Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19840906 - Número de Diario 5
(L52A3P1oN005F19840906.xml)Núm. Diario:5ENCABEZADO
Diario de los Debates
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., jueves 6 de septiembre de 1984 TOMO III. NUM. 5
SUMARIO
APERTURA ..
ORDEN DEL DÍA ..
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA ..
INVITACIÓN
Al cuarto informe de gobierno del C. licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, gobernador de Zacatecas, el día 8 del actual. Se designa comisión
COMUNICACIONES
De los congresos de Campeche y Guanajuato, relativas a actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
Tres solicitudes de permiso para que los CC. Rafael Macedo Figueroa, Antonio Carrillo Flores y Eduardo Rihan Azar, puedan aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a comisión ..
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud de permiso para que el C. Víctor Vázquez Cortés, pueda prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos en México. Se turna a comisión
INFORMES Y COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS
Oficio por el que se comunica que el C. Presidente de la República quedó enterado del acuerdo aprobado por esta Cámara, concerniente a lo enunciado, quien dispuso que los funcionarios en cuestión atienda las citas correspondientes. De enterado ..
ANÁLISIS DEL INFORME PRESIDENCIAL
POLÍTICA ECONÓMICA
Intervienen los CC. María Teresa Ortuño Gurza, del PAN; Samuel Meléndres Luévano, del PSUM; Ignacio Vital Jáuregui, del PDM; César Humberto González Magallón, del PST; Héctor Ramírez Cuéllar, del PPS, y Dulce María Sauri Riancho, del PRI ..
INFORMES Y COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS
El diputado Gerardo Medina Valdez se refiere al acuerdo aprobado sobre el particular por esta Cámara. Propone que el pleno de la misma discuta y resuelva sobre la mecánica de las comparecencias y, en caso de que no se rectifique el acuerdo aprobado, los diputados del PAN no asistirán a las comparecencias. Se considera de urgente resolución ..
En torno al asunto, usan de la palabra los CC. Javier Blanco Sánchez en pro y Enrique Soto Izquierdo en contra. Se deshecha la proposición del C. Medina Valdez, quien interviene nuevamente para hechos ..
PRESOS POLÍTICOS Y DESAPARECIDOS
Reflexiones sobre el particular del diputado Héctor Sánchez López, quien también se refiere a los detenidos que se encuentran en huelga de hambre ..
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión ..
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. NETZAHUALCÓYOTL DE LA VEGA GARCÍA
(Asistencia de 326 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
EL C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII Legislatura.
Orden del Día
6 de septiembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El C. licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, Gobernador del Estado de Zacatecas, invita a la sesión solemne en la que rendirá su cuarto informe sobre el estado general que guarda la administración pública, la que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Guanajuato. Oficios de la Secretaría de Gobernación
Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Rafael Macedo Figueroa, Antonio Carrillo Flores y Eduardo Rihan Azar, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Víctor Vázquez Cortés, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Relativo a las reuniones de las comisiones de trabajo del Poder Legislativo, con los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal.
Análisis del segundo informe presidencial."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario.
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Netzahualcóyotl de la Vega García
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del miércoles cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con asistencia de trescientos sesenta y tres ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior verificada el día primero de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados suscribe una proposición para integrar la Comisión Medalla "Eduardo Neri" en la siguiente forma:
Diputados José Luis Martínez Rodríguez, Armando Ballinas Mayés, Enoch Cancino Casahonda. Luis Garfias Magaña, Mario González Navarro, Julieta Guevara Bautista, Jesús Lazcano Ochoa, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, Enrique León Martínez, Ignacio Moreno Garduño, María de Jesús Orta Mata, Sergio Quiroz Miranda, Celso Vázquez Ramírez, Florentina Villalobos de Pineda y José Antonio Alvarez Lima.
La Comisión en cuestión procederá de conformidad con el decreto aprobado por la H. Cámara de Diputados de la Cuadragésima Séptima Legislatura del H. Congreso de la Unión, que instituyó la "Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico".
La Asamblea en votación económica aprueba la proposición.
La propia Gran Comisión propone, atendiendo a lo expuesto por el C. Presidente de la República en su segundo informe de gobierno que los CC. secretarios de despacho, el jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, entregarán personalmente el informe del estado que guardan sus respectivos ramos.
Asimismo, se faculta a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados para que en coordinación con la Gran Comisión de la Cámara de Senadores y con el Ejecutivo, determinen los días y horas en que se efectuarán estas reuniones.
La Asamblea en votación económica aprueba los puntos de acuerdo. Comuníquese a la H. Cámara de Senadores y al Ejecutivo.
El C. Francisco Xavier Ovando Hernández hace uso de la palabra para rendir homenaje el general Francisco J. Mújica, con motivo del primer centenario de su natalicio, y propone se inscriba su nombre en letras de oro en las columnas del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, y que su busto en bronce sea colocado en el vestíbulo de este Palacio Legislativo. Túrnese la proposición a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Presidencia expresa que, con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso General, en la sesión de hoy se hará el análisis del segundo informe rendido por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a política interna y social.
Para tal efecto, hacen uso de la palabra los CC. diputados Luis J. Prieto, del Partido Acción Nacional; Iván García Solís, del Partido Socialista Unificado de México; Enrique Alcántar Enríquez, del Partido Demócrata Mexicano; Rafael Aguilar Talamantes, del Partido Socialista de los Trabajadores; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista y Mario Vargas Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional.
A continuación, aborda la tribuna el C. René Rojas Ayala para hacer una serie de consideraciones en torno a los 300 presos políticos que, según él, existen actualmente en México, de los cuales 50 de ellos se encuentran en huelga de hambre para exigir su libertad.
Dice también que hay 513 ciudadanos desaparecidos, señalando que ningún funcionario ha dado respuesta a los planteamientos que a este respecto han presentado.
Menciona la represión que sufren los trabajadores de varias secretarías de Estado y el asesinato de varios campesinos.
Concluye expresando su solidaridad con los presos políticos en huelga, diciendo que serán intransigentes, hasta que se resuelvan estos problemas.
A su vez, el C. Jorge Alberto Ling Altamirano interviene para señalar que la violencia no ha desaparecido del país y recuerda el asesinato de un diputado local en Veracruz hace dos años, y los golpes recibidos por el diputado federal Juan Manuel Molina Rodríguez; al atraco a la oficina del presidente municipal en Hermosillo; la muerte de periodistas y la desaparición de dirigentes del Partido Acción Nacional y sus esposas.
Hace comentarios sobre el particular y declara su solidaridad con los mexicanos víctimas, exigiendo con ellos, una declaración inmediata de las autoridades. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las catorce horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, seis de septiembre, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"Licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, Gobernador Constitucional del Estado.
Zacatecas, Zac., 25 de agosto de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D.F.
Acatando lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Política de Zacatecas, el día 8 de septiembre próximo habré de rendir ante la H. Legislatura el Informe relativo al cuarto año de mi gestión gubernamental.
Será muy satisfactorio para el Gobierno y para el pueblo de Zacatecas que una Comisión de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atestigüe los avances alcanzados durante dicho periodo, como resultado de la conjunción de voluntades y el apoyo irrestricto del Primer Magistrado de la República, señor licenciado Miguel de la Madrid.
Ruégole sea el valioso conducto para transmitir a la Representación Nacional la cordial invitación que me permito formularle.
Renuevo a usted el testimonio de mi particular afecto y cordial amistad. Rúbrica."
El C. Presidente: -Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Genaro Borrego Estrada, Alfonso Cereceres Peña, Antonio Herrera Bocardo, Ernesto Juárez Frías, José Dolores López Domínguez, Ana María Maldonado Pineda, Jesús Ortiz Herrera, Eulogio Quirarte Flores, Baltazar Ignacio Valadez Montoya, Ignacio Moreno Garduño y Daniel Angel Sánchez Pérez.
COMUNICACIONES
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"Campeche, Camp., agosto 17 de 1984.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D.F.
Respetuosamente comunico a ustedes, por disposición de la directiva del H. Congreso, que en sesión celebrada el día de hoy se integraron las comisiones que funcionarán para los períodos que señalan los artículos 48 y 57 del reglamento para el gobierno interior del H. Congreso del estado, quedando integrado el cuadro de la siguiente manera:
I. Gran Comisión:
Presidente, diputado profesor Nicolás Canto Carrillo.
Secretario, diputado profesor Gonzalo Brito Herrera.
Vocal, diputada licenciada Hermelinda Rosado M.
II. Comisión de Dictamen Legislativo:
Presidente, diputado profesor Francisco Ortiz B.
Secretario, diputado doctor Sergio Berzunza Camejo.
Vocal, diputado profesor Gonzalo Brito Herrera.
III. Comisión de Vigilancia:
Presidente, diputado Julio López Zapata.
Secretario, diputado Santiago Mex Rodríguez.
Vocal, diputado Perfecto Guerrero Muñoz.
1. Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación:
Diputado profesor Francisco Ortiz Betancourt.
Diputado Perfecto Guerrero Muñoz.
Diputado Felipe Pech May.
2. Comisión de Finanzas y Hacienda Pública:
Diputado Humberto Curmina Barrera.
Diputado Fernando Rejón Pinto.
Diputado Joaquín Balán Cano.
3. Comisión de Desarrollo Industrial, Fomento Económico y Recursos Naturales:
Diputado Julio López Zapata.
Diputado Victorio Ballina Alejo.
Diputado José Hesiquio Cruz García.
4. Comisión de Desarrollo Urbano, obras Públicas y de Estadísticas.
Diputada doctora Fili Fernández de Ocampo.
Diputado Santiago Mex Rodríguez.
Diputado Manuel Chable Gutiérrez.
5. Comisión de Recursos Humanos, Materiales, Trabajo y Servicios Sociales:
Diputada licenciada Hermelinda Rosado Méndez
Diputado profesor Ramón Uc Verguez.
Diputado Fidel González May.
6. Comisión de Educación, Justicia y Seguridad Pública:
Diputado doctor Sergio Berzunza Camejo.
Diputado profesor Gonzalo Brito Herrera.
Diputado profesor Romualdo E. Méndez Huchín.
7. Comisión de Control Presupuestal y Contable del Patrimonio del Estado:
Diputado profesor Nicolás Canto Carrillo.
Diputado Carlos J. Reyes Alpuche.
Diputado profesor Romualdo E. Méndez Huchín.
8. Comisión de Relaciones Públicas, Difusión y Quejas:
Diputado José Antonio Puc Puc.
Diputado Humberto Curmina Barrera.
Diputado Salvador Palmer Alfonso.
9. Comisión de Normas y Prácticas Parlamentarias:
Diputado profesor Gonzalo Brito Herrera.
Diputado profesor Francisco Ortiz Betancourt.
Diputado Julio López Zapata.
Quedando de ustedes como su seguro servidor, le reitero las seguridades más altas de esta honorable LI Legislatura.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Lenín S. Rodríguez Cuevas, Oficial Mayor."
Trámite: De enterado.
El mismo C. Secretario:
"H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, Francisco Morazán s/n. México, D.F.
En sesión celebrada con esta fecha el H. Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado eligió la diputación permanente que actuará durante su receso, la cual quedó integrada como sigue:
Presidente, diputado Felipe Hernández Olvera; secretaria, diputada María del Rosario López Carmona; prosecretario, diputado Francisco Vaca Navarro; primer vocal, diputado Juvenal Medel Ledezma; segundo vocal, diputado Salvador Tenorio Ortega; tercer vocal, diputado Jorge Martínez Domínguez y cuarto vocal, diputado José Luis Gómez Mandujano.
Suplentes: diputado Juan Rojas Moreno, diputado Francisco Rojas Navarro, diputado Martín Montaño Arteaga, diputado Manuel Herrera Moreno y diputado Juan González Avila.
Lo que comunicamos a ustedes conforme a lo que establece el artículo 2o. del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 14 de agosto de 1984.
Francisco Vaca Navarro, D.S.; Juan González Avila, D.S."
Trámite: -De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F..- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 14 de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones
Exteriores manifiesta a esta Gobernación lo siguiente:
'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el C. embajador Rafael Macedo Figueroa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz que le confirió el Gobierno de Guatemala'.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el día 21 de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el C. licenciado Antonio Carrillo Flores, embajador Emérito de México pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Amistad de los Pueblos que le confiere el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas'.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz." Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 15 de agosto último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta Gobernación lo siguiente:
'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el C. Eduardo Rihan Azar, Presidente del Comité México-Suecia de CEMAI pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Suecia'.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 14 de agosto próximo pasado, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona:
'Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado Víctor Vázquez Cortés pueda prestar sus servicios como asistente de información en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. La nacionalidad mexicana del C. Víctor Vázquez se ve acreditada por la fotocopia de su acta de nacimiento que se remite anexa al presente oficio'.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INFORMES Y COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
C. diputado licenciado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Con referencia a su atento oficio número 52-II-1542 dirigido a esta dependencia, por medio del cual se comunica al Ejecutivo de la Unión el acuerdo tomado por esa H. Cámara de Diputados a fin de que los Secretarios de Despacho, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, darán cuenta personalmente del estado que guardan sus respectivos ramos, haciendo entrega del informe de referencia.
Me permito manifestarle que enterado el C. Presidente de la República del mencionado ocurso y en acatamiento al artículo 93, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido disponer que dichos titulares atiendan a las citas de referencia en las sesiones correspondientes.
Reitero a usted en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 5 de septiembre de 1984.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: -De enterado.
ANÁLISIS DEL INFORME PRESIDENCIAL
POLÍTICA ECONÓMICA
El C. Presidente: -Con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, la sesión de hoy, estará destinada al análisis del segundo informe rendido por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta a política económica. Se han registrado para tal efecto los siguientes ciudadanos diputados: María Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional; Samuel Meléndrez Luévano, del PSUM; Ignacio Vital Jáuregui, del PDM; César Humberto González Magallón, del PST Héctor Martínez Cuéllar, del PPS y Dulce María Sauri Riancho, del PRI.
En tal virtud se concede el uso de la palabra a la C. diputada María Teresa Ortuño Gurza.
La C. María Teresa Ortuño Gurza: -A todos ustedes, muy buenos días. Juicio político acerca del aspecto económico del segundo informe de gobierno de Miguel de la Madrid; condiciones en que se da la glosa. El comentario preliminar, obligado, en cualquier análisis del informe presidencial, es el relacionado con la desproporcionada difusión que se le da. Al acto de instalación denominada Apertura de Sesiones del Congreso, acude el Presidente a rendir un informe del estado que guarda la administración a su cargo; el sistema aprovecha tal obligación constitucional para convertirlo en parte del ritual del culto a la personalidad del mandatario. Todos los mexicanos se enteran del contenido del informe, aun sin leerlo ni verlo por televisión en cobertura nacional; aun sin escucharlo por la radio, simplemente porque no se habla de otra cosa en cualquier parte y, en cambio, nosotros lo juzgamos prácticamente desde la clandestinidad. ¿Quién se entera de las opiniones aquí expresadas?
Por ello, Acción Nacional siempre ha elevado su protesta, pues agreguemos el trato que se da a esta análisis en los medios de comunicación donde se resaltan una o dos frases, a veces las menos representativas de lo aquí expresado.
De otra parte, es necesario señalar el entorno en que se dio el informe; en medio de la crisis que no se ha abatido, enmedio de la desconfianza, enmedio del escepticismo del pueblo mexicano, y se nos presenta una exposición presidencial en la que es de admirar el uso de los retruécanos y los esfuerzos para no decir, para no presentar los hechos sin mentir abiertamente. Lo importante del informe, no es lo dicho sino lo callado. Frente a una realidad a la que por más que se pretenda maquillar, es groseramente descarnada. Durante estos dos años de gobierno, el Jefe del Ejecutivo ha tomado una actitud de desligamiento de los sexenios anteriores, como si él no hubiera sido parte integrante del origen del desastre, como si no hubiera sido secretario de Programación y Presupuesto. Sobre todo, como si no fuese producto del mismo sistema político que nos ha hundido. Eso le resta credibilidad ante el pueblo que recuerda tonos y poses similares a las habidas en el mismo periodo de los sexenios anteriores.
El informe es un documento que pretendió mediatizar las tesis que se presentaron en la Asamblea del PRI, mismas que orillan a una división de ese partido con el pueblo. Sin ataques pero con espaldarazos. A la corrupción habida en el sindicato petrolero; a la CTM con quienes se fumó una presidencial pipa de la paz. Un informe en el que persiste el trasfondo de los compromisos adquiridos con la Internacional Socialista; es decir, la implantación del modelo de nacionalismo revolucionario, ya definido en memorable ocasión en esta tribuna por la diputación de Acción Nacional.
El aspecto medular a distinguir que es el excesivo gasto público, es el núcleo económico
del modelo ideológico del nacionalismo revolucionario. Así, de entrada, subrayamos que al exceso de gasto público le debemos la mayor parte de nuestros males. Y aquí no vale el argumento de su reducción, pues ésta es insuficiente. Reafirmamos que es necesario que el gasto público tenga una mayor estructura productiva y por lo tanto deben venderse las empresas públicas que sean una carga para el fisco, exceptuando en aras del auténtico interés nacional, un número reducido de ellas. Además deben desaparecer los gastos que ocasionan muchas secretarías de Estado, eliminando algunas como la de la Contraloría, que sólo ha servido como bandera gubernamental y para encarecer la corrupción. Y fusionando todas aquéllas que tengan propósitos similares.
En concreto, es importante que la Secretaría de la Reforma Agraria sea un departamento o una subsecretaría de la de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Es demasiado el número de secretarías que absorben actualmente dineros que deberían tener mejor destino. El excesivo número de burócratas no es sostenible por un pueblo en semejante crisis. Por supuesto, esto no es culpa de quienes trabajan para el gobierno, son compatriotas que buscan el modo de llevar el sustento a sus hogares; es culpa de quienes establecen políticas gubernamentales de crecimiento del gobierno, a fin de crear una superestructura que sostenga el modelo de país al que se nos pretende llevar.
Acción Nacional exige formalmente que por razones de interés nacional se suprima el subsidio al organismo descentralizado conocido como Partido Revolucionario Institucional, el cual, dadas las circunstancias, debe realizar un sacrificio similar al que exige de las mayorías, y atenerse, al menos mientras pasa la crisis, al apoyo económico que sus miembros libremente deseen otorgarle. Esto acarrearía tres beneficios importantes a primera vista: solidarizaría al partido oficial con el pueblo al compartir la angustia de no saber si habrá ingresos el día de mañana; sería una genial bandera política que daría la imagen de honestidad, les prestaría estatura moral para presentarse a las elecciones, y de pasada podríamos darle una considerable reducción a la deuda externa.
Otro aspecto gravísimo de este gasto público excesivo, origen, en lo económico, de nuestros males, es el financiamiento que requiere, es decir, el aumento de los impuestos entre los que claramente destaca el IVA, pese a los alardes de moderación tributaria. Los impuestos directos han disminuido, pero los indirectos, los injustos, lesionan seriamente las economías populares, como ya lo hemos reiterado hasta el cansancio, y que no se argumente que los productos básicos están exentos, pues esto no es del todo cierto, y además, las exenciones benefician igualmente a pobres que a ricos.
Insistimos en que el otro aspecto del aumento de los ingresos gubernamentales lo constituye el incremento de los precios de los bienes y servicios que ofrece el sector público. Cuando surgen fuertes declaraciones en contra de la reetiquetación que hacen los comerciantes, sorprende constatar que el Gobierno es el primero en encarecer sus precios y tarifas y, sin embargo, el criterio para juzgar, es diferente.
De ahí que afirmemos que el Presidente hace enormes esfuerzos a fin de presentar en tal forma hechos ciertos aislados que sirven para ocultar la verdad completa.
El déficit ha disminuido, pero en gran medida por el aumento de los ingresos públicos, no porque nuestro gobierno se haya apretado el cinturón suficientemente.
La recuperación económica. Habiendo dejado bien asentado que el gasto público excesivo es el origen principal de nuestros males económicos, pasemos ahora a revisar lo dicho por el mandatario en materia de recuperación económica. Esa recuperación en los aspectos donde se está presentando ha sido a costa de los sectores menos culpables del desastre económico. La carga del costo social es esencialmente injusta al sacrificar a justos por pecadores.
Si consideramos el costo económico de la corrupción y la prácticamente nula acción oficial al respecto, sale muy mal parado el régimen actual. Sus promesas de campaña han dado un giro de 180 grados respecto del castigo a los culpables. Pero esto es lógico en la mente de un Presidente que entiende como democracia todas las definiciones posibles, excepto la de la manifestación ciudadana en las urnas.
El siguiente punto a considerar es el de la obesidad del gobierno, pese a cualquier tipo de declaraciones.
En el periodo 82-84 el salario real ha disminuido en alrededor del 40%; el ingreso de las empresas también registra un descenso de 25%, en tanto que el gobierno aumentó su gasto en 35%. ¿De quién es pues el sacrificio con que se paga la recuperación económica? De la sociedad, en especial de sus miembros más golpeados, pero no del gobierno.
La renegociación de la deuda, de la que tanto se ufana nuestro galardonado secretario, no es sino una postergación que va a transformarse en bomba de tiempo. El análisis de dicha renegociación conduce necesariamente a la conclusión de que el criterio para establecer las fechas fue el del calendario electoral, a fin de permitir una mejoría a fines de este sexenio, ilusión de los mexicanos de que el sistema cumplió su cometido, para darse cuenta dentro de los próximos dos sexenios de la gravedad de su error.
De lo anteriormente expuesto y de los estudios económicos realizados en México, podemos obtener las siguientes seis conclusiones:
1a. A partir de 1984, el producto interno bruto tendrá un ligero aumento en términos
reales, como consecuencia de las medidas de reajuste. Reconocemos esto como positivo.
2a. La inflación empieza a mostrarse bajo control e inclusive disminuye.
3a. El poder adquisitivo del salario que irá en aumento desde 1984 hasta 1988, no compensará la pérdida habida en el periodo '82-84. El poder adquisitivo del peso es hoy inferior al de 1970, es decir, de 14 años atrás. Si solamente consideramos el periodo de '81 a la fecha la pérdida ha sido del 50%.
4a. El déficit en la balanza de Cuenta Corriente imposibilita la amortización de la deuda.
A esto agreguemos que estamos sobreexplotando los recursos no renovables a fin de exportarlos. El informe reconoce que un 76% de las exportaciones provienen del petróleo, mientras que estamos importando alrededor de tres mil millones de dólares en alimentos . En otras palabras, estamos pagando comida con petróleo.
5a. La deuda externa es imposible de pagar bajo este modelo, el sexenio pasado la deuda contratada a corto plazo constituía un 30% de la total, renegociada es el 6%. Esto es el 94% la heredamos a las generaciones futuras.
6a. La tasa de desempleo, pese a lo dicho por el Presidente, se duplicará a fines del sexenio. Lo más alentador, dice el informe, es que se ha evitado el crecimiento del desempleo abierto, un signo promisorio es el número de asegurados permanentes del Seguro Social que fue de 6 millones 178 mil al mes de julio, cifra superior en 4.1% a diciembre de '83. Con respecto a julio de '83 hubo un aumento de 345 mil asegurados, es decir crecimiento anual de casi 6%, hasta aquí, el Presidente.
Si bien es cierto que no hubo quiebras masivas, es falso que no haya aumentado el desempleo abierto. Volvemos a la gimnasia que abunda en el informe para tratar el tema económico, porque aunque es verdad que el Instituto Mexicano del Seguro Social, vio aumentar el número de sus afiliados en casi 6%, esto debido en gran parte a una labor administrativa del propio Instituto, que agrego a los patrones remisos de inscripción. Pero aun suponiendo que no fuera solamente debido a esta causa, en ese mismo periodo se incorporaron 866 mil personas en edad de trabajar, el mercado laboral lo cual nos da un déficit de 510 mil empleos, cifra desalentadora, aun si consideramos a los autoempleados y a los nuevos trabajadores del sector público a quienes no cubre el Seguro Social.
Esta es otra de las razones por las que afirmamos que la recuperación se está dando bajo la forma de bomba de tiempo. A la vez que para ir dejando la estructura que impone el nacionalismo revolucionario, que muchos de los mismos priístas no apoyarían si conocieran a fondo, porque comprenderían que no es un modelo mexicano.
Analicemos ahora otro de los ejemplos de los malabarismos de los que se vale el informe para ocultar la verdad, sin decir mentiras formales: Afirma el Presidente que, en el sector industrial, cifras preliminares para el mes de mayo nos indican que la producción es de 7.2% mayor que en diciembre de '83. El sector eléctrico observa a la fecha una tasa de crecimiento de 6.8% respecto a finales de '83. Cualquiera que estudie economía, sin grandes pretensiones, descubre que esta camina por los ciclos, y que nos es válido comparar periodos de meses que tradicionalmente tienen cierto comportamiento con otros. Diciembre es un mes de producción deprimida, a diferencia de enero o mayo. Lo correcto es comparar periodos similares. El mismo procedimiento utiliza para hablar de la recuperación de 6.8% de la industria de la construcción, comparando enero-junio de '84, contra diciembre del año pasado. La verdad es que entre enero y mayo de este año, la producción industrial es 0.9% inferior a la del mismo periodo del año anterior. En manufacturas el total sigue cayendo, es 2% inferior; en construcción es 4.8% menor, aunque en el año de 1982 fue 15% menor. Es menos malo, de acuerdo, pero no mejor. Y agradeceríamos al señor Presidente que no nos presente sucedáneos de la verdad.
Omisión sería en el informe, es la que se refiere a política monetaria. Ignoramos todo lo referente a moneda en circulación, depósitos y cuentas, certificados y bonos, y en general de la operación del Banco de México. Significativa ausencia que despierta escepticismo.
Otra omisión en el informe es la relativa a la ganadería, actividad en extinción, debido en buena parte a las trabas a la exportación. Para cualquiera que desee colocar sus productos en el extranjero, es un calvario la lucha contra los trámites burocráticos, que son mayores y más difíciles en estos últimos dos años, que en sexenios anteriores.
Ciencia y Tecnología. En Acción Nacional tenemos la convicción de que debe dedicarse igual esfuerzo a la ciencia y tecnología que a la educación o a la producción de bienes y servicios. Es muy difícil cuantificar en cuanto al tiempo y porcentajes nuestro atraso tecnológico en comparación con otros países, pero evidentemente que estamos muy por debajo de los avances que otros han logrado.
Como ejemplo, podemos citar nuestro atraso en agricultura, que en nuestro concepto es el renglón que prioritariamente debemos atender para avanzar en ciencias y en técnicas. En muchos lugares de la República se cultiva la tierra igual que hace 400 años.
El informe apenas dedica 34 renglones a este respecto y en ellos sólo ofrece promesas. A un año de distancia sólo se dice que el inventario de recursos y proyectos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un avance del 80%. Menciona el plan del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología,
pero no indica que apenas se dio a conocer el día 22 del pasado agosto.
Confesado por el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez nuestro atraso en tecnología de la alimentación y medicinas es de 50 años. También menciona que en materia agrícola solamente se cultivan 17 millones de hectáreas de 32 potenciales.
Afirmamos que falta lo que pudiéramos llamar una "enzima" de ciencia y tecnología, que puede ser a través del CECYT, ya que el Estado ha de ser rector, es decir, el que dirige, el que encauza, el que engrana, y así avanzar a la ciencia y a la tecnología.
Nuestro esfuerzo en esta materia debe estar orientado hacia sus aspectos primarios, especialmente a la agricultura en todos sus aspectos para proveer primero nuestras necesidades alimentarias y exportando luego nuestros excedentes.
El aspecto económico de nuestra crisis se ha tratado de remediar desde la óptica política. Esto es gravísimo, pues se otorga prioridad no a la recuperación económica sino al sostenimiento de un grupo en el poder que ha sido responsable de aquello mismo que ahora pretende solucionar, pero aún si para ello buscan instaurar la llamada democracia, peor aún, si para ello quieren instaurar la llamada democracia social, por la vía del nacionalismo revolucionario.
Bajo este modelo, la rectoría del Estado se entiende como gobiernización de la economía y disminución casi total de la participación de la sociedad civil en las tareas nacionales. Así, la reordenación será con la finalidad de ir estableciendo paulatinamente ese nuevo orden social que denunciamos enérgicamente, por la vía pacífica constitucional, que de ese orden social que denunciamos enérgicamente una y otra vez, como contrario a la voluntad de los mexicanos y pero aún, sin su conocimiento.
Soluciones económicas a problemas económicos, soluciones políticas a problemas políticos, esto es lo ético, esto es lo moral, esto es lo real, Por todo ello, exigimos al Ejecutivo las siguientes soluciones económicas:
a) Eliminación del déficit, a través de la disminución del gasto público; disminución del número de burócratas; cancelación-fusión de Secretarías; supresión del subsidio al PRI; limitación a las emisiones de moneda, certificados y bonos y disminución de tasas de interés, tanto activas como pasivas.
b) Establecimiento de un régimen fiscal justo, de acuerdo a la fracción IV del artículo 31 constitucional.
c) Drástica disminución del IVA, y ampliación de la lista de productos exentos.
d) La deuda externa debe ser renegociada bajo las bases de pagar primero el capital y después los intereses. Así se impedirá que las alzas de éstos afecten a cantidades cada vez mayores de capital. Al menos las variaciones repercutirán básicamente sobre el capital aún no pagado que iría disminuyendo.
e) Venta de las empresas, descentralizadas que son una carga, no para el fisco sino para el pueblo.
f) Que la tierra sea de quien la trabaja, no de los organismos de control político.
Para los problemas políticos, cuyos efectos tengan repercusión en el campo económico, exigimos:
a) Respeto absoluto al voto popular.
b) Elecciones realizadas por los partidos políticos, sin intervención del Gobierno.
c) Integración total del Congreso, en forma proporcional a los votos emitidos.
d) Eliminación de la cláusula de exclusión y de cualquier forma de presión para la afiliación y sostenimiento económico de partido político alguno.
e) Eliminación del Plan Nacional de Desarrollo y derogación de la Ley de Planeación.
f) Castigo ejemplar a corruptos de sexenios pasados y del actual, así como realizar una exhaustiva investigación de los bienes adquiridos en el tiempo del ejercicio de sus funciones públicas, para que de resultar dudosa o inexplicable, restituirlos al patrimonio nacional, a fin de aplicarlos al pago de la deuda externa.
g) Disminución de interferencias gubernamentales en la sociedad civil. Fuera manos de los organismos intermedios.
Todo lo aquí expuesto, es la opinión de los diputados panistas sobre lo que dijo el Presidente.
Esperamos que el orador del sector oficial de esta Cámara, dé el punto de vista de su partido sobre el mismo informe, asumiendo su papel de integrante del Poder Legislativo, de representante popular, y se olvide por un momento de suponerse obligado a opinar sobre nuestras opiniones, de tomar a su cargo la defensa del Poder Ejecutivo. Nos interesa su análisis del documento. No nos interesa que se sienta calificador de nuestro enfoque.
Será la ciudadanía quien se encargue de esto.
Conclusión, y que quede escrito para siempre. Aquí estamos. Presentando soluciones lógicas, realistas, directas, responsables, sin demagogia; en sustitución a la palabrería que se acostumbra.
Ello, con el fin de dejar constancia de que si hay quienes presentan alternativas válidas, posibles y viables.
Especialmente, enfáticamente, para que no se diga que en el Congreso no hubo voces realistas, fundadas, honestas, con claro sentido de responsabilidad, que sostuvieron y defendieron la opción nacionalista y patriótica.
"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos."
"Por la Diputación Nacional. Diputada licenciada María Teresa Ortuño Gurza. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Samuel Meléndrez Luévano, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Samuel Meléndrez Luévano: -Señor Presidente; compañeros diputados: Hemos escuchado el segundo informe de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid; corresponde ahora a los integrantes de esta representación manifestar sus opiniones y tomar posición ante el curso de la crisis nacional, así como frente a la persistencia de una política económica que degrada la vida del pueblo trabajador y enajena el interés y el porvenir de la Nación a los requerimientos de los centros financieros del capitalismo mundial. Esta es la auténtica, múltiple y diversa respuesta al informe presidencial; la llamada "respuesta" que a nombre de la representación nacional se dirige al Ejecutivo, acto seguido de la lectura del informe por un integrante de la mayoría, sólo constituye el cumplimiento de un rito para reiterar la adhesión incondicional al Presidente de la República en turno, cualesquiera que sean sus conductas y políticas. Se debería escuchar con atención y respeto al Titular del Ejecutivo, despedirlo de igual forma y, en su momento, una vez evacuado este recinto por las huestes del Estado Mayor Presidencial y recuperada plenamente nuestra sede, programar el debate para, en su oportunidad, presentarle la opinión plural surgida de esta asamblea. Con el abandono de la práctica de la respuesta inmediata, siempre laudatoria y en ocasiones frívola, mucho ganaría esta representación en dignidad y seriedad ante los ojos del pueblo.
Dicho lo anterior, paso a ocuparme de las consecuencias de una política cuyos lineamientos han sido convenidos con el Fondo Monetario Internacional. Tras el tono pretendidamente cauto del segundo informe en relación al comportamiento de la actividad económica, se esconde en realidad un optimismo injustificado. El Presidente sostuvo en su mensaje que "no tenemos derecho a ser pesimistas"; pero hay que decir que nadie, ni el Presidente mismo, tiene derecho a presentar visiones triunfalistas que confunden al pueblo, dándole información que oculta los verdaderos resultados de la política económica vigente.
Existe consenso en equiparar la presente crisis económica con la etapa destructiva de la Revolución de 1910-1920, así como en estimar sus consecuencias en cuanto a la reducción y deterioro de las bases productivas materiales quizá sean mayores que las conocidas bajo el influjo de la crisis de 1919-1923. En efecto, los indicadores del comportamiento de la producción nos revelan la profundidad de la crisis y aquellos referidos al desempleo, salarios y gasto público, nos ilustran acerca del costo social de la política oficial puesta en juego en busca de una recuperación fincada en el sacrificio de los trabajadores y de las capas medias.
Durante 50 años, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento sostenido superior al de la población. Bruscamente, en 1982 y 1983, la producción nacional acumuló un decrecimiento de 5.2% en relación a 1981. Esto significa que las bases productivas nacionales son proporcionalmente menores que hace tres años y que están sometidas a un proceso de deterioro creciente, puesto que no existe inversión suficiente para reponer lo que se desgasta y dar mantenimiento a las instalaciones industriales, caminos, edificios, presas y sistemas de riego, medios de transporte, etcétera. En contraste, se ha elevado el número de mexicanos. Al terminar 1984, habrá 5 millones 200 mil habitantes más que en 1981 y de ellos aproximadamente dos millones y medio han arrribado a la edad de trabajar.
El deterioro productivo se aprecia también al revisar la producción por habitante. Entre 1935 y 1982 el producto per cápita creció 3.2% al año, mientras que en 1982 decreció 2.7%. En 1983, 6.6% y durante el presente año la reducción será cercana al 2%. Estos hechos, que poco se mencionan, se han querido presentar como inevitables. Se reitera que el actual gobierno no es culpable de la crisis y sus efectos son independientes del programa de ajuste que se viene aplicando desde 1982. Hay que decir que el programa de reordenación ya no puede ser considerado como un elemento al margen, pues en buena medida contribuyó a profundizar algunos elementos negativos de la crisis.
En cambio la evaluación contenida en el segundo informe presenta a la política económica oficial como salvadora de la Nación, se lava las manos por la crisis y se arroga todos los bonos por la incipiente recuperación, cuando por el propio comportamiento cíclico de la economía algunas variables tenían que autocorregirse. En otros casos, de nuevo se nos pretende hacer creer que son triunfos lo que en realidad no son más que expresiones de la profundidad del ajuste, como es el caso del superávit comercial con el exterior. En cambio, de lo que no queda duda es de los funestos efectos de programa de reordenación, principalmente sobre el empleo, el consumo y el nivel de vida.
Una de las consecuencias más graves de la crisis es, sin duda, el crecimiento del desempleo. No está de más recordar que éste es uno de los temas sobre el que ha existido durante el presente régimen gran desinformación: desde el año pasado se viene afirmando que el desempleo no se incrementa, y se utiliza para sustentar tal aseveración información no fidedigna o parcial. Para 1982, las propias estadísticas oficiales hablaban de una masa de subempleados que excedía el 40% de la población económicamente activa, y ahora el Gobierno Federal se ufana de haber evitado el crecimiento del desempleo abierto, omitiendo que millones de personas han tenido que procurarse actividades insuficientemente remuneradas o trabajar jornadas incompletas.
A pesar de esto, el desempleo abierto se ha incrementado en relación a diciembre de 1982. La información disponible que cubre
Sólo las áreas metropolitanas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey nos habla claramente de dicho incremento. En el caso de Monterrey la tasa de desocupación abierta en el último trimestre de 1982 era de 4.5%, y para el primer trimestre de 1984 dicha tasa se elevó a 10.7%.
Desde el año pasado se han utilizado los indicadores de los asegurados permanentes del Seguro Social para mostrar que el desempleo abierto no aumenta, cuando de todos es sabido que tal indicador no refleja directamente el comportamiento del desempleo. El informe nos recuerda que los asegurados permanentes del Seguro Social eran en julio de este año, 4.1% más que en diciembre de 1983; pero por otro lado, según estadísticas oficiales, los asegurados de la industria aumentaron 3.5% entre febrero y abril de 1984; sin embargo, para esas mismas fuentes, el personal ocupado en al industria entre los mismos meses, no sólo no aumentó, sino que disminuyó. No debe entonces utilizarse información que oculte la gravedad del problema. El hecho es, desafortunadamente, que el desempleo abierto representa más del 10% de la población que puede trabajar, lo cual es corroborado incluso por estadísticas de organizaciones internacionales en las que México participa.
A lo anterior hay que agregar el comportamiento de los salarios, que es lesivo para los trabajadores. En 1983, los trabajadores vieron disminuir en 30% su capacidad de compra. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de los salarios se encuentra actualmente a los niveles de 1965. Después de casi una década de sacrificio de los ingresos reales de los asalariados, tenemos que en 1983 la parte de los salarios en la riqueza nacional fue apenas de 32%, mientras que en 1976 les correspondía el 41%. Una parte de ese ingreso que ya no reciben los trabajadores se ha transferido al exterior para el pago de la deuda externa y otra parte lo han absorbido las ganancias de los capitalistas. En este marco general, el caso de los trabajadores de la educación en el Distrito Federal es particularmente dramático, pues de 1980 sus sueldos perdieron casi la mitad de su poder de compra. Si tomamos en cuenta que los maestros constituyen aproximadamente la cuarta parte de los trabajadores al servicio de Estado, puede colegirse que el resto se encuentra en situación similar.
Por cierto el reciente aumento, además de tardío, resulta totalmente insuficiente para compensar la referida pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los burócratas.
Estos dos factores: la caída del empleo y la contracción del ingreso real de la población han afectado el consumo, otro punto del cual el informe se ocupa insuficientemente. Por un lado se nos asegura que se ha logrado proteger el consumo de la población, y por otro, que uno de los males económicos que todavía padecemos es el deterioro del nivel de vida. Tal ambigüedad no refleja otra cosa que lo inocultable del problema, el hecho de que la mayoría de la población a tenido que reducir su consumo y reorientarlo hacia lo indispensable, principalmente hacia los bienes que garantizan la sobrevivencia.
El año pasado, el gasto promedio de los mexicanos se destinó en un 50% a la adquisición de alimentos y bebidas, un 10% más de lo que a los mismos bienes se dedicaba hasta antes de 1983.
Esta política salarial que el Gobierno se propone mantener durante todo el periodo de la recuperación, cuestión que ha sido concertada con la banca internacional, tiene el propósito de incentivar la inversión y contraer el el mercado interno para liberar bienes que puedan ser exportados, lo cual proveerá divisas para el pago de la deuda exterior. Igualmente, con esta política salarial se pretende combatir la inflación, pues el Gobierno parte de la consideración de que los salarios son por si mismos inflacionarios. Tal tesis es falsa, pues está demostrado que los más poderosos factores inflacionarios son los empeños empresariales por las altas ganancias y, por otra parte, los altos precios del dinero. Los salarios representan en el proceso productivo una baja proporción dentro de los costos generales.
En cuanto a la política del gasto público, el Gobierno ha sabido conservar también el título de mejor discípulo del Fondo Monetario Internacional. De esta manera se redujo en 1983 el gasto público real un promedio de 20% en relación al de 1982. La inversión productiva se contrajo en más del 30%. El único rubro que se elevó fue el servicio de la deuda. Al proceder así, el Gobierno se ha propuesto equilibrar sus finanzas, tanto por la vía mencionada como por la de incrementar los impuestos, principalmente el IVA. Este es un recurso más en la lucha contra la inflación, ya que el Gobierno ha reducido la actividad económica buscando igualar la demanda a lo que el país produce. Tal previsión ha resultado errónea, pues presenciamos que la inflación continúa siendo alta, no obstante la drástica contracción de la economía. Por otra parte, la austeridad, al abatir la producción, reduce las importaciones y con ello los requerimientos de divisas. Tal recurso no resuelve nada firme mientras no cambie la estructura económica del país. En cuanto la economía se reactive crecerán las importaciones y con ello las dificultades del comercio exterior.
Por otra parte, la empecinada política de pago de los compromisos derivados de la deuda exterior pública y privada, que asciende aproximadamente a los 90 mil millones de dólares, constituye una transferencia de recursos nacionales hacia el exterior, los que se sustraen a la satisfacción de añejas y crecientes necesidades sociales y al desarrollo de nuevas capacidades productivas. México, al igual que el resto de los países de América Latina se ha convertido en exportador de capitales. Antaño, bajo el duro régimen del colonialismo español, la plata y el oro mexicanos
fluyeron hacia Europa en los albores de la acumulación originaria del capitalismo. Millones de trabajadores indígenas sucumbieron en los socavones de las minas. Hoy, una gran porción del petróleo nacional fluye a los Estados Unidos para incrementar su reserva estratégica.
Hace varios años que todos los ingresos de la venta del petróleo se dedican íntegramente al pago de los intereses de la deuda exterior. Que aquello ocurriera bajo la férula expoliadora del cristianismo español, se explica, correspondía a la naturaleza opresora del sistema colonial, que para eso fue instaurado pero que ocurra actualmente fenómeno semejante con la riqueza petrolera nacional, sólo es posible por la capitulación de los regímenes priístas frente al capital criollo y los intereses económicos del exterior, que a partir del gobierno alemanista impusieron al país un desarrollo económico dependiente de la economía norteamericana.
Por los días que corren, el Gobierno nos anuncia el inicio de la recuperación. Se invocan algunos indicadores referidos a diciembre de 1983, momento en el que varios sectores de la economía estaban todavía en la mayor depresión. Cierto es que tales signos son indicativos de un modesto ascenso; pero no hay que engañarse, ellos se refieren, repito, a un momento que no es válido tomar como punto de referencia. Lejos estamos de la recuperación de las bases productivas alcanzadas en 1981. En consecuencia, el rezago productivo y social continuará siendo enorme y creciente. El drama de la estrechez y la pobreza continuará agobiando a los trabajadores y a las capas medias. La recuperación hay que referirla, no a tales o cuales datos técnicos, ni a los reconocimientos de la voraz cúpula empresarial o a los elogios de los personeros de los centros financieros del imperialismo, sino al restablecimiento de sólidas bases productivas de la economía nacional y de la capacidad de éstas para satisfacer las ingentes necesidades sociales de nuestro pueblo. Habrá verdadera recuperación cuando ésta haya llegado al hogar de los trabajadores.
Uno de los puntos que más es utilizado como símbolo del éxito del programa de ajustes, es el comportamiento de la inflación. El Segundo Informe de Gobierno afirma que la relativa reducción lograda se ha debido al saneamiento de las finanzas públicas, a la consolidación financiera, a la política cambiaria y la normalización de la actividad económica. Nada se dice de lo que ha sido el principal elemento en la disminución de la inflación: el comportamiento de los salarios.
Las tasas de interés activas siguen siendo altas, mucho más altas que a finales de los años 70s; el tipo de cambio se ha deslizado permanentemente y el déficit público es ahora menor que en años durante los cuales la inflación era más baja que la que ahora padecemos. Es decir, éstos no han sido los factores claves en la reducción de la inflación y, en cambio, el control salarial sí es el elemento que ha permitido la relativa reducción de los precios.
Es por eso que la estrategia antiinflacionaria debe ser revisada para que en lo sucesivo el control de los precios no sea resultado de control salarial.
No está de más comentar la forma en que el Presidente presentó su evaluación sobre el comportamiento de la inflación. En éste, como en otros casos, se debe ser muy claro, pues el uso y presentación de la información, principalmente en tiempos de crisis, se puede convertir en un elemento de confusión y manipulación. En los párrafos sobre el tema, lo mismo se habla de tasas anuales que de tasas mensuales anualizadas, queriendo dar al final la impresión de que la inflación para 1984 será cercana al 40% previsto.
En otro orden de cosas, tampoco es válido sostener que la mejor forma de proteger el poder adquisitivo es controlar la inflación. Con esta argumentación se soslaya que al poder adquisitivo hay que protegerlo, en primer lugar con el salario y con medidas efectivas de abasto, control de precios, con prestaciones, pero si hay restricción salarial con precios aumentando persistentemente, no puede hablarse de protección al poder adquisitivo.
Debe decirse que el Gobierno ha llevado adelante con sin par firmeza su programa fondomonetarista de reordenación de la economía; pero casi nada puede acreditarse como logro importante en relación a los imperiosos cambios estructurales de la economía. Téngase en cuenta que han transcurrido dos años del sexenio. Si las bases estructurales de la economía nacional no se modifican, la recuperación reproducirá a la postre de manera ampliada nuevos desequilibrios en el sector externo, factor éste, impulsor de otras crisis aún más profundas.
En este año destacan los esfuerzos del Gobierno por restablecer sus vínculos con la cúspide empresarial, maltrechos a partir de la nacionalización bancaria. Dos hechos son reveladores del curso emprendido para recuperar la confianza de los empresarios; la puesta en marcha del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior -1984-1988- y la decisión de otorgar concesiones para el funcionamiento de sociedades de inversión para capital de riesgo. El primero entraña le renuncia tácita del Estado de cumplir su papel rector del desarrollo económico, y deja esta función en manos de la iniciativa privada para que ésta asuma un papel fundamental en la recuperación y en el sucesivo desarrollo productivo del país, incluso, se arriba a una nueva definición del sistema económico, éste, ya no es un sistema de economía mixta sino un sistema de economía mixta de mercado. Esto quiere decir, entre otras cosas, que por racionalización de la intervención del Estado en la economía hay que entender la entrega de empresas y áreas económicas del capital privado y el manejo del sector estatal con criterios de rentabilidad empresarial, haciendo caso omiso
de su función social, lo que no quita sino presupone su manejo honesto y eficiente.
La segunda cuestión correlativa de la anterior, y que el Presidente se cuidó de no abordar en su reciente informe, significa, ni más ni menos, la constitución de una banca paralela en manos de los mismos banqueros expropiados en 1982. Así les fue prometido en la reciente reunión Nacional de la Banca celebrada en la ciudad de Guadalajara y ha trascendido, ya que la existencia, de un proyecto de ley para darle valor jurídico a lo que ya fue convenido, a máximo nivel secretamente, entre la burocracia política y la cúpula empresarial. En estas concesiones, en la continuación de la austeridad contra los trabajadores y en la empecinada política de pago de la deuda externa a toda costa, descansa el restablecimiento de la confianza de los empresarios en el Gobierno.
En este informe, insistentemente llamado "realista" y "de la veracidad", no se dicen las reales y verdaderas razones que explican la modalidad de operación del sistema financiero ni las que condujeron a su reordenación. No se registra ningún cambio sustancial en la operación de los bancos nacionalizados. Los términos "escrupuloso manejo", "eficacia", "honestidad " y "responsabilidad" adjetivan los criterios de operación heredados por los banqueros privados que han hecho suyos los funcionarios, ahora también responsables de la banca. Por lo tanto, no es una afirmación veraz el decir que la banca sujeta ahora su operación a las prioridades de la política nacional del desarrollo.
La indemnización a los antiguos accionistas de la banca, la enajenación de las participaciones de la banca nacionalizada en empresas no bancarias, la inclusión de la iniciativa privada en los consejos de administración de las sociedades de crédito, la disposición de enajenar el 34% de la propiedad sobre los bancos y el anuncio de una nueva legislación bancaria, son parte de un proceso articulado por la intención de este Gobierno de reprivatizar, hasta donde le resulte posible, la intermediación financiera. Y aunque no se ha manifestado la voluntad de reprivatizar a los propios bancos, las acciones seguidas implican el debilitamiento de la banca nacionalizada en favor de la intermediación financiera privada.
Se vertieron argumentos inexactos para justificar la venta de las empresas en que participaba la banca nacionalizada, particularmente en lo que se refiere a los intermediarios financieros no bancarios, como presuponer una definición de la banca por instituciones y no como una función. En este último caso, el desarrollo del sistema financiero mexicano demuestra que la liga entre banca, empresas industriales y comerciales y sobre todo con los intermediarios financieros no bancarios, era indispensable para la intermediación financiera y para otra función que la banca nacionalizada reclama para sí: la orientación del desarrollo.
Por otra parte, se observa una caída en los instrumentos de captación de mediano plazo de la banca comercial, indicador de que se ha acentuado la fragilidad de la captación. Los niveles de financiamiento, a excepción del registrado en mayo de este año, no representan un mayor crecimiento de ritmo que el observado durante el segundo semestre del año pasado que permitiera suponer que ya se asiste al inicio de la recuperación.
Continúa existiendo un considerable excedente de captación frente al financiamiento otorgado, lo que indica que la banca no está cumpliendo cabalmente con su función y que no es ni siquiera la actividad rentable que se dice que es.
La operación bancaria, en resumen, nos pone frente a un panorama poco atractivo, una banca que queriendo ser rentable, no lo es y que debiendo financiar y orientar el desarrollo, tampoco lo hace.
En relación al agro, el informe poco dice; se limita a presentar asuntos aislados sobre dotación, ampliación y creación de nuevos centros de población y producción de alimentos. Se ocultó la realidad que viven más de dieciocho millones de mexicanos, 3 millones de ejidatarios; 4.5 millones de obreros agrícolas, 1.5 millones de auténticos pequeños propietarios, etcétera.
Actualmente, varios millones de campesinos carecen de tierra, mientras que un reducido número de neolatifundistas, el 2% del total de productos agrícolas, detentan más del 60% de la superficie agrícola, ganadera y forestal; ubicados en los principales distritos de riego y en las mejores tierras de temporal. Esta poderosa burguesía agraria somete a cientos de miles de obreros agrícolas a un aguda explotación; los salarios que éstos reciben son inferiores al mínimo y no disfrutan de seguridad en el empleo ni de prestación social alguna.
Por otra parte, en la política agraria y agropecuaria se manifiesta claramente la postergación de los cambios estructurales de la economía. De esta manera, al suspender el reparto agrario se anuncia como objetivo prioritario la regularización de la tenencia de la tierra, lo que traerá como consecuencia consolidar la injusta estructura de la propiedad. No tiene otro sentido la entrega de miles de certificados de inafectabilidad realizados mediante simples trámites administrativos y casi en secreto. Se renuncia a la autosuficiencia alimentaria al fijar los precios de los productos básicos a la par con los precios del mercado internacional, mientras los costos en nuestro país, continúan siendo crecientes y los créditos reducidos.
Es así como un acto de crisis y de reordenamiento económico, sin que se avisare aún el cambio estructural, han significado para todo el pueblo trabajador de México un drástico empobrecimiento. ¿Qué decir de aquellos extensos sectores sociales carentes de representación para hacer valer sus reivindicaciones?.
Sin duda que los agobia la más atroz miseria, fermento de la desesperación y del rencor. En cambio, a los grandes capitalistas, especialmente a los ex banqueros, no les ha ido tan mal, tienen a su disposición el 34% de las acciones de las sociedades de crédito, se le ha indemnizado jugosamente y, vía esa indemnización, les han sido entregadas las acciones no bancarias propiedad de la banca nacionalizada; así mismo, continúan realizando la exportación de divisas, por el recurso, entre otros, de la sobrefacturación y de la subfacturación en las operaciones comerciales con el exterior o mediante el simple expediente de tráfico ilegal de dólares.
Se sostiene que frente a la crisis no existe otra política que la impuesta al país por el Gobierno. Por el contrario, nuestro partido postula que es posible y necesario otro programa de estabilización y ajuste de la economía que ciertamente conlleve medidas de austeridad, pero que afecte a los ricos y de ninguna manera sacrifique a las grandes mayorías trabajadoras de la ciudad y del campo. Se requiere imponer a la banca internacional condiciones de pago de la deuda externa que no impliquen la cancelación de la capacidad de desarrollo de la economía nacional, y mientras tal cosa no fuera lograda, disponerse a declarar, incluso, la suspensión de pagos. Es necesario cancelar las peligrosas concesiones a los ex banqueros que se anuncian con el establecimiento de las sociedades financieras de capital de riesgo y hacer jugar a la banca nacionalizada una función de instrumento impulsor del desarrollo nacional.
Hoy, más que nunca, es necesaria una reforma fiscal que grave los altos ingresos y el patrimonio de los ricos. Establecer la escala móvil de salarios y de los precios de los productos agropecuarios, al mismo tiempo, decretar el control de los precios de los productos básicos. En suma, se requiere un nuevo programa económico que tenga como eje la salvaguarda de los intereses del pueblo trabajador y de la Nación; mientras que en la esfera de la política urgen los cambios que abran paso a una auténtica democratización de la sociedad y del Estado. Cambios que surgirán al impulso de las luchas de la clase obrera y de todo nuestro pueblo. A ellos confiamos el porvenir de México como patria justa, igualitaria y soberana .
Compañeros diputados: he concluido mi intervención sobre el tema que nos ocupa; ahora quiero manifestar nuevamente nuestra solidaridad con los compañeros diputados Héctor Sánchez, Desiderio de Gives, diputado local de Oaxaca, con la señora Rosario Ibarra de Piedra, representante del Frente Nacional Contra la Represión, y con el diputado federal René Rojas, quienes ayer por la tarde se declararon en huelga de hambre dentro de este recinto, reclamando de las altas autoridades del país la atención a los graves problemas políticos y sociales que viven los pueblos del Istmo de Tehuantepec.
Ellos requieren una amplia solidaridad. Nuestro grupo parlamentario, repito, la reitera y reclama del Presidente de la República y del secretario de Gobernación la atención a nuestros compañeros para encontrar fórmulas democráticas que permitan dar salida al grave conflicto social que viene desarrollándose en esa región de nuestra patria. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: -"Compañeras y Compañeros diputados: Comentar un informe presidencial en el capítulo económico, no debe ser una simple discusión partidista referida en un año de actividades administrativas para examinar si cuadran o no las partidas en el debe y en el haber en las entradas y salidas, en los ingresos y los egresos, en los déficits y los superávits.
Implica el ponderar el comportamiento de la economía nacional en el marco de las consideraciones referidas al hombre, el ciudadano, en el contexto de su libertad, de su dignidad y de su esfuerzo por cumplir el deber de previsión y de provisión que tiene para él y los seres humanos que dependen de su actividad y responsabilidad.
Es el considerar en toda su amplitud el fenómeno económico de un año de administración pública en el ámbito de la angustia de la ciudadanía por un mejor sistema que resuelva la terrible crisis económica en la cual el ciudadano no tuvo culpa alguna, y cuyas esperanzas renacen al principio de cada sexenio, para que la nueva administración sea más honesta, más justa y menos corrupta que la anterior.
Es el participar en la preocupación ciudadana, que frente al aparato de la radio y la televisión se pregunta con incertidumbre si su situación económica mejorará o empeorará; si terminarán ya por fin los catorce años de las vacas flacas o empezarán, pero ya; una justa redistribución a sus esfuerzos en el taller, en el campo, en la mina, en la oficina, en el comercio, en la enseñanza, en las profesiones, en la planta productiva en general.
En la comunión en el deseo nacional por que terminen ya las negativas consecuencias de la muy bien llamada "docena trágica" y entremos, ahora sí, "a administrar la abundancia y la riqueza".
Es el participar de las angustias del obrero que ha perdido su empleo por el cierre de su trabajo, y al que en cada informe le notifican que "se han creado cientos de miles de empleos", noticia que la cruda realidad enseguida desmiente.
Es el condolerse del campesino que tiene que emigrar al extranjero a mendigar el trabajo y el pan para los suyos, porque en su patria una demagogia y sectaria seudorreforma agraria le ha negado el acceso a la
propiedad de la tierra, convirtiéndolo en un paria, en un desheredado, en un siervo de políticos y caciques.
Es el rebelarse en contra de un sistema que expulsa al extranjero a más de un millón anual de mexicanos, a sufrir mil humillaciones y vejaciones, pero que al mismo tiempo permite: que la casta de seudorrevolucionarios construya ostentosas mansiones, compre costosos castillos en Europa e inunde de capital mexicano a los bancos extranjeros.
En el contexto de estas amargas consideraciones de la situación actual, pasaremos a comentar el aspecto económico del segundo informe del Presidente Miguel de la Madrid.
En lo general, observamos una ligera mejoría en el comportamiento económico de la presente administración en relación con el desbarajuste del anterior; pero tenemos que anotar que las medidas que se han implementado, aunque han bajado el índice de la inflación hasta un posible 48% anual durante este año, nos parecen todavía insuficientes para derrotar la crisis, puesto que si se siguiera manteniendo este índice, en diez años más el costo de las mercancías subirían de tal manera que lo que hoy vale mil pesos llegará a costar cincuenta mil; en otras palabras, nuestra economía se "argentinizaría" por ese camino.
En el capítulo de Recuperación Económica, reconocemos un repunte durante este año, en comparación con el deplorable retraso de un -4.7% durante 1983. Reiteramos que uno de los factores de endeudamiento nacional es el fracaso de la seudorreforma agraria, que hace al campo mexicano uno de los más improductivos del mundo y que causa gran desajuste en la economía, al crear la necesidad ineludible de importar anualmente millones de toneladas de insumos alimenticios, y que aumenta de tal manera nuestra dependencia económica del extranjero.
Consideremos que mientras no se resuelva la causa de la improducción, los resultados negativos seguirán siendo los mismos, y seguiremos cargando a nuestra economía con miles de millones de dólares anuales de productos agropecuarios que tendremos que adquirir de aquellos países donde la tierra realmente pertenece a los que la trabajan con libertad y con garantías.
En el aspecto industrial nos parece que hay manipuleo de datos, porque la comparación debió de hacerse en dos determinados periodos, iguales a los años señalados, y no comparando mayo de '84 con diciembre de '83, es decir, un mes buen productor con otro en el que baja la productividad por exceso de fiestas y vacaciones.
Usando este mismo criterio comparativo entre los años '83, y '82, nos resultaría una sobreproducción de 2.2% positiva en 1983 sobre la de 1982, lo cual no coincidiría con el decremento económico acusado en el informe durante el '83 de -4.7%.
En el capítulo de Saneamiento de las Finanzas Públicas es confortable que se reduzca el déficit presupuestario hasta un 60% del PIB, aunque consideramos que este porcentaje todavía es demasiado alto, lo que nos demuestra a las claras la persistencia de una economía enferma y postrada.
Pero es preocupante que se logre esto a base de aumentar el gasto corriente y disminuir el gasto de inversión, porque esto tendrá resultados negativos a futuro en la producción.
Es grave que el término del primer semestre de este año, el gasto de inversión apenas llegue al 10% del total presupuestado para el mismo periodo, lo que demuestra la imposibilidad del cumplimiento de lo prometido.
En cuanto al comportamiento financiero referente a lo presupuestado para algunas empresas paraestatales, se advierte al final del primer semestre, su claro incumplimiento, cuando menos en las empresas de mayor significación económica.
Veamos algunos ejemplos: Al Inmecafé, ese costoso elefante blanco, se le presupuestó para todo el año de '84 un déficit financiero de 3 mil 800 millones de pesos, y al final de mayo su déficit era de 8 mil 400 millones.
A la Conasupo, muestra palpable del fracaso del estado abarrotero, se le presupuestó un déficit de 6 mil millones de pesos, y al final de mayo del presente, ya su déficit era ya de 44 mil millones -733% más en medio año.
Al ISSSTE se le presupuestó un superhábit de 33 mil 100 millones, y a finales del semestre ya tenía un déficit, no superhábit, de 200 millones.
Pero la palma se la lleva el IMSS, el cual con su superhábit presupuestado de 34 millones, a mediados del ejercicio tenía ya un déficit de 15 mil 600 millones, ¿cuál superhábit?
El déficit total presupuestado para este año y aprobado por ustedes, compañeros del PRI-Gobierno, alcanza la suma de un billón 800 mil millones de pesos, que equivalen a nueve mil millones de dólares.
Este irresponsable endeudamiento nacional en un solo año, es el precio de la irresponsabilidad, del despilfarro y de la falta de patriotismo de los que han venido a este recinto en ésta y anteriores legislaturas, a aprobar y a aplaudir todo lo que venga del Ejecutivo Federal, renunciando, lamentablemente, a sus tareas de velar por el desempeño de los encargados de la administración de los dineros del pueblo.
En relación a la política de ingresos públicos, estamos de acuerdo, en el Partido Demócrata Mexicano, en que se evite la economía de ficción, y que cada bien o servicio proporcionado por el Estado se haga en su valor real. Pero diferimos de la opinión del Ejecutivo Federal cuando asevera que a fin de no deprimir el gasto, se ha obligado a elevar el precio y tarifas del Sector Público,
diferimos porque no se puede hablar de gastos deprimidos cuando se está ejerciendo un exagerado presupuesto de más de 11 billones de pesos.
Si en lugar de elevar los precios y tarifas de los bienes y servicios estatales se manejarán correcta y honestamente las paraestatales, las que hemos visto hasta la saciedad que operan con escandalosas pérdidas, otra sería la suerte de este pobre y saqueado país. Pero eso sería como pedirle peras al olmo.
Aprobamos la decisión del Ejecutivo en el cumplimiento de los compromisos crediticios internacionales; de lo contrario, a la fama actual que tenemos los mexicanos de desordenados y despilfarrados, se nos añadiría la de incumplidos e irresponsables .
Pero es necesario también recalcar los inconvenientes de seguir cargando sobre las escuálidas espaldas de la Nación, la elevación y aumento de la deuda pública, ya de por si bastante onerosa.
El servicio de la deuda externa, que ya asciende en este año a 4 billones 300 mil millones de pesos, equivale a una carga por habitante y por año de 60 mil pesos.
Una familia mexicana, la más humilde, de seis miembros en promedio, podría, si no tuviera esta carga, ahorrar 360 mil pesos anuales con lo que podría, en cinco años, construir su propia casa con valor de un millón 800 mil pesos, y de mejor calidad que las pichoneras de Infonavit.
En el funcionamiento del sistema financiero y crediticio nos preocupa el irregular mercado de divisas en el que campea el desorden y la ineficacia. Las transacciones en moneda extranjera se operan mediante tres tarifas de cambios diferentes, propiciando así el descontrol, el contrabando y el mercado negro de divisas en las zonas fronterizas.
Urge acabar con la ficción y entrar a la realidad cambiaria.
En lo que referente a nuestra vinculación con la economía internacional consideramos positivo el superhábit obtenido en la cuenta comercial de 14 mil millones de dólares, pero es preocupante que esto se haya logrado restringiendo las importaciones de insumos y refacciones necesarios a la planta productiva, lo que redundará a futuro en la disminución de la producción.
- Es alentador el aumento de las exportaciones no petroleras, pero todavía el 50% de los ingresos del Estado provienen del petróleo. Lo que denota la petrolización de la economía nacional.
Uno de los indicadores económicos es el porcentaje del servicio de la deuda externa en relación con el monto global anual de las exportaciones. Obtuvimos la suma de lo exportado hasta mayo de este año y lo erogado en el pago del servicio de la deuda en el primer trimestre. Extrapolando estos datos se obtiene un posible monto de exportaciones durante 1984, de 23 mil 800 millones de dólares y un pago total del servicio de la deuda por 9 mil 600 millones de dólares.
Esto nos daría un factor de 40%, lo que indica que cada peso que exportemos en mercadería al extranjero, dejaremos 40 centavos a los extranjeros.
Y esto se agravará a futuro debido a que la deuda externa se está negociando a mayores plazos, por lo que a futuro se tendrán que pagar el capital y los intereses nuevos.
En el capítulo del empleo desaprobamos el presupuesto de 150 mil millones de pesos que se está ejerciendo durante el presente año, dinero que casi siempre sirve para producir empleos, provisionales o para la construcción de inútiles obras al estilo egipcio y que en lo general no elevan a la larga el porcentaje ocupacional.
El dato donde aparece como indicador del aumento del empleo el porcentaje de asegurados en el IMSS nos parece incorrecto, porque hay inscripciones en el IMSS que no corresponden al aumento de empleos, como es el caso del aseguramiento en el agro, el autoaseguramiento patronal y el aseguramiento voluntario.
En el aspecto educativo, el informe nos revela un dato desalentador de 5.7 millones de analfabetas en el país. Esto manifiesta la inoperancia de un sistema educativo sectario, basado en el monopolio estatal y que trae como consecuencia la deficiencia cualitativa y cuantitativa de la educación en todos los niveles.
Nosotros hemos luchado desde el nacimiento de la Unión Nacional Sinarquista porque la problemática del campo se resuelva a favor del campesino en un marco de justicia, de libertad y de dignidad, haciendo al campesino propietario de la tierra, como premisas para el progreso y desarrollo rural.
Es antinatural que un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, 5 millones de hectáreas bajo riego y muchos millones de hectáreas de coníferas, sea millonario importador de alimentos y productos maderables. Este es el resultado de la demagógica política de control gubernamental centralista, autoritario y antidemocrático, que durante más de cincuenta años ha ejercido el sistema oligárquico que detenta el país.
A pesar de que el problema alimenticio es uno de los principales motivos de endeudamiento y de dependencia económica, sólo representa en el presupuesto actual un 2.7% de lo que se gastará este año, en el renglón agropecuario, en relación al gasto total del presupuesto.
En comunicaciones y transportes observamos un magro rendimiento gubernamental en el logro de la construcción de nuevas carreteras, que fue de sólo 691 kilómetros. Si a esto le aumentamos el pésimo estado de conservación de carreteras y vías férreas en todo el ámbito de la República, no podemos menos que lamentar el cuello de botella que significa las vías de comunicación añejas, obsoletas y mal conservadas, que desalientan, obstruyen y encarecen la producción nacional.
Los servicios de correos y telégrafos van a la par en incompetencia y tortuguismo, y el servicio telefónico se significa por su deshonestidad en los cobros a los usuarios también por su mal servicio.
Los energéticos constituyen para el país un agente significativo en la resolución de la problemática económica.
Pero esto no sucederá mientras en Pemex prevalezcan prácticas negativas de irregularidades que se observan todavía en esta administración, a pesar de las declaraciones de propósitos de enmienda de su nuevo director.
Siguen los otorgamientos de contratos por favoritismo sin previo concurso; la exagerada y creación de nueva y bien remunerada burocracia y el control sindical de PEMEX por la bien organizada y criminal mafia lideril.
Estos problemas se han soslayado en el informe presidencial en lo referente al nuevo Pemex que tanto se ha anunciado, y que tal parece que esta empresa, espina dorsal de nuestra economía, cambio de hombres pero no de sistemas.
Las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad son desastrosas, sus ingresos apenas cubren el 70% de los intereses de su deuda y sólo significan el 29% de sus egresos.
Observamos con beneplácito el desenvolvimiento que obtuvo la actividad minera en este año, con una balanza comercial favorable de 850 millones de dólares. Apoyamos los esfuerzos que se siguen haciendo en este renglón.
En el capítulo del turismo, consideramos que el repute de la economía norteamericana ha repercutido favorablemente en la afluencia turística hacia nuestro país; pero deploramos los efectos negativos de la inconstitucional nueva Ley de Turismo, la cual fue vigorosamente impugnada por nuestra fracción parlamentaria, y cuyas impugnaciones han servido de base para que los jueces de distrito concedan el amparo de la justicia federal a los afectados por esta ley que lamentablemente se aprobó, y que ha causado el desánimo y la inconformidad entre los prestadores de servicios de esta actividad.
Finalmente, queremos insistir ante esta soberanía que la política económica actual en lo general tiende, a la larga, a la creación del gigantismo gubernamental del estado hegeliano, donde fuera de él no existen libertades ni derechos. Es el nuevo moloc que devora la iniciativa, la dignidad y la responsabilidad del ciudadano en eras de una nueva clase formada por la alta burocracia oligarca, encastillada en el partido-gobierno lo mismo que sucede en todo sistema totalitario de ejercer el poder.
Esto nunca fue el proyecto de nación en el que soñaron Hidalgo, Allende, Morelos y todos los precursores de nuestra independencia nacional.
Compañeras y compañeros diputados, muchas gracias por su atención.
Por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
Diputado Ignacio Vital Jáuregui."
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado César Humberto González Magallón, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. César Humberto González Magallón: -Compañeras y compañeros diputados: Al inició de su gestión, el señor presidente de la República definió la estrategia económica del régimen en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Esta estrategia está dirigida a lograr la reordenación económica del país para enfrentar la dura crisis económica que golpea al pueblo trabajador y con ello impulsar una política de cambios estructurales que den como resultado una transformación de fondo en el aparato productivo y distributivo, y en los mecanismos de participación social del mismo.
Con la reordenación económica, el régimen del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado se ha planteado abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, asimismo la protección al empleo, a la planta productiva y al consumo básico.
Se plantea también recuperar la capacidad de crecimiento del país. La meta de esa estrategia es lograr una recuperación económica impulsando las áreas básicas de la producción. Sin embargo, todo ello ha estado supeditado a la correlación de fuerzas políticas donde ha tenido más peso la situación internacional.
Los socialistas no podemos analizar en la forma esquemática y simplista lo que en materia económica arroja el segundo informe de gobierno, ni tampoco hacer un balance numérico respecto a lo que el régimen se planteó realizar y lo que pudo lograr a estas fechas.
El análisis nos debe llevar a encontrar las contradicciones existentes que determinaron objetivamente los resultados y el sentido del segundo informe en materia económica. El panismo y el sinarquismo han dicho, y seguirán diciendo con lujo de detalles, lo que no se hizo. El partido en el poder seguirá exaltando los logros sin ser autocríticos consecuentes. Ambas cosas no contribuyen a clarificar al pueblo el momento político por el que atravesamos y que tiene que ver con la soberanía nacional y la defensa de la legalidad constitucional.
Podemos afirmar que la realidad objetiva fue superior a lo que se planteó en el segundo informe de gobierno, el pasado primero de septiembre. ¿En qué marco de la situación política nacional e internacional se da éste? Nuestra Nación y nuestro pueblo padecen las agresiones del enemigo principal. El imperialismo norteamericano y su aliada interna, la gran burguesía mexicana, la presión y el chantaje imperialista contra nosotros se hizo más evidente a raíz de la postura del régimen y el pueblo, para con la revolución
cubana, la revolución sandinista, el proceso revolucionario salvadoreño y la condena a la invasión a Granada por los marines yanquis.
El pueblo de México, ajeno a una ideología que le niega su futuro, ha tenido que soportar, víctima de la política imperialista, una increíble deuda externa cercana a los 100 mil millones de dólares, producto de endeudamiento público y privado. Deuda externa que tenemos que retroalimentar con intereses más alla de los ingresos provenientes de la exportación del petróleo. Esto, querámoslo o no, hipoteca el futuro del país a la banca imperialista. La gran burguesía mexicana aliada, incondicional de los designios imperialistas, saqueó impunemente al país llevándose a los bancos extranjeros, principalmente bancos norteamericanos, 50 mil millones de dólares, saboteando con ello el programa gubernamental de modernización de la planta industrial del país. Los grupos privados económicamente poderosos, envalentonados por el respaldo del gobierno de Reagan continúan, prosiguen chantajeando al régimen, realizando una ofensiva de confusión ideológica a través de los medios de comunicación y los púlpitos.
Continúan realizando fugas de divisas hacia los Estados Unidos con el único objetivo de descapitalizar el país, estrangularlo y recuperar sus privilegios mal habidos afectados por la nacionalización de la banca.
El capital monopolista norteamericano y los grupos privados internos, han venido observando paso a paso las acciones y los pronunciamientos del Gobierno de la República, saben que debilitando la institución presidencial, nuestra capacidad de resistencia antiimperialista disminuye. Ante la necesidad del país de financiar su desarrollo independiente, el gran capital pretende doblegar la voluntad del Presidente para que ceda en condiciones de trato, que son deleznables a nuestro decoro como pueblo.
Es evidente que el Presidente está consciente del costo social de la crisis, y que por ello está una dura batalla por ganar tiempo político con la renegociación de la deuda externa.
Hemos conocido los lineamientos generales en que se sustenta la actual política económica del régimen; sin embargo, el rasgo principal, característico del informe, fue el de la cautela y dejar de tocar aspectos tan importantes que determinan, después de eslabonarse, una ofensiva peligrosa de los enemigos del pueblo que están cometiendo contra nuestro país.
Cierto es que en los actuales momentos la lucha contra la inflación y la contracción del mercado interno, es uno de los aspectos más importantes a combatir. Sabemos que a pesar de ser un fenómeno del sistema capitalista, la inflación se acelera y es producto principalmente de la especulación y las ambiciones desmedidas de los grandes empresarios y la oligarquía mexicana, quienes mantienen y producen aceleradamente en estos tiempos sus enormes ganancias a costa del hambre y los sacrificios de las masas. Como no se va a contraer el mercado interno cuando en las familias de los trabajadores y el pueblo cada vez más se eliminan por los altos precios, la falta de un estricto control de precios, artículos de primera necesidad, básicos para el pueblo.
Es aquí donde se requiere el impulso y el respaldo de las masas trabajadoras para poder llevar a la práctica , por medio de la vigilancia popular, el poner orden y control a los precios y frenar a los especuladores.
Amplias capas del pueblo de México han entrado a una fase de miseria tal que pone en serio riesgo su estabilidad social. El Gobierno por sí solo, no es capaz de controlar la inflación y ampliar el mercado interno; requiere de decisiones políticas de fondo que impulsen el que la base de sustentación del gobierno sea el pueblo.
México come parte de la comunidad internacional, es parte también de esas crisis internacional. Ver reflejada en su economía los embates de las alzas en las tasas de interés y que ha permitido generar una peligrosa dependencia que pone en entredicho la soberanía nacional; el endeudamiento externo, el problema de financiamiento y las medidas proteccionistas del gobierno norteamericano afectan cada vez más nuestra estabilidad y la limitan en cuanto a la entrada de divisas, vía exportaciones.
El informe demuestra que el Presidente es un hombre bien informado, que tiene en sus manos los hilos del Gobierno, y que por ello está consciente de que la actitud del movimiento obrero, de los trabajadores y el pueblo en general han sido factor principal de la débil recuperación económica del país.
Porque ha sido el pueblo de México el que ha cargado con el principal peso y costo de la crisis, lo que demuestra la madurez de nuestro pueblo al comprender las presiones internas y externas a que ha estado sometido el país. Sabe el Presidente que se está generando en el pueblo una actitud diferente que sabe que la recuperación de esta gran burguesía, no es la recuperación del país.
Los esfuerzos del pueblo y de patriotismo requieren ser estimulados, no sólo con reconocimientos y pronunciamientos, sino tomando decisiones políticas de fondo, que tienen que ver con las modificaciones estructurales que originaron la crisis.
Lo que en estos momentos debe expresarse en los recursos de la banca nacionalizada, es el impulso, desarrollo y fortalecimiento del sector social de la economía. Porque es la alianza entre Sector Social y Sector Público lo que posibilita un desarrollo económico independiente y genera las condiciones para sujetar a la propiedad privada a los intereses de la Nación, además de darle base social y popular al Presidente y revincularlo con el movimiento obrero y popular.
Nuestro partido no puede dejar de alertar a la opinión pública que en las últimas semanas a la hora de la presentación de los planes sectoriales se ubica en un papel preponderante e imprescindible a los empresarios privados al volver a considerarlos como base fundamental del desarrollo, es olvidar la traición a la alianza y a la tregua propuesta por el grupo gobernante anterior.
Para nosotros está claro que el apoyo de los empresarios al programa económico de Miguel de la Madrid, consiste en su redefinición, permanentemente está siendo sujeto a la crítica de la realidad empresarial. Esto significa que el progreso económico del Presidente está siendo negociado paso a paso por la iniciativa privada.
Nuestro partido considera que a pesar de que quedó plasmado en la Constitución el principio de la propiedad social, está, no ha rebasado al ámbito declarativo y prácticamente está olvidada. La organización política del pueblo, es decir, gobierno popular y propiedad social, es la solución estructural que le garantiza el futuro a nuestro país. La propiedad social es la respuesta de choque a las pretensiones de la gran propiedad privada que vive de la especulación y del saqueo. El Gobierno debe entender que en la aplicación práctica de su política juega un papel fundamental la opinión y la movilización de las masas trabajadoras. Por lo tanto, en este próximo periodo debe ser caracterizado por la desinhibición en que pretenden encerrar al pueblo. Sólo con el proyecto económico de los trabajadores, la sociedad en su conjunto estará respondiendo a las exigencias del momento y del futuro.
El pueblo ha demostrado ser el garante de la defensa de la soberanía nacional y la legalidad constitucional, tanto en tiempos de auge como en tiempos de crisis. Sabemos que está irrumpiendo un pueblo más consciente, más combativo, que ya no está dispuesto a seguir rindiéndole culto a la filosofía, del despojo.
Para gobernar y vencer la crisis, gobierno popular y propiedad social. Gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista... Un segundo, por favor.
El C. Rodolfo Peña Farber: -Pido la palabra para moción de orden. Es que quiero que se verifique el quórum. Pido al Presidente que se ordene la verificación de quórum, basado en el artículo 112.
El C. Presidente: -Solamente para mayor claridad, señor Secretario, tenga la bondad de leer el artículo 112.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
-"Artículo 112. La falta de quórum se establece cuando es verdaderamente notoria, por una simple declaración del Presidente de la Cámara y, cuando es dudosa, por la lista que pasará la Secretaría por acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea."
El C. Presidente: -Como usted ve, señor diputado, dice: "Por una simple declaración cuando es notoria y cuando es dudosa por la lista que pasará la Secretaría".
La Presidencia considera en este momento que no hay quórum dudoso, sino que está totalmente integrado.
Adelante, señor diputado Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: El informe del Presidente Miguel de la Madrid no plantea ningún cambio en la política económica aplicada desde diciembre de 1982, ni contiene ningún avance importante en el terreno de la superación de la crisis. Se trata de un documento fundamentalmente administrativo y técnico, que no propone salida o soluciones por las que han pugnado las fuerzas revolucionarias y progresistas.
El informe señala que la política económica se propone la reordenación de la economía para superar la crisis y una política de cambios estructurales para propiciar transformaciones de fondo en el aparato productivo y distributivo. En el primer caso sí se han tomado algunas medidas importantes, pero en el segundo, en realidad, no existe ninguna modificación de contenido por lo que persisten, ahora agudizados y agravados, los desequilibrios propios de la economía nacional.
La política económica de que da cuenta el informe puede superar, de una manera transitoria y parcial, la crisis actual, pero de ninguna manera está repercutiendo en las causas profundas que la generaron ni tampoco en las bases deformadas en que se sustenta, en gran medida, la economía nacional, fuertemente dependiente del mercado exterior norteamericano y de los poderosos grupos oligopólicos nacionales que ejercen un gran dominio en la industria, el comercio y los servicios.
Aunque el informe señala que se observa una disminución en el ritmo de elevación de los precios, en comparación a los incrementos anuales de 1982 y de 1983, lo cierto es que este fenómeno está lejos de registrarse en la economía real. En efecto, desde hace tiempo existe un grave deterioro en el nivel de vida, no sólo de la clase obrera, de los campesinos, sino también de la clase media urbana, este deterioro no se ha detenido, sino por el contrario, ha aumentado cada año.
Otro fenómeno, que por cierto reconoce el informe Presidencial, es el del abatimiento de los consumos mínimos, de los satisfactores vitales para la absoluta mayoría de la población. La Secretaría de Comercio autoriza con absoluta irresponsabilidad todos los aumentos de precios que los industriales y comerciantes le solicitan, y en cambio, se mantienen los salarios muy por debajo de los incrementos nominales de precios. Muchos
productos alimenticios indispensables para el desarrollo humano han salido de la dieta de los mexicanos.
Según reveló un estudio del Instituto Nacional del Consumidor, el precio de la carne se ha incrementado en mil 500%, lo que implica que el consumo mínimo per cápita sea de 0.011 gramos al día, lo que nos equipara con la India, Irán, Kenia y Etiopía. El precio de la leche ha subido en un 70%, éste se eleva cada seis meses, pero apenas alcanza a cubrir el 20% de la población nacional que percibe ingresos medidos y bajos. El precio del huevo ha subido en un 150%, alimento este que viene a sustituir a la carne y a la leche, en los hogares de millones de familias de la clase obrera.
En estas condiciones, tenemos que los alquileres de las viviendas se han elevado en un 100% y que se tiene que destinar más del 60% del salario para pagar este servicio. Los costos de los materiales para la educación han subido en un 80%, siendo está una da las causas básicas de la deserción escolar, ya que de 100 niños que ingresan a primaria, a primer grado, apenas la concluyen 40, y de éstos, sólo cinco acuden a la educación superior.
Nosotros consideramos que estos problemas que afectan a las grandes masas del pueblo, no serán resueltos con la política que aplica la administración que preside Miguel de la Madrid Hurtado.
El informe contiene algunas cifras que indican una eventual recuperación en la actividad económica general. Si comparamos la situación actual con la prevaleciente a finales de 1982, en que todos los indicadores económicos estaban en descanso, sí se observa un ligero repunte, pero aún estamos lejos del desarrollo económico con independencia y con justicia. Por lo contrario, la distribución de la riqueza se han tornado más injusta con motivo de los grandes estímulos, exenciones y apoyos que se han otorgado a los distintos grupos de la burguesía industrial y comercial, y a causa de la drástica disminución de los salarios.
La moderación salarial de que habla el informe, no ha sido voluntariamente aceptada por la clase obrera y los campesinos, sino ha sido impuesta por las maquinaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, siguiendo en esto fielmente las concepciones que en esta materia tiene el FMI.
El Presidente informa que el déficit financiero del Sector Público se hará descender en este año hasta el 6%. Se trata, desde nuestro punto de vista, de una reducción que por su magnitud en un periodo de tiempo tan corto, tendrá gravísimas repercusiones en la economía nacional al sacrificar el gasto público como palanca fundamental del desarrollo económico; en su lugar se está alentando a la inversión privada olvidando que, desde el punto de vista histórico, está siempre ha desempeñado un papel secundario en la inversión bruta total.
El Gobierno, al reducir en forma brutal e innecesaria el déficit de las finanzas públicas en los márgenes oficiales, se ha ganado el aplauso internacional de los organismos financieros, de los monetaristas de toda laya; de la gran burguesía, pero en cambio ha contribuido a estancar y a frenar la economía nacional; ha deteriorar los salarios y a debilitar al sector estatal.
En la práctica, la Secretaría de Hacienda no solamente se ha hecho cargo de la deuda de las empresas privadas, sino también, de todas sus pérdidas cambiarías. Los que generaron en gran medida la crisis de 1983, están ahora amparados por las finanzas del Estado. Mientras tanto, éste se ha visto autoobligado a gastar e invertir en lo mínimamente indispensable para mantener la operación de los servicios públicos esenciales y para impulsar el empleo en algunas regiones de nuestro país.
El informe señala que casi ha terminado el proceso de indemnización a los banqueros así como la venta de las empresas no bancarias, "tal como se previó
-dice el Presidente-, en el momento de la expropiación al considerar que esas empresas no eran indispensables para la prestación del servicio de la banca y el crédito".
El PPS discrepa de esta interpretación que hace el Ejecutivo Federal. Al otorgar la indemnización a los banqueros el Gobierno de la República ignoró deliberadamente que aquéllos eran usufructuarios de una concesión cuyos términos habían violado, en forma sistemática; olvidó que los cuantiosos recursos que manejaron no eran de su propiedad, sino de los ahorradores, y que el decreto del 1o. de septiembre de 1982, señalaba un plazo hasta de diez años para realizar esos pagos.
Consideramos que fue un grave error conjuntar el proceso de indemnización con la venta de acciones de las empresas no bancarias, e igualmente pagarles las acciones a los precios del mercado corriente. Al recibir su indemnización muchos banqueros volvieron a retomar las empresas industriales y comerciales, que les había expropiado el histórico decreto de José López Portillo. Y los socios de las sociedades nacionales de crédito, ahora ocupan un lugar destacado en los consejos de administración de la banca para, desde ahí, poder influir en la orientación del crédito.
Mi partido está en contra de la devolución de las compañías de seguros, de fianzas, de arrendadoras a los particulares, con lo que se abre la posibilidad real de hacer crecer una banca paralela a la banca nacionalizada, ya que como sabemos, esas instituciones financieras también captan recursos del público, realizan inversiones con esos capitales exactamente como la hacía la banca privada.
El informe también da cuenta de los múltiples programas de desarrollo que ha elaborado y puesto en práctica el Gobierno
Federal, destacándose el relativo al Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior.
Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto del año en curso y tiene un contenido abiertamente contrario a los principios económicos que se encuentran en la Constitución y que aprobamos durante el primer periodo ordinario de sesiones.
En este programa tan importante, el Estado abdica de su responsabilidad de ser el rector de la economía nacional y se convierte en todos y cada uno de los capítulos en un simple factor complementario, subsidiario o, cuando mucho, coordinador en los procesos industriales.
El Estado se autolimita en su intervención en el desarrollo industrial, incluso en áreas expresamente reservadas para él en la Carta Federal, se compromete a otorgar toda clase de apoyos financieros, crediticios y de toda índole a las empresas privadas nacionales y extranjeras, dejando en completa libertad a éstas para cumplir o no cumplir con las finalidades de los programas.
Se otorgan facilidades excesivas a la intervención extranjera directa para que puedan aportar a México tecnología avanzada, olvidando que nunca en la historia de México lo han hecho.
A la manera de la más depurada ortodoxa doctrina liberal de las escuelas norteamericanas, los autores de este plan se obligan a localizar los polos de desarrollo industrial, dotar de agua, energéticos, transportes baratos a las empresas privadas, tratando de que inviertan en actividades industriales de la mayor relevancia, quedándose el Estado, en la práctica, sólo con el petróleo y la petroquímica básica.
El Partido Popular Socialista se ha preguntado en estos días, ¿cómo se redactó este programa y quién intervino en su formulación? Fundamentalmente la iniciativa privada y sus representantes directos en el Gobierno Federal, como el secretario Héctor Hernández Cervantes y el subsecretario René Villarreal Arambide. El plan fue puesto en marcha, como era obvio, como era de esperarse, en la ciudad de Monterrey el pasado 22 de agosto. En esa reunión a la que asistieron estos funcionarios de la iniciativa privada, el Presidente de la Concamín, Eugenio Clarión Reyes, dijo que se había devuelto la confianza en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo industrial, en la venta de las empresas paraestatales y en la disminución del burocratismo.
Más adelante dijo que uno de los objetivos del programa era el de lograr el desarrollo industrial basado en el liderazgo del empresariado nacional, es decir, empleando exactamente los mismos términos del citado programa, y que la industria paraestatal debe actuar como verdadero catalizador de la inversión privada, repitiendo aquí los conceptos del plan.
Después hizo uso de la palabra Humberto García, Presidente de la Canacintra, quien de una manera abierta agradeció a Héctor Hernández la participación conceptual intensa que tuvo el Sector Privado en la etapa previa a la formulación del plan. Pero todavía en el informe que analizamos se señala que la planeación es obligatoria para el Estado e inductiva para los particulares. Sin embargo, lo que nos parece aberrante y contrario a la Carta Magna es que el Estado asigne recursos de todo tipo a las empresas industriales, y después no exista como contrapartida ninguna garantía de que éstas cumplirán con los compromisos asignados.
Nosotros consideramos que lo contenido en este programa es la concesión más antinacional y antipopular que el presente Gobierno ha hecho a las mismas fuerzas que generaron la crisis en 1982. Consideramos, por lo tanto, que Héctor Hernández y el subsecretario Villareal, que al parecer tienen dotes de grandes empresarios, abandonen sus cargos y de una manera plena se dediquen a los negocios, en donde demuestran actitudes profesionales importantes. Porque no es posible que hombres de la empresa privada directa, como estos funcionarios, que han violado la Constitución en los preceptos del artículo 25, 26, 27 y 28, sigan ocupando cargos en el Gobierno Federal. Por lo que nosotros demandamos su expulsión del gabinete presidencial. (Aplausos.)
Desde nuestro punto de vista, la tesis de la rectoría del Estado en la economía ya está incorporada en la Constitución y fue producto de una larga y cruenta lucha de la clase obrera y del movimiento campesino. Por lo que nos parece absurdo que un funcionario de alto nivel tenga el derecho para hacer formulaciones e interpretaciones arbitrarias subjetivas sobre lo que contiene la Carta Magna.
Desde nuestro punto de vista, no es con esta política ni es con estos funcionarios, que ocupan cargos fundamentales en el gabinete económico, que se podrá superar la crisis, tampoco podrá haber los cambios estructurales de que habla el informe presidencial. Por eso nosotros demandamos su expulsión del gabinete presidencial. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra la ciudadana diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Dulce Ma. Sauri Riancho: -Ciudadano Presidente; compañeros diputados: El segundo informe de gobierno del C. Presidente de la República presenta la relación de avances del proyecto propuesto a la Nación el primero de diciembre de 1982.
Si bien el documento leído en esta alta tribuna de la Nación, está dividido en cuatro capítulos: política interior, económica, social y exterior, además del mensaje político, los cuatro grandes temas están estrechamente
relacionados y, específicamente el Capítulo Económico, objetó el día de hoy de análisis por parte de esta Cámara, está expresado tanto en la política como en el desarrollo social. El propio informe de gobierno así lo reconoce: "Los problemas de la política se convierten en problemas de la sociedad y la política". Por problemas en la economía, naciones han visto perdida su soberanía e integridad nacional y se han sumido en el caos.
Por ello, los aspectos económicos del desarrollo adquieren en estas circunstancias una fundamental jerarquía: si logramos controlar y conducir el desarrollo de la economía con apego estricto a los propósitos del proyecto política de la nación mexicana, reafirmaremos nuestra existencia como nación independiente; la identidad nacional como factor de cohesión interna y se demuestra la viabilidad de México como nación soberana.
Aquí se ha dicho: "soluciones políticas a problemas políticos; soluciones económicas a problemas económicos, esto es lo ético", así lo escuchamos hace algunos momentos. ¿Pero crítica política a aspectos económicos son igualmente éticos? La argumentación del Partido Acción Nacional sobre el capítulo económico del informe es enteramente política en su forma, en su fondo y en sus móviles. Pero no es ética y menos aún económica, ni realista.
A estos compañeros diputados les molesta que el informe de gobierno tenga una amplia difusión. Será que un informe realista, claro, sin tono triunfalista que establece una verdadera comunicación con el pueblo, no favorece a este partido. Los partidos pueden estar a favor o en contra de las políticas gubernamentales, así lo hemos escuchado la mañana de hoy. Pero en contra de la difusión del informe que el gobierno rinde a su pueblo, no, compañeros, los intereses de un partido no deben ponerse por encima de los intereses de la Nación y menos de una nación que busca la democracia y que permite y desea una sociedad plural. Las cosas deben analizarse lógicamente, con sentido común. El PAN pretende oscurecer la cuestión de sus propias fuentes de ingreso acusando al Partido Revolucionario Institucional, de institución gubernamental subsidiada. Pero nosotros contamos con el apoyo de una multitud de agrupaciones sociales con recursos propios y en ocasiones importantes, y la enorme mayoría de los mexicanos.
Este no es el caso del Partido Acción Nacional, que pese a todo, sigue siendo minoritario y no cuenta con organizaciones, sociales afiliadas que le apoyen, al menos abiertamente y a la vista de todos. ¿De dónde financió entonces sus recientes campañas con despliegues de recursos, prosperidad y elementos de apoyo? eso sí que es difícil de explicar y justificar.
Volviendo al informe. El informe presidencial es momento fundamental para la reflexión y el balance de los logros y del camino andado. Ha sido intenso el esfuerzo que ha realizado para crear y acrecentar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad, especialmente en materia de información económica que permita obtener los elementos indispensables para comprender la situación por la que atravesamos, reconocer las desviaciones e identificar los avances. De particular relevancia, ha sido el establecimiento de nuevos canales para el suministro de información entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el seno de esta Cámara y por mandato expreso en el decreto de Presupuesto y la Ley de Ingresos, se reciben informes trimestrales por parte del Ejecutivo de la Unión, sobre la situación de la economía y las finanzas públicas, por lo que esta honorable Cámara obtiene avances en la ejecución del gasto, del ingreso, del déficit presupuestal y de los aspectos más relevantes de los programas sectoriales e institucionales, en forma oportuna, sin tener que esperar, como antaño, al anuncio del informe anual o a la cuenta de la hacienda pública federal.
El contrato e intercambio constante entre servidores públicos y el Poder Ejecutivo y los legisladores, promueve también el conocimiento oportuno de la situación económica, tanto en sus aspectos globales como en los aspectos sectoriales. Nunca como ahora ha sido tan intensa la relación entre ambos poderes en un marco de dignidad e interés institucional.
Como resultado de los avances del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y de acuerdo a la ley aprobada por esta soberanía, se dieron a conocer 13 programas sectoriales 1984-1988.
Estos programas constituyen compromisos completos, explícitos en sus objetivos y metas, resultados de una consulta dedicada e intensa entre los grupos sociales involucrados y que, por lo tanto, serán elementos fundamentales para analizar informes posteriores.
El ciudadano Presidente de la República entregó también un complemento a su informe de gobierno, donde amplía y especifica los puntos abordados en éste. Asimismo, los 13 anexos sectoriales.
Con esta exposición quiero reconocer que hay un espíritu de apertura de los canales de comunicación y respeto, no sólo entre el Ejecutivo y Legislativo, sino también entre el Gobierno y la sociedad. Si el programa de Gobierno emana de la consulta popular, sancionada por el voto, es el Gobierno el que debe hacer y está haciendo gran esfuerzo para informar a los ciudadanos de los avances y resultados.
Para afrontar la crisis, tenemos que estar bien informados; no desconocer la magnitud de los problemas, pero tampoco exagerar las situaciones a partir de circunstancias y casos específicos. Sólo la verdad expresada en forma clara, sin cortapisas ni estridencias, con sensatez, con la conciencia plena de la capacidad del pueblo mexicano para entender y comprometerse solidariamente ha permitido avanzar en la dura tarea de reordenación y
de cambio, con el apoyo popular, a pesar de las consecuencias que la crisis ha tenido sobre los grandes grupos sociales.
El primero de diciembre de 1982, se presentó un proyecto de rescate de la economía mexicana para iniciar un proceso nacional de renovación. Con la ideología de la Revolución Mexicana; con un modelo de desarrollo concebido por mexicanos; sin complejos ni miedos, a pesar de la magnitud de la crisis, con confianza y certeza del apoyo popular.
Han sido 20 meses de ajuste y corrección del rumbo. Salvar la crisis, con un programa impuesto sólo por la realidad de México, no por otras instancias. Con la preservación de los valores fundamentales y la conducción de las tesis de campaña, ahora compromisos de gobierno.
El programa ha funcionado porque la inflación, enemigo principal del bienestar de la sociedad, está siendo controlada; porque se está venciendo la inestabilidad cambiaria; porque el saneamiento de las finanzas públicas, pieza central en el programa de reordenación, se está logrando; porque se ha reorientado el gasto público, a pesar de las limitaciones impuestas por la situación; porque se ha recuperado el control sobre la deuda externa.
¿Cuál es el sentido profundo del sacrificio de tantos mexicanos? ¿Qué nos sostiene en estas horas difíciles cuando, reconociendo los avances, sabemos que aún nos queda un largo trecho para recorrer? ¿Qué anima a este pueblo perseverante y disciplinado a avanzar fortaleciendo a las instituciones democráticas y comprometiéndose a impulsar el cambio?
El reconocimiento de que es ésta nuestra patria; que el trabajo callado de muchas generaciones la ha hecho grande; que los problemas se superan, porque así nos lo ha enseñado la historia y que tenemos, en nosotros mismos, capacidad de promover los cambios por la vía del nacionalismo revolucionario. Ni quiebra moral, ni quiebra económica. Reafirmamos los principios de desarrollo económico con rectoría del Estado.
Frente a voces interesadas en calificar de "estatizante" y de "instrumento de sujeción y pérdida de libertades" para los particulares, la intervención del Estado, así como en señalar continuamente claudicaciones y violaciones a este principio fundamental de nuestro proyecto político, sostenemos que nuestro régimen de economía mixta, el Estado es rector y promotor del desarrollo, entendiendo como crecimiento que se transforma en desarrollo social y político; por lo tanto, los intereses particulares o de grupo están supeditados al interés supremo de la Nación, es decir, a los objetivos de nuestro proyecto nacional y a los valores políticos que lo nutren y a la suprema voluntad de mantenernos como un pueblo independiente y democrático.
El Estado planifica democráticamente, no para restringir las libertades sino para protegerlas y ampliarlas, cuidando que éstas no limiten o frenen los empeños de independencia y justicia social.
La simple iniciativa de los particulares deja una serie de vacíos, compañeros del PDM, que comprometen el equilibrio de la estructura productiva.
La Constitución ordena las atribuciones del Estado en materia de planeación, conducción, orientación y conducción de la economía nacional, así como aquellas de regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general.
Frente al dilema entre el liberalismo individualista de mercado y la plena estatización de la economía, la Constitución de 1917 propone un sistema al cual concurren los sectores Público, Social y Privado a partir de la visión del desarrollo nacional determinada por el poder político, único representante legítimo de la voluntad popular.
No se ha renunciado, compañeros del Partido Popular Socialista, a la rectoría del Estado. Por el contrario, la clarificación de la esfera de responsabilidad lo afirman. Al Sector Público corresponde fijar las orientaciones y las políticas globales para desarrollar las áreas estratégicas que son de su exclusiva competencia por mandato constitucional, así como establecer las bases para impulsar por sí o con otros sectores, aquellas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.
El sistema de economía mixta reconoce la función social del Sector Privado, así como la conveniencia de alentar su desenvolvimiento para contribuir al desarrollo nacional en el marco de la Constitución.
Señaló el Presidente de México, compañeros del Partido Socialista Unificado de México: "Reitero que la tesis de que la fortaleza del Estado no se mide por el número de empresas que posea. La industria paraestatal se concentrará en las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo de manera que se maximicen sus aportes a los objetivos nacionales; con elevado sentido de responsabilidad social, cuidando el bienestar de los trabajadores, el interés del consumidor y los requerimientos de las empresas que demandan sus bienes".
"Cuando se venda alguna empresa, señaló el Presidente de la República, no se comprometerá la rectoría económica del Estado ni se pondrá en entredicho su capacidad para decidir el rumbo de nuestra economía; al contrario, estas ventas aseguran que los recursos disponibles sean aplicados en forma racional en las empresas indicadas en ramas estratégicas".
En el informe se reconoce que a más de año y medio de firme aplicación de la estrategia de reordenación económica, ya hay logros visibles; ciertamente, el éxito no es el mismo en todos los órdenes de la vida económica. Estos conscientes de que el proceso de reordenación tiene etapas, por lo que el cumplimiento de algunas metas está supeditado a que previamente se alcancen otras. Para recuperar la capacidad de crecimiento y sentar
las bases de cambio estructural, ha sido imperioso crear primero las condiciones necesarias. La recuperación no podía cimentarse en medio de una inflación galopante, de la escasa o nula generación del ahorro interno, de la carencia casi absoluta de divisas, de un desequilibrio fiscal inmanejable y del descontrol cambiario.
Así pues, la mayor parte de los esfuerzos realizados se han dirigido a vencer la crisis y remover los obstáculos al crecimiento para que, tras reanudar éste, puedan realizarse los cambios que demanda la sociedad.
Se ha buscado repartir en forma proporcional las cargas fiscales. En ese sentido, el informe da cuenta del ajuste del Impuesto sobre la Renta a los asalariados para proteger el ingreso real de los trabajadores. Se han, también, instrumentado mecanismos para reducir la evasión, y se avanzó en la globalización de los ingresos de las personas físicas.
En relación a la política de precios y tarifas se ha buscado reducir los rezagos acumulados; lograr la rehabilitación financiera integral de la empresa pública y reducir la necesidad de otorgar subsidios a actividades no prioritarias, liberando recursos que pueden ser asignados a otras actividades.
Entre los logros sobresalientes que debemos señalar sin triunfalismos, pero con entusiasmo, pueden mencionarse los siguientes: se desaceleró el ritmo de la inflación a partir del segundo semestre de 1983, llegando a julio de este año a un crecimiento anual de casi la mitad del observado a finales de 1982; se recobró la soberanía del mercado cambiario y tiende a normalizarse el flujo de divisas con el exterior; se detuvo la tasa de desempleo abierto a niveles similares de los observados a finales de 1982; se evitó la paralización del aparato productivo y el cierre generalizado de las empresas; se mantuvo la oferta indispensable de bienes y servicios de consumo generalizado especialmente los que componen la canasta básica; se inició el saneamiento de las finanzas públicas; se logró importante superávit en la Balanza de Pagos; se restauró el proceso de formación del ahorro interno; se han ido creando las condiciones para recuperar el nivel de importaciones que requiere el proceso de desarrollo; se han empezado a incrementar con gran dinamismo las exportaciones no petroleras; se reestructuró parcialmente la deuda externa pública y privada, lo que permitió ganar tiempo y remover el obstáculo de un agobiante servicio por amortizaciones e intereses las gestiones para una renegociación completa y a más largo plazo están a punto de culminar.
En relación a la deuda externa es conveniente puntualizar que de la primera operación de reestructuración firmada en diciembre de 1982 con vencimientos de 23 mil millones de dólares, que fue reestructurada a un plazo de ocho años y a los casi 43 mil millones de dólares negociados en 1983, se pasó a la necesidad de regularizar el perfil del calendario de amortizaciones; los pagos para 1987 y 1988 resultaban muy elevados, superiores en cada año a los 25 mil millones de dólares. El principal objetivo de la segunda reestructuración es obtener un perfil regular del calendario de amortizaciones a lo largo de un periodo más prolongado.
No se trara de hipotecar a las generaciones futuras sino de permitir a la generación que tiene actualmente la responsabilidad de impulsar el desarrollo de México, que disponga de los recursos necesarios para estimularlo. Permitirá al país librar recursos que hubiese tenido que destinar al pago de la deuda para canalizarlos a financiar la recuperación de la economía.
La renegociación no significa ninguna sujeción externa de la política económica de México. La información que se suministrará será la misma que se suministra de acuerdo a los convenios con el Fondo Monetario Internacional y a los que están obligados todos sus miembros.
La estrategia de reordenación económica ha permitido someter la crisis a control y avanzar en la reconstrucción de los equilibrios indispensables para el funcionamiento normal de la economía nacional. No es posible soslayar que la crisis ha deteriorado el nivel de vida de la población y propiciado una mayor concentración del ingreso y de la riqueza; pero tampoco se puede ignorar que el que la política adoptada, ha evitado el agravamiento de esas manifestaciones al haber distribuido, con la mayor equidad posible, los costos sociales del proceso de reordenación económica.
Así, frente a una crisis de magnitud y severidad sin precedente, México ha encontrado una vía propicia para hacerle frente, manteniendo la capacidad productiva del país y preservando las instituciones y la paz social en un marco de respeto y de justicia. Estamos conscientes de que sin acciones disciplinadas y coherentes, los logros obtenidos no hubieran sido posibles, y que de no haber existido la decisión de perseverar en el esfuerzo, éstos serían efímeros.
El ajuste propuesto en el Programa de Reordenación Económica no ha sido un ajuste ortodoxo, ni en el combate a la inflación ni en los costos sociales que de él se desprenden. Para presentar un combate a la inflación con contenido social, se le dio protección y aliento a la planta productiva, lo que ha permitido que a pesar del ajuste severo de 1983, en varias ramas se haya registrado, en 1984, una recuperación.
El gasto público se está reorientando hacia adentro; el anuncio de la asignación de la reserva para la recuperación de la actividad económica, hasta por el monto consignado en el artículo 6o. del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, prevé un mayor apoyo a la actividad económica y a la producción.
El avance obtenido en las exportaciones no petroleras, aprovechando los factores favorables
del tipo de cambio, también han permitido estimular la actividad económica, así como la baja en las tasas de interés que alienta la inversión al enfrentar un costo mucho menor.
Por el lado de la demanda, en la medida en que hemos avanzado para lograr un financiamiento sano, la inversión pública crecerá en términos reales.
En un programa de austeridad, con una crisis tan severa como la que vivimos, lo que se ha observado en otros países no es sólo la intención de controlar la crisis sino un aumento casi automático del desempleo y pérdida de fuentes de ingresos. En México, a diferencia de los programas ortodoxos de estabilización, se ha logrado que la tasa de desempleo permanecería constante a pesar del descenso de la producción en 1983.
El empleo se ha conservado gracias a la solidaridad de los trabajadores, que a través de la moderación salarial, como el propio informe la señala, han impedido la elevación de los niveles de desempleo abierto, aun cuando haya habido pérdida del poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
No obstante, el informe da cuenta del resultado de acciones que demuestran una recuperación en 17 entidades del país.
Los Programas Regionales de Empleo son también formas no ortodoxas ni de manual para enfrentar las secuelas de la crisis. Aunque un empleo de carácter transitorio no puede sustituir a un empleo de carácter permanente, esta estrategia permite esperar a los tiempos de recuperación económica, cuyos primeros signos ya se presentan, aunque sean aun en los aspectos generales de la economía.
En relación al gasto público, aunque en términos reales ha disminuido su distribución de acuerdo a las prioridades sociales, ha permitido mantener y desarrollar los servicios de educación, salud, seguridad social, abasto, fomento al empleo y desarrollo regional y rural. Este es el sentido de mantener los niveles de gasto público, pretender abatir el gasto sería también abatir los recursos destinados al desarrollo social de nuestro país.
Es necesario destacar el mantenimiento de una estricta disciplina en el gasto que ha permitido mantener las adecuaciones presupuestales dentro de los límites autorizados por esta Cámara. También el informe señala que a la moderación de su ritmo de crecimiento se asocia el reordenamiento de su estructura, así como la persistencia de los esfuerzos para asegurar honradez, control y eficiencia en su ejecución.
En relación a la política financiera, el informe consigna el avance en el saneamiento de las finanzas públicas, la rehabilitación financiera de las empresas, el fortalecimiento del sistema financiero y la reorientación de las relaciones económicas con el exterior. En relación a la política de precios y tarifas se ha buscado reducir los rezagos acumulados; lograr la rehabilitación financiera integral de la empresa pública y reducir la necesidad de otorgar subsidio a actividades no prioritarias, liberando recursos que pueden ser asignados a otras actividades de mayor importancia social.
Porque no se pretende mantener una situación ficticia y porque los costos y ajustes a que obliga esta política se compensan con los beneficios que representa su contribución al abatimiento de la inflación en el mediano plazo, hemos soportado este sacrificio.
La policía monetaria de que da cuenta el informe, señala que el ahorro captado por el sistema bancario ha evolucionado favorablemente; y la política de tasas de interés se continúa basando en el realismo y la flexibilidad.
El sector público ha recibido un financiamiento no inflacionario a través de los mecanismos de encaje legal. El fortalecimiento de las finanzas públicas permitió disminuir el endeudamiento para financiar el gasto total, de 33% en 1982, a 18% en 1983, y se estima que la relación será del 14% para 1984. El financiamiento ha revertido su tendencia decreciente, aun cuando las empresas no han sido capaces de absorber los recursos para contrarrestar la liquidez del sistema bancario.
La política bancaria ha avanzado en la reestructuración del sistema para adaptar su operación a la realidad económica. Se pusieron en venta las acciones de empresas ajenas al servicio público de la banca y crédito.
La deuda pública externa, señala el informe, alcanzó un saldo de, al 31 de agosto, 64 mil 356 millones de dólares, con un crecimiento del 2.9% con respecto a lo observado en 1983.
La empresa pública mantuvo su capacidad productiva, a pesar de que enfrentó severas dificultades producto de la crisis e, incluso, en algunas de ellas, estuvo en juego su supervivencia. La industria paraestatal fue objeto de atención especial con el propósito de incrementar sus niveles de productividad; cubrirá sus erogaciones este año con recursos propios en un 81%, con crédito en 10% y con transferencias en el 9% restante. Con esto tenemos que la industria paraestatal, en general, no es un sector subsidiado.
Se han establecido organismos de Gobierno en más de 700 empresas para el seguimiento de su conducción, asegurando el cumplimiento de los acuerdos.
El proyecto propuesto a la nación, del que da cuenta el informe, no es una falacia desarrollista, porque promueve el cambio cualitativo y éste es el objetivo de recuperar el ritmo de crecimiento; ampliar la atención a las necesidades básicas; elevar la generación de empleos; promover en forma directa una mejor distribución del ingreso; reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo; descentralizar las actividades productivas; preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional, son elementos
escenciales en la estrategia de cambio estructural.
La austeridad de esta etapa ha tenido un profundo sentido social: los cambios propuestos en la revolución educativa; el empeño redoblado por mantener y acrecentar la salud pública; el impulso a la vivienda y aun la adopción de nuevos compromisos en materia de ecología; el desarrollo rural integral, los programas de protección al salario y al consumo hacen que este esfuerzo, este sacrificio de millones de compatriotas, trascienda estos momentos difíciles.
Por que señalaba el C. Presidente de la República "No estamos en una simple empresa de sobrevivencia sino en un proceso nacional de renovación del país. Perseveramos en el camino.
"Se han dado las primeras pruebas de que el realismo económico, es vía duradera para la solución de los problemas de las mayorías.
"Porque el camino combina libertad y justicia social; porque el trabajo organizado y tenaz genera actitud solidaria; por la serenidad del pueblo para enfrentar la crisis sin abdicar de sus valores políticos fundamentales que compromete a luchar por la superación.
Con estos mismos valores, lucharemos por una sociedad igualitaria.
"No es una meta abstracta, es una realidad que los revolucionarios mexicanos conforman con cambios cualitativos en cada etapa de la historia nacional.
"Los principios que rigen el desarrollo de la sociedad igualitaria, son los de la democracia y la justicia social y la vía para consolidarla es el nacionalismo revolucionario.
"No obstante los avances logrados, reconocemos la necesidad de perseverar en la lucha ante la permanencia de rezagos, demandas insatisfechas y desigualdades sociales, que constituyen uno de los grandes desafíos para la causa revolucionaria.
"México se desarrollará preponderantemente con el esfuerzo de sus trabajadores manuales e intelectuales, del campo y de la ciudad que contribuyan a generar y distribuir, con la aplicación de su talento y de su fuerza de trabajo, los bienes materiales y culturales, así como los servicios, que la comunidad nacional requiere para su desenvolvimiento integral.
"Esta es la sociedad a la que aspiramos: sociedad igualitaria que habremos de alcanzar por la ruta histórica determinada en el proyecto nacional de la Revolución Mexicana". Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Alberto Salgado Salgado: -Pido se haga la prórroga de la sesión, en virtud de que han transcurrido las cuatro horas.
El C. Presidente: - En virtud de que han transcurrido las cuatro horas señaladas por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión, hasta desahogar todos los asuntos en cartera. Satisfecho señor diputado.
INFORMES Y COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS
El C. Gerardo Medina Valdez: -Pido la palabra para presentar una proposición.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina.
El C. Gerardo Medina Valdez: -Señor Presidente; señores vicepresidentes; señoras y señores diputados: En el segundo párrafo de su segundo informe sobre el estado que guarda la nación, el Presidente de la República aclaró que acompañaba al documento que estaba presentando, con un texto complementario en lo referente a las acciones y resultados de cada sector de la administración a su cargo, y de 13 anexos donde se detalla la actividad correspondiente a los programas específicos.
La intención presidencial era obvia. Su informe, ningún informe de presidente puede ser exhaustivo en el acto anual que ordena la Constitución. En esta ocasión se redujo a resumir más que acciones y resultados, los criterios y motivaciones de su gobernación.
Por tanto, un juicio a fondo sobre el informe tendría que darse después de que esta representación de la soberanía popular estudiara y analizara el documento leído, el texto complementario y los 13 anexos aportados por el Presidente.
Seguir esta mecánica obligaría al Congreso a modificar radicalmente la que ha venido siguiendo hasta ahora para, efectivamente, glosar con mayor responsabilidad los informes presidenciales. Sin embargo, consciente de que ésta es la profundidad que desearía el Presidente Miguel de la Madrid, en los comentarios y juicios plurales a su informe, plurales al menos en esta Cámara de Diputados, pero consciente al mismo tiempo de que un procedimiento así llevaría necesariamente un tiempo razonable, el Presidente Miguel de la Madrid sólo dio un paso adelante en esa dirección, al decir en el tercer párrafo de su documento, durante este mes de septiembre, en un nuevo ejercicio de información y colaboración de poderes, los secretarios de Estado, el jefe del Departamento del Distrito Federal y los procuradores de Justicia, presentarán personalmente, ante las respectivas Cámaras, su informe de labores, con las modalidades que ustedes aprueben.
En nuestra opinión, y creemos que en la mayoría de los integrantes de esta Cámara, lo que quiso decir el Presidente fue esto: "H. Congreso de la Unión, para que el informe que presento al pueblo de México pueda ser debidamente ponderado por ustedes que lo representan, no solamente les aporto un texto complementario y 13 anexos sino que también ha dispuesto que comparezcan ante ustedes
mis secretarios, los procuradores de justicia y el jefe del Departamento del Distrito Federal, para que ustedes amplíen y profundicen en el mismo".
Tal intención del Presidente Miguel de la Madrid, para nosotros quedó aún más manifiesta al ofrecer la comparecencia de dichos funcionarios y decir expresamente, textualmente, que comparecerían con las modalidades que ustedes aprueben, es decir, que aprobáremos nosotros como Cuerpo Colegiado. En consecuencia, tendría que haber sido esta Cámara la que estableciera dichas modalidades. Sin embargo, la Gran Comisión que preside el C. Humberto Lugo Gil, presentó ayer un proyecto de acuerdo, según el cual esas comparecencias se reducirán a la entrega personal de los informes de cada una de las dependencias enumeradas, por sus respectivos titulares, en el Salón Verde de esta Cámara, y sólo ante las comisiones unidas de ambas cámaras del ramo que se trate.
Todos sabemos, porque así los hemos recibido, que esos informes de las dependencias del Ejecutivo han venido siendo enviados por correo; las únicas modalidades que, a iniciativa de la Gran Comisión, se pretenden establecer, son que las correspondientes comisiones de escuchantes se reunirán posteriormente para analizar y comentar los informes, y que la Gran Comisión de esta Cámara y la del Senado determinarán los días y horas en que se efectuarán estas reuniones.
En otras palabras, que los informes, antes habitualmente remitidos a esta Cámara y colocados por nuestro eficiente personal de correos en el casillero de cada uno, serán presentados ahora personalmente por cada titular, y que la única justificante a esta pequeña variación será que cada titular lea previamente un resumen de su informe. En detalle esto se hará así: ya reunidas las comisiones unidas de que se trate, e instaladas las cámaras de televisión y los reporteros con atómicas en ristre, hará su aparición el funcionario, leerá su resumen y entre reflectores dejará el sitio al siguiente, para que se repita el escueto ritual tres veces el lunes y dos cada día siguiente hasta agotar la lista de momentáneos comparecientes.
Esto, a juicio de la diputación de Acción Nacional, desvirtúa la intención del Presidente Miguel de la Madrid de que, a través del enriquecimiento informativo por él proporcionado al congreso de la Unión el pueblo, al cual éste representa, cuente con elementos abundantes de juicio; además, instrumentado así el avance ofrecido por el Presidente, con un texto complementario sobre acciones y resultados, que entre paréntesis a ninguno de nosotros se nos ha proporcionado, los 13 anexos y particularmente con las comparencias, cae de hecho ese avance en el vacío, porque el pueblo que escuchó y dio la exposición del informe, tendrá que conformarse con lo que el Presidente dijo y que fue, repetimos, obligadamente incompleto y muy general.
Finalmente, nosotros, los diputados de Acción Nacional, consideramos que de no modificar el esquema presentado por la Gran Comisión, esta Cámara y en general el Congreso de la Unión, estará desperdiciando otra gran oportunidad de rescatar decoro ante el pueblo de México, al presentarse otra vez a servir de simple telón de fondo a los funcionarios del Ejecutivo, colocados fugazmente entre candilejas.
En consecuencia, aunque el acuerdo de la Gran Comisión fue aprobado ayer por mayoría, proponemos formalmente a este pleno que discuta y resuelva cuál debe ser la mecánica de esas comparecencias. En nuestra opinión, debe haber en ellas de oportunidad de preguntar y repreguntar a los funcionarios, y adelantamos: si la mayoría de esta Cámara no rectifica el acuerdo de la Gran Comisión, ningún diputado de Acción Nacional asistirá a esos actos, por considerarlos totalmente inútiles.
Pedimos a la Presidencia de esta Cámara se considere esta proposición como de urgente y obvia resolución y que en esa calidad se ponga de inmediato a discusión.
Por la diputación de Acción Nacional a la LII Legislatura del Congreso de la Unión, diputado Gerardo Medina Valdez (Aplausos.)
El C. Presidente: -Obsequiando la petición del diputado Medina Valdez, se pone a discusión la propuesta que ha hecho desde esta tribuna.
Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo para tomar parte en esta discusión... Diputado Soto Izquierdo, si es tan amable.
El C. Enrique Soto Izquierdo: -Moción de orden, perdón, creo que el orden de subir a la tribuna sería uno en pro y otro en contra.
El C. Presidente: -Los que estén en pro para tomar parte en la discusión. ¿Alguien quiere tomar parte en la discusión en contra de la propuesta?... Tiene la palabra el diputado Blanco Sánchez.
El C. Javier Blanco Sánchez: -Señor Presidente, ¿cómo voy a argumentar en pro si no he escuchado en contra?
El C. Presidente: -Que pase el diputado Soto Izquierdo, en contra.
El C. Enrique Soto Izquierdo: -Con su permiso, voy a leer la fracción II del artículo 58 de nuestro Reglamento: "Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición".
El C. Presidente: -Para mayor claridad, ¿quiere el señor secretario leer una vez más ese artículo?
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: -Por instrucciones de la presidencia, se da
lectura al artículo 58 del Reglamento: "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos en la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los siguientes trámites:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autoras, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrán su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada."
El C. Presidente: -Tomando en consideración la fracción II del artículo 58, procedemos en consecuencia. Están inscritos el diputado Blanco Sánchez, en pro y el diputado Enrique Soto Izquierdo, en contra. Tiene la palabra el diputado Blanco Sánchez.
El C. Javier Blanco Sánchez: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados definitivamente no quisiera estar en el papel que se encomienda al señor diputado Soto Izquierdo, porque es muy difícil, y si logra éxito, por lo mismo tendría yo que felicitarlo. Ir contra lo obvio, argumentar contra razón lo dicho por el señor diputado Gerardo Medina Valdez, fundamentando la proposición, es tan claro, golpea tan recio y tan firme en la conciencia de la buena voluntad de los legítimos representantes de la Nación, congregados en esta Legislatura, que me parecía absurdo tener que usar el primer turno para remarcar lo que él dijo, sin la oportunidad de poder argumentar las razones en contra.
Pero en acatamiento y sumisión al principio de legalidad al que todos estamos sujetos, y en virtud de que así lo dispone el Reglamento, señores diputados, ruego que me perdonen la ofensa a su inteligencia de volver a precisar, o a tratar de hacerlo, las razones obvias de esta proposición.
El actual régimen, al tomar esta decisión, está dando un paso valioso en el concierto del cumplimiento de responsabilidades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de la Unión.
¿Qué objeto tendrá una "encerrona de oidores" para un mini-informe de un secretario del gabinete presidencial? Yo no encontraría más razón, en los términos en que sea propuesto, que empezar a ensayar a posibles sucesores del actual Presidente, para que aprendan a rendir informes al Congreso de la Unión, y cuando asuma la Presidencia, ya estén capacitados para hacerlo, con un poco más de soltura.
¿Qué objeto tendría, para ilustrar nuestro criterio, asistir al evento de candilejas, como señalaba el señor diputado Medina, cuando es preferible la quietud reflexiva frente al texto escrito de cada Secretaría de Estado?
La intención presidencial, ciertamente, obviamente, parece invitarnos al diálogo, a la búsqueda de opinión que ilustre el criterio de la representación nacional para juzgar con más certeza el estado que guarda la Administración Pública de la Federación.
No encuentro argumentos que pudieran ser más valiosos que éstos tan claros y tan sencillos, que incluso, siento y creo no equivocarme, están en la conciencia de cada uno de los señores diputados, miembros de la mayoría parlamentaria.
Que con honestidad política y con honradez política podrían establecer, porque siento que a todos choca que se use a las comisiones del Congreso para el sólo lucimiento de un personaje del gabinete presidencial, sin la posibilidad, ni siquiera, de aclarar o de precisar dudas, de inquirir la realidad más allá del texto que se nos entrega: ni siento que fuera falta de respeto a la representación del Ejecutivo, el que la soberanía nacional encuestara al compareciente en nombre de la soberanía del pueblo.
Yo creo que la sensibilidad política de los miembros de la LII Legislatura pueden decidir hoy, que este paso y modificación, que el Presidente de la República nos ha propuesto, cuaje para un mejor desempeño de nuestra responsabilidad y para un mejor servicio del bien de la República. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Enrique Soto Izquierdo.
El C. Enrique Soto Izquierdo: -Señoras y señores diputados: yo hubiese facilitado también gustosamente a mi buen amigo Javier Blanco Sánchez, si hubiera alcanzado el éxito de desvirtuar en esta improvisada intervención suya, el valor y la trascendencia del acuerdo, que refleja un avance significativo en nuestro trabajo de ejercicio crítico, de interpretación, de análisis, de examen del mensaje presidencial y de la gestión gubernamental a través de cada una de las dependencias del Ejecutivo; acuerdo que, el día de ayer, por una mayoría que es presunta unanimidad, ya que muchos de los diputados, incluso del partido objetante, levantaron en la votación económica la mano; un acuerdo que establece que, efectivamente, el procedimiento que correspondía fijar a esta Cámara, la propuesta emitida por la Gran Comisión, sirvió de punto de partida.
Pero de haberlo estimado así, algunos de los señores diputados tuvo como hoy, pero en su oportunidad, la posibilidad de hacer el señalamiento correspondiente.
Pero esta es una cuestión de forma, y en cuanto a la forma, cumplida está la aprobación del decreto que establece el procedimiento. No habremos de dejar ahí las cosas, es preciso examinar el fondo.
El fondo del asunto es y en ello habremos de coincidir, sin duda todos los aquí presentes,
que se trata de dar una mayor amplitud a este diálogo constructivo en sus fines entre el Poder Legislativo, y en particular esta Cámara, y el Poder Ejecutivo, tanto en la persona del Jefe del Ejecutivo como de los secretarios responsables de cada uno de los ramos de la administración.
En este proceso de ampliación y apertura del diálogo de la información y del ejercicio crítico entre ambos poderes, y en particular esta Cámara y las dependencias del Ejecutivo, hemos venido participando todos nosotros. He tenido el privilegio, la satisfacción, además, de acompañar a muchas de las comisiones de Cámara en innumerables reuniones de trabajo, en las que las comisiones correspondientes se han reunido con los secretarios o subsecretarios de Estado, oficiales mayores, directores de instituciones descentralizadas o de empresas paraestatales para tratar de examinar los más diversos asuntos de su responsabilidad, en un diálogo absolutamente abierto y franco que ha llevado al conocimiento de los señores diputados integrantes de estas comisiones hasta el último de los detalles en que han expresado su interés durante estas importantes reuniones de trabajo.
Ese es el contexto en que se da este acuerdo que tiende a fortalecer todavía más ese diálogo. No es aisladamente, a este proceso, como puede juzgársele o amañadamente disminuirse su importancia y negarse su intención final que es justamente ésa, ir en el mismo camino que hemos estado ya recorriendo, en ese sentido no sería una estricta innovación; porque no hay solución de continuidad ni ruptura entre el proceso que hemos vivido y el que vamos a vivir ahora en particular, pero no ya sobre aspectos peculiares de la gestión administrativa de cada uno de los ramos, sino con una visión de conjunto del ejercicio anual de la administración en cada uno de sus ramos.
El acuerdo que nos conduce a este desenlace, dice además con toda claridad en su párrafo tercero: "En el acto de entrega del informe el titular expondrá un resumen del mismo para que en fecha posterior las comisiones unidas correspondientes realicen su análisis y comentarios. Nota: no se excluye de ninguna manera cuando sea pertinente por la importancia del asunto y a juicio de las comisiones y sus integrantes, la presencia de los titulares de estas dependencias u otros funcionarios, para hacer las aclaraciones, bien sean verbales o escritas, a las dudas o cuestionamientos que surjan en el ánimo de los legisladores que integren estas comisiones".
Este es el sentido, un sentido profundamente democrático de diálogo abierto y libre, de examen detenido, inclusive ésta es una de las razones que explican y justifican por qué no se realiza el intercambio de preguntas y respuestas, acto seguido de la entrega de los documentos de información, sino que se establece prudente y sensatamente, el puente de una fecha posterior que las comisiones habrán de examinar y determinar y, cuando así convenga y sea deseable, para establecer en los términos también convenientes, para cada caso, que no todos habrán de ser los mismos, ese diálogo. Si lo hemos sostenido en el seno de estas comisiones de nuestra Cámara exclusivamente, tantas veces, más de cuatrocientos en el curso del reciente receso del periodo de sesiones, como con toda precisión da cuenta el informe, ¿por qué no íbamos a hacerlo posteriormente? No hay ninguna contradicción sino precisamente eso: continuidad y desarrollo de una actividad democrática que reafirma además el pluralismo en la libertad que nos son tan caros.
Quiero hacer también el señalamiento de que, en este caso, se requiere efectivamente un consenso, un acuerdo con las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores, puesto que en este caso, a diferencia de las reuniones de trabajo de nuestras comisiones internas de trabajo exclusivamente, se trata de reuniones conjuntas de las comisiones correspondientes de ambas cámaras. De de ahí también las peculiaridades del procedimiento presentado, sugerido por la Gran Comisión y venturosamente aprobado por los señores diputados, aquí presentes.
Creo que es importante que no intentemos minimizar los avances positivos, los avances valiosos que por un acuerdo no accidental de voluntades entre el Ejecutivo y el Legislativo, estamos llevando a cabo entre todos nosotros, solamente por un prurito de extraerle jugo político a cuestiones meramente incidentales; creo que es necesario, y a ello exhorto a todos mis amigos y compañeros diputados, que levantemos la mira y que reconozcamos que en ese camino, en los últimos años, en los periodos de sesiones y en los recesos que nos ha tocado vivir en la LII Legislatura y bajo la administración del Presidente Miguel de la Madrid, es mucho y muy significativo lo que juntos, Ejecutivo y Legislativo y para bien del pueblo de México y enaltecimiento de sus prácticas democráticas, hemos caminado ya, y más todavía, lo que con buena fe y buena voluntad, y sentido auténtico podemos juntos poder seguir caminando. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El C. Gerardo Medina Valdez: -Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El C. Presidente: -Después de la votación, diputado Medina, si es tan amable. El artículo 58 es muy claro, habla en su párrafo tercero, en su fracción III del 58 dice: "Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición". Proceda usted, señor Secretario.
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie...
Los que estén por que se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Medina.
El C. Gerardo Medina Valdez: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: más allá de los matices personales con que cada uno de nosotros aborda las cuestiones aquí planteadas, creo que en el fondo, con la mayoría numérica de esta Cámara, coincidimos en dos cosas: primero, ya lo apuntaba yo, al fundamentar la proposición, estas comparecencias son un avance promovido por el Presidente Miguel de la Madrid. También estamos de acuerdo en que este avance es la prolongación de un diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Simplemente quiero señalar que esta segunda motivación del avance queda totalmente frustrada porque no se puede hablar de prolongar el diálogo del Legislativo con el Ejecutivo, cuando la instrumentación que se ha dispuesto es ni más ni menos que de monólogo. ¿Dónde está el diálogo constructivo cuando las comisiones unidas del Senado y de la Cámara de Diputados, del ramo que se trate -yo no se a título de qué esta Cámara aprueba que comparezcan las comisiones del Senado, que tienen su propio manejo-, dónde está el diálogo constructivo con el Ejecutivo, si las comisiones van simplemente a escuchar uno, dos, tres, quince, dieciocho monólogos?
Si entendemos en un sentido elemental y lógico lo que es un diálogo esta instrumentación es la negación categórica de cualquier diálogo ampliado entre el Ejecutivo y nosotros, el Poder Legislativo.
No se trata, señor diputado, lo digo con respeto, no se trata de sacar jugo político a lo secundario. Aquí lo esencial es la prolongación del diálogo. Y lo que están haciendo ustedes, la mayoría, es mutilar algo que no es secundario. Si fuese secundario, ¿qué sentido tendría que el Presidente de la República diera este paso adelante? ¿O se está implícitamente acusando al Presidente de la República de perderse en lo secundario?
Señores, queremos diálogo. Todos queremos el diálogo, no lo mutilen nada más con una votación porque son mayoría.
PRESOS POLÍTICOS Y DESAPARECIDOS El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López.
El C. Héctor Sánchez López -Señor Presidente; señores diputados; señoras diputadas: Pensaba que ahora con la comparecencia del Procurador General de la República y el Procurador del Distrito Federal, íbamos también a poder preguntar aquí, ante la representación nacional, del paradero de los presos políticos y de los desaparecidos. Pensaba que no sería capaz otra vez de decir, como su antecesor, de que la mayoría de los desaparecidos se habían ido de braceros.
Pensábamos que aquí era un lugar correcto para cuestionar el procedimiento de la Policía, de los cuerpos paramilitares en la detención, tortura y asesinato de compañeros militantes en el movimiento revolucionario.
Con esto que acabamos de escuchar y sentir la aplanadora, parece que estas perspectivas se truncan. Al parecer es falta de valor de argumentos fuertes para poder sostenerse en la tribuna la pregunta de los diputados, que se niega la participación directa de los diputados en estas comparecencias.
En México, potencialmente es un preso político aquél que lucha al lado de los campesinos pobres, de los trabajadores, de los obreros. En México, el político de oposición puede ser encarcelado en cualquier momento cuando el patrón, los terratenientes o el Gobierno así lo requieran. Y el delito, el delito es lo de menos. El delito se monta; el delito se crea, se inventa, se hace el teatro y el aparato jurídico policiaco se vuelca en eficiencia y rapidez para perjudicar a aquél inocente que se atrevió a cuestionar seriamente la política del Gobierno.
En nuestro país, ¿quiénes son los presos políticos? Los presos políticos son los campesinos que luchan por un pedazo de tierra, que piden la afectación de latifundios. Son indígenas que en algunas ocasiones son monolingües y no tienen ninguna manera para poder defenderse. Son presos los campesinos que luchan porque se respeten sus recursos naturales y sus tierras. Son presos los campesinos que luchan en contra de la contaminación de PEMEX, y exigen la indemnización.
Son presos también aquellos campesinos que luchan por la democratización de sus ejidos, eligiendo libremente a sus autoridades comunales o ejidales. Son presos, también en este país, los colonos que luchan por una vivienda digna y por servicios. Los obreros que luchan contra el charrismo sindical y contra la política de austeridad, que implementan topes salariales.
Son presos, también, aquellos ciudadanos que luchan en contra de la imposición priísta, que luchan porque en México haya una verdadera democracia y que, efectivamente sean las mayorías las que gobiernen este país.
Aún más, existen presos en México que han sido amnistiados en años anteriores, y ahí están como en Monterrey. Nosotros pensamos de que no es posible que esta situación siga prevalenciendo; que no es posible la política de cerrazón y de intransigencia del Gobierno al dialogar y a negociar políticamente la libertad de estos presos políticos.
Ante esta actitud, el 25 de agosto de este año, más de cincuenta presos políticos, que se encuentran en las distintas cárdeles del país y que pertenecen claramente a organizaciones
campesinas, a organizaciones de colonos o a organizaciones que luchan por la democracia en México.
En Puebla y Veracruz, la Unión Campesina Independiente, donde grupos paramilitares, parapoliciacos y guardias blancas han asesinado a más de cien compañeros en este último año; o con la Organización Campesina Emiliano Zapata, en Chiapas, donde hay más de veinte muertos y trece compañeros encarcelados; o los compañeros colonos del Comité de Defensa Popular de Chihuahua; o los presos de Acapulco, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; o los compañeros de la Organización Campesina de Occidente; con los compañeros Triquis, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que se encuentran 13 presos en la cárcel.
Nosotros creemos de que esta situación de los presos políticos, el Gobierno debe entenderlo como un problema real, un problema que existe y que, por lo mismo, debe de buscarle soluciones políticas y sociales a este gran problema que enfrenta México.
El hecho de que existan desaparecidos y presos políticos, no es un problema nuevo, es un mal que aqueja a nuestro país, sexenio tras sexenio.
Tan es cierto, que casi todos habremos visto o encontrado en algunas ocasiones a las madres, a las doñas, como el pueblo las conoce, que andan de oficina tras oficina, pidiendo noticias del paradero de sus hijos o exigiendo la libertad de los mismos.
Nosotros estamos seguros de que en este país hay desaparecidos, y no nos van a decir de que se fueron de braceros o murieron en enfrentamientos, porque los desalojaron violentamente del seno de sus familiares, se los llevaron vivos, y vivos los queremos.
Esta situación que prevalece en el país, es lo que nos ha obligado, al diputado local de Desiderio de Gives Ruiz, el diputado federal René Rojas, la señora Rosario Ibarra de Piedra y un servidor, a solidarizarnos con los familiares de los presos y desaparecidos políticos, con los presos políticos que hoy se encuentran en huelga de hambre, para declararnos también nosotros en huelga de hambre. Nosotros creemos que es una cuestión de humanidad, que es una cuestión de derechos humanos a lo que apelamos y que todos los partidos y personalidades debieran de entenderlo de esa manera.
Nos hemos declarado en huelga de hambre para exigir una audiencia con el señor Presidente de la República, porque creemos que la envergadura de este problema, solamente el Presidente podrá dar una solución a esta situación.
Además, nosotros creemos que en estos momentos de crisis, el Gobierno debe de analizar concienzudamente la situación y darse cuenta de que no es con violencia, no es con ilegalidad, no es con asesinatos como va a pasar esta ola de protestas que exige democracia, mejores salarios, tierras, créditos; no es con esa manera. Creemos de que es el momento justo para que el Gobierno promueva y apruebe una ley de amnistía que favorezca no sólo a los presos políticos sino también, para que los desarecidos sean presentados y liberados incondicionalmente.
Hoy, los presos políticos en las diferentes cárceles llevan 13 días de huelga de hambre, el mayor De Gives, en Salina Cruz, presenta várices esofágicas; el compañero Jesús Vicente, síntomas de úlcera, pérdida de la visión, así como hoy, hay muchos compañeros más en el país que están en esta situación, si los compañeros están en ayunas, es porque piden que el Gobierno se abra al diálogo, y no es como por ahí escuché de algún diputado, con muy buena dieta, que anda crudo, y piensa que sea eso. En ese sentido nosotros pedimos que se apruebe una ley de amnistía que favorezca a los presos y a los desaparecidos políticos en este país.
Me voy a retirar a la ciudad de Oaxaca, porque por conducto de la directiva de esta Cámara, del diputado Lugo Gil, se logró una entrevista con el señor gobernados del estado.
Hacemos de su conocimiento que el problema no es sólo en Oaxaca, de que el problema de los presos es en todo el país; y si yo me ausento por unas horas para estar con el gobierno del estado de Oaxaca, no quiere decir, como ayer se trató de manejar, de que me retire de este movimiento de huelga de hambre. Porque nosotros ponemos nuevamente el dedo en el renglón.
Queremos una audiencia con el Presidente para que de él salga la solución a este grave problema de México. Gracias.
El C. Presidente: -Adelante, señor Secretario.
El C. secretario Miguel Angel Moreno Garrido: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
7 de septiembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Michoacán invita al acto que para conmemorar el primer centenario del natalicio del general Francisco J. Mújica, se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre.
Iniciativas del Ejecutivo
Para reformar y adicionar la Ley Federal de Educación.
Para reformar y adicionar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Para reformar la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.
Para abrogar la Ley que creó el Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho".
Oficios de la secretaría de Gobernación
Dos, por los que se solicitan el permiso constitucional necesario para que los CC. Adriana Lombardo y Juan de la Cabada, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Jorge Ignacio Lyn Escalante Alatorre, Dora Constanza Godínez Medina, Lucía Rebeca López Esquivel, Brigitte Jeannine Carmen Mortier González, María Guadalupe Pérez Kobzeff y María Teresa Castro Meléndez, puedan prestar servicios en consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, B. C. y Mérida Yucatán.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Virginia Medrano Urquijo, pueda prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Mazatlán, Sinaloa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Jorge Ignacio Duarte y Vendrel, María Josefina Hernández Rodríguez y Augusto Ramírez y Esquivel, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Análisis del Segundo Informe Presidencial."
El C. Presidente (a las 15:05 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes, 7 de septiembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES