdez y Francisco Ortiz Mendoza.
El C. Alberto Salgado Salgado presenta y da lectura a una iniciativa de decreto relativa a lo contratos de arrendamiento en el Distrito Federal.
Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Continúan en el uso de la palabra, en pro del informe y la proposición de la Comisión del Distrito Federal, el C. Jesús Salazar Toledano; para hechos, los CC. Rolando Cordera Campos y Héctor Ramírez Cuéllar.
Después de la lectura de los artículos 58 y 60 del Reglamento, la Asamblea en votación económica aprueba la proposición presentada por la Comisión del Distrito Federal.
Para aclaraciones en relación al Reglamento, hablan los CC. Juan Gualberto Campos Vega y Javier Blanco Sánchez.
Por su parte, el C. Alfredo Reyes Contreras solicita que la proposición del C. Luján Gutiérrez se vote de conformidad con el artículo 148 del Reglamento.
Para aclaraciones, intervienen los CC. Irma Cué de Duarte, Juan Gualberto Campos Vega y Alberto Salgado Salgado.
Con base al artículo 148 del Reglamento, en votación nominal se desecha la proposición del C. Luján Gutiérrez, por una votación de veitiséis votos en pro y doscientos setenta y nueve en contra.
Después de una aclaración del C. Iván García Solís, la Asamblea en votación económica desecha la proposición formulada con anterioridad por el propio C. García Solís.
La H. Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Reforma Agraria. Recibo y a la Comisión de Reforma Agraria.
El C. José Dolores López Domínguez aborda la tribuna para denunciar la represión que en los últimos días ha habido en el campo.
Se refiere a 50 indígenas chiapanecos presos, que no han recobrado su libertad, cinco de los cuales fueron enviados a las Islas Marías.Veintiocho más que se encuentran en la cárcel de Villahermosa, Tabasco, miembros del Pacto Ribereño, sin que se haya resuelto su problema.
Señala que en Atlixco, Puebla, dos personas fueron asesinadas y en Tamaulipas y Jalisco otras personas sufrieron atropellos.
A continuación da lectura a una comunicación de un grupo de campesinos del estado de México, que desde hace más de cuarenta años luchan porque se les entreguen las tierras, a las que por solución presidencial tienen derecho, pues prácticamente han agotado todas las instancias correspondientes, por lo que acuden a esta Legislatura en busca de justicia. Túrnese la denuncia a la Comisión de Reforma Agraria y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Por su parte el C. Armando Gordillo Mandujano hace uso de la palabra para referirse a los grupos de marginados, engañados y explotados que se encuentran en los límites del Distrito Federal, quienes huyendo de sus lugares de origen, con la esperanza de mejorar su situación y ante la inseguridad de sus campos, han preferido asentarse en condiciones infrahumanas, muy cerca de la opulencia, sorteando las injusticias de una sociedad cada vez desigual y de un gobierno insensible y populista.
Señala que el XVIII Distrito Electoral del estado de México, al que representa, el 70% de sus habitantes vive en condiciones inhumanas, sin agua potable, sin drenaje, sin alcantarillado y casi sin alumbrado, esperando que las promesas de la Revolución lleguen a convertirse en realidad. Hace consideraciones sobre el particular y concluye diciendo que mientras estos sectores de ciudadanía no tengan sus canales propios de expresión y se les permita elegir con libertad a sus gobernantes, la desconfianza y la incertidumbre en ellos seguirá tanto en lo político, en lo económico y en lo social. Túrnese la denuncia a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las diecinueve horas y diez minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 27, a las diez horas".
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente. Presidencia de la C. Luz Lajous
MINUTAS DEL SENADO
CONDECORACIÓN
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Phillips Olmedo, Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confirió el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 23 de diciembre de 1983.
Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.;
Guillermo Mercado Romero, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Phillips Olmedo, Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confirió el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., 23 de diciembre de 1983.
Raúl Salinas Lozano, S.P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso a la ciudadana Ana María Durán, para prestar servicios como Recepcionista en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 23 de diciembre de 1983.
Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Durán para prestar servicios como Recepcionista en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., 23 de diciembre de 1983.
Raúl Salinas Lozano, S.P.; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.; Guillermo Mercado Romero, S.S."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1984
"Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984.
Honorable Asamblea: En los términos previstos por los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo de esta Soberanía fue turnado a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, para su estudio y dictamen, el proyecto de presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984, que el Ejecutivo envió a esta H. Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo señalado en la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Después de analizar la iniciativa de referencia y como resultado de su estudio, estas Comisiones someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente.
DICTAMEN
El proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1984 cumple con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en sus artículos 19, 20, 23 y 24.
El proyecto contiene una exposición de motivos inspirada en la política financiera de la actual administración, que propone la racionalización del gasto público y la satisfacción prioritaria de las necesidades de los sectores más desprotegidos de la población.
El Presupuesto de Egresos 1984 es resultado del proceso de planeación y traduce los objetivos contenidos en el Programa de Mediano Plazo, asignando los recursos mínimos indispensables para atender las necesidades prioritarias de la capital de la República.
El Gobierno de la República, en congruencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, propone impulsar el desarrollo socioeconómico del Distrito Federal, y tomando en cuenta la situación actual del área urbana de su zona metropolitana, considera necesaria su transformación en un centro urbano más equilibrado y propicio al bienestar de su población. Se establecen también como objetivos, el resolver los aspectos de las relaciones duales que se gestan entre el Distrito Federal y el resto del país, así como coadyuvar a la desconcentración de la población del área metropolitana y descentralizar sus actividades económicas. Estas metas requieren de una adecuada coordinación entre las distintas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que realizan acciones que incidan en el desarrollo económico y social del Distrito Federal, como en general entre los sectores Público, Social y Privado, razones por las cuales el 26 de octubre de 1983 el Ejecutivo Federal decretó la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal, mismo que recogerá los puntos de vista y opiniones de la población en la formulación de los programas de inversión, gasto y financiamiento para la entidad; sugerirá programas y acciones a concertar con los gobiernos de los estados circunvecinos; fomentará la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el Gobierno del Distrito Federal y fungirá como órgano de consulta del Gobierno del Departamento del Distrito Federal, en materia de planeación del desarrollo integral de la entidad.
Los fines de esta paneación deberán encaminarse a asegurar, para los habitantes del Distrito Federal, condiciones de vida digna y segura; servicios públicos eficientes; mejoras sustanciales al medio ambiente; la preservación y la determinación del uso y destino del suelo; la conformación de infraestructura para la prestación de servicios urbanos y aquellas materias relacionadas directamente con el desarrollo y superación del individuo.
Estos propósitos deben apoyarse en una estructura y en una organización capaces de modificar el obsoleto modelo de desarrollo que ha imperado. La recientemente aprobada Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal señala ya un paso hacia esta reestructuración.
En el contenido del proyecto se definen las acciones programáticas que el Departamento del Distrito Federal deberá llevar a cabo para contribuir al desarrollo nacional dentro de su marco territorial, sede de los Poderes de la Unión y centro de las actividades económicas y financieras del país que requiere, para su adecuada integración, la fijación de las políticas que reconozcan su influencia en el proceso de la conurbación y su influencia en la región como del país.
El proyecto de Presupuesto presenta analíticamente los montos presupuestales, de acuerdo con cada una de las diferentes acciones programáticas a realizar, que serán erogadas con cargo a recursos ordinarios del Departamento del Distrito Federal, las aportaciones del Gobierno Federal y los financiamientos que se requieren para el desarrollo de los diversos programas.
Las mejoras cualitativas y cuantitativas de los servicios públicos, considerando las limitaciones que impone la crisis económica y los exiguos ingresos directos
del Departamento del Distrito Federal, deberán dirigirse a propiciar mejores condiciones de desarrollo del empleo, la vivienda, la producción, la salud, la educación y el abasto. Estos esfuerzos deberán enmarcarse en la tarea de ordenar y regular el proceso de crecimiento de la Ciudad de México, tomando en cuenta que convergen fenómenos característicos en el ámbito urbano, que rebasan la capacidad de gestión del Gobierno de la Ciudad y que deberá atender la Federación en su conjunto.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de 1984 propone continuar con el establecimiento de reservas territoriales que permitan la regulación del crecimiento urbano; incluye por primera vez una partida importante para atender adecuadamente el control del medio ambiente, dado el deterioro paulatino que sufre la zona metropolitana en su atmósfera, sus aguas y suelos; prosigue el esfuerzo por coordinar, con las dependencias y organismos responsables, los apoyos financieros que permitan llevar a cabo programas de autoconstrucción y de mejoría de vivienda en los lugares y las zonas más deprimidas de la Ciudad, hace grandes esfuerzos para atender, al mínimo indispensable, el suministro de agua potable y el servicio de drenaje; atiende el problema de la basura; otorga un importante papel al alumbrado público; concede la mayor importancia al transporte público y a la infraestructura para la vialidad; considera de la mayor relevancia las necesidades de las escuelas de la Ciudad y promueve la auténtica cultura popular y desarrollo del deporte. La carestía de la vida exige medidas urgentes sobre todo en lo que se refiere al abasto y comercialización de productos de primera necesidad, razón por la cual se fortalecen los programas relativos; se promueve la organización de productores; se fomenta la creación de cooperativas y se apoya la instrumentación tendiente a suplir las cadenas excesivas de intermediación. Dado que la expansión urbana ha reducido el desarrollo agropecuario y forestal de la región y que es indispensable conservar los suelos para aumentar el volumen de agua en los mantos acuíferos, el proyecto de Presupuesto incluye programas operativos para la promoción y fomento de los sectores agropecuarios y forestal.
En lo que corresponde a seguridad pública y administración de justicia, el proyecto da una gran importancia al indispensable cambio y renovación de los cuerpos policiales, así como a su eficiencia y moralidad. Igualmente, concede el mayor apoyo a la revisión de los sistemas y procedimientos para la impartición de justicia En cuanto a las finanzas de la Ciudad, se celebró en fecha reciente el Convenio de Consolidación y Redocumentación de Adeudos, en el que participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Programación y Presupuesto, el Departamento del Distrito Federal y BANOBRAS, para reestructurar la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal. Esta medida indispensable se tomó para que el Departamento pueda continuar realizando las obras públicas más urgentes sin alterar el equilibrio entre los diversos planes regionales, que deberán sujetarse a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
Esta decisión de apoyo tiene el propósito de reordenar las finanzas del Departamento del Distrito Federal, sin desvirtuar la política de crédito al Sector Público, por lo que se absorbieron
las cargas derivadas de las fluctuaciones en el tipo de cambio y sus costos financieros consecuentes, sobre la deuda documentada por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo con la reestructuración de la deuda, la política financiera del Departamento del Distrito Federal se fundamenta en las premisas de la estrategia de reordenación económica fijada por el Ejecutivo Federal, buscando en el contexto social, condiciones propicias para lograr una mejor distribución del ingreso.
En el proyecto se toma también en cuenta la importancia que tiene en momentos de crisis económica la generación de empleos por parte del gobierno del Departamento del Distrito Federal, dada su influencia en las formas dignas de vida del capitalino, así como sus repercusiones en la marginalidad urbana, con sus implicaciones como la salud y la alimentación, causas determinantes de los índices de mortalidad y morbilidad de la Ciudad de México.
Finalmente, el proyecto de Presupuesto 1984 considera indispensable la reubicación de las industrias de acuerdo con su giro, su potencial de crecimiento y su participación en la contaminación ambiental; la regulación del crecimiento de la planta de servicios especializados; la revisión sistemática de las leyes y reglamentos que norman la actividad industrial, así como la supresión paulatina de subsidios e incentivos a las industrias localizadas en la zona metropolitana.
El proyecto de Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal para 1984, tiene una asignación de 447 mil 788 millones 700 mil pesos. El presupuesto de Egresos de 1982 fue, ya modificado, de 220 mil 554 millones y en 1983 ascendió, a precios corrientes, a 340 mil 635.7 millones. El presupuesto de 1984 es 31% mayor al de 1983 y 103% superior al de 1982. El Presupuesto de 1984 se cubrirá con 222 mil 40 millones 900 mil pesos de recursos propios, 167 mil 257 millones 900 mil de financiamiento; 16 mil 507 millones 300 mil de ingresos propios de los organismos descentralizados; 41 mil 331 millones de aportaciones del Gobierno Federal a los organismos descentralizados y 651 mil 600 millones de fondos de financiamiento a los organismos descentralizados. De los recursos propios 179 mil 600 millones están constituidos por participaciones en impuestos federales y 42 mil 441 millones de ingresos directos constituidos por impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos.
El Presupuesto de Egresos consolidado del sector se divide de la siguiente manera:
Gasto Directo del D.D.F. $239.544'600,000.00
Transferencia a organismos y empresas 44.690'400,000.00
Otras transferencias 3.483'800,000.00
Deuda Pública 101.580'000,000.00
Total D.D.F. 389.298'800,000.00
Gasto directo de organismos y empresas 54.304'900,000.00
Otras erogaciones 1.438'000,000.00
Deuda pública 2.747'000,000.00
Total organismos 58.489'900,000.00
Total del Presupuesto $447.788'700,000.00
La deuda pública del Departamento del Distrito Federal está constituida de la siguiente manera:
Amortización 16.380'000,000.00
Intereses 77.700'000,000.00
ADEFAS 7.500'000,000.00
$101.580'000,000.00
El proyecto de autorizaciones de gasto, que incluye las aportaciones del Departamento del Distrito Federal, es para los organismos y empresas el siguiente:
Sistema de Transporte Colectivo $36.974'700,000.00
Servicio de Tansportes Eléctricos del D.F 15.275'000,000.00
Autotransportes Urbanos de Pasajeros 42.802'500,000.00
Industrial de Abastos 3.335'700,000.00
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya 2.221'100,000.00
Caja de Previsión de la Policía del D.F. 2.082'000,000.00
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 489'300,000.00
$103.180'300.000.00
Los recursos propios de las empresas de transporte urbano no rebasan en general el 20%.
Los programas más importantes del proyecto que nos ocupa, en monto, son los siguientes:
Administración del D.D.F $44.339'000,000.00 (10%)
Aportaciones ministración de justicia 7.292'500,000.00 (1.6%)
Seguridad Pública 17.556'500,000.00 (3.9%)
Administración Fiscal y Recaudación 5.945'200,000.00 (1.3%)
Deuda pública 101.580'000,000.00 (22.7%)
Fomento Forestal 5.019'700,000.00 (1.1%)
Transporte Urbano 152.389'200,000.00 (34%)
Salud 7.635'800,000.00 (1.7%)
Mejoramiento Urbano 17.141'700,000.00 (3.8%)
Infraestuctura y equipamiento para la vialidad 17.109'700,000.00 (3.8%)
Agua potable 16.056'300,000.00 (3.6%)
Drenaje y tratamiento de aguas negras 8.575'100,000.00 (1.9%)
Suelo 4.880'800,000.00 (1.1%)
Educación 4.428'100,000.00 (1.0%)
Imagen urbana, saneamiento ambiental y limpieza 8.371'200,000.00 (1.9%)
Total (93.4%)
Los servicios hacen un total del orden del 57% y están constituidos por los programas de administración de justicia, seguridad pública, transporte, salud, mejoramiento urbano, vialidad, agua y drenaje educación y saneamiento ambiental.
Como se puede notar en la relación anterior, además de la administración y el pago de deuda se da una importancia fundamental a la seguridad pública, el transporte urbano, el mejoramiento urbano, la vialidad y el agua potable. Se analizan a continuación los programas prioritarios que contiene el proyecto de Presupuesto:
La reestructuración de la deuda pública constituyó un paso definitivo en el saneamiento de las finanzas de la Ciudad y a ello se suma el esfuerzo en el pago de la deuda al que se destina aproximadamente el 30% del presupuesto.
La deuda que hubiera sido de aproximadamente 550 mil millones de pesos a fines de este año, se redujo a 200 mil millones a la misma fecha, en condiciones de redocumentación que señalan un plazo de diez años y una tasa de interés a partir del 1o. de octubre pasado del 85% del costo porcentual promedio, determinado por el Banco de México, revisable mensualmente.
Los criterios de reestructuración fueron los de observar la pérdida cambiaria y los costos financieros originados por ésta; aplicar tasas preferenciales de interés y ampliar plazos para el pago.
Nos sumamos a la necesidad de observar las medidas que exige el Convenio de Consolidación y Redocumentación de Adeudos, mediante las que el Departamento del Distrito Federal se compromete a sanear sus finanzas, que son en resumen las siguientes:
Incrementar sus ingresos propios en un 5% anual.
Abstenerse de contratar recursos crediticios en moneda extranjera o con acreditantes del exterior, salvo aquellos proyectos específicos que convengan a la planeación financiera, previa autorización de las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto.
Optimizar sus recursos humanos para incrementar la productividad de su gasto corriente, buscando obtener ahorros para canalizarlos al gasto de inversión. Ejercer su presupuesto con estricto apego a los rangos autorizados por la H. Cámara de Diputados.
Dedicar a la amortización anticipada del crédito los recursos excedentes que genere con motivo de la política para incrementar sus ingresos propios.
Todo lo anterior lleva implícita una política de financiamiento que observa los siguientes juicios:
Revisión periódica del perfil de la deuda con las entidades globalizadoras. Nuevas fórmulas de financiamiento para las grandes obras.
Equilibrio entre las políticas tributaria, precios y tarifas y endeudamiento.
Créditos en moneda nacional, a plazos medianos y largos, esperando la generación de ahorro interno.
El programa con más recursos del Presupuesto de Egresos de 1983 y de 1984 es el de transporte urbano, que tuvo 107 mil millones en 1983 (30% del total), y que propone 152 mil 389 millones 200 pesos en 1984 34% del total), o sea, un incremento de 42%, que independientemente de metas, se puede considerar como el efecto de la inflación promedio de este año y por consiguiente con cifras semejantes.
Las necesidades de transporte del Distrito Federal se calculan en aproximadamente 22 millones de viajes, personas - día y en 1983 sólo se pudieron atender con el Metro, autobuses y trolebuses, del orden de 10.1 millones. Para 1984 al construir 7.2 Kms. de líneas de Metro, adquirir mil autobuses y reparar otros mil, así como incorporar 251 trolebuses se podrán ofrecer del orden de 12 millones de viajes, personas - día.
Las obras del Metro proporcionarán 30 mil 797 empleos y la demanda de autobuses y trolebuses permitiría mantener la planta productiva de las empresas paraestatales DINA y MASA.
La inversión en obras y equipos del Metro fue en 1983, de unos 68 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil se dedicaron a la adquisición de máquinas, carros, vías y equipo electrónico. En 1984 las inversiones serían respectivamente 57 mil 200 millones y 20 mil 280 millones. A pesar del esfuerzo de CONCARRIL la mayor parte del presupuesto para equipos sigue destinándose a la importación de los mismos.
En el caso de autobuses y trolebuses aproximadamente el 50% es de fabricación nacional.
El avance físico del Metro permitirá ampliar 4.8 Kms. la línea 7; 1.4 Kms. de la línea 2; 0.6 Kms. de la línea 1 y 0.4 Kms. de la línea 6, con lo cual se pondrán en funcionamiento 10.5 Kms. adicionales del Metro para alcanzar una red total de 104.15 Kms.
En 1983 el Metro movió 3.8 millones de personas, viajes - día, los autobuses urbanos 5.5 millones y los trolebuses 0.8 millones, el resto de la demanda, esto es, 11.6 millones de personas, viajes - día, se trasladaron en tranvías (0.1), autobuses suburbanos (0.9), autobuses particulares (0.5), taxis (6.6) y autos particulares (3.5). En el caso de no continuarse la construcción del Metro, se requerirían para fines de sexenio, para transportar a 29.4 millones de personas, viajes - día, 13 mil 100 autobuses en servicio, o sea 17 mil unidades de parque vehicular, lo que significa un incremento del orden de 124%. Si se atendiera el diferencial del Metro con taxis y autos particulares de 29.4 millones; 13.7 millones requerirán este servicio. Independientemente de los problemas e inversiones que requeriría la vialidad y de la contaminación que generan los vehículos de motor, el precio del transporte en taxis y peseros afectaría la economía familiar de los más necesitados. También es de considerarse que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro, el proyecto de Presupuesto 1984 generaría 52 mil 537 empleos, que se sumarían a los 196 mil empleos del Programa Emergente de Empleo. Además se atienden la vivienda, la producción, la educación y el abasto con programas que consideran metas reales para el Departamento del Distrito Federal y la coordinación indispensable con el resto de dependencias y entidades del Sector público, que tienen que ver con cada uno de estos problemas prioritarios, lo cual incrementa sensiblemente las metas de cada actividad.
El abastecimiento de agua potable observa tanto la ampliación del sistema hidráulico existente como la operación y conservación del mismo. La cantidad asignada de 16 mil 56 millones 300 mil pesos, representa el 3.6% del total, e incluye la construcción de 31 pozos. Las obras de Cutzamala, que lleva a cabo la Comisión de Aguas del Valle de México, tendrán un presupuesto de 33 mil millones. Sin embargo, dados los avances del Proyecto de Cutzamala, la necesidad de ampliar la red de distribución; los problemas de estructuras hidráulicas en el Valle de Lerma, debidos a los esfuerzos en el suelo por el bombeo y la urgencia de reponer los caudales que se suspenderán, el presupuesto propuesto no parece suficiente.
En razón de lo anterior se solicitaron datos adicionales a las autoridades del Departamento del Distrito Federal,las cuales informaron que se estaba tramitando una ampliación presupuestal por 2 mil 117.5 millones para atender las líneas de derivación del Ramal Sur, la liquidación de Lerma; 19 mil 300 metros de redes secundarias en colonias populares, 2 mil 700 metros, de red primaria en División del Norte - Cerro del Agua; el tanque de Cerro de la Estrella y un apoyo mayor a las acciones del mantenimiento.
Se advierte que las inversiones en este programa son las de los mínimos indispensables, a pasar de la ampliación solicitada, y se recomienda insistir en las campañas permanentes para lograr el ahorro y el uso racional del agua. Asimismo, se insiste en la necesidad del reuso y de establecimiento de tarifas diferenciales para los diferentes usos del agua. Es además indispensable dar prioridad en el abastecimiento a las zonas marginadas, que es donde más se requiere el servicio.
Es urgente ampliar la cobertura del servicio de la recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales y además mantener y operar una red de alcantarillado, que en ciertos tramos requiere ya de reposición total dados los hundimientos diferenciales del suelo de la ciudad. La inversión destinada a esta actividad constituye el 1.9% del total.
Las metas de operación y conservación, la necesidad de continuar el drenaje profundo, la falta de sistemas de alcantarillado en zonas como el S.O. del Distrito Federal (Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Pedregales de Tlalpan, etcétera) y las plantas de tratamiento como las del Vivero de San Luis y Miramontes, hacen evidente la necesidad de mayores inversiones en este programa prioritario.
En función de lo anterior y a solicitud de la Cámara de Diputados se nos informó que está en trámite una ampliación por 4 mil 889.915 millones para atender la excavación L4 a L5 del Interceptor Central; construir una lumbrera en la planta de bombeo de la Central de Abastos, 37 mil metros de la red de alcantarillado de Santa Martha Astahuacán; 70 Kms. de redes de alcantarillado en Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac; mil 500 metros del túnel semiprofundo de Iztapalapa; apoyo a las acciones de mantenimiento y el proyecto piloto de recarga de acuíferos.
En esta caso también es evidente que las necesidades rebasan en mucho la asignación presupuestal, a pesar de la ampliación, pero se cumplen los mínimos necesarios para atender los requerimientos más urgentes. Se recomienda dar prioridad a las zonas más deprimidas de la ciudad y se insiste en fijar en la Ley de Hacienda tarifas diferenciales para las descargas industriales y comerciales que más contaminan.
En una ciudad como la capital de la República rodeada de la gran conurbación que constituye la zona metropolitana, que concentra a más de 17 millones de mexicanos, es imperativo proporcionar protección a la población en sus derechos y propiedades. Este programa incluye la remodelación de los edificios policiacos, la adquisición de armamento moderno, la compra de otras 500 patrullas y la retabulación del personal, iniciado en 1983. El presupuesto de seguridad pública es de
3.9% del total y representa un esfuerzo serio para hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes en la materia.
Los programas prioritarios de educación básica preescolar; educación básica primaria, educación secundaria general y educación media tecnológica, incluyen la construcción de 93 escuelas, que representan una inversión de 4 mil 7.1 millones de pesos. Esta cifra es exclusivamente para llevar a cabo las obras, pues el Programa Suelo incluye 57 mil 142 metros cuadrados de predios para la construcción de escuelas. Asimismo, se propone destinar 421 millones de pesos para la conservación y mantenimiento de mil 492 escuelas. La inversión es sólo del 1% del total del presupuesto y supone sumar ciertos recursos del Programa Emergente del Empleo. En general, las asignaciones y las metas de 1984 son superiores a las de 1983. Se entiende también que las metas de construcción son fijadas por la Secretaría de Educación Pública, en función de los programas educativos que responden a las necesidades del Distrito Federal. Pero por lo que toca a la conservación y el mantenimiento que están a cargo de las delegaciones políticas se considera insuficiente el presupuesto.
Por estas razones y aceptando que la mayoría de las escuelas requieren de mantenimiento, pero además de reposición de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, incluyendo los muebles sanitarios, se modifica el presupuesto de 421 millones a 2 mil 921 millones de pesos, de modo que el mantenimiento sea de la mayor calidad, en especial en la impermeabilización de azoteas y en el cambio total de instalaciones de muebles de baño. Dado que no conviene aumentar esta cifra a la del presupuesto total, se transfieren 2 mil 500 millones del Programa Administración del Departamento del Distrito Federal. Este programa tiene una asignación de 44 mil 439 millones, superior en 66% al presupuesto de 1983, pero considerando una inflación promedio de 40% el diferencial sería del orden de 7 mil millones, que es la cifra aproximada que se prevé para incrementos de sueldos. Por consiguiente, la disminución a 41 mil 839 millones exige aumentar la eficiencia de la administración del Departamento del Distrito Federal, para llevar a cabo con éxito los 37 programas del Sector.
Se advierte, además, que el presupuesto total de 447 mil 788 millones 700 mil pesos, no debe modificarse y que la reorganización del Departamento del Distrito Federal, derivada de su nueva Ley Orgánica, no debe modificar los programas, simplemente reasignar responsabilidades sin alterar el presupuesto total que se autorice, ni los presupuestos de los programas que lo componen.
Uno de los problemas más graves del país y del Distrito Federal es el déficit de viviendas y el problema financiero que implica su solución, dadas las actuales tasas de interés. En la capital de la República ha aumentado el hacinamiento, ha habido un desplazamiento hacia la zona conurbada del estado de México y se han aumentado las rentas sin regulación alguna, lo cual está incidiendo en las economías familiares, tanto de las clases populares como de las clases medias. Existen desde hace años en casi todas las colonias, donde se cuenta con todos los servicios públicos, vecindades y ciudades perdidas en donde numerosas comunidades viven en condiciones de insalubridad y de inestabilidad, de construcciones de muy diferentes edades, fabricadas con muy diversos materiales.
Por todo esto, la H. Cámara de Diputados creó en el Presupuesto de 1983, un fondo de mil millones, como capital semilla que atendiera el mejoramiento de vivienda, la vivienda nueva hecha por autoconstrucción y la vivienda terminada. En relación con este particular, estas Comisiones reiteran la necesidad de que los montos integrados en la caja de previsión para los trabajadores sindicalizados a lista de raya se destinen, prioritariamente, a la construcción de vivienda.
En relación con los razonamientos anteriores, las comisiones unidas opinan que el presupuesto de 3 mil 880 millones 200 mil pesos, que incluye aproximadamente mil millones de las cajas de previsión para los trabajadores a lista de raya y de Policía del Distrito Federal, no es suficiente para atender al Programa de Vivienda. Sin embargo, el Programa Emergente del Empleo asignará aproximadamente mil 500 millones para vivienda terminada. Además, el Departamento del Distrito Federal se coordinará con el FOVI, el FOVISSSTE y el Fondo de Habitaciones Populares, con lo cual se espera incrementar el presupuesto de este programa en 5 mil 525 millones. A este esfuerzo, deberán sumarse los terrenos propiedad del Departamento del Distrito Federal, localizados en toda la ciudad, mismos que cuentan con todos los servicios. También es de tomarse muy en cuenta que algunos grupos no asalariados cuentan con terrenos o recursos económicos suficientes para que, con la orientación y facilidades que conceda el Departamento del Distrito Federal, se puedan implementar programas que suman varios miles de millones de pesos.
De esta manera pueden fijarse los siguientes objetivos: 6 mil acciones de autoconstrucción, mil 500 acciones de mejoramiento de vivienda y 500 acciones de vivienda terminada. Obviamente, el Programa requiere de gastos de operación que deben estar incluidos en el Programa de Administración del Departamento del Distrito Federal y que son indispensables para cumplir adecuadamente con la coordinación y con la ejecución de las obras.
El Programa de Vivienda demostró en 1983 que la vivienda por autoconstrucción puede hacerse verticalmente, que es menor el costo al de la vivienda terminada tradicional, que se genera un motivo de integración y cohesión social invaluable y que la renovación urbana influye determinantemente en la renovación social y económica.
Dado que parte de los recursos presupuestales en 1983 se convirtieron en créditos de interés social para atender a familias con ingresos
menores a dos salarios mínimos, que hasta ahora no han sido comprendidos en los programas de vivienda, es muy importante que esta H. Cámara reciba informes sobre su asignación y sobre su recuperación para constatar que, efectivamente, está funcionando la idea de capital semilla que lleva implícita la revolvencia necesaria para seguir invirtiendo.
Se considera también que debe existrir una estrecha coordinación con la SEDUE, responsable del programa de vivienda a nivel nacional y que es indispensable continuar los estudios para legislar sobre vivienda en renta, evitando las injusticias que se hacen con los inquilinos y simultáneamente promoviendo la inversión en este tipo de inmuebles.
Dada la necesidad de ordenar el espacio urbano, el Programa Suelo presupuesta 4 mil 880 millones 800 mil pesos, o sea, el 1.1% del total para adquirir 264 mil 107 metros cuadrados de predios para la construcción de escuelas y la ejecución de diversas obras. Asimismo, se expropiarán 2 millones 792 mil 857 metros cuadrados para incrementar la reserva territorial del Departamento del Distrito Federal y poder regular el crecimiento físico de la Ciudad, conforme lo señalan los programas de desarrollo de la capital de la República.
Dado que los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal incluyen la regularización de la tenencia de la tierra, el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra propone destinar 523 millones 400 mil pesos a la regularización de 21 mil 908 predios y a la escrituración de 50 mil propiedades. Este presupuesto es 75% mayor al de 1983. Desde luego, la tranquilidad social inherente a los plenos derechos de los ciudadanos sobre los predios en que se asientan, hace importante cualquier presupuesto; pero desafortunadamente estas situaciones de tantos años y tantas complicaciones jurídicas requieren de tiempo y de concluir acciones como la del catastro agrario del Distrito Federal, iniciado en 1983, que es indispensable para regularizar más de 250 mil predios.
El programa de Salud debe enfocarse fundamentalmente a los grupos económicamente más débiles, por lo que es indispensable modernizar los hospitales de urgencia Rubén Leñero, Xoco, Balbuena y La Villa. Las metas de pacientes, órganos, vacunas y medicinas, fueron fijadas por las autoridades médicas, en base a la experiencia de 1983. Este programa tiene un presupuesto de 7 mil 365 millones 800 mil pesos, 129% mayor que el de 1983, y del 1.7%, respecto al presupuesto total. Debe considerarse también la coordinación de servicios médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Departamento del Distrito Federal.
El bienestar social de los trabajadores del Departamento del Distrito Federal se fortalecerá mediante préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios y la atención de 5 mil 750 jubilados. Este programa, que permitirá mejorar los niveles de vida de los trabajadores de la Ciudad, es de 3 mil 811 millones 700 mil pesos.
Una concentración urbana como la del Distrito Federal requiere atender el saneamiento ambiental y lograr un mínimo de limpieza, asunto en el que todos los colonos de la Ciudad debían estar sanamente comprometidos. El Programa Imagen Urbana, Saneamiento Ambiental y Limpieza, tiene asignado el 1.9% del presupuesto total que es prácticamente 100% superior al de 1983.
Es muy importante elevar los niveles de eficiencia de los servicios otorgados a la población marginada socialmente. Es por esto que el Programa de Protección Social destina mil 309 millones 100 mil pesos, mayor en 11% al presupuesto de 1983, para atender a 133 mil 679 personas con necesidades de un desarrollo integral humano que les permita incorporarse a la vida activa del país. Este programa incluirá la construcción de dos unidades de protección social, la rehabilitación de diez y el proyecto de una. En estas casas albergues se atenderá a indigentes, a alcohólicos, a drogadictos y a otras personas que requieran de la ayuda de la comunidad.
Otros programas importantes incluidos en el proyecto de Presupuesto de 1984 son el de Aportaciones a la Ministración de Justicia, al que se destinan 7 mil 292 millones 500 mil pesos; superamos en un 216% al presupuesto de 1983, dadas las retabulaciones de sueldos al personal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia, así como al cambio de la DIP a la citada Procuraduría.
A la rehabilitación y readaptación social de las personas que han sido privadas de su libertad, por haber incurrido en algún delito, se propone asignar 3 mil 614 millones 800 mil pesos, superiores en 176% al presupuesto de 1983.
Los programas de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de los programas del Distrito Federal se consideran indispensables para cumplir con los preceptos de la Ley de Planeación, establecen la indispensable relación con el Sistema Nacional de Planeación; formulan y actualizan el Programa de Mediano Plazo y de los Programas Operativos Anuales y se integran a las metas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. El presupuesto de estas acciones es de mil 193 millones que representa el 0.3% del total. El presupuesto de administración fiscal tiene por objeto lograr una mayor eficiencia en la captación, registro, control y vigilancia de los ingresos fiscales de la entidad, tanto los directos como los federales. La recaudación estimada para 1984 es de 222 mil 409 millones, superior en 58% a 1983.
La participación en impuestos federales será de 179 mil 600 millones que incluyen IVA, tenencia de vehículos y una parte del Impuesto Sobre la Renta. El presupuesto de este Programa es 2.7% del total de captación, superior en 70% al de 1983, dado el aumento de la recaudación, la inflación, el aumento de salarios mínimos de junio de 1983 y los sobresueldos.
El Programa incluye los estudios catastrales necesarios para cubrir todos los predios y construcciones del Distrito federal y vincular sus cuentas con los de consumo de agua, cuya instalación de medidores quedaría comprendida en el Programa de Agua Potable.
Se insiste en la cobertura total de los predios para 1985, en la medición del agua a un plazo sexenal y en la formulación de una nueva Ley de Hacienda que observe la participación en los impuestos federales, impuestos diferenciales para los diferentes usos y descargas de agua, impuestos prediales progresivos y más equitativos y tarifas para el transporte urbano que consideren los gastos de operación, los subsidios y el impacto social de cualquier incremento. Desde luego, es fundamental tomar las medidas que disminuya a evasión fiscal.
El Programa de Fomento Forestal tiene un presupuesto de 5 mil 19 millones 700 mil pesos, superior en 137% al de 1983. Incluye 900 millones para el desarrollo del Sector Agropecuario en Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. Las metas de producción y mantenimiento de árboles en la zona metropolitana, así como la conservación de áreas verdes, además de influir en la ecología y el medio ambiente, propicia la captura de agua de lluvias y coadyuvan a la recarga de acuíferos y a la regeneración de manantiales, lo cual contribuye al abastecimiento de agua potable del Distrito Federal.
Se recomienda que este Programa observe a la zona metropolitana en su conjunto y que se lleve a cabo especialmente en las zonas rurales del sur de la Ciudad de México.
Uno de los problemas fundamentales de la crisis económica son los abastos, comercialización y precios de los productos alimenticios básicos, razón por la que es muy importante la regulación de la actividad comercial en la zona metropolitana y asegurar el abasto de bienes de consumo de primera necesidad. Estos objetivos están considerados en los Programas de Reglamentación y Fomento del Comercio y Comercialización de Bienes de Primera Necesidad. El presupuesto del primer programa es de mil 756 millones 700 mil pesos, seis veces superior al de 1983. El del segundo programa es de 3 mil 512 millones 200 mil pesos, 87% superior a 1983.
Estos programas incluyen la modernización y mantenimiento de mercados, la venta de artículos básicos en 49 tiendas y la coordinación de los esfuerzos con todos los canales de distribución para conformar un sistema de abasto eficiente e integral.
Los programas de Promover y Coordinar Actividades Culturales, Promoción y Difusión de la Educación Física y el Deporte y Comercialización de Productos Específicos, tienen que ver la promoción de actividades culturales y del deporte. Todos tienen presupuestos superiores a 1983 y suman un total de más de 5 mil 153 millones 700 mil pesos.
Dada la importancia del turismo en el Distrito Federal se apoya a los prestadores de este servicio con un presupuesto de 114 millones 100 mil pesos, superior al de 1983 en un 73%.
Con objeto de estudiar la descentralización, la desconcentración y el desarrollo armónico del medio urbano de la Ciudad de México se proponen 2 mil 616 millones 800 mil pesos de presupuesto para el Programa Planeación de los Asentamientos Humanos.
El esfuerzo de descentralización se hace también notable en los programas Planeación del Departamento del Distrito Federal, Regularización de la Tenencia de la Tierra y Suelo.
El Programa de Mejoramiento Urbano atiende las necesidades de iluminación de la Ciudad, la construcción de estacionamientos, la conservación de centros de barrios y la regeneración de varios parques, en especial el Bosque de Calputepec. Este programa tiene un presupuesto de 17 mil 141 millones 700 mil pesos, 137% superior a 1983, dadas las metas fijadas, muy superiores y diferentes a las del año anterior.
Se recomienda que en especial el subprograma de lámparas atienda preferencialmente a las zonas de menores recursos, dada su influencia en la vida urbana y en la prevención de la delincuencia.
La conservación de la carpeta asfáltica de las calles de nuestra gran Ciudad, el mantenimiento de semáforos, la construcción de la vialidad conexa al Metro, los pasos peatonales y el cambio de la planta asfáltica en Ciudad Universitaria son asuntos indispensables para la vitalidad y para la seguridad de peatones y conductores. Estas metas están contempladas en el Programa de Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, que tiene un presupuesto de 17 mil 109 millones 700 mil pesos, superior en un 109% al de 1983.
Es muy importante que este programa establezca prioridades para dar atención preferente a las colonias que no cuenten todavía con pavimentación y banquetas.
En una ciudad como el Distrito Federal son frecuentes los casos de siniestro, por lo que se dedican 428 millones 500 mil pesos al Programa de Servicios contra Siniestros que atenderán los cuerpos de bomberos y de rescate, así como la coordinación general para la atención de desastres urbanos.
No se había incluido antes y se considera de gran relevancia el Programa de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, que tiene por metas prevenir y controlar la contaminación atmosférica, del agua y del suelo; crear la conciencia pública del problema, efectuar el diagnóstico de vehículos contaminantes y proteger mediante programas educativos y de capacitación 5 millones de metros cuadrados de áreas verdes. Este programa tiene un presupuesto de mil 203 millones 300 mil pesos, que se considera mínimo para las grandes necesidades de investigación tecnológica y de acción preventiva que plantea este fenómeno.
Como es sabido, el Distrito Federal es un ejemplo de modernidad y atraso, de bajos niveles de nutrición, de un gran déficit de vivienda, de un bajo nivel de escolaridad, de un hábitat precario, de una concentración de la demanda educativa, de desintegración cultural,
de analfabetismo funcional, encarecimiento de alimentos, asentamientos irregulares, deficiente administración de justicia, inseguridad pública, especulación sobre el uso del suelo, escasez de agua, insuficiente transporte público, altos niveles de contaminación y una inadecuada planeación financiera.
Estos problemas requieren mejorar la calidad de vida de los capitalinos, generar empleo, proporcionar vivienda, atender mejor el abasto y comercialización de bienes de primera necesidad, implantar mejores sistemas de organización, fortalecer la capacidad financiera del Departamento del Distrito Federal, integrar el desarrollo de la zona metropolitana y promover la descentralización en la relación de la Ciudad de México con otras regiones, y en la distribución y reordenamiento de las actividades del Distrito Federal.
El Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro ya plantea estrategias para estimular la participación social y controlar y ordenar el crecimiento de la zona metropolitana. Asimismo, señala de la región centro, lineamientos para el reordenamiento territorial, la ubicación selectiva de las actividades industriales y para el desarrollo rural integral.
Las líneas de acción son la descentralización administrativa y la desconcentración industrial; el abastecimiento y uso racional del agua, el control en el uso del suelo; el ordenamiento de la vialidad y el transporte; el control ambiental y la protección ecológica; la información para la planeación y la administración del crecimiento urbano; la seguridad ciudadana y el financiamiento del desarrollo con tres estrategias: incrementar los ingresos de los gobiernos de la zona; reorientar la asignación de los recursos de acuerdo a prioridades sociales, económicas y financieras y mantener el nivel de endeudamiento dentro de la capacidad financiera de las haciendas locales.
Las comisiones unidas consideran que en general, el proyecto de presupuesto cumple con el Programa de Reordenamiento Económico, promueve la mejoría de las clases sociales más desprotegidas, considera las estrategias y líneas de acción del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en la Región Centro, y está en el camino de llevar a cabo los cambios estructurales que requiere la capital de la República. Sin embargo, es importante insistir en la necesidad de incrementar los esfuerzos de descentralización industrial, comercial y administrativa; plantear el abastecimiento de agua potable en toda la zona metropolitana, considerando, los efectos de los aumentos de la demanda, en las necesidades de la región centro; planear el drenaje de la ciudad de México, tratando de dar el mayor uso al agua tratada y buscando que la descarga del drenaje profundo no lleve contaminación a otras cuencas; establecer medidas de corto plazo que detengan el deterioro del medio ambiente en toda la zona metropolitana, estableciendo la coordinación necesaria en los gobiernos estatales y municipales, de modo de planear conjuntamente el desarrollo urbano e industrial y controlar las fuentes contaminantes; insistir en los programas de reordenamiento urbano que impidan el crecimiento desordenado y regular los asentamientos humanos que están creciendo en la zona conurbana del Distrito Federal, con motivo del desplazamiento de capitalinos hacia los municipios del estado de México; reorientar el crecimiento de la ciudad creando reservas territoriales suficientes y deteniendo la especulación del suelo; organizar lo necesario para resolver el problema de la vivienda en venta y en renta para la cual debe existir una relación entre el costo financiero, la inversión y el salario que regula las rentas actuales y que promueve la construcción que requiere el gran déficit habitacional; reubicar las industrias altamente contaminantes y no permitir la localización en el Valle de México de industrias que requieran altos consumos de agua y de electricidad; acelerar los programas de regularización de la tierra y ofrecer a los habitantes del Distrito Federal los servicios indispensables que demandan, muy especialmente los que en este dictamen se califican de prioritarios por su importancia social y económica.
Conviene también insistir en algunos asuntos ya propuestos en el dictamen del Presupuesto de Egresos de 1983, que se refieren fundamentalmente a la necesidad ineludible de vincular la planeación y los programas con el ejercicio presupuestal, en un ejercicio permanente de desconcentración que robustezca la acción de las delegaciones políticas y que haga permanente la evaluación de los programas mediante la participación ciudadana a una escala que permita una mejor comunicación entre los colonos y las autoridades de la ciudad. Creemos que, en especial, los programas educativos, de salud, de seguridad pública, de vivienda, de agua y drenaje y de saneamiento y limpieza exigen una mayor participación de las 16 delegaciones del Distrito Federal.
Dado que el Presupuesto debe ejercerse con estricto apego a la legislación vigente, consideramos que deben vigilarse el particular cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de Obras Públicas y la Ley de adquisiciones, que relacionan la planeación con el financiamiento, los programas, los proyectos, las obras y adquisiciones.
Es también importante señalar la necesidad de conjugar la eficiencia con la honestidad, que permita tomar decisiones adecuadas y oportunas que eliminen el dispendio y que cumplan óptimamente con los objetivos sociales que llevan consigo los programas cuyo presupuesto se dictamina.
Los problemas del Distrito Federal son extraordinariamente complejos y este proyecto de Presupuesto refleja que en el marco de austeridad que exige la Segunda Etapa de Reordenamiento Económico, se cumplen los mínimos que exige nuestra capital para lograr el difícil equilibrio entre la descentralización
y la atención suficiente de los servicios de la gran ciudad.
Después de este somero análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos 1984, siguiendo los lineamientos del dictamen de 1983, se relacionan a continuación los programas que consideramos prioritarios y que no deben ser modificados, a la baja, por las autoridades en su manejo presupuestal:
Deuda Pública y su servicio;
Transporte Urbano;
Agua potable;
Drenaje y tratamiento de aguas negras;
Ministración de justicia y seguridad pública;
Programas educativos;
Vivienda;
Suelo y regularización de la tenencia de la tierra;
Salud;
Imagen urbana, saneamiento y limpieza;
Protección social;
Abastos y comercialización de bienes de primera necesidad, y Prevención y control de contaminación ambiental.
Por lo que respecta a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos coincidimos en todas sus partes, muy especialmente en lo relativo a la consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro, y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación. Asimismo con la intervención de la Secretaría de Programación y Presupuesto en la verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos y en el cumplimiento de los calendarios de pago. Estamos también de acuerdo en que el Departamento del Distrito Federal vigile que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto autorizado y que no se cambie el presupuesto y las metas de los programas prioritarios.
Coincidimos, además, en las medidas que regulan la creación de nuevas plazas, la autorización de servicios personales y las limitaciones a otras erogaciones que deberán eliminarse o reducirse al límite indispensable. Asimismo, las políticas relativas a subsidios aportaciones, transferencias y donativos.
También aprobamos las intervenciones relativas de las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de sus atribuciones.
De acuerdo con el análisis de los programas y las facultades de esta H. Cámara, la iniciativa se reforma en los siguientes artículos:
Artículo 3o. El presupuesto del Programa Administración del Departamento del Distrito Federal se modifica de 44 mil 439 millones de pesos, a 41 mil 939 millones. Asimismo, el presupuesto de los Programas de Educación cambian de 4 mil 428 millones 100 mil pesos a 6 mil 928 millones 100 mil, con los mismos totales.
Artículo 12. A los programas prioritarios que aparecen en la iniciativa se añade el de Ministración de Justicia, el de Protección Social, el de Abasto y Comercialización de Bienes de Primera Necesidad y el de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Artículo 28. Se reforma la tabla que señala los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria, tomando en cuenta que el monto máximo que se puede adjudicar sin licitación no tiene por qué depender de la inversión total autorizada y que los montos fijados para adjudicarse mediante convocatoria no requieren de la progresividad propuesta, dadas las realidades de la actividad constructora y las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas.
Artículo 29. Se modifica de modo que los informes trimestrales que el Departamento del Distrito Federal haga llegar a la H. Cámara de Diputados incluyan la ejecución de la Ley de Ingresos y los avances de la consecución de las metas de los principales programas del Presupuesto de Egresos.
Artículo segundo transitorio. Se agrega la mención de que la reorganización implícita en la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, no implica modificaciones a los programas ni a los presupuestos contenidos en el Presupuesto de Egresos.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 65, 74, fracción IV; 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 23, 25 y demás relativos a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 57 y demás disposiciones aplicables a la de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Dictaminadoras que subscriben proponen a esta H. Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1984
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año 1984, se sujetará a las disposiciones de este Decreto y a las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las Unidades Administrativas del Departamento del Distrito Federal, erogaciones adicionales de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinadas sectorialmente por éste y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de: $ 346,208.700,000.00 (trescientos cuarenta y seis mil doscientos ocho millones, setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
Y se distribuye de la forma siguiente:
Jefatura del Departamento $ 169 464 000.00
Secretaría General de Gobierno "A" 80 794 000.00
Secretaría General de Gobierno "B" 915 048 000.00
Secretaría General de Obras y Servicios 298 832 000.00
Oficialía Mayor 89 314 000.00
Consejo Consultivo 19 004 000.00
Contraloría General 467 711 000.00
Tesorería 5 945 188 000.00
Dirección General de Policía y Tránsito 17 313 176 000.00
Dirección General de Relaciones Públicas 625 950 000.00
Dirección General jurídica y de Gobierno 524 395 000.00
Dirección General de Trabajo y Previsión Social 155 475 000.00
Dirección General de Acción Social y Cultural 924 996 000.00
Dirección General de Servicios Médicos 5 973 862 000.00
Dirección General de Protección Social y Servicio Voluntario 529 043 000.00
Dirección General de Reclusorios y Centros de
Readaptación Social 2 369 932 000.00
Dirección General del Registro Público de la Propiedad 507 146 000.00
Dirección General de Promoción Deportiva 1 318 655 000.00
Dirección General de Turismo 114 066 000.00
Dirección General de Planificación 9 090 070 000.00
Dirección General de Obras Públicas 21 334 143 000.00
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 21 824 033 000.00
Dirección General de Promoción Económica 54 580 000.00
Dirección General de Información, Análisis Estadístico,
Programación y Estudios Administrativos 242 554 000.00
Dirección General de Servicios Administrativos 4 287 635 000.00
Delegación Alvaro Obregón 2 007 185 000.00
Delegación Azcapotzalco 2 135 178 000.00
Delegación Benito Juárez 2 144 750 000.00
Delegación Coyoacán 1 940 890 000.00
Delegación Cuajimalpa de Morelos 1 000 508 000.00
Delegación Cuauhtémoc 4 813 433 000.00
Delegación Gustavo A. Madero 3 788 387 000.00
Delegación Iztacalco 1 317 075 000.00
Delegación Iztapalapa 2 537 065 000.00
Delegación Magdalena Contreras 979 036 000.00
Delegación Miguel Hidalgo 3 214 314 000.00
Delegación Milpa Alta 723 246 000.00
Delegación Tláhuac 1 110 806 000.00
Delegación Tlalpan 1 261 751 000.00
Delegación Venustiano Carranza 2 744 601 000.00
Delegación Xochimilco 1 522 060 000.00
Comisión Coordinadora para el Desarrollo
Agropecuario del Distrito Federal 602 474 000.00
Coordinación de Abasto y Distribución del Distrito Federal 1 025 299 000.00
Comisión de Vialidad y Transporte Urbano 60 553 000 000.00
Comisión de Ecología del Distrito Federal 603 402 000.00
Planta de Asfalto del Distrito Federal 1 472 663 000.00
Servicio Público de Boletaje Electrónico 102 218 000.00
Almacenes para los Trabajadores del Departamento
del Distrito Federal 140 527 000.00
Servicio Público de Localización Telefónica 109 674 000.00
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 364 500 000.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 164 941 000.00
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2 155 274 000.00
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 2 972 343 000.00
Cooperación y Seguridad Social 250 000 000.00
Servicios de las Dependencias 34 728 578 000.00
Servicios de las Delegaciones 9 377 156 000.00
Aportaciones a Organismos Descentralizados 44 690 400 000.00
Importe del gasto directo $287 718 800 000.00
EROGACIONES ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Sistema de Transporte Colectivo $ 14 341 600 000.00
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 4 439 700 000.00
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 32 379 100 000.00
Industrial de Abastos 2 537 100 000.00
Caja de Previsión para los trabajadores a lista de raya 2 221 100 000.00
Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal 2 082 000 000.00
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 489 300 000.00
Importe del gasto de organismos $ 58 489 900 000.00
Artículo 3o. Las erogaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas, costos, unidades responsables de su ejecución y asignaciones presupuestales que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:
Administración del Departamento del Distrito Federal $ 41 939 000 000.00
Aportaciones a la Ministración de Justicia 7 292 500 000.00
Seguridad Pública 17 556 500 000.00
Rehabilitación Social 3 614 800 000.00
Planeación 118 500 000.00
Programación 275 500 000.00
Presupuestación 450 000 000.00
Evaluación 349 400 000.00
Administración Fiscal y Recaudación 5 945 200 000.00
Fomento Forestal 5 019 700 000.00
Transporte Urbano 152 389 200 000.00
Reglamentación y Fomento del Comercio 1 756 700 000.00
Comercialización de Bienes de Primera Necesidad 3 512 200 000.00
Comercialización de Productos Específicos 102 200 000.00
Turismo 114 100 000.00
Protección al Trabajador 520 000 000.00
Salud 7 365 800 000.00
Protección Social 1 309 100 000.00
Seguridad Social 3 811 700 000.00
Planeación de los Asentamientos Humanos 2 616 800 000.00
Mejoramiento Urbano 17 141 700 000.00
Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad 17 109 700 000.00
Regularización de la Tenencia de la Tierra 523 400 000.00
Vivienda 3 880 200 000.00
Agua Potable 16 056 300 000.00
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 8 575 100 000.00
Suelo 4 880 800 000.00
Servicios Contra Siniestros 428 500 000.00
Educación Básica Preescolar 769 012 000.00
Educación Básica Primaria para Niños 2 211 200 000.00
Educación Secundaria General 3 799 051 000.00
Educación Media Tecnológica 148 837 000.00
Promover y Coordinar Actividades Culturales 2 284 900 000.00
Promoción y Difusión de la Educación Física y el Deporte 2 766 600 000.00
Imagen Urbana, Saneamiento Ambiental y Limpieza 8 371 200 000.00
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 1 203 300 000.00
Total $ 346 208 700 000.00
Artículo 4o. El gasto destinado a la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal para el año de 1984, se distribuye de la siguiente manera:
Amortización $ 16 380 000 000.00
Servicio de la Deuda 77 700 000 000.00
Adeudos Anteriores 7 509 000 000.00
De acuerdo a la apertura programática, estas asignaciones se ejercerán en el Programa Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal, que importa la cantidad de $ 101,580.000,000.00 (ciento un mil quinientos ochenta millones de pesos 00/100 moneda nacional).
Artículo 5o. Los Titulares de las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y Entidades del Sector, en relación con los objetivos y prioridades del Plan y los programas de desarrollo, a fin de que adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el Titular del Departamento del Distrito Federal, respecto de las entidades paraestatales agregadas en el Sector que coordina el Departamento.
Artículo 6o. En el ejercicio del presente presupuesto, las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector, se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 9 y 25 de este Decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pago que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 7o. La Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen los informes y documentos que les sean requeridos en relación al ejercicio de sus presupuestos y al avance trimestral de las metas señaladas en los programas que tengan a su cargo;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos; y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 8o. El Departamento del Distrito Federal en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los Directores, Vocales Ejecutivos, Administradores o Gerentes de los Organismos Descentralizados o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las Unidades Administrativas y Entidades a su cargo; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 9o. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1984 excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Tratándose de excedentes de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 12 del Capítulo Segundo de este Decreto.
II. Por lo que respecta a los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector Departamento del Distrito Federal se aplicarán para el desarrollo de programas prioritarios.
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria por conceptos de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, hará trimestralmente el análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la Cuenta Pública correspondiente.
Artículo 10. Todas la cantidades que se recauden por cualesquiera de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales Artículo 11. Sin perjuicio de lo que establecen el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el Titular del Departamento del Distrito Federal y los de las Entidades Coordinadas sectorialmente por éste, serán responsables, en los términos de este Capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 12. De acuerdo al Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro, se establecen como prioritarios de este Presupuesto los siguientes programas:
- Deuda Pública y su Servicio.
- Transporte Urbano.
- Agua Potable.
- Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.
- Ministración de justicia y seguridad pública.
- Programas Educativos.
- Vivienda.
- Suelo y Regularización de la Tenencia de la Tierra.
- Salud.
- Imagen Urbana, Saneamiento y Limpieza.
- Protección Social.
- Abasto y Comercialización de Bienes de Primera Necesidad.
- Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Artículo 13. Los titulares de las Unidades Administrativas del Sector Departamento del Distrito Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, seguridad pública y transporte urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación y las necesarias para el Programa Emergente del Empleo, previa aprobación del Titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 14. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por conceptos de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del Sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como las señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.
II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de horarios y salarios al personal eventual que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1983, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.
III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en Órganos de Gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros, así como gastos de representación, con excepción de los que autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el Capítulo 1000. "Servicios Personales", excepto los casos que la Secretaría de Programación y Presupuesto autorice.
Artículo 15. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año 1984, no se podrán efectuar:
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud, y para desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
II. Gastos con cargo a la partida de Erogaciones Imprevistas.
III. Gastos relativos a Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.
Artículo 16. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal:
I. Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficinas públicas;
II. Gastos menores de ceremonial y de orden social;
III. Comisiones de personal al extranjero;
IV. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
V. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del Sector Público y el tiempo que por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal;
VI. Otorgamiento de Becas; y
VII. Donativos.
Asimismo, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 17. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1984, se observarán las siguientes medidas:
I. Se deberá aprovechar la mano de obra local y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos.
II. Se continuarán aquellas obras que no impliquen importaciones, limitando o difiriendo, en su caso, las que requieran insumos de procedencia extranjera para su terminación.
III. Se otorgará preferencia a aquellos proyectos en proceso con mayor avance relativo
y de más alta prioridad, con el propósito fundamental de proteger la planta productiva, el empleo y el consumo básico.
IV. Se diferirán las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas o bien, las de carácter ornamental o suntuario.
V. Se otorgará prioridad a las obras complementarias de proyectos en proceso que sean consecuentes y congruentes con las estrategias y objetivos de la planeación nacional del desarrollo.
VI. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, el Sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones.
VII. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Artículo 18. Las erogaciones por conceptos de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de la Zona Metropolitana y de la Región Centro y del Programa de Mediano Plazo y anuales correspondientes y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento deberá ser colectivo, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos,
III. Los subsidios y los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades, productivas de los sectores privado y social, estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos.
V. Los subsidios destinados al apoyo de las Entidades Paraestatales del Sector Departamento del Distrito Federal, se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;
VI. Las Entidades Paraestatales del Sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
VII. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 19. Para la autorización de transferencias a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de Coordinador Sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la Entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos.
II. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase.
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado. El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 20. Cuando de deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de Sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 21. Las Unidades Administrativas del Departamento del Distrito Federal, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda de cualquier clase, con autorización previa y por escrito de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a la que presentarán para este efecto las solicitudes relativas, una vez aprobadas por el Titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 22. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 23. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen
otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Unico de Transferencias. Asimismo los Titulares de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación y recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 24. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el Sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como operar la compensación de créditos o adeudos, del Departamento del Distrito Federal y sus Entidades Coordinadas informarán a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.
Artículo 25. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del propio Departamento y Entidades Coordinadas, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de pagos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 27. El Departamento del Distrito Federal y Entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligados a informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas, de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que se darán a conocer trimestralmente a la H. Cámara de Diputados.
Artículo 28. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus Entidades Coordinadas durante el año de 1984, serán los siguientes:
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Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal presentará un Informe Trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1984. En igual forma presentará un Informe Trimestral sobre los avances en la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su Presupuesto de Egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por subprograma y su correspondiente desglose por proyecto de ejecución del presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Los informes trimestrales mencionados en este artículo se presentarán dentro del mes siguiente al que correspondan y se harán las aclaraciones que requiera la Cámara de Diputados.
Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas de este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal. Para estos efectos, podrá requerir de
las Unidades Administrativas y entidades del citado Sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 31. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector del Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 32. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.
Segundo. El Departamento del Distrito Federal, previa aprobación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, queda facultado para que, conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente Decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, respecto de las unidades administrativas correspondientes, como consecuencia de las adecuaciones a la organización y funcionamiento interno del propio Departamento, resultantes de las modificaciones que a su Ley Orgánica apruebe el Congreso de la Unión, en el entendido que los presupuestos de los programas y el presupuesto total aprobado no se verá modificado por estos traspasos y transferencias, sino que sólo cambiarán las áreas de responsabilidad que resulten de la nueva organización. Del ejercicio de esta facultad del Ejecutivo Federal informará al rendir la Cuenta Anual de Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., 26 de diciembre de 1983.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, José Esteban Núñez Perea, Ma. Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa,
Comisión del Distrito Federal.
Luz Lajous, Presidenta; José Carreño Carlón, Secretario, José Aguilar Alcerreca, Manuel Alvarez González, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez, Pedro Luis Bartilotti Perea, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo y Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, Augusto García Lizama, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Everardo Gámiz Fernández, Ricardo Antonio Govela Autrey, Edmundo Jardón Arzate, Enrique León Martínez, Jorge Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Xóchitl Llarena de Guillén, Armida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Esteban Núñez Perea, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rossel, Jesús Salazar Toledano, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Rubalcaba, Sara Villalpando Núñez."
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DEL MERCADO DE VALORES
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados, recibió de la honorable Colegisladora Cámara de Senadores, la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Ley del Mercado de Valores que por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales correspondientes le remitió el C. Secretario de Gobernación, asimismo,
recibió la minuta originada en el desahogo legislativo realizado por los CC. senadores con la iniciativa en cuestión, mismo que produjo reformas a las que más adelante nos referiremos.
Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 60, 64, y 87 de su Reglamento, la Comisión se permite proponer a vuestra soberanía el siguiente
DICTAMEN
Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, después de detenido estudio y análisis de los documentos en cuestión, a concluido lo siguiente:
La importancia del Mercado de Valores en relación al desarrollo económico del país es de primerísimo orden, y era de urgente atención revisar la legislación relativa a efecto de dinamizar las fuerzas tanto internas como externas que juegan en este mercado, debiendo hacer confluir para dicha dinamización diversos hechos y elementos que en los preceptos vigentes no se había tomado en cuenta de modo cabal.
La iniciativa se encuadra a partir del conocimiento exacto de que el Mercado Mexicano de Valores precisa originarse y asentarse sobre bases más amplias y sólidas, principiando por las de rango moral, tan necesarias e indispensables en esta actividad mercantil, cuyo nervio central está basado en la confianza. De aquí resulta el imperio de legislar hacia una estructura más integral del derecho mexicano de valores, para perseguir y alcanzar fundamentalmente la independencia y la separación necesarias de organismos bursátiles, y de los del mercado, así en el orden de personas como en el de instrumentos y, también con respecto a los organismos oficiales, en el deliberado propósito de proteger y hacer más claras las funciones tanto económicas como sociales de dichas entidades, con vistas a dar una mayor solidez a la economía nacional, a través de las funciones propias de estas instituciones.
Para obtener y alcanzar lo anterior se hacía indispensable la regulación de la información confidencial o privilegiada tendiente a la eliminación de toda perturbación extraña o fraudulenta que pudiera apoderarse del mercado de valores, impedir que quedara monopolizado por unos cuantos privilegiados sin la concurrencia del resto de los mexicanos y de los extranjeros interesados en este tipo de actividades, siendo ésta la parte fundamental de la iniciativa del Ejecutivo Federal.
La reforma que en este renglón de regulación de la información confidencial o privilegiada contiene la iniciativa de Ejecutivo Federal permitirán también, que el Mercado Mexicano de Valores alcance un clima de negocios más estable e importante y más participativo, de mayor confiabilidad y mejor canalización de los recursos y el ahorro.
La Iniciativa persigue que el Mercado Mexicano de Valores tenga el menor número de colapsos posibles a fin de que actúe siempre de manera normal y sin intermitencias de ningún orden, ni que se formen consorcios o grupos que maniobren tras bambalinas el mercado y que desplacen al resto de los inversionistas, sino que se alcance favorecer a todos por igual para alentarlo en mejor y mayor medida.
Se pretende propiciar un desarrollo más sano del Mercado de Valores, tratando de garantizar que la información privilegiada relativa a las sociedades emisoras de valores, se maneje del modo más confiable y sin que se aproveche en forma ilícita por quienes tienen acceso a ella, mientras en tanto no sea materia de divulgación entre el público inversionista, dotándole de una seguridad mayor a los actos de preparación, creación y circulación de los valores regulados por la Ley motivo de reformas y de adiciones.
Del análisis del articulado de adiciones y reformas se constata que el Ejecutivo Federal hizo una revisión completa de todo el articulado y capitulado de la Ley, extendiendo su labor a todo aquello que consideró de especial significación y necesidad.
De esta manera la primera adición la sufre el artículo tercero que, además de las acciones, obligaciones y títulos de crédito, incluye dentro de los valores de mercado a otros documentos que por sus características sean susceptibles de oferta pública de acuerdo con las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Comisión Nacional de Valores, ampliando de esta manera el campo de acción de las operaciones del mercado.
Sufre una reforma también el artículo 7o., que señala como preferenciales los usos bursátiles y mercantiles al propio Código Civil para el Distrito Federal y Federal de Procedimientos Civiles, debido a que el Mercado de Valores se maneja principalmente después de la Ley de la Materia, de acuerdo a los usos y costumbres señalados.
Las reformas alcanzan posteriormente al artículo 14, adicionándose éste con nuevos requisitos y condiciones para obtener y mantener la inscripción de los valores en la Sección de Valores, requisitos que se hacen extensivos a las sociedades que dentro de sus actividades realicen la inversión en el capital de otras sociedades; a las sociedades de capital variable emisoras de valores y a las sociedades controladoras, considerándose como tales, para efectos de esta Ley, aquellas que realicen como actividad exclusiva o concurrente la inversión en acciones o partes sociales de otras sociedades que les permita, directa o indirectamente, ser titulares del 50% o más de su capital, más otras modalidades que precisan determinantemente su intervención.
La principal adición es la contenida en el artículo 16 - bis, mediante el que se propone prever que las sociedades emisoras de valores
o los intermediarios en el Mercado de Valores y las personas a ellas vinculados de alguna manera, que tengan acceso a información privilegiada, no la utilicen en perjuicio del público inversionista ni menos en beneficio propio o de terceros, prohibición que impedirá a estas personas efectuar operaciones con valores de las sociedades emisoras mientras no se produzca la divulgación de la información privilegiada. Esta restricción alcanza también a los accionistas, administradores, funcionarios y apoderados de sociedades emisoras así como a sus cónyuges. Alcanza igualmente a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de las entidades paraestatales relacionadas con ella; a los vocales y secretarios de la junta de gobierno de la Comisión Nacional de Valores, así como también a los agentes y bolsas de valores, así como administradores, funcionarios, empleados y apoderados de ventas de valores de las sociedades anónimas.
Respecto de los servidores públicos y miembros de la junta de gobierno de la Comisión Nacional de Valores, previene la prohibición de operar con éstos por sí o a través de interpósita persona en acciones de sociedades emisoras quedando restringidos a que sólo lo puedan hacer mediante fideicomiso expreso y determinado para dicho fin, y sólo a través de instituciones y sociedades nacionales de crédito.
Como sanción a la inobservancia de lo anterior se previene la nulidad relativa de tales operaciones a favor de la contraparte perjudicada, así como la implantación de multas a los responsables hasta por dos tantos del monto del beneficio obtenido.
Se priva de sus funciones por inhabilitación a las personas físicas, administradores, funcionarios y agentes de valores que no respeten la Ley; y para los servidores públicos, además, se previenen la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades.
Con respecto a los titulares de acciones registradas que realicen en forma simultánea o sucesiva operaciones fuera de bolsa que conlleven la transmisión del 10% o más de las acciones representativas de una sociedad, informen de lo anterior a la Comisión Nacional de Valores para propiciar su divulgación entre el público inversionista.
Otro de los propósitos de la iniciativa es denegar la solicitud de cancelación de valores registrados en tanto no queden salvaguardados los intereses del público y del mercado en general.
La iniciativa contiene también disposiciones con respecto a los valuadores, contrayendo al término de un año el ejercicio de esta función y delimitándola dentro de ciertos requisitos como son los de solvencia moral y económica, capacidad técnica y administrativa, experiencia de tres años, no ser socio en el capital y otras.
En lo referente a la junta de gobierno ésta deberá quedar integrada, por once vocales, cuatro de ellos designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el resto, por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Nacional Financiera; los tres restantes deberán recaer en personas reconocidas en materia bursátil, financiera, industrial y comercial, pero que no sean servidores públicos de entidades involucradas.
Se dan facultades para formular y someter a la aprobación de la junta de gobierno los proyectos de presupuestos de ingresos y de gastos para cada ejercicio anual y que éstos sean aprobados por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Finalmente, la iniciativa da intervención a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para que designe auditores.
El honorable Senado de la República propuso la modificación en la redacción del artículo 3o. para que la expresión "respecto de los cuales se realice oferta pública", califique tanto a los documentos que otorguen derechos de crédito de propiedad o de participación en el capital de personas morales, como a otros documentos que por sus características sean susceptibles de ofrecerse al público, y que mediante disposiciones de carácter general señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En relación al inciso a) de la fracción V del artículo 14, también se modifica la redacción de la iniciativa del Ejecutivo a fin de precisar el periodo durante el cual las sociedades de que se trata deberán acreditar y demostrar los ingresos que las sujetarán al tratamiento propuesto en la iniciativa.
El Senado aclara también algunas disposiciones del artículo 16 - bis en lo concerniente al concepto de información privilegiada, a los sujetos obligados al régimen, a las obligaciones de los accionistas que detenten el control del 10% o más de las acciones representativas del capital de las sociedades emisoras, a la posibilidad de que las personas a que se refieren los incisos d) y e) de la fracción II, también puedan invertir en acciones representativas del capital de sociedades de inversión. Se elimina el inciso h) porque es ambiguo y resulta muy complicado formular suposiciones o hipótesis que abarquen de modo impreciso a todo tipo de personas, que de cualquier manera tengan relación con el Mercado de Valores. También se suprimieron de las menciones de este artículo a los parientes consanguíneos y a los afines o civiles, conservándose únicamente a los cónyuges.
Finalmente, las Comisiones del H. Senado incluyendo una disposición transitoria que regule el tratamiento de la tenencia de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que en su caso hayan adquirido con anterioridad a la vigencia del decreto; los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las entidades de la Administración Pública Paraestatal por ella coordinadas, cuyas actividades los relacionen de manera directa con la promoción, regulación y control del Mercado de Valores, así como de los vocales y secretarios de la Junta
de Gobierno de la Comisión Nacional de Valores y los servidores públicos de la misma, señalando que deberán informar a la referida Comisión Nacional de Valores, dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que esta disposición entre en vigor, sobre estas inversiones.
Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que el Ejecutivo Federal prosigue llevando adelante el compromiso que contrajo de actualización de normas y organización de sus mecanismos de acción, a efecto de perfeccionar en la medida posible nuestras instituciones legales en beneficio del país y del pueblo de México.
Considerando que la iniciativa de reformas propuestas por el Ejecutivo, así como las modificaciones propuestas por el Senado, se ajustan al texto y a los principios de nuestra Constitución, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 87 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., segundo párrafo; 7o.; 14, fracciones V y VI; 17, fracción III; 18, último párrafo; 43, párrafos primero y segundo; 44, fracción V; 45, fracción V; 58 y 66 de la Ley del Mercado de Valores; se adicionan los artículos 3o., con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser el cuarto párrafo de este artículo; 16 con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos de este artículo a ser tercero y cuarto párrafo del mismo; 18 con la fracción V; 23, fracción III, con un inciso e); 41 con una fracción II - bis y los artículos 16 - bis y 53, de y a la propia Ley del Mercado de Valores, y se deroga el último párrafo del artículo 27 de la misma Ley, para quedar como sigue:
"Artículo 3o...
El régimen que establece la presente Ley para los valores y las actividades realizadas con ellos, también será aplicable a los documentos que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de personas morales, así como a otros documentos que por sus características sean susceptibles de ofrecerse al público y que, mediante disposiciones de carácter general, señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Comisión Nacional de Valores, cuando respecto de unos y otros se realice oferta pública".
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Comisión Nacional de Valores, podrá establecer mediante disposiciones de carácter general, las características a que se deberá sujetar la operación con los valores y documentos a que se refiere este artículo.
......"
"Artículo 7o. Las leyes mercantiles, los usos bursátiles y mercantiles, y los Códigos Civil para el Distrito Federal y Federal de Procedimientos Civiles serán supletorios de la presente Ley, en el orden citado."
"Artículo 14. ...
I a IV. ...
V. Que los emisores sigan políticas, respecto de su participación en el mercado de valores, congruentes con los intereses de los inversionistas, a cuyo efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Valores, podrá expedir disposiciones de carácter general que deberán comprender:
a) A las sociedades que dentro de sus actividades realicen la inversión en el capital de otras sociedades, si como mínimo el 20% de sus ingresos tuvo origen en tales inversiones durante el ejercicio social correspondiente al año anterior o aquel en que pretendan obtener o mantener el registro al que se refiere este artículo, independientemente del número de acciones o partes sociales de que sean titulares o de que tengan facultad de determinar el manejo de las sociedades correspondientes."
b) A las sociedades de capital variable emisoras de valores, y
c) A las sociedades controladoras, considerándose como tales, para efectos de esta Ley, aquellas que realicen como actividad exclusiva o congruente la inversión en acciones o partes sociales de otras sociedades que les permita, directa y indirectamente, ser titulares del 50% o más del capital de dichas sociedades o que por cualquier título tengan la facultad de determinar el manejo de las mismas, siempre que dicha inversión sea igual o superior al 20% del capital pagado y de las reservas de la controladora.
VI. Que los emisores proporcionen a la Comisión Nacional de Valores, a la bolsa de valores correspondiente y al público, la información que la propia Comisión determine mediante reglas de carácter general, que deberá comprender el procedimiento para su formulación y presentación.
VII. ....
..."
"Artículo 16. ..
Tratándose de emisores de valores registrados que soliciten la cancelación de la inscripción correspondiente, la Comisión Nacional de Valores no la autorizará hasta en cuanto el emisor no demuestre, a juicio de la propia Comisión, que han quedado salvaguardados debidamente los intereses del público inversionista y el mercado general.
..... ...."
"Artículo 16 - bis. Las personas que por su posición respecto de sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, o del mercado de valores en general, tengan acceso a información privilegiada relativa a una de dichas sociedades
en particular, deberán abstenerse de efectuar operaciones con cualquier clase de valores emitidos por la misma sociedad, en beneficio propio o de terceros, mientras la citada información no sea divulgada entre el público inversionista.
Las citadas personas y emisoras se ajustarán al siguiente régimen:
I. Se entiende por información privilegiada la relativa a una sociedad emisora de valores inscritos en el citado Registro, que en los términos de la presente Ley debe proporcionarse a la Comisión Nacional de Valores, al público inversionista y, en su caso, a la bolsa de valores correspondiente, conforme a los criterios de carácter general que emita la citada Comisión, aún no divulgada entre el público inversionista y cuyo conocimiento, por su naturaleza, pueda influir en los precios de cotización de los valores emitidos por dicha sociedad.
II. Quedan incluidos en lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo:
a) Los administradores, funcionarios y comisarios de las sociedades con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios;
b) Los accionistas de las indicadas sociedades que detenten el control del 10% o más de acciones representativas de su capital social;
c) Los cónyuges de las personas a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción;
d) Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las entidades de la Administración Pública Paraestatal por ella coordinadas, cuyas actividades los relacionen directamente con la promoción, regulación y control del mercado de valores;
e) Los vocales y secretarios de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Valores y los servidores públicos de la misma;
f) Los agentes de valores y, cuando estén constituidos como sociedades anónimas los accionistas que detenten el control del 10% o más de las acciones representativas de su capital social, los administradores, funcionarios, empleados y apoderados para celebrar operaciones con el público, y
g) Los administradores, funcionarios y empleados de las bolsas de valores. III. Tendrán como obligaciones complementarias:
a) Las personas a que se refieren los incisos a) al c) de la fracción anterior informarán a la Comisión Nacional de Valores de las operaciones que realicen con valores emitidos por la sociedad a que se encuentren vinculados en los términos de los propios incisos.
b) Las personas señaladas en los incisos d) al g) de dicha fracción informarán a dicha Comisión de todas las operaciones que realicen con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
c) Las sociedades emisoras informarán a la propia Comisión Nacional de Valores de cualquier cambio en la composición de su consejo de administración así como de las renuncias y nuevas designaciones de funcionarios y comisarios, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que dichos eventos se produzcan. La misma obligación tendrán los accionistas respecto de las variaciones en el porcentaje de su tenencia accionaria, que impliquen la adquisición o pérdida de control de acciones que representen 10% o más del capital de la sociedad de que se trate.
La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, determinará la forma y términos en que deberán proporcionarse las informaciones a que se refieren los incisos anteriores.
IV. Las operaciones celebradas en contravención a lo dispuesto en este artículo, aprovechando información privilegiada, darán lugar a que:
a) Estén afectadas de nulidad relativa y a que la contraparte perjudicada por su celebración pueda demandar ante los tribunales competentes su anulación y el pago de los perjuicios causados.
Dicha acción prescribirá a los seis meses, contados a partir de que la información privilegiada haya sido divulgada entre el público inversionista.
b) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público imponga a cada uno de los infractores, multa hasta por dos veces el monto del beneficio que origine la operación de que se trate.
La imposición de la multa no libera a los infractores de las acciones que procedan y de las demás responsabilidades que sean a su cargo.
c) Las personas a que se refieren los incisos f) y g) de la fracción II, queden inhabilitados para desempeñar actividades en el mercado de valores.
La Comisión Nacional de Valores dictará las medidas que aseguren la efectiva inhabilitación de que se trata.
Además de las obligaciones señaladas en las disposiciones anteriores, las personas a que se refieren los incisos d) y e) de la fracción II, sólo podrán invertir en acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, por conducto de fideicomisos constituidos para ese único fin en instituciones o sociedades nacionales de crédito, o en acciones representativas del capital de sociedades de inversión, absteniéndose de realizar cualquiera otra inversión directa, por sí o a través de interpósita persona. El incumplimiento de esta disposición será sancionada con la destitución del puesto en los términos del Capítulo II del Título Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
"Artículo 17. ..
I y II. ...
III. No ser funcionario o empleado de instituciones u organizaciones auxiliares de crédito, ni propietarios del 10% o más del capital de alguna de estas últimas.
IV y V. ..
"Artículo 18. ..
I a IV..
V. Presentar un proyecto general de funcionamiento de la sociedad que indique:
a) La viabilidad de la misma en el contexto general del mercado de valores y de la intermediación en dicho mercado.
b) Un programa de trabajo que señale los objetivos a corto y mediano plazo.
El acta constitutiva y estatutos de la sociedades de que se trata, así como sus modificaciones, deberán ser aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Obtenida esta aprobación, la escritura o sus reformas podrán ser inscritas en el Registro de Comercio, sin que sea necesario mandamiento judicial, pero deberán proporcionar a dicha Comisión copia certificada de las actas de sus asambleas, y en su caso, la protocolización de las mismas."
"Artículo 23. ..
I a II. ..
III. ...
a) a d) . ..
e) Invertir en acciones de otras sociedades que le presten servicio o cuyo objeto principal sea auxiliar o complementario de las actividades que realicen estos agentes de valores que señale la propia Comisión. Dichas sociedades deberán sujetarse a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional de Valores, así como a la inspección y vigilancia de la misma.
..
IV. y V. ... "
"Artículo 27. ...
(Se deroga el último párrafo)."
"Artículo 41. ...
I y II. ...
II - bis. Autorizar, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los valuadores independientes para efectuar avalúos de activos que apoyarán la cuenta de actualización patrimonial, susceptible de capitalizarse, de sociedades anónimas mexicanas, inclusive de los emisores a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, así como establecer, a través de disposiciones de carácter general, los criterios y medidas a que deberán sujetarse tales valuadores en la formulación de los avalúos que lleven a cabo.
Para obtener esta autorización deberán satisfacer, a juicio de la propia Comisión, los requisitos de solvencia moral y económica; capacidad técnica y administrativa; experiencia de tres años en la realización de dicha actividad, así como no participar en el capital o en los órganos de administración, ni tener relación de dependencia con las sociedades a las que pueden prestar sus servicios, o con agentes y bolsas de valores.
Esta autorización tendrá vigencia anual y podrá ser renovada cuando, a juicio de la Comisión, se sigan reuniendo los requisitos que motivaron su otorgamiento.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y la inobservancia de las disposiciones de carácter general citadas, dará lugar a revocar la autorización, previa audiencia del interesado.
La autorización a que se refiere este precepto es independiente de las que, para efectos distintos, dispongan otras leyes para el desempeño de la actividad valuatoria.
III a XIX.............................,
Artículo 43. La Junta de Gobierno estará integrada por once vocales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará cuatro vocales, uno de los cuales será Presidente de la Comisión. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y Nacional Financiera, S.A. designará un vocal.
La propia Secretaría designará además a los tres vocales restantes, cuyos nombramientos deberán recaer en personas con conocimientos en materia bursátil, financiera, industrial o comercial, que no sean servidores públicos de las entidades citadas.
" Artículo 44. ..
I a IV. ..
V. Aprobar los nombramientos del personal directivo a propuesta de su Presidente. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, designará el auditor o auditores externos.
V a VIII. ..
"Artículo 45
I a IV. ..
V. Formular y someter a aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos de presupuesto de ingreso y de gastos para cada ejercicio anual, y presentarlos una vez aprobados, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Programación y Presupuesto para autorización respectiva.
VI a XI. ..
"Artículo 53. Cuando los titulares de acciones inscritas en bolsas de valores realicen fuera de ellas operaciones simultáneas o sucesivas, que impliquen la transmisión de cuando menos el 10% de las acciones representativas del capital de la sociedad de que se trate, tendrán obligación de informar de las mismas a la Comisión Nacional de Valores, previamente a su celebración, y de sus resultados, tres días después de que se realice la última de ellas, o bien, la circunstancia de no haberse efectuado.
En caso de que las operaciones a que se refiere el párrafo anterior se lleven a efecto, la Comisión Nacional de Valores lo comunicará a la bolsa en que se encuentren registradas las acciones, sin especificar los participantes en la operación."
"Artículo 58. El órgano de gobierno del Instituto será el Consejo Directivo compuesto de once miembros y se integrará con el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, quien lo presidirá con dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con sendos representantes del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros; con un representante de las bolsas de valores, uno de las instituciones de crédito y otro más de las casas de bolsa, a invitación que les formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con tres miembros más designados por la propia Secretaría, cuyos nombramientos deberán recaer en personas con experiencia en materia bursátil, financiera, industrial y comercial, que no sean servidores
públicos de las dependencias o entidades citadas o de los depositantes de valores.
Por cada miembro propietario se designará un suplente."
"Artículo 66. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación designará un auditor externo para auditar y certificar los estados financieros del Instituto. El auditor externo tendrá las más amplias facultades para revisar la contabilidad y documentos del Instituto."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor del día 1o. de enero de 1984 .
Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Artículo tercero. Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las entidades de la Administración Pública Paraestatal por ella coordinadas, cuyas actividades los relacionen directamente con la promoción, regulación y control del mercado de valores; así como las vocales y secretarios de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Valores y los servidores públicos de la misma, deberán informar a dicha Comisión Nacional de Valores, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, la tenencia de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, con anterioridad a dicha vigencia. La falta de informe señalado en este precepto, dará lugar a que la tenencia de acciones quede sometida a las disposiciones de este Decreto".
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. a 26 de diciembre de 1983.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Diputados: Jorge a Treviño, Presidente; Ricardo H. Cavazos Galván, Secretario; Miguel Angel Ramos Acosta, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Ma. Luisa Calzado de Campos, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Manuel Cavazos Lerma, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Enrique León Martínez, Raúl López García Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Angel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas, Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
La C. Presidenta:- En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
La C. Presidenta: En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos de artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El C. secretario Enrique León Martínez:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señora Presidenta se emitieron 341 votos en pro, uno en contra y 11 abstenciones.
La C. Presidenta:- Aprobado en lo general y en lo particular por 341 votos, el proyecto de decreto que reforma la Ley del Mercado de Valores.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: A esta Comisión de Hacienda y Crédito Público fue Turnada para su estudio y dictamen la minuta del proyecto de decreto que remite la H. Cámara de Senadores, relativas a la iniciativa enviada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma el artículo 250 del Código Fiscal de la Federación.
Habiendo revisado los motivos por los cuales se considera procedente reformar este artículo, estimamos que dicha reforma es conveniente por las siguientes razones:
El artículo 250 del Código Fiscal de la Federación, como está redactado actualmente, permite a las autoridades administrativas la posibilidad de interponer el recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el asunto sea de importancia y trascendencia, se considera que el negocio jurídico es de importancia y trascendencia cuando el valor del negocio excede de un millón de pesos.
Las reformas propuestas a este precepto legal son convenientes porque, en primer lugar, la cuantía de un millón de pesos como límite mínimo para considerar el negocio jurídico como de importancia y trascendencia, es un valor que en este momento no corresponde a la realidad actual, ya que muchos negocios en este momento resultan de importancia y trascendencia, cuando en verdad carecen de esa característica.
Por otra parte de el artículo 7o. bis de el Capítulo III - bis, así como la fracción III del artículo 25 de la Ley Orgánica del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen una base diferente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer en vía de amparo directo, una demanda de esta naturaleza. La nueva base que se propone es la de cuarenta veces el salario mínimo elevado al año, conforme a la regla específica en el artículo 3o.- bis de la Ley de Amparo.
La reforma que se propone al artículo 250 del Código Fiscal de la Federación nos parece procedente por las siguientes razones:
a) Las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación cuya cuantía del negocio no excede de 40 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tendrán, de aprobarse esta reforma, el carácter de resolución definitiva, y por consiguiente, ya no podrán ser recurridos por las autoridades administrativas en revisión fiscal ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que dichas autoridades demostraran que el negocio de que se trate como de importancia y trascendencia.
b) El límite propuesto se ajusta al criterio general que adopta la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de más de cuarenta veces el salario mínimo general del Distrito Federal, para que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer en amparo directo o uniinstancial.
Por tales razones consideramos procedente la reforma del artículo 250 del Código Fiscal de la Federación, lo que permitirá una mejor justicia para los contribuyentes y evitar una desmedida acumulación de juicios en la Segunda
Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; por todo lo antes expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo único. Se reforma el artículo 250 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
"Artículo 250. Contra la resolución de la Sala Superior a que se refiere el artículo 249 de este Código, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del plazo de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, mediante escrito dirigido al Presidente de la Segunda Sala, que deberá ser firmado por el titular de la Secretaría de Estado, Departamento Administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo. En dicho escrito deberán exponerse las razones que determinen la importancia y trascendencia del asunto que se trate. Si el valor del negocio excede de cuarenta veces el salario mínimo elevado al año, conforme a la regla especificada en el artículo 3o.- bis de a Ley de Amparo, se considerará que tiene las características requeridas para ser objeto del recurso."
ARTÍCULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F.., a 26 de diciembre de 1983.
Comisión: Hacienda y Crédito Público.
Diputados Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Angel Ramos Acosta, Juan Mariano Acoltizin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, María Luisa Calzada de Campos, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Manuel Cavazos Lerma, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Angel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
La C. Presidenta : - Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
C. Presidenta, se emitieron 344 votos en pro, dos en contra y nueve abstenciones.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, por 344 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que reforma el artículo 250 del Código Fiscal de la Federal.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
"Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto, que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue remitida por la H. Cámara de Senadores.
En la exposición de motivos de la iniciativa formulada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal y en el dictamen de la H. Cámara de Senadores, se señala que el proyecto tiene el propósito de actualizar las disposiciones de la ley mencionada de acuerdo con la estructura y funcionamiento de los tribunales federales, los cuales han experimentado modificaciones durante los últimos años. A ello se agrega la necesidad de actualizar la competencia por razón de la cuantía, de acuerdo con el criterio del salario mínimo elevado al año, en los casos en que aquélla es factor de competencia en las salas administrativa y civil.
Asimismo, se requiere revisar las reglas que determinan el conocimiento de los juicios de amparo que son competencia de la Sala Penal.
Se propone otorgar facultades a las Salas Penal, Civil y Laboral para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito aquellos asuntos que, a su juicio, carezcan de importancia y de trascendencia sociales. Por otra parte, se les faculta para solicitar de los Tribunales Colegiados, de Oficio a petición del Procurador General de la República, la remisión de negocios que estimen de especial entidad y por tanto deban ser resueltos por las propias salas.
La iniciativa amplía la facultad discrecional, como mecanismo complementario de las reglas de competencia establecida por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, estableciendo así la flexibilidad necesaria para evitar el rezago y conservar el conocimiento de las controversias que, por su singular significación social, deben corresponder al más alto tribunal de la República.
En materia de competencia se propone la supresión de algunas reglas, como ocurre con las disposiciones que regulan el conocimiento del recurso de revisión en el amparo contra leyes.
Se propone la modificación del artículo 7o. bis, fracción IV, para regular la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en relación con los recursos de queja.
Se sugiere, asimismo, las adecuaciones necesarias a varias disposiciones de la Ley Orgánica, de acuerdo con el nuevo Catálogo de Puesto del Poder Judicial de la Federación.
Se propone también cambiar las fechas de los periodos de sesiones y recesos la Suprema Corte de Justicia, para adecuarlos al resto de las actividades públicas y privadas.
Se establece la facultad de los funcionarios del Poder Judicial para desempeñar actividades docentes de carácter gratuito y se introducen modificaciones en algunos otros preceptos que no eran suficientemente precisos, como el relativo a la votación de las resoluciones.
La Comisión de Justicia, después de analizar tanto la iniciativa, como la minuta de la Cámara Colegisladora, ha considerado conveniente recomendar la aprobación de esta última en sus términos, tanto porque las razones aducidas en la exposición de motivos son jurídicamente conducentes, como porque responden a exigencias actuales impuestas por la técnica jurídica contemporánea.
La Comisión de Justicia concluye que lo anterior tiene por objeto lograr una administración de justicia más eficiente, más operativa, más funcional y por consecuencia pronta y expedita, como es mandato constitucional, por lo cual someten a la aprobación de vuestra soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 4o., 6o., 8o., 11, 12, 18, 20, 24, a 27, 29, 40, 72, 73, 80, 84, y 90, a 93, en la siguiente forma:
Artículo 4o. Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto que se trate.
..
Artículo 6o. La Suprema Corte de Justicia tendrá los funcionarios que se mencionan a continuación: Secretario General de Acuerdos, Subsecretario de Acuerdos, Oficial Mayor, Directores Generales, Secretarios de Estudio y
Cuenta, Secretarios de Acuerdos de Salas, Contralor, Tesorero y demás que sean autorizados en el presupuesto; debiendo ser todos ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, profesionistas con título expedido por autoridad competente en la especialidad respectiva.
Tendrá, además, Directores de Área, Subdirectores, Subtesorero, Actuarios, Secretarios Técnicos del Semanario y Secretarios Auxiliares de Acuerdos, quienes deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, con título expedido por autoridad competente en la especialidad que corresponda a sus funciones, así como los empleados necesarios para el despacho que determine el presupuesto.
Para ser Secretario General se requiere, además, ser mayor de treinta años y tener, por lo menos cinco años de práctica profesional; los demás funcionarios, con excepción de los Actuarios y Secretarios Auxiliares de Acuerdos, deberán tener práctica profesional no menor de tres años.
Los funcionarios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como los Directores de Área, Subdirectores, Subtesoreros, Subsecretarios de Acuerdos de Sala, Jefe de Actuarios, Jefe de Defensores, Jefe de Departamento, personal de apoyo administrativo y de asesoría directamente adscritos a los funcionarios, cajeros, pagadores y encargados de compras y adquisiciones, deberán ser de confianza. Los demás servidores del Poder Judicial de la Federación no especificados en este precepto deberán ser de base.
Artículo 8o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos periodos de sesiones: el primero comenzará el día dos de enero y terminará el 15 de julio; el segundo comenzará el primero de agosto y terminará el quince de diciembre:
..
..
Artículo 11. ..
I a IV ..
IV.- bis. del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito:
a) Cuando se impugne un tratado internacional o una ley emanada del Congreso de la Unión, vigente en todo el país o sólo en el Distrito Federal, salvo los casos en que, por existir jurisprudencia del pleno, la resolución corresponda a las salas en términos de lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26, y 27 de esta Ley. En estos casos, las revisiones se distribuirán entre las diversas Salas según el turno que lleve la Presidencia de la Suprema Corte conforme al artículo 13, fracción VIII, de esta ley; y
b) ..
V. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de una Ley emanada del Congreso de la Unión, vigente en todo el país o sólo en el Distrito Federal, siempre que se funden en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia.
IV. Del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V y VII del artículo 95 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, siempre que el conocimiento de la revisión en el amparo en que la queja se haga valer, lo haya correspondido al Pleno de la Suprema Corte en los términos del artículo 99, párrafo segundo de la misma ley;
VII al XVI. .. Artículo 12. Son además, atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, las siguientes:
I a VIII. ..
IX. Nombrar a los funcionarios a que se refiere el primer párrafo del artículo 6o. de esta ley, así como a los Actuarios Defensores y Jefes de éstos, con excepción de los que dependan directamente de las Salas; y autorizar a la Comisión de Gobierno y Administración para que nombre el personal que el propio Pleno determine.
X. Remover por causa justificada a los Funcionarios, Actuarios, Defensores y Jefes de éstos, a que se refiere la fracción anterior, y resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos;
XI. Suspender en sus cargos o empleos a los mismos Funcionarios, Actuarios, Defensores y Jefes de éstos, cuando lo juzgue conveniente para el buen servicio o por vía de corrección disciplinaria, y consignarlos al Ministerio Público cuando aparezcan indicados en la comisión de algún delito; XII a XXXII. ..
Artículo 18. Cada una de las Salas tendrá los Secretarios de Estudio y Cuenta, un Secretario de Acuerdos, un Subsecretario de Acuerdos, los Secretarios de Auxiliares de Acuerdos y Actuarios que fueren necesarios para despacho, y el personal subalterno que fije el presupuesto, que serán designados para la respectiva Sala, la que estará facultada para conceder licencias que excedan de quince días, por causa justificada, con goce de sueldo o sin él y, sin goce de sueldo, por más de seis meses, cuando sea procedente con arreglo a la ley por causa de servicio público.
Los Secretarios Auxiliares de Acuerdos y los Actuarios deberán ser licenciados en derecho, de reconocida buena conducta, y los Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretario de Acuerdos y Subsecretarios deberán tener, además por lo menos tres años de práctica profesional.
Artículo 20. Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate.
..
..
..
Artículo 24. ..
I. ..
a) Cuando se impugne un tratado internacional o una ley cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad haya sido definida por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, conforme al turno a que se refiere la fracción VIII del artículo 13 de esta ley.
Cuando se impugne una ley de los Estados por considerarla inconstitucional conocerá también del recurso la Sala, según el turno que llevará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) ..
c) ..
II. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo en materia penal pronuncien los Tribunales Colegiados del Circuito, en las que decidan sobre la constitucionalidad de una ley de los Estados o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, siempre que esa decisión o interpretación no estén fundadas en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia.
III. De los juicios de amparo de única instancia, en materia penal, contra sentencias definitivas por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento cuando se trate:
a) De sentencias dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal cuando en dichas sentencias se comprenda la pena de muerte o una sanción privativa de libertad que excede del término que para el otorgamiento de la libertad caucional señala la fracción I del artículo 20
Constitucional, aunque dicha pena no sea impuesta al quejoso sino a otro sentenciado en el mismo proceso.
b) De sentencias dictadas por Tribunales Militares, cualesquiera que sean las penas impuestas.
c) ..
IV. Del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V, VII, VIII y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que a la Sala le haya correspondido el conocimiento, directamente o en revisión, del amparo en que la queja se haga valer, en términos del artículo 99, párrafo segundo de la misma ley;
V a XVIII. ..
XIV. Cuando a juicio de la Sala, ésta considere que un amparo promovido ante ella carece de importancia y trascendencia sociales, podrá, discrecionalmente, enviarlo al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para su resolución. Cuando la Sala estime, en cambio, que un amparo de que conozca un Tribunal Colegiado de Circuito, por su especial entidad deba ser resuelto por ella, le ordenará al Tribunal respectivo que se lo permita para el efecto indicado.
En ambos supuestos la Suprema Corte de Justicia procederá, únicamente, de oficio o a petición del Procurador General de la República.
XV. De los demás asuntos que la ley le encargue expresamente.
Artículo 25. ..
I ..
a) Cuando se impugne un tratado internacional o una ley cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad haya sido definida por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, conforme al turno que se refiere la fracción VIII del artículo 13 de esta ley.
Cuando se impugne una Ley de los Estados por considerarla inconstitucionalidad conocerá también del recurso la Sala, según el turno que llevará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) ..
c) ..
d) Cuando la autoridad responsable en amparo administrativo sea federal y no sea de las instituidas conforme a la fracción VI, base primera, del artículo 73 de la Constitución, si se trata de asuntos cuya garantía exceda de cuarenta veces el salario mínimo elevado al año, conforme a la regla especificada en el artículo 3o.- bis de la Ley de Amparo, o de asuntos que se consideren a juicio de la Sala de importancia trascendente para los intereses de la Nación, cualquiera que sea su cuantía.
II. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo en materia administrativa pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito en las que decidan sobre la constitucionalidad de una ley de los Estados o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, siempre que esa decisión o interpretación no se funden en la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia.
III. De los amparos de única instancia, en materia administrativa, contra sentencias definitivas, por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, dictadas por tribunales federales, administrativos o judiciales, en juicios de cuantía determinada cuando el interés del negocio exceda de cuarenta veces el salario mínimo anual elevado al año conforme a la regla especificada en el artículo 3o. - bis de la Ley de Amparo, o en juicios que en opinión de la Sala sean de importancia trascendente para los intereses de la Nación cualquiera que sea la cuantía de ellos.
IV. Del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V, VII, VIII y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que a la Sala le haya correspondido el conocimiento, directamente o en revisión, del amparo en que la queja se haga valer, en los términos del artículo 99, párrafo segundo, de la misma Ley.
V a XIII. ..
XIV. Cuando se esté tramitando ante un Tribunal Colegiado de Circuito un amparo directo o un recurso de revisión, en un asunto que a juicio de la Segunda Sala por su especial entidad deba ser resuelto por ella, la propia Sala le ordenará al Tribunal respectivo que se lo remita, para el efecto indicado.
La Suprema Corte de Justicia procederá, únicamente de oficio o a petición del Procurador General de la República.
XV. De los demás asuntos que la ley le encargue expresamente. Artículo 26. Corresponde conocer a la Tercera Sala:
I. ..
a) Cuando se impugne un tratado internacional o una ley cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad haya sido definida por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, conforme al turno a que se refiere la fracción VIII del artículo 13 de esta ley.
Cuando se impugne una Ley de los Estados por considerarla inconstitucional, conocerá también del recurso la Sala, según el turno que llevará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) ..
II. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo en materia civil pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en las que decidan sobre la constitucionalidad de una Ley de los Estados o establezcan interpretación directa de un precepto de la Constitución, siempre que esa decisión o interpretación no estén fundadas en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia.
III. ..
a) En controversias sobre acciones del estado civil, con excepción de juicios sobre rectificación o anotación de actas.
b) ..
c) En juicios del orden común o federal de cuantía determinada cuando el interés del negocio exceda de veinticinco veces el salario mínimo anual, conforme a la regla especificada en el artículo 3o. - bis de la Ley de Amparo.
IV. Del recuso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V, VII, VIII y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, siempre que a la Sala le haya correspondido el conocimiento, directamente o en revisión, del amparo en que la queja se haga valer, en términos del artículo 99, párrafo segundo, de la misma ley;
V a XI ..
XII. Cuando a juicio de la Sala ésta considere que un amparo promovido ante ella carece de importancia o trascendencia sociales, podrá discrecionalmente, enviarlo al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para su resolución. Cuando la Sala estime, en cambio que un amparo del cual conozca un Tribunal Colegiado de Circuito, por su especial entidad, deba ser resuelto por ella, le ordenará al Tribunal respectivo que se lo remita, para el efecto indicado.
La Suprema Corte de Justicia procederá, únicamente de oficio o a petición del Procurador General de la República.
XIII. De los demás asuntos que la ley le encargue expresamente.
Artículo 27. Corresponde conocer a la Cuarta Sala:
I ..
a) Cuando se impugne un tratado internacional o una ley cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad haya sido definida por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte conforme al turno a que se refiere la fracción VIII del artículo 13 de esta ley.
Cuando se impugne una ley de los Estados por considerarla inconstitucional conocerá también del recuso de Sala, según el turno que llevará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) ..
II. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo en materia laboral pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en las que decidan sobre la constitucionalidad de una ley de los Estados o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, siempre que esa decisión o interpretación no estén fundadas en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia.
III. ..
a) a c) ..
IV. Del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V, VII, VIII y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que a la Sala le haya correspondido el conocimiento, directamente o en revisión, del amparo en que la queja se haga valer, en los términos del artículo 99, párrafo segundo, de la misma ley;
V a IX ..
X. Cuando a juicio de la Sala ésta considere que un amparo promovido ante ella carece de importancia y de trascendencia sociales, podrá discrecionalmente, enviarlo al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para su resolución. Cuando la Sala estime, en cambio, que un amparo el cual conozca un Tribunal Colegiado de Circuito, por su especial entidad deba ser resuelto por ella, le ordenará al Tribunal respectivo que se le remita, para el efecto indicado.
En ambos supuestos la Suprema Corte de Justicia Procederá únicamente, de oficio o a petición del Procurador General de la República.
XI. De los demás asuntos que la ley encargue expresamente.
Artículo 29. Son atribuciones de la Comisión de Gobierno y Administración:
I y II. ..
III. Proponer al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 13, fracción XV de esta ley, los nombramientos que deban hacerse de los funcionarios a que se refiere el primer párrafo del artículo 6o. de ésta ley, así como de los Actuarios, Defensores y jefes de éstos que no se encuentren adscritos a la Sala; y nombrar y remover al resto del personal que se menciona en el propio artículo 6o., así como al personal de las oficinas de Correspondencia Común y Pagadores de los Tribunales de Circuito, Colegiado y Unitarios, y de los juzgados de Distrito.
IV a VII. ..
Artículo 40. En el Distrito Federal habrá treinta Juzgados de Distrito, diez en materia penal, diez en materia administrativa, tres en materia del trabajo, seis en materia civil y uno en materia agraria; y en el Estado de Jalisco nueve Juzgados de Distrito, cuatro en
materia penal, dos en materia administrativa, dos en materia civil y uno en materia agraria.
..
Artículo 72. ..
I. Primer circuito, con un Tribunal Colegiado en Materia Penal, cuatro Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, tres Tribunales Colegiados en Materia Civil, tres Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo y dos Tribunales Unitarios.
Treinta Juzgados de Distrito en el Distrito Federal, con residencia en la ciudad de México;
II. ..
Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca;
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez;
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl.
Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca;
Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco;
III y IV. ..
V. Quinto circuito, con un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Hermosillo;
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo;
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón;
.."
..
VI y VII. ..
VIII. ..
..
..
..
..
Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el mismo Estado, con residencia en Ciudad Juárez;
IX a XVI. ..
Artículo 73. ..
I a XVIII. ..
XIX. El Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora y el Juzgado de Distrito en Materia Agraria con residencia en Hermosillo, así, como el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Ciudad Obregón, ejercerán jurisdicción en el territorio que sigue:
1 a 9. ..
XX a XXV. ..
Artículo 80. ..
Los nombramientos que se expidieron en contravención a esta disposición no surtían efecto alguno.
Artículo 84. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los respectivos Secretarios y Actuarios en funciones están impedidos:
I. Para desempeñar otro cargo o empleo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal, de los municipios o de particulares.
II. Para ser apoderados, albaceas judiciales, síndicos, árbitros o asesores y ejercer el notariado y las profesiones de abogado o de agente de negocios.
Se exceptúan de lo anterior los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia, así como las actividades docentes, que deberán ser gratuitas, salvo las relacionadas con el Instituto de Especialización Judicial.
Artículo 90. Los ministros de la suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos de acuerdo con las prevenciones que establece el propio Título Cuarto de la Constitución.
Artículo 91. No podrán ser separados de sus respectivos cargos los demás servidores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los mencionados en el último párrafo del artículo 6o., de esta ley, sino en los casos de faltas graves en el desempeño de dichos cargos; en los de reincidencia por falta de menor cantidad, sin atender las observaciones o amonestaciones que se les haga por faltas a la moral o a la disciplina que deben guardar conforme a la ley y a los reglamentos respectivos; por notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que tengan a su cargo, o en el caso que deban ser consignados al Ministerio Público por delitos.
Artículo 92. ..
..
..
..
Las vacantes que ocurran en los cargos de los demás servidores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los mencionados en el último párrafo del artículo 6o., de esta ley, serán cubiertos por escalafón, en los términos de los dos artículos siguientes teniéndose en cuenta: la capacidad y aptitud de los funcionarios y empleados respectivos y la importancia de los servidores de interés general que hayan prestado en el desempeño de su cargo; la conducta que haya observado en el ejercicio de los mismos y; en igualdad de todas las circunstancias anteriores, el tiempo que hayan servido a Nación. En casos excepcionales las vacantes podrán cubrirse por personas que, aun sin prestar sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, lo hubiesen hecho anteriormente con eficiencia y probidad notoria, o por personas que sean acreedoras a ellos por su honorabilidad, competencia y antecedentes.
Artículo 93. El escalafón a que se refiere el artículo anterior, respecto de funcionarios o empleados titulares, se seguirá en el orden siguiente.
I. ..
II. ..
Los funcionarios mencionados en el artículo 6o., de esta ley, con excepción de los Actuarios, no tendrán derecho a ascensos por escalafón; pero sí podrá nombrarlos la Suprema Corte de Justicia para el desempeño de cargos de mayor categoría, en los términos de la parte final del artículo anterior.
Artículo segundo. Se modifican los artículos 6o. bis, 7o. bis y 9o bis del Capítulo III bis de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la siguiente forma:
Artículo 6o. - bis. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.
Si no hubiere mayoría en la votación de algún asunto, se entenderá desechado el proyecto, y el presidente parará el asunto a otro magistrado para que presente nuevo proyecto de resolución en un término que no excederá de treinta días.
Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no hubiere mayoría en la votación, se pasará el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito más próximo, para que resuelva, lo cual se hará tomando en cuenta el proyecto de sentencia formulada en último término.
Artículo 7o. - bis. Con las salvedades a que se refieren los artículos 24, 25, 26 y 27 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:
I. ..
a) En materia penal, de sentencias dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal en los casos no previstos en la fracción III, inciso a) del artículo 24 de esta ley, y de las dictadas en incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate, si se satisfacen las condiciones señaladas en la primera parte de este inciso;
b) En materia administrativa, de sentencias dictadas por Tribunales Administrativos o Judiciales, en todos los casos, si son locales, y, tratándose de federales, siempre que el interés del negocio no exceda de cuarenta veces el salario mínimo elevado al año, conforme a la regla especificada en el artículo 3o. - bis de la Ley de Amparo, o sea de cuantía indeterminada salvo a lo dispuesto en el artículo 25, fracción III, de esta Ley.
c) En materia civil o mercantil, de sentencias respecto de las que no preceda el recurso de apelación, de acuerdo con las leyes que las rigen, o de sentencias dictadas en apelación en juicios del orden común o federal de cuantía determinada, en cantidad que no exceda de veinticinco veces el salario mínimo elevado al año o de cuantía indeterminada, y de las sentencias pronunciadas en juicios de alimentos y de divorcio y los relativos a juicios sobre rectificación o anotación de actas.
b). ..
e) De los juicios de amparo directo que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les remitan en ejercicio de la facultad discrecional a que se refieren los artículos 24, 26, y 27 de esta ley.
II y III. ..
IV. Del recurso de queja en los casos de las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 95, en relación con el 99 de la Ley de Amparo.
V a VIII. ...
Artículo 9o, - bis. Los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito tramitarán todos los asuntos de la competencia de los mismos, hasta ponerlos en estado de resolución. Las providencias y acuerdos del presidente de cada Tribunal Colegiado de Circuito, pueden ser reclamados ente los propios tribunales, siempre que la reclamación se presente por alguna de las partes por escrito, con motivo fundado y dentro del término de tres días. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. los amparos directos en revisión sobre inconstitucionalidad de leyes de los Estados que actualmente corresponden a la competencia del Tribunal Pleno, y que conforme a estas reformas pasarán al conocimiento de las salas permanentes, quedarán el poder de los Ministros Ponentes, quienes presentarán el proyecto de resolución correspondiente en la sala de su adscripción. Los amparos de nuevo ingreso se distribuirán entre la salas, conforme al turno que lleve al efecto la Presidencia.
Artículo tercero. Los juicios de amparo pendientes de resolución que radiquen en las salas penal, administrativa y civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que pasan a ser de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito conforme a las presentes reformas, se enviarán, desde luego, para su reclusión, al que corresponda. Si existen dos o más tribunales competentes se distribuirán entre ellos conforme a las reglas que dicte el Tribunal Pleno.
Artículo cuarto. Los expedientes formados con motivo de los recursos de queja interpuestos en juicios de amparo, que se encuentren pendientes de resolución en las salas permanentes de la Suprema Corte de Justicia, y cuyo conocimiento debe corresponder, conforme a este decreto, a los Tribunales Colegiados de Circuito, pasarán a éstos junto con los expedientes relativos a los juicios a que se refieran.
Artículo quinto. Los recursos de queja interpuestos o que se interpongan en amparos fallados por las salas permanentes de la Suprema
Corte, serán resueltos por ellas a un cuando se trate de amparos que, conforme al nuevo sistema de competencias, correspondan a los Tribunales Colegiados de Circuito.
Artículo sexto. Los recursos de reclamación contra acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en amparos directos en revisión que conforme a estas reformas pasan al conocimiento de las salas, serán resueltos por estás.
Artículo séptimo. Los recursos de reclamación contra acuerdos de trámite dictados por los presidentes de las salas permanentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo de que conocía y que pasan a los Tribunales Colegiados de Circuito, serán resueltos por dichas salas, antes de remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda.
Artículo octavo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijará oportunamente la fecha de instalación del Tribunal Colegiado de Circuito y de los Juzgados de Distrito de nueva creación, y determinará las bases que deban observarse en la distribución de los asuntos entre los Tribunales y Juzgados existentes y los que se crean mediante el presente Decreto.
Artículo noveno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará las medidas necesarias para la efectividad y el cumplimiento de las presentes reformas.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados. México, D. F., a 26 de diciembre de 1983.
Comisión de Justicia.
Mariano Piña Olaya, Leopoldino Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco J. Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García, Eleazar García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Angel Martínez Cruz, Crescencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Avila, Salvador Rocha Díaz, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Angel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Alvaro Uribe Salas, María Antonia Vázquez Segura, César H. Vieyra, Salgado."
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impuesto y distribuido entre los señores diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores...
Esta Presidencia informa que se ha inscrito para razonar su voto, el diputado Daniel Angel Sánchez Pérez, del Partido Socialista Unificado de México.
Tiene la palabra el diputado Daniel Angel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Angel Sánchez Pérez: - Con su venía, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Sólo quienes no aceptan que el derecho constituye una superestructura, no pueden comprender la necesidad de analizarlo en el contexto de una sociedad determinada, ni mucho menos aceptan que tal superestructura responde a los intereses concretos de la clase en el poder.
Nuestro derecho, pues, es clasista, y en tal concepto antepone y magnifica el respeto a la propiedad privada, no sólo de los bienes, sino de los medios de producción y de la riqueza nacional, cuya concentración propicia y protege, pese a las disposiciones que hoy se llaman programáticas en nuestra Constitución.
El derecho social y su aplicación es relegado en el renglón de la justicia distributiva y basta para comprobar mi aserto, el leer el texto del dictamen que hoy se discute, donde se da preferencia a los tribunales penales, administrativos y civiles, sobre los laborales y agrarios.
A esta sociedad, a este derecho, le interesa más el sancionar las conductas delictivas, le interesa más el resolver los problemas administrativos y los problemas que surgen del derecho clásico, como el civil y el mercantil, que el resolver los problemas cada vez más agudos, cada vez más graves, cada vez más numerosos que se suscitan en el derecho social; principalmente en las relaciones obrero - patronales y en las relaciones que se dan en el campo, que es en donde se vuelven más complejas cada día.
La Suprema Corte de Justicia es el instrumento que utiliza el sistema, el régimen, como para ser quien aplique en forma definitiva las leyes de este país.
Quienes de una manera, también definitiva, puedan relacionar cuál es aquella justicia distributiva que deba darse a la sociedad, no ha cambiado tampoco su manera de proceder. Podemos ver, por ejemplo, cómo en vez de mantenerse autónoma del Poder Ejecutivo, en vez de ser verdaderamente la representante de esa división democrática de los poderes, en la cual representaría al Poder Judicial, viene sirviendo de un instrumento dócil al Ejecutivo; bastaría citar unos cuantos ejemplos para poder confirmar este aserto.
Nosotros podríamos citar lo que ocurrió con el amparo de los banqueros, cómo fueron soslayando, reteniendo la solución de ese amparo
hasta que el Gobierno del Ejecutivo pudo llegar a una transacción con las personas a quienes les había retirado la concesión de la banca resuelto políticamente el problema, la Suprema Corte de Justicia sobresee, no habría ya más adelante problemas.
Vemos por ejemplo cómo la Suprema Corte de Justicia resolvió el problema de las ocupaciones en Sonora, no ocupaciones, sino ejecuciones de resoluciones presidenciales cuando vino el alud de quejas de aquellos que se dijeron afectados, simplemente porque se aplicaba el derecho social y se afectaba, en su manera de ver las cosas, al sacrosanto derecho de propiedad privada. La Suprema Corte de Justicia, queriendo salir del paso, establece que se den de baja o que se declaren, no nulas, sino simplemente inexistentes algunas resoluciones presidenciales y señala algunas zonas de protección que aún están causando miles de problemas a los campesinos en Sonora en Sinaloa principalmente.
Y qué diríamos de la sala laboral donde permanente e insistentemente se ha venido dando - como se llama en el argot de los litigantes - palo a los derechos sociales de los trabajadores, principalmente en el derecho de sindicación ¿Cuánto tiempo se he retenido y se retiene el poder registrar sindicatos de los que le llaman democrático, de aquellos que no obedecen a las consignas del Ejecutivo?, ¿de aquellos que no quieren estar dentro de las centrales mediatizadas por el Sistema? También pudimos observar cómo a pesar del cúmulo de amparos, de aquellos sindicatos llamados democráticos, que no quisieron pertenecer simplemente al carro de la Federación o del Ejecutivo, todavía permanecen por ahí congelados sus amparos para que se pudieran registrar sus sindicatos, pese a haber cumplido con todas las legalidades. Cómo permanecen sin registrar sindicatos de campesinos, principalmente de jornaleros, porque la Suprema Corte considera que aún no es tiempo, políticamente hablando, de aplicar el derecho en este sentido.
Y cómo, por ejemplo, a nivel de trabajadores, cómo la Suprema Corte, en reiteradas ocasiones también, viene modificando lo que en justicia distributiva daban las Juntas de Conciliación y Arbitraje, modificando los laudos simple y sencillamente apreciando en una forma subjetiva completamente, pruebas como la testimonial. Yo citaría aquí, por no ir más lejos, casos como los de Vicente López Pañuelos, y Rodolfo Pérez Herrera. Uno de tantos casos que durante años ha peregrinado en este país, principalmente en este sistema, para hacer que la Corte ya no le reintegre los derechos que perdieron, simplemente para que la Corte cambie su mentalidad, y pueda comprender que los derechos sociales son preferentemente en últimas instancias al derecho clásico y a los derechos subjetivos por el de los particulares. Ellos, durante nueve años - estas personas que cité - durante nueve años se dedicaron a ver diferentes entidades, a ver diferentes funcionarios para que la Corte no vuelva a cometer en la persona de los trabajadores, de los sindicatos, un atraco como el que contra él se dio.
¿Por qué viene esa plática a hacer estas observaciones? Porque este dictamen, esta iniciativa simplemente lo que hace es aumentar cuantitativamente la posible capacidad de la Corte y de los tribunales federales para desahogar lo que ellos llaman administración de justicia. Por eso yo hacía referencia a que aquí se le da más preferencia que nada a los tribunales administrativos, se deja de lado y se soslaya a las autoridades o a los tribunales agrarios y laborales. ¿Por qué viene, además? Porque simplemente se trata de reforzar la burocracia, la burocracia judicial, pero no habla absolutamente nada de mejorar la administración de justicia.
Nosotros pudiéramos votar en contra o a favor de ese dictamen; pero señores, no lleva el caso que una fracción parlamentaria que está luchando por los derechos de los trabajadores, que está luchando por los derechos de los campesinos, tenga que votar en favor de una iniciativa que simple y llanamente aumenta el número de burócratas en la justicia federal y, además, también aumenta el control que se tiene sobre los trabajadores que prestan sus servicios a la burocracia.
Es por eso que nosotros, los de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, quisimos venir a razonar el voto de abstención, que aunque no existe en el Reglamento, consideramos que no podríamos en ninguna forma votar en contra de lo que aumenta cuantitativamente, en última instancia, la prestación del servicio público en la administración de justicia, pero tampoco a favor de algo que no va a beneficiar para nada a las clases populares, y que sí preserva ese olvido del derecho social, desde el punto de vista de los trabajadores y de los campesinos. Muchas gracias (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La C. Presidenta: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quién haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (VOTACIÓN.)
Señora Presidenta, se emitieron 342 votos en pro, uno en contra y 12 abstenciones.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular por 342 votos el proyecto de decreto, que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
"DICTAMEN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1984
ÍNDICE
Presentación
I. Política Presupuestaria.
II Gasto del Sector Público Consolidado.
1. Gasto del Gobierno Federal.
- Clasificación Administrativa.
- Clasificación Económica.
2. Gasto del Sector Paraestatal.
- Clasificación Administrativa.
- Clasificación Económica.
III. Política Sectorial del Gasto Público.
1. Desarrollo Social.
2. Desarrollo Rural.
3. Desarrollo Regional y Ecología.
4. Comunicaciones y Transportes.
5. Abasto.
6. Energéticos.
7. Industrial.
IV. Políticas Específicas de Gasto Público.
1. Inversión Pública.
2. Transferencias.
3. Adquisiciones.
4. Servicio Civil.
V. Vinculación del gasto con los ingresos del Sector Público.
1. Ahorro corriente y déficit presupuestario.
2. Deuda.
3. Divisas.
VI. Observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Proyecto de decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984.
Anexo estadístico."
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984.
Honorable Asamblea: En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, el Ejecutivo de la Unión presentó a esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el año de 1984, en la que están señaladas las previsiones presupuestales que se proponen para cubrir durante este año las actividades, las obras y los servicios públicos determinados en los programas a cargo de las entidades a que se refieren las fracciones I a IV y VI a VIII del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo de vuestra soberanía, la iniciativa se turnó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que procediera a la integración del dictamen correspondiente, misma que efectuó el análisis de la documentación presupuestal recibida, de aquella que adicionalmente se obtuvo y de los comentarios y opiniones que los diputados de los distintos grupos parlamentarios, representados en la propia Comisión, externaron en las reuniones internas de trabajo a las que, además, asistieron los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, responsable de la formulación presupuestal, quienes mediante sus exposiciones y las respuestas a los cuestionamientos realizados, ampliaron y precisaron aquellos puntos que a juicio de los legisladores fueron considerados como de mayor interés e importancia, complementándose así la amplia información brindada al pleno de esta Soberanía en ocasión de la comparecencia en la que el titular del ramo dio cuenta del proyecto de presupuesto, tal y como lo ordena nuestra Ley Fundamental.
La Comisión Dictaminadora también contó, en el año anterior, con las orientaciones que para 1984 se pretende dar a las decisiones públicas del Estado, que el Ejecutivo Federal presentó en acatamiento a lo preceptuado en los artículos 7o. y 27 de la Ley de Planeación, en el documento intitulado "Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984", en el que se explica la relación del proyecto presupuestal con los programas anuales.
Es conveniente hacer notar que en la integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se observaron las previsiones de los dispositivos 13 y 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y que el proyecto resulta de la estrategia política, económica y social trazada previamente en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, al que quedan sujetos de manera obligatoria, los programas de la Administración Pública Federal.
Después de examinar la iniciativa en cuestión, en el seno de la Comisión y como resultado de su estudio y demás trabajos realizados, la Comisión Dictaminadora somete a la alta consideración de esta H. Soberanía el siguiente
DICTAMEN
El proyecto de Presupuesto de Egresos para 1984, se ubica dentro de la segunda etapa del programa inmediato de reordenación económica, que a su vez es una de las vertientes de la nueva estrategia de desarrollo que postula el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta vertiente estratégica tiene tres propósitos fundamentales: Proteger el empleo, la planta
productiva y el consumo básico; abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, y recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes.
El proyecto de presupuestos que se dictamina, además de continuar con la reordenación económica para consolidar los logros obtenidos en el proceso de superación de la crisis y para acelerar el avance en las metas que no pudieron cumplirse, contribuirá a la eliminación gradual de rigideces y obstáculos que se oponen al cambio estructural, por lo que el gasto público se convierte así en un instrumento que apoya las dos vertientes de la nueva estrategia de desarrollo.
El proyecto de presupuesto se funda en el Programa Anual Global (Criterio Generales) que a su vez enmarca los programas operativos anuales de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mismos que se derivan de los programas de mediano plazo surgidos del Plan Nacional de Desarrollo, 1983 - 1988.
En consecuencia, el proyecto de Presupuesto de Egresos que se analiza, busca avanzar en la vinculación de la planeación con la programación y la presupuestación, afianzando así el Sistema Nacional de Planeación Democráticas y el perfeccionamiento de los mecanismos de participación social, lo que a su vez retroalimentará los programas operativos anuales y el proceso programación - presupuestación.
En atención a uno de los puntos señalados por esta honorable Cámara de Diputados, se incorporan al grupo de entidades paraestatales de control presupuestal directo a dos empresas representativas por su incidencia en la economía nacional: Altos Hornos de México S. A., y Fundidora Monterrey, S. A.
Al señalamiento que el Pleno de esta representación nacional formulase, por cuanto a dar mayor transparencia al gasto público federal, se propone la creación del ramo XXVIII de participaciones a Estados y Municipios, lo que permitirá conocer la procedencia y monto de los recursos que por los conceptos de impuestos federales corresponden a las entidades federativas y a los municipios. Adicionalmente, inclusive una reserva para recuperación de la actividad económica por 227 mil millones de pesos, que dará mayor flexibilidad al ejercicio presupuestal, como se detallará más tarde. Esta medida obedece a la voluntad del Ejecutivo Federal de no ejercer un presupuesto mayor al que aprueba esta H. representación popular, al tiempo que se posibilita un manejo más flexible del mismo, para atender con oportunidad los requerimientos de la recuperación económica.
La racionalización en el ejercicio del gasto elimina las ampliaciones líquidas, y sujeta a un control estricto los subsidios, donativos, gratificaciones, obsequios o ayudas de cualquier clase que deseasen otorgar dependencias y entidades.
En el orden jurídico, se propusieron reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas para que los recursos del Sector Público se manejen con mayor transparencia, honradez y flexibilidad en su ejercicio. Asimismo, se plantean bases y procedimientos que acreditarán al Estado las mejores condiciones de economía e imparcialidad.
Para fortalecer la renovación moral y contribuir a desterrar el dispendio, el desperdicio y la desviación de recursos hacia fines distintos a los autorizados, se eliminarán trámites administrativos, que frenan la toma de decisiones durante la ejecución de las obras. Para ello, la exposición de motivos del proyecto de presupuesto que se dictamina, afirma que se adecuará la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes a los nuevos requerimientos, y se formulará un proyecto de modificaciones que reglamenten el artículo 134 constitucional. Además, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, se adaptarán a las modalidades que exige el Sistema Nacional de Planeación Democrática y se actualizarán en función de las reformas jurídicas a las leyes afines.
El proyecto que nos ocupa se propone avanzar en la reestructuración de los gastos de operación y de inversión; en la racionalización de los subsidios y transferencias, como parte de la política de precios y tarifas realistas; en la cancelación de programas no prioritarios; en las políticas relacionadas con los servidores públicos; en la búsqueda de nuevas modalidades de autofinanciamiento y de saneamiento financiero del sector paraestatal; en la reorientación sectorial del gasto y en la programación del desarrollo regional como instrumento valioso de la descentralización de la vida nacional.
El Proyecto de Presupuestos de Egresos sometido a la consideración de esta representación popular, separa el gasto del Gobierno Federal y del sector paraestatal presentando ambos en su clasificación administrativa y económica; resalta la política sectorial y su ajuste a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo; da tratamiento especial a políticas específicas de gasto público como la inversión, las transferencias, las adquisiciones, y el servicio civil de carrera; y vincula los egresos con los ingresos para tratar el ahorro corriente, el déficit, el endeudamiento, y el presupuesto de divisas del Sector Público. Este es el orden que sigue el dictamen que se presenta a la alta consideración de esta Cámara, mismo que termina con un capítulo sobre observaciones, conclusiones y recomendaciones - que incluye al proyecto de decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984 - y que se inicia señalando los lineamientos que guían la política presupuestaria.
I. Política Presupuestaria
El Presupuesto de Egresos de la Federación comprende, fundamentalmente, dos instrumentos de política económica general; el gasto público y la empresa pública, que a su vez inciden en las políticas social, sectorial y regional. Con el fin de situar al presupuesto dentro de los propósitos y líneas generales de acción, que la fijan el PND y el Programa Operativo Anual Global documento de Criterios
Generales de política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 1984), esta Comisión Dictaminadora estima conveniente hacer explícito este marco programático.
Para la política de gasto público, el Plan Nacional de Desarrollo señala los siguientes objetivos o propósitos:
- Promover el desarrollo social mediante la generación de empleos, la prestación de servicios básicos y la reestructuración del sistema de subsidios con propósitos de redistribución del ingreso.
- Inducir, a través del nivel, estructura y calendarización del gasto, un comportamiento adecuado de la demanda interna, acorde con los niveles que pueden absorber la economía en condiciones de eficiencia y de financiamiento sano.
- Fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo en áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
- Promover una distribución territorial más equilibrada de las actividades productivas y del bienestar social, en el marco del fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre.
- Asegurar eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público. La política de empresa pública, por su parte, postula los siguientes propósitos fundamentales delineados en el Plan Nacional de Desarrollo:
- Fortalecer el carácter mixto de la economía, participando en sectores estratégicos que le son reservados por mandato constitucional al Estado y con sectores Social y Privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
- Participar en la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y aquellas actividades de producción básica que no sean cubiertas suficientemente por la iniciativa particular, debido a la magnitud y riesgo de las inversiones, los plazos de maduración y su escaso rendimiento financiero.
- Apoyar la integración del aparato productivo, a fin de darle mayor dinamismo y flexibilidad, para lo cual deberá buscarse y promoverse la integración vertical y horizontal de la planta productiva y fomentarse el desarrollo de la de carácter nacional.
- Modernizar su organización, elevar sus niveles de productividad y propiciar su reestructuración de acuerdo a la dotación interna de factores y a las condiciones actuales de la economía.
- Regular la actividad de los mercados de bienes y servicios necesarios y estratégicos, a través de su participación directa o indirecta, con objeto de reducir los efectos negativos producidos por la desigualdad en el ingreso.
- Promover el desarrollo regional del país, descentralizando la operación de sus unidades a las zonas del territorio nacional más propicias a su naturaleza productiva, con objeto de que fortalezcan la estructura de los mercados regionales.
- Contribuir al sano financiamiento del desarrollo mediante la generación de ahorro corriente y mayor disponibilidad de divisas.
- Adoptar mecanismos y políticas que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y la moralidad en su administración.
Por otra parte, el documento de Criterios Generales de Política Económica para la
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 1984, señala que en 1984 la estrategia presupuestal se propone avanzar en dos direcciones fundamentales: el saneamiento de las finanzas públicas y la reestructuración permanente del gasto. Esto, a su vez, se ubica dentro de los propósitos fundamentales de la segunda etapa de reordenación económica:
- Combatir la inflación consolidando lo alcanzado.
- Evitar un deterioro adicional en la actividad económica durante el primer semestre e inducir una recuperación gradual y moderada durante el segundo.
- Defender el nivel de vida de la mayoría de la población mediante la protección al salario y a la atención prioritaria a los programas de desarrollo social, medidas que se complementarán con el descenso en la inflación y la protección y ampliación de las fuentes de empleo.
- Defensa del empleo y de la planta productiva.
- Continuar con el saneamiento de las finanzas públicas y dar pasos firmes en la corrección permanente de la estructura y productividad del gasto.
- Superar la escasez de divisas para seguir avanzando en la formalización de las relaciones con el exterior y reconstituir las reservas internacionales del Banco de México.
- Desarrollar progresivamente los aspectos fundamentales del cambio estructural, preparando el camino hacia una recuperación diferente a partir de 1985.
- En cuanto al sistema productivo y distributivo, avanzar en materia de desarrollo rural, en la integración y competitividad del sector industrial, en la mejoría del sistema nacional de transportes y comunicaciones, y en la racionalización del aparato comercial.
- En relación al desarrollo regional, continuar asignando recursos a las zonas prioritarias definidas en los programas regionales, y avanzar en la descentralización de la vida nacional.
- Dar énfasis a los aspectos cualitativos del desarrollo, acentuando la atención en la educación, salud, medio ambiente, seguridad pública e impartición de justicia.
Mantener y reforzar el proceso irreversible de renovación moral de la sociedad.
- Avanzar en el desarrollo del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
El saneamiento de las finanzas públicas busca una reducción del déficit público al 5.5% del PIB, cifra que permitirá un financiamiento sano, con un menor uso de recursos externos que en 1983 y una mayor disponibilidad de crédito para el resto de la economía.
La reestructuración permanente del gasto público se concibe, según el PND, como una revisión a fondo del esquema normativo; una reorientación en cuanto a los criterios de asignación; un reordenamiento de su estructura; la adecuación de las prioridades estructurales y regionales contenidas en los programas de mediano plazo, y el cambio integral en el otorgamiento de transferencias y subsidios.
Se busca eliminar la dispersión y las rigideces que comprenden el gasto público y limitan su asignación para fines sociales y productivos. Para ello será necesario erradicar las actividades que desvían la atención de los propósitos fundamentales y dificultan la consecución de los objetivos del cambio estructural.
Avanzar en la reestructuración permanente del gasto es fundamental para sentar las bases de una recuperación económica diferente a partir de 1985. para ello se buscará contener el crecimiento del gasto corriente (reduciéndolo, en relación al PIB, en 1.6%) y fortalecer el de la inversión - para que aumente 0.2 puntos en relación al PIB - ; cancelar programas y proyectos no prioritarios, y darle mayor prioridad a los programas que atienden la satisfacción de necesidades sociales básicas; mantener y reforzar las normas y procedimientos que aseguren eficiencia, disciplina y escrupuloso manejo del gasto público, y mejorar su seguimiento y evaluación.
En la empresa pública, se instrumentará un programa de saneamiento integral y de productividad para mejorar su eficiencia y asegurar una mayor disciplina en el ejercicio del presupuesto, procurando que cumplan con su objetivo social y que apoyen las responsabilidades estratégicas del Estado.
Para mejorar la estructura del gasto público, se buscará que la inversión pública se oriente a respaldar la generación de empleos, propiciar la recuperación de la inversión privada y el ahorro de divisas; así como mejorar la infraestructura social y productiva. Por ello, se propone un aumento del 51% en la inversión para el desarrollo rural y social; de 51% en la de comunicaciones y transportes, y de 52% en la de abasto, entre otros. En contraste, al igual que en 1983, se concede menor énfasis a la inversión del sector industrial - crecerá un 28% - , dado que la demanda prevista se puede satisfacer con la capacidad instalada actual.
La inversión en energéticos disminuirá su participación en el total. En el sector petrolero las inversiones serán las mínimas requeridas para cubrir los mercados interno y externo, tomando en cuenta que las variaciones en sus precios fortalecen el ahorro público y racionalizan el consumo. En 1984 se prevé un aumento importante en el ahorro corriente de las empresas públicas.
Por lo tanto, se estima que el porcentaje de inversión pública que se financie con ahorro del sector, aumente en más de 10 puntos porcentuales con respecto a 1983. Esta meta se apoya también en el menor ritmo que tendrán el gasto corriente y las transferencias, tanto del Gobierno Federal como del sector paraestatal.
Para apoyar la recuperación económica y hacer frente a situaciones imprevistas, se propone la creación de una reserva presupuestal de 277 millones de pesos, equivalente al 1% de PIB. Este monto se asignará según la evolución de la economía nacional durante el primer trimestre de 1984, y solo si existieren recursos no inflacionarios para su financiamiento. Se busca así, respaldar y hacer posible el delicado balance entre el combate a la inflación y el fomento de la recuperación económica, evitando que la recesión se prolongue y afecte irreversiblemente a la capacidad productiva. Esta reserva, en caso de ser utilizada, se asignaría en función de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de mediano plazo, y beneficiaría los proyectos más intensivos en mano de obra y con mayor incidencia en la recuperación de la inversión de los sectores Social y Privado.
Esta reserva condicionada obedece también a la voluntad política de no ejercer un presupuesto superior al aprobado por la Cámara de Diputados. Pero al mismo tiempo le da mayor flexibilidad al manejo del gasto y cuida el rumbo de la recuperación económica.
En general, la estrategia presupuestal de 1984 se orientará a contribuir al logro de las metas que aparecen en el cuadro 1, donde sobresalen las de alcanzar un crecimiento del PIB entre 0 y 1%; un aumento de la producción agropecuaria, silvícola y pesquera entre 1.5 y 2%; una inflación anual - diciembre - diciembre - de 40%; un déficit público de 5.5% del PIB y una balanza comercial entre 5.7 y 6% del PIB.
Para lograr estos objetivos y metas, se ha puesto a la consideración de esta representación popular un Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, que concreta la forma en que las entidades y dependencias del Sector Público contribuyen a su cumplimiento y cuyo monto y estructura se analizan en los capítulos siguientes.
II. Gasto del sector público consolidado
El gasto total del Sector Público Consolidado en 1984, será 11.746 billones de pesos, de los cuales el 63.5% - 7.464 billones de pesos - corresponderá al sector central y 43.8% al sector paraestatal - 5.145 billones de pesos - . A estos últimos habría que deducir 862.3 mil millones de pesos de transferencias, que representan el 7.3% del total - cuadro 2.
De los 11.746 billones, 4.3 billones corresponden a los gastos de deuda - 36.7% del total, menor a la cifra registrada en 1983: 39.4% - , lo que nos da una idea de la rigidez que introduce este renglón en la política de
gasto público. Del total de gastos de deuda pública, 2,837 billones - 24.1% del presupuesto - corresponde al sector central y 1.471 - 12.5% del presupuesto - al sector paraestatal - cuadro 2.
En la clasificación administrativa del presupuesto - cuadro 2 - , sobresalen PEMEX, que ocupa un 10.2% del total: la SEP - 6.0% - , erogaciones adicionales - 5.4% - ; SEMIP - 4.5% - ; CONASUPO - 4.5% - ; CFE - 3.7% - ; IMSS - 3.5% - y SCT - 3.1% -
Otro aspecto del gasto público consolidado se presenta en el cuadro 3, donde se aprecia su clasificación económica y se observa que el 67.2% corresponderá al gasto corriente; el 20.4% al gasto de capital; el 10.5% al renglón de amortizaciones, y el 2.0% a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores - ADEFAS - . En los renglones del gasto corriente sobresalen los intereses y gasto de la deuda, los servicios personales y los materiales y suministros que participan con 24.2%, 12.3% y 10.2%, respectivamente, del total del presupuesto. En los gastos de capital, el renglón más importantes es el de obras públicas, que ocupa el 12.2% del total del presupuesto, es decir, 1.431 billones de pesos. Para profundizar en el análisis de estas cifras, a continuación se dividen en Gobierno Federal y Sector Paraestatal.
II. 1. Gasto del Gobierno Federal
El presupuesto del Gobierno Federal se dirige a desarrollar las funciones de regulación y fomento de la actividad económica que le son propias, así como la realización de actividades administrativas públicas y de atención a las necesidades sociales. La observancia de criterios de racionalidad y austeridad en las asignaciones, garantizará la moderación de su gasto corriente, de los subsidios, de las adquisiciones gubernamentales, sobre todo las de importación; y propiciará un mayor volumen de ahorro público.
El Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal que incluye al sector central y a los poderes Legislativos y Judicial, así como los ramos de aportaciones a seguridad social, de erogaciones adicionales, de promoción regional y de aportaciones a estados y municipios, será de 7.503 billones de pesos para 1984. De este total, como se aprecia en el cuadro 4, la mayor parte - 38.3% - corresponde a los gastos de deuda pública, que suman 2.877 billones de pesos.
Le siguen en importancia las participaciones a estados y municipios, - 806 mil millones de pesos, 10.7 del total - y las erogaciones adicionales - 634.2 mil millones de pesos, 8.5% del total - . Si se deducen los montos correspondientes a los poderes Legislativo - 6,787.3 millones de pesos - y Judicial - 8,306.7 millones de pesos - , así como los gastos de deuda y la participación a estados y municipios, se obtiene el gasto programable de la Administración Pública Central que es de 3.766 billones de pesos, superior en 56.6% a la cifra esperada en 1983 - cuadro 5 - .
De este total, las mayores asignaciones corresponden a la SEP - 18.8% - ; a erogaciones adicionales - 16.8% - ; a la SEMIP ...
- 14.1% - ; a la SCT - 9.6% - y a la SARH - 8.4% - , como se aprecia en el cuadro 5. En los cuadros 6 a 30 se presentan los programas que integran el presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial, así como el de los diferentes ramos de la Administración Pública Central. En ellos se aprecia que, debido al proceso de modernización de la Administración Pública, hay programas que aparecieron en el presupuesto de 1983, pero que no aparecen en este presupuesto, o fueron cambiados a otras dependencias o ramos; o bien, cambiaron de nombre y de objetivos para adecuarse a la reordenación que se ha emprendido. Así, en 1983 la Presidencia de la República tenía diez programas que se redujeron a tres; en la Secretaría de Hacienda se modificó el Programa Exadministración de la Política de Ingresos y Reforma Fiscal, que ocupó el 75% del presupuesto de 1983 y que incluía las participaciones a estados y municipios que pasaran a ser parte del ramo XXVIII de reciente creación; en la misma Secretaría aparecen programas nuevos como el de Planeación, Coordinación, Supervisión y Evaluación de la Banca Nacional; se reestructuraron los programas de la SCT, desapareciendo unos y agregándose otros; situación similar se observa en SECOFIN, SEDUE y SEMIP; se ampliaron los programas y sus objetivos en la SEP y en la SSA; entre otros. Además, se muestran los programas del ramo de erogaciones adicionales - cuadro 27 - , donde se observa que el 96.5% de las mismas se destinarán al renglón de apoyos y financiamientos, que se detallan adelante.
La SEP, que es la dependencia de la Administración Pública Central que mayor presupuesto ejerce - 706.9 mil millones de pesos - , ejecutará 17 programas, entre los que sobresalen el 4M - Integración de la Educación Básica, que absorbe el 40.8% del gasto de esa Secretaría; y el 4Q - Reorientación del Sistema de Educación Universitaria, que participa con el 12.8% del total - cuadro 16.
El ramo de erogaciones adicionales - 634.2 mil millones de pesos - ocupa el segundo lugar en el gasto programable de la Administración Pública Central.
En él se incluyen el Programa Especial de Protección al Empleo - 150 mil millones de pesos - ; el Programa de Apoyos a Sectores Prioritarios - 175 mil millones de pesos - ; la Previsión para Sueldos a la Burocracia - 181.5 mil millones de pesos - y la Previsión de Apoyos para desconcentrar la Educación - 38.5 mil millones de pesos - . Estos renglones absorben el 86% del total del ramo, como se aprecia en el cuadro 27.
El gasto de la SEMIP será de 531.4 mil millones de pesos y se distribuirá en siete programas - cuadro 23 - , de los cuales dos representan el 88.8% del total: el IM - Planeación del Subsector Energético - 59.4% - y el IN - Planeación del Subsector Minero - Metalúrgico - 29.4%.
Otra dependencia sobresaliente por el monto del presupuesto a ejercer en 1984, es la SCT - cuadro 14 - , que tendrá un gasto de 362.2 mil millones de pesos asignables a 32 programas, entre los que destacan el OI - Carreteras Troncales - 19.8% del total - y el N2 - Regulación y Fomento de los Transportes Ferroviarios - 18.7% del total.
En cuanto a la clasificación económica del gasto programable del Gobierno Federal - 3.780 billones de pesos - , que incluye la asignación al Programa de Emergencia de Protección al Empleo - 150 mil millones - se observa en el cuadro 31, que el gasto corriente - 2.459 billones - ocupa un 65% del total, y el restante corresponde al gasto de capital. En el primer renglón sobresalen el gasto directo de administración - 1.590 billones - y las transferencias - 868.7 mil millones - ; y en el segundo, la inversión física - 699.9 mil millones - y las transferencias para inversión - 412.8 mil millones de pesos - .
Si se suman los dos tipos de transferencias, corrientes y de capital, el total - 1.282 billones - representa el 33.9% del Gasto Programable del Gobierno Federal. Su importancia cuantitativa y su impacto como instrumento de la nueva política socioeconómica, ameritan un apartado especial para este renglón, el IV. 2.
El crecimiento del gasto corriente - 55.8% - y el de inversión - 90.5% - obedece a los lineamientos establecidos para el gasto público en 1984. El primero responde a los requerimientos de la coyuntura actual y su aumento se debe al incremento de los precios de materiales, suministros y servicios, así como de las remuneraciones al personal. El monto programado supone reducciones en las asesorías; los gastos de publicidad, ceremonial o de orden social; y los arrendamientos de vehículos, equipos y muebles.
Si bien la política de gasto del Gobierno Federal busca reducir el de tipo administrativo, esta disposición excluye a las erogaciones que sean indispensables para estimular la elaboración de productos básicos y estratégicos, y la prestación de los servicios de seguridad y bienestar social. Asimismo, se propone reducir significativamente los subsidios y transferencias que otorga el Ejecutivo Federal.
Finalmente, cabe destacar, como ya se mencionó al hablar de las erogaciones adicionales, que para 1984 se incluye una previsión de 175 mil millones de pesos para la reorientación sectorial del gasto - véase cuadro 27 - .
Esto dará mayor flexibilidad en las asignaciones de programas, proyectos y actividades prioritarias, y el monto se distribuirá conforme avance el ejercicio y se cumplan las metas parciales. De esta distribución deberá informarse a la H. Cámara de Diputados.
II. 2 Gasto del Sector Paraestatal
La empresa pública es uno de los instrumentos fundamentales del Estado como rector del desarrollo, porque impulsa las estrategias de reordenación económica y cambio estructural; induce decisiones de los sectores social y privado; y contribuye a la instrumentación de las políticas sectoriales y a la reorientación del gasto público. Por ello, está siendo objeto de cuidadoso seguimiento, control y evaluación, con el propósito de corregir sus ineficiencias y aprovechar plenamente su potencial de producción y de promoción, regulación y dirección del desarrollo nacional.
A este fin responden las acciones de reestructuración financiera: Ajustes realistas de precios y tarifas; racionalización de subsidios y divisas; reestructuración de la deuda y búsqueda de fuentes de autofinanciamiento.
Además, se ha definido el esquema de competencia y responsabilidad de las entidades y dependencias en las actividades de planeación, y la obligación de promover programas de productividad, descentralización y modernización de las empresas. Adicionalmente, se están fortaleciendo los programas de apoyo a la planta productiva nacional y al empleo; las medidas concretas para sustituir importaciones mediante el poder de compra del Sector Público; y la producción y distribución de productos básicos.
Para respaldar estos propósitos, en 1984 el Gasto Programable de la Administración Pública Paraestatal será de 3,673.8 mil millones de pesos, 41.8% superior al esperado en 1983 - cuadro 32 - . De esta suma, el 55.5% corresponderá a las entidades de fomento, el 16.0% a las de regulación y abasto y el 16.3% a las instituciones de asistencia y seguridad social. Entre las primeras sobresale PEMEX, que representa el 32.5% del presupuesto del sector paraestatal - cifra inferior al 34% que ocupó en 1983 - . En segundo lugar, resalta CONASUPO - 14.4% del total, participación superior al 13.1% que registró en 1983 - ; en tercero, el sector eléctrico, - 13.8% del total, superior al porcentaje observado en 1983: 12.4% - y en cuarto, el IMSS - 11.2% del total.
En los cuadros 33 al 59 aparecen los programas de los diferentes organismos y empresas incluidas en el presupuesto, así como el porcentaje que ocupan en el total de cada entidad. Se observan modificaciones, con respecto a 1983, en los programas del subsector ferrocarrilero y cambios de nombres el en programa único de CONASUPO y del IMCE. Esto último atiende al énfasis que se dará al abasto, regulación, comercialización y control de los productos del paquete básico, así como a la racionalización de la protección al fomento del comercio exterior, siguiendo los lineamientos del PIRE.
En el caso de PEMEX, se aprecia - cuadro 57 - que tendrá un presupuesto de 1.233 billones de pesos - 79.9% superior al de 1983 - , de los cuales el 20.9% se destinará al programa JI - Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos; el 17.9% al JK - Explotación de Hidrocarburos y el 15.9% al JR - Comercialización Interna.
CONASUPO tiene un solo programa - R 1 - Apoyo al Abasto, Regulación, Comercialización
y Control de Productos del Paquete Básico - , al que se destinarán 565.6 mil millones de pesos - cuadro 47 - ; la CFE asignará su presupuesto - 720.7 mil millones de pesos - a nueve programas, de los cuales el K7 - Generación de Energía Eléctrica de Origen Secundario, absorberá el 50.1% del total - cuadro 51 - ; el IMSS ejercerá un presupuesto de 437.2 mil millones de pesos distribuidos en 19 programas, entre los que sobresalen el 1B - Atención Curativa y el 1E - Prestaciones Económicas, que participan con el 51.4% y el 21.3% respectivamente - cuadro 34.
En términos de la clasificación económica, el 70.8% del gasto programable corresponderá al gasto corriente - cuadro 60 - , sobresaliendo entre éstos los materiales y suministros - 31.1% del total - ; servicios generales - 20.6% del total - ; y servicios personales - 18.7% del total - . El gasto de capital participa en menor grado - 29.2% - , pero crece a una tasa mayor con respecto a 1983 - 48.7%, contra 39.1% del gasto corriente.
III. Política Sectorial del Gasto Público
Esta política es de vital importancia para sentar las bases de una recuperación económica diferente. Para ello, se mantiene el énfasis en los programas prioritarios, dentro de los lineamientos de reestructuración permanente del gasto público. Las prioridades de esta política son los sectores de desarrollo social, comunicaciones y transportes, desarrollo rural, abasto y desarrollo regional. Además de éstos, analizaremos, por su importancia en el total del gasto programable - cuadro 61 - , los sectores industrial y energético.
La reorientación sectorial del gasto se guía por criterios de: jerarquización rigurosa en programas y proyectos, cancelando los que no son esenciales o de baja prioridad relativa; racionalidad en la composición del gasto: direccionabilidad para el logro de los objetivos de los programas de mediano plazo; y selectividad para el saneamiento de las finanzas públicas.
La prioridad de las obras de infraestructura básica y las involucradas en el Programa de Emergencia del Empleo, permite que se generen nuevas fuentes de trabajo - permanentes y eventuales - , lo que impulsará la demanda agregada, aún deprimida. Adicionalmente, se dará preferencia a la producción agropecuaria destinando montos cada vez más elevados de inversión y de crédito. Además, la estrategia sectorial concederá mayor importancia a los programas especiales y regionales.
Para lograr estos propósitos, se estima un gasto programable del sector público de 6.592 billones de pesos, superior en 50% a la cifra esperada para 1983 - cuadro 61 - . De ese total, el mayor porcentaje - 25.9% - corresponderá al subsector de energéticos, que registra, sin embargo, una disminución en la participación del total con respecto a 1983, cuando significó un 27.5% del total. El segundo lugar corresponde al desarrollo social con 23.8% del total, porcentaje superior al esperado en 1983: 23.2%, continuando en orden de importancia los sectores de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Rural y de Abasto - 9.8%, 9.1% y 8.8%, respectivamente - , todos ellos con porcentajes de participación iguales o superiores a los de 1983, debido a que registran tasas de crecimiento que rebasan el 50% y son mayores a las observadas en los sectores industrial y de energéticos - cuadro 61.
Estos últimos sectores crecen a menor ritmo porque ajustarán su gasto con el objeto de inducir cambios estructurales mediante incrementos en la productividad y en la eficiencia, aprovechando las ampliaciones de la capacidad instalada en los últimos años.
III. 1. Sector desarrollo social
La política de desarrollo social tiene como objetivo central al hombre y su bienestar, y es instrumento básico para lograr una sociedad más igualitaria. El sector desarrollo social incluye cuatro subsectores: educación; salud y seguridad social; desarrollo urbano y ecología, y laboral.
Su presupuesto conjunto será de 1,623.8 mil millones de pesos, de los cuales 844.3 mil millones corresponden a educación; 723.9 mil millones a salud, seguridad social y laboral, y 55.6 mil millones para desarrollo urbano y ecología. Este último se analizará en el apartado III. 3, junto con el sector de desarrollo regional.
a) Educación
Tres son los propósitos básicos del sistema educativo:
- Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana.
- Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación.
- Mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación.
Para lograr estos propósitos será necesario superar los obstáculos existentes, representados por un número importante de analfabetos; elevados índices de deserción y reprobación; escuelas incompletas en zonas rurales e indígenas; desarticulación en los programas educativos en cuanto a finalidad y contenido;
Para lograr estos propósitos será necesario superar obstáculos existentes, representados por un número importante de analfabetos; elevados índices de deserción y reprobación; escuelas incompletas en zonas rurales e indígenas; desarticulación en los programas educativos en cuanto a finalidad y contenido; diversidad en los planes y programas de un mismo nivel y modalidad; excesiva centralización administrativa, operativa y financiera de la Federación, importación de valores, actividades y formas de vida que deterioran la identidad nacional y marginan las culturas étnicas y populares, insuficiente infraestructura y fomento al deporte y a la recreación, entre otros. Para contribuir a la solución de estos problemas, la estrategia del subsector en 1984 propone las siguientes metas:
Educación básica: En el nivel preescolar se atenderán 1.5 millones de niños que representan el 76.6% del total; en el nivel de primaria
se atenderán 14.8 millones de alumnos, siendo responsabilidad del Gobierno Federal satisfacer al 71.1%; en secundaria se registrarán 4.1 millones de alumnos, proporcionando el Gobierno Federal el 72.1%, lo que significa atender al 88.0% de los alumnos egresados de las escuelas primarias.
Educación rural e indígena: Se impulsará la atención a grupos indígenas y comunidades dispersas mediante escuelas bilingües y cursos comunitarios, que darán servicios educativos a 620 mil alumnos indígenas y 207 mil niños en cursos comunitarios.
Educación para adultos: Se dará prioridad a las regionales rurales marginadas y a los estados de menor desarrollo relativo. Se alfabetizarán 784 mil adultos, se brindará educación primaria a 968 mil y secundaria a 358 mil. En capacitación para el trabajo se atenderán 456 mil personas.
Educación universitaria: Se fortalecerán, prioritariamente, las instituciones de provincia, las unidades de servicio de desconcentración y las actividades de coordinación de las acciones de este nivel. Se atenderán 959 mil alumnos de nivel medio superior, y 830 mil, en el superior.
Educación tecnológica: En el nivel medio superior y terminal se atenderán 685 mil alumnos, 86 mil más que en 1983, y en el nivel superior 173 mil alumnos, 8 mil más que en el año anterior.
Investigación y postgrado: La investigación se orientará hacia las ciencias básicas y el desarrollo tecnológico de los sectores prioritarios. Se impulsarán los postgrados vinculados a la investigación estratégica y a los requerimientos del desarrollo nacional.
Formación, superación y actualización del magisterio: Se reforzarán las acciones para el mejoramiento profesional de los maestros en servicios y se establecerán mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los particulares, para que el número de egresados responda a los requerimientos del sistema educativo nacional.
Ampliación y mejoramiento de la planta física: Se construirán 8 mil aulas, mil 132 talleres, 579 laboratorios y 6 mil 889 anexos.
Preservación y difusión del acervo cultural: Se fortalecerá la conciencia de nuestra identidad y se preservará, incrementará y divulgará el patrimonio histórico y cultural de la Nación. Se intensificará la preservación, rescate y difusión de las culturas populares, de los grupos étnicos y de artesanos.
Fomento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas: Se reorganizarán las instituciones que realizan estas actividades para mejorar el uso de la infraestructura haciéndola extensiva a la sociedad en su conjunto.
Para la consecución de estas metas, el Subsector Educación contará con un presupuesto de 844.3 mil millones de pesos, que rebasa en 58.1% al de 1983. De este monto, 479.4 mil millones corresponden al gasto directo de la SEP y 364.9 mil millones a las entidades coordinadas.
b) Salud y seguridad social
El Estado Mexicano se ha propuesto hacer efectivo el derecho a la salud para toda la población. Por ello, uno de los propósitos fundamentales de la estrategia de desarrollo social, es promover una cobertura nacional de los servicios de salud, garantizando un mínimo razonable de calidad para todos los habitantes del país.
Para lograr este propósito, se proponen las siguientes acciones:
- Reorganizar y modernizar los servicios de salud y asistencia social a través de la integración del Sistema Nacional de Salud.
- Descentralizar o desconcentrar a las entidades federativas el primer y el segundo nivel de atención de los servicios proporcionados a la población abierta.
- Racionalizar el uso de la capacidad física instalada mediante un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente.
- Procurar una mayor disponibilidad de recursos para la atención de la población no amparada por los sistemas de seguridad social.
- Consolidar un sistema de abastecimiento institucional a través de compras consolidadas de medicamentos, instrumental y equipo.
- Fomentar un mayor nivel de integración nacional en la fabricación de insumos.
Estas acciones permitirán que se alcancen las metas siguientes:
En materia de salud: Aplicar 99.8 millones de dosis de vacunas para prevenir enfermedades, apoyados en la producción de 76.9 millones de biológicos; 12.2 millones de consultas orientadas a la planificación familiar y 101.2 millones de consultas generales y especializadas en los diferentes niveles de atención; construir tres laboratorios de salud pública y terminar 80 unidades médicas; fortalecer las acciones de conservación y mantenimiento de la capacidad instalada, y realizar 1.4 millones de inspecciones sanitarias.
En materia de asistencia social: Dar especial atención a la protección de la niñez y vejez en estado total de abandono, así como a minusválidos y al Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias. Para ello, se darán 237.3 millones de raciones y se protegerán a 101.5 miles de personas.
En cuanto a seguridad social: Mejorar las pensiones y jubilaciones; incrementar en 50% la cobertura de guarderías; instrumentar un programa nacional de velatorios; terminar 10 mil 551 viviendas y otorgar 13 mil 345 créditos hipotecarios y 460 mil de corto plazo.
Para esto se dispondrá de un presupuesto de 712.8 mil millones - 50.4% superior al de 1983 - que se distribuirá de la siguiente manera: 77.4 mil millones para la SSA; 413.0 mil millones para el IMSS; 95.5 mil millones para el ISSSTE; 13.7 mil millones para el DIF.
c) Laboral
Los propósitos fundamentales de este subsector son: elevar y proteger la generación de
empleos; mejorar el poder adquisitivo del salario; disminuir la marginación y la pobreza dando especial atención a las necesidades básicas de la población; y fortalecer los mecanismos administrativos e institucionales de fomento para proteger el empleo existente, procurando condiciones de justicia y bienestar social al trabajador.
En consecuencia, la política de gasto en 1984 buscará:
- Elevar la productividad y la capacitación, y fomentar la organización social para el trabajo. Se impulsarán las acciones de promoción y vigilancia de sociedades cooperativas y se elaborarán cinco programas sobre cooperativismo.
- Prever y conciliar los conflictos obrero - patronales mediante el fortalecimiento de los órganos conciliadores, procuradores e inspectores de la legislación laboral, atendiendo la totalidad de las demandas y brindando asistencia a los trabajadores que lo requieran.
- Reforzar las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales laborales. Se realizarán 12 mil visitas a empresas y sindicatos y se vigilará el cumplimiento de las normas de reparto de utilidades.
- Mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores y de sus familias a través del fortalecimiento del Sistema Nacional para la fijación de los Salarios Mínimos; y apoyo a las acciones tendientes a elevar el poder adquisitivo y proteger el ingreso de los trabajadores, mediante créditos baratos y oportunos para la adquisición de bienes básicos de consumo duradero, así como la promoción de mecanismos de comercialización social y la orientación de las conductas de consumo. Se otorgarán 200 mil créditos a trabajadores y se promoverán 700 mecanismos de comercialización.
Para ello el subsector contará con un presupuesto de 11.1 mil millones - 52.1% superior al de 1983 - . De éstos, el FONACOT contará con el 76.2%; 2.1 mil millones se asignarán a transferencias y el resto se destinará a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Mixta de la Industria Textil de Algodón y el Comité Mixto de Protección al Salario.
III. 2. Desarrollo rural
Los propósitos fundamentales de esta política son: garantizar la soberanía alimentaria de la Nación; mejorar los niveles de vida de los campesinos y desarrollar las zonas atrasadas de la actividad productiva. Para lograrlos se ha establecido una estrategia basada en la organización social para apoyar la retención del excedente económico generado en el campo; la diversificación de las actividades productivas; la superación del minifundio; una mayor participación de los productores primarios en los procesos de decisión; y la concertación de acciones entre los sectores Público, Social y Privado.
Para 1984. Las líneas específicas de acción son:
- Reordenar los incentivos y apoyos a la producción agropecuaria y forestal, canalizando, preferentemente, el crédito, los insumos y la maquinaria a las zonas de temporal y a los alimentos básicos.
- Extender los servicios de asistencia técnica para estimular y hacer más eficiente la organización de los productores.
- Aprovechar intensiva y racionalmente la frontera agrícola.
- Ampliar la capacidad productiva mediante las pequeñas obras de infraestructura, intensivas en manos de obras y de corta maduración.
- Fortalecer la integración de las actividades agrarias, pecuarias y forestales, entre sí, y con los sectores industriales y de servicios.
- Regularizar los derechos agrarios; constituir o integrar unidades de desarrollo rural y modernizar el aparato administrativo de la reforma agraria.
Con estas acciones se pretende alcanzar una producción de 18.2 millones de toneladas de granos alimenticios: 1.6 de cultivos oleaginosos; 0.5 de cultivos industriales y 6.2 de forrajeros; así como apoyar la reforestación y dar impulso a la industria celulosa para reducir gradualmente las importaciones.
Para lograr estas metas se asignará un gasto de 599.4 mil millones de pesos, de los cuales 278.6 mil millones corresponden a la SARH; 15.0 mil millones a la SRA; 36.7 mil millones al INMECAFE; 1.8 mil millones a PROFORMEX; y 1.5 mil millones a la FOVIGRO. Además, se otorgarán transferencias y apoyos a los organismos de fomento al campo; BANRURAL - 94.8 mil millones de pesos - ; ANAGSA - 36.0 mil millones de pesos - y FIRCO - 8.8 mil millones de pesos - . Este sector comprende los subsectores agrícola, pecuario, forestal y de Reforma Agraria, que se revisan a continuación:
a) Agrícola
La estrategia de este subsector responde al Programa Nacional de Alimentación que busca la soberanía alimentaria y da prioridad a las zonas de temporal; a los proyectos de infraestructura productiva; al apoyo financiero al campo, especialmente a los cultivos básicos; al fortalecimiento de la organización de productores, y al aumento de la productividad.
Para respaldar estas prioridades, en 1984 se realizarán las siguientes acciones y metas:
Infraestructura hidráulica: Se incorporan 79 mil hectáreas de riego y 96 mil de temporal tecnificado; se rehabilitarán 21 mil hectáreas y se protegerán un millón de hectáreas productivas mediante el control de ríos. Estas obras beneficiarán a 387 mil habitantes.
En pequeña irrigación: Se terminarán 300 obras apoyando especialmente los proyectos que presentan un avance de más del 70%.
En abastecimiento de agua a las áreas metropolitanas: Se elevará la capacidad instalada en 13.3 M3/seg. con un suministro de 8.5 M3/seg. en las ciudades de Monterrey, Coatzacoalcos, Tijuana, Guaymas, y en las zonas donde se desarrollan obras de infraestructura hidráulica; los avances en el proyecto Cutzamala incrementarán el suministro a la zona metropolitana del Distrito Federal en 2 M3/seg.; y se iniciará la construcción de los acueductos Chapala - Guadalajara.
En materia de crédito y seguros: - Se atenderán 762 mil hectáreas mediante el Programa Nacional de Apoyo a las Áreas de Temporal; en los distritos de riego se mantienen los niveles de atención de 1983, pero mejorando la coordinación de los servicios, y se atienden 150 distritos de temporal.
En materia de crédito y seguros: - Se habilitarán 11 millones de hectáreas, 57% de la superficie programada para siembra; con un plan de operaciones de 256 mil millones de pesos y apoyos fiscales por 94.8; BANRURAL habilitará 6.6 millones de hectáreas - 66% de básicos y 34% de oleaginosas - , los fideicomisos relacionados con la agricultura, descontarán 140 millones de pesos - 25% superior a 1983- de los que 71% serán créditos de avío y 29% refaccionarios; FIRCO apoyará con recursos financieros a 400 mil hectáreas.
A través del INMECAFE se apoyará una comercialización de 2.9 millones de quintales de café; dando especial atención a la exportación del producto.
b) Pecuario
La estrategia de este sector concede prioridad a la construcción de pequeñas obras de fomento, así como al mejoramiento del potencial forrajero de los pastizales y al mayor aprovechamiento de los esquilmos. En el corto plazo, se alienta principalmente la producción avícola y de leche, así como la expansión de la ganadería menor - ovinos y caprinos - por su capacidad de desarrollo en áreas de temporal.
La banca y organismos de fomento atenderán 1.8 millones de cabezas de bovinos de cría y leche y el aseguramiento de 2 millones de cabezas de ganado. Por su parte, ALBAMEX producirá 47 mil toneladas.
c) Forestal
La política de este subsector se orientará primordialmente a mejorar de manera integral, la vida de los pobladores de las zonas forestales, por lo que en 1984 buscará:
- Fortalecer las organizaciones de los productores ejidales.
- Fomentar la participación activa de los posesionarios del bosque tanto en el manejo de las exportaciones como en las actividades de beneficio, evitando la práctica generalizada de la venta del árbol en pie.
- Promover el desarrollo agroindustrial y la participación de los productores forestales en las actividades comerciales y de transporte.
- Apoyar la preservación y expansión de áreas forestales mediante la reforestación; impulsar las industrias de celulosa y promover la explotación de productos maderables y no maderables, a fin de reducir gradualmente las importaciones.
d) Reforma agraria
La estrategia de Reforma Agraria Integral, propone impulsar la constitución e integración de unidades de desarrollo rural, efectuando el reparto de tierra bajo esta modalidad; garantizar la seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia, y modernizar el aparato institucional para lograr una tramitación expedita de los asuntos agrarios. Para ello, en 1984 realizará las siguientes acciones y metas:
- En materia de dictaminación y ejecución agraria, atenderá resoluciones presidenciales en un millón de hectáreas.
- El programa de Catastro Rural y Regularización de la Tenencia de la Tierra continuará sus actividades para otorgar seguridad jurídica en nueve entidades federativas y se iniciará en tres entidades más, con lo que se regularizarán 100 mil predios, con 50.0 millones de hectáreas.
- Se aumentará en 50% la meta de organización de productores mediante la integración de unidades de desarrollo rural integral en tres mil ejidos y comunidades, e iniciará la descentralización y desconcentración de las acciones agrarias.
- Las entidades paraestatales del subsector continuarán con las obras de infraestructura en tres fraccionamientos turísticos; en 15 poblados se autorizarán solicitudes de inversiones productivas en diversos ejidos; y se regularizarán 2 mil hectáreas, con asentamientos humanos, en ejidos y comunidades.
III. 3. Sector desarrollado regional y ecología
a) Desarrollo regional
La política de Desarrollo Regional propone reforzar las relaciones entre los tres órdenes de gobierno y alentar la descentralización de la vida nacional.
Por ello, se transformó el Convenio Unico de Coordinación (CUC) en Convenio Unico de Desarrollo (CUD), a fin de constituirlo en el instrumento integrador de las acciones que promueven el desarrollo de los estados y municipios.
Entre las medidas más importantes emprendidas en este sentido, sobresalen la transferencia de la construcción y rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado; el inicio de los procesos de descentralización en materia educativa y de salud, y el Programa
de emergencia de Protección al Empleo, que en el caso de zonas urbanas críticas y servicio social obligatorio fueron ejecutados por los estados y municipios.
En 1984 se introducirán reformas para mejorar la utilización de los recursos.
Así, los anteriores Programas Estatales de Inversión - PEI - ; Integral para el Desarrollo Rural - PIDER, y de Atención a Zonas Marginadas - COPLAMAR se fusionan en uno solo denominado: Programas de Desarrollo Regional, que facilitará un mejor apoyo a las necesidades estatales de inversión en las sub - regiones COPLADE. Además, permitirá integrar una mayor participación de las comunidades en su concepción, seguimiento y evaluación mediante los Comités de Planeación Municipal, que serán parte de los Sistemas Estatales de Planeación, donde se manifestarán directamente las necesidades locales de inversión.
Las prioridades del sector para 1984 serán:
- Apoyar los programas de desarrollo en regiones prioritarias.
- Impulsar la desconcentración del gasto.
- Fortalecer el desarrollo de ciudades medias, mediante infraestructura básica y de desarrollo social.
- Inducir un mejor equilibrio entre campo y ciudad mediante proyectos productivos y el mejoramiento de los sistemas de comunicación, en especial caminos rurales y abasto.
- Impulsar la capacidad ejecutiva de los estados y municipios, asignándoles recursos para la formulación de estudios y proyectos.
- Apoyar en forma preferencial la rehabilitación de proyectos productivos y la terminación de obras inconclusas, que sean económicamente viables.
- Asignar fondos para atender situaciones de emergencia y programas de promoción social.
- Impulsar los Programas Regionales Estratégicos.
- Asignar recursos para resolver eventuales deficiencias presupuestales en las tesorerías estatales y municipales, y ayudar a resolver necesidades derivadas de fenómenos naturales imprevisibles.
El Programa de Empleos será fortalecido en 1984 con proyectos productivos, becas para capitalización de trabajadores que pierden su empleo, y programas de atención a al mujer. Este programa no genera costos administrativos, es de beneficio directo para la comunidad y mitiga las presiones del desempleo. Por ello se signará 150.0 mil millones para crear entre 300 y 400 mil empleos.
Los programas de Desarrollo Regional tendrán un presupuesto de 215.4 mil millones de pesos, lo que junto con el gasto en desarrollo urbano y ecología - 56.6 mil millones de pesos - suman 271.0 mil millones de pesos, mismos que se incluyen en el rubro de Desarrollo Regional y Ecología que, a su vez es parte del renglón de Desarrollo Social.
b) Desarrollo urbano y ecología
Las acciones de este subsector procuran alcanzar un desarrollo equilibrado en el territorio; el ordenamiento interior de los centros de población; el fortalecimiento del control del Estado sobre los procesos de aprovechamiento del suelo urbano; satifacer las necesidades de suelo, vivienda y equipamiento urbano; preservar los valores históricos y culturales y la propiedad inmueble federal; el control y disminución de la contaminación ambiental, y la reestructuración ecológica.
Para satisfacer estas necesidades, en 1984 se llevarán a cabo la siguientes acciones:
En desarrollo urbano:
- Medidas de control para consolidar un sistema nacional de ciudades; impulsar el desarrollo de centros opcionales y propiciar la distribución armónica de las ciudades en el territorio.
- Construir 21 sistemas de agua potable y 26 sistemas de alcantarillado, dando atención especial a las ciudades medias y zonas fronterizas.
- Intensificar la asesoría y supervisión técnica a los gobiernos estatales y municipales, en materia de agua potable y alcantarillado, para que ejecuten las obras directamente.
- Restaurar 100 monumentos de importancia cultural y conservar edificios históricos y públicos.
En vivienda:
- Construir reservas territoriales y dar apoyo técnico en la promoción de parques de materiales y en el desarrollo de nuevas normas y tecnologías para la construcción de vivienda.
- Apoyar las acciones de construcción de vivienda progresiva, mediante, financiamientos del Fideicomiso Fondo de las Habitaciones Populares, para la terminación de 42 mil 500 lotes con servicios, 8 mil 800 pies de casa y la iniciación de 8 mil 400 lotes con servicios y mil 400 pies de casa.
En ecología:
- Instrumentar el control de la contaminación dando énfasis a las zonas críticas y realizar acciones correctivas tendientes a restaura la situación en zonas deterioradas y a disminuir la contaminación.
- Poner en operación una red automática de monitoreo atmosférico en la zona metropolitana de la ciudad de México y seis redes manuales.
- Rehabilitar los laboratorios para la prevención de la contaminación del agua y realizar acciones de control en siete localidades en los estados de Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.
El presupuesto del subsector - 55.6 mil millones de pesos - se asignará como sigue: 41.2
a SEDUE y 14.4 a transferencias para organismos coordinados.
III. 4. Comunicaciones y transportes.
La política de comunicaciones y transportes se orienta a lograr un sistema integral de transportes eficientes; la integración gradual de la red de comunicaciones y transportes con enlaces transversales que favorezcan la descentralización y vinculación de mercados regionales entre sí y con el mercado mundial; impulsar la extensión y modernización de la red alimentadora y rural para mejorar la relación campo - ciudad y contribuir al desarrollo estatal integral; aumentar la productividad en la presentación de servicios del sector, mediante la modernización de la administración, los procedimientos de operación y la captación, particularmente de las empresas ferroviarias, dada su prioridad y disminuir el déficit presupuestal del sector mediante ajustes al gasto y la adecuación de las tarifas.
La inversión destinada a la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de transporte, es un elemento esencial del Programa de Protección al Empleo, al que se contribuirá mediante la generación de 350 mil empleos. Para ello, se apoyará el programa de caminos rurales; se incrementarán las tareas de conservación, y se continuarán las obras en proceso, aplicando tecnologías con mayor contenido de mano de obra. Para cumplir con todas estas tareas, el sector contará con una asignación presupuestal de 648.5 mil millones de pesos, cifra superior en 51.4% a la de 1983. La mayor prioridad corresponderá a la inversión, por lo que se le asignarán 257.4 mil millones - 48.3% de incremento.
a) Transportes
a.1) Transporte carretero
En este subsector se fortalecerá la regulación y programación concertada con los autotransportistas; se atenderá el deterioro de la red carretera y el congestionamiento en diversos tramos; se dará especial atención a la conservación de los 41 mil 500 km de la red federal y de los 71 mil 500 km de caminos rurales; en la red troncal se atenderán 570 km de carreteras; se terminará el nuevo puente de Coatzacoalcos; se continuará el puente de Tampico, y
la construcción de carreteras nuevas se concentrará en las que tienen mayor avance y constituyen enlaces transversales de integración.
a.2) Transporte ferroviario
El eje de la estrategia en este subsector es la modernización de la operación y de la infraestructura del transporte ferroviario, que tiene como meta en 1984 lograr un crecimiento del 6%, superior al 4% histórico, lo que implica transportar 68.5 millones de toneladas de carga. El programa de modernización de la operación ferroviaria dará especial atención al mejoramiento de las condiciones laborales y a la capacitación del personal. Buscará también aumentar la productividad y reforzar las acciones de mantenimiento del equipo, a fin de reducir el programa de adquisición de locomotoras a 62 unidades, proviniéndose la reconstrucción de 12 unidades.
En la modernización de infraestructura ferroviaria, la mayoría de los recursos se destinarán a continuar el proyecto de la doble vía electrificada México - Querétaro.
Para apoyar la política regional se incrementará el ritmo de construcción de los enlaces transversales.
a.3) Transporte marítimo
En 1984 se fortalecerá el programa de regulación y fomento de la marina mercante, y se continuara impulsando la formación de tripulación en el seno de las escuelas náuticas.
En el sistema portuario nacional se terminará la construcción de una posición de atraque en Guaymas; se continuará la ampliación del puerto de Manzanillo y se efectuarán trabajos de reparación de muelles, almacenes y diversas obras complementarias en los diez principales puertos.
En los puertos industriales se propone la terminación de al primera etapa de Lázaro Cárdenas, con la conclusión de la terminal de granos parta manejar 1.8 millones de toneladas por año y Terminal de Usos Múltiples, así como el dragado necesario y accesos carreteros y ferroviarios para habilitar estas terminales. Para el puerto de Altamira se continuará con la construcción de las escolleras y se concluirá una primera etapa operativa de la Terminal de Usos Múltiples.
En materia de servicios portuarios se modernizará la productividad en la operación portuaria.
a.4) Transporte aéreo.
En 1984, las acciones de regularización de la actividad aeronáutica en el país comprenderán el transporte troncal de 7.5 millones de pasajeros internacionales y 14.2 millones de pasajeros nacionales, así como el fomento de las líneas aéreas alimentadoras y el uso racional de las aeronaves para servicio del Gobierno Federal.
En transporte aéreo troncal, Aeronaves de México y Mexicana de Aviación movilizarán 14.4 millones de pasajeros - 9% de incremento - . La flota de Aeroméxico sustituirá cuatro aparatos obsoletos por equipos DC9 - 82, bajo el régimen de arrendamiento financiero. ASA conservará y operará su red 53 aeropuertos y atenderá 32.4 millones de pasajeros. Además, concluirá la remodelación y ampliación de los edificios terminales de Monterrey y Tijuana.
En infraestructura aeroportuaria se prevé la continuación de los aeropuertos de Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Morelia, San José del Cabo y Lotero, y la puesta en marcha de actividades que brinden una solución de mediano plazo al sistema aeroportuario del Valle de México.
b) Comunicaciones
El Sistema de Comunicaciones constituye un elemento indispensable para el desarrollo eficiente del aparato productivo y distributivo, además de significar un medio esencial para instrumentar la política de comunicación social.
La regulación y fomento de las telecomunicaciones recibe especial atención, con objeto de hacerla más efectiva y mejorar el control técnico de las transmisiones de radiodifusión y telecomunicaciones, destaca el apoyo para modernizar la red de radiomonitoreo.
En este subsector se prevé para 1984, la continuación de la fabricación del sistema mexicano de satélites Morelos que se inició en 1983, y se espera ponerlo en funcionamiento en junio de 1985, para transmitir señales de televisión y atender la demanda creciente de telefonía a larga distancia.
Teléfonos de México ampliará su red en 513 mil unidades - 8% de incremento - para alcanzar la meta de 6.8 millones de aparatos y una densidad de 9.2 aparatos por cada 100 habitantes. Se incorporarán al servicio telefónico 100 localidades rurales - adicionales a las 2 mil 816 incorporadas al sistema - para alcanzar una cobertura del 21%. En el servicio Telex se instalarán 2 mil 600 teleimpresores en asistencia, para alcanzar 15 mil 600 abonados. En teleinformática se implantará el Centro de Control de la Red Pública de Datos que permitirá atender 48 ciudades y dar servicio a 2 mil terminales, con que se aumentará en 47% el número de usuarios.
En el servicio telegráfico, las acciones se orientan a la consolidación del Sistema de Conmutación Automática; la ampliación técnica de la cobertura del servicio; la modernización técnica, operativa y administrativa; y la remodelación de oficinas para atender una demanda esperada de 60.2 millones de mensajes y giros.
En el servicio postal, se modernizarán los sistemas administrativos y de operación impulsando la mecanización, la difusión del Código Postal, la remodelación de mil oficinas y la iniciación de un programa de incorporación de núcleos marginados urbanos y rurales a la red postal, con la apertura de 235 administraciones, 350 agencias y mil 312 rutas.
III. 5. Abasto
El propósito principal de este sector es hacer posible que los productos lleguen a los consumidores en cantidades suficientes en condiciones de calidad apropiada y a precios adecuados. Para ello se busca la modernización comercial y del abasto popular y mayor racionalidad en la actividad comercial.
Con el fin de lograr estos propósitos, se fomentará la producción de básicos; se orientará el consumo hacía los productos nacionales; se mejorará la capacidad de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y servicios; se reducirán los márgenes de comercialización e intermediación; se combatirán los monopolios, el acaparamiento y la especulación, y se fomentarán las exportaciones y la sustitución de importaciones.
Entre las acciones y metas más importantes para 1984 destacan:
- Restringir el crecimiento del sector entre 0.1 y 1.5% e incrementar la producción de las filiales industriales del Sistema CONASUPO en 12.2%.
- Producir, a través de las empresas del Sistema CONASUPO, 588 millones de litros de leche fluida y 148 mil toneladas de leche concentrada, en polvo y otras prestaciones; 522 mil toneladas de harina de maíz; 223 mil toneladas de harina de trigo y subproductos; 95.2 millones de piezas de pan y 117 mil toneladas de alimentos balanceados.
- Promover la conformación del Sistema Nacional para el abasto a través de la construcción de nuevas centrales en las ciudades de más de 500 mil habitantes y módulos de abasto para ciudades intermedias entre 100 mil y 500 mil habitantes; la ampliación de la capacidad de acopio de BUROCONSA en 5.2%; la instalación de un nuevo centro de acopio y el reacondicionamiento de los ya existentes; la promoción de centros de almacenaje para productos hortofrutícolas en nueve estados de la República; la realización de estudios en el resto de las entidades federativas, y la utilización óptima de las instalaciones frigoríficas para productos cárnicos y pesqueros.
- En materia de regulación se adquirirán, vía CONASUPO, 5.4 millones de toneladas de granos y oleaginosas en el mercado nacional y 7.9 millones en el mercado externo; se supervisará la comercialización de 2.0 millones de toneladas de trigo, que demandará la industria molinera, mediante los sistemas participativos de acopio - abasto, y se comercializarán 13.4 millones de toneladas de granos y oleaginosas.
- Disponer, al finalizar 1984, de una reserva de 2.7 millones de toneladas de granos, oleaginosas y lácteos, nivel que garantiza la seguridad alimentaria.
- Abastecer el pequeño y mediano comercio con ventas de más de 21 mil millones de pesos a través de IMPECSA, y comercializar 134 mil millones de pesos de productos de consumo generalizado, a través del Sistema DICONSA.
- Beneficiar, mediante el Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industria, mil 492 empresas, vía créditos y garantías de apoyos, y asesorar a 19 mil 558 más .
- Apoyar al comercio exterior por medio del IMCE, atendiendo 77 mil 146 consultas;
operando el programa de incentivos promocionales para más de 11 mil 600 empresas y abriendo ocho oficinas regionales de asesoría a la comunidad exportadora y al Gobierno Federal.
Para todo esto, el sector tendrá una asignación presupuestal de 582.6 mil millones de pesos - 52.4 más que en 1983- , distribuidos entre SECOFI - 25.8 mil millones de pesos - ; CONASUPO - 531.2 mil millones - de pesos - IMCE - 5.6 mil millones de pesos - ; y otras entidades coordinadas - 20.0 mil millones de pesos.
III. 6. Energéticos
El control de la producción y distribución de los energéticos es un poderoso instrumento para promover y conducir el desarrollo y preservar la independencia económica de la Nación; lo que a su vez entraña la responsabilidad frente a la sociedad actual y las futuras generaciones de garantizar una explotación racional intertemporal. Esta necesidad de racionalización demandada la diversificación de las fuentes de suministro.
a) Petróleo
En 1984 se intentará cumplir con las siguientes aciones y metas:
- Se extraerán 2 mil 586 MBD de petróleo crudo, de los cuales se expondrán mil 550 MBD. Esta plataforma de producción proporcionará 4 mil 033 MMPCD de gas natural, suficiente para satisfacer las necesidades internas y exportar. En el mercado interno se venderán mil 72 MBD de productos petrolíferos - cifra ligeramente superior a la del año anterior - y 12 mil 200 MTA de petroquímicos básicos - cantidad similar a la de 1983- . Esto implica desarrollar y consolidar los sistemas de distribución, ampliando la capacidad de almacenamiento y la red de poliductos.
- Se intensificará la actividad exploratoria para determinar nuevas reservas de hidrocarburos, por lo que aumentarán los equipos de perforación en la Sonda de Campeche y Chiapas - Tabasco.
- Se fortalecerá la infraestructura par la extracción de crudo; se incrementará la producción en la Sonda de Campeche y se mejorará el manejo del crudo y del gas natural, por lo que quema de este último se reducirá de 600 MMPCD en 1983, a 70 en 1984.
- Se continuará en la zona sur la expansión de las plantas de proceso para recuperación de licuables del gas hasta obtener unan capacidad de procesamiento de 3 mil 732 MMPCD. En 1984 se terminarán las plantas criogénicas I y II del Complejo Tabasco;
- Se acelerará la terminación de las plantas de petroquímica en Cangrejera, Pajaritos y Morelos, Veracruz; San Martín Texmelucan, Puebla; Ciudad Camargo, Chihuahua; Salinas Cruz, Oaxaca y Tabasco.
- Se instalarán plantas viscorreductoras de 50 MBD en Cadereyta, Salina Cruz Minatitlán. Cabe subrayar que en 1984 no se inician nuevas refinerías, sólo ampliaciones de las existentes.
Todo lo anterior se ajusta estrictamente a los programas de austeridad y racionalidad el gasto público y se han cancelado, pospuesto o reducido algunas inversiones de años anteriores.
Para conseguir estas metas, PEMEX ejercerá un presupuesto de 1.195 billones de pesos.
b) Electricidad
Debido a las fuertes inversiones para la capacidad de generación y transmisión de electricidad, la estrategia de racionalización del uso de este energético descansa en una política de tarifas que tienda a reflejar los costos incurridos, acompañada de un programa de incrementos en la productividad del subsector.
Bajo estos lineamientos, las principales acciones y metas para 1984 son:
- Generar 79 mil 769 GWH y comercializar 68 mil 169 GWH para atender a más de 12 millones de consumidores.
- Proseguir los trabajos de las plantas que se encuentran en el proceso de construcción; se continuará la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, avanzando en un 5.2% en 1984, para totalizar 72%.
- Las obras de transmisión, transformación y distribución, se limitarán a lo estrictamente necesario, para no deteriorar el sistema eléctrico, y se suspenderán todas las que están asociadas a las centrales generadoras que han diferido o disminuido su ritmo de construcción.
- Incrementar la capacidad instalada en mil 130 MW; instalar y montar líneas de transmisión y distribución por 4 mil 634 Km.; construir 580 km. de redes de distribución y subestación es para la transformación de energía eléctrica, con capacidad de 6 mil 716 MVA; y la electrificación de 767 pozos, 401 colonias y mil 7 poblados.
Todo esto se realiza con un presupuesto para el subsector de 505.6 mil millones de pesos.
III. 7. Industrial
La estrategia de corto plazo de las empresas públicas del sector industrial se apoyan en la utilización de la capacidad ociosa, y de los recursos humanos para lograr mayor eficiencia y productividad; en el saneamiento financiero, mediante una política de precios y tarifas realistas, las revisión de los apoyos financieros gubernamentales y un endeudamiento que aumente sus agrados de autonomía; en mantener el nivel de empleo en el sector, aumentándolo en las ramas que tengan efecto multiplicador en la demanda; en la subcontratación con
preferencia a la pequeña y mediana industria; en programas consolidados de compra y en el fomento a las exportaciones no petroleras - en 1984 se exportarán 976 millones de dólares, 35% más que en 1983 - . Para esto último, se integrará la oferta exportable, y se promoverán las políticas de negociación triangular; la compensación de divisas; el trueque; la relocalización de canales es de comercialización y la utilización común del cuerpo de ventas, oficinas y bodegas en el exterior.
Para ello, se supone un presupuesto austero de 532.1 mil millones de pesos - 24.9% más que en 1983- , cuya asignación principal es: SEMIP 5.7; Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas 75.6; FERTIMEX 148.0 y CONCARRIL 21.8. Con estos montos se realizaron las acciones que se detallan:
a) Minería
- Producir 2.1 millones de toneladas de azufre; 4.1 de sal y 1.7 millones de toneladas de carbón no cotizable; incrementar la producción de plata 35%; de oro más del 100%; de cobre 50%; de plomo 21%; de zinc 65%, y de fluorita 14%.
b) Siderurgia
- Reducir las importaciones de carbón cotizable, de refractarios y de otros materiales y lograr una mayor autonomía financiera y una mejor integración industrial.
- La producción de terminados será de 2.8 millones de toneladas - inferior en 1% al de 1983- , de los que se comercializarán en el exterior 420 mil toneladas - 20% más que en 1983- , y 2.3 millones de toneladas en el mercado interno. Además se producirán 25 mil toneladas de hierro y aceros especiales - 55% más que el año anterior.
- Se continuará la ampliación de la capacidad en AHMSA en un millón de toneladas
- Se concluirá Hércules II, que suministrará mineral de hierro a Fundidora Monterrey, S. A., y AHMSA.
- Se ampliará la capacidad instalada de SICARTSA II, a dos millones de toneladas de acero líquido. El avance acumulado al término de 1984 será de 43%. c) Azúcar
- Se terminará en 1984 el Ingenio Plan de San Luis, S. L. P., que permitirá una producción adicional de diez mil toneladas en el próximo año.
- Se concluirán las obras de ampliación de capacidad en los ingenios de Tala en Jalisco, de 120 mil a 180 mil toneladas por año, y de Atencingo en Puebla, de 67 mil a 165 mil toneladas anuales.
- Se realizarán obras de conservación en 51 ingenios y se avanzará en el programa destinados a controlar y abatir la contaminación de los ingenios en operación.
d) Fertilizantes
- En 1984, Fertimex producirá 4.4 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos - 10% más que en 1983 - . Para abastecer la demanda del mercado interno adquirirá 0.05 millones de toneladas de amoniaco y sulfato de amonio en el mercado nacional y 0.4 millones de toneladas de fertilizantes fosforados y potásicos en el mercado externo.
- Se concluirán las plantas de urea en Coatzacoalcos, y de fosfato de diamónico en Lázaro Cárdenas, que entran en operación en 1984, con capacidad de 495 y 220 mil toneladas/año, respectivamente.
- Se proseguirá con las obras en el Complejo Industrial Fosforados I, en Lázaro Cárdenas.
- Se avanzará en la construcción de la red nacional de bodegas y terminales de amoniaco.
e) Bienes de capital
- En 1984, las empresas paraestatales en operación producirán 8 mil 500 tractores agrícolas, 100 tractores de agua, 2 mil 708 bombas, 3 mil transformadores, 833 motores eléctricos y 157 mil 877 toneladas de productos, como ruedas de acero, estructuras y naves industriales. En conjunto, estas metas representan un incremento del 9.9% respecto a 1983.
- Se seguirá impulsando el proyecto NKS, cuya conclusión se prevé para los primeros meses de 1985.
f) Automotriz y ferroviario
- La estrategia de este subsector apoya la integración del Sistema Nacional de Transporte, concentrando su actividad en la fabricación de equipo de transporte de carga y colectivo para personas, y en la producción de motores diesel.
En 1984 se persiguen las siguientes metas:
- CONCARRIL, fabricará mil 909 unidades ferroviarias, 216 unidades de metro y 5 mil juegos de partes de tractores.
- En la rama automotriz se producirán 2 mil 583 camiones medianos, 920 semipesados, 79 tractocamiones, 900 ligeros y comerciales, 930 autobuses foráneos, 60 trolebuses, carrozado de 450 unidades y 775 motores.
Sólo en el caso de motores hay un incremento - 19%- , el resto de las metas son inferiores a 1983.
g) Naval
- En 1984 se iniciará la construcción de dos buques - aunque de 5 mil toneladas, 2 graneleros de 7 mil 500 toneladas, cuatro remolcadores de tres mil barriles y otros de 3 mil 300 barriles, para apoyar la transportación de crudo, y se terminará dos buque - tanque
de 45 mil 350 toneladas, dos graneleros de 22 mil toneladas y dos chalanes con capacidad de 16 mil barriles. Además, se terminarán seis atuneros de cerca de 750 toneladas, seis atuneros de vara y cinco sardineros de 120 toneladas.
h) Celulosa y papel
- En 1984, las metas de producción prevén la autosuficiencia en papel periódico mediante puesta en operación de la ampliación en la Fábrica de Papel Tuxtepec; alcanzar 30 mil toneladas de producción de pasta mecánica - 93.7% mayor a la de 1983 - y producir 23 mil toneladas de papel para corrugar - 76.9% más que en 1983 - , y 37 mil 382 toneladas de cajas de cartón - 15.6% superior al año anterior.
- Estas metas permitirán sustituir importaciones por 95 mil toneladas de papel periódico, lo que representa un ahorro de 47.5 millones de dólares.
IV. Políticas específicas de gasto público
El gasto público propuesto para 1984 concede especial importancia a cuatro instrumentos de política presupuestaria, que ameritan tratamiento por separado; la inversión pública, las transferencias; las adquisiciones y el servicio civil de carrera.
IV. 1. Inversión pública
En 1984 la inversión pública se reestructurará para contribuir a la generación de empleo mediante obras intensivas en mano de obra; realizar proyectos que ahorren divisas por la sustitución de importaciones o inducción de exportaciones, y expandir la producción de bienes y servicios de consumo básico y popular.
Además, se dará preferencia a los proyectos en proceso que contribuyan en forma directa o complementaria a satisfacer las necesidades prioritarias. A nivel sectorial, el mayor dinamismo corresponderá al Sistema Integral de Transporte y Comunicaciones, Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Regional y Urbano y Modernización Comercial y Abasto Popular.
La reordenación económica exige que la inversión pública se ajuste a un financiamiento sano con elevada proporción de recursos internos. Por ello se renegociarán las condiciones y destino de los créditos externos para acompasar al ritmo de sus desembolsos con la reprogramación y jerarquización de los programas según las prioridades del PND. Los proyectos con escaso avance y prioridad relativamente baja, serán suspendidos.
Para racionalizar el gasto de inversión y reorientarlo hacia el mercado interno, las dependencias y entidades consolidarán sus adquisiciones; aprovecharán al máximo sus existencias y enajenarán los inventarios obsoletos para no mantener recursos ociosos. Adicionalmente, se mejorará la articulación en los programas de carácter multisectorial, mismos que se sujetarán a una rigurosa evaluación previa para garantizar una mejor asignación de recursos, intersectorial e intertemporalmente. En este contexto todas las inversiones se sujetarán a criterios estrictos de selectividad y continuidad. En la selección de proyectos se dará especial importancia a los de alcance regional fuera de las grandes zonas metropolitanas.
Por todo ello, el gasto de inversión se sujetará, entre otros, a los siguientes lineamientos.
- Se dará preferencia a las compras de bienes producidos en el país sobre las realizadas en el exterior.
- Se aprovechará la mano de obra e insumos locales en la realización de obras, con especial atención a la conservación y mantenimiento de la infraestructura existente.
- Se continuarán y concluirán en mayor medida, obras que tengan un reducido componente de importación.
Dentro de este esquema de reestructuración y reorientación de la inversión pública, ésta será durante 1984 de 2.327 billones de pesos - 8.4% del PIB esperado - , 55.0% superior a la de 1983. De este total, el 26.8% corresponderá al Gobierno Federal; el 43.6% a organismos y empresas dentro del presupuesto, y el 23.1% a las entidades no incluidas en el mismo. Esta suma incluye al programa de empleo que absorberá un 6.5% del total - cuadro 63.
El monto aludido comprende también a la inversión física presupuestal que será de 1.929 billones de pesos, de los que un 41.6% se destinará al subsector energético, porcentaje inferior al esperado en 1983 - 44.3%- ; el segundo lugar en importancia corresponde a la inversión en desarrollo rural - 18.5%- ; siguiéndole el sector de Comunicaciones y Transportes - 13.3%- , y el programa de empleo - 7.8%- ; como se observa en el cuadro 64.
En los cuadros 65 y 66 se desglosa la inversión por ramos y dependencias en el primer caso y por entidades en el segundo. Ahí se aprecia que el Gobierno Federal tendrá una inversión de 1.113 billones de pesos, superior en 75.2% a la esperada en 1983. La mayor parte de este total - 37.1%- corresponderá a transferencias para inversión, siguiéndole en importancia el ramo de erogaciones adicionales - 20.3%- ; la SARH - 14.3%- ; la SCT - 13.3%, y promoción regional - 9.9%.
Los organismos y empresas incluidas en el presupuesto ejercerán una inversión de 1.016 billones de pesos, que excede en 48.2% a la esperada en 1983. De este monto, el 54.4% será ejercido por PEMEX y el 23% por CFE; es decir, estas dos entidades abarcarán el 77.4% del total.
IV. 2. Transferencias
Este instrumento es de vital importancia para el Estado Mexicano, porque le permite corregir distorsiones en los diferentes mercados, y respaldar o impulsar a los sectores, actividades, regiones o grupos prioritarios.
Las transferencias normalmente se conceden para sufragar deficiencias de operación del sector paraestatal; subsidiar precios de los bienes y servicios públicos; apoyar instituciones de carácter social y educativo; alentar a entidades públicas y privadas en la realización de actividades estratégicas que generan empleos e incrementan la oferta de bienes y servicios básicos, y contribuir al saneamiento financiero de las empresas públicas.
Sin embargo, entre 1977 y 1982 su monto aumentó más de once veces y su proporción, en relación al PIB, pasó de 3.4 a 8.7%. A pesar de ello, no siempre cumplieron con los objetivos específicos que les dieron origen, e introdujeron sesgos y rigideces en la asignación de recursos porque; privilegiaron al capital en relación al trabajo; indujeron una elevada concentración de la actividad económica y de los asentamientos humanos, y disimularon la eficiencia en las entidades paraestatales.
Lo anterior obliga a una reestructuración del esquema de transferencias, por lo que el Proyecto de presupuestos que se dictamina, fija a partir de su revisión integral, los principales lineamientos a que deberán de sujetarse: transparencia, temporalidad condicionalidad a la búsqueda de fuentes alternas de autofinanciamiento; reorientación y selectividad de las entidades beneficiarias; modulación de su ritmo de crecimiento y esclarecimiento del propósito para el que se otorgarán.
Esta reestructuración no significa una reducción indiscriminada, sino la racionalidad en su asignación para garantizar el cumplimiento de los propósitos que las inspiran. Por ello, su canalización selectiva se acompañará de programas específicos de elevación de productividad; de reestructuración financiera; de generación y uso racional de divisas; de concentración territorial, y de la promoción de proyectos intensivos en mano de obra.
Se mantendrá el apoyo a las instituciones dedicadas a la educación, la salud y otros servicios comunales, para perseverar en el empeño de aumentar el nivel de vida de las mayorías y de hacer efectivo el derecho a la educación y a la salud. Este compromiso demanda, además, elevar la eficiencia de los recursos canalizados a estos propósitos.
Conforme a esta reestructuración, en 1984 las transferencias del Gobierno Federal sólo aumentarán 35.5%, equivalente a dos terceras partes del incremento en 1983. Además, disminuirán su participación en el gasto programable del Gobierno Federal de 54% en 1983 a 46% en 1984. En este último año, su monto será de 1.761 billones de pesos, de los cuales 47.1% - 829.3. mil millones de pesos - se asignarán a Organismos y Empresas incluidas en el presupuesto. De la suma restante, 867.8 mil millones de pesos - 49.3% del total - se destinarán a otras entidades y 63.5 mil millones de pesos - 3.6% corresponderá a erogaciones adicionales - cuadro 67.
Del total de transferencias a la Administración Pública Paraestatal, el mayor porcentaje - 69.9%- será para subsidiar a los precios o a la operación del sector; un 19.9% corresponderá a las transferencias de capital y el 10.2% a transferencias estatutarias, como se muestra en el cuadro 68.
IV. 3 Adquisiciones
Este instrumento, permite utilizar el poder de compra del Sector Público Federal para sustituir importaciones; inducir la adaptación de la planta productiva a los requerimientos del país, y defender la producción nacional y el empleo. Para lograr estos propósitos, están funcionando las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento en las principales dependencias y entidades públicas, particularmente en las demandantes de importaciones. Este mecanismo permite presentar directamente a los interesados, los programas anuales de adquisiciones públicas, y establecer convenios para la fabricación de insumos nacionales. Además, se complementa con un programa de difusión y comunicación que orienta a los proveedores y compradores sobre las normas de adquisiciones y los procedimientos para los concursos.
Adicionalmente, se expiden normas complementarias sobre adquisiciones y almacenes, descentralizando la toma de decisiones mediante la operación de los Comités de Compras y simplificando los trámites para los suministros.
Todas estas acciones contribuyen a cumplir con los criterios de racionalidad, austeridad y transparencia de las adquisiciones públicas, incrementando su eficiencia y alentando la producción de bienes nacionales.
En 1984, se simplificarán aún más los trámites; se eliminarán procedimientos innecesarios, y se dará mayor difusión a las adquisiciones del Sector Público.
Los proveedores nacionales conocerán en enero próximo el programa de compras del Sector Público, por tipo de bien y servicio, para promover su abastecimiento eficiente y oportuno y dar al proveedor elementos para sus previsiones y planes de producción. Además, se evaluarán las posibles adecuaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Almacenes de la Administración Pública Federal.
Los principales lineamientos que regirán las adquisiciones del Sector Público en 1984 son:
- Dar preferencia al productor nacional, para sustituir importaciones. - Utilizar racional y eficientemente los inventarios.
- Tramitar la consolidación de las compras, para reducir su costo.
- Procurar la estandarización de los bienes demandados, para disminuir la diversidad de tipo y modelos, reduciendo el dispendio de recursos.
- Continuar con la restricción de compras no indispensables, como vehículos terrestres, aéreos, marítimos y mobiliario y equipo destinados a fines administrativos, excepto cuando se trate de salvaguardar la seguridad
y soberanía nacionales o se destinen a programas productivos y de servicios básicos.
IV. 4. Servicio Civil
El desarrollo de los recursos humanos de la Federación es vital para lograr mayores niveles de eficiencia, nacionalidad y honestidad del quehacer público.
Por eso se ha insistido en la consolidación del Servicio Civil de Carrera, que busca propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo del personal al servicio del Estado. Para ello, un prerequisito indispensable es la seguridad en el empleo; una remuneración justa, y ascensos escalafonarios que obedezcan a criterios permanentes y sistematizados de reconocimiento al trabajo, dedicación personal y capacitación.
Para cumplir con estos propósitos se estableció, en 1983, el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal; se avanzó en la reestructuración de sobresueldos, como paso previo a la instauración de los tabuladores regionales; se revisaron las percepciones de los servidores públicos adoptándose tabuladores en todas las dependencias, y se creó la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil.
En 1984, la política salarial del Gobierno Federal otorgará a los servidores públicos incrementos salariales que preserven su poder adquisitivo y beneficien a los trabajadores de más bajos ingresos; revisará las remuneraciones del personal técnico calificado; estudiará los tabuladores de sueldos, para preservar su vigencia, homogeneidad y racionalidad; evaluará las posibilidades de atención a casos específicos como el personal docente, en función de los acuerdo de la comisión tripartita - SEP - SPP - SNTE - , y apoyará los programas de capacitación.
Continuando con la política de transparencia en las remuneraciones a los servicios públicos, en el cuadro 69 se presentan las percepciones, deducciones y sueldo neto de los directores generales y niveles superiores.
V. Vinculación del gasto con los ingresos del Sector Público Una vez examinado el monto y la estructura de los egresos del Sector Público, esta Comisión decidió vincularlo con los ingresos del sector para conocer su ahorro corriente, su déficit financiero y el endeudamiento resultante, variable que juegan un papel estratégico en la Política de Reordenación Económica. Finalmente, se analizan los ingresos y egresos de divisas, limitante fundamental de la política de desarrollo.
V.1. Ahorro corriente y déficit presupuestario
El crecimiento elevado de la economía durante 1978- 1981 requirió de inversiones públicas superiores a la capacidad de ahorro, provocando un endeudamiento excesivo. Además, los desequilibrios del aparato productivo; el debilitamiento de los ingresos tributarios; la ineficaz política de subsidios y de precios y tarifas de las empresas estatales; así como la magnitud y rigidez de la deuda pública, deterioraron aún más el ahorro del sector, elevando la participación del déficit financiero presupuestario en el Producto Interno Bruto.
Ante esta situación, el fortalecimiento de las finanzas públicas se convirtió en tarea ineludible. Para ello se hizo necesario aumentar el ahorro público, como condición básica, para reducir el déficit financiero del sector, disminuir el financiamiento externo, y vigorizar la capacidad de acción del Estado en la inversión productiva y la satisfacción de las necesidades sociales.
Por ello, en 1984 se estima que el ahorro del Gobierno Federal, después de transferencias, será de 2.285 billones de pesos, monto que supera substancialmente al de 1983 - 1.368- , como se aprecia en el cuatro 70. Sin embargo, al incluir los gastos de amortización de la deuda, las ADEFAS y las participaciones y estímulos fiscales, se registrará un desahorro corriente de 391.5 mil millones de pesos - cuadro 71.
Para los Organismos y Empresas se prevé que la estrategia de saneamiento financiero, permitirá en 1984 un superávit de operación de 1.5 billones - cuadro 72.
Al incluir otros conceptos, análogos a los señalados en el párrafo anterior, el superávit se reduce a 1.1 billones de pesos - cuadro 73.
El déficit financiero del Sector Público Consolidado en 1984 será de 1.423 billones de pesos, que se deriva de un ahorro en cuenta corriente de 705.8 mil millones de pesos - que supera en 176.6% al ejercido en 1983- , y de un déficit en cuenta de capital de 2.129 billones de pesos - superior en 59.9% al de 1983- , como se muestra en el cuadro 74.
El déficit del Sector Público Consolidado se debe a un déficit financiero del Gobierno Federal de 1.699 billones de pesos, y un superávit del sector paraestatal de 275.4 mil millones de pesos. El primero, a su vez, se explica por el citado desarrollo en cuenta corriente - 391.5 mil millones de pesos - y un déficit en cuenta de capital de 1.307 billones de pesos - cuadro 71- . El superávit del sector paraestatal sujeto a control presupuestario, surge del ya mencionado ahorro en cuenta corriente - 1.1 billones de pesos, superior en 121.5% al de 1983- y de un déficit en cuenta de capital de 821.9 mil millones de pesos - cuadro 73.
V.2. Deuda
La insuficiencia de ahorro interno, ya señalada, así como la dificultad para obtener deuda externa, trajeron consigo una nueva política de endeudamiento, a partir de diciembre de 1982. Esta se orientó a reestructurar la Deuda Pública, mejorando las condiciones de amortización; restituir la confianza crediticia del país; incrementar los niveles de ahorro interno mediante tasas de interés atractivos; reducir el ritmo del endeudamiento para mitigar la rigidez del servicio de la deuda,
y utilizar la Deuda Externa en menor grado y como fuente complementaria de recursos.
Con base en esta estrategia, se estima que el gasto por servicio de la deuda del Sector Público Consolidado en 1984 será de 4.3 billones de pesos - 36.7% del presupuesto total, inferior al 39.4% registrado en 1983- . De este total, el 65.9% corresponde a intereses, comisiones y gastos; el 28.6% a las amortizaciones, y el 5.5% a las ADEFAS. Por otra parte, el 65.8%, es decir, 2.837 billones de pesos, corresponde al Gobierno Federal, y el resto - 1.471 billones de pesos - a Organismos y Empresas - cuadro 75- . En ambos sectores el mayor monto pertenece a intereses, comisiones y gastos - 1.830 billones de pesos, en el caso del Gobierno Federal, 1.009 billones en Organismos y Empresas - . La menor participación de las amortizaciones obedece a la reestructuración de la Deuda Pública.
Otro aspecto de los gastos de la deuda aparece en el cuadro 76, donde se incluyen los interese, las amortizaciones y el total de cada uno de los
Organismos y Empresas incluidas en el presupuesto de 1984, clasificando estos gastos de deuda interna y externa. Ahí se observa que de la suma de ambos gastos de deuda del sector paraestatal - 1.471 billones de pesos - , el 76.7% corresponde a deuda externa, y el 23.3% a deuda interna. A nivel de entidades sobresale PEMEX, que absorbe el 41.6% del total - del cual el 38.0% corresponde a deuda externa y restante 3.6% a deuda interna - ; el sector eléctrico que participa con el 26.8% del total - correspondiendo el 14.8% a deuda externa y el restante 12% a deuda interna - , y CONASUPO - 10.3% del total.
V.3. Divisas
La reestructuración del sector externo seguirá siendo un objetivo prioritario en 1984 para disminuir las presiones sobre la balanza de pagos. Con este propósito, se racionalizará y programará la disponibilidad de las divisas generadas por el Sector Público.
Las exportaciones de hidrocarburos seguirán siendo la principal fuente de recursos externos. El sector paraestatal no petrolero ha diversificado sus exportaciones, y en 1983 exportó 721 millones de dólares en 1984. Esto contribuirá a obtener un total de ingresos por la exportación de mercancías y servicios en 1984 de 17 mil 560.8 millones de dólares - 8.7% superior a 1983.
Los egresos del Sector Público por importación de mercancías y servicios sumarán 11 mil 357.1 millones de dólares - 11.9 menor a 1983. En consecuencia, el saldo en la cuenta corriente del Sector Público para 1984 será un superávit de 6 mil 203.9 millones de dólares, superior en 90% al esperado para 1983.
La sustitución de importaciones que alienta el Sector Público está contribuyendo al fortalecimiento del sector externo. En 1984 el de contenido importado. Las empresas paraestatales orientarán el 71.3% de su gasto a la demanda nacional; destacando PEMEX y CFE con un 64.3% y 79.7%, respectivamente.
VI. Observaciones, conclusiones y recomendaciones
En diciembre de 1982, frente a la crisis económica más difícil de los últimos cincuenta años, se presentó un proyecto político que incluyó una estrategia para superar los desequilibrios existentes. Así se dio a conocer y se instrumentó el Programa Inmediato de Reordenación Económica, que se actualizó y complementó el 30 de mayo de 1983, al presentarse el Plan Nacional de Desarrollo, documento que precisó la estrategia de estabilidad y cambio estructural, en cuya instrumentación participa la política presupuestaria.
Durante 1983 se controlaron los aspectos más graves de la crisis económica, pero ésta no ha sido superada totalmente; comienza a ser vencida, pero su complejidad y profundidad son tales que habrá de persistirse en el empeño, cuando menos un año más. Los objetivos propuestos para 1984 en los documentos que se dictaminan, confirman la voluntad política de no retroceder en la lucha contra la crisis.
Por ello, en 1984 continuarán los ajustes económicos, pero serán proporcionalmente menores, haciendo que este año sea menos difícil que 1983.
Sin embargo, puede ser más arduo si se toma en cuenta el tiempo transcurrido en el esfuerzo y la necesidad de una creciente precisión en las decisiones del Estado. En este sentido, 1984 demandará mayor talento, empeño, mesura, resolución, imaginación, perseverancia y entusiasmo, para afinar el uso de los instrumentos de política económica, vigorizar su equidad y su eficiencia, y lograr equilibrios de manejo delicado, como impulsar la recuperación de la actividad económica, sin retroceder en la lucha contra la inflación.
El presupuesto de Egresos de la Federación para 1984 será un instrumento de vital importancia en este manejo, que se inscribe dentro de la segunda etapa del Programa de Reordenación Económica. En 1984 se busca, fundamentalmente, consolidar logros y rectificar fallas en el combate a las manifestaciones y a las raíces de la crisis, por lo que se plantea avanzar gradual pero efectivamente en el cambio estructural, para que la recuperación económica se finque sobre bases firmes y diferentes.
En este contexto, la Comisión Dictaminadora considera de especial importancia la equidad y el impacto redistributivo del Presupuesto de Egresos; su productividad y eficiencia; así como el respeto irrestricto a la normatividad y la moralidad en las decisiones que involucran recursos de la Nación. El cumplimiento de tales criterios confirmará que la renovación moral no es un empeño transitorio, sino un compromiso ineludible y permanente.
Al exterminar el nivel y la estructura del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1984, esta comisión decidió aprobarlo porque las medidas que incluye, en acción coordinada con los demás instrumentos de política económica general, social, sectorial y regional, lo convierten en apoyo fundamental para la conducción del desarrollo nacional y la instrumentación de la nueva estrategia que preconiza el PND; persigue objetivos de corto plazo sin olvidarse del mediano y largo plazos al orientarse a superar problemas coyunturales, y también a subsanar las deficiencias estructurales que les dieron origen; se mantiene sujeto a las posibilidades de financiamiento sano; se reestructura permanentemente; concede prioridades al aspecto social y a la inversión productiva; reorienta el gasto hacia la satisfacción de las necesidades básicas, comunicaciones y transportes, desarrollo rural, abasto, y desarrollo regional y ecología; alienta la participación de la comunidad en los programas sociales; limita el crecimiento del gasto corriente; fomenta el ahorro público; persigue el saneamiento financiero y la mayor productividad de la empresa pública para vigorizar y vitalizar la acción del Estado en el cumplimiento de los fines y compromisos contraídos con la sociedad; protege el empleo alentando programas especiales de trabajo productivo y socialmente útil, que beneficia a la comunidad, a la mujer, a los grupos marginados y a las zonas rurales y urbanas más deprimidas; busca elevar el poder adquisitivo del salario; da preferencia a la inversión intensiva en mano de obra y substitutiva de importaciones; apoya la planta industrial dando prioridad a la empresa mediana y pequeña; reorienta y racionaliza los subsidios y las transferencias con criterios de equidad transparencia, temporalidad, condicionalidad y selectividad; promueven el desarrollo regional y la descentralización, así como la participación social en los estados y municipios; selecciona las obras en procesos que deben continuar, suspendiendo o posponiendo aquellas que son superfluas, suntuarias, no indispensables, de menor prioridad relativa, o errónea programación; refuerza las normas de disciplina, programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto públicos, tratando de evitar, en todo momento, dispendio, derroche, desperdicio o corrupción; da prioridad a los programas de producción, importación, y distribución de alimentos básicos; racionaliza las importaciones y fomenta la exportación para tener un financiamiento sano de nuestro desarrollo que descanse cada vez más menos en la deuda externa y cada vez más en recursos propios; reduce las rigideces que impone la carga agobiante del servicio de la deuda; avanza en la modernización de la Administración Pública y en la actualización de la normatividad que rige el presupuesto; progresa en los mecanismos de instrumentación, control y evaluación y por tanto, en la consolidación del Sistema Nacional de Planeación Democrática; es flexible, lo que permitirá sortear situaciones imprevistas, sin desviarse substancialmente del rumbo trazado, entre otros. Estos rasgos sobresalientes del presupuesto sustentan nuestro respaldo y nuestro voto favorable al proyecto que se dictamina; apoyo que a su vez nos obliga a vigilar su ejecución para que no se desvíe de las metas y propósitos que postula. Es, por tanto, un voto razonado que se acompaña de un compromiso de fiscalización y vigilancia que se facilita gracias a los progresos registrados en materia de información por parte del Ejecutivo, de fortalecimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda y de colaboración entre poderes.
En este contexto, la Comisión Dictaminadora estima conveniente subrayar que los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, que puntualmente remite el Poder Ejecutivo; el avance en la reorientación de la información para que atienda cada vez más a propósitos redistributivos - entre los que conviene incluir el Registro Unico de Transferencias (RUT) prácticamente terminado - , y las reuniones cada vez más frecuentes y fecundas con los servidores públicos de otros poderes, consolidan nuestra labor de vigilancia. Esta tarea se está ampliando gracias al incremento de los recursos asignados a la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se está dando respuesta a una de las sugerencias planteadas por esta Comisión en el dictamen de la Cuenta Pública de 1981: La formación de un grupo técnico de apoyo que facilite nuestra labor de seguimiento y evaluación en materia presupuestal, y que realice análisis y eventuales pronósticos del desenvolvimiento de la economía mexicana, para favorecer nuestra participación en el proceso que preceda, la presentación del presupuesto.
En este sentido, reiteramos nuestra petición - inscrita en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de 1983, y respaldada por el compromiso adquirido por el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, durante su comparecencia en el mes de noviembre de este año - , en el sentido de que se pongan en marcha medidas para que la Cámara de Diputados conozca con oportunidad los elementos generales de la integración del presupuesto para el año siguiente. Estas medidas fortalecerán el cumplimiento de las atribuciones propias de esta representación popular, ya que permiten la participación de Poder Legislativo durante el proceso de formulación del presupuesto.
Las reformas a nuestra Constitución Política, sobre todo las de contenido económico, y la normatividad que de ellas se deriva, nos obliga a reiterar la necesidad de realizar una revisión integral de la legislación vinculada al proceso de planeación programación - presupuestación - fiscalización, respaldando la tesis de sustentar la transformación económica y social en el derecho. Esta inquietud coincide con los planteamientos jurídicos de la exposición de motivos del proyecto de presupuesto que se dictamina, donde se anuncian cambios legislativos en la materia citada. Por tal motivo, buscaremos estrechar los contactos y los lazos de colaboración con el Poder Ejecutivo a fin de contar en
el próximo periodo de sesiones, con iniciativas de Ley conjuntas, suficientemente estudiadas y meditadas.
Si bien se ha avanzado considerablemente en la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos, y en su exposición de motivos, creemos que aún se puede progresar más. Por tal motivo, esta Comisión tiene a bien sugerir que se uniformen los criterios de presentación de las cifras, y que cuando estas difieran entre sí, se explique en notas al pie de los cuadros o en el texto de la exposición, la causa de la divergencia.
Además, se sugiere cambiar algunos rubros de la nomenclatura por conceptos más modernos y claros, ya que subsisten renglones como el de Erogaciones Adicionales que incluyen programas específicos - como el de empleo o el apoyo a sectores prioritarios - , cuyos nombres puedan sustituir al que hoy ostenta.
Al examinar el ramo de Desarrollo Regional - que integra los programas COPLAMAR, PEI, PIDER y subsidios a estados y municipios, en uno solo - , se manifestaron inquietudes acerca de la posibilidad de que los grupos marginados y las zonas de menor desarrollo relativo sean desatendidos, ya que en el seno de los COPLADES estatales podría dársele preferencia a los grupos y a las regiones de mayores ingresos. En consecuencia, esta Comisión sugiere que en el informe trimestral se incluya información sobre la asignación de los recursos de este programa para vigilar que un mayor número de compatriotas sean incorporados a los beneficios del desarrollo, con mayor intensidad que en los programas anteriores, ya que es éste el auténtico espíritu de tal modificación en la política de desarrollo regional.
La Dictaminadora solicita la inclusión de los programas que integran el análisis sectorial, de manera que se pueda examinar, por un lado, el presupuesto desde el punto de vista programático o administrativo y, por el otro, su aspecto sectorial. Esta práctica facilitaría la compresión, vigilancia y evaluación de las políticas o programas intersectoriales previstos en la Ley de Planeación.
Esta Comisión entiende que la vinculación PND - Programas de Mediano Plazo - Programa Anual Global - Programas Operativos Anuales Presupuesto, aún se puede realizar con precisión, porque aún no se han terminado de formular, de manera completa, todos los programas de mediano plazo. Estima, además que se trata de un proceso perfectible que mejora con el tiempo. Dado que estos programas se presentarán en el primer trimestre de 1984, se insta al Ejecutivo a que los remita, para su examen y opinión, a esta Soberanía, y se le solicita que el próximo presupuesto de egresos se acompañe del programa anual global, y de los programas operativos anuales, para que junto con los programas de mediano plazo - que serán conocidos en el lapso citado - y el PND, que ya fue objeto de dictamen por esta Cámara, se tenga el panorama completo del proceso Planeación - Programación - Presupuestación, y se amplíen las bases de análisis que sustentan la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como su vigilancia y fiscalización.
Esta Comisión celebra que se haya tomado en cuenta su recomendación de que se incluyeran las empresas Altos Hornos de México, S. A., y Fundidora Monterrey, S. A., en el Presupuesto de Egresos de 1984, y exhorta al Ejecutivo a que continúe con esta tendencia, por lo que sugiere que se incluyan PRONASE, ALBAMEX, AZÚCAR, S. A., y los diferentes astilleros.
Por ser el manejo y aplicación de las divisas una cuestión de primer orden para la economía nacional, se sugiere que en el primer informe trimestral del próximo año se incluya el Presupuesto de Divisas del Sector Público para 1984. Adicionalmente se solicita que en el citado documento trimestral se proporcione información adicional sobre las participaciones a estados y municipios.
Esta Comisión manifiesta su conformidad con que el gasto sectorial se sujete a criterios de jerarquización - de programas y proyectos - ; de racionalidad - en la composición de gasto - ; de direccionalidad - hacia las metas planeadas por los programas - , y de selectividad - para el saneamiento de las finanzas públicas - , Asimismo, estima conveniente que las adquisiciones del Sector Público estén guiadas por lineamientos de racionalidad, austeridad y transparencia, y que el quehacer de los servidores públicos se ajuste de manera irrestricta a las normas de eficiencia, racionalidad y honestidad. Por todo ello sugiere que en la información trimestral que se remite a esta Cámara, se informe de la manera en que se están cumpliendo con estos necesarios requisitos.
El tema de la reserva para la recuperación de la actividad económica - 277 mil millones de pesos - fue uno de los que despertaron mayor interés en las discusiones de la Comisión y se llegó al consenso de que su monto debe utilizarse para impulsar la recuperación económica, siempre y cuando puedan obtenerse recursos no inflacionarios para financiarlo. Esta sería la limitante fundamental para su uso, a juicio de esta Comisión Dictaminadora.
Se deliberó sobre la posibilidad de fijar criterios o condiciones, tales como una cierta tasa de crecimiento anual obtenida a partir del desenvolvimiento de la actividad económica durante el primer trimestre; pero dadas las dificultades que implica tal estimación, sobre todo por la estacionalidad de los periodos de ajuste, se concluyó que los criterios rígidos obstaculizarían su utilización, de ahí que se le diera preeminencia a la condición de que existan recursos no inflacionarios disponibles para financiarla.
Además, este criterio está íntimamente vinculado al grado de recuperación, ya que si ésta evoluciona favorablemente, se aumentará la demanda de crédito y, por lo tanto, se reducirá la disponibilidad de recursos no inflacionario. Por otra parte, si la recuperación no se
presenta al ritmo esperado, habrá recursos no inflacionarios disponibles que el Estado podrá utilizar para inducirla mediante esta inyección al flujo de actividad económica.
La Comisión Dictaminadora decidió también añadir criterios en cuanto al destino de la citada reserva. Por ello modifico el párrafo tercero del artículo 6o., estableciendo los sectores a los que se asignarán tales recursos, atendiendo a las prioridades y al deseo unánime de la Comisión Dictaminadora de que el posible uso de la reserva beneficie a los sectores que más requieran de su derrama.
Por ello, especificó los sectores de desarrollo rural, social y regional, comunicaciones y transportes, y abasto. Con una acotación adicional, en el caso del sector de desarrollo rural se asignará a las organizaciones campesinas en las zonas de temporal, y en el desarrollo social se dará preferencia a la construcción de vivienda popular. Asimismo, hace explícito que se prestará particular atención al Sector Social de la economía, para fomentar su participación en congruencia con el mandato constitucional inscrito en el artículo 25, con los lineamientos del PND, y con recomendación expresa de esta Soberanía al emitir opinión sobre el citado plan.
La distribución de esta reserva entre proyectos de elevado rendimiento social, presentados por las organizaciones de campesinos, de obreros, de cooperativistas y demás agrupaciones que integran al Sector Social de la economía, además de alentar la concentración de acciones y de fortalecer a las organizaciones sociales en el proceso de producción y distribución - sin que se relajen los controles para un ejercicio eficiente en ese gasto - , cumple con el propósito de equidad y de redistribución del ingreso, que inspiran este presupuesto y que son propósito fundamental del PND, al tiempo que alienta de manera sustancial la recuperación económica pues tal inyección significa un incremento del ingreso de los grupos de menores recursos, quienes inducen una mayor demanda por peso disponible; de ahí que su efecto multiplicador sea mayor y más diseminado en la actividad económica. Asimismo, tanto los bienes y servicios que producen, como los que demandan, suelen ser más intensivos en bienes nacionales y en mano de obra, cumpliendo con otro de los lineamientos fundamentales que guían el presupuesto que se dictamina.
La Comisión propone que, para efectos presupuestales, la aplicación de los recursos de la citada reserva, tendrán las siguientes características básicas:
- Se programarían como transferencias al desarrollo social de la economía y se destinarían a proyectos integrales que incluyan no sólo el aspectos productivos sino también distributivos de consumo, y sobre todo de satisfacción en las necesidades básicas, no sólo presentes sino también futuras.
- Se asignarían a los programas de las dependencias y entidades por medio de la SPP, alentando a las organizaciones sociales, y se informaría a esta Cámara de los resultados obtenidos.
- Para garantizar la viabilidad, eficiencia y beneficio social de los proyectos, se sugiere la creación de un fondo para estudios y proyectos en los sectores prioritarios. Este funcionaría como el programa Conacyt de riesgo compartido, y se complementaría con asesorías de las entidades públicas que tienen esa responsabilidad - SRA, STPS, etcétera.
Además de las propuestas y modificaciones señaladas, la Comisión Dictaminadora consideró oportuno efectuar otros cambios al texto de la iniciativa del Ejecutivo, entre otros:
En el artículo 11. párrafo final, a la prohibición para autorizar adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, se suma la de no autorizar ampliaciones líquidas a los presupuestos. La racionalidad de tal medida implica la aceptación de aumentos sólo en los supuestos comprendidos en los artículos 6o., 14 y 34 e igualmente conlleva la prohibición para cualquier otra actividad.
En el artículo 12, se crea la fracción IV, y la que ocupaba ese ordinal pasa a ser V, para incorporar a los casos previstos en ese precepto, el relativo a la suspensión de ministraciones de fondos en materia de subsidios y aun el reintegro de los fondos suministrados. Se estimó necesario incluir esta disposición toda vez que los subsidios implican un sacrificio fiscal y debe otorgarse a la autoridad la facultad de exigir su devolución cuando los mismos no han sido dedicados al objeto para el que fueron otorgados.
La fracción III del 20, se divide en dos para mayor precisión de su contenido, toda vez que la Secretaría de Programación y Presupuesto puede, atendiendo al objeto de esa entidad, autorizar gastos de representación, pero es conveniente dejar precisado que, por cuanto a compensaciones por representación en órganos de Gobierno, no deben admitirse excepciones.
La inquietud que suscitara haber incluido a las becas como uno de los conceptos cuyo monto debe reducirse al mínimo indispensable, mereció que se hiciera explícita, no sólo la autorización expresa del titular de la dependencia, sino que este concepto corresponde exclusivamente a gasto de la dependencia, no a las becas programadas que, como tales corresponde otorgar a las dependencias y entidades.
Esta es la razón por la cual el término de gastos se aumentó en el acápite del artículo 22, y en la misma disposición la fracción V fue adicionada para incluir a las dependencias del Ejecutivo Federal responsables de autorizar erogaciones por concepto de comunicación social.
La parte final del párrafo segundo del artículo 37, se adiciona a efecto de que la Cámara de Diputados sea informada por el Ejecutivo en materia de irregularidades y fincamiento de responsabilidades, adecuándose este numeral al nuevo esquema interno de competencias genéricas de la Administración Pública Federal Centralizada y a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor
de Hacienda, órgano técnico de esta Cámara de Diputados. Así, las Comisiones Legislativas y la Contaduría, órganos integrantes de esta representación popular, serán oportunamente informados en sus respectivos campos de actividad.
El texto del proyecto de presupuesto en su parte sustantiva requirió de una revisión de las disposiciones tradicionalmente comprendidas en este ordenamiento. El proyecto presentado distingue tres partes del proceso: El ejercicio del gasto con la supervisión directa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la obligación de ésta de informar a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación la detección de anomalías, y el deber de esta última de hacerlo del conocimiento de la honorable Cámara de Diputados.
Se incorpora el artículo 38, que faculta a la Secretaría de Programación y Presupuesto a tomar las medidas convenientes para promover la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública. Paraestatal que no cumplan sus fines u objeto social, o cuyo financiamiento no sea ya conveniente. Acorde al espíritu del proyecto, toca al Ejecutivo Federal informar a la Cámara de las razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de las atribuciones, y en tal sentido, está incluido el ordenamiento al que se hace referencia. Esta inclusión recorre la numeración originalmente propuesta para el resto de los artículos.
Las modificaciones antes enunciadas contribuyen a la consolidación de los avances que la propia iniciativa de decreto ya ofrece, en virtud de los cambios que en ella pueden observarse, comprenden desde su presentación hasta la confirmación de su estructura al contenido normativo de los nuevos ordenamientos y de las modificaciones y adiciones practicadas a las disposiciones jurídicas vigentes, aplicables en la materia.
Con este antecedente, en la iniciativa pueden advertirse artículos que se fusionan, para dar paso a nuevos numerales, o se suprimen por resultar repetitivos o fuera del contexto propio del decreto. De este modo se agrupan las funciones normativas que ejercitan las secretarías de Programación y Presupuesto, y la de la Contraloría General de la Federación, en sendos artículos específicamente elaborados con ese propósito, en cuyo texto quedan todas las facultades de vigilancia y control del ejercicio del presupuesto, comprendidas en el cuerpo del decreto anterior.
A este esfuerzo de sistematización se agrega el de los cambios de algunos términos, con los que en el proyecto se logra una mayor claridad conceptual y de contenido. A ello se debe primordialmente la nueva denominación de Reserva para la Recuperación de la Actividad Económica, y la sustitución de gastos prioritarios estratégicos por programas prioritarios o estratégicos, entre otros.
Por lo expuesto con anterioridad, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 65; 74, fracción IV; 108; 110; 126; 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15; 16; 17 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 10 y 12 de la Ley General de Deuda Pública; 5o.; 6o; 7o., fracción VIII, 46 y 47, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 57 de la Ley de Obras Públicas; 27; 32 y 40 de la Ley de Planeación; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1984 CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1984, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las que resulten aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las Dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones Adicionales, para el año de 1984, importan la cantidad de $ 3,611.230,217,000.00 (tres billones seiscientos once mil doscientos treinta millones doscientos diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00002 Presidencia de la República .. 6 152 700 000.00
00004 Gobernación .. 16 987 500 000.00
00005 Relaciones Exteriores .. 22 966 700 000.00
00006 Hacienda y Crédito Público .. 289 146 400 000.00
00007 Defensa Nacional .. 94 243 000 000.00
00008 Agricultura y Recursos Hidráulicos 316 740 900 000.00
00009 Comunicaciones y Transportes . 362 199 000 000.00
00010 Comercio y Fomento Industrial . 292 452 700 000.00
00011 Educación Pública . 706 941 300 000.00
00012 Salubridad y Asistencia .. 89 165 282 000.00
00013 Marina .. 32 847 000 000.00
00014 Trabajo y Previsión Social 11 238 300 000.00
00015 Reforma Agraria .. 19 021 400 000.00
00016 Pesca . 19 684 838 000.00
00017 Procuraduría General de la República . 6 450 000 000.00
00018 Energía, Minas e Industria Paraestatal .. 531 366 636 000.00
00019 Aportaciones a Seguridad Social .. 55 529 900 000.00
00020 Desarrollo Urbano Y Ecología .. 48 686 861 000.00
00021 Turismo .. 14 095 000 000.00
00023 Erogaciones Adicionales .. 634 233 100 000.00
00025 Programación y Presupuesto .. 35 385 600 000.00
00027 Contraloría General de la Federación .. 5 696 100 000.00
Suma .. 3 611 230 217 000.00
Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios para el año de 1984 importan la cantidad de $ 1.000,476.900,000.00 (un billón cuatrocientos setenta y seis millones novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00026 Desarrollo Regional .. 194 476 900 000.00
00028 Participación a Estados y Municipios .. 806 000 000 000.00
Suma .. 1 000 476 900 000.00
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1984 importa la cantidad de $6,787.289.000.00 (seis mil setecientos ochenta y siete millones doscientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional.
Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1984 importa la cantidad de $8,306.700.000.00 (ocho mil trescientos seis millones setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
Artículo 6o. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1984 establece una Reserva para Recuperación de la Actividad Económica, que importa la cantidad de $277.000,000.000.00 (doscientos setenta y siete mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) cuya aplicación se orientará a la atención de las prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y especificadas en los programas de mediano plazo.
El ejercicio de la Reserva, para Recuperación de la Actividad Económica, estará sujeto a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios.
Los recursos de esta Reserva se destinarán, primordialmente a proyectos y actividades que incidan en los desarrollos rural, social y regional, comunicaciones y transportes, abasto y casos contingentes; dando preferencia en el primero, a las zonas de temporal y, en el segundo, a la construcción de vivienda popular. El sector social de la economía recibirá atención especial.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, asignará en los términos de este artículo, los de la actividad Económica e informará del manejo y aplicación que se haga de los mismos a la H. Cámara de Diputados.
Artículo 7o. Las erogaciones previstas para el año de 1984 correspondientes a los Organismos descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen en las siguientes entidades:
00637 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado .. 128 539 100 000.00
00641 Instituto Mexicano del Seguro Social .. 413 001 700 000.00
04460 Productoras e Importadora de
Papel, S. A. de C. V. .. 21 525 400 000.00
06750 Lotería Nacional para la Asistencia Pública .. 57 149 000 000.00
08355 Forestal Vicente Guerrero .. 1 488 500 000.00
08400 Instituto Mexicano del Café .. 36 648 200 000.00
08490 Productos Forestales Mexicanos .. 1 848 800.000.00
09055 Aeronaves de México, S. A. .. 70 902 000 000.00
09085 Aeropuertos y Servicios Auxiliares .. 10 962 000 000.00
09120 Caminos y Puertos Federales de Ingresos y
Servicios Conexos 7 500 000 000.00
09180 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S. A. de C. V. .. 6 000 000 000.00
09185 Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V. .. 27 200 000 000.00
09190 Ferrocarril Sonora - Baja California, S. A. de C. V. . 5 000 000 000.00
09195 Ferrocarriles Nacionales de México .. 143 782 900 000.00
10125 Compañía Nacional de Subsistencias Populares .. 531 262 700 000.00
10250 Instituto Mexicano de Comercio Exterior .. 5 570 800 000.00
16905 Productos Pesqueros Mexicanos, S. A.
de C. V. e Industrias Pesqueras del Noroeste .. 107 792 000 000.00
18082 Altos Hornos de México, S. A. .. 86 654 600 000.00
18164 Comisión Federal de Electricidad. 436 110 000 000.00
18180 Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
S. A. en liquidación) 69 539 000 000.00
18234 Constructora Nacional de Carros de
Ferrocarril, S. A. .. 21 809 000 000.00
18242 Diesel Nacional, S. A. .. 21 857 000 000.00
18296 Fertilizantes Mexicanos, S. A. .. 148 010 000 000.00
18334 Fundidora Monterrey, S. A. .. 32 735 000 000.00
18572 Petróleos Mexicanos .. 1 195 095 000 000.00
18632 Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S. A. .. 75 576 500 000.00
18634 Siderúrgica Nacional, S. A. .. 10 274 000 000.00
Suma .. 3 673 833 200 000.00
Menos transferencias incluidas en el Gasto
del Gobierno Federal. 862 317 800 000.00
Importe Financiado con Recursos Propios y Créditos .. 2811 515 400 000.00
Artículo 8o. El gasto asignado a la Deuda Pública del Gobierno Federal para el año de 1984 importa la cantidad de .. $2.836.700,000,000.00 (dos billones ochocientos treinta y seis mil setecientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) y se distribuye de la siguiente manera:
00024 Ramo de Deuda Pública .. 2 836 700 000 000.00
Amortización .. 771 500 000 000.00
Intereses y Gastos .. 1 830 200 000 000.00
Pasivo y Circulante .. 235 000 000 000.00
La Deuda Pública correspondiente a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria cuyos programas están incluidos en este Presupuesto .. 1 471 349 900 000.00
Amortización .. 462 443 800 000.00
Intereses y Gastos 1 008 906 100 000.00
Artículo 9o. Los Titulares de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y las entidades, en relación con los objetivos y prioridades del Plan de programas de desarrollo, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinen.
Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1984, otros organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, además de los señalados en el artículo 7o. de este Decreto.
Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias y entidades serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Salvo lo previsto en los artículos 6o., 14 y 36 no se autorizarán ampliaciones líquidas a los presupuestos, ni adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su
ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos a las dependencias y entidades, en los siguientes casos:
I. Cuando se envíen los informes o documentos que les sean requeridos en relación con el ejercicio de sus presupuestos y el avance trimestral de las metas señaladas en los programas que tengan a su cargo;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
IV. En el caso de subsidios el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado, y
V. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 13. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del Presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados por las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como el Titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1 y 2 de sus fracciones II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores" y "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores". De estos ingresos se asignarán igualmente los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la Cámara de Diputados.
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal a que se refiere este Decreto, y
III. Remanentes que tengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos.
Asimismo se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1984, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del Presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de Erogaciones Adicionales, Aportaciones a Seguridad Social. Desarrollo Regional así como la Reserva para Recuperación de la Actividad Económica a que se refiere el presente Decreto, se recomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La administración, control y ejercicio de los ramos de Deuda Pública y de Participaciones a Estados y Municipios será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplinas presupuestales. Artículo 19. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud y seguridad.
nacional, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación y las necesarias para el Programa Emergente del Empleo, previa aprobación del titular respectivo.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores de la Administración Pública Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto así como las señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia el la actuación se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.
II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1983, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.
III. Eliminar compensaciones, de cualquier naturaleza a título de representación, en Órganos de Gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros.
IV. Eliminar gastos de representación, con excepción de los que autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 21. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1984 no se podrán efectuar:
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario; equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como la procuración de justicia, los servicios de salud y el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
II. Gastos con cargo a la partida de Erogaciones Imprevistas.
Artículo 22. Las erogaciones por los conceptos, de gasto que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o entidad correspondiente:
I. Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficinas públicas;
II. Gastos menores, de ceremonial y de orden social;
III. Comisiones de personal al extranjero;
IV. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones;
V. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del Sector Público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones por estos conceptos deberán ser autorizadas previamente por la Secretaría de Gobernación y de Programación y Presupuesto;
VI. Congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones;
VII. Otorgamiento de becas, y
VIII. Donativos.
Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfono, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 23. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, se observarán las siguientes medidas:
I. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos.
II. Se continuarán aquellas obras que no impliquen importaciones, limitando o difiriendo, en su caso, las que requieran insumos de procedencia extranjera para su terminación.
III. Se otorgará preferencia a aquellos proyectos en proceso con mayor avance relativo y de más alta prioridad, con el propósito fundamental de proteger la planta productiva, el empleo y el consumo básico.
IV. Se diferirán las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas o bien las de carácter ornamental o suntuario.
V. Se otorgará prioridad a las obras complementarias de proyectos en proceso que sean consecuentes y congruentes con los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo.
VI. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, las dependencias y entidades deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones.
VII. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción
consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Artículo 24. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los demás programas que se formulen conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento deberá ser selectivo, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios desatinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores Privado y Social estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agrícolas ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme al comportamiento del mercado, las necesidades sociales y el nivel de ingreso de los productores:
VI. Los subsidios destinados al apoyo de entidades paraestatales se deberá asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;
VII. Se consideran preferenciales las aportaciones destinadas a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
VIII. Las aportaciones de capital y asunciones de pasivo se efectuarán previa la adopción, por parte de los beneficiarios, de un programa de saneamiento financiero a mediano plazo;
IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el medio plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
X. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 25 La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al Presupuesto de Egresos, siempre que medie la aprobación de la dependencia coordinadora de sector, la que previamente, verificará
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Artículo 26. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 27. Las dependencias y entidades sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios o dar ayuda de cualquier clase, con la autorización previa y por escrito de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a la que presentarán para este efecto las solicitudes relativas, una vez aprobadas por los servidores públicos responsables de las propias dependencias y entidades. Tratándose de estas últimas se requerirá además la conformidad del coordinador del sector correspondiente.
Artículo 28. La Secretaría de Programación y Presupuesto se obtendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas, que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 29. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Unico de Transferencias. Asimismo los titulares de las dependencias y entidades serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gastos mencionados.
Artículo 30. La Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal informarán a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y a la dependencia coordinadora de sector, por conducto de las instituciones y sociedades nacionales de crédito y de las instituciones de banca y crédito del extranjero, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.
Artículo 31. Los subsidios con cargo a impuestos federales, las devoluciones de impuestos, los estímulos fiscales, así como las participaciones que sobre impuestos y productos federales correspondan a los Estados, al Distrito Federal o a los Municipios en los términos que fingen las leyes de Ingresos de la Federación y de Coordinación Fiscal y las demás normas aplicables, se deberán comunicar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que realice la afectación presupuestal correspondiente.
Artículo 32. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria y de las que operen mediante concesión federal, de los fideicomisos y de las instituciones y sociedades nacionales de crédito.
Artículo 33. El Banco de México en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 34 La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de pagos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 35. las dependencias y entidades quedan obligadas a informar a la Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 36. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar la dependencias y entidades durante el año de 1984, serán los siguientes:
Monto máximo total Monto máximo total
de cada obra que podrá de cada obra que podrá
contratarse directamente adjudicarse mediante
convocatoria a cuando
Inversión total autorizada menos tres personas
(millones de pesos) (millones de pesos) (millones de pesos)
Mayor de 2,000 a 5,000 1.2 12.0
Mayor de 5,000 a 8,000 1.6 16.0
Mayor de 8,000 a 10,000 2.0 20.0
Mayor de 10,000 a 15,000 2.4 24.0
Mayor de 15,000 a 20,000 2 8 28.0
Mayor de 20,000 a 50,000 3.2 32.0
Mayor de 50,000 a 80,000 3.6 36.0
Mayor de 80,000 a 110,000 4.0 40.0
Mayor de 110,000 a 150,000 4.4 44.0
Mayor de 150,000 a 200,000 4.8 48.0
Mayor de 200,000 a 250,000 5.2 52.0
Mayor de 250,000 a 5.6 56.0
6.0 60.0
Artículo 37. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la valuación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, en función de los objetos y metas de los programas aprobados. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del gasto público aprobado para 1984 y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite y a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades correspondientes.
Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto tomará las medidas conducentes a promover la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que no cumplan sus fines u objeto social, o cuyo funcionamiento no sea ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y/o del interés público. Asimismo, propondrá la fusión de aquellas otras, cuya actividad combinada redunde en un incremento en su eficiencia y productividad.
El Ejecutivo Federal informará a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de estas atribuciones.
Artículo 39. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto así como la escrita ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para estos efectos, podrá requerir de las dependencias y entidades la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 40. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran así como para que finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que proceden con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La propia Secretaría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 41. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1984.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; México, D. F., a 26 de diciembre de 1983.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Manuel Cavazos Lerma, presidente: Irma Cué de Duarte, secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, Ma. Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Nuñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa."
CUADRO I
METAS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1984
Concepto Crecimiento Real
Rangos
PRODUCTO INTERNO
BRUTO 0.0 a 1.0
Consumo total (0.3) a 0.4
Inversión total 1.0 a 2.6
Exportaciones 6.5 a 8.5
Importaciones 9.0 a 10.0
PRODUCTO SECTORIAL
Agropecuario, Silvicultura y Pesca 1.5 a 2.0
Minería 2.0 a 2.8
Manufacturas 0.2 a 0.8
Construcción (0.5) a 0.3
Electricidad 1.5 a 0.3
Comercio, restaurantes y hoteles (0.3) a 0.3
Servicios financieros seguros y bienes inmuebles (0.4) a 0.5
Servicios comunales, sociales y personales (1.0) a 0.2
Transporte y comunicaciones (0.2) a 0.8
INFLACIÓN
Anual 40.0
Promedio 50.0
FINANZAS PUBLICAS
(Porcentaje del PIB)
Déficit público 5.5
Superávit financiero excluyendo intereses 4.3
Pago de intereses 10.1
Gasto de bienes y servicios 23.7
Saldo de la Deuda Pública 54.8
- Interna 15.5
- Externa 39.3
Ingresos públicos 32.0
SECTOR EXTERNO
Balanza comercial/PIB 5.7 a 6.0
Balanza en Cuenta Corriente/PIB 0.0 a 0.5
Fuente: Criterios generales de política económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 1984.
Cuadro 2
PRINCIPALES EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1983- 1984
(Miles de Millones de Precios Corrientes)
- Niveles Brutos -
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Cuadro 3
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS 1983- 1984
(Miles de Millones de Pesos y por Cientos)
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO, LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y LOS RAMOS DE APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL, EROGACIONES ADICIONALES Y PROMOCIÓN REGIONAL
Gasto Corriente y de Capital, 1983 - 1984
(Millones de Pesos)
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CUADRO 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL
( Miles de millones de pesos )
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CUADRO 6
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO
( Millones de Pesos )
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CUADRO 7
PROGRAMAS DEL PODER JUDICIAL
( Millones de Pesos )
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CUADRO 8
PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
( Millones de Pesos )
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CUADRO 9
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
( Millones de Pesos )
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CUADRO 10
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
( Millones de Pesos )
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CUADRO 11
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
( Millones de Pesos )
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CUADRO 12
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
( Millones de Pesos )
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CUADRO 13 PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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CUADRO 14
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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CUADRO 15
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 16
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 17
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 18
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE MARINA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 19
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 20
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 21
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE PESCA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 22
PROGRAMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 23
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 24
PROGRAMAS DE LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 25
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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CUADRO 26
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO
(Millones de Pesos)
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CUADRO 27
PROGRAMAS DE EROGACIONES ADICIONALES
(Millones de Pesos)
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CUADRO 28
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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CUADRO 29
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTROLORIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
(Millones de Pesos)
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CUADRO 30
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 31
EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
-Miles de Millones de Pesos-
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-Miles de Millones de Pesos-
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CUADRO 32
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN TECNICA PARAESTATAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 33
PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
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CUADRO 34
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 35
PROGRAMAS DE PRODUCTORA E IMPORTADORA DE PAEPEL, S. A. DE C. V.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 36
PROGRAMAS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 37
PROGRAMAS DE LA FORESTAL VICENTE GUERRERO
(Millones de Pesos)
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CUADRO 38
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
(Millones de Pesos)
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CUADRO 39
PROGRAMAS DE PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
(Millones de Pesos)
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CUADRO 40
PROGRAMAS DE AERONAVES DE MÉXICO, S. A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 41
PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
(Millones de Pesos)
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CUADRO 42
PROGRAMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(Millones de Pesos)
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CUADRO 43
PROGRAMA DEL FERROCARRIL CHIHUAHUA AL PACIFICO, S. A. DE C. V.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 44
PROGRAMAS DEL FERROCARRIL DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 45
PROGRAMAS DEL FERROCARRIL SONORA-BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 46
PROGRAMAS DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
(Millones de Pesos)
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CUADRO 47
PROGRAMAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
(Millones de Pesos)
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CUADRO 48
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR
(Millones de Pesos)
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CUADRO 49
PROGRAMAS DE PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS E INDUSTRIAS
PESQUERAS DEL NOROESTE
(Millones de Pesos)
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CUADRO 50
PROGRAMAS DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S. A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 51
PROGRAMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos)
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CUADRO 52
PROGRAMAS DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, S. A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 53
PROGRAMAS DE LA CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL, S. A.
(Millones de pesos)
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CUADRO 54
PROGRAMAS DE DIESEL NACIONAL, S. A.
(Millones de pesos)
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CUADRO 55
PROGRAMAS DE FERTILIZANTES MEXICANOS, S. A.
(Millones de pesos)
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CUADRO 56
PROGRAMAS DE FUNDIDORA MONTERREY, S. A.
(Millones de pesos)
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CUADRO 57
PROGRAMAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(Millones de pesos)
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CUADRO 58
PROGRAMAS DE LA SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS-LAS TRUCHAS, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 59
PROGRAMAS DE SIDERURGICA NACIONAL, S. A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL PARA 1984
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 61
RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO
GASTO PROGRAMABLE
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 62
GASTO PRESUPUESTAL SECTORIZABLE PARA 1984
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CUADRO 63
INVERSIÓN PUBLICA FEDERAL
(Miles de Millones)
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CUADRO 64
RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO
INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 65
INVERSIÓN PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 1984
(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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CUADRO 66
INVERSIÓN PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL
(Millones de Pesos)
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(Millones de Pesos)
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CUADRO 67
CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE LAS TRANSFERENCIAS
DEL GOBIERNO FEDERAL 1984
(Millones de Pesos)
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CUADRO 68
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL
(Miles de Millones de Pesos)
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(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 69
TABULADOR GENERAL DE SUELDOS MENSUALES DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL
(Pesos)
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CUADRO 70
AHORRO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 71
CUENTA DOBLE DEL GOBIERNO FEDERAL 1983-1984
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 72
AHORRO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 73
CUENTA DOBLE DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS SUJETOS A CONTROL PRESUPUESTARIO 1983-1984
(Miles de MiIlones de Pesos)
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CUADRO 74
CUENTA DOBLE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1983-1984
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 75
SERVICIO DE LA DEUDA Y ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO
1983-1984
(Miles de Millones de Pesos y por Cientos)
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CUADRO 76
DEUDA DE LOS ORGANISMOS CONTROLADOS PRESUPUESTALMENTE 1984
Resumen Administrativo
(Millones de Pesos)
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La C. Presidenta: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los señores diputados, ruego a la Secretaría pregunte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores.
(Registro de oradores)
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes señores diputados: Iván García Solís, del Partido Socialista Unificado de México; Ignacio Vital Jáuregui, del Partido Demócrata Mexicano y Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista.
Y para hablar en pro, los siguientes señores diputados: José Isabel Villegas Piña, del Partido Acción Nacional; Raúl López García, del Partido Socialista de los Trabajadores y Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: -Señora Presidenta; señoras y señores: la discusión del presupuesto de Egresos el día de hoy, se realiza con antecedentes imposibles de ignorar y que de ningún modo son reflejados por el dictamen correspondiente. En primer lugar, hablemos del marco económico en que se presenta el presupuesto: El Gobierno en sus últimos informes ha sostenido que los aspectos más graves de la crisis por la que atravesamos, han sido controlados, lo mismo dice el dictamen, y ello no es así.
En realidad, los efectos más importantes de la crisis de ninguna manera están bajo control. La caída persistente del empleo se mantiene, con las graves consecuencias sociales y productivas que ello implica. La pérdida del poder adquisitivo de las grandes masas de la población es patente, a fin de año los contrastes entre la abundancia y la estrechez económica, entre la prepotencia de los que concentran la riqueza en este país y los que carecen de casi todo, es más insultante.
Y, finalmente en la enumeración, pero en realidad en primer término desde el punto de vista de su rigurosa importancia económica, nos encontramos con un retroceso en el potencial de nuestra capacidad productiva como Nación, pues no solo no se cubrió el deterioro sufrido por aquélla, sino que dejó de haber nuevas inversiones, que es lo único que hubiera permitido hacer frente en los próximos años a las necesidades crecientes de nuestra población.
Hace un año sostuvimos que era preciso un presupuesto mayor, provenientes de cargas fiscales de sentido progresivo y distribución distinta de los recursos públicos, de modo tal que se auspiciaran las actividades productivas y se ampliarán los servicios sociales a costa de la hipertrofia burocrática que pese a lo que se diga en contrario ha continuado produciéndose. Pero ello no fue tomado en cuenta. El presupuesto de hace un año suponía un aumento de la economía es decir, suponía el no aumento de la economía es decir, su estancamiento absoluto.
Pobre predicción que a nombre del realismo que hoy continúa invocándose abiertamente, reconocía la imposibilidad de dinamizar la producción nacional. Sin embargo, los cálculos oficiales resultaron ser optimistas comparados con el resultado que hoy observamos.
Para 1983 se ha certificado un decrecimiento en términos reales de la economía de un 3%, cifra que es mayor todavía si se toma en cuenta el crecimiento aproximado de la población, de un 2.5%.
Respecto a la inflación, el Gobierno hablaba de ceñirla a un máximo de 50%, y el resultado reconocido por fuentes oficiales es de un incremento no menor del 80%.
El secretario de Programación y Presupuesto, en su pasada comparecencia en esta Cámara, tuvo que tergiversar y deformar la posición de nuestro partido, al atribuirnos una expectativa de crecimiento inflacionario del 100% o más para poder lucir su 80% como logro oficial.
No, señores diputados de la mayoría, voceros especializados o no de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Hace un año simplemente aseguramos que su cálculo del 50% seguramente sería rebasado, y lo fue en un 30%. La fundamentación del actual presupuesto, según el dictamen, reside en dos elementos principales: Primero, dar por exitosa la primera etapa de la llamada reordenación económica, y segundo, avanzar en un supuesto cambio estructural; ambas afirmaciones son falsas. La reordenación económica no ha significado ni equidad y menos aún avance social.
En 1983, nuevamente México continuó recorriendo el camino de la injusta distribución del ingreso; aumentaron las ganancias de las grandes empresas privadas y bajo el nivel de vida de la mayoría de la población; y este tramo se transitó, no en una perspectiva de cambio estructural, a menos de que se trate de violentar hasta el extremo el significado de las palabras, ni hay un cambio considerable en el funcionamiento de la actual estructura capitalista dominante ni menos aún -porque obviamente este grupo dirigente no se lo propone -, una orientación para superar el actual esquema basado en la propiedad privada de los medios de producción.
El presupuesto que hoy discutimos, no sólo glorifica los propósitos y los resultados del anterior que, como vimos, han tenido un marcado sello antipopular, sino que propone su continuación.
enfatizando más aún el control de la inflación y la reducción del déficit, como las metas privilegiadas del actual ejercicio. Esta fue la misma divisa del año pasado, y los resultados, como vimos, fueron magros y en no pocos casos, contraproducentes.
Hoy, en vez de asimilarse la experiencia, se idealiza el camino seguido y a los instrumentos del estancamiento se les quiere ver como palancas, no sólo de la recuperación momentánea si no de modificaciones de mayor calado.
Examinemos la prosa optimista, por decir lo menos, del proyecto de dictamen: Entre un catálogo de 23 supuestas virtudes sobresalientes - dicen ellos -, y no sabemos cuántas de modesto valor, de las que es portador el actual Presupuesto, vale la pena comentar algunas.
Dice la Comisión que el ejercicio presupuestal en los términos que lo propone el Gobierno "será el apoyo fundamental para la conducción del desarrollo nacional". Prosigue: "Concede prioridad al aspecto social y a la inversión productiva". Agrega: "Se reorienta hacia las satisfacciones de las necesidades básicas de la población, buscar elevar el poder adquisitivo del salario, promueve el desarrollo regional, da prioridad a la producción de alimentos básicos. Hay ahí señores diputados, siete frases convencionales, no confirmables ni confirmadas.
En primer lugar, afirmamos que el actual presupuesto no es un instrumento fundamental para una conducción del desarrollo nacional de sentido democrático, orientando a la satisfacción de las necesidades populares, esto es así, por que no impulsa una integración nacional de la producción que siente las bases para generar los bienes y servicios que demanda la mayoría, su propósito es, en contrapartida, estimular el actual esquema de producción irracional, que pone en el centro el consumo de las minorías sin ni siquiera hacerlo de manera eficiente, de modo tal, que pueda auspiciar la exportación del excedente de tales bienes. No concede, como se afirma, prioridad alguna al aspecto social -como dice el dictamen en mal español - ni tampoco se reorienta hacia la satisfacción de las necesidades básicas.
Ello no es así simplemente por que el gasto destinado a apoyar estos propósitos, ha bajado en 1983, y según lo programado bajará aún más en 1984, si bien a un ritmo menor.
En cuanto a que busca elevar el poder adquisitivo del salario, digamos claramente que es una fase aventurera y falsa; el año pasado se sostuvo algo similar y el resultado fue el peor desplome de los salarios reales desde la segunda Guerra Mundial ya que bajaron en no menos de un 30% y, acaso, preguntamos, ¿hoy la perspectiva es diametralmente opuesta?, ¿qué quiere decir con esto la Comisión?, ¿que los salarios superarán todo lo perdido en '83 y aún se elevarán en 1984? O simplemente se seguirán cayendo, si bien a un ritmo menor.
Por todas las evidencias se trata de esto último, es decir, que continuará el empobrecimiento de los trabajadores aunque a un paso - dicen ellos - menos acelerado. Esto es inaceptable para los trabajadores y para el pueblo y por ello nuestro partido lo rechaza abiertamente. El recuento de virtudes presupuestarias incluye la de promover el desarrollo regional y dar preferencia a la producción de alimentos básicos, otra vez decimos no, como lo demostraremos ampliamente en una intervención alusiva posterior.
El presupuesto que aquí debatimos en uno de sus rubros más importantes como es el agropecuario, refuerza la concentración regional apoyando a los polos tradicionales de producción agrícola, en vez de distribuir los recursos en forma racional y equilibrada.
Tampoco hay evidencia de que el actual presupuesto pueda promover un aumento real en la producción de alimentos básicos. Precisamente BANRURAL respaldará desde el punto de vista financiero, en 1984, una superficie menor a la que se había propuesto cubrir en 1983, meta ésta que tampoco cumplió.
Para ejemplos pensamos que con éstos bastan para demostrar la ligereza de un dictamen que ve espejismos de reorientación y cambio llamado estructural, en lo que sólo son arenas estériles de una política conocida y padecida. Y ¿cómo es posible que éste que se quiere llamar Poder Legislativo, reciba un proyecto de dictamen tan apegado al proyecto del Poder Ejecutivo, que no sólo es acrítico, sino que incurre en una casi abyecta apología de la política económica antipopular de este gobierno? La respuesta está en el reconocido y muchas veces reclamado e impugnado presidencialismo, que domina la vida política del país y que opaca y anula a los dos poderes restantes, así como el carácter decrecientemente conservador y derechista del grupo dominante, contenido conservador que se apoya y beneficia el procedimiento cameral antidemocrático hecho a la medida del poder concentrado y unipersonal que priva en México.
En efecto, la Cámara no está habilitada para conocer con la necesaria participación un proyecto tentativo de presupuesto que le permita incidir en su orientación general.
Nuestro partido, por segundo año consecutivo, ha propuesto que los diputados conozcamos por lo menos desde mediados de año, un anteproyecto de presupuesto que de hecho existe en el Poder Ejecutivo pero que es manejado de manera oculta y confidencial.
Frente a esta demanda que presentamos en 1982, el secretario de Programación dijo en su comparecencia de ese mismo año: Se introducirán medidas para que el Congreso conozca con oportunidad de los lamentos generales de la integración del Presupuesto para 1984", y ello no ocurrió así.
La Secretaría de Programación proporcionó información trimestral que habíamos demandado y que figuraba como obligación en el decreto aprobatorio del año de 1983, aunque no hubo opción de la Cámara, pues no cuenta con las facultades necesarias para hacerlo para modificar el curso de la aplicación presupuestaria, por más que los efectos negativos de ésta eran ya evidentes.
Pero todo quedó hasta ahí. La promesa del secretario de Programación no fue cumplida, y sólo hasta el 15 de noviembre se conoció el proyecto de presupuesto, justamente cuando la Comisión trabajaba sobre los 20 volúmenes de la Cuenta Pública que habría de dictaminarse a principios de diciembre.
Dicho en otras palabras, no se pudo organizar un trabajo serio de estudio y análisis del proyecto de Presupuesto, pese a las breves reuniones que no permitieron profundizar en el proyecto respectivo. Pero lo más importante y decisivo de este asunto es que no existe voluntad política para ejercer un papel autónomo y propio por parte de quienes dominan esta Cámara.
Y que no se diga que la mayoría parlamentaria asume el presupuesto que viene del Ejecutivo, por que éste es aceptable y corresponde a una alternativa de política económica acorde con los intereses populares. Nada de ello, en realidad, tanto el presupuesto de '84 como el del año que termina, no son la mejor alternativa ni la única.
Aquí aprovechamos para controvertir nuevamente con el secretario de Programación, quien en su comparecencia acusó a nuestro partido de no disponer de un programa diferente al del Gobierno para hacer frente a la actual situación económica del país. Sí contamos con él. Hemos sostenido, y aquí lo reafirmamos, que es posible y necesario conducir al país por rumbo diferente. En primer lugar, se requiere canalizar una inversión acrecentada mediante la reforma fiscal progresiva hacia aquellas actividades que garanticen la satisfacción real de las necesidades básicas de la población: Producción de alimentos, vivienda, educación y salud.
En esta óptica la redistribución del ingreso, no sólo es un elemento de justicia, sino el principal instrumento de reactivación económica, y el mecanismo más importante para garantizar un desarrollo equilibrado. Esto exige una reorganización profunda de la economía, que supone que el Estado juegue un papel completamente distinto al que actualmente asume.
Esta entidad debiera desplegar una participación más amplia en la actividad productiva, en la distribución y en la regulación general de la economía. Una reorganización de este tipo, profunda, radical, en cuanto afecta la raíz de las relacionas sociales -que no otra cosa, son en el fondo, las acciones económicas -, pasa no sólo por una redistribución del ingreso, sino por una cultura de la producción y del consumo más racionales fincadas en un nuevo y verdadero humanismo que abarque una reorganización general de la sociedad, una diferente gestión democrática del Estado, permeado y sustentado por las acciones de la sociedad entera.
Estos son los grandes trazos de una política alternativa, perfectamente viable e inequívocamente democrática; política que no puede ser descalificada desde la mezquina peña del realismo, que no es sino una antigua y descalificada visión conservadora y pragmática.
Y más aún, en la crisis, en el espacio de ésta tensión social que polariza concepciones y soluciones, la alternativa que proponemos es transitable. Es falso que sólo exista el camino por el que hoy se lleva a la Nación.; este fatalismo cultivado por la inercia y obsecuencia de la burocracia, tanto la que ocupa los sillones de las secretarías de Estado como la que descansa y vota uniformada en estas curules, debe ser impugnada y derrotada.
A título de ejemplo, nuestro partido ha presentado un ejercicio de presupuesto alternativo, que aún partiendo de los indicadores de ingreso restringidos que desafortunadamente ha aprobado ya esta Cámara, propone una distribución diferente que permitiría activar la economía para hacerla crecer, impulsando a la vez una retribución del ingreso que haga este país menos inequitativo e injusto.
Con ello hemos querido esencialmente contrastar la pasividad tradicional y resignada, de quienes aquí aprueban presupuestos, leyes y decretos, con la posibilidad de una elaboración, propia consciente y avanzada. Queremos, además, estimular la confrontación de ideas y opciones que, desarrolladas y vueltas transparentes, reflejan como en un espejo los intereses de los grupos sociales que aquí están representados.
Para terminar y reafirmando nuestra posición de rechazo al actual dictamen, en relación con el proyecto de presupuesto, entregaremos a esta Presidencia los lineamientos alternativos de política presupuestal para la recuperación, trabajo elaborado por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, con objeto de que conste en el Diario de los Debates respectivo. Muchas Gracias.
"Lineamientos Alternativos de Política presupuestal para la Recuperación.
Índice.
I. La economía y política presupuestal.
II. Consideraciones de la Política de gasto en el periodo 1977-1982.
III. La política de gasto del nuevo gobierno.
IV. Hacia una alternativa en materia de gasto público.
V. Lineamientos de política presupuestal para la recuperación.
Anexo I. Consideraciones sobre las perspectivas de 1984.
Anexo II. Propuestas del grupo parlamentario del PSUM al decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984."
"Lineamientos de Política Presupuestal para la Recuperación.
I. La economía y la política presupuestal.
Después de dos años de recesión, la economía mexicana se encuentra en una situación crítica: La producción se ha reducido a los niveles de 1980; la inversión apenas supera la formación bruta de capital fijo de 1978; la
capacidad productiva se encuentra subutilizada y deteriorándose y los niveles de vida de los trabajadores han empeorado. La situación no es nada favorable, y si a esto se suma la equivocada política seguida por la actual administración, que ha priorizado lo financiero por arriba de cualquier otro tipo de consideración; la perspectiva de la economía se torna aún más difícil. Ante esta situación se precisa una nueva estrategia de desarrollo, en la cual se recupere el crecimiento, pero de una forma sostenida, y combinando con una creciente participación de los trabajadores en la economía y en la política.
En esta alternativa tiene un papel relevante la política de gasto estatal, por su impacto cuantitativo, y por la influencia que puede tener en una mayor integración de los circuitos productivos y financieros. A lo anterior hay que agregar el hecho conocido de que el gasto estatal tiene un efecto de arrastre mayor en etapas de auge. Estas características convierten al gasto del Estado en el punto toral para la recuperación.
II. La política de gasto en el periodo 1977-1982
Aún cuando la política de gasto puede generar efectos positivos en la economía, también puede tener efectos que profundicen los desequilibrios y ahonden la desigualdad. Tal es el caso de la política del periodo 1977-1982, cuando se planteó, sin llegar a concretarse, la intención de contribuir a través de la política de gasto, a fortalecer el desarrollo nacional y dotar de mínimos de bienestar a la población del país. El gobierno lópezportillista se encontró con la posibilidad de ejercer su política de gasto con mayor vigor que nunca antes en la historia del país, en virtud de los crecientes recursos provenientes de la explotación petrolera.
En reiteradas ocasiones se manifestó que era propósito de régimen, dotar al país de una estructura productiva más sólida y atender las necesidades sociales rezagadas durante décadas. Con este fin se intentó vincular esta política a un esquema de programación; de un plan quinquenal se pasó al plazo bianual para finalmente, llegar a la elaboración de un plan global. En ningún caso hubo congruencia programática, el gasto en su ejercicio atendió las presiones de la coyuntura no se supeditó a las metas programáticas ni hubo límites al gasto, que se desbordó por arriba de lo planeado.
La política de gasto en ese periodo se comprometió con el crecimiento económico. Sin embargo no logró imprimirle, en términos cualitativos, nuevos elementos; se fracasó en el intento de reestructurar las bases de reproducción de la economía mediante la acción estatal, con lo que se amplió la dependencia y se concentró el ingreso. En materia de infraestructura el Estado permitió que a los rezagos históricos se sumaran los del periodo correspondiente, lo cual hace más difícil corregir las fallas estructurales del sistema.
La intención de acelerar el crecimiento a cualquier costo motivó que se olvidarán las metas de integración nacional, en particular en la industria. Así, se prefirió importar a esperar a poner en marcha procesos productivos sustitutivos, que si bien hubieran tenido efectos de dilación en el crecimiento, también lo hubieran hecho en forma más sólida, ya que se hubiera iniciado la reestructuración del aparato productivo. En suma, la acción estatal en cuanto a programas de integración nacional y de abasto suficiente de bienes socialmente necesarios fue marginal, especial en la producción de bienes de capital y en la manufactura de bienes de consumo popular.
La intención de dotar de mínimos de bienestar a la sociedad mexicana, expresada en el discurso estatal y en el Plan Global de Desarrollo, no se cumplió. La desigualdad creció, el gasto en desarrollo social fue insuficiente; vivimos en un país con una mayor concentración del ingreso. Los trabajadores reciben hoy menos del ingreso disponible que lo que recibían hace seis años. La reducción de la desigualdad fue tan sólo una frase del discurso político, pero una realidad ajena a los trabajadores mexicanos.
De esta formas en los hechos el gasto estatal en el periodo 1977-1982, se comprometió con un crecimiento con privilegios sin atender a los intereses nacionales y populares. La oportunidad histórica de reestructuración productiva, propiciada por el incremento en recursos financieros fue desaprovechada, ahondando así los desequilibrios y aumentando con ello la dependencia la dependencia externa y la desigualdad interna.
III. La política de gasto del nuevo gobierno
En la actual administración, la política de gasto ha estado orientanda por un criterio principal y casi único: Restablecer la confianza del capital financiero reduciendo el déficit externo y el de las finanzas públicas. Esto a llevado a privilegiar el servicio de la deuda pública, sobre cualquier tipo de gasto, sin importar el impacto negativo sobre la planta productiva y el bienestar de los trabajadores.
Bajo esta perspectiva se ha instrumentado una política de gasto abiertamente recesiva concretada en una práctica presupuestaria que se describe bajo el concepto de techos financieros y no en el de necesidades sociales. De esta manera, en apariencia, se parte de la estimación de los grandes agregados económicos, para fijar sin justificación precisa, ni teórica, ni práctica, un máximo de déficit como proporción del PIB y en base a ello se presupuesta. Una vez asignado el monto máximo de presupuesto se privilegia el pago de servicio de la deuda y el remanente se asigna a las demás partidas, sin considerar si su monto es o no negativo en términos reales, ni tampoco si sus efectos sobre la planta productiva son contraproducentes.
El resultado de todo esto ha sido partir de 1981, una disminución del gasto público real.
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El gasto programable que es el que tiene un impacto directo en la economía, ha venido disminuyendo desde 1982, con mayor severidad en 1983 y con una perspectiva de estancamiento en 1984. La argumentación oficial ha sido la de restringir el gasto público, suponiendo que éste reducirá los desequilibrios financieros y por ende la inflación, cuyo combate es el centro de la estrategia gubernamental.
Una política de este corte deja al margen consideraciones de tipo productivo y de bienestar social a corto y largo plazos y propicia el deterioro de la capacidad productiva y de las condiciones de vida de los trabajadores.
En la supuesta austeridad revolucionaria que proclama el régimen , no se ha realizado un esfuerzo por iniciar el cambio estructural, sino por el contrario se ha dejado que el gasto no programable eleve su participación en el total, aun a pesar de la argumentación gubernamental de que el presupuesto se está realizando bajo los criterios del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy, el gasto no programable del Sector Público presupuestario significa el 3.9% del total de gasto público, esa es la planeación que ofrece la actual administración.
No sólo se gasta poco, sino que el gasto se da en áreas prioritarias. La mayor parte del gasto se dedica a pagar la deuda y eso es lo peor. A esta absurda situación se agrega la aparición de nuevas partidas con carácter discrecional, como es el caso de la Reserva para la Recuperación Económica en la que no se especifican prioridades sino que se hacen señalamientos generales en cuanto a su posible utilización -en caso de que no responda el sector privado -. El gobierno de la planeación de muestras en la práctica que atiende más a las presiones de la coyuntura que a los esquemas de planeación diseñados por la misma tecnoburocracia estatal.
IV. Hacia una alternativa en materia de gasto público.
Frente a una política como la actual, que resulta social y económicamente costosa tanto hoy como para el futuro, es indispensable una estrategia alternativa, que al mismo tiempo que busque cambios estructurales en el funcionamiento de la economía, del Estado y de la sociedad en general, se proponga la atención, hoy, de las necesidades sociales mayoritarias.
Nuestra alternativa económica pone en su centro no el crecimiento en sí ni bajo las fuerzas del mercado, sino la progresiva satisfacción de las necesidades esenciales de la población bajo nuevos esquemas de gestión social de la economía. Se trata de lograr un crecimiento sustentado en los factores internos, que utilice creativamente las potencialidades que hasta hoy se han explotado irracionalmente y para los fines de una minoría; no pugnamos por una expansión sobre las actuales bases, sino por una modificación paulatina de ellas que permita la consolidación de un núcleo interno que propicie un crecimiento mayor que el de la población, que al ampliar la producción genere más empleos y, sobre todo, redistribuya el ingreso, que hasta hoy concentra una minoría.
Esta estrategia económica alternativa haría de la distribución del ingreso su principal instrumento de reactivación, y el principal mecanismo para garantizar un desarrollo económico equilibrado y autosostenido. Entre la recuperación económica y el beneficio del pueblo, no existe la contradicción que se quiere hacer creer: Existe entre los intereses de quienes siguen concentrando el incremento de la riqueza y los intereses de los trabajadores y el pueblo. Un crecimiento económico diferente, que busque transformar las condiciones de vida, exige, por supuesto, una reorganización profunda de la economía, que incida sobre todo en la actual desintegración, en el papel del Estado en la economía, en la estructura industrial y las relaciones intersectoriales y, sobre todo, en la política de ingresos. Una reorganización de este tipo tiene como condiciones, aparte de la distribución del ingreso ya mencionado, una nueva cultura de la producción y del bienestar, es decir, una reorganización de la sociedad y de la vida misma, y sobre todo, una reorganización del Estado, de la sociedad civil y de las relaciones entre ambos.
En otras palabras, la reorganización económica que se requiere para lograr un nuevo crecimiento autosostenido, no será posible sin
una verdadera democracia económica que permita la gestión social para el cambio, y sin una profundización de la democracia que le confiera al Estado una participación diferente a la que hasta hoy ha tenido la economía. Tal reestructuración global es ahora, en la crisis y precisamente a causa de ella, más viable que antes, pues ahora como nunca se están viendo afectados los intereses del pueblo y la propia continuidad de la actividad económica en Cuestión.
La reorganización de la economía es impostergable, pero sólo se justifica si resuelve la insuficiente y desigual atención de las necesidades esenciales de la población. El panorama que en este sentido se presenta es ampliamente conocido: Déficits calóricos y proteicos, baja cobertura real de los servicios de salud, persistencia de analfabetismo y alto incumplimiento del precepto constitucional de primaria completa, millones de viviendas deficientes, una recreación manipulada para quien accede a ella, o inexistente para la mayoría, etcétera; estos elementos conforman un cuadro del antibienestar, que se agrava permanentemente ante la insuficiente o equivocada intervención del Estado y debido a la persistente concentración del ingreso, favorecida por un aparato productivo y distributivo que creció y crece guiado por los intereses de las minorías privilegiadas de México y del extranjero.
La acumulación productiva debe responder a un nuevo orden de prioridades definidas por las necesidades de la mayoría y la soberanía nacional. Es indispensable avanzar hacia una reestructuración económica que propicie nuevas relaciones intersectoriales y nuevas políticas de inversión, dirigidas a producir los bienes de capital necesarios para satisfacer las necesidades esenciales de la población y no los bienes que ahora abastecen a los privilegiados. Una política como ésta permitirá una expansión sostenida y descansará en los recursos -financieros, naturales, técnicos, etcétera- internos, dando lugar a una relación adecuada con el exterior. Así además de incrementarse la oferta interna de bienes primarios o industriales necesarios para la población mayoritaria, se absorbería crecientemente el desempleo y se reducirían las presiones inflacionarias a través de un aumento en la oferta, con lo cual se abatiría la inflación de una manera más consistente.
Esta reestructuración requiere de una modificación sustancial de las políticas de financiamiento, combate a la inflación, comercio exterior y mercado cambiario, pero más que nada de una reestructuración económica en beneficio del pueblo, cuyos intereses jugarían un papel central en la política de gasto público, su monto y su estructura. Es a través de la política de empresas y gasto públicos, como se puede favorecer la creación de la economía que demanda la mayoría, e impulsar un núcleo interno de expansión económica sostenida, al tiempo que se puede iniciar un proceso de recuperación de los salarios y redistribución del ingreso.
V. Lineamiento de política presupuestal para la recuperación
La circunstancia por la que atraviesa el país demanda de acciones inmediatas que eviten un mayor deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores y de capacidad de producción del país. La política presupuestal debe orientarse al estímulo de la producción y a la real defensa del empleo, y no a la consecución de ilusorios equilibrios financieros.
No se propone aquí un crecimiento excesivo del gasto público ni una recuperación espectacular ni artificiosa, sino orientada a acrecentar el espacio económico de los trabajadores. Los propósitos esenciales de nuestro proyecto para el presupuesto de 1984, son los siguientes:
a) Recuperar el crecimiento en base a la demanda de los trabajadores y del gasto público, e
b) Iniciar una reestructuración del aparato productivo con el fin de fortalecer la soberanía nacional.
Recuperar el crecimiento debe significar ampliar el mercado interno con base en el consumo de los trabajadores y en un eficiente gasto público.
La recuperación de la economía debe iniciarse con la restitución del poder de compra de los trabajadores, mediante una política de defensa de los ingresos mínimos. Ello implica una acción global e imaginativa en materia de salarios, precios de garantía, crédito, producción y distribución de bienes básicos comprometida con los intereses populares.
Esta política incluye aumentos en los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, una nueva concepción de los salarios mínimos y de los ingresos de los campesinos e incrementar las transferencias y subsidios para el consumo popular, con el fin de garantizar un nivel mínimo de consumo a los trabajadores a través de los aparatos de distribución estatal.
Al estímulo proveniente del gasto en apoyo al consumo popular, debe sumarse el gasto de inversión del Estado en proyectos de alta prioridad para la reestructuración económica otorgando especial atención a los programas ya iniciados y cuyo propósito sea lograr una mayor integración del aparato productivo.
Por el lado de la oferta se busca una respuesta que haga frente a la desarticulación, a la desnacionalización, a la apertura hacia el exterior y a la creciente inversión extranjera.
La única forma efectiva de enfrentar estos fenómenos es ampliar la producción presente y futura, dotando de capital de trabajo suficiente a las empresas nacionales, e iniciando nuevas inversiones con bajo contenido importado, tratando de impulsar al máximo la creatividad nacional y, desde luego, la utilización de la capacidad productiva instalada. Aquí tienen un papel relevante las empresas estatales. Por ello, los sectores que este proyecto presupuestal privilegia son los siguientes:
a) Agricultura de temporal;
b) Desarrollo regional;
(c) Abasto popular;
(d) Industrias de bienes básicos e insumos estratégicos;
(e) Bienestar social, y
(f) Transportes y comunicaciones
A partir de estos lineamientos y con el fin de reiniciar una recuperación sostenida, que mejore las condiciones de vida de los trabajadores y evite un mayor deterioro de la capacidad productiva, proponemos una política de gasto que garantice un crecimiento del PIB superior al de la población. Estas serían nuestras metas para 1984:
Tasa de crecimiento real
(porcentaje)
Producto interno bruto 3.0
Gasto público programable 7.2
Importaciones 30.0
Exportaciones 8.5
Se requiere una política presupuestal que garantice este crecimiento, para lo cual proponemos el siguiente esquema de finanzas públicas para 1984.
FINANZAS PUBLICAS EN 1984
(porcentajes del PIB)
Propuesta Propuesta
del PSUM Gubernamental
Déficit financiero 6.9 5.5
Pago de intereses 10.3 10.1
Gastos en bienes y servicios 25.5 23.7
Ingresos públicos 32.5 32.0
De esta manera proponemos un proyecto de Presupuesto que contiene un gasto programable para la Administración Pública de 7 mil 67 millones de pesos; Participaciones en Impuestos Federales a Estados y Municipios de 846 mil millones; y un servicio de la deuda pública de 4 mil 308.1 millones. Como contraparte proponemos un financiamiento con recursos ordinarios de 9 mil 1 millones de pesos, y 3 mil 220.1 millones con financiamiento, a través de recursos no inflacionarios. El nivel del financiamiento neto requerido es de miles de millones de pesos, el cual podrá ser financiado fundamentalmente a través del incremento en el ahorro interno, utilizando en forma complementaria el ahorro externo. En el siguiente cuadro se presenta la propuesta alternativa para el presupuesto de 1984.
CUENTA DOBLE DE INGRESO Y GASTO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTAL
(miles de millones de pesos)
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ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
Propuesta Propuesta
alternativa gubernamental
Financiamiento bruto Menos: 3220.1 2892.2
Incremento de Pagos 65.0 65.0
Amortización de la Deuda 2233.9 1233.9
Financiamiento neto 1921.2 1168.3
Proponemos no sólo un crecimiento mayor del gasto público, sino que éste se dé sobre la base de selectividad, para que la reestructuración de la economía comience hoy y no mañana. Esto sólo será posible con una distribución del gasto que dé prioridad a sectores y programas claves para la recuperación. En nuestra propuesta, la distribución del gasto en favor de los sectores de impulso para la recuperación sería la siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE 1984
Propuesta del PSUM (%) Propuesta Gubernamental (%)
(cifras en miles de millones de pesos)
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Conviene señalar que no sólo la asignación se modifica en nuestra propuesta, sino también la concepción de su ejercicio. Así, se propone que los recursos adicionales asignados al desarrollo rural tengan como destinatarios a los productores ejidatarios de áreas de temporal, ya que este amplio grupo de productores es el que mayor necesidad tiene de apoyos estatales y es también el que más aporta a la producción de bienes básicos consumidos por el sector popular. De esta forma la canalización de tales fondos se realizaría, no por la vía de los programas tradicionales de las dependencias u organismos oficiales, sino directamente a las organizaciones productoras. Esta modalidad, que implica profundos cambios en la normatividad presupuestal y en la organización de la administración pública, garantizaría mayor efectividad en la aplicación de recursos, descentralizaría realmente el gasto y fortalecería la organización autónoma de los productores.
Tal forma de aplicación presupuestal se haría extensiva a otros sectores, como el industrial y el de desarrollo regional. En el primer caso se buscaría fortalecer a la pequeña y mediana industria, con apoyos directos que las impulsaran, independientemente de que la recuperación económica les ampliara el mercado. Para el desarrollo regional se buscaría sobre todo impulsar la construcción de vivienda y el mejoramiento de la infraestructura por medio de la gestión de las organizaciones populares, de colonos y otras.
La asignación al bienestar social cubriría el doble propósito de revertir el deterioro de los servicios de salud, seguridad social y educación, y el de ampliar el nivel de ingresos de los trabajadores en estos sectores. En lo que se refiere a la seguridad social se ampliaría la capacidad de las instituciones para permitir pagos de jubilaciones y pensiones a niveles de, por lo menos, el ingreso mínimo, y para iniciar la constitución de fondos de protección para los trabajadores, como el seguro al desempleo. En este sector tendría un papel muy importante el incremento de los sueldos a los trabajadores al servicio del Estado, puesto que la educación, la salud, y la seguridad social dan ocupación a dos terceras partes de los empleados del Gobierno Federal.
El abasto es otro de los sectores que nuestra propuesta busca impulsar. Aquí se incluye la producción estatal de bienes básicos, que se ampliaría para incrementar la oferta a precios estables. Dentro del sector tendría un lugar importante el apoyo a las cooperativas de consumo, las tiendas sindicales, y otras formas de organización de los consumidores que permitan combatir los efectos de los precios de los monopolios comerciales.
La distribución sectorial del gasto programable se modificaría significativamente con la asignación y el monto adicional que proponemos. Sin embargo, las magnitudes globales del presupuesto se alterarían levemente ya que el gasto para deuda es muy alto.
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 1984
(miles de millones)
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Aun con el gasto adicional propuesto, la participación del gasto programable en el total sería más baja que la del promedio 1977- 1981, y que el pago de la deuda representa desde 1982 más de las tercera parte de los egresos presupuestales.
En el cuadro de la siguiente página se compara la distribución sectorial del gasto programable con nuestra propuesta y el incremento que significaría en relación al gasto esperado para 1983, que se localiza en la columna 1.
La asignación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984 aparece en la segunda columna. Los 474.6 miles de millones adicionales que se proponen se asignarían principalmente al desarrollo rural (156.6 miles de millones), educación (7.4 miles de millones); desarrollo regional (71.2 miles de millones); y salubridad y seguridad social (50 miles de millones); esta distribución se presenta en la columna 4. La nueva asignación (columna 5) indica que el desarrollo rural contaría con 1.5% más del gasto programable, y también incrementará su participación los siguientes sectores: Desarrollo Regional, Pesca, Educación, Salud y Seguridad Social e Industria. Para empleo no se propone un gasto adicional, porque la ocupación aumentaría como efecto del mayor crecimiento económico propiciado por un mayor gasto.
Con el presupuesto adicional de 474.6 miles de millones, el gasto programable crecería 61% en relación al esperado para 1983 (columna 6); el sector desarrollo rural aumentaría 90%, cuando según el proyecto de Presupuesto del Gobierno sólo crecerá 51%. En todos los otros sectores que hemos considerado estratégicos, exceptuando el industrial, el crecimiento real sería entre 6 y 30%.
GASTO SECTORIAL 1948. DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PROPUESTA
(miles de millones)
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La propuesta de gasto adicional afectaría también la distribución del crecimiento de los egresos programables, como puede verse en el cuadro siguiente:
De acuerdo al Proyecto del Gobierno, 9.2% del incremento del gasto se asignaría al desarrollo rural, mientras que según nuestra propuesta le correspondería 13.4% de dicho incremento.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PROPUESTO.
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ANEXO I
SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE 1984.
En el documento "Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984" se presentan estimaciones gubernamentales sobre el desempeño esperado de la economía; éstas se pueden resumir en el siguiente cuadro:
METAS PARA 1984.
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El bajo crecimiento estimado por el Gobierno se explica en parte por la limitada expansión del gasto público programable, cuyo rango de crecimiento real se sitúa entre cero y 4%, dependiendo de si se utiliza o no la Reserva para la Recuperación Económica equivalente al 1% del PIB nominal. La argumentación gubernamental en favor de una limitada expansión del gasto público descansa en la idea de que sólo con una política restrictiva se puede lograr una reducción de la inflación y evitar un aumento brusco en el déficit en cuenta corriente.
Nosotros consideramos, en cambio, que en las circunstancias actuales del país, con una subutilización de la capacidad productiva y un fortalecimiento del ahorro financiero, es posible crecer más, sin que esto forzosamente implique consecuencias inflacionarias o aumento incontrolado del déficit externo.
Internamente se puede financiar un mayor gasto público sin necesidad de acudir al expediente de emisión monetaria, sino a través de una pequeña elevación en la carga tributaria mediante una ampliación de la base impositiva, y elevando el encaje legal. La combinación de estos elementos, se estima, harían posible un aumento del 7.2% del gasto programable en términos reales (61% en términos nominales), sin que esto tuviera consecuencias inflacionarias. Calculamos que los efectos multiplicadores de esta expansión del gasto público en actividades estratégicas garantizarían un crecimiento del PIB del orden del 3% en términos reales.
Este mayor crecimiento, aun cuando demandaría un aumento en las importaciones por encima de lo estimado en la previsión gubernamental, no violentaría la situación del sector externo, ya que el monto del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos tan sólo alcanzaría el 0.1% del PIB. Este monto
no presentaría mayor problema para su financiamiento, puesto que provendría de un aumento en las importaciones productivas - insumos y bienes de capital - , las cuales tienen fácil acceso a financiamiento a través de proveedores.
Es decir, el pequeño déficit externo resultante no requeriría de una larga negociación con la banca internacional, sino de una solicitud de crédito a los proveedores internacionales.
De esta forma nuestra propuesta de presupuesto alternativo descansa en un manejo selectivo de los instrumentos de política económica, a fin de evitar un disparo en la inflación, o en el desequilibrio externo. Con un manejo adecuado de estos instrumentos se podría lograr una expansión mayor a la que pretende el Gobierno Federal, sin que esto significara mayores desequilibrios.
A continuación compramos estas dos opciones de política económica para 1984.
METAS DE CRECIMIENTO.
Propuesta Propuesta
gubernamental socialista
(Tasa de crecimiento real)
P. I. B 0.0- 1 3.0
Gasto público programable 0.0, 4.0* 7.2
Importaciones 10.0 30.0
Exportaciones 8.5 8.5
Inflación 50.0 50.0
(porcentajes del PIB)
Finanzas públicas
Déficit financiero 5.5, 6.5* 6.9
Gasto de bienes y servicios 23.7 25.5
Ingresos públicos 32.0 32.5
Sector externo
Balanza en cuenta corriente/PIB 0.0 -0.1
Conviene reiterar que nuestra propuesta ilustra la posibilidad de crecer más sin incurrir en disparos de los desequilibrios financieros. Esto se explica, como señaló anteriormente, debido a las condiciones que en este momento prevalecen en la economía nacional: Bajo grado de utilización de la capacidad productiva, y crecimiento y fortalecimiento del ahorro financiero bajo la banca nacionalizada. Estos elementos nos permiten pensar que un mayor crecimiento de la actividad estatal no tiene por qué redundar en mayor inflación, existen recursos no inflacionarios para financiar el déficit y, además, hay capacidad productiva no utilizada que, de usarse, evitaría un desbordamiento de las importaciones.
* Si se utiliza la reserva para recuperación de la actividad económica.
Nuestra propuesta demuestra, por lo tanto, que a partir del marco de escasez de recursos del cual parte el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984 es posible iniciar un desarrollo diferente y un crecimiento del empleo, de la producción y de los salarios, mayor al que propone el Gobierno.
ANEXO II
PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSUM SOBRE EL
PROYECTO DE DECRETO APROBATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA 1984
Artículo 3o.* Con el fin de contar con más elementos para analizar el gasto para Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios, reiteramos la solicitud presentada en reunión de la Comisión, de que nos sea proporcionada la información correspondiente al desglose de dicho gasto por entidad federativa.
Artículo 6o. En relación a la Reserva para Recuperación de la Actividad Económica, sugerimos se precisen tanto las condiciones para su aprobación como su destino. En el párrafo segundo se propone que el ejercicio de la Reserva esté sujeto "...a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios y a las necesidades que deriven de las condiciones económicas imperantes", y de aplicarse tal como se sugiere en el primer párrafo, se orientaría a "...la atención de las prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y especificadas en los programas de mediano plazo".
Lo anterior es demasiado amplio ya que pueden ser muy variadas las "necesidades que deriven de las condiciones económicas imperantes", y lo mismo sucede con las prioridades del PND, además de que aún no se conocen los programas de mediano plazo. Esta previsión, la que se refiere al Plan y a los programas, ya está, además, considerada en el artículo 9o.
Pese a que en el párrafo tercero del propio artículo 6o. se concreta más el destino de la reserva, esto no es aún suficiente, ya que también existen muchos programas por medio de los cuales es posible apoyar la "recuperación de la inversión de los sectores social y privado". Además, en el mismo párrafo resulta confusa la frase "y en casos contingentes", ya que esto se refiere a una condición para la aplicación de la Reserva y no a su destino, que es a lo que se dedica el párrafo. Por lo demás, sería necesario precisar a qué tipo de casos contingentes se alude.
Nuestra propuesta, que desarrollaremos en las reuniones de la Comisión, es que en el
* Los artículos anotados, salvo que se indique lo contrario, se refieren al Presupuesto de Decreto Aprobatorio citado.
propio decreto se especifiquen los sectores y programas a los que se destinaría la Reserva en caso de ser autorizada y utilizada. Proponemos, además, que de ser aprobada la Reserva se establezca como obligación para la Secretaría de Programación y Presupuesto la de consultar a la Cámara - por medio de la Comisión - dentro de un periodo determinado, sobre la aplicación de la mencionada Reserva.
Artículo 10. Se sugiere añadir un párrafo donde se establezca que la SPP quedaría obligada a informar a la Cámara de las razones que la llevaron a hacer uso de la facultad a la que se refiere el artículo, en caso de que haga uso de ella.
Artículo 12. Se propone que el primer párrafo quede como sigue: "La Secretaría de Programación y Presupuesto, dando vista a la Contaduría Mayor de Hacienda, podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos, a las dependencias y entidades, en los siguientes casos." (sigue el artículo).
Artículo 14. Se propone que en el primer párrafo se precisen los sectores y programas en los que se aplicarán las erogaciones adicionales. El Decreto Aprobatorio del Presupuesto para 1983 especifica que los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 14 - que para 1983 es el 11- se destinarían "a los programas prioritarios, preferentemente de interés social, que apruebe el Ejecutivo Federal por conducto de dicha Secretaría - se refiere a la SPP- , dentro de los sectores de atención especial". Lo anterior, pese a que resulta aún muy general, no se encuentra en el proyecto de decreto para 1984.
Proponemos además que la fracción I del mismo artículo 14 quede como sigue:
1. "Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos I, II y III de su fracción II, 'Aportaciones y Bonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores' 'Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores' y 'Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a Cargo de los citados Trabajadores'... - sigue el párrafo.
La propuesta anterior obedece a la necesidad de que el ISSSTE retenga todos los ingresos provenientes de cuotas de los trabajadores.
Artículo 19. En este artículo proponemos que se haga explícito que se podrán crear plazas cuando éstas sean ocupadas por trabajadores de las dependencias y entidades que en el momento de la creación de dichas plazas, sean trabajadores supernumerarios, eventuales o pertenezcan a alguna otra categoría por la cual no ocupen un puesto catalogado como de base.
Artículo 22. Proponemos que se elimine la fracción VII.
Artículo 24. Proponemos que se revise la fracción V a fin de que no queden excluidos del otorgamiento de subsidios los bienes y servicios de consumo popular, que no se circunscriban a los productos agrícolas sujetos a precio de garantía. Es necesario, además, que se precise la composición del paquete básico de consumo regular y que se hagan explícitas las condiciones de comportamiento del mercado que regularán los subsidios de los bienes y servicios mencionados. De aprobarse la fracción V tal como se propone, dichos subsidios se regularán también por "las necesidades sociales y el nivel de ingreso de los productores"; es necesario que también esto se precise, pues, en nuestra opinión, resulta muy general.
Artículo 37. Proponemos que el párrafo II incluya, dentro de los informes trimestrales, el informe de metas a que se refiere el inciso I del artículo
Proponemos también que la Secretaría de Programación y Presupuesto quede obligada en este artículo a informar a la Cámara de Diputados de la razones y criterios que fundamenten la disolución, liquidación, extinción o fusión de entidades de la Administración Pública Paraestatal, si tales acciones se realizan.
Artículo 38. Proponemos que se adicione el siguiente párrafo:
"La información a que se refiere el párrafo anterior deberá ser proporcionada a la Contaduría Mayor de Hacienda. Asimismo, se le comunicará a ésta las irregularidades y desviaciones que el mismo párrafo menciona."
Por último, proponemos que en un nuevo artículo, o en el 37, se incluya una disposición por medio de la cual se disponga que la Secretaría de Programación y Presupuesto, al presentar los informes trimestrales del segundo y tercer trimestres de 1984, incluya información relacionada con el escenario de gasto público para 1985, en el cual se incluirán los supuestos generales, las estimulaciones de monto, estructura, distribución sectorial, etcétera, del Presupuesto de 1985, con el fin de que la Comisión conozca y discuta con tiempo suficiente el proyecto presupuestal del siguiente año.
PROPUESTAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSUM PARA LA APLICACIÓN DE LA
RESERVA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN
PARA 1984.
I. Esta reserva de 277 mil millones de pesos, debería tener 4 prioridades: El desarrollo rural, la vivienda popular e infraestructura urbana, el desarrollo de la pequeña y mediana industria y el impulso a la producción y distribución estatal y social de básicos.
II. Desde el punto de vista presupuestal, estos recursos tendrían como características básicas las siguientes:
1. Se programarían como transferencias corrientes y su capital al sector social de la economía.
2. Son recursos que no se asignarían a una secretaría determinada ni a programas normales, sino que se canalizarían por la SPP hacia las organizaciones sociales, teniendo dicha
Secretaría la obligación de presentar en el informe trimestral del gasto público a la Cámara de Diputados, los resultados de este ejercicio presupuestal. Por medio de programas normales sólo canalizarán los destinados al impulso de la producción y distribución estatal de básicos.
3. Se define una bolsa de recursos para estudios y proyectos en las cuatro áreas prioritarias. Esta funcionaría como el programa CONACYT de riesgo compartido - es decir, se canaliza directamente a la organización social, quien es la que define la institución o la entidad que realice la investigación o bien, lo realiza directamente- , con la diferencia de que no se trataría de un crédito.
4. El gasto corriente se utilizaría para financiar personal técnico y administrativo de las propias organizaciones sociales.
5. El gasto de capital se utilizaría para adquisición de bienes muebles e inmuebles y para obras e infraestructura que realice directamente la organización social, pudiendo en todo caso contratar servicios especializados para asesoría técnica. El condicionante fundamental a este respecto es que sea la propia organización social a través de sus miembros la que realice la obra pública a los trabajos en infraestructura. También se contaría con recursos para capital de trabajo tratándose de gasto en inversión productiva.
III. Se propone que tenga acceso a estos recursos - hasta por un monto tope que podría ser de 500 millones de pesos - cualquier organización social que reúna los siguientes requisitos:
a) Tener cualquier tipo de registro legal - ejido, sindicato, cooperativa, etcétera;
b) Comprometerse a realizar en un lapso determinado de los estudios y el proyecto respectivo, junto con la solicitud de los recursos;
c) Presentar un calendario de ministraciones de recursos de acuerdo al proyecto desarrollado;
d) Realizar directamente la obra pública estableciendo la entidad o entidades que proporcionarían asesoría técnica;
e) Comprometerse a constituir un fondo de capitalización de la propia organización que permita recuperar la inversión productiva en un lapso determinado. Este fondo de capitalización, que se consideraría como condición necesaria para poder tener acceso a recursos de este tipo al siguiente ejercicio fiscal, no pretende regresar al Gobierno Federal los recursos erogados, sino garantizar la factibilidad de los proyectos y permitir que la organización social vaya accediendo a su autonomía financiera, y
f) La SPP no deberá establecer ningún otro criterio selectivo para otorgar estos recursos que los fijados por el propio Congreso de la Unión en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984.
IV. Estos recursos deben canalizarse para proyectos integrales. En el caso de los recursos canalizados al desarrollo rural por ejemplo, debería tener por eje central el aumento de la producción agropecuaria y su impacto en términos de bienestar social de los campesinos involucrados. Estos deben ser los criterios fundamentales para aprobar los proyectos."
La C. Presidenta: - Insértese en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el señor diputado José Isabel Villegas Piña.
El C. José Isabel Villegas Piña: - Señora Presidenta; señores diputados: El Partido Acción Nacional, por mi conducto, da su opinión sobre el presupuesto que se puso a nuestra consideración y respecto del cual votaremos a favor, por las siguientes razones: Los criterios generales de la política económica que soportan el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, enviado por el titular del Poder Ejecutivo a esta Cámara de Diputados, definen una serie de objetivos que al traerlos a unidad, expresan un inventario de propósitos cuyas realizaciones resultan convenientes. Entre las más destacadas pueden apuntarse las siguientes:
Promover un crecimiento de Producto Interno Bruto del 1%; reducir la inflación anual a un 40%; que el saldo de la deuda pública no exceda del 54.8% del Producto Interno Bruto; reducir el déficit público de un 5.5% del Producto Interno Bruto; que el desempleo abierto no exceda del 8.5%; que en un programa de emergencia se logre la creación de 500 mil empleos, ubicados en las zonas de mayor depresión económica; que los salarios reales no se deterioren; que la deuda pública externa en términos absolutos no crezca con más de 4 mil millones de dólares; que la reestructuración de los precios y tarifas del Sector Público se sujete a un proceso de ajuste gradual, evitando saltos bruscos, con el propósito de cuando menos mantener los precios del Sector Público en la línea con los del resto de la economía; que estos ajustes permitan el saneamiento financiero de las empresas públicas, hagan posible la reducción del déficit presupuestal y su adecuada programación, en el tiempo, coadyuven a controlar la inflación.
Que la estrategia global de revisiones de precios de tarifas de los bienes y servicios en general del Sector Público, contribuye a obtener recursos adicionales del orden del 1.5% del Producto Interno Bruto; buscar contener el crecimiento del gasto corriente para fortalecer la inversión; reducir las erogaciones corrientes en relación al PIB en el 1.6%; que la relación de la balanza comercial del PIB se mantenga en rangos del 5.7% y de la relación cuenta corriente del PIB sea entre cero y 0.5%.
Es evidente que se buscará activar las metas, pudiendo considerarse ambiciosas, de difícil realización, o lo que es peor, de buenos deseos para atemperar la inquietud creciente frente al comportamiento recesivo de una economía. Tal vez el repaso de este ambicioso inventario de propósitos, traiga a presencia
otros años, otros hombres, otros presupuestos, que en su contenido incorporen en su tiempo promesas deslumbrantes.
En épocas recientes el régimen de desarrollo estabilizador, la afirmación dogmática sobre su liquidación por injusto y por ineficiente - de él se dijo en una exposición de motivos que sirvió de pórtico a un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, cuya vigencia acumuló rasgos y provocó injusticias, que marginó al campo para darle centro de preferencia a la ciudad; que provocó crecimientos desiguales y que rompió los equilibrios elementales en la distribución del ingreso, y que el nuevo presupuesto ratificaba metas y se planteaba objetivos en el vértice, en la promesa de una vida mejor para los mexicanos marginados, para las mayorías olvidadas.
El nuevo esquema fue instituido con el nombre de desarrollo compartido. De un lado, se incrementaron los ingresos, del otro, se afinó la orientación del gasto que quedaba sujeto a cambios estructurales. Durante cuatro años consecutivos el proyecto de Presupuesto insistió obsesivamente en objetivos ratificadores, en reorientación del gasto, en fin, en la fascinante de un nuevo paraíso.
Tal vez en el denominador común de la discusión sobre el Presupuesto llegue a presencia a otros tiempos, a otros hombres, a otro sexenio, que le plantea una nueva rectificación. El desarrollo compartido no logró las metas ambiciosas de justicia social que se trazó; tampoco liquidó los rezagos, al contrario, los agudizó.
La vida buena prometida a los más, quedó definida, pero el esquema desembarcó en una crisis que los hombres del nuevo sexenio escribieron como la más sombría y profunda en la historia del país.
Durante cinco años consecutivos incorporaron a los presupuestos nuevas metas para crear infraestructura de la abundancia; los tiempos de la improvisación quedaron atrás; los nuevos presupuestos incorporaron la novedad de la sujeción del gasto al Plan Global de Desarrollo. Las metas del Plan gobernaban el Presupuesto para 1982; el PIB crecía en un 2%; la inflación sería moderada; la paridad cambiaría reflejaría la salud y el vigor de la economía nacional, el desempleo abierto quedaría reducido en un 2%; el petróleo fue el Presupuesto del sexenio, centro de grabación para el soporte de las metas ambiciosa; fue sepultado el desarrollo compartido; la administración de la abundancia recibió las aguas lustrales para el bautizo de la promesa, y la administración de la abundancia no logró las metas ambiciosa, propuestas por el advenimiento de la justicia social, largamente diferida, no liquidó los rezagos, el nuevo esquema desembarcó en otra crisis, mucho más grave que la anterior. Su descripción incorporó reproches graves, adjetivos sombríos; la nueva crisis amenazaba la vida misma de la Nación, sus estructuras, su destino su crédito internacional, sus posibilidades de sobrevivencia.
Hoy llega a la Cámara un nuevo Presupuesto, uno más de la cadena, cuyos eslabones determinan la historia de una economía convulsa y errática, péndulo que ocila de la promesa de abundancia a las definiciones de la crisis. No se habla de crecimientos acelerados, ni de desencantos inmediatos, se afirma que el desenlace de la crisis está lejos, que todavía el año de 1984 será de austeridad y se pide perseverancia y sacrificios. Tal vez frente al inventario de las metas, la impaciencia pretenda el tránsito inmediato de la recesión a la normalidad.
En las teorías económicas tan abundantes, tan contradictorias, tan discrepantes, hay esquemas que aconsejan el sobrecalentamiento como medida de aceleración. La experiencia reciente es evidencia de fracaso, durante 12 años consecutivos el esquema fue aplicado, se dijo que el déficit presupuestal era herramienta eficaz y valiosa para estimular crecimientos sanos en el Producto Interno Bruto, para liquidar rezagos, centenarios de injusticias, de marginación, para lograr a través de la orientación del gasto público el advenimiento de paraísos largamente esperados.
En los planes queda la historia dramática y sombría, aniquilante y aterradora, en los adjetivos que soportan desde el nuevo sexenio el juicio sobre la crisis; se dijo entonces que la inflación era manejable, la paridad real, el crecimiento sólido, el empleo abundante; el financiamiento del déficit fue francamente inflacionario, el déficit mismo fue detonante de la crisis; vinieron después los pretextos, la búsqueda intencionada de los culpables, el endoso de los fracasos a los tradicionales fantasmas sin rostro, las lágrimas tardías, los arrepentimientos para después de la muerte, en lo desigual amargo; cinco presupuestos enviados por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados cuyos buenos propósitos naufragaron en el océano de las duras realidades.
Hoy, otra vez los diputados discutimos un presupuesto de egresos de la Federación que fue presidido por la ya tradicional comparecencia de los secretarios responsables del ingreso y del gasto. No hay ni en los criterios generales, ni en el presupuesto mismo, ni en el dictamen, triunfalismo. El tiempo es propicio, tal vez sería deseable que los hombres del poder recojan la lección, ojalá que así sea para el bien de México y para el bien de los mexicanos. Ocasión propicia para ejercitar la responsabilidad de diputados, en la definición que ni tiempo ni uso gastan o deterioran representantes del pueblo. Detrás de los números, de las cifras impresionantes, de los cuadros comparativos que relacionan el hoy angustiado con el irresponsable ayer, para proyectarlo sobre el mañana. Año anterior, presupuesto real, nuevo presupuesto. La presencia del pueblo. México plural, sin definiciones confusas o populistas que fraccionan el todo en el claroscuro de mayorías y minorías.
El pueblo, que es mosaico sobre la historia y sobre la geografía, todos en el esfuerzo común
y solidario de construir. A veces, como hoy, en el tesón de preservar para construir, cada hombre, cada mexicano en su quehacer de su profesión, está presente en la espera y en el desafío, en la frialdad de los números, en las proyecciones de la orientación de los porcentajes, de los adjetivos, de las metas que integran el Presupuesto.
De nosotros, señores diputados, los mexicanos, el pueblo exige prudencia en el juicio, severidad en el seguimiento, hondura en la interpretación para evitar desviaciones, para frenar triunfalismos, para exigir austeridad, para imponer disciplina, en fin, para que las metas trazadas no se queden como adoquines para empedrar los caminos que conducen al infierno, sino que su realización puntual permita atemperar los efectos de la crisis, construir bases confiables para el crecimiento sano, soportado en la justicia.
El Presupuesto es hoy proyecto, ya aprobado y será marco exigente para su implementación; un año después será rigor de Cuenta Pública, en cada etapa la presencia del diputado, Poder Legislativo, que en nombre del pueblo a quien representa, a quien sirve, de quien se sirvió se rige en freno del poder, contrapeso de sabiduría; su función la función del diputado no termina en el debate ni en el voto, apenas se inicia, es solidario en la implementación mediante la vigilancia honesta, severa de esta implementación.
En la presentación del Presupuesto se hicieron afirmaciones que conviene recoger en 1984. Se dijo recientemente: "Exigir rigor, perseverancia, autoridad y un esfuerzo solidario de la Nación; se busca el equilibrio adecuado entre control para seguir conjuntamente con honestidad, eficiencia en el gasto público". En los criterios generales de la política económica se afirma:
"Reiteramos que no se busca volver al esquema anterior". Junto con las metas cuantificadas con el marco de la crisis, se estiman razonables.
Los diputados de Acción Nacional recogemos los propósitos de rigor, perseverancia, austeridad, la reiteración de no regresar a esquemas anteriores, y en nuestro voto aprobatorio planteamos la esperanza de que su ejercicio contribuya al bienestar de los mexicanos. Estamos dispuestos a conceder al Ejecutivo el beneficio de la duda, y exigimos el cumplimiento de la promesa, de la vigilancia solidaria al servicio del pueblo, y esperamos que esta Cámara mantenga la exigencia frente al Ejecutivo para el cumplimiento puntual, fiel, exacto de los propósitos contenidos en el presupuesto.
Por la diputación de Acción Nacional, diputado José Villegas Piña. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Señora Presidenta; compañeros diputados. Este Presupuesto de Egresos para 1984 nos presenta algunas ventajas con respecto a los dos anteriores. Sin embargo, hemos de señalar que sigue siendo, en términos reales, excesivamente elevado y costoso para una sociedad en desarrollo como la nuestra.
Para 1984 se vislumbra un crecimiento real del gasto, que en 1983 alcanzó el 37.7% del Producto Interno Bruto, y para 1984 el 37.8 o el 38.8%, si se ejerce la reserva presupuestal de 277 mil millones de pesos.
Un aspecto importante sobre el que vale la pena poner énfasis, es el referente al gasto corriente, para el cual el Gobierno Federal ha presupuestado un billón 312 mil 900 millones de pesos, lo cual significa una tasa de crecimiento del 75% con relación a 1983. Y aunque los recursos destinados a la inversión también se han incrementado, es importante señalar que el gasto corriente se incrementará muy por arriba de las tasas de inflación esperadas.
Debemos también analizar el hecho de que en los últimos años el gasto de cuenta corriente, que en medida significa el costo que para la sociedad tiene el creciente aparato burocrático, que ha crecido notablemente mientras que el gasto de inversión cayó de manera drástica de 1981 a 1983 y sólo muestra visos de mejoría en este presupuesto de 1984. Esto significa, en gran medida, que la austeridad gubernamental se ha basado en castigar a la inversión, en tanto se ha tolerado y aun auspiciado un constante crecimiento del sector burocrático.
Para 1984 el gasto corriente significará el 14.3% del PIB en tanto que las inversiones sólo serán el 7.6%, y aun buena parte de este último porcentaje significa gastos burocráticos escondidos. Es importante observar que durante 1983, año en que la crisis lanzó de sus empleos a más de un millón de mexicanos, año de austeridad, para algunos programada y para los más invitable, a la burocracia, por su parte, se incrementó en 66 mil 500 personas.
En los últimos años no ha dejado de crecer el aparato burocrático, pese a la crisis, y en mayor medida durante las recuperaciones.
El presupuesto del '84 nos habla de la creación de empleos burocráticos estrictamente necesarios. Pero preguntamos, ¿cuántos son los necesarios? ¿Quién los determina? ¿Qué es lo que necesita más el país en la actualidad? ¿Inversión productiva o burocracia?
Otro aspecto muy ligado a lo anterior es lo referente a los salarios de los servidores públicos. En el presupuesto se habla de que se llevará a cabo una política salarial de los servidores públicos, acorde a la situación actual del país.
Sin embargo se puede observar, pese a lo difícil que resulta esclarecer los salarios reales de importantes funcionarios públicos, que de acuerdo con el presupuesto del '83 y '84, se presentan incrementos reales muy elevados, en algunos casos superiores al 200%, lo cual no es acorde con la situación actual del país y con
los niveles de ingreso salariales que presenta la mayor parte de los mexicanos.
Con respecto a las finanzas del sector paraestatal, es importante comentar que aunque se prevé un déficit del 11.3%, menor al de 1983, éste es resultado del notable incremento de los ingresos en dicho sector, los que crecerán más rápidamente que el gasto y seguirán siendo fuertemente subsidiados por el Gobierno Federal. En '83 con relación al '82, los ingresos del sector paraestatal, en un 97.5% para '84 se calcula que se incrementarán en un 57.4%.
Tomando en cuenta la crisis que vive el país desde el '82 y la fuerte contracción de la demanda global, resulta por demás, claro que los ingresos crecieron y crecerán a costa de los precios y tarifas cada día más elevados e injustos, sacrificios que tendrán que pagar los mexicanos a empresas muchas veces monopólicas y antifuncionales.
La crisis seguirá pesando sobre la sociedad, sostén de la ineficiencia gubernamental en los negocios.
Resulta significativo ver cómo aunado al crecimiento del personal burocrático está el crecimiento de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones en jefe, etcétera.
En 1983 se creó una secretaría más, ya suman 18; diez nuevas subsecretarías, ya suman 60; y más de 28 nuevas direcciones generales o direcciones en jefe, ya suman 447. ¿Nos dirigimos o no hacia una sociedad marcadamente burocrática?
No debemos pasar por alto el hecho de que un mayor gasto público no es factor de crecimiento económico, salvo artificioso y generador de nuevas crisis, como la que vivimos en '82 y que padecemos todavía hoy, porque si bien los gobiernos pueden inflar la demanda drásticamente, se muestran incapaces de generar ahorros y torpes para incrementar la oferta.
Nuestra fracción parlamentaria demócrata considera preocupante el irresponsable ejercicio de presupuestos deficitarios, como el que ahora estamos discutiendo.
El déficit del presente presupuesto alcanza la suma de 2 billones 705 mil 200 millones de pesos, lo que nos endeudará en el extranjero con 4 mil 300 millones de dólares, que se sumarán a la ya exorbitante deuda externa, y también en lo interno con un poco más de 2 billones de pesos, que tendremos que pagar los mexicanos con inflación, carestía, desvaluación monetaria, desempleo, bracerismo aumento de cierres de fuentes de trabajo ocasionado por el constante aumento de contribuciones y de los precios de bienes y servicios proporcionados por las empresas de propiedad estatal.
En este presupuesto se considera que el servicio de la deuda externa ascenderá a 4 billones 300 mil millones de pesos, que divididos entre 12 millones de familias mexicanas nos tocará 358 mil pesos por familia y por año.
Esto nos puede dar una idea de la pasada carga que gobernantes irresponsables y corruptos han echado sobre las endebles espaldas del pueblo de México, y que en forma injusta se siga acumulando año con año mediante el ejercicio de billonarios déficits presupuestales.
Consideramos que el déficit del Gobierno Federal consiste en el despilfarro de cantidades diseminadas aquí y allá en los diferentes cuadros descriptivos de las erogaciones, de las diferentes secretarías, como se verá en los ejemplos que enunciaremos a continuación.
Por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le asignará un presupuesto de 286 mil 146 millones de pesos, tres veces más que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es de 94 mil 243 millones de pesos. Esto da la impresión de que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe más burocracia que soldados en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero examinando el cuadro 11, que describe el programa de esa Secretaría vemos que tiene partidas como la siguiente: a la administración de la política de ingresos y reforma Fiscal, 20 mil 144 millones; para la ejecución de la política de financiamiento, 192 mil 919 millones; para la coordinación de la política de financiamiento y fomento económico, 40 mil millones de pesos.
Imagínense ustedes, compañeros diputados, el ejército de administradores, ejecutores y coordinadores que se necesitará para consumir un presupuesto anual de 253 mil millones de pesos, algo así como 693 millones de pesos diarios.
En el cuadro 14, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aparecen rubros como los siguientes: 67 mil 760 millones de pesos para regulación y fomento de transporte ferroviario y 37 mil millones para regulación y fomento del transporte aéreo. Esto quiere decir que nada más en regular y fomentar la transportación ferroviaria y aérea se gastarán en un solo año 100 mil millones de pesos 247 millones de pesos diarios.
En el cuadro del programa de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, aparece una asignación de 531 mil 366 millones de pesos, de los cuales 528 millones se gastarán en planeaciones de lo subsectores de energéticos, minero - metalúrgicos y transformación. Esto da un promedio de mil 446 millones de pesos diarios, que nos daría para pagar 723 mil planeadores de a 2 mil por cabeza y por día.
En el cuadro 27 aparecen los programas de una partida especial que se denomina Erogaciones Adicionales y que asciende a la cantidad de 634 mil 233 millones de pesos, con partidas tan singulares como vagas, como la del programa o la protección al empleo, con un costo de 150 mil millones, la de Previsión para sueldos a la burocracia, con 181 mil 500 millones y la de Apoyo a Sectores Prioritarios con 175 mil millones, y otros que suman algo más de 90 mil millones de pesos, pero que no son menos vagas en su significativo que los anteriores, puesto que se aplicarán tal como lo dice el programa a: organismos; prevención y apoyos para desconcentrados de educación, programas educativos y programas de apoyo a la producción. Total, este programa de erogaciones
adicionales costará a la Nación mil 738 millones de pesos diarios en fines cuyo empleo estará a discreción, tal parece de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La brevedad del tiempo disponible nos impide examinar otros asuntos similares de este presupuesto relacionados con el sector central, por lo cual pasaremos a examinar algunas anomalías encontradas en el sector paraestatal y que explican el exagerado déficit presupuestario de 586 mil 800 millones de pesos.
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares ejercerá un presupuesto de 569 mil millones de pesos y necesitará durante el '84 de una transferencia de un traspaso $245 mil 600 millones.
Si consideramos que esta empresa no paga impuestos como lo hacen los comerciantes particulares y que así están perdiendo el 43% del monto presupuestario, colegimos que las mercancías que se expenden en esta institución estarán costando menos de la mitad del precio del valor de las mismas en el comercio particular.
Como esto no es así en la realidad, afirmamos, que esta empresa pierde como las demás paraestatales por motivos de desbarajustes, mala administración y/o corrupción.
Si seguimos examinando las principales empresas paraestatales, nos llenaremos de desilusion, al observar que el Instituto Mexicano del Café va a necesitar una transferencia de 2 mil 500 millones de pesos; Productos Pesqueros Mexicanos 9 mil 200 millones; la Comisión Federal de Electricidad de 308 mil millones; Fertilizantes Mexicanos 76 mil millones: Siderúrgica Lázaro Cárdenas - ese barril sin fondo - , 25 mil millones; Aeroméxico 3 mil 700 millones y los Ferrocarriles Chihuahua - Pacífico, del Pacífico, Sonora - Baja California y Nacionales de México perderán durante el '84, 68 mil millones de pesos.
Pero la paraestatal que merece un comentario especial es la de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, la cual ejercerá un presupuesto de 15 mil 600 millones de pesos y tendrá ingresos propios por un monto de mil 100 millones. Quiere decir esto que perderá el 93% del monto presupuestario.
También consideramos los diputados del Partido Demócrata Mexicano que las prioridades consideradas en el ejercicio presupuestario del año que se avecina, así como lo anotamos exactamente hace un año en relación con el presupuesto ejercido durante el año de 1983, no corresponde a las necesidades de resolución de la problemática nacional.
En efecto, se están gastando millones de millones de pesos en programas de dudosa seriedad y se soslaya la aplicación de estos recursos a la resolución de los problemas urgentes del pueblo de México, como son la autosuficiencia alimentaria, el incremento real de las comunicaciones y transportes, que constituyen un cuello de botella a la salida transportación de la producción agropecuaria e industrial de la Nación, y la reinversión de recursos en el crecimiento de la planta productiva.
Creemos que esas partidas que se esconden en los diferentes cuadros programáticos del presupuesto, y que se gastarán seguramente en el pago de los haberes del abultado aparato burocrático, o en la costosas campañas políticas del partido - gobierno, si se aplicaran realmente a la resolución de la problemática nacional, lograrían disminuir los problemas ya antes señalados.
Si sumáramos lo correspondiente a las Erosiones Especiales, las partidas extraordinarias a que hicimos mención de los programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las partidas de planeación de la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal, sumarían un billón 200 mil millones de pesos, que aplicados a programas de riego en grande, mediana y pequeña irrigación y considerando un alto precio de 500 mil pesos por hectárea regada, se podrían poner bajo riesgo una cantidad aproximada de 2 millones 400 mil hectáreas, las cuales producirán anualmente 9 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, con la cual se solucionará el problema de la insuficiencia de la producción alimentaria del pueblo de México.
Como este presupuesto de egresos es deficitario y estamos seguros de que producirá inflación, devaluación, carestía, paralización de la planta productiva, disminución de empleos, bracerismo, desnutrición y desánimo de las fuerzas activas de la Nación, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, seguramente interpretando el sentir de la mayoría del pueblo de México, votará en contra de este presupuesto, y hace una excitativa a los demás integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, para que, en defensa de los intereses del pueblo de México, den su voto negativo y contribuyan así a la resolución de la crisis por la que atraviesa nuestra Nación, como producto de un régimen injusto e inicuo que gobierna al pueblo de México en contra de su voluntad, de su dignidad y de su soberanía. Muchas gracias, diputado ingeniero Ignacio Vital Jáuregui."
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Raúl López García.
El C. Raúl López García: - C. Presidenta; honorable Asamblea: El Partido Socialista de los Trabajadores en el examen de este presupuesto para 1984 antes de precisar con toda objetividad las bases por las que dará su voto aprobatorio, dará algunas consideraciones de tipo general: En primer lugar, es indudable que el peso de la crisis económica por la que ha azotado al país, ha recaído principalmente en los trabajadores de México.
Efectivamente se ha deteriorado el poder adquisitivo, y del ámbito de esta crisis económica tan difícil hemos escuchado posiciones políticas que han venido a explicarnos y que
han ido cada día ganando más terreno en el aspecto ideológico político, de que la responsabilidad de la crisis es esencialmente producto del gasto público y del dispendio gubernamental , sin considerar que la seria crisis económica por la que vive el país es también consecuencia, en muchos sentidos, de la actitud antinacional de los grupos empresariales que saquearon las divisas del país y que lesionaron grandemente la vida económica de México.
Y que en ese ámbito de dificultad tan seria, en el que asume su mandato constitucional el Presidente De la Madrid, el Programa Inmediato de Reordenación Económica que se propone el país tiene como objetivo fundamental evitar que con el aspecto de la crisis, ésta se profundice y tenga consecuencias en el terreno político; como aspiraban distintas fuerzas sociales que echaron todo a esa posibilidad, de que no fuese sujetada la crisis y que por lo tanto la situación social desencadenará en inestabilidad e incluso en el rompimiento de la legalidad constitucional.
Ha sido posición del Partido Socialista de los Trabajadores, desde que se examinó el informe de Gobierno del Presidente de la República, sostener como tesis fundamental que ha ganado más la Nación al mantener condiciones de defensa de la soberanía y de la legalidad constitucional y que obviamente dentro del marco de la política económica, dentro de la cual el gasto público juega un papel fundamental, tenemos que entender que ante las serias limitaciones y ante las serias dificultades, este instrumento de política económica del grupo gobernante, es con el cual, en este momento, están tratando de enfrentar y evitar que el país se siga o siguiera en la tendencia que se pronosticaba por algunas fuerzas.
Es interesante escuchar cómo el PDM manifiesta en esta tribuna y cuestiona y señala que el gasto público es el causante de la crisis, conjuntamente con el irresponsable ejercicio del presupuesto. Y cuestiona al señalar los presupuestos de los organismos descentralizados, sencillamente la participación del Estado en la economía, que ha sido un debate largamente sostenido en esta Cámara de Diputados.
Nosotros entendemos que el gasto público que hoy estamos discutiendo está planteándose con la segunda etapa del plan inmediato de reordenación económica. Y se nos dice en el proyecto del dictamen que este planteamiento está también orientado fundamentalmente por los objetivos establecidos, en el Plan Nacional de Desarrollo.
En ese terreno los elementos fundamentales que nosotros hemos localizado en este presupuesto y que son desde nuestro punto de vista de importancia, se localizan precisamente en rubros importantes como lo relativo al desarrollo regional, a las erogaciones adicionales que contempla el Programa Especial de Protección al Empleo, los programas de apoyo a sectores prioritarios, el programa de apoyo a la planta industrial, fundamentalmente pequeña y mediana industria, y los aspectos señalados también en este presupuesto de inversión de 51% para desarrollo rural, de 51% para Comunicaciones y Transportes y de 52% para el basto. Es decir, un conjunto de aspectos que, desde el punto de vista político general, están, orientados fundamentalmente a resolver o a atender en el marco de la difícil crisis económica necesidades de tipo social.
Otro aspecto que debemos recalcar de este proyecto de presupuesto, es la posición que se manifiesta de reorientar y racionalizar la política de subsidios, y que incluso se puede llegar al grado de que si estos subsidios no son aplicados para lo que son otorgados se dará la facultad para que se pueda exigirá quienes no utilicen para los fines establecidos esos subsidios, la obligatoriedad de que sean regresados a la Nación.
Otros aspectos de importancia que resalta este presupuesto, son los relativos a la reserva para recuperación de la actividad económica, y que en este ámbito de posiciones nosotros queremos destacar que en la página 88 y 89, del capítulo de Opiniones y Recomendaciones, se destaca de manera fundamental algo que desde nuestro punto de vista es mucho más importante porque empieza a avizorarse la posibilidad real que el sector real de la economía empiece a recibir la atención prioritaria como un aspecto fundamental para propiciar el cambio estructural de la sociedad mexicana.
Dice la página 88 de este proyecto de dictamen lo siguiente: La Comisión Dictaminadora decidió también añadir criterios en cuanto al destino de la citada reserva, incluso modificando el párrafo tercero del artículo 6o. del mencionado proyecto, estableciendo los sectores a los que se asignarán tales recursos. Por ello especificó los sectores de desarrollo rural, social y regional, comunicaciones y transportes y abastos; con una acotación adicional en el caso del sector de desarrollo rural se asignará a las organizaciones campesinas, en las zonas de temporal y en el desarrollo social se dará preferencia a la construcción de vivienda popular.
Asimismo, hace explícito que se presentará particular atención al Sector Social de la economía, para fomentar su participación en congruencia con el mandato constitucional inscrito en el artículo 25, con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y con recomendación expresa de esta Soberanía al emitir opinión sobre el plan.
La distribución de esta reserva entre proyectos de elevado rendimiento social presentados por las organizaciones de campesinos, de obreros, de cooperativistas y demás agrupaciones que integran el Sector Social de la economía, además de alentar la concertación de acciones y de fortalecer a las organizaciones sociales en el proceso de producción y distribución sin que se relajen los controles para un ejercicio eficiente de ese gasto, cumple con el propósito de equidad y de redistribución del
ingreso que inspiran este presupuesto y que son propósito fundamental del Plan Nacional de Desarrollo, al tiempo que alienta de manera sustancial la recuperación económica pues tal inyección significa un incremento del ingreso de los grupos de menores recursos, quienes inducen una mayor demanda por peso disponible, de ahí que su efecto multiplicador sea mayor y más diseminado en la actividad económica. Asimismo, tanto los bienes y servicios que producen el Sector Social como los que demanda, suelen ser más intensivos en bienes nacionales y en mano de obra, cumpliendo con otro de los lineamientos fundamentales que guían el presupuesto que se dictamina.
En ese terreno, nosotros queremos rescatar que en el proyecto o en el documento de lineamientos para una alternativa de presupuesto que el PSUM presentó, precisamente en el aspecto de la utilización de la reserva presupuestaria para recuperación de la actividad económica y coincidiendo con el planteamiento que anteriormente había venido haciendo el PST, se fundamentó perfectamente que mediante una transferencia directa se lleven a cabo en el Sector Social, se puede manejar esa reserva para reactivación de la actividad económica, y que de todo esto nosotros obtenemos como conclusión fundamental que el Sector Social de la economía, con esta posibilidad de utilización de la reserva para recuperación de la actividad económica, puede empezar a jugar otro papel en la vida económica del país.
El tradicional abandono en el que se ha mantenido este sector, ahora con esta decisión que tiene una limitante y que habremos de estar pendientes de que esa limitante no se convierta en obstáculo, desde nuestro punto de vista es una conquista de todas las fuerzas políticas, y, fundamentalmente, del Movimiento Obrero Organizado, que desde hace mucho tiempo ha venido insistiendo en la utilización del presupuesto para promover el desarrollo del Sector Social de la economía.
Incuestionable que nosotros también observamos, y nos parece de enorme importancia el hecho de que se manifieste en los artículos, el que habrá un seguimiento más directo del gasto público y que, incluso, se menciona en una parte del dictamen, hacia el próximo año sobre la base de que la Cámara de Diputados reivindique plenamente las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda y de las correspondientes comisiones para que el Poder Legislativo participe, de manera más directa para la formulación del presupuesto para el próximo año, además del control que se deberá seguir a través de los informes trimestrales que se deberán rendir acerca de la utilización y manejo del gasto público.
Es, en virtud de todas estas consideraciones, que el Partido Socialista de los Trabajadores votará a favor de este proyecto de presupuesto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Francisco Ortiz Mendoza.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Después de lo acontecido ayer por la tarde en esta Cámara, después de haber leído las declaraciones del jefe de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, declarando enfáticamente que tiene gente en el Gobierno, gente de Acción Nacional, y que su peso político y electoral le permite demandar sean aceptados sus planteamientos en el poder público, después de releer con cuidado las declaraciones del vicepresidente del Chase Manhattan Bank, señalando que en México, 1984 debe acentuar el énfasis para desarrollar al Sector Privado, no nos queda más camino que precisar a cada minuto, la posición que México debe seguir y particularmente sus fuerzas democráticas, frente a cada hecho importante del país.
Harto extraño, pero dentro del marco de lo que he señalado al principio, es el hecho de que el Partido Acción Nacional razona su voto a favor de este presupuesto, y no le falta razón para sus intereses. El presupuesto es un instrumento económico, no es simplemente un catálogo de pagos, es un instrumento económico, la inversión estatal, la inversión pública, un instrumento económico para el desarrollo del país. Es decir, el Presupuesto es la expresión en números, de un programa. Y un programa que debe derivarse de un plan, que debe de tener claros y precisos objetivos. Hasta ahora, la lucha de México desde 1910 hasta hoy, ha sido llevar adelante cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo del pueblo mexicano, no el crecimiento, sino el desarrollo: Desarrollar las fuerzas productivas, elevar el nivel de vida del pueblo, consolidar la independencia de la Nación, y ampliar la vida democrática. Esos cuatro aspectos, estas cuatro metas, son las que han impulsado con diferentes objetivos inmediatos en cada etapa, a la Revolución Mexicana.
No podemos nosotros estar de acuerdo con un presupuesto que, como el carrizo, no tiene corazón, no tiene pasión revolucionaria, no se advierte en su contenido ni en su dictamen, ni en sus considerandos, ni en sus números, que responda a estas cuatro cuestiones esenciales por las que ha luchado el pueblo de México, no contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas porque está por abajo incluso de la inflación; no contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas porque la inversión del gasto está por abajo de las inversiones para el desarrollo; no contribuye este presupuesto a que el pueblo mexicano y que las fuerzas democráticas y revolucionarias tengan confianza en que se dará una batalla abierta a los intereses que insisten en que México cambie de rumbo.
¿Cómo va a hablarse de desarrollo con este presupuesto, del desarrollo de las fuerzas productivas si advertimos que la mayor parte del gasto se va precisamente a la cuenta corriente y no impulsa la industria fundamental? ¿Cómo vamos a hablar de que este presupuesto consolida la independencia nacional?
En la comparecencia del secretario de Programación señalábamos este hecho. Para desarrollar las fuerzas productivas de México con independencia nacional, debemos pensar en una industrialización nacional, no en un incremento industrial y para desarrollar la industrialización con conciencia nacional debemos tener un plan a corto, a mediano y a largo plazo, con objetivos muy precisos.
La Revolución Mexicana, en su momento, en la etapa de acceso de la Revolución Mexicana, desarrolló la educación popular, desde la primaria, desde la educación rural y se fundamentó en cuatro grandes columnas educativas, podríamos incluso resumirlas en tres: la Escuela Normal, la Nacional de Maestros, para formar cuadros nacionales que impulsaran la consolidación de conciencia de nuestro pueblo con sentido revolucionario; la Escuela Nacional de Agricultura para impulsar la lucha agraria y la producción en la tierra y el Instituto Politécnico Nacional.
Cayó uno de estos tres colosos: la Escuela Nacional de Agricultura y la convirtieron en la Universidad Autónoma de Chapingo, sin siquiera con un acta de defunción, porque jamás conocimos el decreto que la hiciera desaparecer. Y se empezaron a preparar técnicos de alto nivel para desarrollar la gran agricultura en el país. Se perdió en México esa fecunda tradición de los ingenieros agrónomos, que junto con los maestros rurales, que junto con los maestros egresados con la Nacional de Maestros y de instituciones educativas populares, luchaban junto con el pueblo para desarrollar la vida económica de México.
Y ahora sigue el Instituto Politécnico Nacional en el catálogo de agresiones. El Politécnico nació - y así lo dijo el general Cárdenas en su informe de 1937- , para formar los técnicos, los obreros calificados, los técnicos medios y los profesionales de la técnica para desarrollar con independencia a nuestro país".
Y decía más: "Lo entrego a la clase trabajadora porque los hijos de los trabajadores, de los campesinos y de los soldados no tienen compromisos ni con la burguesía ni con el extranjero".
Y después de casi cincuenta años, en el Instituto Politécnico Nacional ha producido miles de técnicos superiores: ingenieros, químicos, biólogos, economistas, médicos; miles de mexicanos altamente preparados, en este sexenio desaparecieron del escenario de la dirección política del país. Ni uno de los escenarios del Estado procede de la institución superior creada por el Estado. Es el temor a la clase trabajadora y a la generación nueva de trabajadores.
Cuando el Partido Popular Socialista habla de que clase trabajadora participe en la dirección del Estado, no está hablando por cierto, por desprecio a ellos, sino porque se requiere nivel intelectual para realizar trabajos de dirección, de trabajadores que estén con el yunque y el martillo trabajando en el banco, sino de trabajadores preparados para la dirección.
Cada clase social prepara a sus propios intelectuales, pero al Instituto Politécnico Nacional se le ha negado totalmente esa posibilidad, con un presupuesto que vuelve a darle, a señalarle un ingreso - tal como dijo el director del Politécnico en sesión frente al Presidente, en reunión de los egresados del Politécnico frente al Presidente de la República - : "No debemos preparar bárbaros especializados". ¿Pero qué recursos le dan al Politécnico para poder elevar el nivel cultural de sus estudiantes? ¿Cómo están sus laboratorios? ¿Qué posibilidades tiene de preparar el estado mayor técnico y científico al Servicio de la Revolución Mexicana? Y así surge el Tecnológico de Monterrey y los tecnológicos privados por todas partes; hemos de decir aquí que un director de la Comisión Federal de Electricidad, en ocasión que reclamábamos la aceptación de los egresados del Politécnico en los cargos de dirección de esa Comisión, cuando hizo un examen de admisión a varios, otorgó 50 plazas de ingenieros a egresados del Tecnológico de Monterrey. Aplauda con toda franqueza, que no le dé vergüenza ser reaccionario.
Es el tema, es el presupuesto del país, la Comisión Federal de Electricidad es un producto del pueblo mexicano. Y contestó que se las daba a ellos porque estaban mejor preparados.
La respuesta fue simple: Si quiere usted gente más preparada, traiga a los especialistas de Alemania, hay muy bien preparados y entrégueles el país, no en abonos sino al contado, de una vez.
Ese es el problema que tenemos, la investigación científica, véase aquí el secretario de Programación habló de programas y planes, los anduvimos buscando desde ese día, no están en ninguna parte, no hay ningún Plan Nacional de Investigación. El Presidente de la República frente al propio investigador científico que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias, declaró la necesidad de crear un Plan Nacional de Investigación, pero en el presupuesto nada viene de eso.
El propio Premio Nacional denunció el hecho de que la gente preparada de México se va al extranjero, porque no tiene posibilidad de desarrollarse. ¿Dónde está en el presupuesto? Que alguien lo muestre. Algún intento para desarrollar la investigación científica y tecnológica y en verdad consolidar la independencia nacional del país.
No la tendremos ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana, si se sigue con programas y presupuestos de ese carácter, en donde simplemente se preocupa, o en la esencia se preocupa por el pago de la deuda, por mantener el empleo, y por dar subsidios al Sector Privado.
Debemos irnos a lo esencial, señores diputados, a lo esencial del programa, a lo esencial del plan y así podemos entender lo esencial del presupuesto. De otra manera los árboles no nos dejarán ver el bosque.
Lo que importa del presupuesto es hacia dónde va el gasto. ¿Qué es lo esencial del planteamiento
del gasto? Amplía la vida democrática este presupuesto. Veamos dos casos nada más.
Los señores del PDM protestan por el presupuesto que se le otorga al Centro de Estudios del Tercer Mundo, y como si fuera varita de virtud la palabra del Partido Demócrata Mexicano desaparece del presupuesto la ayuda al Centro de Estudios del Tercer Mundo (Aplausos) - falta que se sumen aplausos; creo que están aplaudiendo abajo de la curul.
Hay que darnos cuenta que era esta institución, y digo era, porque al desaparecer del presupuesto para el presupuesto mismo ha desaparecido aun cuando no desaparecerá en su actividad. La única vía que tenemos los países en desarrollo, llamados del Tercer Mundo, la única vía que tenemos es conocernos más, relacionarnos más, trabajar más juntos los países de América Latina, de Asia y de África; tenemos los mismos problemas de presión del imperialismo, los mismos; los mismos problemas de penetración del capital extranjero, los mismos problemas de explotación por parte del capital extranjero; los mismos problemas de deuda con los mismos acreedores; la única solución que tenemos es consolidar nuestra unidad de los pueblos de los países en desarrollo para poder hacerle frente al imperialismo norteamericano.
Por cierto, la deuda pública, la deuda externa que tenemos, de más de 84 millones de dólares, esa deuda externa la tienen también todos los países en desarrollo, todos, y no podemos salir de ella si no la tratamos en conjunto, a menos que se sigan las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y se siga el camino de estrangular al pueblo mexicano en la satisfacción de sus necesidades fundamentales.
Señores diputados: Este presupuesto que se nos presenta no es lo que revolucionariamente se necesita, no tiene los objetivos de la Revolución Mexicana, está alejado de ellos; mi compañero Ramírez Cuéllar lo analizará en detalle, partida por partida si es necesario, pero el problema es la vía que sigue este presupuesto, el objetivo que se persigue; desde 1910 México tuvo objetivos muy concretos; la Reforma Agraria, las Leyes Sociales, a la Ley del Trabajo, la Protección a los campesinos. Se avanzó por ese camino, se consolidó en 1917 con la Constitución, se iniciaron las luchas de las nacionalizaciones con actitudes apasionadas de las fuerzas democráticas y revolucionarias. A nosotros no nos preocupa mucho el hecho de que por disciplina de partido muchos de ustedes ayer hayan votado en contra de los intereses que consideramos populares.
Lo que nos preocupa es que las fuerzas democráticas, dentro de la Cámara, a los que acudimos al sector obrero, al sector campesino, a los maestros, al sector popular se dejaran orientar, dirigir, más por ese pequeño grupo de gentes vinculadas con las fuerzas más reaccionarias del país que por los intereses de su propia clase, declaradas públicamente en el magnífico documento del Congreso del Trabajo. Eso no se reflejó aquí. Nos preocupa que en esta lucha, haciéndole concesiones a la derecha, que no quedará satisfecha hasta que le entreguen el poder; no se dé cuenta la clase que está en el poder que su propia supervivencia, por su propia supervivencia reencauce el camino.
El Presidente de la República lo advierte, y no hay discurso en donde no hable de la Revolución Mexicana, no hay discurso en donde no hable del nacionalismo revolucionario. El propio Presidente del partido de la mayoría insiste en golpear a las fuerzas de la derecha, pero en el escenario de ésta cámara parece que no penetran las voces del exterior. Eso es lo que nos preocupa, si las fuerzas en el poder, la burguesía en el poder, sigue haciéndole concesiones a la derecha, si permite que una y otra vez vayan teniendo concesiones con tal de tener el voto a su favor en cuestiones como este presupuesto. Le quedan dos vías a la burguesía en el poder: sumarse plenamente a la derecha y caer en el fascismo o reincorporarse a la vida revolucionaria, abiertamente revolucionaria, sin esbozo de ninguna especie, a las fuerzas democráticas del sector obrero, del sector popular, del sector campesino. A la juventud darle toda la confianza de que este presupuesto y otros que sigan y otras medidas que siga el Estado, pueden ser a favor de las fuerzas democráticas.
Desaparece, por cierto, también en el presupuesto, la Universidad Obrera de México, justamente cuando está por cumplir 50 años de actividad diaria y permanente, cuando está por cumplir 90 años de haber nacido su creador, Vicente Lombardo Toledano, como una medida democrática y revolucionaria, lo borran del presupuesto para que sostenga la única institución en el mundo, que todos los días ha estado al servicio de la formación de la nueva generación de trabajadores en la defensa de sus derechos, ¿cómo va a estar uno en favor de presupuestos que hace tamañas concesiones a la derecha?
La Revolución nos ha entregado todo, el pueblo ha conquistado todo, antes estaba en manos de capital extranjero, por la vía que la revolución trazó se nacionalizó el petróleo, los ferrocarriles, la electricidad, las vías de comunicación, la aviación, los transportes, la banca, el azufre, la siderurgia, todo eso tenemos en las manos las fuerzas democráticas, todo eso lo maneja la burguesía que está en el poder, ¿por qué hacer concesiones? Ahora le estamos, como representantes populares, entregando más de 11 billones de pesos para que se convierta en una palanca de desarrollo; si tenemos todo en las manos, ¿qué falta nada más?, que lo manejen con pasión revolucionaria.
En un país miserable y pobre como el nuestro el estar en el poder, el manejar el gobierno, casi reviste una labor de apostolado, no es una tarea de aventureros, si los gobernantes y el gobierno actual, De la Madrid, está tomando las medidas para ello, si el Gobierno y las fuerzas democráticas que están en él manejan con limpieza esos 11 billones de pesos que el pueblo mexicano le pone en sus manos, y si lo hace con atención revolucionaria, debe tener la seguridad que la juventud volverá a
encenderse de pasión revolucionaria, la misma pasión que tuvieron los que tomaron las armas en 1910 o los que debatieron en el Constituyente de 1917; o la generación joven que expidió el petróleo. Esta generación joven que dirige nuestro país, no puede seguir saliendo de las universidades únicamente especializados en el exterior, y sin siquiera haberles dado el sol nunca en una campaña electoral, pasan a ser asesores, subdirectores, directores y secretarios de Estado. Jamás se ensuciaron las manos dándoselas a un campesino - si eso es ensuciarse las manos; jamás fueron a pedirle el voto al pueblo mexicano, y de ahí se ponen a elaborar presupuestos al margen de los sentimientos de nuestro pueblo.
Por esa razón, señores diputados, el Partido Popular Socialista está en contra de ese Presupuesto, porque es urgente correrle el paso a la derecha. Se han engañado, amenazan con más victorias, pero no es por ellos, hay que ver lo que está atrás de ellos, ese vicepresidente del Manhattan Bank, que está exigiendo mayor atención al Sector Privado, coincide con ellos. O más bien, ellos son el instrumento del clero y del Manhattan Bank y quieren más posiciones. Y, señores diputados del PRI, si se sigue con esta actitud como la que se asumió ayer, el año de 1985, aunque ellos lo estén tratando de ocultar con acciones como ésta de votar a favor, después de que siempre ha vituperado al Presupuesto del Poder Público, en 1985, tendremos un serio problema, porque las elecciones de 1985, y aquí concretamente en el Distrito Federal, concentrará todo su esfuerzo a la derecha, no deben hacerle más concesiones a la derecha, porque si se las hacen, tendrán que luchar mañana o pasado, directamente contra ellos, los pocos revolucionarios que queden, si se sigue por este camino.
Ellos quieren todo el poder. No quieren nada más parte del poder. Y este presupuesto les da más concesiones para que pugnen por victorias que no deben tener. Muchas gracias.
El C. Raymundo León Ozuna: Pido la palabra para hechos.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Raymundo León Ozuna, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Raymundo León Ozuna: - Señora Presidenta; ciudadanos diputados: ¡Claro que queremos el poder, claro que el Partido Demócrata Mexicano quiere el poder! Esa es la naturaleza de un partido político, tratar de conquistar por la vía democrática el poder público, y por eso estamos en la lucha y hemos aceptado la vía electoral, la vía pacífica para llegar al poder.
Pueden asustarse las gentes de la izquierda si quieren, pero estamos en la lucha, como ellos están ejerciendo su justo derecho.
Y también estamos orgullosos, y aceptamos que nuestro partido político, el Demócrata Mexicano, exigió la desaparición de la partida presupuestal para el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, y lo hicimos porque en nada beneficiaba al pueblo mexicano, prueba de ello es que la mayoría de los estudiantes eran de otros países y de nuestro México querido.
Claro que sostenemos aquí que fuimos nosotros quienes iniciamos esta lucha porque desapareciera el presupuesto que era no otra cosa que una pensión vitalicia, disfrazada, como la que se le otorgó a Miguel Alemán Valdés a través del Consejo Nacional de Turismo, y seguiremos insistiendo nosotros, señores, en que desaparezcan esos engendros, entes burocráticos como comisiones, fideicomisos, etcétera, que para lo único que sirven es para engordar a los gatos de angora como Luis Echeverría Alvarez. (Aplausos.)
Y no solamente pedimos que desaparezca, y aplaudimos en esta parte del Presupuesto de Egresos de 1984, que desaparezca el subsidio que le daba malamente al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, el famoso CEESTEM, queremos exigir de esta Soberanía, y en particular a la Comisión de Educación Pública de esta Cámara de Diputados, que se rinda el dictamen de nuestra denuncia con respecto a este Centro, en el que pedíamos no solamente que desapareciera la partida del Presupuesto de Egresos que vamos a ejercer en 1984, sino que íbamos más lejos, señores, que las instalaciones de San Jerónimo, de San Pancho, cerca de Rincón de Guayabitos, en Nayarit, pasen a la Secretaría de Educación Pública y sirvan a la niñez de México para que desde ahí se imparta educación elemental o secundaria, que sirvan de algo esas instalaciones que le costaron al pueblo de México.
Afirmamos que esas instalaciones no fueron construidas con dinero de la familia Echeverría Alvarez, fueron construidas con esas partidas y apoyos que aparecen en los presupuestos de egresos, disfrazadas, fueron construidas con dinero del pueblo, que pasen del pueblo a través de la Secretaría de Educación Pública Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos el señor diputado Ortiz Mendoza.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Con su venia, señora Presidenta: No, señor del Partido Demócrata Mexicano, no nos preocupa que ustedes quieran el poder, pero no me refería a ustedes, que son los menores de la cuestión, que están peleando por la tajada mayor; me refería a los del PAN, que es el instrumento reconocido. Pero de todas maneras, de ustedes, no nos preocupa que quieran el poder. La preocupación no es porque estén luchando por él, es legítimo; lo que nos preocupa es que las fuerzas democráticas les entreguen posiciones a la derecha, eso es lo que nos preocupa. ¡Que les cueste trabajo! No lo tendrían por la vía revolucionaria. ¡Quítense las caretas, así, de frente! No ocultándose, metiéndose al PRI porque hay muchos funcionarios, como lo ha declarado el diputado del partido de Acción Nacional, que están en el poder y están en el PRI siendo de la derecha, francamente de la derecha.
Es una llamada de atención a las fuerzas democráticas, a los que son herederos de los desheredados, por los que estuvieron antes que ustedes; a los que taparon a Benito Juárez; a los que lucharon abiertamente en favor de la reacción. Estamos haciendo el llamado a las fuerzas democráticas a las que no se les entreguen posiciones a la derecha; que no se dejen colar en posiciones.
Aquí hay un fascista en el seno de la mayoría; aquí hay un agente de la gran burguesía de Monterrey en el seno de la mayoría. ¡Aquí, señor, y lo conoce todo el mundo, no voy a ensuciarme en la tribuna dando nombres! ¡Aquí hay gentes de la derecha; gentes que defienden sus recursos, que se meten con negocios de viudas, porque no tienen ni siquiera capacidad de hacer otra cosa mayor, ponen edificios y después obstaculizan una ley!
Esas son las cosas que nosotros denunciamos. No ustedes, a ustedes los derrotaremos históricamente una y otra vez, tantas veces se presenten de frente. ¡Así como los derrotaron en 1810 a 1821! ¡Así como los derrotó Juárez! ¡Así como los derrotó en '27 el movimiento revolucionario de manera franca y abierta, jamás les entregará el poder!
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, el señor diputado Rafael Aguilar Talamantes.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Creo que es importante, compañera Presidenta compañeros diputados, que no nos dejemos enturbiar la cabeza por quienes vienen aquí a hacer caravanas con sombrero ajeno. Muy pronto, el diputado del PDM viene aquí a adjudicarse una victoria que no le pertenece, bastaría recordar un poco lo que ha pasado en los últimos dos para que dolorosamente podamos ubicar la verdadera razón por la cual en este presupuesto no aparece ya una partida para el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
El 4 de julio de 1982, el día de las elecciones, el ex presidente Echeverría. al presentarse a la urna donde le corresponde a emitir su voto, fue asediado por los periodistas, quienes lo interrogaron, lo cuestionaron. El ex presidente Echeverría fue duro en sus juicios, crítico en sus juicios, y dijo textualmente las siguientes palabras, cuando le preguntaron por don Jesús Reyes Heroles - según la prensa dijo que don Jesús Reyes Heroles era un traidor y un alcohólico empedernido. Resulta que don Jesús Reyes Heroles es secretario de Educación Pública, él opina sobre las partidas que deben orientarse a todo lo que tenga que ver con el área educativa.
Yo pienso personalmente, porque no soy lerdo ni soy torpe, que la causa principal por la cual desaparece del Presupuesto de Egresos la partida para el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo es ese infantil absurdo revanchismo, esa vanidad herida del secretario de Educación Pública, que bien lo sabemos todos a veces exagerada y enfermiza. Entonces, démosle a cada quien su lugar.
Tiene razón el compañero Ortiz Mendoza ¿los del PDM, con su gritería histérica van a ser capaces de cambiar desde esa tribuna la orientación y el sentido de un presupuesto? Desde luego que no, compañero Ortiz Mendoza, no son ellos desgraciadamente son las rabietas del secretario de Educación Pública las que han hecho que hoy se golpee al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y a la Universidad Obrera.
Que esto quede, pues, aclarado para que los compañeros del PDM no anden haciendo caravanas con sombrero ajeno.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el senador diputado Manuel Cabazos Lerma.
El C. Manuel Cavazos Lerma: - Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea: esta intervención consta de dos partes. En la primera daremos respuesta a algunas impugnaciones específicas al dictamen que hoy se somete a su consideración, y en la segunda haremos destacar las coincidencias y daremos respuesta a apuntamientos generales. Y si empezamos de lo menos a lo más, principiemos con los errores más notorios.
Es una lástima que al examinarse un dictamen como el del proyecto de Presupuesto de Egresos ni siquiera se analicen o se entiendan bien las cifras. El gasto corriente, ciertamente, no es de un billón de pesos, es muy superior.
Pero lo más importante es que se ha criticado la participación y el crecimiento de ese gasto corriente, pero no se entiende su composición.
Una buena parte de este gasto corriente es pago de intereses, y hemos dicho en muchas ocasiones que el monto de la deuda es tal que agobia al presupuesto y le impide actuar con mayor profundidad en lo que se refiere a inversión pública, al aliento de sectores productivos y a la satisfacción de las necesidades sociales básicas; y es ahí, en ese renglón del gasto corriente, donde podemos advertir esta carga agobiante de la deuda.
Pero de ahí a brincarse a la conclusión de una mayor burocratización y querer ver en esa cifra, no analizada, ineficiencia, faltas de probidad, etcétera, hay una gran diferencia; podríamos decir que de esa cifra no sigue lo que se concluye y aquí viene a presentarse.
También se habla de que el mayor gasto público sólo implica la crisis, sólo implica aumentos de demanda que no son compensados por aumentos en oferta, que provocan inflación, etcétera, sin ponerse a pensar que el gasto per se no produce esos efectos, que lo importante no es el gasto en sí mismo sino la combinación con los ingresos y el déficit resultante.
Tal vez, implícitamente, había ese argumento en la memoria y por eso quisieron resaltar que el déficit del Sector Público será de 2.7 billones de pesos, cifra del todo inexacta; después se hace un análisis de las erogaciones de cada una de las dependencias y se repite el mismo argumento al que ya se le ha dado respuesta en ocasiones anteriores: que si la Secretaría de Hacienda gasta 286 mil millones de pesos, sin darse cuenta que a la cifra es de 289 mil, de
los cuales 40 no entran en el gasto programable, y sin darse a la tarea de examinar cómo se distribuyen estos 289 mil millones de pesos.
Al final de cada una de las Secretarías, en los volúmenes que conforman el análisis programático, está un desglose de hacia dónde se destinan esos recursos. Lo traemos resumido para ponerlo a consideración de quien se dedicara a esta tarea de manera inconclusa. Aquí están todas y cada una de las dependencias y entidades a las que transfiere recursos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí se incluyen, por ejemplo, el Fideicomiso de Promoción Rural, la Comisión Nacional de Valores, ANAGSA, el Banco de Pequeño Comercio, el Banco Nacional de Crédito Rural, el Banco Nacional pesquero y Portuario, etcétera.
Se habla después de programas que se refieren a la planeación con un elevado monto y dicen: Todo esto se dedica a la planeación del sector energético, debemos tener un ejército incontable de planeadores, administradores y coordinadores. Esto, sin darse cuenta que esta partida de planeación del sector energético son transferencias de SEMIP a las entidades correspondientes PEMEX, CFE, Compañía de Luz y Fuerza, no a un ejército incontable de planeadores - como aquí se ha dicho.
Y así, por el estilo, se habla de erogaciones adicionales y de alguna manera se cubre el término de su aspecto sombrío, dudoso, sin hacer un análisis de cada uno de los renglones que lo conforman y que están ahí, en el dictamen.
Ciertamente, no aparecen en la exposición de motivos, ni en volúmenes programáticos; pero sí en 26 volúmenes analíticos, de ahí hemos obtenido la cifra, allí está el desglose. Es básicamente para darle flexibilidad al Presupuesto, lo cual es absolutamente necesario cuando éste se ejerce en un ambiente de incertidumbre y de riesgo.
Se habla también de CONASUPO, desde luego se da mal la cifra del presupuesto de CONASUPO, para decir que todo se convertirá en desbarajuste, mala administración y corrupción.
La conclusión, al final de esto, es que, a quien hiciera estas impugnaciones, "todo esto le llena de desilusion", sentimiento que desde luego es compartido, porque sólo desilusion provoca la expresión de conclusiones que no están basadas en argumentos sólidos.
Pero, lo más importante de todo esto es que aquí hay una crítica consistente en dos instrumentos fundamentales del quehacer público, una crítica que pretende socavar la validez, la vigencia y el inmenso privilegio de estos instrumentos para, realmente, conducir el desarrollo nacional; es una crítica que pretende debilitar al gasto público y a la empresa pública, muy diferente a la critica que busca superar estos obstáculos, que busca rebasar esas limitantes, que busca corregir estos desaciertos.
Finalmente, algunas de las impugnaciones sobre el tema mucho nos recuerdan lo que en los libros de lógica se conoce como la falacia post hoc, ergo, propter hoc: después de esto, por lo tanto esto, y que es ejemplificada por el gallo de Chantecler, que después de cantar veía que salía el sol y se atribuía a la salida del sol.
Hay otra serie de impugnaciones que parecen no descansar en una lectura cuidadosa del dictamen, y de los fundamentos del dictamen del proyecto de presupuesto que hoy discutimos. Se dice, por ejemplo, que el presupuesto no tiene corazón, y no tiene corazón porque no se orienta a cuatro objetivos aquí señalados y que mucho se parecen, no sólo en el número, a los cuatro objetivos del Plan Nacional de Desarrollo: 1) desarrollar las fuerzas productivas, 2) aumentar el nivel de vida, 3) consolidar la independencia y 4) ampliar la vida democrática - como aquí se dijo - . No difieren mucho de los cuatro objetivos que se resumen en superar la crisis, rescatar la capacidad de crecimiento, afianzar el cambio estructural al tiempo que consolidamos nuestras instituciones democráticas; y de esos cuatro objetivos se derivan dos caminos, dos líneas de acción, que su vez son instrumentados por una serie de políticas de naturaleza económica, social, regional y sectorial, y muchos de los propósitos de estas políticas se orientan precisamente a estos cuatro objetivos aquí señalados.
Pero, entendámonos, no es el gasto público el único instrumento que va a lograr estos objetivos, tenemos que ver el gasto público en combinación, coordinación y asignación eficientes con los otros instrumentos de política económica general como son: la política de financiamiento del desarrollo o la política de comercio exterior, o las políticas de productividad y eficiencia y, además, verlos en el marco más amplio de la política económica global, incluir también a las políticas sectoriales, regionales, y todas estas englobarlas en la política social que los condiciona y los determina, y entonces ver el papel de este presupuesto en este contexto más amplio y ver que, efectivamente, tiene corazón.
Nuevamente se recurre al argumento del gasto corriente; no es mayor que el gasto de inversión, es apenas 40% del total, pero reconocemos que es elevado y que es elevado precisamente por los gastos de intereses que ya señalábamos; se habla de que no fortalece la independencia nacional - refiriéndose a un aspecto específico de la independencia nacional que es la política industrial - , abstrayéndose de los objetivos y propósitos de esta política industrial. Y la independencia, ciertamente, no se limita a un sector ni a una política, sino que va mucho más allá
Se habla de que no existen en el presupuesto previsiones para un Plan Nacional de Investigación, y ya señalaba otro orador que el ramo de Erogaciones Adicionales hay una partida precisamente para desconcentrados de educación pública, que incluye el Presupuesto a la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano, que fue discutido en Comisiones, que está incluido en el presupuesto precisamente en esa partida. Y tenemos aquí una lista de cuál será el gasto total en investigación y tecnología, tanto por los organismos que son
coordinados por el CONACYT. que a su vez depende de la Secretaría de Programación y Presupuesto, como los gastos en investigación y tecnología que serán emprendidos por otras instituciones. Está a su disposición el cuadro con tales datos.
Finalmente, conviene hacer una aclaración, una acotación necesaria. Tenemos que enfatizar que no hay más poder político que el poder legítimamente constituido y sancionado por el voto popular. Y, entendámoslo, todo intento de constituir un poder económico poe encima del poder político, es un intento faccioso y de casta, que rechazamos tajantemente.
Pasamos a otra serie de impugnaciones, cuya agresividad desgraciadamente no es compatible con el sustento de los argumentos. Se habla, por ejemplo, de que el dictamen - y perdón por entrar en minucias - está escrito en un mal español y se da la impresión de que no se leyó el documento que tanto ensalzaron, cuyo español ciertamente no es mejor, puesto que habla de priorizados, que ofende a la idiosincrasia misma de nuestro idioma.
Se habla de que no es cierto que se promueve el desarrollo regional, sin haber hecho un examen cuidadoso de los programas regionales, que ya se conocen; de las partidas que están incluidas en el ramo de promoción regional, del destino que van a tener esas partidas y cómo se va a determinar la inversión a partir de las subregiones de los Coplades estatales; de cómo habrá cada vez mayor participación social para determinar las necesidades de inversión de la comunidad, que a su vez determinan los programas de inversión a los cuales se van a asignar esos montos que están consignados ahí, en el ramo de promoción regional.
Se habló de BANRURAL, y parece que no se leyeron las notas que les enviamos sobre esta inquietud, que fue planteada en Comisiones, donde se parece la distinción de lo que es la meta presupuestada y la meta modificada, donde BANRURAL no es el único instrumento de política que va a satisfacer todas las necesidades del sector agropecuario sino que, en función de la reestructuración de la banca, que se ha emprendido, se asignan metas específicas a BANRURAL y lo que ahí aparece son sólo transferencias, no el presupuesto total, olvidándose que BANRURAL tiene ingresos propios y capital propio.
Se habla también de un argumento que constantemente escuchamos relacionado con la división de poderes y que constantemente hacemos referencia, pero que por lo visto parece no entenderse el argumento. Ya lo dijimos en otra ocasión pero conviene retirarlo, que es voluntad política del presente perfeccionar la práctica de la división y colaboración de poderes, principio que no implica ni enfrentamiento, ni competencia, ni sustitución de funciones, sino que entraña distribución de oficios, de tareas, de atribuciones, así como colaboración, complemento y combinación de esfuerzos para lograr los fines del Estado. Todo ello en el marco de un respeto recíproco, de dignidad y de cumplimiento escrupuloso de las atribuciones de cada poder.
Y si la mayoría del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son del mismo partido, quiere decir que nos nutrimos de la misma ideología, que actuamos hacia objetivos coincidentes; pero ni somos la misma entidad ni existe relación alguna de subordinación y sometimiento. Las relaciones son de comprensión y cooperación, pero sin menoscabo alguno de la investidura, la función y la responsabilidad de los demás.
¡Qué lástima que se hablara de que no hubo un trabajo serio y profundo, precisamente por quien se caracterizó por no asistir a ninguna de las reuniones de la Comisión; en el actual periodo de sesiones! ¡Qué lástima que se diga que no existe voluntad política para hacer trabajo autónomo cuando no hay la responsabilidad, el compromiso y la vocación de hacer el trabajo de Comisiones que amerita nuestra responsabilidad de legisladores!
Damos la bienvenida al documento del Partido Socialista Unificado de México, es, como ellos lo dicen, un primer intento, un primer paso para contribuir a la discusión sobre los proyectos del Presupuesto de Egresos.
Ojalá y todos los partidos hicieran lo mismo, y lo presentaran en Comisiones para ahí discutir las bondades, las debilidades y los errores, o los aciertos, de estos presupuestos opcionales.
Queremos hacer algunos comentarios, a reserva de entregar un par de documentos que tenemos, donde se analiza párrafo por párrafo este documento, y decirles que ciertamente buscamos el cambio estructural, pero que el cambio estructural no lo limitamos al cambio en la estructura del gasto público. Lo hemos dicho en otras ocasiones y conviene reiterarlo: para nosotros, cambio estructural es darle mayor importancia a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento, reorientar y modernizar el aparato productivo y redistributivo, descentralizar en el territorio las actividades productivas y el bienestar social, adecuar las modalidades de financiamiento de las prioridades del desarrollo; preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional y fortalecer la rectoría del Estado; impulsar al Sector Social y estimular a un Sector Privado, responsable y comprometido con los objetivos nacionales.
Estas son las seis grandes líneas de acción, los seis grandes caminos, las seis vertientes del cambio estructural que preconizamos y defendemos; y que a ello contribuye el Presupuesto de Egresos, pero que no se logra con un solo instrumento como es la política presupuestal, sino que se logra en el marco de toda la instrumentación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el documento del PSUM se habla de que se propone una reestructuración del gasto para aumentar el crecimiento real de la economía. Ciertamente el gasto real que se propone es mayor que el gasto implícito en el presupuesto. Sin embargo, tal vez porque inconscientemente
había la idea de apoyar el dictamen, a la hora de determinar los coeficientes, por ejemplo, el déficit del Sector Público sobre el producto interno. Utilizan los 27.77 billones que consigna el presupuesto, es decir, proponen un ingreso mayor, pero no lo utilizan a la hora de determinar sus coeficientes, porque si utilizarán ese ingreso mayor, el coeficiente del déficit sobre el PIB casi es el mismo que está proponiendo el dictamen. No es significativamente diferente.
Entonces, no entendemos la otra parte que parece criticar el énfasis en el equilibrio financiero - cuando debería hacer énfasis en disminuir los desequilibrios financieros - . Y después se le da la misma importancia a tales equilibrios financieros, o tal vez más, porque el monto de intereses que proponen, es mayor al monto de intereses que consigna el presupuesto.
Por otro lado, se habla de "una política que haga frente a la apertura al exterior" y de "políticas de gasto que substituyan importaciones" y se propone un aumento de importaciones, del 30% en términos reales, muy superior, tres veces, a la propuesta del presupuesto. Y no entendemos cómo esto puede "enfrentar la apertura del exterior, sino lo que está haciendo es aumentar la apertura hacia el exterior", tal vez se refirieran a la otra cara de la moneda, a las exportaciones, pero no encontramos ningún marco macroeconómico congruente, que nos diga cómo se mueven los distintos componentes del Producto Interno Bruto, cómo se mueve el consumo, cómo se mueven el gasto en inversión privada, cómo se mueven las importaciones y las exportaciones.
A la luz de estos cambios que se proponen, aunque sólo se considerara el nuevo producto interno bruto, puesto que todas estas funciones son dependientes directamente de éste, cuando cambia, tiene forzosamente que cambiar todo el marco macroeconómico que le da sustancia, sustento y basamento a las propuestas de presupuesto, como el que hoy dictaminamos.
Hay, desde luego, otra serie de argumentos que podríamos tratar con posterioridad, o bien, analizarlos en el trabajo de Comisiones, que es donde corresponde. Pero nos preocupa también que se diga que se aprobó el presupuesto sin haber hecho ningún cambio. Y eso, desde luego, lo único que revela es no haber leído con detenimiento cuando menos el último capítulo de conclusiones, observaciones y recomendaciones, donde aparecen ocho agregados y modificaciones al decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos, y aparecen 11 recomendaciones, entre las cuáles figuran algunas que aquí propusieron, como si no existieran, ya propuestas, en este último capítulo.
Por ejemplo, se dice que no nos preocupamos por conocer cuál es el bosquejo inicial del proyecto de Presupuesto del siguiente año, y es precisamente una recomendación que hacemos.
Asimismo, pedimos que se desglosen erogaciones adicionales; que se cambie la nomenclatura; que se uniformen los criterios de presentación; que haya iniciativas de Ley conjuntas para hacer una reforma integral a toda la Legislación, que tiene que ver con la programación y la presupuestación; que se incluyan nuevas empresas dentro del presupuesto; que se dé más información sobre subsidios y transferencias; que nos haga llegar a la brevedad posible el registro único de transferencia, etcétera.
Se dice también que el dictamen es apologético, acrítico, que sólo reconocemos las bondades de 1983. Y tampoco hubo una lectura cuidadosa del dictamen, porque, queremos reiterar, como se dice, como se afirma en el Presupuesto, que mucho nos falta para avanzar, pero que justo es reconocer lo que hemos avanzado en 1983. En primer lugar, la patria no se nos deshizo entre las manos; afianzamos y fortalecimos nuestra independencia; sostuvimos y consolidamos nuestras instituciones democráticas; se respetaron las libertades; el pueblo optó por el camino de la comprensión, del diálogo y de la solución pacífica y negociada de los conflictos; lo que junto con el cambio estructural que ya se ha iniciado, en los términos en que lo concebimos, está vigorizando las bases que permitirán proyectar a México, de manera decidida, hacia una sociedad más igualitaria. A nivel más concreto: se evitó la espiral inflacionaria, se conjuró la quiebra masiva de empresas productivas, se detuvo la tendencia de crecimiento del desempleo, se rescató la soberanía monetaria, empezaron a restablecerse los equilibrios comerciales y financieros con el exterior; México cumplió sus compromisos internacionales y reestructuró su deuda ampliando los márgenes de acción política.
Todos estos logros han sido producto de la acción solidaria y patriótica del pueblo de México, que aún conserva la fe y la confianza en sí mismo, en sus principios y en sus instituciones. Este es el mejor patrimonio que tenemos para superar definitivamente la crisis, para lograr el cambio estructural y proyectar a la Nación hacia la construcción de la nueva sociedad que buscamos.
Pero el reconocimiento de aciertos se acompaña del señalamiento de tareas por cumplir, porque combatir la crisis exige mantenerse alejado de complacencias estériles y triunfalismos tempraneros o infundados; para no relajar el esfuerzo ni adormecer la voluntad.
Afirmamos que la crisis sigue presente, que no estamos generando nuevos empleos; que los precios aún crecen a tasas elevadas; que las empresas aún tienen dificultades; que el crédito es caro; que el servicio de la deuda nos agobia, que la carencia de divisas persiste y aún queda mucho que corregir en las finanzas públicas y privadas; que la perspectiva internacional no es alentadora; que subsisten las trabas al comercio internacional; que las finanzas mundiales son erráticas, inciertas y restringidas, y que por ello México sigue reclamando el esfuerzo solidario y entusiasta de todos.
No hemos vacilado en la autocrítica, y el Presupuesto de 1984 se funda en ella cuando dice hay que afianzar logros y rectificar fallas
a fin de deslindar tareas para el año venidero; porque la autocrítica cuando es fundada, racional, objetiva, cuando es actitud de reflexión y autoanálisis, es instrumento de perfeccionamiento, es mecanismos que permite al sistema mantenerse actualizado, es tónico que lo rejuvenece y lo alienta, es dispositivo que le permite rectificar errores, corregir desviaciones, superar insuficiencias, revisar actitudes, renovar estilos, adoptar nuevas formas, enderezar el rumbo y retomar la senda que traza nuestro proyecto nacional.
La autocrítica, así entendida, es antídoto contra renuncias, prevaricaciones y desvíos de los principios y programas que le dan sustento a nuestro quehacer político; es nutriente del cambio que proponemos y emprendemos nosotros mismos, guiados por nuestras doctrinas, por nuestros principios, por nuestras experiencias; cambio que se funda en el derecho y en las instituciones, cambio que ajusta y corrige, que supera y contribuye, que alienta y que impulsa para alcanzar nuestra meta suprema, nuestra tarea histórica, nuestro compromiso insoslayable.
Apoyamos al Presupuesto de Egresos de 1984, porque contribuye a lograr todos estos propósitos, porque contribuye a superar la crisis, a rescatar la capacidad de crecimiento de la economía, a iniciar el cambio estructural que eleva nuestra capacidad de desarrollo sin sacrificar nuestras libertades y nuestras instituciones democráticas.
Finalmente, honorable Asamblea, permítaseme hacer un comentario final: la situación presente demanda concordia, confianza en nosotros mismos, solidaridad, firmeza, serenidad, decisión, fortaleza, reciedumbre, entrega, perseverancia y entusiasmo. La situación presente exige y requiere erradicar el quietismo, la pereza, la desidia, el conformismo, la angustia, los titubeos, la inmoralidad, la irresponsabilidad, la ineficiencia, la provocación, la violencia, la discordia, que obstaculizan o disuelven la cohesión social entre los mexicanos.
Optemos siempre por la acción política, que es vocación, pasión, responsabilidad y proyecto vital, que es conciliación, diálogo y negociación, para solución pacífica de las diferencias sociales. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Luis Dantón Rodríguez.
El C. Luis Dantón Rodríguez: - Señora Presidenta, compañeros diputados y diputadas: Acudo a esta tribuna, al término de un espléndido debate sobre el presupuesto nacional, en busca de una rectificación, de un juicio que escuchamos todos de manera ligera e irresponsable.
Quiero dirigir mis palabras, por primera vez, a todos aquellos compañeros diputados y amigos que han venido desde sus más lejanos distritos, que han participado activa y pasivamente, poniendo en juego el ejercicio de su voluntad, de su inteligencia y sobre todo de su paciencia; aquellos que, como todos los que conformamos esta Asamblea, representamos al pueblo de México, que es el sujeto activo y pasivo del quehacer, de la acción y de la decisión de esta Cámara.
Al calor de los debates se nubla la razón, se enciende la pasión y a veces se dicen cosas que no corresponden a la intención; quiero pensar que el compañero Raymundo León Osuna no quiso decir lo que dijo, y quiero que en los términos del Reglamento, acceda a rectificar su dicho, no porque yo sea un defensor de oficio, que no lo soy; como ustedes, represento esa parte de la voluntad del pueblo y, como ustedes, quiero reclamar para esta Asamblea la dignidad y el decoro que nos merecen todos los ciudadanos del país, pero sobre todo aquellos que han sido investidos por esa voluntad y que han concluido un mandato.
Quiero decirle al compañero Raymundo León Ozuna, que no todos los leones son de su condición. Y que si en una improvisación cualquiera y en un arrebato verbal, pudiera confundir el recuerdo, la amargura, o la ofensa en la figura, en la persona y en la trayectoria de un hombre que ha dejado el Poder Público, es correcto rectificarlo. Como yo también quisiera pedirle al compañero Aguilar Talamantes, que una cosa es escuchar y leer inclusive, derivada de la pasión, del encono o de la contradicción que existe entre los hombres y en su lucha, una expresión, otra es recogerla, para deponerla en una tribuna cuando se está manejando una decisión importante en la vida de la Nación.
El Derecho, compañeros y compañeras, ha sido desde los albores de la humanidad, la constante histórica a que los pueblos apelan para dirimir su conflictiva social. No empeñemos, y sobre todo en estos días, con expresiones que no vienen al caso y que reprueban conductas personales individuales, aquello que tiene de valor el hombre, el funcionario, en uno y en otro caso, en el recuerdo de los que admiramos su obra y el ejercicio de su inteligencia. Y me refiero específicamente a Luis Echeverría, y a Jesús Heroles. Que esta sesión no concluya dejando lastimadas las heridas o pegando sobre las cicatrices, y menos en la reyerta verbal que no corresponde a la dignidad de esta Asamblea, ni tampoco a la que representan estos hombres de la República.
Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría lea el artículo 107 del Reglamento.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Artículo 107 del Reglamento Interior: "No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por fatales o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso, o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará
que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría insertando éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar."
La C. Presidenta: - Esta Presidencia insta al C. diputado León Osuna y al C. diputado Aguilar Talamantes para que retiren sus expresiones y satisfagan al ofendido.
El C. David Orozco Romo: - Señora Presidenta, al respecto quiero hacer una aclaración.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado David Orozco Romo.
El C. David Orozco Romo: - Señora Presidenta, quisiera que ordenara a la Secretaría que volviera a leer el artículo para ver su alcance.
La C. Presidenta: - Lea la Secretaría el artículo 107 del Reglamento.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Artículo 107. "No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso, o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar".
El C. David Orozco Romo: - Bueno, está muy claro, el interesado, Luis Echeverría, no vive en el respetable diputado Dantón Rodríguez. Por lo demás, mi compañero podrá hacer la rectificación o la aclaración que a él le interese. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Luis Dantón Rodríguez.
El C. Luis Dantón Rodríguez: - Me apena que siendo un mismo idioma lo entendamos de distinta manera. Yo tampoco pienso que el interesado viva ni en la carne ni en el espíritu ni en las bardas de David Orozco, pero es el interesado impersonal quien se interese. Estoy expresando el interés jurídico, moral, reclamando la dignidad herida de uno, de otro hombre que en esta tribuna fueron ofendidos sin razón y sin motivo en el debate.
Nosotros sabemos injuriar, como todos los hombres cuando apelan el primitivismo; nosotros sabemos ejercer violencia, como todos los hombres cuando claudican de la razón; nosotros sabemos ofender, como todos los hombres cuando ven herida y ofendida a su dignidad. Que no lo queremos hacer no quiere decir que no lo podamos hacer; que no lo permitamos que lo hagan en otros no quiere decir que estamos desinteresados de otros. Claro que Echeverría tiene muchos más amigos que enemigos; claro que Echeverría es mucho más hombre que aquél señor que vino a injuriarlo, y que él a sus hijos, o los hijos de sus hijos podrán reclamarle el derecho a que rectifique su conducta.
Lo hago yo de una manera caballerosa y solidaria, más que pensando en León, pensando en que otros pudieran ser de su condición, más que pensando en un diputado cualquiera que cree que está sea una plaza pública en donde honra y pasado se puedan indignar, apelando a la razón y al compañerismo.
Estamos por conducir un diálogo, estamos por concluir una sesión importante en la vida nacional, estamos por concluir un periodo legislativo de una de las más relevantes e importantes legislaturas que se han integrado. La Reforma Política, a pesar de que la nieguen quienes son sus beneficiarios, es una realidad.
Que no piensen que la Cámara de Diputados está formada por una muralla humana de orejas, ojos y bocas cerradas; que piensen que están representantes del pueblo de México que tienen igual derecho para hablar y rectificar cuando aquellas palabras e ideas o cuando aquellas palabras sin ideas pretendan lastimar el pasado de un hombre.
Vivimos un debate lastimoso con una viejita que podría ser abuelita en cualquier lugar, vino a leer titubiante un documento hecho por los estrategas de un partido. Y otro que podría haber sido el nieto de una dinastía política, vino a tratar de "coadyuvar", todo en la oportunidad o en el oportunismo - como se lo reclamé yo - de que otro país extranjero, un gobierno exaltara la dignidad, el honor, a un mexicano que ha mantenido con lealtad y con limpieza su actitud.
El día que alguno de sus capitanes, que alguno de sus líderes, que alguno de sus ideólogos, sea lastimado como han sido lastimados hoy dos de ellos por partidos contrarios, les asistirá el derecho de rectificar y de pedir que se rectifique.
Esa es mi actitud y creo interpretar a la mayoría. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Aguilar Talamantes.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Compañera Presidenta; compañeros diputados. Una cuestión me hizo venir a la tribuna y esa misma me hace en estos momentos hacer nuevamente uso de la palabra. A la intervención del diputado Ortiz Mendoza reclamando que en el presupuesto de egresos no se incluyera partida para el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer mundo, respondió el diputado León Ozuna de que esa no inclusión se debía a la demanda que hicieron días antes en esta tribuna.
Yo hice la aclaración que de ninguna manera el Partido Demócrata Mexicano tenía
fuerza política y moral suficiente como para ser el autor de ese error político. Lo que me preocupa a mí es que la mayoría sea devoradora de sus propios hombres, y a veces de sus mejores hombres. Y que sea insensible para modificar, y yo me preguntaría, ¿puede esta Cámara modificar ese error de no incluir en el presupuesto al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo? ¿Pueden los miembros de la Comisión explicar las razones por las que no haya esta partida?
Y entonces dada mi propia explicación, criticando la festinación que el PDM está haciendo de este error, decía, de ninguna manera se debe al PDM se debe a una rabieta del Secretario de Educación Pública y esa rabieta tiene su origen. Desde mi punto de vista error de Echeverría al expresar esta opinión tan pasional sobre Reyes Heroles; desde mi punto de vista error de Reyes Heroles al insistir, y bien lo saben los miembros de la comisión y quienes finalmente participaron en la elaboración del presupuesto, en borrar una institución tan respetable, tan importante como el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo del Presupuesto; error el de uno, error el de otro que nosotros criticamos duramente.
No es posible que asuntos tan importantes para la Nación se tengan que dirimir a nivel de injurias o a nivel de rabietas.
Muchos de esta Cámara saben la alta estimación que no sólo de manera personal, sino todos los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores le tenemos a don Jesús Reyes Heroles. Un hombre talentoso y respetable. Su talento está muy por encima de sus debilidades. Es uno de los grandes ideólogos del Partido Revolucionario Institucional y nosotros en sus mejores momentos le debemos mucho de sus mejores consejos de la elaboración de nuestra propia política, porque sabemos valorar su sabiduría.
Pero no podemos admitir que por la forma como se dirime en estas cuestiones entre estos dos grandes hombres de la vida nacional se afecte una institución destinada a servir a la lucha de la liberación de los pueblos.
Yo no sé, el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, por qué razón pueda pensar que quien les habla pudo incurrir en injurias respecto a algunos de los dos hombres aquí mencionados. Todo lo contrario. Hemos venido a defender una obra de un hombre que en estos momentos es el político mexicano que con mayor grandeza, fuera del Presidente de la República, defiende la lucha por la paz y la liberación y el progreso social de los pueblos, Vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz, que tiene bajo su responsabilidad un Centro que presta un gran servicio a los pueblos, y hemos venido a criticar a un hombre que tiene bajo su responsabilidad orientar la educación pública de los niños y los jóvenes, porque pensamos, a menos que la Comisión nos aclare que no así, porque pensamos que es el principal autor de la exclusión del Presupuesto del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
No estamos nosotros de acuerdo que asuntos de tan elevada importancia para la Nación se resuelvan sobre la base y actitudes caprichosas, aún por encumbrado que sea quien a través de esas formas resuelve los problemas presupuestales, orienta y aconseja que se quite o que se ponga a alguien o a algo del Presupuesto.
Nosotros estamos claramente en contra de que en este Presupuesto se excluya al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, porque sabemos el importantísimo papel que se juega. Qué bueno que el señor Presidente de la Comisión de Relaciones viniera aquí, por la experiencia que tiene, por el talento que indudablemente demuestra, a defender, a exigir a la diputación mayoritaria que la Comisión rectifique y coloque, ubique en el Presupuesto al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
Mi pregunta, por lo tanto, seguiría siendo la misma, esperando no injuriar a nadie: ¿Puede el Secretario de Educación Pública excluir del Presupuesto una institución tan valiosa como el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo?
Y la segunda pregunta: ¿Puede esta Cámara de Diputados rectificar ese grave error político?
El C. Raymundo León Ozuna: - Pido la palabra.
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto? ¿Sobre el mismo tema?
El C. Raymundo León Ozuna: - Sí, señora Presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Raymundo León Ozuna.
El C. Raymundo León Ozuna: - Ciudadana Presidenta; señores diputados: Vengo aquí a responder a las impugnaciones del diputado Luis Dantón Rodríguez, que claro que no vengo a responderle y a responder a esta honorable Asamblea por sus amenazas de mitin callejero, si así fuera, señor Luis Dantón Rodríguez, si desde mi juventud, que he militado en la oposición orgullosamente, hubiera temido a las amenazas de los caciquillos que militan en su partido, no estaría militando en un partido independiente como el Partido Demócrata Mexicano, quizá estaría militando con usted en el Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
Nos decía que también la Revolución sabe ejercer la violencia. Sí lo conocemos, y en este año del cerrojazo de la reforma política se ha dado la violencia electoral, la han ejercido con la represión política en contra de la ciudadanía que quiere elegir libre y democráticamente a sus electores.
La Institución Madre de nuestro partido, el Demócrata Mexicano, la Unión Nacional
Sinarquista sabe de esa violencia que usted estaba hablando, sabe de esas amenazas, y las tenemos con los mártires de León Guanajuato, usted lo sabe bien; las tenemos con los mexicanos que defendieron los símbolos patrios y la bandera a través del símbolo de nuestra Institución Madre. Por eso sus amenazas me tienen sin cuidado, señor diputado. Sí quiero aclarar lo que se me atribuye de ofensa al ciudadano Luis Echeverría Alvarez, quiero aclarar que cuando hablé, en este caso no se nos dijo en concreto cuál fue la ofensa o la majadería, pero quiero suponer dos de ellas:
Una, la de "gato de angora". Fue una expresión salida del calor del debate, fue para describir gato, como sinónimo de servidor y angora como sinónimo de apapachado.
Ahora bien, si se me atribuye lo que afirmamos de que las instalaciones del Centro de Estudios Sociales y Políticos del Tercer Mundo fueron hechos con fondos públicos, que funcione la Comisión de Educación pública de esta Cámara y nos presente un dictamen porque en nuestra denuncia pedimos que se aclarara también la situación de las instalaciones de San Jerónimo y las de Rincón de Guayabitos. En el momento que llegue este informe, señor diputado Dantón, todo gusto, de ser falsas las afirmaciones que hice en esta tribuna, vendré a pedir que se borren del Diario de la Debates. Mientras no exista ese dictamen, no podré hacerlo.
Ahora yo quiero pedirle al señor Dantón Rodríguez, que venga a esta Tribuna a pedirme disculpas por haber afirmado que su servidor era menos hombre que el ciudadano Luis Echeverría Alvarez (Aplausos). Además le pido que retire lo dicho; con esta aclaración queremos dejar asentada la posición particular de este diputado Raymundo León Ozuna. Gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta:- Ruego a la Secretaría proceda en los términos del artículo 107 del Reglamento.
Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís, sobre la discusión del proyecto de presupuesto.
El C. Iván García Solís:- Señora Presidenta, señores diputados: Deseamos hacer una segunda intervención breve, en relación con la réplica que yo calificaría doméstica que hizo el diputado Cavazos a las críticas que aquí realizamos: réplica doméstica que corresponde a una actitud domesticada, no dio respuesta a las impugnaciones de fondo que hicimos, al sentido económico del presupuesto; dijimos que el presupuestos estaba al servicio de una política que lejos de controlar los efectos negativos hacia el pueblo de la crisis, los mantenía y mantenía la desigualdad, el estancamiento y hasta presumía de esos objetivos, y eso no fue contestado.
Quiero decir que tampoco es aceptable una defensa a ultranza de un trabajo de comisión como el que hace la Comisión de Programación y presupuesto. Si esa Comisión de veras hubiera trabajado, hubiera reformulado el presupuesto, ese sí hubiera sido trabajo digno de comisiones; dice el diputado Cavazos que hay una división del trabajo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, del Judicial ya no quiso acordarse porque está más desprestigiado aún; y yo digo, en la Comisión de Programación y Presupuesto esa división del trabajo consiste en que el Poder Ejecutivo envía el Presupuesto y la Comisión, sus responsables del partido oficial, lo aplauden y le agregan o le quitan puntos y comas. Esa es la división del trabajo. Por ello, no aceptamos que incluso pretenda darse por ofendida esta Comisión o quienes la dirigen, y reclamar la ausencia de miembros de esta Legislatura.
Queremos decir que unas cuantas reuniones gastronómicas, no son trabajo de comisión. Y menos cuando sus resultados son tan magros. Y queremos decir que nuestro partido ha estado presente y observado y participando en todas y cada una de estas reuniones, cuyo producto decimos, es escaso y poco utilizable.
Queremos decir también, que en esta réplica del diputado Cavazos, no se justificó en ningún momento la política de aceptación pasiva y resignada de la Deuda, tema que no incluimos extensamente en nuestra intervención oficial, pero que ahora lo comentamos - perdón inicial - pero que ahora lo comentamos debido a que el diputado Cavazos, habló del peso de la deuda como si él la cargara.
No es la burocracia, alta, no son los funcionarios del gobierno quienes padecen los resultados de la política de duda de este país, quien lo padece es la mayoría de la población. Y no cabe aquí decir que es una lamentable circunstancia tener que pagar tan pesada deuda, en primer lugar cuando el grupo dominante no la paga, y en segundo lugar cuando hay alternativas más dignas para la Nación, resistiendo ante los acreedores como lo hacen otros países y como se podría perfectamente hacer aquí.
Por eso decimos, reiteramos nuestra opinión sobre el Presupuesto, en el sentido de que se un Presupuesto al servicio de la minoría y no de la mayoría.
Y para terminar y por no hacer más largo este comentario a los numerosos desaciertos de la réplica, simplemente quiero hacerle una aclaración, no sólo lingüística sino también política al diputado Cavazos. Dijo él que nuestro documento ofendía a la idiosincrasia de nuestro idioma. Desafortunada alusión del diputado Cavazos.
El término "idiosincrasia" ya desechado por la sociología puesto que pertenece a los substratos filosóficos, a la morralla recuperada por el nacionalismo chauvinista y hasta racista, no puede aplicarse ya ni a los pueblos, y menos aún al idioma. Eso es todo.
El C. David Orozco Romo: - Pido la palabra para hechos, señora diputada.
La C. Presidenta:- Tiene la palabra para hechos, el diputado Orozco Romo.
EL C. David Orozco Romo: - Honorable Asamblea: Hago referencia a la intervención del diputado Cavazos Lerma para reiniciar el debate sobre el Presupuesto, como ya lo hizo Iván García Solís.
El habló de que la demanda creada por el sector público no creaba inflación, y tiene razón si se toma el término en su sentido estricto en que la inflación es el aumento del circulante más allá de la producción, el inflar dinero que sí es producido por el déficit del gasto en el ejercicio del gasto público a través de la emisión primaria de dinero. Pero también la inflación, y en esto tienen culpa los economistas que no se ponen de acuerdo sobre los términos, y no usan lenguaje unívoco, significa el alza de los precios.
Y en cualquier tratado de economía, en cualquier plática con alguien que esté consciente de estas funciones y tome la nota en una servilleta, se sabe que la demanda aumenta los precios, y el gasto público sí forma una demanda que aumenta los precios no por vía de emisión de dinero, sino en cuanto demanda y que se puede ver, se puede sentir en Tabasco, en Campeche, en donde el gasto público de PEMEX hace aumentar los precios en ese sector.
Mi compañero Vital aludió que el gasto público en estos momentos obra como demanda y el sector público no crea la suficiente oferta, porque precisamente eso es lo que está en duda y en debate, si el actual aparato estatal sirve o no a México y si su producción a través de los organismos público sirve al incremento de la economía o chupa y sangra y descapitaliza a nuestra economía a través de las transferencias.
Pero de todas maneras en el actual presupuesto hay un déficit menor, que antes era del 8 y se calcula en el 4, que también tendrá efectos inflacionarios en el primer sentido y la prueba es que las autoridades hacendarías y programadoras calculan un 40% de inflación; se es que les sale bien el pronóstico y rompen la jefatura de que ningún pronóstico les resulta.
Por otro lado, no sé si sea muy buena técnica presupuestaria llamarle planeación a lo que no es planeación y replicar de esa manera, defender un gasto de planeación, porque no es planeación. Muchas gracias.
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Ortíz Mendoza.
El C. Francisco Otriz Mendoza:- El Partido popular Socialista planteado su contra señaló que este presupuesto no tenía corazón, no tenía pasión revolucionaria. Y dijimos que para nosotros el presupuesto además de ser una palanca económica, debe dar toda la orientación para el desarrollo revolucionario de nuestro país. El diputado Cavazos a nombre de la Comisión hizo una intervención larga, explicando detalles del presupuesto.
Pero su concepción política que es la que nos interesa a nosotros al hablar en lo general, la resumió en unas cuantas líneas al final de su intervención. Ruego a la Presidencia permita a la Secretaría dar lectura textual de lo dicho por el diputado Cavazos.
La C. Presidenta:- Proceda la Secretaría a leer el texto del diputado Cavazos Lerma.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a leer el documento que trae el diputado Ortiz Mendoza: "Finalmente, honorable Asamblea, permítaseme hacer un comentario final, la situación presente demanda concordia, confianza en nosotros mismos, solidaridad, firmeza, serenidad, decisión, fortaleza, reciedumbre, entrega, perseverancia y entusiasmo. La situación presente exige, requiere erradicar el quietismo, la pereza, la desidia, el conformismo, la angustia, los titubeos, la inmoralidad, la irresponsabilidad, la ineficiencia, la provocación, la violencia, la discordia que obstaculizan o disuelven la cohesión social entre los mexicanos. Optemos siempre por la acción política, que es vocación, pasión, responsabilidad y proyecto vital, que es conciliación, diálogo y negociación para la solución pacífica de las diferencias sociales."
La C. Presidenta: - Continúe el orador.
El C. Francisco Otriz Mendoza: - ... 25 términos abstractos para calificar el presupuesto, y la necesidad de nuestro pueblo, pero jamás se deslizó, ni siquiera por distracción, lo que en realidad se necesita, pasión revolucionaria, pasión por servir al pueblo mexicano.
Da gusto escuchar como acabamos de escuchar al diputado Dantón Rodríguez, advertir que en la mayoría, como siempre hemos sostenido nosotros, hay gentes con sensibilidad revolucionaria frente al enemigo.
Cohesión social entre los mexicanos. Toda esa serie de planteamiento para concluir con el planteamiento que hay necesidad de la cohesión social entre los mexicanos. Cohesión con la gente que acaba de venir a la tribuna a decir tantas barbaridades, como son los del PDM; ¿cohesión social con ellos? Para qué. Cohesión social con los que desorejaron, como él dice su, ignoro cuál es el término, perdón, señor diputado, madre creadora o alguna así dijo de la madre, pero de lo que son los sinarquistas que fueron los que desorejaron a maestras, los que colgaron a tantos y tantos trabajadores del pueblo que servían a la Revolución.
En esos términos quizá la abuela sea la corriente fascista, que fue la que lo formó, entonces vamos a hacer cohesión social con ellos.
Tenemos una franca y abierta lucha.
El C. David Orozco Romo:- Una pregunta.
El C. Francisco Ortiz Mendoza:- ¿No, después! Cohesión social cuando se trata de estar frente al enemigo extranjero. Ahí sí demandamos la unidad de los mexicanos, pero ellos,
incluso en ese terreno, servían al fascismo. Fueron creados por mensajeros alemanes y españoles, porque esperaban la victoria de los nazis. ¿Cohesión social con ellos, señor Cavazos?
La lucha de clases no se puede ignorar, adelante se había de conciliación, no, no podemos hablar de esos términos, por eso estamos en contra de que se maneje esta cuestión que trae la lucha esencial revolucionaria por la que perdieron la vida un millón de mexicanos. En este momento de crisis, precisamente en este momento, se necesita audacia revolucionaria: aquí se manejan una serie de términos, de cambiar estructuras, pero no se dice ni cuáles, y cómo, ni hacia dónde, ni por qué hay que decirlo claro, preciso frente al pueblo.
¿Que es lo que realmente está pasándonos en el momento revolucionario? Adviértase compañeros e insistimos en el hecho. la derecha lo está proclamando a voz en cuello. les vamos a quitar el poder y desde el punto de vista político están en su pleno derecho, para eso efectivamente, para eso se crearon, pero que las fuerzas revolucionarias no les abran la puerta, que no los metan a su propia casa por favor: eso es lo que nosotros estamos plantando.
Este presupuesto, claro que se está haciendo así por la situación económica por la que vivimos pero por qué las fuerzas democráticas se niegan a hablar, algunos, porque algunos otros lo hacen, que esa es la esperanza que tenemos todas las fuerzas democráticas del país, que realmente haya cohesión revolucionaria, no es cohesión social de mexicanos.
Estas fuerzas de la derecha a las que ya se les entregaron varias capitales de los estados, esas fuerzas de derecha que han permitido que funcionarios públicos vayan a inaugurar junto con gentes del clero, violando flagrantemente la Constitución, locales oficiales, esos diputados de la mayoría, y tienen que reconocerlo, algunos de ustedes volteen y verán que el que está a su lado no es gente muy de fiar, que se retratan con los arzobispos en la boda de su sobrina, pues ¿qué es eso? Esas concesiones son las que no se deben hacer.
Como el señor diputado Cavazos viene a pedirnos conciliación y cohesión social con los que nos quieren quitar el poder, y digo "nos" a las fuerzas democráticas. ¿Cómo vamos a hacer conciliación social con ellos? Hay que combatirlos hasta aplastarlos, hasta quitarles todas las capitales de los estados que ha ganado a base de estas acciones. Eso es lo que tenemos que hacer. ..
La C. Presidenta:- Se suplica no interrumpir al orador.
El C. Francisco Ortiz Mendoza:- ...Uno por uno ...
La C. Presidenta:- Se pide no interrumpir al orador y al diputado no hacer dialogo con los diputados.
El C. Francisco Ortiz Mendoza:- Pues ellos los hacen. El planteamiento es muy claro, son dos puntos de vista: cohesión social con los del PDM, con los de la derecha, con el clero, con los del Fondo Monetario Internacional, mexicanos, porque aquí hay algunos del Fondo, los representantes Fearman, todo eso no podemos tener cohesión social. Lo que el PPS plantea es unidad de las fuerzas democráticas para vencer al imperialismo, para vencer a la derecha, para elevar el nivel de vida del pueblo, para desarrollar las fuerzas productivas, para ampliar la vida democrática y consolidar la independencia. Eso frente a la cohesión social. (Aplausos.)
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Ignacio Vital Jáuregui. En virtud de que han transcurrido 4 horas, esta Presidencia determina que se continúe la sesión hasta terminar con los asuntos en cartera.
El C. Ignacio Vital Jáuregui:- Compañeros. Seré breve, quiero referirme ante todo a las apreciaciones que sobre mi intervención anterior hizo el diputado Gavazos, nosotros apreciamos, no dijimos que el gasto público fuera negativo o pernicioso, sino que el gasto público, cuando se ejerce de una manera deficitaria, es decir cuando se gasta más dinero del que se percibe y se ejerce un déficit, pues tiene que ser lesivo a la economía nacional, y a la economía de cualquier nación, y también dijimos que si este gasto público representaba tal o cual porcentaje relativo al PIB, y si ese porcentaje era alto era natural que fuera lesivo a la economía nacional, porque iba a producir endeudamiento, iba a producir inflación. iba a producir carestía, iba a producir cierre de fuentes de trabajo por falta de divisas, iba a aumentar la deuda pública y la deuda interior, por eso dijimos que ese presupuesto ejercido de esa manera, no solamente este año, sino los últimos 2 o 3 años, ha empobrecido cada día más al pueblo de México y ha enriquecido cada día más al aparato del poder, al PRI encaramado en el poder, esa es la idea de nosotros, y esa es la idea de todo el pueblo de México, el Estado lo componemos todos y todos tenemos que ser beneficiarios de los bienes y servicios del Estado y de lo que producen los mexicanos, no nada más una alta burocracia que se encarama en el poder y que cada día empobrece más al pueblo y cada día se enriquece más.
Por eso nosotros estuvimos incluso contra el gasto director, nosotros dijimos que el gasto corriente de administración era muy alto, que era un billón 312 mil 900 millones de pesos y dijimos que era alto para una economía de un pueblo en desarrollo como el de nosotros; dijimos que nos preocupaba el crecimiento burocrático y esa no es solamente idea de nosotros, es idea de todo el pueblo que trabaja y que produce, y que paga impuestos y que le preocupa que esos impuestos no estén destinados al aumento del aparato productivo del país, sino que se destinen esos impuestos al pago de haberes de una alta e inflada burocracia. Esa es la idea de nosotros.
Y con relación a los exabruptos del diputado del PPS, pues no nos asombra, siempre ha venido este señor aquí no a decir ciencia ficción sino una historia ficción, que nosotros los sinarquistas desorejamos a los maestros, díganme los nombres de los maestros que hemos desorejado, yo de mi peculio pagaré para que les peguen las orejas de nuevo, y díganme en qué época desorejamos a los maestros, díganme en qué época anduvimos colgando nosotros a servidores públicos; señor, más seriedad por respeto a esta honorable Asamblea, venga usted a hablar aquí de asuntos histórico y no de historia ficción. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el señor diputado Manuel Cavazos Lerma.
El C. Manuel Cavazos Lerma:- Señora Presidenta; honorable Asamblea: Antes que nada quiero pedir disculpas por esta segunda intervención, que pensaba que no era necesaria, pero es necesario hacer algunas acotaciones.
Cuando se dice que no se dio respuesta a la impugnación de fondo, de que se trata de un Presupuesto al servicio de las minorías; de un presupuesto que no tiene visión social, creemos que la respuesta fue clara. Las orientaciones, están incluso detalladas en esos 23 puntos que aquí sacaron a colación. De ahí la importancia de ver en detalle el presupuesto, porque nadie puede negar la importancia que tiene el gasto social, el gasto en desarrollo rural, el gasto en desarrollo regional, el gasto en abasto, el gasto en el programa de empleo, la reserva para estimular a los sectores prioritarios. Y tampoco podemos aislar al Presupuesto, dijimos, de todo un plan de largo plazo que es el Plan Nacional de Desarrollo, del que se derivan programas de mediano plazo, del que se derivan programas operativos anuales, que a su vez sirven de insumo, de ingrediente, de componente, a la formulación de este presupuesto.
Nunca se habló de un paquete de medidas de efecto instantáneo. Nunca se ofreció una oferta de ilusiones, Nunca se dijo que los efectos iban a producirse en el curso de un año o a la semana siguiente, Se habló muy claro de que el programa inmediato de reordenación económica requería cuando menos, de dos años. Y se especificó, asimismo, que este Presupuesto debe encuadrarse en esta segunda etapa del programa inmediato de reordenación económica. Pero no es válida la comparación de lo real contra lo ideal. Ni es válido tampoco el olvido de los tiempos de las políticas.
Y hay que distinguir entre la política coyuntural y la política estructural. La política coyuntural es de corto plazo; hay políticas estructurales que tienen un plazo mucho mayor y para eso es necesario tener, lo que ya decíamos, un marco económico global, integral, que tome por un lado en cuenta los equilibrios financieros pero que los engarce a los equilibrios del sector real, es decir de la estructura industrial, del desarrollo regional, de la política social, y eso es lo que está detrás del presupuesto. Al presupuesto no se le puede analizar sólo a partir de unas cuantas frases o a partir de algunas cifras aisladas.
No es lo mismo, por ejemplo, el impacto que produce un alza en las tasas de interés, una modificación en el tipo de cambio, una variación en el medio circulante, cuyos efectos pueden darse en el curso de 3, 6, 9 meses; a los cambios estructurales que se dirigen precisamente a cambiar el aparato distributivo y el aparato productivo; no podemos ponerlas en el mismo balance, so pena de ignorar el fenómeno económico, en su distribución temporal de efectos.
Por otro lado, nosotros no hablamos de una aceptación pasiva y resignada de la deuda, y si parece criticarse el gasto en deuda, que es lo que hay detrás de esta impugnación, ¿Por qué entonces, nos preguntamos, el gasto en intereses de la alternativa presupuestal del partido que hizo esta impugnación, es incluso mayor que la propuesta presupuestal que aquí estamos deliberando?
Por otra parte, cuando se habla de resistir a los acreedores, uno se pregunta si se entiende el proceso de reestructuración de la deuda externa y la moratoria declarada en agosto de 1982 y todo este proceso para alargar los plazos del pago de la deuda y obtener también un periodo de gracia. ¿No es esa acaso una reestructuración para cumplir con los compromisos y buscar en la medida de lo posible el bienestar social, medido en términos de mediano y largo plazo, y no sacrificara ilusiones temporales de 3 meses, 6 meses para después volver a recaer en medidas que tarde o temprano van implicar un costo social, incluso mayor al que se está incurriendo? ¿No se dijo desde un principio que iba haber un costo social y que tenía que buscarse que la carga fuera equitativa, nunca se habló de que el costo social fuera nulo, ni se dijo tampoco que la respuesta se obtendría en un periodo corto.
Lo que hemos estado defendiendo aquí, es una política de recuperación de la crisis como condición para perseguir. después. objetivos que tienen una mayor duración; como una condición necesaria, pero no suficiente, para poder obtener una mejor distribución del ingreso entre personas, grupos, sectores, factores y regiones. De eso estamos hablando cuando hablamos del cambio estructural que eleve la calidad de nuestro desarrollo.
Por otra parte, se nos decía aquí que la inflación es un aumento del circulante mayor al crecimiento de la producción. Esta es una de las definiciones más criticadas de la inflación porque sesga la definición a una de sus causas. La definición debe ser natural a las causas para poder examinar los determinantes, que nos permitan, de ahí derivar consecuencias políticas.
De manera que esa definición es del todo inaceptable la inflación, es un aumento sostenido del nivel general de precios por más de 6 meses, crecimiento que debe superar cuando menos al 6%.
Se habla de que las transferencias desangran la economía y se olvidan de que muchas de esas transferencias son de naturaleza social, que muchas de esas transferencias van al abasto, van al consumo de productos básicos; que muchas de esas transferencias alientan la producción y el empleo; que muchas de estas transferencias permiten alentar los sectores intensivos en manos de obra y substitutivos de importaciones; que muchas de estas transferencias nos ayudan a cambiar los procesos de producción para tener procesos productivos más adecuados a nuestra dotación de factores.
Por otro lado, se decía aquí que "este déficit implica una inflación del 40%. Lo cual es una concepción bastante primitiva de la inflación, que es un proceso sostenido, que en el corto plazo se ve afectado por impactos temporales como son los de precios y tarifas.
Buena parte del aumento del 80% registrado en 83 se debió más a esos impactos temporales o "burbujas" que a la misma tendencia. Además esa concepción es incluso incongruente con la propuesta o con la concepción inicial de que es el crecimiento del circulante el que produce la inflación; porque entonces no hay que fijarnos ni siquiera en el déficit, ni siquiera en la forma de financiamiento, sino en uno solo de sus renglones y todo lo demás - sobre el gasto, sobre los ingresos, sobre el déficit - sale sobrando.
Se hablaba también de que "el aumento del gasto es el que produce la inflación". Otra vez el mismo error teórico y empírico, pero con un agravante adicional; se olvidan de que México es una economía abierta donde buena parte de esos excesos de demanda se filtran hacia el exterior y se reflejan no en crecimiento de precios, sino en salidas de divisas o en déficit en cuenta corriente.
Finalmente, qué lástima que no se entendiera lo que quiere decir cambio estructural, y qué lástima que la filosofía política de quien hiciera esta impugnación no abarcara de manera global cuál es nuestra filosofía, para ahí ubicar qué es lo que queremos decir con cohesión social.
Por eso queremos releer un párrafo de nuestra filosofía política: "La función que históricamente corresponde al Partido Revolucionario Institucional, consiste en asegurar la permanencia de la corriente nacionalista y revolucionaria en el ejercicio del poder del Estado, mediante la cohesión de las fuerzas fundamentales del pueblo y el fortalecimiento de las bases de apoyo democrático al régimen constitucional del gobierno".
Pero quisiera hacer un agregado, tal vez deba añadir, al párrafo que aquí fue leído, el siguiente, ubicado desde luego en el contexto actual en que estamos discutiendo este presupuestos; "No podemos desatender el reclamo crucial del presente, que es fortalecer la unidad de este México plural. La unidad en la diversidad, la unidad que nos permite no sólo querer tener una nación, sino efectivamente tener una nación para todos. Esto requiere y exige asegurar nuestra supervivencia, fortalecer nuestro cohesión social, vigorizar nuestra independencia y soberanía, mantener nuestra Constitución y legalidad, consolidar nuestro democracia integral y luchar porque resplandezca la justicia social y económica, que es el mejor instrumento de supervivencia, cohesión independencia, soberanía y preservación de la legalidad y que es la cristalización misma de la democratización integral". Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen en lo general se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta:- Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
La C. secretaría Xóchitl Elena Llarena de Guillén:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Ciudadana Presidenta, se emitieron 270 votos en pro, 28 en contra y una abstención.
La C. Presidenta:- Aprobado en lo general y, en lo particular, los artículos no impugnados por 270 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 1o., 2o., 4o., 6o., 7o., 14., 24., 37 y 38.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 1o...
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 1o. los siguientes señores diputados: Astolfo Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional; Antonio Gershenson, del Partido Socialista Unificado de México; y Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
Y para hablar en pro del mismo artículo, el diputado Hermenegildo Anguiano, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el señor diputado Astolfo Vicencio Tovar... También está inscrito en pro el diputado Lambretón.
El C. Astolfo Vicencio Tovar:- Señora Presidenta, también deseo apartar para su discusión, aparte del artículo 1o., ya enunciado, el 2o., el 14 y el 37. Quisiera que pusiera usted
a consideración de la Asamblea si me permite hablar de todos los artículos impugnados.
La C. Presidenta:- Consulte la Secretaría a la Asamblea si puede el diputado Astolfo Vicencio Tovar tratar en una sola intervención los artículos 1o., 2o., 14 y 37.
La C. secretaria Xóchit Elena Llarena de Guillén:- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se le permite al diputado Astolfo Vicencio Tovar tratar en una sola intervención los artículos 1o., 2o., 14 y
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, ciudadana Presidenta.
El C. Astolfo Vicencio Tovar:- Muchas gracias señores diputados: He apartado para su discusión los artículos 1o., 2o., 14 en su fracción III y para una adición el artículo 37 del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para 1984. aún cuando la diputación del partido Acción Nacional haya votado en pro en lo general.
No es incongruente esta posición, votamos a favor en lo general porque un Presupuesto de Egresos constituye una programación en el empleo y destino de los fondos públicos. Ante la apremiante situación en que vive el país y también porque queremos creer en la buena fe, el proyecto de Presupuesto presentado por la secretaría de Programación y Presupuesto y el Proyecto de decreto presentado por la Comisión, reflejan una preocupación de corregir errores pasados, y esperamos que este presupuesto no se quede, como en otra ocasiones, como un catálogo de buenas intenciones que no se cumplen o desvirtúan totalmente su intención.
En el proyecto de decreto aparece un Capítulo II con el rubro "Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria", del artículo 18 al 40, de los que se responsabiliza a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública de la estricta observancia de las normas de austeridad y además se dan lineamiento para la aplicación correcta de cada uno de los renglones del presupuesto, así como del destino de los subsidios y transferencias en beneficio de programas prioritarios. Ojalá que todo esto se cumpla ya que estaremos pendientes de cualquier desviación o malos manejos de los fondos públicos y exigiremos responsabilidades en contra de todos aquellos servidores públicos que por lenidad, ineficiencia y deshonestidad atenten contra el patrimonio de la nación, sobre todo en esta época de crisis a la que nos han llevado los malos gobiernos.
En esta ocasión casi no hay necesidad de manejar cifras. Hace unos días se aprobó en esta Cámara, con el voto de todos los partidos de oposición en contra, la Ley de Ingresos de la Federación. Una ley injusta que gravará con más de un 60% más, en relación con la de 1983, a todos los mexicanos, y sobre todo a los de más bajos recursos económicos. Pero para bien o para mal, más bien para mal, ya está aprobada y ahora en el estudio del presupuesto para '84, debemos de ver cómo se gastan esos 11 billones 746 mil 444 millones 796 mil pesos consignados en el presupuesto.
Debemos, como Poder Legislativo, ejercer una estricta vigilancia en su cumplimiento.
Como decía el diputado Villegas en su exposición: "Nosotros queremos creer en las buenas intenciones del Ejecutivo, y nos daríamos por satisfechos, si en general se cumplieran los objetivos de apoyo a los planes sectoriales y regionales y se ejerciera correctamente el presupuesto en todos los renglones en lo particular y en general de cada una de las dependencias y de las empresas, así como lo destinado a la deuda pública y al servicio de la deuda". Este presupuesto, como cualquier documento que se pueda elaborar, es perfectible, pero aún así, en algunos artículos en lo particular contiene algunas fallas, o bien se insiste en sostener disposiciones que van en contra de lo dispuesto por la Constitución.
Primero trataré lo referente en el artículo 14 del proyecto de decreto, que se refiere a las facultades que se otorgan al Ejecutivo para autorizar erogaciones adicionales.
Sabemos que a través de dicho artículo se establecen requisitos para que estas erogaciones adicionales sean con cargo a excedentes y remanentes de los organismos y empresas de participación estatal, así como de algunas dependencias del Ejecutivo.
Hasta ahí todo iría bien, pero al llegar al segundo párrafo de la fracción III, nos damos cuenta de que nuevamente, como en el famoso artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación que se discutió el jueves pasado, se faculta al Ejecutivo para, voy a leer este párrafo: "Asimismo se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los egresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados".
Lógicamente las erogaciones adicionales y los ingresos extraordinarios por financiamiento se refieren a los aprobados en contra de la oposición por el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que esta ocasión también votaremos en contra de esta autorización.
En la defensa del dictamen de la Ley de Ingresos, el diputado José Luis Caballero nos decía que las facultades otorgadas en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos eran concordantes con lo establecido en la Ley General de Deuda Pública, pero si estudiamos el artículo 9o. de este ordenamiento, se hacen incongruentes sus argumentos ya que se establece que el Gobierno de la Unión será el que autorice los montos de endeudamiento directo neto interno y externo y en ningún caso autoriza al Ejecutivo para que contrate a su arbitrio financiamientos. Para no abundar en razonamientos
de sobra conocidos y expuestos en esta tribuna en infinidad de ocasiones por todos los partidos de oposición, por separado presento una proposición para que del cuerpo del proyecto de decreto sea suprimido el 2o. párrafo de la fracción III del artículo 14 en cuestión.
Por lo que respecta al artículo 37 de este mismo decreto su 2o. párrafo especifica: "El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, sobre la ejecución del Gasto Público aprobado para 1984, y hará asimismo las aclaraciones que ésta le solicite. Y a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades correspondientes.
Qué bien que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación haga las aclaraciones que se le soliciten sobre la detección e irregularidades y el fincamiento de responsabilidades. Pero sería muy saludable que sobre los informes trimestrales que se presentarán a esta Cámara, la Contraloría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, emitiera también sus comentarios y observaciones sobre los mismos, y nos mantuviera informados en forma global y permanente.
Por lo tanto, presento también una proposición en dicho sentido, independientemente de las facultades que le otorga la ley respecto a la revisión y fincamiento de responsabilidades derivadas del presupuesto. O sea que al párrafo a que me he referido, se le agregaría lo siguiente: Los informes trimestrales presentados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como la detección de irregularidades y fincamiento de responsabilidades, serán del conocimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda y ésta, después de estudiarlas, enviará su informe y sus puntos de vista a esta Cámara.
Aparté también los artículos 1o. y 2o. del proyecto porque tanto éstos, como los artículos 3o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o., fijan las condiciones y los montos que deben ejercer las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública, y para poder plantear a esta Soberanía la grave renuncia que vamos a hacer buscamos con detenimiento en cada uno de los renglones en todos los cuadros financieros de gastos y transferencias de todas las dependencias y de todas las empresas, y no encontramos lo que buscamos, o sea que no está considerado dentro del presupuesto.
El día de ayer, al discutirse la Ley de Ingresos del Distrito Federal, el diputado Aguilar Alcerreca mencionó el convenio que se firmó hace aproximadamente tres semanas entre el Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal, por medio del cual la Federación absorbe la pérdida cambiaría originada en los empréstitos del Distrito Federal y se documentó a 10 años la deuda, que al 20 de septiembre del presente año ascendía a la cantidad de 184 mil 958 millones 483 mil 995.26 pesos y que llegará a fin de año a 200 mil millones de pesos en números redondos según se nos informó ayer.
De acuerdo con el convenio de consolidación y redocumentación de adeudo, que así se llama y al que nos referimos, el Gobierno Federal absorberá la cantidad de 162 mil 912 millones 793 mil 927.32 pesos que suponemos será con cargo al presupuesto del 84 y que como indicamos, no aparece en el mismo en ninguna partida presupuestal, lo que es muy grave ya que por un lado el convenio se firmó antes de que se aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación violentando lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 11 que dice: "Salvo lo previsto en los artículos 6o., 14 y 36 no se autorizarán ampliaciones líquidas a los presupuestos ni adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, en consecuencia las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal sujetándose a los compromisos reales de pago".
Por otro lado, se ignoró por completo a esta Cámara en un asunto de su exclusiva competencia como es la de conocer y aprobar en su caso las distintas partidas del presupuesto.
Además de la situación tan grave creada, el citado convenio nos parece totalmente injusto. Por un lado se premia la ineficiencia y la corrupción de los funcionarios del sexenio pasado; por otro se condena a esta deuda con cargo a la Federación, lo cual significa que la pagaremos todos. Y también es injusto porque se da preferencia a la entidad más rica del país, y en esta situación de hecho no se pensó en la situación miserable por la que atraviesan los pequeños municipios de la República. Estos en muchos casos no tienen dinero ni para los sueldos de los empleados, ni para pagar el alumbrado público y otros servicios. Y sin embargo, al Distrito Federal, con un presupuesto multimillonario, se le condonan adeudos y se le redocumentan otros a 10 años.
En su exposición el diputado Aguilar Alcerreca no mencionó que el famoso convenio tiene una serie de incongruencias y contradicciones. En el inciso a) de la cláusula III, dice textualmente:
"Será amortizado en un plazo de 10 años mediante 120 exhibiciones mensuales, a partir del mes de octubre de 1983 - óigase bien esto - a partir del mes de octubre de 1983".
Lo que significa que si el convenio se firmó en diciembre, ¿cómo se van a pagar las amortizaciones desde el mes de octubre? A menos que hayan sido adivinos, pero no creo que se esté pagando.
Por el estilo está el inciso a) de la cláusula IV, en el que se dice que "el Departamento incrementará sus ingresos propios en un 5% anual desde 1983".
Sea que en estos días que faltan para que termine el año, todas las oficinas recaudadoras tendrán que trabajar a marchas forzadas, 48 horas al día, para tratar de cumplir con esa condición.
Para terminar, planteamos a ustedes lo que consideramos más grave: el Ejecutivo, por las facultades omnímodas que esta Cámara le da
invariablemente en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, se sintió con todo el derecho de no informar del convenio firmado con cargo al Presupuesto de 1984. Y no sólo eso, sino que por un acto de magia firmó el convenio del próximo año. Aquí tengo copia del convenio y le ruego a la señora Presidenta solicite a la Secretaría dé lectura al último párrafo y a las firmas que aparecen.
La C. Presidenta: - Proceda la Secretaría a dar lectura al último párrafo y a las firmas que aparecen en el documento que presentó el diputado Vicencio Tovar.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - "El presente Convenio de Consolidación y Redocumentación de Adeudos a cargo del Departamento del Distrito Federal y del Gobierno Federal a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A., se firma previa lectura en cinco ejemplares autógrafos en la ciudad de México, D. F., a los dos días del mes de enero de 1984. Siendo dos de ellos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el tercero para la Secretaría de Programación y Presupuesto, el cuarto para el Departamento del Distrito Federal y el quinto para el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A. Por el gobierno federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto; licenciado Jesús Silva Herzog Flores, Secretario de Hacienda y Crédito Público; por el Departamento del Distrito Federal, C. P. Ramón Aguirre Velázquez, Jefe del Departamento del Distrito Federal; por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Estas firmas corresponden al Convenio de Consolidación y Redocumentación de Adeudos a cargo del Departamento del Distrito Federal a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A., celebrado en la ciudad de México, D. F., el día 2 de enero de 1984."
La C. Presidenta: - Continúe el orador.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Gracias. Señores, esta es una burla para el Congreso, un convenio que está firmado y que se dio a la publicidad desde hace tres semanas con fecha 2 de enero de 1984. Y ni siquiera aparece un transitorio en donde se dijera: "Este convenio tendrá vigencia a partir del 2 de enero de 1984." Sino que desde hace 3 semanas, y, como decía por obra de magia, firmaron con fecha 2 de enero de 1984.
Todo esto, señores diputados, se estaba cocinando con antelación como lo demuestran la incongruencia en los plazos y en las fechas.
Lo que nos preguntamos es que si de todos modos se iba a firmar el convenio, ¿por qué la festinación? ¿Por qué la publicidad en todos los medios de información, y por qué no esperar sólo unos días, sólo hasta el 2 de enero para la firma y para guardar las apariencias.
Por todas estas razones, los diputados del Partido Acción Nacional votarán en contra de los artículos 1o., 2o., 14 y 37 del proyecto de Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1984. Y para que esta Cámara recobre un poco de su prestigio ante el Ejecutivo, hago la siguiente proposición con la seguridad de que todos los compañeros diputados la aprobarán sin reservas. La proposición es la siguiente:
"Que esta Cámara de Diputados haga y envíe un serio extrañamiento a los titulares de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, así como al del Departamento del Distrito Federal por la incongruencia y fallas técnicas contenidas en el convenio de consolidación y redocumentación de adeudos, firmado entre el Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal, principalmente por las contenidas en el inciso A) de la cláusula tercera, en el inciso A) de la cláusula cuarta y por la firma anticipada de dicho convenio, ya que a pesar de que tiene fecha 2 de enero de 1984, se firmó el día 12 del mes de diciembre. Asimismo, el monto de la deuda que absorberá la Federación, no se consideró en el Presupuesto de Egresos que se discute en esta fecha. Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 27 de diciembre de 1983. Por la diputación del Partido Acción Nacional, Astolfo Vicencio Tovar. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - El señor diputado Vicencio Tovar ha hecho dos proposiciones distintas, una es sobre modificaciones al articulado del Decreto que estamos discutiendo y otra es una propuesta al pleno.
Se va a hacer la consulta de la Secretaría al Pleno por separado.
Primero le pido a la Secretaría que proceda a consultar a la Asamblea, en votación económica, si acepta a discusión la modificación de los artículos que propuso el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Rogaría que se leyeran una por una las proposiciones.
La C. Presidenta: - Muy bien, el diputado pide que sea una por una, así es que le pido a la Secretaría que lea cada una de las propuestas de modificaciones a los artículos y al final lea la propuesta que hizo al Pleno respecto al extrañamiento.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Se va a leer la proposición del diputado Astolfo Vicencio Tovar. "Con el objeto de que el Congreso de la Unión tenga pleno control en la disposición de los fondos públicos que se ejecutarán de acuerdo como el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, suprímase el segundo párrafo de la fracción III del artículo 14 del proyecto de Decreto del citado Presupuesto."
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión la proposición hecha por el diputado Vicencio Tovar.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los CC. diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada esta propuesta, ciudadana Presidenta.
La segunda proposición. "Se adiciona el segundo párrafo del artículo 37 del proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar como sigue: "El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del Gasto Público aprobado para 1984 y hará asimismo las aclaraciones que ésta le solicite, y a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades correspondientes. Los informes trimestrales presentados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como la detección de irregularidades y fincamiento de responsabilidades, serán reconocimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda, y ésta, después de estudiarla, enviará su informe y sus puntos de vista a esta Cámara".
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta hecha por el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
Los CC. diputados que estén por que se acepte, sírvanse ponerse de pie...
Los CC. diputados que estén por la negativa, sírvanse ponerse de pie... Desechada la propuesta, ciudadana Presidenta.
La otra instrucción de la ciudadana Presidenta es respecto a la proposición de un extrañamiento. Se va a proceder a leer.
"La proposición que esta Cámara de Diputados haga y envíe un serio extrañamiento a los titulares de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, así como al Departamento del Distrito Federal, por la incongruencia y fallas técnicas contenidas en el convenio de consolidación y de documentación de adeudos firmados entre el Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal, principalmente por las contenidas en el inciso A), de la cláusula III, en el inciso A) de la cláusula IV y por la firma anticipada de dicho convenio, ya que a pesar de que tiene fecha 2 de enero de 1984, se firmó el día 12 del mes de diciembre, asimismo el monto de la deuda que absorberá la Federación, no se consideró en el Presupuesto de Egresos que se discute en esta fecha.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si están por que se acepte o por que se deseche.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, ciudadana Presidenta.
La C. Presidenta: Tiene la palabra por la Comisión la diputada Irma Cué de Duarte.
La C. Irma Cué de Duarte: - Honorable Asamblea. A nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, comparezco ante ustedes a dar respuesta a las imputaciones que se formularon a los artículos 2o., 14 y 37 del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para 1984.
Fundamentalmente las objeciones se basan en dos elementos: un presunto poder omnímodo mencionado aquí y falta de control de esta Cámara de Diputados. México, es cierto, vive un sistema presidencialista, pero es conveniente que todos sepamos que un sistema presidencialista es diferente de un sistema parlamentario y sepamos las causas.
En un sistema parlamentario los miembros del Gabinete son también miembros del Parlamento, el Gabinete está formado por los jefes del partido mayoritario o por los jefes de los partidos que por coalición integran la mayoría parlamentaria; el Gabinete tiene una persona que se encuentra en situación de supremacía respecto a los otros y generalmente se le denomina Primer Ministro, el Gabinete subsiste siempre y cuando cuente con la mayoría parlamentaria; la Administración Pública está encomendada al Gabinete pero éste se encuentra sometido a la constante supervisión parlamentaria. Existe entre parlamento y gobierno un mutuo control, el Parlamento puede exigir responsabilidad política al gobierno ya sea a uno de sus miembros o al gabinete comunidad. El Parlamento puede negar un voto de confianza u otorgar un voto de censura, al gabinete, con lo cual éste se ve obligado a dimitir. Pero el gobierno no se encuentra desarmado frente al Parlamento, pues tiene la atribución de disolverlo y convocar a elecciones y entonces es el pueblo quien decide si la razón la poseía el Parlamento o el gobierno.
En un sistema presidencialista hay independencia política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo no puede disolver al Congreso. Y éste no puede ejercer el voto de censura. El presidente puede ser de un partido político diferente al de la mayoría legislativa. El sistema presidencial no supone que el Ejecutivo y el Legislativo sean independientes, sino que colaboran y están coordinados entre sí.
El control político en nuestro país es para el Legislativo a priori. Por ejemplo, cuando expide todas las leyes conforme a las cuales deben regirse las facultades, las atribuciones del Poder Ejecutivo. Cuando, como hoy, discute un proyecto de presupuesto de Egresos y a él debe ceñirse el Ejecutivo. Es previo cuando le otorga permiso para ausentarse del país. Y es a posteriori por ejemplo en un caso que nosotros conocemos bien, Cuenta Pública.
Una facultad que es exclusiva del Senado de la República, que es la ratificación de convenios y tratados. En donde participamos como
Congreso es un juicio de responsabilidad a servidores públicos.
Se puede ejercer el veto a ciertos nombramientos realizados por el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal tiene obligación de rendir un informe anual ante el Congreso. Informes que también rinden los secretarios de Estado. Y tenemos facultad para hacerlos comparecer cuando así lo estimemos conveniente.
El control presidencial político, que también existe, es el de veto a las leyes, y es conveniente recordar ahora que nuestra Ley, la que nos es propia, la que no es consustancial, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como todos lo sabemos porque leemos la Constitución, es la única ley, es el único ordenamiento de excepción que no admite el veto del Presidente de la República; más aún, ni siquiera necesita de su promulgación para tener vigencia.
Se cuestiona aquí si la Ley de Ingresos en su oportunidad o la Ley de Deuda Pública está contraviniendo lo establecido por la fracción octava del artículo 73 constitucional. No es una discusión novedosa, es una discusión en la que sólo esta Legislatura, y por lo que a mí respecta he participado en ocasiones anteriores; doy aquí por reproducidos los argumentos que entonces he utilizado.
Quiero dejar como esquema claramente establecido, que en la fracción octava, cuando determina que el Congreso debe sentar las bases, dictar las bases, el Congreso lo hizo de manera general al expedir la Ley General de Deuda Pública, y anualmente al expedir la Ley de Ingresos faculta al Ejecutivo Federal, a través de la dependencia que tiene esta atribución, a ejercer lo relacionado con el endeudamiento.
Se dicen las causas para las que debe endeudarse y los montos adicionales; están expresadas en el artículo constitucional y están expresadas e implícitas en las leyes reglamentarias de ese artículo, de modo que ahora, cuando en el artículo 14 se propone que los excedentes o los montos de financiamiento adicionales que pudieran obtenerse, se destinen a los programas para los que fueron contratados, sólo se da congruencia al primer elemento, que fue el de la autorización para contratarlo.
Se dice aquí, se dijo aquí que debería dársele a la Contaduría Mayor de Hacienda la obligación de informar a la Cámara.
Debemos recordar para quienes no son abogados, debemos tener presente que la Contaduría Mayor de Hacienda no es más que el órgano técnico nuestro.
La Contaduría Mayor de Hacienda, como todos sabemos, no tiene un periodo de receso, la Contaduría trabaja siempre. Ese artículo fue adicionado a petición expresa de la Comisión de Programación y Presupuesto para que, respetando la estructura interna del Poder Ejecutivo Federal, en donde se da a la nueva Secretaría de la Contraloría General de la Federación facultades relacionadas con el fincamiento de responsabilidades, nos fuese informado como Cámara. El artículo no dice que la cuenta se presenta a la Permanente pero así se hace, hay otra ley que así lo especifica, esta no es la única ley, estamos hablando de un gran concepto y estamos hablando de diversas leyes.
Yo quisiera decir a ustedes que la Secretaría de la Contraloría es responsable del control integral de la administración, tiene un carácter preventivo y debe asegurarse que su quehacer se realice con eficiencia, legalidad y honestidad. La Contaduría fiscaliza y discute la cuenta pública para verificar su apego a las leyes y a los presupuestos, según los programas aprobados y si las inversiones se ajustaron a lo aprobado.
Existen diferencias entre ellas, como todos sabemos, pues la Contaduría puede revisar además de al Poder Ejecutivo, a los Poderes Judicial y Legislativo. La Secretaría, por el contrario, sólo se concreta a la administración centralizada y paraestatal federal.
La Contaduría es un órgano técnico y debe rendir sus informes, previo y definitivo, a esta Cámara de Diputados. La Secretaría es un órgano político - administrativo y debe informar directamente al Presidente de la República, a las autoridades competentes y ahora, por ley, a este Congreso.
La Contaduría puede practicar cualquier tipo de inspección para revisar la Cuenta Pública, y una vez ejercida hacer las comprobaciones necesarias. La Secretaría establece las bases de auditoría y las realiza.
La Contaduría puede solicitar copias de dictámenes o aclaraciones sobre auditorías realizadas. La Secretaría designa, norma y controla auditores; nombra comisarios y delegados, y opina sobre contralores internos.
La Contaduría tiene coordinación para uniformar sistemas y procedimientos con la Secretaría de Programación y Presupuesto. La Secretaría opina previamente sobre normas de control y administración de patrimonio público.
La Contaduría puede promover fincamiento de responsabilidades. La Secretaría está facultada para fincarlas a servidores, según la Ley de Responsabilidades.
La Contaduría no revisa durante el ejercicio presupuestal. La Secretaría puede comprobar en todo tiempo que las entidades cumplan con sus obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores. La Secretaría puede sugerir normas a la Comisión Nacional Bancaria, lo que no le es posible a la Contaduría.
De modo que ni jurídica ni programáticamente hay duplicidad de funciones entre la Contaduría y la Contraloría, son órganos formal y materialmente diversos que realizan el control desde ángulos y motivaciones distintos.
De modo que cuando el Ejecutivo Federal, a través de su dependencia competente, que es la Contaduría General de la Federación, informe a esta Cámara, que es también el órgano
principal y nosotros lo haremos del conocimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda y daremos a ella la obligación de informarnos en tiempo sobre el resultado de sus actividades.
No es ajeno al conocimiento de esta honorable Asamblea que se estudia un nuevo proyecto de ley orgánica en la Contaduría Mayor de Hacienda y entonces estudiaremos la conveniencia o la inconveniencia no sólo de los puntos de vista hoy expresados, sino de todos los que para entonces hayamos estimado prudente contener en dicho proyecto.
Se dijo aquí, finalmente, que se celebró un convenio entre la Secretaría de Programación y Presupuesto y el Departamento del Distrito Federal, que fue sujeto de dos imputaciones: primera, que tiene uno fecha posterior a aquella en la que se firmó; y segunda, que fue hecho sin el conocimiento de esta Cámara y que más aún no se refleja en el presupuesto de egresos puesto hoy a consideración de esta Asamblea.
En primer lugar, yo quisiera recordar a la Asamblea el carácter dual del Departamento del Distrito Federal, pues si bien es cierto que tiene Ley Orgánica propia, no por ello desaparece el estar comprendido como una dependencia del Ejecutivo Federal.
De modo y manera que efectivamente se habla de una asunción de pasivos; que esta asunción de pasivos no implica necesariamente gastos. El Gobierno Federal, es cierto, deja de recibir ingresos, afecta a la Ley de Ingresos, no al Presupuesto de Gastos.
Los pasivos que aquí se afirman en un documento que es válido, así lo he hecho del conocimiento de todos nosotros, la Comisión de Programación y Presupuesto en las diversas reuniones que realizó con los funcionarios de las distintas secretarías, en donde el señor diputado Astolfo Vicencio Tovar ya había expresado esta preocupación, en ese documento quedó muy claramente estipulado que no podía entrar en vigor más que a partir de la fecha en que nosotros, como Cámara de Diputados, aprobásemos el presupuesto correspondiente.
En el renglón 24, que es deuda pública, pueden los señores diputados encontrar esta asunción de pasivos, y por cuanto al convenio en sí. No es una burla haberle puesto dos de enero, es precisamente el respeto a esta Cámara el que hizo que funcionarios de la Administración Pública Federal no pudieran comprometer lo que no tendría vigencia si esta Cámara no aprobase el presupuesto correspondiente.
Espero haber cumplido la encomienda de la Comisión de Programación y Presupuesto que vio en mí la persona que podía dar respuesta a las presunciones de inconstitucionalidad o de ilegalidad aquí expresada. No pido el voto de quienes con anticipación dijeron que votarían en contra ni de quienes han expresado aquí que lo harían en contra por razones políticas, ideológicas perfectamente válidas. Pero sí espero haber logrado disipar la duda en alguna persona que hubiese podido pensar que en algún momento no imaginable este Congreso, esta Cámara o el Poder Ejecutivo pudiesen actuar fuera de la Constitución y de las leyes, que son el derecho que nos da sustento como Nación. Muchas gracias.
Presidencia del C. Joaquín del Olmo Reyes
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Astolfo Vicencio Tovar, en su segunda intervención.
El C. Astolfo Vicencio Tovar:- Señores diputados: Siempre es un placer escuchar en esta tribuna la docta palabra de la diputada Irma Cué, es una apasionada del derecho constitucional y siempre recibimos clases a este respecto. En esta ocasión, como siempre, dijo una bella pieza oratoria sobre los sistemas parlamentarios, presidencialista, pero precisamente por esa pasión que tiene del derecho constitucional hace que los moldes ya establecidos se repitan una y otra vez sin que se atienda exactamente a lo que se planteó.
Yo quisiera que la diputada Cué nos dijera si hay congruencia entre el artículo 9o. de la Deuda Pública, en el que se establece claramente que el Congreso es quien aprueba todos los empréstitos y el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, por medio del cual se le otorgan al Ejecutivo facultades extraordinarias para contratar estos empréstitos.
Por otro lado, nos decía la diputada que nosotros queremos que la Contaduría Mayor de Hacienda tenga la obligación de informar a esta Cámara, supongo que sobre los informes trimestrales que debe rendir la Secretaría de Programación y Presupuesto; nosotros no pedimos eso, sino al contrario, pedimos que los informes trimestrales y todas las aclaraciones que pueda hacer la Secretaría de la Contraloría General de la República, a quien le reconocemos todas sus facultades, pasen también para su estudio a la Contaduría Mayor de Hacienda, en esta forma, al momento de revisar la Cuenta Pública, ya tendría adelantado un gran trabajo en parte, puesto que habría ya revisado los informes trimestrales que rinde el Ejecutivo. Es por eso por lo que nosotros tampoco hablamos de duplicidad de funciones, sabemos cuáles son las funciones de uno y otro, y en el cuerpo de la exposición yo mencionaba que era plausible que la Secretaría de Programación y Presupuesto, por conducto de la Contraloría cumpliera todas sus funciones, pero que únicamente pedíamos que los informes trimestrales y todo lo que encontrara la Contraloría pasara al conocimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda. Yo creo que el diputado Carballo, que es el Presidente de la Comisión, debe estar plenamente de acuerdo con esto.
Nos dijo, por último, la diputada Cué, que esta condonación de la deuda del Departamento del Distrito Federal no afecta el Presupuesto, sino que afecta a los ingresos de la Federación, o sea, la Ley de Ingresos, pero yo también le recuerdo, ya sea en el Presupuesto
de Egresos o en la Ley de Ingresos, en ningún lado se contempla la partida presupuestaria a la que hago referencia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la ciudadana Irma Cué de Duarte, por la Comisión.
La C. Irma Cué de Duarte: - Dice la fracción VIII del artículo 73 constitucional: "El Congreso tiene facultades de la capite, para dar bases, sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional".
En 1946 como el alguna ocasión lo dije en esta tribuna, se agregó lo que sigue: "Ningún empréstito podrá celebrarse, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten por alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.
La Ley General de Deuda Pública dice efectivamente en su artículo 9o.: "El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del Sector Público Federal incluidas en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Departamento del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos. Asimismo, informará trimestralmente de los movimientos en la misma. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria".
No es el único artículo de la Ley, es una Ley de 25 artículos, en donde efectivamente está relacionada con la fracción VIII del 73 constitucional. Aquí no se regulan los casos de excepción, la Ley de Ingresos que tiene la misma jerarquía normativa de la Ley General de Deuda Pública, dice en el artículo 2o.: "Se faculta al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando a juicio del propio Ejecutivo se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan. También queda autorizado el Ejecutivo a emitir valores. Del ejercicio de estas facultades dará cuenta el Ejecutivo al Congreso de la Unión oportunamente, especificando las características de las operaciones realizadas".
Este oportunamente está comprendido en parte en el ejercicio trimestral, en parte en la cuenta final. Se refiere a circunstancias extraordinarias sólo supone que están fuera de lo ordinario, lo ordinario ya está comprendido en la Ley de Ingresos, ahí cita en el artículo un listado, en el artículo primero, no sólo de impuestos sino de productos de derechos y aprovechamientos que dice cuáles son los ingresos de la Federación.
Las circunstancias extraordinarias se refieren a casos no comprendidos allí, cuando se presenten, el propio artículo constitucional menciona cuatro: para ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos, salvo los que realicen con propósitos de regulación monetaria, de conversión monetaria o los del 29 constitucional que también todos conocemos, en la única ocasión en que se reúnen en el Presidente las facultades legislativas. Bien, dijimos entonces hace un año que este artículo era perfectamente constitucional y que no era un artículo privativo de la legislación mexicana, que regímenes parlamentarios, por ejemplo la República Federal de Alemania lo tiene igual, no igual, también se requiere para problemas macroeconómicos. Hemos dicho a ustedes en otras ocasiones cada uno de los elementos, con todo gusto los repetiría, pero es indebido tomar el tiempo de la Asamblea para algo que ya se dijo. Por cuanto a la Contaduría Mayor de Hacienda, el señor diputado Vicencio Tovar, sabe muy bien que los informes trimestrales que nos son enviados, los entregamos a la Contaduría Mayor de Hacienda. Y lo sabe bien, en primer lugar porque es miembro de nuestra Comisión, en segundo lugar, porque es un miembro que asiste a las reuniones y ahí ve al señor Contador Mayor de Hacienda, cuestionando al igual que uno de nosotros, sabe bien, perfectamente, como lo sabemos todos los abogados, que la contaduría Mayor de Hacienda no es más que un órgano técnico de esta Cámara de Diputados. Sabe bien, porque se ha informado no sólo a los miembros de la Comisión, sino a toda la Asamblea, que está estudiando un proyecto de ley para si entonces quiere hacer alguna determinación específica. Pero queremos que quede claramente en la Asamblea que la Contaduría es oportunamente informada por la Comisión que la Contaduría participa dentro de la comisión en cada una de las reuniones, no sólo internas, sino las que tenemos con funcionarios, servidores públicos de las diversas dependencias que invitamos o a las que somos invitados.
El señor Contador Mayor de Hacienda, y sus colaboradores, asisten siempre, indefectiblemente, y participan con cuestionamientos. Espero en esta ocasión sí haber dado respuesta a todas las inquietudes del señor diputado. Muchas gracias.
El C. Presidente - Tiene al palabra el C. diputado Antonio Gershenson, en contra.
El C. Antonio Gershenson: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados: Antes de empezar quisiera solicitar la autorización de esta Asamblea, dado que he reservado los artículos 1o., 2o. 6o. y 14 para abordarlos en una sola intervención.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si acepta la proposición del C. diputado Antonio Gershenson para tratar en
una sola intervención los artículos 1o., 2o., 6o. y 14.
El C. secretario Enrique León Martínez:- En votación económica se pregunta a esta Asamblea si se acepta la proposición del diputado Gershenson de tratar en un sólo acto los artículos 1o., 2o., 6o. y 14.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Continúe el orador.
El C. Antonio Gershenson: - Gracias. En realidad ha sido reservar así los artículos, puesto que los primeros son más generales e incluyen aspectos que después son nuevamente abordados más en lo particular en artículos posteriores.
Un punto al que quiero referirme que me parece una situación que debe ser destacada, es la siguiente: el organismo público descentralizado Uranio Mexicano tiene asignado un presupuesto en este Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto es lo primero que hay que señalar, puesto que dado que tiene señalado un presupuesto, en mi opinión no se justifica el que el organismo permanezca cerrado.
Pero la otra cuestión que quisiera yo mencionar, es que hay lo que en mi opinión es un error, podría decir incluso un error técnico si es que no es más, puesto que la composición de este presupuesto no permite su ejercicio, en términos de lo que la ley encomienda a este organismo o sea una actividad productiva.
El presupuesto asignado a este organismo de 1 mil 438 millones de pesos, además de ser notoriamente inferior al del año que termina, no contiene un sólo centavo para inversión física, lo cual en este caso no permitiría su trabajo, puesto que hay una serie de obras en construcción y en desarrollo, por ejemplo, el presupuesto de 1983 del mismo organismo que era de, el aprobado en esta Cámara, de 3 mil 940 millones, incluía de ahí 2 mil 866 millones, o sea el 73% para inversión física, o sea casi las tres cuartas partes eran para inversión. Esto nos da una idea determinada estructura de empresa que no es compatible con asignar cero recursos para inversión física para el año próximo.
Este señalamiento, creo yo que es lo menos que se puede hacer dado que el presupuesto no se puede modificar aquí en la plenaria, lo menos que se puede hacer es señalarlo y también, por supuesto, la necesidad de que esto sea corregido posteriormente.
En cuanto al artículo 14, me voy a permitir leer una parte de este artículo: "El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del gobierno federal con cargo A".
O sea este artículo 14 por un lado dice que se pueden hacer erogaciones adicionales para programas prioritarios o estratégicos, pero por otro lado dice con cargo, a, o sea de donde va a salir ese dinero.
El número 1, la fracción I , dice: " excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación". Con excepción de los incisos 1 y 2 de sus fracciones - debe decir de su fracción - II, aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores "y" cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. "De esos ingresos se asignarán igualmente los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, etcétera".
Vienen otros renglones de donde se puede tomar el dinero, "otros excedentes y remanentes".
Yo quiero reafirme a esta fracción I y ... aquí se nos remite el artículo 1o. de la Ley de Ingresos, a donde viene la lista de los renglones por los cuales se obtendrán los ingresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal de 1984.
El I, son impuestos, el II, que es al que se refieren las excepciones, dice "aportaciones de seguridad social". Es perfectamente lógico que las aportaciones de seguridad social no sean sujetas de este tipo de recortes previsibles para gastos extraordinarios, pero lo cierto es que de estas aportaciones de seguridad social están desglosados cuatro tipos de aportaciones y solamente están exceptuados de los recortes los incisos 1 y 2, que se refieren efectivamente a las aportaciones al INFONAVIT "retenidos a los trabajadores por patrones" que es el número 1, y el número 2 "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores".
En cambio no se exceptúan, en mi opinión indebidamente, los renglones 3 y 4 de estas aportaciones de seguridad social, son tres cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores, o sea, las cuotas de las personas que hacen uso de él; y cuatro, cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.
Considero que no se justifica el que se quite de las excepciones o que no se incluyan en las excepciones más precisamente a estos renglones tres y cuatro, puesto que si son cuatas de los trabajadores del Estado en un caso, de los militares en el otro, entonces deben ser utilizadas por los propios Institutos de Seguridad Social, como lo son utilizados con autonomía financiera por el INFONAVIT y por el Instituto Mexicano Seguro Social.
No se vale que de ahí se recorten excedentes para ser utilizados en otros renglones del presupuesto federal, puesto que en la práctica y sin llamarse así, se constituiría la cuota del ISSSTE o del ISSFAM en una especie de impuesto para uso general en cualquier renglón, con las prioridades y demás que aquí se señala. Pero de todos modos para
uso más allá de la Institución para la cual se cotizó.
Y además sería un impuesto que no se ajustaría a los requerimientos establecidos para los impuestos, entre otras cosas, sería discriminatorio, no progresivo exclusivamente a cargo de un sector de trabajadores y no de los demás, así como de otros sectores que reciben ingresos que son derivados del trabajo. En fin, hay toda una serie de condiciones que hacen que no sea justificable constitucionalmente como impuesto.
Entonces yo considero que así como se exceptúa a las aportaciones al INFONAVIT y al IMSS de este tipo de recortes de excedentes, para otros fines, tampoco debe autorizarse que las cuotas para el ISSSTE por sus trabajadores o las cuotas del ISSFAM, a cargo de los beneficiarios, o sea, los militares, sean recortadas, en este caso conforme aquí se describe, por la Secretaría de Programación y Presupuesto para ser utilizado en otro tipo de programa.
Conforme a esto me permito presentar formalmente la siguiente propuesta de modificación:
Proponemos la siguiente modificación al artículo 14 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación par a 1984, cuya fracción I deberá quedar como sigue:
"I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2 y aquí se agregaría 3 y 4, de su fracción II, aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores, - y se agrega - cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de los señores diputados trabajadores y cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de los militares".
Aquí termina el agregado y continuaría conforme al texto que tenemos como base de estos ingresos y ya continúa en la misma forma.
Paso a la Secretaría la propuesta y solicito a la Presidencia le dé el curso reglamentario.
El C. Presidente: - Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Antonio Gershenson, como adición al artículo 14 fracción I.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Se pregunta a esta honorable Asamblea si se admite o no a discusión la proposición de modificación hecha por el ciudadano diputado Antonio Gershenson, sobre el artículo 14.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo... Muchas Gracias.
Los CC. diputados que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Antonio Gershenson: - Gracias. Lo que quisiera yo nada más solicitar a diputados que pudieran intervenir a continuación, es que, dado que por mayoría se acordó no aceptar a discusión la propuesta, pues que se abstenga a discutirla.
Finalmente me quiero referir a un comentario que hizo el diputado Cavazos Lerma, para aclarar que no es exacto que en el proyecto alternativo de lineamientos alternativos de política presupuestal, presentado por nuestro grupo parlamentario, no es exacto que se esté proponiendo que los intereses pagados sean mayores que en la propuesta gubernamental.
Observando la página 13 bis, y también la página 16, vemos que la cantidad es la misma en términos absolutos y porcentualmente es incluso menor. Esto, claro, tomando en cuenta algún posible error numérico en otro lado, que sería en todo caso bastante menor que todos sabemos que hay en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Hecha esta aclaración, término la intervención señalando que el hecho de que hayamos supuesto que no hay cambios en el servicio de la deuda, puesto que se trata de un ejercicio para demostrar que con un aumento mínimo para el ejercicio presupuestal del orden del 4%, es factible lograr una meta bastante más deseable en cuanto al aumento del producto interno bruto que podría llegar al 3% conforme a esos cálculos, el hecho de que haya hecho este ejercicio sin alterar los intereses, no quiere decir que no, en caso de tener un menor pago en el servicio de la deuda, pudiéramos disponer por supuesto de mayores montos para el gasto programable. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Hermenegildo Anguiano, en pro
El C. Hermenegildo Anguiano Martínez: - Honorable Asamblea. Habida cuenta las aclaraciones que hizo el diputado Gershenson, limitaré pues mi intervención a hablar brevemente del por qué la reducción del presupuesto de URAMEX.
Efectivamente, URAMEX tuvo el año pasado autorizado un presupuesto de 3 mil 940 millones de pesos, que con algunas ampliaciones llegará a tener un ejercicio de 4 mil 600 millones en números redondos, para 1984 se prevé un presupuesto de 1,438 millones.
El inicio de la huelga en esta organización, en URAMEX, en mayo, y los resultados posteriores, la decisión de la empresa de romper relaciones de trabajo temporalmente, etcétera, ha originado que una gran cantidad, alrededor del 70% de los trabajadores de esta empresa, tanto de confianza como de base, hayan aceptado su liquidación, por lo que en este momento la empresa tiene mucho menos personal del que tenía, le queda, insisto, cuando mucho alrededor de un 30%, esto aun suponiendo que la empresa pudiera iniciar labores inmediatamente implicaría una actividad y una serie
de funciones mucho menores a las que ejercía hace un año.
Por otra parte la función primordial de Uranio Mexicano, la función única, la más importante, la que le asigna la ley reglamentaria del 27 constitucional, es la de proporcionar el combustible que utilizarán las plantas núcleoeléctricas, dice que es la encargada de la exploración, explotación, etcétera, hasta la producción de lo que se conoce como torta amarilla, ya que su enriquecimiento para ser utilizado, habida cuenta que no tenemos posibilidad de hacerlo en nuestro país tendría que ser enviada al exterior, pues bien, en México únicamente hay en operación , perdón en construcción una planta núcleo eléctrica, la de Laguna Verde, su primera unidad entrará en operación hasta 1987 y la segunda entrará en operación en 1989, para esta planta existe ya, y lo pudimos constatar los diputados de la Comisión de Energéticos, combustibles para que inicie labores esto hace que los requerimientos de combustible sean no muy importantes ni muy necesarios en este momento, que de esto de alguna manera se puede diferir, que pueden reanudarse labores tan luego o vayamos a necesitar más combustible para estas plantas o cuando se inicien nuevas plantas.
Esto ha hecho que la inversión en estos campos no sea tan importantes, se dijo y se dice en el de criterios para el presupuesto y también en el presupuesto en el libro original mandando por el Ejecutivo, que por la crisis, se suspenderían proyectos no prioritarios.
Esto ha hecho que ni en Peña Blanca, ni en Los Amoles, ni en la Coma Buenavista, ni en el Centro de Investigación de Reactores se estén estimando para este año inversiones.
En el Centro de Investigación de Reactor además, porque uno muy modesto saldría en alrededor de 30 mil millones de pesos, gasto que en este momento no puede hacer el Gobierno de México por razones obvias.
Por otra parte sin embargo el presupuesto que se da es el suficiente para mantener tanto una planta de personal adecuada como para el mantenimiento, como para cubrir sus costos fijos y para cubrir sus compromisos de deudas. Es decir, se está previendo una pronta solución al problema de Uranio Mexicano, de URAMEX, y se le está dando lo suficiente para salir adelante. Pero no hay medidas ulteriores. Al ININ, al Centro de Investigaciones Nucleares, se le asigna un presupuesto que es 45% mayor al de hace un año, y se le asignan para inversión, 1,982 millones de pesos, porque ahí sí se están desarrollando labores normales y porque también parte de las labores que se iban a desarrollar en el Centro de Investigación de Reactores, podrán desarrollarse en Salazar donde está esta institución. Espero que con esto quede más o menos resueltas las dudas aquí planteadas, Gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershernon en su segunda intervención.
El C. Antonio Gershenson: - Simplemente para aclarar las implicaciones de efectivamente mantener parada la inversión o suspendida la inversión durante 1984. Y sólo me voy a referir a un caso, no me voy a referir a otros que tienen implicaciones a plazos mayores, sino nada más al que tiene una implicación más inmediata.
En caso de que durante 1984 no haya inversión física exclusivamente en el proyecto minero metalúrgico de Peña Blanca, Chih., que es el que está más avanzado, entonces esto implicará que suponiendo que hubiera presupuesto suficiente en 1985, no podría empezarse a producir uranio antes de 1987. Y tendría que pasar aproximadamente un año para que se tuviera uranio suficiente para ser procesado y en su caso enviada a enriquecer en un proceso que se toma alrededor de un año y medio más y del cual la mayor parte es fuera del país. Esto implicaría que los combustibles para las recargas de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, muy difícilmente podrían estar a tiempo para el momento en que se agotara la carga inicial y la recarga que se tienen por haberse comprado en el extranjero.
Y la implicación ya vista de otro modo de no hacer ese gasto de inversión ahora, sería un gasto mayor y en dólares en importar los concentrados de uranio necesarios para esas recargas de la Nuclear Eléctrica de Laguna Verde.
No insisto en que considero que hay un error, y ojalá fuera eso, un error técnico, ojalá no hubiera algo más que eso, el no asignar ningún presupuesto de inversión, puesto que eso implicaría pagarle a un cierto número de trabajadores, no voy a entrar aquí a discutir cuántos aunque no creo que el porcentaje mencionado sea tan elevado, es difícil determinarlo, sería pagarle a un número de trabajadores simplemente para que subsistan sin proporcionarles los medios para trabajar y devengar así su salario.
Creo yo que no procede reabrir una institución pública, pagarles a sus trabajadores y que no haya condiciones para que trabajen puesto que no habría el presupuesto necesario para la inversión.
Incluso otro tipo de instituciones pueden mantenerse operando prácticamente sin inversión física, puesto que ya tienen una inversión física hecha, y ya tienen instalaciones produciendo, y por lo tanto simplemente con el presupuesto de operación pueden continuar funcionando, no es el caso de Uramex que prácticamente todo su trabajo se basa en la inversión. Instalaciones operando actualmente en Uramex no las hay, y entonces esto implicaría que se estaría pagando por un trabajo que no se está realizando puesto que no habría los medios económicos para realizarlos.
Yo insisto en que en mi opinión se trata de un absurdo que tendrá que ser corregido, y que confío además en lo que sea más adelante, dado que como decía yo antes, no es posible aquí modificar el presupuesto en sesión plenaria. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente: He reservado el artículo 1o., 24 y 38; le solicito me permita tratarlo en una sola intervención.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza al señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar a tratar en una sola intervención los artículos 1o., 24 y 38.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - En votación económica se consulta a esta Asamblea si se acepta que el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar trate en un solo acto los artículo 1o., 24 y 38.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Prosiga el orador.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Gracias. El Presupuesto de Egresos que está hoy a nuestra consideración debe examinarse desde nuestro punto de vista, además de los criterios ya esbozados aquí por mi compañero Francisco Ortiz Mendoza, por otras razones de carácter económico con el objeto de valorar hasta que punto este presupuesto va a contribuir a la superación de la crisis económica o por lo menos a lograr una mínima recuperación del producto interno bruto. Porque después de todo, esa debería ser una de las finalidades del Presupuesto de la Federación.
Si nosotros analizamos el aumento que tendrá el presupuesto el año próximo, este aumento será del 50%, lo que ya de por sí nos indica que será un ejercicio presupuestal carcomido por la inflación desbordada que hay en nuestro país.
Todavía no entra en ejercicio el presupuesto y ya hoy, en este momento, en estos minutos, la carrera alcista de precios está devorando ya este Presupuesto que al entrar en vigor el 1o. de enero será en la práctica un presupuesto mucho menor tanto en términos nominales como en términos reales.
Esto se debe a que el presupuesto ha sido elaborado para superar una serie de problemas que tiene la economía mexicana y que son problemas de la coyuntura de la crisis, que no tienden al futuro de la superación de la crisis, sino a una etapa transitoria como la que estamos viviendo.
Tan es así, que el Ejecutivo solicita a la Cámara de Diputados pueda ejercer una reserva presupuestal con el objeto de que si para el mes de mayo del año próximo no se observa una recuperación del producto interno bruto, se puede ejercer esta reserva presupuestal para estimula el crecimiento de la economía que se calcula, según el Gobierno, en un modestísimo 1%.
El hecho de que el Ejercicio solicite el ejercicio de esta reserva presupuestal ya nos está indicando que en el seno del poder público no hay seguridad de que habrá la recuperación económica que se anuncia para el año próximo y de que, por lo tanto, se necesitará aumentar el déficit del sector público.
Esto nos da la razón a los diputados del Partido Popular Socialista porque el hecho de que se tenga que elevar en un punto el déficit del ejercicio del gasto público, nos indica que la propia realidad económica y social, es más fuerte que los planes y las proyecciones del Estado o de las autoridades hacendarías.
Tendrá que romperse la disciplina que se venía registrando hasta hoy del control del déficit del sector público, porque si se mantiene esa disciplina de bajar el déficit del 8.5% al 5.5% se anotarán un triunfo importante las autoridades de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero el costo de mantener esa reducción del déficit, será el de conducir a la economía nacional en el año de 1984 por la senda del estancamiento y de la recesión.
Por eso el gobierno federal se verá obligado por la realidad económica a pasar de un déficit del 5.5% a por lo menos un 6.5% si es que para el mes de mayo no se observan signos alentadores en la recuperación de la economía nacional. Una vez más se demuestra cómo el control del déficit debe supeditarse a los objetivos de la política económica general, so pena de sufrir un año similar al actual.
En lo que se refiere al Programa de Inversión Públicas, vemos que hay un crecimiento del 55%, también inferior al índice inflacionario.
En lo que corresponde al Programa de Emergencia del Empleo, éste subirá a un 61%, porcentaje también por debajo del nivel inflacionario.
El gobierno plantea como objetivo para el año próximo reducir la tasa inflacionaria del 85% al 40%. Es decir, reducir a la mitad este indicador. Sin embargo, esa meta no podrá lograrse si no hay crecimiento de la producción por lo menos en el primer semestre del año próximo.
Si la economía nacional no tiene rasgo de recuperación hasta el mes de mayo, la meta de reducir la tasa de inflación a la mitad no se logrará, como no se logró la meta de este año de reducir a la mitad la tasa inflacionaria que del 100% ha llegado al 85% según datos del propio gobierno federal.
Esto nos indica que si no hay una expansión del gasto público, no se lograrán los objetivos señalados en el Presupuesto de Egresos y estaremos de nuevo el año próximo por estas fechas, haciendo un balance similar al del año de 1984.
Pero la opinión pública, perdón los trabajadores se preguntan si con ese presupuesto con los objetivos que tiene, se podrá lograr la recuperación económica o no, porque ese es el punto fundamental.
Desde el punto de vista de los objetivos del Presupuesto, éstos están centrados en el desarrollo
social, la infraestructura, las comunicaciones, los transportes y el abasto; allí se concentra el grueso del Presupuesto de Egresos, pero esas ramas económicas no tienen una sensible participación en el producto interno bruto, son en su mayor parte servicios, no generan bienes, en su gran medida no generan recursos físicos y esto provocará que difícilmente estos renglones aporten un mayor nivel en la generación del producto interno bruto, porque los renglones que pudieran dinamizar a la economía nacional no son estos, nunca lo han sido en el pasado, sino son los renglones ligados al desarrollo agropecuario e industrial de nuestro país.
La experiencia del desarrollo económico de México indica que el producto interno bruto crece cuando aumenta la inversión en el sector agropecuario, y decrece cuando el gasto público se orienta a otras propiedades.
Por lo tanto, nosotros pensamos, que muy difícilmente, con la actual orientación se alcanzará la anhelada recuperación económica.
Desafortunadamente, en lo que se refiere a las transferencias que el gobierno federal hará a organismos públicos y empresas del estatal, esto aumenta nada más un 33%, y sólo aumenta para tener capital de trabajo y para la absorción de los compromisos derivados de la deuda externa.
Esto quiere decir que el sector público de la economía no tiene el debido respaldo financiero del gobierno federal y en la práctica se deja al sector público, a las empresas del gobierno del Estado, a que puedan continuar trabajando con sus propios recursos. Esto va a generar muchas empresas del Estado no vayan a crecer el año próximo porque la inversión física, como aquí se ha dado el ejemplo de Uranio Mexicano, no crecerá en el actual presupuesto, y si no crece la inversión física, no crecen las empresas del sector público, y el Estado se debilita en el campo económico.
Un aspecto que nos preocupa es el de que se afirma una cantidad de 124 mil millones de pesos subsidios y transferencias del Estado al Sector Privado y al Sector Público. Pero en el artículo correspondiente, que es el artículo 24 relativo a esta materia, no se precisa una vez más el monto de los subsidios que se entregan al sector privado y al sector social, sigue siendo para esta representación nacional algo desconocido el monto que representan estas transferencias.
Resulta muy curioso que en otras transferencias sí el presupuesto sea explícito y sí podamos conocerlas, pero en el caso de la entrega de recursos al sector privado, no aparecerá una cifra ni siquiera aproximada de estas entregas de recursos al sector privado y al sector social. Por esta razón, nosotros nos oponemos al artículo 24 porque como está redactado, va a permitir que el Estado continúe subsidiando a la iniciativa privada, a la ineficiencia de la planta industrial de los particulares.
En lo que se refiere al pago de la deuda, naturalmente que 4 billones de pesos para los intereses de la deuda es una cifra demasiado alta que va a pagar el trabajo productivo de millones de mexicanos. Resulta lamentable o una tragedia nacional llegar a la conclusión de que se destina más cantidad del presupuesto para el pago de los compromisos derivados de la deuda que para la inversión física, que para la inversión productiva y nosotros hacemos una pregunta a quienes hacen el presupuesto ¡Cómo van a pagar la deuda del sector público si no se estimula la inversión productiva? ¿Cómo habrá recursos para saldar los compromisos de los intereses que vendrán dentro de seis años si el presupuesto continúa no orientándose hacia la inversión productiva?
Eso habría que reflexionar hacia el futuro.
En lo que se refiere al Centro de Estudios del Tercer Mundo, nosotros queremos dar al grupo datos que indican que la suspensión de la partida a esta Institución, no obedeció a ningún fundamento de tipo presupuestal. No obedeció a ninguna visita, a ninguna inspección para conocer desde el punto de vista presupuestal, a esta Institución.
En el área académica, el Centro de Estudios tiene 248 personas, de las cuales 41 son latinoamericanos, 11 europeos, 6 norteamericanos y 1 africano.
Se han realizado 94 congresos, seminarios y conferencias. En el periodo de 76 a 79, el Centro de Estudios de Tercer Mundo realizó un promedio anual de 5 actividades de carácter internacional, conferencias y seminarios. Y entre el año de 80 y 83, realizó un promedio de 16 eventos de carácter internacional de tipo académico y político. Y tan sólo el año pasado el Centro de Estudios que tenía programado realizar 20 seminarios internacionales y nacionales realizó 36 seminarios. El año pasado en el programa de actividades del Centro, se planteó como meta publicar ocho libros, tanto productos de los investigadores del Centro, como de otros investigadores. Y finalmente, ha publicado 18 libros en promedio del año.
Se propuso la meta de editar 4 revistas de carácter científico, antropológico, sociológico, y terminó editando 9 revistas.
Estos datos nos indican que con el presupuesto asignado al Centro de Estudios por esta Cámara, que fue de 197 millones de pesos, no solamente cumplió con los objetivos de carácter académico y de investigación, sino que superó las metas y los objetivos planteados por esta representación nacional.
Si nosotros analizamos desde el punto de vista presupuestal estos datos, veremos que no hay ninguna razón para liquidar la partida presupuestal de esta institución, y que las razones obviamente de carácter político, ya que no hay ninguna justificación que demuestre que los fondos no se utilizaron debidamente o que no se cumplieron con las metas porque, repito, el programa del CEESTEM se superó ampliamente. Eso queremos dejarlos precisado,
constatado, para que cada quien asuma su responsabilidad en esta decisión.
Por estas razones nosotros nos estamos oponiendo al artículo 1o., al artículo 24, y en el caso del artículo 38 nosotros estamos en contra porque se otorga a la Secretaría de Programación y Presupuesto la facultad de disolver, liquidar o extinguir entidades de la administración pública que no cumplan con sus objetivos.
Ya esta facultad que se otorga en forma discrecional a esta Secretaría se vio aplicada en el caso de la venta de las empresas automovilísticas. VAM y Renault, en el caso de la liquidación práctica de URAMEX, y nos parece que tratándose de empresas del sector público de la economía no se pueden dejar las decisiones en las que va de por medio su existencia a los criterios de una Secretaría de Estado.
Nosotros pensamos que estas empresas, su futuro sobre todo, debe ser preocupación e interés del Congreso de la Unión y no de un determinado funcionario público que al tomar una decisión como las que se han tomado el año pasado produce un grave daño a la economía nacional. Y por esto nos oponemos al artículo 38. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alejandro Lambretón, en pro.
El C. Alejandro Lambretón Narro: - Ciudadano Presidente; honorable Asamblea: - Ha venido aquí el compañero del Partido Popular Socialista a hablar de algunas cosas sueltas relacionadas con este presupuesto a discusión.
Creo que en primer término se confunde cuando habla de la inflación, y no distingue entre la inflación de este año y la inflación prevista para el año próximo de 1984. Cuando habla también de la necesidad de estimular la recuperación de la economía a partir de los primeros meses del año entrante.
Este es un presupuesto que hay que contemplar en su conjunto, hay que entender su flexibilidad, lo que permitirá que si la economía se recupere en la forma prevista en los primeros meses del año, se podrán inyectar recursos no inflacionarios que vendrán precisamente a reactivar la economía; lo que está pidiendo en esta tribuna nuestro compañero Ramírez Cuéllar.
Por otra parte, habla también y se pregunta si se logrará la recuperación de la economía con el presupuesto que ahora tenemos a discusión. Y él toma algunos aspectos como la educación, el abasto y los transportes, por señalar algunos, pero no toma en cuenta que hay que observar el fenómeno integral en su conjunto, como un todo.
Tenemos que lograr la recuperación de la economía y sólo atendiendo a estos sectores de la manera que se propone en este presupuesto, será posible lograrlo. Para ello bastaría citar el Programa de Desarrollo Regional y el Programa de Empleo, que están sujetos a prioridades específicas y que alentarán sin duda la producción.
Se habló también aquí de las transferencias en las empresas públicas, para ello baste remitirnos en la página 64 del dictamen, en la cual se dice: "Lo anterior el estado de los últimos siete años obliga a una reestructuración del esquema de transferencia, por lo que el proyecto de presupuesto que se dictamina fija a partir de su revisión integral los principales lineamientos a que deberán de sujetarse: transparencia, temporalidad, condicionalidad, la búsqueda de fuentes alternas de autofinanciamiento, reorientación y selectividad de las entidades beneficiarias, modulación de su ritmo de crecimiento y esclarecimiento del propósito para el que se otorgarán. Esta reestructuración no significa una reducción indiscriminada, sino la racionalidad en su asignación, para garantizar el cumplimiento de los propósitos que las inspiran. Por ello, su canalización selectiva, se acompañara de programas específicos de elevación de productividad, de reestructuración financiera, de generación y uso racional de divisas, de desconcentración territorial y de la promoción de proyectos intensivos en mano de obra".
Además cabe señalar que esto se enmarca dentro de la segunda etapa del Programa de Reordenación Económica y como se señala en el dictamen, en 1984 se inicia la segunda etapa del Programa Inmediato de Reordenación Económica que corresponde al propósito de continuar en el esfuerzo de reordenación y cambio estructural. En esta segunda etapa, el programa se orienta al logro de los siguientes objetivos:
Combatir la inflación como propósito central para consolidar lo ya logrado; avanzar lo más posible en su abatimiento; continúa siendo la máxima prioridad de la política económica; evitar un deterioro adicional en la actividad económica durante el primer semestre e inducir una recuperación gradual y moderada durante el segundo, siempre y cuando no provoque un repunte de la inflación; defender el nivel de vida de las mayorías nacionales, mediante la protección al salario y atención prioritaria a los programas de desarrollo social; se reafirma el propósito de defensa del empleo y de la planta productiva, tanto para reducir el costo social del ajuste como para preservar la capacidad de respuesta del aparato productivo; continuar con el saneamiento de las finanzas públicas y dar pasos firmes en la corrección permanente de la estructura y productividad del gasto.
Este objetivo comprende la instrumentación de un programa de saneamiento integral y de productividad del sector público. Superar la escasez para seguir avanzando en la normalización de las relaciones con el anterior y reconstituir las reservas internacionales del Banco de México. Desarrollar progresivamente los aspectos fundamentales del cambio estructural para preparar el camino hacia una recuperación diferente, a partir de 1983.
Además, en lo que se refiere a los apoyos que se dan al sector privado, el propósito de
transparencia en el gasto público está vigente, basta remitirnos a toda la información que está a disposición de todos los que quieren acercarse a ella en la Comisión de Programación y Presupuesto.
A guisa de ejemplo diré que los estímulos fiscales alcanzan 40 mil millones de pesos y que están sujetos a cumplir con los programas que marque el Gobierno Federal y de lo contrario serán reintegrados dichos estímulos, también los estímulos que se dan a través de organismos como el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, que alcanza 6 mil millones de pesos el Fideicomiso de la Descentralización de la Explotación de la Industria Lechera, 502 millones; el Fondo para el Desarrollo Comercial, mil millones.
Por otra parte, como se ha señalado ya de manera somera en esta tribuna, también las transferencias para las entidades del Sector Público están claramente desglosadas en esta información, que nos ha hecho llegar el Ejecutivo Federal, de tal suerte que basta asomarse y estudiar, escudriñar esta información, para darnos cuenta que existe transparencia, que no hay nada oculto y que en última instancia nos estamos sujetando en este dictamen al artículo 25 constitucional, que marca la rectoría del Estado y que habla del apoyo y fomento que debe dar, entre otros también, al sector Privado.
De esta manera creo yo, que están satisfechas las inquietudes que el Partido Popular Socialista ha venido a plantear a esta tribuna. No hay ningún propósito en este dictamen contrario a establecer cada vez más las asignaciones de los recursos que en última instancia son del pueblo. Para ello se ha solicitado el registro único de transferencias, con el fin de que llevemos un control detallado de ellas. Y en lo que se refiere al cierre de empresas, por otra parte, hay que señalar que será discreción, a discreción, pero de acuerdo a los planes y los programas que está marcando el gobierno a través de distintas disposiciones, no es una discreción en abstracto como aquí se ha venido a plantear, y también, a manera de referencia, hay otros países del mundo, de orientación incluso socialista, que han planteado programas de reordenación industrial que plantean cierre discrecional de empresas.
Por último, quiero señalar que este Presupuesto que se nos presenta es suficientemente claro, es arduo estudiarlo, es amplio porque el propio Poder Legislativo cada vez exige mayores informes que obligan al Ejecutivo a enviar muchos volúmenes, pero está todo a la vista, estamos sujetos a las normas constitucionales, y estamos estimulados, de acuerdo al programa que aquí se nos propuso desde hace ya más de un año, a toda la economía en su conjunto.
Veámosla así, no nos asustemos con fantasmas, no veamos en algunos apoyos que se dan a sectores de la economía que existen también en México y con los cuales hay que caminar un trecho, porque de lo contrario estaremos contradiciendo el espíritu que anima la recuperación en la que nos hemos empeñado todos los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En virtud de que los artículos 2o., 6o., 14 y 38 han sido reservados igualmente por otros para su discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, si los artículo 1o., 24 y 37 se encuentran suficientemente discutidos.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si los artículos 1o., 24 y 37 se encuentran suficientemente discutidos.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza a recoger la votación nominal en un sólo acto de los artículos 1o., 24 y 37, exclusivamente.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si autoriza a que en un sólo acto se proceda a recoger la votación nominal de los artículo 1o., 24 y 37.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Está autorizado, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 1o., 24 y 37 en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Presidencia de la C. Luz Lajous
Ciudadana Presidenta, se emitieron 233 votos en pro y 76 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobados los artículos 1o., 24 y 37 por 253 votos en sus términos.
Se abre el registro de oradores para el artículo 2o...
Se han inscrito para hablar en contra del artículo 2o. los siguientes señores diputados: Encarnación Pérez Gaytán, del Partido Socialista Unificado de México; José Dolores López, Partido Socialista Unificado de México; Raymundo León Osuna, Partido Demócrata Mexicano; Juan López Martínez del Partido Demócrata Mexicano; y Raúl López García del Partido Socialista de los trabajadores.
Se han inscrito para hablar en favor de este artículo, los señores diputados: Juan Mariano Acoltzin Vidal, Manuel R. Issa, Antonio Murrieta, Genaro Borrego y Rogelio Carballo del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el señor diputado Encarnación Pérez Gaytán.
El C. José Encarnación Pérez Gaytán: - Señora Presidenta, solicito se me autorice para
abordar en una sola intervención los artículos 2o., 6o. y 14 del decreto.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se permite al diputado Encarnación Pérez Gaytán, en una sola intervención tratar los artículos 2o., 6o. y 14.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Se consulta a esta Asamblea si se permite al diputado Encarnación Pérez Gaytán, tratar en un sólo acto los artículos 2o., 6o. y 14.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señora Presidenta.
La C. Presidenta: - Prosiga el orador.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: - Señoras y señores diputados: A propósito del artículo 2o. del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 1984, que se refiere a las erogaciones previstas para el Ejecutivo Federal, sus dependencias y las ramas de aportaciones a seguridad social y erogaciones adicionales, me permito hacer mención a la opción presupuestal presentada por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, que ha sido entregado a cada uno de los integrantes de esta Cámara de Diputados y que por resolución de la presencia quedará incorporada al Diario de los Debates.
Leeré los párrafos del apartado tercero, de los lineamientos de política presupuestal para la recuperación, título de nuestro documento, que muy bien sirven de fondo a los comentarios que haré acerca de los artículos 2o. en su parte relativa, 6o. y décimo cuarto del proyecto de decreto que se discute.
Paso a leer el Apartado 3o. de nuestro documento que dice: "Tercero, la política de gasto del nuevo gobierno. En la actual administración la política de gasto ha estado orientada por un criterio principal y casi único: restablecer la confianza del capital financiero, rediciendo el déficit externo y el de las finanzas públicas. Esto ha llevado a privilegiar el servicio de la deuda pública sobre cualquier tipo de gasto sin importar el gasto sin importar el impacto negativo sobre la planta productiva y el bienestar de los trabajadores.
Bajo esta perspectiva está incrementada una política de gasto abiertamente recesiva concretada en una práctica presupuestaria que se describe bajo el concepto de "techos financieros" y no en el de necesidades sociales. De esa manera, en apariencia se parte de la estimulación de los grandes agregados económicos, para fijar sin justificación precisa ni teórica ni prácticamente, un máximo de déficit como proporción del producto interno bruto, y en base a ello se presupuesta.
Una vez asignado el monto máximo de presupuesto se privilegia el pago de servicio de la deuda y el remanente se asigna a las demás partidas, sin considerar si su monto es o no negativo en términos reales, ni tampoco sus efectos sobre la planta productiva son contraproducentes.
El resultado de todo esto ha sido a partir de 1981, una disminución del gasto público real.
El gasto programable, que es el que tiene un impacto directo en la economía, ha venido disminuyendo desde 1982, con mayor severidad en 1983, y con una perspectiva de estancamiento en 1984.
La argumentación oficial ha sido la de restringir el gasto público, suponiendo que esto reducirá los equilibrios financieros y por ende la inflación, cuyo combate es el centro de la estrategia gubernamental.
Una política de este corte deja al margen consideraciones de tipo productivo y de bienestar social a corto y largo plazos y propicia el deterioro de la capacidad productiva y de las condiciones de vida de los trabajadores.
En la supuesta austeridad revolucionaria que proclama el régimen no se ha realizado un esfuerzo por iniciar el cambio estructural, si no por el contrario, se ha dejado que el gasto no programable eleve su participación en el total, aún a pesar de la argumentación gubernamental de que el presupuesto se está realizando bajo los criterios del Plan Nacional de Desarrollo.
Hoy el gasto no programable del sector público presupuestario significa el 43.9 porciento del total del gasto público. Esa es la planteación que ofrece la actual administración.
No sólo se gasta poco, si no que el gasto se da en áreas no prioritarias, la mayor parte del gasto se dedica a pagar la deuda, y eso es lo peor. A esta absurda situación se agrega la aparición de nuevas partidas con carácter discrecional, como es el caso de la reserva para la recuperación económica, en la que no se especifican prioridades, sino que se hacen señalamientos generales en cuanto a su posible utilización, en caso de que no responda el sector privado.
El gobierno de la planeación da muestras en la práctica que atiende más a las presiones de la coyuntura que a los esquemas de planeación diseñados por la misma tecnoburocracia estatal. Hasta ahí ese apartado.
Estamos conscientes de las limitaciones y las deficiencias del proyecto que presentamos, pero nos hemos atrevido a elaborarlo y a darlo a conocer para demostrar que no solamente existe la opción que dogmáticamente el Gobierno pregona como la única en materia de Presupuesto de Egresos. Hay otras.
Está indudablemente la nuestra, que pone en el centro la superación de los niveles de vida del pueblo trabajador como vía fundamental para salir de la crisis, como prueba de otra política, la que corresponde a los intereses vitales de quienes viven de su trabajo.
Sería muy útil que los diferentes grupos parlamentarios, con la debida anticipación, procedieran a presentar sus opciones globales acerca del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el caso. Eso permitiría mayor análisis y mejor discusión, con resultados más elevados.
En el Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Central para Servicios Personales del gasto corriente, se destinan 758
mil millones 800 mil pesos con una variación del 20.5% respecto del gasto esperado en 1983, por lo que respecta a dicho renglón. Esto significa que los salarios de los trabajadores al servicio del Estado recibirán en 1984 aumentos completamente insuficientes, muy por debajo de la inflación de precios, que el Gobierno la espera en un 50% al finalizar el año entrante.
Si se toman en cuenta que el rubro de Servicios Personales incluye a todos los que perciben ingresos del erario público, es decir, desde los más altos funcionarios hasta los empleados con los sueldos más bajos, se puede corregir que el aumento nominal de 20.5 porciento resulta muy inferior para los trabajadores, pues los ingresos de los altos funcionarios están muy por encima de los que aquellos perciben.
Por ejemplo, un Secretario de Estado percibe 357 mil 756 pesos mensuales, un Subsecretario 322 mil 299 pesos, un Oficial Mayor de Secretaria de Estado 307 mil 750 pesos, un Coordinador General de la Secretaría de Estado 293 mil 956 pesos, un Secretario Particular de Secretario de Estado 263 mil 100 pesos, hechas todas las deducciones en todos los casos.
En tanto que así ganen los altos funcionarios, alrededor del 70% de los trabajadores al servicio del Estado perciben a penas el salario mínimo. Su aumento quedará lejos del 20.5% que se observa en la variación del gasto programado para servicios personales entre el 84 y el 83.
Ya sabemos que el gobierno sobre la base de restringir la demanda quiere abatir la inflación. Por eso mantiene el Presupuesto de Egresos que incluye aumento de salario en niveles mayores, en correspondencia con su política general de evitar una capacidad superior de consumo popular. Por eso existen los topes oficiales a los aumentos de salarios y se desecha la escala móvil de salarios.
En lo que respecta al artículo 6o. del decreto en debate, una vez más, se incide en otorgar al Ejecutivo facultades tan amplias e imprecisas en las que se pierden los rasgos de concreción que debiera tener una norma presupuestal, tanto en la obtención del ingreso como en el destino del gasto.
Es cierto que el dictamen modifica en forma importante este artículo de la Iniciativa Presidencial, pero no lo logra la precisión necesaria. Además de sujetar este gasto a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios, con toda la eventualidad que por ello supone, indica que en esta reserva se destinarán a proyectos y actividades que indican en los desarrollos rural, social, regional, comunicaciones y transportes, abasto y casos contingentes. Pero destinar esta reserva de 277 mil millones de pesos a proyectos y actividades que indican en los desarrollos que se mencionan, equivale a dejar el asunto en la identificación, porque el verbo "incidir" no se usa, en este caso desde luego, en el sentido de incurrir en error, sino como derivado de incidencia que significa algo que sobrevenga en el decurso del asunto y que por ello tenga alguna concesión con él.
Si estos recursos se destinan, por tanto, a proyectos que en el proceso lleguen a tener alguna concesión con los desarrollos rural, social y regional, etcétera, lo que destaca es la ausencia de precisión y concreción.
Ahora bien, si en la jerga económica la palabra "inducir" tiene otro significado, que se aclare; pero sostengo que en un decreto obligatorio es necesario atenerse al idioma oficial, que en este caso, me parece, es el español.
Si la superación económica del país marcha, la disponibilidad de dichos recursos será menos posible; pero en el caso de que la crisis siga su curso y no se avance en la necesaria recuperación económica, sí se podrá disponer de tales recursos no inflacionarios. Entonces la disposición de este artículo del decreto queda expuesta a la eventualidad.
Nosotros reconocemos a buena intención de la modificación que hizo la Comisión Dictaminadora, pero seguimos con el criterio firme de dicha que reserva, de constituirse, sea destinada directamente a los desarrollos rural, social y regional, etcétera, y de manera especial y precisa a estimular la producción en las zonas de temporal y a la construcción de vivienda popular.
La materia del artículo décimo cuarto del decreto, se refiere a las erogaciones adicionales que el Ejecutivo Federal autorizará con cargo a excedentes y remanentes de organismos descentralizados y a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos.
Dentro de la eventualidad del concepto "gastos contingentes" y sin negar la probabilidad de que algunas contingencias se presentan, sí es realmente posible prever en términos generales a qué se refiere, por lo menos es previsible el tipo o los tipos de contingencias a que se refiere el decreto.
El asunto queda, sin embargo, en la generalidad absoluta con una asignación de 10 mil 301 millones 500 mil pesos, para contingencias. Estas erogaciones se harán además para un programa de apoyo a la producción de 15 mil millones de pesos, sin especificar en lo más mínimo de qué clase de producción se trata.
Siguiendo con el mismo criterio de otorgar facultades sumamente elásticas al Ejecutivo Federal, se asignan 175 mil millones de pesos a un programa de apoyo a sectores pioritarios, sin dar ningún indicio siquiera acerca de qué se entiende por dichos sectores prioritarios. Para el efecto de la aplicación concreta del gasto autorizado es indispensable señalar esto con precisión.
Encontramos, pues, la reincidencia en la concesión de facultades incontrolables por amplias e imprecisas al Ejecutivo Federal, en abono de un presidencialismo casi absoluto con menoscabo de las facultades del Poder Legislativo. Esto ciertamente está reñido con la democracia.
La Comisión Dictaminadora recibió varias proposiciones de modificación de partes de los representantes de nuestro grupo parlamentario, de las cuales algunas fueron tomadas en cuenta, como por ejemplo, la que dio lugar a
un cambio que ya he mencionado del artículo 6o.; además adoptó la que se refiere a la obligación de informar a la Cámara acerca de los criterios que fundamente la liquidación, fusión o venta de empresas públicas.
Estas son las principales de nuestras proposiciones que la Comisión tomó en cuanta; las demás están en un apéndice que aparece en la publicación de la opción presupuestaria que hemos presentado. Esto es lo que yo he venido a decir en esta tribuna y muchas gracias, señoras y señores, por su mención
La C. Presidenta: - Tiene la palabra en pro el señor diputado Juan Mariano Acoltzin Vidal.
El C. Juan Mariano Acotlzin Vidal: - Ciudadana Presidenta, honorable Asamblea: Yo coincido con el diputado Encarnación Pérez en el sentido de que el presupuesto debe ser un instrumento para la elevación del nivel de vida. Sin embargo es cierto que el conseguir este objetivo, está en función de la viabilidad que tenga un presupuesto, aquí es importante tomar algunas cuestiones del documento que prestó la fracción parlamentaria del PSUM en la Comisión dictaminadora.
Para tal efecto yo quiero hacer un par de observaciones.
En primer lugar, qué tan viable es un presupuesto que quizá sin pretender proponer un mayor pago de intereses, eso implica. Veamos, por ejemplo, lo que viene en el cuadro 13- bis, ya muchas veces citado en este debate, en donde se mantiene igual el pago de intereses de la deuda entre la propuesta gubernamental y la propuesta del PSUM. Aquí cabe una reflexión, si el cuadro está bien, el modelo es inconsistente; y si está mal, es porque el modelo está bien. No es posible que se mantenga el mismo nivel de intereses por lo siguiente:
La propuesta más expansiva del PSUM se base fundamentalmente, así parece ser en documento, en una expansión de la deuda.
Vamos a suponer que esa deuda interna; deuda interna que cuesta y aumentará el pago de intereses que incurren en el presupuesto, deuda interna que por cierto, por otra parte, registrará las posibilidades de financiamiento del sector social y privado para su inversión fundamentalmente o para su capital de trabajo y va restringiéndose de alguna medida también la posibilidad de un crecimiento superior.
Por otra parte también tendrá un efecto sobre el pago de intereses la propuesta del PSUM en tanto que el incremento de importaciones 30% respecto al 10% de la propuesta gubernamental requiera o implicará dada que las importaciones mantienen constantes, un incremento en el déficit de cuenta corriente igual para financiarlo requerirá un incremento en la deuda externa, el cual llegará a tener un incremento en los intereses por dos vías:
Tanto por el aumento en el nivel de deuda de corto plazo, la de proveedores, o por la apertura del diferencial del spread que le llaman los economistas que hablan inglés, en nuestra deuda externa.
Por otra parte, también como proporción del PIB aumenta la deuda interna, digo el pago de deuda interna; ¿por qué?, no sólo por el efecto de aumentar los pagos de intereses, sino porque en el fondo puede resultar que esta propuesta del PSMU tenga un efecto depresivo en la economía; de manera tal que esto es así porque el incremento en el gasto programable que asumen es adicional en su propuesta que es de 1.15 creo, adicional del PIB, sería compensado más que proporcionalmente por el aumento en las importaciones.
Es decir, estamos mandando demanda que se nos va para afuera, que nos restringe la capacidad de recursos disponibles por otra parte, y que nos va cerrando las posibilidades de crecimiento de la economía.
Por otra parte se señala que el gasto que viene en la iniciativa y posteriormente en el dictamen es un gasto restrictivo. Y es una afirmación que se ha venido haciendo aquí. Yo quisiera hacer algunas reflexiones al respecto.
En primer lugar el gasto tiene un crecimiento en su inversión presupuestal del 61.2% que es un incremento considerable. Pero no sólo es esto, hay otro elemento fundamental que considera: La reducción en el componente importado del gasto. Es bien importante respecto al año anterior, baja de 15 a 11 puntos en el gasto total, es decir, por cada peso gastado hay mayor iniciativo al mercado interno, no así es una propuesta que para expandir el gasto tiene que importar 30%.
Por otra parte, hay toda una políticas de distinta direccionalidad sectorial que por cierto en el esquema no varía mucho de la propuesta sectorial del PSUM
Por otra parte, hay que considerar que precisamente por este efecto, reducción del contenido importado, el déficit exterior o con el exterior, del sector público, va creciendo, perdón, se va reduciendo.
En ese sentido el déficit interno, o sea los bienes que compra y de los recursos que recoge la economía va creciendo y ese es un efecto expansivo adicional que no se considera tampoco en la propuesta del PSUM.
Respecto al gasto programable que dice que va reduciendo, yo creo que aquí también hay un punto que vale la pena señalar. El gasto programable excluye por una parte la cuestión del desarrollo regional y por otra parte la cuestión de erogaciones adicionales en la cual podemos encontrar, por ejemplo el programa de empleo.
En este año, por decir algo, el gasto regional crece o significa 300 mil millones de pesos que no se incluye en el gasto programable y por eso se ve que va bajando, sin embargo es gasto que se da en el interior de la economía que incide en el estímulo a la oferta y al uso de la capacidad instalada en el país, y eso es importante considerarlo porque no es conveniente que quede en el ambiente de esta Cámara que el presupuesto de 1984 es un presupuesto restrictivo - depresivo.
Por otra parte un señalamiento muy rápido en la cuestión de salarios. Hay que considerar, y aquí habría bastante posibilidad de ir
afinado los cálculos, pero no hay que perder de vista el salario, debe entenderse como el salario efectivo, no nada más el que se da en pecunio, sino el efectivo, que incluye prestaciones o incluye servicios públicos en este país, gratuitos, como educación, salud, etcétera, que constituyen parte del ingreso efectivo del trabajador y que no se deterioran en el sentido en que se deteriora la parte pecuniaria o nominal del salario.
Por otra parte, en lo que respecta a la reserva presupuestal, yo quisiera señalar algunas cuestiones: En primer lugar de la connotación de la palabra "incidir". Es probable que en más estricto uso del castellano no sea la palabra más adecuada, pero, ¿por qué se usó ésta?
En el ánimo de la Comisión dictaminadora se trató de conciliar dos cosas:
Por una parte la atención a sectores prioritarios y por otra parte la participación de los sectores sociales.
De manera tal que nuestro proyectos o los proyectos que nosotros estamos señalando ahí que se deben atender, son prioritarios y deben precisamente atenderse pero con la modalidad de que participen los sectores sociales interesados, es decir, un ejemplo, espero que sea afortunado, pero si queremos beneficiar el desarrollo rural, es probable que haya más de una organización social que no sea de ejidatarios de esta comunidad que pueda participar en este proyecto y de esa manera su quehacer índice, tal sería el caso de los investigadores pagados por el programa propuesto de CONACIT, y en fin, se trata de proyectos que mezclan tanto sectores prioritarios como sectores sociales.
Por otra parte, el uso de la reserva no está sujeta a una eventualidad así al aire. Es una interpretación no muy exacta de la condición que se pone para el uso de la reserva. Se trata de primero mantener la flexibilidad necesaria para lograr un equilibrio muy cuidadoso entre la necesidad de erradicar las tendencias recesivas, que en eso todos podemos estar de acuerdo, y la necesidad de erradicar las presiones inflacionarias, que en esto también todos podemos estar de acuerdo.
Entonces, para lograr ese equilibrio se condiciona el uso de la reserva a la existencia de esos recursos disponibles no inflacionarios. De manera tal que no se pusieron más restricciones para no evitar que se use y no ascenderá las tendencias recisivas.
Y se dejó eso porque de otra manera estaríamos trabajando en contra del otro objetivo en la cual todos podemos estar de acuerdo, que es el combate a la inflación.
Ese es el sentido de la restricción, aquí a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios a que se señala o a que condiciona esta reserva.
Respecto a lo de las contingencias que también se señaló por aquí, esto tiene muchas connotaciones. Pensamos tan sólo para ilustrar al pleno, en la contingencia que significa un fenómeno natural no predecible. Pero no quiere decir de ninguna manera que se están dejando cabos sueltos para que después nadie sepa en qué se usó esa reserva y esos recursos, en tanto también se obliga a que se informe a esta representación del uso que se va haciendo de ella.
En suma, creo que regresando a la frase original, estamos de acuerdo en que este presupuesto debe servir para beneficiar a las mayorías y que esta posibilidad de beneficiarlo depende de la viabilidad que tenga el presupuesto.
Yo quiero decir que si bien aquí se ha calificado que simple y llanamente se ha calificado que la Comisión Dictaminadora acepte poniendo puntos y comas a una iniciativa de presupuesto, eso no es cierto de ninguna manera.
Se evaluó la viabilidad, se vio cuidadosamente el documento del PSUM - que fue el único partido y ahí concuerdo con el diputado Encarnación Pérez- , que ojalá y todos los pudieran mandar a tiempo para hacer un trabajo más serio en Comisiones; y se vio que en realidad esa propuesta, por una parte no significaba un importante cambio en la estructura general del presupuesto; y por otra parte, los cambios que aparentemente señalaban eran relativamente - según los supuestos, obviamente - relativamente precarios esos equilibrios que estaban logrando. Yo creo que es un excelente trabajo el poder analizar distintas opciones de partidos y creo que en este sentido debe de ir trabajando la Comisión a lo largo de los siguientes meses, tenemos bastante tiempo para ir afinando cuál sería la mejor opción y seguro que con la experiencia se verá que la que vamos siguiendo lo demuestra.
Pero al final de cuentas lo que está atrás de este presupuesto es la búsqueda de una base diferente. Las bases diferentes se refieren a cambios cualitativos o estructurales, que permitan un crecimiento mejor con una mejor distribución del ingreso, en medio una estabilidad que logre los equilibrios básicos de economía al interior y al exterior.
Los aludidos cambios estructurales ¿qué significan? En primer lugar, que se aumente la capacidad general de empleo por peso invertido y por peso producido, lo cual implica modificaciones muy importantes en la producción, y distribución, para donde se van canalizado los recursos.
Esto permitirá que con crecimiento en el mediano plazo y alrededor del 5 o 6% se generan más empleos que los que se han podido generar históricamente en este país.
Por otro lado, se busca que la recuperación económica propicie un mayor dinamismo en la generación de ahorro y una mayor eficiencia en uso. De tal forma que la inversión creciente sea financiada con ahorro interno, evitándose por una parte la vulnerabilidad de un gran déficit comercial a financiar y evitándose también la recurrencia de ciclos de carácter inflacionario.
En este cambio estructural del financiamiento del desarrollo, que si estamos financiando desarrollado, se ubica la reestructuración de las finanzas públicas y no sólo eso, sino toda una
reestructuración de las formas de recibir e impulsar el ingreso hacia la economía.
Otro cambio importante, que a veces no se percibe cuando se revisa simplemente el gasto programado, es el cambio estructural que significa un crecimiento más equilibrado en términos regionales. Aquí está toda una estrategia de centralización, con programas muy especificados, cuyo recursos hacen que se reduzca el gasto programable, que después parece que es muy malo si no se ve todo el paquete.
Pero en fin, en suma, todo lo que queremos es un crecimiento posible, viable, que permita a la vez ir saliendo de la crisis, ir reencontrando los equilibrios fundamentales de la economía, tratando de ver una visión integral, sin hacer a un lado la cuestión financiera, la cuestión externa, la asignación sectorial del gasto, la asignación regional del gasto, la forma de financiarlo, el comportamiento de los agentes económicos del sector social o privado, sino que integre todas las variables posibles, para reducir el riesgo de que las cosas nos fallen, un supuesto mal tomado puede ser motivo de un fracaso, de un aparente modelo.
Ese equilibrio, esa consistencia, estoy convencido, esa consistencia sí la tiene la política económica que está atrás del presupuesto. Esa consistencia integral reduce el riesgo de error; guarda la flexibilidad y fundamentalmente todo está diseñado para beneficio de las mayorías.
Muchas gracias.
La C. presidenta: - Tiene la palabra para hechos Encarnación Pérez Gaytán.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: - Señoras y señores: Pedí la palabra en los términos del Reglamento para certificación de hechos, ante todo con el objeto de constreñirme a un tiempo breve, porque creo que a esta altura del debate y por razón natural, el cansancio obliga a perder la atención para descansar espontáneamente. No hay otra forma.
Simplemente quiero decir unas cuantas cosas: primero, la elaboración de un presupuesto de egresos para un país como el nuestro requiere de una capacidad y de medios que sólo el Estado tiene, pero también de tiempo.
Y una vez más aquí no hay más remedio que criticar los procedimientos que se sigue por el Ejecutivo y que acepta el Legislativo para elaborar decretos, leyes y modificaciones a la Constitución, etcétera; que se hace todo con muy escaso tiempo y acomulándolo para los últimos días del año. Parece que esto tiene por objeto el que las cosas se aprueben casi sin discusión y entonces no haya posibilidad de objetar ni de presentar otras opciones; nos rebelamos contra estos procedimientos.
Efectivamente, nosotros hemos presentado un ejercicio que puede ser un proyecto de presupuesto de egresos, simplemente para demostrar, como ya lo decía, que puede haber otras opciones y que es necesario analizar, estudiar, discutir de manera global, en este caso el presupuesto; pero nosotros partimos de un presupuesto que está construido por una Ley de Ingresos y si queremos ser realistas no vamos a presentar el presupuesto que podría ser el necesario, porque habría que modificar también la Ley de Ingresos, habría que realizar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una verdadera reforma fiscal que grave o cobre impuestos a los que obtienen las máximas ganancias en este país y simplemente agregaré:
Nosotros consideramos que sí es viable una reestructuración o reorganización del Presupuesto, y que efectivamente implica riesgos, como el de que se tenga que invertir más, se tenga que aumentar algunos impuestos o se tenga que adquirir algunas deudas, pero de otra manera, ¿cómo, en los marcos constreñidos en esta política de egresos se puede impulsar un crecimiento? Nosotros planteamos el objetivo de un crecimiento del 3% y no un establecimiento. Y si el producto crece podrá haber mayores ingresos y habrá posibilidades de pagar deudas que se requieran. Tiene que haber riesgo para poder avanzar. Si tenemos temor a que aumente la deuda, a que haya una inversión cada vez mayor, se aumenten impuestos, etcétera, vamos en sentido regresivo que lleva a nuestro país, no soy castrofista, pero en la línea de su autodestrucción y eso no es posible, tiene que haber una posición agresiva, en el correcto sentido de esta palabra, para poder avanzar, eso es lo que nosotros postulamos, entre otras cosas.
Ahora bien, yo me he referido a esto de la incidencia porque muy bien podría haberse dicho "en el caso de constituirse esa reserva del que habla el artículo 6o. del Decreto, debería destinarse a esto otro y no a actividades que incidan en los objetivos..."
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, dice que se utiliza la palabra "incidencia" porque se toman en cuenta los sectores prioritarios y los sectores sociales participantes. Sencillamente esa no es ninguna respuesta a este asunto.
Nosotros mantenemos el criterio de que de integrarse esa reserva, de manera explícita, se señale a qué se destinará, de manera directa, sin darle vueltas, para preservar los manejos adecuados del presupuesto, que tiene que ser obligatorio en este sentido; y lo que yo he puesto en cuestión desde el punto de vista de que está sujeto a la eventualidad, no es el gasto o la utilización de la reserva, sino la propia constitución de la misma, porque se formará, si se consiguen recursos no inflacionarios y si no se consiguen, entonces no se reformará la dicha reserva; pero una vez formada o constituida puede usarse, puede gastarse, puede emplearse, entonces yo no me he referido al uso de la reserva, si no a la contingencia a que está expuesta la constitución de esa dicha reserva que se formará si no hay recuperación económica si se sigue por la pendiente de la crisis y entonces se dice que se podrá contar con recursos no inflacionarios y se constituye la tal reserva, es lo que está expuesto a contingencia, y aquí yo creo que aun conociendo de que se trata de una materia social que no se puede manejar como si
fueran cuestiones físicas o químicas, sino que está expuesta a tendencias, a leyes de desarrollo que se manifiestan como tendencias, sí se pueden prever cuestiones y sí se puede trabajar por constituir determinados ingresos. ¿Por qué no admiten que hay que aumentar, repito, los impuestos a los que obtienen las más grandes utilidades para que el Estado cuente con mayores recursos y se puedan éstos invertir en actividades productivas y sociales que redunden en un crecimiento económico del país? Y con ese crecimiento se puede entrar en el camino de la recuperación, que es lo que nosotros hemos dicho, ideas para entrar en el proceso de la recuperación económica en un momento de crisis y contando con los límites que impone la Ley de Ingresos, la política de ingresos que tiene el gobierno.
En fin, no quisiera continuar en este asunto sin antes decir que se ha presentado aquí una concepción sui generis del salario. Ahora resulta que en el salario debe incluirse el beneficio que el pueblo tiene en materia de educación. Los que tiene niños en la escuela o jóvenes estudiando tienen un mayor salario. Pero esto no es el salario. No hay tiempo de debatir acerca de esto, pero con esa elasticidad, bueno pues los ingresos de nuestro pueblo son enormes en este país, casi el pueblo mexicano según criterios vive, como suele decirse, en los cuernos de la luna, la felicidad, es el reino de la felicidad, el que aquí impera, y no es verdad; el salario va para abajo, el salario real, como decía el diputado que me antecedió, el salario es exiguo; es decir, el que permite adquirir los bienes necesarios para el consumo que permita el desarrollo de la vida del trabajador y de su familia . Y eso es lo que va para abajo. Y eso es lo que no se quiere comprender por parte del Sector Público, y ya en la otra ocasión en que se presentó aquí, en la comparecencia última, el Secretario de Programación y Presupuesto, decía yo: no se está abatiendo la crisis lo que se abate con esta política es el mercado interno, porque baja la capacidad de consumo, porque no existe la posibilidad de estímulo a la producción por medio de los medios internos, sino que sólo se está pensando en los financiamientos externos y en otras posibilidades para resolver estos problemas. En fin, aquí dejo esta cuestión no porque no pudiéramos, repito, discutir más; no tenemos esa oportunidad por falta de tiempo y respeto a los demás diputados que tienen que intervenir; pero sí digo que nuestra opción es un intento de demostrar que se puede buscar otra salida, que existe y que no es únicamente la que dogmáticamente nos presenta el gobierno, porque el gobierno dice que hace esto o esto. Y aquí no hay más que aprobar y eso es lo que vienen a hacer aquí los diputados de la mayoría, muchos de ellos quizá, a defender nada más, como decía yo en otra ocasión, parece que en carácter de defensores de oficio. Parece que no hubiera otras iniciativas, ni se pudieran utilizar las inteligencias que existen en el grupo mayoritario y fuera de él en el propio partido oficial y se pudieran encontrar otras opciones, porque a título de qué los altos jefes no se equivocan nunca. Yo digo, son humanos y creo que se equivocan. Eso lo sabemos de antemano, de ahí que nosotros cuestionamos este Presupuesto que, repito, está constreñido a una situación obligatoria de ingreso, pero que podría dentro de eso tener otra orientación, otra estructura, tomando en cuenta más, deveras, la realidad, los intereses vitales del pueblo trabajador.
Eso era lo que quería yo comentar a propósito de lo que dijo el diputado del PRI que me antecedió. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado José Dolores López Domínguez.
El C. José Dolores López Domínguez: - Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: En el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para 1984 que discutimos hoy, en la parte a la que quiero referirme exclusivamente, el desarrollo rural, se establece que los propósitos fundamentales son: garantizar la soberanía alimentaria de la nación, mejorar los niveles de vida de los campesinos y desarrollar las zonas atrasadas de la actividad productiva.
Se establece que para ello es necesario una estrategia basada en la organización social, se asegura asimismo que se basará a la vez en la concentración de acciones sobre los sectores público, social y privado, especificándose a continuación las principales líneas de acción.
No cabe duda que como dice en muchas ocasiones el refrán de nuestro pueblo: "el camino del infierno está lleno de buenas intenciones", pero verdaderamente del examen del Presupuesto de Egresos para 1984 no se desprende seriamente que las medidas correspondan con la realidad, es decir, se puede probar fácilmente que la política de egresos para el desarrollo rural se destina fundamentalmente a fortalecer la burguesía agraria y no a los campesinos; se canaliza el desarrollo del gran capital y no la pequeña economía, al aval de los transnacionales y no a los derechos de los obreros agrícolas.
La política plasmada no garantiza la soberanía alimentaria, por tanto, no mejora las condiciones de vida de los hombres del campo ni organiza socialmente a los pequeños y medianos productores agrícolas con estas propuestas de egresos.
Veamos: Comparando el gasto ejercido en 1982 con el modificado en 1983 y el presupuestado para 1984, y siguiendo la evolución del gasto público en 4 renglones; presupuesto total del sector, presupuesto en la SARH, recursos propios de las paraestatales, controladas y transferidas al sector paraestatal, se puede ver el nivel de concentración hacia el capital y no hacia el desarrollo social.
La primera observación que se impone en el déficit crecimiento del presupuesto esperado para 1983 en relación al ejercido a 82, ello se debe tanto a una fuerte disminución en los recursos fiscales transferidos al sector paraestatal
como un lento crecimiento del gasto directo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que no logran ser compensados con el incremento considerable en los recursos propios y de crédito de los organismos controlados presupuestalmente.
La segunda observación es que entre el gasto programado para 1984 y el esperado para 1983 ocurre un crecimiento del gasto total del sector en el presupuesto de egresos de 38%, mismo que es resultado de un incremento de 43% en el gasto directo de la Secretaría y de 31% en el de recursos propios y de créditos de las entidades controladas.
Las transferencias del sector paraestatal revierten levemente su tendencia descendente con un crecimiento de 18% que sin embargo los coloca en términos absolutos por debajo de nivel obtenido en 1982.
La tercera observación se deriva de comparar la meta del Gobierno Federal establecida en los criterios de política económica en relación con alcanzar una tasa promedio de inflación del 50%. De lograrse esta meta, ocurrirá que en 1984 el gasto público del sector agropecuario caerá en términos reales debido a que su incremento nominal es de sólo 38%.
A lo anterior se sumarán las tendencias depresivas de 1983 en donde el gasto creció presupuestalmente en un 3%, frente a una tasa de inflación de más del 80%.
La comparación del Presupuesto de 1984 contra el de 1983 permite extraer conclusiones sobre las prioridades en el sector agropecuario. Así, los más altos incrementos relativos se dan en los programas de asistencia técnica, agronómica, captación y conducción de agua para usos múltiples, investigación y desarrollo experimental en el sector agropecuario y forestal, en tanto que en términos absolutos, los mayores incrementos se dan en los programas FY3DEFE y FF.
El único programa que sufre decremento absoluto y relativo es el WS que se refiere precisamente al programa de riesgo compartido.
Lo anterior demuestra que a pesar del intento en el presupuesto de 1984 de modificar el peso relativo de los distintos programas, éste es todavía muy endeble para revertir el hecho incontrovertible de que cuatro programas han representado históricamente más del 60% del presupuesto total del sector agropecuario.
En cuanto a las obras de grande irrigación, cuatro de ellas, Elota Piastla, Ocorim, Río San Lorenza y Río Sinaloa, que totalizaron cerca de 12 mil millones, se localizan en el Estado de Sinaloa. Tres de estas obras consideradas de gran envergadura, que tienen un costo de proyecto de alrededor de 66 mil millones de pesos, han ejercido y programado entre 82 y 84 aproximadamente, 29 mil millones. Esto es menos del 50% del costo total de los proyectos, en momentos que la presión inflacionaria repercute fuertemente en la obra pública.
A lo anterior añádase que el proyecto Pujayol cuyo costo calculado es de 58 mil millones de pesos, lleva ejercidos y programados entre 82 y 84 alrededor de 14 mil millones de pesos. Es decir, menos del 20% del costo total.
El peso de las obras de grande irrigación en Sinaloa, crece aún más y consideramos que alrededor del 50% del presupuesto de su programa 01 que destinará a unos misteriosos otros proyectos, a los que volveremos más adelante, dicho de otra manera, de los 29 mil millones de pesos etiquetados en su programa de grande irrigación, cerca del 50% se canalizará al Estado de Sinaloa.
En lo que respecta la programa 3d, cuyo gasto programado asciende a 49 mil 120 millones de pesos, el 80% del total se destina la Plan de Acción Inmediato y al Sistema Cutzamala en el Valle de México, al Sistema Regional Linares de Monterrey y al Acueducto Chapala, Guadalajara, y no precisamente a la independencia alimentaria de la nación.
En lo que respecta al programa de coordinación para el desarrollo de los distritos agropecuarios, las dos terceras partes del total se canalizan a la coordinación de operación de distritos y unidades de riego. Si se tiene en cuenta que la meta establecida es coordinar acciones en 4 millones 700 mil hectáreas y que el costo de la coordinación por hectárea nos cuesta 4 mil 800 pesos, queda la sospecha o más bien la incógnita en cuánto a cómo se busca incrementar la producción agrícola de las zonas atrasadas de la actividad agropecuaria.
El presupuesto de 1984 para el sector agropecuario presenta una modalidad innovadora y hasta revolucionaria, se trata del renglón misterioso de otros proyectos que sumen la nomenclatura cabalística de 99 y que está presente en nueve programas de los cuales siete están entre los más importantes del presupuesto del sector; sumados todos los rubros de otros proyectos, que no se especifica exactamente cuáles, asciende a la cifra de 87 mil 10 millones de pesos, o sea el 27.5% del presupuesto total, al 30% del gasto corriente total y al 26.5 del gasto total del capital.
En síntesis, la fórmula ya matizada para garantizar el gasto público del sector agropecuario, podría quedar de la siguiente manera:
Coordinar acciones baratas en los distritos de riego; administrar las obras de irrigación del Estado de Sinaloa; captar y conducir agua potable para el Valle de México, Monterrey y Guadalajara y administrar misteriosamente otros proyectos; pero no como se ve, a mejorar los niveles de vida de los campesinos ni para reordenar los incentivos y apoyos a la producción agropecuaria en su conjunto.
Cualquier actividad pública y particularmente cuando se refiere al ejercicio del gasto público, exige por lo menos congruencia y coherencia, se puede disentir de las orientaciones y de la aplicación expresada en un determinado presupuesto de egresos, grave es sin embargo, que a la inconformidad con las orientaciones se le sume incongruencia e incoherencia.
Según se establece en la estrategia programática sectorial, el presupuesto asignado a la SARH responderá a 4 orientaciones generales:
La primera orientación se dice impulsar el bienestar económico y social de los productores rurales más atrasados mediante la coordinación de los instrumentos de política y los recursos disponibles que favorezcan prioritariamente al abatimiento del desequilibrio, de los equilibrios regionales y sociales, y permitir producir en forma suficiente los alimentos de mayor demanda por parte del conjunto de la sociedad.
En lo que respecta a la incidencia regional del gasto presupuestal para 84, se observa que 7 estados, Sinaloa, México, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León, Nuevo León y el Distrito Federal, concentran el 62% del gasto total del sector agropecuario. Aquí se ha incluido el gasto total de la SARH, las transferencias del sector paraestatal más los recursos propios de todas las paraestatales controladas o coordinadas por la SARH. En tanto que 11 estados de los más marginados, Yucatán, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, apenas alcanzan el 18% del gasto total.
La segunda orientación pretende impulsar la organización de productores, en el gasto ejercido de 1982 los tres programas de productores sumaron mil 309 millones, lo que representó menos del 1% del gasto total ejercido por el sector.
Para el presupuesto de 1984, los tres mencionados programas alcanzan 2 mil 98 millones de pesos, es decir, alrededor del 0.65% del presupuesto SARH incluidas las transferencias del sector paraestatal. Si lo anterior sumamos los subprogramas de capacitación técnica administrativa y educación básica para adultos, apenas alcanzaría el 1.1 del presupuesto total de SARH, si a la suma anterior añadimos 378 millones de pesos que incluyen diversos programas de organización de productores de las 3 empresas controladas, INMECAFE, PROFORMEX, y calculamos un porcentaje arbitrario en una de las empresas no controladas pero que tiene que ver de alguna forma con la organización y capacitación de los productores, se incluye CONASA, Fondo Candelillero, Fondo Henequenero, Fondo de Capacitación Forestal, Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria, Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. Productos Forestales de la Tarahumara etcétera, alcanzaríamos quizá 2 mil millones de pesos adicionales.
De suerte que en el cálculo más optimista, se estaría destinando 6 mil 281 millones de pesos a organización de productores, esto es, menos del 2% del gasto total del sector. La tercera es avanzar en la reestructuración operativa y administrativa del sector incrementando su eficiencia.
Como ya se vio anteriormente a pesar de algunos intentos tímidos por modificar el peso relativo de los programas del sector, se continúa privilegiando cuatro programas, de más de 40 que representa el 67% del presupuesto del sector. Lo anterior conduce, además a una consecuencia extravagante, consistente en que una área del azar, la Secretaría de Infraestructura Hidráulica, concentra el 50% del presupuesto y ya hemos dicho en otras ocasiones y lo queremos subrayar, no se trata de que nos opongamos a la infraestructura en el campo, se trata de que ésta no sirve realmente hasta hoy a los sectores ejidal y comunal.
La última orientación del presupuesto de la SARH pretende mejorar los términos del intercambio del medio rural con el resto de la ecología, aunque todo el mundo sabe que el mecanismo privilegiado para lo anterior es la política de precios de garantía, y que éstos han evolucionado muy lentamente en relación con los costos de producción y con el costo de la vida, profundizando, no mejorando, los términos de intercambio; en la estrategia programática sectorial se defienden otras líneas de acción, como por ejemplo, extender los servicios de asistencia técnica a la complejidad agraria, social y productiva de la realidad campesina; para el presupuesto de 1984 los tres programas de Asistencia Técnica representan poco más del 5% del presupuesto total. Si a lo anterior sumamos los programas de asistencia técnica de las tres entidades controladas, se llegaría a cerca de 7% del gasto total, casi la mitad del gasto asignado al programa de administración.
Con esta asignación de recursos al único lugar que se pueden extender los servicios de asistencia técnica es a la complejidad burocrática.
Otra línea es la de orientar la inversión pública prioritariamente a la ampliación de la frontera agrícola, en las áreas temporales y las obras de pequeña irrigación. La obras de pequeña irrigación representa sólo una tercera parte del gasto asignado al programa FY, que favorece ampliamente a las obras de grande irrigación. En cuanto a priorizar la ampliación de la frontera agrícola en las áreas temporaleras, si bien se fija una meta de 96 hectáreas de temporal incorporadas, también se establece una meta de 79 mil hectáreas abiertas al cultivo y 21 mil hectáreas de riego rehabilitado.
También se pretende promover la terminación de las obras agropecuarias en proceso, de acuerdo con los criterios de selectividad que posibiliten con el menor gasto y tiempo, elevar la producción y generar empleos.
Esta orientación, como ya se ha visto, favorece la concentración de las obras de irrigación en el estado de Sinaloa, sin que ello garantice menor gasto a tiempo.
Se quiere atender prioritariamente los problemas de abastecimiento de agua en los centros urbanos industriales, como ya se ha visto, el programa 2- B, favorece al Valle de México, Guadalajara y Monterrey.
En otra líneas se pretende promover la participación de los productores forestales. El presupuesto del programa 6- M, Organización de Productores Forestales asciende a 209 millones de pesos, o sea, menos del 1% del presupuesto total. Además afirma que los subsidios de
operación de las entidades paraestatales coordinada por el sector, estarán sujetos a criterios de racionalidad y eficiencia.
De un total de 34 entidades coordinadas, seis de ellas concentran el 79% del total de transferencias del sector paraestatal. Es fundamental conocer, cosa que no se explica en el Presupuesto de Egresos de 1984, qué criterios concretos determinarán apoyar las prioritariamente establecidas. Estas entidades que pueden ser Fideicomiso de Riesgo Compartido, IMECAFE, Fideicomiso Henequenero, Universidad Autónoma de Chapingo, Colegio de Postgraduados, Pronace, etcétera.
Por último, impulsar la producción de alimentos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz; no existe ninguna prestación del Presupuesto de Egresos de 1984 a metas explícitas que liguen el impacto directo del gasto público con el incremento de estos cuatro productos básicos.
En síntesis, el Presupuesto de Egresos de 1984 para el sector de agricultura y recursos hidráulicos concentra en cuatro programas el 67% del gasto presupuestado; concentra en cuatro programas el 89% del gasto programado en obras públicas, concentra en el renglón de grande irrigación el 74% del gasto en obras públicas; concentra en seis entidades el 79% del total de transferencias al sector paraestatal; concentra el 62% del gasto total del sector agropecuario en siete estados, concentra en una subsecretaría 50% del gasto total del sector; incluye en el renglón de otros proyectos el 27% del gasto total; crece a una tasa inferior a la de la inflación previa para '84 y no responde puntualmente a las cuatro orientaciones generales que define.
Dado que a estas alturas sería extremadamente difícil cambiar el contenido y composición del gasto público del sector agropecuario, lo menos que se puede pedir es que se cambien las orientaciones generales, de suerte que se hagan compatibles con la significación real de gasto programado para 1984.
Entonces, como se ve, la tendencia global del Presupuesto de Egresos sí es de privilegio a minorías y no a mayorías.
Así, propondría que en vez de las cuatro orientaciones ya señaladas por el presupuesto, se impulsara en todo caso en lugar de los pequeños propietarios, porque así lo determina la orientación general, impulsar el bienestar económico y social de los productores rurales más capitalizados, en todo caso, mediante la coordinación de los instrumentos de política y los recursos disponibles que favorezcan prioritariamente la profundización y los desequilibrios regionales y sociales; hacer como que se impulsa la organización de productores, que hacen como que se organizan; avanzar en la ampliación de la red administrativa y de la estructura cooperativa del sector y profundizar la desigualdad al interior del sector y la relación desfavorable entre el campo y el resto de la economía, al mismo tiempo que se paga homenaje verbal a la soberanía alimentaria.
Estos son algunos de los aspectos que nosotros, en el desarrollo rural del Presupuesto de Egresos 1984, compañeros diputados, queríamos expresar ante esta Soberanía. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Raymundo León Ozuna.
El C. Raymundo León Ozuna: - Señora Presidenta; ciudadanos diputados: En la revisión y análisis que hicimos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, encontramos que se ejercerá un gasto total de 11.7 billones de pesos que contrastan con los 7.2 billones que están a punto de concluir su ejercicio este año de 1983. Encontramos un aumento de 4.5 billones, o sea, el 40% en comparación con el actual año de 83.
En Partido Demócrata Mexicano, afirmamos que dadas las carencias de nuestro pueblo, sobre todo de sus pobres, este Presupuesto de Egresos resultaría suficiente para solventar las necesidades básicas de ellos. Pero lo que nosotros siempre criticamos, en plan positivo, es lo siguiente: De estos 11.7 billones, hay que recordarlo, 4.3 billones serán dedicados para pagar las amortizaciones, los intereses de la deuda externa e interna. El resto nos queda como gasto corriente, ya que aquí se ha demostrado que el gasto de inversión será mínimo, gasto corriente que se vierte a través de los canales distributivos de corrupción y que no hace que llegue este egreso realmente a los mexicanos que tratan de beneficiar y de mejorar.
Sostenemos que los ingresos, con las actuales estructuras, no redistribuyen la riqueza como aquí se ha venido afirmando. Habrá que acabar, lo señalamos en el Plan Nacional de Desarrollo, con los canales de corrupción que distribuyen este ingreso.
Y queremos hacer referencia en este artículo 2o., en el que se nos pide que aprobemos la partida para el sector central. Vamos a tocar las partidas en referencia al desarrollo rural.
Se nos dice en el dictamen que todo el sector rural ejercerá una partida de casi 600 mil millones de pesos, además se nos afirma que de los 277 mil millones de la reserva estratégica para la reactivación económica, la mayor parte, se señalan 150 mil millones, irá a beneficiar al campo y sobre todo al Sector Social.
Nosotros afirmamos, dada la estructura en que está conformado el Presupuesto, de que esos 277 mil millones de la reserva estratégica deben agregarse a los 600 mil millones que se ejercerán en el sector rural, dándonos 876 mil millones para promover el desarrollo rural. Esta cifra nos parece enorme si la comparamos con las metas que se nos dan a conocer en el dictamen, las metas y objetivos de producción en el campo; se nos habla que habrá una producción de 18.2 millones de toneladas de grano;
1.6 de toneladas de cultivo de oleaginosas; 0.5 de cultivos industriales y 6.2 de forrajeros.
Nosotros sentimos que ante la magnitud de esta cantidad, de este gasto que se va a ejercer, realmente esas metas son débiles; nosotros qué más quisiéramos que esa cantidad sirviera para abatir los 10 millones de toneladas de granos que estamos importando para este año de 1983 y que aún aparecen un tanto nebulosos para 1984. Esta cantidad puede justificarse si realmente llegara la ansiada suficiencia alimentaria.
Porque, afirmábamos nosotros, mientras no se corrijan los canales de distribución del ingreso, será tirar más dinero a ese barril sin fondo que ha sido el campo mexicano, no los campesinos, sino los que distribuyen el dinero que se supone debe ir para salvar al campesino mexicano.
Nos dice la Comisión que los propósitos fundamentales de esta política de desarrollo rural son: Garantizar la soberanía alimentaria de la Nación, mejorar los niveles de vida de los campesinos y desarrollar las zonas atrasadas de la actividad productiva. Para lograrlo se ha establecido una estrategia basada en la organización social para apoyar la retención del excedente económico generado en el campo.
También, además de esto, contamos con el recién estrenado Programa Nacional Alimentario que viene a reemplazar al Sistema Alimentario Mexicano, del cual en otros debates hemos dado datos, cifras, acerca de lo que significó para la economía mexicana.
Nosotros sostenemos que nuestra industria, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo industrial, al no contar con una base firme, como debe ser un campo productivo, un campo que sostenga con bases firmes nuestro desarrollo industrial y comercial, realmente no podremos avanzar en lo del desarrollo industrial.
Vamos a hablar precisamente de lo que se trata de definir, de beneficiar, el Sector Social. Nosotros entendemos que el Sector Social, a donde se dice que irán estas cantidades, lo componen el ejido, las agroindustrias, las cooperativas agropecuarias. Nosotros sostenemos que no habrá la tan anhelada superación del minifundio, de las cooperativas agrícolas y de las agroindustrias mientras subsistan los vicios creados, e intereses que han obstaculizado el progreso del sano desarrollo de estos medios de organización productiva campesina.
Qué podemos decir del ejido, entre los vicios creados, podemos señalar los funestos comisariados ejidales, que se caracterizan por el despojo de las parcelas, por los abusos y extorsiones en lo relativo a la explotación de los pastizales, por odiosas componendas con los taladores de bosques, porque se reparten las mejores tierras y privan de ello a los que no son sus incondicionales, y porque manejan para beneficio propio los créditos y los fondos ejidales, así podíamos agregar la venta ilegal de bienes comunales.
De igual manera violan continuamente el Código Agrario, y si a esto podemos agregar la falta de democracia que existe entre los ejidos, que todos sabemos que los comisariados ejidales o autoridades son impuestas, en el renglón regional, por los presidentes municipales; impuestas en el renglón estatal por los gobernadores de los estados, e impuestas en lo nacional por el Presidente de la República.
Y qué podemos decir del cooperativismo agrícola, oficial, artificioso y de índole burocrático, que las leyes vigentes se obstinan en sostener, hay que señalar lo siguiente: la contabilidad minuciosa y complicada que hay que llevar en una cooperativa; el conocimiento preciso de las atribuciones que a sus dirigentes corresponden y de las limitaciones de esas facultades, la forma de hacer efectivas las responsabilidades en que esos funcionarios incurran, el conocimiento detallado y la interpretación correcta de las numerosas prescripciones de los estatutos son otras nociones, operaciones y materias que están fuera del alcance de nuestros campesinos. No es de extrañar, por lo mismo que las cooperativas ejidales sean aprovechadas como fuentes de ilícitas ganancias por individuos sin escrúpulos que, valiéndose de la ignorancia de la gran mayoría de los socios abusan de los puestos directivos para cometer todo género de fraudes y extorsiones.
Además, hay que recordar que el auténtico cooperativismo encuentra grandes obstáculos en el campo, ya que si bien recordamos las cooperativas de campesinos y sindicatos de trabajadores independientes, no son registrados ante las autoridades correspondientes, si éstas no vienen del sector oficial.
En la malversación de los fondos ejidales y de las cooperativas agrícolas y de los créditos otorgados por el Banco Nacional de Crédito Rural, es de fama pública conocido el hecho de la manera en que los comisariados ejidales, funcionarios de las cooperativas y empleados del Banco Nacional de Crédito Rural, participan en forma activa en detrimento de los campesinos. Y nosotros afirmamos que si no se organiza el crédito a los campesinos en forma oportuna y barata, que realmente los beneficie, la reforma agraria, seguirá estancada.
Y nos preocupa que a pesar de los grandes recursos financieros, de los que ha dispuesto a través de toda su historia BANRURAL, sigue teniendo cuantiosas pérdidas de manera crónica, como es el hecho que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año de 1984, el Gobierno Federal absorberá los pasivos de dicha institución de crédito campesino, con la asignación de 94.8 mil millones de pesos que se justifican en el dictamen en forma vaga como simple fomento al campo.
Nosotros creemos que más que fomento al campo es la simple nivelación de la actual situación deficitaria del Banco. Y hacer que cuadre su situación contable, porque la dolorosa realidad revela que el porcentaje de ejidatarios y pequeños propietarios favorecidos con crédito es mínimo y que la mayoría de ellos quedan abandonados a sus suerte, y que el gran porcentaje de
esto que debía de ser el crédito campesino, queda en las manos de quienes lo manejan y lo despilfarran. Y en esto del Banco de Crédito Rural, no podemos compartir la opinión y explicación que dio el C. secretario del Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, al hablar de la situación deficitaria de BANRURAL, en que nos decía que su actual y crítica situación financiera se debía a que se habían contratado créditos en el exterior y que se habían prestado a tasas subsidiadas a los campesinos, y que, claro, eso es crónico, que existía una cartera muchas veces difícil de cobrar.
Nosotros sostenemos que la razón es otra, que ha sido la permanente corrupción existente en dicha institución desde su nacimiento, tal es así el nombre, a pulso bien ganado, que le llaman nuestros campesinos el bandidal.
Podemos dar ejemplos de estos malos manejos. Cuando el campesino llega a tener algunas utilidades, éstas se le retrasan hasta un año o más porque las instituciones de crédito rural se jinetean el dinero de los campesinos, lo mismo hacen BANRURAL, INMECAFE, TABAMEX y, ¡qué podemos decir de la Aseguradora Nacional Ganadera y Agrícola! que nunca le paga a los campesinos cuando suceden los siniestros, las posibles ganancias que pudieron haber obtenido en la cosecha si no hubiera sucedido un siniestro. Únicamente sirve a ANAGSA para proteger la inversión del Gobierno.
Con respecto a la Secretaría de la Reforma Agraria, sostenemos que la miseria del campo ha sido el gran negocio para la venta de la intervención del Estado en el campo, ha producido ésta más de cien dependencias, comisiones y fideicomisos que compiten entre sí para salvar al pobre campesino mexicano.
De los nombres, para ilustrar esta Asamblea, de los más de cien fideicomisos y comisiones que se han formado, vamos a nombrar unas cuantas: tenemos el Colegio de Postgraduados, nos preguntamos ¿dónde están esos señores o en qué ejidos prestan sus servicios? Está la Comisión Nacional de Zonas Áridas; el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital; los Productos Forestales de la Tarahumara; la Promotora del Maguey y del Nopal; Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario; México Artesanal; Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garrapata; Fideicomiso para el otorgamiento de Becas a Campesinos Candelilleros; Fideicomiso que tendrá por objeto la investigación y la comercialización del hule natural; Fideicomiso para la explotación de la hierba de candelilla, y Fideicomiso del henequén, tristemente célebre en Yucatán, en que se han invertido miles de millones de pesos y el resultado han sido miles de campesinos miserables y unos cuantos políticos multimillonarios. Estos son los canales distributivos de la burocracia y de corrupción que siempre hemos denunciado en esta Cámara de Diputados.
No es pues, únicamente aumentar el monto del Presupuesto de Egresos para el próximo año, hay que atacar a fondo las viejas y caducas estructuras de su distribución.
Permítaseme, por último, tocar el artículo 6o. del dictamen. Nos preocupan las reformas que se hicieron en el artículo 6o., por parte de la Comisión, en que se excluye al sector particular de los beneficios de las reservas para la recuperación de la actividad económica por un monto que asciende a 277 mil millones, ya que de manera inicua se eliminan del desarrollo rural a los particulares, porque hay que recordar que más de 150 mil millones de pesos serán invertidos en el campo, y aquí sostenemos nosotros que de un plumazo se está eliminando a la productiva, pequeña y auténtica propiedad.
Nosotros sostenemos que no debe de existir hostilidad entre los componentes del ejido y los pequeños propietarios, ambos deben de coexistir. Uno no elimina al otro, y por eso nos extrañamos del por qué fue eliminada la pequeña propiedad que produce - hay prueba de ello - , de este monto reactivador económico.
Podemos mencionar para esto y demostrar que así es como venía la iniciativa en su texto original, en su parte relativa al Sector Social privado nos decía: "Los recursos de esta reserva se destinarán primordialmente a proyectos y actividades que incidan en la generación de empleo y apoyen la recuperación de la inversión de los sectores Social y Privado y en casos contingentes."
En la incitativa se contempla al sector particular. Ya en el dictamen se elimina ese texto y se sustituye por el siguiente: "Los recursos de esta reserva se destinarán primordialmente a proyectos y actividades que incidan en el desarrollo rural, social y regional, comunicaciones y transportes, abasto y casos contingentes, dando preferencia en el primero a las zonas de temporal y en el segundo a la construcción de vivienda popular. El Sector Social de la economía recibirá atención especial.
Ya en el dictamen se excluye al sector particular. En esto queremos insistir nosotros de que se está cometiendo un grave error, porque ante el problema de la insuficiencia alimentaria que padece nuestro país, no podemos prescindir del financiamiento de la auténtica pequeña propiedad que debe de coexistir junto con el ejido para hacer productivo el campo mexicano.
Por estas y otras razones, que aquí expondrá ante ustedes nuestro diputado Juan López Martínez, votaremos en contra, no sin antes mencionar algunas proposiciones concretas del Partido Demócrata Mexicano para un real desarrollo rural:
Queremos, primero, eliminar los canales distributivos de los financiamientos para el campo que han sido medios de despilfarro y corrupción.
Dos. Que el fondo para la reactivación económica sea dedicado para apoyar la empresa familiar y la pequeña y mediana industria. Así como al auténtico cooperativismo y sistema ejidal,
estos últimos sin los vicios que vienen arrastrando por tradición.
Tercero. Fabricación de medios de producción poco costosos y productivos para las zonas rurales, tales como semillas mejoradas para zonas temporales, bestias de tracción, máquinas de coser y tejer, hornos, para herrerías y panaderías, sin faltar los avíos.
Cuarto Saneamiento real del Banco Nacional de Crédito Rural, mediante la aplicación severa de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Quinto. Hacer llegar el crédito de manera oportuna y barata a los campesinos y de manera directa, para evitar que el dinero les llegue erosionado.
Sexto. Definir la situación jurídica de la tenencia de la tierra, que puede iniciarse con el reconocimiento real y la coexistencia pacífica de la pequeña propiedad y el ejido.
Por el Partido Demócrata Mexicano. Raymundo León Ozuna. Gracias.
La C. Presidenta: - Señor diputado Ozuna, ¿estas son proposiciones para el artículo 6o., o son proposiciones del Partido para que lo escuche el Pleno?
El C. Raymundo León Ozuna: - Realmente son exigencias del Partido, no es una proposición concreta para el Congreso.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Antonio Murrieta.
El C. Antonio Murrieta Necoechea: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados: Es especialmente interesante acudir a esta tribuna, cuando con toda claridad sentimos que existe un punto de vista lleno de inquietudes de tipo social, y otra voz que ha tocado una serie de conceptos que son contrastantes.
Me agradó mucho escuchar al compañero Dolores López, dentro de un juego casi mágico, poco acostumbrado en lo que hemos dialogado en otras ocasiones, de cifras que estoy cierto que las ha manejado con la mayor honestidad, pero como en todo lo que en cifras pueda presentarse, su interpretación nos puede conducir a conclusiones equívocas, y es en el aspecto en el cual definitivamente no estaríamos de acuerdo.
Se mencionaban los términos en que se están aplicando los recursos para el desarrollo rural, y se pretende sacar conclusiones de que no corresponden a los objetos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo a los señalados en la presentación del Presupuesto. No coincido ciertamente con ello.
Se manejaron muchos programas, en lo que en diferentes ocasiones mencionaba nuestro compañero Dolores López, qué bueno será que podamos con el marco de frialdad que las cifras exigen, hacer un análisis, porque estoy cierto que podremos coincidir en los términos numéricos.
Hay programas prioritarios definitivamente en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a mí me gustaría, no lo voy a hacer, por respeto a la Asamblea, hacer comparaciones con los presupuestos y no dejarme llevar con algunos estimados, porque para unos estimados, habría que tomar en cuenta probablemente algunas proyecciones. No proyecciones porque se vaya a no cumplir un presupuesto, sino porque en términos extremos, también escuchábamos, sí es previsible qué porcentajes elevados de la reserva de los 277 mil millones de pesos irán a sumarse a los programas de la Secretaría.
De todas forma, sin comparaciones, vemos que dentro de los programas prioritarios existen - como decía Dolores - , se pueden mencionar cuatro. Yo los podría agrupar en los de sanidad: El F9, el FB, el CK, que nos dan 93 mil 591 millones, un 12.5%.
La coordinación para el desarrollo de los distritos agropecuarios, el FF de 33 mil 562, un 10.6%.
La asistencia técnica FWGAGL 16904, y también hay que mencionar, si a cifras vamos, lo reconocemos, los de Infraestructura para el Desarrollo Agrícola, el FY de 94578 con 29.9 y la captación de conducción de agua para usos múltiples.
Adicionalmente, consideramos como prioritaria la organización de productores, el FX, el GB, el GM con 9 mil 912 millones de pesos que da un 3.1 por arriba del 2 que escuchamos, e Investigaciones y Desarrollo Experimental en el Sector Agropecuario Forestal, UM con 10 mil 568 millones.
Pero yo creo que las cifras, si las analizamos como estoy cierto cualquier diputado lo quiere hacer, con la mayor honestidad, debemos de hacerlo en el marco que corresponde. Si vamos también a obtener información de cifras, nosotros hemos obtenido una que se me hace muy interesante y que, por supuesto, la considero respaldada, que en el ámbito de la Dirección General de Distrito y Unidades de Riego, se viene, al mes de noviembre, haciendo una aplicación de 15 mil 866 millones y se han presupuestado en 1984 en los diferentes programas que suman para ello 22 mil 515, un incremento del 41.9%, y en cambio, en el 204 en las Dirección General de Distritos y Unidades de Temporal, se llevaban a esa misma fecha 14 mil 397 millones, y en cambio para 1984 se suman 40 mil 097 millones, un incremento del 178.5%.
Preocupa mucho, y lo escuchamos constantemente, lo relativo a la grande irrigación; y a las áreas geográficas del país en que en un determinado momento se encuentra. Es realmente muy importante que revisáramos cuándo, cómo y por qué se desarrollaron las grandes obras de irrigación y creo que cualquiera hubiera tomado la determinación que en su oportunidad se realizó, porque era llevar una infraestructura al costo mínimo, donde podría tener los mejores resultados, Y así se fue desarrollando
donde ciertamente teníamos las llanuras costeras y teníamos las grandes precipitaciones que se inician allá en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua y derivan hacia Sonora y Sinaloa.
Y se hablaba, de parte de Dolores, de algunas cifras, y con mucho gusto podríamos hacer una revisión de todas las inversiones que están establecidas para el '84. Y yo no veo tan terrible que se esté hablando de un Pujalcoy que es de una inversión total, de 84 mil millones que en '83 se le consideran 1476, y que en '84 sólo se le está considerando 2 mil 300. Pero junto con lo de Pujalcoy, por qué no vemos también que existen inversiones importantes en otras entidades de la República, como la de Nexpa, Gro., que va a tener 2 mil 500. Pero yo creo que definitivamente quienes llegan a estos análisis, como se ha tenido que realizar, como se planteó cuando encontramos las limitaciones de recursos, que debía de establecer a qué obras en desarrollo se tenían que aplicar los recursos, con criterios de rentabilidad, pero sobre todo criterios de rápida maduración del proyecto. Que no se queden las obras a medias, sino que puedan llegar a resultados al corto plazo, para que empiecen a producir.
Y por ello nos encontramos que, salvo obras que es difícil de que se detengan por el perjuicio que se puede ocasionar a la inversión ya realizada en los casos de las grandes obras, la orientación está hacia las obras de pequeña irrigación, fundamentalmente en términos cualitativos, porque es muy cierto que si se va a tratar de que nos se eche a perder una obra de elevado costo, muchas veces nada más para conservar lo invertido, puede ser superior a lo que representa una obra de las llamadas de pequeña irrigación.
Pero aquí también es importante hacer un señalamiento: Nos preocupa mucho a veces la terminología de grande y de pequeña, y la extrapolamos indebidamente a agricultores de elevada capacidad económica, y los comparamos con la situación de ejidatarios. Creo que eso no se vale, creo que no es lo justo porque las obras de irrigación están para adecuarse en su operación a las normas vigentes, a las actuales, a las de la Ley de Reformas de Agua, a la Ley de Reforma Agraria, y sabemos que los censos no son preferentes para los pequeños propietarios sobre los ejidatarios, porque es el caso en donde se puede hacer una comparación, y se advierte una cuestión: Los pequeños propietarios que dentro de la Ley actúan y producen, merecen todo el respecto y todo el apoyo también al igual que los ejidatarios.
Y así podríamos seguir tratando de mencionar algunas cifras, pero creo que para ello un análisis detenido, serio, como el que corresponde hacer en el ámbito de las Comisiones, como el que creo que tenemos siempre las puertas abiertas en el ámbito de donde está la información, del Ejecutivo, será el que nos permita confrontar y ver que efectivamente sí se están orientando los recursos para los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, y en la presentación de este Presupuesto.
Por último, si fuéramos a mencionar cifras, y aquí teniendo presente lo que planteaba el diputado León Ozuna en la referencia al PRONAL, si se trata en términos de hacer una referencia a cifras, qué bueno que sacó el tema.
En el Programa Nacional Alimentario, en el documento que muchos hemos recibido, que está por supuesto, en las comisiones y en las fracciones parlamentarias, en la última parte viene una apertura programática que es muy interesante analizar, y que considero que es la mejor respuesta para ver si se está pretendiendo superar o no la soberanía alimentaria.
En esa apertura programática son referencias concretas en nominaciones a los programas, como nos los encontramos en el presupuesto y en Cuenta Pública, hicimos una análisis que en las cuatro fases se hace referencia específica a 127 programas, que está dentro de 89 líneas de acción precisadas. Y derivado de esos programas nominados, con toda oportunidad dados a conocer, encontramos que el monto de esos programas a coordinarse dentro del Programa Nacional Alimentario es de un billón 254 mil 600 millones de pesos.
En general, para interpretar la aplicación de los programas, lo que decíamos hace un momento en relación a los distritos de temporal, en función de ello es importante saber derivar las diferentes partidas que van a sumarse a ese propósito, y eso requiere un análisis, y qué bueno que veamos, compañeros, que lo están realizando con toda intención para sacar conclusiones, que espero que con un análisis y un diálogo podamos compartir.
Habíamos escuchado aspectos en relación al artículo 6o., y ahí ciertamente corresponde que expresemos nuestro reconocimiento, de parte de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, que les planteamos nuestra preocupación por que se cambiara el artículo y fuera más explícito para que se orientara la aplicación de ese recurso extraordinario en su oportunidad a los que considerábamos era más conveniente; y ahí es donde debemos sumar esfuerzos, ahí es donde debemos actuar juntos y ahí es donde hemos encontrado respuestas de los compañeros de los diferentes partidos para poder hacer presentaciones oportunas, y en esa forma poder lograr que los recursos se conduzcan a lo que creemos conveniente.
Hemos escuchado, y no lo puedo soslayar, aspectos, puntos de vista, en relación a las organizaciones sociales, y si la experiencia, el conocimiento es éste, yo, afortunadamente, en los recorridos, en la presencia que hemos tenido en el campo mexicano, en los programas en que hemos podido trascender sólo con la participación de los campesinos organizados, hemos encontrado que existen auténticos representantes - independientemente que puede haber por ahí un judas - , pero lo importante
es señalarlo, señalárselo a la propia comunidad, y estamos seguros que será abortado por ese colectivo organizado. Pero no aceptemos generalidades que afectan a las instituciones y a las estructuras revolucionarias.
Eso no es aceptable, y por ello cuando se nos menciona en términos de gentes deshonestos, vinculadas con las organizaciones sociales o con las instituciones, lo que debemos hacer es el señalamiento y buscar la solución, pero no aceptar en ningún caso la generalidad, porque eso conduce a afectar a las instituciones que han logrado que este país sea una realidad en un mundo difícil dentro de un camino revolucionario. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Juan López Martínez.
El C. Juan López Martínez: - C. Presidenta: Suplico a usted se permita consultar a la Asamblea si me permite tratar los artículos 2o. y 7o. en una sola intervención.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si permite al diputado Juan López Martínez tratar en una sola intervención los artículos 2o. y 7o.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia , en votación económica se pregunta a la Asamblea si se permite al diputado Juan López Martínez tratar en una sola intervención, los artículos 2o. y 7o.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, C. Presidenta.
La C. Presidenta: - Proceda el orador.
El C. Juan López Martínez: - C. Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El Partido Demócrata Mexicano está en contra de la política general de subsidios y transferencias, ya que concuerda con el juicio emitido por el ex presidente don José López Portillo, quien calificó este tipo de estructura como de economía - ficción, a pesar de que llegó hasta el delirio y las lágrimas esa política.
Las transferencias son análogas: llevar el agua de un pozo para llenar otro, aun cuando los pozos fueran con fondo e impermeables. A extraer el agua y vaciarla significa esfuerzo y gastos y en el camino se corre el riesgo de que se pierda el líquido.
El subsidio a las empresas del Sector Público, bajo la denominación de transferencias, según el lenguaje presupuestario, indica que cada una de ellas trabaja antieconómicamente, pues sus egresos son mayores que sus ingresos
Se alega reiteradamente por los defensores del sexenio, que tales empresas privadas no pueden funcionar bajo los mismos criterios que la empresa privada, y que si les cuestan a la Nación es porque prestan un servicio público o desarrollan una función social.
El criterio económico es de obtener un máximo provecho con el mínimo de esfuerzo, el que con el trabajo humano y con la aplicación de capitales se produzca un aumento en la utilidad y la riqueza y no un detrimento. En fin - según el dicho popular - , que el caldo no salga más caro que las albóndigas, debe prevalecer tanto en la empresa privada como en la empresa pública.
Estamos de acuerdo que la empresa pública debe prestar un servicio público, según la naturaleza de cada una de ellas, pero también de alguna manera presta ese servicio público la empresa privada. Pero el principal servicio que una empresa pública pueda proporcionar a la colectividad, es que funcione económica y eficazmente.
Que la Comisión Federal de Electricidad otorgue un buen servicio de energía eléctrica y Teléfonos de México un buen servicio telefónico; que las mismas sean entidades financieramente sanas y no plantas marchitas a las que se les tiene que dar vida artificial.
Se alega también que mediante las transferencias y subsidios directos se ayuda, a través de los bajos precios, a los sectores más desvalidos de la población, y que tal mecanismo es un instrumento para la mejor distribución de la riqueza.
Nosotros sostenemos que la distribución de la riqueza debe ser por conducto del ingreso de los trabajadores, con mejores instituciones que mejoren la distribución del ingreso, tales como el salario suficiente y remunerador; un auténtico reparto de utilidades; el que los trabajadores puedan llegar a ser copropietarios de la empresa en que trabajan, con precios justos y efectiva ayuda en el campo con la creación del empleo y fuentes de trabajo, etcétera.
El subsidio, el precio bajo sale de alguna parte, principalmente de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y que éstos repercuten en lo más pobres, quiérase o no, más en la actual situación tributaria en la que predominan impuestos indirectos y en algunos renglones anticonstitucionales, como es el IVA; al sustraerse contribuciones de la sociedad civil más allá de lo necesario para que el Estado preste los servicios públicos que como tal debe prestar, como gobernante y no como el dueño de todo, se impide que se creen empleos en el Sector Privado y de esa manera, la falta de empleos empobrece anticipadamente a los que dicen favorecer.
De ahí que se pueda repetir lo que mi compañero Orozco Romo expresó en esta tribuna, de que si el sistema nacionalista y revolucionario se parece más bien al personaje de la Colonia, don Juan de Robles, quien hizo un hospital para los pobres, pero primero hizo a los pobres.
Las transferencias y los subsidios, por otra parte, impiden el cálculo económico en la empresa pública, obstaculizan el que se tomen medidas para lograr su mayor eficiencia e impiden cualquier intento de renovación moral, así como a los hijos de la gran burguesía conocidos por varios apodos, según el tiempo,
como niños peras, niños bien y, hoy, jóvenes fresas, exclaman ante una dificultad al fin papi paga.
Los directores de las empresas públicas expresarían posiblemente, tal vez, al fin el subsidio, la transferencia paga, y si sus sentimientos son muy filiales, pueden exclamar: al fin el Presidente, patrióticamente, destinará nuevos recursos a esta actividad.
El PDM sostiene como política general la eliminación gradual de los subsidios al consumo o correlativa al aumento del poder adquisitivo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mediante el aumento de la producción y la implementación de medidas auténticamente de justicia social no estatistas.
La política de subsidios sí ha producido una riqueza, pero a favor de una clase política, la cual ha aplicado con pasión, astucia y diligencia la máxima de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte.
La política de subsidio y de transferencias es signo de irracionalidad y manifestación de importancia para resolver los problemas reales del pueblo mexicano. Está presente en el Presupuesto de Egresos puesto a nuestra consideración; en efecto, todo el pueblo de México se ha dado cuenta de que la crisis actual se debe al ejercicio del déficit presupuestario supermillonario, tanto en las administraciones pasadas como en la presente, y que han dejado una negativa secuela de endeudamiento externo, exagerado aumento del circulante con la consiguiente inflación, galopante carestía de la vida y, por ende, desempleo, subempleo, desocupación y bracerismo.
Que el Instituto Mexicano del Café, Aeroméxico, Caminos y Puentes Federales, Sector Ferroviario, Propemex, Fertimex, se le está disminuyendo el subsidio para el ejercicio de 1984, con relación al presente de 1983; es bueno, pero aún falta disminuirlo más, hacerlas productivas y autofinanciables.
Adoptando una actitud responsable y a manera de ejemplo, es necesario hacer una pequeña cuenta con relación al total del subsuelo a los precios o de operación, que para la anualidad de 1984, atenderá a 603 mil millones de pesos, y que si dividimos esto entre 12 millones de familias mexicanas, nos va a dar que el costo por familia de estos subsidios, será la cantidad de 50 mil 250 pesos, por año y por familia, y que sin duda alguna será el aguinaldo que no percibirán las familias mexicanas en 1984.
Si examinamos detenidamente las cuentas de los efectos negativos de la economía antes enunciados, bastará con observar el déficit de funcionamiento de las empresas paraestatales, que se traducen en inyecciones escandalosas de cientos de miles de millones de pesos, que anualmente hay que suministrarles mediante transferencias, apoyos o subsidios, para mantenerlas a flote. Entre las más significativas que mencionaremos son las siguientes: la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, se le asignará para 1984 la cantidad de 245 mil 600 millones de pesos que representa el 40.6% del total de los subsidios a los precios de operación y que también es superior en un 46.78% al asignado en el presente año de 1983 y la CONASUPO será la más beneficiada para la anualidad del '84 con transferencias, con subsidios.
Se argumentará que hay en el Presupuesto de Egresos para 1984, que han disminuido algunos o varios renglones por concepto de subsidios a varias empresas paraestatales, como puede ser PIPSA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Altos Hornos de México, S. A., Diesel Nacional, S. A. y PEMEX, que prácticamente estas empresas se les deja de otorgar subsidios por parte del Gobierno Federal.
Las transferencias de capital a Caminos y Puentes Federales se le asignarán 15 mil millones de pesos más, a la Comisión Federal de Electricidad se le asignarán 12 mil millones de pesos más; a SICARTSA se le asignarán 18 mil millones más, aunque sea para exportar, ya que la pequeña y mediana industria de laminación no tiene el producto, el bile para efectuar la producción de varilla de alambrón, de ángulo, de te, en fin; a Fertimex se le asignarán 3 mil 100 millones de pesos más; también se podrá decir que las transferencias y los subsidios serán perfectamente controlados como lo señala el artículo 24. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación serán sujetos a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los demás programas que se formulen a la ley de la materia y que se agregarán a diversos criterios, según se especifica en el presente proyecto de decreto.
También se podrá argumentar en el artículo 25, que la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará las transferencias a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, con cargo al Presupuesto de Egresos, siempre que medie la aprobación de la dependencia coordinadora del sector, la que previamente verificará la justificación de la necesidad de los recursos solicitados.
En este renglón, hace algunos minutos el diputado Lambretón nos leía un párrafo de la exposición de motivos, que decía: "La reordenación económica exige no sólo la contención de este rubro de gasto, sino fundamentalmente su revisión integral, ello implica además de transparencia y temporalidad, la condicionalidad para la búsqueda de fuentes alternas de autofinanciamiento.
"El primer paso lo constituye la reorientación y selectividad de las entidades beneficiarias, aunando a la modulación de su ritmo de crecimiento y al esclarecimiento del propósito por el que otorgarán". Pero al diputado Lambretón se le olvidó leer unos párrafos antes, en el tercer párrafo de transferencias, en la página 152, un muy atinado y plausible reconocimiento, por parte de quien firma el proyecto de Egresos, el Presidente de la República, que dice: "En los últimos años el nivel de las transferencias se ha elevado en forma acelerada. En el periodo comprendido entre 1977 y 1982, su monto se incrementó en más
de once veces. Lo que ha significado que su proporción en relación al Producto Interno Bruto, haya pasado de 3.41 a 8.7% durante este periodo.
"A pesar del enorme volumen de recursos transferidos del sector central, el recurso de la economía, sus beneficios, no han sido mesurados y tangibles, no siempre han cumplido con los objetivos específicos que le dieron origen e introdujeron sesgos y rigideces en la asignación de recursos al privilegiar al factor capital en relación al trabajo, inducir una alta concentración de la actividad económica y de los asentamientos humanos, y disimular la ineficiencia en las entidades paraestatales."
Esperamos que ahora, con este reconocimiento - es plausible, vuelvo a repetir, que se reconozca esto - , pero en 1977- 1982, o en un término de ese periodo, el secretario de Programación y Presupuesto, es quien ahora critica la mala administración de las transferencias y los subsidios. Nunca es tarde para rectificar, pero hay que rectificar.
Finalmente, reiteramos nuestro voto en contra, puesto que seguimos sosteniendo lo que hace unos momentos expresé, en cuanto a que las transferencias y los subsidios no origen ni funcionen como una economía ficción, porque lo que queremos los del Partido Demócrata Mexicano es una sana administración de nuestros dineros que, vía impuestos, pagamos al Estado, una economía realista en la que todos los mexicanos tengamos el poder adquisitivo que verdaderamente nos da un salario justo y remunerador, pues esto es lo que reclama el obrero, el campesino, el empleado privado, el trabajador bancario, el servidor público o burócrata; lo que queremos es una economía realista. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Raúl López García.
El C. Raúl López García: - Compañera Presidenta; honorable Asamblea: Quisiéramos solicitar a la Asamblea nos autorice para tratar en una misma intervención lo relativo a los artículos 2o. y 38 que separamos.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se permite al diputado Raúl López tratar los artículos 2o. y 38 en una sola intervención.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Se pregunta a la Asamblea si se acepta la solicitud del diputado Raúl López, de tratar en un solo acto los artículos 2o. y 38.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señora Presidenta.
El C. Raúl López García: - Compañeros diputados: El Partido Socialista de los Trabajadores, por cuestiones de principio político., tiene que expresar a esta Soberanía, que definitivamente la apreciación que muchas fuerzas políticas del país, incluso composiciones políticas distintas, en su momento y en su oportunidad han estado incidiendo en las actividades, discusiones serias e importantes que durante mucho tiempo ha venido desarrollando el Centro de Estudios Económicos y Socialistas del Tercer Mundo.
En esta ocasión es preocupación de muchas fuerzas progresistas de México y también de muchas fuerzas progresistas del campo internacional, el que este Centro de Estudios, que ha venido jugando un papel relevante en la lucha internacionalista en la solidaridad con la lucha de liberación de Centroamérica y en la lucha por la paz, en esta ocasión no haya sido considerado dentro de los rubros del Presupuesto de Egresos para 1984.
El PST quiere insistir en que con un criterio en el que la Comisión y esta Asamblea reflexionase, creemos nosotros que existen condiciones verdaderamente favorables para considerar la inclusión de este Centro en el proyecto de Presupuesto.
No podemos pensar que por ejemplo, habría oportunidad de que en el rubro 0011, que está asignado a la Secretaría de Educación Pública, con el presupuesto más alto de todas las entidades del sector central, con 706 mil millones de pesos, pudiese destinar lo necesario para que el CEESTEM siguiera operando. Incluso, también, en el rubro 0023, Derogaciones Adicionales, se maneja una cifra de 15 mil millones de pesos para apoyo a diversos programas de carácter educativo.
O sea que, desde nuestro punto de vista, existen condiciones para que con el manejo del Presupuesto en alguno de estos ámbitos pudiese considerarse y mantener vigente esa institución, que definitivamente ha jugado un papel de importancia en la lucha de los pueblos y que se ha convertido, a nivel internacional, en un centro de investigación de enorme importancia política.
Eso es lo que nosotros queríamos insistir y señalar que definitivamente con un criterio político de comprensión a esta situación, pudiese ser reflexionado la posibilidad de reivindicar este Centro de Estudios.
Vamos a referirnos ahora al artículo 38 del proyecto de Presupuesto. Nosotros tenemos una preocupación, ya que en forma amplia y generalizada se dan facultades a la Secretaría de Programación y Presupuesto para poder llevar adelante la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la administración pública paraestatal.
Es incuestionable que en este momento para el país, existen y han existido duras presiones para que un conjunto de órganos e instituciones de la administración pública paraestatal, pudiesen o quisiesen ser golpeadas y desechadas, y el contenido del artículo 38 del proyecto de presupuesto, desde nuestro punto de vista, debe ser debidamente ajustado para que, tal como se establece, el Ejecutivo informara a la Cámara de Diputados; esto, en el momento en que se aventure la posibilidad de que alguna entidad de la Administración Pública Paraestatal pudiese ser liquidada, disuelta, o como se maneja también, fusionada, esta soberanía conozca con oportunidad los
pasos, las condiciones, porque de lo contrario es una preocupación nuestra el que pueda cederse a presiones de diversos sectores sociales, fundamentalmente de carácter empresarial, que han venido insistiendo en la disolución de la participación del Sector Público en la economía y el manejo del artículo 38, si esta soberanía no ejercita lo que aquí se establece, podemos nosotros aventurar que en un futuro pudiese aplicarse de manera indiscriminada y afectar la participación del Sector Público de la economía en la vida nacional.
Es por este conjunto de consideraciones que el PST ha venido a manifestarse en relación al artículo 2o. y al artículo 38. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Rogelio Carballo.
El C. Rogelio Carballo Milán: - Señora Presidenta; honorable Asamblea: Quisiera antes que todo hacer referencia a los temas que trataron los señores diputados López Martínez y López García, de los partidos Demócrata Mexicano y Socialista de los Trabajadores. Además, si ustedes me permiten dejar aclarada la situación referente al rechazo que esta Asamblea otorgó a la propuesta que hizo el Partido Acción Nacional, a través del señor diputado Vicencio Tovar, respecto a la información relativa a las responsabilidades que, en su caso, pudieran encontrar, pudieran determinar las autoridades del Ejecutivo por la vía de la Contraloría General de la Federación.
Voy a invertir los términos, quiero hacer esa explicación porque creo que debemos estar conscientes de que este tema de la información, requerida por esta Asamblea, de la información requerida por todos nosotros, respecto a lo que el Ejecutivo debe entregar como información sistemática, también deseamos que de este tipo de situaciones a que se ha referido el señor diputado Vicencio Tovar, también es menester, y nosotros somos los primeros en estar conscientes de que así debe ser, ya está previsto que se nos rinda a través de este proyecto de decreto que hemos sometido a la consideración de esta honorable Asamblea.
Yo quiero únicamente recordar lo que el artículo 39 del decreto y el artículo 40 establecen sobre este particular, donde se está pidiendo concretamente que la información derivada de estas responsabilidades que puedan derivarse del análisis del gasto público, puedan ser conocidas por esta Asamblea, y para ello yo quisiera recordar también que tenemos los medios suficientes, los medios preestablecidos para poder conocer de ellas y, por lo tanto, no me gustaría leer el texto de los artículos en obvio de tiempo, pero yo quisiera únicamente que pudiéramos reflexionar sobre el alcance de estos artículos, 39 y 40 del proyecto de decreto.
Por otro lado, haré mención muy brevemente de los temas de subsidios y de transferencias que han analizado, que han tocado los dos oradores que me precedieron en el uso de la palabra. Yo creo que debemos estar muy conscientes que en materia de transferencias y subsidios y aportaciones patrimoniales, que en este Gobierno se ha venido analizando y además con un frecuencia inusitada, que recordemos cuáles son las políticas de los diversos instrumentos que hemos tenido la oportunidad de conocer, se establecen de manera muy clara.
Desde luego, estamos conscientes de que las transferencias, llámense subsidio o llámense aportación patrimonial, son instrumentos de vital importancia, porque permite corregir distorsiones que se presentan en la operación y gestión de área de las empresas públicas y, demás, en la vida económica de este país.
Recordemos que las transferencias normalmente se conceden para sufragar deficiencias de operación del sector paraestatal, efectivamente, subsidiar precios sobre los bienes y servicios públicos, ya hasta la saciedad está mencionado en esta tribuna, de a quiénes son, a quiénes van dirigidas las transferencias en materia de abasto por ejemplo, en materias de comunicaciones.
También recordemos que se han utilizado para alentar a las entidades públicas en la realización de las actividades estratégicas que generan empleos e incrementan la oferta de bienes y servicios básicos y, por supuesto para contribuir al saneamiento financiero que debemos reconocer a esta alturas, están afectadas por la situación de crisis que hemos vivido.
Pero quisiera que no olvidáramos el esquema que ahora estamos analizando como un proyecto para un tratamiento diverso de las transferencias, que ha obligado a una reestructuración del esquema mismo de las transferencias, por lo que el proyecto de Presupuesto que ahora se dictamina, establece los principales lineamientos a que deberán sujetarse, su transparencia, su temporalidad, y su condicionabilidad, porque, claro, habrá que buscar fuentes alternas de autofinanciamiento, también se ha previsto; se ha previsto también su reorientación y selectividad de las entidades beneficiarias, no se trata de que se realice como algún compañero diputado lo mencionó, mandar estos recursos fiscales a un pozo sin fondo; por ese motivo creo que en lo que se refiere a la política de transferencias, hemos logrado en esta época una distribución muy clara y por otro lado una concreción de acuerdo con las necesidades que este país tiene en estos momentos de escasos recursos.
Por otro lado, pues, se ha mencionado que la política de subsidios al Sector Público también representa una sangría importante y si no se dijo en esos términos, cuando menos se dio a entender en función de la burocracia, en función de ciertas afectaciones que no quisiera mencionar, pero sólo quisiera recordar que para los efectos de lograr una mejor productividad en el sector paraestatal se han establecido ya que una serie de políticas, una serie de instrumentos que nos permiten ahora ir conociendo, por una parte, los montos de las transferencias y subsidios y, por otro lado,
la consecución de los objetivos, las metas las razones por las cuales se establecen.
Hay una serie de medidas ya adoptadas que, por supuesto, si leemos con cuidado la iniciativa de proyecto decreto y si recordamos lo que en su oportunidad se ha discutido en la comisiones respectivas, respecto al avance que en esta materia se ha dado, recordaremos los decretos de funcionalidad y los decretos de exigencia de productividad de las empresas públicas. Esto sin considerar, en su caso, la participación que ahora deben tener las cantidades no sólo globalizadoras, sino las entidades coordinadoras de sector, a las cuales creo, se les ha dado un papel, preponderante como corresponsables del funcionamiento de las empresas públicas.
También quisiera recordar que ahora se le ha impuesto la obligación al sector paraestatal, de elaborar, aplicar bajo la supervisión sectorial, de un programa de incremento de productividad - como decía -, pero que no esperemos que de un día para otro, se logre lo que aquí tanto se ha mencionado, de que sean recursos que no tengan, en un momento dado, recuperación.
Esto sin considerar también de que ya está previsto elaborar un programa que oriente sus actividades al apoyo estructural de la economía. Creo que es un elemento que ya han mencionado los diversos compañeros, pero que por otro lado, pues no hemos considerado en su cabal consecuencia, lo que esto significa en la normatividad y, por supuesto, en la ejecución de la instrumentación que ahora hemos venido advirtiendo en el manejo de la empresa pública.
Por tal motivo, comparto la preocupación de los compañeros respecto a que no es posible estar asignando recursos fiscales a las empresas públicas indefinida e indiscriminadamente. Pero creo que ya en este sentido tenemos una política y tenemos una determinación y se están instrumentando los rubros correspondientes.
En lo que se refiere a la discusión del artículo 38, donde se propone que se dé cuenta a esta Asamblea, a esta Legislatura de los casos de liquidación de empresas públicas, quisiera recordar que ese ha sido motivo, efectivamente de una discusión permanente por otra parte de todos los señores diputados, algún grupo parlamentario tiene alguna idea sobre el particular, sobre la forma en que esto debería tratarse; otro grupo parlamentario tiene otros puntos de vista, por ejemplo, no mayor intervención, a través de empresas paraestatales la economía, y que con ese motivo debemos estar muy conscientes de lo que en su oportunidad, o diría, en su caso, traería como consecuencia esta sugerencia.
Creo que si recordamos que el sector paraestatal actual está compuesto de más de mil entidades, quizá en un momento dado, sin considerar los calificativos, son muchos, son pequeñas, debemos recordar cómo está integrado el sector paraestatal; si mal no recuerdo tenemos entidades que están formadas por organismos descentralizados, otras entidades son empresas paraestatales como tales, o sea sociedades anónimas y un número importante de fideicomisos, por lo tanto, si yo me refiriera a este último renglón, yo diría que este renglón solo ameritará un examen permanente por parte del Ejecutivo Federal, en función de que son instrumentos que se generaron o se crearon un carácter transitorio, lo reconozco, que a lo mejor ya a esta alturas cumplieron con los propósitos para los cuales fueron creados, y yo preguntaría si por cada movimiento o por cada modificación de fideicomiso esta H. Asamblea o esta Legislatura debería convocar para ser conocida, esta modificación patrimonial o esta disolución, porque francamente siento que en un momento dado pues había algunos de ellos que por inercia ya no funcionan, otros, sencillamente cumplieron sus fines, y otros más, que a lo mejor fusionados con unos terceros pudieran tener un mejor cumplimiento de sus objetivos. Por esa razón, yo quisiera que esta Asamblea reflexionara sobre lo que esto, en un momento dado, significa.
Por eso hemos pedido, a través de este proyecto de decreto que el Ejecutivo nos informe de estos movimientos patrimoniales a efecto de que permanentemente estemos informados de cómo se manejan.
No quiero dejar de referir que estamos conscientes de que hay paraestatales, organismos o empresas que, obviamente, constitucionalmente están regidas para su permanencia en función de los sectores prioritarios que tienen que atender.
No olvidemos a Petróleos Mexicanos, a la propia CFE, que son organismos con una ley reglamentaria muy clara y específica, que en un momento dado, pues, por su participación en la economía, obviamente todos estamos conscientes de que su modificación o su cualquier, diría yo, modificación operativa o sencillamente estatutaria debería analizarse por esta Asamblea.
Hay otras empresas si mal no recuerdo, que son constituidas a través de nuestra legislación ordinaria, como la Ley de Sociedades, que también habrá que analizar en su oportunidad en función de ese origen para su establecimiento y, por otro lado, en función de cómo están cumpliendo los objetivos, por una parte, y la metas que se les han asignado como partes importantes de nuestra actividad económica.
Yo quisiera también referir otra situación que es para mí muy importante. Yo creo que ya después de tantas horas de debate, obviamente se han tratado tantos temas, que si ustedes me permiten, con su licencia, quisiera solamente recordar lo que para estos efectos del Presupuesto se ha tenido que analizar: Se han analizado las variables económicas que los señores integrantes de las Comisiones han analizado hasta la saciedad, sean del partido mayoritario, sean de los partidos parlamentarios de oposición, pero creo que han tenido esa oportunidad y obviamente creo que todos estamos conscientes de que ha habido un análisis
serio de las variables importantes en materia económica. Yo recordaría del tope de endeudamiento externo; al aspecto de la balanza comercial; el déficit presupuestal, tantas veces criticado en una forma o en otra; a atención a los sectores prioritarios, y, por otra parte, la emisión de las normas para la sujeción al Presupuesto, la atención a la finanzas de las empresas paraestatales prioritarias, la asignación de crédito al campo. En fin, hemos analizando, hemos tenido la oportunidad de conocer puntos de vista sobre este particular.
Creo que, independientemente de lo que yo pudiera referir, quizá hay otros elementos que en esta rápida enunciación, en esta rápida numeración se nos puedan olvidar, pero, pues yo nada más quisiera recordar que también a través del sistema ahora implantado por esta honorable Legislatura, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar a través de las Comisiones correspondientes; no sólo la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública que propone a la consideración de esta Asamblea el dictamen, sino en todas las Comisiones Legislativas. Y esto supone que también ha habido oportunidad de conocer y de analizar en lo global y en lo particular, los diversos aspectos económicos que involucran al presupuesto, no sólo como una representación cuantitativa de plenos deseos - como alguien lo dijo -, sino como un instrumento de política económica que tiene este país.
Por eso yo creo que las decisiones sobre las asignaciones, aumentos o reducciones presupuestarios, no son decisiones de una secretaría o dependencia sola, ni de uno u otro secretario de Estado, o funcionario cualquiera, Tampoco intervienen motivaciones personales para las determinaciones de política, para las determinaciones de un análisis o un recorte presupuestal o un aumento presupuestal.
Yo creo que son decisiones del Gobierno de la República, adoptadas en situaciones muy críticas y de mayor escasez de recursos, que obligan a una rigurosa jerarquización conforme a las prioridades programáticas, y tales decisiones no necesariamente implican tampoco una descalificación o reprobación de determinadas acciones o programas a los que se reduce o retira apoyo presupuestario o de subsidio.
Tampoco afecta a un sólo renglón, programa o acción en lo particular, sino a una diversidad de ellos, en todos aquellos casos en que la atención a necesidades mayores o más urgentes obligan a reforzarlos, reasignando recursos de otras en condiciones de escasez.
El presupuesto y sus contenidos no son, señores diputados, producto del capricho, insisto, no son el producto de motivaciones personales, ni son capítulos de anecdotario político por mucho que haya opositores en los individual, confiamos que pretendan rebajar alguno de sus aspectos a ese nivel.
Estas decisiones pueden y deben discutirse en todo caso en sus términos para calificar su corrección y acierto, o su error en relación con las necesidades populares y nacionales, y no por argumentos a persona.
Esta es la alta misión que tenemos que cumplir y en nivel justo de nuestro debate. ¡Esforcémonos hoy y siempre para hacer honor a esta responsabilidad! Yo creo que éste es un presupuesto, desde 1984, para un año y algunas situaciones concretas que estamos afrontando, cuya predicción condiciona nuestras decisiones. Obviamente no es un presupuesto ideal en el sentido de que no está hecho simple y directamente de nuestros deseos, aspiraciones y objetivos.
Estimamos que es un presupuesto realista, pero realista no significa reaccionario, ni tecnócrata, ni meramente pragmático; parte de la realidad de hoy y la que prevemos para mañana, reconociendo las limitaciones que nos imponen; pero sí se inspira en nuestras aspiraciones y objetivos, se orienta, dentro de estas circunstancias concretas, hacia el proyecto de nación que postulamos. Un proyecto nacionalista y revolucionario.
Nacionalista y revolucionario, no vemos en ello una contradicción, sino precisamente una complementación necesaria, y defendemos este realismo como condición de la viabilidad de nuestro proyecto y en nombre de nuestros ideales.
No es un presupuesto nuevo al menos contrario a los intereses populares o de la Nación, mantiene por medios prácticos cuantificables y cuantificados, la atención prioritaria a los programas de beneficio social, la agricultura, la educación, la salud, la vivienda, la producción de artículos de consumo básico y el empleo; en el compromiso entre el imperativo de combatir la inflación entre otros medios, pero no exclusivamente por la vía de evitar excesos en gasto el público y la necesidad de reactivar el desarrollo nacional se adopta, y eso ya lo estamos constatando cuando analizamos el avance presupuestal de 1983, una rigurosa disciplina presupuestal y asignación, como antes dije, de recursos prioritarios y al mismo tiempo se apoyan los resortes de este desarrollo en la producción y en sus bases sociales, y se establece una reserva presupuestal, efectivamente, pero es específica para reforzar cuándo y cómo las circunstancias lo aconsejen, estos resortes y esas bases, muy particularmente en el renglón del empleo productivo y para el ensanchamiento de la infraestructura nacional.
Esta reserva, apuntamos de paso, no expresa un ánimo de duda y desconfianza sino de previsión y mejor aseguramiento de nuestros propósitos inscritos en el Presupuesto, con fidelidad, hasta el límite de nuestras posibilidades, a nuestro compromiso con las mayorías y con la Nación.
Por las consideraciones anteriores, yo quisiera rogarle a la señora Presidenta pudiera ordenar se pregunte a esta Asamblea si estos artículos los están suficientemente discutidos. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si los artículos 2o., 4o., 6o., 7o.,
14 y 38 se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: Se consulta a la Asamblea si los artículos 2o., 4o., 6o., 7o., 14, y 38 se encuentran suficientemente discutidos.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.
La C. Presidenta: - En virtud de las circunstancias del debate, en donde distintos partidos separaron diferentes artículos, la Presidenta quiere hacer una proposición a la Sala para hacer la votación, es una proposición; si cada uno de los partidos está de acuerdo, podemos proceder, o si quieren hacer alguna modificación, la haremos.
Propongo que se vote junto el artículo 2o., y el 14; el artículo 4o. y 6o.; el artículo 7o. por separado y el 38 por separado, o sea, serían cuatro votaciones.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la proposición de la Presidencia.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Se consulta a la Asamblea si se acepta la proposición de la Presidencia para que se voten juntos los artículos 2o. y 14o.; 4o. y 6o.; el 7o. por separado, y el 38 por separado.
Los CC. diputados que estén por que se acepte esta proposición, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señora Presidenta.
(Comentarios.)
La C. Presidenta: - Señor Secretario, para que no haya alguna duda, pida que los que estén a favor de la proposición se pongan de pie.
El C. Secretario Enrique León Martínez; - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea que los que estén por la afirmativa en turno a la proposición de la Presidencia, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado.
La C. Presidenta: - Proceda la Secretaría a hacer la votación nominal en la forma propuesta.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - En votación económica, se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 2o. y 14o., en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Señora Presidenta, se emitieron 222 votos en pro y 68 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobados los artículos 2o. y 14 por 222 votos, en sus términos.
La C. Secretaría Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 4o. y 6o., en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: -C. Presidenta, se emitieron 268 votos en pro y 22 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobados los artículos 4o. y 6o. por 268 votos, en sus términos.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 7o., en sus términos.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Enrique León Martínez: Señora Presidenta, se emitieron 246 votos en pro y 26 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 7o. por 264 votos, en sus términos.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 38, en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señora Presidenta, se emitieron 264 votos en pro y 26 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobado el artículo 38 por 264 votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
"Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Honorable Asamblea: A la Comisión que le suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucional, presentada por los CC. Miguel Ángel Morado Garrido, Mario Santos Gómez, Rubén Vargas Martínez, Carlos Jiménez Martínez Macías y Rafael García Sancho Gómez, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
La Comisión ha revisado tanto la exposición de motivos como la propuesta a las reformas
de los artículos 5o., 32, 43, y 65 de la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y después de haber sido considerados por sus integrantes, con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso Central de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la Soberanía el presente
DICTAMEN
La Comisión estima de enorme importancia para los trabajadores al servicio del Estado, la iniciativa a que se ha hecho mención, básicamente porque, además de los motivos expuestos en la presentación de dicha iniciativa, esa tiende a definir el ámbito de los trabajadores de base y de confianza, estableciendo precisiones indispensables en los distintos niveles.
La anterior consideración sería suficiente para estimar la oportunidad, importancia y trascendencia de la iniciativa de referencia, ya que son los trabajadores de base los sujetos directos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de ahí la necesidad de precisar con enorme claridad la categoría de empleados de confianza y de base.
Es interesante destacar que por primera vez en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se establece congruencia entre los catálogos que funcionan en la Unidad de la administración Pública Federal, llamando por su verdadero nombre a cada una de las categorías de confianza a efecto de fuera de ese listado, todos los demás trabajadores sean basificados.
A lo anterior se puede agregar que también por primera vez el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá fijar normas, lineamientos y políticas en lo referente a los niveles de sueldo del tabulador, no simplemente bajo índices genéricos presupuestales, sino escuchando y tomando en cuenta la opinión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. En el futuro no podrá haber un salario de los trabajadores al servicio del Estado abajo de los salarios mínimos generales, ni tampoco los trabajadores alcanzados con los aumentos permanecerán estáticos en sus percepciones, sino que automáticamente deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que el salario mínimo haya sido aumentado.
Es particularmente importante para los servidores públicos desempeñar con eficacia, esmero y honestidad sus comisiones sindicales, sus comisiones diferentes a su adscripción y en su caso desempeñar cargos de elección popular. Por tales motivos, también la iniciativa propone el agregado de una fracción VIII al artículo 43 vigente, que además de los casos señalados contempla la de los trabajadores enfermos y las licencias de carácter personal.
Las vacantes temporales que se originan por los casos señalados en la citada fracción VIII del artículo 43 se juzga adecuada la propuesta de modificación al artículo 65, a efecto de que sólo en estos casos se otorguen las licencias a que dicha fracción y artículo se refieren.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 82, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
PROYECTO
De Decreto de reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucional.
Artículo único. Se reforman los artículos 5o., 32, 43 y 65 para quedar como sigue:
Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
I. ..
II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 Constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta Ley sean de :
a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel de directores generales, directores de área, adjuntos, sub - directores y jefes de apartamento.
b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub - jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñado tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido.
d) Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las Áreas de Auditoría.
e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características.
f) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino a la baja y alta en inventarios.
g) Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido
y la forma de investigación que se lleve a cabo.
h) Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes servidores públicos superiores; Secretario, Sub - Secretario, Oficial Mayor, Coordinador General y Director general en las Dependencias del Gobierno Federal o sus equivalentes en las Entidades.
i) El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías particulares o Ayudantías.
j) Los Secretarios particulares de: Secretario, Sub - Secretario, Oficial Mayor y Director General de la dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la fracción I de este artículo.
k) Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal.
I) Los Agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías Preventivas.
Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos de la Federación, para el personal docente de la Secretaría de Educación Pública.
La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos.
III. ..
IV. ..
Artículo 32. El sueldo o salario que se asigna al Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, constituye la retribución básica presupuestal que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados.
Los niveles de sueldo base presupuestal del tabulador que consignen sueldos equivalentes al salario mínimo deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste.
La Secretaría de Programación y Presupuesto, tomando en cuenta la opinión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, fijará las normas, lineamientos y políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones signadas para los casos de alcances en los niveles de tabulador que se originen con motivo de los incrementos a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley:
I. ..
II. ..
III. .
IV. ..
V. ..
VI. ..
VII. ..
VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:
a) Para el desempeño de comisiones sindicales.
b) Cuando son promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia dirente de su adscripción.
c) Para desempeñar cargos de elección popular.
d) A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del artículo 111 de la presente Ley, y
e) Por razones de carácter personal del trabajador.
Artículo 65. Las vacantes temporales mayores de seis meses serán las que se originen por licencias otorgadas a un trabajador de bases en los términos del artículo 43, fracción VIII de esta Ley.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Aquellos trabajadores que tengan puesto de base al entrar en vigor las presentes reformas conservarán para todos los efectos legales su calidad de trabajadores con puesto de base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero del decreto de reformas de esta ley, de fecha 28 de diciembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de febrero de 1983.
Artículo segundo. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reiteremos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, diciembre veintisiete de mil novecientos ochenta y tres.
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Presidente, Juan José Osorio Palacios; secretario, José de Jesús Fernández Alatorre; Servio Tulio Acuña, Luis Aguilar Cerón, Silverio R. Alvarado, Manuel Alvarez González, Francisco Alvarez de la Fuente, Homero Ayala Torres, Víctor Manuel Carreto, Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cavazos Cortés, Alfonso Cereceres Peña, Armando Corona Boza, Oralia Coutiño Ruiz, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Netzahualcóyotl de la Vega, Leopoldo Durán Rentería, Everardo Gámiz Fernández, Juan Antonio García Guerrero, Lino García Gutiérrez, Rodolfo García Pérez, Lorenzo García Solís, Antonio Gershenson, Jesús Ibarra Rayas, Luis Mayén Ruiz, Ma. del Carmen Mercado Chávez, Miguel Ángel Morado Garrido, Ignacio Olvera Quintero, Ramón Ordaz Almaraz, Jesús Ortiz Herrera, José Eduardo Pacheco Durán, Ramiro Plascencia Loza, Luis J. Prieto, Alfredo Reyes Contreras, Venustiano Reyes López, Faustino Ross Mazo, José Ruiz González, Daniel Ángel Sánchez Pérez, Pablo Sánchez Puga, Oscar Mario Santos Gómez, Ramón Serrano García, Daniel Sierra Rivera, Hilda Luisa Valdemar Lima, Martiniano Valdez Escobedo, J. Guadalupe Vega Macías, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Florentina Villalobos de Pineda, Dora Villegas Nájera, Juan Villegas Torres, Hilda Anderson, Angélica Paulín Posada."
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los señores diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura.
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
"Comisión de Ecología y Medio Ambiente."
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea: A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta H. Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que remite la H. Cámara de Senadores, relativa a la iniciativa que le envió el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, respecto a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Ambiente.
La Comisión revisó las razones y fundamentos expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal, así como el texto de la minuta del Senado y, habiéndolos discutido por sus integrantes, formula el presente dictamen con apoyo en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente reconoce la gravedad del problema de la contaminación ambiental plenamente, al estudiar y dictaminar sobre la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Ambiente. Las reformas son convenientes porque otorgan al Ejecutivo Federal el instrumento moderno y ágil para delinear y aplicar la política general en materia de protección ambiental, de acuerdo a los señalamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
2. La Ley General de Salud, recientemente discutida y aprobada por esta honorable Asamblea, contempla lo relativo al impacto en la salud humana a consecuencia de la contaminación de alimentos y bebidas, por lo que debe ser suprimido de la Ley Federal de Protección al Ambiente, tal como lo prevé la iniciativa del Ejecutivo Federal que nos ocupa.
3. La iniciativa de referencia constituye la preocupación del Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, por adecuar y modernizar la Administración Pública, por ello resulta importante el que sea un solo organismo dependiente del Ejecutivo Federal, como lo es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la que conduzca y coordine la política general en materia ecológica y de conservación ambiental.
4. Es incuestionable el deterioro de la salud y el desequilibrio del medio ambiente. Lo disperso de las facultades en diversas reglamentaciones que conceden competencia a varias dependencias federales, han hecho inoperante el que pueda combatirse con eficacia la contaminación ambiental. El unificar el criterio político ecológico en una sola coordinación general, permitirá que las directrices que se fijen sean congruentes con las políticas nacionales en esta materia.
5. El ordenamiento y adecuación de la legislación que concurre a la conservación, protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente, ofrece la posibilidad de recuperar y mantener las condiciones ecológicas óptimas a que el mexicano tiene derecho para su pleno desarrollo. Ello será posible con el marco jurídico que la iniciativa propone.
6. La Comisión de Ecología y Medio Ambiente reconoce el beneficio que tendrá para la sociedad mexicana la protección del medio ambiente y los recursos que lo integran por su repercusión sobre los ecosistemas y en particular, la flora y la fauna.
7. Las Comisiones de la H. Cámara de Senadores que dictaminaron la iniciativa del Ejecutivo Federal, hicieron un estudio minucioso de su texto y elaboraron modificaciones que tuvieron por objeto la adecuación de las disposiciones de esta Ley Federal de Protección al Ambiente. Se cubrieron algunas hipótesis no previstas por la iniciativa, para satisfacer las apremiantes demandas de la sociedad y armonizarlo e integrarlo al orden jurídico vigente.
8. La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la H. Cámara de Diputados considera que la contaminación ambiental y el deterioro de nuestros recursos naturales es un problema muy complejo que requerirá de un esfuerzo permanente que permita ir adecuando la legislación al avance de la problemática que genera la contaminación. Desde luego, los miembros de esta Comisión, que incluyen a todos los partidos políticos, manifestamos nuestro compromiso de continuar trabajando en la materia durante el tiempo que nos queda como representantes populares en esta LII Legislatura, especialmente en el tercer periodo ordinario de sesiones.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
la Comisión de Ecología y Medio Ambiente somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Artículo primero. Se reforman los artículos 7o., 8o., 10, 11, 14, 16, 20, 38, 41, 54, 55, 58, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Protección al Ambiente para sustituir la denominación de Secretaría de Salubridad y Asistencia por la de Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 9o., 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 56 y 76 de la Ley Federal de Protección al Ambiente para quedar como sigue:
"Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, rigen en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer las normas para la conservación, protección, preservación, mejoramiento y restauración del medio ambiente, de los recursos que lo integran, y para la prevención y control sobre los contaminantes y las causas reales que los originan."
"Artículo 2o. Son supletorias de esta Ley, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos en materia de suelo, subsuelo, agua, aire, flora y fauna."
"Artículo 3o. Serán motivo de prevención y control por parte del Ejecutivo Federal, los contaminantes y sus causas cualesquiera que sean su procedencia y origen, que en forma directa o indirecta dañen o degraden los ecosistemas, los recursos o bienes de la Nación, o la salud de la población, o el paisaje."
"Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley se considera:
Ambiente: El conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre, físicos, químicos y biológicos, que propicien la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos.
Prevención: La disposición anticipada de medidas para evitar daños al ambiente.
Protección: El conjunto organizado de medidas y actividades tendientes a lograr que el ambiente mantenga en condiciones propicias para el desarrollo pleno de los organismos vivos.
Aprovechamiento: El uso o explotación racional de recursos y bienes naturales. Conservación: La aplicación de las medidas necesarias para preservar el medio ambiente y los recursos naturales, sin afectar su aprovechamiento.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes, o cualquier combinación de ellos, que perjudique o resulte nocivo a la vida, la flora o la fauna, o que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en general.
Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora o fauna o cualquier elemento ambiental, altere o modifique su composición natural y degrade su calidad.
Control: La vigilancia, inspección y aplicación de medidas para la conservación del ambiente o para reducir y, en su caso, evitar la contaminación del mismo.
Ecosistema: La unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y sobre el ambiente en un espacio determinado.
Mejoramiento: El acrecentamiento de la calidad del ambiente.
Restauración: Conjunto de medidas y actividades tendientes a la modificación renovadora, de aquellas partes del ambiente en las cuales se manifieste un grado de deterioro tal, que represente un peligro para la conservación de los ecosistemas.
Ordenamiento ecológico: El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en el territorio nacional, de acuerdo con sus características potenciales y de aptitud, tomando en cuenta los recursos naturales, las actividades económicas y sociales, y la distribución de la población, en el marco de una política de conservación y protección de los sistemas ecológicos.
Impacto ambiental: -La alteración del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza.
Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer con base a estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial de un proyecto y la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
Marco ambiental: La descripción del ambiente físico actual, incluyendo entre otros, los aspectos socioeconómicos del sitio o sitios en donde se pretenda llevar a cabo un proyecto de obras y sus áreas de influencia y en su caso, una predicción de las condiciones ambientales futuras si no se realizara el proyecto."
"Artículo 5o. La aplicación de esta Ley compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual estará facultada para:
I. Establecer los criterios y procedimientos de conservación, protección, preservación, mejoramiento y restauración del medio ambiente para el ordenamiento ecológico del territorio nacional, y los criterios ecológicos para el uso y destino de los recursos naturales.
II. Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y sus causas;
III. Realizar programas por sí misma y coordinadamente con otras dependencias, entidades e instituciones del sector público, social o privado, para la realización de las actividades
a que se refieren las fracciones anteriores;
IV. Fijar los niveles permisibles de las emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, así como los de inmisión en los ecosistemas, tomando en cuenta la opinión de las dependencias competentes, de conformidad con el Reglamento respectivo.
V. Recopilar, revisar, intercambiar e integrar la información relacionada con la contaminación del medio ambiente y de los recursos que lo integran y su control, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales;
VI. Realizar y fomentar investigaciones y promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación del medio ambiente y de los recursos que lo integran;
VII. Las demás que le señalen este ordenamiento y otras disposiciones.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología intervendrán las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salubridad y Asistencia, así como las demás dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los gobiernos de los Estados y de los Municipios, auxiliarán en caso necesario, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el cumplimiento y aplicación de esta Ley."
"Artículo 6o. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, deberá emitir las normas técnicas de ordenamiento ecológico del territorio de acuerdo con la política ambiental, a las que deberán sujetarse los proyectos de las obras sobre desarrollo urbano, parques nacionales, zonas de reserva y refugios de fauna silvestre y de especies migratorias, refugios pesqueros, áreas industriales y de trabajo y zonificación en general.
Las dependencias del Ejecutivo Federal, dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, deberán estudiar, planear, programar, evaluar y calificar los proyectos o trabajos sobre desarrollo urbano, parques nacionales, zonas de reservas y refugios de flora y fauna silvestres y especies migratorias, refugios pesqueros, áreas industriales y de trabajo y zonificación en general, cuidando de la conservación del paisaje urbano y natural, fomentando conforme a las disposiciones aplicables, la descentralización de los asentamientos humanos y de la industria para prevenir los problemas inherentes a la contaminación ambiental."
"Artículo 9o. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en los términos de lo dispuesto por esta Ley, desarrollará programas tendientes a mejorar la calidad del aire, de las aguas, del medio marino, del suelo y del subsuelo, así como aquellas áreas cuyo grado de contaminación se considere peligroso para la salud pública, la flora, la fauna y los ecosistemas."
"Artículo 12. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, previa la opinión de las dependencias competentes cuando proceda, propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de las disposiciones conducentes para:
a) Localizar, clasificar y evaluar los tipos de fuentes de contaminación, señalando las normas y procedimientos técnicos a los que deberán sujetarse las emanaciones, emisiones, descarga, depósitos, servicios, transportes y, en general, cualquier actividad que degrade o dañe el ambiente, o los recursos y bienes propiedad del Estado y los particulares;
b) Determinar las medidas y procesos adecuados para la prevención, control y abatimiento de la contaminación ambiental, propiciando el uso, aprovechamiento y desarrollo de la tecnología nacional.
c) Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada por la exploración, explotación, producción, transporte, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, tenencia, uso y destino final de energéticos, minerales, sustancias químicas y cualesquiera otros productos que por su naturaleza puedan causar o causen contaminación del ambiente;
d) ..
e) ..
f) Establecer normas y políticas de ordenamiento ecológico en aquellas áreas en las que, para el establecimiento de programas de desarrollo, resulte necesario y de primordial importancia mitigar los efectos adversos en el medio ambiente; y
g) Crear los organismos necesarios, con la estructura y funciones que el propio Ejecutivo les asigne, conforme a las finalidades que persigue esta Ley."
"Artículo 13. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con base en los estudios y las investigaciones del caso, propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de decretos que declaren la localización, extensión y características de las áreas o regiones que requieran la protección, mejoramiento, conservación y restauración de sus condiciones ambientales, mediante la acción articulada de las autoridades competentes. Las declaratorias que al efecto se expidan deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.
Los decretos que contengan dichas declaratorias, señalarán las bases para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología celebre los convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, y los de concertación e inducción con los grupos sociales o con los particulares interesados, para la consecución de los fines de este artículo.
Todo acto, contrato o convenio que contravenga lo que en las mencionadas declaratorias se establezca será nulo de pleno derecho."
"Artículo 15. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promoverá ante las Secretarías de Salubridad y Asistencia, Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes, según corresponda, la imposición de las restricciones necesarias en
materia de importación, exportación, producción, transformación o procesamiento, transporte, tenencia, uso y disposición final de sustancias contaminantes o peligrosas para el medio ambiente."
"Artículo 18. Para efectos de esta Ley serán consideradas como fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos:
I. Las naturales, que incluyen volcanes, incendios forestales no provocados por el hombre, ecosistemas naturales o parte de ellos en proceso de erosión por acción del viento, pantanos, y otras semejantes;
II. Las artificiales, entre las que se encuentran:
a) Las fijas, que incluyen fábricas o talleres en general, instalaciones nucleares, termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas elaboradoras de cemento, fábricas de fertilizantes, fundiciones de hierro y acero, siderúrgicas, baños, incineradores industriales, comerciales, domésticos y los de servicio público y cualquier otra fuente análoga a las anteriores;
b) Las móviles, como plantas móviles de emergencia generadoras de energía eléctrica, plantas móviles elaboradoras de concreto, vehículos automotores de combustión interna, aviones, locomotoras, barcos, motocicletas y similares y
c) Diversas, como la incineración, quema a cielo abierto de basura y residuos peligrosos o potencialmente peligrosos, uso de explosivos o cualquier tipo de combustión que produzca o pueda producir contaminación."
"Artículo 19. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estará facultada para:
I. Establecer los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación atmosférica; y
II. Fijar, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los niveles de las emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, así como de la inmisión, de acuerdo con el Reglamento respectivo."
"Artículo 21. Se prohibe descargar, sin su previo tratamiento, en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua o infiltrar en terrenos, aguas residuales que contengan contaminantes, desechos, materias radiactivas o cualquier otra sustancia dañina a la salud de las personas, a la flora, a la fauna o a los bienes. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Salubridad y Asistencia dictará las normas para el uso o aprovechamiento de las aguas residuales y la primera fijará las condiciones de vertimiento en las redes colectoras, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de aguas, así como para infiltrarlas en terrenos, de conformidad con la reglamentación correspondiente.
Asimismo, se prohibe el almacenamiento de aguas residuales que no se ajuste a las disposiciones y especificaciones que al efecto determine la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de acuerdo al Reglamento respectivo."
"Artículo 22. ..
I a III. ..
Para descargar aguas residuales, deberán construirse las obras e instalaciones de tratamiento que sean necesarias a juicio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con las de Salubridad y Asistencia, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, entre otras, dentro del campo de sus respectivas competencias. En su caso, el Ejecutivo Federal podrá celebrar acuerdos en la materia con los gobiernos estatales y municipales."
"Artículo 23. ..
En el caso de la programación y construcción de nuevas industrias que puedan producir descargas contaminantes de aguas residuales, así como de las obras e instalaciones conducentes a purificar las aguas residuales de procedencia industrial, las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, de Salubridad y Asistencia y de Agricultura y Recursos Hidráulicos emitirán opinión con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes."
"Artículo 24. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología emitirá los criterios, lineamientos, requisitos y demás condiciones que deban satisfacerse para regular el alejamiento, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, a fin de evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos y evaluará y vigilará su cumplimiento.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos resolverá sobre las solicitudes de autorización, concesión o permiso que se formulen para la explotación, uso y aprovechamiento de dichas aguas residuales, considerando en cada caso las condiciones necesarias para no contaminar, conforme a los citados criterios, lineamientos, requisitos y condiciones que respecto de cada uno dicten las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los ámbitos de su competencia.
Cuando las descargas contaminantes provengan de dos o más obras, instalaciones o industrias, las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en las esferas de sus respectivas competencias y en coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, resolverán sobre las solicitudes de autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento y de sus descargas conjuntas, siempre que los efectos en la cuenca lo permitan.
El otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas para fines industriales, estará condicionado a la instalación de equipos de recirculación de tratamiento de aguas, en caso necesario.
Se considerarán prioritarios y de interés social los financiamientos e incentivos que se otorguen para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, individuales o conjuntas."
"Artículo 25. Las aguas residuales, provenientes del alcantarillado urbano, podrán utilizarse
en la industria y en la agricultura, si se someten al tratamiento de depuración que cumpla con las normas que establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Salubridad y Asistencia."
"Artículo 26. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con el auxilio de las Secretarías de Salubridad y Asistencia y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como las demás autoridades competentes, según el caso, vigilarán que en la ejecución y funcionamiento de las obras, instalaciones y aprovechamientos se observen las normas técnicas para evitar la contaminación de las aguas. Al efecto, los interesados deberían proporcionar la información que la primera les requiera."
"Artículo 28. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con las de Salubridad y Asistencia y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos para los fines de esta ley dictará normas sobre las siguientes materias:
I. Zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones; y
II. Ejecución de obras relacionadas con el alojamiento, tratamiento y destino de los residuos conducidos o no por sistemas de alcantarillado."
"Artículo 29. Se prohibe descargar sin previo tratamiento en las aguas marinas, sustancias o residuos de cualquier tipo, así como aguas residuales que contengan contaminantes nocivos para la salud de las personas, la flora y la fauna marítima y en general, el ecosistema marino, de acuerdo con los límites que señala el reglamento correspondiente.
....................................................................................................................................
"Artículo 30. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, resolverá sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales o cualquier otro tido de residuos en aguas marinas, fijándose en cada caso las condiciones y tratamiento de las aguas o residuos, de acuerdo al Reglamento respectivo.
La Secretaría de Marina se coordinará con la de Desarrollo Urbano y Ecología, en la aplicación de esta ley para la protección del medio ambiente marino, cuando el origen de la contaminación provenga de fuentes móviles, o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva." "Artículo 32. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se coordinará con las de Marina, Comunicaciones y Transportes y Pesca a efecto de que, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar y abatir la contaminación del medio marino.
"Artículo 34. Queda prohibido descargar, depositar o infiltrar contaminantes en los suelos, sin el cumplimiento de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos correspondientes que para tal efecto se expidan. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, establecerá las normas a que deba sujetarse y en su caso, autorizará el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, uso, rehuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, independientemente de la persona física o moral que los genere, y prestando especial atención a los de naturaleza peligrosa o potencialmente peligrosa."
"Artículo 35. Toda persona física o moral, pública o privada, que realice actividades por las que se genere, almacene, recolecte, transporte, trate, aproveche o disponga de residuos sólidos y de residuos de naturaleza peligrosa o potencialmente peligrosa, deberá sujetarse a las normas y disposiciones que para tal efecto se expidan."
"Artículo 36. Los residuos sólidos o cualquier otro tipo de contaminantes, provenientes de usos públicos, domésticos, industriales, agropecuarios o de cualquier otra especie, que se acumulen o puedan acumular y por consiguiente se depositen o infiltren en el suelo o subsuelo, deberán contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;
III. La modificación , trastornos o alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo; y
IV. La contaminación de los ríos, cuencas, cauces, lagos, embalses, aguas marinas, mantos acuíferos, aguas subterráneas y otros cuerpos de agua.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, celebrará acuerdos de coordinación y asesoría con los Gobiernos Estatales y Municipales en la evolución y mejoramiento del sistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos en general, en la identificación de alternativas de reutilización y disposición final, así como en la formulación de programas para dicha reutilización y disposición final de residuos sólidos, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras."
"Artículo 37. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología propiciará que el empaque o envase de productos de todo tipo sea de naturaleza tal que reduzca la generación de residuos sólidos.
Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación, como plásticos, vidrios, aluminio y otros materiales similares se ajustarán al reglamento que al efecto se expida.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de las demás dependencias competentes, elaborará los estudios correspondientes con el fin de establecer los estímulos e incentivos, que en su caso deban aplicarse a la producción y utilización de empaques y envases que reduzcan la generación de residuos sólidos."
"Artículo 38. ..
"La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología podrá solicitar la cancelación o suspensión de las concesiones o permisos forestales
que durante su explotación o aprovechamiento ocasionen graves daños al ecosistema, Cualquier ciudadano podrá formular denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para los efectos de lo que establece este párrafo."
"Artículo 56. Las violaciones a los preceptos de esta ley y sus reglamentos constituyen infracción y serán sancionados por la Secretaría y Desarrollo Urbano y Ecología , sin perjuicio de lo que disponga la Ley General de Salud y otros ordenamientos aplicables, con una o más de las siguientes sanciones: I. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento de la infracción:
II a IV. ..
Cuando la gravedad de la infracción lo amerite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, promoverá lo conducente, ante las autoridades competentes, a efecto de que se proceda a la cancelación de la concesión , permiso, licencia y en general, de toda autorización otorgada para operar, funcionar o prestar servicios.
..
.."
"Artículo 76. Se impondrá la pena de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cincuenta a diez mil días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que intencionalmente o por imprudencia:
2. Expida o descargue contaminantes peligrosos que deterioren la atmósfera o que provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas;
II. Descargue, deposite o infiltre contaminantes peligrosos en los suelos, que provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas;
III. Descargue, sin su previo tratamiento en el medio marino, ríos, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos de agua, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua o infiltre en suelos o subsuelos, aguas residuales, deshechos o contaminantes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna, o los ecosistemas; y
IV. Genere emisiones de energía térmica. ruido o vibraciones, que ocasionan graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas."
Artículo tercero. Se derogan de la Ley Federal de Protección al Ambiente, el artículo 27 al entrar en vigencia el presente decreto, y los Capítulos Séptimo y Octavo que comprenden de los artículos 42 a 51, a partir del 1o. de julio de 1984.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al, de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Tercero. La tramitación de los asuntos, que con motivo de lo dispuesto por el presente Decreto, deba continuarse ante otras dependencias del Ejecutivo Federal, se suspenderá en la última etapa que hubiera alcanzado en la dependencia ante la que se inició, siempre que las unidades administrativas correspondientes ya se hubieren incorporado a la dependencia de origen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a excepción de los trámites de asuntos urgentes o sujetos a plazos improrrogables.
Cuarto. El Ejecutivo Federal procederá a actualizar los Reglamentos en vigor, para el efecto de la aplicación de algunas disposiciones de esta Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 27 de diciembre de 1983.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Presidente, Oscar Cantón Zetina: secretario, Jorge Dzib Sotelo, Rafael Armenta Ortiz, Juan Campos Vega, Víctor González Rodríguez, Graciela Gutiérrez de Barríos, Gregorio López García , Moisés Raúl López Laines, Manuel Llergo Heredia, Carlos Machiavelo Martín del C., Víctor Alfonso Maldonado Moreleón, Wilfrido Martínez Gómez, Ma. del Carmen Mercado Chávez, Antonio Medina Ojeda, Juan Millán Brito , Ignacio Moreno Garduño, Rosa Ma. Muñuzuri de Garibo, Ofelia Ramírez Sánchez, Saúl Ríos Beltrán , Andrés Sánchez Solís, Víctor Manuel Torres Ramírez, Martiniano Valdez Escobedo, Antonio Vélez Torres, Oralia Estela Viramontes de la M., Artemio Meixueiro Sigüenza, Bertha Lenia Hernández de R., Ma. Encarnación Paz Méndez, Adrián Mayoral Bracamontes, Sara Esther Muza de Marrufo, Albertina Barbosa Vda. de Meraz." La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se esta distribuyendo entre los señores diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. Secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. Diputados que estén por la afirmación , sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura.
LEY DE AMPARO
"Comisión de justicia.
Honorable Asamblea: A la comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados le fue turnada la minuta con proyecto de decreto, que modifica diversas disposiciones de la Ley
de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remitió la H. Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen.
La Comisión de Justicia analizo y discutió ampliamente la iniciativa formulada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como la minuta remitida por la Cámara Colegisladora y llegó al convencimiento de que las proposiciones planteadas merecen su aprobación pues están orientadas a la actualización de la legislación en materia de amparo como requiere la rápida evolución de nuestra sociedad.
Las reformas propuestas parten de la base de que no se considera conveniente, por el momento, promover una reforma al texto constitucional y por lo mismo sólo se sugieren las modificaciones que se estiman de mayor urgencia, orientadas a conseguir una justicia eficaz, pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal.
Las reformas tienen como finalidad conseguir mayor flexibilidad y eficacia por cuanto se refiere a aspecto relativos al amparo contra leyes, particularmente cuando existe jurisprudencia obligatoria en la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo, una segunda categoría de modificaciones propuestas esta relacionada con la revisión de los preceptos relativos a la jurisprudencia de los tribunales federales. Al efecto se corrige el texto de los actuales artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo y una modificación similar se introduce respecto al recurso de revisión, para lo cual se propone la reforma a los artículos 84, 86, 95, y 105.
La iniciativa destaca la proposición de reformas del artículo 79, que consagra el llamado amparo de estricto para los juicios de amparo promovidos contra sentencias judiciales civiles y que la jurisprudencia ha extendido también a la materia administrativa. Con tal motivo se sugiere que cuando no proceda la suplencia de la queja se otorgue a los tribunales de amparo la facultad de corregir los errores de las partes en la cita de los preceptos constitucionales, como de carácter legal, que consideren violados y para apreciar en su conjunto los razonamientos de las partes con el propósito de resolver, cuando proceda, la cuestión efectivamente planteada.
Se propone, asimismo, la reforma de varios preceptos, que fijan multas que sancionen la conducta indebida de las partes para actualizarlos de acuerdo con el valor de nuestra moneda, pero con un criterio flexible que se apoya en el salario mínimo, para no modificar constitucionalmente la Ley de Amparo de acuerdo con los constantes cambios monetarios.
La Comisión desea destacar que se propone la modificación de la Ley de Amparo, cuyo texto actual resulta obscuro, incorporándose en ellos las tesis jurisprudenciales pronunciadas por la honorable Corte de Justicia de la Nación que les otorga mayor claridad.
La Comisión de Justicia recogió de los miembros de los diversos grupos parlamentarios que la componen, la preocupación manifestada en relación con las consecuencias que la actualización de las multas pudiera tener, y por lo mismo, con el propósito de que quede suficientemente claro que éstas de ninguna manera tienen por objeto limitar el ejercicio del juicio de amparo, proponen adicionar al artículo 3o. bis un segundo párrafo, con el texto siguiente: "El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, hubieran actuado de mala fe". En consecuencia, el párrafo que en la minuta aparece como segundo pasará a ser el tercero.
En mérito a lo anterior, la Comisión de Justicia concluye que es de aprobarse en sus términos la minuta motivo de este dictamen, y por tanto somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, que modifica diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforman, adicionan o derogan los artículos 3o., 3o. bis, 5o., 13, 16, 21 a 23, 27, 28, 30, 32, 36, 41, 44, 45, 47, 49, a 51, 54, è58, 61, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83 a 86, 88 a 91, 95 a 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 119, 120, 131, 134, 135, 139, 142, 146, 149, 151 a 153, 156, 157, 163, a 169, 172, 182 bis, 192, 193, 193 bis, 194 bis, 199 a 202, 204 a 209, 211, 124 y 231, en la siguiente forma:
Artículo 3o. ..
Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo, directo o indirecto, no causarán contribución alguna.
Artículo 3o.- bis. Las multas provistas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.
El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, hubieran actuado de mala fe.
Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al mismo mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponerse al recurso.
Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
I. ..
II. ..
III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:
a) .........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
c) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.
IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, independientemente de las obligaciones que la misma le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.
Artículo 13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales siempre que compruebe tal circunstancia con las circunstancias respectivas.
Artículo 16. .............................................................................................................................................
Si apareciera que el promovente del juicio carece del carácter con que se ostentó, la autoridad que conozca del amparo le impondrá una multa de tres a treinta días de salario y ordenará la ratificación de la demanda, si el agraviado no la ratificare, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión; si ratificare, se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya representante.
Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.
Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.
II y III. ...............................................................................................................................................
Artículo 23. Son días hábiles para la promoción substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.
.................................................................................................................................................
Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demanden amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de resistencia de particulares y desobediencia.
.................................................................................................................................................. Artículo 27. .................................................................................................................................................
.. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo entenderán con el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el Procurador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 19 de esta ley, de manera que una vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la República, le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial.
Artículo 28. Las notificaciones de los juicios de Distrito, se harán:
I. ...................................................................................................................................................
II. ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.
III. .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Artículo 30. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente, y, en todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente.
Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes:
I. ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
II. Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se le hará por lista. En cambio, si no consta en autos el domicilio del tercero perjudicado o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el actuario lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al de la Sala respectiva, al del Tribunal Colegiado del Circuito correspondiente, al juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, de primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso.
III. .........................................................................................................................................................
Artículo 32. Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.
Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no suspenderá el procedimiento, se substanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para cada una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarase la nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de salario al empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.
Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano y se impondrá al promovente una multa de quince a cien días salario.
Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.
Artículo 41. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, si el promovente del amparo no justificare que la autoridad ejecutora señalada en la demanda reside dentro de la jurisdicción del juez ante quien la haya presentado, el juez de Distrito impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al quejoso a su apoderado, o a ambos o a quien haya promovido en su nombre o a su abogado una multa de treinta hasta ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los actos mencionados en el artículo 17. Esta multa se impondrá aun cuando se sobresea en el juicio por desistimiento del quejoso o por cualquier otro motivo legal.
Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.
Artículo 45. (Derogado.)
Artículo 47. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo del que deba conocer un Tribunal Colegiado de Circuito, o se reciba en esté uno de que deba conocer aquélla, se declararán incompetentes de plano y remitirán la demanda con sus anexos, al Tribunal Colegiado de Circuito, en el primer caso, o a la Suprema Corte de Justicia, en el segundo. El Tribunal Colegiado de Circuito designado por la Suprema Corte de Justicia, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia y si está resuelve que es competente, se avocará al conocimiento del negocio. En caso contrario devolverá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, sin que pueda objetarse tampoco la competencia de éste.
Si se recibe en la Suprema Corte de Justicia o en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que no deban conocer en única instancia, se declararán incompetentes de plano y remitirán la demanda, con sus anexos al juez de Distrito a quien corresponda su conocimiento. El juez designado en este caso por la Corte o por el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de un juzgado de Distrito de su jurisdicción, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51.
Si el juzgado de Distrito no pertenece a la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito, podrá plantear la competencia, por razón del territorio, en los términos del artículo 52.
Artículo 49. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el artículo 44, se declarará incompetente de plano y mandara remitir dicha demanda al Presidente de la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, sin resolver sobre la suspensión del acto reclamado. El Presidente de la Suprema Corte de o del Tribunal Colegiado de Circuito decidirán, según el caso y sin trámite alguno si confirman o revocan la resolución del inferior. En el primer caso se impondrán al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario, mandarán tramitar el expediente y señalarán al quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder de quince días para la presentación de las copias y del informe correspondiente; y en el caso de revocación mandarán devolver los autos al juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.
...........................................................................................................................................................
Artículo 50. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de Distrito especializado por razón de materia en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al juez de Distrito que corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 54.
Artículo 51. ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Si el juez de Distrito declarado competente, o el Tribunal Colegiado de Circuito, no encontraren motivo fundado para haberse promovido
dos juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrán sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al quejoso o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los actos mencionados en el artículo 17.
Artículo 54. ............................................................................................................................................................
En los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito que corresponda.
Artículo 58. ............................................................................................................................................................
Cualquier caso de duda o contienda sobre lo establecido en el párrafo anterior, se decidirá por el Tribunal Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdicción resida el juez de Distrito que previno.
Artículo 61. .........................................................................................................................................................
Si se estima que no procede la acumulación, se comunicará sin demora al juez requiriente, y ambos remitirán los autos de sus respectivos juicios, al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de cuya jurisdicción resida el juez de Distrito que previno.
Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Público Federal y los alegatos escritos que puedan presentar las partes, resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de ocho días, si procede o no la acumulación y, además, qué juez debe conocer de los amparos acumulados. Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferentes juzgados haya sido promovida por alguna de las partes y resulte improcedente, se impondrá a ésta una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.
Artículo 71. Cuando se deseche un impedimento, siempre que no se haya propuesto por el Ministerio Público Federal, se impondrá sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, a la parte que lo haya hecho valer o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. Si el ministro, magistrado o juez hubiere negado la causa del impedimento y está se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a la ley.
Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
I a IX. ...............................................................................................................................................
X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. XI a XII. ................................................................................................................................................
XIII. Cuando las realizaciones judiciales respecto de los cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.
..................................................................................................................................................
XIV a XVIII. ....................................................................................................................................................
Artículo 74. Procede el sobreseimiento:
I a III. ......................................................................................................................................................
IV. ........................................................................................................................................................
Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad responsable están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso.
V. .........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.
Celebrada su audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia.
Artículo 76. ............................................................................................................................................................
Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, los funcionarios que conozcan del amparo deberán suplir la deficiencia de la queja, ajustándose a los plazos que señalan los artículos 156 y 182 - bis de esta ley.
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Artículo 78. ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
El juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante el responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.
Artículo 79. En los juicios de amparo en que no proceda la suplencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se consideren violados, y examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos en la demanda.
Artículo 81. Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, al
abogado o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de su salario, tomando en cuenta las peculiaridades del caso.
Se procederá de igual manera cuando se sobresea con base en las causales de improcedencia establecidas en las fracciones III y IV del artículo 73 de este ordenamiento; y, en general, cuando se advierta que la conducta procesal de las partes tuvo como propósito entorpecer la tramitación y solución del asunto. En los casos de reincidencia se podrá imponer una multa de hasta tres tantos la suma máxima señalada, considerándose como responsable de este comportamiento al representante o autorizado en el asunto.
Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
I. ...............................................................................................................................................................
II. ................................................................................................................................................................
III. ..................................................................................................................................................................
IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias podrán impugnarse los acuerdos pronunciados en el curso de la citada audiencia.
V. ..................................................................................................................................................................
.. ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer el recurso de revisión, en los casos siguientes:
I. ......................................................................................................................................................................
a) Se impugne una ley o un tratado internacional por estimarlos inconstitucionales.
En los casos en que por existir jurisprudencia las revisiones pasen al conocimiento de las Salas, en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éstas fundarán su resolución en dicha jurisprudencia. No obstante, si las Salas estiman que en una revisión en trámite hay razones graves para dejar de sustentar la jurisprudencia, las darán a conocer al Pleno para que éste resuelva el caso, ratificando o no esa jurisprudencia.
Cuando se impugne una ley de los Estados, emitida una tesis por una de las Salas, conforme a la distribución de competencias prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hará del conocimiento de las demás, las cuales, antes de resolver en concreto algún asunto, en caso de sustentar criterio diverso, lo harán del conocimiento del Pleno para que éste determine la tesis que deba prevalecer. La determinación del Pleno no afectará las situaciones jurídicas derivadas de las sentencias que se hubieren dictado con anterioridad.
b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 Constitucional.
c) .......................................................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................................................
e) La autoridad responsable en materia administrativa sea federal y no sea de las instituidas conforme a la fracción VI, base primera, del artículo 73 de la Constitución, con las limitaciones que en materia de competencia por cuantía establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o de asuntos que se consideren a juicio de la Sala de importancia trascendente para los intereses de la Nación, cualquiera que sea su cuantía.
f) ...........................................................................................................................................................................
II. ............................................................................................................................................................................
Artículo 85. Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de los límites señalados por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para conocer del recurso de revisión en los casos siguientes:
I. .............................................................................................................................................................................
II. ............................................................................................................................................................................
III. Contra las sentencias dictadas en amparos promovidos contra actos de las autoridades instituidas conforme a la fracción VI, base primera, del artículo 73 de la Constitución Federal de la República.
.............................................................................................................................................................................
Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El Término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.
La interpretación del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 88. .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.
..........................................................................................................................................................
(Se derogan el quinto y sexto párrafos).
Artículo 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o a éste, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal.
En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley el expediente del incidente de suspensión deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de agravio, dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito.
...........................................................................................................................................................
Cuando la revisión se interponga contra sentencia pronunciada en materia de amparo directo por el Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, así como el original del escrito de agravios y la
copia que corresponda al Ministerio Público dentro del término de veinticuatro horas, y si su sentencia no contiene decisión sobre constitucional de una ley ni interpelación directa de un precepto de la Constitución Federal, lo hará así constar expresamente en el auto relativo y en el oficio de remisión del expediente.
Artículo 90. ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivo casos, el Pleno, a la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias decisión sobre la constitucionalidad de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.
Artículo 91. El Tribunal en Pleno , las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión. observarán las siguientes reglas:
I. ............................................................................................................................................................
II. ..............................................................................................................................................................
III. ................................................................................................................................................................
IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia incurrió en alguna comisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, y
V. ..................................................................................................................................................................
Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
I a VI. .................................................................................................................
VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario.
VIII a IX. ...................................................................................................................
X. Contra las resoluciones que pronuncien los jueces de Distrito en el caso previsto en la parte final del artículo 105 de este ordenamiento.
XI. Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.
Artículo 96. Cuando se trata de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción VII del propio artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de queja las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza.
Artículo 97. Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:
I. ....................................................................................................................
II. En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;
III. ......................................................................................................................
IV. En el caso de la fracción XI del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.
Artículo 99. En los casos de las fracciones I, VI y X del artículo 95 el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompañado una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.
En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del amparo o de la revisión haya correspondido a éste o a aquella, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.
La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior con la sola salvedad del término para que la Sala respectiva o el Tribunal Colegiado de Circuito dicten la resolución que corresponda , que será de diez días.
En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas contando a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Dentro de las veinticuatro horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda deberá dictar la resolución que proceda. Los jueces de Distrito remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer de la misma.
Artículo 100. La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa
de tres a treinta días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la misma resolución que dicte sobre ella.
Artículo 102. Cuando la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito desechen el recurso de queja por notoriamente improcedente, o lo declaren infundado por haberse interpuesto sin motivo alguno, impondrán al recurrente o a su apoderado o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario; salvo que el juicio de amparo se haya promovido contra alguno de los actos en el artículo 17.
Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el Presidente de cualesquiera de las Salas, en materia de amparo, o por el Presidente de un Tribunal Colegiado de circuito, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , y se interpondrá, tramitará y resolverá en los términos prevenidos por la misma ley. Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se interpondrá al ocurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario mínimo.
Artículo 105. ..
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El quejoso podrá solicitar que se de por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.
Artículo 106. ..........................................................................................................................
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(Se deroga el cuarto párrafo.)
Artículo 119. Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas, y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma.
Artículo 120. (Se deroga el segundo párrafo.)
Artículo 131. Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él , se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero y perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente no arreglo al artículo 134 de esta ley.
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Artículo 134. Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su persona, en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.
Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de impuestos multas u otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, a la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra en la Nacional Financiera, S. A., o en defecto de ésta en la sociedad nacional de crédito que el juez señale dentro de su jurisdicción, o ante la autoridad exactora, salvo que de antemano se hubiese constituido ante esta última.
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Artículo 139. ....................................................................................................................................
El auto en que se niegue la suspensión definitiva deje expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resultado respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita.
Artículo 142. El expediente relativo al incidente de suspensión se llevará siempre por duplicado. Cuando se interponga revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se dejará el duplicado en el juzgado.
Artículo 146. ....................................................................................................................................
Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez del Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.
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Artículo 149. ........................................................................................................................................
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Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad
cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.
Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o la hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo el juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento ochenta días de salario.
Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.
Artículo 151. ..........................................................................................................................................
Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente preguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la parcial.
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Artículo 152. ............................................................................................................................................
Al interesado que informe al juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario.
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Artículo 153. .............................................................................................................................................
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Cuando el juez desechare la objeción presentada podrá aplicar al promovente que la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.
Artículo 156. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad o autoridades responsables de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la substanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.
Artículo 157. Los jueces de Distrito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponde hasta dictar sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamente lo contrario.
El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición, principalmente en los casos de aplicación de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales, y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.
Artículo 163. La demanda de amparo contra sentencias definitivas, dictadas por tribunales judiciales o administrativos, o contra laudos de tribunales del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable. Esta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada, y la de presentación del escrito.
Artículo 164. Si no consta en autos, la fecha de notificación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 de esta ley, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al Tribunal al que haya remitido la demanda.
La falta de la referida información, dentro del término señalado, se sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario.
Artículo 165. La presentación de la demanda, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 20 y 22 de esta ley.
Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:
I a II. .................................................................................................................................................
IV. La sentencia definitiva o laudo reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.
Cuando se impugna la sentencia definitiva o laudo por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, y la calificación de ésta por el Tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia.
V a VIII. ...................................................................................................................................................
Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia de ella para el expediente y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable mandará entregar a éstas,
emplazándolas, dentro de un término máximo de diez días, para que comparezcan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, a defender sus derechos.
Artículo 168. Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, y de proveer sobre la suspensión, y mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de tres días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las copias, a la misma Corte o a dicho Tribunal, quienes tendrán por no interpuesta la demanda.
En asuntos del orden penal, si el quejoso no exhibiere las copias a que se refiere al artículo anterior, sin prejuicio de que la autoridad responsable provea sobre la suspensión en casos urgentes le señalará un nuevo término que no podrá exceder de diez días, para que exhiba dichas copias, y si no lo hiciere se procederá con arreglo al párrafo anterior.
Artículo 169. Al dar cumplimento la autoridad responsable a los dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponde al Ministerio Público Federal y los autos originales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o a esté , dentro del término de veinticuatro horas. Al mismo tiempo, rendirá su informe con justificación, exponiendo, de manera clara y breve, las razones que funden el acto reclamado y dejará copia en su poder de dicho informe.
Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la sentencia, a menos que exista inconveniente legal para su envío; evento éste en el que lo hará saber al agraviado en el igual término, para que solicite copia certificada de las constancias que considere necesarias, la que se adicionará con las que señale la parte contraria y dicha autoridad.
La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto.
Artículo 172. Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Colegiado, de Circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución.
Artículo 182 - bis. Cuando en amparo directo se alegue que las sentencias definitivas, en asuntos penales, civiles o administrativos, o los laudos de las Juntas o Tribunales de Conciliación y Arbitraje, se funden en ley declarada inconstitucional en jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, el procedimiento se sujetará a los dispuesto en este Capítulo, excepción hecha de los plazos a que se refieren los artículos 180 a 182 procedentes, y el 185, los cuales deberán ser reducidos a la mitad.
Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Sala, es obligatorio para éstas, en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados, Distrito Federal y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales.
Las ejecutorias constituirán jurisprudencia, siempre que lo resulte en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobados por lo menos por catorce ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.
También constituyen jurisprudencias las tesis que diluciden las contradicciones de sentencias de salas.
Cuando se trate de ejecutorias sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes de los Estados, la jurisprudencia podrá formarse independientemente de que las sentencias provengan de una o de varias Salas.
Artículo 193. La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de su competencia exclusiva, es obligatorio para los juzgados de Distrito, para los Tribunales Judiciales del fuero común para los Tribunales Administrativos y del Trabajo que funcionen dentro de su jurisdicción territorial.
Las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias, no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que los integran.
Artículo 193 - bis. (Se deroga.)
Artículo 194 - bis. En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo, aprobarán la tesis jurisprudencial y ordenarán su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Lo mismo deberá hacerse con las tesis que interrumpan o modifiquen dicha jurisprudencia.
Artículo 199. El juez de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, si se llevare a efecto la ejecución de aquél, será castigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme a las disposiciones
del Código Penal aplicable en materia federal.
Si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la intervención de la Justicia Federal, se le impondrá la sanción que señale el mismo Código para los delitos cometidos contra la administración de justicia.
Artículo 200. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y el juez de Distrito que conozca del incidente no la concediere por negligencia o por motivos inmorales, y no por simple error de opinión, se impondrá la sanción que fija el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.
Artículo 201. La sanción a que se refiere el precepto precedente se aplicará igualmente al juez de Distrito o autoridad que conozca del juicio, en cualquiera de los casos siguientes:
I a IV. ..................................................................................................................................................
Artículo 202. La falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputables a los jueces de Distrito, o a las autoridades judiciales que conozcan del juicio, se castigarán con arreglo a las disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal a los responsables del delito de abuso de autoridad.
Artículo 204. Las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para las autoridades que lleven a cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra autoridad.
Artículo 205. La autoridad responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada con las sanciones previstas en el Código Penal aplicable en materia federal para los responsables del delito de abuso de autoridad.
Artículo 206. La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionado en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Artículo 207. La autoridad responsable que en los casos de suspensión admita fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada en los términos previstos por el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos, contra la administración de justicia.
Artículo 208. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.
Artículo 209. Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo será sancionada en la forma precisada en el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos.
Artículo 211. Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario:
I a III. ....................................................................................................................................................
Artículo 224. ......................................................................................................................................................
La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omisión no obstante el requerimiento del juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 231. .......................................................................................................................................................
I a III. .........................................................................................................................................................
IV. No será causa de improcedencia del juicio contra actos que afecten los derechos colectivos del núcleo, el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que emane de la Asamblea General.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. Los amparos directos en revisión sobre inconstitucionalidad de leyes de los Estados que actualmente corresponden a la competencia del Tribunal Pleno, y que conforme a estas reformas pasarán al conocimiento de las salas permanentes, quedarán en poder de los ministros ponentes, quienes presentarán el proyecto de resolución correspondiente en la sala de su adscripción. Los amparos de nuevo ingreso se distribuirán entre las salas, conforme al turno que lleve al efecto la Presidencia.
Artículo tercero. En los amparos en materia de trabajo, el término a que se refiere el artículo 74, fracción V, de esta ley, para decretar el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia empezará a transcurrir a partir del día siguiente al de la iniciación de la vigilancia de las presentes reformas.
Artículo cuarto. Los juicios de amparo y los recursos que a la fecha de iniciación de la vigencia de este Decreto se encuentren en trámite continuarán substanciándose conforme a las normas de procedimiento que establecen las presentes reformas.
Artículo quinto. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar las
medidas necesarias tendientes a la efectividad y cumplimiento de las presentes reformas.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F. a 27 de diciembre de 1983.
Mariano Piña Olaya, Leopoldino Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco J. Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García. Eleazar García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Ángel Martínez Cruz, Crescencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Ávila, Salvador Rocha Díaz, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Ángel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Alvaro Uribe Salas, María Antonia Vázquez Segura César H. Vieyra Salgado."
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los señores diputados, ruego a su Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Enrique León Martínez:
-Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII - BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
"Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: A las Comisiones que suscriben les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en ejercicio de sus facultades constitucionales, envió a esta Cámara el Ejecutivo de la Unión.
Las Comisiones han revisado las disposiciones consideradas en la iniciativa, y después de haber sido discutidas por sus integrantes, con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Soberanía el presente
DICTAMEN
Los miembros de las Comisiones estiman que, en términos generales, las disposiciones contenidas en la iniciativa son acordes y congruentes con el tradicional espíritu de la legislación laboral mexicana, de reconocer y tutelar los derechos de los trabajadores.
En este sentido, la iniciativa de que se trata, tiene por objeto establecer el régimen aplicable a las relaciones laborales de los trabajadores de las instituciones que prestan el servicio público de banco y crédito, es decir, de las sociedades e instituciones nacionales de crédito, así como de los del Banco de México y el Patronato del Ahorro Nacional.
La inclusión del Patronato del Ahorro Nacional, obedece a que sus trabajadores se encuentran sujetos al mismo régimen jurídico de los trabajadores bancarios, toda vez que dicho organismo descentralizado realiza funciones de captación de ahorro, mismo que se destina a la ejecución o financiamiento de obras públicas esenciales y de plantas industriales que generan ingresos públicos, lo que implica la realización de actos de intermediación en los mercados de dinero y capitales.
El proyecto en estudio se refiere también a la clasificación de los trabajadores de base y de confianza, precisándose aquellas funciones que por su naturaleza son de confianza, quedando el resto del personal de las instituciones que prestan el servio público de banca y crédito considerado como de base. Las comisiones unidas consideran necesario dar la mayor precisión al texto del citado artículo 3o. de la iniciativa de Ley, con el propósito de evitar se susciten dudas en la interpretación del mismo; e igualmente se considera importante que el Sindicato participe conjuntamente con la institución en la formulación, aplicación y actualización del Catálogo General de Puestos, situación que permite garantizar la estabilidad de las relaciones laborales entre ambas partes en el mediano y largo plazo. En razón de todo lo anterior, se propone quede integrado dicho artículo conforme a la siguiente redacción:
"Artículo 3o. Los trabajadores serán de confianza o de base. Son trabajadores de confianza los Directores Generales y los Subdirectores Generales; los Directores y Subdirectores adjuntos; los Directores y Subdirectores de División o de Área; los Gerentes, Subgerentes y Jefes de División o de Área; los Subgerentes Generales; los Gerentes; las Secretarias de los Gerentes y de sus superiores; los Contralores Generales; los Cajeros y Subcajeros Generales; los Representantes Legales y Apoderados Generales; así como aquellos que conforme el Catálogo General e Puestos de las instituciones administren, controlen, registren o custodien información confidencial básica de carácter general de las operaciones, o bien desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, investigación científica, asesoría o consultoría. En el Banco de México, además de los anteriores, son trabajadores de confianza los que señale su Ley Orgánica.
En la formulación, aplicación y actualización del Catálogo General de Puestos de la institución, participarán conjuntamente ésta y el Sindicato.
En los puestos de confianza, el sindicato participará para los efectos previstos en el párrafo anterior.
Las comisiones unidas estiman que, con base en estudios realizados de los catálogos de puestos y tabuladores de las instituciones, la conformación del artículo 3o. propuesto, posibilitará la sindicalización de un 60 a un 70% del total del personal adscrito actualmente.
Acorde con los principios del Apartado B se consagra en la iniciativa de derecho de los trabajadores de base a la permanencia en el trabajo, y a la reinstalación, o a la correspondiente indemnización, en el caso de separación del empleo sin causa justificada.
Por otra parte, se establece la aplicación supletoria de diversos títulos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como de la Ley Federal del Trabajo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, fundamentalmente. Asimismo, se precisa que los trabajadores bancarios estarán sujetos al régimen de seguridad social previsto en las Leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Esta última disposición es eminentemente tuteladora de las conquistas sociales logradas por los trabajadores bancarios, y se reconoce el derecho de éstos de continuar disfrutando de los beneficios que otorgan los mencionados organismos, no obstante que sus relaciones con las instituciones de crédito se regulen por el mismo régimen constitucional que les es aplicable a los trabajadores del Estado.
Consideran, las comisiones unidas, que los trabajadores al servicio de las instituciones que prestan el servicio de banca y crédito deben de mantener y conservar todas las prestaciones y beneficios de que han venido disfrutando.
Tal disposición aparece consignada expresamente en el texto de la iniciativa en el artículo tercero transitorio: sin embargo, por razón de la importancia y trascendencia de esta disposición, se considera conveniente quede integrado dentro del Capítulo de Disposiciones Generales que marca la iniciativa de Ley, por lo cual se propone se transfiera al articulado regular como artículo sexto, con ligeras modificaciones en su redacción, las cuales le dan más precisión al propósito que pretende cumplimentar.
Derivado de esta inclusión es que se modificaron los numerales consignados en la iniciativa, a partir del que originalmente se establecía como sexto para quedar como séptimo, y así sucesivamente. Por su parte, los anteriores artículos transitorios cuarto y quinto quedan ahora como tercero y cuarto respectivamente.
Respeto de las disposiciones relativas a los días de descanso, vacaciones y salario, estas comisiones dictaminadoras observan que en el proyecto se incorpora la normatividad que hasta la fecha les ha sido aplicable en estas materias, destacándose entre otros aspectos el derecho a disfrutar de dos días de descanso a la semana, de recibir una prima equivalente al 25% sobre el salario diario, a aquellos que normalmente en esos días deban laborar, o un salario doble para los que prestan servicios en dichos días, sin disfrutar de otros en sustitución. Los periodos anuales de vacaciones varían desde 20 hasta 30 días laborales, dependiendo de la antigüedad del trabajador, y la primera vacacional equivaldrá al 50% del salario correspondiente al número de días que comprenda el periodo.
Otras disposiciones importantes que de igual forma reconocen y salvaguardan los derechos adquiridos de los trabajadores del sector bancario, son aquellas en las que se establecen, por una parte, el salario mínimo bancario, el cual será superior en un 50% al salario mínimo general que rija en la localidad respectiva, así como el sistema de retribución adicional a los salarios fijados en los tubulares respectivos, que se otorgará en función de la antigüedad en el servicio, y por otra, las normas generales de protección al salario señalándose con precisión los casos en los que es factible hacer descuentos al mismo.
Uno de los aspectos sobresalientes de la presente iniciativa lo constituye el rubro de la Seguridad Social y Prestaciones Económicas, en el que se señala la obligación para las instituciones, de proporcionar a sus trabajadores los medios necesarios para su superación personal, así como el derecho de éstos a obtener préstamos a corto y mediano plazos y con garantía hipotecaria para ayudar a resolver su problema de casa habitación sin que por ello deje de ser aplicable la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Asimismo, se establece que los trabajadores, los pensionados y sus familiares derechohabientes, gozarán de los beneficios que prescribe la Ley del Seguro Social, en lo referente a seguros de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, muerte, guarderías para hijos de aseguradas y ayuda para gastos de matrimonio. Los trabajadores tendrán derecho de percibir además, por parte de las instituciones, una pensión vitalicia de retiro, que será complementaria a la que conduce el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los casos de vejez o cesantía en edad avanzada, así como el pago de un 50% más de los beneficios que en dinero establece la Ley del Seguro Social, cuando se trate de incapacidad por riesgo de trabajo o por invalidez, si el siniestro se realiza estando el trabajador al servicio de la institución.
Estas normas superan indudablemente los derechos, beneficios y concesiones otorgados en Ley: sin embargo, es importante destacar que estas prestaciones ya las disfrutaban los trabajadores bancarios, por lo cual, las cantidades destinadas a cubrirlas no se verán incrementadas, sino que de hecho se encuentran previstas en los presupuestos respectivos de las instituciones.
En cuanto hace a la suspensión, cese y terminación de los efectos de los nombramientos, se observa que, de manera general, se incorporan
las causales contenidas en las leyes laborales actualmente en vigor.
En el ánimo de precisión en el mencionado Capítulo Cuarto, relativo a la Suspensión, Cese y Terminación de los Efectos de los Nombramientos, las Comisiones estimaron conveniente realizar las siguientes adiciones:
- Fracción XII del artículo 19 de la iniciativa, relativo a los causas que motivan el cese de los efectos de los nombramientos, que no será aplicable este precepto al trabajador que se presente a sus labores bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, si se usó bajo estricta prescripción médica, situación que deberá poner en conocimiento de sus superiores antes de iniciar su servicio, y presentar la receta suscrita por el médico. Lo anterior, es con el fin de evitar que por equivocación o dolo del superior, se cometa una injusticia con el trabajador que tuviese la necesidad de consumir dichos medicamentos, por determinación del médico. En consecuencia, las Comisiones recomiendan se adicione dicho párrafo con el concepto de referencia.
- Fracciones II y III del artículo 20 de la iniciativa. Se establece que serán causas de separación del empleo sin responsabilidad para el trabajador, que el personal directivo o administrativo de la Institución, incurra dentro y fuera del servicio en actos indebidos en contra del trabajador, tales como faltas de probidad u honradez, violencia, amenazas, injurias o malos tratos.
- Estas Comisiones consideran que el alcance de estas disposiciones debe ampliarse, ya que los actos pueden realizarse no sólo por el personal directivo o administrativo, sino por los familiares de estos mismos. Se estima también que la norma debe tutelar de igual forma a los familiares del trabajador, que pudieran ser objeto de los citados actos, por lo cual proponen se agregue lo anterior en las fracciones de referencia.
- Por último, las comisiones unidas consideran oportuno suprimir la fracción V del artículo 21, que señala como causa de terminación de la relación de trabajo, al laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual no tiene precedente en la legislación laboral, toda vez que el objeto propio de los laudos, no es el de dar por terminada la relación de trabajo, sino que el ámbito de los mismos debe circunscribirse a la resolución de conflictos laborales. Además, de la forma como se encuentra redactada la citada fracción V, se desprende la imposibilidad para el trabajador de recurrir al juicio de amparo promovido en contra del laudo, puesto que este mismo sería causa suficiente para dar por terminada la relación de trabajo.
Dentro de los trabajos realizados para la revisión, estudio y análisis de la iniciativa de Ley, las comisiones unidas recibieron peticiones y planeamientos de los trabajadores bancarios, a través de sus representantes sindicales, para agruparse en una organización que permitiera integrar en forma amplia y generalizada la defensa de sus intereses. Por razón del derecho que asiste a los trabajadores, consagrados en la propia Ley Federal del Trabajador, y en las demás disposiciones en materia laboral, es que las Comisiones consideran legítimo y de derecho que este planteamiento de los trabajadores bancarios quede inserto de manera expresa en la propia Ley Reglamentaria de la fracción xiii - bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se propone se adicione un capítulo especial en la iniciativa de Ley con un solo artículo, donde se establezca lo anterior. Por razón del orden y contenido de los capítulos va integrados, se sugiere que esta nueva inclusión sea el Capítulo Quinto, y el que figuraba como tal en la iniciativa pase a ser Capítulo Sexto. El Artículo quedaría numerado conforme la secuencia respectiva. El texto propuesto para esta edición es como sigue :
"CAPITULO QUINTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS BANCARIOS
Artículo 23. Los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, única central reconocida para los efectos de esta Ley".
Finalmente, se concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la facultad de supervisar el debido cumplimiento de los preceptos contenidos en la iniciativa, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Se considera apropiada esta disposición puesto que dicha dependencia, en su carácter de coordinadora del sector bancario, es lo que cuenta con los elementos y recursos necesarios para llevar a cabo la estricta vigilancia que el caso amerita. Sin embargo, las comisiones unidas consideran importantes establecer en el texto de este dictamen que las labores de la mencionada Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en forma alguna implicarán, significarán o resultarán en interferencias con la gestión de los sindicatos, o de los representantes sindicales, por considerar que a dichas organizaciones y personas, les asiste un interés directo y legítimo para la realización de estas actividades, conforme se establece en todas las disposiciones vigentes en materia laboral.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, una vez estudiado de manera pormenorizada cada uno de los preceptos de la iniciativa, y deliberado ampliamente sobre su contenido y alcances, coinciden en concluir que el documento en cuestión es el instrumento jurídico apropiado para regular las relaciones laborales de los trabajadores bancarios con las
instituciones, independientemente de que cumple con los fines característicos de una ley laboral: Proteger y tutelar los derechos inherentes de los propios trabajadores.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 82, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es que estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente
PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XII - BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente Leyes de observancia general en toda la República y rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las instituciones siguientes: instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacional.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, la relación de trabajo se entiende establecida entre las instituciones y los trabajadores a su servicio, quienes desempeñarán sus labores en virtud de nombramiento.
El sindicato propondrá candidatos para ocupar las vacantes y los puestos de nueva creación, de base, que se presenten en las instituciones; dichos candidatos deberán pasar por el correspondiente proceso de selección establecido por las propias instituciones.
Artículo 3o. Los trabajadores serán de confianza o de base.
Son trabajadores de confianza los Directores Generales y los Subdirectores Generales; los Directores y Subdirectores adjuntos; los Directores y Subdirectores de División o de Área; los Gerentes, Subgerentes y Jefes de División o de Área; los Subgerentes Generales; los Gerentes; las Secretarías de los Gerentes y de sus superiores; los Contadores Generales; los Contralores Generales; los Cajeros y Subcajeros Generales; los Representantes Legales y Apoderados Generales; así como aquellos que conforme el catálogo general de puestos de las instituciones administren, controlen, registren o custodien información confidencial básica de carácter general de las operaciones, o bien, desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, investigación científica asesoría o consultoría. En el Banco de México, además de los anteriores, son trabajadores de confianza los que señale su Ley Orgánica.
En la formulación, aplicación y actualización del catálogo de puestos de la institución, participarán conjuntamente ésta y el sindicato. En los puestos de confianza, el sindicato participará para los efectos previstos en el párrafo anterior.
Artículo 4o. Son trabajadores de base aquellos que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior no sea de confianza.
Los trabajadores de base tendrán permanencia en el trabajo, después de cumplir doce meses de servicio, y en el caso de que sean separados de su empleo sin causa justificada, podrán optar por la reinstalación en su trabajo, o a que se les indemnice con el importe de tres meses de salario y de veinte días por cada año de servicios prestados. Los trabajadores de confianza no tendrán derecho a la reinstalación en su empleo.
Los Directores Generales podrán ser nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Artículo 5o. A las relaciones laborales materia de esta Ley les serán aplicables, en cuanto no se opongan a ella, las disposiciones contenidas en los Títulos Tercero, Cuarto, Séptimo, Octavo y Décimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En lo no previsto, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso los principios generales de derecho y la equidad.
Los trabajadores de las instituciones quedan sujetos al régimen de seguridad social previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Artículo 6o. Las instituciones mantendrán para sus trabajadores los derechos, beneficios y prestaciones que han venido otorgando y que sean superiores a las contenidas en este ordenamiento, las que quedarán consignadas en las condiciones generales de trabajo.
CAPITULO SEGUNDO
Días de descanso, vacaciones y salario
Artículo 7o. Son días de descanso obligatorio los que al efecto señala la Ley Federal del Trabajo. Se considerarán con igual carácter aquellos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8o. Los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso a la semana que ordinariamente serán sábado y domingo, con goce de salario íntegro. Aquellos que normalmente en esos días deban realizar labores de mantenimiento o vigilancia o para los que en forma rotativa deben hacer guardia para prestar los servicios indispensables a los usuarios, tendrán derecho a recibir por su trabajo en sábado o domingo una prima equivalente al 25% sobre el salario diario que corresponda a los días ordinarios de trabajo.
Los trabajadores que presten servicios en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución, tendrán derecho a percibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, con independencia del tiempo que comprenda dicho servicio dentro de los límites de la jornada obligatoria. Si se hubiere trabajado los días de descanso en forma continua, los días con que se sustituyan se disfrutarán también en forma continua.
Artículo 9o. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones de acuerdo con lo siguiente: Durante los primeros diez años de servicios, 20 días laborales; durante los siguientes cinco años de servicios, 25 días laborales y, en los años posteriores de servicios, 30 días laborales, con apego a las siguientes reglas:
I. Los trabajadores harán uso de su periodo anual de vacaciones dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de cada año de servicios, sin que sea acumulable y sin que las vacaciones puedan compensarse con una remuneración.
II. El derecho de los trabajadores a las vacaciones prescribe en un año, computado a partir de la terminación de los seis meses siguientes el vencimiento del año de servicios;
III. Los trabajadores disfrutarán de sus vacaciones en un solo periodo; excepcionalmente podrán disfrutar en dos periodos;
IV. Las instituciones fijarán las fechas en que sus trabajadores disfrutarán las vacaciones de manera que las labores no se vean perjudicadas. Para tal efecto elaborarán un programa anual; y
V. La fecha de inicio del periodo de vacaciones para cada trabajador sólo podrá ser modificada de común acuerdo por la institución y el trabajador.
Los trabajadores que salgan de vacaciones recibirán antes del inicio de las mismas, el salario correspondiente al tiempo que duren éstas, más una prima del 50% del salario correspondiente al número de días laborales que comprenda el periodo de vacaciones.
Si la relación laboral termina antes de que el trabajador cumpla el año de servicios, tendrá derecho a una remuneración proporcional al periodo trabajado, por concepto de vacaciones no disfrutadas.
Artículo 10. El salario mínimo en las instituciones será fijado en los tabuladores de acuerdo con el salario mínimo general rija en la localidad, aumentado en un 50%, mismo que se considerará salario mínimo bancario.
Artículo 11. Los salarios del personal bancario se fijarán y regularán por medio de tabuladores que serán formulados por las instituciones de acuerdo con sus necesidades particulares. Dichos tabuladores serán sometidos a la aprobación de las dependencias competentes por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, las que para tales efectos tomarán en cuenta las condiciones generales de la localidad en que se preste el servicio, y los demás elementos que puedan allegarse, a efecto de que a cada puesto se le clasifique dentro del tabulador que le corresponda de acuerdo con la calidad, cantidad y responsabilidad del trabajo, dentro de cada institución.
Artículo 12. Las instituciones tendrán un sistema de retribución, adicional a los salarios que se fijen en los tabuladores respectivos, por la antigüedad de sus trabajadores.
Tendrán derecho al pago de la compensación de antigüedad, los trabajadores que hayan cumplido cinco años al servicio de la institución a la que pertenezcan y de acuerdo a las siguientes reglas:
I. Para efectos del cómputo de la antigüedad de los trabajadores se tomarán como base meses completos, independientemente del día en que hayan ingresado;
II. Por cada cinco años cumplidos tendrán derecho a un 25% anual sobre el salario mínimo bancario mensual que rija en la localidad, el cual irá incrementando en tal porcentaje cada cinco años hasta los cuarenta; y
III. El pago se cubrirá proporcionalmente, en forma quincenal, mediante el sistema de nómina utilizado y formará parte del salario del trabajador, debiendo considerar para el cómputo de las diversas prestaciones que le correspondan.
Artículo 13. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos de los requisitos siguientes:
I. Pago de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente;
II. Pago de deudas contraídas con las instituciones por anticipos de salarios, pagos hechos por error o con exceso al trabajador, o por perdidas o averías causadas por su negligencia. La cantidad exigible por estos conceptos en ningún caso podrán ser mayor del importe de un mes del salario del trabajador y el descuento será el que convenga el trabajador y las instituciones, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo general, que rija en la zona respectiva;
III. Pago de deudas contraídas por el trabajador que deriven de las prestaciones a que tengan derecho conforme a esta Ley. Los descuentos a los salarios mensuales por prestaciones económicas no podrán ser superiores en conjunto al 30% o al 40% de los mismos cuando se incluyan los créditos hipotecarios o pagos a terceros por créditos derivados conforme al Capítulo Tercero de esta Ley;
IV. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de las entidades u organismos públicos o de las sociedades nacionales de crédito, destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de viviendas o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a los trabajadores a quienes se hayan otorgado un crédito para la adquisición de vivienda ubicada en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, por entidades u organismos públicos o por las sociedades nacionales de crédito, se les descontará el monto que se determine en las disposiciones legales aplicables, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador;
V. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas o de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad, y que no sean mayores del 30% del excedente del salario mínimo general que rija en la zona respectiva:
VI. Pago de las cuotas sindicales previstas en los estatus de los sindicatos:
Las deudas a que se refiere la fracción II de este artículo en ningún caso devengarán intereses.
Artículo 14. Los trabajadores tendrán derecho a recibir por concepto de aguinaldo, cuando hayan prestado un año completo de servicios, el equivalente a cuarenta días del último salario percibido en el año, por lo menos. El aguinaldo deberá ser cubierto antes del día 10 de diciembre de cada año.
En los casos en que el trabajador no haya laborado el año completo a que se refiere este artículo, tendrá derecho a recibir por concepto de aguinaldo la parte proporcional que le corresponda por el tiempo trabajado.
CAPITULO TERCERO
Seguridad Social y Prestaciones Económicas
Artículo 15. Las instituciones estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores los medios necesarios para si superación personal y mejoramiento de sus conocimientos, dando facilidades para el desarrollo de su cultura general y física, así como de sus facultades artísticas.
Todos los trabajadores tienen derecho a recibir capacitación y adiestramiento que les permita elevar su nivel de vida y productividad en el trabajo, de conformidad con los programas que elaboren las instituciones de acuerdo, con sus posibilidades presupuestas y que serán aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 16. Los trabajadores que cuenten con la antigüedad que se determine en las condiciones generales de trabajo, tendrán derecho a obtener de las instituciones, en los términos que señalen las propias condiciones generales de trabajo, préstamos a corto plazo para la atención de necesidades extraordinarias; préstamos a mediano plazo para la adquisición de bienes de consumo duradero, así como préstamos con garantía hipotecaria o fiduciaria para ayudar a resolver su problema de casa habitación, con independencia de lo establecido por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Artículo 17. Los trabajadores y los pensionados de las instituciones, así como sus familiares derechohabientes, gozarán de los beneficios que establece la Ley del Seguro Social, correspondiente a los seguros de riesgo de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; y guarderías para hijos de aseguradas. Asimismo, dichos trabajadores gozarán de la ayuda para gastos de matrimonio que señala la propia Ley. Estos beneficios serán satisfechos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos del convenio de subrogación de servicios y, en lo no previsto por éste, por las propias instituciones.
Los trabajadores, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán derecho a recibir de las instituciones una pensión vitalicia de retiro, que será complementaria a la de vejez o cesantía en edad avanzada que, en su caso, les conceda el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como el pago de un 50% más de los beneficios que en dinero establece la Ley del Seguro Social en el caso de que sufran incapacidad por un riesgo de trabajo o por invalidez, si el siniestro se realiza estando el trabajador al servicio de la institución.
En caso de fallecimiento de un trabajador o de un pensionado, las instituciones cubrirán a las personas designadas conforme a lo previsto en las condiciones generales de trabajo, las prestaciones relativas a los pagos por defunción y a gastos funerarios. Estos beneficios no se considerarán como derechos hereditarios y, en consecuencia, para su percepción no será necesario tramitar juicio sucesorio.
En las prestaciones que otorguen las instituciones, en sustitución del Instituto Mexicano del Seguro Social, gozará de los mismos derechos que al Instituto concede la Ley de la materia.
Artículo 18. Las condiciones generales de trabajo establecerán los beneficios y prestaciones de carácter económico, social y cultural de que disfruten los trabajadores al servicio de las instituciones señalando los requisitos y características de los mismos.
Las instituciones presentarán a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, las que serán sometidas a la aprobación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
CAPITULO CUARTO
Suspensión, cese y terminación de los efectos de los nombramientos
Artículo 19. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para los trabajadores y las instituciones, las contenidas en este artículo. En los casos de las fracciones I y II la suspensión temporal solamente operará para la obligación de prestar el servicio.
I. La enfermedad contagiosa del trabajador;
II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obra en defensa de los intereses de la institución, tendrán la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel;
IV. El arresto del trabajador;
V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5o. de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma Constitución; y
VI. La falta de los requisitos o documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador.
Artículo 20. Cesan los efectos de los nombramientos, por las siguientes causas:
I. Incurrir el trabajador, durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra de los representantes de la institución o del personal directivo o administrativo de la misma, salvo que medie la provocación o que obre en defensa propia;
II. Cometer el trabajador contra algunos de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo;
III. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra los representantes de la institución o el personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción I, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;
IV. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales o económicos durante el desempeño de las labores, o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo;
V. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea a causa única del perjuicio;
VI. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;
VII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo;
VIII. Revelar el trabajador los secretos de operación o los asuntos de carácter reservado de la institución;
IX. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días sin permiso de la institución o sin causa justificada;
X. Desobedecer el trabajador a los representantes de la institución sin causa justificada, siempre que se trate de la relación de trabajo;
IX. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;
XII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista una prescripción médica. Antes de iniciar sus servicios, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento de los representantes de la institución y presentar la prescripción suscrita por el médico.
XIII. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida cumplir con su trabajo;
XIV. Incurrir en malos tratos ofensas o injurias en contra de los usuarios del servicio de la institución o conducirse reiteradamente en forma desatenta o descomedida frente a ellos; y
XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.
Artículo 21. Son causas de separación del empleo sin responsabilidad para el trabajador:
I. Engañarlo la institución al ofrecerle condiciones de trabajo que no correspondan a las reales. Esta causa de separación dejará de tener efectos después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador.
II. Incurrir el personal directivo o administrativa de la institución, o los familiares de éstos, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos.
III. Incurrir el personal directivo o administrativo de la institución, o los familiares de estos, fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan posible el cumplimiento de la relación de trabajo;
IV. Incurrir la institución con relación al salario, en los siguientes hechos:
a) Pagar al trabajador un salario menor al que le corresponda;
b) Reducir el salario del trabajador;
c) No entregar el salario en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados; y
d) Hacer descuentos al salario por conceptos no permitidos en esta Ley.
V. Ocasionar el personal directivo o administrativo intencionalmente daños a las herramientas o útiles de trabajo y responsabilizar de ello al trabajador.
VI. Ocasionar o permitir la existencia de un peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas de seguridad que las leyes establezcan;
VII. Comprometer la institución con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentre en él, y
VIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refieren.
Artículo 22. Son causas de terminación de la relaciones de trabajo:
I. La renuncia del trabajador presentada por escrito;
II. La terminación del tiempo o de la obra, en los casos en que el trabajador haya sido nombrado por tiempo u obra determinados;
III. Que el trabajador adquiera la calidad de pensionado por jubilación, por invalidez o por incapacidad permanente total;
IV. La incapacidad física o mental o la inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, y
V. La muerte del trabajador.
CAPITULO QUINTO
De la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios
Artículo 23. Los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, única central reconocida por los efectos de esta Ley.
CAPITULO SEXTO
De la supervisión de las instituciones
Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá en todo tiempo supervisar, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que las instituciones cumplan con las obligaciones que les impongan la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como para proveer lo necesario para su debida y cabal aplicación.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 1984. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en este ordenamiento.
Artículo tercero. En tanto se expiden las condiciones generales de trabajo de las instituciones, seguirán aplicándose los Reglamentos Interiores del Trabajo respectivos. Dichas condiciones deberán expedirse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo cuarto. Las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las instituciones continuarán surtiendo efectos y deberán formalizarse con la expedición de los nombramientos correspondientes, en un plazo no mayor de seis meses a partir de su entrada en vigor. La falta de expedición de los nombramientos no impedirán la continuación de la relación de trabajo establecida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo.
Sala de Comisiones de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 26 de diciembre de 1983.
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Juan José Osorio Palacios, Presidente; José de Jesús Fernández Alatorre, Secretario, Servio Tulio Acuña, Luis Aguilar Cerón, Silverio R. Alvarado, Manuel Alvarez González, Francisco Alvárez de la Fuente, Homero Ayala Torres, Víctor Manuel Carreto, Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cavazos Cortez, Alfonso Cereceres Peña, Armando Corona Boza, Oralia Coutiño Ruiz, Ignacio Cuahutémoc Paleta, Netzahualcóyotl de la Vega, Leopoldo Durán Rentería, Everardo Gámiz Fernández, Juan Antonio García Guerrero, Lino García Gutiérrez, Rodolfo García Pérez, Lorenzo García Solís, Antonio Gershenson, Jesús Ibarra Rayas, Luis Mayén Ruiz, María del Carmen Mercado Chávez, Miguel Ángel Morado Garrido, Ignacio Olvera Quintero, Ramón Ordaz Almaraz, Jesús Ortiz Herrera, José Eduardo Pacheco Durán, Ramiro Plascencia Loza, Luis J. Prieto, Alfredo Reyes Contreras, Venustiano Reyes López, Faustino Ross Mazo, José Ruiz González, Daniel Ángel Sánchez Pérez, Pablo Sánchez Puga, Oscar Mario Santos Gómez, Ramón Serrano García, Daniel Sierra Rivera, Hilda Luisa Valdemar Lima, Martiniano Valdéz Escobedo, J. Guadalupe Vega Macías, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Florentina Villalobos de Pineda, Dora Villegas Nájera, Juan Villegas Torres.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presidente, Jorge Treviño Martínez; Secretario, Ricardo Cavazos Galván, Miguel Ángel Acosta Ramos, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, María Luisa Calzada de Campos, Manuel Cavazos Lerma, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinoza, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Ángel Olea Enríquez, Leopoldino Ortíz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los señores diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Cavazos, a nombre de
las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, para presentar un dictamen complementario.
El C. Ricardo Cavazos Galván:- Señora Presidenta; honorable Asamblea; señoras y señores: Se presenta el dictamen complementario al proyecto de Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"DICTAMEN COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social de Hacienda y Crédito Público consideran que en virtud de diversos comentarios surgidos por parte de miembros de las mismas, consideran conveniente, en razón de una mayor precisión y claridad en el contenido del artículo integrado en el texto del proyecto anterior, agregar las siguientes modificaciones, según se detalla como sigue:
"Artículo 3o. .................................................................................................................
Son trabajadores de confianza (..) o bien desempeñen funciones de dirección , inspección, vigilancia, fiscalización, investigación científica, asesoría o consultoría, cuando éstas tengan carácter general. En el Banco de México (..).
Por otra parte, aun cuando queda implícito en el texto del propio proyecto presentado anteriormente, se estima adecuado agregarle una frase más al contenido del artículo 18 para quedar como sigue:
"Artículo 18. ..
Las instituciones tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la consideración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo (...).
Por último, en razón de que pudiera llegar a prestarse por razones de ambigüedad a interpretaciones diferentes de las que originaron su inclusión, a la vez no viene a significar ninguna omisión en cuanto a las características y condiciones que normen las causas por las cuales cesan los efectos de los nombramientos, es que se proponen suprimir las siguientes frases en el artículo 20, según se precisan las fracciones respectivas como sigue:
"I (..) de violencia, amagos, injurias en contra de los representantes de la institución o el personal(..)"
"IV. Incurrir en ofensas o injurias en contra de los usuarios (..)"
Se desprende de los anteriores que la frase suprimida en el texto de las fracciones de referencia es "malos tratos".
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 27 de diciembre de 1983.
Comisión de Trabajo y Previsión Social. Presidente Juan José Osorio Palacios Secretario; José de Jesús Fernández Alatorre, Servio Tulio Acuña, Luis Aguilar Cerón, Silverio R. Alvarado, Manuel Alvarez González, Francisco Alvarez de la Fuente, Homero Ayala Torres, Víctor Manuel Carreto, Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cavazos Cortez, Alfonso Cereceres Peña, Hugo Díaz Velázquez, Jorge Canedo Vargas, Armando Corona Boza, Oralia Cautiño Ruiz, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Netzahualcóyotl de la Vega Leopoldo Durán Rentería, Everardo Gámiz Fernández, Juan Antonio García Guerrero, Lino García Gutiérrez , Rodolfo García Pérez, Lorenzo García Solís, Antonio Gershenson, Jesús Ibarra Rayas, Luis Mayén Ruiz, María del Carmen Mercado Chávez, Miguel Ángel Morado Garrido, Ignacio Olvera Quintero, Ramón Ordaz Almaraz, Jesús Ortiz Herrera, José Eduardo Pacheco Durán, Ramiro Plascencia Loza, Luis J. Prieto, Alfredo Reyes Contreras, Venustiano Reyes López, Faustino Ross Mazo, José Ruiz González, Daniel Ángel Sánchez Pérez, Pablo Sánchez Puga, Oscar Mario Santos Gómez, Ramón Serrano García, Daniel Sierra Rivera, Hilda Luis Valdemar Lima, Martiniano Valdez Escobedo, J. Guadalupe Vega Macías Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Florentina Villalobos de Pineda, Dora Villegas Nájera, Juan Villegas Torres, Alfonso Valdivia Ruvalcaba."
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Jorge Treviño Martínez, Presidente; Ricardo Cavazos Galván, Secretario, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Miguel Ángel Acosta Ramos, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, María Luisa Calzada de Campos, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Javier Moctezuma y Coronado, Miguel Ángel Olea Enríquez, David Orozco Romo, Leopoldino Ortiz Santos, José Luis Peña Loza, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Salvador Valencia Carmona, Carlota Vargas Garza, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si como la solicita el señor diputado Ricardo Cavazos, se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ...
Se dispensa la segunda lectura.
La C. Presidenta:- En consecuencia está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por las Comisiones.
Se abre el registro de oradores.
(Registro de oradores )
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes señores diputados: Florentina Villalobos de Pineda, del Partido Acción Nacional; Antonio Gershenson, del Partido Socialista Unificado de México; Baltazar Ignacio Valadez Montoya, del Partido Demócrata Mexicano; Pablo Sánchez Puga, del Partido Socialista de los Trabajadores y Daniel Ángel Sánchez Pérez, del Partido Socialista Unificado de México.
Y hablar en pro, los señores diputados Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista; José de Jesús Fernández Alatorre, del Partido Revolucionario Institucional y Salvador Valencia Carmona, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada Florentina Villalobos de Pineda.
La C. Florentina Villalobos de Pineda:- Señora Presidenta; honorable Asamblea; señores invitados: El Partido Acción Nacional, por mi conducto, formula diversas consideraciones en relación con el dictamen que rindieron las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa de Ley Reglamentaria de la Fracción 13 bis del Apartado B del artículo 123 constitucional, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Cámara.
Los diputados de Acción Nacional votaremos en contra del dictamen por las siguientes razones:
En la discusión sobre la incorporación de los empleados bancarios al Apartado B del artículo 123 constitucional, mediante la adición de la fracción 13 bis, el 5 de octubre de 1982 el Partido Acción Nacional, por conducto del diputado Gerardo Medina, hizo una moción suspensiva del dictamen para que se abriera un periodo de audiencia para escuchar la opinión de los trabajadores bancarios.
El incluirlos en el Apartado B fue una medida arbitraria e injusta. Si no estuvimos de acuerdo con esta medida tampoco estamos de acuerdo con la iniciativa de Ley que hoy se discute. Si somos iguales ante Dios y ante la Ley ¿por qué se crea una ley de excepción? Va a ser una ley que no solamente prolonga la situación anterior a la gobernización de la banca, sino que agrega una serie de cambios que son violatorios del Apartado A y del Apartado B.
La Ley dice en el artículo 4o. tercer párrafo, que "los directores generales podrán ser nombrados y removidos por el Ejecutivo Federal".
A estas excesivas atribuciones del Ejecutivo nos hemos opuesto siempre. Esto se presta a que los directores sean nombrados y removidos por razones políticas. Y, señores, esto es muy grave. Lo lógico es que estas funciones las realice el Consejo que tiene cada banco.
La Ley que estamos discutiendo, es un catálogo de causales para suspender desde temporalmente hasta cesar al trabajador y terminar los efectos del contrato sin determinar ninguna defensa en su favor. Cuando la banca no era del Gobierno, la Comisión Nacional Bancaria tradicionalmente conciliaba los conflictos entre los empleados y la institución.
Ahora carecen de toda la defensa, les quitan ese derecho que tenían desde los tiempos del general Cárdenas.
Existe una trampa al final del artículo 3o. esta trampa parece que ya fue quitada con ese apresurado dictamen. Parece que en esta Cámara no podemos hacer más que trabajos apresurados e irresponsables, por el prurito del Ejecutivo de legislar de esta manera tan inadecuada, tan cruel, tan agresiva.
No nos reunimos los miembros de las Comisiones. Las Comisiones no hicieron este dictamen, le fueron entregados en reuniones apresuradas.
El artículo 3o. de todas maneras, por el gran número de empleados de confianza que menciona, parece que el Ejecutivo, a través de esta iniciativa pretende defenderse de los trabajadores y teme la existencia de sindicatos genuinos. Y es prudente en este momento hablar un poco de lo que nosotros pensamos sobre el sindicalismo.
El fin primordial del sindicalismo es el de la lucha de los trabajadores por sus intereses frente a los empresarios y propietarios de los medios de producción; el sindicato debe realizar una actividad normal en favor del bien, la fuerza social del trabajo es que une a los hombres y les da fuerza para construir una comunidad en la que deben unirse tanto los trabajadores como los propietarios o los que poseen los medios de producción.
Esa Ley deja fuera de la posibilidad de sindicalizarse a gran número de empleados bancarios que, por su desarrollo humano, su biografía personal y su vocación, tienen la inmensa capacidad para estructurar el sindicalismo que México reclama en sus tan especiales circunstancias históricas; el empleado bancario tiene ya conciencia de que constituye parte de un grupo que en el mundo del trabajo es parte primordial para impulsar el progreso de nuestro país; es capaz de mantener comunicación y diálogo con el otro factor que es, en este caso, el Gobierno, entiende que tiene limitaciones y que su actuación está supeditada a las condiciones del país.
Naturalmente que esto pueden darse si el grupo del gobierno que representa al capital, entra en una etapa de desarrollo en la que demuestra la misma capacidad de dialogo.
En Acción Nacional hemos afirmado desde su fundación que los sindicatos tienen como finalidad procurar el bien común y en este sentido. De esta manera perderían su característica el sentido de hacer política partidista, los sindicatos no luchan por el poder y no deben tener relaciones demasiado estrechas con ningún partido.
De esta manera perderían su característica de instrumentos al servicio de los trabajadores en el marco del bien común de toda la sociedad; a través no de la lucha, sino de una actividad constante y organizada, el sindicato debe servir de instrumento al trabajador para crecer, es decir, no sólo para tener más bienes materiales que deben dignidad a su vida, sino de ser más, que le den una más elevada calidad humana.
Los trabajadores, sin excepción, deben tener asegurado su derecho a sindicalizarse y de llegar a la huelga si así lo exigieran las circunstancias sin sufrir por ello castigo de ninguna especie.
Siendo la vida sindical una actividad que se nutre del entendimiento y del dialogo; queda entendido que en estas condiciones el sindicato jamás abusará de la huelga, que es contraria al bien común. Crear libremente organizaciones para defender, promover sus intereses, para contribuir responsablemente al bien común, debe llevar al Gobierno, a las instituciones y a los empleados sindicalizados a crear las estructuras culturales y sociales básicas que les permitan formar su conciencia para que no se desvíen ni se corrompan los fines del sindicato, y que al lado del progreso personal de cada sindicalizado, de acuerdo con las condiciones del país, se esfuercen por mantener viva y pujante a la fuerza de trabajo que es, finalmente, la que dará base de sustentación a todos sus afanes.
El derecho de reunión, de acuerdo con nuestra Constitución, no tiene límites Aquí mismo, el 5 de octubre de 1982, el diputado Juan José Osorio Palacios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito laboral, dijo: "La nacionalización de la Banca abre por primera vez el campo de la libertad y el derecho de la educación sindical a los trabajadores bancarios, derechos que les fue negado, y que irá a permitir la participación de este tan importante sector de trabajadores, en la decisión de los más trascendentes acuerdos del desarrollo del país".
En la discusión en general, de las modificaciones constitucionales a los artículos 28,73 y 123, el diputado Osorio agregó: "Estoy cierto que el Congreso del trabajo abre sus brazos para acoger y dar la mejor de las bienvenidas a este grupo de trabajadores que durante años fueron discriminados con represión en sus intentos de lograr el reconocimiento a sus derechos, de formar parte de la clase obrera de México".
Quitando la forma demagógica con que está dicho lo anterior, en el fondo tuvo derecho a ser creído, lo que no tiene actualmente es derecho a que es un gesto más de obsequiosidad al Ejecutivo que sin señales de rectificación alguna continúa mostrando su prepotencia y falta de respeto a los legisladores.
Me consta que la Comisión de Trabajo no elaboró el dictamen, fuimos llamados a la mitad de la sesión de ayer para estudiarlo. En el momento en que se inicio la reunión, todavía no llegaba a la mesa de trabajo el documento y sin ningún método, ante un reducidísimo grupo de diputados, miembros de la Comisión, quienes recibimos una superficial explicación de los cambios que habían sufrido la iniciativa, se desahogó el trabajo de la comisión que en ese momento no tenía ninguna capacidad deliberativa. Es patente la falta de interés por parte de la comisión de Trabajo y previsión Social, en relación con la sindicalización auténtica de los empleos bancarios.
Es natural formar un grupo que no es - los empleados bancarios - fácilmente manipulable y, por lo tanto, no sirve para los fines del sindicalismo mexicano de grupos sometidos violenta, cruel e injustamente a los designios de un legítimo régimen que no tienen más fin que el mantenerse en el poder por todos los medios a su alcance.
Ayer mismo, en esta tribuna, el diputado Everardo Gámiz Fernández, con un tono exaltado y con un estilo de lenguaje lamentable, por inadecuado, pretendió defender al movimiento obrero cuando se discutió la iniciativa de reformas al artículo 123 en su Apartado B de la Ley Federal del Trabajo; su vehemencia en la tribuna no la encontramos en el trabajo de comisiones, ya que ni siquiera estuvo presente en la brevísima reunión que para cubrir el expediente se realizó ayer para, supuestamente, discutir el dictamen sobre la Ley que hemos llamado Ley de los Trabajadores Bancarios.
Este hecho es otra de las incontables agresiones del Ejecutivo en contra del Legislativo; sin embargo, está por contrapartida la actitud indigna de los miembros de este poder al anteponer los intereses personales y de grupo al interés de la Nación. Es, en suma, la patente posición retrasada y negativa de los líderes que parece les falta la sensibilidad y la capacidad de cambio de una nación que no anhela otra cosa. Tuvimos ocho meses de receso el año pasado y la Comisión de Trabajo y Previsión Social no nos llamó ni una sola vez a reunión de Comisiones en todo el receso, a los miembros de la Comisión y en dos días se nos presenta un dictamen de una iniciativa de Ley de manera apresurada. El trabajador bancario sindicalizado libremente es una amenaza para la estabilidad del Gobierno, porque cuanto más libre sea para asociarse, tanto más capaz será de imprimir su signo particular al propio sindicato.
Los empleados bancarios son personas de trabajo y conocen mejor que nadie la fatiga del trabajo, su realización en el trabajo como persona puede ser menos dolorosa, si tiene una organización profesional auténtica que le permita relacionarse con sus semejantes más allá de las paredes elegantes o modestas, con ladrillos o con mármoles de las oficinas que constituyen el marco de sus labores cotidianas para tomar aliento y encontrar motivaciones de orden material y espiritual, para continuar laborando en condiciones de gran tensión y con horarios a veces abrumadores. Si les negamos,
no de manera circunstancial sino permanente, a los empleados bancarios el derecho a organizarse profesionalmente, de manera libre, les negamos la oportunidad de descubrir formas originales de organización. Tal vez en este grupo de empleados encontraremos por primera vez, al líder que luche que por defender los verdaderos derechos de los trabajadores, que no se dobleguen ante las empresas ni ante el Gobierno, al líder que esté dispuesto a sufrir a padecer persecución, tortura, cárcel y muerte, incluso por la causa genuina del mundo del trabajo y que no lucre ni busque su propio bien a costa del sudor de sus hermanos. Que no busque su satisfacción ni traicione a su grupo, a los suyos.
Los sindicatos organizados por los empleados bancarios, no serán sólo el reflejo de la estructura de clase ni exponentes de la lucha de clases, podrán llegar a ser exponentes de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo. No es una lucha contra los demás, el trabajo, antes que nada, debe unir a los hombres.
Adolfo Christlieb afirmaba: "La cuestión social se plantea frente a las desigualdades temporales, no sólo como expresión de un afán de mejoría económica, sino como búsqueda angustiosa de condiciones propicias para el ejercicio de la libertad personal y para el mantenimiento de la dignidad humana".
En el fondo de la realidad, el hombre, compuesto de cuerpo y alma, en su diaria lucha por la vida, busca disponer de los instrumentos materiales eficientes para ejercitar y gozar de las libertades del espíritu.
Esta ley, ya con las modificaciones que se le hizo al dictamen que acaba de leer aquí, de todas maneras eventualmente como queda, podrá dejar sin empleo por meros intereses políticas a muchos trabajadores; no se les concede en el proyecto de ley la justa estabilidad en el empleo, la cual tenía garantizada por el artículo 161 al alcanzar los 20 años de servicios.
Además, por la forma en que está redactado el artículo 4o., ni siquiera está bien definido el derecho a la indemnización constitucional por despido injustificado. El cese discrecional puede hacer desaparecer el derecho a la pensión de retiro de los trabajadores de confianza, quienes podrían ser privados de ella con sólo ser despedidos de su empleo poco antes de que se perfeccione tal derecho.
Esta situación, aparte de constituir una flagrante injusticia a tantos trabajadores de confianza - aunque fuera uno solo, también sería injusto -, que en una inmensa mayoría alcanzaron su actual posición después de muchos años y no pocas veces de una vida de trabajo, implica una gran amenaza para el indispensable profesionalismo en la banca; se burocratiza el trabajo en la banca puesto que al personal con mayores conocimientos y habilidades se les puede cesar discrecionalmente.
Ambos aspectos, justicia laboral y profesionalismo bancario, no se protege en la Ley que estamos discutiendo al no garantizar la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores bancarios de confianza que hayan alcanzado un determinado número de años de servicio.
Un viejo anhelo de todos los trabajadores bancarios ha sido la conservación y acumulación de derechos de antigüedad dentro del sistema bancario para efectos de la pensión vitalicia de retiro, tan es así que esta posibilidad ya se había previsto en el artículo 5o. transitorio del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, expedido el 13 de julio de 1972. publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14, y en vigor desde el día 15 de ese mismo mes y año.
Es más, en las instrucciones y organizaciones nacionales de crédito esta posibilidad ya se había vuelto una realidad por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con estos antecedentes consideramos que no hay razón para que a los trabajadores de las sociedades nacionales de crédito se les niegue un derecho reconocido a los trabajadores de las instituciones nacionales de crédito, por lo que proponemos que se incluya en el proyecto de Ley de Conservación y Acumulación de Derechos de antigüedad en el sistema bancario nacionalizado de todos los trabajadores de base y de confianza.
Acción Nacional invita de nuevo a los miembros de esta Legislatura que al dar su voto, piensen en que vedarles el derecho a los empleados bancarios a ejercer sus derechos laborales y de defensa para que hagan posible la consecución de un trato económico, político y social que su dignidad reclama es atentar contra el bien de México.
Por la diputación de Acción Nacional, Florentina Villalobos de Pineda. La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Antonio Gershenson.
El C. Antonio Gershenson:- C. Presidenta; CC. diputados: Nos hemos anotado para hablar en contra del dictamen, porque estamos ante una nueva legislación de expedición. De por sí, cuando se incluyó a los trabajadores bancarios en el apartado B que ya es de excepción, y que como un apartado de excepción estaba reservado exclusivamente a trabajadores de los poderes de la Federación y del Distrito Federal, ya se estaba iniciando este camino. Pero ahora esta ley es de excepción, incluso dentro del Apartado B. En toda un serie de aspectos se coloca a los trabajadores bancarios no solo en las limitaciones que ya de por si implica la separación en apartados del artículo 123, cuando que todos los trabajadores debemos estar sujetos a la misma legislación, sino que en muchos casos quedan en condiciones más desventajosas que los trabajadores regidos por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
Voy a tratar de abordar rasgos principales y en cada uno de estos rasgos voy a señalar también en nuestra opinión, qué mejoras
se incluyeron por parte de la Comisión y también cuáles son los problemas que subsisten.
En el trabajo en comisiones se introdujeron una serie de cambios positivos, pero la iniciativa era de tal manera negativa que el resultado sigue dejando mucho que desear y sigue siendo, en lo fundamental, una ley de expedición que restringe los derechos y las posibilidades de los trabajadores bancarios.
En primer lugar está el problema del excesivo personal de confianza. Una larga lista de puestos que según esta Ley serán de confianza, que en las Comisiones fue ligeramente reducida y hay que señalarlo y reconocerlo, y además fue modificada por un agregado que también tiene un efecto positivo. De la lista se suprimen algunos puestos de confianza como las secretarias de los subgerentes, como el personal técnico; ahora en el dictamen complementario a los que desempeñan funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización investigaciones científicas, asesorías, consultoría, se agrega que cuando éstas tengan carácter general.
En el dictamen original ya se agregaba el párrafo en el que se dice que en la formulación, aplicación y actualización de Catálogo General de Puestos de la institución, participarán conjuntamente éste y el Sindicato y en los puestos de confianza el Sindicato participará para los efectos previstos en el párrafo anterior.
Sin embargo, con todo y estas mejoras en la página 3 del dictamen se hace la estimación de que aun con los cambios propuestos hasta estos momentos, se posibilitará la sindicalización de un 60 a un 70% del total del personal adscrito actualmente. Eso significa por simples restas que entre el 30 y 40% quedarían como de confianza. Como simple referencia, en un discurso en el quincuagésimo aniversario de la Asociación de Banqueros de México, pronunciado por el entonces presidente de esta entonces asociación de entonces banqueros, Carlos Abedrop Dávila, el 10 de noviembre de 1978, dio el dato de que el recurso humano de la banda estaba integrado por 10 mil personas, y que el nivel medio y superior de gerencia de funcionarios en sí, consta en este momento de 10 mil personas, o sea, una de cada 10 personas, un 10%. Claro, el señor Abedrop en ese momento, no veía ni siquiera a lo lejos la posibilidad de que hubiera sindicalización de los trabajadores bancarios, y por lo tanto podía dar ese dato sin el mayor temor de lo que esto pudiera implicar en cuanto a quién pudiera sindicalizarse y quién no, porque en aquel momento nadie se podía sindicalizar. Pero de todos modos esta referencia del 10% contrasta con el 30 al 40% que, aun con las mejoras introducidas en Comisiones, tendríamos como resultado de esta legislación que estamos discutiendo.
En cuanto al asunto de la estabilidad en el empleo, se cambian los conceptos. Inicialmente se hablaba de inamovilidad, luego, de permanencia. En la Ley Reglamentaria del Apartado A, se habla de plantas, pero con las diferencias que pueda haber en la Ley que, en un caso y en otro, no podemos dejar de señalar que este nivel de estabilidad en el trabajo para los trabajadores regidos por el Apartado A, se alcanza al cabo de 30 días; para los del Apartado B, al cabo de seis meses, y aquí se plantea para los trabajadores bancarios 12 meses. En el dictamen original estaba todavía peor, puesto que decía 12 meses sin nota desfavorable en su expediente, lo cual fue eliminado, y qué bueno que fue eliminado en Comisiones. De todos modos, 12 meses comparado con los puntos evidentes de referencia que son las legislaciones de primera y segunda, porque ésta queda ya como de tercera, pues el resultado es evidente.
También dentro de la cuestión de estabilidad en el empleo, a pesar de que para todo lo que trata de limitar derechos sindicales y demás, se considera a los Trabajadores bancarios dentro del Apartado B, las causas de despido en lo fundamental son las de la Ley Federal del Trabajo Reglamentaria del Apartado A, que son causas bastante más amplias que las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o sea, en lo que perjudica más a los trabajadores considerándolos en la Ley Federal del Trabajo, se les aplica el criterio de la Ley Federal del Trabajo.
En la iniciativa original además había otras causales de despido, que ahora en el dictamen complementario fueron algunas de ellas eliminadas, además en el artículo 21, que ahora pasa a ser 22 ya en el dictamen, se establece la posibilidad de contratos por tiempo determinado, que evidentemente van en contra de la estabilidad en el empleo y que en algún momento estuvieron presentes en la Ley Federal del Trabajo y que fueron suprimidos de la Ley Federal del Trabajo, puesto que había servido de base para los famosos contratos de 28 días mediante los cuales muchos patrones seguirán sus obligaciones hacia sus trabajadores negándoles planta, seguro social y, en general, los derechos legales más elementales.
Además de esta limitaciones a la estabilidad en el empleo de los trabajadores bancarios, tenemos en muchos aspectos, cuestiones que normalmente son propias de la relación laboral, y si son tratadas de común acuerdo entre empresa y sindicato, aquí en mayor grado de la iniciativa original, pero todavía en la dictaminada, se reservan en exclusiva a la empresa. Así, por ejemplo, en el artículo 2o. la iniciativa original dejaba el ingreso de personal y el cubrir las vacantes prácticamente en manos de la empresa. El dictamen corrige esto en cierta medida, puesto que donde decía que los sindicatos podrán proponer candidatos, aquí se dice: "El Sindicato propondrá candidatos para ocupar las vacantes de los puestos de nueva creación, de base que se presenten en las instituciones..." lo cual evidentemente es mucho mejor y da más pie para una participación sindical y para un trato bilateral de los problemas que la versión original, pero aun así, si nosotros lo comparamos con la
situación habitual en los más importantes y en la mayoría de los contratos colectivos de trabajo del Apartado A, es una situación comparativamente mucho más favorable.
En el artículo 8o. que pasa a ser 9o., tanto en la iniciativa original como en la dictaminada, se faculta al banco respectivo para fijar las fechas de vacaciones de sus trabajadores; cuando que en la relación laboral normal, estas cuestiones se deciden bilateralmente, con objeto de que por un lado se garantice la permanencia del servicio, pero otro lado, se garantice que no haya favoritismo de los funcionarios o de la empresa, que le pongan periodos de vacaciones cómodos, compatibles con las vacaciones escolares y demás, a los que sean patronales y a los que sean más sindicalistas, pues ahí que les acomoden sus vacaciones a ver cuándo y quién sabe si las puedan, efectivamente emplear en la mejor forma.
El artículo 10 que pasa a ser el 11, también señala que el tabulador de salarios, a donde estarían los salarios de los trabajadores de base, estaría fijado por el banco conforme a sus intereses; esto no se modifica para nada en el dictamen, mientras que es una las cuestiones típicas de relación laboral y que normalmente se tienen que definir y pactar entre las partes, entre sindicato y empresa.
El artículo 17 que pasa a ser 18, establecía que las condiciones generales de trabajo serán discutidas por la institución con la Secretearía de Hacienda y luego aprobadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que habría que ver a dónde está la justificación de esto, se supone que los bancos son, deben ser, y seguirán siendo autofinanciables y entonces no se ve por qué tenga que ser esto ratificado por la Secretaría de programación y Presupuesto, pero aquí la cuestión está en que la participación del sindicato no se ve por ningún lado; en este dictamen complementario se agrega en los términos del Apartado B; lo cual representa un avance, o sea sobre la base de tomar en cuenta la opinión del sindicato, pero aun esos términos que representan un avance, comparados con la relación laboral normal del Apartado A en que el contrato colectivo es presentado como proyecto por el sindicato y pactado entre las partes, evidentemente es una situación mucho más desfavorable para los trabajadores.
Subsisten en el dictamen pasando el artículo 12 al 13, la posibilidad de descuento por parte de la parte patronal, del sueldo del trabajador, de deudas derivadas de descuido o negligencia en el trabajo. Que no es una cosa que exista en la legislación normal, ni nada por el estilo.
Otro aspecto, que debemos señalar, es que en el artículo 23 aparece un aspecto que no estaba en la iniciativa original, que es la posibilidad de formar una Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, que no está formada hasta el momento, pero que ya es, a partir del momento en que esta Ley sea aprobada, la única central reconocida para los efectos de esta ley.
Nosotros consideramos que el derecho de asociación debe corresponder a los trabajadores, y el derecho de asociación entre los sindicatos, por supuesto a los sindicatos. Y que no es conveniente y no es admisible que las leyes impongan divisiones a uniones forzadas, que en este caso son las dos cosas, porque por un lado se dificulta la ulterior unificación de trabajadores bancarios con los demás trabajadores, y por otro lado, se obliga si se quiere tener representación para los efectos de esta ley, a formar una organización única, no por el acuerdo libre entre los trabajadores y entre los sindicatos, sino por un mandato legal, dado que es una Federación que ni siquiera existe hasta el momento. Entonces, esta es una cuestión que en nuestra opinión va en contra del derecho de asociación sindical establecido en la Constitución, y que en esos términos no es admisible.
Nosotros, somos partidarios de la unidad de los trabajadores y qué más quisiéramos que una central única de todos los trabajadores, la cual implicaría, si se quieren hacer las cosas legalmente, modificar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado en lo que prohibe a los trabajadores del Estado asociarse con agrupaciones obreras o campesinas, pero también estamos conscientes que el proceso de unificación de los trabajadores debe ser resultado de la actividad de los propios trabajadores y no un decreto o un mandato desde arriba.
En cuanto a las prestaciones sociales, nos parece muy correcto que se haya establecido el artículo 6o., al dictaminar la vía original, con la garantía de preservación de las prestaciones sociales y condiciones logradas por los trabajadores bancarios hasta el momento, en cada lugar, en todo lo que estén por encima de la actual legislación. Esto en el proyecto original estaba en un artículo transitorio, y nos parece muy correcto que se haya dejado en un artículo que no tiene por qué ser transitorio.
Esto debe ser, en nuestra opinión, una de las principales herramientas de los sindicatos de los trabajadores bancarios para preservar conquistas en todos aquellos casos en que la actual legislación establece normas por debajo de las que ya han alcanzado en la práctica en nuestras instituciones. Por ejemplo, en al artículo 12, fracción II, establece el pago de antigüedad, pero por quinquenios, o sea por cada cinco años cumplidos, cuando que en la mayoría de los casos esta prestación en los bancos se tiene en cada año, o sea, por anualidades se va aumentando el porcentaje.
Con el actual ritmo de inflación la diferencia no es despreciable el recibir un aumento al cabo de cinco años, que el estarlo recibiendo anualmente en forma gradual.
Sin embargo, insisto, consideramos que el artículo 6o. es una herramienta de lucha por parte de los sindicatos para preservar todo lo que se haya logrado hasta el momento, en aquellos puntos en que la legislación que se nos está planteando queda por debajo de lo ya obtenido.
En resumen, sin dejar de reconocer y, por supuesto, apoyar una serie de mejoras que incluso en nuestra participación se lograron en el trabajo en Comisiones. No debemos relegar en segundo plano, que se trata de una ley restrictiva de los derechos de los trabajadores bancarios, una ley de excepción, una nueva división de los trabajadores, un nuevo compartimiento que separa otro grupo más de trabajadores bajo una legislación distinta, discriminatoria, en general más desfavorable que la legislación normal y, por lo tanto, por esas consideraciones generales, porque se la da a la empresa un poder enorme frente al sindicato, y pocas facultades al sindicato en su relación con la empresa; porque se afecta la estabilidad en el empleo de los trabajadores; por el excesivo número de empleados de confianza y por las otras consideraciones ya señaladas, es que nosotros, en esta votación, estamos en contra del dictamen, por supuesto, porque estamos en contra de esta iniciativa de Ley. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya.
El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: - Compañeras y compañeros diputados: Se ha puesto a la consideración de esta Soberanía el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, sobre la iniciativa de Ley Reglamentaria de la fracción XIII - Bis del Apartado B del artículo 123 constitucional.
Aunque en el documento se dice que las comisiones revisaron las disposiciones consideradas en la iniciativa del Ejecutivo Federal y que el dictamen se elaboró luego de ser discutidas por sus integrantes, tenemos que lamentar que no haya tal en el caso en el lugar de la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya que a pesar de los comentarios que se recogen a última hora y según las informaciones de nuestro comisionado, el diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente, ella no funciona como auténtica comisión pluripartidista, entre otras cosas porque no se debaten a fondo los asuntos que se le turnan, con lo que nulifica la posibilidad de enriquecimiento y de convergencia de los diferentes criterios partidistas.
Por lo que se nos ha dicho, la Comisión a que hacemos referencia, cubre formalmente el expediente con la presentación a los minoritarios de lo que una misteriosa mayoría ya determinó. Hay casos inclusive en que ni siquiera los dictámenes ya elaborados le pasan a firmar a nuestro comisionado.
Luego de esta observación sobre algo que no es pecata minuta, puesto que deteriora nuestro quehacer legislativo, debemos decir que la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano votará en contra del dictamen que hoy se debate, entre otras cosas, por las siguientes razones:
El artículo 123 constitucional reconoce expresa y claramente el derecho que tienen los trabajadores a sindicalizarse, y el Partido Demócrata Mexicano reconoce que su Apartado B constituye un explicable régimen de excepción, pero con toda firmeza sostiene que este no es aplicable a los trabajadores de la administración pública paraestatal, como es el caso de los trabajadores bancarios.
Todos sabemos que los trabajadores bancarios han sido víctimas de discriminaciones antidemocráticas, lo fueron cuando la banca estaba en manos de unos cuantos, de particulares protegidos por el Gobierno y lo son ahora, cuando está en manos de un monopolio de Estado.
Uno de los argumentos del expresidente López Portillo para tratar de justificar la estatización de la banca, fue aquel que hoy queda como promesa incumplida cuando dijo: "Los derechos de los trabajadores del sistema bancario serán respetados; el viejo anhelo de crear un sindicato bancario podrá fructificar, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo".
En efecto, en la mayoría de los países del mundo se reconoce a los trabajadores bancarios su legítimo derecho a sindicalizarse libremente, pero no es cierto que en estos países, excepto cuando se trata de totalitarios, tales derechos no están limitados por los marcos de un excepción que en nuestro caso y, según lo expresa la propia Constitución, su aplicación sólo se concede a los poderes de la Unión y al gobierno del Distrito Federal.
La insistencia en aplicar ese régimen discriminatorio en perjuicio de los trabajadores bancarios, es una de las razones que tiene la fracción parlamentaria demócrata para votar contra la iniciativa del Ejecutivo y contra el dictamen de las comisiones.
Esta aplicación injusta, punto de partida de las disposiciones de la Ley es claro que dista mucho de representar una respuesta congruente y un hecho concreto en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, menos aun cuando persiste la tendencia hacia el control férreo de tipo político, rechazado por los trabajadores e incompatible con el imperativo de democratización integral.
Lo expresado no es consecuencia de una simple e infundada suposición, pues hay que recordar las afirmaciones de Lugo Verduzco, líder nacional visible del PRI, en el sentido de que todos los funcionarios de la administración pública están obligados a militar en el Revolucionario Institucional.
Independientemente de lo anterior y entrando a consideraciones específicas sobre el texto de ley a discusión, nos permitimos hacer los siguientes señalamientos que subsisten a pesar del dictamen complementario:
Desde nuestro punto de vista, la aplicabilidad de la Ley Federal del Trabajo, de la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Código Federal de Procedimientos
Civiles, debe ser abierta y plena, lo mismo que su carácter supletorio, en todo lo que no contradiga esta Ley y no como hoy se contempla en el artículo 5o. del proyecto, mismo que se limita a entresacar títulos de la relativa a los trabajadores al servicio del Estado, mientras que suprime otros que son necesarios para la aplicación de la justicia labora, como es el caso del Título 6o., concerniente a la prescripción.
Los demócratas sostenemos que el trabajador bancario debe ser garantizado en el mínimo de sus derechos consagrados para los de su clase, en todos y cada uno de los códigos laborales como pretende ser el que hoy se discute.
Por lo que hace al artículo 2o. del proyecto, que se refiere al establecimiento de la relación laboral entre las instituciones de que se trata y sus trabajadores, consideramos inadecuado que ésta se limite a la expedición de un nombramiento, lo cual, si se aprobara, en la práctica se prestaría a abusos, obteniendo servicios de carácter laboral sin que se otorga nombramiento a su prestadora.
En todo caso, en este aspecto, pensamos que debemos atenernos a la definición de relación laboral que ya se contiene en la Ley Federal del Trabajo, la que da como establecida entre cualquier patrón y todo aquel que preste un servicio personal y subordinado, independientemente de la existencia o no del llamado contrato de trabajo o acto condición, de que hablan los teóricos sobre el ingreso de un trabajador a un empresa o su prestación de servicios a otra persona física.
Respecto al artículo 3o., consideramos a todas luces indebido que se incluya a las secretarias, aun de los gerentes, como se establece en el dictamen complementario, y que por cierto ni siquiera se nos entregó su copia, como trabajadores de confianza, pues es un criterio definido, incluso por la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia que emite, que el carácter de un puesto no lo define la designación que se le dé sino la naturaleza intrínseca de las funciones que desempeñe una persona determinada. Junto a lo anterior, es evidente que las secretarias de los gerentes no desarrollan funciones de dirección, inspección o vigilancia, que son propiamente de confianza y que, insistimos, no desempeñan las secretarias.
Respecto al segundo párrafo del artículo 4o. lo señalamos como absolutamente indebido, porque abiertamente va contra los legítimos intereses del empleado bancario, ya que condiciona la adquisición de la base en el puesto para el que fue nombrado hasta que cumplan 12 meses de servicio, ello, mientras que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 6o. la condiciona sólo a seis meses. Nuestra objeción adquiere mayor fuerza y profundidad cuando, por su parte, la Ley Federal del Trabajo en una interpretación en sentido contrario del artículo 47, fracción I, entre las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón, señala un periodo de 30 días suficientes para detectar la eficiencia o ineficiencia de un trabajador en la labor para la que fue contratado.
Por otro lado, al trabajador que se ha separado de su empleo sin causa justificada, no sólo se le debe ofrecer la opción para su reinstalación o la indemnización de tres meses de salario, más 20 días de salario por cada año de servicios prestados, sino que, además de estos últimos que deben otorgársele conforme a los supuestos de la Ley Federal del Trabajo cuando haya mala fe patronal, por ejemplo, deben dársele también los 12 días que le correspondan por concepto de antigüedad, que es una prestación independiente de la anterior y, además, todas las prestaciones a que tuviera derecho conforme a los demás conceptos que consagre a su favor la legislación laboral de aplicación supletoria.
Por lo que hemos dicho respecto al párrafo segundo del artículo 2o. del proyecto, propondríamos que al final de éste se agregue la expresión: "... pero sí a la indemnización...", para que de esta forma quede claro que si bien al trabajador de confianza no se le concede el derecho a la reinstalación en su empleo, sí lo tendrá para ser debidamente indemnizado. Esto debe consignarse en forma expresa, como lo proponemos.
De aceptarse nuestra proposición se justificaría una más, en el sentido de que el contenido del artículo 5o. del proyecto pase a ser el 2o., expresándose con claridad cuál es el tribunal competente para conocer las controversias individuales, colectivas, intersindicales del trabajador con el sindicato o con las instituciones bancarias, o de éstas con los sindicatos, etcétera, pues toda ley que se precie de serlo, no debe soslayar materia tan importante ni remitir a lo prescrito por otras leyes, por más similitud que aparente con ésta, sino expresarla en su propio cuerpo para evitar la dispersión y los brincos de los saltamontes.
Es interesante comentar que apenas ayer se aprobaron reformas a varios artículos de la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 123, entre los cuales está el 124, que habla de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y aunque se supone que éste sería el competente para atender los conflictos relativos al trabajador, no se mencionan en las fracciones que fueron reformadas ni en las que no lo fueron y quedaron vigentes.
Ya en relación con otro artículo, el 16, consideramos que éste no siembra las bases a las cuales deben atender las condiciones generales de trabajo y otros ordenamientos secundarios sin razón, por las que se soslaya materia tan importante como es la determinación de la antigüedad para efecto de obtener prestaciones laborales y de seguridad social. A nuestro juicio, en este artículo se debe precisar la antigüedad necesaria para que los trabajadores bancarios reciban las prestaciones a que se hace referencia, así como las no mencionadas en el artículo de proyecto.
El derecho que tienen lo trabajadores bancarios para el disfrute de esas prestaciones, no ha de dejarse al vaivén transaccional de las condiciones generales de trabajo, las cuales, por el contrario, deben sujetarse a las bases de Ley.
Tratándose de artículo 17, opinamos que los trabajadores y sus familiares derechohabientes deben gozar de los beneficios de la Ley del Seguro Social, pero en forma amplia y plena y no de manera limitativa, como ahora se deduce del artículo en cuestión, cuando en lugar de referirse integralmente al régimen de seguridad social, hace un listado incompleto a pesar de lo aparentemente extenso.
En virtud de lo anterior, proponemos que el texto del primer párrafo del artículo 17 que nos ocupa, termine en el cuarto renglón, ya que en esas cuatro líneas se establece con claridad que los trabajadores y los pensionados de las instituciones, así como sus familiares derechohabientes, gozarán de los beneficios que establece la Ley del Seguro Social, y no exclusivamente de los que se enumeran en el texto. El resto del contenido de dicho artículo, debe mantenerse en razón de que se habla de prestaciones que van más allá de las actualmente contempladas en las disposiciones relacionadas con el régimen de seguridad social.
Respecto al artículo 18 consideramos que esta norma por lo que hace a su párrafo primero, que es en la ley, en este lugar específico, donde deben establecerse las bases sobre los beneficios y prestaciones de carácter económico, social y cultural, que deberán disfrutar los trabajadores bancarios y no las condiciones generales de trabajo, las que en todo caso sí deberían detallar sus requisitos y características.
Por otro lado, el segundo párrafo de este mismo dispositivo, nos parece que no tiene razón de ser y motiva confusiones, toda vez que la relación laboral debe entenderse establecida entre las instituciones bancarias y sus trabajadores, y de ningún modo entre estos últimos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la de Programación y Presupuesto.
Las condiciones de trabajo deben discutirse entre las partes de la relación jurídica laboral y no con terceros interesados, como lo serían las secretarías de Gobierno mencionadas.
Las relaciones administrativas entre las instituciones bancarias y las secretarías de Gobierno referidas, son materia de otros ordenamientos.
El texto del artículo 23 y que a la letra dice: "Los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, única central reconocida para los efectos de esta Ley", corresponde al lenguaje del más puro fascismo del sometimiento y del centralismo político que de ninguna manera ni podemos ni debemos aceptar. (Aplausos).
En efecto, no tiene por qué obligarse a los trabajadores bancarios a federarse a una central única y totalitaria que cuente con la bendición oficial ilegal, sino que debe aceptar el derecho ya reconocido y consagrado por la Constitución Mexicana, respecto a la libertad de sindicalización y aun de coalición de los trabajadores para la mejor defensa de sus intereses, a través de las organizaciones que más convenientes les parezcan.
En nombre de la libertad y de la democracia, demandamos la supresión del cinismo y la contradicción hechas artículo.
Finalmente, queremos evidenciar la precipitación legislativa que denota el artículo primero transitorio, al señalar que la Ley a debate entrará en vigor dentro de unos cuantos días, el primero de enero próximo, siendo que aún le queda trecho por recorrer en el proceso legislativo, pues, de ser aprobada, deberá pasar a la Cámara revisora, la de Senadores, en donde también deberá ser discutida, pudiendo ser retornada a esta honorable Cámara y todavía dar los siguientes pasos inherentes al proceso legislativo, enviándose para ese fin al Ejecutivo.
Por todo lo anterior, viendo que la actual Ley es susceptible de mejoramientos sustanciales en renglones de importancia, y que para ello sería necesario mayor tiempo y mayor reflexión, nos oponemos una vez más a legislar al vapor y, por tal razón, a la aprobación de este proyecto de Ley.
Invitamos a todos a que se unan a esta decisión del Partido Demócrata Mexicano y su fracción parlamentaria, por el bien de la democracia y de sindicalismo libre. Muchas gracias.
Por lo expuesto, le pido a la señora Presidenta ordene a la Secretaría pregunte a la Asamblea si son de discutirse nuestras proposiciones.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si las proposiciones del diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya se aceptan a discusión.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a esta honorable Asamblea si se admiten o no a discusión las proposiciones hechas por el C. diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya, del Partido Demócrata Mexicano.
Los CC. diputados que estén por que se acepten, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie ..
Los CC. diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechadas, señora Presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Pablo Sánchez Puga.
El C. Pablo Sánchez Puga: - Señora Presidenta; honorable Soberanía: A fin de entrar en discusión al proyecto del Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del Apartado B. del artículo 123 Constitucional, la fracción parlamentaria obrera se permite manifestar lo siguiente:
Nuestro Partido Socialista de los Trabajadores tiene bastante preocupación por este agudo
problema de los compañeros trabajadores bancarios, y nuestra preocupación consiste en lo siguiente: Independientemente de que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, el día de ayer, que discutíamos en parte y en debate esta situación, nos permitimos, en una nota por separado, entregar a la Comisión citada nuestra solicitud, nuestra preocupación o nuestro reclamo. Y en la citada nota de ayer se manifestaba en los siguientes términos:
"La fracción parlamentaria obrera del Partido Socialista de los Trabajadores, en relación con la Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República votará en contra de la iniciativa presidencial, porque la consideramos incompleta y en algunos casos contraria a los derechos de los trabajadores bancarios, pues se queda por debajo de lo que se establece en la Ley del Trabajo burocrático, como es el caso de lo señalado en el artículo 2o. de la iniciativa, en donde se hace limitativa la relación de trabajo, contrariamente a lo que señala la misma disposición de la citada Ley burocrática."
Además, dicha norma, una conquista alcanzada, por todas las organizaciones sindicales, o sea, el de que serán sólo los sindicatos los propietarios de las plazas, y en el párrafo segundo del artículo 2o. la propuesta de candidatos a ocupar plazas queda de hecho en manos de las instituciones, quienes tienen en su poder el derecho de selección de personal.
Independientemente de que resulta necesaria la reglamentación de la fracción XIII - bis del Apartado B del artículo 123 constitucional, de ninguna manera se justifica que la iniciativa sea por ahora aprobada con prisa y falta de discusión de fondo, que haga que los derechos de los trabajadores bancarios sean lesionados.
Para el caso, desde ahora señalamos como ejemplo, que sin ninguna base la iniciativa señala que la inamovilidad de los trabajadores de base será alcanzada cuando éstos cumplan doce meses de servicio sin nota desfavorable, lo cual resulta incongruente con un derecho ya alcanzado por los trabajadores al servicio del Estado, y que en el artículo 6o. de la Ley burocrática se establece que el término para obtener la inamovilidad es de seis meses y como se dice, no existe ningún fundamento para que a los trabajadores bancarios se les considere con menos derechos, como para que se fije un año para alcanzar la inamovilidad.
Tal parece que la iniciativa denigra la calidad del trabajador bancario en relación con los trabajadores burócratas, y por otra parte, la misma disposición nos parece que en su redacción deja en manos del gerente o algún empleado de confianza la posibilidad de que el trabajador se convierta en trabajador de base, pues basta con una nota desfavorable como para que un trabajador pierda la posibilidad de adquirir su planta.
Todos sabemos que es común que el empleado de confianza se considere patrón, y que si es cierto que a raíz de la nacionalización de la banca, el manejo y control quedó en manos del Estado, no debemos perder de vista que nuestro, medio, la influencia de la ideología patronal, ha superpenetrado la conciencia, incluso de los mismos trabajadores. Resulta obvio señalar que en este caso el trabajador bancario quedará sujeto al capricho y al libre albedrío del gerente o empleado de confianza del banco, y que bastará un disgusto, bueno o mal humor de quien ejerce la dirección, para que una simple llamada de atención pueda convertirse en una nota desfavorable o, incluso, a corrupción y venta del trabajo de base.
Además, la iniciativa nos parece incompleta, pues no hay ningún argumento en la exposición de motivos para que en esta iniciativa no se considere dentro de los derechos y obligaciones de los trabajadores lo que se señala en los artículos del 14 al 26, el 28, 31, 32, 37, 39, 42, 45, 46 y 46 - bis, y el contenido de las disposiciones enmarcadas en el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo Burocrático, pues pensamos que las normas mencionadas, así como lo expuesto en relación con la prescripción a que se refiere el Título Sexto ya mencionado, debería ser parte integrante de la iniciativa, y que proponemos incluir en la Ley que se discute, pues de no hacerse así, esta iniciativa convierte al trabajador bancario en un trabajador de inferior categoría en sus derechos a los dependientes del Gobierno Federal y los poderes de la Unión. Así las cosas, son claras las razones por las que estamos en contra de la iniciativa y proponemos una medida suspensiva, a fin de que ésta regrese a la Comisión y se complete la iniciativa, impidiendo que se convierta en una ley lesiva a los intereses de los trabajadores bancarios que los convierte en la práctica, en trabajadores de segunda.
Aun podríamos señalar muchas lagunas y defectos que contiene la iniciativa por la falta de una discusión a fondo en la Comisión respectiva, pero sobre todo el no haberse tomado en cuenta en su discusión a los propios trabajadores bancarios, pues si el Gobierno que preside el señor licenciado Miguel de la Madrid ha tomado como bandera la consulta popular, resulta antidemocrático el que en este caso a los trabajadores bancarios no se les haya oído en sus argumentos como trabajadores y, sobre todo, como destinatarios fundamentales de la iniciativa a discusión.
Por esta razón estamos en contra y planteamos que la iniciativa regrese a la Comisión, a fin de que sea discutida a fondo y en un plano de democracia que permita a los trabajadores bancarios presentar sus argumentos y opiniones en relación con esta Ley.
Por la fracción parlamentaria obrera del Partido Socialista de los Trabajadores, Pablo Sánchez Puga.
Esto sucedió el día de ayer, sin anuncio alguno, sin comunicación alguna, no fue tomado en cuenta, y nos encontramos nuevamente con que se hicieron algunas reformas, y queremos
dejar plasmada nuestra inconformidad en este aspecto.
Consideramos que existen suficientes argumentos de legalidad como para que los trabajadores bancarios quedasen incluidos en el Apartado A y no en el B. Fuera de ello, ellos vienen gozando de prerrogativas contenidas en el Apartado A, y a mayor abundamiento estas conquistas que han logrado obtener los trabajadores bancarios, se debe precisamente al trabajo contratado, desempeñado con eficiencia y honradez.
En consecuencia, y considerando que necesitamos legislar al cuarto para las doce, no tenemos otra alternativa más que la de entrar al debate en este aspecto.
Es cierto que fue y es un viejo anhelo de los trabajadores bancarios el de constituirse en una organización.
Nuestro Partido Socialista de los Trabajadores sostiene el criterio de que dicha agrupación sindical debe quedar enmarcada dentro del Apartado A del artículo 123 constitucional por los razonamientos expuestos, y a mayor abundamiento, por tratarse de una empresa paraestatal.
Y como consecuencia, y como muestra, tenemos a Petróleos Mexicanos, a Teléfonos de México y a otras empresas, y esto es consecuencia de la lucha nuestra, en el sentido de que tenemos que seguir luchando para conseguir ese propósito, de ese viejo anhelo, de ese reclamo de los trabajadores bancarios. Se hace necesario también, dejar muy claro que en el artículo 4o., que establece que los trabajadores de confianza no tendrán derecho a la reinstalación en su empleo, y a este respecto, queremos clarificar de que en este artículo no hay especificación alguna de motivos, para que los trabajadores de confianza no tengan derecho a la reinstalación.
No se establecen motivos poderosos o argumentaciones claras, precisas y congruentes de convencimiento para sostener, nosotros, la tesis contraria de base; si bien es cierto que los trabajadores de confianza, los considerados de cuello alto, en el comentario de la Ley Federal del Trabajo, son, en ocasiones, trabajadores equivocados, también lo es de que ese nuevo tipo de trabajador mexicano, también como tiene obligaciones debe tener derechos.
Y es ahí, en ese artículo 4o., en donde las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, no dieron luz y ni siquiera nos llamaron a la discusión, al diálogo, para aportar nuestras opiniones en relación a este punto.
Consideramos que muchos trabajadores bancarios que empiezan desde la base como empleados, podría decirse de segunda, algunos que empiezan como cobradores en las instituciones y que dada su preocupación constante por superarse, llegan a alcanzar puestos de confianza, y es aquí en donde la Ley se desnaturaliza puesto que esos trabajadores que fueron de base y que gracias a su ejemplo de honradez, de trabajo y de preocupación llegaron a ocupar un puesto de confianza, quedan en estado de indefensión. Consideramos que es descabellado hacer nugatorio el derecho de ese trabajador; nuestra obligación es defender trabajadores como trabajadores que somos, y más aún en la especie de que se trata, de que hoy tenemos una obligación moral y material como legisladores frente a este grave y atentatorio problema al derecho de los trabajadores bancarios.
El artículo 9o., fracción IV, que establece que las instituciones y los trabajadores fijarán las fechas para que disfruten sus vacaciones, quedó este artículo plasmado en la reformas de ayer de que solamente sería la institución la que fijaría el rol de vacaciones, y que nosotros solicitamos que no solamente fuera la institución sino que también los trabajadores bancarios los que estuviesen presentes para fijar las fechas del rol de vacaciones a que tienen derecho a disfrutarlas, porque consideramos que la Ley no es unilateral ni el contrato colectivo de trabajo, ambos son bilaterales y de competencia de ambas partes; como consecuencia de lo anterior, la aplicación e interpretación de la Ley no es ni debe ser unilateral, sino por el contrario, bilateral.
En el artículo 23 se establece también que se creará la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Consideramos que si se crea la Federación Nacional de Trabajadores Bancarios o no se crea ésta, ese sería competencia de los trabajadores, pues imponerles una obligación sería atentar contra el derecho de asociación sindical, contra la democracia sindical. Por tales exposiciones, consideramos a especie de comentario, o de insinuación, que debe quedar plasmado que el sindicato podrá constituirse y adherirse a la Federación de Sindicatos o a la Federación Sindical Nacional de Trabajadores Bancarios, si así conviene a sus intereses. Esto, en el supuesto caso de que la mayoría de este Parlamento forzara esta situación de legalidad y que vendría a atentar contra el derecho de asociación y de libertad sindical.
Consideramos que por ser atentatoria y quebrantar dicha autonomía sindical, solicitamos a la Comisión de Trabajo encargada de esta iniciativa de Ley, a mayor abundamiento, tomar muy en cuenta lo que hemos manifestado a este respecto. No debemos poner cortapisas al inalienable derecho de asociación. Si bien es cierto que ha nacido a la vida institucional la organización de trabajadores bancarios, no podemos imponerle el criterio inconstitucional de bautizarla a nuestro modo, y con estas condiciones debemos ser respetuosos del sagrado y elemental derecho de libertad sindical.
Consideramos que todo ello vendría a su tiempo. Es necesario entender que la Ley burocrática es más avanzada que la Ley en discusión, y a mayor abundamiento queremos exponer también que es más avanzada la Ley en discusión, y a mayor abundamiento queremos exponer también que es más avanzada la Ley de los Trabajadores el Servicio del Estado de Tamaulipas en muchos aspectos que esta Ley que el día de hoy estamos discutiendo, pues en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas se establece sobre la antigüedad.
del trabajador, que será reconocida su antigüedad anual, y no a los cinco años como se pretende imponer en el artículo 12 de la mencionada y promulgada Ley que se va a aprobar.
Y esto es necesario aclararlo, porque equivaldría a imponerles a los trabajadores las renuncias a los sagrados y elementales derechos de ellos, y ese sagrado derecho del más alto tribunal de la Nación, de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
Como consecuencia, nosotros queremos dejar a todos ustedes nuestra opinión en ese aspecto, y es necesario también comprender y entender que si en la citada Ley en discusión, y le llamamos ley porque se va a aprobar - eso es lógico -, aunque se dice que es un proyecto porque así se hará, porque vendrá la mayoría con sus argumentaciones y tendrá que arrasarnos. Pero eso sí, queremos que quede bien claro la postura de la fracción parlamentaria obrera del Partido Socialista de los Trabajadores, en el sentido del absoluto respeto al derecho de asociación sindical, y en la libertad sindical de los trabajadores bancarios.
Se hace necesario recalcar esta situación, debido a que nuestro partido seguirá luchando por todos los medios habidos y por haber para conseguir este viejo anhelo de los trabajadores bancarios, y este reclamo al que consideramos que no tienen derecho, que es su derecho, porque una cosa es darles el derecho y otra cosa es que ellos tengan el derecho.
Como consecuencia de lo anterior, nos permitimos proponer tomarse muy en cuenta nuestras peticiones para que en lo que hemos ahondado se tome en cuenta, y que por cuanto a los trabajadores de confianza se establezca muy claro, se precise, pues, los motivos del por qué no tienen derecho a la reinstalación en el trabajo. Porque solamente queda a secas ese artículo, que es decisivo para tales trabajadores.
Y en el aspecto también de la antigüedad proponemos que no sea el de los cinco años, que sea el de un año.
Ante este situación sólo esperamos el veredicto de esta Soberanía. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Sergio Quiroz Miranda.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El Partido Popular Socialista originalmente se inscribió a favor de esta Ley, porque en el último momento se dieron las posibilidades de la negociación para suprimir varios artículos negativos, que están contenidos en el dictamen, que lesionan gravemente los intereses de los trabajadores bancarios. Y en virtud de que la Comisión - quizá en el ánimo de acceder, de ser flexible a la petición de nuestro partido - nos pidió que lo esencial de nuestros planteamientos - que son muchos -, los sacáramos y se vería la posibilidad de acceder a nuestra petición; pero ya en este último momento, no se pudo lograr esa negociación positiva que consideramos nosotros esencial y que iba a beneficiar a los trabajadores bancarios.
En esa virtud, el Partido Popular Socialista votará en contra en lo general y en lo particular, reservándose numerosos artículos del dictamen.
El Partido Popular Socialista considera que la lucha de los trabajadores bancarios no es nueva, tampoco es una lucha que tenga muchos años atrás antecedentes fundamentales, pero durante el gobierno de Luis Echeverría se dieron intentos que podemos considerar antecedentes dignos de mención de parte de los trabajadores bancarios por conquistar mejorías salariales, laborales y de carácter social.
Nuestro partido, en la 'L' Legislatura, dio una cerrada pelea en defensa de los trabajadores bancarios. Cuando se aprobó la legislación sobre la banca múltiple, el Partido Popular Socialista condenó el trato discriminatorio que dio siempre la banca privada a los trabajadores bancarios.
En primer término debemos recordar que en el pasado periodo de sesiones, el PPS, a través de uno de sus compañeros diputados, planteó, propuso, presentó una iniciativa para derogar el Apartado B del artículo 123 constitucional, porque consideramos que esa división artificial jurídica de los trabajadores de nuestra patria es negativa para el movimiento obrero en general.
El Apartado B tuvo su justificación en el momento precisamente en el que había una lucha cerrada de los trabajadores del Estado para conquistar el derecho, precisamente de reconocer al Estado como patrón. En ese momento quizá fuera justificable la existencia de ese apartado, pero una vez cumplido el objetivo fundamental, porque ya en nuestro país nadie pone en duda esa demanda de los trabajadores de los años '40, nosotros consideramos que debe desaparecer.
Pero, además, la iniciativa que se propone y el dictamen contemplan incluir un apartadito más. Dentro del Apartado B se incluye una fracción XIII y esto separa aún más a los trabajadores de la posibilidad de tener una conciencia clara de sus derechos, de sus deberes y, fundamentalmente una conciencia de clase social unitaria.
En términos generales, esta iniciativa para los trabajadores bancarios refleja el espíritu patronal que el dio a la banca privada las relaciones laborales, cuando tuvo en sus manos el manejo de los ahorros del pueblo mexicano.
Despidos injustificados al por mayor se dieron durante largos años; restricciones a los derechos de los trabajadores sin número; trato discriminatorio y humillante para los empleados. Las relaciones que mantuvo, como una excepción en nuestro país, la burguesía que manejó la banca privada, son precisamente el modelo fascista de las relaciones de los trabajadores con los patrones, y el instrumento efectivo, porque fue precisamente eficaz para el sometimiento de los trabajadores a esas normas unilaterales de la burguesía bancaria, fueron precisamente las corporaciones religiosas,
las Hijas de María, la Vela Perpetua y toda esa retahíla de nombres que el Clero acostumbra para someter a los trabajadores y al pueblo en general.
Esas eran precisamente las encargadas de aplacar los ánimos de los trabajadores, incluso se les daba el privilegio de, en muchos casos, seleccionar al personal; lamentablemente muchas de las ideas muchas de las prácticas nocivas que realizaba la banca privada prevalecen en el espíritu de la iniciativa.
¿Cuáles son las razones? El año pasado en el debate que se dio intensamente con motivo del retroceso, con motivo de aquella medida contrarrevolucionaria de crear las llamadas sociedades nacionales de crédito para incluir, para abrir la puerta y la posibilidad de que los saqueadores de la patria mexicana siguieran metiendo sus manos en el manejo de la banca nacionalizada, nuestro partido combatió en ese debate y denunció precisamente que no era posible que se diera participación en los consejos directivos de estas llamadas Sociedades Nacionales de Crédito a los antiguos bandoleros que se apropiaron durante muchos años de los ahorros y de los intereses que éstos causaban del pueblo mexicano.
¿Cómo es posible que una vez que el pueblo, y cuando decimos pueblo es el pueblo trabajador, el que produce con sus manos o su intelecto la riqueza que otros disfrutan, llevar a cabo a través de las fuerzas democráticas, una vieja aspiración, una vieja demanda de nacionalizar la banca privada, se entregara en bandeja de plata a los traidores a la patria el manejo de la misma?
¿A qué intereses responden los actuales consejeros, que son los mismos que ocupaban los puestos directivos en la antigua banca privada? Precisamente a los intereses de la burguesía oligárquica y antipatriótica. Nada tienen que ver con la Revolución Mexicana estos individuos.
Por otra parte, nosotros hemos dicho que las relaciones de trabajo en una empresa del Estado y las que se dan entre los trabajadores de las empresas extranjeras con sus patrones, no pueden ser las mismas.
Rechazamos categóricamente la serie de restricciones que se dan en la citada Ley y que van en contra de los intereses de los trabajadores bancarios, porque se contemplan posibilidades de que, a juicio de los funcionarios bancarios, de que a juicio precisamente de estos elementos reaccionarios que indebidamente manejan o tienen influencia decisiva en el manejo de la banca nacionalizada, interpreten algunos artículos para considerar a la mayor parte de los trabajadores bancarios como empleados de confianza y no como empleados de base, dejándolos fuera de la posibilidad de recibir los beneficios de la sindicalización.
Los trabajadores bancarios no sólo tienen la obligación de luchar y de velar, a través de su organización sindical, por el mejoramiento sustancial de sus condiciones de trabajo y de vida sino también el Partido Popular Socialista reclama su derecho a participar de manera decisiva en la orientación que debe seguir la banca nacionalizada.
Al igual que los maestros, tenemos la obligación de vigilar el fiel cumplimiento del artículo 3o. constitucional, los trabajadores bancarios no pueden renunciar a participar en la dirección y en la participación de la banca, que no debe ser otra que la de contribuir al desarrollo económico con independencia del extranjero; impulsar las fuerzas productivas; orientar los créditos hacia el campo y todas las medidas que tiendan a impulsar un desarrollo con independencia.
Pero, ¿cómo será posible que esto ocurra si en manos precisamente de los funcionarios está el de decidir si los trabajadores perecerán o no al sindicato, en virtud de estos artículos que limitan excesivamente, o que más bien, abren una posibilidad enorme de decidir quiénes son de confianza y quiénes son de base?
Por otra parte, se plantea la existencia o la creación de una llamada Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Bancarios. El Partido Popular Socialista quiere expresar de nueva cuenta su concepción acerca de las organizaciones de masas y de frente amplio como son los sindicatos; los sindicatos se integran con trabajadores de las diferentes ramas pero que tienen indudablemente concepciones religiosas, filosóficas y políticas, distintas y en ocasiones opuestas. Los sindicatos no pueden establecer discriminaciones por esos motivos, deben respetarse estas normas mínimas para la existencia efectiva de una organización sindical. Cuando esa norma se rompe, se rompe la unidad sindical porque se confunden los sindicatos con los partidos políticos o con las agrupaciones religiosas.
Queremos advertir que no vaya a convertirse esa Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Bancarios en una medida restrictiva y discriminatoria, queriendo a través de la misma, afilar masivamente a los trabajadores a un determinado partido político.
Estamos absolutamente en contra del contenido sustancial del artículo 20, porque establece una serie de medidas que hasta por una ínfima actuación de un trabajador bancario, es objeto y motivo para que se le despida, sin haber mediado alguna otra medida de carácter correctivo. Cuando planteábamos esto a la Comisión, le decíamos que ni en el ejército se establece esa posibilidad de cese fulminante por cuestiones menores, como se establece en el artículo 20. Se forma primero un consejo de guerra y éste decide qué medidas aplicará hasta llegar a la máxima que es el despido del trabajador.
No podemos crear un modelo de relaciones laborales aun cuando éstas existan en alguna parte de la Ley Federal del Trabajo, no podemos, el partido, coincidir, el Partido Popular Socialista, con la aplicación de las medidas que se establecen en ese artículo, porque lesionan gravemente la seguridad en el trabajo de los empleados bancarios.
¿Cuál es precisamente el motivo por el que los trabajadores se organizan en sindicatos?
Una de las ventajas de los sindicalizados, es la de contar con cierta seguridad en su trabajo. Pero con esas medidas que se incluyen en el artículo 20 se viene abajo esa posibilidad y quedan casi en calidad de trabajadores de confianza.
Por esas razones el Partido Popular Socialista se reserva su derecho de objetar artículos en lo particular y votará en contra del dictamen. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: - Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Nosotros, en el Partido Socialista Unificado de México, muchas veces no hemos estado de acuerdo con las prácticas parlamentarias que se establecen aquí. Una de ellas es el de dialogar entre sordos o tener que llegar a la incongruencia de votar en contra, en lo general, y después querer participar también en contra en lo particular. Por eso acordamos, hicimos un compromiso de que quienes fuéramos a participar en lo particular en contra, si el orador de nuestro partido que hiciera uso inicial de la palabra ya había explicado las razones políticas y las razones en general de por qué se votaba en contra, sin tener el derecho de coartarle el uso de la palabra, alguien más podría seguir ahondando en los temas o en algunos cuestionamientos en lo general, pero consideramos que es incongruente de veras, el tener que participar en lo general, pero consideramos que es inparticipar en lo particular en contra, máxime cuando se trata de no darle mucha importancia a una ley, a una iniciativa que por su arbitrariedad no merece que se le conceda el beneficio de discutirlo en lo particular en contra.
Por eso yo, bajo estas observaciones, me van a perdonar, ya que no es clásico que se pida la palabra para hablar en lo general y después nos tengamos que referir a artículos en concreto, pero para obviar tiempo, para ser congruente con el voto que ya se delineó por el compañero Gershenson que votaremos en contra, quise hacer esta aclaración y pedir, con la venia de la señora Presidenta, que se me permita hacerlo en ese sentido.
La C. Presidenta: - Continúe el orador.
El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez (Continúa): - Cuando conocimos el texto de la iniciativa, en verdad, la primer pregunta que nos asaltó fue: ¿Bueno, de qué se trata?, los trabajadores de la banca, los trabajadores del Banco de México y ahora los del Patronato del Ahorro Nacional, son trabajadores del Estado, ¿o no lo son? Si son trabajadores del Estado, ¿por qué insistir en esa legislación que ya se dijo aquí que es de excepción?
Si ya se había dicho desde el año anterior, en el periodo anterior de sesiones, que se les haría justicia a los trabajadores de la banca, permitiéndoles la libre sindicación, aun cuando se le sometió a ese que ya es una legislación especial, que es el Apartado B, es más, se había, esperanzadamente, se había dicho que se le recibiría con los brazos abiertos en el Congreso del Trabajo, en caso de que si se cambiara de opinión se fueran otra vez, ¿por qué insistir en la reglamentación de excepción?
Nosotros pudiéramos haberles dado una salida más fácil al incluir un apartado especial en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, si se quiere seguir el camino que siguió la Ley Federal del Trabajo. A todos los trabajos especiales meterlos en un apartado especial dentro de una legislación ya establecida constitucionalmente.
Pero ya que se escogió el camino de la legislación de excepción, de la norma de excepción, para desgracia de los trabajadores bancarios, pues vamos a tener que analizarlos desde ese punto de vista, una vez significado que consideramos sumamente negativo mantener de nuestra Constitución normas a legislaciones de excepción para cierto número o para cierto sector de la población o de los ciudadanos. Porque al rato vamos a llegar al extremo de querer legislar también para los estreñidos, los cojos o los ciegos en forma muy particular, puesto que son un sector grande de la Nación.
Refiriéndome a las objeciones ya concretas por lo que ve al artículo 2o., nosotros estamos viendo aquí, aparte de confirmar y estar de acuerdo con lo que Valadez Montoya decía acerca de la necesidad del nombramiento, puesto que en la relación de trabajo no se necesita realmente para que exista un nombramiento; existe en el momento en que hay el convencimiento de prestar los servicios a alguien, a una empresa, a un patrón. Y la falta de nombramiento aquí debería ser también, como en la Ley Federal del Trabajo, imputable al patrón; pero la relación sí existe, no en virtud de un nombramiento, sino en virtud de un consenso ya establecido.
Y en el segundo párrafo, cuando dice que: "El sindicato propondrá candidatos para ocupar las vacantes en los puestos de nueva creación de base que se presenten a las instituciones, dichos candidatos deberán pasar por el correspondiente proceso de selección establecido por las propias instituciones".
Compañeros, realmente se mejoró mucho el segundo párrafo. El texto se mejoró al pasar de lo opcional a lo imperativo en la proposición sindical para la ocupación de puestos vacantes de nueva creación. El texto de la iniciativa decía que podría proponer, o sea, era una opción que el sindicato tenía o dejaba de tener. Al pararse al imperativo propondrá candidatos para ocupar las vacantes se mejoró, pero se sigue todavía lesionando los derechos del sindicato de los trabajadores de base al sujetarlos a la obligación de pasar por el correspondiente proceso de selección establecido por las propias instituciones.
¿Por qué se le sigue lesionando? Porque no es lo mismo que se trate de vacantes provisionales o definitivas que de plazas de nueva
creación. Si se trata de vacantes tendrá que haber opción, no a la nueva plaza sino a la plaza vacante provisional o definitivamente los que por el escalafón les corresponda. No tienen por qué pasar previamente un periodo de selección puesto que se considera - y eso es en teoría - que las empresas, en este caso las instituciones de la banca, tienen que cumplir con la obligación de capacitación que en forma general se establece para todo patrón, y que además si se es congruente con lo que se acaba de establecer por Miguel de la Madrid deberá seguirse el servicio civil de carrera, que no es más que eso, la capacitación para los que trabajan en la administración pública.
No es lo mismo que se vaya a ocupar una plaza o un puesto de nueva creación a que se vaya a ocupar una vacante. Sí se trata de una vacante no tiene por qué exigírseles el examen previo, si se trata de una plaza de nueva creación entonces sí, está ya establecido también en la Ley Federal del Trabajo, que cuando se trata de plazas de nueva creación sí debe exigirse que cumplan ciertos requisitos de capacidad, ciertos requisitos de antigüedad y comprensión en el trabajo.
Por eso nosotros impugnamos concretamente el artículo 2o., en ese aspecto. Hay que recordar que tanto la iniciativa como el dictamen dicen que se trató de hacer una legislación para darle marco a ciertas relaciones, pero tomando de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley Federal del Trabajo lo mejor, para hacer de este marco algo que pudiera realmente crear una relación jurídica sana entre el Estado y sus servidores, por lo que ve al servicio de la banca.
Y vemos que eso no es cierto, sobre todo en el artículo 3o., puesto que aquí se insiste en una forma literaria completamente, en transgredir los principios generales de lo que se considera empleado de confianza, trabajador de confianza. Aquí se insiste, por ejemplo, en tener cuatro criterios para definir al trabajador de confianza, son cuatro supuestos que se establecen claramente, en una forma muy definida, en la supuesta definición que se establece en el artículo 3o. Dentro de esos criterios, además, se utilizan otros dos criterios muy especiales, dentro de esos cuatro supuestos se establecen dos criterios muy especiales de acuerdo a la función especifica que desempeña el trabajador. Y todavía se va más a lo concreto, a si son trabajadores de determinadas instituciones, como se refieren al Banco de México o al Patronato del Ahorro Nacional.
Si seguimos por el primero de los supuestos que se refiere a aquellos trabajadores de confianza, directores generales y sus directores generales, los directores y subdirectores adjuntos, o sea, una enumeración de acuerdo a los puestos que desempeñan, no estamos de acuerdo en que se siga incluyendo a las secretarías, porque son personal de apoyo.
Una secretaría no tiene nada qué ver en las decisiones de una empresa. Aquí sí se vuelve otra vez a lo que está prohibido en la Ley Federal del Trabajo como norma general, de que se le define de confianza simplemente porque así es lo que el patrón quiere o lo que la empresa quiere. No nos vamos a meter en las cuestiones subjetivas de un gerente, un director que considera de absoluta confianza a su secretaría, porque le pueda servir de celestina o por otras cosas, pero sería otro tipo de confianza. Por eso no debemos caer en ese tipo de subjetivismos.
El personal de apoyo, independientemente que sean secretarias, no debe de ser considerado empleado de confianza, de acuerdo a este puesto. Existe otro supuesto que está establecido a partir de apoderados generales y dice: Así como aquellos que conforme al Catálogo general de puestos de las instituciones administren. controlen, registren o custodien información básica de carácter general de las operaciones." Este sería otro supuesto.
Esto se aplica, desde luego, a los trabajadores bancarios, pero se aplica bien o se aplica defectuosamente. Que yo sepa no ha desaparecido el secreto bancario. Y por lo tanto, todas las operaciones y la documentación que ahí se maneje será confidencial. No ha dejado de ser confidencial de acuerdo a una disposición expresa de que existe el secreto bancario, Luego, todo aquel que maneje documentación general - fíjese bien - general de un banco, en el que se establezcan operaciones determinadas de ese banco también, se considera trabajador de confianza porque se considera que todo es confidencial, ese será trabajador de confianza indefectiblemente.
Y luego pasa el otro supuesto que ya fue enmendado en el dictamen que se nos leyó aquí ahora que dice: "... o bien desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, investigación científica, asesoría o consultoría." Estamos de acuerdo en eso, con el agregado siempre que sea de carácter general, ese supuesto está correcto siempre que sean de carácter general, el personal de apoyo de todas estas funciones que aquí se señalan, no deben de ser trabajadores de confianza de ninguna manera, puede haber investigadores o científicos encargados de un programa determinado por el Banco de México, que es el que más utiliza ese tipo de acciones o de funciones, pero los investigadores auxiliares de ninguna manera podrán ser trabajadores de confianza, solamente el jefe de aquel programa de investigación.
Y luego, el último supuesto, que ése ya se refiere exactamente a la empresa donde trabaja. Dice: En el Banco de México, además de los anteriores, son trabajadores de confianza lo que señale su Ley Orgánica." Aquí viene una pregunta que me hice y que le hice a la Comisión: Si en el dictamen, si en la iniciativa se dice que va a regir las relaciones laborales entre los que trabajan en la banca, los que trabajan en el Banco de México y los que trabajan en el Patronato del Ahorro Nacional.
¿ Por qué no darles la misma oportunidad a
los trabajadores del Patronato del Ahorro Nacional? También ellos tienen una Ley del Ahorro Nacional donde se dice quiénes son trabajadores de confianza, ¿por qué nada más a los del Banco de México? Esa es la situación. La pregunta me fue contestada diciéndome:
!Ah, es que caen dentro de la generalidad de la definición, porque los del Banco de México sí tienen personal que son distintos a éstos, como son los pilotos de sus aviones, como son algunos que manejan computadoras en los Estados Unidos. Yo les pregunté entonces si los choferes del Patronato del Ahorro Nacional que tienen años ahí como trabajadores de base, ahora van a ser trabajadores de confianza, esos sí están consignados. La pregunta que yo le hice, que me contestó, que si yo ya había hecho el ajuste de quiénes van a ser y quiénes no van a ser en el Patronato del Ahorro Nacional, lo que ellos señalan aquí que harán sus tabuladores, que decidirán en lo futuro quienes serían los trabajadores de confianza.
Si no lo han hecho, si no han considerado que también existen choferes que no están considerados en esta generalidad, entonces nosotros les propondríamos - y claro que ya sabemos la mecánica de negarlo - de que se le hiciera un agregado después, que dice: ".... de los del Banco de México. serán trabajadores de confianza los que establezca su Ley Orgánica...."
Pues que también diga: "... serán trabajadores de confianza con el Patronato del Ahorro Nacional aquellos que señalan expresa limitativamente la Ley del Ahorro Nacional. " Esa propuesta la dejamos para que la voten al final, la voten negativa, desde luego, como lo tienen por costumbre.
Ya se dijo aquí, y aquí es donde se señalan las normas de excepción, ya se que están en contra del artículo 4o. por lo que se refiere a la permanencia en el trabajo, porque si en la Ley Federal del Trabajo, en el Apartado A señala 30 días, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado señala seis meses ¿por qué aquí son 12 meses?, bueno, porque es una norma de excepción, es una regla de excepción, es una legislación excepcional, no les pueden dar beneficio que señalan las leyes, que realmente están siendo tutelares de los trabajadores al servicio del Estado o de los trabajadores del Apartado A, no, son trabajadores bancarios y por lo tanto son trabajadores de excepción, tenemos que imponerles los 12 meses.
Otra de las normas de excepción, en el artículo 90., en su fracción IV, dice que las instituciones fijarán las fechas en que sus trabajadores disfrutarán las vacaciones, de manera que las labores no se vean perjudicadas; para tal efecto laborarán un programa anual, para nada mencionan al sindicato, el sindicato no tiene ni siquiera el derecho de opinar cuándo serán los periodos vacacionales de sus miembros, en este caso se caería al extremo que Gershenson señalaba en lo particular, en el sentido de puede dar lugar a que el jefe, a sus más allegados trabajadores, les permita que las vacaciones coincidan con las de sus hijos u otras cosas más cómodas y aquellos que les caigan más gordos pues no salen en Semana Santa, no salen en ese tiempo navideño, entonces tendrán, que quedarse; por lo incongruente no está solamente ahí, sino que en la siguiente fracción, en la fracción V, dice que la fecha de inicio del periodo de vacaciones para cada trabajador soló podrá ser modificada de común acuerdo por la institución y el trabajador.
Para modificar la fecha de inicio de las vacaciones sí se permite que el trabajador opine y se necesita su acuerdo, además, para fijar el periodo vacacional de ese mismo trabajador no se le permite ni siquiera su opinión, es incongruente, no está de ninguna manera legislado en los demás ordenamientos.
Los salarios por igual en el artículo 11 se fijan de manera unilateral, eso es antidemocrático, no puede ni si quiera permitirse que el sindicato opine al elaborar los tabuladores, no se le permitiría al sindicato siquiera revisar previamente los tabuladores y dar opiniones a ver si no existe alguna equivocación, pues no, también son normas de excepción. El artículo 11 confirma que son normas de excepción. El sindicato se mantiene afuera, no puede ni si quiera opinar si los salarios serían justos, equitativos o si hay error en los tabuladores, eso ya tendrá, que verlo el sindicato después de que ya venga autorizado.
Ya aquí hablaron también de la fracción II del artículo 12, que modifica las condiciones establecidas para algunos sindicatos bancarios, en el sentido de que los quinquenios no se les entreguen cada cinco años, algunos se les está aumentando 5% en el incremento salarial cada año, y para un trabajador es mucho más benéfico que lo entreguen cada año, a que le entreguen quinquenios, porque yo he conocido problemas, por ejemplo, a los trabajadores de la SARH los quinquenios se convierten en decenios, en septenios, en octenios, cada siete años, cuando se reclama y se pelea mucho con el Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, reconocen que, efectivamente, no se han pagado a veces hasta tres quinquenios. Eso es una cosa absurda, si se le va a dar un beneficio a un trabajador, dénselo en forma oportuna. No tiene por qué esperar a que haya reclamaciones después de seis años, siete u ocho años que le correspondiera cobrar un quinquenio, porque entonces van a recibir un perjuicio directo.
Y todavía más, ya aquí en tribuna se dijo por Gershenson, precisamente, que sí aceptó todo lo que perjudica de la legislación existente, pero no se acepta nada de lo que beneficia. Y un ejemplo muy claro está, por ejemplo aquí en la fracción IV del artículo 13, cuando se habla de los descuentos, dice: "Se les descontará el monto que se determine en las disposiciones legales aplicables que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración , operación y mantenimiento
del conjunto habitacional de que se trate."
Eso señores, es una demanda vieja de los trabajadores, principalmente los trabajadores al servicio del Estado, para que esto se modifique, para que se les dé la oportunidad a los copropietarios, a los condominios, de poder ellos establecer su propio servicio de mantenimiento, y establecer a través de una cuota directa que ellos mismos hayan establecido de acuerdo al valor real de los servicios. ¿Cómo pudieron celebrarse estos servicios de operación, con esos servicios de mantenimiento? Claro está, con un compromiso para quien prestó
el dinero. Estos derechos se los privan y entonces nos vemos en la obligación de aceptar cosas tan absurdas como he visto en los contratos de ese tipo, en el sentido de que las cuotas de administración, cuotas de operación y mantenimiento se incrementan en porcentajes casi iguales a los incrementos de los salarios de los trabajadores al servicio del Estado.
Eso lo vi yo en el FOVISSSTE. Yo lo he visto en algunas de las unidades, de módulos habitacionales. Eso es absurdo. Y luego dicen para quitarse de encima esta carga, que estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. Yo les pregunto a los que saben de derecho si no entienden qué cosa es un contrato de adhesión, porque yo no sé que sea otra cosa lo que presente el FOVISSSTE y todas esas instituciones que se dedican a la vivienda social; le presentan a los trabajadores un contrato ya hecho, con el clausulado transcrito, mimeografiado o impreso, donde no tiene más remedio que adherirse a las cláusulas estipuladas ahí.
Yo no conozco ningún trabajador que haya modificado un contrato de adhesión del FOVISSSTE, o de otras instituciones que se dediquen a la vivienda social, porque, además, éste es un compromiso que va creado por el otorgamiento del crédito, y nadie va a decir que se opone a esas cuotas se cobren en ese sentido si eso va a implicar el que no le den el crédito para la vivienda o para la casa. Entonces, no es cierto que haya libertad para escoger, esto que se dé la opción de libertad al trabajador puesto que él suscribe contratos de adhesión y ahí no hay libertad.
Una cosa también absurda es la que establece el párrafo segundo del artículo 18, cuando dice: "Las instituciones presentarán a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, las que serán sometidas a la aprobación - a la aprobación - de la Secretaría de Programación y Presupuesto".
Por primera vez desde que soy abogado, una relación de trabajo la resuelve un tercero con el que no tenga nada qué ver. Es la primera vez que se resuelve por un tercero. Yo creo que aquí hubo un traslape de ideas o se equivocaron un poco, porque simplemente quisieron copiar o trasladar la que el artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece, que lo voy a leer para que vean cuál es el error. Dice: Las condiciones generales de trabajo de cada dependencia serán autorizadas previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando contengan prestaciones económicas que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno Federal y que deban cubrirse a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin cuyo requisito no podrá exigir el Estado su cumplimiento."
Compañeros, yo estoy de acuerdo que haya cierta vigilancia de la Secretaría de Programación y Presupuesto cuando se trate precisamente de hacer erogaciones presupuestales. Pero de eso, a que pruebe las condiciones generales del trabajo que tiene otras disposiciones muy distintas que norman la vida interna de la relación laboral entre una institución y sus trabajadores, eso es distinto.
Yo estoy de acuerdo que si hubiera puesto lo que dice aquí en el 91, ... que se verán autorizadas previamente o serán sancionadas....;pero nunca que aprobarán las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Porque además, según tengo entendido, las empresas, o sea, las sociedades nacionales de crédito, no son empresas que estén controladas presupuestalmente por el Estado en ese aspecto por la Secretaria de Programación y Presupuesto. Si no tiene esas facultades, pero además también le van a dar facultades de aprobar relaciones laborales internas, pues resulta absurdo.
Pudieran cambiarle, si es que se lo consideran de estilo - como se acostumbra ahora para no decir que se equivocaron -, pues una corrección de estilo diría lo que dice el artículo 91,"... que autorizarán previamente o que sancionarán..."pero nunca que aprobarán las condiciones generales de trabajo, eso resulta absurdo.
Entre las cosas que agravan las condiciones del trabajador de la banca o del Banco de México, o de Patronato del Ahorro Nacional, están las causales para cesar los efectos del nombramiento. También aquí se quisieron pasar de rosca los de las Comisiones.
Y en la fracción X dice: "Desobedecer el trabajador a los representantes de la institución sin causa justificada, siempre que se trate de la relación de trabajo". Una simple y aislada desobediencia le da derecho al patrón de cesar fulminantemente al trabajador.
¿Por qué no siguieron lo que la Ley de los Trabajadores dice?, que es el artículo 46, fracción V, en el inciso g), se refiere a la desobediencia reiterada, compañeros. Una cosa repetitiva. Pero aquí le borraron lo de reiterado y una simple desobediencia aislada eso es lo que le da lugar a que se le cese fulminantemente.
Si un trabajador no quiere ser alcahuete del gerente para llevarle una cartita de amor a la querida, eso es suficiente para que lo corran. Son casos aislados que se pueden dar y se dan en la realidad de este país. Nosotros consideraríamos que si también quieren enmendar su error, pues simplemente apliquen la Ley. Apliquen ese artículo 46, fracción
V, inciso g), y entonces, sí, ya se castiga conductas reiteradas, repetitivas y peligrosas para el desempeño de la relación laboral.
Y caemos en lo que tanto hemos criticado, es la primera vez, y esto también me sorprende, que una federación se cree por Ley sin que haya asistido la voluntad previa de los sindicatos o una indicación previa de los mismos. Aquí dice que es a petición de los trabajadores bancarios, pero ¿de verdad le pidieron una federación o pedían el viejo anhelo de un sindicato nacional?.
Claro, que el contenido es muy significativo, esto no venia en la iniciativa, eso ya es un obsequio de las Comisiones al Señor Presidente de la República, para bien o para mal, eso lo dirá él, esa será la realidad si esto se mantiene porque el señor Presidente de la República no pensó nunca en esto, es de tipo corporativo. Yo no estoy de acuerdo en que sea fascista, la naturaleza de esta disposición no es fascista. ¿por qué?, pues porque no se dan todas las características que existían en lo que se llamaban Cartas de Labor en tiempo de Mussolini. En aquel entonces el fascismo se daba precisamente a través de una coordinación corporativo pero dentro de las haciendas o empresas que se dieron.
Aquí no aquí es un corporativismo político a la mexicana. Claro que los efectos son los mismos, o de qué se trata o de qué se trataba en el corporativismo fascista?. Bueno, de manejar la organización de las masas, tenerlas controladas, tenerlas coordinadas, solamente, y reconocer quien puede existir como sindicato o no, ya fuera patronal o de trabajadores.
Y aquí sí, a la mexicana, pues también se trata de lo mismo, nada más que por otro camino, muy a nuestra manera de ser. También se trata de maniatar los movimientos de masa y, por desgracia, esto nació desde la época del general Cárdenas. Desde esa época nació. Digo por desgracia, porque el posiblemente consideró que el movimiento de masas que se estaba gestando en el país iba a poner en peligro a la estabilidad del Estado y empezó a dar ese tipo de explicaciones de movimiento agrario organizado, de movimiento campesino organizado, movimiento obrero organizado, dejando fuera precisamente a aquellos sin reconocimiento legal, a todos aquellos que no aceptaran las condiciones del Estado.
Aquí realmente no es fascista, pero sí es corporativista, el establecer que los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, única central reconocida para los efectos de esta Ley es crear una federación por inducción legal, pero además, no es dejarle la posibilidad de que puedan pertenecer a él o no, a esa central Eso de podrán es una vacilada. Si va a ser la única reconocida pues no es que podrán, sino que deberán , si quieren tener alguna representación legal como federación o como parte de una federación, tendrán que pertenecer a ella, obligadamente.
¿Y qué es lo que pasaría?., yo quiero preguntarme, si en este momento de los sindicatos existentes que ni siquiera han consultado a su base a ver si quieren pertenecer mejor a una federación o crear o no una federación, resultara que muchos en sus bases obtuvieran la respuesta negativa. ¿Quiénes irán a formar esa federación? !Pues claro que los sindicatos blancos que ya manejan!, aquellos que les dieron preferencia para registrar de inmediato, porque eran los más mansos, esos son los sindicatos blancos, los que le llaman corriente democrática, que en última instancia están en contra de que se les corporativice, están en favor de que se pueda democráticamente, escoger un tipo de organización que ellos deseen, que crean en la libre sindicación, pues ellos van a integrar una federación y, ¿cómo iban a quedar?, ¿en la clandestinidad o siendo ilegales?. Y como va a ser la única central reconocida por la Ley, la otra central, que pudiera ser central independiente, como las que se han formado en el movimiento obrero o en el movimiento campesino, no iban a tener ningún reconocimiento.
Señores nosotros consideramos que eso se creó no por razones jurídicas, nosotros, en la tierra de uno, dicen que a veces se emberenjenan, dicen allá cuando tienen un problema que no pueden manejar fácilmente; aquí las razones fueron de tipo político. ¿Se imaginan ustedes lo que es crear o respetar el viejo anhelo de los bancarios de crear un sindicato nacional único? Son más de 200 mil personas con cierto tipo de capacidad mental y preparación, de escolaridad ¿Iban a crear otro sindicato como el de maestros que ahora pretenden dispersar por toda la República, en virtud de que empieza a haber ahí corrientes democráticas que están en contra del cautiverio del Estado?
¿Se iba a formar ese tipo de sindicato nacional y darles las libertades que nuestra Ley señala? !Pues claro que no!, es muy peligroso que un sindicato nacional de banqueros se formara y se respetara.
¿Cuál sería entonces la forma? Seguirlos fraccionando en sindicatos pequeños donde cada secretario pudiera manejar las cosas a su antojo o libremente, como se ha venido haciendo en algunos, entonces tendría que ingresar a la FSTSE, y ese número....Yo nada más voy a suplicar que me permita concluir para no tener una segunda intervención, le pido que lo consulte a la Asamblea, por favor.
La C. Presidenta:- Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la ampliación del tiempo de la intervención del diputado para que termine lo que tenía que decir.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se permite que el diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez continúe en su intervención.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Que continúe el orador.
El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez:- Si siguiesen los sindicatos así, en forma autónoma, o sea, varios sindicatos integrados y registrados, pues no existe la FSTSE, y entonces le romperían el equilibrio político a la FSTSE; por eso aplaude que se integre una federación, esa fue una salida política. En cambio, si se integra la federación y se van a la CNOP, se recibe en bandeja de plata a 200 y tantas mil gentes, nada más con la obligación de que vengan en federación para que tengan un solo voto, no hay pendiente, se resolvió el problema para el Estado, y se le resolvieron esas centrales que son, no dijéramos que están cautivas, verdad, pero en una forma u otras son aliadas de este Estado que no quiere problemas.
Creo que esa es la salida que se le está dando a todo, que se está regresando en todo; se regresó en la nacionalización de la banca, por qué no va a regresarse también en la manifestación de respetar la libre sindicación de los trabajadores bancarios, y por qué no cuidar que ese cúmulo de trabajadores plenamente organizados y concientizados no fueran a ser un peligro en este momento, pues, que tanto el Estado como sus aliados, que no son precisamente los trabajadores no son sus aliados realmente, sino los burgueses los capitalistas, no vayan a tener problemas en el momento en que empiecen a recuperar su tasa de utilidades. Por eso escogí esta salida, por eso yo le decía que no, si el Presidente de la República se los vaya a agradecer.
A lo mejor después empiezan los celos otra vez entre el Congreso del Trabajo, la FSTSE, y la CNOP para ver quién puede llevarse a 200 mil o más trabajadores de la banca. Esa fue la salida que se le dio, por desgracia para los trabajadores bancarios, como ha sido siempre desde que se les integró en el Apartado B.
Yo sí les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme, bajo cumplirles la amenaza de no reservar nada en lo particular, no tiene caso, deveras, compañero del PPS.
No vamos a obsequiar a una cosa tan arbitraria con quererlo discutir en lo particular cuando ya expresamos nosotros objeciones en lo general. Podrían venir, para no coartarle su derecho, si ustedes gustan hacer otra intervención en lo general, y no obsequiar a esta cosa tan arbitraria, de veras, tan anticonstitucional con la discusión en lo particular. Muchas gracias. (Aplausos).
La C Presidenta - Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite a discusiones la modificación propuesta por el diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez la adición del artículo 3o.,
El C. Secretario Enrique León Martínez: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a esta honorable asamblea si se admite o no a discusión la proposición hecha por el C. Diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.
Los CC. diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... muchas gracias.
Los CC. diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
La C. Presidenta - Tiene la palabra el señor diputado José de Jesús Fernández Alatorre.
El C. José de Jesús Fernández Alatorre: - Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados: Al escuchar muy atentamente la intervención de todos y cada uno de los CC. diputados, de los distintos partidos, a mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, quedé mucho más convencido de lo que estaba, de la imprescindible necesidad de intentar que comprendamos cabalmente el sentido y significado de la legislación laboral a debate en este día, si no nos apartamos un poco del conjunto de los vigentes esquemas del derecho del trabajo.
Efectivamente, por una parte el artículo 123 constitucional nace en el Constituyente queretano a raíz de una discusión del proyecto de Constitución enviado por Venustiano Carranza, y precisamente en el artículo 5o., en la discusión del artículo 5o., nos lleva a la creación del artículo 123 constitucional.
El artículo 123 constitucional nace sin apartados, con la tendencia a regir todas las relaciones de trabajo, y ¿qué sucede después de la existencia durante muchos años del artículo 123 constitucional? Sucede que se le dan facultades a los estados, para el efecto de que ellos legislen en materia laboral.
Y de 1917, que entra en vigor la Constitución, a 1931, en que nace la Ley Federal del Trabajo, se crea una anarquía en materia laboral, a pesar de que en algunos estados como los estados de Veracruz, el estado de Yucatán, tienen una legislación laboral muy progresista y muy avanzada.
En este marco, la primera Ley Federal del Trabajo viene a cumplir una misión histórica. Esto es, uniformar la legislación laboral en toda la República y se faculta al Congreso para que realice esa función. Y al nacer la Ley Federal del Trabajo, entre otras cosas se establecen artículos que marginan a muchos grupos de trabajadores. Un artículo importante es el que habla que quedan eximidos de esa legislación, entre otros grupos, los grupos de trabajadores de empleados bancarios.
Por otra parte, en el carácter general, al Apartado B nace como consecuencia de una lucha permanente de los trabajadores al servicio del estado, para que sus derechos sean reconocidos de manera genérica.
Y en el año de 1960, se eleva a la categoría constitucional y se crea el Apartado B del artículo 123 constitucional. Tres años después nace la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de regular las características, las condiciones de trabajo de los trabajadores al servicio del
Estado, entonces, tenemos dos esquemas en conjunto diferentes: artículo 123, Ley Federal del Trabajo, Apartado B del artículo 123, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
¿Y qué sucede con los trabajadores marginados, incluyendo a los trabajadores bancarios?
Queda a un lado ¿Por qué? Porque hay un reglamento especial que regula sus condiciones de trabajo, pero para que no se asusten los compañeros revolucionarios de mi partido y de cualquier otro partido, el reglamento bancario nace por disposición, por acto directo, personal, del Presidente Cárdenas. ¿Y acaso se consideró que el señor Presidente Lázaro Cárdenas era un reaccionario, era una gente que estaba en contra de los trabajadores? De ninguna manera.
El Presidente Cárdenas es el Presidente que hace el estatuto de los trabajadores al servicio del Estado y ese estatuto, ¿no de alguna manera se mantenía al margen del artículo 123 constitucional?, ¿y no es hasta la elevación a la categoría de constitucional cuando en ese momento los trabajadores al servicio del Estado se sienten tutelados, protegidos y definida situación laboral? Mi respuesta a estos señalamientos genéricos es que si no estamos penetrados en el curso de la historia del movimiento sindical mexicano, si no tenemos alguna militancia en las filas de trabajo, es muy difícil comprender esta nueva rama del Derecho Laboral que yo llamaría la Ley Bancaria Laboral.
Esta Ley Bancaria Laboral no tiende a ninguna otra cosa más que a respetar de manera total o profunda los derechos conseguidos por los trabajadores bancarios. Reconocemos que desde el punto de vista de principio, seguramente a los compañeros bancarios les habían comprado un poco con prestaciones económicas su derecho a la sindicalización, les habían comprado un poco su derecho a participar de manera directa en lo que son protagonistas en las luchas de la clase trabajadora mexicana.
Pero lo cierto es que la realidad nos lleva de la mano a considerar que las prestaciones de los trabajadores, entregadas y otorgadas por esos empresarios de la iniciativa privada, les dieron unas prestaciones que estaban por encima del nivel medio de las prestaciones generalizadas de los trabajadores.
Ante esta realidad importante, los trabajadores bancarios, primero insisten en algunos movimientos, y ahí no nos encontramos todas estas expresiones que hemos venido escuchando con mucha atención de protección a sus intereses, que hemos escuchado con atención, sorprendidos también, de que en alguna ocasión
Algún partido o algunos partidos políticos que habían estado en contra de la sindicalización, que habían estado en contra de los trabajadores bancarios, ahora vengan casi hasta llorosamente a decirnos que se les deben respetar sus sagrados derechos.
Esta legislación, señores diputados, tiende precisamente al respeto de los derechos de los trabajadores bancarios.
Si nosotros no entendemos que la legislación bancaria cumple su misión y el Presidente de la República, al enviar su iniciativa, está cumpliendo con la disposición que dice que los trabajadores bancarios se regirán por el Apartado B del artículo 123 constitucional, entonces no tendrá sentido esta discusión.
Nosotros pensamos en un mucho, que cuando durante 14 horas se estuvieron debatiendo en el periodo ordinario de sesiones anterior, si debían pertenecer al Apartado A o al Apartado B, y bien o mal - y nosotros decimos que bien - los trabajadores quedaron perteneciendo al Apartado B del artículo 123.
¿Y qué sucede cuando sin que haya un Apartado C, ni un Apartado D, ni un Apartado E, se cumple de manera rigurosa promoviendo, enviando una iniciativa de Ley para regir, para dar definición, regulación, a los derechos de los trabajadores bancarios? Encontramos frases asustadas de personas que, de alguna manera, pienso yo, no tienen una vinculación directa inmediata con estos intereses de los propios trabajadores bancarios.
Cuando ellos no tenían en la expropiación bancaria una definición clara de la regulación de sus relaciones laborales, el día 1o. de septiembre de 1982 que se decretó la nacionalización, el día 6 vino un nuevo decreto que formaba una Comisión para que dentro del Apartado B estudiara de qué manera debían quedar considerados los trabajadores.
Vino la iniciativa de Ley que incluía a estos trabajadores en el Apartado B y se creó la fracción XIII - bis, que ahora estamos reglamentando.
El Presidente de la República está cumpliendo con la necesidad de regular, de definir, de enmarcar la situación laboral de los trabajadores bancarios. Y ahora que el Presidente cumple, ahora es cuando nos damos cuenta que no se les dan las prestaciones totales del Apartado A, ni de la Ley Federal del Trabajo, que no se les dan todas las prestaciones del Apartado B, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En realidad, que alejados estamos quienes así pueden decir, de la conciencia directa de este grupo de los trabajadores a los que yo quiero dirigirme, saludar y decirles con toda claridad, porque aquí están sus representantes legítimos, con los que desde hace meses se ha venido discutiendo y manejando esta Ley, con el propósito de que ésta va dirigida a ellos, en primer lugar, fundamentalmente, protegiere los derechos conseguidos durante toda una vida y que no se las daban los empresarios privados, simplemente como una dádiva les daban por el miedo que a los trabajadores les tienen.
Pero nosotros no comprendemos que al cambiar la naturaleza del empresario, cambiamos todo el esquema de la regulación de sus propios derechos laborales.
Los trabajadores bancarios son ahora trabajadores de la banca nacionalizada. El patrón de los compañeros bancarios no es un patrón privado, tampoco es el patrón - Estado, dígaselo de manera amplísima: el patrón somos nosotros, el
pueblo de México. Y ellos, trabajadores muy eficaces, gente bastante capaz, personas con las que he tenido el privilegio de convivir y de cambiar impresiones, encontraron primero un espacio político en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que con tanta atingencia e inteligencia dirige el diputado, mi amigo, Enrique Fernández Martínez.
Ellos, al encontrar su espacio político requerían una definición, una definición de carácter jurídico, fundamentalmente enmarcados en seguridad para las prestaciones que ya tenían, y es así, como dentro de sus múltiples peticiones que examinamos, se trasladó el artículo 6o. para el efecto de que ese artículo protegiera de todos, de los derechos y prerrogativas de que ya disfrutan. Pero, podían ubicarse trabajadores exclusivamente en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del 123 constitucional? No. Por razones tan simples como ésta tienen derechos adquiridos del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde han venido cotizando durante muchos años, tienen derechos a los seguros que el Instituto Mexicano y su ley establecen.
¿Qué iban a perder también sus derechos del INFONAVIT? Teníamos que acorralarlos y quitarles la posibilidad y que se tuvieran que ingresar forzosamente y a partir de ahorita en adelante al ISSSTE y al FOVISSSTE. Se tuvo que hacer una regularización que a mí me parece inteligente. A mí me parece que estamos en el inicio del nacimiento de una nueva rama del Derecho del Trabajo una nueva rama que saludamos, y estoy seguro que no queda simplemente en frases, la frase del diputado Osorio, el coordinador del sector laboral, del sector obrero de esta Cámara, por parte de mi partido, que el Congreso del Trabajo abrirá los brazos directamente a esta federación.
Pero esta federación nace con un enunciado de central única reconocida, y eso también les causa mucho problema. No se quiere entender desde ningún punto de vista que ni es fascista, ni es corporativo, ¿o acaso acusan de fascista y corporativista al régimen cardenista que prodigó la sindicalización de los trabajadores al servicio del Estado? ¿Acaso acusan también a ese régimen que clasificado por todos como un régimen revolucionario, permitió que se fuera gestando la posibilidad del Apartado B y la formación de la FSTSE cuyo texto se ha transcrito a este lugar, a esta legislación de los trabajadores bancarios? No, señores, al tener espacio político y tener definición jurídica los trabajadores, sus dirigentes, que aquí veo las caras conocidas, amables y amigables, que discutieron palmo a palmo esta Ley, a esos trabajadores va dirigida esta Ley; primero, para proteger los privilegios y las conquistas ya tenidas y los derechos obtenidos, y segundo, para quedar enmarcado con seguridad jurídica. Y no nos extrañe que no me refiera, y en particular, a un artículo o a otro artículo de los aquí objetados, porque esta intervención, desde luego, siendo general, también abarca algunas particularidades, se confunde de manera gravísima la inamovilidad, la planta, la base, la permanencia en el trabajo y esto, señores, pues va a ser muy difícil convertir esta charla, esta intervención, en tratar de precisar la distinción entre cada una de ellas.
Pero vaya como ejemplo esta que acabo de señalar; la inamovilidad la contiene la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, la permanencia en el trabajo la contiene la Ley Federal del Trabajo; la planta es una cosa distinta y si se aplica al sistema completo de contratación que se le puede llamar nombramiento, pero que evidentemente la carencia de nombramiento sería impugnable a éste, llamado patrón, los trabajadores están bien protegidos, porque norman sus relaciones con una relación de trabajo, y por encima del nombramiento y del contrato está la relación de contrato. Y que si se hace una confusión con la inamovilidad es porque el trabajador bancario y los funcionarios de la banca mexicana, esta banca nacionalizada que contra las predicciones catastrofistas, aquí está, y están sus representantes más directos sirviendo con confianza, con lealtad y con honradez a los objetivos primarios de los que es la banca nacionalizada, de tal suerte que la inamovilidad le fuera imposible que se manejara desde este punto de vista a los trabajadores bancarios, y se estableció el sistema de la Ley Federal del Trabajo, con un agregado más, con un agregado menos, pero con el sistema completo de la Ley Federal del Trabajo, y se ha ampliado el día de ayer, por voto de ustedes, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente contemplado como un todo la posibilidad de que se diriman en este tribunal las diferencias entre las partes.
Nosotros tenemos fe, tenemos confianza en que esta legislación bancaria, que ha sido discutida palmo a palmo, artículo por artículo, palabra por palabra, coma por coma, con los trabajadores directamente involucrados, saben que les es favorable y que se culmina de alguna manera su derecho anhelante de siempre, de poder formar sus sindicatos, de agruparse en una federación que, como lo expusieron en un manifiesto firmado por todos, 42 compañeros secretarios generales de los sindicatos con los que hemos platicado, se considera la posibilidad y es un hecho de que formen su propia federación; pero como su federación, se dice que es central única reconocidas, entonces viene otro argumento adicional, ¿Por qué no se permite la libertad sindical y pueden entrar a la central que quieran?, cuando es aspiración del movimiento general hacer que los sindicatos no estén pulverizados, sino cohesionados, y esta federación, señores diputados, realmente está representando un sindicato único, un sindicato nacional, porque la Federación es esa agrupación de sindicatos parciales de las instituciones.
Es cierto que cuando el Senado apruebe esta Ley, los trabajadores sabrán celebrar dignamente esta Ley Bancaria para ellos destinada. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Salvador Castañeda O'Connor.
El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Ya hemos perdido hasta nuestra capacidad de enojarnos; pero lo que yo quiero decir es que un trabajador bancario consciente, progresista, preferiría despojarse de todas las prestaciones que esta Ley le reconoce, a cambio de que le dejaran organizarse libremente en sus organizaciones de clase, porque teniendo el instrumento, la clase trabajadora puede conquistar esto y más.
Yo pienso que es preferible que las organizaciones de los trabajadores sean independientes del Estado, del patrón; que puedan los trabajadores determinar libremente su estrategia, su táctica, sus métodos de lucha, es preferible todo eso a que a cambio de determinadas prestaciones les neguemos este derecho.
No me quiero referir solo a esta Federación Nacional de Trabajadores Bancarios para decir que esto niega el derecho de asociación y la libertad sindical; México forma parte de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y ahí México se ha comprometido a respetar esos derechos y ahora preferimos, en lugar de la Carta de los Derechos Sindicales una Carta de Labores de la época de Mussolini.
Esta es la primera federación que surge, o que es reconocida por la Ley antes de nacer, es la primera federación que surge y es reconocida por la Ley sin tomar todavía un solo miembro; al estar establecida por la Ley, esta Federación forma parte, se quiera o no, de la estructura del Estado, ya no es una organización independiente de los trabajadores, ese es nuestro reclamo a esta famosa Federación Nacional de Trabajadores, la CROM surgió, se dice que por decreto, es cierto, la Legislatura de Coahuila convocó o autorizó al gobernador a convocar a los trabajadores a formar la central, la CROM, pero no fue la Legislatura de Coahuila ni ninguna otra legislación la que creó la CROM, simplemente la convocaron. Y aquí estamos reconociendo a una Federación antes de que nazca. Sin consulta con los trabajadores.
Compañeros, esto a mí me parece deveras grave, muy grave. Nada más nos falta agregar un artículo transitorio en este decreto, para que pongamos de una vez el nombre del secretario general de esta Federación Nacional de los Trabajadores Bancarios. Estas son las cosas. No se vale escudarse en Lázaro Cárdenas para justificar esos atropellos. No se vale. Lázaro Cárdenas, que cometió errores, fue el más respetuoso de la independencia de los sindicatos.
Y la alianza entre la CTM, que se creó por el genio de Lombardo Toledano, con la base de respetar las distintas posibilidades ideológicas y políticas de los trabajadores que se sindicaban, la alianza era una alianza política, no una alianza forzada por la Ley; una alianza política de respaldo de la organización obrera más importante, a las decisiones nacionalistas y populares de Cárdenas. No se vale manejar el nombre de Cárdenas para justificar este atropello. Eso es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
Señora Presidenta, se emitieron 221 votos en pro y 65 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados, por 221 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 3o., 4o. 15 y 20. Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 3o.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 3o., el señor diputado Sergio Quiroz, del Partido Popular Socialista, y también se ha inscrito en contra, el señor diputado Aguilar Talamantes, del Partido Socialista de los Trabajadores, y para hablar en pro del mismo artículo, la Comisión.
Tiene la palabra el señor diputado Sergio Quiroz.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señora Presidenta: Yo le solicito pedir a la Asamblea me permita abordar los artículos reservados, en una intervención.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si acepta que el diputado Sergio Quiroz trate en una sola intervención los artículos que ha reservado.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén - Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si se le permite al diputado Sergio Quiroz que trate en una sola intervención los artículos que él reservó.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, C. Presidenta.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - Las razones por las que el Partido Popular Socialista votó en contra en lo general, de este dictamen, es necesario precisarlo, que son diametralmente opuestas a las que tiene la derecha para votar en contra.
Bien lo dijo el diputado del PRI, que quienes tenaz y persistentemente se opusieron a la sindicalización de los empleados bancarios, fueron precisamente los elementos de la derecha aquí representados. Y su voto en contra, aunque argumenta falsamente una posición que no sostienen en los hechos, se debe no a las cuestiones negativas que tiene esta ley, sino precisamente a las cuestiones positivas y al propio hecho de la sindicalización de los empleados bancarios.
En relación a nuestro voto en lo particular, consideramos que es necesario respetar los términos del debate parlamentario, que una cosa es que una Ley se apruebe en lo general y que un determinado partido o diputado esté en contra en lo general, como conjunto, y otra que renuncie a su derecho de tratar de aportar algo para perfeccionar lo que ya se aprobó. Por eso estamos participando en lo particular.
En relación al artículo 3o. dice: "los trabajadores serán de confianza o de base", y después de una serie de cargos de gerentes, secretarias, etcétera, dice: "...así como aquellos que conforme al Catálogo General de Puestos de las instituciones administren, controlen, registren o custodien información confidencial básica de carácter general de las operaciones, o bien, desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, investigación científica, asesoría o consultoría".
No sé dónde van a quedar los trabajadores de base, de acuerdo a este ordenamiento. Un simple mensajero puede quedar, a juicio de un funcionario bancario, como un empleado que custodia información confidencial, es decir, bien puede ocurrir que no se aplique estrictamente este artículo, pero también que se dé una interpretación negativa para que el ejercicio sindical y los derechos de los trabajadores bancarios. Por eso nosotros pedimos concretamente que se suprima todo ese párrafo que hemos leído.
En relación al artículo 4o. coincidimos con los argumentos expuestos por otros compañeros diputados que lo objetaron, en relación a que los trabajadores de base tendrán permanencia en el trabajo después de cumplir 12 meses. No es que confundamos la base con la inamovilidad, pero lo cierto es que la inamovilidad y más propiamente la permanencia en el trabajo, se adquiere precisamente con la base.
Nosotros proponemos concretamente que se ajuste a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, sustituyendo la expresión 12 meses por la expresión treinta días.
En relación al artículo 15: "Todos los trabajadores tienen derecho a recibir capacitación y adiestramiento que les permita elevar su nivel de vida y su productividad en el trabajo, de conformidad con los programas que elaboren las instituciones de acuerdo a sus posibilidades..."
Proponemos nosotros que se haga un agregado nada más: "De conformidad con los programas que elaboren los sindicatos en conjunto con las instituciones", para considerar precisamente la opinión de la organización sindical.
En relación al artículo 20: "Cesan los efectos de los nombramientos". Es decir, son las casuales de rescisión del contrato el cese. "Primero.
Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez; en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos, en contra de los representantes de la institución o del personal directivo o administrativo de la misma, salvo que medie la provocación o que obre en defensa propia."
Nosotros no estamos en la posición de apoyar que un trabajador esté injuriando o violentando las relaciones con sus superiores, pero también consideramos que es exageradamente lesiva esta medida, exageradamente drástica y rigurosa.
Aquí y en las que vienen consideramos que debería darse una posibilidad o varias a los trabajadores, y no aplicar la rescisión de la relación laboral.
Por eso estamos en contra de este artículo y pedimos que esta fracción I del artículo 20 quede como sigue: "Cesarán los efectos de los nombramientos por las siguientes causas: Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de honradez objetivamente comprobadas", para eliminar cualquier posibilidad de interpretación negativa del artículo.
"Fracción II. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo."
Por las mismas razones, no nos parece suficiente motivo para el cese y, en consecuencia lo que se refiere al primer artículo, a la primera fracción, pedimos que se suprima.
La fracción III dice: "Cometer el trabajador fuera del servicio, contra los representantes de la institución o el personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción I, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de las relaciones de trabajo". Es decir, esta Ley invade ya la vida privada de los trabajadores y de los funcionarios; no es posible que aceptemos modificaciones de este tipo a una relación laboral, eso, incluso, si se llega a cometer un delito está establecida en las leyes correspondientes la penalidad que le corresponda al trabajador, y no tenemos por qué incluir relaciones que se dan fuera del territorio de la institución o de la empresa, para sancionar al trabajador.
Pedimos que se suprima también esta fracción III.
La fracción V dice: "Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior,
es decir, la fracción anterior habla de, intencionalmente, perjuicios materiales o económicos contra la empresa, siempre que sean graves, sin dolo pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio. Es decir, una imprudencia del trabajador que bien pudiera ser motivo de una amonestación o de una sanción leve, se castiga con el cese, con la separación del trabajo.
Pedimos que se suprima la fracción V.
La fracción VII dice: "Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento, en el lugar del trabajo..."
Claro, no estamos nosotros tampoco en la posibilidad de apoyar inmoralidades, entendidas éstas como bajezas, como actitudes franca y notoriamente lesivas a la probidad de las personas. Pero en este caso se deja una libre interpretación: ¿Qué es la moral? No hay un concepto universal sobre la moral. Lo que para unos es moral para otros puede ser inmoral, lo que para unos es levemente inmoral para otros puede ser rotundamente inmoral, por eso estamos en contra de este artículo.
La fracción X dice: "...desobedecer el trabajador a los representantes de la institución sin causa justificada, siempre que se trate de la relación de trabajo".
En ninguna de las relaciones que los trabajadores al servicio del Estado mantenemos con nuestros superiores es motivo de cese la desobediencia, serán siempre las instancias. Por eso explicaba que casi todos los artículos adolecen de esa falla, son excesivamente rigurosos.
En la fracción XIV se hace una aportación negativa al derecho: "...incurrir en malos tratos, ofensas e injurias en contra de los usuarios del servicio de la institución o conducirse reiteradamente en forma desatenta o descomedida frente a ellos".
Aquí se presta, incluso, a maniobras para despedir a un trabajador y en la que puede participar un supuesto usuario. No estamos de acuerdo con ello.
Y, finalmente las "...análogas a las establecidas en las fracciones anteriores". Ese término análogas es totalmente impreciso.
Por esas consideraciones, el Partido Popular Socialista protesta por escrito estas modificaciones y adecuaciones. Muchas gracias.
El C. Javier Blanco Sánchez: - Pido la palabra para hechos.
La C. Presidenta: - Señor, vamos a terminar con el trámite e inmediatamente tendrá usted la palabra para hechos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admiten a discusión las proposiciones hechas por el diputado Sergio Quiroz.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión o no las proposiciones hechas por el diputado Sergio Quiroz. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los CC. diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada C. Presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos el Señor diputado Javier Blanco Sánchez.
El C. Javier Blanco Sánchez: - Por razones de justicia, hubiera pensado en renunciar a venir a esta tribuna, dada la fatiga de los señores y de las señoras diputados tras de larga jornada de la sesión de este día. Pero son también razones de justicia, señora Presidenta, señores diputados, compañeras diputadas, las que me obligan una brevísima intervención.
Sólo para precisar, y podría poner y pedir el testimonio de un distinguido compañero nuestro de la XLV Legislatura, al que llamábamos El Solitario, al diputado Stephens García para que confirmara aquí ahora lo que hoy voy a afirmar. Desde antes y antes que nosotros, otros compañeros del Partido Acción Nacional, luchamos en diferentes oportunidades, tomamos la voz y la exigencia de trabajadores y empleados de los bancos nacionales para exigir el respeto a su derecho a la libertad sindical, a la libertad de asociación, y esto no como pose política, sino como respuesta a un compromiso de justicia en una legítima representación nacional.
Dejar constancia de esto hoy, es necesario, y podríamos decirles a los menores amnésicos, aquí presentes que no nos importa reclamar la paternidad de la criatura, porque al fin y al cabo las razones de justicia, los reclamos de derecho de los trabajadores bancarios, son universales, como es universal el derecho a la justicia.
Y si hoy nos hemos opuesto, por las razones que tan brillantemente sostuvo nuestra compañera, la señora diputada Florentina Villalobos, a este instrumento de Ley, es porque creemos que entraña y establece normas contrarias al derecho y a la justicia, que se dice establecer para los trabajadores bancarios; pero el movimiento de ellos, su libertad y su derecho, pese a lo que aquí ahora aprobamos, seguirá vigente y dependerá de ellos aceptar o no este instrumento que nosotros creemos de injusticia, y que hoy se va a aprobar por el número mayoritario, no por razones de justicia.
(Aplausos).
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Aguilar Talamantes Rafael.
EL C. Rafael Aguilar Talamantes: - Compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Lo cierto es que nosotros estamos en contra en lo general y en lo particular, también estamos en contra de casi todos los artículos de esta Ley, lo que pasa es que sobre todo vamos a hablar en contra, en estos momentos del artículo 3o. y del artículo 4o., que tuvo la bondad de apartar el compañero diputado del PPS, porque estamos relacionados, aunque nos gustaría, claro, poder hablar en
contra de todos y cada uno de los artículos aquí señalados.
En primer lugar porque no nos tragamos las ruedas de molino que el compañero diputado cenopista vino a hacer aquí, a esta tribuna, en defensa de esta iniciativa. Nos preocupa el hecho de que todo el texto de la iniciativa de Ley muestre una gran insensabilidad respecto a la naturaleza del trabajador bancario.
No sabemos y no hemos estado preguntando en el curso del debate, si esta Ley se hace para beneficiar a la banca nacionalizada o para perjudicarla, y si en su afanoso sentido del deber, los miembros de la Comisión pretendieron ayudar al secretario de Hacienda, Silva Herzog, o al secretario de Programación y Presupuesto, Salinas de Gortari, o también perjudicarlos. Porque en realidad aunque el señor diputado cenopista hizo la defensa final de esta Ley, hizo algunos señalamientos para indicarnos que en este proyecto se contemplan las formas más originales y modernas para defender los intereses de los trabajadores bancarios, lo cierto es que en la redacción, no del artículo 3o., y del resto de los artículos, nos encontramos una serie de tradicionalismos totalmente obsoletos e innecesarios que de ninguna manera colocan esta Ley a la altura que debiera estar una ley protectora de los derechos de los trabajadores bancarios.
Entonces, ante esa insensibilidad de los redactores de esta Ley, nosotros, desde luego, tenemos una opinión. Se cometen muchos desacatos. Desde el punto de vista jurídico, esta Ley es francamente infumable, pero desde el punto de vista político, es peor. Contiene una serie de barbaridades que, ¡lástima que están tan cansados nuestros compañeros diputados!, valdría la pena señalarlos. Por eso voy a dedicarme solamente a una, la que señala el artículo 4o., al cual quiero referirme de una buena vez, con la venia de la señora Presidenta, en aras de ahorrar tiempo a todos ustedes.
Simplemente en el artículo 4o., íntimamente relacionado con el 3o., - Por cierto, el Ejército Mexicano creo que tiene un porcentaje de 10% del total de sus componentes, entre jefes y oficiales, y eso le da operatividad, flexibilidad y capacidad de combate al Ejército -, la banca nacionalizada va a tener el 30% de jefes y oficiales, por lo que estoy viendo, signo ya inminente de burocratización y, desde luego, de marcha lenta y perniciosa para los intereses nacionales, en virtud de que habrán demasiados jefes que no estén sometidos desde luego más que a una sola autoridad y a ninguna fiscalización organizada y democrática de parte de los trabajadores.
De paso habría que señalar la mejor garantía de que la banca nacionalizada funcione, sea productiva y eficiente, y sirva a los intereses nacionales, es que los trabajadores bancarios tengan la oportunidad siempre de tener opinión, de tener participación en los asuntos de la banca nacionalizada, y la forma como esta Ley establece los diversos derechos, sobre todo los derechos políticos y sindicales de los trabajadores, no facilita precisamente esa intervención de los trabajadores bancarios en el mejoramiento, en todos los sentidos, del servicio de banca y crédito.
Pero decíamos que lo que nos interesa fundamentalmente es lo siguiente: Algo que denota la insensibilidad de quienes redactaron esta Ley respecto a la naturaleza del trabajo que realizan los compañeros bancarios, es de que aunque nos prometieron originalidad y modernidad en los planteamientos de la Ley, aquí se nos ofrecen simplemente tradicionalismos dignos del Código Napoleónico, y no incorporación de normas de derechos social, que son las que deberían estar en el espíritu protector de esta iniciativa a favor de los trabajadores bancarios.
¿No se ha pensado acaso, y me refiero al artículo 4o., que el hecho de que los trabajadores de confianza no tengan derecho a la reinstalación de su empleo es, aparte de una desconsideración, un error? ¿Que se improvisan los jefes, los gerentes, los contadores, es decir, la gente experimentada que tiene que manejar la banca nacionalizada con eficacia, se tiene que improvisar? ¿Que acaso los cuadros encargados de garantizar que la banca nacionalizada funcione y que a veces por error de algún jefecillo, o por malquerencia de un jefecillo, sean despedidos y que demuestren en el curso de un juicio que fueron despedidos injustificadamente?
¿Esta Ley hace que su idea, que su salida de la banca nacionalizada sea una salida sin retorno, sin posibilidad de rectificación?
A mí me parece que la más elemental reflexión acerca de la importancia que tiene el hecho de que la banca vaya madurando sus cuadros, vaya calificando cada vez más a su personal, a sus jefes, a los encargados de vigilar y custodiar el patrimonio del pueblo de México. La mejor forma de dar esa garantía de mejoramiento progresivo de los cuadros que manejan la banca nacionalizada, es precisamente darles a los trabajadores de confianza la posibilidad siempre de que puedan prestar sus servicios, a la banca, sin ser víctimas de alguna injusticia, por parte de los altos jefes de la banca nacionalizada.
A mí me parece que esto es un error, incluir de manera tan tajante, porque lo dice la Ley Federal del Trabajo o porque lo dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, repetirlo aquí me parece una falta de sensibilidad. Esta legislación debería de superar aquellas y aquí de ninguna manera incluir esta prohijación tan tajante para que los trabajadores de confianza, como aquí lo dice, "no tengan derecho a la reinstalación en su empleo".
De por sí se les suprime un derecho procesal indispensable, que significaría la grave pérdida de cuadros altamente calificados y especializados necesarios para el buen funcionamiento de la banca.
Hay una serie de señalamientos más que valdría la pena hacer con motivo de este debate, pero pienso que no tiene caso hacerlo en virtud de que, pues - ya lo vemos aquí - , esta ley ha sido ya aprobada en lo general y en lo particular, indudablemente seremos arrasados el
pequeño número de diputados que estamos en contra de que se apruebe esta ley.
Simplemente quiero hacer una advertencia, de ninguna manera es una amenaza. Tarde que temprano, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, los trabajadores bancarios indudablemente se van a organizar en sus sindicatos.
Tarde que temprano, esta Federación Nacional Bancaria - que hoy nace por decreto - será plenamente colmada en su contenido por la participación democrática de los trabajadores bancarios. En el próximo periodo de sesiones aquí tendremos diputados indudablemente con origen en esta Federación Nacional de Sindicatos Bancarios - y decía que no es una amenaza -, algunos de esos diputados serán miembros de nuestro partido. Y yo diría a los compañeros priístas, que con tanto celo han defendido la inclusión de los trabajadores bancarios en el Apartado B, que tengan la seguridad de que los trabajadores con su inteligencia, con su claridad, con su permanencia en una lucha que lleva años, sabrán utilizar este instrumento jurídico a pesar de los vicios que tiene - Como decía el diputado Castañeda O'Connor -, sabrán utilizar esto para dotarse de una vida sindical plena, democrática y limpia. Y ojalá que los compañeros trabajadores bancarios escojan el camino, no de la CNOP, sino el camino del Congreso del Trabajo para reintegrarse plenamente a donde deben estar:
Con el conjunto de la clase obrera y del movimiento organizado de nuestro país.
Hacemos votos porque todo lo positivo que pueda tener esta Ley que hoy se va a aprobar, sea, al final de cuentas, un instrumento de lucha que mejora las condiciones de vida y lucha política de los trabajadores bancarios.
Ese es el señalamiento que yo quería hacer, compañeras y compañeros diputados.
La C. Presidenta: Tiene la palabra por la Comisión, el diputado Salvador Valencia Carmona.
El C. Salvador Valencia Carmona: - Así lo entiendo yo, señora Presidenta, compañeros diputados. Se trabajó en Comisiones con el deseo de establecer una ley que fuera el principio de una regulación adecuada para los trabajadores bancarios.
El tema de los trabajadores bancarios provocó, ya desde su inclusión en la Constitución, en el 123, una polémica fuerte en esta Cámara y yo creo que para bien. Ha despertado inquietudes en todos los partidos, algunas, a mi juicio, muy legítimas. Pienso también que esta Ley que tenemos a la vista el día de hoy es perfectible, tendrá que revisarse en su aplicación en la práctica, no le quito el mérito de ser, como quiera que sea, una respuesta para un grupo de trabajadores que necesitan ser regulados con precisión.
Se ha debatido ya en lo general y quiero solamente hacer algunas precisiones en lo particular.
Si nosotros confrontamos esta Ley con algunos de los preceptos en vigor, nos damos cuenta que las normas que contiene no son de ninguna manera ajenas al derecho laboral. Se habló por ejemplo, que algún artículo de los presentes podía mal interpretarse, y creo que éste es un problema que puede tener toda Ley. Este es un punto, indudablemente que resolverá la interpretación jurisprudencial y de todo tipo.
Por otra parte, en el artículo 4o., cuando se habla de los trabajadores de confianza y del derecho a reinstalación, es un artículo que, como bien lo dijo el compañero del PST, se encuentra ya establecido en la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, ahí está, en el artículo 49, fracción II.
Por otro lado, y quiero detenerme específicamente en el artículo 20, porque parecía, en la exposición del compañero que hizo uso de la palabra para impugnar este precepto, que se trataba de encontrar nuevas causales aplicables a los trabajadores.
Una ligera revisión de la Ley Federal del Trabajo demuestra que no es así. Efectivamente, la fracción I del 20, por ejemplo, es idéntica a la fracción II del artículo 47, dice allí: "Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia". La única modificación es cambiar malos tratos por tratamiento.
La fracción II, si ustedes consultan la Ley Laboral, se encuentra en el artículo 47; la fracción III en el 47, fracción IV; la fracción IV en el 47, fracción V; la fracción V en el 47, y así sucesivamente. Quiere esto decir que se ha tratado de acoger en este ordenamiento que tenemos a la vista, las diversas normas que en la práctica han demostrado que tienen aplicación, y no, olvidar, sobre todo, que en este tipo de normas, que en este tipo de artículos, que en este tipo de preceptos, vendrá a la práctica, vendrá a la aplicación de los tribunales, tiene que llevarse al mundo concreto de la realidad para ver su operación o eficiencia en la práctica.
Entiendo yo que esta Ley marca el principio de algo que ojalá, como decía el compañero Aguilar Talamantes, sea un instrumento de lucha para los trabajadores. Estoy convencido de que los trabajadores al servicio del Estado, no son de ninguna manera vergonzantes en su militancia política, son un apoyo efectivo para el Estado, pero el propio trabajo con esta lucha, en las leyes que rigen actualmente, por eso creo que éste es el principio de un esfuerzo, de una legislación que es perceptible y que indudablemente al funcionar las instituciones de crédito, irá enriqueciéndose e irá afinando sus
preceptos, para lograr una cabal regulación en materia de derecho social y específicamente para los trabajadores bancarios.
Yo pienso que los preceptos impugnados en lo general, se encuentran ya incorporados a la legislación laboral nuestra y que por eso las impugnaciones no son tan consistentes como se ha establecido aquí, por los compañeros diputados de los otros partidos.
Yo creo que se ha discutido sobre esto suficiente, y pediría a la señora Presidenta, pasar a votación estos artículos en debate.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, el C. diputado Rafael Aguilar Talamantes.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Señora Presidenta: Voy a ser muy breve, simplemente porque no quiero dejar que se pase a votación lo que ha requerido el compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sin decir lo siguiente: A mi lo que me sorprende es la falta de imaginación de las Comisiones. La banca nacionalizada debe ser tratada de otra manera de como debe ser tratada cualquier oficina burocrática, y los pecados que hay en esta Ley son pecados que condenan a los trabajadores bancarios al caer en el circulo vicioso de las relaciones que se dan en cualquier empresa privada, sosteniendo por la Ley toda una serie de jerarquías que son obsoletas para el caso de la banca nacionalizada. Falta imaginación porque como no se entendió que una ley de esta naturaleza debe de propiciar e impulsar el trato fraternal y de compañeros de los trabajadores bancarios, la banca nacionalizada podría tener mayor éxito, ser más eficiente, más productiva, si a los trabajadores bancarios se les propiciara, a través de esta Ley, que al gerente le pudieran decir compañero, que al subgerente le pudieran decir compañero, y que se fueran propiciando una serie de relaciones solidarias, fraternas, para que puedan vigilar con eficiencia un patrimonio que es de la Nación.
Yo, finalmente diría simplemente protesto y condeno la falta de imaginación de estas Comisiones, que tratan a la banca nacionalizada como si fuera - insisto -,cualquier departamento burocrático, ya que la Ley no refleja de ninguna manera que los compañeros de la Comisión estén tratando a la banca nacionalizada, patrimonio del pueblo, como ésta merece, y desde luego tampoco dan a los trabajadores el trato que los trabajadores merecen para poder cumplir mejor con su misión. Eso es lo que quería señalar.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, el señor diputado Rolando Cordera.
El C. Rolando Cordera Campos: - Señora Presidenta, compañeras y compañeros:
Me temo que estamos abusando de la fecha, porque ya es 28 de diciembre; nosotros también pensamos que todo puede ser para bien, sobre todo después de este segundo periodo de sesiones, es lo menos que puede uno pensar; pero aquí estamos discutiendo algo, por cierto, diputado Valencia, que todavía no es un precepto, y nosotros, después de escucharlo a él, se nos ocurre simplemente decir que, como suele sucedernos, estamos viendo una situación extemporánea por su intervención fue extemporánea.
Si en efecto hubiera habido un trabajo de Comisiones, como debería haberlo, es ahí donde su intervención hubiera sido, incluso diría, bienvenida; por eso también me parece que no podría aceptar el reclamo de don Rafael Aguilar Talamantes, probablemente nos falte a los miembros de las Comisiones de Trabajo y Hacienda imaginación y muchas mas cosas, pero en este caso no fue un problema de imaginación, en este caso fue como pasó también con el presupuesto y con muchas otras cosas, un problema de que no hubo un trabajo de Comisiones propiamente dicho. Entonces hablar de falta de imaginación es aminorar el problema de un proyecto de Ley que simplemente bloquea, conculca derechos elementales de los trabajadores de México y del mundo.
Si viniera un diputado francés de la derecha, lo único que comentaría al oírnos discutir, es que somos un país atrasado, social y jurídicamente hablando. Esa es la cuestión. No aminoremos las cosas. Estamos a punto de ver aprobada una Ley que, como pasó con la Ley Bancaria, busca retroceder o bloquear el desarrollo elemental en materia laboral. Esto es lo que esta pasando. ¿Va a poder esta Ley bloquear el desarrollo? yo pienso como él, que no. Pero históricamente, en el inmediato, tenemos que aceptar que se reglamenta y se somete a los trabajadores bancarios de nuevo a un cause de tipo corporativo.
Y esa es la cuestión básica y grave del asunto. Yo comparto con el las esperanzas y el optimismo. Pero el presente es el presente y nosotros, sobre legislando, no, podemos desligarnos de el.
Y por último, diría que, señora Presidenta, yo me quede inmovilizado después de la intervención del diputado Fernández Alatorre, no me quiero referir a su majadería, que así la considero, involucrar a Cárdenas en esta cuestión. Probablemente fue también un problema del tiempo. Pero mi compañero Castañeda afortunadamente no se inmovilizó como yo, e intervino tal y como yo lo hubiera hecho, quizá menos bien, yo desde luego, pero quiero decir que ahora ya entendí precisamente viendo el reloj, es que el reloj del diputado Fernández Alatorre está adelantado, y lo que el vino aquí a hacernos fue una inocentada que reza como sigue: "Los trabajadores bancarios, merced a esta ley, llegaron al Edén en los brazos del diputado Fernández Martínez." Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, el señor diputado Jesús Luján.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: - Señora Presidenta; señoras y señores diputados: Simplemente como nosotros fuimos los que impugnamos el artículo 20, quiero dejar sentado, en primer lugar, que nosotros conocemos perfectamente el contenido del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pero no podemos aceptar como meta final de los trabajadores, lo que esta consignado en la citada ley y que el espíritu de las proposiciones nuestras fue precisamente con el propósito de avanzar.
No es el máximo a que tienen derecho los trabajadores lo que esta consignado en la Ley Federal del Trabajo, como tampoco es el máximo a que tienen derecho los trabajadores cuando se habla del salario mínimo que establece la Constitución, y que ahora los patrones lo establecen como salario máximo. En consecuencia, la expresión del diputado Valencia, en cuanto a que se ignora el contenido de la Ley, en nuestro caso no reza y simplemente nosotros consideramos, como el lo dijo en una parte de su intervención, que las leyes son perfectibles y que, en consecuencia, la aspiración nuestra es que se avance más en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias. (Aplausos)
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si están suficientemente los artículos 3o., 4o., 15 y 20 y en su caso si se permite proceder a recoger la votación de todos los artículos en un solo acto.
El C. secretario Enrique León Martínez:- En votación económica se pregunta a la Asamblea si están suficientemente discutidos los artículos 3o., 4o., 15 y
Los CC. diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señora Presidenta.
En votación económica se pregunta si se autoriza a que se recoja la votación en un solo acto, de dichos artículos.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 3o., 4o., 15 y 20 en sus términos. Se ruega a la oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (VOTACIÓN.)
Señora Presidenta, se emitieron 231 votos en pro, 64 en contra y una abstención.
La C. Presidenta: - Aprobados los artículos 3o., 4o., 15 y 20, por 231 votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Reglamentaria de la fracción XIII - bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La misma C. Secretaria:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día
28 de diciembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa del C. diputado Venustiano Reyes López
De reformas y adiciones a la Ley Federal sobre el Derecho de Autor.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. licenciado Phillips Olmedo para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Ana María Durán para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Proposición de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Energéticos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto, que modifica diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto, que reforma los artículos 5o., 32., 43., y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.
De la Comisión de Ecología y medio Ambiente con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Ambiente.
De las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1984."
La C. Presidenta: (a la 1:05 horas): - Se levanta sesión y se cita para la que tendrá lugar hoy, miércoles 28 de diciembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"