Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841002 - Número de Diario 13
(L52A3P1oN013F19841002.xml)Núm. Diario:13ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la administración Local de correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., martes 2 de octubre de 1984 TOMO III. NUM.13
SUMARIO
APERTURA ..
ORDEN DEL DÍA ..
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA ..
INVITACIÓN
Al LXXIV aniversario de la promulgación del Plan de San Luis, que se efectuará el día 5 del actual en esta ciudad. Se designa comisión ..
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Hidalgo relativa a sus funciones legislativas. De enterado ..
DIRECTIVA DEL SENADO PARA EL MES DE OCTUBRE
La H. Colegisladora comunica la elección de su Mesa Directiva para el presente mes. De enterado ..
INICIATIVA DEL CONGRESO LOCAL
INSCRIPCIÓN NOMBRE FRANCISCO J. MUGICA
Del Congreso de Michoacán, tendiente a que se inscriba en los muros del salón de sesiones de esta Cámara dicho nombre. Se turna a comisión. Imprímase ..
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 90 CONSTITUCIONAL
El C. Juan Campos Vega presenta y da lectura a adiciones al artículo mencionado. Se turna a comisión Imprímase ..
MINUTAS DEL SENADO
ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL
Proyecto de decreto que reforma la fracción I, del artículo nombrado. Se turna a comisiones ..
LEY ORGÁNICA DE LOS FERROCARRILES
Proyecto de Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a comisión ..
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite a la C. Cecilia A. Martínez Cairo Barrera del Campo prestar servicios en la Embajada de Francia en México. Primera lectura ..
CENTRO MATERNO INFANTIL "GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO"
Proyecto de decreto que abroga la ley que creó el centro citado. Primera lectura. se le dispensa la segunda ..
A discusión el artículo único. Intervienen los CC. Antonio Gershenson para fundamentar su voto; por la comisión. José Rosas Gómez Luna; nuevamente, Antonio Gershenson; para fundamentar su voto, Gerardo Medina Valdez; en su contra, René Rojas Ayala; nuevamente Gómez Luna, quien contesta una interpelación de Medina Valdez; para hechos, Edmundo Jardon Arzate. se aprueba. Pasa al Senado ..
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena M. Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed. Linda Weintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa M. Zoperanes Sánchez prestar servicios en la embajada de Israel en México. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo .. HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Por parte de C. Raúl Lemus García, en ocasión del CCXIX aniversario de su natalicio ..
PROPAGANDA EN CONTRA DEL PAN
El C. Astolfo Vicencio Tovar hace consideraciones sobre la denuncia formulada recientemente por el C. Francisco Javier González Garza, relativa a hechos ilícitos de un supuesto Partido Laboral Mexicano y campaña en su contra del PAN que involucra a otros partidos políticos ..
PROPOSICIÓN SOBRE INICIATIVAS NO DICTAMINADAS
El C. José Augusto García Lizama se refiere a las que fueron presentadas por los diputados de varios partidos políticos, especialmente las suscritas por el PDM, las que solicita sean dictaminadas. La Presidencia acuerda al respecto ..
INFORMES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PUBLICA 1982
El C. Gabriel Salgado Aguilar hace consideraciones sobre el particular, y propone una sesión especial para su análisis ..
El C. Rogelio Carballo Millán se refiere a lo expresado por el C. Salgado Aguilar. Hace aclaraciones y contesta interpelaciones de la C. Ortuño Gurza. Se desecha la proposición ..
En relación al tema ocupa la tribuna, el C. Salgado Aguilar y David Lomelí Contreras ..
COMENTARIOS SOBRE LOS HECHOS DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968
Por parte del C. Alberto Ling Altamirano y del C. Arnaldo Córdoba, quien propone se guarde un minuto de silencio en memoria de los caídos en esa fecha ..
ACLARACIONES SOBRE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
Por parte del C. Rodolfo peña Farber, particularmente al artículo 58 ..
TLATELOLCO, 2 DE OCTUBRE 1968
El C. Jesús Salazar Toledano rinde homenaje a las víctimas ..
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión ..
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. RICARDO CASTILLO PERALTA
(Asistencia 346 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:25 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día
2 de octubre de 1984
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del LXXIV aniversario de la proclamación del Plan de San Luis, que tendrá lugar el 5 de octubre.
Comunicación del Congreso del estado de Hidalgo.
Oficio de la H. Cámara de Senadores, por el que se comunican los nombres del presidente
y vicepresidentes para el mes de octubre.
Iniciativa del Congreso del estado de Michoacán
Para que se inscriba con letras de oro, en los muros interiores del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre del general Francisco J. Múgica.
Minutas
Con proyecto de decreto, que reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con proyecto de Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Cecilia Aurora Martínez Cairo para prestar servicios como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto, para abrogar la ley que creó el Centro Materno Infantil 'General Maximino Avila Camacho'.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad. Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed, Linda Weintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.
Sesión secreta"
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura de H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Netzahualcóyotl de la vega García En la Ciudad de México, a las once horas y treinta minutos del jueves veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con asistencia de trescientos sesenta y ocho ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior llevada acabo el día veinticinco de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Presidencia designa comisiones para que, en representación de la Cámara de Diputados, asistan a los actos que a continuación se mencionan:
Al CCXIX aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón que, con asistencia del C, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el día 30 del actual, el la Plaza de la Ciudadela de esta Ciudad de México, a los CC. Humberto Lugo Gil, Netzahualcóyotl de la Vega García, Daniel Balanzario Díaz, Armando Corona Boza, Enrique León Martínez, Norma López Cano y Aveleyra, Armida Martínez Valdez, José Esteban Núñez Perea y Juan José Osorio Palacios.
Al CCIXIX aniversario del nacimiento del general don José María Morelos y Pavón, que se efectuará el día 30 del presente en el, municipio de Ecatepec de Morelos. estado de México a los CC. Guillermo Fragoso Martínez, Enrique Riva Palacio Galicia y Raúl Vélez García.
Al CCXIX aniversario del natalicio del generalísimo José María y Pavón. que tendrá verificativo el domingo 30 del mes en curso. en la ciudad de Cuautla Morelos, a los CC. Juan Salgado Brito, Emma Victoria Campos Figueroa, Lorenzo García Solís, Heladio Gutiérrez Ortega y Jorge Minvielle Porte Petit.
Al cuarto informe de gobierno del C. Licenciado Oscar Ornelas K., Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua, el, día 30 de los corrientes, a los CC. Enrique Soto Izquierdo. Miguel Ángel Acosta Ramos. Octavio Aguilar Camargo, Enrique Alcántar Enriquez. Diógenes Bustamante Vela, Alfonso Cereceres Peña, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Samuel Acosta Holguín, Juventino González Ramos, Javier Martínez Aguilera, Ignacio Moreno Garduño, Miguel Ángel Olea Enríquez. Rafael Servando Portillo Díaz, Francisco Rodríguez Pérez , Alicia Perla Sánchez Lazcano, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Luis Vaquera García y Dora Villegas Nájera.
Al primer informe de la gestión administrativa del C. Xicoténcatl Leyva Mortera, Gobernador Constitucional del estado de Baja California, el día 1o de octubre, a los CC. José Ignacio Monge Rangel, Netzahualcóyotl de la Vega García, Servio Tulio Acuña Zumalacaregui, Silverio R. Alvarado, Carlos Brito Gómez, José Luis Castro Verduzco, Guillermo Dávila Martínez, Joaquín del Olmo Reyes, Leopoldo Duran Rentería, María Griselda García Serra, Gilberto Gutiérrez Bañaga, Raymundo León Ozuna, José Dolores López Domínguez, Javier Moctezuma y Coronado, Juan Manuel Molina Rodríguez, Antonio Murrieta Necoechea, Rafael Oceguera
Ramos, Sergio Quiroz Miranda, Leonor Rosales de Fonseca, Miguel Ángel Sáenz Garza, Martiniano Valdez Escobedo, María Albertina Barbosa viuda de Meraz, Manuel Solares Mendiola, Sara Esther Muza de Marrufo y Jaime Alcántara Silva.
El Congreso del estado de Veracruz comunica la apertura y clausura del sexto periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio y la designación de su Mesa Directiva. De enterado.
El H. Senado de la República remite minuta proyecto de decreto, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Extradición Internacional. Recibo y a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Gobernación y puntos constitucionales.
La C. Cecilia Aurora Martínez Cairo Barrera del Campo solicita la autorización constitucional necesaria para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República de Francia, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento de esta Cámara de Diputados suscribe una iniciativa de decreto, que reforma los artículos 2o del Título Especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y el artículo 97 de la ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, a la cual da lectura el C. Mariano Piña Olaya, Presidente de dicha Comisión, quien después de fundamentarla solicita se considere de urgente y obvia resolución.
La Asamblea en votación económica y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, dispensa todos los trámites a este asunto. a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión en lo general el proyecto de decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en lo general con los artículos no impugnados, por unanimidad de trescientos sesenta y ocho votos.
A discusión en lo particular. A debate el artículo segundo transitorio. Hacen uso de la palabra para proponer una modificación el C. José Luján Gutiérrez; en pro, el C. José Luis Caballero Cárdenas y para hechos, los CC. Alberto Salgado Salgado y Alfredo Reyes Contreras.
La Asamblea en votación económica no admite la modificación y en tal virtud se da por desechada.
Suficientemente discutido el artículo segundo transitorio. en votación nominal se aprueba en sus términos por trescientos cincuenta y dos votos en pro y ocho en contra.
Aprobado en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Jesús Salvador Larios Ibarra, en nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los Títulos Primero, Tercero y Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden los artículos 1o., 2o., 10, 12, 28, 29, 50, 70, 80, 87, 89, 97 y 115 de la propia Constitución. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
El C. Alberto Salgado Salgado, a nombre de su partido, el Socialista de los Trabajadores, suscribe y da lectura a una iniciativa de decreto, tendiente a reformar el artículo 27 de la Constitución General de la República. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
La Comisión de Salubridad y Asistencia presenta un dictamen con proyecto de decreto. en virtud del cual se abroga la ley que creó el Centro Materno Infantil 'General Maximino Avila Camacho'.
En virtud de que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Greco, Rosa Sambra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed, Linda Wintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios como empleados en la Embajada del Estado de Israel en México. Es de primera lectura.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales suscribe un dictamen con proyecto de decreto, que autoriza a los CC. Genaro Villagómez Romero y Francisco Cerón Garrido para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de primera lectura.
La misma Comisión antes mencionada, signa un dictamen con proyecto de decreto, que concede permiso a la C. María de Lourdes Delgado Taboada para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República de Francia en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos sesenta votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
A continuación hace uso de la palabra el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla para hacer una serie de comentarios en relación al desafuero del C. Mario Aguirre Villafaña, diputado al Congreso local del estado de Nuevo León. Acto que él considera violatorio de la Constitución Federal de la República y de la constitución de dicha entidad.
Da lectura a parte del dictamen suscrito por la comisión de Justicia del Congreso de Nuevo León y termina expresando que el Partido Acción Nacional luchará y defenderá este caso hasta que se haga justicia
Para referirse a los conceptos del orador y manifestar sus puntos de vista al respecto, interviene el C. Alejandro Lambretón Narro.
Para insistir en sus argumentos, nuevamente aborda la tribuna el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla.
De conformidad con lo que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección por medio de Cédula, de presidente y vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que fungirá durante el mes de octubre.
Llevada a cabo la votación y hecho el escrutinio correspondiente, arroja el siguiente resultado:
Doscientos treinta y seis votos para la planilla integrada por los CC. Ricardo Castillo Peralta como Presidente y José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Nuñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortez Lozabo como vicepresidente.
También se registraron diez planillas con un voto para cada una de ellas; cinco votos, trece votos y treinta y dos para otras tantas planillas, así tres planillas en blanco.
En virtud de lo anterior, la Presidencia hace la declaración de rigor. En seguida hace uso de la palabra el C. Domingo Alpizco Jiménez, con el objeto de rendir homenaje al C. licenciado Adolfo López Mateos, en ocasión de conmemorarse un aniversario más de su natalicio.
A continuación, una vez que la Presidencia concede el uso de la palabra que previamente habían solicitado, abordan la tribuna los siguientes ciudadanos.
Jesús Lazcano Ochoa, para poner de manifiesto el peligro que entraña los desechos radiactivos que los Estados Unidos de América arrojan al Golfo de México, y solicitar que las comisiones respectivas eviten este atropello a la ecología marítima mexicana y no se viole el Convenio sobre la Prevención y la Contaminación del Mar, por vertimientos de desechos y otras materias, firmado entre México y Estados Unidos en 1972, y que se intensifique la vigilancia de las aguas territoriales y patrimoniales del Golfo de México; asimismo, que se hagan los estudios correspondientes a esta denuncia. Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, de Marina y Ecología y Medio Ambiente.
Crescencio Morales Orozco, para proponer, a nombre de las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista y del Partido Socialista de los Trabajadores, que la Cámara de Diputados declare persona indeseable al embajador norteamericano John Gavin y exija al Ejecutivo Federal la aplicación inmediata del artículo 33 constitucional. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Ignacio Vital Jáuregui, para hacer comentarios al informe presentado ante esta Cámara de Diputados, por el C. secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y solicitar su comparecencia ante el Pleno de este cuerpo Legislativo.
Enrique Riva Palacio Galicia, para referirse a los conceptos vertidos por el C. Vital Jáuregui y hacer algunas aclaraciones sobre el particular. Túrnese el asunto a las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial y de Energéticos.
José Dolores López Domínguez, para hacer consideraciones en torno al informe presentado en Salón Verde de esta Cámara, por el secretario de la Reforma Agraria. Sobre el problema de los Campesinos de México. Sobre los perseguidos, torturados y encarcelados en varios estados de la República. Sobre el atentado sufrido el día 25 del presente mes, por miembros del Partido Socialista Unificado de México, en el que resultaron muertas cuatro personas, y plenamente identificados los asesinos. Estos hechos acaecierón en los poblados de San Sebastián Sinalcatepec y San José Miautlán, del estado de Puebla. Túrnese la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Raymundo León Ozuna, para denunciar y protestar, a nombre del Partido Demócrata Mexicano, por el aumento de las tarifas aéreas para pasajeros y carga en las rutas nacionales, y por el aumento del impuesto del derecho de uso de aeropuerto.
Comenta al respecto y solicita que se investiguen las finanzas de Aeroméxico y Mexicanas de Aviación y se investigue también la compra y los alquileres de la flota DC-10, que se hizo durante la administración del ex director Enrique Loaeza Tovar. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
René Rojas Ayala, para hacer consideraciones en torno a la huelga de hambre realizada hace 23 días por varios dirigentes de organizaciones políticas de la izquierda, a efecto de conseguir una audiencia con el señor Presidente de la República. Huelga que dan por terminada después de los, según ellos, compromisos del señor Presidente de la República y del señor secretario de Gobernación, de iniciar platicas para la solución de este problema, una vez concluida la huelga.
Héctor Sánchez López, para abundar en lo expresado por el C. Rojas Ayala y solicitar autorización para que la C. Rosario Ibarra de Piedra, Haga uso de la palabra desde la tribuna de esta Cámara de Diputados.
La Presidencia desecha la petición por no estar contemplada dentro del Reglamento.
La Presidencia expresa que el primer mes de sesiones del tercer año de ejercicios de esta Legislatura, las intervenciones se caracterizarón por la libertad de expresión, la libertad de proposición, de apertura de comisiones y de toda la posibilidad de participación de todos los partidos aquí representados.
Menciona especialmente a los medios de comunicación, por la gran dimensión dada a las gran labores de esta legislatura, y concluye agradeciendo a todos los ciudadanos diputados de los partidos políticos su participación,
su respeto a la investidura parlamentaria y su dignidad y altura en los debates
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las diecisiete horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes dos de octubre, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada señor Presidente.
INVITACIÓN
La C. prosecretaria Angélica Paulín Posada:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal.- México,
D. F.- Departamento del Distrito Federal. México, D.F., a 22 de septiembre de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
Con motivo de conmemorarse el LXXIV aniversario de la Promulgación del Plan de San Luis, el Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, invita a usted cordialmente al acto cívico que tendrá lugar a las 10:30 horas, del próximo 5 de octubre, ante la estatua que evoca la memoria del prócer Francisco I. Madero, sito en la Explanada de los Pinos, Tacubaya.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien solicitarle sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de ese H. Congreso de la Unión que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Programación y Acción Cívica, Arq. Karl Godoy F.
El C. Presidente :- Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos: José Guadalupe Vega Macías, Lucio Lozano Ramírez, Bernardo Bátiz Vazquez y Mariano López Ramos.
COMUNICACIÓN
EL C. Secretario Miguel Morado Garrido:
"Pachuca, Hgo., a 20 de agosto de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D.F.
En cumplimento a lo dispuesto en los artículos 19, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para su conocimiento y Efectos consiguientes, me permito el honor de comunicar a ustedes que, en junta previa celebrada el día de hoy, por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del estado de Hidalgo, fue electa la directiva de la propia legislatura, que fungirá en la sesión extraordinaria, que tendrá verificativo los días 28 y 29 del mes de agosto, a las 11:00 -once- horas, quedando integrada en la forma siguiente:
Presidente, diputado Elías Ramírez Ordaz; vice-presidente, diputado profesor Hernán Mercado Pérez; secretario propietario, diputado Alberto Franco López; secretario propietario, diputado profesor Pablo Mendoza Pérez; secretario suplente, diputado Emilio Juan Jiménez Hernández; secretario suplente, diputado Raymundo Martínez Márquez.
En dicha sesión extraordinaria, se habrán de someter a la consideración este propio honorable Cuerpo Colegiado, las iniciativas de decreto contenidas en la convocatoria correspondiente, presentadas por el C. arquitecto Guillermo Rossell, gobernador constitucional del Estado, así como los CC. diputados, profesor Hernán Mercado Pérez. licenciado Prisciliano Gutiérrez Hernández y Mauricio Villareal Moreno.
Al suplicar a ustedes se sirvan tomar nota de lo anterior, aprovecho la oprtunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso Constitucional del estado de Hidalgo. Rúbrica
Trámite: - De enterado.
DIRECTIVA DEL SENADO PARA EL MES DE OCTUBRE
La C. prosecretaria Angélica Paulín Posada:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimientos de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a usted que esta H. Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el mes de octubre próximo.
Presidente: senador José Ramírez Gamero, vicepresidentes: senador Alejandro Sobarzo Loaiza y senador Alberto Eduardo Villanueva Sansores.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 28 de septiembre de 1984.
Rafael Armando Herrera Morales, S.S. Roberto Casillas Hernández, S.S.
Trámite - De Enterado.
INICIATIVA DE CONGRESO LOCAL
INSCRIPCIÓN NOMBRE
FRANCISCO J. MUGICA
"Morelia, Mich., a 20 de septiembre de 1984.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo. México, D.F.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en sesión celebrada el día de hoy, tomó el acuerdo de formular ante el H. Congreso de la Unión, en uso de facultades que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa mediante la que propone inscribir en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el nombre del general Francisco J. Múgica, en cumplimiento del acuerdo señalado; con el presente oficio se remite la iniciativa mencionada, para que sea sometida el trámite legislativo que corresponda.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Secretario, licenciado Ramón Herrera González; diputado secretario, ingeniero Tomás Torres Magaña".
CC. Secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo. México, D.F.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de la facultad que le reconoce la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promueve iniciativa mediante la que propone se escriba con letras de oro el nombre del general Francisco J. Múgica, en el muro frontal interior del Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados del congreso de la Unión, fundándose en las siguientes
CONSIDERACIONES
Francisco J. Múgica nació en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884; fue un militar íntegro, partícipe de la legalidad como firmante del Plan de Guadalupe, por el que fue conocida la usurpación de Victoriano Huerta; participó en acciones militares durante la gesta revolucionaria iniciada en 1910, en las cuales dio muestra de su arrojo, de su valor, de su disciplina, de su coraje, que le valieron continuos ascensos y el reconocimiento de sus superiores, entre quienes pueden citarse a don Francisco I. Madero, Pascual Orozco, Venustiano Carranza y Lucio Blanco.
Fue también general Francisco J. Múgica gobernador en los Estados de Michoacán, Baja California Sur y Tabasco, como tal se mostró nítidamente partidario de las reivindicaciones sociales y económicas del pueblo, en estos cargos fue notaria su preocupación constante por el impulso a la educación al reconocimiento de los derechos de los trabajadores y a la repartición de la tierra como práctica de la reforma agraria; como servicio público desempeñó también los cargos de secretario de la Economía Nacional y de Comunicaciones y de Obras Públicas durante el régimen del gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Como diputado constituyente, es notoria la actuación del general Francisco J. Múgica en la elaboración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales que le fué asignada, le permitió participar en la elaboración de los dictámenes de los preceptos constitucionales que han sido el pilar de la adecuada evolución de nuestro país, en materias tan delicadas como la educación, el reparto de la tierra, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores que por primera vez son elevados a rango constitucional y, en general, porque trodos los mexicanos tengan expedida la garantía de gozar de la libertad.
Abundan todavía otros atributos que enriquecen la vida del general Francisco J. Múgica; su cultura, inteligencia, honradez, lealtad, firmeza de convicciones, fueron la norma de su conducta y son virtudes que destacadas en un Mexicano, representa un ejemplo a seguir para toda nuestra juventud y nuestro pueblo en esta difícil etapa nacional, razones por las que el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, somete a la aprobación del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en los muros interiores del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el nombre del general Francisco J Múgica.
TRANSITORIO
"Único. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Morelia Michoacán, a 20 de septiembre de 1984 ' Año de Francisco J. Múgica.
Diputado presidente, José Tariacuri Cano Soria; diputado secretario, licenciado Ramón Herrera González; diputado secretario; ingeniero Tomás Torres Magaña."
El C. Presidente: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se esta distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que tiene antecedentes. Imprímase.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 90 CONSTITUCIONAL
El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Pido la palabra para dar lectura a una iniciativa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Juan Gualberto Campos Vega.
El C. Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
"La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con fundamento en la facultad que le concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta Representación Nacional, la siguiente iniciativa, para adicionar el primer párrafo del artículo 90 de la propia Constitución.
La iniciativa tiene como base la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Revolución de 1910 se propuso como uno de sus objetos centrales desarrollar las fuerzas productivas, que se encontraban trabadas con el sistema feudal de la hacienda porfiriana.
El desarrollo de las fuerzas productivas requería como condición esencial, expulsar al capital extranjero, que dominaba los renglones fundamentales del desarrollo económico, como el petróleo, la electricidad, la minería, los ferrocarriles y otros.
La acción reivindicatoria de los recursos del suelo y subsuelo, señalada como principio constitucional en el Código Fundamental de 1917, fue el inicio de una intervención permanente y cada vez más creciente del Estado mexicano en el desarrollo económico nacional.
El Estado se vio obligado a intervenir directamente en la producción de bienes y en la prestación de servicios necesarios para el pueblo.
A partir de 1934, empezó a desarrollarse con vigor la fuerza económica del Estado y aunque inicialmente su intervención, por las propias condiciones no estuvo sujeta a un plan, ha sido el factor que ha impulsado de manera más importante el desarrollo económico; ha preservado la soberanía nacional y, en consecuencia, ha impedido que nuestro país se convierta en una colonia norteamericana.
Durante el período de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en la postguerra, el Estado tenía participación mayoritaria en 200 empresas, destacando su participación en la industria siderúrgica, metalmecánica, automotriz y actividades comerciales.
Previamente la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles sentaron las bases del desarrollo industrial, que prosiguió con la nacionalización de la industria eléctrica.
Para 1975, se encontraban registradas 845 empresas estatales, de las cuales 48% eran empresas de participación estatal mayoritaria, 21% fideicomisos, 21% organismos descentralizados, y el resto, empresas de participación estatal minoritaria.
El Estado se convirtió en México en una fuerza imprescindible, tanto en la producción directa de bienes y mercancías, como en la administración de los servicios públicos importantes.
La importancia del sector estatal de la economía ha crecido permanentemente y este hecho tuvo que reflejarse en la Constitución General de la República al reformarse el artículo 90 para considerar, aparte de la administración centralizada, la paraestatal, facultando al Congreso de la Unión para definir las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
En diciembre de 1982, el Congreso de la Unión, en una acción legislativa de carácter histórico, modificó y adicionó diversos artículos de la Constitución Nacional para incorporar diversas disposiciones que constituyen, en esencia, un capítulo económico.
A partir de la incorporación de esas disposiciones de tipo económico, se afianza el carácter interventor del Estado y se delimitan claramente las áreas estratégicas exclusivas del Estado y las prioritarias en las que interviene el sector Estatal, el Social y el Privado, en la forma y con las condiciones que contiene la propia Constitución.
A partir de diciembre de 1982, algunas de las empresas paraestatales cambian su naturaleza jurídica, pues al lado de su carácter paraestatal, ahora forman parte del área estratégica y, en consecuencia, no se les puede dar el trato que anteriormente se les daba.
En estricto sentido, desde el punto de vista constitucional, ahora el sector estatal está constituido por las empresas fundamentales comprendidas dentro del área estratégica y el sector paraestatal queda integrado por las empresas con participación mayoritaria o minoritaria del Estado.
Sin embargo, el Ejecutivo, a pretexto de lograr el "saneamiento financiero de entidades paraestatales, ha iniciado un proceso peligroso para los intereses populares y nacionales, al vender empresas de participación estatal a la iniciativa privada e inclusive al capital extranjero, sosteniendo que no son necesarios para el desarrollo económico del país.
En conjunto esas empresas de participación estatal o entidades paraestatales son patrimonio del pueblo y deben manejarse en base a objetivos de carácter nacional. Estos son la defensa enérgica de la soberanía nacional; regular y contrarrestar a los grupos monopólicos del capital privado, nacional y extranjero, que deforman la estructura productiva; desarrollar, con base en tecnología moderna, las ramas industriales para disminuir importaciones y equilibrar la balanza comercial; desarrollar la agroindustria y modernizar la agricultura para elevar el nivel de vida de los campesinos, entre otros.
La administración de las empresas paraestatales deben sujetarse pues, a los intereses nacionales y populares, y en vez de disminuir su volumen, debe permanentemente incrementarse.
Y siendo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el poder representativo del pueblo y por tanto de los intereses de la nación, es necesario, a nuestro juicio, que se reforme la Constitución, estableciendo
expresamente la prohibición impuesta el Ejecutivo Federal para que venda las entidades paraestatales, puesto que éstas se han constituido en patrimonio nacional y sólo el poder representativo del pueblo tiene, en consecuencia, la facultad de decidir si éstas deben o no dejar de formar parte del sector estatal.
Por las consideraciones anteriores, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta la siguiente iniciativa de adición al artículo 90 de la Constitución, para que quede redactado de la siguiente manera.
Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
"Para realizar la venta de acciones de las empresas de participación estatal el Ejecutivo Federal requiere el consentimiento y la aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En cuanto a las empresas descentralizadas queda estrictamente prohibida su venta.
"Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.
"Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 2 de octubre de 1984.
"La fracción parlamentaria del PPS.
Jorge Cruickshank García, Jesús Luján Gutiérrez, Francisco Ortiz Mendoza, Héctor Ramírez Cuéllar, Alfredo Reyes Contreras, Sergio Quiroz Miranda, Crescencio Morales Orozco, Juan Campos Vega, Sergio Ruiz Pérez, Viterbo Cortés Lobato."
El C. Presidente: - Túrnese la iniciativa presentada por el C. Diputado Juan Gualberto Campos Vega, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Imprímase.
MINUTAS DEL SENADO
ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida
México, D. F., 28 de septiembre de 1984.
Senador Roberto Casillas Hernández, secretario, senador Rafael Armando Herrera Morales, secretario."
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:
I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución, que fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se impute, siempre que dicho delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión; sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de la autoridad judicial, u otorgar otra caución bastante para asegurarla, bajo la responsabilidad del juzgado en su aceptación.
La caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción durante dos años del salario mínimo general vigente en el lugar en que se cometió el delito. Sin embargo, la Autoridad Judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las particulares circunstancias personales del imputado o de la víctima, mediante resolución motivada, podrá incrementar el monto de la caución hasta la cantidad equivalente a la percepción durante cuatro años del salario mínimo vigente en el lugar en que se cometió el delito.
Si el delito es intencional y representa para su autor un beneficio económico o causa a la víctima daño y perjuicio patrimonial, la garantía será cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños y perjuicios patrimoniales causados. Si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará que se garantice la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales, y se estará a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D. F., 28 de septiembre de 1984.
Senadora Guadalupe Gómez Maganda de Anaya Presidenta, senador Roberto Casillas Hernández, secretario, senador Rafael Armando Herrera Morales, secretario."
Trámite: - Recibo y a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia.
LEY ORGÁNICA DE LOS FERROCARRILES
La C. posecretaria Angélica Paulín Posada:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congresos de la Unión,
presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 1o de octubre de 1984.
Roberto Casillas Hernández, S. S.; Rafael Armando Herrera Morales, S. S."
"MINUTA DE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
CAPITULO I
De la organización y el patrimonio
Artículo 1o. Ferrocarriles Nacionales de México es un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, cuyo objeto es la administración y de operación de los ferrocarriles mexicanos.
Artículo 2o. El domicilio de Ferrocarriles Nacionales de México será en la Ciudad de México, pero podrá establecer agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana y del extranjero.
Artículo 3o. La administración de Ferrocarriles Nacionales de México estará a cargo de:
a) El Consejo de Administración.
b) El Director General. Artículo 4o. El patrimonio de Ferrocarriles Nacionales de México se integra con los bienes y derechos que al entrar en vigor esta Ley, le pertenezcan, así como las líneas férreas y bienes muebles e inmuebles que le aportare el Gobierno Federal y los que por cualquier título adquiera en el futuro.
CAPITULO II
Del consejo de administración
Artículo 5o. El Consejo de Administración de Ferrocarriles Nacionales de México estará integrado por once miembros y tendrá los asesores técnicos que se designen en los términos del artículo 13.
Artículo 6o. Los miembros consejeros serán:
Los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Energía y Minas e Industria Paraestatal, Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos Comunicaciones y Transportes, así como el Subsecretario de Operación de esta última Dependencia.
Dos por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, designado por sus Comités Ejecutivo y de Vigilancia, y dos por las organizaciones de usuarios de los servicios acreditados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Presidente del Concejo será el Secretario de Comunicaciones y Transportes
Artículo 7o. Cada Consejero propietario del Gobierno Federal nombrará su suplente, quien tendrá vinculación en razón de las actividades de la materia.
Los demás Congresos propietarios, designarán libremente a sus suplentes.
Artículo 8o. Son facultades del Consejo de Administración:
I. Supervisar que la marcha de la entidad cumplan las metas que se señalen en los programas ferroviarios y en su calendario anual de trabajo, aprobado por el propio Consejo, teniendo en cuanta los programas sectoriales y establecer las políticas estratégicas relacionadas con el sector.
II. Supervisar que la estructura financiera, contable y presupuestal del organismo sea congruente con los propósitos de suficiencia y productividad que se hayan establecido.
III. Comprobar que la información que el Director General y los Comités y Subcomités Técnicos, presentes en sus sesiones corresponda a la orden del día aprobada, sea confiable, oportuna y suficiente, para apoyar las decisiones y controlar el cumplimiento de éstas.
IV. Aprobar, si a su juicio procede, el programa general de administración.
V. Aprobar, si a su juicio procede, los reglamentos necesarios.
VI, Establecer las normas, los lineamientos y las estrategias para la formulación y aplicación de los proyectos y programas de la descentralización del organismo.
VII. Dictaminar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, que le someta el Director General, si a su juicio procede.
VIII. Discutir y aprobar, si a su juicio procede, el plan de adiciones y mejoras que formule el Director General y vigilar a su ejecución.
IX. Discutir y aprobar, si a su juicio procede, el balance anual y los informes financieros que le presente el Director General.
X. Fijar el porcentaje de los ingresos brutos, que se destinen a la operación durante cada ejercicio anual.
XI. Discutir y aprobar, si a su juicio procede, los empréstitos que proponga el Director General, con sujeción a los requisitos establecidos por las leyes respectivas.
XII. Fijar la política laboral del organismo.
XIII. Resolver sobre los problemas laborales que se presenten a la administración del organismo y que por su importancia le sean sometidos por el Director General.
XIV. Resolver sobre la creación o suspensión de divisiones, distritos, corridas, talleres, oficinas y fijación de horarios de labores, medidas que deberá someter a su consideración el Director General, tomando en cuenta las disposiciones relativas.
XV Aprobar el manual de organización del organismo.
XVI. Constituir comités y subcomités técnicos especializados para cumplir los fines que determine el propio consejo. Cuando menos se creará uno, que tendrá como objetivo apoyar al Consejo en el seguimiento de los programas.
XVII. Decidir sobre los demás asuntos que le planteen el Director General y los comités y subcomités respectivos, de acuerdo con sus facultades.
Artículo 9o. El Consejo de Administración funcionará válidamente con la presencia de seis de sus miembros, si entre ellos está el Presidente del Consejo o su suplente. En caso de empate en las decisiones, quien presida; tendrá voto de calidad.
El Consejo sesionará, por lo menos una vez cada dos meses.
Artículo 10. A los comités o subcomités especializados, compete auxiliar al Consejo de Administración en:
I. La programación estratégica y en la supervisión del organismo.
II. La atención de los problemas de administración y organización de los procesos productivos, de selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y del uso de los demás instrumentos que permitan elevar la eficiencia del organismo.
El Presidente del Consejo establecerá los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités y subcomités respectivos.
Artículo 11. El Consejo de Administración tendrá un Secretario Técnico y un Secretario de Actas.
Al Secretario Técnico corresponderá el seguimiento de los acuerdos, formular la orden del día que debe proponer el Presidente del Consejo y lo demás que específicamente le encargue el propio consejo.
Al Secretario de Actas corresponderá levantar las actas de las sesiones y asentarlas, una vez aprobadas en el libro respectivo y lo que el propio consejo específicamente le encargue.
El Secretario Técnico y el Secretario de Actas serán nombrados por el Consejo.
Artículo 12. Los asesores técnicos, serán designados por el Presidente del Consejo, y no podrán ocupar simultáneamente otro cargo en la administración del organismo. Su función será la de asesorar al Consejo de Administración y a los comités y subcomités del mismo.
CAPITULO III
Del Director General
Artículo 13. El Director General será designado por el Presidente de la República.
Artículo 14. Son atribuciones del Director General:
I. Representar a Ferrocarriles Nacionales de México, con las siguientes facultades.
a) De apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con todas las facultades generales y aun en las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial en los términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
b) Para presentar denuncias y querellas, en asuntos del orden penal y para otorgar el perdón como ofendido.
c) Para promover y desistirse del juicio de amparo.
d) Para suscribir y otorgar títulos de crédito en los términos del artículo
9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
e) Para delegar la representación con la persona o personas que estime necesario.
f) Para otorgar poderes generales o especiales y autorizar a los apoderados para que absuelvan posiciones y ejerciten su mandato ante toda clase de autoridades o personas.
II. Designar el personal de confianza y a los demás empleados que el organismo requiera en los términos de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo de Trabajo.
III. Formular el presupuesto anual de ingresos, y egresos presentado oportunamente al Consejo de Administración y proponerle las metas de producción, productividad y eficiencia para el ejercicio.
IV. Formular el plan de adiciones y mejoras y someterlo a la consideración del Consejo.
V. Proponer al Consejo los programas de descentralización que el organismo requiera. VI. Presentar al Consejo el balance anual y los informes financieros bimestrales.
VII Disponer las adquisiciones los pagos y los gastos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.
VIII. Plantear al Consejo las cuestiones de trabajo, organización interna y
financiera, que corresponda conocer a dicho órgano.
IX. Informar al Consejo sobre los avances y resultados obtenidos en los diversos capítulos de su gestión.
X. Ejecutar los acuerdos del Consejo.
XI. Proponer al Consejo los empréstitos que considere necesarios para la administración.
XII. Asistir con voz a las sesiones del Consejo.
XIII. Las demás que le fije el Consejo esta ley y sus reglamentos.
Artículo 15. El Director General será auxiliado por los directores y subdirectores y demás personal que se determine en la estructura orgánica que autorice el Consejo de Administración.
CAPITULO IV
Del comisario
Artículo 16. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación designará un comisario que actuará como órgano de vigilancia Asimismo, dicha secretaría designará a los Auditores Externos del organismo.
CAPITULO V
Disposiciones generales
Artículo 17. En ningún caso el Consejo de Administración ni el Director General, podrán autorizar pagos no previstos en el presupuesto de egresos aprobados.
Artículo 18. Serán inembargables los bienes de Ferrocarriles Nacionales de México.
Artículo 19. Ferrocarriles Nacionales de México estará sujeto a las obligaciones que, conforme a la legislación sobre vías generales de comunicación, correspondan a las empresas de ferrocarriles, pero el Gobierno Federal le cubrirá el costo íntegro de la transportación del correo.
Artículo 20. Las controversias en que sea parte Ferrocarriles Nacionales de México, serán de la competencia exclusiva de los tribunales federales.
Artículo 21. Ferrocarriles Nacionales de México responderá del pago de las
indemnizaciones correspondientes al seguro de viajero contra accidentes, en los términos que le fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Artículo 22. Ferrocarriles Nacionales de México quedará exceptuado de otorgar garantías que la ley exija de las partes, tratándose de controversias, e igualmente será eximido de otorgar garantías para obtener la suspensión en el juicio de amparo y para asegurar, en su caso, el interés fiscal.
Asimismo, Ferrocarriles Nacionales de México llevará un registro especial de las responsabilidades contingentes sobre las cuales se le exime de otorgar garantías conforme al párrafo anterior. Las obligaciones que se deriven del contrato de trabajo, en esta materia, quedan vigentes.
Artículo 23. Ferrocarriles Nacionales de México estará sujeto al pago de los impuestos federales, excepción hecha del impuesto sobre la Renta.
En caso del Impuesto al Valor Agregado deberá trasladarlo a los usuarios del servicio.
Artículo 24. Se otorga a Ferrocarriles Nacionales de México la facultad de establecer agencias aduanales en los lugares en que ello resulte conveniente para el servicio, con sujeción a todos los requisitos establecidos por las leyes respectivas.
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1948 y sus reformas, así como las demás disposiciones que se opongan a esta ley.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D. F., a 1o. de octubre de 1984.
José Ramírez Gamero, S. P., Roberto Casillas Hernández, S. S.; Rafael Armando Herrera Morales, S. S."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido:
" Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 20 del presente mes, la C. Cecilia Aurora Martínez Cairo Barrera del Campo solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americano de la Embajada de Francia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 27 del mes actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americano de la Embajada de Francia en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Cecilia Aurora Martínez Cairo Barrera del Campo para prestar servicios como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos de la Embajada de Francia en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 28 de septiembre de 1984.
Humberto Lugo Gil, presidente; Mario Vargas Saldaña, secretario; José Luis Lamadrid Sauza, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Jorge Canedo Vargas, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del C., Luis René Martínez S., Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Alejandro Lambretón Narro, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximino Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."
Trámite: - Primera Lectura.
CENTRO MATERNO INFANTIL GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO
"Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable Asamblea:
En ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República sometió, el 5 de septiembre del año en curso a la consideración del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se abroga la ley que creó al Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho".
Con fecha 7 de septiembre del año en curso, dicha iniciativa fue turnada para su examen a la comisión que suscribe, misma que, después de haber analizado cuidadosamente su contenido y alcances, se permite someter a la consideración de esta soberanía el siguiente.
DICTAMEN
El Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho", fue creado como organismo público descentralizado mediante ley expedida por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Unión le confirió en el decreto del 1o de junio de 1942, el 6 de abril de 1945 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del mismo año.
La ley señaló como objetivo de centro, impartir servicios médicos y de prevención social, que en aquel entonces requería la población civil, principalmente a las madres y a los niños desde su concepción, hasta la adolescencia.
El C. Presidente de la República ha sometido a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se abroga la ley que lo creó, y sobre la cual esta comisión emite su dictamen en los términos que a continuación se mencionan:
- El centro ha venido operando desde su creación en 1945, en instalaciones que a la fecha presentan condiciones inadecuadas y precarias, las que se encuentran localizadas en una zona colindante a una fábrica de vidrio y rodeada por avenidas de intenso tráfico vehicular como son el Anillo Periférico y la Avenida Constituyentes que además, producen una muy elevada contaminación.
- El basamento está abajo del nivel del drenaje, entre 1.20 y 1.40 metros. Y por segunda vez en el periodo de un año, la primera fue en junio, julio, agosto y septiembre de 1983, está prácticamente abajo del agua, conduciendo esto a mayor deterioro de las instalaciones.
- La falta de mantenimiento y las múltiples remodelaciones que, se realizaron sin seguir una línea de planeación arquitectónica, han generado que en las áreas de servicios quirúrgicos existan condiciones de alto riesgo de infección para los pacientes.
- En los cubículos de consulta externa no se tiene privacía, ni aún para cualquier exploración gineco obstétrica.
- En la zona de internamiento para embarazadas existen condiciones de hacinamiento, lo que ha traído como consecuencia un alto índice de infecciones posparto y postquirúrgicas, superior al 20%.
Por lo que hace a los índices de consulta externa, presentan una variable de 50 a 100 diarias. La atención de partos normales es muy reducida, fluctuando la demanda de 8 a 10 diarios, esto ha ocasionado que la consulta externa represente un costo de mil quinientos pesos por persona y el del parto se eleve a 160 mil pesos. Consecuentemente los costos actuales de una cama/año son aproximadamente de doce millones de pesos, la estancia de un recién nacido normal, en cuna compartida por dos o mas niños es de 16 mil pesos.
- La relación entre el número de personas que laboran en este centro y las camas existentes es muy superior a los índices aceptados, situación que ha originado que le Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho" opere con tan elevados costos que hacen no recomendable su operación.
- Por la inadecuada relación entre la planta médico arquitectónica y los servicios que deben prestar, hacen que el centro sea incosteable como unidad hospitalaria, inadecuado como centro de investigación médica y mal situado, inapropiado para ser utilizado.
- Los institutos nacionales de perinatología y de pediatría, creados por decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación del 19 de abril de 1983, tienen como objetivo brindar atención médica a
mujeres de embarazo de alto riesgo, y servicios de atención médica-infantil especializada, respectivamente, y cuentan con la suficiente infraestructura y recursos para cubrir a la población que demande, garantizando con ello, que los servicios que viene prestando el centro, sean cubiertos sin causar trastorno alguno a la población.
Por lo que respecta a los servicios médicos asistenciales de población abierta del Distrito Federal, se considera que por su ubicación en diversos puntos geográficos de la ciudad, y en especial cercanos al Centro Materno Infantil, materia de este dictamen, y por el tipo de servicios que presta principalmente a madres y niños, servirán también de apoyo en la atención a la población solicitante.
De igual forma y como complemento a esta consideración, la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia, está desarrollando estrategias de atención obstétrica en unidades de primer nivel.
La ley General de Salud y el sistema nacional de salud además de tener como objetivo principal el cumplimiento de derecho a la protección de la salud, tiene como vocación evitar la duplicidad en los servicios, la racionalidad en el uso de los recursos y la coordinación de acciones bajo la base de la sectorización, por lo que al quedar garantizada a la población de la prestación de los servicios asistenciales por otras entidades hospitalarias del propio sector salud, la abrogación de la ley que creó al centro, no causaría ningún perjuicio a la población.
- En base a las anteriores consideraciones, y después de haber realizado las investigaciones necesarias, a juicio de esta comisión, se justifica la abrogación de la ley que creó al centro, expedida por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en el decreto de fecha 1o de junio de 1942.
- Al efecto, esta comisión hace notar que el decreto original que se ha hecho referencia como constitutivo del Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho", fue modificado en sus artículos tercero y cuarto por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de noviembre de 1946, que igualmente fue expedido en uso de las facultades extraordinarias de que gozaba el C. Presidente de la República.
- Por lo que los artículos transitorios se refiere, de éstos se desprende que los recursos materiales y financieros con que contaba el centro serán transferidos a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, logrando con ello un mayor aprovechamiento de los mismos.
Finalmente a juicio de esta comisión, los derechos de los trabajadores del centro, al señalar su reubicación o liquidación con la debida participación que a sus representantes sindicales corresponde, quedan debidamente garantizados.
Por anteriormente expuesto y con fundamento de los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87,88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salubridad y Asistencia, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE CREO EL CENTRO MATERNO INFANTIL "GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO"
Artículo único. Se abroga la ley que creó el organismo público descentralizado denominado Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho" expedida el 6 de abril de 1945 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del mismo año.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto surtirá efecto a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los recursos materiales y financieros con que contaba el Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho", serán transferidos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la intervención que corresponde a las secretarías de Programación y Presupuesto, de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría General de la Federación.
Los recursos humanos podrán ser liquidados o reubicados en la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia o en alguna otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.
Artículo tercero. La reubicación o liquidación a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo a elección de los trabajadores y con absoluto respeto de su antigüedad y de sus derechos laborales adquiridos, con la participación que corresponda a sus representantes sindicales.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F. a 25 de septiembre de 1984.
Los diputados de la H. Comisión de Salubridad y Asistencia: Amador Izundegui Rullán, Carlos Machiavelo del Campo, Germinal Arámburo Cristerna, Enoch Cancino Casahonda, Mateo del Regil Rodríguez, Esperanza Espinoza de Ugalde, Elpidia Excelente Azuara, Alma Inés Gracia de Zamora, Griselda García Serra Everardo Gámiz Fernández, Francisco González Garza, Juan Herrera Servín, Mariano López Ramos, Xóchitl E. Llarena de Guillén, Rosa Ma. Muñuzuri y Arana de Garibo, Teresa Ortuño Gurza, René Rojas Ayala, Ofelia Ramírez Sánchez, Sergio
Ruiz Pérez, José Rosas Gómez Luna, María Isabel Serdán Alvarez, Miguel Angel Sáenz Garza, Sara Villalpando Núñez".
El C. Presidente:- En atención de que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido:- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ...Se dispensa la segunda lectura al dictamen, señor Presidente.
El C. Presidente:- En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.
El C. Antonio Gershenson:- C. Presidente; ciudadanos diputados: Si en verdad estuviéramos discutiendo si es conveniente o inconveniente el cierre del Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho", entonces podríamos argumentar que las razones para su desaparición no son convincentes, puesto que algunas de estas razones, como el hecho de estar en una zona de intenso tráfico, se pueden aplicar en mucho mayor medida en otros centros de salud.
Los costos económicos podrían abatirse en diferentes formas sin necesidad de clausurar este centro de salud, y lo mismo podríamos decir en relación con otras de las razones.
El hecho de que se racionalice un servicio, no implica eliminarlo. Lo que se dice en el dictamen en relación con que los objetivos del Centro "Maximino Avila Camacho", son ya cubiertos por los Institutos de Perinatología y de Pediatría, no procede, puesto que los objetivos, según los decretos y leyes que crearon estos objetivos son distintos.
EL Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho" es de asistencia médica y de vigilancia higiénica tanto a las madres como a los niños, desde su concepción hasta su adolescencia, incluyendo ciertos tipos de asistencia social. En los otros dos casos implícitamente se afirma, en los decretos que los crean, que se trata de prestar atención médica en embarazos de alto riesgo y brindar atención infantil especializada, por lo que no se puede derivarse mecánicamente que la creación de estos últimos vuelva innecesaria la existencia del Centro.
Además, el Programa Nacional de Salud, en el caso concreto del programa de atención materno-infantil, afirma que apesar de los esfuerzos realizados en esta materia, un porcentaje elevado de la población, objeto del programa, se encuentra aún desprotegida debido a la insuficiencia de los servicios y la utilización inapropiada de los recursos existentes y se señala en la misma página 192 del Programa Nacional de Salud, que en esta materia predomina la medicina de segundo y tercer niveles de atención, presentándose rezagos e insuficiencias en los servicios de primer nivel.
O sea, que vemos nosotros que estos servicios del Centro Materno Infantil no están suficientemente prestados para la población y por lo tanto, cerrar una institución, que no sería lo mismo que mejorarla, renovarla, cambiarla de lugar, no procedería. Pero todo esto bajo el supuesto de que estuviéramos discutiendo si procede o no cerrar esta institución, la realidad como lo pudimos comprobar, como fuimos informados y pudimos constatar directamente, es que estamos ante un hecho consumado; hace meses que fue cerrado este centro, el personal dispersado, algunos reubicados, otros jubilados, otros liquidados, y en general, lo que se nos está presentando sin decirlo así, ni en la iniciativa ni en el dictamen, es el hecho consumado de que fue liquidada una institución de salud y un buen tiempo después se nos manda aquí a avalar la violación de una ley con la derogación de un decreto.
Esto sienta un precedente muy negativo, puesto que cualquier otra ley en lo sucesivo, si consideramos que esto se vale, puede ser primero violada y una vez que ya fue violada, anulada su materia sobre la cual trata, se nos envía aquí a desaparecerla en vista de que ya no tiene caso, puesto que ya la materia de la que se trataba ya desapareció.
Si simplemente se tratara de discutir en realidad la conveniencia o inconveniencia de clausurar este centro de salud, podríamos nosotros votar en contra, pero no es el caso; el hecho es que esto ya es una cuestión consumada y por lo tanto nosotros, el grupo parlamentario del PSUM, no vamos a votar en este caso, nos vamos a abstener de participar en la votación, puesto que no nos parece adecuado que se nos esté trayendo a votar una cuestión que ya está consumada y simplemente avalar la ilegalidad que se cometió al cerrar una institución creada por la ley, sin haber modificado o derogado el decreto respectivo anteriormente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Tiene la palabra el ciudadano diputado José Rosas Gómez Luna.
El C. José Rosas Gómez Luna:- Compañeros diputados: Con respecto a lo que dijo el señor diputado que me antecedió en la palabra, por la Comisión, vengo a hablar en el sentido de que este centro efectivamente hace tiempo dejó de funcionar. Pero dejó de funcionar porque constantemente se inundaba. No nada mas por este tiempo tan copioso de lluvias sino aparte, su mal estado, lo ruinoso de su edificio y que ponía en peligro, no nada mas la salud de los pacientes ahí internados sino, aparte, de todos los empleados. Esta circunstancia que era totalmente peligrosa y negativa, dio por consecuencia que se suspendieran
las labores de este centro. Al suspenderse, los empleados no sufrieron absolutamente ninguna lesión porque todos siguieron recibiendo oportunamente sus sueldos. Se formó una comisión entre ellos mismos, y esa comisión, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Salubridad también, estudiaron la reubicación de esos trabajadores, los que quisieron hacerlo así y la liquidación de los restantes.
Tan benigna fue la liquidación de los trabajadores, la reubicación, perdón, que 14 empleados fueron, se puede decir, doblemente reubicados. Esto fue en la primera oportunidad que se les dio para solicitar su reubicación, nuevamente se les cambio al lugar que ellos prefirieron. Esta circunstancia la apoya la Comisión de Salubridad y Asistencia, porque, efectivamente, médicamente hablando, eran más que un centro de salud, un centro materno-infantil. Era un centro peligroso como dije, no nada más para los pacientes y paras los internos ahí mismo sino también para los empleados. Esta circunstancia orilló, en mi modo de ver, justicieramente, altruistamente, al Ejecutivo Federal para lanzar esta iniciativa de abrogar la ley que lo creó el 6 de abril de 1945, cuando la Ciudad de México, tenía dos millones 400 mil habitantes solamente, este Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho".
Señor Presidente, aclarado esto, creo haber dicho lo necesario explicando esa situación a los compañeros diputados de esta Asamblea y propongo se someta a votación en lo general y en lo particular. (Aplausos).
El C. Antonio Gershenson: -Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.
El C. Antonio Gershenson: -Creo que vale la pena aclarar dónde está el centro de referencia, esta enfrente de la residencia presidencial de Los Pinos. Evidentemente, al señor Presidente no se le sacó porque se le inundará la casa, incluso está ligeramente más elevada la construcción del Centro Materno Infantil que la residencia de los Pinos, con una avenida muy fuerte, la de la Avenida de los Constituyentes.
Suponiendo que el problema fuera de simple edificio, procedería un cambio a otra localidad, pero no parece este el caso, puesto que esa instalación no ha sido ni demolida ni nada, está muy bien custodiada, y lo cierto es que en el dictamen y en el decreto no se dice nada de lo que se nos acaba de decir ahorita, ni estando uno ahí ve que sea una zona que se pueda inundar, porque la pendiente es francamente bastante pronunciada y, como yo, un poco arriba decía de la residencia presidencial y enfrentito de ella.
En cuanto a las condiciones de la zona, está a una cuadra del Bosque de Chapultepec, un poquito abajo de la Segunda Sección de Chapultepec, y entonces una gran cantidad de instituciones hospitalarias, de salud, etecétera, tenderían que ser cerradas porque están bastante peores que ella en cuanto a ubicación. Con este criterio se puede cerrar cualquier otra dependencia, y después venir a decir que se había inundado. Gracias.
El C. Presidente: _Señor diputado Gerardo Medina, ¿es con relación al mismo asunto?
El C. Gerardo Medina Valdez: -De otra manera no la pediría.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Gerardo Medina Valdez.
El C. Gerardo Medina Valdez: -Señores diputados: Aunque el asunto es en apariencia intrascendente, con sentido de responsabilidad, cada diputación aquí representada hizo las investigaciones mínimas relacionadas con este decreto, hoy puesto a discusión.
Los representantes de Acción Nacional en la Comisión correspondiente, firmaron de aprobado el decreto, pero es en homenaje a la honradez reconocer que careciamos de la información que el diputado Gershenson ha venido a darnos a conocer.
Hay otras cuestiones también investigadas, relacionadas con este Centro Materno Infantil, que lleva un nombre que entonces era significadamente poderoso y que ahora, como sucede con tantos prohombres de la Revolución, tiene otro significado el nombre. Pero no importa el nombre. Era una institución que venía sirviendo durante 40 años.
Datos como los que anualmente se le destinaban equis millones de pesos para su operación, y nunca se supo si había una correspondencia entre los montones presupuestales asignados a la institución y los servicios que prestaba.
Ahora bien, el argumento que el diputado defensor del dictamen ha venido a exponer, que es medularmente el de las inundaciones, nos parece no infantil sino agravante del dato más serio alegado aquí por el diputado Gersherson, en representación de la diputación del PSUM.
"Mátalos y luego viriguas". "Desaparécelos y luego legislas". "Expropialos y luego te explicas, te justificas jurídicamente". "Mátalos en caliente, ya después veremos que hacemos". El argumento de las inundaciones es tan precario que como dice el PSUM con este criterio, frescos todavía, no resumidos totalmente los últimos aguaceros que se abatieron sobre esta región, obligarían a decretar la desaparición de todas aquellas instalaciones públicas que fueron inundadas.
Nunca, y llevo algunos años como reportero y muchos menos como diputado en esta Cámara, había escuchado explicación más lamentable para justificar este salto jurídico de primero desaparecer una institución y después justificarlo por un decreto que la declara desaparecida.
En razón a estas consideraciones y como una explicación al porqué nuestros diputados firmaron en pro este dictamen, pongo en conocimiento de esta honorable Asamblea, que lo menos que podemos hacer es lo que haremos. La diputación de Acción Nacional también se abstiene frente al trámite que se ha dado y que seguramente será aprobado por la mayoría. Nos abstenemos de aprobar lo que consideramos es un grave atropello jurídico. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado René Rojas Ayala para hechos. Se le recuerda al orador que tiene cinco minutos.
El C. René Rojas Ayala: Trataré de hablar lo más breve posible. Desde mi punto de vista, no he tenido tiempo de analizar ni ver la cuestión del decreto ni asistir a la Comisión de Salubridad; sin embargo, tengo conocimiento de lo que hicieron los trabajadores antes de que se cerrara la institución.
Los trabajadores de esta institución, empezaron a impulsar todo un movimiento en defensa del derecho al trabajo. Sin embargo, de sorpresa,los compañeros trabajadores de este hospital, fueron tomados precisamente el día 1o. de mayo, las autoridades cerraron el hospital de este lugar.
Desde mi punto de vista, esto se inscribe en un punto muy peligroso que se está dando en la Secretaría de Salubridad. Por ejemplo, cierran esta institución; el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, que es una institución de investigación también con prestigio de carácter internacional, hoy, ya no cumple sus funciones como institución de investigación. El día de antier que estuve en el estado de Hidalgo, presencie una movilización de trabajadores del Hospital Civil de Pachuca, en el cual también, precisamente, protestaban por el cierre de su fuente de trabajo. Tenemos el caso, por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Tropicales, que hay un elefante , un edificio muy grande que fue construido hace dos años y el no tiene ninguna utilidad. Una clínica que fue inaugurada hace apenas dos años, también fue cerrada ya en forma definitiva, y es una institución para la atención de enfermos, precisamente de padecimiento tropical. Además del atropello de primero haber cerrado y después tratar de legislar, se atropello otro artículo de la Ley Federal de Trabajo Burocrático, que para que se cierre una institución, primero tienen que comprobar la utilidad de la misma. Y eso precisamente hace la inamovilidad de los trabajadores, conquista lograda ya y constatada en la Ley Federal de Trabajo Burocrático.
O sea, los trabajadores fueron utilizados y fueron tratados de la peor manera, y ahora se trata de tapar el ojo al macho, planteando la discusión. Yo no me voy abstener de votar, voy a votar en contra. Eso es todo.
El C. José Rosas Gómez Luna: -Solicito la palabra, para segunda intervención
El C. Presidente: _Tiene la palabra el ciudadano diputado, por la Comisión.
El C. José Rosas Gómez Luna: _Señores: Por lo visto necesitan aquí más explicaciones para los compañeros de otras diputaciones. Volvamos a la historia de 1945. En ese entonces, la Ciudad de México tenía 2.4 millones de habitantes; el lugar donde se encuentra el Centro Materno Infantil era un lote grande había pocas construcciones y sus calles aledañas eran también de poca circulación.
Conforme ha aumentado la población en la Ciudad de México, hubo necesidad de no nada más aumentar las vías de tráfico y de comunicación de la ciudad, sino que además éstas tuvieron que modificarse para hacer un tráfico más fluido y más rápido.
Al hacer estas vías el suelo de las calles quedó un metro 40 centímetros arriba del piso del edificio, en primer lugar. Ya dije en un principio que las inundaciones como principal objeto han destruido este edificio. Y no nada más el edificio, sino el peligro que daban a los pacientes y a los empleados.
Esta situación que orillo a esta iniciativa del ejecutivo, fue patriótica porque el peligro de estar trabajando ahí era bastante grande.
Punto segundo. Como aclaraciones. Existían allí 535 empleados, 30 camas de hospital, la atención vía-cama-hospital era de 17 empleados por cama; el promedio general aceptable en la medicina moderna debe ser de cuatro empleados por cama vía -hospital promedio.
Como ven ustedes, esto resultaba más de cuatro veces oneroso, el mantenimiento de este centro.
Por ejemplo, se atendían, dado lo precario de sus servicios, la falta de funcionalidad de este nosocomio, la falta de higiene del mismo, su infraestructura en lo que respecta en el cableado para la electricidad, a la tubería de agua, etcétera, para hacer más higiénicos posible los servicios, traía como consecuencia que se atendía un promedio de nueve partos diarios.
Con este personal cada parto salía en alrededor de 160 mil pesos de costo. Se daba aproximadamente 70 consultas diarias. Cada consulta con todo ese personal, costaba a la Nación mil 500 pesos.
Esta es otra de las situaciones que orilló a cerrar, a derogar a abrogar este decreto de 1945.
Bajo estas circunstancias, el Patronato, junto con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, solicitaron un presupuesto para arreglar, tratar de poner funcional y modernamente este nosocomio y el presupuesto que se hizo fue de 800 mil pesos, bajo esta circunstancia se pensó en no hacer esta inversión, puesto que era meramente un arreglo, lo cual no aumentaba ni siquiera un 30% ni las camas, ni los servicios, ni nada que se le
parezca a la medicina moderna actual, respecto a la de hace 40 años.
Bajo estas circunstancias, que yo siento y veo prioritarias e importantes, no podía seguirse trabajando, casi se puede decir, viviendo una situación, ni como empleado, como dije en un principio, ni como paciente, ni mucho menos interno en este nosocomio, entonces se pedía, aunque no fue así, a gritos, una renovación de esta situación que prevalecía.
Así las cosas, el 19 de abril de 1983, se aprobaron por decreto presidenciales la fundación de los institutos nacionales de Perinatología y Obstetricia, entonces cuerdamente, nuestro Presidente de la República puso una iniciativa para abrogar este decreto de 1945 y pasar la inversión del suelo de todos estos 535 trabajadores y los 800 millones de pesos que se necesitaban invertirse a estos institutos de Perinatología y Obstetricia y hacer una torre más grande para internas parturientas y para investigación. Creo yo que con estas cuatro circunstancias, estas cuatro explicaciones, añadidas a las de las inundaciones, salta a la vista, a cualquier vista de cualquier edad, de cualquier ideología, que era no nada más necesaria sino indispensable y patriótico, vuelvo a repetir, abrogar este decreto de 1945.
El C. Gerardo Medina Valdez: -Señor Presidente, con base en el artículo 104 consulte por favor al orador si admite una pregunta.
El C. Presidente: -Señor diputado, ¿admite usted la interpelación?
El C. José Rosas Gómez Luna: -Como no.
El C. Gerardo Medina Valdez: _A pesar de que se trata de un terreno inundable, se sabe que ese terreno va a ser o es del Estado Mayor Presidencial. Si existe el antecedente de que el 30 de abril, prácticamente fue ocupado por fuerzas del Ejército, la pregunta es ésta: señor diputado, ¿es cierto que la verdadera razón por la que desaparece este Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho", es para darle al Estado Mayor Presidencial un terreno cerca de la Residencia de los Pinos ?.
El C. José Rosas Gómez Luna: -En lo personal, yo le contesto que no. Usted dice que sabe, yo ni siquiera eso sabía. Entonces esa circunstancia yo creo que va a reafirmarse o a decidirse luego de que este decreto salga por nosotros aprobado aquí en esta Cámara. Señor Presidente, yo creo que está suficientemente discutido en lo general y propongo que se someta a votación.
El C. Edmundo Jardón Arzate: _Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: -Señor diputado Jardón. ¿es con relación al mismo asunto?
El C. Edmundo Jardón Arzate: -Sí, señor Presidente.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Jardón Arzate.
El C. Edmundo Jardón Arzate: -Señoras y señores diputados: Creo que el asunto a debate no se refiere precisamente a cuestiones de salud. Tal vez el señor diputado del PRI tenga razón en cuanto a todo lo que nos ha dicho de este Centro Materno Infantil, y quizá haya más a lo que se refiere a su buen o mal funcionamiento.
Yo en lo personal puedo decir que conocí ese centro, ahí una de mis hijas, y puedo agregar que la atención que pude observar en el no me pareció inadecuada, pero esto es materia aparte. Aquí lo que estamos discutiendo, señores diputados es básicamente el procedimiento: nos hallamos ante un hecho consumado y después del hecho consumado se pretende darle visos de legalidad a un acto arbitrario con un decreto aprobado por nosotros.
Por esta razón es por la que la fracción a la que pertenezco, la del Partido Socialista Unificado de México, ha dicho en boca del compañero Antonio Gershenson que nosotros no vamos a votar ni en uno ni en otro sentido, pues esto ya no tiene sentido.
¿Qué es lo que vamos a decretar?...
Simple y sencillamente que ya no existe lo que dejó de existir efectivamente el 30 de abril de este año. Y quiero aclarar al compañero diputado del PRI que la fecha en que realmente se cerro el centro todavía no se desataba la muy buena temporada de lluvia que hemos tenido este año, y que el registro de inundaciones en realidad se vino a dar hacia los meses de julio y agosto.
O sea que, tal vez, en previsión de inundaciones, si ese es el argumento, el centro fue cerrado bastante antes de que se iniciara la temporada de lluvias que hemos tenido este año.
Por otro lado, insisto, quiero dejar bien claro en la mente de todos ustedes. que no es esto una cuestión de convencimiento o conveniencia de la existencia de un centro de salud; de si va a ser sustituido por otro centro de salud mucho mejor. Ojalá y así sea, porque los índices de mortalidad por causas de embarazo han aumentado en nuestro país; ojalá y así sea: que haya mejores centros de atención materna.
Pero lo que queda en el ambiente es la forma en que se nos presenta; el momento en que se nos presenta este proyecto de dictamen de decreto, es decir, después de que el Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho" fue cerrado.
Y la verdad es ésta: está en la pregunta que Gerardo Medina le acaba de hacer al señor diputado del PRI. Calle de por medio está la residencia oficial de Los pinos, y ahí están los compañeros del Estado Mayor Presidencial,
digo compañeros porque de algún modo yo pertenecí al Ejército, fui conscripto de los que estuvierón en el cuartel, hice mi servicio en un año.
Está bien, yo no estoy en contra de que los miembros de Estado Mayor Presidencial tengan un sitio adecuado para su esparcimiento, a mi me parece de lo más lógico y de lo más encomiable que se busquen formas, medios y lugares para que los miembros de Estado Mayor Presidencial puedan dar rienda suelta a su esparcimiento. Lo que no está bien es que en aras de la economía en distancia, se haya escogido el sitio donde estaba el Centro Materno Infantil "Avila Camacho" ara que allí se cree el casino para el Estado Mayor Presidencial, que esa es la verdadera razón por la que este centro ha sido cerrado. Así que aprobemos, pues, aprueben ustedes, este decreto; sabemos ya que fue cerrado el Centro Materno Infantil.
Otra cosa hubiera sido sí, dadas sus deficiencias en cuanto a servicios, equipos, etcétera, si médicos, enfermeras no eran capaces, hubieran sido reemplazados. Otras cosas hubiera sido si en cuanto a equipo se le hubiera dotado de lo necesario, etcétera.
Insisto, no es una discusión sobre eficacia o no, de un centro de salud. La realidad es ésa, la que acabo de describir en pocas palabras. Quede pues aprobado el decreto por quienes quieran hacerlo y hasta aquí terminamos.
El C. Presidente: -Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto. De ser así, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en un solo acto, en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: -En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Suficientemente discutido, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor hago los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
Se emitieron 292 votos en pro; 9 en contra y 45 abstenciones.
El C. Presidente: -Aprobados en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, por 292 votos... Aprobado el proyecto de decreto para abrogar la ley que creó el centro materno infantil "General Maximino Avila Camacho".
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: -Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 5 de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede el permiso a los ciudadanos Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahi Groswirt, Martha Szniger de Melamed, Linda Wintraub Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión, el día de hoy, ese turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea lo siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Furhman de Chayo para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Benito Grizewsky Sissa para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Elena Margarita Méndez Buelna para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Silvia L. Saad para prestar sus servicio en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Gina Sacal Grego para . prestar sus
servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad. Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Samra Mitzrahi para prestar sus servicios en el Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Szniger de Melamed para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo octavo. se concede permiso a la ciudadana Linda Weintraub Groswirt prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en esta ciudad.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Pablo Ramos Canales para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México en estas ciudad.
Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar sus servicios en la Embajada de Israel en México en esta ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 26 de septiembre de 1984.
Humberto Lugo Gil, presidente: Mario Vargas Saldaña; secretario José Luis Lamadrid Sauza Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdoba, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Jorge Caneda vargas, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del C. Luis René Martínez S. Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Alejandro Lambretón Narro, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximino Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola. Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Juan José Osorio Palacios, Heriberto Batres García.
Segunda lectura.
El C. Presidente : -Esta a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: -Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
Se emitieron 346 votos en pro.
El C. Presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
El C. Raúl Lemus García: -Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con que objeto, señor diputado?
El C. Raúl Lemus García: Para recordar el natalicio de José María Morelos.
El C. Presidente: tiene la palabra el C. diputado Raúl Lemus.
El C. Raúl Lemus García: -Señor Presidente; Honorable Asamblea: El 30 de septiembre pasado se cumplió el CCXIX aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Para honrar a un gran reformador social y padre de las instituciones republicanas y he pedido hacer uso de la palabra porque es menester regresar, una y otra vez, al examen respetuoso de los ideales, las tesis de las grandes acciones de los grandes hombres.
Una regla de oro da valor permanente, es la que señala que nuestro mundo está más urgido y necesita de buenas acciones y ejemplos que de brillantes y elocuentes palabras. Pero también es verdad que cuando éstas se confirman con las obras, merece todo nuestro reconocimiento y admiración. Es el caso del cura de Carácuaro, cuya conducta patriótica es paradigma de los buenos gobiernos que han conducido los destinos nacionales, y debe serlo de todos los mexicanos, cualesquiera que sea su trinchera al servicio de la República.
Al ascender a la tribuna de este recinto parlamentario, levantado por el gobierno de la Revolución para la discusión democrática de las leyes del pueblo mexicano, frente a la perspectiva de esa plaza monumental que tenemos a la vista desde la escalinata, que nos recuerda el trazo y el pasado histórico de la gran Tenochtitlan, en donde se hunden nuestras raíces, me siento abrumado por la responsabilidad que implica el alzar la voz para evocar la memoria de uno de los más
grandes héroes nacionales. El 30 de septiembre de 1765. allá en Valladolid, hoy Morelia, en el lugar humilde de Manuel Morelos y de Juana Pavón, bajo el cielo esplendoroso de la campiña michoacana nació el diseñador y forjador de nuestro gran proyecto nacional.
De infancia oscura, como todas las de los grandes hombres que van modelando su destino en el crisol ardiente de su propio esfuerzo, incorporándose penosamente a su sino en cada minuto de la existencia, nuevo Atlas redivivo de la leyenda homérica.
En su vida incipiente de pastor recorrió los campos michoacanos, tocando el silvestre caramillo y bebiendo el agua fresca de los ríos y lagos del cuenco de su mano, aspirando el aire libre de la vegas y contemplando el vuelo de los pájaros, que habrían de darle a su espíritu la diáfana idea de la libertad, ensanchando su alma para tomarla generosa, y vaciar después en ella todo el dolor y la congoja de la raza aborigen, que lo había de empujar a rebelarse contra el oprobioso sistema de la encomienda hispánica.
Como arriero recorrió los caminos del sur, las viejas y polvorientas veredas que ascienden y bajan en las quebradas de la serranía, en donde cada paso es un abismo, y una insolación cada jornada.
En los muros del Colegio de San Nicolás y del Seminario Tridentino , donde conoció a hombres de la talla de Hidalgo, y de Abad y Queipo, abrevó los nuevos conocimientos que abrían paso lentamente de entre las sombras del medievo, el tomismo y el derecho a gobernar por la gracia de Dios.
La dureza de la lucha por la sobrevivencia de los humildes, entre los que convivió durante su infancia y juventud, vino a darle un sentido positivo a los conocimientos que adquiría: vigencia cotidiana y aprendizaje teórico y práctico, formaron la sensibilidad de un hombre que comprendió que la soberanía dimana directa e inmediatamente del pueblo y de la sociedad. Por eso cuando algunos insurgentes se encontraban enfrascados en conservar lo viejo el reinado de Fernando VII, para atenuar la largueza y crueldad de la lucha, Morelos supo definir el verdadero camino en armas; la libertad incondicional de una nación para conformarse de acuerdo a sus propias necesidades y a sus condiciones históricas; la independencia nacional para decidir nuestra propia forma de ser gobernados.
A los 25 años ingresa como alumno en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, aprende con fruición insólita los textos de moral y teología y en pocos años se ordena de sacerdote y, en las parroquias de Churumuco, Carácuro y Nocopetaro, capta como en un surtido atormentado todas las penas y las tristezas seculares de los indios sin pan y sin abrigo, sin luz en sus chozas misérrimas y sin esperanza en la penumbra de sus almas.
Por eso, desesperado por el dolor de un pueblo, fue que Morelos cambió la Biblia por la espada y la sotana desteñidas y las humildes sandalias de misionero, por la casaca y las botas de campaña y el pacífico tañer de las campanas de la iglesia pueblerina por el ronco estampido del cañón en los campos de batalla.
Tres largos siglos de humillaciones y escarnio de la explotación más rapaz que haya sufrido pueblo alguno, de una aparente resignación ante la fastalida de su destino, creo la falsa idea que los pueblos americanos seguirían sumisos y que nuestras sociedades estaban irremediablemente al tutelaje de un país extranjero.
Los sostenedores del régimen colonialista que sostenían la tesis de la raza superior, fueron incapaces de comprender que se encontraban en otras tierras, con otros hombres que tenían el derecho de crear su propio destino. Por eso cuando los mexicanos de la América septentrional decidieron que había llegado el momento de buscar su propio camino,. se encontraron ante la muralla de la incomprensión y el fuego de la metralleta de un ejército que en ese momento parecía ser imbatible y superior. Pero si la necesidad hacía las costumbres, así mismo los pueblos crean a sus héroes. De la noche del anonimato o de las apretadas filas populares, surge el caudillo que sintetiza los ideales de la abigarrada masa que se enfrentaba a un ejército organizado y disciplinado para la represión.
Mientras el ejército español luchaba en una tierra que no era la suya por aspiraciones solo precisas y definidas para los altos jefes, los caudillos populares se compenetraban con las masas y hacía un solo frente. Clérigo, abogados, comerciantes, se confundían con los indígenas, los campesinos, las castas y las masas empobrecidas e ignorantes con un solo afán: la libertad de un pueblo, la creación de una nación.
El movimiento de Independencia se manifiesta y opera como una explotación social, originada, impulsada y fortalecida por una crisis política, económica, cultural y de conciencia.
Durante el coloniaje surge el mestizaje como producto natural del choque, difusión de dos culturas, con una pujanza y creatividad que habrá de fructificar en la próxima canturía, dando a Latinoamérica una posición destacada en el concierto de las naciones.
Con Morelos la revolución de Independencia vive momentos estelares; sus acciones militares provocan la admiración de propios y extraños. La organización institucional legitima el movimiento de Independencia. que culmina con la expedición de la primera Constitución Política Mexicana. Su programa de reforma sociales se adelantan a su época y se incorpora al texto de la Constitución Política de 1917.
Morelos, capitán de insurgentes, era una cordillera en su movimiento; era un huracán que barría con los realistas, eran una tromba que caía sobre las plazas arrancando de cuajo las
trincheras y derrumbando los fuertes y cantiles.
Así fue como en vuelo meteórico subió de las costas broncas del Pacífico, atravesando la espesa jungla de las sierras de Guerrero y de Oaxaca, hasta bajar a los médanos y candentes de las costas del Atlántico, Telpan, el Veladero, Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Cuautla y Acapulco, van quedando en el camino de la historia como cráteres de ignición que pregona la grandeza rutilante del héroe.
Cuautla se me antoja como un tambor encendido donde se opera la transformación del caudillo y cuyas notas de resistencia, valor y osadía sigue causando pasmo y asombro a los estrategas.
Ciertamente la obra de Morelos como genio de la guerra, es inmensa, tan grande que al simple conjuro del recuerdo lo vemos pasar como relámpago que enciende el firmamento y al galope de los cascos de su corcel, a dos siglos de distancia todavía se cimbra el Continente.
Aún así empero, no es tan grande el guerrero como lo fue el estadista y el ideólogo. Volúmenes enteros podrían llenarse con el pensamiento fecundo de Morelos, como estadista y reformador social, baste decir que él auspició que desde su génesis, el Congreso Constituyente de Chilpancingo y que en el documento que Morelos escribió bajo la denominación de Sentimientos de la Nación, estaban resumidas en esencia, con trayectoria vidente, los principios republicanos de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, consagrados en las constituciones de 1824,1857 y 1917 y ¿ Por qué no decirlo con orgullo y satisfacción?, algunos de ellos alcanzaron rango y asiento definitivo en la carta fundamental de la Organización de las Naciones Unidas. El 28 de julio de 1813, Morelos expide la convocatoria para celebrar el primer Congreso Nacional Americano, que debería reunirse en Chilpancingo, Guerrero. El 14 de septiembre del propio año, quedó debidamente instalado e inició los trabajos en la sesión inaugural, Morelos, en una histórica locución, expresa a los congresistas, después de exhortarlos a obrar con patriotismo, "Temamos el juicio de una posteridad justa e inexorable que nos espera, tomamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones y ajustemos nuestra conducta a los principios más sanos" . Antes había apuntado, "A 21 de agosto de 1521, sucedió el 18 de septiembre de 1813, en aquel se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenochtitlan, en éste se rompe para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo". Ante el Congreso, Morelos presentó su renuncia como general en jefe del Ejército Insurgente para dejar a la suprema autoridad instituida en libertad de designar al comandante en jefe.
El 15 de septiembre de 1813, el Congreso expide un decreto designando al generalísimo Morelos como primer jefe y depositario del Poder Ejecutivo con el tratamiento de alteza, al aceptar Morelos tan grande responsabilidad, rechaza enérgicamente el tratamiento de alteza, adoptando el modesto título de "Siervo de la Nación".
Uno de los primeros actos trascedentales del Congreso de Anáhuac, fue la expedición del acta de Independencia, a los 6 días del mes de noviembre de 1813, que declara que la Nación mexicana ha recobrado que el ejercicio de su soberanía usurpada.
El 22 de octubre de 1814, expide la Constitución de Apatzingán, mediante el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, en la que fija la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de América, en ella destacan algunos puntos fundamentales inspirados en los sentimientos del gran caudillo, "que México es libre e independiente de toda potencia extranjera; que la soberanía reside en el pueblo y se define como la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, se ejerce por sus representantes, los miembros de los poderes, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial; que ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía; que el derecho de sufragio pertenece sin distinción de clases ni países, a todos los ciudadanos; que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no pueden ser ejercidos por una sola persona o por una misma corporación; que no haya grupos de hombres privilegiados; que la ley sea pareja para todos; que como la buena ley es superior a todos, se expresa en el punto XII de los Sentimientos de la Nación, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto".
Como reformador social pone en práctica y enuncia medidas y tesis que constituyen el acervo ideológico más importante de la revolución de independencia y son el ingrediente más sólido de nuestro proyecto de nación libre, soberana e independiente; decreta la abolición de la esclavitud; proscribe las castas y la discriminación racial; elimina los privilegios en favor de personas y grupos de hombres; pugna por jornales y salarios justos; elimina los tributos que agobian el pueblo; ordena en su proyecto para la confiscación de intereses europeos y americanos adictos al gobierno español, que todos los ricos, nobles y empleados de primer orden sean considerados como enemigos de la causa insurgente y tomadas sus riquezas y bienes para repartirse por mitad entre los vecinos pobres y la caja militar; en el reparto de los indigentes se cuidará que nadie enriquezca y todos queden socorridos.
En materia agraria se adelanta en un siglo a los principios rectores de la reforma agraria mexicana que en sus orígenes se compendia en el apotegma de restituir por justicia las propiedades comunales a los indígenas y
dotar por necesidad tierras a los campesinos carentes de recursos.
Las primeras disposiciones sobre la restitución de los bienes comunales a los pueblos indígenas, las da a conocer desde los primeros días de su campaña de 1810 y en diversas ocasiones reitera la orden de que las comunidades agrarias recobren la propiedad inalienable de sus montes, de sus tierras y de sus aguas, En materia de dotación y combate del latifundio, señaló que "deben también inutilizarse todas las grandes haciendas cuyos terrenos laboríos pase de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación de beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo e industria y no en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando a millares de gentes para que las cultiven por la fuerza en la clase de gañanes o esclavos cuando pueden hacerlo como propietarios de un terreno ilimitado, con libertad y beneficio suyo y del pueblo".
A la lucidez política que lo llevó a encontrar la mejor forma de gobierno para nuestra patria, se sumó el alto sentido de responsabilidad social ante los intereses populares, creador de una nación y el espíritu democrático de su gobierno, también previó que la única forma de mantener la solidaridad era a través de la igualdad y la justicia social.
En los Sentimientos de la Nación, bosquejó magistralmente lo que debe ser el México del futuro, una nación donde la brecha entre la opulencia y la indigencia no debían continuar agrandándose como la época colonial, esta percepción histórica del cura de un humilde pueblo debe ser la consigna cotidiana de los mexicanos, para aquellos que creen que la acumulación de la riqueza es la base del desarrollo social, deben pensar por nuestra historia nos ha enseñado que el camino contrario es el correcto. La opulencia de unos pocos solamente ha generado la reacción violenta de un pueblo que por su propio derecho reconstruye las injustas estructuras sociales. Por eso Morelos es el guía cotidiano que nos enseña a no caer en los errores cometidos y que en la conformación de esta patria nuestra no debemos volver a repetir. Así como percibió que la igualdad económica era la base de las relaciones sociales justas, nos legó la convicción de que las leyes deben ser aplicadas por igual, a todos los mexicanos, desterrando los privilegios de pequeños grupos o individuos que creen estar por encima de la colectividad; el sentido republicano de nuestra existencia como nación tiene en Morelos su origen, su fuente, su razón y creación.
Firme, lúcido y recio en el amor y la gratitud de su pueblo, como lo definiera el Presidente Miguel de la Madrid, Morelos sigue siendo un faro incandescente en los momentos de desconcierto, cuando para algunos el destino del país parece desvanecerse en el marasmo de la crisis.
México se encuentra en el cruce de su destino, los mexicanos cotidianamente, pero aún más en estos momentos difíciles, estamos defendiendo la estructura socio política que habrá de conocer el Siglo XXI. En nuestro generoso pasado histórico, en las claras convicciones de nuestros héroes, encontramos el impulso creador que nos permite sortear los peores momentos. En José María Morelos y Pavón, encontramos la fuerza vital para sobreponernos a las derrotas momentáneas; en su concepción republicana de gobierno y su hondo sentido social, los mexicanos observamos la forma y el fondo para ir conformando un México más justo y más igualitario. No hacerlo así sería traicionar a aquéllos que generosamente ofrendaron su vida para legarnos una patria libre y soberana.
Hoy, que conmemoramos un aniversario más de su natalicio, recordamos a Morelos como el creador de nuestra patria. Pero esta remembranza no debe, no puede que dar solamente en la alocución histórica. No queremos a nuestro héroe rodeado por el silencio de los campos sepulcrales sino que los requerimos vivos y actuales; que en cada uno de nuestros actos, la moral republicana, la convicción nacionalista y el hondo sentido de patria, libertad y democracia, sea la norma cotidiana que guíe nuestros pasos.
El nacionalismo revolucionario, la sociedad igualitaria y la renovación moral que el Presidente Miguel de la Madrid encauza, tiene su origen en la experiencia histórica que nos dejo Morelos; seamos capaces de recrear nuestra historia; consolidemos lo que con su ejemplo nos legaron hombres de la talla de Morelos; México es grande por su historia, por sus hombres y por su pueblo; sepamos estar a la altura de nuestros héroes.
Con el Presidente Miguel de la Madrid, el acervo ideológico de Morelos, sus tesis y principios siguen orientando y rigiendo las metas y el rumbo de este país.
El 14 de octubre de 1981, en Apatzingán, al iniciar una nueva campaña de la Revolución Mexicana, el jefe de las instituciones nacionales expresó: "... Vengo a este santuario de la patria a tomar inspiración del genio visionario de Morelos, a colocarme bajo el signo de la institucionalidad que el representó, a tomar de sus manos la bandera de la Independencia: libertad y justicia social, y a acrisolar mis propósitos en un diáfano ejemplo republicano.
Entre los mexicanos de dimensión universal, cuya vida ejemplar es menester honrar e imitar con devoción y respeto, destaca con luz propia José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación", quien nos legara una auténtica e inmortal enseñanza de patriotismo, de abnegación, de virtud y de genuina grandeza moral; su pensamiento y su acción encarnan los valores eternos de este país en su desarrollo histórico hacia la plena realización de su destino. Muchas gracias. (Aplausos.)
PROPAGANDA EN CONTRA DEL PAN
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: -Ciudadanos diputados: El martes pasado, en esta misma tribuna, el diputado por Acción Nacional, mi partido, Francisco Javier González Garza, vino a denunciar hechos ilícitos de un supuesto Partido Laboral Mexicano que ni es partido, ni es laboral, ni es mexicano, puesto que depende directamente de un gringo loco que se llama Lyndon Larouse, y que sin embargo, se le está permitiendo aquí en México intervenir en forma ilegal en los asuntos políticos de nuestra patria.
Mencionaba el diputado González Garza, y traía pruebas de ello, que ese partido está realizando una campaña de desprestigio para el Partido Acción Nacional fundamentalmente para Acción Nacional, porque también involucra a otros partidos como al PSUM, que aun en forma colateral los está atacando también. Mencionaba los volantes que han estado emitiendo, que han estado repartiendo en todos los lugares del estado de México.
Esta campaña, que empezó hace algún tiempo en los estados del norte de la República, y en otros estados en donde Acción Nacional está participando, nuevamente se está presentando, ahora en el estado de México. Se sigue editando todo tipo de volantes, unos firmados por el Partido Laboral Mexicano -éstos son nuevos y por eso no los mencionó aquí hace ocho días el diputado González Garza.
Este volante que tiene el escudo del supuesto Partido Laboral Mexicano, que dice: Reflexiona amigo naucalpense, reflexiona qué ha hecho Gordillo Mandujano 'PAN' en nuestro favor, ¿podrías decir tan sólo una cosa?
Pero esto no es lo más grave, esta campaña se está permitiendo, esta campaña sigue su curso, esta campaña de desprestigio al Partido Acción Nacional y a sus dirigentes se sigue permitiendo. Nuestro presidente nacional, el ingeniero Pablo Emilio Madero, presentó hace un mes una denuncia, formal, penal, ante la Procuraduría General de la República y no se ha hecho absolutamente nada.
Se han hecho denuncias de todo tipo, sin embargo, estos individuos siguen gozando de impunidad absoluta. También recordarán ustedes que el diputado González Garza mencionó aquí que en la Comisión Federal Electoral se rechazó el registro de este partido, porque no reunía los requisitos y porque dependía directamente de Estados Unidos. Y, sin embargo, se le sigue dando campo abierto; sin embargo, se le sigue soportando todas estas acciones ilícitas que está desarrollando.
Realmente nos preguntamos: ¿qué cosa es lo que está pasando en México? ¿Por qué se está permitiendo estas acciones de grupos que ni son partidos, de grupos que están interesados en desestabilizar al país y que definitivamente están cometiendo actos de lo más sucio, que puede haber en una campaña política? Porque ya se mencionaba, ahorita puede ser el PAN, después otros partidos, puede ser, quizá, el mismo partido oficial o algunos otros partidos y prueba de ello es este nuevo volante, insultante para muchas personas, que quisieran que se leyera por parte de la Secretaría; siempre a mi me apena un poco pedirle a un señor Secretario que lea algún documento, porque lo puede uno leer, pero en este caso sí es muy importante que uno de los señores secretarios, y así lo pido a la Presidencia, nos haga el favor de leer este volante nuevo que ha salido a la luz en el estado de México.
El C. Presidente: -Proceda la Secretaría a dar lectura al volante.
El C. secretario Miguel Ángel Garrido: -En el margen superior izquierdo, escudo del Partido de Acción Nacional.
El partido Acción Nacional te invita a unirte para:
1. Derrocar al PRI-Gobierno.
2. Difamar a los políticos corruptos del Estado de México, como son Adolfo López Mateos, Isidro Fabela, Jorge Jiménez Cantú, Gustavo Baz, etcétera.
3. Reafirmar nuestras alianzas con el gobierno Ronald Reagan, recuerde nuestra asistencia a la convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos.
4. Desestabilizar al país para lograr el cambio.
Atentamente. Comité Directivo Regional. Astolfo Vicencio Tovar.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: -Como ustedes ven, están tomando el emblema del Partido Acción Nacional y además están tomando la firma de una persona moral como el Comité Directivo Regional y también de una persona particular. Estos señores ahora están difamando y tratan de hacer pensar a la ciudadanía que Acción Nacional es el difama a los principales personajes del estado de México como son: Adolfo López Mateos, Isidro Fabela o al doctor Gustavo Baz, los están poniendo ya aquí también en estos volantes para que la ciudadanía diga, ¡ah!, esos malvados de Acción Nacional están difamando a todos los grandes personajes que ha tenido el estado de México, y así lograr que esta campaña de difamación, esta campaña de desprestigio, y en la mira, lógicamente, de disminuir nuestra votación en el estado.
Realmente quizá no nos importa que apareciera nuestro nombre en estos volantes si dijeran alguna cosa inteligente; pero ante estas cosas tan absurdas, tan sucias que se están haciendo por medio de estos volantes, no podemos permitir eso.
Yo creo que el Gobierno está dejando pasar las cosas sin meditar realmente lo que puede pasar. Yo creo que el Gobierno no le ha dado la importancia debida a esta situación. Ya se mencionó que se presentó una denuncia penal y que de esta denuncia penal, no se ha recibido absolutamente ninguna respuesta ni
creemos que se haya hecho ninguna investigación.
Aquí, en la misma Cámara, hace ocho días se paso este asunto a la Comisión de Gestoría y Quejas, y no creo definitivamente que la Comisión de Gestoría y Quejas haya movido un dedo para investigar esta situación.
Nosotros queremos dejar muy claro en esta tribuna que no vamos a permitir que se siga utilizando el nombre de Acción Nacional, no vamos a permitir que se siga insultando a nuestros dirigentes y tampoco vamos a permitir que se siga usando nuestro nombre para difamar a muchas personas que no tienen nada que ver en el asunto.
Esta situación, señores, nos puede llevar a la violencia, y Acción Nacional definitivamente no tendrá ninguna injerencia en ella; pero sí debemos hacer la denuncia formal para que en caso de que suceda se remita a las autoridades competentes, a todos los responsables de la posible violencia. Y seguiremos nosotros, en esta tribuna, denunciando cuantas veces sea necesario estos actos ilícitos cometidos por grupúsculos, que posiblemente estén alentados por el Gobierno, porque éste no ha hecho absolutamente nada para remediar esta situación.
PROPOSICIÓN SOBRE INICIATIVAS NO DICTAMINADAS
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado José Augusto García Lizama.
El C. José Augusto García Lizama: -Señor Presidente; honorable Asamblea: Han pasado ya dos periodos de la actual LII Legislatura y vamos en el tercero y último periodo ordinario.
Como en las anteriores, en esta legislatura se registra ya la institucionalización violación a nuestra Constitución y a la ley Orgánica del Congreso General, así como al Reglamento Interior del Congreso General. Esto sigue siendo algo normal sin haber la menor sanción para los responsables de tan grave desacato.
La gravedad es aún mayor porque los violadores pertenecen al mismo poder, encargado de aprobar las leyes.
Efectivamente, la fracción II del artículo 71 constitucional, otorga a los diputados y senadores al Congreso de la Unión el derecho de iniciar leyes. El mismo artículo expresa que las iniciativas que presentaren los diputados y los senadores serán sujetas a los trámites que designe el reglamento de debate, que por cierto no existe con ese nombre y que seguramente lo suple el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Ajustándose a lo anterior, mi partido, el Partido Demócrata Mexicano, ha presentado numerosas iniciativas en lo que va de la actual LII Legislatura, así como en la anterior LI Legislatura, sin que a la fecha se haya producido el más mínimo dictamen, ya sea en favor o en contra, o con las modificaciones que se consideren debidas.
Como consecuencia de lo anterior, las iniciativas de mi partido no han gozado de los beneficios del artículo 65 constitucional que expresa: "El Congreso se reunirá a partir del día 1º. de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución."
Estamos por lo demás conscientes de que la iniciación de un proyecto de ley, no significa que deben necesariamente convertirse en tal, pues puede lo mismo ser rechazado, modificado, que aprobado, pudiendo acontecer las diversas situaciones a que se refiere el artículo 72 constitucional, por lo que no se puede tolerar indefinidamente que no se acaten nuestras leyes y se siga la vieja y antidemocrática práctica de congelar toda iniciativa que venga de los legisladores, especialmente si éstos pertenecen a partidos independientes como el PDM. Incluso la fracción III del artículo 79 constitucional ,refiriéndose a algunas atribuciones de la Comisión Permanente expresa: ". . .recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras, y turnarlas para dictamen a las comisiones de la cámara a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones."
Vemos con indignación que el desarrollo democrático se encuentra congelado en la Cámara de Diputados, paralelamente al congelamiento de los proyectos o iniciativas de los legisladores, especialmente a los que pertenecen a los partidos independientes y otros de oposición, sin exceptuar a los de utilería y del propio partido oficial. Lo que de ninguna manera tiene justificación ni tampoco puede ser tolerado por más tiempo.
Comprobamos así que ni la reforma política iniciada con las modificaciones y adiciones a la Constitución General de la República, aprobada en los términos del decreto del Congreso de la Unión del 1º. de diciembre de 1977, ni la democratización integral, promovida por el presidente Miguel de la Madrid, han logrado reformar la mentalidad de los responsables del sistema congelador legislativo.
Tampoco han logrado mejorar el equilibrio entre los poderes de la Unión o, lo que es mejor, establecer un correcto equilibrio entre el espíritu declarativo y la voluntad política de realizar un auténtico avance democrático. Así se siguen sin rubor formas y sistemas que han resultado eficaces para hacer negatoria la actividad legislativa, de la minoritaria pero auténtica y legítima representación de la Nación presente el los proyectos e iniciativas que duermen el paradógico sueño de nuestra realidad política.
Compañeros diputados, nuestra Constitución, nuestra Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, no están vigentes. El libre ejercicio de los derechos y deberes de los legisladores tiene su límite en la presentación de iniciativas. Hasta ahí queda truncada esa llamada libertad.
Las voces libres están limitadas a dar simple opinión, pero no tienen real oportunidad de ver convertida en ley o decreto alguna iniciativa propia, a menos de que con el pasar del tiempo estas ideas u opiniones, proyectos o iniciativas sean replanteadas como iniciativas de ley por la mayoría gobernante.
Observamos con irritación que hasta hoy no existe la buena voluntad política y democrática de cumplir con el mandato de las leyes y así posibilitar realmente que la libre voluntad del pueblo, convertida en iniciativa, y ésta a su vez transformada en ley o decreto, haga viable una vida mejor para los mexicanos.
Hoy por hoy sólo es posible coadyuvar al mejor desarrollo legislativo en todo aquello que convenga al sistema y que no ponga en riesgo su permanencia y predominio en el poder.
La función legislativa debe ser en beneficio del pueblo en general y no en favor de los intereses de ningún grupo, por muy mayoritario que pueda ser.
Por otro lado se hace impostergable que, como se pidió en el Colegio Nacional la semana pasada, los poderes Legislativo y Judicial eviten que callar y obedecer sea su norma; son igualmente reveladores los comentarios que hiciera el senador Manzanilla en el sentido de que tres iniciativas que presentó el mes pasado, fueron congeladas en las anteriores legislaturas por razones de alto interés político, con la variante de que éstas no fueron congeladas en comisión sino en su presentación por inconfesables consideraciones políticas.
Con el fin de combatir y terminar con las violaciones a la Constitución, a nuestra Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General hacemos una excitativa a la Mesa Directiva para que dé cumplimiento al artículo 33 de nuestra Ley Orgánica que dispone: "Corresponde a la Mesa Directiva, bajo la autoridad de su presidente, preservar la libertad de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta Ley, los reglamentos y los acuerdos que apruebe la Cámara". Al Presidente de la Mesa Directiva, para que proceda de conformidad con el inciso b) del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica, y con la fracción III del artículo 21 de nuestro Reglamento interior que, refiriéndose a las atribuciones y obligaciones del Presidente, expresamente dice: "Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara".
Igualmente le pedimos que, como señala la fracción XVI del mismo artículo 21, proceda a: "Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto y, si no fuera suficiente, lo emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión"; a la Gran Comisión para que coadyuve, como lo dispone la fracción VI del artículo 47 de nuestra Ley Orgánica, al señalarle entre otras la siguiente función: "Coadyuvar en la realización de las funciones de las comisiones y de los comités"; muy especialmente a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo para que procedan a dar cumplimiento a las funciones que le competen de conformidad con el artículo 56 de nuestra Ley Orgánica que precisa: "La competencia de las comisiones ordinarias es la que se deriva de su denominación en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Publica Federal.
"Las comisiones ordinarias de dictamen legislativo ejercerán en el área de su competencia, las funciones a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto, y de participar en las deliberaciones y discusiones de la Asamblea, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior y de Debates".
A todas las comisiones para que den cumplimiento al artículo 87 de nuestro Reglamento Interior, que ordene que: "Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación"; o que en su defecto procedan como lo ordena el artículo 91 del mismo Reglamento, que dispone: "Cuando alguna comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio, lo manifestará a la Cámara en sesión secreta y antes de que expire el plazo de cinco días que para presentar dictamen señala a las Comisiones el artículo 87 de este Reglamento. Pero si alguna comisión, faltando a este requisito, retuviere en su poder un expediente por más de cinco días, la Secretaría lo hará presente al Presidente de la Cámara, a fin de que acuerde lo conveniente", lo que de paso rogamos tomar nota a los compañeros que forman la Secretaría.
También a los secretarios y en su caso a los prosecretarios, para que den cuanto antes cumplimiento a la fracción VI del artículo 25 de nuestro Reglamento Interior, que les señala como obligaciones: "Presentar a su cámara el día primero de cada mes, y en la primera sesión de cada periodo, un estado que exprese el número y asunto de los expedientes que se hubieren pasado a las Comisiones, el de los que hayan sido despachados, y el de aquellos que queden en poder de las Comisiones".
Para finalizar, en virtud de lo anterior y con el deseo de facilitar el cumplimiento de
las disposiciones correspondientes, damos a continuación una relación de las iniciativas presentadas por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano durante la actual LII Legislatura, a saber:
En el primer periodo, sobre la ley federal del trabajo, artículo 358, 371 y 395, presentada por el diputado Margarito Benitez Durán el 3 de diciembre de 1982, para evitar abusos de líderes sindicales y aplicación de la cláusula de exclusión.
En el segundo periodo, sobre la Constitución Política, artículo 6º. y 8º., presentada por el diputado Margarito Benítez Durán el 11 de octubre de 1983, para garantizar plenamente el derecho a la información. Constitución Política, artículo 62, presentada por el diputado José Augusto García Lizama el 13 de octubre de 1983, para evitar que el "zambismo" se haga en los legisladores una cosa habitual.
Constitución Política, artículo 83 presentada por el diputado Raymundo León Ozuna el 20 de octubre de 1983, para evitar el vacío de poder sexenal al cambio de Presidente de la República. Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), presentada por el diputado Juan López Martínez, el 4 de noviembre de 1983, para que no se pague el IVA por las medicinas. Constitución Política, artículo 135, presentada por el diputado Enrique Alcántara Enríquez, el 20 de septiembre de 1983, para que las reformas a la Constitución sean sometidas a referéndum para garantizar un mayor respeto a la misma.
En este tercer y último periodo ordinario, sobre la Constitución Política, artículo 56, presentada por el diputado Francisco Alvarez de la Fuente, el 18 de septiembre de 1984, para democratizar el senado y que haya senadores de minoría.
Igualmente pedimos sean dictaminadas las siguientes iniciativas, presentadas por los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano durante la LI Legislatura: Ley Federal del Trabajo, artículo 371 y 395, presentada por el diputado Gumersindo Magaña Negrete el 30 de octubre de 1979, para evitar expulsión de trabajadores por motivos políticos; Constitución Política, artículo 113, presentada por el diputado Luis Cárdenas Murillo el 4 de noviembre de 1981, relativa a las responsabilidades de funcionarios. Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, presentada por la diputada Adelaida Márquez Ortiz el 18 de diciembre de 1980, para que sea realmente posible una democratización electoral. Artículo 123 constitucional, presentada por el licenciado Gumersindo Magaña Negrete el 6 de diciembre de 1979, para que las utilidades de las empresas sean pagadas a los trabajadores con obligaciones que los hagan socios de la empresa en que trabajan. Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores del Estado, Ley del Infonavit, para mejorar su funcionamiento, presentada por la diputada Adelaida Márquez Ortiz el 1º. de diciembre de 1981. Constitución Política, artículo 4º, presentada por el diputado José I. Valencia González el día 30 diciembre de 1981, para salvaguardar los derechos de las familias y beneficio a las madres embarazadas e infantes hasta los siete años. Y otras muchas más, que están en Comisiones, entre otras, aquella que pide que no sea obligatorio el comprar acciones de Teléfonos de México para poder celebrar un contrato.
Igualmente pedimos sea regularizada la situación de muchas otras pendientes, procedan de quien procedan.
Por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, diputado José Augusto García Lizama.
El C. Presidente: -Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General, se excita a las comisiones respectivas para que cumplan las obligaciones legales a su cargo.
En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
INFORMES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PUBLICA 1982
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Gabriel Salgado Aguilar.
El C. Gabriel Salgado Aguilar: -"Señor Presidente; señores diputados; ciudadanos mexicanos: Quién oculta la verdad, teme ser vencido por ella.
El que obra bien, decía Sócrates, no debe temer que se manifiesten sus acciones.
Ciudadanos: El ser humano, como persona, es un centro de imputación de múltiples deberes frente a su propia conciencia, a la familia y a la comunidad nacional a la que pertenece,. En su cumplimiento estriba su misma honra, que equivale a su dignidad. Un sujeto indigno, es decir, sin honra o corrupto, es el que por temor o interés mezquino de cualquier índole no cumple sus diversos deberes. Por la honra "se puede y se debe arriesgar la vida", asevera Miguel de Cervantes en la voz del ilustre idealista "caballero de la triste figura", lo que equivale a afirmar que la vida sin honra es una mera existencia vituperable.
Estoy consciente de que denunciar un delito, y principalmente cuando se haya cometido en detrimento de la Nación, y perseguir los objetivos señalados, es un deber cívico que suele eludirse por cobardía, conveniencia personal u oportunismo. Tal ilusión puede entrañar encubrimiento o complicidad en favor de quienes han empobrecido a nuestro país. Ocultar lo que ha dañado a la Nación, solapar a los damnificadores, no exigirles en justicia
su responsabilidad, reconocer como válidos sus actos nulos y asumir una actitud pasiva de dejadez frente a los quebrantos del pueblo, entraña un comportamiento, por acción u omisión, contrario a la esencia de la patria.
Para nadie escapa, en la época actual, que de los últimos tres sexenios se han venido dando efectos y cambios profundos en la vida política y económica de todos los mexicanos, cambios que nos han venido restringiendo cada vez más el goce lógico y natural, del que debiera ser un creciente bienestar, con el fruto del trabajo de cada mexicano, desde los ciudadanos más modestos hasta los más encumbrados, nos ha tocado ser testigos presenciales de sucesos graves, que sin duda alguna habremos de superar.
Entre las principales y exclusivas facultades de la Cámara de Diputados están las consignadas en la fracción II del artículo 74 constitucional, que establece: "Vigilar, por medio de una comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda".
En la fracción IV, entre otras cosas dice: "La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas".
"Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley".
La Contaduría Mayor de Hacienda es, pues, el órgano técnico calificado en los conocimientos profesionales y de postrado en las disciplinas relativas a la contabilidad, fiscalización, auditoría y legalidad, etcétera, que forma parte y depende exclusivamente de esta Cámara de Diputados para realizar las funciones de contraloría y fiscalización al ingreso y al gasto público que ejerce toda la Federación respecto de los dineros del pueblo. Dichas actividades son a su vez supervisadas y vigiladas por esta Cámara de Diputados por conducto de una Comisión denominada de Vigilancia, de la cual el suscrito forma parte y que preside el diputado Rogelio Carballo Millán.
Cabe mencionar que entre las principales facultades y atribuciones de la Contaduría Mayor de Hacienda se encuentran las siguientes:
I. Verificar si las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, comprendidas en la Cuenta Pública:
b) Ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los programas y subprogramas aprobados;
c) Ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los términos y montos aprobados y de conformidad con sus partidas, y
d) Aplicaron los recursos provenientes de financiamientos con la periodicidad y forma establecidas por la ley;
V. Ordenar visitas, inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros, documentos, inspeccionar obras, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades, se han aplicado eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas y subprogramas aprobados y, en general, realizar las investigaciones necesarias para el cabal cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de responsabilidades, que pueden ser civiles, administrativas o penales. Todo lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica de la propia Contaduría Mayor de Hacienda.
Por otro lado, es preciso hacer notar que en cumplimiento del artículo 74, fracción IV, penúltimo párrafo la Cuenta Pública del año anterior es presentada a la Comisión Permanente del Congreso, dentro de los diez días primeros del mes de junio. Asimismo, dicha Cuenta Pública es entregada a la Comisión de Vigilancia para que por este conducto se haga llegar a la Contaduría Mayor de Hacienda, nuestro órgano técnico, para que este organismo, en cumplimiento de sus atribuciones, establecidas en el artículo 3º de su propia Ley Orgánica, elabore y rinda a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el informe previo, dentro de los diez primeros días del mes de noviembre siguiente a la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, y la del Departamento del Distrito Federal, cosa que ocurrió precisamente en noviembre del año pasado, con relación a la Cuenta Pública ejercida en el año de 1982, último año del ex presidente José López Portillo.
Como todos nosotros recordamos, posteriormente a lo aquí enunciado, la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, realizó el estudio y el análisis de dicho informe previo, precisamente en noviembre del año pasado.
Tras una revisión exhaustiva, se estableció en los considerandos del dictamen sobre el informe previo en cuestión, y refiriéndose a las irregularidades detectadas en esté, en el último párrafo de la página 9 lo siguiente: "Al término de la Ley de tal procedimiento, la Contaduría Mayor de Hacienda dará cuenta a esta Cámara, por conducto de la Comisión de Vigilancia de ese órgano del resultado de sus estudios y auditoría, así como de la formulación de los pliegos de observaciones y de la promoción del fincamiento de responsabilidades que en materia civil, penal o administrativa hubiese determinado".
Sin embargo, en el informe de resultados de nuestro órgano técnico, no vemos las promociones del financiamiento de responsabilidades
en materia civil, ni penal, ni administrativa. Omisión sumamente grave, pues se concreta a realizar pliegos de recomendaciones y de observaciones. Cabe hacer mención, la excepción del caso de Coyoacán, caso que desde luego no corresponde al ejercicio presupuestario del año de 1982; sin embargo, se ejerció acción penal, responsabilidad penal en contra de los responsables.
Por otro lado, en los mismos considerandos, del dictamen emitido por esta Cámara, relativo al informe previo recibido de la Contaduría Mayor de Hacienda respecto de la Cuenta Pública de 1982, en su página 17, segundo párrafo, titulado "Egresos", se estableció por esta representación nacional, lo siguiente:
"La política del Gasto Público de los últimos seis años se orientó primero a superar la crisis, después se dio prioridad a energéticos y alimentos, y a partir de 1980 buscó reducir la inversión del subsector petrolero y reorientarlas hacia otras prioridades. Sin embargo, la inercia y los compromisos de este subsector obstaculizaron la reasignación propuesta. Además, el Gasto Público se dispersó y se desarticuló al emprenderse sin una programación sistemática que lo vinculara con las prioridades nacionales, y se fijaran mecanismos de control y evaluación que aseguraran el cumplimiento de sus metas. En consecuencia, se redujo la productividad (manifestada en la terminación de proyectos de menor prioridad relativa, mientras otros más importantes quedaron inconclusos), se propició su derroche, se relajó la disciplina, hubo deshonestidad en su ejercicio, y se divorció de las prioridades del desarrollo nacional. Esta falta de programación sistemática aunada a la débil respuesta de la producción nacional, elevaron el contenido importado del gasto público, incrementando el endeudamiento externo y la dependencia económica".
Hasta aquí la cita de referencia al revisar el informe previo de resultados, relativo al ejercicio presupuestal de 1982.
Asimismo, en el dictamen que constituyó el decreto por el que se revisa la cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982, se establece de manera clara y concisa, en sus artículos 7o. y 8º., lo siguiente:
Artículo 7º. La Contaduría Mayor de Hacienda en la forma prevista en la fracción XIII del artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos del análisis e interpretación de la Cuenta Pública, para la elaboración del informe previo y el calendario a que está sujeto, así como las necesarias para reforzar e incrementar la cobertura y alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias; para formular los pliegos de observaciones y promover el financiamiento de responsabilidades, y las que le permitan el seguimiento de las acciones que ejercite".
En el artículo 8º. de este decreto citado se estableció:
"Artículo 8º. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia que practique las auditorías y realice sus acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1982 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados."
Como recordaremos todos nosotros, en esa ocasión se suscitó mucho interés y expectación tanto en los medios de difusión como en el pueblo en general, pues, al parecer, por fin la representación nacional, por conducto de sus diputados, se decidía a actuar de una manera legal, enérgica y definida, ante las innumerables irregularidades cometidas por un representante del Ejecutivo y sus colaboradores, y lo que es más, posteriormente se explicó a la opinión pública, por voceros del partido oficial, esto es, por sus diputados, que, en esta ocasión, no se aprobaba ni se reprobaba la Cuenta Pública ejercida en el año 1982, puesto que se había analizado en los informes previos rendidos por nuestro órgano técnico y que sería hasta el conocimiento del informe de resultados, cuando tal vez se fincarían las responsabilidades civiles, administrativas o penales, que se desprendiesen de las actividades irregulares que aparecían en el ejercicio presupuestal de 1982; y de esta manera se frenó y calmó la gran expectación causada por el pronunciamiento de esta Cámara de Diputados, que constituía la esperanza de que al fin a nuestro pueblo mexicano se le correspondiera con actos de justicia como tanto lo requiere.
Posteriormente, y en cumplimiento del artículo 3º. fracción II, inciso b, de la Ley de Contaduría Mayor de Hacienda, que establece que ésta remitirá a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, en los diez primeros días del mes de septiembre del año siguiente al de su recepción, el informe sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública. Dicho órgano técnico, efectivamente, envió el citado informe de resultados, básicamente en los primeros días del mes de septiembre próximo pasado.
En éste se consignan en cinco volúmenes, por cierto de complejo y difícil manejo, los trabajos de revisión, fiscalización y recomendaciones. En ellos se da cuenta de esto a todos nosotros, los que formamos esta legislatura, el C. Presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Rogelio Carballo Millán, mediante oficio leído en esta tribuna el día 11 de septiembre pasado, en el que, entre otras cosas, se hace notar lo siguiente:
El suscrito desea hacer especial mención en la asiduidad y sistematización que prevalecieron en las reuniones de la Comisión de
Vigilancia de esta H. Cámara de Diputados, órgano legal de control de la Contaduría Mayor de Hacienda, y destacar la participación de los representantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la misma."
Contrasta profundamente el interés y la expectación causada en la opinión pública, en espera del informe de resultados, definitivo, con lo manifestado por el responsable de la Comisión de Vigilancia en esta tribuna, mediante el oficio de referencia.
Igualmente con lo establecido en el multicitado informe de resultados, emitido por nuestro órgano técnico, pues quiero hacer saber que, entre otras cosas, se desprende que efectivamente nuestros elementos que integran la Contaduría Mayor de Hacienda sí trabajaron con cierta consistencia y eficacia.
Lamentable e inexplicablemente, en ninguna parte del informe de resultados se establece que se hayan fincado responsabilidades sobre todo penales, ni que se hayan continuado con las investigaciones correspondientes a tantos y tantos casos delictuosos localizados en las diferentes dependencias públicas y organismos descentralizados del Ejecutivo.
Se concretan injustificada y únicamente a formular oficios de recomendaciones -y cito, salvo el caso, Coyoacán que desde luego no pertenece al ejercicio presupuestal de referencia y que nos ocupa en este caso-. Lo que es mas, en algunas manifestaciones por parte de nuestra Contaduría Mayor de Hacienda, tal parece que se trata de justificar por todos los medios posibles la inexistencia de responsabilidades para los diversos funcionarios que ejercieron el gasto público en el año de 1982 y para algunos particulares que se involucran en las actividades delictuosas, cometidas en contra del erario público y en perjuicio de la nación, en perjuicio de nuestro pueblo mexicano.
Para reforzar lo que aquí se sostiene, señalaré algunas de las actividades, operaciones u obras, que implican erogaciones económicas, y que afectaron gravemente al erario público, de manera definida y concreta. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apreciaron algunas diferencias entre la información emanada de los diversos registros mediante los cuales la Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público controla la Deuda Pública.
La Secretaría de Hacienda realizó pagos y celebró compromisos en exceso del presupuesto autorizado, en rubros tales como la deuda pública y participación a entidades federativas, sin contar previamente con las respectivas autorizaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esto viene en la página 517 del informe de resultados emitido por nuestra contaduría Mayor de Hacienda.
Petróleos Mexicanos en la diversa gama de gastos y erogaciones realizados por ejemplo, en el rubro de gastos administrativos, se excedió en una cantidad mayor a 21 mil millones de pesos al Presupuesto de Egresos autorizados y esto representa un 35% mayor a su gasto autorizado.
Del ingreso y del egreso del sector paraestatal, las 27 entidades más importantes que se encuentran sujetas a control presupuestal directo, se advierte en la mayoría de éstas, deficiencias administrativas; un signo de esto es que los financiamientos contratados en 1982 que integran el sector, 310 mil 908 millones de pesos no fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda.
Se observaron otras fallas de consideración respecto a la planeación, la contratación y el pago de obras, las cuales reanudaron en una elevación exagerada de su costo, dándose el caso de que, por falta de estudios previos, fue necesario demoler la obra ejecutada con el consiguiente costo adicional.
Por lo que toca a las adquisiciones efectuadas en 1982, se comprobó que un gran número de ellas se realizó sin que se celebraran los concursos correspondientes; que en ciertos casos no se dispuso de cotizaciones y en otros los pedidos se fincaron a proveedores no registrados en el padrón respectivo -p. 522 del informe de resultados-, que se acaba de recibir hace días.
Revisando otros contratos y obras pagadas por PEMEX, dentro de la infinidad que realizó, se seleccionó el contrato GPC-734/77, el cual consigna el importe original del contrato: 50 millones de pesos; plazo de la ejecución de la obra, 364 días; tipo de asignación, directa; convocatoria a concurso, no hubo, análisis de precios unitarios, no hubo. Programa de obra; no hubo; fianza de contrato, 32 millones 70 mil pesos; importe total contratado; la gran diferencia: 380 millones, justificación y ampliaciones, no hubo plazo de ejecución de la obra, 882 días.
Otro ejemplo, al celebrarse una revisión al INMECAFE por nuestro órgano técnico, como resultado de la auditoría, que en la muestra seleccionada abarcó solamente un mes de operaciones y de únicamente tres centro receptores de dicho grano, de un total de 778 que tiene establecidos el Instituto, se detectaron diversas operaciones de compras de café con un importe de 6 millones 480 mil 730 pesos que no se comprueban realmente, ya que las firmas aparecidas en los documentos de compra no corresponden a la de los productores. Claro, multiplicándolo en el ejercicio sería una cifra multimillonaria.
Revisando una operación de las muchas realizadas y pagadas por el ISSSTE, se verificó que la empresa denominada construcciones, Aire Acondicionado y Refrigeración, S. A., se dio de baja con fecha 31 de diciembre de 1981, según el reporte del Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, se comprobó que por operaciones ininterrumpidas, celebradas de 1981 a 1984, el Instituto le cubrió la cantidad de 37.4 millones de pesos.
Otro ejemplo. En la obra Centro Comercial Oriente Neza-Zaragoza, Distrito Federal, dicha obra la realizó Construcción, Diseño y Programación, S. A., mediante el otorgamiento del contrato número 181-80-0B
asignado directamente, con un monto de 50 millones de pesos, modificado mediante seis convenios adicionales, alcanzando la obra un costo total de 273.2 millones de pesos, sin existir el aviso de inicio de obra.
Otro más. Acero en Bodega Celaya. FOVISSSTE adquirió 26 mil 251.7 toneladas de varilla de acero para las obras en toda la República, de las cuales 3 mil 388.5 toneladas se enviaron a las obras en proceso y 22 mil 863.2 toneladas se almacenaron en Celaya, Gto., para suministros posteriores. Para la administración de esta bodega se contrató a la Compañía REYTEX, S. A., por un monto de 23.9 millones de pesos y un periodo de tres años, aproximadamente. A partir del 22 de diciembre de 1982, la bodega es administrada por el FOVISSSTE. Al realizarse un inventario físico se determinó un faltante de 287.3 toneladas que actualmente representan un monto aproximado de 17 millones de pesos.
Y así podríamos seguir citando los innumerables casos que se observan en las diversas dependencias del sector público y que son determinados en este informe de resultados que acabamos de recibir. Todo esto viene precisamente en el informe de resultados, pero esta es una citación selectiva, compañeros.
Extraña que en todos los casos solamente se concrete a manifestar: "La Contaduría Mayor de Hacienda formulará el pliego de observaciones correspondientes". Lo que es peor, a nuestro juicio, son las siguientes puntualizaciones que hace dicho órgano técnico en sus páginas 543, 545, y 546, y que cito:
"Infracciones a las Leyes. Como se ha indicado en repetidas ocasiones, a lo largo de este capítulo, la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del marco de su competencia, ha promovido acciones para el financiamiento de responsabilidades e imposición de sanciones, en todos los casos en que hubo una base legal, sólida, para emprenderlas. Sin embargo, es de advertirse que en muchos casos la legislación vigente en 1982 no proporciona fundamento para sancionar las infracciones ni para que la Contaduría Mayor pueda actuar en consecuencia".
¡Nada más inexacto que esto, compañeros! Claro que existe y ha existido el fundamento y apoyo legal para investigar y determinar la responsabilidad civil, administrativa o penal, en contra de los innumerables agentes que, por comisión u omisión, defraudaron gravemente al pueblo de México y afectaron sustancialmente el erario público en el ejercicio presupuestal 1982.
Cosa muy grave es que nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, justifique el desbarajuste económico ejercido en el año de 1982, conocido, reconocido y aceptado por los miembros de esta legislatura desde el año pasado, al pronunciarse sobre los informes previos relativos a ese mismo ejercicio presupuestal, en noviembre del año pasado.
Cosa muy grave, también señores diputados, es que nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, da énfasis al supuesto cambio positivo en el orden de nuestras finanzas, al sólo cambiar el sexenio y hacer acopio de elogios, tratando de hacer olvidar el agravio económico y moral cometido contra nuestro pueblo, al establecer entre otras cosas que: "La acción gubernamental del presente régimen en el campo de las finanzas públicas, ha puesto el acento en la inducción de mayor orden, mediante acciones en las cuales las responsabilidades están plenamente definidas. La tarea es difícil, a no dudarlo, pero debe señalarse enfáticamente que los resultados de las políticas que ha desarrollado el Poder Ejecutivo a partir de 1983, han permitido, al marcar derroteros claros, en el combate a la corrupción, en el fortalecimiento del marco legal y en el manejo más ordenado de las finanzas públicas".
Y sigue diciendo: "Por las razones antes expuestas, la Contaduría Mayor de Hacienda considera que, aun dentro del marco de condiciones difíciles que todavía prevalecen, el rumbo de las acciones decidido por el Ejecutivo Federal está bien orientado".
Señores diputados: como quien dice, ya tenemos el informe previo y de resultados con su respectiva opinión y definición de parte de nuestro órgano técnico, relativo al ejercicio presupuestal de 1983, mismo que aún no conocemos.
Muy grave también, señores diputados, que nuestro órgano técnico en ninguno de los informes rendidos a su soberanía, nos haya dado a conocer las circunstancias de legalidad en que se contrató nuestra ya cuantiosa deuda externa y que en el año de 1982 se incrementó substancialmente, arrojando un total dicho incremento, en el sexenio lopezportillista, de 37 mil 600 millones de dólares.
Muy grave, señores diputados, que nosotros los representantes del pueblo, titulares únicos del cuidado y eficacia del dinero y ahorros de nuestros conciudadanos, desconocíamos nuestras facultades y, como consecuencia, no las ejercitamos. Y como otra consecuencia peor, darse caída en la presumible responsabilidad por omisión ante nuestra sociedad, que se asfixia día a día al debilitarse su poder adquisitivo y al no administrarse en forma clara su patrimonio y verse éste desprotegido por la grave indolencia de muchos de nosotros.
Muy grave, señores diputados, que se sostenga por parte de nuestro órgano técnico, que hasta el año de 1982 se carecía de fundamentos legales en muchos casos, y que por tal razón sea hasta 1983 en adelante, cuando se pueda actuar con el apoyo jurídico completo correspondiente; cuando la realidad nos muestra ejemplos concretos, como el que obra en nuestro poder, de la violación más común realizada en el ejercicio presupuestal, y al que se le denominó jurídicamente por la Contaduría Mayor de Hacienda, en el año de 1979. "El fraude maquinado en la revisión de la Cuenta Pública" y en la que con lujo de detalles se demuestra que con apoyo en el marco jurídico correspondiente y vigente en este tiempo, y hasta el año de 1982, se siguiera
hasta sus últimas consecuencias, ejercitando la acción penal competente acorde con las facultades de esta Cámara de Diputados y de la susodicha Contaduría Mayor de Hacienda; caso que sería impráctico en este momento relatar por lo extenso del proceso correspondiente, pero que agrego a mi proposición que en seguida expongo ante esta Secretaría para el efecto correspondiente.
Señores diputados, no son las luces ámbar las que pretendemos encender, son las luces rojas las que intentamos mantener encendidas. Ahora nuestra actitud es omisa posiblemente indolente. La soberanía nacional representada aquí y ahora por cada uno de nosotros ha abdicado posiblemente por omisión, por inercia o por conveniencia, actitud nada patriótica de la mayoría que formamos esta Cámara de Diputados. Dijo Dionisio de Halicarnaso que un buen gobierno produce ciudadanos que se distinguen por su valor, su amor a la justicia y otras buenas cualidades. Un mal gobierno les hace cobardes, rapaces y esclavos de todos los deseos deleznables."
Por la exposición hecha ante ustedes y con apoyo además, en el marco jurídico preceptuado en el artículo 74, fracción IV, constitucional; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; General de Deuda Pública; de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; así como las que regulan la actividad del Departamento del Distrito Federal y los artículos 220 y 223 en relación con los términos del artículo 13, ambos del Código Penal Federal; así como también con apoyo en los informes previo y de resultados, todas ellas normas vigentes para el año de 1982, ante esta Asamblea, formulo mi siguiente
PROPOSICIÓN
1º. Que con motivo de que del debate sobre el informe previo realizado el año pasado en noviembre, no se tomaron resoluciones concretas y de que ahora contamos con el informe de resultados que es el definitivo, se destine una sesión especial al análisis de este informe y se tomen en ella medidas concretas al respecto.
2º. Que en consecuencia se ordene a la Contaduría Mayor de Hacienda realizar el seguimiento de las responsabilidades penales que se deriven de las irregularidades consignadas en el informe de resultados y todas aquellas que de ahí deriven, en contra de quienes proceda.
3º. Que se integre una comisión especial por miembros de esta Cámara, con representantes de todos los partidos para que estudie y analice si se ha dado la circunstancia establecida por el artículo 6º. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que entre otras cosas y a la letra dice: "Procederá la remoción del Contador Mayor de Hacienda, aunque no haya transcurrido el término de ocho años a que se refiere el artículo 5º. de esta ley, cuando en el desempeño de su cargo incurre en falta de honradez, notoria ineficacia, incapacidad física o mental, o cometa algún delito intencional, y sigue diciendo otras cosas.
4º. Que se dé el tratamiento, a esta mi proposición, especifica en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión.
Atentamente.
Por la diputación del Partido Acción Nacional, diputado Gabriel Salgado Aguilar."
El C. Rogelio Carballo Millán: -Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Rogelio Carballo Millán: -Sobre el mismo tema.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Rogelio Carballo Millán.
El C. Rogelio Carballo Millán: -Señor Presidente; honorable Asamblea: He pedido la palabra porque creo que nuestro compañero Salgado ha hecho uso de la tribuna sin estar debidamente informado del tema que ha pretendido desarrollar.
Verdaderamente me causa una impresión muy rara -para llamarlo de alguna manera-, el hecho de que citando una serie de situaciones que aparecen en el informe de resultados, que con la debida oportunidad se entregó a esta honorable Asamblea, se haya formado un juicio sobre la tarea de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Yo creo, y creo que todos los que pertenecemos a la Comisión de Vigilancia, debemos reconocer algunos aspectos que ahora trataré de resaltar de manera casuística o de manera general, porque creo que es injusta la apreciación o la serie de apreciaciones que ha venido haciendo el señor diputado Salgado, sobre las actividades de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En primer lugar, quisiera recordar que después de muchos años esta honorable Asamblea, esta legislatura, ha dado un apoyo extraordinario a esta tarea de fiscalización.
En segundo lugar, a todos nos consta, los que pertenecemos a la Comisión de Vigilancia y a su alterna, la Comisión de Programación y Presupuesto, el énfasis que esta Asamblea le ha dado a la tarea de fiscalización del ingreso y del gasto público.
Yo solamente quisiera recordar algunos aspectos que probablemente pudieran ser excesivos en este momento, pero que dan pie para que el señor diputado Salgado acepte la invitación que a todos los miembros, no solo de la Comisión de Vigilancia, sino también a la Comisión de Programación y Presupuesto y a las demás comisiones de tener alguna discusión abierta, franca y profesional sobre los resultados contenidos en este informe que proporcionó a la Contaduría Mayor de Hacienda,
que es el informe de resultados que de acuerdo con la Ley debe rendir.
En primer lugar, desearía yo manifestar que nuestro órgano técnico en esta ocasión ha dado cumplimiento cabal a las instrucciones que la propia ley, o sea la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda le otorga.
Y en segundo lugar, quisiera resaltar que si de alguna manera se trató alguno de los asuntos en la Comisión de Vigilancia, fue el aspecto de dar cumplimiento cabal a las recomendaciones que se hicieron por parte de las comisiones correspondientes que dictaminaron sobre la Cuenta Pública de 1982.
Esto es especialmente importante porque creo que no es justo que después de que esta Asamblea y después de que todas las comisiones en lo general han estado pendientes y han estado apoyando la tarea del órgano técnico, por unas cuantas citas aisladas, se pretende cuestionar la actividad y la función de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Yo solamente quisiera hacer referencia a algunos aspectos que he juzgado conveniente destacar: como es obvio, el documento ha llegado hasta el pronunciamiento o los señalamientos que en un momento dado le impone la ley correspondiente, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Y yo creo que es también muy pertinente que todos estemos conscientes de que en un momento dado, si la Contaduría Mayor de Hacienda no ha dado un pronunciamiento sobre alguna situación de ilícitos, como aquí se pretende, es porque no quiere actuar de manera frívola y con falta de profesionalismo.
Por primera instancia, yo quisiera recordar, únicamente por esta vía, por la vía del recordatorio, que por primera vez tenemos una Contaduría Mayor de Hacienda debidamente reforzada con múltiples profesionistas.
Ya se ha dicho hasta la saciedad en todas las reuniones de la Comisión de Vigilancia, qué tipo de profesionistas tiene ahora esta institución, este órgano y qué es lo que está realizando para poder cumplir obligatoriamente con notarías.
Hemos visto desde que se instituyó esta nueva tónica , por parte de esta Asamblea, cómo se ha venido reforzando este órgano técnico, esto ya se ha dicho multitud de veces no quisiera repetirlo, pero creo que si alguna vez se ha hecho el trabajo profesional ha sido en esta ocasión.
Por otra parte, hay algunos aspectos que yo quisiera resaltar. Hay una serie de imputaciones que se han hecho en esta tribuna que, francamente, no es que me quiera constituir en defensor de nuestro órgano técnico, pero creo que son, como lo dije antes, muy frívolas, por una razón efectivamente, hay ordenamientos muy claros en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda que establece qué es lo que debe hacer la Contaduría Mayor de Hacienda, y por si eso fuera poco, insisto, desde un principio la Comisión de Vigilancia, todos los que hemos participado en ella, hemos estado pendientes de que se cumplan las determinaciones que en los decretos correspondientes señaló esta Asamblea, cuando se discutieron los dos dictámenes de la Cuenta Pública del '82, la Federal y la del Departamento.
Pero yo no quisiera únicamente hablar de memoria, se ha dicho aquí que la Contaduría Mayor sólo se ha dedicado a ver algunos aspectos. Yo quiero recordar que por primera vez la cobertura que ha tenido la Contaduría Mayor de Hacienda ha sido al triple el número de entidades y ha sido diez veces más el número de revisiones que ha hecho que en los años previos. Esto señores, se dice muy fácil. Se dice muy fácil porque, obviamente en apariencia, se puede disponer de un número importante de profesionistas especializados en esta naturaleza en un plazo tan breve; pero al señor diputado Salgado le consta el gran esfuerzo que se ha hecho para reclutar agentes, técnicos que efectivamente puedan realizar su tarea en forma cabal y responsable.
Por otra parte hay otra situación que también es importante aclarar, porque yo no quisiera que quedara en el aire o en el vacío esta imputación de que la Contaduría Mayor únicamente quedó en el aspecto de hacer recomendaciones y en una situación como la que el propio dictamen de la Cuenta Pública señalo, permaneció inactiva y permaneció indiferente.
Yo quisiera que se leyera con más cuidado en su cabal dimensión lo que se refiere a las acciones de la Contaduría Mayor de Hacienda. Si esto fuese poco, yo les quiero recordar que el tipo de participación que ha tenido la Contaduría Mayor es, por una parte, hacer recomendaciones de tipo constructivo; por otra parte, hay un proceso establecido por la propia ley que establece cuál es la secuencia que tiene que seguir para establecer, primero, los pliegos de observaciones y después, los pliegos de responsabilidades.
Y por último, efectivamente, hay leyes que establecen que en el caso que haya algún ilícito, la Contaduría Mayor debe de actuar.
Yo lamento mucho que en estos aspectos no esté debidamente interiorizado nuestro compañero Salgado, porque, insisto, hay a lo largo de toda la actuación de este último año una serie de comprobaciones, tenemos el especial cuidado de que en cada ocasión se levante una acta de cada asamblea o de cada reunión y permanentemente se ha venido solicitando la participación de todos los compañeros diputados, no nos ha interesado que sea de un grupo parlamentario o de otro, siempre han sido acogidos los puntos de vista de los compañeros, y por esta razón, insisto, ya lo explica la Contaduría Mayor, se conformó una acción sobre un amplio número de identidades y sobre todo con un mayor número de técnicas especializadas en la materia. Ya no hicimos lo que antes se acostumbraba realizar, simplemente una auditoría financiera tradicional, tuvimos el especial cuidado de que la Contaduría Mayor se adentrara en
hacer auditorías de obras, auditorías de sistemas, en auditorías de legalidad y eso está plasmado en el informe de resultados; quizá pueda justificar que el tiempo que tiene este documento de haber sido emitido no nos haya dado a todos la oportunidad de conocer en detalle, pues, lo que en ese documento se establece; pero lo que está muy claro es que la Contaduría Mayor de Hacienda significa que su acción no ha terminado, que sigue con la investigación en los casos en los que no tiene una información suficiente, porque quiero ser también muy claro en este sentido, la Contaduría Mayor lo que ha tratado de realizar es una denuncia clara, concreta y objetiva de los casos ilícitos que ha encontrado. Y si en un momento dado aun no se ve, como desearían algunos de los compañeros, una serie de determinaciones, de acciones, como el caso de Coyoacán, yo quiero ser muy claro en ese sentido también, hay una página del informe de resultados donde se dice claramente cuáles son las acciones que ha emprendido, en qué situación está y, por otro lado, qué es lo que ha significado su acción.
Por lo pronto se han podido recuperar, señores, tres mil millones de pesos, que cualquiera, analizando así de manera muy ligera podría decir, bueno, si se recuperaron es que hubo un ilícito; esto, creo que no le toca a la Contaduría Mayor de Hacienda calificarlo, aunque está tomando las providencias necesarias para que todas las acciones que la ley le obliga se vayan realizando.
Ahora bien por si esto fuera poco, yo quisiera hacer énfasis en otro aspecto que también es muy importante .
Permanentemente en esta tribuna, y no sólo en esta ocasión, no sólo en esta legislatura, se ha venido manejando la idea de que la Cámara de Diputados no tiene un órgano técnico adecuado. Por otro lado, también, se ha venido manejando, lo he escuchado muchas veces, que no hay información suficiente para poder analizar y discutir los planteamientos del Ejecutivo.
En eso último señores, yo quisiera referirme a lo que la Contaduría Mayor ha tenido que realizar, yo creo que por primera vez se ha establecido un diálogo permanente con todas las áreas del Ejecutivo que se han analizado, por una parte; y por otro lado, nosotros mismos, todos los señores diputados que hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es la información que se deriva de un análisis y cuál es la información de lo que el Ejecutivo ha venido realizando desde 1982, ya en alguna intervención en esta tribuna me permití señalar que el hecho de que haya un área de fiscalización como la que ahora tenemos, no es que haya nacido de la nada, sino que efectivamente ha sido un proceso que se ha venido realizando desde años anteriores.
Pero en fin, no quisiera yo abundar en este tipo de detalles, porque creo que la mejor acción que podíamos hacer es atender lo que en el propio informe de resultados se establece. Hemos invitado a todos los miembros de la Comisión, les hemos dicho que abiertamente tenemos la facultad y la obligación de llamar a cuentas a la Contaduría Mayor por si tenemos algunas dudas sobre algunos de los aspectos que analizó. Todavía en la última reunión, en la entrega de este documento, se volvió a hacer esa excitativa; la Contaduría Mayor está abierta para cualquier señor diputado que quiera abundar en sus análisis o en sus investigaciones y, por otra parte también, desafortunadamente, yo quisiera hacer esta mención, yo creo que si dentro del lapso o de este periodo que hemos venido analizando, los avances de la Contaduría Mayor, en lo cual quiero insistir, ha sido de manera sistemática, ha sido de manera permanente, hemos estado pidiéndole a la Contaduría Mayor su presencia en todos los foros, ojalá que en estas reuniones pudiésemos tener este tipo de aportaciones como la que pretende hacernos nuestro buen amigo Salgado, porque, desafortunadamente, y aquí tengo un record de la asistencia de los señores diputados, desgraciadamente desde el mes de septiembre del año pasado no asiste a las reuniones de la Comisión. Y si hubiera asistido, hubiera tenido la oportunidad de ir conociendo estos aspectos del avance de la Contaduría Mayor, de lo que pretendíamos hacer, de hasta dónde estábamos llegando y, sobre todo, de lo que se piensa hacer en el futuro. En el futuro no solamente de lo que pueda ocasionar la revisión de la Cuenta Pública de 83, sino la Cuenta Pública de 82.
El proceso no lo ha terminado la Contaduría Mayor y lo dice muy claramente en varios de los apartados del informe de resultados. Por esa razón yo creo que una propuesta seria y lógica sería que nos reuniéramos en la Comisión de Vigilancia con la asistencia de todos los señores diputados que la integran; que analicemos con seriedad, pero con serenidad cuales son las conclusiones y que, por otro lado, tengamos el juicio suficiente para analizar concretamente todos los aspectos que significan una revisión tan exhaustiva como la que ahora se ha hecho por primera vez en los últimos 25 años, que yo recuerde.
De tal manera que, yo creo e insisto, la proposición válida en este momento es que se asista a la Comisión de Vigilancia para enterarse; en segundo lugar, que se aporte a la Comisión de Vigilancia, y en última instancia, si se desea que compadezca el señor contador mayor y sus técnicos, para que en esas discusiones se puedan dilucidar todas las dudas que aparentemente se han venido a manifestar en este foro. Claro, esto significa en primer lugar enterarse de cómo estaba la situación, cual es el alcance de la revisión de la Contaduría Mayor, cuál es en el fondo lo que aún está pendiente de dilucidarse, porque insisto, así se dice de manera muy clara.
La C. Ma. Teresa Ortuño Gurza: -Quisiera preguntarle al orador si puede decir del ejercicio que estamos hablando, ¿del 82?, ¿en cuántos casos concretos se fincaron responsabilidades por parte de la Contaduría?, porque no hay ninguno en el que hayan podido encontrarse responsabilidades tanto ejecutivas, civiles o penales.
EL C. Rogelio Carballo Millán: -Como no. Yo quisiera en primer lugar ubicáramos qué es lo que la ley establece como responsabilidades, porque si usted piensa que se trata de ilícitos, no los va usted a encontrar porque todavía no culmina su acción la Contaduría Mayor. En este análisis en que hemos hecho los pliegos de observaciones fincados, son equivalentes a una recuperación probable de mil 372 millones de pesos; se han hecho del Sector Público recuperaciones por mil 639 millones de pesos que es una retención por impuestos recaudados y no transferidos a la Tesorería; se han fincado pliegos de observaciones y están en proceso de elaboración más de ciento cincuenta pliegos de responsabilidades y de observaciones que van a dar, más o menos, presuntamente, todavía no podemos estar seguros, por eso no se dice con esa forma tan categórica que ustedes desearían, se pueden recobrar mil millones de pesos. Por otro lado, los hallazgos detectados y en los cuales se aplica lo que la ley establece como deductivas, o sea la recuperación, tres mil millones de pesos. Estos da una eventual recuperación por participación de nuestra Contaduría Mayor de cerca de siete mil millones de pesos, de modo que yo sí quisiera insistir en esa petición de que nos veamos en la Comisión de Vigilancia y que de ahí, toda la información que se desee está a la disposición de los señores miembros de esta Cámara.
La C. Ma. Teresa Ortuño Gurza: -¿Cuánto tiempo se requiere después de dos años para fincar responsabilidades?
EL C. Rogelio Carballo Millán: -Señor Presidente: Yo quisiera hacer una atenta invitación; si la señorita diputada tiene interés, como lo hacemos con todos los demás compañeros, no sólo de Acción Nacional sino de todos los partidos, que nos acompañe y le damos toda la información, mejor dicho la Contaduría Mayor, no quiero asumir esa responsabilidad. Yo creo que vale la pena que usted nos haga ese favor. Muchas gracias.
EL C. Presidente: -Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 58, invocado por el señor diputado, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición. Continúe la Secretaria.
EL C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: - El artículo 58 en su fracción III dice lo siguente: "Inmediatamente se preguntara a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada". En votación económica se pregunta si se admite la proposición. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
EL C. Presidente: -Continúe la secretaria.
EL C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: -Los que estén por que se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada la proposición. Tiene la palabra para hechos, el C. diputado Gabriel Salgado Aguilar.
EL C. Gabriel Salado Aguilar: -Señor Presidente; con su permiso, señores diputados, para hechos: Dos tipos de hechos, según su procedencia, unos cometidos por el señor Presidente, y otros por el compañero Carballo Millán.
En primer lugar, quiero hacer mención que en mi proposición solicité que se le diera el tratamiento -a ella a la misma-, en marcado en el artículo 58, y no se contestó. Al contrario, se elude por orden del señor Presidente de la Cámara, leyendo una fracción que sí corresponde al artículo, pero que no cita, no aclara las facultades de esta Cámara y de sus miembros. Esos hechos pues, lógicamente, me opongo y protesto por ello.
Por otro lado, cabe hacer mención que el compañero diputado Rogelio Carballo Millán, en su intervención, efectivamente, cita algunas cosas de las que yo solicito en mi proposición, y claro que estamos, aceptamos esa platica, aceptamos ese análisis, aceptamos ese diálogo, ese estudio, para que haya verdaderamente un pronunciamiento responsable, serio, definido, por parte de esta Cámara de Diputados, a quien le compete de manera exclusiva, única, la responsabilidad de fiscalizar, de cuidar el gasto de todo el dinero de la Federación. Que no se confunda con el nombre de Contaduría Mayor de Hacienda, se vaya a creer que es de Hacienda y que corresponde a una secretaría. No, y que no se nos confunda porque hay otro organismo dedicado a actividades de fiscalización y auditoría que se llama Contraloría General de la Federación, que no sé si es coincidencia. pero si nos vamos a interpretar por el nombre, pues tal parece que una dependencia de un poder es la que está por encima en facultades de toda la soberanía formada por el Congreso de la Unión, por que la Federación es todo el gasto público, toda la República, y eso solamente le corresponde de acuerdo con la Constitución, a la Cámara de Diputados como facultad exclusiva, vigilar la aplicación de todos los centavos del pueblo.
Por otra parte, claro que se acepta la invitación, que sea pública, en sesión pública o privada, por todos los compañeros o los que
asistamos, pero que sea en esos términos. Que haya un pronunciamiento serio, válido, en todo caso, se pueda derivar la posibilidad de la realización de los puntos establecidos en mi proposición.
Cabe mencionar que en ningún momento, mi persona trató de subestimar la actitud, la tarea difícil realizada por nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda. Claro que han estado trabajando, porque como decía nuestro compañero diputado Carballo Millán, a las pocas sesiones que he asistido, sí he estado enterado de ello. Pero no es lo mismo la intensidad que la claridad, y tenemos que ir al reconocimiento de las prioridades, de las obligaciones tanto de este Congreso, de esta Cámara de Diputados, como de nuestro órgano técnico, precisar y buscar las responsabilidades que la ley establece y que ya hemos mencionado y que cuando gusten las podemos analizar, que sí están establecidas en los diversos ordenamientos jurídicos que rigen y forman el marco legal que coordina la actividad a que hemos hecho referencia.
Por otra parte, hay que reconocer la atención y la caballerosidad de los titulares de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, principalmente el diputado Carballo Millán, que ha sido muy atento, muy caballero; además de que he faltado a varias reuniones, se reconoce, pero además, es necesario establecer en qué circunstancias o en qué condiciones a veces se programan las reuniones.
Yo no soy diputado de aquí de México, del Distrito Federal, tengo que estar fuera por obligaciones en el lugar en que resido. Inicialmente, cuando entramos en funciones, esta Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda elaboró un programa, un calendario para todo el año, por anualidades, y quedó en el olvido y no se respetó para sesionar. Posteriormente las citaciones, sí se hacen a tiempo, es cierto, pero a veces no, así como hay que puntualizar lo positivo, lo correcto, también hay que puntualizar la irregularidad, la deficiencia, que de ninguna manera estoy prejuzgando sea de mala fe, pero sí categóricamente hago esa puntualización, porque hay sesiones en que solamente hay una hora de antelación para la celebración de la misma y eso resulta difícil de cumplir.
Por otra parte, compañeros, hicimos notar en la intervención que terminamos de hacer de que la responsabilidad penal, civil o administrativa, que se nota por su ausencia en los volúmenes del informe de resultados, enviado por nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, la citación, la puntualización que se hace es derivada, no de lo que se me pueda decir en las reuniones, es derivada del análisis, del estudio; si ustedes quieren mal hecho porque no soy versado en materia fiscal, ni cosas contables, pero al fin y al cabo con buena intención de hacerlo, y ahí están los volúmenes disponibles para todos nosotros, y claro que me gustaría que todos los analizáramos para ver qué hay de irregular ahí y ver qué es lo que se hace necesario por lógica jurídica, por lógica elemental.
Recordarán ustedes que el sábado se emitió un boletín, vaya se publicó un boletín de prensa, emitido seguramente por la diputación oficial, donde se habla precisamente que ya no hay nada que hacer en el informe de resultados, después de analizar el informe de resultados, y que solamente había la posibilidad de fincar responsabilidades al profesor Hank González, por el ejercicio excedido en el endeudamiento público y otras causas. Cómo, pues, compañeros, vamos a llegar a una conclusión seria, válida, sólida, que responda a los requerimientos y las necesidades de nuestro pueblo. Como, pues, podemos eludir lo que dice un reglamento solamente para no hacer lo que debiéramos y debemos hacer: el estudio, el análisis, el debate. Cómo, pues, podemos permitir que simplemente por una mayoría que se niega a reflexionar, que se niega a dialogar, se tengan que tomar las soluciones que no precisamente han sido dadas en favor del pueblo.
Por esa razón, compañeros, insisto en mi proposición y la reproduzco en todos sus términos, y vuelvo a pedir atentamente al señor Presidente de esta Cámara que se sirva darle el tratamiento a mi proposición, especificado en el artículo 58. Y si quiere leerlo que no se lea en parcialidades o mutilado, que se lea como es. Muchas gracias. (Aplausos.)
EL C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado David Lomelí Contreras.
EL C. David Lomelí Contreras: -Con permiso, señor presidente; compañeros y compañeras diputados: El tema de la Cuenta Pública nos ha hecho, recordar la responsabilidad que pesa sobre cada uno de nosotros como representantes de los intereses populares.
Quisiéramos que tuviésemos presente que las comisiones nombradas por esta Cámara son instrumentos de la misma.
La Contaduría Mayor de Hacienda, también un órgano técnico de esta Cámara, a través de la cual puede ésta llevar a cabo la labor de fiscalización de la Cuenta Pública.
La diputación demócrata considera que sería muy saludable que el informe de resultados de la Cuenta Pública de 1982 se trajese a este Pleno. No dudamos, compañero diputado Carballo, de la capacidad que existe en la tan citada Contaduría Mayor de Hacienda. Los elementos que la integran son muy profesionales, muy capaces; pero quisiéramos, y desde luego atendiendo la invitación que usted ha hecho de la discusión abierta, que el Contador Mayor de Hacienda viniese a tener ese diálogo con esta representación nacional.
El pueblo quiere conocer los resultados. Ese capacitado organismo con que cuenta la Cámara debe de dar a conocer los resultados concretos y hacer pronunciamientos serios sobre los ilícitos descubiertos por ella.
En la Cuenta Pública de 82, recordamos que se nos dijo que el proceso no había terminado. Quedaba abierto. No hemos hecho nada como Cámara.
El pueblo mexicano tiene en su mente los nombres de los culpables de nuestro desastre financiero, cómo es posible, compañeros, que haya sido a través de un libro de un matón, como haya salido a flote el triste caso del "Negro" Durazo. Fue por el libro como se ha enterado medio mundo acerca de la actuación de ese señor de negra historia.
Queremos que la Contaduría Mayor comparezca ante el Pleno, conocer el financiamiento de responsabilidades que ella haga, civiles o penales y la consignación de los culpables en su caso.
Eso es lo que nos parece a los demócratas que debe hacerse. El pueblo está interesado en conocer cuál fue el resultado de ese funesto año de 1982, que dio al traste con las finanzas de la economía, y al pueblo hay que responderle con claridad, con bastante claridad. Muchas gracias.
COMENTARIOS SOBRE LOS HECHOS DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968
EL C. Presidente:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano.
El C. Alberto Ling Altamirano: -Señor Presidente: Es del parecer, señor Presidente, que las cosas son como debieran ser, se pide la palabra, porque han sucedido cosas muy graves en este país. La crisis que estamos padeciendo y que con este gobierno y con cualquier otro gobierno vamos a tardar muchos años en restablecer, quitamos la palabra a las personas que la han pedido para seguir con los asuntos en cartera.
Lo que sigue, señor Presidente, no es solamente una intervención sobre otros temas, lo que sigue son los problemas sociales agravados fuera de este recinto lujoso, donde nosotros pisamos alfombras de mucho lujo, pero la gente, cinco metros fuera de nuestras puertas, padece hambre.
No podemos tolerar que basados en un reglamento mutilado se le de carpetazo a este asunto, pero siendo respetuosos de la autoridad del señor Presidente de esta Cámara -pero no nos humillamos ante su autoridad-, queremos hacer mención de lo que acabamos de decir, protestamos, señor presidente, por el procedimiento. (Aplausos.)
Señor Presidente; honorable Asamblea; amigos todos: Hace 16 años, en un 2 de octubre como hoy, corrió sangre mexicana, liquido vital que fluía por las venas de jóvenes que habían acudido a la convocatoria del momento histórico para pasar lista de presentes en el desfile del devenir de voluntades ansiosas de vivir en un ámbito de libertad.
No fue la pólvora quien callo sus voces, sino el odio de las autoridades que hicieron enmudecer el latido fuerte y vigoroso de los jóvenes mexicanos, preocupado por su destino y por el destino de todos.
Amigos diputados de todos los partidos, lo que permite que una multitud sea sociedad, es el vínculo. Ese vínculo que se establece en función del bien común y que todos conocemos como vínculo social y, para que sea respetado y garantizado, necesitamos de la autoridad. Ahora bien, cuando la autoridad no es legítima no existe o se excede en sus funciones, el vínculo puede romperse o diluirse. Es necesaria dicha autoridad y para que no se pierda, el peor camino es el endurecimiento y la cerrazón a la oportunidad del diálogo.
La autoridad también puede perderse por no hacerla respetar quienes la ejercen al postrarse un poder ante otro, cuando existe prepotencia de éste o abyección y renuncia de aquél, la autoridad puede debilitarse al no tener los medios para hacerse eficaz, pero también se pierde cuando existiendo estos medios la eficacia no existe.
La autoridad se pierde cuando se convierte en razón del poderoso y la fuerza, divorciada de una ética social, quiere convertirla en razón de Estado, o bien, cuando el Estado pierde la razón y toma la universidad e instituciones de estudios superiores mandando al brazo armado a apoderarse de las instalaciones.
Queremos recordar, por cierto, que fue el Partido Acción Nacional el único partido que defendió la autonomía universitaria en esta tribuna parlamentaria cuando hicieron uso de la palabra los diputados licenciado Rafael Preciado Hernández, profesor emérito de la Universidad y el licenciado Efraín González Morfín, hace 16 años.
La autoridad se pierde, se evapora, y por lo tanto, la sociedad se agrieta cuando una multitud desenfrenada es tripulada por vectores de ideologías ajenas a la cultura propia de esa sociedad; el vínculo social se mantiene por la voluntad libre y comprometida de todos y cada uno, al observar deberes y exigir derechos para establecer el bien común. Esta afinidad de naturaleza que genera voluntades libres, comprometidas con un destino común, está presente desde antes que aparezcan las leyes, códigos y constituciones, es lo prepolítico, lo que es propio a nuestra naturaleza y a nuestra esencia; más allá de la sociedad y del Estado está lo metapolítico, con una vertebración y sistema de referencia basados en nuestra apertura y trascendencia hacia lo eterno. Entre estos dos niveles están los derechos y deberes encaminados al bien común y están nuestras relaciones con la autoridad; "La sociedad no se disgrega -dice Loza Macías-, cuando hay transgresiones al vínculo social por más o por menos, si éstas son aisladas, esporádicas y en cuanto es posible sancionadas por quien tiene a su cargo la rectoría gubernamental y eso no alarma, los hombres que componen la sociedad son eso, hombres, no ángeles". Pero lo que nos debe preocupar es la generalización de las transgresiones al
estado de derecho, la institucionalización del socavamiento de la autoridad, o bien, el dinamitarismo a los ejes de referencia que forman nuestra nacionalidad; no debemos permitir el sabotaje a la cohesión social, pero si es un atentado al vínculo social por parte del ciudadano común, la transgresión de una ley, de una norma, ¿qué podemos decir si el que violenta la ley es la autoridad misma, además de hacerlo consuetudinariamente?
La ley electoral es la más socorrida para ser ignorada o violada, la paz social no podrá establecerse cuando sean los titulares de uno u otro poder, de una u otra dependencia, de un tipo u otro de autoridad, los que quieran confundirla con estabilidad de un régimen totalitario, o bien, confundirla con la perpetuación a como dé lugar, de un partido en el poder.
Los de Acción Nacional no queremos ni deseamos que existan dinamiteros y saboteadores de la autoridad, porque esto destruye el vínculo. Pero tampoco queremos una autoridad que presuponga en cada ciudadano un enemigo potencial. Lo que deseamos es el diálogo y entendimiento como instrumento de la búsqueda de la verdad, para poder robustecer el vínculo social, de los contrario volverá a establecerse el antagonismo y el caos. El principio rector para poder establecer el vínculo social, es el de la solidaridad, principio que reconoce la doble vertiente de la persona humana, sin menoscabo para ninguna. La vertiente individual y la vertiente social. Este principio de solidaridad tiene cuatro significaciones el significado ontológico de la solidaridad, menciona que del mismo modo que el individuo se halla ordenado hacia la comunidad, por efecto de su tendencia social esencial, también la comunidad, que no es otra cosa que los individuos en su vinculación social, se halla orientada hacía los individuos, de los cuales está compuesta y en los cuales y para los cuales existe, y que solamente tiene sentido si logra la plena realización de las personas.
El significado jurídico aclara que la solidaridad es la responsabilidad común en recíproca vinculación que garantiza la posición irrenunciable del hombre dentro de la vida social, constituyendo con esto el principio jurídico fundamental. Lo anterior no empequeñece ni deteriora el valor y la autonomía de las entidades socialesle, tales como la familia, el pueblo, el Estado o la humanidad.
El significado de virtud señala que la solidaridad también demuestra una actitud y un modo de comportamiento; el interés particular adquiere especial significancia y subordinación dentro del sentido moral comunitario.
El interés personal es puesto muchas veces al servicio de la responsabilidad social por un estímulo inmediato que es la solidaridad. El significado de la solidaridad como una virtud es el vínculo que nos hace sentir que vamos en el mismo barco, que el país debiera ser el mismo para todos.
En los supuestos anteriores la vinculación solidaria de la responsabilidad y los intereses puede ir ligada con diversas preponderancias de unos y otros. Desde el punto de vista ético se trata, en consecuencia, de la combinación de formas de amor social ordenado, de amor propio ordenado, o sea, de la combinación de deberes pertenecientes a dos esferas cuyos ámbitos de vigencia han de ser determinados en concreto con la ayuda del análisis del fin y la forma de la vinculación orgánica.
Los de Acción Nacional creemos que los fines hacen diferente la cuestión y vinculación de un grupo; por ejemplo, cuando hay cohesión en un grupo para poder perpetuarse en el poder, o cohesión para robar votos, esto no es forma más que de una asociación delictuosa, y no existe solidaridad sino complicidad, y si no denunciásemos estas irregularidades, aunque fuésemos víctimas directas o no, nos convertiríamos, no en una sociedad de amigos sino en una sociedad de cómplices.
El significado del interés de la solidaridad da salida y explicación cuando la actitud solidaria puede ser una virtud social y un deber social. Cuando un grupo, por ejemplo, político, se ve forzado a luchar por sus intereses y teniendo como regla solidaria que nunca debe ser esta lucha en contra del bien común o de la justicia social, y que es capaz de imponerse, únicamente, mediante la cooperación solidaria y simultánea de todos sus miembros y quienes los apoyan.
Por último, el principio de solidaridad, base de nuestra doctrina y que de él toman nombre la filosofía política como solidarismo, admite que hay una ética personal pero también existe una ética social y que además esta última no existe sin aquella.
La unidad solidaria, la unidad moral, radica en el espíritu de cada persona, porque está formada de seres libres unidos por un destino común. Hoy, como hace 16 años, dice el Gobierno que fuerzas oscuras y desconocidas se mueven en la clandestinidad para provocar desordenes. Otra vez se trata de echarle la culpa a fuerzas ajenas y cerrar los ojos a la realidad. La verdad es que el malestar existe; que existe violencia e inseguridad generalizada. No podemos guardar silencio cuando el malestar es provocado por autoridades que rompen el vínculo social, y luego estas mismas autoridades le asignan a las víctimas la responsabilidad del conflicto.
No estamos de acuerdo con las declaraciones del titular de Gobernación, cuando dice que hay fuerzas oscuras. Las fuerzas son muy claras: inseguridad, hambre, marginación, carestía, violencia, corrupción. Ya pasaron 16 años y seguimos sin esclarecer qué ha sido de las investigaciones y sus resultados de los acontecimientos, de los culpables de aquella acción.
Pero así pasen cien años, el 2 de octubre no se olvida. El Partido Acción Nacional y su diputación hacemos una nueva convocatoria plural, para que todos los mexicanos de buena voluntad, en una comunidad de
espíritus, en una comunidad de voluntades, en una comunidad de medios, en una comunidad de fines y destinos, luchemos por que no se repita otro Tlatelolco nunca más.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 1984. Diputado Alberto Ling Altamirano, miembro de la diputación del Partido Acción Nacional.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Arnaldo Córdova.
El C. Arnaldo Córdova: -Señor Presidente; señoras y señores diputados: La diputación del Partido Socialista Unificado de México, también quiere levantar una enérgica protesta, pero esta vez por el modo como se han comportado los diputados de Acción Nacional. Habiendo un orden de oradores, han roto este orden de oradores y han querido que la Asamblea, después de haber tomado un acuerdo mayoritario, que no solamente comprendió al partido mayoritario, había decidido que eso no se iba a discutir hoy. (Aplausos.)
Señor Presidente; señoras y señores diputados: el 2 de octubre de 1968 será siempre una fecha que nos motivará a repensar la historia de nuestro últimos 15 o 16 años. Sobre odiseas personales o de partido que ha pasado a formar parte de la epopeya nacional, se impone un análisis permanente de lo que realmente significó el 68. Después de más de tres lustros, sigue siendo una exigencia que no podemos soslayar en estos días oscuros de crisis y de disgregación social.
No pretendo aquí hacer ese análisis, el mío sólo es un llamado a que sobre sectarismos y doctrinarismos de toda suerte, nos pongamos a hacer ese balance necesario de nuestra historia reciente que a todos nos hace falta.
El que no nos pongamos de acuerdo en los datos de la historia del movimiento de 1968, es indicativo de que ese movimiento no ha sido todavía suficientemente estudiado y que sobre la ciencia de la historia siguen pesando los prejuicios o las posiciones de partido que siguen sintiéndose comprometidas en las decisiones que envolvieron esa gesta de nuestra juventud estudiantil y popular. Todos podríamos reconocer, sin embargo, lo que nuestro sistema político le debe a ese movimiento que fue, a la vez, juvenil y de masas.
No podemos hacer menos, sobre todo, de lo que hemos sido como nación y como pueblo en los últimos tiempos. El movimiento del 68 es historia reciente, pero es precisamente por reciente que reclama de todos nosotros la máxima atención.
Centenares de jóvenes que pudieron haber sido nuestros hijos o nuestros hermanos, murieron entonces. Muchos de nosotros estuvimos involucrados en las jornadas del 68. Somos, por lo mismo, testigos y participantes de sus movilizaciones; responsables de sus demandas políticas y herederos, ni duda cabe, de los ideales que estuvieron en la base de aquel movimiento de jóvenes idealistas y de ciudadanos que se decidieron a dar la vida, si ello era necesario, por una efectiva transformación de nuestro país y del régimen que lo gobierna todavía hoy.
El movimiento estudiantil de julio a octubre de 1968 se presentó en la forma en que mayor daño podía hacer al autoritarismo diazordacista, como un movimiento por la democratización del sistema político mexicano.
Los jóvenes estudiantes no plantearon demandas estudiantiles o universitarias, ni demandas económicas. Sus demandas democráticas, inclusive, eran harto tímidas y limitadas: supresión del llamado delito de disolución social, un auténtico delito de conciencia, como hoy todo mundo lo reconoce, que podía cometer cualquiera que se atreviera a expresar libremente sus ideas; libertad de los presos políticos y supresión de los cuerpos policiacos encargados de la represión de los movimiento populares. Sus movilizaciones que en el mes de agosto de aquel año superaron el medio millón de personas, conmovieron al país hasta el último rincón, e impactaron de tal manera a los círculos gobernantes que éstos al poco tiempo pensaron que había llegado el momento de operar algunos cambios en el modo de gobernar a México.
Eso es lo que hoy interesa y lo que sobre todas las fobias políticas, de todos los colores, hoy se impone como materia de estudio y de preocupación.
A muchos les molesta que del 68 se haga un mito y se le pretenda ver como si fuera un parteaguas de nuestra historia. Compartimos sus preocupaciones, porque nunca descartamos que pudieran tener razón. Pero es un hecho que documenta la historia, que fue a partir de entonces que el Estado mexicano buscó transformar su propio gobierno de la sociedad.
Se volvió a repensar en la Revolución Mexicana, cuando muchos la daban por muerta; se aceptó expresamente que las graves desigualdades en que había caído nuestra sociedad se debían a que no se habían cumplido los programas revolucionarios o se les había tergiversado en desmedro del pueblo trabajador; se hizo explícito un renovamiento del espíritu reformista de la Revolución y se plantearon nuevas reformas que en su momento fueron ampliamente discutidas y difundidas.
Hoy no podemos limitarnos a recordar el 68 como una simple gesta heroica. Para muchos ni siquiera eso fue, y respetamos sus sentimientos. Pero hoy también nadie puede negar que el 68 señalo un cambio de ruta que, desde entonces, estamos obligados a estudiar, a analizar y, por supuesto, a cuestionar.
La campaña del licenciado Luis Echeverría Alvarez, para comenzar, fue fruto de la secuela.
que el movimiento estudiantil provocó y, como tal, hoy tenemos que juzgarla.
Como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, Luis Echeverría había sido directo responsable de la represión del movimiento estudiantil. Para muchos su gobierno presagiaba ser nada más que una continuación de la política autoritaria de Díaz Ordáz.
La campaña electoral, sin embargo, borró casi por completo la mala imagen que Echeverría tenía ante la opinión pública, bajo la consigna general de desarrollo con redistribución del ingreso, Echeverría hizo una crítica sistemática de la política del desarrollo estabilizador, reconoció que el progreso material del país se había logrado a base de sacrificar la economía popular y de la sobre explotación de los trabajadores; prometió la reorganización de la reforma agraria, estableciendo formas de colaboración entre los predios ejidales y privados y replanteando la idea de colectivilizar los ejidos con vistas a un aumento sustancial de la productividad; propuso la aplicación de los recursos económicos en manos del Estado para promover una política de creación de empleos y para ampliar la planta industrial, para lo cual debería llevarse a cabo una reforma fiscal a fondo y una reducción consistente del endeudamiento público interno y externo.
Para los empresarios, Echeverría propuso un nuevo programa económico, cuya base sería la producción de manufactura para la exportación, incluyendo en él a los empresario extranjeros.
La poderosa llamada de atención que había significado la explosión del 68, invitaba a llevar a cabo una reforma del sistema político y, en esencia, una reforma del Estado por el camino que siempre había señalado la tradición política de la Revolución Mexicana, la movilización de las masas y las reformas sociales para renovar el consenso popular en torno al estado de la Revolución. Era una clara convicción de que el régimen establecido estaba en peligro y había que hacer buena política para sacarlo adelante.
El Estado hasta entonces había sido un gran representante de los negociantes y como tal su política había consistido en convertir al Sector Público en nodriza de los intereses privados y en sacrificar al máximo la economía y el bienestar del pueblo.
Echeverría reivindicaba para el Estado una vuelta a su pasado glorioso cuando había arrasado sin piedad los privilegios que se oponían al progreso de la sociedad y sin rémoras autoritarias y conservadoras, había acaudillado las grandes movilizaciones populares en contra de la explotación y la opresión.
De hecho, este nuevo presidente se plantaba no sólo las reformas de la política, sino también la reforma del Estado, pero de una manera que ambos siguieran siendo lo mismo. Ni lejanamente pasó por la mente de Echeverría la posibilidad de limitar y someter a un control más estricto los poderes presidenciales, todo lo contrario, muchas de la reformas a la Constitución y a la legislación vigente llevaban justamente el propósito de acrecentar aquí y allá los Poderes del Presidente.
Echeverría más bien buscaba la renovación de los estilos de gobierno y la adaptación del Estado en su estructura orgánica, sin que dejara de ser la república presidencial que siempre había sido a una revigorización de la política de masas de la Revolución.
Para decirlo brevemente, lo que quería era un Estado que hiciera verdadera política y dejara de estar enredado en compromisos onerosos para la causa de la Revolución Mexicana con intereses privados o de privilegio.
Desafortunadamente para el régimen, Echeverría estaba muy lejos de ser un Cárdenas no sólo no le temía a las masas trabajadoras, sino que estaba consciente de que ellas constituían el único apoyo real, fiel e incondicional del Estado de la Revolución Mexicana. Sabía también que para movilizarlas en torno al poder político revolucionario no bastaba con andarles haciendo promesas, sobre todo cuando más desilusionadas estaban de sus gobernantes; que había que movilizarlas y entusiasmarlas para que se movieran en defensa de sus intereses y, sobre todo, que había que hacerles el planteamiento más claro de los objetivos que el Gobierno se proponía.
Una prueba de que Echeverría no era Cárdenas lo dio con el escandaloso fraude electoral de 1975 en Nayarit, que fue de su inspiración. Echeverría sencillamente no estaba a la altura de la exigencias que él mismo se había fijado, el resultado que pudo observarse desde los primeros tiempos del gobierno de López Portillo fue doble, no sólo se desprestigiaron las reformas sociales como palanca renovadora de la sociedad y del Gobierno sino que la idea misma de una reforma del Estado se echó al olvido.
López Portillo llevó a cabo una política netamente conciliadora con el gran capital y con las fuerzas sociales políticas que se habían opuesto a los proyectos reformistas de Echeverría; restaurar la confianza de esos sectores en el Estado fue su divisa desde los primeros días de su gobierno y el resultado, previsible por lo demás, consistió en desmantelar uno por uno todos los aparatos que Echeverría había establecido para procurar la mediación entre las masas y el mando político nacional.
No se trató de que el gobierno lopezportillista no hubiera estado dominado por una fuerte tendencia a la burocratización de las funciones del Estado, esa ha sido una tendencia perramente a lo largo de toda la historia del estado de la Revolución. Surgieron muchos nuevos aparatos, pero éstos tenían una orientación diferente de la que a los suyos había impreso el gobierno de Echeverría; con alguna excepción notable, como el caso del sistema alimentario mexicano SAM
y COPLAMAR. Al segundo año de su gobierno, el régimen de López Portillo ya se presentaba como administrador de la riqueza que emanaba del boom petrolero, la falacia de la abundancia estuvo entonces en la mente de toda la gente mexicana.
Aquí es necesario resaltar la inercia política que esa ilusión generó en el gobierno lopezportillistas y que lo llevó a abandonar casi todos los proyectos de reforma que había diseñado el régimen del Presidente Echeverría. Un fenómeno, entre muchos otros, fue decisivo en el transcurso del gobierno de López Portillo, la congelación de la política de masas que Echeverría habría querido renovar y poner al día. Ya desde el régimen echeverrista se inauguró lo que con López Portillo alcanzó amplia notoriedad, es decir, los llamados topes salariales en los cuales ahora se configuró esa congelación de la política de masas; los obreros y en general las masas trabajadoras debían sacrificarse para sacar al país de la crisis que habían provocado los costosos enfrentamientos sociales, desencadenados por el anterior régimen, mientras la nación se recuperaba.
La política de apertura, limitada a la participación de las diferentes fuerzas políticas, continuó hasta culminar en la reforma política; pero a los sindicatos oficiales se les puso el freno; las organizaciones de masas adheridas al partido oficial fueron perdiendo cada vez más su poder de negociación frente al grupo gobernante; el programa de reformas económicas de la CTM, que se dio a conocer en febrero de 1978, en parte significó una toma de posición ante la reforma política para contrarrestar los efectos de la reforma política y el ascenso de nuevas fuerzas opositoras al régimen establecido, el Gobierno, su partido y las organizaciones de masas oficialistas, debían cambiar sus métodos de gobierno de la sociedad y volver a los principios de la Revolución Mexicana. O dicho en otros términos, a la movilización de las nuevas fuerzas políticas debía oponerse la movilización con programas definidos, de las fuerzas sociales y políticas que formaban el sostén del sistema político de la Revolución. Pero fue también una respuesta al inmovilismo del que hacía gala el régimen conciliador de López Portillo. Al igual que Echeverría, el sector obrero del PRI, encabezado por la CTM, fracasó en sus intentos de reformar la política del Estado.
Cuando se llegó al cambio de poderes, se hizo público y notorio que las organizaciones de masas del partido oficial, habían sido totalmente marginadas del proceso de elección del sucesor de López Portillo. El nuevo equipo gobernante quiso ser una síntesis de las experiencias de los dos gobiernos anteriores, avaló el descrédito de la línea reformista. No se volvió a hablar de reformas sociales, pero se restauró la idea de una reforma del Estado. La abundancia petrolera acabó en un desastre. Los ingresos debidos al petróleo no pudieron canalizarse hacia el desarrollo de una planta industrial integrada; el derroche más irresponsable se mezcló con la corrupción más desenfrenada. Con el aval del petróleo, el país se endeudó en magnitudes inconcebibles; los dólares huyeron al extranjero. De aquí resurgió la idea de la reforma del Estado, no se trataba, empero de la vieja idea populista en la tradición de la Revolución Mexicana del Presidente Luis Echeverría; el nuevo Presidente concebía el Estado que heredaba como un auténtico estable, al que para limpiarlo había que conducir el torrente de una nueva reforma del Estado.
Durante su campaña electoral Miguel de la Madrid insistió en los temas que llevaban a ese punto; renovación moral de la sociedad, responsabilidad de los funcionarios públicos y, desde luego, gobierno para todos, pero a diferencia de Echeverría el nuevo gobierno no parece querer nada con la política de masas que tradicionalmente ha seguido el estado de la Revolución, ni durante la campaña electoral ni durante los meses del actual régimen presidencial se ha hecho un solo pronunciamiento en ese sentido. La perspectiva de un gobierno eficientista y tecnocrático se ha vuelto la tónica general de la nueva administración... Termino en un minuto, señor Presidente.
El C. Presidente: -Adelante, señor diputado.
El C. Arnaldo Córdova: -... parece estarse pensando en un estado que deje de estar comprometido con las masas y sus organizaciones, probablemente porque se piensa al mismo tiempo que en ello estriba el derroche de recursos siempre escasos y la corrupción que con el anterior Gobierno amenazaba muy seriamente con ahogar al poder público.
No creemos que el actual Gobierno este postulando un rompimiento con las organizaciones de masas; necesita de ellas, pero quiere un apoyo social sin condiciones, que le permita administrar los recursos del Estado con entera libertad. El Plan Nacional de Desarrollo, que ha proclamado De la Madrid, constituye una síntesis todavía imperfecta de esa perspectiva. No más ligámenes sociales que den cabida al derecho y a la corrupción. No más trabas al Gobierno y a la sociedad que hoy más que nunca ha visto la catastrófica crisis por la que atraviesa el país, necesita operar con la más absoluta libertad.
Busca un consenso social renovado y sólido, pero quiere que éste se funde en la adhesión de los ciudadanos, como sucede en todo Estado moderno, y no en las organizaciones de la sociedad civil que comprometen inevitablemente la autonomía del Gobierno. Esta concepción política, convertida en plan de Gobierno, no parece tener otro sustento que el reconocimiento de las potencialidades mismas del Estado como maquinaria del poder. Sus recursos institucionales, políticos y económicos, aun en la crisis, son tan enormes
que no hay poder parcial en la sociedad que pueda contender con el Estado.
Así se neutralizan, o por lo menos eso es lo que se quiere, los peligros de la subversión venida desde abajo, y que estuvo siempre presente en la tradición política de la Revolución Mexicana.
Es un desafío que el nuevo Gobierno, a todas luces ha aceptado, las organizaciones de masas que pertenecen al partido oficial, no pueden de ninguna manera correr el riesgo de enfrentarse al Estado. Las organizaciones de la sociedad civil que no están engranadas en el Estado, en especial los partidos políticos tan débiles, que difícilmente podrían representar un peligro. Por lo demás las recientes experiencias electorales en la lógica de esta concepción, deberían incitar a los grupos políticos oficiales a convertir al PRI en un verdadero partido político, en lugar de la mera agencia electoral del Estado que ahora es, con lo cual el Gobierno podría descargar en él el peso de una política de masas que ahora ve como muy costosa.
Todo ello querría decir que el estado de la Revolución Mexicana está llegando a su fin, que el reformismo tradicional que después de todo se ha vuelto mero discurso ideológico, como suele decirse, y el nacionalismo, que animó los momentos más gloriosos de la Revolución, se dejan al libre juego de las fuerzas políticas, sin que comprometan al Estado, y que la política de masas se convierte en una contienda entre quienes apoyan y quienes no apoyan al Estado.
La reforma del Estado consistiría de tal suerte en liberarlo de sus ataduras sociales tradicionales, reformas sociales y políticas de masas, conservando sus bases sociales de apoyo y renovando, en un sentido moderno, su consenso político popular.
En aras de este proyecto, el Gobierno actual parece estar dispuesto incluso a cambiar lo que se avanzó en materia política y social. Por eso el 68 sigue siendo actual.
La democracia que ahora es posible, tan limitada y tan criticable por las limitaciones que el poder público le ha impuesto y está dispuesto a seguirle imponiendo, comenzó con el 68. Más de novecientos jóvenes murieron entonces por esta gran causa de la que hoy somos beneficiarios. Hoy queremos rendirle el culto cívico que corresponde a todos los grandes luchadores por la libertad y la democracia que nos han dado esta patria que todos queremos engrandecer y volver más soberana.
Señor Presidente, le rogaría pidiera a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de los caídos en el 68. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Rogamos a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de los caídos en el 68.
(Se guarda el minuto de silencio.)
ACLARACIONES SOBRE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodolfo Peña Farber.
El C. Rodolfo Peña Farber: -Parece que costó bastante trabajo tener la palabra. Quiero decirle al diputado Arnaldo Córdova y a la Asamblea, que el orden de oradores no se rompió por haber yo pedido la palabra, porque en primer lugar la Presidencia no lo permitió. Pero el orden de tema sí se rompió por la Presidencia, porque cuando yo pedí la palabra se estaba precisamente en referencia al tema que estaba en discusión y que estaba sobre el tapete para el análisis de esta Asamblea.
Entonces se sustrajo la discusión en toda la amplitud y en toda su significación, porque la Presidencia violó el artículo 58 del Reglamento Interior. Ahí dice que, "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara..." en la fracción II, "Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra"; y en la fracción III. "Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición...".
Entonces el Presidente no puso a discusión el tema solamente dio la palabra a uno de los diputados, que a su vez hizo otra proposición. Se superpusieron dos proposiciones. Esa es la realidad. Este es mi tema. Entonces no puso inmediatamente a discusión a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. Lo hizo mucho después, y de haber habido en medio otro orador. Y la proposición del otro orador no entró en el análisis, quedó en el aire.
Pero voy a comentar esta discusión. Señores, la definición sobre los asuntos de importancia que se tratan aquí y sobre todo de los asuntos que son más intrínsecamente de nuestra responsabilidad. Esa definición va a llegar. Se está acelerando. Con un procedimiento parlamentario salido del curso normal, no se va a detener.
Ahorita me da la impresión, y me da la impresión porque no quedó nada preciso que al haber desechado la proposición del diputado Salgado, pues se va a discutir en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el tema que él propuso.
No quiero repetir los sólidos argumentos que en apoyo de Salgado pronunció aquí el diputado Lomelí, pero solamente quiero advertir que esto, aunque no se animen o aunque vean un poco mal o un poco peligroso que sea ventilado y airado aquí en el Pleno, pues va a ser ventilado y airado fuera de esta Cámara, va a ser airado y ventilado en la ciudadanía. La gente lo va a saber.
Señores, con todo el respeto, quiero hacer notar que en esta ocasión la responsabilidad de nosotros se va hacer muy aguda porque es un punto muy sensible y que el pueblo en general está muy consciente de él.
Ojalá y dentro del camino que ya se tomó de acuerdo con el manejo que la Presidencia ha hecho del tema del diputado Salgado, que tarde o temprano se dé la solución adecuada y en un momento dado pueda llegar al Pleno para la decisión definitiva sobre lo que tenga que hacerse. Muchas gracias.
TLATELOLCO, 2 DE OCTUBRE 1968
El C. Jesús Salazar Toledano: -Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Jesús Salazar Toledano: -En relación al '68.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Jesús Salazar Toledano.
El C. Jesús Salazar Toledano: -Señor Presidente; señores diputados: De la intervención del diputado Peña Farber, sólo recojo la idea de tratar los asuntos importantes, y asunto importante es, a mi manera de ver, y sé que de todos los compañeros, la discusión relacionada con el movimiento de 1968, sobre la cual ahora me centro.
Recordar los lamentables sucesos del 2 de octubre del 68 se ha convertido en hábito parlamentario de esta Cámara y ello, evidentemente, es positivo para la salud de la democracia y para afirmar y alertar la conciencia de la nación.
Han transcurrido, como aquí se dijo, 16 años desde entonces, la distancia en el tiempo nos exige objetividad en el juicio, la proximidad en el recuerdo nos obliga al compromiso, que vivencia y militancia enriquezca nuestra crítica, pero que la pasión o el sectarismo no cieguen nuestro análisis.
Rescatemos el hecho histórico de la anécdota y la conseja para abrir paso a la ineludible dimensión de las relaciones sociales, aprendamos la historia, si es que aspiramos a hacerla, asumamos en esta legislatura la responsabilidad de conciliar objetividad y compromiso. Para lograrlo es necesario que nosotros despojemos del intento de apropiarnos en exclusiva de la herencia histórica de esta lucha popular.
Somos un pueblo de consustancial vocación democrática, cuyo ejercicio nos ha significado, desde siempre, tenacidad, sacrificio y no pocas veces sangre.
En nuestra época, antes y después del 68. ayer y hoy, todos los partidos revolucionarios y las corrientes nacionalistas hemos pugnado sin treguas, por avanzar hacia una sociedad más justa y participativa. Por ello, si todos coincidimos que la esencia principal del movimiento fue ampliado los movimientos democráticos para la nación entera, no reduzcamos su transcedencia, no confinemos su validez. Asumamos como el mejor homenaje a esa generación, que del '68 somos legítimos herederos todos quienes nos hemos fijado como meta irrenunciable enriquecer la democracia, fortalecer la justicia y consolidar la libertad.
Partir de esa premisa genuina y válida, habrá de facultarnos para ejercer la indispensable autocrítica que más allá de criterios simplistas y maniqueos nos lleve al análisis objetivo de este movimiento que es una de las más cercanas y profundas raíces del pluralismo ideológico que hoy alienta en esta Cámara.
Quienes conocen la historia y tienen el oficio de la práctica política, saben que una movilización popular tumultuaria, no se inventa ni surge por generación espontánea, resulta de la explosión de contradicciones acumuladas.
El movimiento estudiantil del 68 evidenció esos rezagos frente a la exigencia de participación efectiva de nuevos grupos sociales y de distintas corrientes ideológicas, que no habían encontrado cauces institucionales de expresión política.
Pero la trágica lección del 2 de octubre del 68 impacto de inmediato en la conciencia colectiva y fracasaron quienes pretendían que a partir de aquella tarde, México fuera inmovilismo social, toque de queda, dictadura, violencia y sometimiento imperial; por el contrario, Estado y sociedad, a partir de entonces, confluyeron una vez más en la búsqueda democrática como vía legítima para dar mayor solidez a nuestras instituciones y renovar el pacto social nutrido por nuestro proyecto nacional revolucionario.
Es así como sociedad y Estado al unísono, sin concesiones ni espacios arrebatados, inscriben en el escenario político nacional, la incorporación plena de la juventud, la ley de amnistía, la consolidación del pluralismo ideológico, el rango constitucional de los partidos, su acceso a los medios de difusión y su representación proporcional en esta Cámara, en las estatales y en los municipios. Todo ello en el marco de la reforma política que está viva y actuante, abierta a todas las ideas, sujeta a todas las mejoras, porque no pensamos en que sea total ni esté petrificada, porque nada, nada que sea benéfico para la vida democrática de la nación, puede ser contrario a los intereses de la vanguardia política de las mayorías populares.
Sabemos que la democracia no se agota en lo político, y por ello, en esta misma legislatura, todos los aquí presentes, por encima de legítimas distinciones partidarias, hemos contribuido a la cristalización de aspiraciones colectivas, al consolidar la rectoría del Estado en materia económica, nacionalizar la banca privada, integrar un sistema democrático de planeación, procurar la mejor impartición de justicia, revalorar el concepto institucional y financiero del municipio, castigar la irresponsabilidad de los servidores públicos
y desterrar toda práctica de abuso de poder.
Reconocer estos avances, no conlleva para ningún partido actitudes de inmovilidad o autocomplacencia, pues tenemos la convicción de que la conformidad nunca ha sido virtud de las conciencias revolucionarias. Pero tampoco lo es, distraernos en la magnificación o el demérito a ultranza de los nuevos espacios democráticos que hemos alcanzado. Menos lo sería, caer en confusión y no marchar juntos para consolidarnos, ya que solamente así podremos arribar a nuevas metas de independencia, justicia y libertad, a las que todos aspiramos.
Cierto es, que ámbito básico de la democracia lo constituye la expresión electoral; y nosotros, en el partido de mayoría, rechazamos y rechazaremos toda distorsión de los procesos comiciales; pero eso sí, en el plano político nos opondremos fundamentalmente a quienes con sus métodos, pretende desde ahora sembrar histeria para cosechar violencia y dedicarse a la provocación para medrar en su sueño desestabilizador; y con sus alianzas se muestran dispuestos a manipular la palabra democracia para apuntarla contra la soberanía nacional. Aceptemos los avances, a la vez que reconocemos las luchas por proseguir y profundizar; pero resulta básico asumir que nada es más contrarrevolucionario que la irrealidad; por ello sería un autoengaño suponer que lo obtenido es irreversible, y dividirnos, postergando lo esencial que nos une, ante lo incidental que nos separa. Las batallas sociales nunca se ganan para siempre; el agrupamiento de las fuerzas progresistas tiene que ser algo más que retórica o buenos deseos. La historia reciente y cercana nos da una brutal y triste enseñanza; cada conquista revolucionaria sólo es irreversible, si se mantienen unidas las fuerzas que la han logrado.
No cometamos el error, imperdonable para los revolucionarios, de perder el sentido de la realidad y de las proporciones. El enemigo de la democracia está enfrente, de cara o embozado, pero no entre nosotros. Contra la democracia están quienes ven en la crisis, la opurtunidad de que el autoritarismo impere sobre el estado de derecho. Contra la democracia se encuentran la violencia y la provocación, que pretenden anular el diálogo y la conciliación. Contra la democracia está la mentalidad colonizada y su maridaje indigno con el imperio. Contra la democracia están quienes continúan reclamando un estado imparcial en el enfrentamiento inevitable de poseedores y desposeídos. El verdadero enemigo de la democracia no descansa en el propósito de alterar la conjugación del binomio que para nosotros es siempre separable: Estado y Nación.
Nosotros en cambio, sabemos que las fuerzas democráticas se convencen por ideas y en la libertad, sus enemigos por intereses y en la complicidad; que la unidad en abstracto es una utopía, pero la que se establece sobre puntos de acuerdo concretos, entre convicciones semejantes, significa una fuerza política imbatible; que para mantener la soberanía, el pluralismo, y la paz social, es necesario formar, ante la asechanza externa y sus personeros internos, un valladar infranqueable.
La democracia exige pluralidad, pero en la misma medida puntos básicos de convergencia. Luchemos por éstos tan denodadamente como intransigentes somos para defender los principios que nos distinguen, para que nunca las banderías particulares se enseñoreen sobre la única que nos es común y superior, superior por común.
Por eso hoy, nuestro partido se unió convencido a la simbólica ceremonia del silencio, en reconocimiento de todos los que al caer en el 68, dieron curso al surgimiento de una nueva sensibilidad nacional, cada vez más democrática; y convocamos para que el minuto de hoy, se traduzca en la asunción honrosa de esta herencia todos los días; que nuestro homenaje sea no luctuoso, no pétreo, no broncíneo, sino de sangre circulante y de carne viviente; homenaje que se exprese en la palabras de un luchador social, que resistió a todo, a todo autoritarismo, José Revueltas, quien dijo: "Ante su recuerdo inclinamos nuestras banderas, que de sus cuerpos habrá de brotar la aurora". Muchas gracias. (Aplausos).
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 'LII' Legislatura.
Orden de día
4 de octubre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
La H, Cámara de Senadores invita a la sesión solemne en la que se impondrá la medalla "Belisario Domínguez", y que tendrá lugar el próximo 9 de octubre.
Comunicación del Congreso del estado de Jalisco.
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. Adalberto Cabral Campa para prestar servicios como empleado de pensiones federales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Julio Castro Aguilar para prestar servicios en la Embajada de la República de la India en México.
Oficios de las comisiones de Trabajo de la H. Cámara de Diputados
Con los que se remiten los informes de labores correspondientes al periodo 1º. de septiembre de 1983 al 31 de agosto de 1984, que los secretarios de Estado, jefe del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, presentaron en cumplimiento del artículo 93 constitucional.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Cecilia Aurora Martínez Cairo para prestar servicios como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Genaro Villagómez Romero y Francisco Cerón Garrido para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México."
El C. Presidente (a las 16:15 horas): -Se levanta la sesión pública y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 4 de octubre, a las 10:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES