Legislatura LII - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19850821 - Número de Diario 34

(L52A3PcpN034F19850821.xml)Núm. Diario:34

ENCABEZADO

Diario de los Debates

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, al 21 de septiembre de 1921

AÑO III México, D. F., miércoles 21 de agosto de 1985 TOMO III. NÚM. 34

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SE APRUEBA

INFORME DEL BANCO DE MÉXICO

Sobre el movimiento diario del financiamiento interno de dicho banco y de la cuenta general de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Se turna a ambas cámara

OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

LICENCIA A MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Del C. licenciado Salvador Martínez Rojas, para separarse de sus funciones hasta el 25 de noviembre del año en curso. Se dispensan los trámites. Se aprueba. Comuníquese

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

Ocho proyectos de decreto que permiten a los CC. Enrique Alvarez del Castillo, José Jorge Rodríguez Carbajo, Roberto Miranda Sánchez, Roberto Butrón Feregrino, Daniel I. Cabrera Bernal, Jaime García Amaral, Hugo Gutiérrez Vega, Henrik Szeryng, Manuel Marrón González, Alvaro Flores González y Héctor E. Pérez Gallardo, aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros. Primera lectura. Se dispensa la segunda. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Dos proyectos de decreto que autorizan a los CC. José J. Prado Soto, Catalina Herrera Infante y Laura A. Riveroll Méndez para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estado Unidos de América en México. Primera lectura. Se dispensa la segunda. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

De los coroneles Salvador L. Bejarano Gómez, Rigoberto Castillejos Adriano, Ricardo Romero Jasso y Odilio Nava Barrios y de capitanes de navío Victorano V. Llaca Rodríguez y Carlos Desiderio Gorbea y Redusindo. Se aprueban. Comuníquese

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de decreto que permite a los CC. Caled Licona Vite, Arnaldo Atocha Rosado Cárdenas, Moisés Díaz Itzab, Víctor M. Madero Chablé y Roger Elías E. Carrillo Barragán prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y, a la C. Martha Cázares Ortiz en el Consulado de dicho país en Tijuana, Baja California. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo

COMENTARIOS EN TORNO AL REGLAMENTO DE TRANSITO

Por que del C. diputado Iván García Solís. De lectura a un documento suscrito por los representantes en esta Comisión Permanente, del PAN, PST, PDM y PSUM, en que se pronuncian por la abrogación del Reglamento de la Ley de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno. Sobre el particular, hacen consideraciones los CC. diputados Norma López Cano y Aveleyra, Francisco Javier González Garza, David Lomelí Contreras, Armando Corona Boza y nuevamente el C. García Solís. A su vez el C. senador Celso H. Delgado Ramírez, opina acerca

de lo expresado por los que han intervenido en el debate. Túrnese el Pronunciamiento a la Cámara de Diputados

RECORTE DE PERSONAL EN SECRETARIAS DE ESTADO

El C. diputado Alfredo Reyes Contreras, una vez que expresa los motivos por los que no firmó el Pronunciamiento del asunto anterior, hace consideraciones respecto a escrito firmado por él y el diputado Iván García Solís, en que exigen se ponga fin al recorte expresado. Por su parte, el C. Ricardo Cavazos Galván analiza lo manifestado por el C. diputado Reyes Contreras y expresa deben apoyarse las medidas tomadas por el Gobierno de la República en este sentido

OCUPACIÓN DEL RECINTO DEL CONGRESO POR GUARDIAS PRESIDENCIALES

El C. diputado Francisco Javier González Garza da lectura a una excitativa firmada por él y los diputados Iván García Solís y David Lomelí Contreras, acerca de preceptos que tiene por objeto preservar la dignidad y la integridad del Congreso General. Consecuente con esta excitativa, el propio diputado González Garza, da lectura a escrito firmado por los mismos diputados, en que solicitan al C. Presidente de la República sean retiradas las fuerzas militares del Recinto del Congreso de la Unión

Sobre el particular hacen aclaraciones el C. senador Alberto. E. Villanueva Sansores y la Presidencia

RECORTE DE PERSONAL EN SECRETARIAS DE ESTADO

El C. diputado Carlos Jiménez Macías hace aclaraciones al asunto tratado en esta sesión, relativo a las decisiones del Gobierno Federal

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR ANTONIO RIVA PALACIO LÓPEZ

(Asistencia de 20 ciudadanos legisladores)

APERTURA

El C. Presidente (a las 11:10 horas): -Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:

"Comisión Permanente.

Tercer receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del día.

21 de agosto de 1985.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el segundo trimestre de 1985, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta general de la Tesorería de la Federación.

Oficio de la Secretaría de Gobernación.

Por el que se comunica que el C. Presidente de la República otorgó al C. licenciado Salvador Martínez Rojas, licencia hasta el 25 de noviembre de 1985, para separarse del cargo de ministro de la sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dictámenes de primera lectura

Ocho, de la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. Enrique Alvarez del Castillo, José Jorge Rodríguez Carbajo, Roberto Miranda Sánchez, Roberto Butrón Feregrino, Daniel Idolino Cabrera Bernal, Jaime García Amaral, Hugo Gutiérrez Vega, Henrik Szeryng, Manuel Marrón González, Alvaro Flores González y Héctor E. Pérez Gallardo, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren gobiernos extranjeros.

Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. José Jesús Prado Soto, Catalina Herrera Infante y Laura Alicia Riveroll Méndez, para prestar servicios en la Embajada de los Estado Unidos de América en México.

Dictámenes a discusión

Seis, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los CC. Salvador Leonardo Bejarano Gómez, Rigoberto Castillejos Adriano, Ricardo Romero Jasso, Odilio Nava Barrios, Victoriano Valentín Llaca Rodríguez y Carlos Desiderio Gorbea Redusindo.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Caled Licona Vite, Arnaldo de Atocha Rosado Cárdenas, Moisés Díaz Itzab, Víctor Manuel Madero Chablé, Roger Elías Encarnación Carrillo Barragán y Martha Cázares Ortiz, para prestar servicios de la Embajada y Consulado general de los Estado Unidos de América en México."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La misma C. Secretaria:

"Acta de la Sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día quince de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.

Presidencia del C. senador Salvador Neme Castillo

En la ciudad de México, a las once horas y veinticinco minutos del jueves quince de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, con asistencia de veintitrés ciudadanos legisladores, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del orden del día.

Sin discusión se aprueba el acta de la Sesión anterior, verificada el día siete del actual.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

Invitación del Congreso del estado de Nayarit, a la ceremonia en la que el C. Emilio M. González, gobernador de la entidad, rendirá el cuarto informe de su gestión administrativa el día 18 del mes en curso.

La Presidencia designa en comisión para asistir a esta ceremonia con la representación de la Comisión Permanente, a los ciudadanos senadores Celso H. Delgado Ramírez y Rigoberto Ochoa Zaragoza.

Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del 138 aniversario de la Heroica Defensa de Churubusco, que tendrá lugar el día 20 de los corrientes en la Delegación de Coyoacán de esta ciudad.

Para llevar la representación de esta Comisión Permanente a dicho acto, se designa al C. senador Guillermo Mercado Romero.

Comunicaciones de los congresos de los estado de Nuevo León y Veracruz, inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación participa la apertura del segundo periodo de sesiones correspondiente al presente año. De enterado.

Solicitud de licencia del C. diputado José Antonio Alvarez Lima, para separarse de sus funciones por el tiempo que resta a la actual legislatura.

Se considera el asunto de urgente resolución.

A discusión el punto de acuerdo respectivo. Sin debate se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El C. licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, Oficialía Mayor de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados, remite el informe de actividades de la Quincuagésima Segunda Legislatura, rendido en sesión pública el día de ayer por el C. diputado Humberto Lugo Gil, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. Insértese en el Diario de los Debates.

Siete oficios, de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. José Jorge Rodríguez Carvajo, Roberto Miranda Sánchez, Roberto Butrón Feregrino, Daniel Idolino Cabrera Bernal, Jaime García Amaral, Hugo Gutiérrez Vega, Henrik Szeryng, Manuel Marrón González, Alvaro Flores González y Héctor E. Pérez Gallardo, puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. Recibo y a la Tercera Comisión.

También de la Secretaría de Gobernación, dos oficios por los que solicita el permiso necesario para que los CC. Catalina Herrera Infante, Laura Alicia Riveroll Méndez y José de Jesús Prado Soto, puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estado Unidos de América en México. Recibo y a la Primera Comisión.

El C. licenciado Enrique Alvarez del Castillo solicita permiso para aceptar y usar una condecoración que le confiere el gobierno de España. Recibo y a la Tercera Comisión.

Dictamen con proyecto de decreto, suscrito por la Primera Comisión, que permite a los CC. Caled Licona Vite, Arnaldo de Atocha Rosado Cárdenas, Moisés Díaz Itzab, Víctor Manuel Madero Chablé, Roger Elías Encarnación Carrillo Barragán y Martha Cázares Ortiz, prestar servicios como técnicos de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; la última nombrada, como secretaria en el Consulado de dicho país, en Tijuana, Baja California. Primera lectura.

La Segunda Comisión emite cinco dictámenes con punto de acuerdo que ratifican el grado de capitán de navío expedido por el Ejecutivo de la Unión, en favor de los CC. Filiberto José Ruiz Valerio, Antonio del Río Soto, Pablo Vázquez Vázquez, Alberto M. Bandala Serrano y Clara Edith Hernández Santiago.

A discusión en su orden. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueban en votaciones económicas sucesivas. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Tercera Comisión, tres dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, a los siguientes ciudadanos:

Víctor Balvanera Miranda, la Medalla por Méritos a la Cultura Polaca, del Gobierno de Polonia.

Jesús Chico y Chico, la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, del Gobierno de Francia.

Juan S. Farías y García, la Orden de la Corona, en grado de oficial, del Gobierno de Bélgica.

A discusión sucesivamente los proyectos de decreto. Sin ella en ninguno de los casos, se aprueban en votación nominal por veintitrés votos de la afirmativa y uno de la negativa. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

A continuación, el C. diputado Iván García Solís aborda la tribuna para presentar y dar lectura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, a una iniciativa de reformas a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, da lectura al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso.

De conformidad con lo expresado en dicho artículo se da el siguiente trámite a la iniciativa en cuestión: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados e insértese en el Diario de los Debates.

En torno a la misma iniciativa, intervienen, para hacer consideraciones, el C. senador Roberto Casillas Hernández; para referirse a los conceptos del señor senador, el C. diputado Iván García Solís; para consideraciones; el C. diputado Guillermo Pacheco Pulido; para alusiones personales, nuevamente el C. diputado García Solís; para consideraciones, el C. senador Celso H. Delgado Ramírez; para emitir una opinión respecto al asunto, el C. diputado Francisco Javier González Garza.

Presidencia del C. senador Antonio Riva Palacio López

El propio C. diputado Francisco Javier González Garza, denuncia y protesta por los hechos recientes acontecidos en el estado de Nuevo León, concernientes al marco electoral. En razón de lo expuesto, deja una documentación para que se turne a Comisión, a la que dice se anexarán pruebas suficientes que ayudarán a esclarecer los hechos y proceder en contra de los responsables.

Sobre el particular, el C. senador J. Patrocinio González Blanco Garrido hace consideraciones respecto al proceso y el resultado electoral.

También intervienen, el C. diputado David Lomelí Contreras para dar a conocer la posición del Partido Demócrata Mexicano dentro del proceso democrático; el C. diputado Iván García Solís para hacer alusión a mañas y trampas que dice se cometen fuera de la ley y se pueden poner en práctica impunemente; el C. diputado Alfredo Reyes Contreras para precisar conceptos y rechazar lo que se dijo en contra de su partido.

Para aclaraciones, usan de la palabra los ciudadanos diputados Francisco Javier González Garza, senador J. Patrocinio González Blanco Garrido, diputado González Garza y el diputado Alfredo Reyes Contreras.

Por su parte, el C. diputado Iván García Solís deja constancia de hechos derivados de la discusión, y finalmente, ocupan la tribuna para contestar alusiones, los ciudadanos diputados David Lomelí Contreras e Iván García Solís.

La Presidencia expresa que en virtud de que el asunto no está comprendido dentro de lo que establece el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, ruega a la Secretaría devuelva la documentación del caso al C. diputado González Garza.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las catorce horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo miércoles veintiuno de los corrientes, a las once horas."

Está a discusión el acta.... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.... Aprobada, señor Presidente.

INFORME DEL BANCO DE MÉXICO

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido:

"Banco de México.

Dirección General.

México, D. F., a 15 de agosto de 1985.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presentes.

En cumplimiento de 1o dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a esa Comisión, por el digno conducto de ustedes, el informe acerca del movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la cuenta general de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre del año en curso.

Con fecha 7 de febrero de 1985, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de Gobierno respecto del saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio 1985. Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:

Billones de pesos

a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre de 1984. 5,176

b) Financiamiento interno adicional efectivo del Banco de México en relación al saldo al 31 de diciembre de 1984 0.855

c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno

del Banco de México durante 1985.* 6,031

* Este saldo podría aumentar por la valuación en pesos, de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del Gobierno Federal."

En la consideración de las cifras de estos informes, es muy importante distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las sesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento que, propiamente dicho, el banco otorga durante el periodo al cual están referidos.

Trámite: - Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Senadores.

OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

LICENCIA A MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Presentes.

El C. Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el artículo 100 constitucional, ha tenido a bien otorgar al C. licenciado Salvador Martínez Rojas, licencia hasta el 25 de noviembre del presenta año, para estar separado del cargo de ministro de la sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de estar en posibilidad de someterse a tratamiento médico y recuperar las condiciones de salud.

Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los efectos de la fracción V del artículo 79 de la Constitución General de la República, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 19 de agosto de 1985.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."

El C. Presidente: - Esta Presidencia considera el asunto con el que se acaba de dar cuenta por la Secretaría, de urgente resolución. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se les dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites.

El C. Presidente: - En consecuencia se ruega a la Secretaría ponga a discusión el punto de acuerdo.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

"Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción V de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, aprueba la licencia que el ciudadano Presidente de la República, concedió al C. Salvador Martínez Rojas, para separarse del cargo de ministro de la sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el 25 de noviembre"...

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Enrique Alvarez del Castillo, gobernador del estado de Jalisco, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional,

se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Enrique Alvarez del Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso. H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicitan los ciudadanos teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor José Jorge Rodríguez Carvajo, teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, capitán de fragata de cuerpo general Roberto Butrón Feregrino y general brigadier médico cirujano Daniel Idolino Cabrera Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República Francesa, a los siguientes ciudadanos: teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor José Jorge Rodríguez Carvajo, teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, capitán de fragata de cuerpo general Roberto Butrón Feregrino y general brigadier médico cirujano Daniel Idolino Cabrera Bernal.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso. H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera Lectura.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectúo el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Jaime García Amaral, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Artes y Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jaime García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Artes y Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso. H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano ministro Hugo Gutiérrez Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ministro Hugo Gutiérrez Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso. H. Delgado Ramírez, diputados Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarza Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano maestro Henrik Szeryng, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano maestro Henrik Szeryng, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado del Comandante, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera lectura.

La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Manuel Marrón González, cónsul honorario de Mónaco en México, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Grimaldi, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Manuel Marrón González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Grimaldi, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera lectura.

La misma C. Secretaria:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano guardiamarina I. M. Alvaro Flores González, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en grado de Estrella Militar, que le confiere el Gobierno del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano guardiamarina I. M. Alvaro Flores González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en grado de Estrella Militar, que le confiere el Gobierno del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso. H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro

Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: Es de primera lectura.

La misma C. Secretaria:

"Tercera Comisión:

Honorable Asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano embajador Héctor E. Pérez Gallardo, titular de la Embajada de México en Haití, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Honor y Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Haití.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Héctor E. Pérez Gallardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Honor y Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Haití.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senador Celso. H. Delgado Ramírez, diputado Ricardo Cavazos Galván, senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado Alfredo Reyes Contreras, diputado José Antonio Alvarez Lima, diputado Armando Corona Boza, senador Ernesto Millán Escalante."

Trámite: - Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La misma C. Secretaria:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 29 de julio del presenta año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Jesús Prado Soto, pueda prestar servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 15 de agosto, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento:

b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como asesor en asuntos mineros, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Jesús Prado Soto, para prestar servicios como asesor en asuntos mineros, en la Embajada de los Estado Unidos de América en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senadora Socorro Díaz Palacios, senador Miguel Borge Martín, diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., diputado Carlos Jiménez Macías, senador Roberto Casillas Hernández, diputado Enrique León Martínez, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Francisco Javier González G."

Trámite: Es de primera lectura.

La misma C. Secretaria:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 29 de julio de 1985, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Catalina Herrera Infante y Laura Alicia Riveroll Méndez, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 15 de agosto, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Catalina Herrera Infante, para prestar servicios como operadora de conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Laura Alicia Riveroll Méndez, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 16 de agosto de 1985.

Senadora Socorro Díaz Palacios, senador Miguel Borge Martín, diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., diputado Carlos Jiménez Macías, Senador Roberto Casillas Hernández, diputado Enrique León Martínez, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Francisco Javier González G."

Trámite: - Primera Lectura.

El C. Presidente: - Esta Presidencia considera los dictámenes a los que se ha dado primera lectura, como de urgente resolución, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura.

La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la segunda lectura.

En consecuencia, se somete a la consideración de la Asamblea los siguientes proyectos de decreto:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. licenciado Enrique Alvarez del Castillo, para aceptar y usar la condecoración en la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los CC. José Jorge Rodríguez Carvajo, Roberto Miranda Sánchez, Roberto Butrón Feregrino y Daniel Idolino Cabrera Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República Francesa...

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Jaime García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Artes y Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

Esta a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Hugo Gutiérrez Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de España.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede el permiso al C. Henrik Szeryng para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco...

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Manuel Marrón González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Gribaldi, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco...

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Alvaro Flores González para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en grado de Estrella Militar, que le confiere el Gobierno del Ecuador.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo C. Secretario:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Héctor E. Pérez

Gallardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Honor y Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Haití.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.

(VOTACIÓN.)

Se emitieron 25 votos en pro y 0 en contra.

El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 25 votos.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El mismo C. Secretario:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Jesús Prado Soto, para prestar servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.

(VOTACIÓN.)

Se emitieron 23 votos en pro y 0 en contra.

El C. Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El C. Presidente: - Está a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a las CC. Catalina Herrera Infante y Laura Alicia Riveroll Méndez, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México...

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos de artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.

La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, del proyecto de decreto de referencia.

(VOTACIÓN.)

Se emitieron 23 votos en pro y 2 votos en contra.

El C. Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

La misma C. Secretaria:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Salvador Leonardo Bejarano Gómez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, en relación con la fracción IV, del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de caballería, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario, en el Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, habiendo ascendido a subteniente de caballería, al término del Curso de Formación correspondiente, el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c). Ha prestado servicios al Ejército durante veintiséis años, cuatro meses y ocho días, y d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia, de cuarta, tercera y segunda clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijados para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Salvador Leonardo Bejarano Gómez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de caballería, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Salvador Leonardo Bejarano Gómez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D. F.

Diputado Mario Vargas Saldaña, senador J. Patrocinio González Blanco Garrido, diputado David Lomelí Contreras, senador Ernesto Millán Escalante, diputado Víctor Manuel

Torres Ramírez, senador Guillermo Mercado Romero, diputado Iván García Solís, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza." Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La misma C. Secretaria:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Rigoberto Castillejos Adriano, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, en relación con la fracción IV, del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el primero de febrero de mil novecientos sesenta, habiendo ascendido, el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres, a subteniente de infantería, al término satisfactorio del Curso de Formación correspondiente; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestados servicios al Ejército durante veinticinco años, dos meses y dos días, y d) En 1970, le fue otorgado Diploma de Estado Mayor General, y en 1975 y 1980, las condecoraciones de Perseverancia, de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Rigoberto Castillejos Adriano, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Rigoberto Castillejos Adriano.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a...

Diputado Mario Vargas Saldaña, senador J. patrocinio González Blanco Garrido, diputado David Lomelí Contreras, senador Ernesto Millán Escalante, diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, senador Guillermo Mercado Romero, diputado Iván García Solís, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza."

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La misma C. Secretaría:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Ricardo Romero Jasso, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, en relación con la fracción IV, del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de infantería, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio del Curso de Formación correspondiente, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis; b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios al Ejército durante treinta y dos años, dos meses y dieciséis días, y d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia, de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Ricardo Romero Jasso, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Ricardo Romero Jasso.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D. F.

Diputado Mario Vargas Saldaña, senador J. Patrocinio González Blanco Garrido,

diputado David Lomelí Contreras, senador Ernesto Millán Escalante, diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, senador Guillermo Mercado Romero, diputado Iván García Solís, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza."

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La misma C. Secretaria:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Odilio Nava Barrios, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, en relación con la fracción IV, del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de zapadores, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis del antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el primero de febrero de mil novecientos sesenta, habiendo ascendido a subteniente de zapadores, al término del Curso de Formación correspondiente, el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios al Ejército durante veinticinco años, dos meses y veintidós días, y d) le fueron concedidas las condecoraciones de Perseverancia y de 'Servicios Distinguidos.'

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Odilio Nava Barrios, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de zapadores. Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Odilio Nava Barrios.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D. F.

Diputado Mario Vargas Saldaña, senador J. Patrocinio González Blanco Garrido, diputado David Lomelí Contreras, senador Ernesto Millán Escalante, diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, senador Guillermo Mercado Romero, diputado Iván García Solís, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza."

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Victoriano Valentín Llaca Rodríguez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, en relación con la fracción IV, del artículo 89, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificada el grado de capitán de navío del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano, que el propio Ejecutivo le otorga

. Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cabo del Servicio de Sanidad Naval, el veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y seis, que causó baja el primero de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, y que reingresó a la Armada como capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano, el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco; b) Ascendió a los demás grados por escalafón de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios a la Armada durante veintidós años, seis meses, veinticinco días, y d) En el grado de capitán de fragata, se le confirió la Condecoración de Perseverancia, de Quinta Clase, por haber cumplido 15 años de servicios.

La proposición que el ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Victoriano Valentín Llaca Rodríguez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Victoriano Valentín Llaca Rodríguez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., 19 de julio de 1985.

Diputado Mario Vargas Saldaña, senador J. Patrocinio González Blanco Garrido, diputado David Lomelí Contreras, senador Ernesto Millán Escalante, diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, senador Guillermo Mercado Romero, diputado Iván García Solís, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza."

Está a discusión el punto de acuerdo ...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta sí se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Carlos Desiderio Gorbea y Redusindo, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción IV del artículo 89, ambas de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales que el propio Ejecutivo le otorga. Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) que ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar como cadete el once de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, habiendo terminado sus estudios con el grado de guardiamarina el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve; b) ascendió a los demás grados por escalafón de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) ha prestado servicios a la Armada, durante veinticinco años, once meses y ocho días, y d) Se le ha conferido la condecoración de perseverancia de Tercera Clase, correspondiente a veinticinco años de servicio.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. Carlos Desiderio Gorbea y Redusindo, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Carlos Desiderio Gorbea y Redusindo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., 19 de julio de 1985.

Diputado Mario Vargas Saldaña, senador J. Patrocinio González Blanco Garrido, diputado David Lomelí Contreras, senador Ernesto Millán Escalante, diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, senador Guillermo Mercado Romero, diputado Iván García Solís, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza."

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

En oficio fechado el 10 de julio del año en curso la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Caled Licona Vite, Arnaldo de Atocha Rosado Cárdenas, Moisés Díaz Itzab, Víctor Manuel Madero Chable, Roger Elías Encarnación Carrillo Barragán y Martha Cázares Ortiz, puedan prestar servicios en la Embajada y Consulado General de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 1o. de agosto del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con las copias certificadas de las actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los interesados presentarán en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México, serán como técnicos de campo y secretaria bilingüe, respectivamente.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Caled Licona Vite, para prestar servicios como técnico de Campo, en el Departamento de Agricultura de la Embajada

de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Arnaldo de Atocha Rosado Cárdenas, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Moisés Díaz Itzab, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Madero Chablé, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Roger Elías Encarnación Carrillo Barragán para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Cázares Ortiz para prestar servicios como secretaria bilingüe, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 5 de agosto de 1985.

Senadora Socorro Díaz Palacios, senador Miguel Borge Martín, diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., diputado Carlos Jiménez Macías, senador Roberto Casillas Hernández, diputado Enrique León Martínez, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Francisco Javier González Garza."

Segunda lectura

El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

(VOTACIÓN.)

Se emitieron 24 votos en pro y 2 en contra.

El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

COMENTARIOS EN TORNO AL REGLAMENTO DE TRANSITO

El C. diputado Iván García Solís: - Pido la palabra para hacer una proposición.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Iván García Solís.

El C. diputado Iván García Solís: - Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores: en esta ocasión nuestro partido desea presentar ante ustedes un problema que en las últimas fechas se ha venido discutiendo intensamente en esta ciudad, pero incluso en el país. Nos referimos al Reglamento de Policía emitido con fecha 9 de julio de 1985 y que como pocas disposiciones legales ha levantado una ola de inconformidades y de protestas.

A esta fecha es conveniente registrar el enorme número de contribuciones críticas que se han producido, porque sectores de la sociedad muy amplios, jóvenes, estudiantes, militantes políticos, profesionistas, se sienten afectados por un cuerpo legal secundario, anticonstitucional y obsoleto.

Queremos decir que de este reglamento se han destacado de manera especial los artículos 2o. y 3o., que suscitantemente comentaremos, pero de ninguna manera son esos los únicos párrafos, las únicas partes de este reglamento que deben ser examinadas. Nosotros trataremos de hacer una crítica global, no solamente al reglamento en sí, sino a su propio origen.

En efecto, decíamos que lo que ha llamado más la atención, que ha despertado la protesta pública, han sido los artículos que directamente se enfilan a limitar la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos.

El artículo 2o., menciona que se considera como responsable de la Comisión de Faltas de Policía y Buen Gobierno, a quien lleve a cabo acciones u omisiones que alteren el orden público y afecten la seguridad pública en lugares de uso común: acceso público o libre transitorio o que tengan efectos en estos lugares.

Y a continuación obsérvese bien, se dice: no se considerará como falta para los fines de la ley de este reglamento, el legítimo ejercicio de los derechos de expresión, reunión y otros, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás ordenamientos aplicables.

Consideramos que esta es una forma viciosa, contradictoria de presentar un reglamento, puesto que no es necesario decir que los derechos de expresión, reunión y otros, no pueden considerarse como motivo de transgresión del reglamento. Esto es absurdo, pero ese absurdo aparente tiene su historia, y vamos a tratar de referirla, si bien es cierto que los ciudadanos diputados que forman parte de este cuerpo legal, conocen esa historia puesto que participamos en ella en diciembre de 1983.

Este añadido, este emplasto al artículo 2o., es una especie de confesión de culpa, porque en realidad las consideraciones posteriores llevan a la invalidación parcial de alguno de estos derechos constitucionales. Este párrafo fue insertado, primero en la ley de Policía que se discutió en diciembre 16 de 1983. En esa fecha se produjo un debate muy grande en la Cámara de Diputados, puesto que esta Ley de Policía contenía severas amenazas contra los derechos de expresión y manifestación. Se trata de una sesión memorable, como pocas ha habido en la Cámara de Diputados en la que toda la oposición concertada rechazó ese intento de transgredir derechos políticos fundamentales del pueblo de México. Todos los partidos de la oposición hicimos inscribir a nuestros oradores en una sucesión continua, aprovechando las posibilidades reglamentarias decididos a que no pasara la parte más negativa de esa ley que, efectivamente, tenía ese filo muy grave contra los derechos constitucionales.

Esa jornada del 16 de diciembre, podemos decir que fue una jornada de defensa del derecho de manifestación y de expresión en la ciudad de México.

Las referencias que ahí se hicieron, que constan en el Diario de los Debates en una extensísima crónica, en una extensísima minuta, dan cuenta de cómo toda la oposición nos pusimos de acuerdo para condenar los intentos por restringir el derecho de manifestación, que ya antes había tratado de ser nulificado parcialmente por acciones oficiales y por campañas propagandísticas, como en la que en su momento hizo el grupo Televisa, el grupo de la comunicación Televisa, pretendiendo que las manifestaciones públicas estorbaran el tránsito y por eso debían ser sujetas de un reglamento policiaca.

Más aún, estaban frescos en ese momento algunos hechos como fue la represión a los maestros de primaria en lucha, quienes fueron agredidos en forma alevosa y violenta por el cuerpo de granaderos y otro tipo de cuerpos policiacos a raíz de una manifestación que ellos realizaban.

Estos hechos fundaron la preocupación de los diputados porque el reglamento policiaco fuera a tener un sentido de conculcación de las libertades democráticas y ese es el origen de este agregado en la ley, que como se ve puede considerarse como un agregado de emergencia, fue una válvula de constitucionalidad que se agregó a un cuerpo legal no armónico, no democrático y no derivado de ninguna clase de consulta, ahora se habla de consulta popular sobre el Reglamento de Policía, pero en diciembre 16 de 1983, esta ley cayó directa y rápidamente sin haber sido precedida de ninguna consulta, y por lo tanto, y consideramos que está viciada de origen y no fue precedida de los elementos fundamentales para la legislación en esta entidad, que escúchese bien, para la cual tiene que legislar el Congreso Federal, porque no tenemos legislatura local, y en condiciones no solamente de la falta de gobierno propio del Distrito Federal, sino de las de la falta también de un Poder Judicial democrático y autónomo, era doblemente lesivo una emisión de tal naturaleza.

Se dio la batalla en diciembre de 1983 y resulta que ahora en 1983, el 9 de julio, surge un reglamento que aparece como prolongación de la ley de 1983, consideramos nosotros que este reglamento está viciado de origen, quien tiene facultades y obligaciones de legislar en el Distrito Federal, es el Congreso, y no tiene por qué ser el Presidente de la República, ni el regente de la ciudad, quienes emitan un reglamento que más bien parece un anacrónico bando policiaco de tipo virreinal, como otras acciones y legislaciones que aquí hemos comentado y criticado.

Ese reglamento, decíamos, se incluye este párrafo en el artículo 2o., el párrafo que salvaguarda el derecho de expresión y de reunión, pero el artículo 3o., en sus 31 apartados es un inventario, es un catálogo de transgresiones a las propias garantías individuales y sociales y es además una muestra de desconocimiento de la cultura urbana y también una muestra de anacronismo que no es posible aceptar y de hecho no está siendo aceptado.

Ha sido muy comentado que el reglamento, condena la mendicidad, tiene vaguedades tan grandes como impedir y estorbar el uso de la vía pública, habla en contra de realizar alboroto o actos que alteren el orden o la tranquilidad pública, en lugar público, todo ello a juicio del policía.

Y en general habla también de actos u omisiones que pudieran realizarse, no por los responsables, sino por terceros que podrían ser acusados de no actuar en hechos que presenciaran.

Vamos a leer el párrafo 20 de este artículo 3o.: azuzar o no detener a cualquier animal que pueda atacar a las personas - no se dice a quien pertenezca - . Quienes emplean estos métodos, y los usaron con poca discreción el 1o. de mayo pasado, fueron los propios policías que llevaban este tipo de armas para contener y para disolver la manifestación de esa fecha.

Hay también penalización del ruido, cuando sabemos que el ruido, el primer emisor de ruido dañino, más allá de los decibeles aceptados para una convivencia normal y sana, pues, es el propio gobierno y la iniciativa privada y la industria. Sin embargo, a los ciudadanos ruidosos es a los que se penaliza y no al gobierno ruidoso, a través de Ruta - 100, no a la industria ruidosa a través de las fábricas e instalaciones aquí establecidas, etcétera. Ellos no son sujetos del Reglamento de Policía, sino los ciudadanos ruidosos.

Y en general hay tantas vaguedades como, por ejemplo, la del párrafo 30 que dice: Impedir por cualquier medio la libertad de acción de las personas. Esto a juicio de un policía puede ser cualquier cosa, un plantón,

una demostración crítica en cualquier oficina pública, etcétera, pudiera ser interpretado aquí.

No voy a abundar, pues, en el artículo 3o. que ha sido el más criticado. Falta comentar una gran cantidad de elementos. Creo que no es ya necesario, sino que quiero pasar otros elementos que han sido poco discutidos y que creo que esta instancia legislativa debe reflexionar sobre ellos.

Vamos refiriéndonos a la parte que denominan procedimental: Cómo se aplica el reglamento.

El reglamento se aplica a pedido o por acción de la policía con una enorme libertad de acción, con una gran cantidad de facultades para las cuales la actual policía no está en condiciones de actuar adecuadamente.

La policía, según este reglamento, tiene posibilidades no solamente de detener en lo que aquí se denominan faltas in fraganti, sino también de emitir citatorios para que las personas comparezcan posteriormente.

En las actuales condiciones de la policía del Distrito Federal nosotros sabemos que estas facultades son excesivas, son elementos que se ponen en manos de servidores públicos que por muchas razones no están en condiciones de ejercerlas con propiedad y con justicia y que sí se prestan a la extorsión, a la represión e incluso al chantaje.

Queremos decir también que la organización administrativa, también prevista en este reglamento, es una organización administrativa obsoleta, totalmente piramidal, que hace depositario del procedimiento y de todo el juicio que da como resultado la aplicación de este reglamento a entidades oficiales en las cuales no tiene ningún control la ciudadanía.

Los titulares de la organización administrativa son la Secretaría General de Protección y Vialidad, la Coordinación General Jurídica, la Dirección General de Servicios Legales y las delegaciones. Todas estas entidades tienen un pecado original: No tienen representatividad popular. Todos son funcionarios de dedazo.

El caso de los jueces que por cierto en una encuesta se han opuestos a la aplicación de este reglamento y ellos consideran como jueces que no podrían o deberían de aplicar ese reglamento.

Los juzgados calificadores en el capítulo tercero. Los jueces calificadores y los agentes del Ministerio Público, todos sabemos cómo están designados. Son elegidos por el regente a partir de una terna que proponen los delegados, o sea, que es el mismo gobierno el que se autoinviste. Nosotros creemos que esta es una falla fundamental, no solamente se trata del reglamento, se trata de todo el marco jurídico en la cual un reglamento, se aplica, hablamos ya de la policía, hablemos de estos jueces y agentes del Ministerio Público. Como diputados, cuántos de nosotros hemos sido testigo del poco respeto que les merece la ley incluso la investidura de un poder, como es el nuestro, a muchos de estos funcionarios. Cuántos de nosotros no hemos visto el despotismo con el que tratan a la gente y la manera como permiten que sean golpeadas y maltratadas todas las personas que son detenidas. Todos, yo creo que casi todos los legisladores, hemos tenido constancia directa o indirecta de los enormes abusos que permiten estos funcionarios.

Y, ¿por qué lo hacen? Porque no dependen del pueblo, ellos no han sido ni remotamente investidos por un poder representativo, por el contrario, ellos pertenecen a una capa burocrática, cuya función consiste en quedar bien con los de arriba y maltratar lo más posible a los de abajo. entonces ahí hay una falla fundamental que desde luego no se remite solamente al reglamento, luchamos por la derogación del reglamento, pero no nos limitemos a eso.

Nosotros decimos que los jueces y los agentes del Ministerio Público deben formar parte de un nuevo sistema judicial, que en México se encuentra hundido en un pantano de desprestigio, lo hemos dicho varias veces. No hay poder judicial autónomo en este país, y aquí en el Distrito Federal, en la justicia cotidiana lo vemos cada vez que queremos asomarnos a la realidad.

Formas, habría muchas formas alternas, formas que combinen lo colegiado con lo elegible. Formas que, por ejemplo, incluyan el nombramiento de las ternas, no por los delegados, ¿quién los nombra? A éstos los nombra el regente con autorización del Presidente. Jueces y agentes del Ministerio Público, por ejemplo, que surgieran de ternas propuestas por la ciudadanía de la circunscripciones donde van a tener funcionamiento, esto tendría otro sentir. Esto tendría el sentido de marchar hacia una norma que a nosotros nos parece indispensable, los servicios de seguridad y la policía misma deben estar controlados por la ciudadanía y no al revés. Nosotros no queremos un régimen policiaco, que la policía sea la que controle a los ciudadanos, no son los ciudadanos los que deben dar las normas para que la policía ejerza efectivamente sus funciones de seguridad y paz pública.

Pero esto significa un giro completo a la forma como se ha enfocado tradicionalmente el poder judicial en nuestro país. Por eso no nos limitamos solamente al Reglamento de Policía, si bien, por él empezamos, porque es lo que actualmente se está poniendo en discusión un asunto de mucha gravedad.

Por todo lo anterior, ciudadanos legisladores, consideramos que sería conveniente que se haga un pronunciamiento de esta instancia legislativa. Como partidos políticos lo estamos haciendo, al final voy a dar a conocer un comunicado conjunto que firmamos cuatro de los partidos aquí representados, y quisiera decir que esté es un empeño común, del cual no debiéramos estar ausentes ni uno solo de los partidos del país. Hemos conocido declaraciones del presidente del

Partido Revolucionario Institucional, en el Distrito Federal, declaraciones críticas sobre el reglamento, y también de algunos foros de consulta que las instancias gubernamentales han promovido. Pero nosotros queremos hacer dos observaciones, la primera es la siguiente: Consideramos que esas observaciones críticas que ha emitido el propio poder público, a través de algunos de sus representantes son limitadas y solamente se refieren a aspectos secundarios y muy parciales del reglamento. Ellos se pronuncian por un ligero retoque a un cuerpo prácticamente ilegal, que es el reglamento.

Nosotros creemos que hay que ir más a fondo. Si bien estimamos que es positivo que haya una reconsideración inicial.

También apuntamos que no deja de ser paradójico que el mismo gobierno tenga ahora que emitir críticas. Quiere decir que es un reconocimiento, así sea parcial, de que este reglamento no es un buen reglamento. Y ha tenido que registrar la inconformidad creciente que se manifiesta entre la ciudadanía.

Sin embargo, nosotros decimos: si hay críticas y si hay opiniones para que este reglamento desaparezca, son positivas. Son positivas y deben estimularse.

También queremos dejar asentada nuestra posición respecto a los cuerpos policiacos. Nosotros sabemos que los cuerpos policiacos siguen estando dominados en niveles muy importantes por la corrupción, como gran parte de la Administración Pública. No es cierto que Durazo haya terminado. No termina ni con la película que le han hecho ni con la repatriación ni con su encauzamiento legal, no termina el sistema Durazo en México con eso. La Administración Pública, especialmente en esta ciudad, tiene recobecos y tiene mecanismos, todavía, bastante transitables para la corrupción, y la corrupción en gran escala.

Mientras los servicios de esta gran ciudad no estén vigilados por los propios ciudadanos, y mientras exista esa contraloría de membrete y de papel, que solamente controla lo que el Presidente le permite, los fraudes y los robos y los casos Durazo, públicos o no públicos, de la picaresca o simplemente de forma normal seguirán produciéndose.

Entonces nosotros queremos decir, respecto al cuerpo policiaco que hacen falta cambios muy grandes en esta entidad. Cambios que incluyan la profesionalización de estos servidores públicos, que impidan la corrupción estimulada y promovida por los jefes y que reivindiquen y den valor al propio trabajador, permitiendo incluso su organización , como ocurre en otros países. Un giro democrático para que el policía sea, efectivamente, un servidor público dignificado en todos los aspectos. No estamos contra eso, trabajadores. Estamos contra un sistema corrupto que incluso los obliga a desarrollar y a ejercer la corrupción para las circunstancias en que se encuentran. Quede entonces esto definido como una posición nuestra, como partido para impedir que haya una tergiversación a ese respecto.

Finalmente, ciudadanos legisladores, quiero dar lectura a este documento conjunto, haciendo la aclaración previa de que lo que aquí se firma es exclusivamente el texto y la responsabilidad de mi intervención es a cargo del partido que represento. El texto dice así: "Los suscritos, representantes de los partidos políticos que participamos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos pronunciamos por la abrogación del Reglamento de la Ley de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno, en virtud de que es violatorio de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política del país".

A la fecha una gran cantidad de organizaciones sociales, políticas y culturales, así como personalidades de distintas esferas de la vida nacional, han manifestado su oposición al reglamento mencionado. Motivo por el cual consideramos indispensable la invalidación de dicha norma menor y su sustitución por la legislación respectiva surgida de un verdadero proceso democrático.

México, Distrito Federal, 21 de agosto de 1985.

Diputado Francisco Javier González Garza, Partido Acción Nacional; diputado Ricardo Govela Autrey, Partido Socialista de los Trabajadores; diputado David Lomelí Contreras, Partido Demócrata Mexicano; diputado Iván García Solís, partido Socialista Unificado de México. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Norma López Cano y Aveleyra.

La C. diputada Norma López Cano y Aveleyra: - Con su permiso señor Presidente; señores legisladores: Quiero dejar asentado antes de mi intervención que no es mi propósito, mi función como miembro del Poder Legislativo, hacer una defensa del reglamento que ya en sí está sujeto a una consulta popular, pero que por la intervención del compañero Iván García Solís sí quisiera hacer algunas consideraciones.

La facultad reglamentaria, reservada al Ejecutivo y su ejercicio en el artículo 89, fracción I de la Constitución, tiende a la concretación de las leyes para cubrir la amplia gama que presenta la realidad de la vida social, y que sería imposible considerar en su extensión por una ley cuya generalidad normativa es una de sus características. Esta es la razón por la cual el constituyente reserva dicha prorrogativa a la autoridad, que está en contacto más estrecho, cotidiano y directo con la colectividad.

Es verdad sabida, que los reglamentos no tienen que contradecir las leyes y menos la Constitución, sino procurar, insisto, su concreción en la realidad viviente, que no podemos negar compañero García Solís, que una de las características de este gobierno ha sido

tener en la opinión pública un vehículo de comunicación entre gobernantes y gobernados, con el propósito común de compartir responsabilidades y conjugar acciones y como sistema de retroalimentación democrática y camino para la planeación popular y participativa del desarrollo, ello lo hemos constado diariamente en el cotidiano hacer del Gobierno de la República.

Planeación Democrática que como principio o instrumento de gobierno, rechaza en sí los procedimientos autoritarios para solventar nuestros problemas, porque vivimos en un sistema institucional, plural en lo político, con profundo respeto de ello, popular y nacionalista.

Planeación democrática que ha permitido y permite conjuntar y dirigir esfuerzos múltiples, para conjuntar armónicamente el desarrollo del país, cuya principal vertiente es la consulta popular que estimula la participación de la ciudadanía en la vida democrática al expresar los asuntos prioritarios de la comunidad; bajo este lineamiento de conducta, es un hecho cotidiano que las autoridades capitalinas se han empeñado en otorgarle a la ciudadanía un nivel de dignidad y de justicia, captando en un diálogo constante, franco y directo, a través de sus reuniones de trabajo, de sus giras permanentes, su demanda para traducirlas en programas de gobierno.

Ello, no lo podríamos negar a ninguno de los 40 legisladores del Distrito Federal, de mi partido, el PRI, que hemos constatado y hemos visto la respuesta de las autoridades capitalinas a las demandas más sentidas de la población y hemos visto cómo a pesar de los problemas y de la complejidad que se presenta en el Distrito Federal, las demandas más urgentes han sido satisfechas por las autoridades capitalinas y han respondido a las gestiones de sus representantes populares en representación de sus representadas.

Tampoco podemos dejar de reconocer las acciones y esfuerzos tendientes a depurar los sistemas de seguridad pública y administración de justicia que se están llevando a cabo, y que aquí en este salón verde nos fue explicado y fuimos documentados por el señor Regente de la ciudad. Pero tenemos que hacer hincapié que, congruente a ello, el anteproyecto del Reglamento de Policía y buen Gobierno fue presentado en 1984 a los habitantes del Distrito Federal, por conducto del órgano indicado, como es la Comisión de Justicia del COPLADE del Distrito Federal, integrado por representantes de los sectores social y privado de todos los partidos políticos, y en ese foro se presentaron comentarios y sugerencias que permitieron elaborar la última versión donde se consideró la legitimidad de abrogar el reglamento de falta de policía del Distrito Federal y derogar el Reglamento de Tribunales calificadores por no ajustarse a las nuevas bases constitucionales y legales y en cambio, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que el propio Congreso aprobó, como usted mismo lo ha reconocido, expedir un nuevo reglamento que, además de contener un catálogo de faltas y soluciones, ampliara las bases legales en materia de organización, procedimientos y aplicación de sanciones entre otros objetivos.

No deseo polemizar en torno a las personales apreciaciones del diputado Iván García Solís, sobre el documento a que nos referimos pero al escucharlo sentí que era de la más elemental honestidad personal decirle que yo hice un análisis comparativo del reglamento de referencia y las disposiciones que le precedieron, habiendo encontrado que en lo general se simplifica la clasificación de las faltas al establecer un solo catálogo, aun cuando en esencia se respetan las que contenía el reglamento de 1970, con las siguientes variantes;

Se mejora la redacción de algunos preceptos respetándose el sentido de las disposiciones y en otro las redacciones totalmente iguales. Se omite el del nuevo reglamento algunas faltas que contenía un reglamento anterior por tratarse de delitos, como el disparo de armas de fuego. Las únicas faltas que en sí se incluyeron en el nuevo reglamento y que no estaban consideradas como tales en el ordenamiento de 1970, son usar prendas u objetos que por su naturaleza denoten peligrosidad, que ello ha sido una demanda reiterativa de la propia ciudadanía, ante todos sus representantes populares y ante todas sus organizaciones.

Y la de ofrecer y propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos con precio superiores a los autorizados, ya que ambas conductas, como se lo señalaba, habían motivado frecuentes quejas de la población. Sin embargo, como usted lo ha manifestado, compañero, se han externado diversas opiniones, a veces contradictorias de este documento. Y nuestro partido, el Revolucionario Institucional, promovió, ante cada una de las 16 delegaciones, la realización de foros de consulta popular con el fin de informar el contenido del Reglamento, enriquecido con todo el valor de la conveniencia humana la compresión del mismo, y recogiendo las dudas y proposiciones de la ciudadanía con la convicción de que su participación responsable es condición indispensable de perfeccionamiento democrático, y de que , como lo ha dicho el Presidente de la República: "Partido que ignora la opinión del pueblo corre el riesgo de ser vocero inconsistente de proclamas que no encuentran ni base ni fundamento en el sentir de las mayorías".

Estamos seguros que en la diversidad de criterios y opiniones que se han manifestado en este foros, se encontrará la forma de convivencia que solidarice a los ciudadanos del Distrito Federal, en el disfrute de una ciudad más justa y más humana, en términos de libertad, paz, igualdad y justicia y dignidad que todos deseamos. Y que con esa dignidad,

con la que nosotros pedimos respecto al Ejecutivo para el Legislativo como usted en numerosas ocasiones lo ha hecho en esta tribuna, seamos respetuosos de las facultades del Ejecutivo para que se realicen con libertad las consultas y, en su caso, se incorporen al reglamento las modificaciones que procedan con el consenso de las grandes mayorías. Muchas gracias.

El C. diputado Francisco Javier González Garza: - Pido la palabra para el mismo tema.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Javier González Garza.

El C. diputado Francisco Javier González Garza: - Señor Presidente, hemos suscrito, conjuntamente con otros partidos, un documento que viene a ser una demanda de que se derogue este reglamento que está publicado el 10 de julio en el Diario Oficial y que coincidimos en esencia con la mayor de las afirmaciones que hizo el diputado Iván García Solís, no con todas ellas, sin embargo, quisiéramos hacer énfasis en algunas otras.

Primero, me parece inconsistente que la diputada Norma López Cano nos presente que este reglamento se da a partir de las atribuciones del Ejecutivo que sí las tiene, pero que previamente tiene un antecedente que no lo esclarece. El contenido de este reglamento fue rechazado por el Congreso en 1983, por la mayoría de los partidos de oposición, cosa que aquí se mencionó.

En el fondo lo que pasa, es que no pudiéndolo introducir vía ley, lo que hacen es introducirlo por un reglamento, algo que fue rechazado y con bastantes bases. Es a nuestro modo de ver una manera de brincarse al Congreso de la Unión y teniendo la otra vía reglamentaria para meter cosas que éste rechaza. Esa sería la primera observación.

En cuanto a la otra que incluso contradice su argumentación, es el asunto de la consulta popular. Si no nos equivocamos este reglamento ya entró en vigor según precisamente del Diario Oficial que aquí lo menciona, quiere decir que ya no está a consulta popular, es un reglamento que entonces está vigente. No hay la tal consulta popular que pudiera en su caso proceder al cambio de este reglamento como así lo presenta la diputada Norma López Cano.

En cuanto a las participaciones, si tenemos antecedentes de la consulta que se hizo, sobre todo el Coplade, y precisamente si tenemos honestidad como aquí nos dice la diputada, son estas objeciones las que fueron señaladas con mayor insistencia en estos foros de consulta, las mismas que nosotros estamos reiterando. Esas son las objeciones, de tal manera que no se puede derivar que de una consulta que se hizo, amañada o no, pero se hizo, resulta que la mayoría del pueblo contradice estos elementos y el reglamento los introduce en la práctica.

De tal manera que nosotros insistimos en que nuestra denuncia, la denuncia que hemos firmado, es procedente. Pero algunas observaciones que pueden abundar a favor de esta denuncia. Primero, creo que todos sabemos como en cuanto algunas menciones serían totalmente ilógicas llevarlas a la práctica. Dice el reglamento que son falsas, alteran el orden público y afectan la seguridad pública y, en consecuencia, son Faltas de Policía y Buen Gobierno el mendigar habitualmente el lugar público.

Yo no sé si entonces están pensando en poner mamparas para toda la gente que va a mendigar en el Distrito Federal, o cómo le van a hacer para poder hacer posible que todos los que ya están mendigando en la práctica, en el Distrito Federal, se les van a dar autorizaciones en las delegaciones o qué. ¿Cómo se va a impedir?

El otro es, uno de los más peligrosos. También les falta impedir y estorbar el uso de la vía pública y en esto, así como está el reglamento, puede ser cualquier cosa. De tal manera que si yo vendo libros de mi partido o reparto propaganda en la vía pública, o cualquier cosa que yo haga, puede ser una falta del reglamento. De tal manera que está tan impreciso que es una violación a la Constitución, flagante.

Esto creo que es muy claro.

Otra que nos parece, pues, no sé si lo metieron, precisamente, para que desechara. Hacer bromas o ademanes indecorosos que ofendan a la dignidad de las personas. Bueno entonces éste necesitaría otra reglamentación como, ¿cuál le parece, señorita diputada? Como qué bromas, o ademanes indecorosos ofenden la dignidad de la persona, hay de todo tipo. Tendríamos que hacer un reglamento, de reglamento de bromas, por ejemplo.

Otros que nos parecen, dice: uno que es amañado, dice: maltratar, ensuciar o hacer uso de las fachadas de edificios públicos, estatuas, monumentos, postes y arbotantes. La primera parte nos parece sana, la segunda parte nos parece ridícula porque los postes, por ejemplo, cuando se pegan con propaganda del PRI, y se llenan los arbotantes y los monumentos, pues, entonces aquí tendríamos que enjuiciar a un sinnúmero de comités, sobre todo el Distrito Federal del Partido Revolucionario Institucional.

De tal manera que nosotros encontramos que el reglamento, como está, independientemente de que tenga cosas buenas, es totalmente un reglamento que, efectivamente, viola las garantías individuales, y no puede ser de ninguna manera avalado por nosotros y creo que sí exige un pronunciamiento de esta Comisión Permanente, para pedir que este reglamento sea invalidado.

De tal manera que con estas observaciones, nosotros avalamos la firma que hemos dado

a la petición que aquí está a discusión. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado David Lomelí Contreras.

El C. diputado David Lomelí Contreras: - Con su venía, señor Presidente. El Partido Demócrata Mexicano firmó el documento que desde esta tribuna leyó en su oportunidad el diputado Iván García Solís del PSUM.

Quisiera exponer brevemente las razones por las que a nombre del Partido Demócrata Mexicano hemos suscrito dicho documento, relativo al tan debatido, tan criticado Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal.

Primera razón: Porque como representante popular, miembro del Partido Democrático Mexicano, debo de ser congruente con la posición de mi partido, que es el de apoyar lo bueno y venga de donde venga. Y de combatir lo malo también venga de donde venga.

Segunda razón: Porque, según nuestro criterio en las disposiciones secundarias en cuestión se trasluce el propósito de coartar los derechos ciudadanos, reconocidos por nuestra Carta Magna, que con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios, con tantas costillas rotas, con tantas cárceles ha conquistado el pueblo mexicano.

Tercera razón: Porque da oportunidad a mi partido, Demócrata Mexicano, para reiterar ante esta representación nacional la urgencia de establecer un eficiente control de las innumerables policías, existentes no sólo en el Distrito Federal, sino en toda el país la urgencia de establecer un eficiente control de las innumerables policías existentes no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país, para cuyo fin el PDM propuso una iniciativa de ley por conducto del compañero diputado Raymundo León Ozuna, para constituir una comisión de policías dependientes de la Cámara de Diputados, según consta en el Diario de los Debates correspondiente. Se trata de esta manera compañeros legisladores, de ejercer una vigilancia sobre la actuación de esos cuerpos de seguridad pública para que se ciñan estrictamente al cumplimiento de sus funciones, que deben de ser de garantía y no de amenaza de los habitantes del país.

Es urgente sacar de la congeladora las iniciativas como la referente a la creación de la Comisión de Policía para la que me he referido, propuesta por el PDM, a fin de sanear primero a las instituciones que tanto quehacer tienen en lo referente a la renovación moral de la sociedad, los compañeros diputados demócratas que dirán ante la LIII Legislatura, en su oportunidad se ocuparán de proseguir la tarea ya iniciada, profundizarán sobre el tema, razonarán y fundamentarán la proposición demócrata sobre esos cuerpos de seguridad pública, por que por lo visto evidentemente el problema está vigente.

Finalmente, es esta una oportunidad para nombre del Partido Demócrata Mexicano, hacer votos porque el Distrito Federal, la mayor ciudad del país pronto cuente con un Congreso Local para no tener que recurrir a las consultas populares, a las que en ocasiones se ha tenido que convocar, consultas populares tan discutibles en cuanto a su identidad y procedimientos. Eso es todo gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Armando Corona Boza.

El C. diputado Armando Corona Boza: - Señor Presidente; colegas legisladores. Sin entrar en consideraciones acerca del contenido del Reglamento sobre faltas de policía y buen gobierno que ha puesto en el tapete de la discusión el colega diputado García Solís, quiero manifestar que un pronunciamiento por parte de esta Comisión Permanente acerca de la legitimidad o falta de ella del citado reglamento, rebasa los límites de la competencia de este organismo y significa una abierta intromisión desde todos los puntos de vista injustificables en el área de acción de competencia de otro poder.

Quisiera también aclararse al diputado García Solís que el Presidente de la República sí tiene facultad reglamentaria, de acuerdo con lo que establece la fracción I del artículo 89 constitucional, como ya lo manifestó la diputada Norma López Cano, de mi partido.

Que esta división de poderes representa efectivamente el equilibrio de funciones a través de las cuales se realiza el Gobierno de la República; que esta división de poderes no es una cuestión formal, sino un principio fundamental de estabilidad y de gobierno de la nación, y que, por respeto a la dignidad del Poder Legislativo, debemos nosotros concretarnos a la tarea que tenemos constitucionalmente así; que pretender enmendarle la plana a otro poder, ya sea el Ejecutivo o el Judicial, presupone en nosotros una prepotencia de la que realmente estamos muy alejados, presupone en nosotros una actitud conforme a la cual el Poder Legislativo estaría investido para intervenir en todas las esferas de poder, rompiendo así el equilibrio que es la garantía constitucional de tranquilidad y de trabajo.

Cuando nosotros hablamos de división de poderes nos referimos concretamente a una cuestión muy simple: a una división de trabajo.

En realidad el poder no es más que el ejercicio de un trabajo, la realización de una tarea específica. No es, como algunos piensan, el ejercicio de una fuerza libre que avasalla la voluntad de los individuos y cuya magnitud e intensidad dependen de la voluntad de quien lo ejerza.

Todas la relaciones de poder que se dan en la experiencia son relaciones jurídicas. En toda sociedad, cualquiera que sea su grado de evolución, observamos que hay algunas

personas que mandan y otras personas que obedecen, pero eso no quiere decir que las que mandan lo hacen porque son más fuertes que las que obedecen, sino porque con arreglo a un orden jurídico determinado las primeras deben mandar y las segundas deben obedecer. Pero en un régimen de derecho como el nuestro los que mandan también obedecen, porque estamos inmersos en un marco legal que regula todas nuestras conductas.

Y si bien es cierto que el Poder Legislativo emite las leyes conforme a las cuales han de conducirse todos los ciudadanos, desde el Presidente de la República hasta el funcionario más modesto, también es cierto que los legisladores estamos sometidos a la ley.

Cuando se pide un pronunciamiento como el que acabamos de escuchar, se solicita realmente que violemos las disposiciones que norman nuestra conducta como legisladores y como miembros de esta Comisión Permanente, porque no es cierto que nosotros podamos ejercer el poder que constitucionalmente tenemos asignado de manera libre y caprichosa.

Ese poder, le repito, para ejercitarse tiene que ser a través de la realización de un trabajo, está normado por reglas jurídicas preestablecidas. Y si nosotros nos conducimos de manera diferente a como están establecidas, aunque realicemos los mismos hechos, los mismos actos, las mismas acciones intelectuales y corporales para hacer una ley, no estaremos realizando la función que tenemos encomendada.

Cuando el Poder Legislativo emite una ley está ejerciendo el poder que la Constitución le asigna. Pero para ejercer este poder tiene que realizar determinadas acciones intelectuales y corporales que están normadas por preceptos legales. Si nosotros, los legisladores, nos podemos hoy de acuerdo para reunirnos mañana y votar una ley, cada uno de los legisladores de la Cámara, realizando todas las prescripciones legales establecidas, presentando una iniciativa de ley en la Cámara que se escoge de origen, etcétera. Pero esta Comisión Permanente no convoca a un periodo extraordinario de sesiones, todo lo que hagamos sería nulo será totalmente inválido, porque habríamos violado una sola disposición legal.

Quiere decir entonces que si nosotros criticamos al Poder Ejecutivo emitiendo aquí en la Comisión Permanente una declaración conforme a la cual pedimos la derogación del reglamento sobre faltas de policía y buen gobierno, estaremos vulnerando nuestras propias leyes y estaremos faltando a nuestra propia conducta de integrantes de esta Comisión Permanente y de legislador. Independientemente de la bondad o de la falta de ella, del reglamento de que se trata, pienso que es desorientado, que es totalmente desajustado y que de ninguna manera se justifica el que nosotros adoptemos una actitud de juzgadores sobre todo lo que hacen los demás poderes. Debemos nosotros atendernos constitucionalmente a las facultades que tenemos encomendadas y no tratar de indicarles a los demás cómo hacer su trabajo o decirles que deben dejar de hacerlo o de otra manera.

Pienso que nosotros, cumpliendo con nuestras facultades, con nuestras funciones, lo primero que debemos hacer es sujetarnos a la ley. Y cuando se trata de un pronunciamiento como el actual, como el que ahora se pretende, éste no es el foro adecuado. Este no es el medio para que nosotros, sí no estamos de acuerdo con el Reglamento nos opongamos a él. Existen otros foros, otras tribunas, otros micrófonos, otras formas de llegar a la sociedad para manifestarles esa falta de entendimiento o de comprensión o de conformidad con cualquiera disposición normativa que nos parezca.

Esto, compañeros legisladores, pienso entonces que nos colocaría en una situación de fuera de la ley. Y eso, como legislador, realmente es lo último que deberíamos hacer Muchas gracias.

El C. Presidente: - Segunda intervención del diputado Iván García Solís.

El C. diputado Iván García Solís: - Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores: Tal parece que no hubiera sido necesaria una segunda intervención, porque hay un hecho muy importante: la diputada Norma Cano aceptó que deben hacerse modificaciones al reglamento, incluso informó que hay un proceso para hacer esas modificaciones. Pero resulta que contra esa tendencia, que es la tendencia que nosotros quisimos estimular aquí una tendencia que no implica, desde luego, despropósitos legislativos, como pretende interpretar el diputado Corona Boza, pues resulta que esta tendencia no ha sido percibida por lo menos por algunos legisladores del PRI, concretamente por el diputado Corona Boza, y entonces él viene a hacer una defensa cerrada de lo más atrasado y más indefendible que hay, no solamente en materia de esta legislación, en concreto, sino en relación a los poderes de la Unión. Entonces yo creo que hay que contestarle al diputado Corona Boza.

Mire diputado Corona Boza. Usted se ampara en el Reglamento 89 constitucional, diciendo que es facultad el presidente reglamentar. Ese es un artículo que habría que discutir a fondo. Efectivamente, hay ahí una función reglamentaria, pero no hay que olvidar que también está la función constitucional de legislar para el Distrito Federal por parte del Congreso. Y entonces, aquí de lo que se trata es ver en qué nivel y en qué medida una legislación es legislación importante, en materia de legislación por el Congreso y otra es una simple aplicación, motivo de reglamento. Nosotros obtenemos que sólo lo estrictamente operativo es materia reglamentaria. Y

no lo es, ni debe serlo, ni puede serlo algo importante, que además tenemos que juzgarlo por los resultados, porque las leyes tienen que juzgarse también no solamente por su edición, sino por la forma como estas leyes son aceptadas o rechazadas por la sociedad, en este caso rechazadas.

Aquí tenemos que observar algo que fue incluso comprobado por la diputada López Cano. Ella nos mostró, quizá involuntariamente, pero así lo mostró, algo que es completamente cierto. Las consultas fueron a posteriori. La consulta del reglamento realmente fue a posteriori, porque la consulta anterior a la que ella se refirió de 84, fue una consulta prácticamente desconocida. Si esta consulta de 84 se ha abierto sobre el reglamento, ahí mismo hubiera estallado la protesta. Como ocurrió en el caso del Programa de Reordenación Urbana. El Departamento del Distrito Federal abrió la consulta sobre el Programa de Reordenación Urbana y ahí mismo se produjeron las réplicas y las propuestas y entonces este proyecto ya está durmiendo el sueño de los sexenios, porque ya nadie habla de él, como de muchas otras cosas de las que ya no se habla.

Por efecto, no solamente de los rechazos que hubo, sino también de los recortes presupuestarios. Pero el caso es que el Programa de Reordenación Urbana, que fue famosisimo hasta en sus siglas, ha prácticamente concluido. Y ese fue enfrentado por la ciudadanía en la medida que pudo hacerlo en la consulta.

Si este Reglamento, en 84, se ha abierto a la consulta realmente, pues ahí mismo hubiera sido detenido o ahí mismo hubiera sido impugnado, y no hasta el momento de su emisión.

Entonces, aquí tenemos que observar como no ha funcionado esta teórica división y respeto los poderes que vienen aquí a invocar el diputado Corona. No ha habido absolutamente ninguna eficacia. Y queremos decir también que en el caso de este reglamento, pues la consulta se hizo por la vía del Coplade; el Coplade qué es, es el Comité de Planeación. Pero el Comité de Planeación es un instrumento gubernamental, no es un instrumento social que tome en cuenta toda la sociedad civil. Es un medio de interlocución básicamente con la iniciativa privada. Pero no es un medio de convalidación, un medio de legitimación que realmente abarque a los sectores más afectados de la sociedad.

Entonces, y creo que esta defensa que hace el diputado Corona, él no ha definido expresamente al reglamento, tampoco lo ha criticado. Yo creo que todo mundo ha hecho críticas de este reglamento, debieran hacerse las críticas porque son necesarias. Pero él ha venido aquí a impugnar nuestra capacidad para hacer una crítica a los demás poderes. Bueno, nosotros lo entendemos de él, entendemos que él no haga ninguna crítica, como jamás, la ha hecho, yo jamás he escuchado una solo posición crítica del diputado Corona, sistemáticamente ha avalado todo lo que viene del Presidente, pero no debía estar en el Poder Legislativo el diputado Corona, debería estar en Poder Ejecutivo, en el puesto que le adjudiquen, pero de ninguna manera en el Legislativo, porque él dice que el Legislativo no tiene por qué hacer ninguna crítica, él dice que no debe tomar en cuenta, que debe respetar lo que hacen los demás poderes, bueno, pero diputado, dice él que no debemos poner en tela de juicio a los demás poderes, pues cómo que no, si el poder Legislativo es una asamblea popular o debe serlo, nosotros luchamos, nuestro partido lucha por un énfasis mayor del Poder Legislativo, hemos hablado incluso en una república que tenga un sello predominante parlamentario y esto tiene mucha razón, porque ahí están representantes populares directamente invertidos y no hablar que el Poder Legislativo no debe juzgar al Poder Judicial, pero cómo no, no puede sino debe hacerlo, y hay que decir que el Poder Legislativo sí tiene facultades y las tiene a fondo, porque tiene facultades normativas, ahora, si lo que no le gusta al diputado Corona es que aquí hagamos la crítica de ambos poderes, que debemos hacerla, cómo no vamos a hacerla, y entonces el dice que hay que buscar otro procedimiento, él nos habla del periodo extraordinario de sesiones que nunca ha pedido, usted nunca ha pedido un periodo extraordinario de sesiones, está proponiendo un camino que nunca ha querido andar, bueno, pues haber propóngalo, claro que ahorita ya no hay tiempo, ya está la próxima Legislatura, entonces simplemente lo que cabe es legislar a fondo, efectivamente vía periodo extraordinario al cual usted jamás se ha imaginado si pueda haber un periodo extraordinario, cómo, si no lo manda el Presidente, cómo voy a pedir yo señor legislador un periodo extraordinario; entonces estas son las actitudes que un cuerpo colegiado como este no puede permitir, cómo es posible que un legislador se tenga por tal, cuando renuncia a capacidades que tienen prescritas por la ley, pues son las capacidades normativas, incluso de reformar la Constitución, pero es que este país no es un país con división de poderes, es un país cuyo Poder Legislativo está sometido y está acostumbrado a que el Presidente es el que mande, incluso las iniciativas de ley, por eso no le cabe en la cabeza el diputado Corona Boza, que aquí critiquemos un reglamento de policía, ni siquiera que lo critiquemos, porque lo que dejaríamos hacer es proponer periodo extraordinario de sesiones, ahí parece que esto es verdaderamente lamentable, en verdaderamente lamentable que se escuche una cosa así y dice que porque cómo vamos a enmendar la plana a los otros poderes, pues claro que sí, una asamblea popular no solamente puede enmendar la plana, puede escribir la planta, diputado, el Poder Legislativo puede escribir la plana, no

solamente enmendarla, si es que trata usted de usar esa metáfora escolar.

Y que hay prepotencia. En este país dónde está la prepotencia. Si de esa nos estamos quejando, de la prepotencia de la última expresión del Poder Ejecutivo, que es la policía. Que cuando se encuentra usted con un policía en la calle, le dice: "Yo soy representante del Poder Ejecutivo". Hasta eso llegan a decir los policías, y que no respetan ni siquiera el fuero constitucional en ocasiones.

Cuántas ocasiones usted fue testigo de las denuncias que se hizo de arbitrariedades contra los propios legisladores, de cualquier policía y jamás investigaron y jamás se sancionó a los responsables.

De tal manera que venirnos a decir aquí que somos prepotentes porque no nos sometemos al Poder Ejecutivo y al Judicial tan prestigiado que es en este país, sinceramente me parece que es completamente inaceptable.

Yo creo que estas actitudes son muestra de lo más antiguo, de los más desechable que hay en el Poder Legislativo. Y sí recojo la preocupación y la crítica que ha hecho aquí la diputada Norma López Cano, que apunta justamente a modificar un entuerto, a modificar algo que el propio Gobierno por la fuerza de los hechos se está dando cuenta que hizo mal. Eso es todo.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Celso H. Delgado Ramírez.

El C. senador Celso H. Delgado Ramírez: - Respetable Presidente de la Comisión Permanente; respetables compañeros legisladores; respetables representantes de los medios; respetables ciudadanos: Atento al desarrollo de esta penúltima sesión de la Comisión Permanente que ha cubierto, ya por concluir Receso parlamentario, cuenta entre la LII Legislatura y la LIII que simultáneamente en Colegio Electoral analiza la naturaleza de sus elecciones y el resultado de las mismas, he registrado con suma atención lo que esta tarde se ha pronunciado en esta tribuna.

Coincido con la ciudadanía diputada López Cano y otros diputados que en ejercicio de su derecho han traído aquí los puntos de vista de los partidos y que mi partido ha manejado abiertamente ante la opinión pública sobre el contenido del Reglamento de policía de la ciudad de México, Distrito Federal.

. Coincido también plenamente en la naturaleza y en la sustancia jurídica hetereológica que ha producido aquí el ciudadano diputado Corona Boza, sobre las funciones y competencia de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Recuerdo, y aveces hay que hacer un ejercicio de memoria histórica, que el 21 de mayo de 1982, como antecedente de la consulta popular nacional hoy hecha gobierno, prácticamente gubernamental, entonces se realizaba la consulta electoral.

Los partidos políticos que habían registrado sus candidatos al Ejecutivo Federal o al Legislativo Federal, debatían su puntos de vista, y mi partido, el Revolucionario Institucional, en al ciudad de México y en el interior del país confrontaban las opiniones, confrontan sus programas con la ciudadanía, y un mecanismo de confrontar y de acrecentamiento y enriquecimiento y comunicación entre los candidatos, entre la dirección de mi partido y la ciudadanía, consistía precisamente en los foros de consulta popular. Y en esa fecha, en mayo de 1982, en el poliforum se llevó a cabo una de las más memorables sesiones de consulta popular, entonces sobre el Distrito Federal. Pronunciamiento de entonces, debieron convertirse en normas y propósitos con carácter reflexivo que esto lleva consigo en el Plan Nacional de Desarrollo y en los puntos específicos sobre el gobierno del Distrito Federal.

Hoy, a la fecha, como una acción de Gobierno que pugna por la participación social y por ésta entendemos en las cuestiones y las acciones de Gobierno la participación plural de la sociedad en las grandes cuestiones y en las pequeñas cuestiones del Gobierno del Distrito Federal, por su complejidad, por su magnitud, por la dimensión, por la crítica situación de algunos servicios, algunas demandas y el medio ambiental demanda esta participación social.

El Gobierno de la República, todo con sus tres expresiones, estamos comprometidos con la capital de la Nación, que es la suma de todo el país y no una parte separada, en propiciar y en desarrollar las mejores condiciones en el Distrito Federal, entre otras, las seguridades jurídicas y las de seguridad pública.

El reglamento en cuestión, que en ejercicio del foro político que nos significa la Comisión Permanente se ha debatido antes en reuniones, en delegaciones, que ha propiciado mi partido, después de conocido éste. Ya no como una entelequia o como una idea imaginada y que no ha sido concretada sobre qué puede ser el reglamento, sino entendiendo que ha expedido como una proposición específica del Departamento del Distrito Federal en ejercicio de atribuciones constitucionales.

La función legislativa, material informalmente considerada, está principalmente depositada en el Poder Legislativo. La función reglamentaria que materialmente es función legislativa corresponde con una competencia y como una función a la administración. A nosotros, senadores y diputados, como lo ha expresado el diputado Corona Boza, perfectamente corresponde hacerlas, reformarlas o inventar las leyes si es necesario, tal es la función legislativa, la creación de la norma.

La norma para su funcionamiento establece nuestra Constitución la jerarquía de las leyes, es en este orden, la norma constitucional, las normas constitucionales, leyes generales, los tratados, leyes específicas y,

después para que esta norma sea realidad, sea vivencia, se aplique en algunos casos, corresponde a la reglamentación de la norma, al reglamento de esta norma. Y este reglamento es competencia del Poder Ejecutivo.

Esto no quiere decir que el contenido de los reglamentos está correcto. Esto no significa que el contenido de tal reglamento en el ejercicio de esa función constitucional que tiene el ejecutivo sea congruente con la norma superior. Y cuando estamos ante este caso, el ciudadano y las organizaciones sociales tienen innumerables mecanismos para combatirlo. El combate a través de la política se da con la iniciativa popular. El combate del reglamento en el caso específico, a través de los medios que establece nuestra constitución y nuestra organización gubernamental, se da también a través de vías judiciales y están desde algunos recursos, hasta llegar al juicio de amparo si esto es necesario.

El control de la constitucionalidad de las leyes, y en esto también de los reglamentos, está depositado en el Poder Judicial.

Por eso, el diputado Corona Boza señalaba que la Comisión Permanente, a propuesta de otro respetable diputado, se había pedido un pronunciamiento de la Comisión Permanente al respecto. El diputado Boza explica con claridad de que la Comisión Permanente no tiene facultades para impugnar un reglamento, desde el punto de vista material y formal. Sí, como foro político cada uno de nosotros puede emitir todas y cada una las críticas, pronunciamientos, proposiciones que se le dé, En el marco del foro político plural que somos y que corresponde al espejo político de la composición política del pueblo de México y, en particular, del Distrito Federal.

Pero como un acto puramente legislativo de la Comisión Permanente, no tiene competencia.

¡Pero esto es subestimar al Poder Legislativo? No. Al contrario sería subestimar su función que el Poder Legislativo, a través de su Comisión Permanente, entrara a los vericuetos domésticos de un Reglamento de Policía.

. La Comisión Permanente puede turnar algunas propuestas a las comisiones especiales ordinarias de cada una de las cámaras, para la función superior de legislar, de modificar, de transformar, de convertir, de derogar la ley superior. Y en consecuencia, se deroga o desaparece el reglamento correspondiente.

Para combatir el reglamento hay otras medidas, hay otros cauces y yo bien sé que quien tiene experiencia en el foro, como abogado, quien ha estudiado, sabe perfectamente cuál es la forma de combatir los reglamentos. Y sea el Reglamento de Agua, de Policía, de Construcciones, de Medicinas, hay formas de combatir esos reglamentos y éste es un foro político, este es un foro constitucional que tiene sus limitaciones.

No estamos pugnando, ni el diputado Corona Boza hizo el elogio de la prepotencia de ninguno de los poderes, sino de la división de poderes y de funciones, que tiene su tiempo y su forma de expresarse.

Y el Poder Legislativo no es una persona, son muchas personas. Si algo distingue a la naturaleza y a la integración del Poder Legislativo es su integración, sus cuerpos colegiados, plurales y pluripartidistas. Y cada uno de los miembros del Poder Legislativo es miembros de él y hace al poder que siga haciendo tal en cada una de sus funciones.

Pero, sobre todo, en los cauces de nuestro propio Reglamento Interno; en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Congreso; y el Congreso son las dos cámaras, diputado, en el cauce de nuestra función legislativa.

Aquí ha quedado bien claro y así lo hemos registrado todos, que los partidos políticos de México, que el Partido Revolucionario Institucional desde el 21 de mayo y antes y recientemente en el caso particular del reglamento que se ha conocido hace unas semanas a la fecha, ésta en contra del mismo, como resultado de la consulta popular, como resultado de la comunicación permanente entre el partido y el pueblo. Así ha dejado constancia la diputada López Cano, que fue electa en el Distrito Federal por unos de los distritos del Distrito Federal.

Se está en contra de todo el reglamento, de algunos de sus artículos, de algunas de sus concepciones. De ahí la responsabilidad de quienes llevan a cabo esas funciones como organismos intermedios de la sociedad, que son partidos políticos.

Es responsabilidad de los partidos políticos, como entidades de interés público orientar y educar cívicamente. Orientemos pues a nuestra población, a nuestros correligionarios, sobre cuáles son, los caminos para impugnar las acciones o normas que lesionan la esfera de los particulares o que lesionan la esfera de los propios partidos o que pueden distorcionar o deformar la vida en sociedad. Y convertir los propósitos gubernamentales en propósitos que atenten, que lesionen o neutralicen el propio propósito gubernamental de descentralización de la vida nacional, de democratización integral, de participación social en las decisiones de Gobierno.

Aquí ha quedado perfectamente claro y esa es la coincidencia general de que, como partidos políticos, coincidimos en que el reglamento debe revisarse, debe corregirse. Ya lo dirán nuestros militantes y los que están más cerca de estas actividades que todos nuestros partidos, establecemos también competencia, designamos también responsabilidades en nuestras comisiones de acuerdo con nuestra organización interna, quienes son los que deban llevar estas acciones ante el ejecutivo para que el ejecutivo de acuerdo con el texto constitucional, con ese espíritu de la reforma política que anima el 115 constitucional, lleve adelante y de acuerdo

con las competencias de las respectivas cámaras y particularmente la competencia del Ejecutivo, lleve adelante la corrección para que acción de Gobierno, consulta previa y posterior al acto, opinión de partidos, de quienes no están en partidos, de organizaciones sociales, económicas, deportivas, organizaciones de ciudadanos, de jóvenes, de maestros, de padres de familia y recordamos la fuerza de la organización de los jóvenes príistas del Distrito Federal que reclamaba sobre las razzias, que reclamaba sobre algunas conductas de la policía, que lleve todas estas opiniones al Ejecutivo para que modifique su conducta y en este sentido de Departamento del Distrito Federal que ha emitido ese reglamento se modifique y con la modificación confrontada con la opinión popular, la acción de Gobierno siga siendo más Gobierno y sobre todo a lo que aspiramos los mexicanos, de conformidad con las acciones cotidianas de la historia y del presente y una acción de gobierno más democrática y más gubernamental.

Eso ha contestado en esta tarde, así lo registra el Diario de los Debates, no llevemos con ánimos de ideológico o por ánimos de la suspicacia personal, lo que no se dijo aquí a donde no se quiere oír. Mis respetos a todos y cada uno de los que han participado haciendo de esta tribuna con sus participaciones desde la propia trinchera de sus posiciones políticas, de sus trincheras ideológicas, pero sobre todo también de conformidad con su formación profesional.

Piense de aquí quien conoce su función y cómo desempeñarla; yo estimo que aquí se han dado cada una de las expresiones y hemos coincidido en lo fundamental, que la demanda del pueblo, que la demanda de la población debe convertirse en acción gubernamental y que los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, tiene cada uno de ellos competencia, sus atribuciones y sus facultades y que es marco de la consecución, nos hace coordinar esta gran función gubernamental para llevar a cabo sin inundación de funciones, sin demérito de nadie y sobre todo haciendo y llevando a cabo el poder popular, legítima fuente de los tres poderes. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Esta Presidencia había considerado originalmente recoger el pronunciamiento que fue formulado por el diputado Iván García Solís y suscrito por diferentes representantes de los partidos políticos. Sin embargo, en virtud de que en su segunda intervención expresamente aclaró el segundo párrafo del pronunciamiento, solicitando la expedición de una legislación, lo cual constituye formalmente una iniciativa, de conformidad con el artículo 113, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

RECORTE DE PERSONAL EN SECRETARIAS DE ESTADO

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Reyes Contreras.

El C. diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Antes de entrar en materia quisiera precisar la razón por la cual mi partido no suscribió el pronunciamiento que firmaron otras cuatro organizaciones políticas aquí representadas.

Simplemente es por el hecho de que, con los sinarquistas y los panistas nosotros no vamos absolutamente a ningún lado. Esa es simplemente la razón por la que no suscribí. Sin embargo, me preocupan algunos pronunciamientos que aquí hizo el diputado Corona Boza, que podrían sintetizarse, y a mi mente vino involuntariamente una frase, no recuerdo en este momento el autor, pero parece que textualmente es lo siguiente: "Sepan los súbditos de su majestad que han nacido para callar y obedecer".

Yo creo que como partidos políticos tenemos el derecho de pronunciarnos, el derecho de rechazar, el derecho de cuestionar y criticar algunas cuestiones. Yo entiendo que nadie tenía el propósito de asumir funciones reglamentarias que efectivamente no nos corresponde a la Comisión Permanente, ni al Congreso ni a ninguna de las cámaras.

En estricto sentido es una función estrictamente ejecutiva.

Es el tema que me trae a la tribuna fundamentalmente. Ustedes habrán advertido que de una manera reiterada el Partido Popular Socialista ha rechazado la política económica que ha aplicado el gobierno nacional, y nos preocupa fundamentalmente que éste desmantelando al sector estatal de la economía.

Si México ha mantenido cierto equilibrio, México se ha visto al margen de los problemas que ha sufrido América Latina, seguramente se trata por, en esencia, el sector estatal de la economía.

Sin embargo, alguna vez yo decía desde esta tribuna que nos empieza a gobernar un tipo de gente que ya nada tiene que ver con la Revolución Mexicana ni con sus objetivos. Por ejemplo, viene a mi mente en este momento aquel señor Villarreal que estaba como subsecretario de la SECOFIN. Ese señor ¡qué tiene que ver con la Revolución Mexicana?

Muchos subsecretarios de Estado, que yo comentaba habían salido al extranjero, se habían preparado en centros educativos del imperialismo norteamericano, y es que el imperialismo norteamericano forma sus cuadros científicos y sus cuadros políticos para que vengan después a someternos. Y muchas de las medidas económicas que se están aplicando ahora tienen esa orientación precisamente porque prevalecen los individuos que han recibido esa preparación. No porque sea

un delito que se vaya a preparar afuera, sino fundamentalmente por la formación antinacional que tiene.

Otro de los aspectos que nos preocupan mucho es el de los recortes de los trabajadores del Estado, y aunque no hemos hecho con precisión las cuentas, hemos llegado a la conclusión de que el Estado , con el recorte del personal de los trabajadores de Estado, ahorraría una insignificancia, es decir, porque se toma como argumento fundamental que se va a ahorrar una gran cantidad de recursos y que con eso se hará frente a la situación difícil por la que atraviesa nuestro país, y eso no es cierto, es una cantidad insignificante realmente lo que va a ahorrar el Estado.

Precisamente en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se han tomado una serie de medidas que a nuestro juicio violan la Constitución y violan las disposiciones laborales correspondientes. Por ejemplo, el año pasado, a muchos trabajadores se les quitó la base, y fueron contratados inclusive posteriormente como trabajadores de confianza, a pesar de que ni las funciones que realizaban ni el sueldo los ubicaba exactamente como trabajadores de confianza.

Y dentro de la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se ha fomentado una confusión intencionalmente, porque ya muchos trabajadores ya no saben si son de confianza o son de base. Por otra parte, se dijo que a los trabajadores de base se les respetarían sus derechos, y no ha sido así, no ha ocurrido así, a muchos trabajadores que tenían su trabajo seguro ahora les están pidiendo la renuncia, y les están dando una llamada gratificación extraordinaria que no sabemos en qué disposición legal se encuentre, porque nosotros entendemos que tanto en la Ley Federal de Trabajo como en la que regula el trabajo burocrático hay otras figuras, pero la de la gratificación extraordinaria es una cuestión que se han sacado de la manga los funcionarios; principalmente en este caso el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes, que por otra parte se ha pronunciado como un acérrimo defensor del GATT, De nuestro ingreso al GATT con toda la gravedad que esto significa.

Nosotros consideramos que el hecho de que se hable de una gratificación extraordinaria, es un grave retroceso, en relación con los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

Precisamente el hecho de que se haya agregado un apartado B, al artículo 123 de la Constitución, y que después a este apartado B haya seguido una Ley Reglamentaria del mismo, significó un gran avance. Un gran avance porque protegía a los trabajadores del Estado. Precisamente la discusión estuvo en que le Estado no era considerado como patrón y el hecho de que se haya incorporado un apartado B y una Ley Reglamentaria, fue un extraordinario avance para los trabajadores del Estado.

¡Y qué ha posado ahora? Que se ha retrocedido y que no se están respetando los derechos de los trabajadores del Estado.

Las autoridades están violando la Constitución Nacional. Están violando algunas otras disposiciones legales. De manera que nosotros demandamos que se ajusten a las disposiciones de la Constitución a las disposiciones legales. Hay otros hechos que se están dando en otras secretarías de Estado. Por ejemplo, en SEDUE están despidiendo una gran cantidad de trabajadores que, efectivamente, no tenían la condición de trabajadores de base, pero que sí habían trabajado durante muchos años a destajo. Que es una figura pues muy rara dentro de nuestra actividad económica, pero que significa en esencia una mayor explotación de los trabajadores.

Estos son algunos de los hechos quizá mencionados de manera aislada de los que está ocurriendo con el recorte de los trabajadores del Estado. Que verdaderamente es muy preocupante, porque no sabemos a dónde los van a ubicar. Quiénes los van a utilizar.

Ya el secretario de Programación y Presupuesto nos dijo en aquella comparecencia, que después se aclaró que no era comparecencia que a la mejor la iniciativa o a la mejor otras instituciones iban a utilizar los servicios de los trabajadores que quedaban desocupados.

Pero es verdaderamente preocupante que una gran cantidad de trabajadores del Estado, sean gratificados como se dice, ni siquiera indemnizados, de acuerdo con las normas legales correspondientes y que el desempleo sea un fenómeno que ahora haya abarcado a esa capa de trabajadores, que antes de una o de otra manera se habían visto protegidos.

Por estas consideraciones hechas en nombre y bajo la responsabilidad de mi partido, voy hacer el siguiente pronunciamiento que firma el Partido Socialista Unificado de México sin que coincida exactamente con mi exposición inicial. Honorable Comisión Permanente: El Partido Socialista Unificado de México y el Partido Popular Socialista por este conducto rechazan y condenan, de la manera más enérgica las acciones que están implantando en varias secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal, orientadas a recortar el número de trabajadores que laboran en ella y que dejan en una situación precaria a cientos de familias que no tienen ningún otro ingreso para satisfacer sus necesidades más elementales.

Consideramos que es injusto que sólo con el fin de ahorrar una cantidad insignificante de recursos económicos, se cargue sobre los trabajadores despedidos, sobre el peso de medidas antipopulares.

Por las consideraciones expuestas, el partido Socialista Unificado de México y el Partido

Popular Socialista, exijan se ponga fin al recorte de personal y se respeten escrupulosamente los derechos de los trabajadores de base y de confianza en las distintas secretarías de Estado que forman parte del Poder Ejecutivo.

Atentamente. Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de agosto de 1985.

Por el Partido Socialista Unificado de México, diputado Iván García Solís.

Por el partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo Cavazos Galván.

El C. diputado Ricardo Cavazos Galván: - En la intervención que me anteceden, abordan temas y situaciones que ya son del conocimiento y de concurso nacional.

Se nota muy importante en este tipo de intervenciones el poder integrarlas y el poder también establecerlas dentro de una perspectiva más amplia y también dentro del concurso de las características de las acciones y que lleva adelante el Gobierno de la República; yo creo que no es posible estar hablando, ni siquiera establecer de que en relación a ciertas actividades y a cierta decisiones que van instrumentándose como parte de un programa integral de ajuste y de reorientación de la economía, se hable de desnacionalización, se hable de antinacionalismo y se hable también de violaciones a los preceptos constitucionales.

Creo muy importante el poder encuadrar estas acciones a lo largo de una serie y de un planteamiento y de un propósito nacional que encara y que busca resolver precisamente dificultades y rasgos que a lo largo del tiempo vinieron estableciéndose en el esquema socioeconómico del país; por ello me parece un poco parcial la postura y planteamiento en cuanto a señalar, dando que se ha manejado ampliamente, se ha explicado profundamente y también se ha intentado llegar hasta las capas más amplias de toda la sociedad mexicana, los propósitos para efectos de llevar adelante una reordenación en cuanto a la actividad productiva del Estado en aquellas áreas que solamente sean estratégicas o prioritarias o de uso exclusivo del Estado, para la actividad propia o conforme lo marca el artículo 28 constitucional.

Creo muy importante el poder llegar a precisiones y poder establecer situaciones que muchas de las veces simplemente por el mero rumor o simplemente por la mera versión no oficial, mucho menos confirmada, se establecen juicios categóricos o se establecen también posturas que definitivamente vienen a distorsionar y a plantear errores en la opinión pública del país. En este sentido, creo que sí se ha planteado un programa de reordenación económica, sí se ha planteado una característica de cambio estructural en cuanto al quehacer económico del país y sí se han planteado objetivos y metas para sacar adelante a México de esta crisis en la que estamos actualmente transitando, creo muy importante que a la luz de esos criterios podamos enjuiciar y podamos valorar las acciones que lleva adelante el Gobierno de la República.

Si en un momento dado se considera necesario o se considera oportuno el reordenar la actividad productiva del Estado en materia económica, esto responde precisamente a los preceptos constitucionales y responde a la orientación nacionalista que surge precisamente de las actividades básicas que inclusive, muchas de ellas las integramos en esta misma legislatura en los meses de diciembre de 1982 y vigentes a partir del año de 1983 Creo que en ese aspecto no puede hablarse de que se esté desmantelando y desnacionalizando el sector paraestatal de la economía.

Simplemente quiero hacer una referencia muy breve en este propósito en cuanto a cómo muchas de las empresas vinieron a dar a manos del Estado en razones coyunturales de corto plazo y quizá también para solventar situaciones de carácter local o regional, en el ánimo de salvar y salvaguardar fuentes de empleo que en aquel entonces se antojaban necesarias para llevar adelante la vida económica de pequeñas localidades o diferentes zonas económicas del país.

En este respecto, si dichas empresas y si dichos propósitos fueron cumplidos, no hay razón si la empresa no es estratégica y no hay razón si no es prioritaria para el quehacer económico Nacional que el Estado siga encargándose y siga encomendándose de su mantenimiento o de su operación.

No puede señalarse tampoco, por otra parte, que se estén violentando los preceptos constitucionales en cuanto a los ajustes que se llevan a cabo dentro del sector público. Está establecido, y ha sido reiteradamente señalado en un sinnúmero de ocasiones, y nos tocó a nosotros también escucharlo en la exposición que dieron los representantes del Ejecutivo a esta Comisión Permanente días atrás, cuando señalaban precisamente las características y las bases sobre las que en alguna forma se iba reorientando y se iban tomando decisiones en materia de la reducción de personal, y precisamente la luz de los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 123, fracción B, es precisamente en los cuales se están llevando adelante estas situaciones que, si bien son dolorosas y que si bien son difíciles para el país en este momento, se establecen sobre una base de necesariedad y también sobre una base de reorientación estructural de la economía y de la asignación de los recursos laborales, dentro del sector público.

En este sentido consideraría definitivamente que resulta muy importante el poder llevar a cabo una valoración a la luz del proyecto general, a la luz de la redistribución.

básica y estructural que lleva adelante el Gobierno de la República, el que se tomen en cuenta dichas acciones.

Y yo simplemente, en forma parcial o de manera simple o simplista, considerarlas en este propósito.

Por ello expresamos nosotros los conceptos vertidos anteriormente y establecemos que es importante el que veamos las medidas que se toman en este momento a la luz precisamente de este propósito de cambio estructural.

Muchas gracias.

OCUPACIÓN DEL RECINTO DEL CONGRESO POR GUARDIAS PRESIDENCIALES

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Francisco Javier González Garza.

El C. diputado Francisco Javier González Garza: - Señor Presidente, quisiera solicitar de usted hacer la lectura de una excitativa y separarla de un comunicado final que haré para que no se empalmen los temas.

"Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los que suscribimos el presente, miembros todos de esta Comisión Permanente, ante usted con todo respeto comparecemos y exponemos:

1. El día de hoy nos encontramos con la no grata sorpresa de que más de un centenar de integrantes del Estado Mayor Presidencial o guardias presidenciales, se encuentran en todas partes de este recinto parlamentario, y en donde en un momento dado, los diputados quedamos en una situación que se antoja desfavorable, y que queda seriamente en duda si se está cumpliendo con todos aquellos preceptos solemnes de diversos ordenamientos que ahora señalaremos:

El artículo 61 constitucional reza, "El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar".

Así pues para que se cumpla con la labor de libertad e independencia, el Presidente de esta Comisión Permanente tiene a su cargo procurar que se respete la inviolabilidad de que constitucionalmente goza este recinto.

2. La Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 12 dice: "Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables, toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso. El Presidente del Congreso de cada una de las cámaras o de la Comisión Permanente en su caso podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios. Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto".

3. También en el artículo 211 del Reglamento Interior del Congreso dice: "Los presidente de las cámaras podrán ordenar siempre que lo consideren conveniente que sitúe guardia militar en los edificios de las mismas la que estará sujeta exclusivamente a las órdenes del Presidente respectivo".

4. El artículo 213 del Reglamento Interior del Congreso dice: "Cuando por cualquier circunstancia concurriere alguna guardia militar o de la policía al recinto de las cámaras, quedará bajo las órdenes exclusivas del Presidente de cada una de ellas.

Señores miembros de esta Comisión Permanente: por la mención de estos artículos, que emanan de la propia Constitución procedemos a hacer al Presidente de esta Comisión Permanente la siguiente

EXCITATIVA

Que en atención al artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 211 y 213 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General anteriormente leídos y en cumplimiento de estos preceptos que tienen por objeto preservar la dignidad y la integridad del Congreso, nos permitimos hacer esta excitativa, con objeto de que se dé debido cumplimiento a los mismos con la solemnidad que exige el caso y para constancia permanente. Es lógico que siendo los asuntos oficiales, necesariamente hechos constar, tal solicitud de fuerza pública o el permiso concedido a las mismas deberá ser por escrito, cuyo texto, si acaso existiere, deberá ser leído en ese momento a la Asamblea.

Si pensáramos que otra es la situación y necesitáramos la protección que nos auxilie a salvaguardar la inviolabilidad del recinto, otra también sería nuestra petición. Pero como se da el caso que no necesitamos tal auxilio porque no hay amenaza alguna que haga necesaria y como también se da el caso que esta Cámara tiene los suficientes guardias de seguridad que dependen de su propia administración, nos limitamos a pedir que se retiren los mencionados guardias presidenciales innecesarios y ajenos a esta soberanía.

Por la diputación del Partido Acción Nacional, Francisco Javier González Garza. Por el partido Socialista Unificado de México, Iván García Solís. Por el Partido Demócrata Mexicano, David Lomelí Contreras".

Señor presidente: esta excitativa que hago llegar a usted se fundamenta en el hecho también de que es conocido por todos nosotros que el Ejecutivo invade prácticamente el Palacio Legislativo sin cubrir los requisitos que las mismas normas que hemos leído

facultan para que así proceda. Siempre que le Ejecutivo dispone se invade por guardias, policías, agentes, violando todos los reglamentos hechos constar.

Por eso mismo hacemos esta excitativa.

En segundo término, quisiera hacer lectura a la declaración siguiente:

"Señor licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Palacio Nacional:

"Desde el día de ayer se encuentra presente en el Recinto del Congreso de la Unión un numeroso contingente del Estado Mayor Presidencial que obstaculiza las labores de los cuerpos colegiados que aquí funcionan y que transgrede los preceptos que resguardan esta soberanía.

"Preocupados por lo anterior, nos dirigimos a usted atentamente para solicitar gire las disposiciones que den fin a la situación irregular a que hacemos referencia.

México, D. F., 21 de agosto de 1985. Diputado Francisco Javier González Garza por el partido Acción Nacional; diputado Iván García Solís, por el Partido Socialista Unificado de México; diputado David Lomelí Contreras, por el partido Demócrata Mexicano." Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Alberto E. Villanueva Sansores: El C. senador Alberto E. Villanueva Sansores: - señor Presidente; compañeros legisladores: informo a esta Comisión Permanente a la Comisión Organizadora de la sesión solemne en la cual el señor Presidente de la república rendirá su tercer informe de gobierno, Comisión de la que forma parte como representante del senado, pido al presidente de la comisión permanente solicitara todo el apoyo logístico al Estado mayor presidencial.

Y es la razón seguramente de esta petición que se encuentran elementos del mismo en este edificio. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para poder dar cumplimiento a lo dispuesto a la fracción III del artículo 21 del Reglamento que rige en los trabajos de nuestro Congreso, sírvase la Secretaría dar lectura al artículo 211 del propio Reglamento.

El C. secretario diputado Guillermo Pacheco Pulido: - "Artículo 211. Los presidentes de las cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, la que estará sujeta a las órdenes del Presidente respectivo".

El C. Presidente: - Esta Presidencia de la Comisión Permanente se permite informar que la solicitud que formuló la Comisión encargada de la organización de la Sesión Solemne, no fue tratada por conducto de esta Presidencia, sino de la Presidencia de la Cámara de Diputados, en virtud de que este Recinto es el Recinto de la Cámara de Diputados y sólo deviene Recinto para la Comisión Permanente en el momento que ésta cumple sus funciones, no así el día 1o. de septiembre que es Sesión Solemne de Congreso General, así mismo informo a ustedes que han sido práctica reiterada de solicitar el apoyo logístico para la celebración de la Sesión Solemne del día 1o. de septiembre, precisamente al Estado Mayor, lo que hace suponer, mejor dicho permite a esta Presidencia estar seguro de que la Presidencia de la Cámara de Diputados hizo la solicitud correspondiente

En tal virtud, se permite indicar a la Secretaría, se sirva solicitar de la Secretaría de la Cámara de Diputados, los oficios en los que hayan solicitado al Estado Mayor la presencia de elementos para cumplir las tareas de apoyo logístico a esta Cámara y se pongan a disposición de los que hicieron la excitativa a esta Presidencia.

Independiente de lo anterior, siendo absolutamente válido y fundada su petición en el sentido de que cualquier fuerza pública que se encuentre en el recinto del Poder Legislativo, queda supeditada a las órdenes de la Presidencia de la Cámara o de la Presidencia de esta Comisión Permanente según el caso, sírvase la Secretaría indicar a quien comande los elementos del Estado Mayor Presidencial que se encuentra en este Recinto, quedan bajo órdenes de esta Presidencia y de la Presidencia de la Cámara de Diputados en su caso. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera...

RECORTE DE PERSONAL EN SECRETARIAS DE ESTADO

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Carlos Jiménez Macías.

El C. diputado Carlos Jiménez Macías: - señor Presidente; compañeros legisladores.

Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y miembro de esta Comisión Permanente, me siento en el compromiso y obligación de intervenir respecto a la participación que tuvo el diputado Reyes Contreras hace unos minutos.

Es evidente que hay una profunda preocupación en nuestra central por las decisiones que el Gobierno de la República se ha visto obligado a tomar, respecto a la reducción de su gasto y que en el terreno de los recursos humanos ha tenido que hacer.

Por tal motivo, nosotros hemos expresado ya en su momento que estamos ciertos de la necesidad de estos reajustes, pero también que el Gobierno Federal ha hecho un

compromiso formal que se ha respetado hasta este momento, y estamos ciertos seguirá respetándose de manera estricta, de no afectar los intereses de los trabajadores de base.

Hago este comentario porque el diputado Reyes Contreras expresaba su preocupación que compartimos respecto a la lesión que se haga de los intereses de los derechos de los trabajadores de base.

Nosotros, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, nuestro máximo dirigente, no, de ninguna manera, ha hecho a un lado su compromiso con los trabajadores de base, y sus derechos están plenamente defendidos por nosotros. Los sindicatos que forman parte de nuestra Federación están interviniendo cuando es necesario y cuando hay una denuncia de los trabajadores. Los trabajadores de base tienen una central, tienen sindicatos a quien acudir y serán defendidos plenamente porque este es el compromiso que el Gobierno de la República asumió con la Federación de Sindicatos. Muchas gracias.

La C. secretaría senadora Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

La misma C. Secretaria:

'Comisión permanente .

Tercer receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del día

30 de agosto de 1985.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Informe de labores.

Designación de comisiones de cortesía.

Declaratoria de clausura."

El C. presidente ( a las 14:05 horas): - Se clausura la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo viernes 30 de agosto, a las 11:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES