Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841016 - Número de Diario 17
(L52A3P1oN017F19841016.xml)Núm. Diario:17ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración local de correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F; martes 16 de octubre de 1984 TOMO III. NUM. 17
SUMARIO
APERTURA .
ORDEN DEL DÍA .
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA .
INVITACIÓN
Al XXXIX aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, que tendrá lugar el 19 del actual en esta ciudad. Se designa comisión .
COMUNICACIÓN
Del Congreso del estado de Tabasco, relativa a sus funciones legislativas. De enterado .
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTÍCULOS 65 Y 66 CONSTITUCIONALES
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente presenta y da lectura a reformas a los artículos mencionados. Se turna a comisión. Imprimase .
ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL
El C. Sergio Quiroz Miranda presenta y da lectura a reforma y adición al artículo nombrado. Se turna a comisión. Imprimase .
MINUTA DEL SENADO
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. Octavio Rivero Serrano aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Argentina. Se turna a comisión .
SOLICITUD DE PARTICULAR
CONDECORACIÓN
El C. Pedro A. Palou Pérez solicita autorización para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Francia. Se turna a comisión .
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL
Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo citado. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
Proyecto de decreto que reforma los artículos 37, 41, 68, 69 y adiciona el 70 de la Ley de referencia. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Manuel Bejarano Magaña y Luis Jácome Calderón aceptar y usar la que respectivamente les otorgan los gobiernos de Venezuela y Perú, Segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Senado .
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que autorizan a los CC. Delia Bucio Alvarado y Adalberto Cabral Campa para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo .
RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERIOR
Consideraciones del C. Samuel Meléndres Luévano. En Torno al tema propone se tomen diversas medidas. Se turna a comisión .
VISITA DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA BÚLGARA
Encabezada por el señor Mitko Grigorov, vicepresidente del Congreso de Estado y Presidente de la Comisión
Parlamentaria para los Consejos Populares .
HECHOS SANGRIENTOS EN VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
El C. José Armando Gordillo Mandujano los comenta. Menciona la denuncia que sobre el particular presentó el diputado Efraín Zúñiga Galeana el 9 del mes en curso. Propone se investiguen estos hechos para que esta Cámara obre en consecuencia. Se turna a comisión. Interviene el C. José Encarnación Pérez Gaytán para hechos relacionados con este asunto; nuevamente para aclaraciones, el C. Gordillo Mandujano .
PROBLEMA DEL CAMPO
El C. Javier Blanco Sánchez precisa la posición del PAN en las soluciones para este problema. En torno al tema el C. José Encarnación Pérez Gaytán hace consideraciones y rechaza alusiones en contra del PSUM .
POLÍTICA DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
Opinión del C. Francisco Soto Alba al respecto, particularmente a los pertenecientes al estado de Guanajuato .
HECHOS VIOLENTOS EN VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
La C. Areli Madrid Tovilla se refiere a ellos y solicita sean investigados. Se turna a comisión .
A su vez, el C. Francisco Javier González Garza toca el tema y aclara imputaciones hechas al C. Pablo Emilio Madero por un miembro de PSUM .
COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS
El C. Ricardo Antonio Govela Autrey, a nombre de las diputaciones socialistas, hace consideraciones en torno a una posible aprobación de un proyecto de la IBM en nuestro país con una inversión 100% extranjera. Consecuentemente solicita se cite a los subsecretarios de Inversiones Extranjeras, de Fomento Industrial y de Comercio, y de otros representantes de los sectores involucrados. Se turna a comisiones .
Intervienen en este asunto para dar sus puntos de vista los CC. Miguel Olea Enríquez y Francisco Ortiz Mendoza; para aclaraciones nuevamente los CC. Govela Autrey, Olea Enríquez y Ortiz Mendoza .
PRECIOS DE GARANTÍA E INTERNOS DE CULTIVOS
Comentarios del C. Viterbo Cortés Lobato sobre el particular. Opina sobre el Programa Nacional Alimentario. Acerca del tema intervienen para aclaraciones; el C. Alejandro Posadas Espinosa; para insistir en sus argumentos el C. Cortés Lobato .
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión .
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. RICARDO CASTILLO PERALTA
(Asistencia de 328 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:20 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
"LII" Legislatura.
Orden del día.
16 de octubre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento de Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del XXXIX aniversario de la muerte del general Plutarco Elías Calles, tendrá lugar el 19 de los corrientes.
Comunicación del Congreso del estado de Tabasco.
Minuta
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. doctor Octavio Rivero Serrano para aceptar y usar la condecoración Mayo al Mérito en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Solicitud de particular
Del C. Pedro Angel Palou Pérez para que se le conceda el permiso constitucional necesario
para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Letras y las Artes en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Francia
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto, para reformar y adicionar la Ley Federal de Educación.
Dictámenes a discusión
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Manuel Bejarano Magaña y Luis Jácome Calderón para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Delia Bucio Alvarado y Adalberto Cabral Campa para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Prosecretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día once de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Ricardo Castillo Peralta
En la Ciudad de México, a las once horas y quince minutos del jueves once de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, con asistencia de trescientos cincuenta y nueve ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día nueve de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación al acto cívico que tendrá lugar el día 12 del actual, ante el monumento erigido a la memoria de Cristóbal Colón, ubicado en el Paseo de la Reforma de esta ciudad de México, con motivo del CDXCII aniversario del descubrimiento de América.
Para asistir a dicho acto. con la representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa a los CC. Simitrio Amador Ballinas, Guillermo Dávila Martínez y Rodolfo García Pérez.
La legislatura del estado de Sonora invita a la sesión solemne que tendrá verificativo el sábado 13 del presente, en la que el C. doctor Samuel Ocaña, Gobernador Constitucional de la entidad, rendirá el quinto informe de su gestión administrativa.
Para concurrir a esta sesión, con la representación de este Cuerpo Legislativo, la Presidencia designa en comisión a los CC. Ricardo Castillo Peralta, Manlio Fabio Beltrones Rivera, José Carreño Carlón, Salvador Castañeda Ojeda, O'Conor, Rubén Castro Ojeda, Netzahualcóyotl de la Vega García, Zótico Demetrio García Pastrana, Jesús Salvador Larios Ibarra, Florentino López Tapia, Adrián Mayoral Bracamontes, Alfonso Molina Ruibal, Luis Héctor Ochoa Bercini, Leopoldino Ortiz Santos, Héctor Ramírez Cuéllar, Enrique Riva Palacio Galicia, Manuel Solares Mendiola, Ramiro Valdez Fontes, Enrique Alcántar Enríquez y José Luis Caballero Cárdenas.
El Congreso del estado de Tamaulipas suscribe una iniciativa de decreto, tendiente a derogar el artículo 16 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
En virtud de que dicha iniciativa ha sido ya distribuida entre los ciudadanos diputados, la Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, le da el siguiente trámite: recibo y túrnese a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que tienen antecedentes. Imprimase.
Dictamen con proyecto de decreto, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Manuel Bejarano Magaña para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Es de primera lectura.
La misma Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, emite un dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al C. Luis Jácome Calderón para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana a Mérito Naval en Grado de Gran oficial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno de la República del Perú. Es de primera lectura.
Dictamen con proyecto de decreto. suscrito por la misma Comisión antes mencionada, que autoriza a la C. Delia Bucio Alvarado para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de primera lectura.
La Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales signa un dictamen con puntos de acuerdo, en virtud de los cuales se concede licencia para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, al C. diputado Victor Cervera Pacheco, por haber sido designado Gobernador Interino del estado de Yucatán . Asimismo, se determina se llame al suplente, a fin de que rinda la protesta de ley.
A discusión los puntos de acuerdo. Sin que motiven debate, en votación económica se aprueban.
Dictamen con proyecto de decreto, suscrito por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas Emisiones de Bonos del Ahorro Nacional, hasta por la cantidad de diez mil millones de pesos.
En atención a que este dictamen ha sido también ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura, a fin de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión el proyecto de decreto en lo general.
Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Rodolfo Peña Farber; en pro, la C. María Luisa Calzada de Campos; por segunda ocasión, el C. Rodolfo Peña Farber; por la Comisión Dictaminadora, el C. Ricardo Cavazos Galván; para contestar alusiones personales, el C. Peña Farber y para hechos, el C. David Orozco Romo.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular, No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos veintiún votos en pro y treinta y ocho en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Las comisiones unidas de Educación Pública y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas presentan un dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 33, 34, y 35 bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea en votación económica dispensa el trámite de segunda lectura a este dictamen.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hacen uso de la palabra, en pro. los CC. Jaime Armando de Lara Tamayo y José Parcero López.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba en este sentido, con los artículos que no fueron reservados para su discusión, por unanimidad de trescientos cincuenta y un votos.
A discusión en lo particular. A debate el artículo 33.
Interviene el C. Baltazar Ignacio Valdez Montoya para proponer se modifique el párrafo cuarto del artículo en cuestión.
La Asamblea en votación económica no admite la modificación propuesta, y en consecuencia se da por desechada.
Suficientemente discutido el artículo 33, en votación nominal se aprueba en sus términos por trescientos ocho votos en pro y cuarenta y tres en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta un dictamen con proyecto de decreto, que concede permiso al C. Augusto Pastaccini Daddario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Italia en la ciudad de Cancún Quintana Roo, Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que autoriza al C. Julio Castro Aguilar para prestar servicios como empleado en la Embajada de la República de la India, acreditada en nuestro país. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba este proyecto y el anteriormente reservado, por unanimidad de trescientos cincuenta y un votos. Pasa el primero al Senado y el segundo al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
A continuación, hace uso de la palabra el C. Arnoldo Gárate Chapa para referirse a lo expresado por el C. Presidente de la República en agosto pasado, sobre la desviación de las funciones de la Policía en agravio de los particulares, que alienta la desconfianza y resta prestigio al Gobierno de la República.
Hace comentarios sobre las denuncias hechas en contra de las policías preventivas y judicial, incrementadas ahora por el Ejército con actitudes arbitrarias, como la que está sufriendo el pueblo de Reynosa, Tamaulipas, con la colocación de retenes militares en las principales calles, donde se detienen los vehículos y se revisa a sus ocupantes en busca de armas y drogas, actos que él considera atropellan los derechos y garantías consagrados en varios artículos de la Constitución.
Añade, que el Ejército tiene sus funciones y facultades específicas en la Constitución y en la Ley, y que no debe ser usado para desempeñar funciones ajenas a su misión.
Por lo expuesto, solicita que el Agente del Ministerio Público Federal de Reynosa, abra una investigación para establecer responsabilidades consigne a los culpables ante las autoridades correspondientes. Túrnese la denuncia a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Información. Gestoría y Quejas.
En nombre del grupo parlamentario priísta interviene el C. Juan Saldaña Rosell para puntualizar algunas cuestiones que tienen que ver con la conducta política y pública que adoptan los mexicanos y con la expresión pública de la conducta política.
Enseguida, señala que desde hace tiempo en órganos de información se vienen manejando conceptos, dichos, imaginaciones y creaciones que propician la confusión y la desinformación, como lo que expuso el C. Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional, en un artículo publicado en un diario nacional el día de ayer, en el que
afirmaba que el sistema no defiende a la Revolución Mexicana, sino que por el contrario, la traiciona.
Después de rechazar esta afirmación, el C. Juan Saldaña Rosell hace una serie de consideraciones sobre las tesis y alcances de la Revolución, falsificada ahora por Acción Nacional.
Se refiere a las palabras sustantivas en relación a la Revolución Mexicana, expresadas por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en la 101 Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM, que motivaron el artículo periodístico del C. Gerardo Medina Valdez.
Dice que en vez de andar imaginando revoluciones a su imagen y semejanza, los panistas deben explicar en esta tribuna su concepto del país, sus tesis acerca del presente y futuro de México y fijen con lealtad sus posiciones.
Comenta asimismo, la entrevista que le hicieron a un miembro distinguido de Acción Nacional, José Angel Conchello, que ilustra lo que es revolución y contrarrevolución.
Para contestar los conceptos del orador, interviene el C. Gerardo Medina Valdez, quien manifiesta que el señor Conchello es un miembro de Acción Nacional, pero no es la voz oficial del Comité Ejecutivo del Partido.
Después da a conocer lo que ellos consideran lo esencial de la Revolución Mexicana, y agrega que por creer en eso, deben seguir luchando para que sea restituido.
Hace consideraciones sobre la deuda, que según él, la Revolución tiene con los campesinos.
Por último, afirma que uno de los signos más concretos y por lo tanto, más alentadores de que México avanza hacia una auténtica democracia, es reconocer que el electorado mexicano merece respeto, sea cual sea la opción política por la que se decida.
Por su parte, para referirse a lo expresado en la sesión anterior por un diputado de Acción Nacional, en relación a la lucha de clases y para hacer reflexiones sobre el tema de la Revolución Mexicana y fijar la posición del Partido Socialista Unificado de México, hace uso de la palabra el C. Edmundo Jardón Arzate.
Para hechos sobre el mismo tema y para contestar alusiones, interviene el C. Francisco Javier González Garza.
A su vez, el C. David Orozco Romo aborda la tribuna para expresar que está bien que en la Cámara de Diputados se traten y discutan asuntos políticos, pero que todo tiene su orden, su medida y su oportunidad.
Agrega, que hay muchas leyes qué discutir y muchos hechos qué denunciar, para que aquí se intercambien vaguedades, teorías y abstracciones.
A su vez, el C. Francisco Ortiz Mendoza interviene para hacer comentarios sobre lo expresado por los oradores y poner de manifiesto sus puntos de vista acerca de la lucha de clases y la Revolución Mexicana.
Para hablar sobre el mismo tema, aborda la tribuna el C. Alberto Salgado Salgado
Finalmente, para reiterar la posición de su partido, el Revolucionario Institucional, y expresar su agradecimiento a los CC. Gerardo Medina Valdez, Edmundo Jardón Arzate y Francisco Ortiz Mendoza, quienes con sus posiciones y explicaciones, elevaron el nivel de este debate, interviene el C. Juan Saldaña Rosell.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dieciséis horas y veinte minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día dieciséis de octubre, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 3 de octubre de 1984.
C. diputado Ricardo Castillo Peralta, Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha organizado una ceremonia cívica conmemorativa, con motivo del XXXIX aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 del actual, a las 10:00 horas, bajo la bóveda del monumento a la Revolución y en la cual el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será representado por el C. licenciado Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F.
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Enrique Soto Izquierdo, Ricardo Castillo Peralta, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Alfonso Molina Rubial, Florentino López Tapia, Wulfrano Leyva Salas, Domingo Alapizco Jiménez y Alfonso Valdivia Ruvalcaba.
COMUNICACIÓN
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"Villahermosa, Tab., a 27 de septiembre de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. México D. F. Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 27 del Reglamento Interno de este H. Congreso, la 'LI' Legislatura del Estado libre y soberano de Tabasco, tiene el honor de informar a usted(es) que en sesión pública efectuada el día de hoy se eligió presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá a partir del 1o. al 31 de octubre del presente año, la que quedo integrada de la forma siguiente:
Presidenta, diputada Gladys Ethel Guadalupe Cano Conde.
Vicepresidente, diputado Cesar Jiménez Velázquez.
Secretario, diputado licenciado Darvin González Ballina.
Prosecretario, diputado Jesús Flores Hernández.
Al comunicarle(s) lo anterior, no es grata la ocasión para reiterarle(s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Carmen Sánchez Jiménez, diputada Presidenta: licenciado David González Ballina, diputado secretario."
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTÍCULOS 65 Y 66 CONSTITUCIONALES
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Señor Presidente, le pido la palabra para dar lectura a una iniciativa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente para presentar una iniciativa.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: -"La iniciativa que hoy presenta por mi conducto el Partido Demócrata Mexicano, tiene por finalidad establecer dos periodos ordinarios de sesiones anuales del Congreso de la Unión, que significa dedicar más tiempo a sus actividades propias - que son las legislativas-, para mejorar su calidad y contribuir así al fortalecimiento de su quebrantada soberanía.
Señor Presidente: compañeras y compañeros legisladores: basado en las disposiciones contenidas en los artículos 71, fracción II y 72 de la Carta Magna, y demás relativos aplicables, me permito someter a la consideración de esta representación nacional, iniciativa de ley que modifica y actualiza los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual formulo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es bien sabido, la actividad legislativa se desarrolla en México, a nivel federal, en dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, ambas formando el Congreso de la Unión. En sendos artículos la Constitución señala las facultades de cada una y del Congreso en pleno.
Todo el trabajo legislativo y de trámite, que constitucionalmente les compete, en la actualidad se desahoga en un solo periodo anual ordinario de sesiones de cuatro meses, periodo que es a nuestro juicio, a todas luces insuficiente.
Haciendo un poco de historia acerca de la evolución del criterio en torno al tiempo que deben durar las labores legislativas, recordemos que desde la tercera ley constitucional de la República Mexicana, de 29 de diciembre de 1836, hasta la Constitución Política, sancionada por el Constituyente de 5 de febrero de 1857, dicho criterio es que los periodos ordinarios de sesiones anuales sean dos.
Lo anterior lo registran también los documentos que a continuación enumeramos: proyecto de reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, propuestas el 30 de junio de 1840; el primer proyecto de Constitución Política de 25 de agosto de 1842; el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842, emitido el 22 de agosto del mismo año; el segundo proyecto de Constitución Política de 2 de noviembre de 1842; las bases orgánicas de la República Mexicana acordadas por la H. Junta Legislativa, sancionadas por el supremo gobierno provisional el 12 de junio de 1843; el proyecto de Constitución Política de 16 de junio de 1856.
Observemos que durante el siglo pasado y principios del presente, el criterio que prevaleció fue el de que existieran dos periodos ordinarios de sesiones anuales y no fue sino hasta el tiempo de Venustiano Carranza cuando ese criterio cambió para estructurar el actual sistema de un sólo periodo, arguyendo que no tenía objeto que hubiera dos periodos de sesiones en vista de que no se tenía mucha materia sobre la cual legislar. La innovación fue sancionada por el Constituyente de Querétaro de 1917.
Evidentemente, las razones expuestas por Carranza, en los momentos actuales son insostenibles. Las fracciones parlamentarias del Partido Demócrata Mexicano de la LI y LII Legislaturas -época en la que se barrunta una democratización del país a través del pluripartidismo- hemos llegado al convencimiento de que un periodo de cuatro meses de trabajo legislativo resulta insuficiente para poder cumplir con la gran responsabilidad que implica el ser representantes del pueblo mexicano.
Después de 1917 ha habido varias iniciativas tendientes a conciliar la disposición constitucional vigente a este respecto, con la realidad. Iniciativas provenientes de legisladores del mismo partido gobernante, más con sentido
común, pero sin que hasta la fecha hayan logrado éxito.
La presencia ahora de diputados de diferentes partidos políticos en esta Cámara, representantes de diversas corrientes ideológicas, agrava la necesidad de dedicar más tiempo para elaborar mejores leyes que deben de ser fruto de la conjugación de esfuerzos y de criterios en aras del bien común de la Nación.
Nuestra insistencia para que se establezcan dos periodos de sesiones ordinarias anuales del Congreso se refuerza con el hecho de que la casi totalidad de las entidades federativas, con excepción de Coahuila, Michoacán, Veracruz y Zacatecas los consignan en sus respectivas constituciones locales.
Es deplorable que la mayoría de los miembros de este Congreso Federal no tengan el sentido de la realidad que tienen 27 legisladores de los estados de la República.
Para mayor abundamiento, señalaremos algunos países disímbolos en costumbres y formas de gobierno, que en sus constituciones o leyes supremas estatuyen dos periodos de sesiones para sus congresos o equivalentes. Tales son los casos de El Salvador y la República Dominicana en América; de Italia y la Unión Soviética, en Europa y Asia.
Los inconvenientes que contemplamos los miembros de la fracción parlamentaria demócrata, de conservar vigente la disposición constitucional de que sólo haya un periodo ordinario de sesiones anual son, entre otros, los siguientes:
Cuatro meses son insuficientes para revisar a conciencia el cúmulo de iniciativas que envía a ambas cámaras el Poder Ejecutivo, amén de las que proceden de los miembros del Congreso y de las legislaturas locales.
Por otro lado, el Ejecutivo dispone de ocho meses para elaborar, con la ayuda de un ejército de asesores, lo que en el argot periodístico se ha dado en llamar 'diarrea legislativa', en la seguridad de que sus iniciativas serán ovejunamente aprobadas por una mayoría inconsciente.
Aun cuando en este periodo al parecer ha habido mejoría, la constante histórica ha sido la reseñada.
La actual situación propicia que las multicitadas iniciativas en la mayoría de los casos solamente sean comentadas - a veces en serio, a veces jocosamente- por los congresistas, cuya mayoría se ha especializado en cocinar leyes ya no al vapor, sino utilizando una técnica más avanzada, el horno de microondas. Esto por lo que a las iniciativas presidenciales respecta, porque si se trata de las de la oposición o de los independientes, las mandan a la congeladora.
Con estos procedimientos se debilita el Poder Legislativo y pone de manifiesto su falta de seriedad al renunciar tácitamente a sus atribuciones en favor del supremo Poder Ejecutivo.
En cambio, se tendrían como ventajas al existir dos periodos de sesiones ordinarias anuales, el facilitar la división del trabajo legislativo ya que, un primer periodo que podría abarcar del 1o. de septiembre al 31 de diciembre, se destinaría a analizar, discutir y votar las iniciativas del Ejecutivo; a revisar más a fondo la Cuenta Pública y su Informe de Resultados, a discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, atribuciones éstas que son la columna vertebral de un parlamento.
Y en un segundo periodo, del 1o. de marzo al 30 de junio, se dedicaría al estudio de las iniciativas de quienes constitucionalmente también pueden presentarlas, sobre todo las provenientes de las distintas fracciones parlamentarias, así como los asuntos de mero trámite y los de interés nacional.
Ocho meses en constante actividad legislativa mantendría la atención de los diputados sobre los problemas nacionales para atacarlos oportunamente.
Finalmente, otra de las ventajas que observamos, de aceptarse esta iniciativa, sería la de que el Congreso constituiría realmente el eficaz contrapeso a la acción del Ejecutivo, guardando el debido respeto que debe existir entre los poderes de la Unión.
Apoyados en la argumentación que hemos expuesto ante esta soberanía, sometemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ACTUALIZA LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo primero. Se reforma el artículo 65 de la Carta Magna para quedar como sigue:
'Artículo 65. El Congreso se reunirá en dos periodos de sesiones ordinarias anuales, en los cuales se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución'.
Artículo segundo. Se modifica el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
'Artículo 66. El primer periodo de sesiones ordinarias iniciará el día 1o. de septiembre y concluirá el 31 de diciembre y el segundo iniciará el 1o. de marzo, finalizando el 30 de junio'.
TRANSITORIO
Único. La presente Ley entrará en vigor una vez que se cumplan los supuestos de los artículos 72 y 135 constitucionales.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. A 16 de octubre de 1984.
Por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
Diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente."
El C. Presidente: - Túrnese la iniciativa presentada por el C. diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Imprimase.
ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Sergio Quiroz Miranda.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: "Haciendo uso del derecho que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución y los correspondientes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta ante esta honorable Asamblea una iniciativa que tiene por objeto proponer adiciones, modificaciones y reformas al artículo 28 constitucional y que tiene como fundamento la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desarrollo económico tiene por objeto aumentar las fuerzas productivas de nuestro país, utilizando los recursos naturales y humanos de que dispone para elevar de manera sistemática el nivel de vida del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar la independencia económica de la nación y distribuir de manera equitativa la riqueza pública.
Esta tesis, inscrita en el cuerpo de la iniciativa que presentara el PPS, en el año de 1965, con el objeto de adicionar con un nuevo capítulo, acerca de la economía nacional, la Constitución de nuestro país, no sólo no ha perdido su vigencia, sino que cada día es más actual y refleja con claridad las grandes exigencias de nuestro pueblo y de las fuerzas políticas progresistas que desean que el desarrollo de nuestro país se realice con independencia del exterior y en beneficio de las amplias masas populares.
Para lograr los anteriores objetivos, a juicio del Partido Popular Socialista, se hace necesario incluir en el artículo 28 constitucional las sanciones que de deben imponer a los partidos que violen este precepto: precisar los campos y objetivos, las medidas necesarias para que la recaudación fiscal sea menos injusta y las que permitan defender el poder adquisitivo del pueblo, y limitar las exorbitantes ganancias de la minoría privilegiada que ha incrementado desmesurada y sistemáticamente sus recursos económicos impidiendo con ello que la riqueza sea distribuida de forma menos injusta.
Esta posición, sustentada por el PPS, se basa en la experiencia histórica, la cual ha establecido que el desarrollo económico actual ha sido posible por la intervención creciente del Estado en la vida económica de la nación.
El Estado mexicano cuando inició su participación en la economía nacional no suplantó, como afirman los enemigos de su actividad productiva, a la iniciativa privada nacional, porque ésta en la práctica no existía. Suplantó a la inversión extranjera que poseía la riqueza de nuestro suelo y propiciaba la deformación de nuestra economía para que sirviera a sus intereses y no a los de nuestro desarrollo independiente.
No es la iniciativa privada, como afirman sus partidarios, los partidos y corrientes reaccionarias, la que impulsó o impulsará el desarrollo nacional, no es ni puede ser, como afirman algunos funcionarios contrarios a las tesis de la Revolución Mexicana, la inversión extranjera la que nos ayude a superar la crisis actual, porque el objetivo esencial de ambas es el lucro y éste es contrario a los intereses populares que deben orientar nuestra actividad económica.
En estos momentos y como vía permanente para avanzar, sólo la participación del Estado en la economía, con una orientación progresista puede contribuir a que nuestro país alcance sus objetivos superiores.
Prueba de lo anterior es que no fue la llamada libre empresa quien rescató los recursos naturales de nuestro suelo y subsuelo; fue el Estado que cumpliendo con el mandato de la Constitución del 17 se volvió empresario y tomó en sus manos el petróleo, la petroquímica, la electricidad y otras ramas no menos importantes de la economía nacional.
Prueba también es que el Estado, apoyado en la fuerza económica de las empresas estatales, es el que ha resistido los embates y las brutales presiones del imperialismo, mientras que la iniciativa privada ha sido siempre cómplice del capital foráneo y fiel servidor de los intereses imperiales.
Además la iniciativa privada nacional olvida premeditadamente que si no fuera por la actividad económica emprendida por el Estado, aquélla no existiría como fuerza económica relativamente independiente del exterior.
Por lo anterior, el Partido Popular Socialista considera que deben aplicarse sanciones severas a todos aquellos que contrariando el espíritu y la letra del 28 constitucional, formen monopolios y fomenten prácticas monopólicas.
Deben incorporarse al párrafo cuarto aquellas actividades que se consideren necesarias para lograr nuestro desarrollo económico independiente, las que requiere el desarrollo de la industria nacional y todas aquellas que por su importancia deben ser propiedad exclusiva de la nación.
Dentro de las actividades antes mencionadas, ocupa un lugar especial la que se refiere al crédito y la banca, por las posibilidades que se abren para impulsar, a través de este servicio de vital importancia, el desarrollo nacional. La expropiación de este servicio es un hecho histórico que propinó un duro golpe para los sectores oligárquicos del país, para los partidarios del retroceso histórico y para todas las corrientes ligadas al imperialismo.
Sin embargo, la concesión que representó el haberles otorgado a los antiguos propietarios bancarios la posibilidad de que participaran en la propiedad de las sociedades nacionales de crédito, obstaculiza, como la práctica lo demuestra, dichas posibilidades; por ello
el PPS considera que el servicio de banca y crédito debe quedar incluido en el párrafo cuarto del artículo de la Constitución.
Otro aspecto que la experiencia histórica nos demuestra es que funcionarios ajenos al camino progresista y elementos provenientes de la iniciativa privada incrustados en las empresas estatales, han logrado en ocasiones desvirtuar los propósitos de las nacionalizaciones que una vez incorporadas al patrimonio nacional deben ser convertidas en instrumentos al servicio de los objetivos nacionales; por ello el PPS considera urgente y necesario incorporar en todas las empresas del Estado a los representantes de los trabajadores para que éstos sean los encargados de velar porque las empresas propiedad de la nación sirvan a los intereses nacionales y al pueblo.
De la misma manera, los servicios públicos que no deben tener como objetivo el lucro, deben ser prestados por el Estado para que éste garantice que sus beneficios redunden en una mejoría de nivel de vida de las masas populares.
Por último, el PPS considera que los recursos que el Estado obtiene por la vía fiscal deben ser proporcionados por los que detentan los medios e instrumentos de la producción y no por los consumidores que es la mayoría del pueblo, que con su esfuerzo diario es el que crea la riqueza nacional, por ello proponemos que desaparezcan los impuestos indirectos, se constituya un régimen fiscal único y se ponga un límite a las utilidades de las grandes empresas, se establezca la escala móvil de salarios, se controlen los precios de los artículos de primera necesidad y que sea el Estado el que se encargue de fijar el monto de las rentas y determinar los bienes que constituyen el patrimonio familiar, que de acuerdo con la propia Constitución es inembargable e inalienable.
Por las anteriores consideraciones, la fracción parlamentaria del PPS propone las siguientes adiciones y modificaciones al artículo 28 de la Constitución para quedar como sigue:
I. Se adiciona el párrafo primero para quedar como sigue:
"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Los monopolios o las prácticas monopólicas, previa la comprobación de su existencia serán expropiados de acuerdo con la ley respectiva y sus bienes se incorporarán a las empresas del Estado dedicadas a actividades semejantes, estas empresas estatales no serán consideradas como monopolios".
II. Se modifica el párrafo cuarto para quedar así:
"No constituirán monopolios los establecidos en esta Constitución en favor del Estado. Son actividades Estratégicas y eslabones clave a cargo exclusivo del Estado: acuñación de moneda; correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; explotación de minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; banca y crédito; transporte marítimo y aéreo; fertilizantes; siderurgia; afinación y refinación de metales no ferrosos y todos los elementos que requiera el desarrollo de la industria nacional; comunicaciones y servicios telefónicos; comercio exterior; alimentos balanceados; y el resto de las actividades que esta Constitución y las demás leyes señalen".
III. Se adiciona el párrafo sexto para quedar de la siguiente manera:
"El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario. En todas las empresas del Estado, de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados participarán los trabajadores en sus consejos de administración y vigilancia en igual número de representantes del Poder Ejecutivo."
IV. Se sustituye el párrafo noveno por la siguiente redacción:
"Los servicios públicos serán proporcionados por el Estado; sólo como excepción podrán ser concesionados por tiempo limitado. Al concluir el plazo de la concesión o anticipadamente en caso de incumplimiento del concesionario, el Estado asumirá la prestación del servicio tomado en sus manos todas las instalaciones y equipo sin que medie pago alguno. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público".
V. Se agrega el párrafo decimosegundo con la siguiente redacción:
"El régimen fiscal tenderá a suprimir los impuestos indirectos hasta llegar a un impuesto único, basado en el principio de la aportación creciente, de acuerdo con el monto de la inversión y la rentabilidad del capital invertido. Habrá un solo régimen fiscal que coordine los intereses de la Federación, de los estados y de los municipios y contribuya al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo".
VI. Se incorpora el párrafo decimotercero con la redacción siguiente:
"Con el fin de distribuir con sentido de justicia el producto del trabajo de la sociedad, la ley determinará los límites de las utilidades de las empresas, establecerá la escala móvil de los salarios, señalará el monto del alquiler de las casas habitación y los precios de los artículos de primera necesidad y determinará los bienes que constituyen el patrimonio familiar con las características y finalidades
que señala la fracción XXVIII del artículo 123 Constitucional.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 16 de octubre de 1984."
El C. Presidente: - Túrnese la iniciativa presentada por el ciudadano Sergio Quiroz Miranda a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Imprímase.
MINUTA DE SENADO
CONDECORACIÓN
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano doctor Octavio Rivero Serrano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para aceptar y usar la condecoración 'Mayo al Mérito', en el Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 11 de octubre de 1984.
Rafael Armando Herrera Morales, S. S.; Yolanda Sentíes de Ballesteros, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Octavio Rivero Serrano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para aceptar y usar la condecoración 'Mayo al Mérito' en el Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, D. F., a 11 de octubre de 1984.
José Ramírez Gamero, S. P.; Rafael Armando Herrera Morales, S. S.; Yolanda Sentíes de Ballesteros, S. S."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
SOLICITUD DE PARTICULAR
CONDECORACIÓN
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. México, D. F.
Pedro Angel Palou Pérez, con domicilio para recibir acuerdos y notificaciones en la casa cinco mil ciento treinta y ocho de la privada de la Nueve 'B' Sur en el Fraccionamiento Prados Agua Azul, de la ciudad de Puebla, ante ustedes, con el debido respeto y como mejor proceda, comparezco y expongo:
Que como lo acredito con la copia certificada del acta de nacimiento anexa y certificado de nacionalidad, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, soy mexicano por nacimiento, hijo de padre español y madre mexicana, nacido en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el día once de mayo de mil novecientos treinta y dos. En atención a que el Gobierno de la República francesa por su representación diplomática ha tenido a bien hacerme sabedor del propósito de concederme la 'Orden de Chavalier' o 'Caballero de las Letras y de las Artes', sin que implique sumisión u obediencia a dicho gobierno, por este conducto y a los efectos que establece la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, vengo a solicitar la licencia y autorización correspondientes por parte de esa Legislatura.
Por lo antes expuesto y fundado, atentamente pido:
Primero. Se me tenga por presentado con el presente ocurso y documentos anexos, acreditando la nacionalidad mexicana que me asiste y en tal carácter solicitando licencia y autorización para recibir del Gobierno de la República francesa la 'Orden de Chavalier' o 'Caballero de las Letras y las Artes', sin que implique sumisión u obediencia a tal gobierno.
Segundo. Ordenar se dé el trámite legal correspondiente y de tener a bien conceder la licencia que solicito, ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a los efectos legales procedentes.
Protesto a esa soberanía las seguridades de mi respetuosa consideración.
México, Distrito Federal, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro."
Rúbrica.
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL
"Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta que contiene el proyecto de reformas a la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen de las comisiones unidas Segunda de Puntos Constitucionales, Primera de Justicia y Segunda Sección de Estudios Legislativos de la Cámara colegisladora, recoge lo expresado en la iniciativa formulada por el Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, en el sentido de precisar la forma en que deberá concederse la libertad provisional bajo caución, así como las modalidades que deberán tomarse en consideración para su otorgamiento o negativa y el monto máximo que podrá alcanzar dicha caución.
Tanto en la iniciativa del Ejecutivo, como en la minuta del Senado, se aseguran los derechos subjetivos del inculpado, a través de la garantía individual que consagra la fracción I del artículo 20 constitucional, que se refiere al beneficio procesal de la libertad bajo caución para el inculpado, cuando se le impute la comisión de una conducta delictiva que el Código Penal sancione con pena corporal cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión, la cual deberá otorgársele considerando el delito presuntamente cometido, con sus modalidades y conforme a las constancias procesales y no sólo el denominado tipo básico o fundamental.
En tal sentido, estas comisiones unidas están acordes con los criterios que sustenta la iniciativa y la minuta, de suprimir el término 'fianza' para referirse al de 'caución', en virtud de que, además de las razones de técnica jurídica, debe considerarse que el término 'caución', como garantía patrimonial entre sus conceptos abarca el de 'fianza' y otros tipos de garantía.
Asimismo, las suscritas comisiones también coinciden con los criterios de la iniciativa y la minuta, que incluyen las modalidades del delito a fin de que el órgano jurisdiccional, para determinar sobre el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, así como su monto, deberán atender no solamente al tipo básico del delito sino a las atenuantes o agravantes del mismo.
Al adoptarse el criterio contenido en el párrafo que antecede, debe destacarse que se trata de tutelar tanto al interés social como al personal del imputado, al considerarse por la autoridad competente las circunstancias agravantes o atenuantes, en la comisión del delito, para concederse o negarse tal beneficio; y además se adecua al reiterado criterio sostenido en diversas ejecutorias por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por los Tribunales Colegiados de Circuito, que son los que en la actualidad tienen competencia para resolver a través del juicio de amparo sobre los problemas que se suscitan en relación con la libertad provisional.
También consideran estas comisiones unidas, acertado el criterio contenido en la minuta, por el cual modifica la iniciativa respecto a cambiar los conceptos de 'juez o tribunal' por el genérico de 'juzgador', ya que este vocablo abarca tanto a los órganos jurisdiccionales de primera como de segunda instancia.
Respecto al criterio sostenido por la iniciativa y aceptado por la minuta, de fijar el monto máximo de la caución en el equivalente a la percepción durante dos años del salario mínimo general vigente en el lugar en que se cometió el delito, estas comisiones consideran inobjetable la propuesta, ya que con ello se logrará el ajuste automático y racional de la cuantía que contempla la norma cada vez que se incremente dicho salario mínimo; lo que evitará que tengan que proponerse frecuentes reformas para adecuar dicha cantidad.
Es pertinente señalar que la caución mínima no se incrementa y el aumento a la máxima no resulta exagerado, si se considera que desde hace más de treinta años la norma vigente señala la suma de 250 mil pesos como máximo, y con la reforma propuesta por el Ejecutivo y aceptada por el Senado y por estas comisiones unidas, se aumenta dicha cantidad a un poco más del doble en el Distrito Federal; y algo menos en la mayor parte de las entidades federativas.
Las comisiones unidas están de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo y la minuta del Senado, que señalan que al existir hechos delictuosos que por su especial gravedad o por circunstancias particulares del o de los sujetos imputados o de la víctima, resulta conveniente aumentar el monto de la caución, con objeto de garantizar adecuadamente el interés social, por lo cual, se estima pertinente que en estos casos, pueda incrementarse el monto de la caución hasta el doble del señalado para los casos generales, es decir, hasta la cantidad equivalente a la percepción durante cuatro años del salario mínimo general del lugar donde se cometió el delito.
También están de acuerdo las comisiones unidas que suscriben este dictamen, con la modificación que contiene la minuta del Senado a la iniciativa del Ejecutivo, en el sentido de que resultaba necesario destacar que la potestad de incrementar el monto de la caución, debería de corresponder exclusivamente al juzgador, sin intervención del Ministerio Público, ya que de mantenerse el criterio de que sólo mediante la petición del representante social podría realizarse el incremento, ello daría lugar a la posibilidad de coartar las facultades de las autoridades jurisdiccionales para resolver sobre la libertad caucional.
Las comisiones unidas expresan su conformidad con la adición al tercer párrafo del artículo 20 de nuestra Carta Magna, que contiene la minuta del Senado, con el objeto de que la exigencia de que la caución sea cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o los daños y perjuicios patrimoniales causados, se refiera exclusivamente al caso de comisión de delitos intencionales, precisando que si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará que se garantice la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales y se aplicará lo dispuesto en los dos primeros párrafos del referido artículo 20 constitucional; es decir, una vez garantizados
los daños y perjuicios patrimoniales, se destaca el término patrimoniales con el fin de no dejar duda respecto si deberán garantizarse otros tipos de daños, que no son de fácil cuantificación en el momento procesal en que se concede el beneficio de la libertad provisional bajo caución; el juzgador fijará el monto de la fianza conforme a las reglas generales contenidas en los dos párrafos señalados.
La inclusión en esta adición de los delitos preterintencionales, es con el fin de adecuarla con la reforma del artículo 8o. del Código Penal Federal, que incorpora a este tipo de delitos, los que además están establecidos por códigos penales de diversos estados de la República.
Las comisiones unidas del Senado de la República estimaron conveniente modificar el artículo único transitorio de la iniciativa; y señalar que la reforma entraría en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para dar oportunidad a que en todas las entidades federativas se reformen los ordenamientos procesales correspondientes; estas comisiones unidas están de acuerdo con esa modificación por las razones señaladas en la misma.
En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 82, 88 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
'Artículo 20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:
I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución, que fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito, incluyendo las modalidades, merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión; sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de la autoridad judicial, u otorgar otra caución bastante para asegurarla, bajo la responsabilidad del juzgador en su aceptación.
La caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción durante dos años del salario mínimo general vigente en el lugar en que cometió el delito. Sin embargo, la autoridad judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las particulares circunstancias personales del imputado o de la víctima, mediante resolución motivada, podrá incrementar el monto de la caución hasta la cantidad equivalente a la percepción durante cuatro años de salario mínimo vigente en el lugar en que se cometió el delito.
Si el delito es intencional y representa para su autor un beneficio económico o causa a la víctima daño y perjuicio patrimonial, la garantía será cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños y perjuicios patrimoniales causados. Si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará que se garantice la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales, y se estará a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito Federal, octubre 15 de 1984.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Humberto Lugo Gil, Presidente; Mario Vargas Saldaña, Secretario; Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Jorge Canedo Vargas, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Salvador Castañeda O'Connor, Arnaldo Córdoba, en contra; Jorge Cruickshank García, en contra; Irma Cué de Duarte, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, en contra; Onofre Hernández Rivera, José Luis Lamadrid Sauza, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Comisión de Justicia
Mariano Piña Olaya, Presidente; Leopoldino Ortiz Santos, Secretario; Servio Tulio Acuña, Francisco J. Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, en contra, Armando
Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García, Eleazar García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, en contra; Jesús Salvador Larios Ibarra, en contra Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Angel Martínez Cruz, Crescencio Morales Orozco, en contra; Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Avila, Alberto Salgado Salgado, en contra; Pedro Salinas Guzmán, Daniel Angel Sánchez Pérez, en contra; Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Alvaro Uribe Salas, Ma. Antonia Vazquez Segura, César H. Vieyra Salgado."
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría Consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
EL C. Prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al dictamen. Queda de primera lectura.
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
"Comisión de Educación Pública. Reformas y Adiciones a la Ley Federal de Educación.
Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal envió a esta Cámara de Diputados la iniciativa para reformar los artículos 37, fracción IV; 41 segundo párrafo; 68 y 69 de la Ley Federal de Educación, así como adicionar el artículo 70 a la misma.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a esta Comisión de Educación, de acuerdo a lo que estipulan los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que después de analizar la documentación respectiva y la información adicional que obtuvo, tanto como los comentarios y opiniones vertidos en sus sesiones internas de trabajo, en la que participaron los miembros de las fracciones parlamentarias que la forman, procedió a elaborar el dictamen que se pone a consideración de esta H. Asamblea con el siguiente contenido:
CONSIDERACIONES
En lo que corresponde a las reformas propuestas a la fracción IV del artículo 37 de la Ley Federal de Educación, la Comisión aprecia que la iniciativa tiende a ampliar, mediante el establecimiento de multas, las opciones de la autoridad para sancionar el incumplimiento de disposiciones legales por parte de los planteles particulares que imparten estudios con autorización o con reconocimiento de validez oficial. En este sentido, la Comisión está de acuerdo en que la resolución pueda consistir también en una multa, en el caso de que se compruebe que se haya cometido la infracción, sin perjuicio del otorgamiento de un plazo para que se cumpla con la obligación contraída.
Por otra parte, la iniciativa está orientada, en lo que se refiere a la reforma propuesta del segundo párrafo del artículo 41 de la Ley mencionada, a proteger a quienes tienen la intención de asistir a planteles sin reconocimiento de validez oficial por medio del control del contenido de su publicidad, la cual deberá de autorizarse, previamente a su difusión, por la Secretaría de Educación Pública o por los gobiernos de los estados dentro de sus respectivas jurisdicciones. La Comisión considera conveniente, tal como lo presenta la iniciativa, que se sustituya el Término 'registro' por el de 'inscripción' en los listados de planteles no incorporados', ya que a menudo el receptor de ese servicio educativo cree que el 'registro' equivale a que los estudios tienen reconocimiento de validez oficial. Asimismo, la Comisión coincide en que es necesaria la autorización de la publicidad de este tipo de estudios en forma previa a su difusión para evitar posibles confusiones en los usuarios. También la Comisión se pronuncia en favor de que sean la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados las instituciones facultadas para inscribir a los particulares que imparten este tipo de enseñanza y para autorizar la publicidad que hagan de sus establecimientos.
En lo que respecta a las reformas propuestas a los artículos 68 y 69, la iniciativa tiene por objeto que las sanciones pecuniarias mantengan su eficacia. Por eso, la Comisión juzga pertinente que las cuantías de las multas se determinen con base en el salario mínimo general diario vigente en la zona económica que se trate.
Por último, la iniciativa propone que se adicione la ley con el nuevo artículo 70, en el que se establecen criterios de valoración que la autoridad deberá tomar en cuenta para imponer sanciones. Al efecto, la Comisión aprecia, la intención de procurar la mayor objetividad en la fijación de las mismas.
Por las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
Artículo primero. Se forma y se adiciona el artículo 37, fracción IV, de la Ley Federal de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 37. ..
I. ..
II. ..
III. ..
IV. A continuación la autoridad dictará la resolución que a su juicio proceda, misma que podrá ser la declaración de inexistencia de la infracción, el otorgamiento de un plazo prudente para que se cumpla la obligación relativa, la imposición de una multa cuya cuantía se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de esta ley, o la renovación de la autorización.
El otorgamiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior no excluye la posibilidad de que sea impuesta la multa a que se alude.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley Federal de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 41. ..
Los particulares que imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionar esta circunstancia en su correspondiente documentación y publicidad e inscribirse en le listado de planteles no incorporados de la Secretaría de Educación Pública. Los gobiernos de los estados podrán, dentro de su respectiva jurisdicción, inscribir a los particulares que estén en el supuesto anterior. El contenido de la publicidad deberá ser autorizado previamente a su difusión por la Secretaría de Educación Pública o por los gobiernos de los estados, dentro de su respectiva jurisdicción.
Artículo tercero. Se reforman los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de Educación para quedar como sigue:
Artículo 68. Se sancionará con multa por el equivalente de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate al momento de cometerse la infracción, a quien infrinja lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 41 de esta ley y, en caso de reincidencia, se clausurará el plantel respectivo.
Artículo 69. Las demás contravenciones a la presente ley o a sus reglamentos, cometidas por un particular y que no tengan sanción en este propio ordenamiento, se sancionarán con quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al momento de cometerse la infracción, atendiendo a las reglas de calificación que se establecen en el artículo siguiente. La multa impuesta podrá duplicarse en caso de reincidencia.
Artículo cuarto. Se adiciona la Ley Federal de Educación con el artículo 70, para quedar como sigue:
Artículo 70. Al imponer una sanción, previo el procedimiento establecido en el artículo 37 de esta ley, la autoridad educativa fundará y motivará la resolución, tomando en cuenta:
I. Las circunstancias en que fue cometida la infracción;
II. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en los educandos;
III. La gravedad de la infracción;
IV. Las condiciones socioeconómicas del infractor, y
V. La calidad de reincidente del infractor, si es el caso.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de diputados. México D.F., a 16 de octubre de 1984.
Comisión de Educación Pública. Los diputados de la Comisión de Educación Pública:
Julieta Guevara Bautista, Presidenta; Onofre Hernández Rivera, Secretario; Miguel Angel Acosta Ramos, Domingo Alapizco Jiménez, José Antonio Alvarez Lima, Armando Salinas Reyes, Pedro Luis Bartilotti Perea, Helios Barragán López, María Albertina Barbosa Espinoza, Alvaro Brito Alonso, Jorge Canedo Vargas, Cecilio Rubén Calderón, Rubén Castro Ojeda, Cándido Díaz Cerecedo, Samuel Díaz Olguín, Serafin Domínguez Ferman, Raúl Enríquez Palomec, Iván García Solís, Alberto González Domene, Francisco González Garza, José González Torres, Leonardo González Valera, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, Maurilio Hernández González, Jesús Lazcano Ochoa, Josefina Luévano Romo, Ana María Maldonado Pinedo, José Luis Martínez Rodríguez, Alberto Miranda Castro, Enrique Neváres Muñoz, Rafael Oceguera Ramos, María de Jesús Orta, Angélica Pualín Posada, Antonio Pérez Peña, Sergio Quiroz Miranda, Luis Enrique Sánchez Espinosa, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Humberto Silva Ochoa, Luis E. Todd, Olegario Valencia Portillo, Irma Zárate de Lino.
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
EL C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: -Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Queda de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
EL C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano vicealmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval, Manuel Bejarano Magaña, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al ciudadano vicealmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval, Manuel Bejarano Magaña para aceptar y usar la condecoración de la Orden al mérito Naval, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D.F. a 10 de octubre de 1984.
Humberto Lugo Gil, Presidente: Mario Vargas Saldaña, Secretario; Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, José Luis Caballero Cárdenas, Jorge Canedo Vargas, Oscar Cantón Zetina, José Carlón, Salvador Castañeda O'Connor, Rubén Castro Ojeda, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Irma Cué de Duarte, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, José Luis Lamadrid Sauza, Raúl Lemus García, Alejandro Lambretón Narro, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández, del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco Xavier Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Víctor Manuel Torres Ramírez, Salvador Valencia Carmona."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el Proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
EL C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano vicealmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval, Luis Jácome Calderón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en Grado de gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval, Luis Jácome Calderón para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval el Grado de Gran Oficial con distintivo blanco, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D.F. a 10 de octubre de 1984.
Humberto Lugo Gil, Presidente; Mario Vargas Saldaña, Secretario; Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, José Luis Caballero Cárdenas, Jorge Canedo Vargas, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Salvador Castañeda O'Connor, Rubén Castro Ojeda, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Irma Cué de Duarte, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, José Luis Lamadrid Sauza, Raúl Lemus García, Alejandro Lambretón Narro, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández, del Campo, Luis René Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco Xavier Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez,
Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Víctor Manuel Torres Ramírez, Salvador valencia Carmona."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EL C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 21 de septiembre del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Delia Bucio Alvarado pueda prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 9 de octubre del correspondiente año, se turnó a la suscrita Comisión para estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II Apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Delia Bucio Alvarado para prestar servicios de asistente administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. -México, D.F., a 11 de octubre de 1984.
Humberto Lugo Gil, Presidente; Mario Vargas Saldaña, Secretario; Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, José Luis Caballero Cárdenas, Jorge Canedo Vargas, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Salvador Castañeda O'Connor, Rubén Castro Ojeda, Arnaldo Cordova, Jorge Cruickshank García, Irma Cué de Duarte, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González, Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, José Luis Lamadrid Sauza, Raúl Lemus García, Alejandro Lambretón Narro, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco Xavier Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Víctor Manuel Torres Ramírez, Salvador Valencia Carmona".
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
EL C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 1o. de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Adalberto Cabral Campa para prestar servicios como empleado de pensiones federales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 4 de los corrientes, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B del Artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Adalberto Cabral Campa para prestar sus servicios como empleado de pensiones federales en la embajada de los estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. -México D.F. a 5 de octubre de 1984.
Humberto Lugo Gil, Presidente; Mario Vargas Saldaña, Secretario; Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, José Luis Caballero Cárdenas, Jorge Canedo Vargas, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Salvador Castañeda O'Connor, Rubén Castro Ojeda, Arnaldo Córdova, Jorge Cruickshank García, Irma Cué de Duarte, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, José Luis Lamadrid Sauza, Raúl Lemus García, Alejandro Lambretón Narro, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco Xavier Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Víctor Manuel Torres Ramírez, Salvador Valencia Cardona."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de esté y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
EL C. Jesús Luján Gutiérrez: -Pido la palabra, señor Presidente.
EL C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
EL C. Jesús Luján Gutiérrez: -Con el propósito de facilitarnos la votación a nuestra fracción parlamentaria, le solicito que primero se someta a votación los proyectos de decreto para conceder permisos y aceptar condecoraciones y en seguida los que conceden permisos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos.
El C. Presidente: -Señor diputado esta petición de usted no ha lugar porque no se solicitó oportunamente.
Proceda la secretaría a recoger la votación.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -Pido la palabra.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor?
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -Para que me explique por qué reglamentariamente se establece eso, si estamos planteando un procedimiento de votación. Pido a usted en qué artículo se basa para negarnos nuestra petición.
El C. Presidente: -Señor diputado Ortiz Mendoza, se abrieron a discusión cada uno de los proyectos de decreto y ustedes no solicitaron uso de la palabra.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: -No estamos pidiendo la palabra para impugnarlos, estamos simplemente pidiendo procedimiento de votación.
El C. Presidente: -Ruego a la Secretaría conceda a la fracción parlamentaria del PPS lo solicitado.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: -Por instrucciones de la Presidencia, se va ha proceder a recoger, en primer lugar, la votación nominal de los proyectos de decreto que conceden permiso para aceptar condecoraciones, y posteriormente se tomará la votación de los proyectos de decreto que conceden permiso para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos.
(VOTACIÓN)
Se emitieron 328 votos en pro y ninguno en contra.
EL C. Presidente: -Aprobados los proyectos de decreto por 328 votos.
EL C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: -Pasan al senado para sus efectos constitucionales.
El mismo C. Prosecretario: -Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto que conceden permiso para prestar servicios en embajadas extranjeras.
Se emitieron 319 votos en pro y 9 en contra.
EL C. Presidente: -Aprobados los proyectos de decreto por 319 votos.
EL C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: -Pasa el proyecto de decreto de la ciudadana Delia Bucio Alvarado al Senado para sus efectos constitucionales y el proyecto de decreto del ciudadano Adalberto Cabral Campa pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
EL C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Samuel Meléndez Luévano.
EL C. Samuel Meléndez Luévano: -Señor Presidente; respetable Asamblea: Me voy a permitir presentar, a nombre del Partido Socialista Unificado de México, de su grupo parlamentario, algunas consideraciones y propuestas en torno a la renegociación de la deuda exterior que actualmente se realiza.
Durante la segunda quincena de agosto y todo el mes de septiembre próximo pasado, mucho se comento en nuestro país sobre el problema de la deuda externa. Primero, los medios de difusión nacional reprodujeron diversas noticias diferidas a la renegociación que el Gobierno Mexicano está realizando con los principales bancos internacionales para posponer, para los próximos años, los pagos del principal de la deuda extranjera, de la deuda externa.
Después, cuando ya se habían dado los primeros pasos en esta dirección, la Secretaría de Hacienda informó, esto fue el 7 de septiembre, de los resultados y características de la renegociación.
Y, por último, no fue sino hasta después de este momento cuando se pudo comentar sobre el tema en diversos medios y con información oficial, es decir, en nuestro país sólo se pudo discutir o comentar sobre hechos consumados o por consumarse, cuando ya nada o casi nada podía influirse sobre ellos.
Esto no fue casual, pues como lo reconoció el propio secretario de Hacienda en reunión con la comisión del ramo de esta Cámara, la Secretaría de Hacienda se comprometió con los bancos internacionales a no difundir información sobre la renegociación de la deuda mexicana hasta no acabar las primeras dos de las tres etapas de tal renegociación.
No es necesario insistir en la importancia crucial que tiene el tema por el que hemos solicitado la palabra y tampoco es necesario recordar la necesidad de que esta Cámara lo discuta a fondo. Lo que sí es necesario resaltar, es que en este caso, como en muchos otros, la Cámara de Diputados ha estado prácticamente al margen de decisiones que en una u otra forma afectan y afectarán los intereses nacionales e incluso la misma soberanía nacional.
Esta Cámara no debe quedarse al margen de una decisión que marcará al México de la próxima década y lo que resta de la presente, sobre todo por tratarse de un problema que hizo crisis en buena medida, por el hecho de que el Poder Legislativo dejó manos libres al Ejecutivo para aplicar políticas de endeudamiento que hoy tienen al país contra la pared.
Ya en los comentarios al segundo informe de gobierno, nuestro grupo parlamentario expresó su posición frente a la renegociación de la deuda externa; hoy, insistimos en ello.
Después del tardío anuncio oficial sobre la renegociación, los representantes del gobierno mexicano han expresado de diversas formas un optimismo triunfalista por lo que llaman un acontecimiento sin precedentes en las finanzas internacionales al posponer el pago de los vencimientos del capital de la deuda externa de 1985 hasta el año de 1990. La renegociación ha sido representada como la tabla de salvación de México dando por descontado si era la mejor opción ante el problema y aún más, la única posible.
Se presenta además, como todo un triunfo de nuestro país ante los intereses financieros internacionales y como un avance en materia de relaciones económicas con el exterior.
No se trata de ignorar el hecho de que de concluirse la renegociación en curso se pospondrá el pago de compromisos cuyo cumplimiento, por lo demás, era de hecho imposible. En efecto entre 1985 y 1990 vence el pago de casi la totalidad de la deuda externa, es decir, casi setenta mil millones de dólares a los que habría que sumar los intereses que estaría causando el capital no pagado; los pagos de la deuda externa privada y otros conceptos más, lo cual arroja un monto total que sería imposible cubrir a no ser que se dedicara a ello prácticamente la totalidad de los ingresos provenientes de las exportaciones y esto, como se sabe, es indispensable salvo que se eliminen casi todas las exportaciones, importaciones, lo cual paralizaría de hecho el aparato productivo. Para decirlo de otra forma, la deuda externa los próximos años es impagable y por lo tanto es inevitable su renegociación, aunque la situación se repita luego para volver a renegociar y así sucesivamente.
No añoramos, pues, el que parcialmente se alivie la situación en este aspecto para los próximos años, aunque los resultados sean insatisfactorios desde muchos puntos de vista, principalmente desde la consideración de las necesidades de crecimiento económico para hoy y para después.
Pero dejemos esto por lo pronto, pues es pertinente recordar ahora cómo llego nuestro país al punto donde se encuentra en cuanto a la deuda externa. El crecimiento de la deuda externa mexicana en el pasado reciente fue explosivo, no fue un fenómeno exclusivo de nuestro país, pues afectó a todos los países atrasados y particularmente a los de América Latina y en ello fue determinante el papel de las economías desarrollas.
No estamos entonces sólo ante un problema de pasadas irresponsabilidades personales, como algunos quisieran presentarlo de manera frívola y oportunista; tampoco es un problema que competa únicamente a los países atrasados ya que durante el periodo de más alto endeudamiento fueron claves las políticas de los gobiernos y los bancos de los países desarrollados que promovieron corrientes de capitales a nuestras naciones; pero es indiscutible que la política de endeudamiento de los países deudores fueron determinantes, pues en algunos casos la contratación de crédito externo fue incriminada y no se cuidó su aplicación que tuvo destinos tan diversos como la compra de armamentos, el uso productivo
el financiamiento de la especulación y la fuga descarada de capitales.
El caso de México es ilustrativo, el saldo de la deuda externa total pasó de poco más de 25 mil millones de dólares en 1977, a más de 80 mil en 1982, pues sólo en 1981 el crecimiento fue superior a los 20 mil millones de dólares. Esta deuda se contrató en su mayoría con bancos privados los cual se generalizó como práctica durante la pasada década y cada vez fue mayor el monto cuyo vencimiento era de corto plazo y a tasas de interés fluctuantes, de acuerdo principalmente al movimiento de las tasas de interés norteamericanas. Es innegable que una parte de esa deuda permitió que la economía creciera en forma acelerada, aunque también más distorsionada en los años de 1977 a 1981, pero es innegable que una proporción muy alta de ella se utilizó para financiar importaciones suntuarias imprescindibles y, sobre todo, para financiar la compra de activos en el extranjero o simplemente para hacer depósitos en bancos norteamericanos.
Información reciente del Departamento del Tesoro estadounidense confirma que en la actualidad los depósitos bancarios de los ciudadanos mexicanos en ese país casi llegan a 40 mil millones de dólares, monto que representa más de la mitad de la actual deuda pública externa. Estos millones se fugaron en su mayoría entre 1977 y 1982, aunque la fuga no ha parado, pues durante el año pasado y hasta mayo del presente los depósitos de mexicanos en Estado Unidos se aproximan a los seis mil millones de dólares. Esta proporción tal alta de la deuda, sirvió y sigue sirviendo para que una minoría se beneficie de ella, aunque los costos de su pago recaigan en la mayoría de la población.
El problema tiene entonces responsables internos bien identificados. Aquella minoría de especuladores, el Gobierno que permitió un uso tan irracional de los créditos externos y también la mayoría de la Quincuagésima Primera Legislatura al no impedir, ni siquiera cuestionar, que el Ejecutivo condujera al país a la situación que hizo crisis abiertamente a mediados de 1982.
El Poder Legislativo fue responsable directamente al permitir contratación discrecional de créditos externos más allá de límite fijado por la Ley de Ingresos, lo que permitió en 1981 un endeudamiento de casi ocho mil millones de dólares por arriba de lo previsto en dicha ley, los cuales se contrataron a plazos muy cortos y precipitaron el estrepitoso quiebre financiero de 1982.
Estamos entonces ante una deuda impagable, cuya contratación y destino fueron posibles en buena medida por la actitud pasiva del Poder Legislativo. Presenciamos también la renegociación desde fuera y permitimos con ello que para los próximos años y por lo menos hasta finales del siglo, la economía de nuestro país se vea restringida en su desarrollo por los compromisos de pago de montos altísimos de intereses y por el condicionamiento de la política económica a que según diversas fuentes se encuentra asociada la actual renegociación.
Como lo han reconocido las propias autoridades bancarias, aun con la renegociación los compromisos de pago exclusivamente por concepto de intereses de la deuda externa en los próximos 15 años fluctuarán entre 11 y 12 mil millones de dólares, lo que de acuerdo a las previsiones del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, representará no menos de 35% de los ingresos provenientes de las exportaciones.
Si al pago de intereses se suma lo que se va a pagar por amortización de capital que promedia 5 mil millones de dólares en los siguientes seis años, y sin considerar otras salidas de divisas como la remisión de utilidades de la inversión extranjera directa, el pago de regalías o la propia fuga de capitales, resulta que quedarán comprometidas más de la mitad de las exportaciones para el servicio de la deuda y eso si las expectativas sobre la recuperación internacional se cumplen, si los precios de las exportaciones evolucionan favorablemente, y si no se acentúan las medidas proteccionistas de los países desarrollados, pues de no cumplirse esas condiciones el peso del servicio de la deuda en relación a los ingresos por exportaciones será mayor.
Todo esto tendrá implicaciones cuya gravedad está fuera de toda duda, como la dependencia de las importaciones para impulsar el crecimiento económico es irreversible todavía, pese a buenas o más bien, a ilusas intenciones las posibilidades de una expansión mayor de la economía se verán muy limitadas ya que las importaciones estarán restringidas por el servicio de la deuda al que se acaba de hacer mención.
Pero aparte de esto, y a juzgar por la experiencia reciente, importarán preferentemente las empresas cuya disponibilidad de divisas se lo permitía, es decir, las empresas exportadoras o las personas que pese a todo siguen importando bienes de consumo suntuario. Todo esto estrecha aún más la posibilidad de que la disponibilidad de divisas, ya de por sí reducida, pueda ser destinada a los proyectos prioritarios para un crecimiento que realmente favorezca los intereses de las mayorías.
Pero hay otras implicaciones, tanto o más graves que la anterior. Los compromisos de la deuda atarían la mayor parte de las ventas de petróleo al exterior, ya que este producto es, y seguirá siendo por mucho tiempo el principal proveedor de divisas. Puede decirse entonces que seguiremos pagando la deuda con petróleo y que el país quedará ante el riesgo inminente de que la plataforma de exportación se amplíe para continuar pagando, si se presentan contingencias externas, como aumentos bruscos en las tasas de interés, lo que no es improbable; modificaciones negativas en los términos de intercambio; caídas del comercio mundial y otras.
Se pondrá entonces irremediablemente en peligro el futuro energético y de está manera también la ya vulnerada autodeterminación económica nacional. Pero hay otra implicación importante que se asocia a la estrategia exportadora que actualmente se promueve para la industria, aparte de lo que esto significa por sí mismo, es decir, por la orientación industrial hacia los mercados externos, el esfuerzo exportador sería absorbido básicamente por el servicio de la deuda y por la importación de los requerimientos necesarios para exportar competitivamente, con lo que se perdería gran parte del efecto de las exportaciones.
Por esta y otras razones, el servicio de la deuda, con todo y la renegociación determinará el curso de la economía en el futuro, afectando negativamente al país, o para ser precisos, a la mayoría de este país, pues por la distribución del ingreso que prevalece, y por los mecanismos con los que los empresarios defienden sus intereses, el costo del servicio de la deuda terminará siendo pagado por los trabajadores, como ahora sucede.
Se ha sostenido que las condiciones son favorables porque se cobrará una menor sobretasa. porque la tasa sobre la que se cubren los intereses pasará a ser la inglesa en lugar de la norteamericana, para la mayor parte de la deuda.
Bien es cierto que la tasa que se cobraría a partir de 1985 sería menor que la renegociación anterior, también es cierto que es el doble que la que se cobraba hasta antes de la crisis financiera de 1982, lo que muestra claramente que aunque México no ha dejado de pagar puntualmente los intereses de la deuda a la banca internacional, apoyada por los gobiernos de estos países, continúa cobrando sobretasas elevadas.
Ello delata la unilateralidad de la renegociación continúan castigando a uno de los deudores más importantes que además se ha caracterizado por el estricto cumplimiento de sus compromisos.
Por otra parte, el cambio de la tasa norteamericana a la inglesa, no representa una condición favorable en cualquier circunstancia, ya que ésta última sigue en sus movimientos a la norteamericana y en ocasiones cambia más rápidamente, por lo que basta que ésta aumente para que se pierda la ventaja inicial, sobre la que la Secretaría de Hacienda calcula un ahorro en esta negociación.
De cualquier forma, el problema principal no se elimina, y es un hecho de que se seguirán pagando intereses en una tasa que es excesivamente alta, tanto en términos nominales como reales y que además es fluctuante. La supuesta ventaja lograda no lo es tanto si se atiende a estas consideraciones y si se toma en cuenta que en todo caso no guarda la menor proporción en la forma en que se han estado cumpliendo los compromisos de pago de intereses.
El manejo que se ha hecho de la información en este particular ha dejado mucho qué desear y no ha contribuido a mejorar los juicios sobre el tema. Se ha enfatizado , por ejemplo , que la causa de las condiciones logradas en esta negociación , México ahorraría en 16 años una cantidad equivalente a 5 mil millones de dólares, cálculo que en buena medida es sólo publicitario, y resulta mínimo si se compara con el monto del capital jugado pues es equivalente a los depósitos de ciudadanos mexicanos efectuados en Estados Unidos en 1983, y los primeros meses del presente año.
Otro hecho que se soslaya es el siguiente: de nuevo la renegociación comprometería a seguir pagando intereses por una parte de la deuda que en ningún momento beneficia a México, y que en cambio sí se encuentra integrada a la economía norteamericana. Es decir, se pagará por una deuda que está depositada en Estados Unidos lo cual eleva la tasa real de interés que en nuestro país está pagando. Todos estos elementos sostienen que la negociación actual de la deuda tiene resultados insuficientes y consecuencias negativas para México. Además en los hechos se opone a una solución concertada en la que intervengan los principales países deudores, los bancos acreedores y los gobiernos de sus países que en conjunto son los responsables de la crisis financiera.
Sólo en este nivel de concertación se podrían impulsar alternativas que ya han sido propuestas . El Gobierno mexicano al aceptar la vía de negociación individual, de hecho reduce la posibilidad de alcanzar un acuerdo concertado en el que los costos de la deuda los acepten todos los responsables y no sólo los deudores, como sucede actualmente.
En diversos foros regionales e internacionales han sido planteadas algunas alternativas al problema. Representantes del Gobierno mexicano han participado en dichos foros paralelamente a la negociación individual; en ello se ha insistido en que el pago de la deuda en especial de los intereses, debe limitarse a una proporción de variables económicas reales , como las exportaciones sobre el producto nacional, que permitan un crecimiento y una distribución de la producción según las necesidades nacionales, y no según los requerimientos de los acreedores.
Ya señalamos la proporción tan alta que de las exportaciones significaría el servicio de la deuda; en relación al producto, considerando la hipótesis más optimista del propio Gobierno en cuanto a crecimiento para los próximos años, el servicio de la deuda representará entre 4% y 5% del producto interno bruto, misma proporción que no tendrá para el país beneficio alguno.
El servicio de la deuda resultante de una renegociación debería representar, pues una proporción mucho más baja de tales variables, y esto podría lograrse si los gobiernos de los países desarrollados, como parte de negociaciones globales, adoptaran las medidas necesarias para reducir las tasa de interés
o para lograr una renegociación sobre la base de tarifas fijas cercanas a la tasa real, es decir, cercanas al costo del dinero en los países de origen de los acreedores.
Esto significaría adoptar tasas de interés entre 7 y 8% en vez del 12 y 13% vigentes, y sólo podría ser resultado de negociaciones concertadas entre deudores, acreedores y gobierno .
Ha sido considerada también la necesidad de renegociar globalmente la deuda, es decir, tantos los intereses como el principal o al menos una parte de los intereses, ya que sólo su pago rebasa con mucho las proporciones del producto de las exportaciones que serían aceptables como es el caso de México.
En este caso, se ha propuesto que por los intereses no pagados se emitan bonos de largo plazo negociables internacionalmente y la recuperación estaría en función del crecimiento del país deudor, lo que sería posible si es reducido el servicio de la deuda.
Otro elemento que no ha sido tomado en cuenta en la renegociación, en las negociaciones, es el relacionado con el comercio mundial. La capacidad de pago de los países deudores dependerá en fin de cuentas de sus exportaciones, y si los países desarrollados ponen trabas a las importaciones, con ello reducen de hecho la posibilidad de que los deudores paguen.
En el caso de México, esto es particularmente importante dado que los Estados Unidos no sólo no flexibilizan su política comercial hacia nuestro país, sino que tienen en estudio nuevas medidas proteccionistas que de aplicarse tenderían a limitar las exportaciones y con ello aún más la capacidad de pago.
La urgencia de una solución como la sugerida radica sobre todo en la necesidad de considerar primero la situación interna de nuestro país y en no aceptar condicionamientos que afecten aún más la autodeterminación de nuestra política económica.
Es este otro punto en el que se ha hecho énfasis por parte del Gobierno, recientemente, llegándose a afirmar que como resultado de esta renegociación no habrá la más mínima injerencia de la banca internacional en la definición de la política económica, y a calificar de erróneas y mal intencionadas las opiniones contrarias.
Lo cierto es que la injerencia ya está presente y que la autodeterminación en este sentido ya está vulnerada. Hay además varios signos de que la vigilancia por parte del Fondo Monetario se acentuaría, comenzando por las declaraciones de muchos banqueros internacionales, que sostienen que sólo bajo tales condiciones aceptarán renegociar, pero independientemente de esto, el hecho es que aceptar un servicio de la deuda que compromete la mitad de las exportaciones, es ya un condicionamiento resultante de la renegociación, es un condicionamiento para muchos años y una subordinación a los criterios de la banca internacional y del Fondo; además de este hecho, el Gobierno no pone a discusión al aceptar el pago de los intereses y de una parte de la amortización, si encuentra una nueva condición y es la relacionada con la información que sobre la economía y la política económica se pondrá a disposición de los bancos internacionales.
Se ha insistido en que este no representa nada nuevo, pues tradicionalmente se ha permitido la consulta al Fondo Monetario en este aspecto, y que ahora la misma información estaría disponible para todos los acreedores.
Sólo habrá información, pero no supervisión, se ha repetido, pero cuesta trabajo creer que los acreedores han puesto como condición la posibilidad de informarse sólo para estar enterados y punto.
Aún antes de que la Secretaría de Hacienda diera a conocer, a principios de septiembre, los avances de la renegociación, ya se hablaba en despachos internacionales de prensa de que dicha información era necesaria para que los bancos se cerciorase de que la política económica se ajustaba a lo previsto, pues de no ser así se podría dar marcha atrás en el acuerdo ya tomado. Esto definitivamente no sólo es información, es vigilancia, y en la práctica no es otra cosa que injerencia.
No sería este el primer caso en que se diera información confidencial a organismos financieros externos, pero no sería por eso menos inaceptable y claudicante.
Según algunas versiones periodísticas, que se basan en documentos gubernamentales, el Fondo revisará el comportamiento y los logros de la economía y la inflación, normalmente confidencial, y se distribuirá a los bancos para su evaluación. La disponibilidad de dicha información, según salen versiones, fue condición negociada con los bancos para que se aceptaran los principios de la nueva reestructuración y en función de esos resultados, la banca aceptaría la posición de los vencimientos de 1988,1989 y 1990.
En consideración a lo expuesto, el grupo parlamentario del PSUM propone a esta Asamblea lo siguiente:
1o. Acodar se demande al Ejecutivo Federal la presentación a esta Cámara de un informe amplio y pormenorizado del estado de la renegociación de la deuda exterior, de sus costos y consecuencias.
2o. La adopción de medidas completas para garantizar que ningún compromiso del Gobierno Federal implique el derecho de supervisión, vigilancia, evaluación o cualquier otra forma de intervención o injerencia de organismos financieros externos o de la banca internacional.
3o. El contrato tipo con la banca, que según la Secretaría de Hacienda se discutirá en diciembre con los banqueros acreedores, sea previamente conocido y discutido por esta Cámara.
4o. Requerir del Ejecutivo Federal que la información sobre la marcha de la economía
nacional y cualquier otro tópico que se envié a los bancos y organismos financieros internacionales, sea únicamente copia de la que previamente haya sido proporcionada a la Cámara de Diputados.
5o. Que se revisen las facultades del Congreso de la Unión en materia de deuda pública, para que éstas se adecuen de tal forma que la atribución de reconocer y mandar pagar la deuda nacional se amplíe a la de aprobar los mecanismos, modos y condiciones para realizar esto último, con el fin de que un hecho como el de la renegociación de la deuda externa no pueda realizarse al margen del Congreso.
Señor Presidente, solicito a usted que esta intervención y las propuestas que la acompañan, sea turnada a la Comisión correspondiente para su estudio y dictamen.
Por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, diputado Samuel Meléndez Luévano. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Túrnese el asunto presentado por el señor diputado Samuel Meléndez Luévano, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
VISITA DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA BÚLGARA
El C. Presidente: -Se encuentra en este recinto una delegación parlamentaria de la República Popular de Bulgaria, encabezada por el señor Mitko Grigorov, vicepresidente del Congreso del Estado y presidente de la Comisión Parlamentaria para los Consejos Populares.
Lo acompañan los señores diputados Syetla Daskalova, Gueorgui Petrov, Nikola Kalchev y Leda Mileva, así como el excelentísimo señor Liuben Avramov, embajador de la República Popular de Bulgaria en México.
La directiva de la Cámara, al saludar a sus colegas, expresa su satisfacción por la visita que redundará sin duda en lazos de mayor comprensión y amistad entre nuestros países y formula sus mejores deseos porque su estancia en México sea placentera.
Rogamos a ustedes sean portadores del mensaje de amistad de los parlamentarios mexicanos al señor Stanko Todorov, Presidente de la Asamblea Nacional, y a los demás diputados miembros de ese cuerpo legislativo. (Aplausos.)
HECHOS SANGRIENTOS EN VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Armando Gordillo para presentar una denuncia.
El C. Armando Gordillo Mandujano: -Señor Presidente; honorable Asamblea; distinguidos diputados visitantes: Pedí la palabra, amigos diputados, para hacer una proposición en relación a la denuncia presentada el martes pasado por el diputado Efraín Zúñiga Galeana, en relación a los lamentables hechos sangrientos ocurridos recientemente en mi municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas.
La hago con la esperanza de que por tratarse del intento de evitar más pérdidas de vidas de compatriotas nuestros, y de hacer algo porque vuelva la tranquilidad en el estado, cuente con el apoyo de la mayoría.
La reciente pérdida de 11 vidas, nueve en el mismo momento del enfrentamiento, y una más tres días después, y la del señor regidor Bartolo Gómez Espinosa, en los últimos días de septiembre en el mismo municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, debe considerarse como un llamado de atención y una excitativa para que esta honorable Asamblea, representante del pueblo, actúe de la manera más eficaz y oportuna para evitar nuevos derramamientos de sangre y discordia entre compatriotas chiapanecos.
Los hechos a que me refiero ni son aislados, ni son los primeros, ni por desgracia, seguramente, tampoco serán los últimos; pero es nuestra obligación el evitar hasta donde nos sea posible que esto siga sucediendo. Ya en repetidas ocasiones en la prensa se han dado muchas denuncias. Tengo aquí una del 1o. de septiembre de este año, publicada en el periódico La Prensa, que entre otras cosas dice: "Es el contacto más directo para ejercer una de las acciones de tráfico más criticables, la venta de armas, cuyos destinatarios son grupos que buscan por medio de las balas cambiar las condiciones políticas de algunas naciones ubicadas al sur de Suchiate y que obviamente Chiapas está siendo víctima de esto también".
Otro punto más es que conjuntamente con elementos de un organismo denominado Incafaecsa, cuyo dirigente central es Ramón Danzós Palomino, promueve invasiones a los ranchos de la zona, entre ellos a los siguientes: El Chajel, Santo Tomás, Patihuic, que están en el municipio de Margaritas y así sucesivamente. También, el día 30 de septiembre último, apareció esta denuncia que firman la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Chiapas; Consejo Agrarista Mexicano; Vieja Guardia Agrarista y Central Campesina Independiente. Este comunicado se los dirigen al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, licenciado Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, y al general Absalón Castellanos Domínguez, Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, y a la opinión pública:
"Las organizaciones campesinas firmantes, solidarias de los comuneros básicos de Venustiano Carranza, manifiestan su profunda indignación por el cobarde asesinato del dirigente Bartolo Gómez Espinosa, coordinador regional de la CNC y regidor del ayuntamiento municipal de Venustiano Carranza, de esta
entidad. El artero asesinato del compañero Bartolo se inscribe dentro de una larga cadena de provocaciones contra los comuneros básicos de Venustiano Carranza, particular, y en contra la vigencia del derecho en Chiapas, en general."
En varios estados de la República, con pequeños intervalos, se han venido registrando hechos similares aunque en diferentes circunstancias. La causa generalmente es la misma, la tenencia de la tierra, y esto, obviamente nos está indicando que las autoridades agrarias no han sido capaces o no han querido regularizar la situación en el campo, lo que está provocando, además de improductividad, enfrentamientos entre campesinos, situación que aprovechan seudolíderes que por intereses ideológicos nada les importa sembrar el caos y la muerte.
En el estado de Chiapas, principalmente, por rivalidades entre la CNC y la CCI, hay diferentes focos de violencia que cada día se tornan más peligrosos También en los municipios de Margaritas, Comitán, La Trinitaria, entre otros, hay fincas invadidas y otras que ya sus propietarios no quieren trabajarlas porque están amenazados. Lo que es más grave, es que en la misma capital del estado casi a diario se dan manifestaciones y paros, cuando no son transportistas y de maestros, son de estudiantes y de campesinos. Los lugares donde más amenaza la violencia, entre otros están Pijijiapan, Simojovel, etcétera. El grado de inconformidad y de zozobra que se vive en el estado se manifiesta también en el cada día más fuerte movimiento para la creación del estado del Soconusco, región de inmensas riquezas naturales y humanas, que por razones inexplicables están abandonadas. Este abandono es de tal manera, que de esa zona nadie forma parte del actual gobierno chiapaneco.
Otro caso más, a escasos cuatro kilómetros de Tuxtla, sobre la carretera al Sumidero, un lugar conocido como Las Granjas, recientemente fue invadido por 90 personas, y en menos de una semana se calculaban ya en más de cuatro mil invasores, y como al parecer, esta actividad ilícita ha dado muy buenos resultados, para los invasores, desde luego, toda vez que sin más ni más, como ya ocurrió en el asentamiento conocido como Patria Nueva y en otros sitios del estado, que después de cierto tiempo de ocupación ilegal, a las autoridades agrarias les es muy fácil extender certificados de propiedad para los invasores.
En cualquier parte del país y del mundo, invasiones de esta naturaleza son muy peligrosas, pero en el estado de Chiapas, eminentemente agrícola y ganadero, esa actividad resulta altamente desastrosa, porque con ello se está acabando la producción agropecuaria.
En la última visita que hiciera a Chiapas el Presidente Miguel de la Madrid, ofreció decretar que el Gobierno compre todas las fincas invadidas y todas aquellas que voluntariamente sus dueños prefieran venderlas, y claro está, que ante las circunstancias actuales, nadie deseará seguir trabajando e invirtiendo en algo que de la noche a la mañana puede ser despojado. Esto es muy grave, porque con ello, en el estado de Chiapas se le dará el tiro de gracia a la propiedad privada en el campo.
Los brotes de violencia, también en otros estados, han sido denunciados por algunos medios de comunicación y son tan evidentes que hasta las mismas autoridades de la CNC los han reconocido; según declaraciones del propio dirigente máximo de esa central, senador Mario Hernández Posadas, que ya el saldo es de cuando menos cincuenta y cinco campesinos muertos, declaración publicada en la página 9 de Novedades del miércoles 10 del presente.
Por todo lo anteriormente expuesto, y por todo lo que sin duda alguna desconocemos, pero que está angustiando a nuestros hermanos chiapanecos, frenando el desarrollo del estado y amenazando con generalizar la violencia, en base al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer ante esta honorable Asamblea la siguiente proposición:
Con el fin de que esta honorable Cámara de Diputados tenga la información más amplia y precisa de lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas, solicito, señor Presidente, que se nombre una comisión especial de diputados para que se traslade a aquella entidad a efectuar investigaciones exhaustivas a fin de obtener toda la información necesaria, para que esta H. Cámara actúe en consecuencia,
Sala de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, octubre 16 de 1984.
Por la diputación de Acción Nacional, diputado José Gordillo Mandujano. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Túrnese la denuncia presentada por el ciudadano diputado José Armando Gordillo, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Se ruega a esa comisión sea exhaustivamente investigada esta denuncia. (Aplausos.)
Tiene la palabra el diputado Encarnación Pérez Gaytán.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: Señores diputados: He pedido la palabra para referirme brevemente a este asunto que ha traído a colación el diputado del PAN, que me antecedió en el uso de la palabra; para tratar de esclarecer algunos aspectos, a reserva de que en su oportunidad algún representante de nuestro grupo parlamentario, presente con todo detalle y de manera concreta nuestra visión de lo que acontece en el campo chiapaneco.
Si nosotros en más de una ocasión hemos denunciado los actos de violencia, más todavía los crímenes que diaria y constantemente se cometen en perjuicio de los campesinos,
de los obreros agrícolas y de la gente más desprotegida del agro mexicano.
Chiapas, que es un estado donde predomina la población indígena y donde los campesinos son también una gran parte de los habitantes de esa entidad, ha sido escenario en más de una ocasión de actos de violencia, de hechos verdaderamente criminales, cometidos no por los indígenas, no por los obreros agrícolas de Simojovel o de los campesinos de Margaritas, o de Venustiano Carranza, o de otros municipios, sino por pistoleros a sueldo de los caciques, de los políticos, de los que defienden la enorme propiedad privada, el latifundio, que ese es el problema, que eso es lo que plantea el PAN y lo que defiende el PAN, en contra del ejido.
Y en el caso concreto que se ha mencionado hay que decir que los campesinos víctimas de esta agresión, han señalado como autoridad responsable en primer lugar, a la Secretaría de la Reforma Agraria, que, sin tomar en cuenta los genuinos derechos e intereses de los campesinos, se permite dictar resoluciones o dejar sin resolver diversos problemas. Y es un hecho que pistoleros del sector oficial - los campesinos dicen, miembros de la CNC-, que se pasean por las calles del pueblo metralleta en mano, son los directamente responsables del asesinato de esos nueve o esos once campesinos, cuya cifra se suma a una más grande que viene creciendo y creciendo diaria y constantemente en el estado de Chiapas como en otros lugares del país.
Y qué bien que el diputado Zúñiga Galeana se pronuncie contra la violencia. Yo creo que él está en posibilidad real de intervenir en las filas de su partido y de su organización para que cesen esas agresiones, y los representantes del PAN, que vienen aquí a pronunciarse en contra de la violencia, que bien también, que así lo hagan, porque parece que en esto al menos y de manera formal, encontramos una coincidencia para evitar que siga desangrándose el campo mexicano como se viene haciendo; pero al decir esto, yo quiero rechazar las menciones que se han hecho en esta tribuna por el diputado que me antecedió, al leer, claro, un recorte de periódico en el que se señala que una organización que está bajo la Presidencia de uno de los dirigentes del Partido Socialista Unificado de México, el compañero Ramón Danzós Palomino, promueve constantemente invasiones de tierra. No, los invadidos son los ejidos por parte de los terratenientes, y de eso no se acuerdan los señores del PAN, porque defienden la propiedad terrateniente, defienden el latifundio al son de poner en la bandera de su actuación la defensa de la propiedad privada; pero es la gran propiedad privada de la tierra esa propiedad privada que fue una de las grandes causas de la Revolución Mexicana, de esa revolución de la que ahora se quieren presentar como abanderados también los señores del PAN, esa propiedad privada en gran escala es la que sigue siendo causa de esa violencia en contra de los campesinos.
Yo quiero rechazar las imputaciones que se hacen a la organización, que es la Centran Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, que dirige el compañero Ramón Danzós Palomino, porque esta es una organización de masas, es una organización que defiende a los campesinos de conformidad con los derechos legales establecidos en la Constitución de nuestro país, de conformidad con los intereses de los campesinos que defienden ellos mismos en una organización que es propia de ellos, que es auténticamente democrática y que no depende ni del Gobierno ni de los terratenientes, sino que depende única y exclusivamente de sus agremiados, y en estas condiciones, señoras y señores, efectivamente esta Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente, no sólo ante la violencia que surge sino que no puede permanecer indiferente ante la gran miseria, ante la gran explotación, ante los grandes problemas nacionales que pesan en contra de esas grandes masas de desposeídos del campo, de esos trabajadores de la agricultura y de la ganadería que trabajan de sol a sol por un mísero jornal, cuando tienen trabajo, jornal que a veces no llega, y la mayoría de las veces así es, al salario mínimo legal.
Pues bien, si no somos indiferentes, vamos examinando a fondo el problema del campo, que no es sólo el de la violencia, es una situación económico social y política que genera violencia, y la violencia viene de quienes pueden ejercitarla, porque los campesinos no tienen los medios materiales para realizarla; en todo caso, ellos se defienden a pedradas o a machetazos o como pueden, pero actúan en el uso de una legítima defensa, y en defensa de esos campesinos que son víctimas de la violencia burguesa y terrateniente, del Gobierno y de los caciques, de los hacendados y de los pistoleros a sueldo, es que yo he venido a decir estas cuantas palabras, simplemente para dejar constancia de la posición del Partido Socialista Unificado de México, que es con los campesinos, que es con los trabajadores del campo, que forman una gran parte de este pueblo mexicano. Muchas gracias."
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Armando Gordillo.
El C. José Armando Gordillo Mandujano: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Ya me imaginaba lo que se iba a provocar con mi anterior proposición, no fue nada sorpresivo, pero sí quiero, también, que quede clara cuál es la situación o la ideología, la postura de Acción Nacional en cuanto a las palabras del que me antecedió en la tribuna. Simplemente, la propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la garantía de la dignidad de la persona y de la existencia de la comunidad humana fundamental, que es la familia.
En base a este principio de doctrina de Acción Nacional es que levantamos nuestra voz para hacer respetar tanto lo propiedad privada como la vida de compatriotas nuestros que están siendo atropellados y muertos. Obviamente aquí ni en ningún lado vamos a ponernos de acuerdo, pero sí quiero insistir en que ésta es la postura de Acción Nacional y de toda persona que tenga un poco de conciencia, y además, también quisiera insistir que urge la investigación para que si el diputado que me antecedió tiene la razón, pues a dársela, pero más bien creemos que nosotros estamos luchando porque la producción, la productividad en el país no se vea menoscabada por hechos sangrientos. Muchas gracias. (Aplausos.)
PROBLEMA DEL CAMPO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Javier Blanco Sánchez.
El C. Javier Blanco Sánchez: - Tengo que pedir disculpas a ustedes, ciudadanos diputados, por abusar del tiempo de esta sesión, pero hay veces que el cansancio frente a la calumnia y la diatriba obliga a abusar de la benevolencia de la Asamblea y en este caso nos da una magnífica oportunidad para tratar de precisar una histórica posición de nuestro partido y de quienes en él, con lealtad, hemos tratado de proponer posibles y viables soluciones para el problema del campo en México y para la vida y el desarrollo en concordia, en paz y en justicia de todos sus pobladores.
Señor Presidente de la Cámara; señores vicepresidentes; ciudadanos todos: Acción Nacional desde su origen ha defendido la propiedad privada. La ha defendido como la plataforma, la base del sustento de la libertad del hombre, la defiende en una consecuente correlección de su concepción de la persona humana, del hombre conjugación inseparable de individualidad material y espiritual que por su propia naturaleza social tiene esa vertiente de socialidad en la que vive. Y en esa vertiente de socialidad, el hombre necesita de la plataforma de la propiedad particular que lo salvaguarde de los embates y desbordamientos de la organización del Estado.
Defendemos la legítima propiedad privada con su vertiente de socialidad. Aceptamos que toda propiedad tiene un destino social y debe estar sujeta a los modos y formas en que los pueblos deben defender el bien de todos frente al bien particular o de grupo. El bien común - y abuso señores diputados- parece asustar o que simplemente no quieren entender.
En esta misma concepción de la propiedad y dentro del desarrollo histórico constitucional mexicano, Acción Nacional defiende la legítima pequeña propiedad rural, y la defiende en los mismos términos y normas que la defendió y lo estableció el Constituyente del 17; la defendemos como plataforma hermana de generación de bienestar y de riqueza nacionales, con la propiedad comunal y con la propiedad ejidal, con el sistema revolucionario y agrarista del ejido.
Hemos atacado los sistemas que obligan a atomizar las posibilidades productivas de la Nación, y en materia de ejido hemos defendido y seguiremos defendiendo la tierra para el campesino en justicia repartida, y como patrimonio de la defensa de la familia agraria nacional.
Jamás, y el señor diputado del PSUM, con criterio de honradez habrá de convenir con nosotros, jamás nos ha oído defender a los latifundistas, y si los latifundistas existen es a pesar de los embates y de los juicios críticos planteados por Acción Nacional.
La responsabilidad histórica, la responsabilidad política, la responsabilidad del presente en el caso de los latifundios que aún existen, tiene que asumirla quien a nombre de la Revolución ha gobernado por tantos años a la República. (Aplausos.)
Nos negaríamos a nosotros mismos si por los embates demagógicos de la izquierda militante, rehuyéramos precisar nuestras convicciones. Entendemos que ellos tienen derecho y son congruentes al combatir la existencia de la propiedad, porque así es su concepción, pero frente a su concepción, frente a la idea de que el Estado lo sea todo y el hombre no sea más que una miserable pieza de engrane de la gran maquinaria burocrática del Estado, Acción Nacional seguirá levantando su voz en defensa de la dignidad del hombre, en defensa de la libertad del hombre, que sin propiedad privada no puede ser libre.
Seguiremos defendiendo, porque ya es tiempo, señor diputado, para el bien de la República, la concepción de equilibrio y de justicia que nuestra propia Constitución nos ha dado para resolver los problemas del campo.
La propiedad comunal, la propiedad o la tierra en el sistema ejidal, y la pequeña propiedad legítima a la que los mexicanos le han entregado la pasión y el amor que nos permite comer. (Dirigiéndose a un diputado en su curul): "Hay muchos jueves en la vida del país, señor diputado, y éste, aunque no lo sea, es propicio para defender a México".
El C. Presidente: - Se aplica no interrumpir al orador.
El C. Javier Blanco Sánchez: - No nos interesa, en el caso concreto que aquí se ha presentado, defender ningún latifundio. Menudos defensores seríamos del latifundio. Menudos defensores seríamos del latifundio si frente al latifundista, agresor y asesino, que nosotros defendemos, viniéramos a solicitar una plural comisión de diputados que analice, que investigue y que conozca de la verdad de los problemas del campo de Chiapas.
Si hay latifundistas del PAN en Chiapas, responsables de asesinatos, señor diputado del PSUM, pida usted la pena de muerte para ellos, nosotros lo apoyamos. Pero si es la
estrategia que ustedes siguen en su doble juego político nacional, en donde se ubican las causas y los fenómenos que generan los choques y los encuentros sangrientos del campo de México, usted también póngase de acuerdo con nosotros para evitar estos tortuosos caminos que hacen daño a la Nación. Un rostro en la Cámara y un rostro en los discursos, y otro, subterráneo, el que mueve las fuerzas que ponen en juego para sacudir a la revolución que dicen apoyar.
La lealtad política a ustedes mismos, por nuestra misma lealtad a nosotros mismos, nos obliga a pedirle a usted, señor diputado, honorabilidad de criterio, cuando nos acuse de algo, como yo lo acuso a usted y al sistema político al que se debe, del doble juego desleal que hacen en la vida política nacional.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: - Pido la palabra para responder a lo que acaba de decir al diputado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Encarnación Pérez Gaytán.
Se suplica al orador ajustarse al tiempo reglamentario.
El C. Encarnación Pérez Gaytán: - Miren, ahora resulta que el PAN es agrarista, defensor del ejido, de la propiedad social, etcétera, pero esta es la careta electoral que presenta. Este no es su verdadero programa. Está como la lucha contra la corrupción, y apenas entra un presidente municipal del PAN y surgen los fraudes, como en Valle Hermoso, Tamaulipas, como en San Luis Río Colorado, etcétera, y de la defensa del voto ¿cuál?, están listos para negociar, para transar, y ya sabemos cómo se llaman los que hacen transacciones, según el lenguaje popular. Y así vienen aquí a defender la propiedad privada.
Sí, nosotros defendemos una determinada propiedad privada, la pequeña propiedad auténtica. Pero luchamos en contra de la propiedad privada latifundista y si a veces los campesinos se ven obligados a ocupar tierras de las que se han apoderado grandes hacendados, es porque tienen derecho, porque muchas resoluciones presidenciales no han sido ejecutadas, y no obstante el derecho de los campesinos, siguen los terratenientes ocupando las tierras. Y yo puedo citar casos de Nuevo León, que ciertamente no es un estado campesino por excelencia. ¿Quiénes invadieron el ejido Emiliano Zapata? Fueron los grandes ganaderos. No sé qué afiliación política tienen, pero si tiene parentesco económico con los jefes del PAN en Monterrey. Para no ir muy lejos, con los que son jefes de relaciones de los grupos monopólicos como el grupo VISA, con los grandes empresarios y ex jefes de la COPERMEX, que quiere decir Confederación Patronal de la República, que ahora aspiran a la gubernatura del estado de Nuevo León. Conocen los nombres, no hay necesidad de decirlos en esta tribuna, nos conocemos Bien, dice el señor que nosotros tenemos dos caras, una acá para el discurso y otra en la realidad para promover actos ilegales, se deduce.
No, señor, nosotros tenemos una sola posición, que es una posición de lucha en contra de los que explotan, de los que viven sin trabajar, de los grandes capitalistas, de los millonarios industriales o terratenientes, grandes comerciantes, que han sido los beneficiados con los efectos de la crisis, en virtud de una política, una política que ellos apoyan.
Rechazo las palabras del diputado Blanco, del PAN, cuando ha querido presentarnos en esta tribuna a los del PSUM, pero yo creo que también a toda la izquierda, a todos los revolucionarios, como gentes falsas, hipócritas, de dos caras; y yo digo: las dos caras se observan nítidamente en la política del PAN, la hipocresía, la falsedad de un partido dirigido por grandes patrones que quieren ostentarse como defensores de los trabajadores y el pueblo campesino de nuestro país. Ahí está la falsedad; el programa del PAN no lo exhibe, exhiben nada más aquello superficial que les permita ganar votos para llegar a los puestos públicos, para seguir haciendo lo mismo o más que muchos políticos enquistados en el aparato oficial.
Para terminar, ¿qué hacen las autoridades panista de Ciudad Juárez en defensa de los derechos del pueblo? Los combaten por la fuerza. La policía del PAN en Ciudad Juárez, por órdenes del presidente municipal del PAN, en el mes de junio disolvió a golpes, a macanazos y a bombazos, con gases lacrimógenos, una manifestación de trabajadores de la educación, de maestros de primaria y de secundaria que planteaban aumento de salario, que se lo pedían a la Secretaría de Educación Pública, al Gobierno; y el PAN salió en defensa del Gobierno disolviendo violentamente por medio de su policía, el acto de los maestros en junio de este año. Y poco después, cuando se hizo un acto en la frontera, popular, de gente del otro lado y de gente de este lado, para protestar en contra del proyecto de Ley Simpson- Mazzoli, otra vez fue la policía del PAN, no fueron los rangers o rinches, como les decimos vulgarmente en el norte, los que fueron a disolver a los trabajadores agrícolas mexicanos, fue la policía panista.
Esa es la cara verdadera del PAN. Con esa cara fueron a disolverlos violentamente, lo que no sucedió en Baja California, en un acto de la misma naturaleza.
Con hechos les demostramos que ni son demócratas, ni son partidarios del pueblo, ni mucho menos revolucionarios, como ahora se quieren ostentar: defensores de la Revolución Mexicana.
Ya el otro día aquí se dejaron las cosas claras aunque en términos generales, porque lo que se requiere es un debate de fondo para conocer las verdaderas posiciones en relación a los grandes problemas nacionales y populares de nuestro país, y en este caso la posición
del PAN es en defensa de la propiedad privada.
Sí, pero de la gran propiedad privada, de los monopolios como el grupo VISA, el grupo VITRO, ALFA, etcétera, que conforman el llamado Grupo Monterrey, cuyos capitostes son los dueños del PAN, son los que dirigen, no sólo en Monterrey sino nacionalmente, porque Emilio Madero, que es el presidente del PAN, es representante, alto funcionario, tal vez jefe de relaciones del grupo VITRO.
Esa es la posición, y ésa es la propiedad que ustedes defienden ,señores del PAN: la gran propiedad capitalista y la gran propiedad terrateniente en el campo.
Por eso, ¿quiénes son los de las dos caras? Yo creo que es fácil discernir al respecto. Muchas gracias."
POLÍTICA DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Francisco Soto.
El C. Francisco Soto Alba: - Señor Presidente; honorable Cámara de Diputados: Habla un colega de ustedes, nativo de la cuna de la Independencia, el estado de Guanajuato, y lo digo con mucho orgullo. Escuchamos la voz de la izquierda, la cual en nuestro estado es cero a la izquierda, y es el estado donde surgió la libertad y ese espíritu sigue con vigor: la izquierda en Guanajuato es y seguirá siendo solo un cero a la izquierda, y lo digo con la mente fría.
Los candidatos que presentan normalmente los partidos de izquierda, sean de cualquiera de los tres partidos, son candidatos fantasmas, personalmente hemos estado en reuniones de materia electoral, ¿dónde está aquí el candidato?, ¿dónde está un mitin? lo conocen en su casa y en su partido; ¿dónde está aquí el comisionado propietario del partido ante el Comité Distrital Electoral?, ¡quién sabe qué le pasaría, aquí no hay nada!; cero a la izquierda como candidatos, cero a la izquierda en nada de doctrinas, porque una doctrina de que todo al "estilo ruso", no. México como Acción Nacional lo pregonan, tiene convicciones. México tiene capacidad, tiene leyes, y Acción Nacional lo que quiere siempre es la perfección de las leyes para que la justicia sea realidad y no solamente escrita en los papeles.
En materia del campo, un servidor, más de cuarenta años al servicio del campesino, del campesino de huarache y los seguiremos haciendo, nuestros vínculos que tenemos con ellos son de corazón, reales, porque sabemos que el campesino, el pobre, el humilde, es el que necesita precisamente el apoyo de los políticos, políticos genuinos, políticos que siempre tratamos de encauzarnos por los cauces legales, nada de demagogia ni cosa por el estilo, por eso somos de una cara, estamos con el pobre, estamos con el campesino y en el aspecto de la revolución, queremos su dignificación, que todo vaya en mejoría, porque ése es el orden de las cosas. O se mejoran las cosas o se retrocede y no estamos para retroceder en México; esa es la postura de Acción Nacional y de un guanajuatense, y lo repito en Guanajuato, cuna de la Independencia nacional, la izquierda es y será sólo cero a la izquierda. Sabe distinguir el pueblo de Guanajuato y con mucho orgullo lo digo. Muchas gracias.
HECHOS VIOLENTOS EN VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputado Areli Madrid Tovilla.
La C. Areli Madrid Tovilla: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He querido intervenir en este momento ya que como representante del II Distrito, dentro de la cual se ubica la comunidad de la que los compañeros aquí han estado hablando y además como representante del sector campesino, compañeros, la situación de la comunidad de Venustiano Carranza no es una situación fácil ni tampoco motivo de controversia o de diálogo sin llegar a fondo, la situación que los chiapanecos vivimos, de la que hemos estado siendo quizás hasta motivo de escarnio o de burla de algunos que piensan y que han manifestado, ¿en dónde está el Gobierno? ¿En dónde están los representantes federales? Yo quisiera decirles que a muchos no nos gusta la publicidad, nos gusta que se resuelvan los problemas.
La Confederación Nacional Campesina que nace como una necesidad de organización de los campesinos para su propia defensa, de la cual nosotros la hemos hecho, quizá no sólo en periódicos, quizá tampoco aquí en la tribuna, pero sí la hemos hecho en la realidad; hemos ido ante la Reforma Agraria, hemos visitado los lugares que creemos convenientes.
Señores, la Confederación Nacional Campesina no invade, la Confederación Nacional Campesina no incita a los campesinos, no tenemos necesidad; yo les puedo decir con la frente levantada que hemos defendido a los campesinos honestamente; que tratamos de ser auténticos defensores, los líderes campesinos no solamente deben servir para agitar, para gritar que se debe defender a los campesinos, no nada más de palabra; conocemos los procedimientos agrarios, no tengo un día de manejar los asuntos de Carranza; efectivamente, ha habido quizá algunas ligerezas de algunas centrales en la que a veces no se ha visto con debida profundidad esto, pero también es cierto que en Carranza ha habido manos extrañas, ha habido grupos extraños que pretenden agitar y que no lo están logrando.
Señores la solución del campo no se logra agitando, la solución del campo se logra buscando un diálogo, que es lo que yo vengo a pedir acá; qué bueno que coincidan unos diputados que han hablado acá de que es necesario resolver los problemas del agro chiapaneco.
A algunos compañeros se les admira su deseo de ayudar, su deseo de servir, pero quizá no conocen los problemas de Carranza, quizá no conocen los problemas que se viven en Chiapas. En las comunidades de Carranza, Simojovel y Pijijiapan, algunas de las que aquí se mencionaban y en especial de Carranza, no hay propiedades privadas, señores, ellos son comuneros a los que nadie les dio nada, la Reforma Agraria les reconoció sus auténticos derechos; no es lo mismo una dotación, una ampliación, que un reconocimiento y titulación de bienes comunales. Todos sabemos que el reconocimiento y titulación de bienes comunales se amparen con títulos que datan de la Colonia, no están pidiendo nada regalado, están defendiendo lo de ellos, están defendiendo sus auténticos derechos, esos mismos que defendemos las gentes del sector campesino, las gentes de la CNC.
Señores, lo que Chiapas está cosechando es producto de lo que originó la afectación de las presas hidroeléctricas, ésa es la realidad de Carranza; la realidad es que aunque hay una resolución presidencial de bienes comunales, quien creó la agitación y que ha iniciado eso de los que muchos han abanderado fue la Comisión Federal de Electricidad; ahí en las afectaciones de la presa hidroeléctrica, en las cuales de las 54 mil hectáreas que se reconocieron a los comuneros, aún faltan aproximadamente 2 mil 600 hectáreas de pagar.
En Carranza muchos han querido hacer bandera, las banderas que la CNC manifestamos no son de violencia, porque no tenemos necesidad, quienes hemos defendido el campo y quienes estamos ahí, lo hemos hecho de corazón y para ser líderes se necesita esto, no nada más hablar. No se necesita publicidad. Hemos exigido y lo volvemos aquí a repetir, necesitamos una intervención más real de la Reforma Agraria, una intervención más honesta, más decidida, sin olvidarse que el derecho agrario es un derecho social.
Yo quiero proponer, compañeros, a los diputados que han intervenido, a los compañeros acá, que sí es necesario formar una comisión, pero una comisión que debe de ser pluripartidista, una comisión que quiera resolver los problemas; que no cuide su figura. Ustedes son testigos, normalmente no me han visto aquí en esta tribuna, quise hacerlo hoy, porque era muy necesario. Pero a mí me gusta la resolución de los problemas. Eso es lo que me gusta y creo y lo digo con todo realismo, eso es lo que nos gusta a los integrantes de la Confederación Nacional Campesina. No nos gusta hacer la violencia. No es posible ni lógico que alguien piense que vamos a incitar a la violencia los mismos chiapanecos que somos quienes la estamos cosechando. No es lo mismo leerla en un periódico que vivirla, señores. Nosotros estamos viviéndola.
Chiapas ha dado muestra de generosidad y la sigue dando con la entrada de los refugiados, que nosotros los vemos como hermanos. A pesar de estar viviendo problemas tan duros como los que estamos viviendo en Carranza.
Señores, nosotros pedimos solución, y yo les pido a los compañeros que se unan a nosotros, que busquen el diálogo, que busquen resolver estos problemas, que no se unan a aquellas manos, a aquellos grupos que pretenden incitar al campo, porque no es lo mismo el problema de Carranza, que el problema de Simojovel. Son muy distintos, señores, los problemas agrarios se resuelven con la cabeza. Los problemas agrarios, señores, hay que verlos como lo que son, son auténticos problemas sociales en los que necesita hacerse una labor conjunta..
Señores, en Carranza, les vuelvo a repetir, no hay propiedades privadas. En Carranza son auténticos comuneros ya nosotros, a mí como diputado federal y a mi sector, le duele la muerte de los campesinos, llámense de los comuneros básicos o llámense de la casa del pueblo, son chiapanecos, nos duele, señores. Eso es, nosotros queremos solución, nosotros queremos que todos contribuyan a la solución; que no abanderemos agitación, señores; que no pretendamos cambiar los problemas; busquemos conjuntamente la solución.
Chiapas actualmente ha sido quizá más noticia que ningún otro estado; a los diputados del sector campesino nos ha tenido muy preocupados el que siga habiendo muertes en el campo, el que sigan los conflictos agrarios sin resolverse. Hemos dicho, no solamente algunos compañeros de la oposición pueden decir, no señores, nosotros hemos dicho la realidad, hemos hablado. Pijijiapan, Margaritas, falta resolución de los problemas comunales, falta reconocimiento y titulación de legítimas tierras de los campesinos, falta que la Reforma Agraria resuelva algunos problemas.
Señores, yo quiero proponer en el caso de Carranza, que actualmente ya se ha degenerado tanto el problema, en el que ya la realidad, el origen de esto ya no es lo que está pasando ahorita; ahí, señores, se necesita, en Carranza, donde nuestros hermanos, donde comuneros se quedaron tanto hermanos, padres, en fin, parientes divididos en grupos antagónicos; allí, señores, es necesario una división comunal, una división que aunque la Ley Federal de Reforma Agraria no hable de divisiones comunales se puede encuadrar, porque se trata de un derecho social, y se trata de defender vidas campesinas que valen más que cualquier otra cosa, y también se exige el pago que hace falta, de las 2 mil 600 hectáreas, por Comisión Federal de Electricidad; pero en forma especial exijo la resolución de estos problemas y pido compañeros,
a quienes aquí participaron y que en algunas cosas coincidimos, en algunas cosas, compañeros, porque les vuelvo a repetir, no hay propiedad privada, pero sí hay el deseo de ayudar a los campesinos, el deseo de que esto se resuelva, que lo hagamos conjuntamente Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas las recomendaciones de la diputada Areli Madrid Tovilla.
El C. Presidente: - En virtud de haber transcurrido el tiempo de cuatro horas, señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
El C. Francisco Javier González Garza: - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor licenciado Francisco Javier González Garza?
El C. Francisco Javier González Garza: - Sobre el mismo tema.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier González Garza.
El C. Francisco Javier González Garza: - Señor Presidente; señores diputados: Es necesario que nosotros hagamos uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones de algunas imputaciones de carácter difamatorio que ha hecho aquí el representante del Partido Socialista Unificado Mexicano de los Trabajadores.
Nosotros quisiéramos esclarecer algo que nos parece importante. Es muy fácil que en un acto de arrebato, cargado quizá por emoción, las gentes y los diputados de distintos partidos se les vaya más allá la boca de lo que en realidad pueden demostrar. Me refiero a la imputación que hicieron en este caso al ingeniero Pablo Emilio Madero. Y esto es algo que no podemos dejar pasar, porque al ingeniero Madero se le imputan cosas ajenas a la realidad.
El señor diputado del PSUM afirmó que el ingeniero Madero era defensor y dueño en grupos, grupos poderosos, nombró VISA, VITRO, etcétera. Nosotros le hacemos la aclaración de que el ingeniero Madero es, y fue, un funcionario, un empleado honrado, una gente trabajadora, y yo no creo que ningún mexicano, por el hecho de trabajar y por el hecho de aportar con su esfuerzo, tenga o caiga de alguna manera en delito, y sobre todo un delito que sea y que lleve a la difamación en este momento.
Yo le aclararía al señor del PSUM, primero esta situación personal del ingeniero Madero y luego, pues con mucho gusto le daríamos en lo particular toda la información al respecto, para que afinara sus declaraciones.
Lo segundo, es que nosotros consideramos que en el Partido Acción Nacional puede entrar, como de hecho lo hemos declarado abiertamente, todo tipo de personas que tengan dos condiciones: modo honrado de vivir y que acepten nuestra declaración de principios. Hemos dicho en otra ocasión que nuestro partido no sostiene como tesis fundamental la lucha de clases, nosotros creemos que todos los mexicanos pueden aportar para hacer un México mejor. Si algunos partidos, incluyendo en este caso al PRI, expulsan oficialmente a alguna capa de la sociedad, en la cual se han venido apoyando históricamente y que después tras bambalinas los aceptan y los promueven, es otra cosa. Nuestro partido siempre ha declarado que todos los mexicanos tienen derecho a escoger el partido de acuerdo a sus convicciones que a ellos convenga.
Yo creo que es importante hacer las aclaraciones, porque los marxistas- leninistas, esos que usan la violencia nuevamente y que ocupan otra arma fundamental, que son las ideas- fuerza. Una mentira repetida cientos de veces se llega a convertir en cierta verdad. El hecho es que nosotros si no hacemos estas aclaraciones, estas verdades a medias quedan como criterios que son repetidos y quizá hagan impacto en el pueblo.
Por eso, atinadamente, el diputado Javier Blanco expuso lo que nosotros hemos sostenido históricamente con respecto a la propiedad privada, con respecto al ejido y los demás tipos de propiedad.
El Partido Socialista Unificado de México, más bien, desunificado, pero en fin, su táctica consiste en repetir y en hacer afirmaciones e imputarnos cosas que son ajenas a la realidad. Pero el hecho de imputar cosas no se convierten en verdades. Yo creo que les ha molestado, y el fondo del debate es este, se ha hecho una denuncia en la que quizá, quizá ellos salgan de alguna manera evidenciados. Y yo creo que en el fondo, el negarse a hacer una investigación en serio, es porque en el fondo algo les va a lesionar.
Yo quiero volver a insistir, en repetir el principio de este debate. Se hizo una denuncia y se ha pedido que se forme una comisión. Es una comisión que sea pluripartidista, también los del PSUM pueden venir, de tal manera que, entonces, creo que esta Asamblea debe votar porque se hagan las investigaciones correspondientes y en este caso caiga quien caiga, si caen los de la CNC, caerán los de la CNC, si caen los del PSUM, que caigan los del PSUM, pero que haya una investigación. Muchas gracias. (Aplausos.)
COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Govela.
El C. Ricardo Govela Autrey: - Señor Presidente; compañeros diputados: La empresa IBM de México, subsidiaria de la cuarta empresa más poderosa del mundo capitalista, unas veces de manera abierta, y otras muchas de manera encubierta, ha difundido en la prensa, la televisión, en documentos dirigidos a los miembros de la industria electrónica nacional, y en entrevistas con funcionarios públicos de alto nivel, sus particulares puntos de vista en relación a las necesidades y posibilidades de México en materia de desarrollo y fabricación de equipos de microcomputación, al tiempo que da a conocer el contenido, alcances y supuestas ventajas de su proyecto para fabricar estos sistemas en nuestro país, dentro de un esquema de inversión de capital 100% extranjero.
La orientación de esta campaña se explica en la pretensión de IBM de adueñarse de un mercado estimado por la transnacional en medio millón de equipos, a venderse en los próximos cinco años - aproximadamente quinientos mil millones de pesos- y en la existencia de un obstáculo que de manera explícita y reiterada reclama que sea eliminado para poder lograr sus propósitos: la reserva que el Gobierno mexicano, en consecuencia con su política de fomento industrial y de regulación de la inversión extranjera, concede a las empresas de capital mayoritario mexicano, para el aprovechamiento del mercado de los equipos y sistemas de microcomputación.
Los argumentos y las presiones de IBM han logrado convencer ya a algunos funcionarios, cuya opinión tendrá decisiva influencia en el seno de la Comisión de Inversiones Extranjeras, que se reunirá próximamente para examinar el caso IBM.
Otros sectores sociales como intelectuales, periodistas y los propios industriales mexicanos de la rama, a quienes IBM no ha podido corromper con la oferta de convertirlos en socios maquiladores de partes, a cambio de que se reconozcan incapaces de competir con las empresas extranjeras en ofrecer los recursos tecnológicos que México necesita, se manifiestan, denuncian los argumentos del monopolio y reclaman el sostenimiento de las políticas de protección de la industria nacional, alertándonos sobre el riesgo de aceptar que la política en esta área industrial estratégica sea moldeada por la voraz y caprichosa voluntad de una entidad económica extranjera.
La alusión central de esta contraofensiva, es desde luego, el régimen de reserva combatido por IBM, que tuvo su origen en el Programa de Fomento para la Fabricación de Equipo de Cómputo en México, dado a conocer conjuntamente por la desaparecida Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Programación y Presupuesto en noviembre de 1981 y que - con algunos ajustes- se sigue aplicando. En este programa se establecen los lineamientos, objetivos y reglas - En cuanto al origen y estructura de los capitales, integración nacional, obtención de divisas, desarrollo tecnológico y precios- que adquieren plena validez y vigencia legal del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, que identifica a la electrónica como una tecnología de punta en la que debe apoyarse el desarrollo de ramas básicas y estratégicas de la industria nacional, y en la que se asocia su protección y fomento, junto con otras ramas como la biotecnología y los materiales estratégicos, a la creación de una base tecnológica propia, destinada a fortalecer la independencia económica nacional.
Es en este contexto que resulta evidente que el Programa de Fomento a que nos referimos, no sólo debe seguir orientando la política hacia el sector sino que, en el corto plazo, con el amplio concurso de las entidades involucradas, deberá enriquecerse para profundizar y ampliar los estímulos gubernamentales a la industria nacional y para establecer mayores compromisos de las empresas nacionales en las áreas de investigación, desarrollo y fabricación de materiales, componentes, subensambles y equipos, e incorporación de tecnologías avanzadas en procesos y manufactura, haciendo evidente así que Gobierno e industriales comparten la misma visión de que la industria de la computación encierra un claro y creciente valor estratégico.
Puede sostenerse, además, que el proyecto de IBM no se ajusta a los criterios que la ley exige para que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pueda autorizar porcentajes excepcionales de participación. Entre esos criterios destacan los siguientes:
- La inversión extranjera será complementaria a la nacional;
- No desplazará a empresas nacionales que estén operando satisfactoriamente en el ramo;
- Tendrá efectos positivos sobre la balanza de pagos;
- Incorporará insumos y componentes nacionales, y
- No ocupará posiciones monopólicas en el mercado nacional.
Una decisión unilateral de la Comisión, resultado de las presiones de la transnacional, podría, sin embargo, significar la aprobación del proyecto de IBM y otros similares. Aquí cabe recordar que existen iniciativas presentadas en esta Legislatura que proponen la eliminación de la facultad de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para autorizar una participación de la inversión extranjera mayor al 49% y esta puede ser la ocasión oportuna para exigir que tales iniciativas sean dictaminadas.
Compañeros diputados: las consecuencias de la eventual aceptación de las pretensiones de IBM rebasan el ámbito de la industria electrónica; el conjunto de la industria nacional
verá con recelo y frustración que la presión de una empresa extranjera pueda forzar al sector comercio y fomento industrial a traicionar sus propias reglas. El efecto inmediato será la pérdida de credibilidad en sus políticas de estímulo y la consiguiente retracción de las inversiones nacionales en áreas reservadas. Esta situación derivará naturalmente en el abandono y entrega de importantes sectores de la industria a la inversión extranjera. En particular, en la industria electrónica, otras empresas foráneas, actualmente asociadas, por lo menos en apariencia con capitales nacionales, se apresuran a solicitar y a obtener el mismo tratamiento que IBM.
Al exterior, un antecedente de esta naturaleza debilitaría la capacidad de negociación de México frente a las grandes empresas, que verán en nosotros a un adversario titubeante, poco serio, susceptible de ceder a las presiones y dispuesto a dar la espalda a la inversión nacional. Adicionalmente, países en las condiciones de nosotros, que han dado ya pasos importantes por conquistar el desarrollo autónomo de su industria electrónica, como Brasil, que rechazó el proyecto que ahora nos propone IBM, y además cerró su frontera a otras fuentes externas de inversión en esa área, sentiría que México, con quien tiene importantes convenios y perspectivas de asociación e intercambio lejos de ver en su ejemplo una alternativa de decisión soberana en materia de desarrollo tecnológico, se estaría prestando a intermediar por la transnacional que penetraría desde aquí sus propios mercados
No debemos pasar por alto la gravedad del caso IBM, por sus implicaciones con aspectos fundamentales de la política económica, como lo es la capacidad que en todo momento la Nación debe reservarse para decidir de manera autónoma sobre la organización de su actividad productiva.
Resulta sumamente incongruente que mientras el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid habla de realizar un esfuerzo para transformar la planta industrial alcanzando una mayor independencia, el subsecretario de Fomento Industrial, el subsecretario de Inversiones Extranjeras, el doctor Hegewish apoye el proyecto de IBM y considere que México es incapaz de realizar y hacer crecer una industria electrónica propia y se convierte, el doctor Hegewish, en el propio vocero y en el propio promotor de la entrega de todo el mercado nacional de la electrónica a manos de la compañía IBM.
A través de una inversión de capital 100% extranjero y entrando en el área de la microcomputación, en pocos años la empresa transnacional IBM controlará el 80% del mercado nacional de la electrónica y controlará áreas estratégicas de soberanía nacional, como las telecomunicaciones, los controles industriales, la electrónica de salud, la electrónica educativa y otras áreas de controles industriales que resultan de un valor estratégico para la defensa de la soberanía nacional.
Está en juego el acatamiento de disposiciones constitucionales y el respeto a leyes ordenamientos vigentes, cuyo cumplimiento se ve amenazado por inmoderadas exigencias extranacionales.
Es tiempo, ademas, de que evitemos que este caso se traslade a la agenda de la negociación global México- Estados Unidos, donde sería objeto de presiones aún mayores si esta Legislatura, haciendo valer su papel de vigilante del cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo, toma en sus manos el conocimiento y calificación de este asunto.
Es por ello, que a nombre de las fracciones del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Popular Socialista y del Partido Socialista de los Trabajadores, solicitamos que la Comisión de Fomento Industrial, de Comercio y de Inversiones Extranjeras de esta legislatura, cite antes de que se reúna la Comisión de Inversiones Extranjeras, a los CC. subsecretarios de inversiones Extranjeras, de Fomento Industrial y de Comercio, así como a los representantes de los sectores involucrados, como industriales, profesionistas, investigadores, etcétera, para que esta representación documente un examen a fondo de este proyecto de IBM y esté en condiciones de proponer alternativa.
México, D.F., a 16 de octubre de 1984.
Las fracciones parlamentarias del Partido Socialista Unificado de México, Partido Popular Socialista y Partido Socialista de los Trabajadores."
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de comercio, de Patrimonio y Fomento Industrial, a petición del diputado Antonio Govela.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Miguel Angel Olea Enríquez.
El C. Miguel Angel Olea Enríquez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: A mí me cae muy bien el diputado Govea, pero me da la impresión de que no se interiorizó en este problema y así lo creo o, en su defecto, está defendiendo a transnacionales, algunas ya ligadas con mexicanos que ya están operando en México. Yo creo que nadie tiene fueros contra México ni nadie debería de tenerlos, entonces no podemos tener una política rígida en un asunto de tanta importancia tecnológica en la que estamos en pañales.
La Asociación Mexicana de Fabricantes de Bienes Informáticos, A.C, ha hecho una campaña de prensa que ha polarizado el debate y elevado el calor de la discusión a niveles que no corresponden a la dimensión del problema.
Desde un ángulo político, entre dos tendencias contrapuestas, en relación al desarrollo de la industria electrónica en México, hay dos corrientes: la corriente que favorece el desarrollo de una industria electrónica y de computación autónoma integrada nacionalmente
y con una base de desarrollo de tecnología propia - es el caso de Brasil-, con ésta el país correría el riesgo de consolidar una industria estratégica en el desarrollo económico, obsoleta e ineficiente; la segunda es la corriente que propugna por la consolidación de una industria moderna, eficiente y con amplia capacidad de respuesta al cambio tecnológico que estaría controlada desde el exterior y con características monopólicas en su acción, en el interior de México, con ésta el país sería altamente vulnerable y dependiente del exterior y el mercado interno estaría enmarcado dentro de una estructura oligopolítica.
Entre estas dos posiciones llevadas a su punto extremo, para efectos ilustrativos, existe una gama infinita de posibilidades, Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, delinea una estrategia general que pretende consolidar una industria más competitiva y eficiente y articulada en el interior.
Una empresa de microcomputadoras preferiría, en primer término, exportar directamente sus productos a México; en segundo lugar, consideraría la producción en plantas situadas en México, inversión extranjera; y en tercer lugar, la coinversión.
Las empresas que se dicen ahora nacionales, están vendiéndonos las minicomputadoras hasta en un 150% más arriba del mercado; da la impresión de que son armadoras, da la impresión de que una computadora de allá la arman, la desarman, y la traen a México y la vuelven a armar para venderla. Yo no sé qué beneficio recibe el país cuando a veces nos están vendiendo minicomputadoras ya obsoletas y al doble o al doble y medio de precio.
Cuando hablamos de capitalistas mexicanos se confunden un poco, yo a veces me he puesto a pensar, si un capitalista mexicano tiene una empresa y esta empresa importa todo del exterior, y es obsoleta, yo no sé si la empresa es 100% mexicana, hablo de la empresa; al revés pudiera suceder que una empresa con algo de capital extranjero pudiera operar en México y exportar y ser autosuficiente a sus dólares; tampoco sé qué cantidad de mexicanismo habría en esa empresa.
Pero debemos de recordar que en los años en que sacaron dinero los industriales, ahí no hubo propiedad privada, ahí vendieron su propiedad y luego sacaron sus dólares, o cambiaron sus utilidades, no repartidas, por créditos en dólares y sacaron las utilidades, caso concreto la Moctezuma, otros casos que conocemos, en Chihuahua, en Monterrey, y en México; en aquel entonces nos decían que el dinero no tiene patria. ¿Entonces qué estamos haciendo? Dándoles todas las facilidades a unos industriales que están importando las piezas para armarlas en México para que se hagan ricos y el día de mañana nos saquen el dinero no hay ninguna tendencia para que esos señores sigan reinvirtiendo su capital.
Al evaluar un proyecto de esta naturaleza, de gran obsolescencia, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la generación de divisas de ese proyecto. ¿Qué va a vender aquí y cuál es su compromiso de exportar? Quitarle su tendencia monopólica, que se comprometa a no llegar a esa situación. ¿Qué integración nacional va a tener esa empresa o qué integración les vamos a exigir a las que ya están aquí, que no están cumpliendo? ¿Cuál es su balanza comercial? y el precio, el precio de una microcumputadora moderna, actual, que no sea del año pasado, de hace tres años, no puede ser superior a un 10%, un 12% de los Estados Unidos y en algún momento dado, no debería ser hasta más barata, porque va a utilizar mano de obra mexicana a la que le pagamos menos que allá.
El caso lo tenemos en ciudad Juárez, donde están las maquiladoras. En las maquiladoras las mujeres ganaban 280 pesos, en el 82; ahora ganan mil. Sí, nada más que antes ganaban 10 dólares y ahora ganan 5.
La realidad es que nosotros en el 81 y el 82, de la clase media para arriba disfrutamos una bonanza que no merecíamos. Estuvimos viajando o comprando y muchos sacando sus dólares. La realidad es que el campesino y el obrero no disfrutó esa bonanza y la realidad es que la crisis actual la están pagando el campesino y el obrero, que no disfrutaron esa bonanza. ¿Por qué vamos ahora a ser liberales con capitalistas mexicanos que no han respondido completamente? me refiero a un grupo, no a todos, porque luego van a decir que los acusé a todos. A un grupito, un grupito chiquito, no tan chiquito. Debemos de exigirles precios, otros beneficios, cuántos empleos directos, cuántos empleos indirectos, cuántos gastos de investigación, de desarrollo, cuánta sustitución de importaciones. Porque la realidad es que en México el industrial que quiere tiene tres mil o cinco mil ramas industriales, es cuestión que se dedique a investigar qué importamos, a ver si él lo puede sustituir; o que se dedique a ver qué podemos explotar y lo haga. Están acostumbrados a que les demos todo regalado y el día que quieren, su propiedad privada la venden y sacan sus dólares.
Yo creo que el diputado Govela tan estimado, está equivocado o está defendiendo a otras transnacionales, y eso sería grave. Gracias. (Aplausos.)
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Pido la palabra , señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Para hechos sobre el tema.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Ortiz Mendoza.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Está a debate una cuestión de la mayor transcendencia. El hecho es que se está tratando el problema que es de gran porvenir para México y para el mundo, el problema de la computación y la microcomputación de una elevada tecnología.
Desgraciadamente, al diputado Olea Enríquez no le entendí en realidad qué es lo que él propone, porque no se trata del diputado Govela sino de una proposición de los tres partidos, el PSUM, el PPS y el PST, y nuestra proposición es que se pare esto antes de que se tome una determinación cualquiera, es todo lo que estamos proponiendo; ni se está protegiendo a un grupo pequeño o grande, de maquiladores en la práctica, ni estamos defendiendo otra cuestión que el porvenir del país.
Mi especialidad es precisamente la electrónica. la conozco con la mayor profundidad posible, hasta donde mi capacidad lo permite, y la realidad es que por no tomar medidas adecuadas no hemos podido producir nada y no sólo en electrónica; en automóviles hemos dicho ya que tenemos más de cincuenta años de producir automóviles, millones de automóviles se han producido en México y ni uno solo de marca mexicana; no investigamos nada en automóviles.
Hablaremos de la cuestión de los ferrocarriles en breves días, y veremos que todo tendió a fortalecer a las grandes empresas armadoras de vehículos en México, y oprimimos el sistema ferroviario.
Microondas, tuve la oportunidad de trabajar en ellas desde que llegaron a México, instalamos microondas de todas las marcas, japonesas, francesas, norteamericanas, y jamás construimos microondas mexicanas que pudieran servir a nuestro país.
Estamos a punto de entrar al manejo abierto de la comunicación vía satélite, está ya sembrándose todo el país de parábolas para recibir las señales del satélite, y no fabricamos nada de todo esto, ni sentamos las bases para hacer las investigaciones que nos permitan entrar a la comunicación por satélite. El plan del imperialismo, por la vía que sea, porque lo que no dice el diputado Olea Enríquez es que en todo eso está el sector privado, y lamentablemente, aunque de manera tardía respondieron los del PAN, el problema está ahí, en el sector privado. ¿Por qué tanta insistencia revolucionaria porque participa el Estado? Porque el sector privado, todo, sin exceptuar a uno solo, así sean diputados, son defraudadores, son corruptos todos. Habrá algunos nacionalistas y por eso coincidimos con ellos, en la lucha por la defensa del país. Pero a pesar de ser nacionalistas son corruptos, son defraudadores, explotan al obrero, le escatiman las vacaciones, le escatiman el salario, no los inscriben al Seguro Social, les hacen contratos de 28 días, defraudan al fisco, no pagan al Instituto de la Vivienda, nada A todo lo escamotean, y sí allí parara no tendría problema, pero son la cartera de la intervención del extranjero.
Ya hemos dicho alguna ocasión que toda la industria que en 1945 estaba en manos de los particulares, por la vía del sector privado, se le entregó al imperialismo: la industria de los alimentos, la industria químico- farmacéutica, la industria del hule, todas esas industrias estaban en manos de mexicanos, con todas las fallas que tenían estos industriales que formaron la CANACINTRA de aquellos años. Pero, ¿en manos de quién están ahora? De puros representantes de capital extranjero. En eso tiene razón el diputado Olea Enríquez, puro representante de capital extranjero. ¿Quién es el presidente ahora de la CONCAMIN? Impronunciable su apellido, pero un representante de puras empresas extranjeras, que dice que hay que pedir a los trabajadores que no pidan aumentos de salarios, para que no se desate la inflación, es decir, que sigan padeciendo. En este momento, ¿cuál es el plan de la microcomputación? Que forme un complejo internacional, una división del trabajo internacional, puesto que somos incapaces de avanzar tecnológicamente, como se dice ahora del Brasil, por ejemplo, así se dice de nosotros, para que formemos parte de todo un complejo. Estados Unidos pone la tecnología, nosotros la mano de obra barata, somos socios y producimos microcomputadoras, perfecto. ¿Cuándo haremos las nuestras? Jamás, dependencia absoluta. Consideramos que no tenemos menos capacidad que la India, pero este país ya lanzó un satélite, ¡ah! ¿Pero en solidaridad con quién?, con los países socialistas.
Por que no se nos ocurre, en lugar de demandar, porque no supe realmente lo que pidió el diputado Olea Enríquez, de que se le abran las puertas al capital extranjero por uno o por otro camino. ¿Por qué no pensamos en unir a todos los científicos de América Latina? Los brasileños, los argentinos, los mexicanos, los hindúes, etcétera, todos los países en desarrollo. ¿Por qué no formar un gran complejo de científicos mexicanos para poder avanzar? ¿Por qué no buscar el apoyo de los países socialistas que están dispuestos a darnos solidaridad en la investigación científica, no sólo en el campo de la microcomputación? ¿Por qué nuestro destino ha de ser estar vinculados con mano de obra barata, permanentemente y científicos asalariados baratos? ¿Por qué no pensar en función del Estado? ¿Por qué no pensar que el Estado con un gran impulso desarrolle a los científicos mexicanos, crea una empresa estatal para producir microcomputadoras, en unión con el Brasil, en unión con la Argentina, en unión con la India? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensar siempre en función de los Estados Unidos?
Aquí el otro día el Partido Acción Nacional decía, ¿dónde está el funcionamiento que no sea corrupto?, etcétera; y yo pregunto, ¿dónde está un empresario? Yo le doy
muchos funcionarios honestos, muchos; honestos que se sacrifican por el país, tengo una lista de nombres que se las doy con mucho gusto. Aquí, en esta Cámara hay no menos de cuarenta diputados que están dispuestos a sacrificarse por el país, que son abnegados en este combate. Pero yo le pregunto a Acción Nacional, ¿dónde está uno? Y el diputado Enríquez, ¿uno, un empresario que resista una investigación de la Procuraduría Fiscal?, uno, si me dan el nombre, mañana mandaremos a los inspectores con mucho gusto. No me lo darán. ¿En ellos queremos basar el desarrollo? No, señores, nuestra proposición, primero, es parar en seco esto, y en segundo lugar, pedir que el Estado intervenga y se busque el apoyo y la solidaridad con los científicos del mundo para lograr nuestra independencia. (Aplausos).
El C. Ricardo Govela Autrey: - Pido la palabra, para contestar alusiones personales.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Govela.
El C. Ricardo Govela Autrey: - Yo agradezco, sinceramente, la amistad y la simpatía del diputado Miguel Olea y me queda la duda si la argumentación que él pasó a decir aquí fue en nombre de la fracción parlamentaria del PRI o en nombre propio; porque me parece importante que lo haya dicho, porque eso es exactamente la argumentación de la IBM, y les podríamos, y tal vez lo vayamos a hacer, pasar unos documentos a todos para que vean que la argumentación del diputado Miguel Olea es exactamente la argumentación de la IBM, y lo cual es en realidad un engañalobos, ¿no? Es decir, porque la industria nacional es eficiente, entonces mejor hay que entregársela a la IBM, que va a tener la ventaja de que nos va a vender microcomputadoras más baratas, más, modernas, más bonitas.
Es decir, esta argumentación es terriblemente reaccionaria. Hay la posibilidad de un desarrollo de una industria nacional en la área de la electrónica, nosotros estamos totalmente convencidos. Vale la pena intentar el desarrollo de una industria nacional en un área tan importante como lo es la electrónica, actualmente. Estamos totalmente convencidos de que así debe ser. No valen los argumentos de eficiencia, que aparte son falsos, no valen los argumentos de modernidad en ese sentido, sino los argumentos de la investigación, de la producción, de una tecnología propia, en una área industrial que se convierte, cada vez más, en una área, definitivamente estratégica.
La electrónica controlará en los próximos años, prácticamente el manejo de todos los sectores de la industria. Y dejar la electrónica en manos de una industria transnacional es algo peligroso para la soberanía del país. Yo supe que este punto es un punto difícil tal vez en información y que no podemos aquí simplemente pasar a los dimes y diretes, pero creo que tampoco vale el pasar a argumentar de que nosotros, o que yo, personalmente, estamos tratando de defender a otro grupo de transnacionales, porque me parece una argumentación deshonesta.
Nosotros, pensamos que aquí hay un problema serio, llamamos la atención de la Asamblea para informarse al respecto y llamamos a mantener los principios de orientación del desarrollo de una industria de tipo nacional, que incluso son orientaciones que compartimos con el Partido Revolucionario Institucional y con los lineamientos que se han dado en muchos de los programas de fomento industrial.
Por eso nosotros hemos pedido que el asunto pase a manos de la Comisión de Fomento Industrial, a manos de la Comisión de Comercio y de Inversiones Extranjeras, que puedan realizar una investigación a fondo de este programa, y puedan facultar a la Cámara para tener una opinión de fondo sobre este asunto.
Nosotros tenemos el programa de la IBM, tenemos muchos de los programas que diferentes sectores del Gobierno han realizado al respecto, y con mucho gusto se los vamos a pasar al diputado Miguel Olea para que los conozca bien y para que pueda formarse una opinión un poquito más realista y un poquito menos reaccionaria Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Miguel Olea Enríquez.
El C. Miguel Olea Enríquez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo no mencioné a la IBM, ni me interesa que no le den el permiso, o dénselo, ajústenlo, ese es otro problema. Hay 200 compañías de minicomputadoras en el mundo. Aquí están defendiendo a las que ya están, a la Honeywell, a la Packard, que no están más que importando partes, que son armadoras, que nos están vendiendo al doble. Yo creo que la Comisión sí debería estudiar a fondo este asunto, por que hay una gama de posibilidades entre dos extremos.
Brasil va a quedarse con una computación atrasada dentro de tres a cuatro años; Singapur al revés, o Corea; yo creo que México no debe tener ahorita un criterio tan cerrado, verdad, que estamos, como dice el compañero Ortiz - que es tan inteligente- a los técnicos mexicanos. Si no existen los técnicos mexicanos, son muy pocos. Los que existen ya se los llevaron, se los están llevando los americanos. Aquí ya ven cómo andan los sueldos, conste, me refiero a los de las compañías, los nuestros ya lo sabemos, andan por la calle.
No estamos tratando de defender a una, lo que no queremos es que defiendan a las otras. Debemos de buscar una política real de las computaciones, de las minicomputadoras. Debemos de buscar que exporten los que vienen, o que los mexicanos que se hagan aquí también exporten, que hagan las piezas, que hagan los circuitos aquí en México,
que se comprometan a inversiones, a reinversiones.
Si nos vamos a sacar una gama de nuevos ricos que en la primera crisis o en la primera asonada de desconfianza nos van a sacar todo el dinero, nos van a dejar con los cascarones.
A eso me refiero, Gracias.
el C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Ortiz Mendoza.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Yo le pido al diputado Olea Enríquez que no sea masoquista, que le agrade mucho que se le golpee. Si no conoce, que no hable. Hay técnicos muy capaces en México.
De mi profesión, hay más de seis mil ingenieros en electrónica que están trabajando con intensidad.
En el Centro Nacional de Estudios Avanzados del Politécnico hay doctores en ciencias y maestros de muy alto nivel, patriotas que no se han vendido. Tenemos premios nacionales muy calificados en nuestro país, pero todavía más, estamos proponiéndolo, lo estamos sugiriendo frente al Plan Nacional de Desarrollo que, por desgracia - de Desarrollo Industrial- contempla así las cosas, de dejar pasar, ser una pieza más de todo ese sistema mundial del campo capitalista, por ser sobreviviente nada más, superviviente, para seguir avanzando y fortaleciéndose como imperialismo científico industrial. Está en proceso una revolución científico- técnica en el mundo; tenemos, antes que concluya este siglo, compatriotas, antes de que concluya, 16 años más y me excedo con mucho, toda la planta industrial de México será obsoleta toda. La robotización está en plena marcha. ¡y qué queremos!, lo que nos acaba de proponer el diputado Olea Enríquez, es lo que dicen ellos, nos ponen por ejemplo Singapur, Corea del Sur y Formosa; por favor, hay que ver que cosa es Corea del Sur, qué exporta, ¡pues claro que exporta!, pero son un verdadero vasallo de los Estados Unidos, Singapur igual, y la isla de Formosa, la China Nacionalista. Por Favor, que un mexicano venga a proponernos esto desde esta tribuna, pues mejor que nos propongan ya y verán cómo tendremos una gran industria en México, ser una estrella más de los Estados Unidos.
PRECIOS DE GARANTÍA E INTERNOS DE CULTIVOS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Viterbo Cortés Lobato.
El C. Viterbo Cortés Lobato: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Vengo a plantear un problema que por su índole está muy ligado a lo discutido desde esta tribuna por los diputados del Partido Acción Nacional y del Partido Socialista Unificado de México. Yo no tengo la culpa, fue el lugar que se me asignó para ocupar esta tribuna.
Por supuesto que el Partido Popular Socialista comparte la opinión del diputado Encarnación Pérez Gaytán, del PSUM, porque entre otras cuestiones es una realidad, no es una calumnia que el Partido Acción Nacional sostiene en sus tesis que el ejido debe pasar con el carácter de propiedad individual, particular, y no más seguro es que si eso ocurriera, los campesinos pobres, acicateados por su miseria, venderían su parcela, no al mejor, al peor postor El ejido se transformaría así en una propiedad que el Partido Acción Nacional defendería a morir, para volver a instaurarse de esta manera en este país, un nuevo latifundismo, un latifundismo que para desaparecerlo, murió más de un millón de mexicanos.
El problema es cuestión es el siguiente: hace unos días los órganos de información de todo el país, a ocho columnas y en primera plana, dieron la noticia que impacto a todos los sectores del pueblo mexicano, a todo lo largo y a todo lo ancho del territorio nacional, sobre los nuevos precios de garantía de los cultivos y los precios internos de los productos de esos cultivos, que golpean directamente al consumidor.
Los aumentos han sido tan brutalmente excesivos: en el frijol 63 pesos; arroz 120 pesos; huevo 198 y aceite 249, que nadie, absolutamente nadie puede predecir qué tipo de tensiones sociales graves ocurrirán o qué puede ocurrir, pero que van en detrimento, en descrédito de los responsables de estas políticas a todas luces atentatorias a la economía de las masas del país.
En cuanto a los precios de garantía, éstos no se han quedado atrás, pues se han elevado, de acuerdo con las informaciones, en un 69% como promedio, donde están involucrados el maíz, trigo, frijol, arroz, ajonjolí, semilla de algodón, cártamo, girasol, soya, sorgo, y copra; pero se destaca que las oleaginosas, en lo particular girasol, ajonjolí y copra, aumentaron en un 118, 120 y 171 %, respectivamente.
La pregunta es, ¿por qué en las oleaginosas fue este impacto tan brutal, este aumento tan excesivo? ¿Quién las cultiva? Se preguntan, ¿son acaso los campesinos marginales? Se establece además que se subsidia con 190 mil millones de pesos al consumo de frijol y de huevo, pero entonces surge la pregunta, ¿dónde está el subsidio al consumo desde el momento en que también los precios de estos productos han aumentado?
Los precios de garantía no son cosas nuevas en nuestro país, México ha pasado por aleccionadoras y amargas experiencias. Voy a dar un pormenor, pero no me referiré a todos los cultivos sino sólo a dos de ellos que son los que marcan la pauta en el desarrollo agropecuario del país. Debo recordar que en el año de 1956 el trigo se importaba en grandes cantidades y aumentó su producción en las tierras irrigadas cuando se establecieron las
fundaciones Ford y Rockefeller, con sus programas de producción no solamente de trigo, también de maíz, con semillas mejoradas, particularmente en el cultivo del trigo; con equipo, plaguicidas y fertilizantes y por supuesto, y esto es lo importante, con agua en abundancia, y digo que esto es importante porque es necesario hacer notar que los grandes productores de trigo en el mundo, donde ocupa el primer lugar la Unión Soviética, en segundo lugar China, en tercer lugar los Estados Unidos y siguen Australia y otros países, no utilizan tierras de riego sino tierras de temporal sustancialmente. En nuestro país sí utilizamos grandes cantidades de agua para cultivar el trigo.
Fue de esta manera como los rendimientos del trigo sólo en grandes empresas agrícolas aumentaron sus rendimientos, que con su dinamismo y flexibilidad son capaces, sólo ellas, de satisfacer en plazos cortos las necesidades de producción, por que reúnen las condiciones para absorber los enormes gastos de investigación y tecnología.
Los funcionarios responsables de aquel entonces como está ocurriendo hoy, se reunieron y acordaron un precio de garantía atractivo, dizque para alentar la producción. Pero como el precio de garantía alto forzosamente tenía que presionar sobre el precio del pan, en el caso del trigo, para evitar una posible demanda de aumento de salarios, por parte de los trabajadores, el costo del manejo y transporte a los centros de consumo, fue absorbido por el Gobierno, o sea, un subsidio a los grandes productores.
Para 1959 nuestra producción triguera se elevó y hubo un remanente para exportación, transitorio, pero al fin y al cabo fue exportación. Pero ocurrió un hecho muy peculiar, el precio internacional del trigo en aquel entonces fue inferior al precio de garantía. En esas condiciones las exportaciones se realizaron con una pérdida de un 50% por lo menos para el país, mas eso no les importó a los responsables de este rubro, porque lo importante para ellos era obtener divisas a como diera lugar.
Algo tenía que hacerse; no sé si ya existía un gabinete agropecuario, no se le llamaba así. Se puso a pensar y pensar, subir el precio interno o quitar el subsidio. No era factible ni una ni otra cosa porque subirían los precios y quizá también los salarios. Bajar el precio de garantía, imposible también, el precio interno tampoco, porque los productores campesinos marginales no podían ya ni siquiera sobrevivir dadas sus pequeñísimas extensiones. Establecer precios de garantía diferenciales, de ningún modo. ¿Qué hacer? Fue entonces cuando el Gobierno realizó inversiones cuantiosas que aún no se amortizan, y subió nuevamente el precio de garantía.
En el caso del maíz en donde el Gobierno ha invertido menos que en el trigo, su cultivo se realiza en su mayor parte en las tierras de temporal, pero del maíz dependen millones de mexicanos para subsistir como productores y como consumidores. Más de las tres cuartas partes en más de dos millones de parcelas de campesinos viven de este cultivo.
Pero aquí la tecnología y las semillas mejoradas, tal como fueron concebidas por la llamada "Revolución Verde", nada tienen que hacer. Los híbridos del maíz tienen resultados curiosos, a veces simplemente no dan, se secan por falta de agua o los tumba el viento, y cuando se desarrollan solas su tallo no da grano. Cuando se utilizan insumos caros, en las tierras de temporal se obtienen aumentos, pero como la tierra no es óptima, los aumentos no compensan la inversión. Pero como hoy se hizo, se aumentó su precio de garantía, pero resulta que el campesino guarda por lo menos la mitad de su cosecha, ya exigua de por sí, para autoconsumo, y solo un pequeño excedente, muy pequeño, se comercializa a través de acaparadores locales. De esta manera, los precios de garantía son un negocio para las empresas agropecuarias, para los acaparadores. Son ellos los que exigen los precios de garantía y presionan para que se eleven éstos.
Este esquema se ha venido repitiendo desde hace muchos años, y en la práctica, los precios de garantía para los cultivos que se consideran básicos, sirven sólo a las grandes empresas. pero nunca a la inmensa masa rural productora; en primer lugar, porque estos cultivos de básicos se realizan en dos condiciones opuestas: el de la gran empresa comercial y el de los campesinos pobres. El de la gran empresa tiene grandes extensiones de tierra que van creciendo, goza de subsidios a través de las obras grandes de infraestructura en sus ya magníficas tierras, lo que hace elevar su producción obteniendo un volumen superior. Esto ocurre así porque la gran empresa comercial se funda en la acumulación de capital, en una extensión de superficie grande, y busca la maximización de los rendimientos y utilidades por unidad de capital invertido, incluyendo la mano de obra. Y los precios de garantía inciden en esa fortaleza que va adquiriendo la gran empresa comercial.
Reiteramos, por tanto, que los precios de garantía en la forma que se implementan, sólo sirven a las grandes empresas agropecuarias, a los terratenientes, no a las empresas marginadas, perdón, campesinos marginados porque ni a empresas llegan. Porque éstos apenas si producen para autoconsumo y su pequeño excelente cae en manos de acopiadores, de acaparadores, y por lo tanto, el precio oficial no les beneficia en nada.
Esto es por una parte, por la otra, las tierras, las buenas tierras ejidales irrigadas, y muchas también de buen temporal, son acaparadas por la vía de aparecería por grandes empresas agropecuarias y por pequeños propietarios, que tanto defiende el Partido Acción Nacional, donde el ejidatario transfórmase en peón del capital privado y ese precio oficial no le beneficia en nada.
La aparcería es una práctica que se ha venido dando desde hace muchos años, a pesar de que es incongruente con el espíritu del artículo 27 constitucional, durante mucho tiempo fue ilegal, pero ahora está ya protegida por un marco jurídico: la Ley de Fomento Agropecuario y la actual Ley de Reforma Agraria, impugnadas ambas por las fuerzas más sanas del país. Desde esta tribuna advertimos las tensiones sociales que ocurrían en el campo, como están ocurriendo ahora que se denuncian en este recinto, por la aplicación de este marco jurídico que va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de la masa rural.
El Partido Popular Socialista protesta enérgicamente por este brutal atentado contra el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo mexicano. Protesta de la manera más enérgica porque al mismo tiempo la clase patronal, que tanto defiende el Partido Acción Nacional, beneficiada con esas medidas, empieza a dar de gritos histéricos contra demandas justas de los trabajadores para revisar sus ya de por sí raquíticos salarios.
El Partido Popular Socialista protesta de una manera enérgica, también porque estas medidas, es decir los precios de garantía y los precios internos, no han resuelto, en el pasado, ni en el presente, ni en el porvenir, el problema de la soberanía alimentaria que tanto se invoca, no resolverán la producción para abasto del pueblo mexicano.
Protesto también por estas criticables medidas que atentan contra la economía de todos los estratos de ingresos bajos en el campo y en la ciudad. No resolverán estas medidas el problema de abasto nacional porque no existe un plan agropecuario, congruente con los objetivos que sólo en la letra están establecidos en el Programa Nacional Alimentario, el cual, quiérase que no, declaramos desde esta tribuna va a fracasar; va a fracasar si no se toma en cuenta lo que las acciones del Estado debe realizar. Medidas pertinentes por parte del Estado, el cual no puede ni debe renunciar a las facultades que le otorga la Constitución para orientar de verdad en la práctica de una forma real y no ficticia la producción agropecuaria para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y no para fines de exportación que sólo sirve a los intereses de grandes empresas transnacionales. Porque es evidente, señores diputados, y nadie lo puede negar, nadie puede probar lo contrario, que la producción agropecuaria en este país está copada por empresas transnacionales y por el capital extranjero.
Ahí está un ejemplo, la producción de alimentos balanceados, que es el insumo principal para la producción de huevo, está en un 70% en manos de capital extranjero, porque ALBAMEX, una empresa paraestatal, apenas si concurre en un 10%; y otros insumos, como semillas mejoradas, plaguicidas, fertilizantes y sobre todo el equipo mecanizado, dependen del capital foráneo. En consecuencia, el Estado mexicano no puede ni debe renunciar a los instrumentos constitucionales, que le permiten - escúchese bien- , a ser alianza con los ejidatarios, no dejarlos en manos de empresas privadas para orientar la producción de las mejores tierras irrigadas a la producción de básicos, tierras que por hoy están en manos de particulares, que se han beneficiado por muchos años con las inversiones colosales que aún no se amortizan y que fueron hechas con el gasto del Estado mexicano.
Es incongruente, pues, que las empresas privadas, que tanto defiende aquí el Partido Acción Nacional, que nada han arriesgado, sigan aprovechando los recursos del Estado para fortalecerse y con ello debilitar la producción de básicos para el pueblo.
El PRONAL fracasará si no se resuelve el problema de la tenencia de la tierra; pero resolver el problema de tenencia de la tierra a favor de las grandes masas campesinas y no de los terratenientes como está ocurriendo ahora. Si el PRONAL no toma en cuenta la solución de la tenencia de la tierra en este sentido, será un proyecto al final de cuentas desprovisto de la base política. que haga que las masas rurales decidan cómo, dónde, cuándo y qué producir.
En esto, el PRONAL estará en entredicho si se persiste por parte del Estado en olvidar lo prioritario, es decir, la tenencia de la tierra y seguir haciendo énfasis en los precios de garantía, que sí alientan la producción de los cultivos que no son prioritarios para el país y que enriquecen cada vez más a una voraz clase del agro mexicano y a una voraz también industria agroalimentaria detentada por empresas transnacionales alimentarias.
Es por esta razón que en este caso particular, el Partido Popular Socialista demanda desde ahora la nacionalización de la industria alimentaria.
Señores diputados, son estas razones, yo digo que incontrovertibles, por las que el Partido Popular Socialista está en desacuerdo con los actuales precios de garantía y precios internos al consumo, y llama la atención una vez más sobre la conducta antipopular del secretario de la SECOFIN. Muchas gracias. El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alejandro Posadas. El C. Alejandro Posadas Espinosa: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He pedido el uso de la palabra, por que es importante que hagamos algunas aclaraciones en torno a lo que aquí se ha expresado por parte del diputado Viterbo Cortés.
El ha dicho, en primer término, que su partido no está de acuerdo con los precios de garantía y los grupos de los campesinos que siembran, que trabajan en el campo, también han manifestado que los incrementos en los precios de garantía no fueron todo
lo suficiente que ellos hubieran deseado. Y ellos tienen elementos, precisamente por que viven de la actividad agropecuaria.
No podemos abstenernos de la realidad que estamos viviendo, todos coincidimos en que la lucha fundamental, frontal que tenemos que dar, es contra la inflación. Pero el proceso inflacionario ahí lo tenemos presente y para combatirlo, para lograr controlarlo, deben tomarse medidas que precisamente tiendan a ese propósito y no que lo alienten en mayor grado.
Cerrar los ojos a la realidad de aumento de los costos de la producción agropecuaria significaría precisamente darle lugar a un desaliento en esa producción agropecuaria, ¿y cuál sería el efecto? Que al no producirse mayores volúmenes de productos agropecuarios lo primero que tendríamos que hacer como país, es importarlos para hacer frente a las necesidades de abasto internas. Y esto nos lleva, por una parte, a no lograr ni caminar firmemente hacia un objetivo social de autosuficiencia; hacer frente al abasto suficiente en los productos cuando hay escasez de ellos, precisamente frente a una demanda insatisfecha, una oferta insuficiente provoca automáticamente un mayor incremento de ellos y de esta manera sí se alienta un proceso inflacionario que pudiera tornarse incontrolable.
Por eso también queremos rechazar enfáticamente la aseveración que se ha hecho de que estas medidas que son lógicamente difíciles, constituyan un atentado al pueblo mexicano. Lo que se ha hecho es, de acuerdo con una política de apoyo al campo, de estímulo a la productividad agropecuaria, es ser congruente con los principios de revisión periódica de los precios de garantía.
Además es importante enfatizar que estos precios de garantía no constituyen más que una referencia para los productores, de cuál es el precio mínimo que pueden obtener por sus cosechas y que pueden acudir ante los organismos de Estado para obtener ese precio; la realidad es que muchos de los productos de los que estamos hablando en este momento, en el campo se están comercializando a precios mayores; los precios de garantía sirven precisamente para evitar abusos que se pudieran cometer por acaparadores con la producción agropecuaria; siempre el campesino tiene una preferencia en estos precios de garantía.
No olvidemos también, y eso es lo que aquí no se ha señalado, que estos incrementos en los precios de garantía corresponden a aumentos que se han hecho a precios que estaban vigentes desde noviembre de 1983, en el caso del arroz y del frijol, y que se han tenido que revisar por los costos; y en el caso del maíz, de todos los productos, los precios de garantía están modificando los que estaban vigentes en octubre de 1983, o sea, hace un año, y en esos 12 meses que han transcurrido, ha habido incrementos reales en los costos de producción; han sido las organizaciones campesinas, los campesinos los que han solicitado esta revisión de los precios de garantía. Habría que preguntarles a ellos, de acuerdo con lo que aquí se ha manifestado, si es que los precios de garantía los benefician o no los benefician y ellos lo afirmarían contundentemente, porque así lo han pedido.
Lo que tampoco podemos olvidar es la realidad de los efectos que tiene el que se vierta este apoyo hacia el campo y se estimule la autosuficiencia que estos precios de garantía, este mayor costo en la adquisición de las materias primas agropecuarias, tienen efecto en los costos de transformación de éstos hacia sus productos finales, y eso es lo que se ha tenido que revisar.
No es agradable, por supuesto, para la economía en general de todas las familias, el que sepamos que hay que pagar un mayor precio por un determinado producto, pero el pagar ese aumento no está precisamente garantizando que vamos a tener suficiente oferta, que hay un proceso que evitaría un incremento mayor de los subsidios y que éstos paulatinamente puedan irse racionalizando, porque al final de cuentas si quisiéramos resolverlo con un mayor volumen de subsidios, de algún lado tienen que salir esos recursos y eso también afecta al conjunto de la economía.
Y también otra aclaración, siempre se ha dicho que los subsidios benefician a los grandes productores y que benefician a los transformadores; la realidad y que tenemos que tomar en cuenta es que el subsidio no es más que la diferencia entre el costo real de un producto básico y el precio en que se determina puede venderse para afectar lo menos posible a la economía popular y ese diferencial constituye el subsidio; por lo tanto, los subsidios no van a beneficiar ni a los industriales ni a los productores, son subsidios directos al consumo. El esfuerzo que se está realizando y que está presente en los programas de modernización comercial del sistema nacional de abasto, es que tenemos que caminar hacia la racionalización de los subsidios y ya hay casos muy significativos en esa materia, con los dos productos fundamentales que son el pan y la tortilla.
Y finalmente, para aclararle al diputado Viterbo Cortés, cuando se refería a lo del maíz, de que los precios de garantía hacen, estimulan y protegen al productor, que no lo protegen y que son las grandes empresas las que se benefician de la producción de maíz. Creo que simplemente habría que aclararle que la producción, la transformación de maíz en otros productos distintos a tortilla o consumo directo, es verdaderamente insignificante. Lo que es la industria de almidones, dextrinas, féculas y otros productos industrializados del maíz, apenas si representan un millón de toneladas de la producción total del maíz; y estas adquisiciones normalmente las hacen este tipo de empresas en áreas ya muy específicas de alta productividad en las
cuales ellos han concertado de antemano. No es, hay que dejar muy claro, que no hay una desviación del maíz en este sentido para una producción que es todavía incipiente, esta transformación industrial, el grueso de la producción de maíz va fundamentalmente a consumos directos, al autoconsumo de los productores y de lo que entra a comercialización, el mayor porcentaje, pero enormemente mayoritario es el que se transforma a tortilla por los procedimientos que todos conocemos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Viterbo Cortés Lobato.
El C. Viterbo Cortés Lobato: - Señor Presidente: Para hacer una breve aclaración, dos minutos.
Nosotros dijimos que el Partido Popular Socialista, por mi conducto, no estaba de acuerdo con los precios de garantía implementados en las condiciones en que la masa de productores no reciben beneficio alguno, y eso no me lo pueden discutir; no reciben este beneficio de los precios de garantía por lo aquí apuntado, que ha grandes rasgos dijimos, porque el excedente es muy exiguo, de los campesinos en general. Y las tierras, las irrigadas de que se les dotó y las de buen temporal no están en sus manos, están en manos de particulares, y son los que reciben el beneficio de los precios de garantía.
El Partido Popular Socialista admite que hay que alentar la producción, pero lo que hoy se hace es alentar la producción terrateniente, y no la de los ejidos y de los pequeños propietarios reales.
El apoyo al campo de que aquí se habla, desde hace 30 años ha sido hacia las tierras irrigadas, hacia las grandes empresas comerciales y no hacia las tierras de temporal, por eso hemos dicho también en esta tribuna que la crisis agropecuaria es la crisis de una mayoría de campesinos, pero bonanza de una minoría terrateniente.
Los precios de garantía, es nuestro modo de pensar, que cada vez que simplemente deben llevar mecanismos correlativos para controlar los insumos que son los que aumentan los costos de producción, pero en esta ocasión nada se hizo; lo más seguro, y si no lo verán al tiempo, es que a partir del aumento de los precios de garantía los precios de los insumos para los cultivos, los precios de los insumos para la avicultura y para la ganadería van a subir; subirán y será el cuento de nunca acabar. Cada seis meses aumentaremos los precios de garantía, y cada seis meses automáticamente van a subir los insumos y aumentarán también los costos de producción.
Son los bolsillos del consumidor los que sufren con estas medidas antipopulares. Sería conveniente preguntar a las amas de casa, no a mí, qué es lo que piensan al respecto. Sería conveniente preguntar a la clase trabajadora, a los obreros de la CTM, de la CROC, de todas las centrales obreras, qué es lo que piensan al respecto. Y también sería conveniente ir al campo y preguntarles a los campesinos si de veras los benefician esos precios de garantía.
Lo más seguro es que, como a veces ni siquiera excedente tienen, tendrán que comprar también con los precios elevados, también van a sufrir mayor angustia, mayor miseria. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima sesión .
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Prosecretario:
"Tercer periodo ordinario de sesiones.
LII legislatura.
Orden del Día
18 de octubre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que para conmemorar el CLXX aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el 22 de los corrientes.
El Congreso del estado de Michoacán invita a la sesión solemne que para conmemorar el CLXX aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el próximo 22 de octubre.
El C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador Constitucional del estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que rendirá su cuarto informe de gobierno, y que tendrá lugar el próximo 22 del actual.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la C. María Cristina García Orozco pueda prestar servicios como Secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Solicitud de particular
Del C. Rafael Segovia para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito Civil, en grado de Oficial, que le conferirá el Gobierno de la República Francesa.
Dictámenes de primera lectura
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. Octavio Rivero Serrano y Pedro Angel Palou Pérez para que puedan aceptar y usar
las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
El C. Presidente (a las 15:50 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 18 de octubre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES