Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19840905 - Número de Diario 4
(L52A3P1oN004F19840905.xml)Núm. Diario:4ENCABEZADO
Diario de los Debates
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo 2o. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., miércoles 5 de septiembre de 1984 TOMO III. NUM. 4
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
COMISIÓN MEDALLA
EDUARDO NERI
Proposición de la Gran Comisión para integrar la Comisión mencionada. Se aprueba
INFORMES Y COMPARECENCIAS
DE FUNCIONARIOS
Proposición de la Gran Comisión, conforme a los expuesto por el C. Presidente de la República en su segundo informe, concerniente a la entrega personal de los secretarios de despacho, el jefe del Departamento del Distrito Federal y de los procuradores generales de la República y de Justicia del Distrito Federal, de los informes del estado que guardan sus respectivos ramos. Se aprueba.
Comuníquese al Senado y al Ejecutivo
HOMENAJE AL GENERAL
FRANCISCO J. MÚGICA
Por parte del diputado Francisco Xavier Ovando Hernández, con motivo del primer centenario de su natalicio. Propone se inscriba su nombre en los muros del salón de sesiones y su busto de bronce se coloque en el vestíbulo del Palacio Legislativo. Se turna a comisión
ANÁLISIS DEL INFORME
PRESIDENCIAL
POLÍTICA INTERNA Y SOCIAL
Intervienen los CC. Luis J. Prieto, del PAN, Iván García Solís, del PSUM, Enrique Alcántar Enríquez, del PDM, Rafael Aguilar Talamantes, del PST, Alfredo Reyes Contreras, del PPS y Mario Vargas Saldaña, del PRI
PRESOS POLÍTICOS
Y DESAPARECIDOS
Consideraciones del diputado René Rojas Ayala sobre el particular. Igualmente menciona la represión que dice sufren trabajadores de secretarías de Estado y el asesinato de campesinos. Se toma nota
VIOLENCIA EN EL PAÍS
El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, en torno al tema, recuerda el asesinato de un diputado local en Veracruz hace dos años; los golpes recibidos por el diputado federal Juan Manuel Molina Rodríguez; el atraco a la oficina del presidente municipal en Hermosillo; la muerte de periodistas y la desaparición de dirigentes del PAN y sus esposas. En torno a los casos, exige una declaración de las autoridades respectivas. Se turna a comisión
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. NETZAHUALCÓYOTL DE LA VEGA GARCÍA
(Asistencia de 363 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 10:55 horas):- Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"Tercer periodo ordinario de sesiones. LII Legislatura.
Orden del día
5 de septiembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Homenaje al general Francisco J. Múgica.
Análisis del segundo informe presidencial."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidente del C. Netzahualcóyotl de la Vega García
En la ciudad de México, a las nueve horas y cuarenta minutos del sábado primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos ochenta y siete ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión previa llevada a cabo el día veintiuno de agosto próximo pasado, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
Oficio del H. Senado de la República por el que se comunica la elección de presidente y vicepresidentes de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes de septiembre, y de secretarios y prosecretarios para el tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Segunda Legislatura. De enterado.
Otro oficio de la propia H. Colegisladora, en el que se da a conocer los nombres de los integrantes de las comisiones de cortesía para la sesión de apertura del Congreso General, que acompañarán al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la lectura del segundo informe de su gestión administrativa. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia cita a los ciudadanos diputados a la próxima sesión, que tendrá lugar el miércoles cinco de los corrientes, a las diez horas.
A las diez horas y cinco minutos se levanta la sesión de Cámara, para abrir en su oportunidad la de Congreso General."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...
Aprobada, señor Presidente.
COMISIÓN MEDALLA EDUARDO NERI
El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
De conformidad con el decreto aprobado por la H. Cámara de Diputados de la XLVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, que instituyó la "Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico", en sesión de 2 de diciembre de 1969 y con fundamento en el artículo 1o. transitorio de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y
CONSIDERANDO
Primero. Que esta presea la otorga la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al ciudadano mexicano que por sus hechos, por su conducta ejemplar, su aportación a la ciencia, al arte o al civismo, se haya distinguido al servicio de la Patria y se haga acreedor a ella.
Segundo. Que el decreto establece que esta condecoración se otorgará el mes de octubre del año que corresponda al último periodo ordinario de sesiones de cada legislatura y se concederá por acuerdo tomado en sesión pública de la Cámara de Diputados, previo el dictamen de la Comisión Especial, que investigará los méritos de candidato, que podrá ser propuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial Federal, los miembros del Poder Legislativo Federal, los Poderes de los Estados de la República, o por instituciones educativas, culturales, artísticas, sociales y organizaciones representativas de los sectores sociales, económicos y políticos de la Nación.
Tercero. Que deberá ser en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre del tercer año de ejercicio, cuando la Cámara de Diputados designa una comisión especial que investigue y proponga en su dictamen al ciudadano que se haya hecho acreedor, por sus méritos, a la condecoración, para que ésta sea impuesta a la persona electa en una sesión solemne el mes de octubre de propio año.
Con base en lo anterior y en lo estituido por los artículos 47, fracción VI y artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente proposición:
Comisión Medalla "Eduardo Neri": diputados José Luis Martínez Rodríguez, Armando Ballinas Mayes, Enoch Cancino Casahonda, Luis Garfias Magaña, Mario González Navarro, Julieta Guevara Bautista, Jesús Lazcano Ochoa, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, Enrique León Martínez, Ignacio Moreno Garduño, María de Jesús Orta Mata, Sergio Quiroz Miranda, Celso Vázquez Ramírez, Florentina Villalobos de Pineda y José Antonio Alvarez Lima.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1984.
Diputado Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Enrique Soto Izquierdo, secretario; diputado Enrique Fernández Martínez, secretario."
En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba, los que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INFORMES Y COMPARECENCIAS
DE FUNCIONARIOS
El mismo C. Secretario:
"Honorable Asamblea:
Con fundamento en el artículo 93, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo a lo expuesto por el C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, en su segundo informe de gobierno, y al necesario e importante fortalecimiento de los nexos de comunicación y colaboración del Poder legislativo de la Unión con los titulares de las dependencias administrativas del Poder Ejecutivo Federal, esta Gran Comisión somete a la consideración de la honorable Asamblea, los siguientes puntos de
ACUERDO
Primero. Los Secretarios de Despacho, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, entregaran personalmente el informe del estado que guardan sus respectivos ramos.
Segundo. La entrega se realizará en el Salón Verde del Palacio Legislativo, ante las comisiones unidas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados correspondientes.
Tercero. En el acto de entrega del informe, el titular expondrá un resumen del mismo para que en fecha posterior, las comisiones unidas correspondientes realicen su análisis y comentario.
Cuarto. Se faculta a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados para que en coordinación con la Gran Comisión de la Cámara de Senadores y con el Ejecutivo determinen los días y horas en que se efectuarán estas reuniones.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1984.
Diputado Humberto Lugo Gil, Presidente; Diputado Enrique Soto Izquierdo, Secretario; Diputado Enrique Fernández Martínez, Secretario."
En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Trámite:- Comuníquese a la H. Cámara de Senadores y al Ejecutivo.
HOMENAJE AL GENERAL
FRANCISCO J. MUGICA
El C. Presidente: Ha solicitado el uso de la palabra para rendir homenaje al general Francisco J. Múgica el C. diputado Francisco Javier Ovando Hernández. Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier Ovando Hernández.
El C. Francisco Javier Ovando Hernández:- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados. En este mes de septiembre se cumplen cien años del natalicio del general Francisco J. Múgica, distinguido ideólogo y legislador revolucionario. A Múgica debemos recordarlo real; a los muchos múgicas que un solo hombre abarcó en bien de la causa en que creía y al identificarse ésta con la Nación en bien de México.
Del pensamiento de Múgica mucho está vivo; del pensamiento vivo mucho se ha cumplido, pero bastante queda por avanzar constituyendo aquél un mandato irrenunciable para nosotros.
Múgica es espejo purísimo de lealtad. El, convertido en símbolo nacional, ha dejado de ser bandera de un partido, y seguramente la crítica histórica no habrá de considerarlo como líder de un bando, sino como constructor de una patria y como acción justiciera de un pueblo.
Múgica responde a ese anhelo popular; ansia de libertad y justicia; alto y evidente ejemplo de lealtad.
Revolucionario antes que caudillo; bueno antes que fuerte, jamás abrigó temores por las mentalidades de su época.
La sencillez de su forma y de sus expresiones veía se siempre acompañada por la punzante gracia al servicio de la vivacidad de su ingenio.
Su paso por el Seminario Conciliar de Jacona hace que las obras de Ovidio, Horacio y Cicerón influyan profundamente en los actos de su vida. Ahí, en las obras griegas y romanas nació la cultura de Múgica, quien solía recitar poemas de los autores anteriores y gustaban recordar máximas y piezas oratorias de Solón, Demóstenes y Cicerón.
Múgica hizo una brillante carrera; obtuvo ascensos en el escalafón militar en acciones de guerra, y fue un distinguido ciudadano armado con grandes méritos; pero es necesario poner de manifiesto que no es éste el aspecto esencial de su vida, es el desempeño de las comisiones civiles donde obtiene su mayor auge. Para él la guerra sólo pudo ser un mal necesario y un medio al servicio de su pueblo que había convertido la rigidez intransigente del miliciano en una personalidad que con alto sentido dominaba ya las formas del servidor revolucionario. Su palabra fácil y su elocuencia habían transformado al inicial tribuno de Tingüindín en el orador a veces irónico y siempre oportuno, que en sus expresiones contundentes traducían de modo inequívoco su energía moral y actitudes ejemplares. Más que conductor de batallas heroicas aspiró a ser para su patria el motor de sus reales transformaciones; fue un hombre comprometido con su tiempo. Su gestión administrativa en diversos cargos en las carteras ministeriales y gobiernos de los estados de
Baja California Sur, Tabasco, Michoacán, aunados a su encuentro en la Asamblea Constituyente de Querétaro, son ejemplo claro de su obra.
Convencido demócrata, no apeló jamás a la violencia para defender su actitud y los criterios antagónicas a su ideario pudieron siempre combatirlos sin riesgos. Ciertamente la separación Estado Iglesia se logró en la Constitución de '57 y se plasmó para las generaciones futuras por Carranza y Múgica en la Ley Fundamental del '17; ciertamente que la libertad de conciencia y las libertades espirituales son respetadas y son base fundamental de la sociedad en que vivimos, y que conviven en nuestra sociedad distintos modos de pensar en la paz y en el derecho. Nuestro mundo y realidades cambian constantemente, el legado irrenunciable de Múgica nos reclama erigir defensas para la libertad a nuevas presiones; para preservar la libertad en momentos actuales hay que luchar contra las tendencias monopólicas del desarrollo económico, oponerse a la presión de grupos extralegales de presión. Nadie puede negar que nuestra sociedad es secular y laica y que hay supremacía civil en la sociedad. En nuestro país hay movilidad social y política, y si bien no hay fueros que obstaculicen la justicia, si hay tendencias a que los privilegios los mediaticen.
Múgica pugnó por la rotación de los hombres en la sociedad. Clamo justicia llana, simple y expedita; igualdad formal y combate los privilegios, y con su entraña vital luchó por un federalismo pleno en que el centro no domine a la provincia o los grupos minoritarios locales presionen la vida municipal.
Luchó porque el poder municipal y el de los estados, fortalecieran el poder de una federación libre.
La independencia por la que luchó Múgica es la misma independencia que anteponemos los mexicanos ante las empresas transnacionales; ante la enajenación de la cultura y raíces ajenas a nuestro pueblo; ante el maniqueísmo de grupos poderosos que someten a los países pobres, haciendo que el hombre viva entre la incertidumbre y la desesperación; la zozobra y el odio; la humillación y la muerte por la falta de respeto de los poderosos a los países que desean darse su propia vida y estructura de gobierno.
Múgica luchó denodadamente por una educación laica, gratuita y universal. Hay carencias fuertes en nuestro país que obligan y limitan la realización de los hombres. Los esfuerzos de nuestro gobierno en este renglón han sido de capital importancia y hemos avanzado requiriéndose aún más del esfuerzo de todos. Requerimos los mexicanos continuar combatiendo el analfabetismo, y buscando la nivelación y alcance de la enseñanza primaria , media y superior.
Una educación que tienda a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomente el amor a la patria, la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, una educación ajena a los fanatismos y prejuicios, democrática y nacionalista, que asegure nuestra independencia económica y política y busque preservar la dignidad de la persona y la familia.
En nuestro homenaje se conjugan las inquietudes del problema ancestral de México: el reparto de la tierra, que a pesar de nuestra Independencia, ésta fue poseída por los hacendados hasta 1910.
Múgica, secretario de Lucio Blanco, firma el primer reparto de la tierra en Coahuila, para dar así cumplimiento a la bandera de lucha de la Revolución de 1910. Pasada la lucha armada y después del Plan de San Luis, y del Plan de Ayala, y tomando en cuenta lo ancestral del problema y las condiciones en que se debatía el campesino, los legisladores del Congreso Constituyente en donde brilla Múgica, hacen que la filosofía agraria forme parte de nuestra Ley Fundamental.
Era un gran pensador de gran dinamismo; siempre dejó huella de rectitud, competencia y desinterés; se esmeraba en ser un constante servidor a la patria. Después de haber contribuido a sentar las bases del nuevo ordenamineto constitucional, demostró sus bien cimentadas convicciones en otros cargos.
Con visión certera y clara ayudó a resolver problemas de tanto interés para el país como el agrario, la nacionalización del petróleo y la integración del territorio nacional a través del ferrocarril.
A él se debe la redacción inicial del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hombre íntegro que despreciaba la mentira y que en actitud enérgica afirmaba: "Si por debilidad o complacencia decimos una mentira, es necesario inventar mil más en apoyo de aquélla, y a la postre brilla esplendorosa la verdad". "Un hombre a quien se miente o se engaña, si es tolerante perdona, pero cuando se miente o se engaña al pueblo éste ni olvida ni perdona y tarde o temprano castiga implacablemente."
"Desprecio, decía a los mistificadores y a los falsos apóstoles que en diversas ocasiones han transformado el escenario de la Revolución en feria pueblerina, en que la aturden los gritos desvergonzados de los que venden y los que compran".
La LII Legislatura rinde hoy justo homenaje a Múgica, como rinden tributo a su memoria los soldados que son la guardia de la patria, los hombres de letras que aspiran a darle brillo, los hombres de gobierno que encauzan las fuerzas colectivas, los hombres de trabajo que constituyen el nervio de la nacionalidad, porque todos ellos han encontrado en la figura de Múgica la representación viva de sus propias fuerzas y aspiraciones.
Con motivo de este primer centenario del natalicio de Francisco J. Múgica, la diputación federal michoacana propone respetuosamente a esta honorable Cámara de Diputados sea inscrito en letras de oro el nombre de Francisco José Múgica Velázquez, en sus columnas,
y su busto en bronce, colocado en el mezzanine de este recinto legislativo, para el ejemplo de futuras generaciones, para que jóvenes, adultos y maduros coadyuven en la dura tarea de movilizar al pueblo en aquellas transformaciones que sólo en él pueden hacerse, sin perder de vista la actuación de Miguel Hidalgo, José María Morelos e Ignacio López Rayón; de José María Arteaga, Benito Juárez y Melchor Ocampo; de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Por cuanto a la proposición contenida en la intervención del diputado Francisco Javier Ovando Hernández.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para el trámite correspondiente.
ANÁLISIS DEL INFORME
PRESIDENCIAL
POLÍTICA INTERNA Y SOCIAL
El C. Presidente:- Con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión de hoy está destinada al análisis del segundo informe rendido por el ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el aspecto de la política interna y social. Se han registrado para tal efecto, los siguientes ciudadanos legisladores:
Luis J. Prieto, por el Partido de Acción Nacional; Iván García Solís, del Partido Socialista Unificado de México; Enrique Alcántar Enríquez, del Partido Demócrata Mexicano; Rafael Aguilar Talamantes, del Partido Socialista de los trabajadores; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista y Mario Vargas Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al ciudadano Luis J. Prieto, del Partido Acción Nacional.
El C. Luis J. Prieto:- "Señor Presidente, señoras y señores diputados: El día 1o. de diciembre de 1982, el Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, en este mismo recinto, en su mensaje a la nación, nos manifestó:
'Como Presidente de la República haré mi parte hasta el límite de mis capacidades y con plena conciencia del deber supremo de servir a la nación.
Hablaré con la verdad. Diré al pueblo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Diré lo que se haya logrado, diré aquello en lo que se haya fallado y el porqué de cada falla, exigiendo responsabilidades y reconociendo los límites que nos impongan las circunstancias'.
Con base en este compromiso solemne, libremente expresado y con seguridad conscientemente aceptado con toda sus consecuencias, vamos, la diputación del PAN, a presentar el análisis del segundo informe de gobierno que nos presentó el Presidente de la República en cumplimiento a una obligación constitucional en la sesión solemne de apertura del Congreso.
Va a ser difícil hacer un análisis del segundo año de gobierno, ya que el informe que nosotros escuchamos y que se comunicó al pueblo, hasta traducido a lenguas nativas para que todos estuvieran informados, no está completo; como lo dijo el señor Presidente, 'el informe se acompaña de un texto que lo complementa en lo referente a las acciones y resultados de cada sector de la administración a mi cargo y de trece anexos donde se detalla la actividad correspondiente a los programas específicos'. Documentos que desconocemos, nosotros los diputados y el pueblo todo de México.
Así que, con posibles fallas por falta de información, presentaremos nuestro análisis.
Esperamos que esta Cámara retome la responsabilidad que tiene como parte del Poder Legislativo y establezca las modalidades que se requieran para que en la presentación del informe de labores de los secretarios de Estado, del jefe del Departamento del Distrito Federal y de los Procuradores de justicia, ofrecidas por el Presidente De la Madrid, se exija información veraz y completa, y se aclaren las dudas que se tengan como representantes del pueblo mexicano.
Reconocemos como un gran acierto del Presidente De la Madrid, el presentar un informe austero, como lo exigen las condiciones de crisis que padecemos; sin actitudes triunfalistas, como en los dos sexenios anteriores; sin regaños para nadie, al trabajo productivo y a la acción eficaz para que se acepte el espíritu de solidaridad y al compromiso compartido por el bien de México. En relación a su compromiso solemne, ante el pueblo de México, de hablar con la verdad, debemos manifestar que en su informe vemos que se repiten los buenos propósitos, las promesas de siempre, que no se concretan en hechos que afirmen la confianza del pueblo en su gobierno.
Es el caso cuando nos dice, 'La política interior se ha dirigido a preservar y fortalecer nuestras instituciones democráticas, en un ambiente de paz y tranquilidad sociales. Ratificamos nuestra fe en el estado de derecho como molde garante de las libertades, de la seguridad y la justicia'.
Bellas frases que seguramente no están dirigidas a los mexicanos, a los miles de mexicanos que sufrieron el fraude electoral en su estado o municipio; a los miles de trabajadores industriales, del campo y burócratas que le exigen obligatoriamente la pertenencia al partido oficial so pena de perder el trabajo
a los miles que buscan justicia y que no se les concede porque algún poderoso se opone.
Con grata satisfacción votamos a favor para aprobar la reforma constitucional del artículo 115 de la Carta Federal, pues el Partido Acción Nacional piensa y ha sido tesis de siempre que la patria se construye desde el municipio.
Claro que aplaudimos esta reforma constitucional que promovió el Presidente de la República.
En lo que no estamos de acuerdo es que ahora en el informe nos diga, 'me es grato constatar que los estados han reformado sus constituciones y expedido nuevas leyes orgánicas para implantar la nueva regulación constitucional sobre el municipio libre.
Si la constatación fue por informes que le dieron, los informantes le mintieron. Las reformas, se hicieron, pero sin ningún respeto al artículo 115 constitucional.
Los gobernadores, en su inmensa mayoría, siguen concediendo a su capricho las participaciones que corresponden a los municipios y administrando también, los principales servicios. A la casi totalidad de alcaldes sólo les queda la ruda tarea de recoger basura, barrer calles y reponer focos fundidos del alumbrado público.
Estamos de acuerdo con el Presidente De la Madrid, cuando afirma, en relación al artículo 115; 'ahora hay que darle vida. Lo importante hoy, es promover una amplia y decidida participación popular de todas las comunidades locales en la gestión y vigilancia de sus intereses, mediante el diálogo permanente entre gobernantes y gobernados. Estoy convencido agrega el Presidente, de que existe un enorme potencial de desarrollo en la vida nacional mediante la participación popular y sobre todo, la colaboración ciudadana. He podido verificar personalmente en todo el país y en los más diversos grupos sociales un deseo sincero de participar en el conocimiento y en la solución de los problemas colectivos, que no se puede concretar muchas veces por ausencia o insuficiencia de los mecanismos correspondientes. El proceso de democratización no puede llevarse a cabo sin una participación activa y perseverante de los ciudadanos y de sus organizaciones.'
Pero esto exige indiscutiblemente el más estricto respeto a los derechos ciudadanos y a él, como Presidente de México, le corresponde hacer cumplir el respeto del sufragio efectivo.
De no resultar así, seguiremos viviendo en un país en donde la democracia está sólo escrita en las páginas muertas de la Constitución.
Y hablando de democracia, con asombro no encontré otra palabra escuchamos lo que informó el Presidente de la República acerca de los procesos electorales que se efectuaron de acuerdo con el calendario respectivo dentro del orden constitucional. Dice el Presidente: 'Hubo elecciones para la renovación del Ejecutivo en Baja California, de los legisladores en doce estados y de ayuntamientos en catorce entidades'.
Seguramente no quiso recordar al pueblo de México, ni fechas , ni estados en donde se atropelló la voluntad popular. ¿Dijo el Presidente la verdad? ¿Hubo realmente elecciones?
Ya sé que los diputados de estas entidades van a decir que es mentira, pero no es a nosotros a quienes tienen que convencer, es a los miles de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que sufrieron vejaciones, burlas, atropellos y desilusiones a quienes tienen que convencer que lo que vivieron y padecieron es producto de su imaginación.
Ahí están los ciudadanos de Baja California, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Guerrero, de Puebla, de Michoacán y últimamente en San Luis Potosí, por citar algunos.
Lo ocurrido no responde al compromiso que manifestó en su mensaje del '82: 'No nos limitaremos al perfeccionamiento electoral; fomentaremos la democracia en todos los ámbitos de la vida social'. Ni tampoco responde a las palabras del primer informe: 'Hagamos juntos, gobierno y partidos, un juego político maduro y responsable como nos está exigiendo el pueblo de México'.
Seguramente que en el cuerpo de asesores del Presidente tienen expertos en comportamiento humano, pero desgraciadamente por ese endiosamiento que se hace al Presidente, los asesores sólo le dicen al Presidente lo que creen que él quiere oír, no le han dicho que este atropello a los derechos humanos empuja al ciudadano al sentimiento de impotencia que lleva a la desesperación y se conduce a la violencia. Y espero que no sea el propósito, por que de serlo, sería un costo alto.
Ante estos hechos vergonzosos que sitúan al país en el subdesarrollo político, como podemos interpretar eso de que 'es propósito del Gobierno promover la más amplia participación popular en las elecciones de la Quincuagésima Tercera Legislatura de Diputados al Congreso de la Unión.
Gobierno, partidos y ciudadanos debemos responsabilizarnos conjuntamente de la legalidad y limpieza de las elecciones'.
Si eso fuese cierto, lo correcto sería que el Presidente hubiera manifestado cómo se va a responsabilizar el Gobierno de la legalidad y de la limpieza de las elecciones; y además debería haber dicho qué debe hacer el ciudadano para garantizar que se le respete el voto.
Las palabras, por muy presidenciales que sean, ya no son confiables si no tienen el apoyo de hechos; y los hechos señalan lo contrario. Ahí está la LOPPE, que no garantiza la legalidad del proceso electoral y peor aún, la Ley Electoral de Sonora, en donde no sólo se obstaculiza la participación de los partidos sino que se legaliza prematuramente y de antemano el fraude electoral. Estoy en desacuerdo con el Presidente cuando dijo. 'Reconozco la dinámica y la
responsabilidad con que ha actuado el Poder Legislativo'. Tenemos que aceptar que hay algunos legisladores que ni siquiera cumplen con su asistencia a la Cámara. Y si somos honestos debemos reconocer que se han aprobado muchas leyes al vapor, sin análisis, sin estudio, sin ver sus consecuencias, y otras que en forma consciente se aprobaron, no obstante que eran en perjuicio de los mexicanos.
Quisiera pensar que la expresión del Ejecutivo, fueron palabras motivacionales, un llamado a la conciencia, pues el horario se acaba y se termina la oportunidad de ser lo que deberíamos haber sido.
Espero que en este último periodo de sesiones sepamos cumplir la gran responsabilidad que tenemos conferida que tanto nos honra y distingue para que esta LII Legislatura le dé el brillo, el esplendor y la soberanía a este Poder Legislativo, para ser verdaderamente una representación popular que equilibre los poderes; y que no permita que ya nunca más el poder absoluto esté en las manos de un sólo hombre para evitar que se corrompa.
Por lo que respecta a la política demográfica, aplaudimos que el licenciado De la Madrid haya recogido fielmente el sentimiento popular, pues el mexicano cree y afirma que la prioridad es el hombre y su libertad.
Nuestro apoyo y reconocimiento, porque haciéndose portavoz del pueblo de México afirma como tesis fundamental que 'México sostiene el absoluto respeto a la autodeterminación de los pueblos para establecer su política de población y la libertad de la pareja para decidir el destino de la familia.'
A pesar de la firme determinación, manifestada por el Presidente de la República, hay denuncias que en algunos poblados las instituciones de salud gubernamentales practican en forma forzosa la esterilización de indígenas, situación que debe investigarse para que, de ser cierta, se sancione a los responsables por este atropello a los derechos humanos.
Nuestro apoyo en lo que respecta a crear condiciones reales que hagan posible la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para la mujer y el varón, afirmando que hombre y mujer son iguales.
Parte fundamental de la doctrina de nuestro partido, pues estamos convencidos que hombre y mujer están llamados a la misma vocación humana.
En cuanto a los refugiados guatemaltecos en nuestra frontera del Sur es un acto de solidaridad humana el darles asilo y protección. Pero más que por las causas que señala el Presidente, nuestra preocupación debe ser mayor frente al riesgo que existe que en este numeroso grupo de 46 mil guatemaltecos se encuentren infiltrados guerrilleros, cuyo objetivo no sea buscar asilo y protección sino promover la violencia afectando la paz de la nación.
Nos unimos también, con profundo sentimiento, a reiterar nuestra solidaridad a los mexicanos que se encuentran trabajando en los Estados Unidos de América, como única solución a la miseria en que vivían después de 70 años de olvido. Damos también nuestro apoyo a la demanda que hace nuestro Gobierno de que se respeten sus derechos humanos y laborales.
Pero esa misma demanda de respetar los derechos humanos y laborales de los mexicanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras, la hacemos ahora al Gobierno de México para los que estamos dentro de nuestro territorio nacional.
Analicemos ahora el tan trillado como ineficaz tema de la Renovación Moral; mucho, muchísimo se ha dicho, pero poco, poquísimo se ha actuado.
Piensa que quizá no vale la pena tratar este punto, pues el Presidente de la República, De la Madrid, ya lo ha tratado en todos los tonos, en diversas formas, en distintas situaciones y en muchas ocasiones, pero con muy pocos resultados.
Lo único nuevo fue que además de lo que se conocía como renovación moral en 1983, ahora se agrega que es esfuerzo para lograr eficiencia y productividad en la Administración Pública, búsqueda de mecanismos de control y evaluación, procedimientos ágiles y eficaces y cuentas claras. Curiosamente, o tal vez a propósito, no se agregó respetar el voto ciudadano y garantizar la legalidad del proceso electoral.
Definitivamente que no bastan las palabras, la historia nos lo dice. Ya en otro informe, segundo informe, en 1978, se nos dijo:
'Hemos combatido de la Administración Pública, pese al escándalo y a las suspicacias políticas. Somos honrados para exigir la honradez. La mejor forma de cuidar el mañana es la fuerza imperativa de sentar precedentes. Mis colaboradores y yo nos atenemos a las consecuencias todavía no han llegado.'
De aquí que no basten las palabras, esperemos, pues, los hechos, ya que el Presidente dijo: 'Los hechos seguirán hablando y así pronto sabremos si fue o no moda de principio de sexenio', pero no olvidemos que el mismo Presidente de la República reconoce que la renovación moral es demanda política auténtica del pueblo de México. Si no se hace nada, no sería nada raro que los señalados como corruptos hoy, van a ser los héroes del mañana.
Hace un año, en su primer informe, el Presidente De la Madrid nos dijo que 'un reclamo nacional era el de moralizar y modernizar a la policía', hoy se nos repite los mismos, pero con otras palabras: 'La sociedad pide que se revise a fondo el servicio público eficiente y digno".
Para ello, para lograr una procuración e impartición de justicia, puesto que es tarea fundamental de Gobierno, nos dice el Presidente que se promulgaron nuevas leyes y sus
respectivos reglamentos y es cierto, aquí se aprobaron, pero no basta que se promulguen es necesario que se cumplan.
Agrega el Presidente que 'hemos iniciado una reorientación de la estructura y y el funcionamiento de los órganos policiales para que se constituyan automáticamente en custodios de la seguridad pública y particular, participantes honorables de los programas de la procuraduría de justicia.'
Ahora me explico por qué se habla tanto de la dinámica, como si los hombres fueran computadoras, programados para que a una nueva instrucción escrita, corrija sus errores y modifique sus actitudes.
Agrega el señor Presidente: 'Rescataremos a la policía del descrédito en que cayó para que sea un instrumento y un ejemplo de derecho'. Que me perdone el señor Presidente, la policía no cayó en descrédito, allí la metieron sus jefes y me refiero concretamente al jefe que ordena al jefe de la policía.
¿Cómo es posible que se desee que un policía sea ejemplo de servidor público, cuando se le utiliza para robar ánforas electorales, atropellar los derechos ciudadanos, golpear ciudadanos pacíficos que reclaman justicia y terminado este atropello se desea que sea el policía amable, gentil, servidor de la comunidad?
Creo que el problema es fácil si se está dispuesto a un verdadero cambio, no es cuestión de técnicas ni de enérgicas reorganizaciones, es de comportamiento humano.
El Gobierno Federal, estatal y municipal como cualquier institución, es como el cuerpo humano; los miembros, los sistemas y los órganos, sólo hacen lo que ordena la cabeza.
1) Si queremos un policía ejemplar, que se le enseñe como testimonio de parte del gobernante que es un servidor público, que esté pendiente, atento a la seguridad, al desarrollo, a la superación del hombre que gobierna.
2) Que se le capacite en leyes, en relaciones humanas, además de todo lo que debe saber la policía.
3) Que se le proporcionen recursos para dar buena imagen de la autoridad. 4) Que se le pague con equidad para que viva con dignidad.
5) Que se le trate con respeto a su dignidad personal, que no se le use de chofer ni de barrendero ni de cuidador de niños de alguno de los jefes.
Señores, la policía, el policía es un ser humano, como cualquiera de nosotros, y también busca, como todo hombre, satisfacer la necesidad, no material, de lograr el reconocimiento de su comunidad.
Y esto, no son teorías de escritorio, son experiencias vividas.
Estamos de acuerdo con el reconocimiento que se hace a las fuerzas armadas de México, ya que en ellos está la defensa de las instituciones del espíritu democrático que registra y manifiesta nuestra Constitución; estamos seguros que permanecerán siempre fieles a su juramento y actuarán en apoyo a la justicia, la libertad y el respeto a la dignidad humana.
Por ese respeto a las fuerzas armadas del país, no aceptamos nunca, que un Presidente de la República, manifestando su prepotencia, por ese poder absoluto que se le ha conferido, y movido única y exclusivamente por sentimientos viscerales en la soledad de sus despachos, puedan en un momento conceder el grado de general de división a una persona que no lo merecía y que por lo que hoy se sabe, menos lo merece.
Esto, para nosotros, es un grave insulto para quienes han jurado con su vida defender la soberanía de la nación.
Que esta triste lección nos enseñe, que debemos nosotros, diputados de México, legislar de manera tal de que seamos una fuerza de equilibrio de las acciones de Ejecutivo.
Por lo que respecta a la política de empleo y protección del salario, carecemos de información y estadística confiable para hacer un análisis mejor.
Cabe señalar, sin embargo, que el Presidente, haciendo a un lado la demagogia, indicó y reconoció que el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha deteriorado, no obstante que los aumentos al salario mínimo han sido un 57%. Es verdad que se afectó a todos y diminuyó su nivel de vida la situación crítica; pero hay una gran diferencia, pues los ciudadanos de altos ingresos están sacrificando lo que no es necesario, pero los de bajos ingresos están sacrificando lo indispensable. Y por lo que respecta a los subsidios de alimentos básicos, debe vigilarse su buen aprovechamiento, pero también por el respeto a la dignidad humana que se vayan a transformar en grilletes modernos para someter a los necesitados obligándolos a incorporarse al partido oficial.
Sobre el problema educativo, que desde el primer informe del Presidente de la República lo consideró crítico, ya que la educación en México está hipertrofiada, se nos presentó en este segundo informe un conjunto de datos de los cuales difícilmente se puede derivar el conocimiento de la realidad.
Simplemente como ejemplo se habla de los porcentajes de oferta y cobertura para solicitantes de primaria y secundaria, pero no se da el porcentaje de deserción.
Sentimos que para emitir un juicio más válido sobre el avance en materia educativa, será necesario un estudio más completo consultando los anexos que no conocemos, pues desde hace muchos años, los informes presidenciales han manifestado que no se quedan niños sin escuela, lo cual significa que ya no deberíamos tener analfabetismo, y la estimación actual es de que hay todavía 6 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir.
Apoyamos el gran esfuerzo que se viene realizando para impulsar y fortalecer la enseñanza técnica media ya que con ello se resuelve
el problema de escasez de mano de obra calificada tan necesaria para la planta productiva y para disminuir el desempleo.
Llama poderosamente la atención un párrafo de informe que dice: '...un postulado fundamental de la revolución educativa es convertir la legalidad en realidad para transformarla. Esta tarea no es por cierto fácil por la inercias y desviaciones que se han generado en el transcurso del tiempo'.
Es en cierta forma un anuncio sutil, velado, de la posibilidad de expropiar aquellas escuelas privadas, que a juicio de algún funcionario no cubra la legalidad.
Se habla mucho de revolución educativa, pero no está claramente definido el término, siempre queda ambiguo como eso es de 'afianzar lo bueno lo bueno, ¿a juicio de quién?- , corregir lo erróneo, modificar estructuras y hábitos.'
Consideramos que si el Presidente se comprometió a hablar con la verdad, debería haber informado al pueblo qué se debe entender en forma específica por revolución educativa.
Hay hechos que ponen en duda la bondad del propósito, pues por un lado se implanta el bachillerato pedagógico para elevar a nivel de licenciatura el magisterio, y por otro lado se obliga a los maestros a ser actores del fraude en San Luis Potosí. ¡Con qué autoridad moral estos maestros pueden enseñar civismo!
Deberemos estar vigilantes de esta revolución educativa. Es verdad que uno de los grandes problemas del México actual es el desarrollo urbano, sobre todo por el costo que implica el establecimiento de la infraestructura que requiere para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Pero que en solución de este grave problema no se vaya por el camino fácil, que sea el Estado el que decida dónde vivan los ciudadanos: esto sería aberrante.
Y por lo que respecta a la vivienda, el informe es más que superficial y engañoso, no habla de cuál es el déficit de vivienda, y cuando dice que este año se cumplirá con la meta de iniciar 270 mil acciones de vivienda que se sumarán a 160 mil que estaban en proceso años anteriores, no aclara que dichas acciones de vivienda parten desde poner el piso a un jacal hasta la total construcción de una casa.
Parece ser por el informe, que se está dando especial atención a uno de los grandes problemas del mundo: cuidar la ecología.
Y por lo que respecta al Distrito Federal, sólo se informó que se amplió el subsidiado Metro y que se disminuyó el plomo del ambiente. Si el Distrito Federal tiene el 20% de la población de México, creo que merece más atención y más información. Dice el señor Presidente en su mensaje: 'La Revolución institucionalizada nos ha dado estabilidad y paz social durante más de medio siglo y ha sido capaz de conducir al país en la etapa más dinámica de nuestra historia en un proceso permanente de crecimiento y de cambio'. Si esto fuese cierto, no estaríamos sufriendo esta crisis como en tiempo de guerra; habría confianza, inversión, generación de fuentes de trabajo salario remunerador, crecimiento económico...
Si hubiera paz social, no habría exigencias de la ciudadanía como clamor general, clamor nacional, de una correcta impartición de justicia y de que la policía sea un servicio eficiente y digno.
Es totalmente distinta una paz social conquistada con satisfacción por una ciudadanía libre, responsable y participativa, a otra paz establecida por sometimiento, por impotencia de la ciudadanía ante la fuerza del poder.
Esa paz forzosa por sometimiento fue la que concedió Porfirio Díaz a los mexicanos durante su dictadura, y es la misma que han dado y siguen dando los gobiernos totalitarios.
La paz social, no es sólo ausencia de sangre derramada por ballonetas, es promoción de una vida digna, es respeto a la dignidad humana, es preocupación de los desamparados, es impulso a la participación libre del ciudadano, es promover la superación humana, es contemplar y respetar al hombre por lo que es: ser humano libre y responsable de su propio destino.
Nosotros, como millones de mexicanos, también queremos un México más grande, más libre, más humano, para dejarlo como herencia luminosa a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y todos los mexicanos, como en ningún otro momento, deseamos participar en las grandes decisiones del país, para ampliar el camino de la democracia y comprometernos más con el destino de la patria.
Pero se requerirá que el Gobierno se abra al diálogo, que no pretenda imponer criterios sino buscar soluciones, que haga a un lado como lo hizo hoy el Presidente, la actitud triunfalista que demuestre con hechos lo que afirmó el Ejecutivo: :'La vida institucional es y debe ser producto de las acciones de toda la sociedad y de sus partes. El Gobierno es sólo parte de la sociedad.'
Sólo así, conjuntando esfuerzos, teniendo como prioridad el hombre, afirmando los valores del espíritu y teniendo como única meta el bien de México, encontraremos siempre un camino de esperanza.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 5 de septiembre de 1984." El C. Presidente:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Iván García Solís, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Iván García Solís:- Señores diputados: el Partido Socialista Unificado de México utiliza esta tribuna para hacer un análisis del pasado informe presidencial, y fijar sus posiciones frente al grupo en el poder. Lo hacemos a sabiendas de la limitación tan grande, de carácter estructural, que tiene el Poder Legislativo para influir en las decisiones políticas nacionales.
En efecto, el Presidente, conforme al artículo 69 constitucional, presenta un informe del estado que guarda la Administración Pública,
pero las cámaras sólo pueden comentarlo no hace mucho aún se hablaba de la "glosa" del informe, es decir, de su explicación sin que pueda derivarse del debate legislativo decisión alguna de rechazo, censura o modificación del discurso presidencial.
Esto es resultado de la hipertrofia y omnipotencia de una de las instituciones que se han desarrollado y afianzado en nuestro país y que se constituye ya en una de las trabas más grandes para el desarrollo democrático de la Nación: el presidencialismo.
Esta situación debe cambiar a fondo, de modo que un informe presidencial pueda ser sometido al juicio de una representación popular, elegida en forma verdaderamente democrática y proporcional. Pero para ello se requiere transitar a un sistema de acento y predominio parlamentario sobre el poder presidencial desgastado, anacrónico y antidemocrático que aún priva en México.
Eso hay que decirlo de paso nos evitaría también espectáculos cortesanos como la llamada "respuesta", que aún sin haberse tenido tiempo de conocer, meditar y discutir el informe, recita un orador del partido oficial, y que no tiene más resultados que el evidenciar, más aún, la falta de autonomía e independencia de un poder que en sus orígenes históricos lo fue y que más temprano que tarde y en virtud de la lucha de las fuerzas populares y democráticas del país, está llamado a recobrar su valor, peso y dignidad.
El segundo informe de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid comienza por afirmar que "estamos dejando atrás los aspectos más graves de la crisis y, al mismo tiempo, estamos abordando cambios cualitativos en nuestra estrategia de desarrollo para atacar los problemas a fondo". Si bien el análisis del aspecto económico del informe, debido a una división convencional, se hace por separado, no puede disociarse enteramente de la política general del país. Por ello, sin menoscabo de la intervención expresa sobre este tema que hará nuestro partido en próxima sesión de esta Cámara, es necesario apuntar juicios generales sobre este problema.
Diremos, para comenzar, que la llamada Política de Reordenación Económica, a la cual se pretenden abonar éxitos iniciales, ha sido desde sus orígenes una opción antipopular y poco ligada a una perspectiva de desarrollo que salvaguarde el interés nacional. No fue nunca una política popular, ni considerada en el corto plazo ni tampoco menos aún, enlazada con la estrategia del llamado "cambio estructural". No fue lo primero porque se basó en el sacrificio de los trabajadores y la mayoría de los mexicanos en aras de una recuperación de la economía que tampoco se ha logrado.
Esa política caída ha implicado el declive del salario, el desempleo masivo, la baja sustancial de muchos servicios públicos y el encarecimiento de casi todo; en suma, suma, esas medidas oficiales han causado la profundización de la miseria social y no de una "marcha hacia una sociedad más igualitaria", lema inicial de los actuales gobernantes, aun antes de serlo. Estos hechos, que no fueron aceptados oficialmente como consecuencias obligadas de la política que se emprendía, hoy son reconocidos en el informe, si bien de modo parcial. El Presidente menciona que la "línea de moderación salarial, como la llama, se ha traducido en pérdida del poder adquisitivo de las clases trabajadoras". Es, desde luego, una aseveración incompleta y sólo recoge de manera pálida una realidad mucho más grave, que abarca la baja de ingresos de los campesinos, desempleo en magnitudes antes no conocidas, y en suma, el deterioro de condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Esto contrasta, por cierto, con la forma desahogada en que los dueños de las empresas, del dinero y la alta burocracia, están sorteando la crisis, si es que la ha habido para ellos. Si bien esta capa minoritaria y privilegiada se ha visto precisada a moderar o disfrazar algunas de las formas más tradicionales y ofensivas del derroche y el gasto irracional, es notorio y evidente el mantenimiento de las altas ganancias, el resguardo del interés privado, así como el crecimiento desproporcionado en relación a los trabajadores del Estado y al grueso de los asalariados de sueldos, compensaciones y ventajas varias de la cúpula de los administradores del Estado y de la empresa.
Por cierto, en estos días se ha anunciado un aumento a los trabajadores del Estado, completamente insatisfactorio, que no cubre de ninguna manera el alto costo de la vida.
Unos y otros funcionarios, públicos y privados, tienden a la homogeneización de ingresos y privilegios. El Gobierno, aplicando las técnicas de la administración empresarial, ha postulado que para retener a un alto funcionario con las calificaciones que su cargo supuestamente demanda, se le tiene que retribuir en condiciones no ventajosas, respecto al de los grandes negocios. O dicho en otros términos, la función pública y la privada se acercan; el régimen de economía mixta- así llamado- implica también la capilaridad salarial de los altos jefes y también, por supuesto, la depresión semejante de los salarios, empleados y trabajadores públicos y privados.
Se polariza así, más aún, las sociedad mexicana. De un lado, los dueños del poder y la riqueza y sus administradores- públicos y privados- , y del otro, el creciente sector de asalariados de la población, servicios varios, así como la educación y la cultura.
Esa es una tendencia que se perfila de manera más clara en nuestra sociedad y que ha sido acelerada por la reordenación hacia un cambio estructural, que no es sino un capitalismo mas abierto y desplegado, en el que la rectoría del Estado en la economía para seguir utilizando las categorías en boga, debe asegurar una visión a largo plazo y una
defensa del conjunto de los intereses y necesidades de los capitalistas. Sin entrar, pues, a discutir -que es posible hacerlo y lo hará el PSUM-, la consistencia de los elementos que se exhiben como factores de repunte y recuperación, podemos ratificar nuestra posición partidaria cuando objetamos la política económica del Gobierno y llamamos a luchar por su derrota y sustitución por otra de sentido popular nacional.
Hoy podemos ratificar, en fin, que hace falta poner en práctica una concepción diferente de la economía y de la política que se apoye en el resguardo de los intereses mayoritarios, que tenga como eje la ampliación del mercado interno, lo cual implica la defensa y aun elevación del salario real; que subordine al sector privado de la economía a los intereses generales, obligándolo a una inversión que ahora es potestativa y que se convierte, cada vez que hay un ligero amago a sus poderosos intereses, en un instrumento de chantaje indebido e inaceptable por la Nación; una política que tenga como objetivo el desarrollo independiente del país y no su mayor inserción en la lógica y en el esquema de las grandes compañías transnacionales que buscan mayores espacios de inversión para convertir a México en una base para generar productos de exportación a menores costos y en sitios más cercanos a mercados internacionales. Una política -y ello es especialmente importante remarcarlo- que rompa con la dependencia financiera que nos sujeta con tanta rigidez y para tanto tiempo, y que supone rebaja de salarios, disminución de gasto público y que nos encadena a una deuda interminable en que las diferenciones y renegociaciones sólo son un respiro limitado y temporal del peón acasillado en que se ha convertido a México, con deudas eternas e impagables.
De paso aquí asentamos que la renegociación que se anuncia no debe ser pactada a espaldas del Poder Legislativo. En este asunto fundamental y decisivo para la vida, no sólo de las actuales sino de las futuras generaciones, debe abrirse un debate nacional en que las fuerzas políticas del país puedan expresarse con información plena. No queremos más negociaciones y contrataciones que nos ganan elogios como país obediente, cumplido e integrado al sistema de expoliación bancaria internacional y hasta premios y reconocimientos a los personeros del Gobierno mexicano, pero que, en cambio, significan más miseria para el pueblo y mayor dependencia del país.
En resumen, nuestro partido reitera aquí su decisión de seguir luchando por otra alternativa económica y social para el país. El capítulo del informe destinado a lo que se denomina Política Interior, asienta que ésta se ha dirigido a preservar y fortalecer nuestras instituciones democráticas en un ambiente de paz y tranquilidad social, y agrega: "Con la acción de nuestras leyes e instituciones republicanas hemos hecho frente a las dificultades económicas y se ha evitado la confrontación social. Las instituciones del país han sido apuntaladas con diversas reformas legales con el objeto de contener y apuntalar una sociedad en expansión que de manera creciente las impugna y las rebasa. Los cambios legales promovidos por el actual gobierno, los hechos a la Constitución en el primer periodo de sesiones de esta Legislatura, así como los operados a diversas leyes en el segundo, son en su conjunto modificaciones parciales y conservadoras que intentan remodelar y restaurar instituciones surgidas en diversas etapas de nuestra historia, a las cuales se les ha despojado de manera gradual, de hecho y de derecho de su sentido progresivo originario para adaptarlas a un curso económico en que predomina cada vez más el capital privado y a una vida política y social en las que el grupo dominante ejerce un monopolio del poder, usurpando voces y decisiones de las clases verdaderamente productivas y mayoritarias".
El Gobierno actual, retomando orientaciones e impulsos de anteriores, habla de avanzar en la descentralización de la vida nacional, buscando lo que llama vigorizar el sistema federal, y "una pieza destacada de estos cambios -menciona el Presidente en su informe- es la reforma municipal contenida en el artículo 115 constitucional".
Vale la pena detenernos en este tema, el único aspecto de este cambio, que en su momento apoyo nuestro partido, es el que se refiere a la representación proporcional que se establece para la integración de los municipios. La aplicación cabal del artículo 115 tendría un carácter positivo, no sólo por la incorporación de las diversas fuerzas políticas a la dirección de un nivel de gobierno tan importante como es el municipio, sino porque sería un elemento de contraste con la negada proporcionalidad en el sistema electoral vigente y, por tanto, serviría de apoyo también para luchar por el establecimiento de ésta en todos los procesos electorales; pero dicha reforma constitucional, apenas aprobada y promulgada, ha sido contravenida por las legislaciones estatales respectivas, con interpretaciones varias, todas ellas caprichosas, antidemocráticas e inválidas jurídicamente. Los congresos de los estados, con la oposición invariable de nuestro partido, han negado la proporcionalidad imponiendo incluso valladares, a la representación minoritaria como es el tope mínimo de un 15% establecido en alguno de ellos. De manera que ahí está la Constitución señalando la proporcionalidad, pero por otra parte, ahí están las recientes reformas a las constituciones locales, negándolas.
Por ello, no podemos concordar con el Presidente cuando dice: "Me es grato constar que los estados han reformado su Constitución y expedido nuevas leyes orgánicas para implantar la nueva regulación constitucional sobre el municipio libre. En este proceso se ha hecho a un lado la Constitución, y no sería
válido alegar que se trata del libre ejercicio de la soberanía de los estados. Eso no existe en México, los gobernadores son votados en sus entidades, pero son designados desde Palacio Nacional; y a esa voluntad central responden en los asuntos fundamentales.
Esa reflexión, por cierto, nos lleva a otra muy relacionada con el asunto. Cuando el Gobierno habla de transitar hacia un federalismo real, con juego efectivo entre los tres niveles de Gobierno, debemos recalcar que los municipios están interferidos en su funcionamiento y no sólo en el aspecto importante de la representación que debiendo ser proporcional no lo es. Tampoco cuentan con fondos en la proporción que lo merecen y lo requieren. Así se diga en el informe que han aumentado sus ingresos "sustancialmente", todos sabemos que no disponen de las competencias fiscales que les permitan recabar una proporción importante de impuestos o, en el caso de los que no podrían hacerlo por su bajo desarrollo económico, de recibir las canalizaciones estatales y federales en la cuantía que se requiere para poder funcionar como entidades con gobierno propio, estable y democrático.
Pero eso no es todo y en cierto sentido lo más importante; lo más importante es que no se mantiene el respeto a la libre voluntad ciudadana en municipios ganados por la oposición democrática. El caso de Juchitán es revelador. La brutal imposición de autoridades priístas en ese territorio patrio, sustraído al dominio oficial durante pocos, pero brillantes años de gobierno independiente, es un episodio bochornoso de la contrareforma política. Las fuerzas democráticas batidas y asediadas por el poder concertado de caciques, gobierno estatal y federal han sido despojadas del gobierno municipal, mas no del apoyo popular.
Juchitán democrático vive en la lucha persistente y cotidiana de su pueblo que resiste las represiones y la humillación a que se les somete, similares a las que se aplican por las fuerzas extranjeras en un país ocupado, disputando todos los espacios, las calles y las plazas, los juchitecos mantienen encendida en los hechos y no sólo en las palabras, la llama del verdadero municipio libre en este país. Demandamos la deliberación de los presos políticos en Juchitán, ahora en huelga de hambre, y la democracia para ese municipio castigado por el autoritarismo y la represión oficiales.
Para que el país avance hacia un verdadero federalismo de sentido democrático y no sólo hacia una redefinición administrativa y en el fondo centralizada, de funciones y decisiones, que es lo que el actual Gobierno persigue y practica, se requiere una democratización a fondo del país. Una nueva relación de los tres niveles de Gobierno implica, no sólo la revalorización efectiva de los municipios sino también una nueva vida en los estados de la República. Urge el paso al ejercicio verdadero de las soberanías relativas que en su carácter de entidades federadas les otorga, y ello quiere decir que debe abrirse paso a la democracia en lo que hoy son una combinación de territorios dominados desde el centro, y de ínsulas donde las fuerzas emergentes del empresariado y la nueva burocracia desplazan a los viejos cacicazgos.
Las soberanías estatales sólo se ejercerán con el protagonismo de las fuerzas democráticas mayoritarias, la redistribución de funciones mayoritarias, la redistribución de funciones económicas y fiscales que ensaya el actual Gobierno sólo busca una racionalización limitada para la mejor inversión y la mayor ganancia privada. Son las fuerzas populares las que darán fisonomía propia a estados y regiones de este país.
Pero la clave para abrir paso a un proceso profundo de democratización del país debe operarse en el nivel federal. Y es ahí donde han sido impedidos los cambios políticos, hoy indispensables y maduros.
Pese a los compromisos del Presidente en su campaña electoral y en su discurso de toma de posesión, han sido expurgados del discurso gubernamental los temas urgentes de una nueva ley electoral, la apertura del Senado a la oposición y el establecimiento de gobierno propio y democrático en el Distrito Federal. Estas tres ausencias son graves y significativas.
El actual sistema electoral debe ser modificado de raíz. No es posible que los procesos eleccionarios sigan estando bajo el control omnímodo del Gobierno. Las elecciones deben ser preparadas, organizadas, realizadas, computadas y calificadas por la ciudadanía organizada en partidos. Sólo así se podrá garantizar la imparcialidad en esos procesos. Debe existir un aparato electoral permanente que impida la manipulación burda y constante del padrón que hace el Gobierno y su partido.
La ley, por otra parte, debe permitir y facilitar las alianzas de partidos y fuerzas políticas sin la amenaza de pérdidas de registros. Y este sistema. el de registros vigente, debe ser abolido para dar paso a la libre participación de los ciudadanos organizados. Por supuesto, urge el establecimiento de la efectiva proporcionalidad para desterrar el llamado sistema mixto, que es un traje cortado a la medida del partido oficial para otorgarle una parcela de diputaciones muy superior a su peso real, confinando a la oposición a un área de competencia restringida, cuyas resultantes distorsionan la representatividad según votaciones.
Representación proporcional debe significar llana y claramente un número de puestos correspondiente a la proporción de sufragios de cada partido. Sólo mediante éstos y otros cambios de igual sentido democrático podrá hacerse frente a la tendencia muy marcada en elecciones recientes a la retracción, el fraude y el atropello puesto en práctica por el Gobierno y su partido. Cuando el Presidente informa de las elecciones pasadas en Baja California y una docena de estados, no podemos pasar por alto las infracciones y fraudes cometidos, las manipulaciones
legales y extralegales a que fue sometida la ciudadanía y la mayor cerrazón oficial que se incrementa de modo directamente proporcional a su pérdida de influencia. En las elecciones estatales recientes, el PRI bajó su votación y aumentó sus presiones antidemocráticas.
El Presidente anuncia el propósito de su gobierno de promover la más amplia participación popular en las próximas elecciones de diputados federales, y llama a partidos y ciudadanos a responsabilizarse conjuntamente de la legalidad y limpieza de las mismas. Ello será posible sólo bajo un nuevo sistema electoral. Mientras el Gobierno monopolice el control de las elecciones no se podrán dar los avances democráticos necesarios y urgentes; y la responsabilidad no podrá ser transferida, corresponderá al Gobierno.
Es importante dejar claros estos puntos porque, insistimos la tendencia que se percibe es a mantener obstáculos y no a desbrozar la senda de la verdadera democracia. El registro reciente al PARM, también consignado en el informe, es revelador. Para conservar una mayoría mecánica en la Comisión Federal Electoral así como para estorbar la democracia electoral, en formas y magnitudes que muy pronto saldrán a flote, se concedió el registro a esa mafia discontinuada y desvencijada. Desde ahora decimos: el uso que el Gobierno haga de este membrete es de su exclusiva responsabilidad, no podrá atribuírsele a fracción alguna de la ciudadanía.
El Presidente, en su informe, encomia el desempeño del Poder Legislativo. Agradece el rápido despacho de sus múltiples iniciativas, las modificaciones a éstas y hasta las críticas de los diversos partidos.
¿Qué podemos decir, quienes participamos desde la oposición en una de las Cámaras? Sólo insistir en que "a confesión de parte relevo de pruebas".
Hemos dicho en forma reiterada que la función legislativa no se ejerce con propiedad, que las cámaras han sido convertidas en pasillos de trámite de la voluntad del Poder Ejecutivo. Esta degradación del Poder Legislativo afecta seriamente al país y es un proceso que debe ser detenido y revertido.
Los escasos ejemplos de trabajo legislativo con juego real de partidos, muestran posibilidades que deben ser desarrolladas. Ahora, por ejemplo, se anuncia la comparecencia de más secretarios de Estado; eso será positivo, si es que existe derecho a réplica y pleno intercambio de opiniones, pero de ninguna manera será suficiente.
La reivindicación del Poder Legislativo es una empresa de gran calado y tiene que ver con una nueva concepción de la división de poderes en México. Nuestro partido sostiene que es una medida profundamente democrática aquella que instaurara un régimen parlamentario basado en una asamblea representativa y proporcional, de la cual surgiría el Poder Ejecutivo. Y no sólo esto sería necesario, habría que establecer un verdadero Poder Judicial, integrado por funcionarios promovidos mediante decisiones de cuerpos colegiados y votaciones populares.
Es espectáculo que hoy ofrece ese llamado poder es verdaderamente lamentable. No sólo se trata de las togas y birretes de utilería que jurisconsultos encumbrados han concedido a gente como Arturo Durazo, y quién sabe a cuántos más; no sólo es la parte pintoresca y picaresca. Se trata del atropello permanente de los derechos de los ciudadanos por medio de una malla judicial densa y ubicua, de la que sólo se escapa mediante influencias o dinero. O a la inversa, de un mecanismo vindicatorio que sólo se echa a andar si es lubricado mediante dádivas o recomendaciones.
Y lo peor: el Poder Judicial es también la representación de un brazo represor del Estado. Y hoy está seriamente en entredicho. Varios son los casos insoslayables que debemos destacar: hace años que se reclama la presentación de centenares de desaparecidos políticos; evidencias recientes sobre las actividades ilegales de cuerpos policiacos anticonstitucionales, que dirigieron la represión política durante el gobierno anterior, están haciendo luz sobre los crímenes del río Tula; y se fincan ya algunas responsabilidades penales para ex policías, pero nada se esclarece sobre los desaparecidos políticos. Y hay nombres y apellidos de los secuestrados, así como datos sobre las circunstancias de su detención e incluso nombres de quienes los detuvieron. Pero estos mexicanos no aparecen. Vivos se los llevaron y vivos los reclaman sus familiares, así como el movimiento solidario que se ha formado en su defensa.
En Argentina, en días muy recientes, se ha dado el caso de un poder judicial que encausa a altos ex funcionarios responsables de represión política e investiga a fondo las desapariciones. Preguntamos: ¿podrá ocurrir lo mismo en México? ¿O sólo funcionará aquí la maquinaria judicial para persecución y castigo de políticos corruptos de administraciones pasadas?
Pero no sólo se trata de represiones de gobiernos anteriores. Durante el actual, ya suman decenas los militantes políticos asesinados por fuerzas caciquiles o policiacas. Nuestro partido ha perdido a valioso militantes y continúan las agresiones, especialmente en el campo, como la muy reciente cometida contra el compañero de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, José Rodríguez, que estuvo a punto de perder la vida a manos de pistoleros de terratenientes de Chiapas.
Hay también más de doscientos dirigentes campesinos presos en este estado y 119 órdenes de aprehensión; 39 dirigentes campesino están presos en Tabasco y más de cincuenta órdenes de aprehensión existen en contra de otros tantos; once campesinos están presos en Tamaulipas; además, existe una constante represión contra los luchadores agrarios y sociales.
Esta situación, estos crímenes no deben quedar impunes. Han quedado impunes hasta ahora. ¿Seguirán así las cosas?
Y no podemos dejar de lado el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía. A varios meses de este crimen tan proditorio, no sólo no aparecen los responsables materiales e intelectuales sino que la Procuradora, licenciada Victoria Adato, declara que el homicidio no fue por móviles políticos. Los periodistas organizados para impedir que esta agresión quede impune, han protestado por esta interpretación ligera insostenible que apunta a un ofensivo carpetazo o a algo peor: a la fabricación de culpables.
Llamamos la atención desde esta tribuna acerca de lo grave que sería que este caso quede sin esclarecer.
El Presidente dijo en su informe: "Nos seguiremos empeñando en prevenir el delito y en investigar y castigar el crimen, con apego a derecho". No mencionó, sin embargo, ni el caso de Buendía, ni los que hemos referido con antelación.
Nosotros insistimos: estos casos no deben quedar archivados. Los asesinatos políticos que se cometen en México deben ser esclarecidos y castigados. Lo contrario sería muy grave para el desarrollo democrático del país. El caso de Uramex debe ser también mencionado. En el informe se anuncia la reciente publicación del Programa Nacional de Energéticos. Según el artículo 32 de la Ley de Planeación, éste y los otros programas son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal y para las entidades paraestatales. Sin embargo, el hecho de que se mantenga cerrado el organismo público descentralizado Uranio Mexicano, Uramex, desde hace más de quince meses, va en contra de ese programa.
En efecto, el Programa Nacional de Energéticos asigna prioridad y urgencia a la explotación del uranio, a la determinación de las reservas existentes en el país y en general a actividades que, siempre por ley exclusiva de Uramex, se requieren para que las dos unidades nucleoeléctricas que se proyecta terminar en el periodo cubierto por el programa '84-88 se realicen.
En el caso de Uramex está, pues, pendiente de resolución. La demandamos una vez más.
Entre los compromisos presidenciales incumplidos, referentes a la reforma política que el país necesita, está el caso del Distrito Federal. Esta gran concentración humana, centro económico y político del país, exige sin más demoras gobierno propio y democrático.
Los cambios a la Ley Orgánica y la manipulación que el gobierno del Distrito Federal hace de juntas de vecinos y consejo consultivo, no resuelve nada. Urge que se realicen los cambios legales a que haya lugar para que se implante un congreso democrático y proporcional en esta entidad, el cual se encargue de dotarla de un gobierno propio. El hecho de que aparezca en el informe presidencial un capítulo relativo al Distrito Federal, es ilustrativo del trato subordinado y tutelar del que se hace objeto a una quinta parte de mexicanos, privados de sustanciales derechos políticos.
En relación con la política seguida en esta entidad debe destacarse su carácter antipopular. El Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, invocado en el informe, más que pauta de acción parece un recurso destinado a justificar la demora o la falta de una decisión por llevar a cabo una verdadera reordenación urbana.
Ninguna de las medidas de desconcentración propuestas en dicho documento se ha llevado a cabo. La racionalización del crecimiento de la ciudad no opera. Los grandes fraccionadores siguen impulsando sus negocios, de cuyo auge da cuenta la copiosa publicidad en que se apoyan. Sólo a los habitantes pobres marginados se les rechaza y reprime. La contención del crecimiento tiene un indudable carácter de clase. "Los avances en la atención de las necesidades básicas de sus habitantes (del Distrito Federal), dando atención preferente a las de las clases mayoritarias", según dice el informe, son discutibles. El agua sigue consumiéndose de manera irracional: empresas y mansiones de lujo gastan mucha y la pagan barata; millones de habitantes carecen de ella, y la poca que consiguen deben pagarla a precios exorbitantes. La tenencia de la tierra sigue siendo un grave problema y el uso del suelo está dominado por los intereses del gran capital.
En el transporte, la expansión del Metro, autobuses y trolebuses marcha muy lentamente. En cambio, se produjo un intento reciente por entregar a concecionarios privados los llamados minibuses, que unidos a los taxis colectivos consumarían una mayor explotación de los usuarios. Nos oponemos a este proyecto de privatización del transporte y exigimos su total manejo por el gobierno del Distrito Federal.
Los graves problemas del Distrito Federal no encuentran vías de solución entre otras, por una razón fundamental: la falta de democracia: abordar asuntos graves y complejos como el abasto, el deterioro ecológico, la educación, el deporte y otros con posibilidades reales de enfrentamientos, sólo se podrá lograr abriendo las compuertas de la efectiva participación democrática de los habitantes de la gran ciudad.
Lo que hoy existe son mecanismos de simulación insostenibles. Las delegaciones políticas son instancias de canalización burocrática de asuntos menores, así como puntos de apoyo ilegítimo al partido oficial. Los comités de planeación, con menores atribuciones que sus equivalentes de los estados que de por sí son instancias burocráticas, están dominados por las instituciones patronales y los funcionarios públicos.
Problemas de fondo como la administración de la justicia y la seguridad no tendrán resolución sin democracia. Las leyes y reglamentos
publicados inconsultos y de corte autoritario no han producido ni producirán cambios efectivos. Por el contrario, las instituciones del cohecho, la mordida y la corrupción se reproducen y se reproducirán constantemente. Sólo una gestión democrática de la ciudad, así como del país, harán respirable en el sentido riguroso y figurado del término la atmósfera de esta gran capital.
El informe presidencial intenta redefinir la llamada renovación moral. Ahora es, además, la exigencia de responsabilidad por conductas desviadas el esfuerzo por elevar eficiencia y productividad de la Administración Pública. La mayor de las inmoralidades, decimos nosotros, es la que conllevan la explotación y la injusticia, y a ésas no se hace frente.
En cuanto a la eficiencia de la Administración Pública hemos sostenido que su mejor soporte será la democratización, la cual implica el cuestionamiento no sólo del funcionamiento del aparato público sino de los fines de su política. Insistimos en que la mejor fuente de eficacia es la democratización y no el sistema de contralorías que a fin de cuentas sólo controlan lo que el propio poder quiere controlar. Por ello, la gestión de los asuntos públicos requiere cambios a fondo que implican modificaciones a la Ley de Administración Pública para garantizar una mayor participación de trabajadores del Estado y usuarios de los servicios, así como la democratización completa del país.
Un asunto que ocupó lugar importante en el informe fue el relativo a la educación pública. El Presidente y su ministro se empeñan en llamar "revolución" lo que son simples cambios administrativos de corte autoritario.
Pocas veces como ahora la educación pública ha padecido una antidemocracia tan opresiva. El Gobierno ha optado por aceptar como único interlocutor en esta materia al grupo sindical corporativo que domina la dirección del SNTE, haciendo a un lado a los tres sectores claves de la función educativa: maestros, padres de familia y alumnos.
El programa'84-88 ha sido elaborado de espaldas a las comunidades educativas, y pese a que en él existen reconocimientos importantes, así como a asimilación de algunas demandas planteadas por fuerzas democráticas su aplicación no parece viable; el Presidente afirma que la revolución educativa tiende a elevar la calidad de la educación y adaptarla a las necesidades del desarrollo. En primer lugar, hay que decir que el término "calidad" no es unívoco, hay diferentes calidades, cualidades distintas y, obviamente, las concepciones sobre el desarrollo del país son también varias, pero aceptando que se trate de elevar los niveles de aprovechamiento escolar hoy gravemente abatidos, debe decirse que las bases para lograrlo están contenidos en el plan.
Para mejorar la educación se requiere profesionalizar a los trabajadores docentes y mejorar sustancialmente las condiciones materiales de las escuelas y, como requisito fundamental, democratizar todo el proceso educativo, abarcando en un primer lugar la dirección escolar y del sistema en su conjunto, la determinación de contenidos y aun metodologías en forma democrática.
Y esto no está contemplado, se habla de la revisión de la enseñanza normal y la implantación de un bachillerato previo, pero de lo que se trata es de la implantación de un sistema de formación de nivel superior y unificado, con un tronco básico y diferenciado por niveles y especialidades. Todo ello debe discutirse en los centros formadores de maestros y escalonarse su aplicación de acuerdo a las necesidades y posibilidades locales; hay que garantizar una asistencialidad que permita estudiar esa carrera a hijos de obreros y de campesinos; pero nada de eso se hace, se busca prolongar sin más, la carrera para disminuir, así sea temporalmente, el flujo de egresados que el Estado no puede ya contratar, no porque no hagan falta maestros sino porque el presupuesto educativo ha disminuido en términos reales.
La educación de diez grados es otro objetivo mencionado, pero no se garantiza su gratuidad y la correspondiente obligación del Estado para prestar este servicio. Tampoco se habla de su verdadera integración. Por el contrario, se reconoce que de los tres grados de la necesaria educación preescolar, sólo se atenderá preferentemente el último.
En relación a los libros de texto, no se establecen métodos científicos y democráticos para su revisión ni se habla de la necesaria extensión hasta el décimo grado con su carácter gratuito. La utilización de los medios masivos es vista como elemento complementario de la educación. No. Los medios masivos, especialmente la televisión privada, son una segunda escuela que parcialmente niega y parcialmente complemente a la primera. Un cambio a fondo en la educación implica un cambio a fondo en los medios, su nacionalización y manejo democrático. Televisa no puede seguir siendo la verdadera Secretaría de Educación Pública. Este papel antisocial de los medios afecta, claro está, no sólo la educación, sino la vida cultural, política y social entera de la Nación.
Finalmente, se habla en el informe de la descentralización educativa que no es sino una desconcentración burocrática que tiende a descargar costos en las comunidades, a incomunicar, protestar, a fragmentar condiciones de trabajo y a consagrar grupos burocráticos estatales. A este proyecto, lesivo para la educación, oponemos nuestra propuesta de dirección democrática y financiamiento federal de la educación pública.
El asunto educativo es de importancia capital. La revolución anunciada no es tal, sino una asonada burocrática que ha afectado ya a la Normal Superior de México, a la Universidad Autónoma de Guerrero y que sigue produciendo proyectos y medidas antidemocráticas.
Nuestro partido demanda la inmediata suspensión del Plan de Educación '84-88, que debe ser tomado como una propuesta gubernamental a discutirse en las comunidades educativas, donde puede ser confrontada con alternativas democráticas. Demandamos también, por enésima vez, la comparecencia del Secretario de Educación Pública ante esta Cámara; demandamos el incremento sustancial de recursos para la educación y la mejoría profesional y salarial de los maestros. Asimismo, llamamos la atención sobre la necesidad de librar una gran lucha en defensa de la escuela pública, afectada por la restricción presupuestaria, por la antidemocracia y el autoritarismo oficial, así como por los intentos de la derecha por lograr un avance en la privatización de la educación. Bien hará el Gobierno en suprimir desde ahora su ambicioso rótulo de "revolución educativa" y bajar a la realidad docente del país para permitir que las comunidades educativas sean las que impulsen los cambios que hoy son indispensables y que tienen como eje una palabra: democracia.
No deseamos terminar estos comentarios al informe sin mencionar el tratamiento que se da a la salud y seguridad social. Este rubro, al igual que el educativo, se ha resentido por la baja del gasto público y por la antidemocrática e irracional forma en que se maneja. Hay una verdadera crisis en el Sistema de Salud, la cual se ha agravado con una coordinación burocrática alejada de los trabajadores y ajena a los derechohabientes. Es urgente que el gobierno no retenga ya los recursos que no entrega al ISSSTE y que se abra paso a una nueva forma de dirección de este importante sector, con la participación de trabajadores y derechohabientes. El informe presidencial del pasado primero de septiembre, en suma, exhibe a un grupo dominante que pretende eludir sus responsabilidades por la conducción del país y por la aguda crisis a que se condujo a México, así como por convalidar una alternativa antipopular, lesiva para la mayoría y garante del interés privado y de la alta burocracia; una alternativa que refuerza la dependencia y la sujeción de México al gran capital financiero internacional.
El informe presidencial, señoras y señores diputados, confirma, según nuestro partido, la necesidad de impulsar la lucha por el desplazamiento de las fuerzas que ahora gobiernan, para que sean sustituidas por una representación legítima de las mayorías de trabajadores, del campo y de la ciudad. Confirma también, a nuestro juicio, la necesidad de abrir mayores espacios para el avance de las fuerzas que luchan por la democracia y por el socialismo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Enrique Alcántar Enríquez, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Enrique Alcántar Enríquez: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En representación de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, ante este honorable Congreso, me permito hacer algunas consideraciones y comentarios en materia de política interna que sobre el segundo informe dio el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Sin soslayar la crítica como práctica sana de la democracia, pero tampoco practicando un sectarismo ideológico necio e insensato, hemos afirmado como partido independiente que aplaudiremos el bien, venga de donde venga y combatiremos el mal de donde venga. Así definimos en conciencia nuestra posición política.
Somos sabedores del medio político en que nos movemos: con una limitada participación pluralista, con un ritmo monótono y lento de apertura democrática hecha a cuentagotas otorgada al pueblo como una generosa ayuda y no como una auténtica conquista. Esta actitud no corresponde a la época y mucho menos a las exigencias y aspiraciones del pueblo, deseoso y necesitado de vivir cada día su auténtica democracia.
Por nuestra parte, con el entusiasmo creador en la esperanza, con la mística en la patria y con la responsabilidad y prudencia que requiere la situación tensa del país participamos como moderno y avanzado partido político, impulsando el proceso de cambios y de reformas; promoviendo dentro de la ley la celebración de elecciones libres con respeto al voto, registramos candidatos populares, proponemos programas practicables de gobierno y tratamos de formar en el alma de las muchedumbres la plena conciencia de participación ciudadana, interesándolos en los problemas de la comunidad y del país y llevando abstencionistas a las urnas electorales; organizamos al pueblo para hacer valer y defender sus derechos. Combatimos así, de manera constructiva, los vicios de un sistema político caduco que demanda por sí mismo cambios inmediatos y profundos de mentalidad y de estructura.
El informe debe verse como parte de la actuación de los gobiernos priístas y no de manera aislada.
El rígido sistema centralista que el Gobierno no ha ejercido durante muchos años; la falta de visión de la mayor parte de los gobernadores para promover y gestionar en sus estados el desarrollo que hubiera evitado la salida de familias hacia el centro del país en busca de un modo mejor de vida; la falta de un verdadero plan regulador general o el exceso de "planitis", "programitis" y "declaracionitis", con fines meramente publicitarios y que nada resuelven, la carencia de incentivos y apoyos a la industria para establecerse en los estados; el caciquismo represivo y la falta de garantías en el campo; la desorganización del campesino y la falta de crédito oportuno para hacer producir la tierra; la anarquía e ineficiencia de las universidades estatales, algunas en proceso de formación y otras enfrascadas en verdaderos conflictos de tipo ideológico-político que han estancado y
frustrado a generaciones enteras de jóvenes.
Todos estos factores y tantos otros motivaron la concentración de familias que acudían a la capital del país como el último recurso de subsistencia, abandonando el impulso a la provincia, para transformar en pocos años a la antes hermosa Ciudad de México, en un monstruo gigantesco y sofocante, económicamente oneroso, porque su mantenimiento absorbe, como esponja, los más fabuloso presupuestos y subsidios sacados de la Federación, privando al campo de suficiente crédito para que produzca alimentos y a la provincia de la necesaria inversión para desarrollar a México en forma equilibrada, manteniendo, sin embargo, apiñados a muchos millones de mexicanos en una ciudad carente de los más indispensables servicios.
Política interna. La Política interna es asunto principal del informe, y nos da la pauta de la situación actual del país. De su buen ejercicio depende la solución de casi todos los demás problemas que sufrimos. Por esa razón, el grupo parlamentario Demócrata, a través de su servidor, desea expresar aquí, en la más alta tribuna del país, el criterio que tenemos sobre algunas cuestiones que más nos llaman la atención del documento que se analiza.
Democracia en la capital. Nos extrañamos de que el Presidente de la República no se haya referido en este informe, ni siquiera por insinuación, a la democratización del Distrito Federal, porque afecta a casi la quinta parte de la población mexicana.
Más aún cuando se ha hablado tanto y tan recientemente del tema. Se convocaron audiencias y consultas populares en distintos niveles, haciendo suponer que al fin los mexicanos residentes en la capital del país, iban a convertirse ya en ciudadanos de primera clase para ejercitar el derecho político más elemental de cualquier ciudadano; el de elegir a sus propias autoridades administrativas y a su propio congreso local.
En el Partido Demócrata Mexicano consideramos que desde hace mucho era tiempo, y sigue siéndolo, de acabar con esta absurda injusticia política que mantiene marginados de la práctica democrática a cerca de quince millones de ciudadanos.
En este asunto, como en tantos otros, sentimos que la llamada consulta popular ha quedado en un proceso incompleto, inacabado, ruidoso y hasta dispendioso, que no ha llegado a su consecuencia natural, la de hacer lo que el pueblo consultado quiere que se haga. No basta con escuchar, saber o declarar, sino hay que hacer lo que el pueblo reclama que se haga.
Política demográfica. Primero es el derecho a la vida y luego son los demás derechos. En cuanto a la política demográfica, el Ejecutivo Federal se ha manifestado respetuoso del derecho que tiene la pareja para decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, y como alentador de la paternidad responsable, ofreciendo incluso apoyos supletorios para lograr la integridad y desarrollo de la familia mexicana, según se consagra en el artículo 40 constitucional, y se dijo en el foro internacional que sobre población hubo hace días en nuestro país.
A pesar de lo anterior, es de lamentar que en hospitales y centros públicos de salud, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos y hasta parteras, valiéndose de la ignorancia o del estado psicológico de los pacientes, con consejos paternalistas, susurros, insinuaciones burlonas y algunas veces en forma directa y grotesca, realizan verdaderas campañas, abiertas o clandestinas, que por lo generalizado parecen ser programas intensivos oficiosos u oficiales de esterilización y anticoncepción inducidas o francamente impuestas.
El Partido Demócrata Mexicano rechaza enérgicamente toda presión hecha por personas irresponsables contra madres y padres fértiles de la Nación, por considerarlas inmorales y atentatorias de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de la práctica del aborto criminal.
Es una necesidad urgente e insoslayable que el Senado de la República se democratice, se pluralice también.
Entre los muchos argumentos que se pueden alegar en este punto, décimos: la democracia se ampliará con la expresión, la opinión, los programas y criterios de las distintas corrientes ideológicas que conforman la sociedad plural del México moderno. Estas deben tener acceso al senado para mejorarlo, para aportar nuevos horizontes al Poder Legislativo en su Cámara Alta, para aumentar la corresponsabilidad de todos en las facultades senatoriales que desde luego también afectan a todos los mexicanos.
El Partido Demócrata Mexicano considera que en materia de política exterior, en los compromisos de este género que afectan a todo el país, estamos autolimitados y se comete una grave injusticia al dejar la cuestión y las facultades únicamente en manos del Ejecutivo Federal y del Senado, que en su totalidad hoy está compuesto por ciudadanos de un solo partido político. No debe seguir siendo norma de la política exterior el criterio monopólico y monolítico de un solo partido.
Nos parece absurdo el hecho de que una parte del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, tenga el beneficio de la democracia pluralista mientras que la otra parte se mantiene lejos de dicha democracia y pluralismo, permaneciendo ajeno a la posibilidad de revitalizarse y oxigenarse con nuevos enfoques, puntos de vista y concepciones políticas que indiscutiblemente vendrían a darle al senado el dinamismo, la respetabilidad y el crédito político hoy devaluados.
El Presidente nada dijo acerca de esta importante demanda popular, no obstante que él mismo ha sostenido la necesidad de una democracia integral.
El senado no debe quedarse a la zaga, sin entrar al ritmo de los tiempos y de la modernidad
para un mejor funcionamiento del sistema republicano, democrático y representativo al que aspiramos constitucionalmente.
Renovación moral. Nadie más que el propio pueblo desea que se logre una verdadera renovación moral del cuerpo social a que pertenecemos, a partir de su propia cabeza, el Gobierno mismo. El Partido Demócrata Mexicano comparte esta ferviente aspiración.
No obstante, la consistencia y seriedad del propósito presidencial respecto de la renovación moral, consideramos que ésta no ha sido lo rápida, pareja y profunda que amerita la situación del país.
Para algunos ha sido "renovación del morral" más que la moral, mientras que para otros ha significado una mayor carga de austeridad y sufrimiento sobre sus golpeadas y famélicas espaldas.
Por esto, insistimos que urge acelerarla, llevarla a fondo y hacerla efectiva para todos, circularla por todas las arterias de nuestra comunidad, de la cabeza a los pies.
Existen muchos ejemplos de su necesidad por todas partes.
Pongamos algunos:
Salud y seguridad social. El pueblo mantiene fresca su queja de que en las instituciones de seguridad social y salud pública, como el IMSS, el ISSSTE, los hospitales, etcétera, se le da un trato preferentemente déspota, tardado, atención deficiente y hasta en condiciones antihigiénicas. Consideramos que para evitar la indolencia, deshumanización e ineficacia de tales instituciones, urge que los responsables de ellas desciendan desde sus confortables oficinas y se confundan de incógnitos entre sus empleados y los pacientes para que sientan en carne propia las injusticias, vejaciones y vicios que se cometen a diario en contra de los derechohabientes, quienes pagan muy caro sus servicios.
Los directores y administradores debieran establecer puentes de comunicación directa y efectiva con su personal y exigir eficiencia técnica y ética profesional, humanismo y vocación de ellos para evitar mayor dolor y hasta muerte humana, aquí también debe acabarse con el influyentismo, el nepotismo, el palanquismo y el amiguismo, así como ofrecer a las instituciones el apoyo presupuestal de todo género, que requieran para alcanzar los niveles de salud tan publicitados como aspiración últimamente; lo que ayer fue elevado proyecto y hoy es institución nacional al servicio de los mexicanos, debe ser salvado por una verdadera voluntad y moral política en ese sentido, ahondando, además, en su descentralización para que la responsabilidad compartida ayude a su mejor prestación.
Comunicaciones y transportes. La renovación moral también debe sentirse en las comunicaciones y transportes, estén a cargo directo del propio Estado, en paraestatales o en manos de los concesionarios particulares que venden y prestan servicios aprovechando la infraestructura propiedad de la nación.
Algo hay que huele mal cuando grandes tramos de carreteras parecen lavaderos o superficies lunares, a pesar de que somos un país petrolero y de que se cobran elevadas cuotas por usar las autopistas e impuestos de todo tipo, que debieran tener como finalidad última la adecuada prestación de los servicios públicos.
La moralidad renovada no parece haber llegado a Ferrocarriles Nacionales, porque sigue siendo un barril sin fondo para los bolsillos del pueblo, un dolor de cabeza y un servicio rudimentario y deficiente de transporte de carga y personas.
La cosa anda mal cuando el usuario de autobuses sufre un verdadero víacrusis desde que sale de su casa hasta que llega a su destino, si es que llega. Y esto sucede tanto en el transporte carretero como en el urbano, tanto en el que tiene en sus manos el Estado, funcionarios o ex funcionarios públicos, en el estatizado para el Distrito Federal, como en el más o menos privado.
Está a la orden del día la humillación, el alza sorpresiva de precio en el pasaje, los empujones y pisotones, la formación de largas colas para abordar la unidad, el trato déspota, los retrasos, el cobro de excedentes o la falta de cambio, la inseguridad por el estado del vehículo o por irresponsabilidad e impericia del manejador, la venta doble de un mismo lugar o el viaje forzoso de a pie, el insulto y mal humor, cuando no las violencias, etcétera.
La gente pierde su salud con el derrame de bilis, su tiempo, el cumplimiento de graves compromisos y hasta la vida... ¿Y dónde está la vigilancia de las autoridades y el sometimiento a las leyes y reglamentos de la materia; la renovación moral? Se pregunta el pueblo.
La comunicación fluvial es escasa, desorganizada y anda a la greña entre cooperativas y particulares. Los transbordadores marítimos se hunden cuando apenas soltaron anclas y empiezan a zarpar y otros cuando van a medio navegar.
De teléfonos, Telégrafos y Correos, mejor ahí le paramos, ¿quién no ha cosechado múltiples e irritantes experiencias de su prestación irregular? Teléfonos de México sería otro buen ejemplo de cómo se aplican criterios arbitrarios para manejar algunos aspectos del negocio, atropellando al usuario, siendo éste un indirecto socio de la empresa con el capital suyo que el estado invierte en la misma.
Está indefenso totalmente en la fijación de tarifas e ignora sobre qué base se determinan éstas, lo mismo sucede en la elaboración de las normas reglamentarias, de las disposiciones para llevar a cabo los cortes del servicio, para fijar gravosas cuotas de reinstalación, para el retiro definitivo de los aparatos y cobros muy elevados en relación con un traspaso, etcétera.
El teléfono no es un lujo, sino una necesidad de comunicación en un país que aspira al desarrollo pleno y a la comunicación indispensable en el concierto de las naciones.
No debe ser medio de extorsión contra los ciudadanos.
Esta debería ser una empresa ejemplar de economía mixta. Nosotros estamos de acuerdo con la economía mixta y la apoyamos; pero, dicho sea de paso, la rectoría estatal en materia económica no debe aplastar o ahogar la iniciativa particular en este caso, ni en ningún otro.
En cuanto a la administración centralizada, la burocracia es deseable que igualmente se sature de renovación moral para que el pueblo al que sirve reciba la atención rápida y considerada que merece. Y si bien es cierto que el propósito y esfuerzo de renovación moral a partir del propio Gobierno no debe ser culpado del tortuguismo, ineficiencia y despotismo que con frecuencia vivimos al tener contacto con la burocracia, también lo es que precisamente por estar de acuerdo con la necesidad de mejoramiento moral, es que denunciamos y denunciaremos su falta de vigilancia cuantas veces se presente en la Administración Pública.
Quizá debido a la crisis por la que atraviesa el país, se ha multiplicado la comisión de delitos, el robo y la violencia y, el pueblo, señor Presidente, siente que se acentúa el ambiente de inseguridad de su vida y de sus bienes; por una parte, con la acción intensificada de los delincuentes comúnmente existentes; por la otra, con la acción de los policías que fueron cesados, no hace mucho tiempo, y que se convirtieron en mafia, al parecer, y por la otra, finalmente, por la evidente incapacidad de los nuevos policías para garantizar tranquilidad y respeto a los derechos de la ciudadanía en el orden que están obligados a mantener. Si el caso de un homicidio de un ciudadano periodista notable, como Manuel Buendía no ha podido ser esclarecido y resuelto, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
Si tal situación amerita una más amplia y profunda acción que la resuelva, so pena de que se trastorne cada vez más gravemente la convivencia social.
Respecto a la política educativa que consideramos es clave determinante para vencer la crisis en la que nos encontramos, sentimos que a pesar de los esfuerzos invertidos por el Ejecutivo Federal en el problema, sigue siendo urgente la realización de una verdadera revolución educativa que se inicie consultando el parecer del pueblo, maestros y estudiantes, padres de familia y empleados de la educación etcétera, se siga por la reestructuración total del sistema y los planes educativos y culmine fructificando el desarrollo pleno de México que todos anhelamos.
La revolución educativa demandada por el pueblo y el Partido Demócrata Mexicano no debe quedar empantanada, ni ser de papel muerto a través de los periódicos, ni hacerse consistir en acciones sectarias contra las instituciones de educación particular, las cuales también están obligadas y tienen el derecho de ser sus agentes benéficos en favor del pueblo que sigue sin satisfacer su hambre de educación, hasta la fecha.
Mi partido, el Demócrata Mexicano, desde sus inicios se pronunció por la descentralización de la Administración Pública y aún más, de la vida nacional de México.
Sí, porque para nosotros descentralizar y democratizar es desarrollar armónica y eficazmente al país. Por eso aplaudimos al Presidente de la República cuando en su mensaje a la Nación, el día 1o. de diciembre de 1982, anunciaba al pueblo mexicano la trascendental decisión de su gobierno en tal sentido y afirmaba con energía, "impulsaremos la descentralización de la vida nacional... invito respetuosamente a los gobernadores de los estados a participar con decisión y entusiasmo en esta jornada de fortalecimiento a las entidades federativas... la descentralización de la vida nacional se apoyará en el vigor e iniciativa de la provincia".
Aplaudimos, porque era y es inaplazable concretar esta decisión para obtener la participación amplia, directa, entusiasta y responsable de los poderes locales, en la vigilancia y ejecución de las leyes y los programas administrativos, aportando experiencias enriquecidas con el esfuerzo propio y las acciones directas hechas con conocimiento de causa, en beneficio del pueblo, destinatario de toda actividad política, bajo el ejercicio de ésta con formas operativas, eficaces, humanizadas y modernas. Vimos con simpatía las reformas que con esta tendencia se hicieron al artículo 115 constitucional y lo que ahora demandamos es que éstas se lleven hasta sus últimas consecuencias.
No se puede concebir la democracia y el sistema republicano sin el debido respeto y el más decidido apoyo al municipio libre, como célula y base fundamental de nuestra organización social y política.
Desde la discusión del proyecto de decreto sobre las reformas del mencionado artículo 115, mi partido se pronunció a favor y afirmó: "estamos convencidos, profunda y absolutamente convencidos, de que en la reconstrucción del municipio no puede haber justicia, ni democracia, ni libertad en nuestra patria, si antes no exista la justicia, la democracia y la libertad en el municipio". El Presidente de la República ha afirmado: "avanzaremos en la consolidación del municipio libre... llegó el momento de establecer las condiciones para que los estados y municipios dependan menos de las participaciones federales aún más de su esfuerzo fiscal... la autonomía política depende de la suficiencia económica", y otras muchas por el estilo.
Por lo anterior, señor Presidente, lamentamos que en la práctica y a menudo, se desvirtúe el afán descentralizador; y hacemos votos porque el exceso central o la autolimitación local que motivan desaparezca lo más rápido posible.
Por otra parte, y esto lo destacamos y subrayamos, está pendiente en varios estados la introducción en su legislación del principio
de representación proporcional en la conformación de los ayuntamientos y en los congresos locales, en congruencia con el establecimiento de este principio en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Es claro que la democracia, al llegar al municipio, deberá llegar hasta el último rincón del país para ser integral, plena, completa, como la mayor parte del pueblo la desea.
Uno de los mayores obstáculos para que la democracia sea una realidad en todos los niveles, incluyendo el ámbito municipal como base de la estructura y sistema político mexicano, sigue siendo la existencia de castas, caciques y líderes empedernidos que no entienden el progreso y el desarrollo de la democracia integral en México como necesidad incluso de sobrevivencia.
Se han hecho famosos muchos gobernadores, y seguirán apareciendo de esta calaña, que en otras tantas entidades tienen actitudes monolíticas, absolutistas, arbitrarias y represivas, constituyendo pesadas rémoras al desarrollo político de la Nación. El impulso democratizador debe darse lo mismo en la cúpula que en el medio y en la base, si es que deveras quiere democratizarse México.
La democracia integral, de la que el propio Presidente de la República ha hablado, tiene como exigencia primaria la de que en todo el suelo patrio se realicen elecciones libres, con absoluto respeto al voto. Por ello nos sorprende que en recientes jornadas electorales de carácter local para gobernadores, presidentes municipales y diputados, se haya retrocedido a prácticas viciosas y rudimentarias que se creían superadas; que se haya acudido a la artimaña, al fraude y a la imposición contra la voluntad popular; lo que nos hace temer la cancelación del desarrollo democrático del país con todas las graves consecuencias que esto acarrearía, especialmente en momentos de crisis y tensión en muchos aspectos de la vida nacional. El pluralismo democrático no debe quedar en la mera posibilidad de que las diferentes corrientes ideológicas hagan uso de algunas tribunas y foros, sino que debe llegar a la concreción para éstas del ejercicio del poder en cualquiera de sus tres naturalezas y en todos los niveles. El sistema debe aceptar correr ese riesgo que es esencial a la democracia integral.
Sólo son éstas algunas inquietudes que bullen en los demócratas y estamos seguros comparten y se identifican con el sentir general del pueblo mexicano.
Nosotros consideramos criminal y cobarde el derrotismo de aquellos que creen imposible el resurgimiento de la patria o que esperan del extranjero la salvación de México.
Nosotros proclamamos que la patria se salvará cuando triunfemos de nuestra propia cobardía y nos decidamos a hacer valer y ejercitar nuestros derechos y deberes.
Como partido político, lucharemos para restaurar la confianza del pueblo en los procesos electorales y en las instituciones mismas.
En un pueblo, tan golpeado por la historia, necesitamos trabajar mucho; necesitamos gritar fuerte sobre una inmensa muchedumbre plena de escepticismo, hasta despertar en la conciencia nacional, la fe en el cambio.
¡No por el engaño!
¡No por la violencia!
¡Por la democracia misma!
México es un país grande, con inmensos recursos naturales y humanos, a pesar de todo con un clima de paz social, en pleno proceso de avanzadas reformas, con participación pluralista en estado de crecimiento y de perfeccionamiento.
Por eso, no puede llamarse crisis total a lo que padece hoy. Es imposible que un pueblo con tales valores fracase.
Es un alto que hace México en medio del camino para meditar sobre rumbos.
Es un alto que hace para agarrar el rumbo de la democracia, de la justicia y de la libertad. Un rumbo que hoy requiere austeridad y templanza para todos, esfuerzo para otros. Patriotismo y sacrificio para todos los mexicanos.
México es un pueblo fuerte; como la tormenta, pronto pasarán sus angustias, porque está predestinado a ser, y como el ave fénix tiene también la divina vocación de renacer.
Por la fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
México, D. F., septiembre 5 de 1984.
Diputado Federal, Enrique Alcántar Enríquez.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados."
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Rafael Aguilar Talamantes, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: Examinar el segundo informe presidencial, más que un rito al que hay que acudir con actitudes que a veces se nos figuran como de plañideras hipócritas o beatas baquetonas, debiera ser un ejercicio de grave responsabilidad política para ubicar certeramente qué es lo que hay que venir aquí a analizar, y qué intereses son los que hay que custodiar y defender. De otra manera hacemos que esta elevada representación se pierda en el laberinto de los detalles, y lo principal, lo fundamental, lo que hay que evaluar verdaderamente, ocupe un segundo término en el examen que esta Cámara debe hacer.
Tal parece que se han olvidado los tiempos que vivimos, y tal parece que detrás de las intervenciones no hay una visión precise y clara del país que tenemos; como que ha faltado una reflexión previa para valorar el país en que vivimos, y las luchas que como pueblo, como nación estamos librando y todavía tenemos que librar.
Sólo se puede comprender el segundo informe del Presidente, si se parte de esa base, de que es un informe que se ha pronunciado ante esta Cámara para que todo el pueblo de México lo escuche en un momento determinado de la vida nacional. Y habría que explicarnos el tono del informe, el contenido del informe en función de las circunstancias históricas que vive el país y el momento político en que este informe se produce.
Todo el pueblo, en estos momentos, todavía está preguntándose cuál es el sentido del mensaje inscrito en el informe presidencial. Nosotros mismos como partido hemos hecho una reflexión en estos días, una discusión a fondo y hemos encontrado explicaciones que nos permiten estar dotados para realizar o pretender realizar una campaña de profundo esclarecimiento ante el pueblo del verdadero sentido de las palabras del Presidente, pronunciadas aquí el primero de septiembre.
Habría que decir que el segundo informe presidencial se produce en un momento en que se está realizando un esfuerzo importante para renegociar la deuda externa del país.
Allí está exactamente en este aspecto el punto para poder caracterizar con justeza y con precisión lo que el Presidente nos ha dicho aquí en la tribuna. ¿Qué determinó el rumbo y el ritmo del mensaje presidencial? El hecho de que el Presidente, responsable del país que conduce, ha tenido que decir lo que dijo, en el tono como la ha dicho, con la orientación que le ha dado a su informe frente a todos nosotros, conociendo la elevada responsabilidad que tiene en sus manos para decir palabras más, palabras menos, y que influirán en el destino de esta renegociación que es vital para el futuro del país; olvidar ese momento histórico, establecer con precisión este momento en la vida nacional, resulta un acto elemental antes de enjuiciar el segundo informe presidencial.
Todavía somos un país que está en medio de la crisis, haciendo grandes esfuerzos por salir de ella, sacrificando grandes recursos para gobernarla, para evitar que la crisis nos rebase, nos debilite y nos deforme.
Como pueblo sabemos que estos momentos son cruciales, que muchos enemigos conspiran contra el país, que vivimos en un mundo internacional también en crisis y que está definiendo su futuro en la medida que las fuerzas de los pueblos logran avizorar a tiempo los peligros y logran establecer las formas de superarlos.
Tiempos difíciles que afectan también el ritmo y la forma como se desarrolla la lucha por nuestra sobrevivencia aquí en México.
Y el Presidente lo sabe, es consciente de ello, mide en nombre de todos nosotros los peligros y establece una estrategia para enfrentarlos y vencerlos. Y sabe el Presidente que dentro de unos meses, cuando se celebren las elecciones en los Estados Unidos, el peligro para la humanidad y para México será enorme si Ronald Reagan se reelige. Y sabe el Presidente que en estos días, en estas semanas, se podrá definir de manera importante la orientación y el rumbo que el país siga, si logramos mejores o peores condiciones en la renegociación de la deuda.
Aquí nadie ignora que el problema principal de la crisis es el problema financiero todavía. Financiar el desarrollo nacional de una manera o de otra, es el signo fundamental que orienta el mensaje presidencial.
Y por esa razón, nosotros, al examinar esas palabras, al medirlas paso a paso, una a una, hemos considerado que nuestra visión del Presidente, como jefe de la resistencia nacional antiimperialista, esa visión nos ayuda a comprender mejor lo que ha dicho aquí, hace unos días, y el mensaje que ha enviado al país. Todavía, pues, estamos bajo la amenaza seria y grave de que los destinos del país se tuerzan, porque la magnitud de los enemigos y la gravedad de las circunstancias así lo están determinado y, por lo tanto, lo que está en juego ahora, es el destino mismo de la Nación. Y el compartimiento de las fuerzas políticas, la conducta que asumamos frente a los grandes retos debiera estar determinada, precisamente, por estar entendido esto en una o en otra posición.
La Nación requiere defensores. Defensores lúcidos y claros, capaces de entender lo principal y de saber dejar para su momento lo secundario. Y lo principal que ahora está en juego y el mensaje presidencial nos lo reitera, es la capacidad de México para vencer los obstáculos y para superar los peligros que nos amenazan. Y para ello, es fundamental saber unirnos y trabajar en lo interno por la independencia de México, por la soberanía de la Nación y por mantener valores fundamentales como el ejercicio de la legalidad constitucional.
En muchos aspectos debiéramos valorar la actitud del Presidente, como jefe de la Nación, si ha sabido o no, en medio de mil dificultades, sostener con firmeza la defensa de estos aspectos fundamentales. Y nos parece que del informe presidencial destacan las actitudes del Presidente para mantener firmes estos valores fundamentales que sirven de base estructural para el desarrollo de la Nación.
Hemos podido mantener la soberanía nacional, a pesar del poderoso lastre de una deuda externa que nos agobia y que otorga armas a nuestros enemigos para que traten permanentemente de doblegarnos, y en estos momentos buena parte del esfuerzo gubernamental está concentrado precisamente en eso, en renegociar la deuda externa para adquirir mejores condiciones, que nos permitan financiar el desarrollo y evitar el caos social y político. Ahí se concentra el esfuerzo principal del Presidente; y ese hecho nadie lo puede negar.
Es un hecho real que ha determinado el mensaje presidencial y que está deseando tales políticas del gobierno. Por ello es que la política del gobierno se ha mostrado cautelosa y de ahí vienen las sesiones y concesiones que
se le han dado al Sector Privado, sector que, por lo demás, no entiende sus responsabilidades para con la patria y sólo piensa en sus propios intereses. El Presidente lo sabe, y en esta ocasión no los denunció, ni los satanizó. Simplemente lo ha neutralizado, simplemente los ha colocado frente a la oportunidad de que rectifiquen, mientras que al sector obrero, al pueblo trabajador en general, el Presidente, en su informe, los ha reconocido, ha reconocido el Presidente el papel tan importante que el pueblo trabajador ha jugado para poder evitar la crisis de desborde y someta al país a castigos todavía más duros.
Para nosotros lo fundamental del momento político que vivimos y que el informe presidencial expresa, es esa dura batalla que se está librando en estos momentos, batalla que no se ha terminado de definir todavía, batalla que el Presidente sabe que es dura y difícil y cuyo desenlace va a determinar el rumbo que el país siga en el futuro.
Por eso nosotros somos receptivos de su llamamiento, sabemos que el Presidente no es el único responsable de la política del gobierno y de la situación del país; ha heredado una situación difícil el Presidente y está tratando de resolverla, y por eso pensamos que para que pueda cumplir con ese papel histórico fundamental de ser el jefe de la resistencia nacional antiimperialista, el Presidente refiere y merece todo el apoyo del pueblo de México para poder librar esa batalla con éxito.
Dentro de este mes de septiembre, estarán aquí los secretarios de Estado y otras autoridades, a las cuáles vamos nosotros a cuestionar, respecto a la situación interior del país y a las políticas del gobierno.
Este anuncio hecho por el Presidente en el informe, creo que también debemos justipreciarlo; no podemos, como aquí lo han hecho algunos, cargar sólo sobre la espalda presidencial el fardo de una política, cuyos consecuencias indudablemente son dificultades enormes para la inmensa mayoría del pueblo mexicano.
El Presidente sostiene el frente principal de batalla; el Presidente asume el frente principal de las negociaciones para crearle condiciones favorables a México en su lucha, y el equipo con el cual gobierna, que comparte responsabilidades, estará aquí para someterse al cuestionamiento de todos nosotros. Por lo que ve a la responsabilidad del Presidente, nosotros, al examinar sus palabras, estamos seguros de que mantiene con firmeza el rumbo y el impulso del país y que es merecedor de que su llamamiento sea escuchado por todas las fuerzas políticas para que le brindemos, con la movilización del pueblo, el respaldo que requiere para poder enfrentar con éxito el duro camino que nos espera todavía.
Eso es lo que el informe presidencial a nosotros nos exige, hoy, decir en esta tribuna. Gracias señores.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el cuidadano diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista.
El C. Alfredo Reyes Contreras: -Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados: el informe que por mandato constitucional presenta el titular de Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, además de referirse al estado general que guarda la administración pública del país, es un documento esencialmente político, que despierta legítimamente el interés de todas las clases sociales.
El informe que rinde el Presidente de la República no es un balance, al estilo de los que presentan los administradores a sus jefes; de ahí que, siendo importantes las cantidades y porcentajes que se mencionan, importen más los aspectos cualitivos y los juicios que el primer mandatario expresa.
El Estado mexicano, producto de la Revolución de 1910, no es, no puede ser el administrador general de los intereses de todas las clases sociales. Por su origen está comprometido con el pueblo y no con sus enemigos. El lenguaje que utiliza el poder público, sus decisiones, sus acciones, deben estar orientados a satisfacer a la inmensa mayoría y no a la minoría privilegiada, llena de riquezas, que ha visto colmado hasta la saciedad, su incontrolable apetito de ganancias, así sea a costa de hambre y la vida misma de muchos miles de mexicanos.
Sobre todo en momentos de crisis, como el que vivimos desde hace varios años, y que ya se prolonga angustiosamente, el pueblo espera de su gobierno definiciones claras, categóricas, definitivas. Por eso de lo que se diga o deje de decir en un informe presidencial depende la actitud del pueblo.
El informe que se rindió el pasado 1o. de septiembre, sin duda, se presentó en medio de un cuadro severo de presiones en contra del poder público y en contra de las fuerzas democráticas de la Nación.
Las fuerzas económicas privadas, dispuestas a todo, continúan su brutal ofensiva oponiéndose a cualquier intento del Estado para darle una salida popular a la crisis. De manera cínica y desvergonzada, los empresarios antipatriotas y desnacionalizados, con espíritu mesiánico se autoproclaman líderes populares y salvadores del país, cuando todo mundo sabe, sobre todo el Gobierno de la República, que los subsidios, las facilidades y los auxilios que se otorgan a la iniciativa privada se convierten invariablemente en recursos que se depositan fuera del país.
Los empresarios en México, recurren siempre al chantaje, no invirtiendo para lograr canonjías del poder público.
Por otro lado, como pocas veces en la historia nacional, el clero, que jamás abandonará su espíritu mezquino de revancha, se entromete terca y neciamente en las cuestiones que la Constitución del país expresamente le prohíbe, haciendo polvo la Carta Magna,
ante la complicidad de los funcionarios que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.
Esta situación, ya intolerable, se ve agravada por la intervención de extranjeros, como Jerónimo Prigioni, que representa una organización a la que la Constitución del país no reconoce ninguna personalidad.
El Partido Popular Socialista, cumpliendo con un deber elemental de defensa de nuestro régimen constitucional presentará en la próxima semana, una iniciativa de ley para castigar con severidad a los delincuentes que violan el artículo 130 de la Constitución Nacional; además, el día de mañana, enviará a la Secretaria de Gobernación un documento exigiendo la expulsión de Jerónimo Prigioni, aplicando el artículo 33 de la Carta Magna.
Esas fuerzas, amantes de la contrarrevolución, incansables en el fomento desestabilizador, conjugan sus esfuerzos con quienes desde el exterior, desde el gobierno norteamericano, presionan y luchan para que México se entregue definitivamente a los intereses yanquis. Como siempre, la contrarrevolución coordina sus fuerzas y sus recursos. Por eso no es nada extraño que fuerzas derechistas, aquí representadas, se nutran ideológicamente con ese desecho de la humanidad que física, moral y políticamente representa Reagan, espécimen que causa repugnancia por su franca decadencia y que encabeza un sistema condenado por la historia a morir.
Nos preocupa que el informe no haya abordado estos temas que tienen vital interés para la supervivencia de la Nación mexicana como una nación independiente y soberana. El Gobierno debe asumir plenamente la defensa de la Constitución, sobre todo en aquellos mandatos que tienen su explicación en lo más entrañable y dramático de la historia nacional. No se puede dejar hacer y dejar pasar, cuando lo que está en juego es precisamente el porvenir del pueblo mexicano. Pero no sólo hay preocupación sino verdadera alarma en el pueblo, cuando el Gobierno de la República empieza a recibir alabanzas de la iniciativa privada. Y es que, por nuestro propio desarrollo, por sus particularidades, lo que es bueno para la iniciativa privada, es malo para el pueblo.
El pueblo mexicano es muy sensible a la conducta de su Gobierno y hoy mismo expresa, de diferentes maneras, su insatisfacción ante una serie de medidas adoptadas por el poder público, que no se traduce en bienestar popular. De nada sirve que hayan mejorado los indicadores económicos, si se han empeorado las condiciones de vida del pueblo.
Existen, también, otros aspectos de la vida interna del país que deben examinarse con cuidado, a la luz del informe presidencial.
Uno de ellos es el de la reforma política. El Presidente De la Madrid, expresó el 1o. de diciembre de 1982, desde esta tribuna, al tomar posesión: "convocaré a un debate público para analizar el estado que guarda el proceso de la reforma política, la función e integración del Senado de la República, la participación de la ciudadanía en el gobierno del Distrito Federal".
Hasta hoy, dos años después, la reforma política a nivel nacional permanece intocada, en tanto que en los estados se ha echado marcha atrás, aplicándose una verdadera contrarreforma política, estableciendo trabas, insalvables que anulan el propósito de ampliar y fortalecer el régimen democrático.
En el Distrito Federal se mantiene el régimen antidemocrático, designando a los funcionarios que el pueblo debe elegir. Esos funcionarios, verdaderos empleados, toman decisiones y aplican medidas sin considerar las necesidades populares, sólo el afán de complacer a quienes los designan.
El Partido Popular Socialista considera que una de las aspiraciones más sentidas en la lucha del pueblo mexicano, desde el inicio de la Revolución de Independencia hasta la fecha, es el de mejorar la vida democrática para hacer posible que el pueblo sea el verdadero y único orientador de las decisiones públicas. Es necesario cumplir con el mandato popular, ampliando la reforma política.
Otro tema es el de la vida municipal. Cuando discutimos en el seno de esta soberanía las reformas del artículo 115 constitucional, propuestas por el Ejecutivo Federal, rechazamos la enorme lista de limitaciones impuestas al municipio, porque se eleva a rango constitucional la intervención indebida de las legislaturas locales en la vida del municipio.
No se avanza en nada cuando se considera a la célula de nuestra organización política y administrativa sujeta a tutela del poder estatal, olvidando el debate profundo y los propósitos del Constituyente de Querétaro.
Los propósitos de fortalecer económicamente a los municipios para que sus gobiernos desempeñen eficazmente sus funciones, también se han vuelto inoperantes.
"Los municipios -dice un párrafo de las reformas promovidas por el actual Presidente de la República, al artículo 115 constitucional- podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones - se refiere a las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a favor de los municipios.
En la práctica, esto que era una opción se ha convertido en obligatorio, quedando el municipio sujeto al poder estatal.
En tanto que el mandato para elegir los ayuntamientos de todos los municipios aplicando el principio de representación proporcional simplemente se ha hecho a un lado. En todas las entidades del país la legislación constitucional local y la legislación secundaria de tipo electoral es franca y abiertamente violatoria de la Constitución del país, pues al ayuntamiento victorioso se adicionan regidores de partido, figura no prevista en la norma suprema.
Aparte de demandar respeto a la Constitución Nacional, el Partido Popular Socialista considera que es urgente dejar de considerar a los ayuntamientos como simples prestadores de servicios, para que se conviertan en promotores activos del desarrollo económico y del bienestar social. Con ese propósito presentaremos, en este último periodo de sesiones de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley para que se reforme y adicione el artículo 115 constitucional.
El tema relativo a la reforma agraria también es motivo de preocupación. El Presidente de la República ha dicho en su informe que la reforma agraria sigue siendo compromiso irrenunciable de la Revolución Mexicana. Esto es cierto. Pero también es cierto que el secretario de la Reforma Agraria nada entiende de eso. La prueba fue esa iniciativa de reformas a la ley correspondiente que ni tiende a simplificar ni agilizar los procedimientos de la Ley de la Reforma Agraria, y que merecieron el rechazo categórico de las fuerzas democráticas representadas en esta Cámara.
En mucho, la máxima autoridad agraria del país ha dejado de ser el Presidente de la República.
Constituye una amenaza real para la reforma agraria y para los campesinos de México que el secretario de la Reforma Agraria tenga las facultades que le conceden las reformas de diciembre de 1983. Y allí están los datos que proporciona el Presidente: en sólo ocho meses del presente año se han expedido 4 mil 805 certificados de inafectabilidad a la propiedad privada que, comparados con los que se expidieron en los doce meses de 1983, representan un aumento casi de orden del 500%. En esto se ha traducido la pronta y honesta impartición de justicia agraria.
No es exagerado afirmar que ahora la contrarreforma agraria se encabeza desde la Secretaria de la Reforma Agraria; de ahí la mala fama del señor secretario Martínez Villicaña, quien los campesinos repudian cada que pueden.
El Partido Popular Socialista exige la renuncia de este señor de la Secretaria de la Reforma Agraria, pues nada justifica su presencia en el gabinete del licenciado De la Madrid.
Además, a 74 años de iniciado el movimiento de 1910 es una vergüenza que existan millones de hectáreas de tierra en manos de los latifundistas, amparados por la contrarreforma introducida por Miguel Alemán a la fracción XIV del artículo 27 constitucional.
La justicia agraria plena, si realmente se quiere aplicar, debe comenzar por el reparto total de la tierra disponible a los campesinos de México, terminando con ese oprobioso amparo agrario generado por la contrarrevolución en México, que sólo satisface los apetitos de riqueza de unos cuantos. Un aspecto del informe que merece ponderarse por esta representación nacional es el que se refiere a la educación.
Cuando se anunció la llamada Revolución Educativa, hubo inquietudes de saber de qué se trataba. Ahora, en el informe, parece que este asuntos se aclara, pues se afirma que la doctrina básica de la Revolución Educativa es la señalada por el artículo 3o. de la Constitución.
Precisamente los problemas enfrentados por la educación en México, se deben al abandono de la orientación filosófica, contenido en el artículo 3o. constitucional; abandono que ha llevado a darle mayor importancia a los métodos de enseñanza que a su contenido, de manera que no responde a las exigencias del país.
Sin pedagogía propia se ha llegado al absurdo de copiar hasta el calendario escolar de los gringos y a imitar todo cuanto ellos conciben y realizan para una realidad distinta a la nuestra.
Además, la elevación de la profesión pedagógica, como dice el informe, al nivel de licenciatura y la implantación de bachillerato para cursar la normal, es una medida que entraña graves riesgos para la formación de las futuras generaciones. Con el pretexto de mejorar la formación y capacitación de los maestros, en adelante la profesión normalista quedará prohibida para las personas de escasos recursos, para los hijos de obreros y campesinos que con enormes sacrificios estudiaban la Normal.
Con la implantación del bachillerato, la Normal se volverá elitista, fuera de las posibilidades de las clases populares y cambiará peligrosamente la composición social de los profesores, que por su procedencia han sido pilar del desarrollo nacional.
Con esta medida se cierra el círculo, iniciado con el incremento inusitado de las normales particulares que forman a sus profesores con una orientación no sólo ajena, sino contraria a los intereses del pueblo y de la Nación.
Por otra parte, hace falta decisión del poder público para someter, de una vez por todas, la criminal programación de la radio y televisión, que infunde valores contrarios a nuestra nacionalidad. No hay ninguna justificación para permitir que los negociantes inescrupulosos, a través de la televisión y radio comerciales, continúen desnacionalizando a los niños y a los jóvenes mexicanos.
Por lo tanto, la medida complementaria para hacer efectiva la educación, en todos sus niveles, es la nacionalización de la radio y la televisión.
Nadie duda, por otra parte, que la planificación sea un factor importante y una necesidad para impulsar el desarrollo general del país, pero hay un hecho que preocupa a las fuerzas democráticas del país. Resulta que la planeación democrática, como la denomina el Presidente de la República es de tres tipos: obligatoria, para el Poder Público; inductiva, para los particulares y, coordinada, entre Federación y Estados; pero con el afán de que sea participativa, el Estado en muchos casos consulta a la iniciativa privada, como ocurrió con el Programa de Fomento Industrial y
Comercio Exterior, en el que se impusieron los intereses privados, resultando así que los particulares le imponen un programa al Estado que obligatoriamente debe cumplir, en tanto que los particulares, según su antojo, lo cumplen o no lo cumplen.
Claro que en el programa que comentamos, como se tiende a "racionalizar la política industrial del Estado, de tal manera que sea predominante el fomento sobre la regulación", según expresión textual del segundo informe presidencial, los intereses privados están satisfechos y, ellos mismos, a los cuatro vientos, han pregonado la intervención decisiva que les dio, en su elaboración el poder público.
En fin, el informe contiene aspectos importantes en materia de salud, vivienda, derechos del pueblo mexicano elevados al rango constitucional, cuya prestación es obligatoria para el Estado, pero cuando se trata de la participación de los intereses privados en su prestación, chillan con espíritu gachupín, como ha ocurrido con la Ley de Salud, recurren al amparo y se oponen a prestar un servicio de emergencia para salvar la vida de los mexicanos en desgracia. Esa es la "solidaridad" que prestan los intereses intocables de los particulares. Sólo participan si tienen la seguridad de obtener enormes ganancias, como ocurrirá con la construcción de viviendas.
El Partido Popular Socialista considera que un hecho grave, que atenta contra la vida y la salud de los mexicanos, es la contaminación del ambiente, fenómeno que se ha vuelto incontrolable. Es urgente tomar medidas severas para impedir que ese problema sea más grave, adoptando medidas preventivas y sanciones rigurosas para quienes atentan contra el equilibrio ecológico.
Por lo pronto, para ubicar este problema en su dimensión real, es necesario elevar a rango constitucional la protección del ambiente. Este hecho, de darse, contribuirá para que la población en su conjunto tenga plena conciencia de lo que representa la alteración del equilibrio ecológico.
Estos son los juicios y las apreciaciones que le merecen al Partido Popular Socialista, la parte del informe presidencial que hoy comentamos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas, señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Mario Vargas Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Mario Vargas Saldaña: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: juzgamos que este debate no se enriquece planteando juicios de valor sobre procesos locales, habida cuenta de que han sido juzgados ya por las autoridades correspondientes y debatidos en su momento con largueza y detalle.
La libertad en este recinto no tiene límites; sin embargo, la oportunidad y el buen juicio no deben estar reñidos con nuestras prácticas parlamentarias. Los propósitos de mayor democratización, la vigencia plena de las libertades y el amplio cauce para que se manifiesten todos los puntos de vista sobre los problemas nacionales, deben ser aprovechados conscientemente para eliminar formas de seudoacción política, las medias verdades, la exageración y la falsa ironía.
Nuestra contribución a la evolución política de México consiste en combatir el cacicazgo; el absoluto respeto que tendremos por nuestros adversarios; el propósito indeclinable de que todas las elecciones únicamente aclamaremos aquellas que hayamos ganado; en suma, en la subordinación de nuestro partido a los fines prioritarios de la Nación y de su progreso político.
El asesinato de un mexicano tan responsable como Manuel Buendía, provocó la indignación nacional y hay consenso en la exigencia de que los hechos se esclarezcan.
Este proditorio asesinato ofendió a toda la sociedad y , por lo tanto, no debe ser utilizado como bandera de propaganda política de partidos, al menos resulta del mal gusto.
El informe del ciudadano Presidente Miguel de la Madrid ha sido franco, veraz y alentador. Las palabras no inventan acciones de gobierno. Hablar claro es siempre voluntad de entendimiento. Frente a la responsabilidad del mandatario, encubrir o disfrazar la realidad, o aun mentirla, es, en política, una forma de abdicar que abate la fe del pueblo y malogra su participación. La frivolidad y la mentira son instrumentos del despotismo.
Ha sido difícil para México el plazo cumplido hasta ahora. Hace apenas veinte meses todo concitaba contra nuestro desarrollo como nación. Pero no perdimos el rumbo ni practicamos la alquimia ideológica frente a despropósitos y sinrazones contestamos con propósitos y razones; frente a desvaríos y temores, opusimos la certidumbre y la experiencia.
En horas de adversidad, cuando alumbran a un pueblo grandes problemas económicos, el autoritarismo ha sido el recurso fácil de la incompetencia política; de esta manera, los conflictos económicos devienen en conflictos sociales con su secuela de inestabilidad y de violencia, porque a la estrechez económica se suma al atropello público.
En nuestro país las instituciones conservan su vigor y fortaleza; las manifestaciones de la crisis económica se mantienen circunscritas a su específica realidad. Esto no es obra de la circunstancia ni del azar; el régimen del Presidente Miguel De la Madrid ha dirimido las contradicciones de nuestra sociedad, tan compleja y plural, por la vía del diálogo y de la concertación de intereses. Explicando y persuadiendo, superando discordias y ampliando el consenso nacional. Se han respetado las libertades y ensanchando los cauces de la participación democrática; la crítica no encuentra oídos sordos, se corrigen malos
hábitos en la práctica del federalismo y se enriquece la vida municipal. Esta es una realidad lejana a las fantasías y a las ficciones, que sólo pueden negar el dogmatismo extremista o el partidismo a ultranza, para los que, si no ocurre todo lo que quieren, todo lo que sucede es malo.
El federalismo nos salvó de la disgregación en los albores de nuestra nacionalidad, evitando las desviaciones del centralismo en lo político, en lo económico y en lo social. Por eso es condenable por igual la decisión política centralizada en la capital de la República y en detrimento de los estados; como la decisión política centralizada en la capital de los estados, en detrimento de los municipios.
En consecuencia, son plausibles todas las medidas encaminadas a lograr la autosuficiencia económica y política tanto de los estados como de los municipios, logrando que unos y otros cada vez dependan menos de las hegemonías que tradicionalmente han estrechado su desarrollo.
Para avanzar en la descentralización, dijo el ciudadano Presidente, estamos vigorizando el sistema federal y alentando la profunda reforma al municipio, contenida en el nuevo texto del artículo 115 de la Constitución. Informó, también, que los estados han introducido reformas a sus constituciones y expedido nuevas leyes orgánicas para implantar la reciente regulación constitucional sobre el municipio libre y que, como consecuencia, se han fortalecido sustancialmente las haciendas municipales para hacer frente a sus responsabilidades.
Lo anterior resulta saludable para el ejercicio democrático, ya que, gobiernos débiles en los municipios son presa fácil de caciques, grupos de presión y oligarquías locales, cuyas influencias sectarias contravienen siempre los legítimos intereses del pueblo.
La descentralización emprendida por el ciudadano Presidente Miguel De la Madrid nos libera de una ominosa parálisis, por iniciación de las partes y el congestionamiento en los centros de mando, algunas veces tan ajenos y distantes a las realidades locales. Una auténtica vida federal rescata la potencialidad latente en individuos y grupos, consolidando las partes con todo. El federalismo concilia los intereses regionales y le da forma a nuestro rostro nacional.
El Presidente Miguel De la Madrid hizo alusión al dinamismo y responsabilidad con que ha actuado el Poder Legislativo, y la colaboración que los legisladores han aportado en el mejoramiento de las iniciativas. Afirmó que se mantiene atento a los debates del Congreso y que en las críticas y las opiniones de todos los partidos encuentra una utilidad estimable para la acción del Ejecutivo. La fracción mayoritaria de esta Cámara quiere dejar constancia del respeto inalterable que el ciudadano Presidente de la República ha mantenido para nuestra soberanía constitucional.
Exigencia crítica de pueblos y regiones, fuerza correctora y autocrítica del gobierno, la renovación moral no es una acusación maniquea contra individuos ni grupos sociales, ni farsea negación de la legitimidad del poder. Es la fuerza vivificadora que se despoja de lastres y autocomplacencias. La impunidad ofende a la República.
No se trata de aniquilar prestigios políticos ni de desautorizar el mando, sino de enderezar lo torcido y despejar el horizonte. No son la Nación, ni el Estado, ni la sociedad, los beneficiarios de la corrupción. La corrupción debilita nuestros lazos nacionales, carcome la energía rectora del estado y los vínculos de la solidaridad social.
A este respecto, el jefe del Ejecutivo señalo lo siguiente: "La renovación moral de la sociedad ha sido y sigue siendo compromiso y acción de mi Gobierno. La hemos hecho ley y conforme a ella actuamos. Nos hemos negado firmemente a que bajo el pretexto de su cumplimiento, se desahoguen pasiones políticas o prospere la calumnia".
Dijo, además, que la lucha en contra de la corrupción es un compromiso serio y que no lo detendrá ni el escepticismo ni las campañas de intrigas y calumnias. Los hechos reales de nuestra conducta, afirmó, serán el mejor escudo contra estas maniobras de resistencia, y dijo que confía más en lo que queda de la verdad que en lo que queda de la calumnia.
El ciudadano Presidente Miguel De la Madrid, por exigencia del pueblo, lucha por hacer que la política rescate su auténtico significado. Esencia de la historia y esencia de la verdadera honradez de aquella que, como imperativo interno del hombre viene a construir la base misma de su dignidad. La política como vocación y como entrega, como ejercicio de solidaridades, no de beneficios y ganancias; la que se niega al halago de la pequeña vanidad personal, pero que se afirma en el orgullo de servir y en el privilegio de hacer honor a la confianza pública.
Las fuerzas armadas surgieron de un contragolpe de la sociedad frente a un golpe de Estado; viven para el pueblo y para la defensa de la Nación y sus instituciones. Por su composición, por su origen, por sus tradiciones revolucionarias, por su modo de pensar, forman parte de nuestro pueblo, y la fuerza de las fuerzas armadas se sustenta en la fuerza del pueblo.
Por eso, el ciudadano Presidente reconoció que el Ejército la Fuerza Aérea y la Armada han estado a la altura de las necesidades del país, auxiliando a la población, protegiendo los recursos naturales y combatiendo el narcotráfico, entre otras acciones meritorias, y que su ejemplar nacionalismo y lealtad a la Constitución y a las instituciones republicanas justifiquen el respeto y el orgullo que el pueblo de México siente por los miembros de sus fuerzas armadas.
Merece destacar la importante renovación normativa en materia de procuración e impartición de justicia a que aludió el ciudadano Presidente de la República en su informe, tanto más porque es un estado de derecho como el nuestro, la fe popular en las
instituciones de justicia afirma la cohesión social entre los ciudadanos y es el más sensible indicador de la honorabilidad pública.
Todo aquello que colabore a definir los límites de la autoridad, propiciar y favorecer el ejercicio de las libertades y concertar las funciones del gobierno en beneficio del equilibrio constitucional de los poderes, consolida a cualquier sistema gubernamental civilizado, porque el aseguramiento de la libertad del hombre, no es tanto problema de moral social sino de la educación acertada y oportuna de las instituciones.
De modo similar se pone de manifiesto la preocupación del Presidente para atender el clamor de revisar a fondo el servicio de Policía, por el descrédito en que cayó y por la incidencia de atropellos en que algunos suelen incurrir, sobre todo contra los indefensos de nuestro pueblo, contra los que carecen de voz y de recursos para hacer valer su derecho.
Nadie duda que es tarea urgente restaurar los cuerpos policiacos. El Presidente De la Madrid encamina ya la acción gubernamental para el cumplimiento de este objetivo, con una enérgica reorientación de la estructura y el funcionamiento de los organismos policiales, para que se constituyan auténticamente en custodios de la seguridad y en participantes honorables y capaces de los programas de procuración de justicia.
Por lo que hace las migraciones internacionales hacia nuestro país, producto de convulsiones, de todos conocidas en el área de centroamericana, El Presidente reiteró la respetada tesis de México en el sentido de garantizar el asilo político y la solidaridad humanitaria.
Para nuestros compatriotas migrantes en los Estados Unidos de América, el Presidente reiteró la solidaridad de su gobierno para demandar sistemáticamente el respeto a los derechos humanos y laborales y la garantía de su gobierno para facilitar la reintegración armónica y productiva de quienes tengan que hacerlo.
En el informe es evidente el cumplimiento del ciudadano jefe del Ejecutivo con las causas populares. Incluso en el duro camino de la reordenación económica, su gobierno ha hecho el mayor esfuerzo para proteger el empleo, los consumos básicos, expander los servicios de la educación y la cultura, de la salud, reordenar el desarrollo urbano y promover la vivienda, en beneficio de amplios grupos de población.
Destaca también el apego del régimen de Miguel De la Madrid a la causa democrática. Apego puntual a la democracia en forma de reconocimiento expreso a sus altos rendimientos en el orden político; reconocimiento expreso y voluntad de gobernar conforme a las orientaciones de la sociedad plural: del movimiento obrero organizado, de las agrupaciones campesinas populares, de los empresarios profesionales, de las instituciones académicas y culturales, de los órganos de una opinión pública libre y, de manera especial, de los diversos partidos y asociaciones políticas.
En el documento confluye también, el nacionalismo que, en palabras de Miguel De la Madrid, nos une en la historia común, en la solidaridad del presente y en la decisión firme de seguir construyendo el futuro de una patria libre y soberana.
El ciudadano Presidente Miguel De la Madrid reconoció que la tarea realizada es obra y mérito del pueblo de México, y reafirmó su compromiso de seguir sirviendo con lealtad y entusiasmo inquebrantables a las grandes causas de la Nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
PRESOS POLÍTICOS Y DESAPARECIDOS
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden de día de la próxima...
El C. René Rojas Ayala: -Señor Presidente, pido la palabra para una denuncia.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado René Rojas Ayala.
El C. René Rojas Ayala: -Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados: El hecho es que quien debió haber tomado la palabra el día de hoy, era el compañero Héctor Sánchez; sin embargo, el compañero tuvo que salir porque había una entrevista con el subsecretario de Gobernación para ver el asunto del que aquí vamos a hacer mención.
Nosotros vemos que el Gobierno, para aplicar e imponer sus planes de austeridad, ha tenido que tomar medidas de carácter político, y que se han cristalizado precisamente en una mayor represión hacia los movimientos de los trabajadores, hacia los movimientos campesinos, hacia la clase trabajadora en sí.
En este sentido, así tenemos que el día de hoy existen en México 300 presos políticos, 50 de los cuales el día de hoy se encuentran en huelga de hambre para exigir precisamente su libertad.
También nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones, en esta tribuna, la existencia de 513 detenidos desaparecidos; hemos sido reiterativos en solicitar una audiencia al C. Presidente de la República para exponer precisamente esta situación, la de los detenidos desaparecidos, y para exponer el problema de los presos políticos.
Hemos tenido que hacer plantones, hemos acudido a las oficinas de Gobernación y a todos lados, y sin embargo, no se nos ha escuchado. Hasta el día de hoy no hemos podido exponer esta situación, que es lacerante para el país, ante el Presidente de la República.
Y ningún funcionario de Gobernación y de ningún otro lado nos han podido dar una respuesta satisfactoria a los problemas presentados.
Es por eso, que en solidaridad con los compañeros presos políticos que hoy se encuentran en huelga de hambre, como una protesta por la aparición de los compañeros detenidos desaparecidos, el día de hoy, el compañero Héctor Sánchez López y un servidor, la compañera Rosario Ibarra de Piedra, que ustedes ya conocen, y la conocen porque ella ha sido la fundamental exponente del problema de los detenidos desaparecidos y de la lucha en contra de la represión, por ella votó medio millón de mexicanos, según las cifras del propio gobierno; sin embargo, a pesar de esa gran representatividad que tiene, que no le dieron en este Congreso por maniobras a pesar de la representación del compañero Héctor y la propia, a pesar de que son múltiples los movimientos que están exigiendo la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, no se nos escucha.
Y por eso el día de hoy nos vemos obligados a plantear desde aquí, y en solidaridad con esos compañeros detenidos y por su presentación, nos pondremos en huelga de hambre hasta que no se conceda una audiencia en donde podamos exponer estos problemas ante el Presidente de la República. Y lo hacemos ante el Presidente de la República porque ya hemos recorrido todas las demás instancias; ya no se nos puede enviar a ver a Bartlett o al subsecretario o a cualquier otra persona, ya las hemos recorrido. Sin embargo, incluso el día de hoy, y lo repito, el compañero Héctor está allá, tratando de dialogar sobre el asunto.
Planteamos una cosa, somos intransigentes en esto, en esto no transigimos, sí, para que no suba nadie aquí a decir que somos una bola de intransigentes o cualquier cosa. Somos intransigentes, queremos la libertad de los compañeros y la presentación de los desaparecidos. Hemos tenido oportunidad de ver cómo se aplican los planes de austeridad, los trabajadores cada vez empeora más su nivel de vida precisamente por los salarios; sin embargo, vemos que los soldados aumentan vertiginosamente sus salarios, vemos que la policía está ganando también muy buenos salarios, vemos el caso nuestro, que los diputados hemos recibido dos aumentos del 100%. Y los trabajadores, bien, no importan en este sentido.
Vemos que también hay represión hacia los propios trabajadores, hay despedidos en la Secretaría de Pesca, hay despedidos en la Secretaría de Comercio, hay despedidos en la Secretaría de Salubridad, hay despedidos en varias dependencias gubernamentales. Se está ejerciendo represión en contra de aquellos que están luchando por mejores salarios y mejores condiciones de vida.
En el campo se están asesinando campesinos, a ellos no solamente se les está matando de hambre sino también se les está matando a balazos. Nosotros fuimos a un foro en Chiapas en el cual, en la sala en la que estuvimos discutiendo los problemas de la represión, había una lista de 24 compañeros campesinos que habían sido asesinados a balazos.
Hace poco estuvimos en Puebla, en Huitzila, a organizar un foro contra la represión y también ahí nos enteramos, nos dimos cuenta, fuimos testigos de la existencia de más de setenta compañeros que habían sido asesinados. La situación de la represión es algo que aquí nadie evalúa y lo ponen en el contexto en el que está en estos momentos el país. Nosotros vamos, con la huelga de hambre, a exigir la presentación de los desaparecidos. Vamos a solidarizarnos con nuestros compañeros, presos políticos en huelga, y vamos a ser intransigentes hasta que se nos resuelva.
El C. Presidente: -Se toma nota.
VIOLENCIA EN EL PAÍS
El C. Jorge Alberto Ling Altamirano: -Pido la palabra para el mismo asunto.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el cuidadano diputado Jorge Alberto Ling Altamirano.
El C. Jorge Alberto Ling Altamirano: -Señor Presidente: Declaramos que más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de los intereses de grupo o clase, se encuentran las personas con su eminente dignidad. Declaramos nuestra solidaridad con las madres y hermanos mexicanos, que han perdido o sufrido la desaparición y separación de familiares - esposos, hijos o padres-, en forma violenta por razones políticas.
La violencia no ha desaparecido del país, cuando las estructuras siguen siendo injustas. Hay violencia cuando existen atentados contra diputados, por ejemplo, aquel diputado local asesinado en Veracruz hace dos años; o los golpes recibidos por nuestro diputado federal, Juan Manuel Molina, por parte de las autoridades, que está aquí presente, cuando trataba de evitar el atraco electoral. Violencia es aquella cuando se ametralla a la oficina de nuestro presidente municipal de Hermosillo, ingeniero Casimiro Navarro. También es violencia cuando se mutila a personas en Sonora, tan solo por hacer declaraciones en contra del gobernador. Es también violencia la muerte de periodistas o la desaparición de hace más de cuatro años de dirigentes del PAN, con sus esposas.
Se hace presión sobre el sistema jurídico para inventar delitos a precandidatos panistas a la gubernatura de Sonora o por magia inventar delitos o antecedentes.
Existe violencia cuando en este país se puede empezar a distinguir, hoy más que nunca, a los mexicanos que comen y los que no comen. Esto llega ya a niveles de tragedia;
existe violencia cuando se persigue a ejidatarios por haber denunciado a parientes de gobernadores, de ser explotadores del patrimonio campesino en el estado de México; existe violencia electoral cuando se encarcela al que denuncia robo de ánforas, como se hace en San Luis Potosí.
Reiteramos que deben existir cuentas por parte del Gobierno de estos hechos, de las víctimas de estos hechos. Cuentas de los mecanismos que permiten al Gobierno desaparecer adversarios. ¿Qué pasó y qué ha pasado con los mexicanos, que no están donde el espacio jurídico les garantiza el derecho a la vida?
Si no existen cárceles clandestinas, ¿existen cementerios clandestinos? ¿Cuál es el lugar político donde están los que no tienen derecho al 4o. constitucional?
Por lo anterior, señor Presidente, señores diputados, declaramos nuestra solidaridad y exigimos con ellos, los mexicanos víctimas y sus parientes, una declaración inmediata de las autoridades.
Diputado Alberto Ling, miembro de la diputación de Acción Nacional. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día
6 de septiembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El C. licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, Gobernador del Estado de Zacatecas, invita a la sesión solemne en la que rendirá su cuarto informe sobre el estado general que guarda la administración pública, la que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Guanajuato.
Oficios de la Secretaria de Gobernación
Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Rafael Macedo Figueroa, Antonio Carrillo Flores y Eduardo Rihan Azar puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Victor Vázquez Cortés, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Relativo a las reuniones de las comisiones de trabajo del Poder Legislativo con los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal.
Análisis del segundo informe presidencial."
El C. Presidente (a las 14:30 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves, 6 de septiembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES