Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841123 - Número de Diario 28
(L52A3P1oN028F19841123.xml)Núm. Diario:28ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES.
DE LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS.
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
"LII" LEGISLATURA.
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, al 21 de septiembre de 1921.
AÑO III México, D.F., viernes 23 de noviembre de 1984 TOMO III. NÚM. 28.
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN 1985.
Remitido por el Ejecutivo Federal. Se turna a comisión
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL 1985.
Enviado por el Ejecutivo de la Unión. Se turna comisión
COMPARECENCIA
DEL SECRETARIO
DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO.
La Presidencia da a conocer los motivos de la Presencia del C. Carlos Salinas de Gortari
FUNDAMENTOS Y ALCANCES
DE LOS EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN Y DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL 1985.
Expresados por el C. secretario de Programación y Presupuesto
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
En su oportunidad, el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari da respuesta a las preguntas que le hacen los CC. Hugo Díaz Velázquez, Alberto González Domene, José Encarnación Pérez Gaytán, Haideé Eréndira Villalobos Rivera, Ofelia Ramírez Sánchez, Mariano López Ramos, Alfredo Reyes Contreras, Víctor Manuel Torres Ramírez, Héctor Ramírez Cuéllar, Ricardo Antonio Govela Autrey, David Lomelí Contreras, Guillermo Pacheco Pulido, Salvador Castañeda O'Connor, María Teresa Ortuño Gurza y Manuel Cavazos Lerma. Palabras de la Presidencia sobre la presencia del C. licenciado Salinas de Gortari
ORDEN DEL DÍA.
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. GENARO BORREGO ESTRADA.
(Asistencia de 361 ciudadanos legisladores)
APERTURA.
El C. Presidente (a las 10: 55 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
23 de noviembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas del Ejecutivo.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985.
Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985.
Comparecencia del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El mismo C. Prosecretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Genaro Borrego Estrada.
En la Ciudad de México, a las once horas y cinco minutos del miércoles veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos cincuenta y seis ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día quince de los corrientes.
La Presidencia expresa a la Asamblea que los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Socialista Unificado de México, Demócrata Mexicano, Socialista de los Trabajadores y Popular Socialista, manifiestan su pesar por los lamentables acontecimientos sucedidos el pasado lunes en la población de San Juan Ixhuatepec, estado de México, en los que perdieron la vida numerosos mexicanos y muchos otros sufrieron lesiones y daños patrimoniales.
Formulan un llamado a las autoridades correspondientes para que se proceda a investigar las causas del mismo, y tomar las medidas necesarias para poder evitar que por imprevisión o inadecuada planeación puedan presentarse situaciones similares.
Reiteran igualmente su propósito de contribuir con su aportación para el alivio del difícil estado en que se encuentran todas las familias afectadas, y su compromiso de colaborar, como representantes populares, con todas las instituciones encargadas de estas tareas.
Acto seguido, a petición de la propia Presidencia, puestos todos los presentes de pie se guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del lamentable accidente.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
En virtud de que las iniciativas e informes enviadas por el C. Presidente de la República, han sido ya distribuidas entre los ciudadanos diputados, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, les da el siguiente trámite:
De Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1985, con sus respectivos informes. Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1985. Recibo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales. Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De reformas y adiciones de la Ley de Seguridad Social. Recibo y a la Comisión de Seguridad Social.
De nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Nuclear. Recibo y a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes suscribe un dictamen con proyecto de Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
Encontrándose en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados el C. licenciado Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda y Crédito Público, la Presidencia designa en comisión para introducirlo al salón de sesiones, a los CC. Humberto Lugo Gil, Jorge A. Treviño Martínez, Ricardo Cavazos Galván, Manuel Cavazos Lerma, Ricardo Antonio Govela Autrey, Baltazar Ignacio Valadez Montoya, Florentina Villalobos de Pineda y Haideé Eréndira Villalobos Rivera.
Una vez que la Comisión cumple con su cometido, la misma Presidencia expresa que, de conformidad con la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta representación nacional, el C. licenciado Jesús Silva Herzog.
A continuación el C. secretario de Hacienda y Crédito Público hace uso de la palabra para exponer los fundamentos y alcances de la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1985.
Una vez que el C. licenciado Jesús Silva Herzog termina su exposición, la Presidencia le comunica que varios ciudadanos diputados han manifestado el deseo de hacerle algunas preguntas en relación a la iniciativa de Ley en cuestión.
En tal virtud, los CC. Ricardo Cavazos Galván, Javier Moctezuma y Coronado, Antonio Gershenson, Silverio R. Alvarado, Margarito Benítez Durán, Ricardo Antonio Govela Autrey, Jesús Luján Gutiérrez, María Luisa Calzada de Campos, Francisco Ortiz Mendoza, Mariano López Ramos, Raymundo León
Ozuna, Jorge Luis Chávez Zárate, Rolando Cordera Campos, Juan José Hinojosa y Jorge A. Treviño Martínez, formulan al C. secretario de Hacienda y Crédito Público varias preguntas, a las cuales, el señor secretario da respuesta.
Terminadas las interpelaciones de los ciudadanos diputados, la Presidencia señala que la división de poderes es una decisión política fundamental del pueblo de México, que asegura que su soberanía se ejerza estrictamente en cumplimiento de su voluntad y se dirija al engrandecimiento nacional y al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.
Expresa al C. licenciado Jesús Silva Herzog, que la información proporcionada por él, así como el contenido de sus respuestas, será de gran importancia para el debate parlamentario. Como lo será también para mantener a la comunidad nacional permanente y suficientemente enterada acerca de aspectos fundamentales para la economía del país y de los propios mexicanos.
La misma comisión que introdujo al alto funcionario, le acompaña al retirarse del salón.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las diecinueve horas y diez minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día veintitrés de noviembre, a las diez horas."
Está a discusión el acta ... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba ... Aprobada, señor Presidente.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN 1985.
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a usted Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1985.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 15 de noviembre de 1984.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
"CC. secretarios de la H. Cámara de diputados. Presentes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo, por su digno conducto, somete a la consideración de esa H. Representación Nacional para su examen y, en su caso, aprobación, la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985.
Cumplo así la obligación constitucional de informar al pueblo de México, a través de esa H. Cámara de Diputados, sobre el proyecto de presupuesto para 1985 que ejercerá el Sector Público Federal. Las orientaciones, prioridades, metas y asignaciones a programas de este proyecto derivan de y se sustentan en la estrategia económica y social del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 y los programas sectoriales de mediano plazo en instrumentación.
Con el propósito de perseverar con firmeza en el abatimiento de la inflación, apoyar el crecimiento de la actividad económica, y al mismo tiempo imprimirle mayor rapidez a los cambios cualitativos requeridos por el país, el proyecto de presupuesto para 1985 persigue dar atención a las demandas sociales en el contexto de las orientaciones y directrices señaladas en el Programa Anual General de Política Económica, que se envía por separado, a esa H. Representación.
Los logros del segundo año de reordenación constituyen una corrección importante en los desequilibrios fundamentales de la economía, lo cual ha contribuido a fortalecer la confianza en la conducción de la política económica. Este proyecto de presupuesto parte del reconocimiento de los avances y de la necesidad de complementarlos y consolidarlos, transfiriendo el énfasis inicial, que se centró en los aspectos de ajuste global de los desequilibrios, a una mayor atención a los aspectos de cambio estructural, cuya simultaneidad con la estrategia de reordenación será más tangible durante 1985.
Los esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas han permitido lograr una corrección sustancial del desequilibrio que existía a fines de 1982. El déficit del Sector Público se ha reducido a casi la tercera parte, el ahorro público se está reconstituyendo, la deuda pública ha disminuido sustancialmente en términos reales y la programación, asignación y ejercicio del gasto se ha mejorado sensiblemente. Sin embargo, estos esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas han enfrentado obstáculos e inercias considerables: altas tasas de interés, precios inestables de nuestras exportaciones, inflación aún alta y rigidez en ciertos rubros del gasto corriente, que reducen los programas de acción de este instrumento básico de la estrategia de desarrollo.
Los márgenes más estrechos y la necesidad de ampliar la capacidad de inversión del Estado, requiere profundizar la reestructuración permanente del gasto público, caracterizada por la moderación en su ritmo de crecimiento, revisión en su esquema normativo, reorientación de los criterios de asignación y su adecuación a las prioridades sectoriales y regionales
de mediano plazo, así como de un cambio gradual e integral en el otorgamiento de transferencias.
Así, el proceso de reordenación económica exige continuar el saneamiento de las finanzas públicas, acompañado ahora de un mayor énfasis en la forma del gasto público. La caída de la participación relativa de los ingresos presupuestales en términos del producto interno, asociado a la meta de reducción del déficit, precisan de un ajuste selectivo del gasto que permita disminuir dicho déficit, sin menoscabo del mantenimiento del nivel real de inversión pública que requiere el apoyo a la recuperación económica y el inicio del proceso de creación de empleos en forma permanente.
La política de gasto se orienta fundamentalmente a la apertura de espacios para acomodar proyectos de inversión hacia el interior de los sectores y las entidades, y a medidas que enfaticen los cambios en los programas no prioritarios, para apoyar el ajuste global que continuará caracterizando el proceso presupuestal.
Racionalidad, austeridad y disciplina son una característica permanente del quehacer gubernamental. Con la limitación de los recursos presupuestales, las dependencias y entidades enfatizarán la eficiencia y productividad para lograr la implantación de esquemas que permitan hacer más con menores recursos. Por ello, en necesario introducir un mayor ritmo a los programas de modernización, descentralización y simplificación, que a la vez propicien oportunidad y agilidad en la realización de las actividades públicas, impriman mayor transparencia y una atención más directa en la solución a los problemas, que aseguren mayores posibilidades en la consecución de las metas previstas.
En la Presupuestación y en el ejercicio, se continuará con los avances que tienden a la racionalización y simplificación del esquema normativo, lo que será posible con la nueva Ley de Adquisiciones y las modificaciones a las Leyes de Bienes Nacionales y de Obras Públicas y la expedición del reglamento de esta última, así como con la aplicación del acuerdo de descentralización de la Administración Pública Federal y el fortalecimiento de su instancia sectorial, mediante los programas de simplificación administrativa de las secretarías globalizadoras.
En 1985, la reforma estructural del gasto público cobrará mayor intensidad a fin de ampliar los márgenes que exige el gasto social y las inversiones públicas, mediante la modificación de las inercias y la reducción gradual de la rigidez presupuestal. El proyecto de presupuesto que se presenta a consideración de la H. Cámara de Diputados, es austero e implica la reducción del peso relativo del gasto programable, pero hace posible el cumplimiento de los objetivos de política económica sin detrimento de la clara orientación y contenido social que lo ha caracterizado desde 1983.
La exposición de motivos muestra los aspectos relevantes de la evolución del gasto público en 1984, la estrategia para 1985 y las características fundamentales del proceso de formulación del proyecto en el marco del Sistema Nacional de Planeación, así como la consolidación de las políticas en inversiones, adquisiciones, servicios personales y pago de la deuda pública.
Con la participación ciudadana, representada a esa H. Cámara de Diputados, el compromiso de la realización de los propósitos del proyecto nacional, hace posible la superación de los problemas y el avance decidido en el crecimiento económico, sostenido y con justicia social del país.
Evolución del gasto en 1984.
La política económica adoptada en los dos últimos años permitió avanzar sustancialmente en el ajuste macroeconómico requerido para la corrección de los desequilibrios más graves de la crisis. Se evitó la amenaza de una situación que pudo haberse convertido en explosiva, bajo un esquema hiperinflacionario. Los desequilibrios del sector externo de las finanzas públicas han sido aminorados; los resultados de la reordenación económica, en particular el abatimiento de la inflación, reflejan que se avanza con firmeza.
En el contexto de los objetivos básicos de la reordenación económica, el cierre esperado de las finanzas públicas para 1984 refleja que el déficit financiero del sector público se situará entre 6.5% y 6.7% del PIB. Ese nivel incluye la utilización de la reserva presupuestal para recuperación de la actividad económica autorizada por esa H. Cámara. Este resultado significará una corrección de casi 2 puntos en términos del PIB en relación a 1983 y de alrededor de 12 puntos respecto al nivel registrado en 1982.
En función de los propósitos del Presupuesto de Egresos de 1984, los datos preliminares de los primeros diez meses apuntan al cumplimiento, en términos generales, de las metas y compromisos ahí consignados. El gasto público ha desempeñado un papel fundamental en el comportamiento económico y, en particular en el resultado esperado de las finanzas públicas.
En el gasto público, fue posible reducir su ritmo de crecimiento a niveles acordes con la capacidad de asimilación de la actividad económica y acompasar su magnitud a un financiamiento no inflacionario, con un proceso de endeudamiento decreciente.
En 1984 los avances han sido firmes y en la dirección correcta; se consolida lo alcanzado en 1983 y se observan logros favorables en la recomposición de los rubros del gasto de dan validez a las normas y reglas que imprimen permanencia a la disciplina, austeridad y honradez en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, se reconoce que es necesario perservar en la disminución o eliminación en rubros de gasto no prioritarios
y en un ejercicio más eficiente de los recursos públicos.
En el presente año, los efectos del ajuste en el gasto público se vieron contrarrestados parcialmente por el pago adicional de intereses que fue necesario absorber en relación a lo presupuestado. Varios supuestos iniciales se hicieron más severos con objeto de propiciar el ajuste requerido; los relativos a las tasas de interés nacionales se vieron superados por el comportamiento al alza de las tasas en los mercados internacionales, por ello el costo financiero de la deuda se verá incrementado en 510 miles de millones de pesos, que deberán sufragarse con ingresos adicionales del Gobierno Federal y parte de la reserva para recuperación económica, a fin de mantener el propósito de abatimiento del déficit. Esta situación, sin embargo, también implicó dejar de atender rubros de gasto programable.
Al igual que el resto de la economía, el sector público ha venido ajustando su gasto a los recursos disponibles, y a actuado con oportunidad para enfrentar situaciones no previsibles, sin modificar las metas de saneamiento de las finanzas públicas.
SUPERÁVIT / PIB
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La restauración del proceso de ahorro continúa evolucionando en forma favorable; ello obedece a un ritmo más dinámico de crecimiento en los ingresos en relación al del gasto corriente y de operación. Se estima que para 1984, pese al pago adicional de intereses, el ahorro representará el 4% en relación al PIB, que se compara favorablemente con el 2.4% obtenido en 1983. En 1984, el ahorro del sector público ascenderá a más de un billón de pesos, superior al previsto inicialmente y más el doble de lo registrado en 1983.
La trascendencia de esta situación refleja las mayores posibilidades de financiamiento con recursos propios, de las inversiones públicas y la menor dependencia en el endeudamiento público para sufragar el sostenimiento
de la infraestructura básica del país y la expansión de la capacidad instalada en las empresas públicas.
En el Gobierno Federal, el superávit de las transacciones no financieras representará cerca de la mitad de los ingresos y será mayor en 10% el pago de intereses, situación que contrata favorablemente con la registrada en 1982, cuando no logró cubrir ni la mitad del pago de intereses.
Ello obedece a que el gasto directo se administración ha disminuido sustancialmente su participación en relación a los ingresos corrientes, de forma tal que del 34% observado en 1982, se situará en cerca del 26% en el presente año.
El superávit de operación del Sector Paraestatal, antes de transferencias gubernamentales, rebasará en cerca de 250 miles de millones de pesos del pago de intereses. En este resultado influye en forma determinante la evolución favorable de Petróleos Mexicanos por la racionalización de sus gastos y niveles de ingresos obtenidos, aun cuando se ha mantenido fijo el volumen de exportación y la cotización de los precios internacionales del crudo. El gasto de operación del Sector Paraestatal refleja efectos favorables en términos de productividad; para 1984 mostrará un aumento similar al promedio de la inflación esperada, pese a que el volumen producido o el incremento en los servicios prestados es mayor, en promedio, al de la actual actividad económica general.
Con base a las recomendaciones de la H. Cámara de Diputados, la reserva para la recuperación de la actividad económica fue asignada en el segundo semestre del presente año y se destinó primordialmente al abasto y comercialización de granos y productos básicos, así como a la producción y distribución de azúcar; la parte restante permitió atender el aumento del servicio de la deuda por el mayor costo, derivado del alza en las tasas de interés en los mercados internacionales, lo que a su vez propició el mantenimiento de mayores tasas internas en relación a las supuestas inicialmente. El costo financiero adicional ascendió a cerca de 510 miles de millones sobre los montos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, situándose el total en cerca de 3,370 miles de millones durante el presente año.
La reserva para el Programa de Empleo contribuyó en forma determinante a la atención de los problemas críticos en las zonas urbanas, principalmente en el D. F., al atenuar y evitar el crecimiento del desempleo abierto, al mismo tiempo que ha permitido realizar obras públicas de claro contenido social. Con cargo a esos recursos se están realizando diversos programas de desarrollo comunitario en áreas marginadas de las ciudades; de carácter productivo en el medio rural; los programas de servicio social de pasantes; el otorgamiento de becas para hijos de campesinos y obreros; diversas acciones en beneficio de la mujer; y un gran impulso en materia de vivienda.
En suma, el Gasto Programable del Sector Público ascenderá a cerca de 7,050.0 miles de millones con un aumento anual inferior al promedio de la inflación, disminuyendo su participación en relación al Producto Interno, por tercer año consecutivo, para situarse en torno al 24%. Los ingresos presupuestales observan un mayor dinamismo y aumentan en términos reales, por lo que se estima un déficit presupuestal de 1,300 miles de millones, equivalente al 4.5% del PIB y similar a la meta autorizada por la H. Cámara de Diputados. En el financiamiento de este déficit se ha cumplido escrupulosamente el compromiso de no utilizar emisión primaria para cubrirlo.
En el manejo presupuestal y financiero de las actividades públicas para la consecución de las metas globales, ha influido en forma determinante la autorización del Congreso de la Unión en lo relativo a las reservas presupuestales, tanto en la Reordenación Sectorial como la Recuperación de la Actividad Económica.
La asignación de estas reservas se efectuó, como fue informado en su oportunidad a esa representación popular, mediante adecuaciones trimestrales en el transcurso del ejercicio. La reserva para la reorientación sectorial por 175 miles de millones de pesos se distribuyó entre marzo y julio, de conformidad con los resultados de la evaluación a que se sometieron los requerimientos solicitados por las dependencias y entidades y en función a las recomendaciones efectuadas en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento.
Los sectores beneficiados con los recursos provenientes de las reservas presupuestales fueron fundamentalmente los de Educación, Salud, Comunicaciones y Transportes, Rural, Desarrollo Regional y Abasto, que en conjunto absorbieron el 75% de dichas reservas.
El criterio de mantener y fortalecer actividades que inciden de manera importante en los niveles de bienestar de la población, condujo a otorgar aumentos significativos en los subsidios para el consumo, en los casos de Conasupo, el Sector Eléctrico, las empresas del Sector Transporte y Azúcar, completando así las medidas adoptadas en materia de precios y tarifas. También se elevarán sustancialmente los subsidios para Ruta 100, STC (Metro) e ISSSTE.
Debe reconocerse que esto, asociado a la rigidez e inercia de algunos rubros que han sido señalados, ha contribuido a limitar las posibilidades de inversión presupuestal, la cual se mantendrá en términos reales al nivel alcanzado en 1983.
En materia de sueldos, el paquete salarial del Gobierno Federal representará un costo similar al previsto. Sin embargo, la superación de los rezagos acumulados en las bajas remuneraciones de los trabajadores del Estado,
particularmente en segmentos críticos como seguridad nacional, docencia, procuración de justicia y salud, requirió destinar recursos provenientes de las reservas presupuestales para tal fin, aumentando en forma significativa el pago de la nómina y condicionando el gasto del año siguiente. En 1984 no se dio un incremento en plazas superior al necesario en educación, seguridad nacional y salud.
Las reservas presupuestales aprobadas por la H. Cámara de Diputados y los recursos del Programa de Empleo permitieron imprimir cierto grado de flexibilidad al manejo presupuestal y atender, con oportunidad, actividades públicas de claro contenido social y de apoyo a la planta productiva. La asimilación del mayor costo del servicio de la deuda se efectuó sin detrimento grave de la prestación de los servicios públicos y de la producción de bienes y servicios estratégicos.
Manteniendo la proporción del déficit autorizado por el Congreso, la flexibilidad en el ejercicio presupuestal y la política de precios y tarifas adoptada, permitieron que el costo financiero adicional no afectara significativamente el gasto público productivo y, se eludieron repercusiones nocivas en la recuperación económica, que ya presenta indicios favorables en algunos sectores. Asimismo, con el uso de las reservas se ha avanzado en forma selectiva en la reestructuración del gasto. Con la reasignación presupuestal se ha mantenido la participación de los sectores prioritarios en la orientación contenida en el Proyecto de Egresos aprobado; se redujo la proporción de los otros sectores, aunque en energéticos, por la gravedad de los problemas de la deuda que enfrenta el Sector Eléctrico, hubo necesidad de aumentar sustancialmente los apoyos federales.
En suma, durante 1984 el presupuesto y el ejercicio del gasto público ha permitido apoyar lo alcanzado y avanzar gradualmente, en su recomposición. La disciplina y honestidad en materia presupuestal y la transparencia de la gestión pública siguen constituyendo reglas permanentes de la actual administración.
GASTO PROGRAMABLE / PIB.
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Política de gasto 1985.
Los cuatro propósitos centrales de la política económica para 1985, de preservar en el combate a la inflación, continuar el saneamiento financiero del sector público, apoyar la recuperación iniciada y propiciar que ésta se empiece a reflejar en mejores niveles de vida de la población determinan la estrategia contenida en el Proyecto de Presupuesto. A ellos concurre también, la imposibilidad de elevar los ingresos como proporción del PIB y la alta participación del gasto ya comprometido en varios sectores.
Como se señala en el documento de Criterios de Política Económica, en 1985 el combate a la inflación continuará siendo prioridad central, pero esta lucha ha de evitar ahogar la recuperación que se observa este año. Tampoco se busca forzar el crecimiento
de la economía a un ritmo que ponga en riesgo lo ya alcanzado. En este contexto se ubica la política de gasto para 1985.
Para el año próximo, el gasto ya comprometido continúa limitando el margen de maniobra de la inversión pública. Estas erogaciones, constituidas por los intereses y gastos de la deuda, las participaciones, las adefas y amortizaciones, que para 1984 representan cerca de 47% del total, se pretenden limitarlas cuando menos al 44% del Presupuesto de Egresos. Se busca también mantener la participación del gasto ejercido pendiente de pago al finalizar el ejercicio, en términos del PIB.
Aún con el aumento de las participaciones a Estados y municipios a tasas similares a las de la actividad económica para 1985, el gasto comprometido registrará una disminución que obedece al menor pago de amortizaciones por el mejoramiento del perfil de la deuda, como resultado de la reestructuración con el exterior.
La magnitud del esfuerzo que supone el abatimiento del déficit adquiere mayor significación si se considera que la política de ingresos se centrará en evitar que éstos reduzcan su participación en el PIB en más de medio punto porcentual. En consecuencia el ajuste habrá de efectuarse en el gasto programable y la reforma estructural para lograr mantener la inversión pública.
La reestructuración del gasto busca lograr el acomodo de un nivel de inversión pública que coadyuve a la recuperación económica y mantener el gasto social. Para ello es necesario continuar la contención del gasto corriente y de las transferencias gubernamentales. Estas últimas, han observado un dinamismo que tiende a cobrar intensidad, por lo que se exigirá un mayor esfuerzo a las entidades desconcentradas y a las empresas públicas a fin de propiciar una menor dependencia del Gobierno Federal.
Los esfuerzos adquieren una mayor relevancia, dado que el pago de servicios personales, las adquisiciones y los servicios generales del sector central se han situado al mínimo indispensable, como resultado de la estrategia de austeridad. Por su parte, el gasto de operación del sector paraestatal, ante la limitación de recursos financieros, debe caracterizarse por una mayor eficiencia y productividad en la adquisición de insumos para la producción de bienes y servicios estratégicos.
En la reorientación de las adquisiciones del sector público hacia el mercado interno, influye una programación más eficiente, derivada de una mayor transparencia y corresponsabilidad de la normatividad en la materia, y al mismo tiempo, de la formulación de los programas de adquisiciones de las dependencias y entidades públicas, tanto para 1984, como el de mediano plazo que abarca hasta 1988.
La reforma estructural del gasto además del esfuerzo por mejorar la composición del mismo, incluye también la simplificación de los procesos y normas para su asignación y ejercicio, la reestructuración financiera y de productividad de la empresa pública; la cancelación de actividades que no correspondan a prioridades contempladas en las líneas de acción básica de los programas de mediano plazo; el redimensionamiento de la actividad pública al interior de cada sector, dependencia y entidad; y la programación del gasto a mediano plazo.
En el Proyecto de Presupuesto los lineamientos fundamentales son los siguientes:
- En la orientación sectorial del gasto se enfatizan las asignaciones al gasto social, educación y salud, así como a comunicaciones y transportes, en el contexto de la descentralización de la vida nacional.
- La inclusión de nuevos programas con base a la liberación de gasto comprometido, a través de la cancelación de proyectos no prioritarios o la eliminación de erogaciones que no corresponden a la racionalidad y austeridad que deben prevalecer, en forma permanente, en la gestión pública.
- Las asignaciones para 1985 no contemplan programas, proyectos o actividades para los cuales no se tenga, desde el inicio, el respaldo presupuestal correspondiente o en los cuales los requerimientos mínimos para su realización no aseguren el cumplimiento de la meta prevista.
- Las transferencias de capital que se otorguen, en forma de recursos frescos o mediante asunciones de pasivo, estarán condicionadas a programas de saneamiento financiero, de eficiencia y de productividad de las empresas públicas, en un horizonte de mediano plazo y se limitarán a entidades estratégicas o aquellas cuya permanencia esté vinculada estrechamente a la rectoría del Estado en la economía.
- La concentración de esfuerzos tiende a un proceso de liberación de recursos comprometidos con base a metas de productividad y eficiencia que se fijen para cada dependencia y entidad de la administración pública. Ello propiciará nuevos espacios para el programa de inversión de los programas prioritarios sin rebasar los topes globales presupuestales.
- Se buscará avanzar en la transparencia de los subsidios para la operación del sector paraestatal, delimitando los costos incurridos para la producción o prestación de los bienes y servicios, a fin de lograr incrementos en costos menos que proporcionales a los aumentos de la producción.
- El gasto directo de la administración pública central continuará siendo uno de los renglones que observen menor dinamismo, sin demérito del mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores del Estado.
En relación a 1984, el Proyecto de Presupuesto que ahora se presenta, no contempla reservas presupuestales para modificar el gasto
programable. Desde el inicio se pretende que los presupuestos de las dependencias y entidades sean formulados con apego a las asignaciones que se presentan y en función de las posibilidades de un financiamiento sano. La previsión para contingencias externas no modificará el gasto programable. Es por tanto, un presupuesto austero pero factible y con programación viable y oportuno.
En la formulación de este Proyecto de Presupuesto se optó por reconocer a las dependencias y entidades aquellas erogaciones de carácter ineludible, a fin de evitar, posteriormente, presiones insoslayables en el transcurso del ejercicio. En consecuencia, no se han programado reservas presupuestales, con el propósito de que las entidades conozcan desde el inicio los recursos con que cuentan a lo largo del año y así, los escasos recursos puedan ser programados con más oportunidad.
El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 asciende a 18 390.0 miles de millones de pesos, con un crecimiento del 38.3% en relación al gasto esperado para 1984.
El Programa de Inversiones en Presupuesto ascenderá a 2 684.9 miles de millones de pesos, lo que implicará un aumento anual de 54% y un crecimiento real en torno al 3%, estos últimos son mayores al promedio del gasto en su conjunto. Sin embargo, incorporando a ese nivel la inversión de las entidades público de control indirecto, el aumento de la inversión pública será ligeramente mayor al nivel real de 1984.
El gasto comprometido representará el 44% del gasto bruto presupuestal, participación inferior al 47.1% que se espera en el año de 1984. La proporción de los intereses disminuirá ligeramente y su montó se situará en 4 241.0 miles de millones de pesos; las participaciones y estímulos fiscales por 1 290.0 miles de millones de pesos elevarán su proporción en el gasto total. Finalmente, las amortizaciones y el pago de Adefas, serán de 2,070 y 550 miles de millones de pesos, respectivamente.
El gasto comprometido por servicios personales, adquisiciones corrientes del Gobierno Federal, compra de insumos para la operación del sector paraestatal y los servicios generales asociados a las transferencias, significan destinar el 43.2% del gasto bruto para estos fines.
En suma, las gastos comprometidos implican que el programa de inversión pública con base a los nuevos espacios obtenidos mediante la recomposición inicial de las asignaciones, hagan posible destinar a ella el 12.8% del Presupuesto de Egresos, lo que compara favorablemente con el 11.7% que se espera alcanzar en 1984.
Las erogaciones por servicios personales crecerán moderadamente, por el complemento a la anualidad de las medidas adoptadas en el transcurso de 1984 y por la adopción del paquete salarial de 1985 y de las revisiones contractuales de las entidades públicas que se rigen en el apartado "B". La estrategia salarial del Gobierno Federal, se orienta fundamentalmente a preservar el poder adquisitivo real de los trabajadores al servicio del Estado, beneficiando en mayor medida a aquellos con menores ingresos.
La creación de plazas será seriamente limitada para 1985. Se busca principalmente la reubicación del personal hacia las áreas sustantivas o de carácter productivo en las empresas públicas. Sólo se contempla la creación de las necesarias que demande el incremento de las prestaciones en los servicios educativos, seguridad nacional y de salud.
En las transferencias gubernamentales, los aumentos provienen del apoyo para las entidades de los sectores educativo, salud, agropecuario y comunicaciones y transportes, así como del sector paraestatal industrial; en conjunto, las transferencias crecerán en un 51.0% y absorberán en su conjunto cerca del 15.6% del presupuesto, excluyendo los apoyos para el pago de la deuda de las entidades públicas. Por entidades, la mayor parte se destinará a Conasupo y sus filiales, al sector eléctrico, a la banca agropecuaria y a las universidades e institutos de educación superior. Solamente para estos últimos, se requerirán cerca de 85 miles de millones adicionales para sufragar las revisiones contractuales del próximo año.
El gasto de operación del sector paraestatal crecerá a un ritmo ligeramente superior al del gasto programable, debido a que los volúmenes de producción de bienes estratégicos y de prestación de servicios, serán mayores que el aumento de la actividad económica en promedio.
El programa de empleo se orientará ahora a la generación con carácter permanente y la asignación de los recursos por programas será más selectivo y atenderá los estados con problemas de empleo, pues en otros ya se observa escasez de mano de obra, calificada y no calificada. La asignación asciende a 100.0 miles de millones de pesos, en comparación a los 150.0 miles de millones de 1984, lo que obedece a que en las dependencias con recursos transferibles de este programa en 1984, les fue reconocida en 1985 su normalización dentro de sus presupuestos para continuar con las acciones emprendidas.
En 1985, se iniciará el proceso gradual e integral de saneamiento de las empresas públicas en un horizonte de mediano plazo. Será necesario profundizar en el redimensionamiento de las actividades y en la amplitud de su cobertura en el sector paraestatal. Las empresas públicas como instrumento fundamental de la rectoría del Estado en materia económica, deben cumplir en todos sus ámbitos con la gestión para la cual fueron creadas, particularmente en las catalogadas como estratégicas para la Nación o prioritarias para el desarrollo económico y social.
Asimismo, las transferencias y aportaciones de capital a las empresas públicas con recursos frescos o mediante la asunción de pasivos,
se sujetará a la adopción de programas integrales de saneamiento, con metas explícitas de disciplina presupuestal, de productividad, de mejoramiento de sus procesos operativos y en general, de modernización que serán evaluados periódicamente por la Comisión Intersecretarial de Gasto de Financiamiento.
Ante las limitaciones en los recursos presupuestales, el costo financiero que derive de las asunciones de pasivos será reducido de los topes de endeudamiento asignados a las entidades paraestatales, por lo que no implicará liberación de recursos para un mayor gasto. Por tal motivo, se crea un Ramo para estos fines, con el objeto de transparentar las acciones gubernamentales y al mismo tiempo, formalizar los compromisos y responsabilidades de las empresas avaladas por su Coordinador de Sector.
Al ejercicio del gasto público se le imprimirá una mayor agilidad a través del Programa de Simplificación Administrativa, el cual se describe en el apartado correspondiente, que entre sus acciones relevantes contempla compromisos para una autorización más oportuna de recursos mediante la descentralización de funciones a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Lo anterior, asociado a los cambios introducidos por el proyecto de la nueva Ley de Adquisiciones, las modificaciones a la Ley de Bienes Nacionales en lo relativo a Bienes Muebles, a la próxima expedición del reglamento de la Ley de Obras Públicas, con un alto contenido de simplificación, harán posible una mayor transparencia y oportunidad en el ejercicio del gasto público.
En este Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se atienden las recomendaciones que tuvo a bien efectuar la LII Legislatura de la H. Cámara de Diputados. Esas propuestas han permitido enriquecer la presentación y contenido del Proyecto de Presupuesto y seguramente favorecerán el análisis y evaluación que corresponde realizar al Poder Legislativo.
En resumen, la estrategia presupuestal se inserta en el apoyo a la recuperación, combate a la inflación, en el saneamiento de las finanzas públicas, particularmente de las empresas públicas, en un mayor énfasis a los aspectos regionales del desarrollo y de la descentralización de la vida nacional. En el ejercicio seguirá prevaleciendo la disciplina, la eficiencia y productividad dado que los recursos disponibles para el sector público, tanto internos como externos, son limitados y si bien la reestructuración de la deuda ha permitido eliminar las presiones de los vencimientos del capital, al gasto financiero para el pago de intereses continúa siendo elevado.
A diferencia de 1983 y 1984 en que se efectuó el ajuste global en términos reales, para 1985 la reordenación en materia de gasto público será selectiva y mediante concreciones en los aspectos específicos de sus componentes. Los superávit de las transacciones no financieras del sector público, como se muestra en la gráfica de la página 8, han alcanzado niveles sin precedentes lo que constituye un hecho inusitado en las finanzas públicas del país. Los actuales márgenes del presupuesto son limitados por lo que su realización de las actividades públicas precisan de una mayor eficiencia y en el caso de las entidades desconcentradas y paraestatales, de un mayor esfuerzo en el autofinanciamiento. Se enfrenta la necesidad de hacer más con menos recursos, por lo que será necesario realizar esfuerzos al interior de los sectores y entidades para eliminar gastos y proyectos no esenciales o de baja prioridad relativa y al mismo tiempo, desarrollar acciones que tiendan a buscar una mayor coparticipación de las mismas en la realización de programas de carácter regional. Los niveles presupuestales son limitados, pero el cumplimiento de metas y propósitos es factible con los recursos disponibles.
Inserción del Proyecto de Presupuesto para 1985 en el Proceso de planeación.
La actual Administración, en cumplimiento del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, ha emprendido la tarea de establecer y consolidar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, con la finalidad de orientar el rumbo de la economía, ordenar los esfuerzos de la Administración Pública Federal y promover la participación de la sociedad y los diferentes niveles de Gobierno, en las tareas del desarrollo para imprimirle a éste mayor solidez, permanencia y equidad.
Dentro de este proceso se ha concluido la etapa de formulación, al darse a conocer el Plan Nacional de Desarrollo a mediados de 1983 y, posteriormente, los Programas Nacionales y Regionales. Particular importancia reviste ahora la etapa de instrumentación, en la cual se vinculan la programación de mediano plazo con la de corto plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo define la estrategia general, los objetivos, las prioridades y las orientaciones básicas de las políticas de desarrollo, en un horizonte de mediano plazo. Los Programas Nacionales desagregan los propósitos señalados en el Plan, definiendo para cada tema estratégico, objetivos, metas y líneas de acción prioritarias. Los programas operativos anualizan los planteamientos de los Programas Nacionales jerarquizando acciones, buscando compatibilizar la política coyuntural con las necesidades de transformación y cambio estructural a más largo plazo. En consecuencia, la programación anual se convierte en el vínculo fundamental entre el mediano plazo y los instrumentos de carácter anual.
Con base en la compatibilización de los programas operativos anuales propuestos por los sectores administrativos, en los criterios
generales para el manejo de la política económica y social, y en los señalamientos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, se definieron los niveles de gasto y lineamientos programáticos que dieron origen al Proyecto de Presupuesto de Egresos.
De esta manera, las prioridades estratégicas del Plan y los Programas Nacionales de Mediano Plazo se vinculan y reflejan en el Proyecto de Presupuesto, en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Planeación en su monto total, crecimiento, composición por tipo de gasto y sector administrativo.
Del proceso de Planeación planteado, se desprende el Proyecto de Presupuesto para 1985, con las siguientes características:
- Considera a la Planeación como un proceso integral que articula a sus diferentes etapas, desde la formulación de planes y programas, la programación - presupuestación anual, hasta la evaluación de resultados.
- Desarrolla y consolida la aplicación de la programación presupuestación anual, a partir de los programas de mediano plazo.
- Propicia una mayor vinculación entre las prioridades señaladas en el Plan y en los programas de mediano plazo, con las decisiones de gasto planteadas en el Proyecto de Presupuesto.
- Define con precisión compromisos y responsabilidades, posibilitando el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas.
En este año, se lograron avances significativos en cuanto al desarrollo de los instrumentos de la programación operativa, consolidando su incorporación en el proceso de Planeación. Como resultado, se enriqueció la programación administrativa de las dependencias y entidades con mejores elementos de juicio para definir sus acciones y calcular sus recursos, en el marco de las líneas prioritarias y de acción y metas de resultado.
Con base en el presupuesto que apruebe la H. Cámara de Diputados, los sectores administrativos y entidades de la Administración Pública Federal, definirán sus programas de trabajo para 1985, precisando las acciones de cumplimiento obligatorio de acuerdo a los recursos autorizados. La formulación de estos programas permitirá determinar, además, aquellas actividades de concertación con los sectores privado y social, y de coordinación con los gobiernos de los estados, que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Orientación Sectorial del gasto.
Para 1985, el Proyecto de Presupuesto de Egresos en su Orientación Sectorial, busca mantener el mayor peso relativo del gasto de carácter Social, de Desarrollo Rural y de Infraestructura. Las acciones previstas en el ámbito sectorial posibilitarán la consolidación de los logros alcanzados en la reordenación y fundamentalmente, la reorientación hacia las líneas estratégicas del cambio estructural. La finalidad será la realización de acciones concretas y de reorientación al interior de las dependencias y entidades, para continuar instaurando las bases de un desarrollo más justo y equitativo en el marco de la disciplina, racionalización y austeridad, características permanentes de la gestión pública.
Se actuará en la racionalización del gasto directo de administración y del de operación del Sector Paraestatal, elevando la productividad en el uso de los recursos, con más énfasis en el Programa de Inversión, especialmente en los programas y proyectos vinculados al cambio estructural. Ello significa que en la orientación sectorial del gasto público, se busque una estricta selección de programas y proyectos en función de los objetivos delineados en los programas de mediano plazo.
En consecuencia, será necesario reforzar los procesos de descentralización y de regionalización del gasto de los sectores, buscando al igual que en años precedentes, apoyar programas con mayor impacto en la generación de empleo.
Con esas orientaciones se asignan los recursos y se delimita el sustento sectorial de los Egresos de la Federación, con lo cual se avanza en la instrumentación anual de los Programas Nacionales.
En materia de educación, se dará prioridad a elevar la calidad de la docencia con la formación integral de los maestros, ampliándose el acceso de más mexicanos a los servicios educativos. También se busca elevar la atención de las necesidades en las zonas y grupos más desfavorecidos.
A fin de vincular la educación, la investigación científica y la tecnología con los requerimientos del desarrollo nacional, se reorientan los planes y programas de estudios a formar técnicos para el trabajo productivo y se otorga mayor énfasis a la descentralización de la educación, la cultura y la investigación.
En la salud y seguridad social, la prioridad será la prevención y control de enfermedades y accidentes, la consolidación del Sistema Nacional y las acciones orientadas a la planificación familiar y la educación para la salud, así como la formación y desarrollo de recursos humanos.
De acuerdo a los lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo de la Vivienda, las acciones en la materia se orientarán fundamentalmente, a la atención de la demanda de la población con menores recursos; a la coordinación de las acciones federales y estatales, estimulando aquellas orientadas a la construcción con opción a compra. Asimismo, serán promovidos los programas de autoconstrucción individual y comunitaria con apoyos financieros y asistencia técnica, y se buscará la consolidación del Sistema de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano.
En materia ecológica, se fortalecerán los mecanismos para el control de las fuentes contaminantes domésticas, industriales y vehiculares de las cuentas hidrológicas; se rehabilitarán y operarán los mecanismos de control en la contaminación de agua. Continuarán las operaciones de redes de monitoreo atmosférico, en las áreas urbanas declaradas prioritarias por sus niveles de contaminación.
En desarrollo rural prevalecerá el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población campesina mediante incrementos en la producción y productividad agropecuaria y el fomento a la organización de productores. Las principales acciones estarán dirigidas a apoyar los cultivos básicos, fundamentalmente en las áreas de temporal, con objeto de fortalecer la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol, trigo y arroz. Esta estrategia considera esencial el fortalecimiento de la capacidad de generación de empleo e ingreso en el campo. Las acciones prioritarias de la Reforma Agraria, darán énfasis al reparto agrario y a la regularización de la tenencia de la tierra. En reparto agrario, la prioridad está constituida por la ejecución de resoluciones presidenciales y la continuación en la entrega física y formal de tierra a campesinos con derechos a salvo.
En pesca, predominará la diversificación e incremento de la captura, la promoción de la acuacultura, la conservación de los recursos pesqueros, el establecimiento en forma gradual de la infraestructura de una red de frío y del mejoramiento en los sistemas de distribución.
En el abasto y comercialización, en concordancia con el Programa Nacional de Alimentación y el Sistema Nacional para el Abasto, se regularán los mercados de productos básicos para garantizar su oferta, proteger los niveles nutricionales, reforzar la inspección y vigilancia de los precios y la calidad, así como orientar y proteger al consumidor. Destaca la política de reorientación de la acción de Conasupo para fortalecer su papel regulador operativo, de manera tal que le permite asegurar directamente las reservas reguladoras de la oferta y de los precios; responsabilizar a las industrias privadas de alimentos del flujo de sus materias primas, mediante sistemas de acopio y abasto participativo convenidos y supervisados por el Estado; y promover la racionalización de los subsidios, cuya magnitud y tendencia hacen imperiosa la adopción de medidas para su selectividad y transparencia. Se pretende que los subsidios realmente beneficien al consumidor de más bajos ingresos y al mismo tiempo, no sean meros generadores de utilidades excesivas en la comercialización de los productos básicos.
En Comunicaciones, el lanzamiento de los satélites del Sistema Morelos, apoyará el propósito de modernización y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones, y continuará el apoyo para la modernización de los servicios telefónico, postal y telegráfico. Asimismo, en transportes será fortalecida la conformación del sistema de enlaces directos, con una participación creciente del ferrocarril. Se impulsará la construcción de ejes carreteros transversales y caminos regionales.
A fin de promover y apoyar el desarrollo urbano, se expedirán declaraciones de reservas, programas parciales de crecimiento y de mejoramiento que incluyan las declaratorias de usos y destinos.
Para coadyuvar a la elevación de los niveles de vida y bienestar de la población, serán elaborados y actualizados los estudios y proyectos para construcción y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. En materia de desarrollo industrial, energético y minero, será fortalecida la oferta de bienes de consumo básico y estratégico, apoyando la producción de aquellos que permitan sustituir importaciones en forma selectiva, o constituyan insumos estratégicos de amplia difusión.
Se avanzará en la consolidación de las industrias generadoras, tanto de bienes de capital, como de materiales, partes y componentes para su producción. Con el propósito de asegurar el abastecimiento de minerales a la industria de transformación, se intensificará la exploración de minerales preciosos, siderúrgicos no metálicos y asociados; también será incrementada la capacidad y la producción en fertilizantes y siderurgia. En energéticos, las acciones se centrarán en impulsar su ahorro y de acuerdo a las condiciones del mercado, se ajustará la plataforma de explotación; además, es preciso abatir la quema de gas e impulsar la recuperación secundaria. En electricidad, se promoverá la diversificación, impulsando la disponibilidad de centrales hidroeléctricas y asegurando el suministro, cuya demanda ya refleja los efectos de la recuperación económica.
Para 1985, el gasto programable ascenderá a 10,238.3 miles de millones de pesos con un incremento de casi el 45.6% sobre el nivel esperado para el año anterior. Destaca la prioridad al gasto social, que aumentará su participación en tres puntos al representar el 25% del gasto sectorial. Las asignaciones para desarrollo rural y pesca mantienen su participación al igual que comunicaciones y transportes.
De conformidad con las recomendaciones de la H. Cámara, el Presupuesto de Egresos incorpora a Azúcar, S. A., dentro de las empresas bajo control. Las prioridades consignadas en este proyecto, con mayores aumentos en relación a 1984, serán: Desarrollo Rural, Pesca, Educación, Salud y Seguridad Social, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Regional, con tasas superiores al promedio.
En el caso del abasto, se conjuntan diversas políticas para apoyar la disminución de la asignación a Conasupo, sin afectar su capacidad para apoyar la racionalización del proceso de producción - distribución - comercialización de los básicos, así como para
regular y abastecer las mercados, a fin de garantizar los consumos básicos.
Al efecto, se reorienta el papel de Conasupo para restituirle su tradicional función eminentemente reguladora de la oferta y de los precios, a fin de garantizar los consumos básicos y hacer selectivas su participación en el acopio/abasto de materias primas destinadas a la industria privada de alimentos, mediante convenios que responsabilicen a estos últimos de su captación y manejo, apoyados en esquemas de financiamiento y de aprovechamiento integral de la capacidad de almacenamiento y transporte, que hagan factible su cumplimiento.
Paralelamente, se emprenden acciones para la racionalización y abatimiento de los subsidios que no sean esenciales, a fin de que su otorgamiento, por conducto del organismo, sea selectivo, transparente, temporal y con un claro contenido social.
Asimismo, se apoya el saneamiento de las finanzas del organismo, mediante la absorción paulatina de sus pasivos, asociada a medidas para incrementar la eficiencia operativa y administrativa.
En resumen, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, confirma la orientación sectorial iniciada en 1983 y otorga la mayor prioridad a las asignaciones relacionadas con el bienestar de la población y de las obras de infraestructura básica estrechamente vinculada a la creación de empleos.
RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO.
GASTO PROGRAMABLE.
(Miles de millones de pesos).
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PARTICIPACIÓN %.
Sector 1984 Esperado 1985 Proyecto
Desarrollo Rural 8.7 9.2
Desarrollo Regional y Ecología 4.6 5.3
Pesca 2.0 2.1
Desarrollo Social Educación Salud y Seguridad 12.0 14.0
Social 9.6 10.6
Comunicaciones y Transportes 8.9 9.2
Abasto 9.9 6.6
Turismo 0.3 0.2
Energéticos 24.3 23.1
Industrial 12.5 12.4
Administración 7.2 7.3
Total 100.0 100.0
Sector desarrollo social.
El sector desarrollo social comprende los aspectos de educación, salud y seguridad social y laboral. A través de dicho sector se realizan acciones prioritarias para mejorar el bienestar social y elevar el nivel de vida de la población.
Para coadyuvar a la realización de estas acciones durante 1985, se propone una asignación presupuestal al Sector Desarrollo Social de 2 520 miles de millones de pesos superior en 65.5% respecto al año anterior, de los cuales el 45% se destinarán a los programas de Educación; 43% para Salud y Seguridad Social; el resto para el sector laboral y el paquete de incremento salarial del sector para 1985.
Educación.
Dentro de la estrategia de cambio estructural, la educación cumple una función de primer
orden; el futuro del país está asociado al destino que ella tome. De esta manera, se considera que el progreso de la Nación, así como los esfuerzos por afianzar la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia deben enmarcarse en una política educativa revolucionaria.
La Revolución Educativa deberá erradicar los desequilibrios, las ineficiencias y deficiencias que se han generado a través de nuestra evolución. Sólo así podrá se podrá elevar y preservar un alto nivel de calidad de la enseñanza y ampliar el acceso a la educación a todos los estratos y grupos sociales.
Con la Revolución Educativa , se propone contribuir al cumplimiento de los tres propósitos fundamentales que el Plan Nacional de Desarrollo le otorga: Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y recreación: y, mejorar la prestación de los servicios de estas áreas.
Un imperativo es elevar la calidad de la educación sin dejar de responder al incremento de la demanda.
El sector educativo no debe quedar al margen de criterios de eficacia y esmero en el uso de los recursos. Por ello será necesario realizar un esfuerzo sistemático para lograr un aprovechamiento más eficiente y racional de éstos.
Hasta ahora las acciones más eficaces, en cuanto a cobertura de la educación primaria, han sido orientadas al medio urbano; sin embargo, persisten deficiencias importantes en las zonas rurales, indígenas y urbano marginales.
Se avanzará en la consecución de un mínimo de educación básica de diez grados para toda la población, lo que significará mantener la capacidad de cobertura total en primaria y ampliarla significativamente en preescolar y secundaria.
Hasta ahora el sistema educativo no ha tenido la suficiente flexibilidad para responder oportuna y adecuadamente a las cambiantes necesidades de la sociedad y del sistema productivo. Al reconocer este desequilibrio, resulta impostergable orientar su desarrollo de tal forma que, sin transgredir las vocaciones individuales, se formen recursos humanos que puedan ser incorporados productivamente en las tareas sociales, y se genere con mayor intensidad conocimiento científico y técnico aplicable a la realidad socioeconómica.
La Revolución Educativa se propone descentralizar la educación, la investigación y la cultura de tal manera que éstas se beneficien de la capacidad de atención de las autoridades estatales y municipales, e incluso de la propia comunidad. La descentralización se constituirá en un proceso permanente.
Durante 1985 las acciones de educación, cultura, recreación y deporte se orientarán por los objetivos y lineamientos señalados. Así entre las principales acciones y metas que se emprenderán destacan:
La comunicación de acciones y programas que ayuden a elevar la calidad de la enseñanza que se ofrece a los futuros maestros de la educación básica.
La atención especial que se dará a la formación, actualización y superación académica y pedagógica de los docentes de la educación media superior y superior.
La instrumentación de un vigoroso programa de formación de profesores para la educación superior. En la educación tecnológica de nivel medio superior se propiciará que por lo menos el 30% de los maestros que imparten materias académicas tengan el grado de licenciatura.
Asimismo, se pondrá en marcha un proyecto de congruencia y coherencia de los planes y programas de la educación básica, que propicie el desarrollo de procesos intelectuales, efectivos y sociales en el adecuado, y que se incorporen contenidos que correspondan a las características y particulares de cada entidad federativa.
Se dará atención prioritaria a los zonas y grupos desfavorecidos. Por ello, se ampliarán y mejorarán la calidad de los servicios educativos que proporciona el sector. Para abatir el rezago educativo se propone alfabetizar a 819 mil adultos y proporcionar educación primaria y secundaria a 1.5 millones de adultos.
La educación rural recuperará su alta prioridad social. Para mejorar la eficacia y calidad de los servicios se rediseñaran los planes y programas, se desarrollarán apoyos didácticos y se llevarán a cabo acciones preventivas de la reprobación y la deserción.
Se propone mejorar la calidad de la educación bilingüe y bicultural. Para ello se revisarán y actualizarán los planes y programas de estudio, se elaborarán y distribuirán materiales didácticos y se promoverán los servicios de extensión educativa y de capacitación a las comunidades.
Se continuará el programa de becas para apoyar el acceso de los grupos menos favorecidos a los distintos niveles educativos. Durante 1985 se otorgarán 87500 becas.
En educación primaria se conservará la capacidad del sistema educativo nacional para proporcionar este servicio a todos los que la soliciten.
El mayor impulso de expansión se dará en la educación preescolar y secundaria. En el nivel preescolar se dará atención preferente a los niños de cinco años en zonas aún no favorecidas por el servicio. En secundaria se impulsará el desarrollo de las técnicas en zonas marginadas.
En 1985, el Gobierno Federal atenderá en educación preescolar a 1.7 millones de niños; en educación primaria a 11 millones de alumnos; y en las diferentes modalidades de la educación secundaria general, para trabajadores, técnica y telesecundaria se atenderá a
4.4 millones de alumnos, de los cuales 196 mil son de telesecundaria estatal.
En la educación media superior se dará énfasis a la educación terminal, para tal efecto la federación atenderá en esta modalidad a 252 mil alumnos. En las modalidades bivalente y propedéutica se atenderán a 685 mil alumnos.
En la educación superior - universitaria y tecnológica - y en los estudios de posgrado se atenderá a 1.0 millones de alumnos - y a través del sistema tecnológico se ofrecerán servicios de capacitación para el trabajo a un millón de personas.
Durante 1985 se descentralizarán los servicios federales de educación básica y normal con las 14 entidades federativas que así lo convinieron con el Gobierno Federal.
En cultura se procurará ampliar la participación democrática de los individuos, de los grupos de las comunidades en el conocimiento, la creación y aprecio de nuestra cultura. Se desarrolla y opera el sistema nacional de bibliotecas públicas. Para apoyar estas acciones durante 1985 se editarán 457 títulos, especialmente para niños y jóvenes, con un tiraje de 91.7 millones de libros, incluyendo el de texto gratuito.
Se continuará impulsando el deporte en los sectores campesino, obrero y popular.
Para conmemorar el Año Internacional de la Juventud que organiza la Organización de las Naciones Unidas, se realizarán foros nacionales sobre problemas juveniles y se ampliarán y mejorarán los servicios recreativos , deportivos, culturales y de orientación destinados a los jóvenes mexicanos.
Durante 1985 se prevé la construcción de 46153 espacios educativos que comprenden aulas, laboratorios, talleres y anexos principalmente para niveles de preescolar, secundaria técnica, educación media superior, educación media superior técnica y terminal, y para la educación superior y superior técnica.
La asignación presupuestal del Subsector Educación y Cultura, para 1985 asciende a 1.4 billones, 68% superior al modificado estimado de 1984.
De esta asignación 61% corresponde a gasto directo de la Secretaría de Educación Pública y 39% a transferencias para las diferentes entidades y programas coordinados por esta Dependencia, registrándose cerca de 90% para gasto corriente y el resto para inversión.
La asignación de recursos para programas corresponde a las líneas de política educativa, plasmada en el Programa Nacional de Educación y en el Programa Operativo Anual, todo ello, a la luz de los lineamientos generales y de política de gasto para 1985. Los recursos asignados a la educación básica alcanzan el 44% del total.
El programa de atención para la población rural e indígena, alcanza un monto para 1985 de 50 miles de millones. Con el fin de alcanzar la meta de reducir el analfabetismo al 4% en 1988, y ofrecer alternativas de educación a los adultos, se destinan 35 miles de millones.
La educación media superior y superior universitaria y tecnológica, queda atendida con un monto de 163 miles de millones.
Para la formación de recursos humanos a nivel de postgrado y de fomento a la investigación y desarrollo tecnológico, se destinarán 294 miles de millones.
Para la formación superior y actualización del magisterio, se aseguran recursos para una cantidad de 15 miles de millones.
Finalmente, para ampliar y mejorar la planta física educativa con el fin de estar en posibilidades de atender el crecimiento de la demanda educativa el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y otros organismos contarán con recursos por un monto de 92 miles de millones.
Salud y seguridad social
En congruencia con los propósitos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que señalan como programas sociales prioritarios los relativos a la salud, asistencia y seguridad social y acorde con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal de superar las grandes carencias y desigualdades que aún persisten, fue expedida la Ley General de Salud, que define las bases y modalidades para el acceso a los servicios, así como la naturaleza y mecanismo del Sistema Nacional de Salud.
En este contexto, el Subsector llevó a cabo la integración del Programa Nacional de Salud, documento que establece la orientación y las prioridades de las acciones a realizar, constituyendo el marco de referencia para la formulación de los programas de las instituciones involucradas.
Paralelamente, los organismos de seguridad social, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, han venido adecuando su marco jurídico para avanzar hacia un enfoque integral del bienestar del trabajador y de su familia, consolidando su esencia solidaria y su capacidad distributiva de la riqueza; todo ello a la luz del Programa Nacional de Salud y de los esquemas de seguridad social existentes.
Acorde con las prioridades nacionales, el Subsector ha venido modernizando sus estructuras y estableciendo sistemas de simplificación administrativa que le permite adecuarse a las acciones de desconcentración y descentralización de la vida nacional.
En este orden de ideas, los objetivos del Subsector se encaminan a extender la cobertura, homogeneizar la calidad de la atención básica, disminuir la dependencia tecnológica del exterior e incrementar la investigación en materia de salud, asistencia y seguridad social.
Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Subsector se ha fijado entre otras, las siguientes metas:
Se aplicarán 72.4 millones de dosis de vacuna; se otorgarán 9.1 millones de consultas de planificación familiar, y 103.2 millones de consultas generales y especializadas; se generarán 3.3 millones de egresos hospitalarios y se otorgarán 220.0 millones de raciones. Así mismo, se iniciará la operación de un laboratorio Regional de Salud Pública.
En lo relativo a la ampliación y reforzamiento de la infraestructura médico asistencial, se iniciará la construcción de 467 unidades médicas, y el Centro de Enfermedades Infecciosas; se ampliarán y rehabilitarán 1066 y se terminarán 25 que se encuentran en proceso; en asistencia social se terminará la construcción de 6 Centros de Rehabilitación; en Seguridad Social se adaptarán 18 Guarderías infantiles, 9 velatorios y se terminarán 2 hoteles.
En el aspecto de Seguridad Social se cubrirá el crecimiento natural de pensionistas, se terminarán 7582 viviendas, se proporcionarán 270 mil préstamos a corto plazo; 8 mil de mediano plazo, 11 mil créditos hipotecarios se atenderán 58 mil niños en guarderías.
Atendiendo a la consecución de estos objetivos y metas, la política de gasto se orientará al desarrollo de las siguientes líneas de acción.
En aspectos de Salud y Asistencia Social:
- Continuar el proceso de descentralización, considerando la transferencia gradual de los servicios de atención de población abierta a 8 entidades federativas fortaleciendo los vínculos de coordinación y concertación con los sectores social y privado.
- Fortalecer los servicios que se otorgan a la población con especial énfasis en el primer nivel de atención, y continuar el mejoramiento y homogeneización en la calidad básica en los mismos.
- Avanzar en la promoción de la salud de la población, disminuyendo la incidencia de los factores que la afectan y fomentando el autocuidado de la misma, particularmente de los sectores rurales y urbanos rezagados.
- Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias y del medio ambiente.
- Avanzar en el abatimiento de los niveles de fecundidad con el pleno respeto a la decisión y dignidad de las parejas, coadyuvando a lograr un mayor equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y el crecimiento demográfico así como elevar las condiciones de salud de la población infantil.
- Fortalecer las acciones de Asistencia Social a la población, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados. minusválidos, madres gestantes de escasos recursos e indigentes, a fin de proporcionar su incorporación productiva a la sociedad.
En cuanto a la seguridad Social:
- Diseñar mecanismos para la incorporación al régimen de seguridad social a todos los trabajadores susceptibles, de aseguramiento obligatorio y ampliación de la cobertura a los trabajadores no asalariados.
- Transferir paulatinamente las funciones operativas a las Delegaciones.
- Simplificar los trámites administrativos y los requisitos para el otorgamiento de las prestaciones y servicios.
Para el cumplimiento de los objetivos y metas del Subsector, el monto de la asignación presupuestal asciende al 10.6% del gasto programable; de este monto el 89.6% corresponde al gasto corriente y el resto al de capital.
La asignación presupuestal representa un aumento mayor al 50% en comparación al presupuesto del año anterior.
En la distribución institucional se presenta el siguiente esquema:
A la Secretaría de Salubridad y Asistencia 164 miles de millones de pesos.
Al Instituto Mexicano del Seguro Social con 700 miles de millones, que incluye la asignación de los programas IMSS - Coplamar, y el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado con 220 miles de millones y 11.5 miles de millones al Instituto Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y apoyo a otras entidades.
Laboral.
Derivado de la estrategia de reordenación económica, las acciones emprendidas se han orientado a desarrollar los factores de la producción en beneficio de la sociedad en su conjunto, a través de la actuación responsable de sus integrantes. De esta manera ha sido determinante la participación de la clase trabajadora en el esfuerzo por resolver satisfactoriamente la crisis que afecta al país. Asimismo, con el afán de proseguir el desarrollo del país sobre cauces de cordialidad entre sus más destacados participantes, es menester preservar la garantía y conservación de los derechos laborales.
En el contexto de contracción económica que ha padecido el país en los últimos años, se han aplicado diversos instrumentos fiscales, crediticios y de promoción a la producción que, aunados a la moderación salarial, han impedido la elevación de los niveles de desempleo. Aun cuando los salarios mínimos observaron un incremento del 57% en el transcurso de 1984, el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha visto mermado por las alzas tanto en los precios de los productos de la canasta básica como en los de otros artículos de uso generalizado.
Durante 1985 el subsector se abocará a la realización de los siguientes objetivos:
Mantener la conciliación de intereses entre los factores de la producción mediante una
política de salarios que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores; defender los derechos del trabajador y garantizar condiciones adecuadas de salubridad y seguridad en los centros de trabajo.
Avanzar en las acciones públicas que incidan en una mejor distribución de los beneficios de la productividad, la disminución del desempleo y el subempleo real.
Adecuar y fortalecer el servicio nacional de empleo para mejorar la oferta y la demanda de la mano de obra en las zonas rurales más deprimidas y en áreas urbanas marginadas.
Fomentar la integración vertical y horizontal de organizaciones cooperativas para cumplir con la política de protección al empleo, estableciéndose un sistema de orientación para que estas sociedades logren el mejor aprovechamientos de los estímulos fiscales y crediticios, lo que permitirá fortalecer su participación dentro del esquema productivo nacional.
A fin de coadyuvar en la consecución de los objetivos expuestos, las acciones mas relevantes tendrán a la actualización del marco legal que regula las relaciones laborales y de previsión social, así como el otorgamiento de asesoría en la materia a trabajadores, sindicatos y cooperativas; el fortalecimiento de los órganos conciliadores, procuradores e inspectores de la Legislación Laboral; a la aplicación de los programas de descentralización administrativa y de simplificación de los procedimientos administrativos; al reforzamiento y reorientación de las acciones de apoyo a las ramas productivas que generen un importante número de empleos con prioridad en aquellos dirigidos a la pequeña y mediana industria; a la concentración de proyectos de capacitación para trabajadores, empleados, desempleados y subempleados.
En lo que respecta a la capacitación laboral, se continuará con el Programa Nacional de Capacitación y Adiestramiento, el cual sienta las bases para una mayor coherencia, eficiencia y cobertura de esta función, lo cual coadyuvará a incrementar la productividad y a vincular realmente la investigación y la innovación tecnológica a las necesidades de la planta productiva del país.
Para concretar las acciones mencionadas el subsector contempla las siguientes metas:
Se revisarán las metodologías de análisis salarial y su ajuste a las condiciones imperantes del momento y se instrumentará un sistema integral de mecanismos que permitan el incremento de la productividad; se elaborará una propuesta de reestructuración de 89 zonas económicas salariales; se otorgarán créditos a los trabajadores para la adquisición de bienes de consumo básico duradero y se promocionará la fabricación y comercialización de productos básicos.
En Salud y Seguridad en el Trabajo se promoverá la constitución de comisiones mixtas de seguridad e higiene en todos los centros laborales del país y se continuará con la ejecución de la Campaña Nacional de Seguridad e Higiene en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las acciones y metas fijadas para el subsector, requieren de un presupuesto que asciende a 20 miles de millones, monto superior en un 48% con respecto al presupuesto de 1984. A transferencias se asignan 3 miles de millones, de los cuales el Fondo de Fomento y Garantía para el consumo de los trabajadores absorbe gran parte y el resto refuerza las acciones sustantivas de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional de Salario Mínimos, la Comisión Mixta de la Industria Textil de Algodón y el Comité Mixto de Protección al Salario.
Sector desarrollo rural.
El campo ha abastecido a la economía urbana de insumos, materias primas y alimentos, aportando abundante mano de obra por medio de las continuas corrientes migratorias y ha transferido significativos excedentes económicos Sin embargo el proceso de desarrollo seguido no ha permitido revertir los beneficios, lo que se ha manifestado en amplias desigualdades entre el campo y la ciudad y en un deterioro en los niveles de vida de la población rural. En ello radica su importancia, por lo que es prioritario contra con un sector dinámico e integral, cuya fortaleza se base en acciones y metales de producción y de justicia social.
La política de Desarrollo Rural Integral para 1985 se propone el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural con base en su participación organizada y en la utilización eficiente de los recursos productivos. Las principales acciones se enfocarán al fomento de la producción de cultivos básicos para cubrir las necesidades del consumo interno y a la atención de las comunidades rurales para incrementar el empleo y la dotación de servicios fundamentales.
En ese sentido se contempla a las comunidades rurales como las unidades básicas del proceso; se ubican áreas rurales atrasadas; se reorientan los apoyos a la producción, dando énfasis a las zonas de temporal, se revisa la política de precios de garantía, se promueve la capacitación campesina; se acredita la seguridad jurídica de la tenencia y se amplía la cobertura de los servicios públicos indispensables para el bienestar social de los habitantes de las regiones y zonas rurales más atrasadas.
Bajo esta perspectiva, el desarrollo del país y particularmente la independencia alimentaria depende, en gran medida, de los avances que se logren en el sector rural. Por ello habrán de modificarse, en favor del agro, el conjunto de relaciones económicas que tienen incidencia, a fin de evitar se desvirtúe el destino de los recursos canalizados.
Para 1985, las líneas específicas de acción que normarán el manejo de los instrumentos y los programas del sector son:
- Consolidar la integración de las actividades y procesos agrícolas, pecuarios y forestales para un aprovechamiento pleno y del potencial productivo, y apoyar la mejor integración con la plana industrial, bajo términos de intercambio más justos.
- Impulsar la organización social partiendo del respeto a las formas y órganos de gobierno de las propias comunidades, en congruencia con el programa rector de organización y capacitación de productos rurales.
- Fortalecer las obras de infraestructura básica en las zonas de temporal e impulsar la apertura de superficie para la actividad agropecuaria de temporal y trópico húmedo.
- Dar seguridad jurídica en la posesión y usufructo de la tenencia de la tierra e impulsar la producción en el campo, constituyendo unidades de desarrollo rural, así como cooperativas y asociaciones de crédito.
- Fortalecer los programas de apoyo a la producción con objeto de aumentar la eficiencia y expansión de la cobertura del crédito y del seguro agropecuario.
- Incrementar los servicios médicos de primer nivel para la población campesina, dando énfasis a la atención preventiva, a los apoyos nutricionales y a la alimentación complementaria para las zonas prioritarias. Ampliar la cobertura de los servicios de educación rural e indígena y promover la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda rural.
Para la consecución de esas acciones, se propone asignar un gasto de 944.2 miles de millones de pesos, de los cuales 379.0 miles de millones corresponden a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 29.3 miles de millones de la Secretaría de Reforma Agraria ; 69.9 miles de millones al Instituto Mexicano del Café, el resto para la Forestal Vicente Guerrero y Productos Forestales Mexicanos; asimismo se prevén transferencias y apoyos a otros organismos de fomento al campo, de los cuales destacan, el Banco Nacional de Crédito Rural S.A., La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. y el Fideicomiso de Riesgo Compartido.
Para el logro de estas acciones, las entidades de crédito y seguro habilitarán 16.8 millones de hectáreas, que representarán el 69% del total de la superficie programada para siembra. Banrural habilitará 6.5 millones de hectáreas 73% de básicos y 25% de oleaginosa. Los Fideicomisos de apoyo a la agricultura, contemplan un plan de descuentos para apoyar a la producción del sector, otorgarán crédito de Avío a 7.5 millones de hectáreas de cultivos básicos.
Con lo anterior se busca impulsar la producción de 22.4 millones de toneladas de granos alimenticios; 2.0 de oleaginosas; 703.1 miles de toneladas de cultivos para el abasto industrial y 7.2 millones de toneladas de forrajes.
También como parte de esas acciones, se cuenta con el Programa Nacional de Alimentación, que mantiene inalterables los objetivos de mediano plazo de procurar la soberanía alimentaria para el país y alcanzar condiciones de alimentación y nutrición, que permitan el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada mexicano.
El Programa Nacional de Alimentación coordina acciones interinstitucionales, sectoriales y regionales, relacionados con la cadena agroalimentaria.
Como prioridad del programa, en el consumo - nutrición se mantienen las acciones para proteger a la población de escasos recursos, se reordenan los precios de los alimentos prioritarios y las acciones presupuestales establecidas se definen bajo estricto criterio de austeridad, racionalizando sus montos y ajustándolos a las prioridades del programa sectorial; contribuyendo de esta manera a la reorientación de la inversión sectorial en el corto plazo y evitando el crecimiento excesivo del gasto corriente.
Agrícola.
El ritmo de crecimiento de la producción de alimentos de origen agrícola ha sido desigual, lo cual atrofió la capacidad de producción, la generación de empleos productivos y el nivel de vida de la población rural.
Para la atención de estos problemas se instrumentará el Programa de Desarrollo Rural Integral vinculado al Programa Nacional de Alimentación, así como con los Programas Multisectoriales que fortalezcan la integración y diversificación productiva y que en general induzcan el uso racional de los recursos con una mayor participación de las organizaciones campesinas.
Las acciones que contempla el subsector se ajustarán a los siguientes lineamientos:
- Impulsar la productividad agropecuaria a fin de que constituya el elemento dinámico de la producción sectorial.
- Optimizar el uso de los recursos, equilibrando la relación agricultura de temporal y la ganadería; se continuará con el fomento y localización de cultivos básicos de temporal y de riego de fácil acceso en términos de recursos y tecnologías, y la diversificación de cultivos y actividades en zonas de menor potencial, dando prioridad a la terminación de obras que faciliten la rápida incorporación de superficies y en general las de pequeña irrigación.
- Establecer una vinculación más estrecha con el sector industrial y comercial, que permita un apoyo efectivo en materia de abasto de fertilizantes, maquinaria agrícola, equipo y tecnología agroindustrial en mejores condiciones y precios.
- Fomentar la producción agropecuaria proporcionando capacitación y asistencia técnica a los productores, suministros de insumos, control y erradicación de plagas y
enfermedades, apoyos y fomento a las unidades de producción, etcétera.
- Gran importancia reviste para el proceso de producción una política de precios de garantía que de estímulos reales a los productores y una política de aseguramiento y de insumos estratégicos subsidiados para granos básicos, en forma temporal y selectiva.
- Se prevé incorporar el cultivo 98 mil hectáreas de riego y 114 mil de temporal. Las obras de gran irrigación se continuarán a ritmos moderados, se rehabilitan 22 mil hectáreas de riego y se da asistencia técnica a 180 mil productos necesarios en favor de la población, se promueve el apoyo y defensa de los consumidores y se orienta, educa y se evalúa en, materia de alimentación y nutrición a la población.
Pecuario.
La reorganización y el mejor aprovechamiento de los recursos pecuarios le imprimirán mayor eficiencia al desarrollo de subsector ganadero. Se pretende elevar la producción y con ello, atenuar el problema de la demanda nacional insatisfecha a través de un adecuado vínculo con los otros subsectores.
Las acciones que contemplan el subsector son:
- Incrementar la producción pecuaria para el abasto interno de carne y leche y mejorar la calidad genética de las especies y las condiciones sanitarias.
- Conservar y ampliar la infraestructura que requiere el subsector para estimular su actividad, así como la mejor utilización de las tierras de agostadero, pastizales y esquilmos agrícolas, induciendo un cambio hacia la utilización intensiva de los recursos naturales.
- Fomentar las distintas especies de ganado con criterios regionales para dar mayor racionalidad y orientación al desarrollo pecuario, en función de climas y zonas.
- Se incrementará la cobertura del seguro ganadero a 3.5 millones de cabezas para preservar y estimular la actividad; fundamentalmente a los pequeños productores y ejidatarios.
- Se manejarán 40 mil hectáreas de pastizales.
Bosques.
La orientación de la actividad forestal buscará aprovechar óptima y racionalmente los recursos, conservando el equilibrio ecológico, así como mejorar la calidad de vida de los pobladores fortaleciendo su nivel de ingresos.
Paralelamente se procurará consolidar la planta productiva, principalmente paraestatal, con mejores índices de eficiencia y productividad.
Las acciones y metas que contempla el subsector son:
- Apoyar la generación de empleo por medio del fomento a las actividades de explotación maderera que son las que requieren de mayor uso de mano de obra.
- Incorporar el máximo valor posible a las materias primas en las mismas regiones forestales, para asegurar su abasto suficiente y seguro a la industria establecida y favorecer la incorporación organizada de los dueños y poseedores a las actividades de producción.
- Se promoverá la diversificación y eficiencia en la industria, a través de un Programa Nacional de Desarrollo de la Industria Forestal.
- Se apoyará la desconcentración de la actividad productiva, donde la participación de los gobiernos estatales deberá ser más activa y directa, tanto en el fomento y control, como en la realización de proyectos y la promoción de fuentes de financiamiento adecuado y accesible a las organizaciones productivas.
- Fomentar la participación activa de los posesionarios del bosque, tanto en el manejo de las explotaciones como en las actividades de beneficio, evitando la práctica generalizada de la venta del árbol en pie.
- Se impulsará el desarrollo agroindustrial y la participación de los productos forestales en las actividades comerciales y de transporte.
Las metas que se pretenden alcanzar son las siguientes:
- Generar 54,925 empleos, tanto en el Sector Público como el Privado y Social, que la actividad forestal aporte el 1.2% del producto Interno Bruto. Obtener un volumen de 2.0 millones de metros cúbicos de madera en rollo. Agua.
El crecimiento de la demanda de agua en centros urbanos y regiones del país es un problema ineludible que se agrava por el agotamiento de los mantos acuíferos la contaminación de corrientes y el incremento de los costos para su extracción y distribución.
Se emprenderán acciones para establecer un uso racional del agua, a través de una política de distribución con base a las necesidades de las comunidades y al interés nacional; éstas son:
- Atender la demanda de recursos acuíferos determinada por la localización de las fuentes, los centros de mayor demanda, así como por su uso, ya sea doméstico, agrícola o industrial.
- Se continuará con la realización de proyectos hidroagrícolas, en función del desarrollo
agropecuario, vigilando que no haya desperdicio del recurso, llevando a cabo actividades de conservación y operación de la infraestructura existente.
- Se aplicarán tarifas de agua diferenciales, que contemplen la situación económica de los distintos distritos y agricultores y que orienten a estimular los cultivos prioritarios.
Actualizar los ordenamientos legales referentes al agua, estableciendo una coordinación de las diversas instancias en que se aplica la ley.
Se aumentará la operación de agua en 14.5 metros cúbicos por segundo; se concluirá la segunda etapa del Sistema Cutzamala aportando 4.0 metros cúbicos por segundo al área metropolitana de la ciudad de México. Se continuarán los acueductos Chapala - Guadalajara y Río Colorado - Tijuana.
Reforma Agraria.
La política agraria centra su orientación en el reparto y la regularización de la tenencia de la tierra, así como en la incorporación de los campesinos al proceso de desarrollo integral del país.
Dentro de la estrategia de desarrollo rural, la Reforma Agraria adquiere importancia relevante por el papel que desempeña en la generación de empleos, incrementando de la producción y el mejoramiento de la vida en el campo.
En este contexto, el Ejecutivo Federal promovió reformas a la Legislación tendientes a agilizar los procedimientos administrativos.
Se establecen como objetivos prioritarios del subsector:
Otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra en áreas rurales y regularizar los asentamientos humanos en ejidos y comunidades; consolidar la estructura interna de los grupos campesinos disminuyendo gradualmente el minifundismo y promoviendo el aprovechamiento integral de los recursos naturales.
Para hacer posible la Reforma Agraria Integral, para 1985 destacan acciones encaminadas a:
- La promoción del establecimiento de convenios de coordinación y operación con las diversas entidades de la Administración Pública Federal responsables de otorgar infraestructura social y productiva para desarrollar los núcleos agrarios creados.
- En el reparto agrario, la participación de los Gobiernos Estatales tendrán como finalidades apoyar la ejecución de resoluciones presidenciales.
- La continuación con el proceso de organización y capacitación campesina, induciendo la participación de los Estados y Organismos vinculados con la creación de unidades de desarrollo y de empresas rurales.
Por lo que se refiere a metas, en materia de reparto agrario se ejecutarán resoluciones presidenciales por 1 millón de hectáreas; regularizar 212 mil predios en 38.4 millones de hectáreas de todo el país, terminar el catastro rural en 13 estados y continuarlo en los 19 restantes. Para la organización y capacitación campesina se integrarán 4,590 unidades de desarrollo rural y se impartirá capacitación a cerca de 100 mil campesinos.
Desarrollo urbano y ecología.
En el contexto del Sistema Nacional de Planeación Democrática, los programas de desarrollo urbano, vivienda y ecología constituyen una respuesta al compromiso de la actual administración para organizar sus actividades de manera racional y previsora con el apoyo de una amplia participación popular. En el curso de 1984, las acciones gubernamentales en materia de Desarrollo Urbano se orientan básicamente a resolver la problemática de la desigual distribución de los asentamientos humanos en el territorio nacional, del deficiente equipamiento y del deterioro del medio físico. Estos aspectos fueron atendidos a través de dos líneas estratégicas de acción: el ordenamiento territorial y el ordenamiento al interior de los centros de población.
En cuanto a la primera línea se coadyuvó al fortalecimiento municipal mediante apoyo técnico y asesoría en la planeación y operación de proyectos específicos; se atendieron 59 ciudades medias con acciones de impulso a su desarrollo y el de áreas de influencia y se establecieron las bases para el fomento de 80 centros de integración rural a fin de consolidar los procesos productivos de poblaciones marginadas, así como de satisfacer sus necesidades de infraestructura urbana básica.
Por lo que concierne al ordenamiento al interior de los centros de población, se avanzó en el establecimiento de las bases institucionales necesarias para garantizar la normatividad y control del suelo; se incrementó la oferta de suelo para el desarrollo urbano vía la constitución de reservas territoriales patrimoniales; se generaron acciones importantes de regularización de tenencia de la tierra e iniciación de programas de mejoramiento urbano y se crearon 28 Comités Estatales de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano e Industrial y Regularización de la Tenencia de la Tierra.
Asimismo, destacan las acciones en apoyo al proceso de descentralización de la vida nacional, con la transferencia a las entidades federativas de la ejecución de inversiones en materia de agua potable y alcantarillado, así como la ayuda prestada a los organismos operadores estatales, a través de los Convenios Únicos de Desarrollo. Por otra parte, destacan
las obras de construcción y conservación de edificios públicos en 87 localidades y los programas de asesoría y apoyo técnico en materia de equipamiento urbano a los gobiernos estatales.
En aspectos de vivienda, se procuró ampliar la cobertura de vivienda en los estratos de población menos favorecidos económicamente, tanto en las zonas urbanas como de las rurales a fin de coadyuvar a satisfacer sus requerimientos mínimos de bienestar mediante la propuesta en ejecución de programas de autoconstrucción y de cooperativismo para la vivienda. Asimismo, en coordinación con las autoridades estatales y municipales se realizaron 8000 acciones de mejoramiento de viviendas en el medio rural.
Por otra parte, diversas entidades coordinadas atendieron demandas de dotación de lotes con servicios y vivienda progresiva; la construcción de viviendas de interés social y popular, la urbanización de lotes con servicios para regularizar o reubicar asentamientos irregulares.
Asimismo, se constituyeron los Comités Estatales de Normas y Promoción de la Vivienda, los cuales permitirán la coordinación de los distintos niveles de gobierno para realizar acciones conjuntas en la materia.
En aspectos de ecología, destacaron las obras de rellenos sanitarios y las instalaciones de redes de monitoreo para evaluar la calidad del aire en las principales ciudades del país. Al respecto, se elaboraron proyectos de mejoría de los sistemas de recolección y disposición final de desechos sólidos en seis ciudades, se pusieron en funcionamiento cuatro rellenos sanitarios en sendas ciudades y se concluyeron los proyectos para construir dos cementerios industriales. Asimismo, se instalaron siete redes de monitoreo atmosférico, se instalaron 2 laboratorios de evaluación y control de emisiones vehiculares y se redujo el contenido de plomo en la gasolina y de azufre en el diesel en el área del Valle de México.
Por otra parte, se han emprendido acciones importantes para abatir la contaminación del agua mediante la instalación de estaciones de monitoreo, la realización de dictámenes de inspección y vigilancia y la constitución de distritos de Control de la Contaminación del Agua en ocho entidades federativas.
Para 1985 en materia de Desarrollo Urbano y Ecología, se plantearon los siguientes objetivos prioritarios:
- Impulsar el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos y atender las necesidades básicas en materia de suelo, infraestructura y equipamiento urbano.
- Coadyuvar a que la población cuente con una vivienda digna y decorosa en el medio urbano y rural.
Controlar y eliminar la contaminación ambiental a través de políticas y normas de ordenamiento ecológico del territorio nacional y conservar el patrimonio natural fomentando su aprovechamiento racional.
La estrategia para la consecución de los objetivos mencionados se orientará basicamente a la inversión en obras y proyectos en proceso que generen empleo, que induzcan a los sectores privado y social a realizar proyectos que redunden en el beneficio general de la población y que alienten la participación y responsabilidad compartidas de las comunidades de proyectos rentables de beneficio social.
Con base en los objetivos prioritarios y la estrategia sectorial, el subsector realizará en 1985 acciones orientadas a:
- Impulsar obras de infraestructura, equipamiento urbano, y reservas territoriales en ciudades medias con la participación de otros sectores administrativos.
- Promover medidas sobre vivienda progresiva y en arrendamiento, atender la demanda de los habitantes del medio urbano y rural, e inducir la participación de los sectores público, privado y social, en la ejecución del proyecto estratégico Programa Nacional de Vivienda Rural.
- Reforzar la atención de las zonas donde la contaminación del aire, agua y suelo han alcanzado niveles críticos, a través del impulso a la reglamentación para abatir, y, en su caso absorber los costos de las acciones correctivas.
La puesta en ejecución de las acciones consignadas contempla la realización de las siguientes metas principales:
En materia de desarrollo urbano, se proporcionará la asesoría y el apoyo técnico necesario a los Gobiernos de los Estados y Municipios, para la construcción y operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, así como en la elaboración de los Proyectos Técnicos correspondientes, otorgando atención prioritaria a las 59 ciudades medias.
Asimismo, se prevé la adquisición de 3328 hectáreas, a efecto de fortalecer la reserva territorial.
Del total de 107000 acciones de vivienda, el 88% se realizarán a través del Programa de Vivienda Progresiva, y el 12% en mejoramiento, arrendamiento, construcción en terreno propio y adquisición de terrenos.
Ante el alarmante déficit y la urgencia de elevar el bienestar de la población, se otorgará preferencia a la vivienda progresiva y al arrendamiento para la población con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo; se habilitarán más de 40,000 lotes y aproximadamente 150 hectáreas de tierra para programas habitacionales. Asimismo se apoyará y fomentará el establecimiento de 46 parques de materiales para la construcción, tanto en el medio rural como en el urbano.
En los últimos años, el acelerado crecimiento económico del país ha traído consigo desequilibrios ecológicos, que es preciso corregir con el fin de garantizar una explotación
racional de los recursos naturales y alcanzar un nivel adecuado en la calidad de vida y en el bienestar de la población en general.
En atención a esta problemática se ha propuesto mejorar los ecosistemas en 1 800 hectáreas, restablecer, controlar y vigilar 2.2 millones de hectáreas; operar 27 centros de promotoría ecológica; instalar y operar 21 estaciones de medición y diagnóstico de vehículos; registrar y controlar 1 600 descargas de aguas residuales y la operación de 22 cementerios de desechos industriales y rellenos sanitarios.
Para la ejecución de las acciones y cumplimiento de las metas del subsector durante 1985, se propone una asignación del gasto del orden de 82 miles de millones de pesos.
Sector Pesca.
La consolidación integral de la actividad pesquera del país requiere de la participación de los sectores público, privado y social, para incrementar la producción de alimentos; generar empleos especialmente en las zonas rurales; captar divisas mediante la exportación de productos pesqueros; contribuir al desarrollo regional; y mejorar los niveles de vida de los trabajadores que se dedican a la actividad pesquera.
Los propósitos sectoriales se enmarcan en una perspectiva de mediano plazo dirigida hacia la modernización del aparato productivo pesquero, que contempla la reposición paulatina de la flota, equipo y artes de pesca acordes con las crecientes y diversificadas previsiones de captura; la aplicación de diversas tecnologías de procesos con objeto de instaurar una planta industrial diversificada e integrada, con elevado margen de productividad y generación de empleos: la dotación consistente en infraestructura, tanto portuaria como básica, en las comunidades pesqueras; y el mejoramiento del transporte y la comercialización para lograr una efectiva inserción de los productos pesqueros al Sistema Nacional de Abasto, atendiendo con eficacia la demanda nacional de productos básicos por una parte y, al mercado internacional mediante exportaciones por otra.
La política de gasto sectorial para 1985 se propone mantener el pleno aprovechamiento de la planta instalada, así como continuar con los proyectos de inversión en proceso en las áreas de: infraestructura, construcción de embarcaciones, piscifactorías y astilleros. De igual forma se dirige hacia acciones de organización de productores, capacitación e investigación y tecnología.
En este contexto, las acciones para 1985 se orientan básicamente a la consecución de los siguientes objetivos:
- Incrementar la disponibilidad de la oferta de productos alimenticios pesqueros, dando prioridad a las especies de consumo popular.
- Ampliar la cobertura comercial de los productos pesqueros a todo el país, eliminando la intermediación innecesaria en beneficio de las clases populares demandantes.
- Promover el desarrollo regional a través de la continuación de proyectos de inversión que consideren la generación de empleos productivos y el beneficio socio - económico de las comunidades rurales.
Acorde con la estrategia de desarrollo integral del sector y con el Programa Nacional de Alimentación, se prevé la captura de 1.5 millones de toneladas de productos pesqueros; industrializar 827 mil toneladas, destacándose los productos a enlatar y a congelar en un 37 y 25% respectivamente, comercializar 706.9 mil toneladas en el mercado interno y 116.2 mil toneladas en mercado externo; generar 42,694 empleos, correspondiendo el 50% a la fase de captura, 46,9 a la de acuacultura y 3.1 a la industrialización, comercialización y transporte.
Para alcanzar dichas metas en 1985, el Sector Pesca tiene una asignación presupuestal de 214.6 miles de millones de pesos, de los cuales a la Secretaría le corresponden 17.9 miles de millones de pesos, el resto para Productos Pesqueros Mexicanos, Industrias Pesqueras del Noroeste y a otras entidades paraestatales.
Sector Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Sector Comunicaciones y Transportes recibirá atención prioritaria, elevando su participación relativa en el presupuesto federal para poder responder a los crecientes requerimientos de infraestructura que demanda el desarrollo firme y sostenido de la economía.
El Programa Nacional de Comunicaciones y Transportes define como línea prioritaria la ampliación gradual de la infraestructura para apoyar la descentralización de la actividad económica y un desarrollo regional más equilibrado. Asimismo, se otorga una alta prioridad a las acciones que permitan aumentar la eficiencia en la operación de los sistemas de transportes y comunicaciones de acuerdo a los requerimientos de esos servicios.
En este contexto, el desarrollo del transporte se orienta a promover el funcionamiento equilibrado de cada uno de sus modos de acuerdo a sus características y necesidades específicas que les corresponde atender, para apoyar la modernización del aparato productivo y distributivo.
El gasto destinado a obras de construcción y conservación de la infraestructura de transporte, continuará constituyendo un elemento esencial dentro del Programa de Protección al Empleo. Particularmente se mantendrá el apoyo al programa de caminos rurales y carreteras alimentadoras, aplicando
tecnologías con alto contenido de mando de obra.
En la prestación de los servicios se intensificarán las acciones para aumentar la productividad, eficiencia y seguridad del sistema, para lo cual se actuará en la modernización de la administración, los procedimientos de operación y la capacitación.
En materia de saneamiento financiero, el sector contribuirá a disminuir el déficit presupuestal global, mediante ajustes al incremento del gasto de acuerdo a las posibilidades reales del financiamiento, adecuando las tarifas en el marco de la política económica general del país.
Para la consecución de las metas y acciones contempladas en el Sector Comunicaciones y Transportes para el próximo año, se ha establecido un gasto programable de 938.7 miles de millones de pesos, superior en 50% al de 1984. Se otorga mayor prioridad a la inversión, para lo cual se asigna el 43%.
Transporte carretero.
Se continúa fortaleciendo la regulación y el fomento a través del Programa de Desarrollo de Autotransporte para estar en posibilidades de lograr un desarrollo racional y eficiente que se complemente con los otros modos de transporte.
En infraestructura se otorgará especial atención a la conservación de los 44 200 kilómetros de la red federal, 54 000 kilómetros de la red estatal y 86 200 kilómetros de caminos rurales.
En la modernización de la red troncal se concentran recursos en 58 carreteras terminando 470 kilómetros en tramos críticos de tránsito, incluyendo entre las más importantes las carreteras Querétaro - San Luis Potosí; Coatzacoalcos - Villahermosa; Irapuato - León; México - Toluca; Guadalajara - Manzanillo; Culiacán - Guasave; Córdoba - Tuxtepec; Monterrey - Nuevo Laredo; Matamoros - Reynosa; Guaymas - Nogales y Acapulco - Iguala. Por otra parte se continuará el puente de Tampico, así como otros 12 de los cuales se terminarán 4 de ellos.
La construcción de las nuevas carreteras se continuará con 23 obras en proceso otorgando prioridad a las que tienen mayor avance y constituyen enlaces transversales para mejorar la integración del territorio. Al respecto, destacan la continuidad de la Fronteriza del Sur, Chihuahua - Culiacán y Chihuahua - Hermosillo, Teotitlán - Tuxtepec y Maravatío - Contepec - Atlacomulco. Transporte ferroviario.
En transporte ferroviario el compromiso fundamental lo constituye la modernización de su operación e infraestructura con el propósito de aumentar su eficiencia y calidad de servicio para recuperar su función troncal en el sistema, en particular para el movimiento de grandes volúmenes de carga a distancias largas. La meta en 1985 es lograr un crecimiento de 7% en el transporte de carga con lo cual se espera movilizar 70 millones de toneladas.
Se propone por medio del Programa de Modernización Ferroviaria, reforzar las acciones de mantenimiento a las 1880 locomotoras para lograr un coeficiente de disponibilidad mínima promedio del 75% lo que permitirá reducir el programa de adquisiciones de locomotoras a 28 unidades previéndose la reconstrucción de 20 unidades.
Se continúa el proyecto de la doble vía electrificada México - Querétaro para alcanzar el 93% de avance, destacan las obras en los ejes transversales Manzanillo - Guadalajara - Monterrey y México - Veracruz.
Transporte marítimo.
El sistema marítimo - portuario mexicano constituye la base de nuestro comercio exterior ya que más del 80% de éste se transporta por esta vía. Para 1985, se prevé transportar 110 millones de toneladas de tráfico de altura; además el transporte de cabotaje constituye una opción complementaria para resolver los problemas de transporte interno, el cual crecerá 7% para movilizar 53 millones de toneladas. La Marina Mercante Nacional se incrementará en 600 mil toneladas de peso muerto para mejorar el 10% del tráfico de altura y el 85% del de cabotaje.
En los puerto se planea regular y coordinar las actividades en 35 puertos para manejar 163 millones de toneladas, así como impulsar el Programa de Modernización de la Administración Portuaria en 9 puertos para incrementar la productividad y seguridad en el manejo de carga, así como agilizar los trámites para el rápido desalojo de la carga.
Se fortalecerá el programa de regulación y fomento de la Marina Mercante, y se continuará impulsando la formación de tripulaciones al agregar a las Escuelas Náuticas el Centro de Capacitación para personal subalterno.
En el sistema portuario nacional se efectuarán trabajos de reparación de muelles, dragados y diversas obras complementarias en los 10 principales puertos comerciales para aumentar la productividad. Destaca la inversión en el Puerto de Manzanillo para aumentar los muelles en 600 metros, así como la construcción de mejores obras de protección para el puerto de Ensenada.
En los puertos industriales se contempla la terminación de las instalaciones y obras complementarias de la terminal de granos para Lázaro Cárdenas. Para el puerto de Altamira se continuará con la protección y prolongación de las escolleras así como el acceso ferroviario a la terminal de usos múltiples.
Transporte aéreo.
El transporte aéreo ha experimentado un crecimiento satisfactorio ayudando a la integración regional, nacional e internacional.
Se contemplan movilizar 8.5 millones de pasajeros en vuelos internacionales y 23.4 millones de vuelos nacionales, así como regular la operación de 33 líneas extranjeras, 2 líneas troncales y 9 líneas regionales.
Para enfrentar los problemas de saturación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, se continuarán las obras de ampliación ligadas a una tercera pista. Se proseguirá con la construcción de los nuevos aeropuertos de Morelia, Colima, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Escondido, Tepic y León así como Huatulco que se contempla en el Sector Turismo.
En relación al transporte aéreo troncal, Aeronaves de México y Mexicana de Aviación movilizarán 18,900 millones de pasajeros - kilometro, con un crecimiento global entre ambas líneas del 13%. La flota de las dos empresas nacionales compuesta por 88 aviones contemplan la adquisición de un DC - 9 - 80 para sustituir equipo obsoleto y el arrendamiento de 4 Boeing 727 para servicios de fletamiento y rutas saturadas.
El gasto asignado a Aeropuertos y Servicios Auxiliares se destinará a la conservación y operación de 52 aeropuertos y la atención de 33.5 millones de pasajeros con 12 millones de operaciones. Además, el organismo realizará obras de ampliación y remodelación en edificios terminales entre los cuales destacan la continuación de las obras en el Aeropuerto de Monterrey y la conclusión de los trabajos en Tijuana y Cozumel.
Comunicaciones.
El Sistema integral de Comunicaciones constituye un elemento fundamental para mantener la independencia y seguridad nacionales y apoyar en forma determinante la planeación y administración de los medios de producción y distribución de bienes y servicios del país.
Por ello en el Programa Nacional de Comunicaciones y Transportes se han establecido las bases para apoyar el desarrollo firme y equilibrado de este importante subsector.
En materia de infraestructura se otorga prioridad a la modernización de las oficinas de correos y telégrafos, a la puesta en operación del sistema de satélites Morelos expandiendo el soporte de estaciones en tierra y modernizando la red de microondas con el fin de contar con un medio confiable de conducción de señales de televisión, telefonía, télex y datos entre otras.
La regulación y fomento de las telecomunicaciones recibirá mayor atención con el fin de consolidar la conformación de un sistema normativo de la actividad y mejorar el control técnico de las transmisiones de radiodifusión y telecomunicaciones en todo el país.
Para modernizar el servicio postal se prevé la remodelación de 572 oficinas e iniciar el programa de adquisición e instalación de 5 centros de clasificación automatizada.
El servicio telegráfico recibe también una atención prioritaria, contemplándose la instalación de una nueva central automatizada en Monterrey y la adaptación de 200 administraciones.
En infraestructura de conducción de señales, destacan la puesta en operación del sistema mexicano de satélites Morelos, la conservación de 186 estaciones terrenas existentes y la instalación de otras 80 estaciones para telefonía y televisión, se continúa la modernización y conservación de la red federal de microondas.
Los servicios complementarios de telecomunicaciones seguirán expandiéndose a un ritmo moderado, ampliando en 1,200 líneas el servicio télex e incorporando 151 comunidades al servicio de telefonía rural. Se da especial atención al servicio de telerreservaciones mediante la creación de un organismo desconcentrado y para impulsar el desarrollo tecnológico y la capacitación se instrumenta la creación de los Institutos de Transportes y Comunicaciones.
Por su parte, Teléfonos de México recibirá un impulso importante, con el objeto de garantizar un ritmo de expansión conveniente.
Abasto.
Las actividades comerciales y de abasto tienen un carácter prioritario, por su incidencia en la composición de los bienes de consumo generalizado y a la importancia relativa en la esfera de la distribución. De ello se desprende la necesidad de promover un desarrollo equilibrado y articulado directamente con los sectores productivos, vinculados de manera más estrecha con las necesidades de consumo de los estratos de la población de menores recursos.
El proceso de integración del sector se basa en la modernización comercial en los diferentes niveles, el interno, consolidando la infraestructura de almacenamiento que permita movilizar ágil y oportunamente los productos básicos; en materia de abasto se buscará inducir mayor eficiencia operativa; en comercio exterior, se mantendrá la racionalidad de la política de estímulos y control. El abasto popular definirá el rumbo de la modernización, lo cual implicará modificar sustancialmente el papel de los agentes que intervienen en la actividad comercial .
Para 1985, la Estrategia Comercial y de Abasto Popular se fundamenta en el establecimiento de la participación armónica y equilibrada entre los sectores productivos; incidir en la mejor distribución regional de la capacidad de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y servicios; reducir los márgenes de comercialización y el intermediarismo; fomentar las exportaciones y la sustitución de bienes intermedios y de capital seleccionados; articular al productor directo a los procesos de distribución, para convertir el sector en un nexo eficaz entre la producción y el consumo.
En la perspectiva del cambio estructural se ampliará el paquete básico; en cuanto a los agentes se hará distinción entre aquellos que cumplan una función social necesaria para el abasto y de aquellos que inciden negativamente; la infraestructura de abasto se desconcertará de manera tal que garantice una distribución eficiente.
Conjuntamente se profundizará en la organización social con el objeto de una mejor integración productiva; se promoverán las asociaciones entre productores, consumidores y comerciantes, en Uniones de Compra y Módulos de Abasto.
En lo referente al Comercio Exterior, se ampliarán y diversificarán las relaciones comerciales, fomentando las exportaciones no petroleras, garantizando el abasto a las franjas fronterizas; asimismo, se simplificarán los trámites para la importación de bienes indispensables y las exportaciones
El Sistema Nacional de Abasto, normará y relacionará las diversas fases y procesos. Apoyado en el desarrollo racional de la infraestructura existente y del establecimiento, en el mediano plazo, de elementos que den mayor dinámica operativa y se avanzará en la red de centros de acopio.
Las acciones intersectoriales para fomentar la producción y distribución de bienes básicos, en cuanto mecanismos de concertación y coordinación, se llevarán a cabo con la instrumentación del Programa para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico de Consumo Popular, el Programa Nacional de Alimentos y el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal, el Programa de Operación de Enlace Comercial. Asimismo, el Gobierno Federal, en coordinación con los Gobiernos Estatales precisará los Programas Específicos de Fomento para los productos que se consideran en el Paquete Básico para definir Canastas Básicas de Consumo Estatal.
El financiamiento será el instrumento central para dar coherencia a la estrategia sectorial. Se establecerá una programación financiera con base a prioridades definidas, para atender a las diversas formas de organización y coordinar las políticas y acciones de las distintas instituciones.
En cuanto a la regulación y control, ésta se basará en una política integral de precios de garantía, precios y tarifas de los bienes y servicios y precios controlados, el combate al monopolio, regulación a prácticas especulativas, fortalecer las reservas y el comercio exterior.
La estrategia en su conjunto se organiza en seis áreas; el fomento a la producción y distribución de básicos; el Sistema Nacional para el Abasto; el Desarrollo Comercial; la Regulación y Control; la Organización Social e Integración Productiva; y la Empresa Pública Comercial de Productores de Básicos.
Para la consecución de estos objetivos, se ha asignado un gasto para el Sector Comercio y Abasto de 680 miles de millones de pesos correspondiendo a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares el 82% de dicho monto.
Las principales acciones para 1985 son: racionalizar la actividad comercial y modernizar las estructuras del comercio exterior y del abasto, a partir de la regulación de los mercados de granos básicos, oleaginosas y leche en polvo; impulsar la oferta de bienes básicos, garantizar la distribución mayoritaria y minorista de bienes básicos a través de canales estatales.
Se propone la realización de compras de alimentos prioritarios por 9.0 millones de toneladas; 4.8 nacionales y 4.2 de importación; en almacenamiento se espera alcanzar una capacidad de 42.2 millones de toneladas, considerando la revolvencia; industrializar 605.6 mil toneladas de harina de maíz; 1,329 millones de litros de productos lácteos; producir 258.5 millones de piezas de pan; 180.2 mil toneladas de harina de trigo; 235.9 miles de toneladas de alimentos balanceados y, en general, realizar ventas de productos generalizados por 362.3 miles de millones de pesos.
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares a través de estímulos a la producción y la organización eficiente de sus mercados, por medio de sus filiales, coordinará el proceso de producción y distribución; se propone comercializar 9.0 millones de toneladas de granos y contar al cierre del ejercicio 1985, con una reserva de 2.8 millones de toneladas de granos.
El Instituto Mexicano de Comercio Exterior llevará a cabo acciones tendientes a consolidar el Sector Industrial Exportador. Para ello se propone atender 65.1 mil consultas a exportadores; dictaminar 11.2 mil documentos sobre asuntos comerciales, cambiarios y permisos de exportación; operar con 1.4 mil empresas mediante incentivos; otorgar apoyo financiero por 5,783.3 millones de pesos; realizar 43 estudios de investigación y 1.1 mil de asesorías.
Las filiales de Conasupo, establecerán convenios de coordinación con las entidades federativas y con el gobierno del Distrito Federal para el establecimiento de nuevas plantas. Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional del Consumidor y el Instituto Nacional del Consumidor, celebrarán acuerdos con organizaciones obreras y campesinas para canalizar y resolver más eficientemente las quejas y denuncias.
Estas acciones serán orientadas bajo lineamientos programáticos, normativos y de control, con el objetivo central de corregir el crecimiento distorsionado del sector a partir de una vinculación más equilibrada con los otros sectores; posibilitando que los productos lleguen a los distintos consumidores en condiciones y calidad apropiada a través de canales de distribución que aseguren el abasto a precios adecuados.
Sector Industrial
La difícil situación a la que se enfrenta la economía mundial, ahondada por fuertes tendencias
proteccionistas de los países desarrollados, obligan a la nación en su conjunto, y al sector industrial en particular, a redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las orientaciones estratégicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es así que la sustitución e importaciones se convierte en un imperativo, con el objeto de preservar la soberanía nacional y propiciar un desarrollo tecnológico más autónomo, acorde con las necesidades y realidades del país.
Los requerimientos de ahorro y de captación de divisas obligan a fomentar la diversificación de las exportaciones, sin dejar de lado en el análisis que el monto de éstas dependerá, también de la relación existente, entre los precios nacionales y los internacionales.
Se multiplicarán los esfuerzos conducentes a abastecer de alimentos suficientes y a precios adecuados a los sectores populares, para ello se aprovechará al máximo la capacidad instalada de las empresas paraestatales y se multiplicarán los esfuerzos orientados a acceder a la modernización productiva y distributiva.
La estrategia para el año de 1985 contempla el inicio de la reforma estructural, la cual consiste en mejorar las finanzas del sector, a través de acciones orientadas a la racionalización de los gastos y al aumento en la generación de recursos; impulsar a una mayor utilización de la capacidad instalada de las empresas estatales productoras de bienes de capital e intensificar la capacitación de su personal, a fin de aumentar su eficiencia y productividad; así como contribuir a su capitalización por la vía de una mayor participación.
Para ello, al Sector Industrial se le asignan 1.265 miles de millones de pesos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas que se proponen dentro de su estrategia.
Minería
Aun cuando el sector minero ha mantenido su nivel de empleo y protegido su planta productiva, persisten problemas que obstaculizan su desarrollo como son la dependencia del mercado externo de minerales y metales, importaciones de insumos industriales y bienes de capital, carencia de una base tecnológica propia e insuficiencia de recursos humanos debidamente capacitados, así como insuficiencia conocimiento de los depósitos minerales con que cuenta el país.
A fin de contribuir a solucionar la problemática del sector, será necesario ampliar la base tecnológica propia e intensificar la investigación de los depósitos y reservas minerales, apoyando su crecimiento mediante la instrumentación de proyectos de exploración, extracción, beneficio, comercialización, saneamiento financiero y fomento a la pequeña y mediana minería, tendientes a reafirmar su papel de proveedor de insumos para el desarrollo industrial.
Para ello, se requiere de una integración nacional que permita abastecer las necesidades de insumos del mercado interno y generar divisas. En tal sentido, se continuará en 1985 con los proyectos de exploración como "El Barqueño" en Jalisco, para cubicar 10 millones de toneladas de oro: "Carbón Todo Uno" en Coahuila, para producir un millón 300 mil toneladas de carbón lavado cotizable y contribuir a disminuir la importación; el programa de evaporistas a fin realizar estudios geológicos para definir depósitos explotables de carbonato de sodio y sales de potasio; y el de fosfatos para lograr autosuficiencia en este producto, Asimismo, se atenderán otros programas de beneficio: Programa "Nacional de Producción de Caolín" y "El Programa Sectorial de Reforzamiento a la infraestructura de Comercialización Marítima", mediante la adquisición de 3 buques cargueros. Destaca la rehabilitación del proyecto San Juan de la Costa en Baja California Sur para la producción de concentrados de fosfato, con el propósito de abastecer a Fertimex que realiza importaciones de un mil 300 millones de toneladas anuales.
Las metas consideradas para 1985 del sector minero en su conjunto son: producción de 3.0 millones de onzas de plata y 52.4 miles de onzas de oro: 800 toneladas de cobre, 720 miles de toneladas de carbón lavado, maquilar 479 miles de toneladas de mineral, 550 miles de toneladas de roca fosfórica y la obtención de 62.2 miles de concentrados de mineral.
La inversión para 1985 se estima será alrededor del 40% de la asignación total para apoyar la exploración de minerales siderúrgicos, no metálicos y asociados para continuar con la extracción beneficio, refinación, fundición y comercialización de minerales y metales.
Siderurgia
El Plan Nacional de Desarrollo define los siguientes objetivos generales para el subsector: consolidación del desarrollo alcanzado; mayor vinculación con los requerimientos de la industria nacional; incremento de la generación y ahorro de divisas, el impulso a la desconcentración de la actividad económica.
Es en consideración a tales objetivos que la industria siderúrgica se propone, para el año de 1985, continuar con el plan de sustitución de importaciones con el objeto de coadyuvar a un mejor aprovechamiento de las divisas y contribuir a la generación de éstas, por la vía del fomento a las exportaciones: y a continuar abasteciendo las necesidades de acero a gran parte del mercado nacional, principalmente a las industrias de bienes de capital, metal mecánica, construcción, petróleo, petroquímica y minería.
Una de las metas de mayor importancia en la industria siderúrgica paraestatal es incrementar el uso de sus instalaciones para acercarse lo más posible a la capacidad instalada
de las plantas acereras que en 1984 sólo se utilizó el 65%.
Aunado a lo anterior, el monto de las exportaciones, dependerá de la competitividad que alcancen los precios nacionales respecto de los internacionales.
Altos Hornos de México, Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. son las tres más importantes empresas del subsector siderúrgico paraestatal. Se estima que este grupo de empresas producirá 4.1 millones de toneladas de acero líquido y 3.0 millones de toneladas de productos terminados; comercializando 3.1 millones de toneladas. Asimismo, se espera proporcionar empleo directo a más de 52.000 trabajadores, cumpliéndose así con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo relativo al mantenimiento de la planta productiva y el empleo.
Principales acciones que contempla el Programa de Inversión Pública:
Seguir apoyando la expansión de Altos Hornos de México, S.A., a través de su proyecto de rehabilitación, optimización y reposición de activos.
En consideración a las estimaciones de crecimiento de la economía nacional y de la demanda de acero que se desprenderá de ello, se continuará apoyando la construcción del Proyecto Sicartsa II, con una capacidad productiva de 2 millones de toneladas.
Hércules II empezará a operar en 1985 con una capacidad instalada de 3 MTA de mineral concentrado para satisfacer los requerimientos de Fundidora Monterrey y de la expansión de Altos Hornos de México.
Azúcar
A pesar de los esfuerzos y recursos invertidos, la industria azucarera todavía presenta insuficiencias y desequilibrios estructurales en campo, fábrica precios, finanzas y organización, los cuales habrán de ser gradualmente superados para imprimirle solidez, dinamismo y equidad al crecimiento del sector.
No obstante los problemas confrontados, se logró en los ingenios públicos una producción estimada en 2 millones 300 mil toneladas de azúcar, que aunado a las 700 mil de los ingenios privados, a importaciones por 247 mil y a existencias iniciales por 748 mil, permitirán una oferta de casi 4 millones de toneladas, con lo que prácticamente se alcanza la autosuficiencia y se asegurarán existencias de un millón de toneladas.
Para ello, en 1985 las medidas y acciones de política, se orientan a mantener la autosuficiencia en la producción, alcanzar gradualmente la autonomía financiera, la eficiencia productiva y distributiva, impulsar un desarrollo más integrado de la industria, reorientando hacia el mercado interno la demanda de insumos y bienes de capital, avanzar en la modernización del sistema de distribución y ventas, inducir niveles de consumo más racionales y continuar mejorando las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la fábrica.
Para estos propósitos se tiene previsto producir 2.7 millones de toneladas de azúcar estándar, 900 mil toneladas de mieles de incristalizables y comercializar 3.2 millones de toneladas de azúcar y 760 mil de mieles.
Con el objeto de apoyar estas metas, se prevén en el Anteproyecto de Presupuesto, recursos por 442 miles de millones de pesos, de los cuales montos importantes serán para inversiones orientadas a:
- Rehabilitar y conservar los ingenios en operación que se consideren viables, la nivelación departamental de 7 de ellos, y en 5 más concluir las obras de ampliación, a fin de aumentar la capacidad de producción. Dentro de las ampliaciones de capacidad de producción destacan las del Ingenio de Tala, en Jalisco, a 12.000 toneladas de caña al día. El anteproyecto no considera la construcción de nuevos ingenios.
- Se continuarán los Programas de Mejoramiento Ambiental, para reducir la contaminación ecológica producida por los residuos generados durante el proceso de industrialización de la caña. Se realizarán obras de infraestructura en el campo cañero, con el objeto de posibilitar el abastecimiento regular y oportuno de agua en las zonas de diversos cultivos, y del de caña en las unidades industriales, a través de la rehabilitación de la red de caminos cañeros.
- Continuar con la implantación del Sistema Integral de Bodegas y Tanques en las Plantas Industriales y Centros de Distribución, será tarea importante para lograr el abasto oportuno. Asimismo, se atenderán a las 2.004 comunidades de productores y cortadores de caña, a fin de elevar su nivel de bienestar social a través de los programas de educación, vivienda e infraestructura rural.
Fertilizantes
La industria de fertilizantes persigue como objetivo fundamental consolidar y expandir su capacidad productiva y distributiva que le permita satisfacer la demanda interna y contribuir de manera decisiva al propósito de autosuficiencia alimentaria.
Con el nivel de inversiones en 1984, se logró acelerar el ritmo de ejecución de proyectos prioritarios como el complejo de fosforados de Lázaro Cárdenas; y se incrementó en medio millón de toneladas la capacidad instalada al entrar en operación una planta de urea en Pajaritos.
Particularmente, se busca lograr autosuficiencia nacional en fertilizantes nitrogenados y fosforados y avanzar en la producción de potásicos, así como generar excedentes exportables para diversificar nuestro comercio exterior. Se pretende también, ampliar y modernizar la infraestructura de distribución y
comercialización, a fin de asegurar el abasto oportuno y suficiente a los productos agrícolas.
Asimismo, se busca mejorar la posición financiera de la industria, racionalizando los gastos de operación y priorizando los de inversión, así como incrementando la generación de recursos propios, con el fin de disminuir los niveles de endeudamiento y los subsidios presupuestales del Gobierno Federal. Lo anterior contempla la instrumentación de una política de precios iniciada en 1984 tendiente a eliminar subsidios a algunos productos importados, determinando precios diferenciales en función del contenido de nutrientes para los productos de fabricación nacional. Esto último estrechamente vinculado a los precios de garantía de los granos y cereales básicos.
Considerando los propósitos señalados y que la demanda para 1985 se estime en 5.7 millones de toneladas, superior en 10% a la de 1984, Fertimex elevará su producción en 1985 a 4.6 millones de toneladas, que significan un aumento de 12% con respecto al de 1984, y comercializar 5.7 millones de toneladas.
Para abastecer la demanda del mercado interno adquirirá 546 mil toneladas de amoniaco y sulfato de amonio en el mercado nacional y 407 mil toneladas de fertilizantes fosforados y potásicos en el mercado externo.
El programa de Inversiones contempla principalmente la terminación de las unidades en construcción y la continuación de proyectos para apoyar la producción de fertilizantes de alta concentración. Sus acciones y metas son:
- Concluir en 1985 el Complejo Industrial de Fosforados (Fases I y II), en Lázaro Cárdenas, Mich., y el Sistema de Manejo de Sólidos de la Unidad Industrial del Istmo.
- Finalizar la primera etapa de la Red Nacional de Bodegas con una capacidad conjunta de almacenamiento de 227 mil toneladas e instalar 4 esferas de amoniaco con capacidad para 14,000 toneladas, con el propósito de lograr una infraestructura de comercialización adecuada.
- Continuar con el proyecto de cloruro de potasio en Mexicali, B.C.N., las plantas de urea, en Camargo y Lázaro Cárdenas, Mich., y el Complejo de soluciones y nitrogenados en Veracruz, para satifacer la demanda de las unidades industriales de la región.
- Iniciar la construcción de cuatro terminales marítimas para el suministro de materias primas.
Bines de capital
La importancia que la producción estatal de bienes de capital adquiere en el presente, se deriva de la necesidad de acceder al cambio estructural planteado con el Plan Nacional de Desarrollo. Para ello se requiere un aparato productivo eficiente y competitivo capaz de vencer la inercia de la dependencia del sector industrial con el exterior.
La complejidad del problema nace indispensable que se recupere la rentabilidad de la rama, a fin de incrementar su capacidad e impulsar el proceso de sustitución de importaciones, otorgando así, preferencias a la producción y uso de insumos tecnológicos nacionales.
En este contexto, para 1985 el subsector contempla como sus principales objetivos, impulsar una mayor utilización de la capacidad instalada de las empresas paraestatales productoras de bines de capital; intensificar la capacitación de su personal, a fin de aumentar su eficiencia y productividad; aunado a lo anterior y con el objeto de contribuir y sanear las finanzas de la industria, se reestructurará un proceso de renegociación, los pasivos de las empresas y contribuir a su capitalización por la vía de una mayor participación gubernamental y de los socios minoritarios.
A fin de cumplir con estos objetivos, las empresas del subsector producirán 6,00 tractores agrícolas, 202,800 bombas de agua, 282,800 bombas de aceite, 4,800 transformadores, 480 motores eléctricos, 1.354 reductores, 25,158 coples, 84,000 refacciones ... 393,000 cigüeñales 5,192 ejes, 18.372 frenos, 664 suspensiones, 786,000 anillos, 325,000 amortiguadores, 459,000 kilogramos de balatas, 125,000 radiadores y 702,000 partes fundidas de aluminio.
Respecto al programa de inversión, proseguirá impulsando el proyecto NKS para que en 1985 se fabriquen 4,462 toneladas de piezas de forja, 15,000 toneladas de lingotes, 10,720 hrs./máq. de maquinado y ensamble y 3.334 toneladas de fundición y pailería.
El Grupo NKS ha sido concebido para abastecer a los sectores energético, siderúrgico, cementero, naviero y de la industria del azúcar. En otro plano NKS se constituirá en el eje de la sustitución de importaciones y creación de una base industrial exportadora.
NKS participará en un concurso a nivel internacional convocado por la Comisión Federal de Electricidad para la fabricación de turbogeneradores. Los resultados del concurso permitirán a la entidad, intervenir en la producción de los mismos, en coparticipación con otras empresas nacionales del Subsector Bienes de Capital.
Automotriz y ferroviario
El desarrollo de la industria paraestatal de equipo de transporte, al reducir importaciones y fomentar la exportación de bienes de capital, contribuye de manera decidida, a la consolidación de nuestra soberanía nacional.
Los objetivos del subsector para 1985, son impulsar la fabricación de equipos de transporte de carga y pasaje, en número suficiente para satisfacer los requerimientos nacionales; integrar la industria nacional productora de equipos de transporte; fomentar la sustitución
de importaciones y la diversificación de exportaciones. Objetivos, todo ellos, orientados a reducir la dependencia tecnológica y a apoyar las formas autónomas de producción.
En congruencia con tales objetivos, la estrategia de desarrollo de este subsector se orienta a apoyar la integración del Sistema Nacional de Transportes, concentrando su actividad en la fabricación de equipo para carga y pasajeros y en la producción de motores.
Es así que para 1985, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, en apoyo del Programa de Modernización de Ferrocarriles Nacionales, producirá 6 mil 721 juegos de partes, un mil contenedores y 8 aerotúneles, y además contempla producir 1,530 unidades ferroviarias, 216 coches de Metro y 175 rehabilitaciones de carros, para sustituir las que se encuentran en malas condiciones y mejorar el servicio. En lo que se refiere a la Industria Automotriz, Diesel Nacional y Mexicana de Autobuses producirán y comercializarán un total de 2,808 autobuses y 7,300 caminos de carga. Asimismo, se prevé alcanzar, según las condiciones actuales del mercado automotriz y la capacidad instalada, una producción y comercialización de 5,413 motores V6 u V8, aspiración natural y turbo cargados. Por su parte, la empresa Moto Diesel Mexicana, producirá 2,330 motores y 653,410 componentes de motores para exportación.
Naval
Para 1985, con el gasto del sector se apoyará la terminación de 2 buques - tanque de 45 mil toneladas y 4 remolcadores para Petróleos Mexicanos; 2 graneleros de 22 mil para la Compañía Naviera Minera del Golfo y 8 embarcaciones para Productos Pesqueros.
Además, se proseguirá la construcción de 2 buques - tanque de 45 mil toneladas y se prevé la de 4 petroleros de 8 mil 500 toneladas y 2 buques - tanques de 45 mil toneladas.
Es necesario señalar que adicionalmente a los recursos presupuestales se promoverá una mayor participación del Sector Financiero para apoyar a este sector con adecuados esquemas de financiamiento, permitiendo una mayor utilización de la capacidad instalada y terminar las primeras embarcaciones al inicio del año entrante.
Celulosa y papel
El esfuerzo de esta actividad se orientará, en sus aspectos más importantes, a: inducir el establecimiento de políticas forestales de explotación intensiva de los bosques; promover una política industrial autosuficiente; incrementar sustancialmente el uso de fibras secundarias nacionales; orientar la producción hacia la obtención de mayor superficie de papel por volumen de materias primas fibrosas; fomentar el establecimiento de centros de investigación y desarrollo tecnológico en materia de celulosa y papel, y, establecer programas de fomento para las industrias de la celulosa y papel, así como para las proveedoras de maquinaria, refacciones e insumos.
Asimismo, se persigue asegurar el abastecimiento de papel a la Industria Editorial Nacional, coadyuvar a garantizar la libertad de expresión y fortalecer los medios de comunicación con que cuenta el Estado para la educación e información.
Con objeto de cumplir con estos objetivos será necesario mantener al máximo su capacidad, produciendo en 1985, 185,500 toneladas de papeles, cartones, envases y cartoncillos. La Compañía Industrial de Atenquique, S.A., producirá 108,000 toneladas de papel liner y Kraft y Celulosa del Pacifico, S. A. toneladas de papel medium y liner. Por su parte Manufacturas Gargo, S. A. de C. V. producirá 2,000 toneladas de envases y ... 19,500 toneladas de cartoncillo y Envases y Empaques Nacionales, fabricará 33,000 toneladas envases.
Por lo que respecta a papel periódico y libros de texto, las entidades producirán 358,756 toneladas, contribuyendo con ello, a evitar la fuga de divisas en el subsector.
Por su parte, Fábricas de papel Tuxtepex, S.A. alcanzará la producción de 145,000 toneladas de papel periódico y 20,400 de pasta mecánica, 65% más que al año de 1984; Mexicana de Papel Periódico, se propone producir 90,000 toneladas, correspondiéndole 75,000 a los libros de texto y 15,000 a papel tipo periódico. La producción de papel periódico la complementa Productora Nacional de Papel Destintado, S.A. de C.V. con una producción de 123,762 toneladas.
Sector Energético
Las actividades del sector Energético se ciñen a las disposiciones emanadas del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior y, del Programa Nacional de Energéticos, y revisten una importancia inobjetable en la instrumentación de la estrategia general del Estado mexicano.
El sector tiene una enorme significación para el desarrollo del país, al consolidarse como instrumento de apoyo al crecimiento económico y eje fundamental en la generación de divisas y en la orientación y demanda de bienes de capital, tecnología, abastecimiento y servicios a la industria nacional.
En este contexto, el sector energético se propone seguir apoyando las actividades prioritarias, incorporando núcleos dispersos de la población rural y de zonas urbanas rezagadas a los beneficios de la energía, así como incidir en el ahorro de energéticos induciendo su utilización eficiente en la producción. El sector se propone también reafirmar la autodeterminación tecnológica de la industria energética y apoyar el desarrollo de
tecnologías de punta, además de impulsar el desarrollo de fuentes energéticas alternativas.
Con estos propósitos, la estrategia del sector pretende aumentar su capacidad de respuesta con un margen suficiente de maniobra, para que en mediano y largo plazos pueda satifacer los crecientes requerimientos internos de energía, mantener una plataforma de exportación y ampliar su apoyo al resto de la economía. El eje central de la estrategia se basa en el ahorro de energéticos, la diversificación de las fuentes primarias de energía y el aumento de la productividad, a fin de economizar recursos y ampliar las posibilidades de generación de divisas en el futuro.
Los recursos asignados a este sector para 1985 ascienden a 2,365.2 miles de millones.
Petróleo
Para 1985, la política petrolera buscará incrementar la productividad a través de diversas acciones, entre las cuales destacan: la reducción de la quema de gas; el aumento en la recuperación de líquidos de gas; el incremento en la proporción de crudo y refinados transportados por ductos; el ahorro de energía en refinerías y; el mejoramiento de la calidad de las gasolinas, diesel, combustóleo y otros productos.
El Programa - Presupuesto 1985 ha sido elaborado teniendo presente la consolidación de los sistemas de producción, comercialización y distribución, mediante intensificación de la exploración, instalación de plataformas para mantener la extracción de crudo en la Sonda de Campeche, continuar con las instalaciones necesarias para elevar la eficiencia en el aprovechamiento del gas, la construcción de las plantas petroquímicas y de refinación e incrementar los sistemas de almacenamiento y las redes de ductos. Se prevé que con el Programa - Presupuesto se continuará con la reforma administrativa interna, mejorando la eficiencia de la institución a base de jerarquizar sus inversiones y optimizar operaciones a través de sistemas que permitan evaluar las inversiones y el impacto de cada proyecto en la balanza de pagos y las finanzas públicas, sin desatender los problemas económicos, sociales y ecológicos que originan su desarrollo.
Dentro de estas acciones, las metas operativas que se llevarán a cabo prevén la extracción de 2,569.0 MBD de crudo y 3,892.0 MMPCD de gas natural, y la producción de 1,332.0 MBD de petrolíferos y 13,516.7 millones de toneladas anuales de petroquímicos.
Con la anterior plataforma de producción se estará en condiciones de comercializar externamente 1,500 MBD de crudo, 92.3 MBD de petrolíferos y 875.0 MTA de petroquímicos.
Asimismo, se comercializarán internamente 1,116.6 MBD de petrolíferos, 6,423.3 MTA de petroquímicos y 1,389.2 MMPCD de gas natural.
Con el propósito de mantener el potencial petrolero, se intensificará la actividad exploratoria para determinar nuevas reservas de hidrocarburos, para lo cual se han proyectado perforar 83 pozos exploratorios. Adicionalmente, para fortalecer la infraestructura de producción de crudo se perforarán 181 pozos de desarrollo y 10 de inyección de agua, principalmente en las regiones de la Sonda de Campeche y Mesozoico Chiapas - Tabasco. Con la misma finalidad se instalarán plataformas marinas de perforación, producción, habitacionales, enlace y módulos de comprensión, complementándose con el Puerto de Abastecimiento en Dos Bocas, Tabasco, en el que se están desarrollando obras que son estratégicas por su capacidad de almacenamiento y suministro de materiales. Asimismo, se intensificará el tendido de ductos que faciliten el manejo de crudo y gas natural.
Con objeto de satifacer la demanda interna y reducir el volumen de importaciones, se incrementará la capacidad de la producción petroquímica. Por otra parte, en 1985 no se propone la iniciación de nuevas refinerías, sino ampliaciones de las existentes, como es el caso de Salina Cruz, Oax., con las plantas primarias de 150 MBD y de vació de 80 MBD que se prevé alcancen un avance de 71% en 1985, y el caso de Tula, Hgo., con las plantas Primaria y Estabilizadora de Gasolina, que se espera concluirán en 1986.
Se continuarán las plantas viscorreductoras en Cadereyta, N.L., Minatitlán, Ver. y Salina Cruz, Oax., que se estima tendrán un avance físico de 60%, 40% 30% respectivamente. Con la entrada en operación de estas plantas en 1986, 1988 y 1989, el sistema contará con mayor capacidad de proceso de crudos pesados.
Las acciones y metas señaladas, aunadas a otras de menor importancia, demandan un presupuesto para Petróleos Mexicanos de -
Electricidad
En el presupuesto de 1984 será posible una generación bruta de 78 mil 780 gigawatts hora producidos en un 69% por termoeléctricas, en un 27% por hidroeléctricas, en un 3% por carbeléctricas y en 1% por geotermoeléctricas; comercializar 66 mil 546 gigawatts hora; e incrementar la capacidad instalada a 20 mil 84 megawatts, que incluye la entrada en operación comercial de seis unidades termoeléctricas en diversas zonas del país y de dos geotermoeléctricas, con capacidad conjunta de un mil 50 megawatts.
Los objetivos son suministrar energía eléctrica en forma eficiente y oportuna a través de una adecuada generación, transformación y distribución, así como la planeación y realización de obras que garanticen la suficiencia del fluido eléctrico a corto y mediano plazo, dando prioridad a las inversiones que permitan la utilización más eficiente de la capacidad instalada y la consolidación de los
proyectos prioritarios en ejecución. Asimismo, se pretende avanzar en la diversificación de fuentes primeras de energía y propiciar la demanda económica regional buscando un desarrollo más equilibrado del país.
Para el programa de diversificación de las fuentes primarias de energía se tomarán las medidas necesarias para reducir la dependencia respecto de los hidrocarburos a través de un mayor aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos, del carbón, del vapor y del uranio.
En materia de precios y tarifas, se pretende continuar con los esfuerzos internos que permitan evitar el rezago con respecto al ritmo general de inflación de costos, ya que esto afecta la situación financiera del sector e induce a un consumo irracional de los energéticos.
Lo anterior permitirá incrementar la capacidad instalada en este año en 7% para alcanzar los 21 mil 492 megawatts hora; una generación bruta de 85 mil 715 gigawatts hora; y comercializar 72 mil 838 gigawatts hora para hacer frente a un crecimiento de la demanda de 9%.
La generación de energía eléctrica en 1985 se integrará con la siguiente participación de fuentes de producción: 27% de origen hidroeléctrico, 4% de geotermoeléctricos a base de hidrocarburos.
En lo que respecta a las inversiones se considera que permitirá continuar obras en construcción, destacando dos hidroeléctricas, una en Peñitas, Chiapas y otra en el Caracol, Guerrero; cuatro termoeléctricas: Ciudad Juárez, Libertad en Sonora, San Luis Potosí y Manzanillo II; la geotermoeléctrica de Cerro Prieto III, Baja California Norte; la carboeléctrica de Río Escondido, Coahuila; y la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz.
Como proyectos nuevos se consideran tres plantas hidroeléctricas localizadas en Itzantún, Chiapas; Agua Prieta, Jalisco y Aguamilpa, Nayarit; y una geotermoeléctrica en Tejamaniles, Michoacán.
Sector Turismo
Las acciones del sector, conforme a lo que disponen el Programa Nacional de Turismo 84- 88 y la nueva Ley Federal en la materia, se orientarán a su consolidación estratégica dentro del desarrollo del país, con el fin de generar empleos productivos a través de la creación de instalaciones y servicios turísticos que demanden mayor contenido de mano de obra; a participar crecientemente en la captación de turismo extranjero y, a la vez, mantener la competitividad de los servicios; a coadyuvar al desarrollo regional y propiciar que el impacto generado por la actividad turística contribuya al desenvolvimiento de otras actividades económicas.
Para ello, sus programas y proyectos apoyarán la promoción y capacitación turística, el auxilio y protección al turista, la desconcentración y modernización administrativa; la simplificación de trámites y la consolidación de los fideicomisos turísticos existentes.
Sus programas y proyectos buscan diversificar y ampliar la afluencia de turistas extranjeros; elevar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la modernización y ampliación de las instalaciones hoteleras, con la realización de obras de infraestructura y remodelación.
Asimismo, se encaminan a la desconcentración de órganos y la descentralización de funciones para coadyuvar con el desarrollo regional, a través de la formalización de acciones con los gobiernos de los Estados y municipios. Con las dependencias de la Administración Pública se buscará la congruencia intersectorial para la unificación de criterios de acción.
En Cancún, Ixtapa, San José del Cabo y Loreto se ejecutarán obras de urbanización, equipamiento y desarrollo de la infraestructura turística y se apoyará desarrollos náuticos inmobiliarios.
Por la importancia de Bahías de Huatulco, Oaxaca, para apoyar el desarrollo regional y la creación de una nueva zona turística de gran importancia, en 1984 se realizaron los estudios de planeación turística y urbana, se adquirieron los terrenos en que se asentará y se inició la construcción del aeropuerto internacional. En 1985 se tiene previsto llevar a cabo obras de infraestructura básica y urbanización de la primera etapa del desarrollo y dar continuidad a la construcción del aeropuerto internacional.
En materia de empleo, el Sector Turismo ampliará su oferta en 9,000 empleos directos de carácter permanente; por su incidencia multisectorial se crearán 22.500 empleos indirectos, adicionalmente el sector desarrollará programas para la capacitación de 15,000 personas.
Se financiará la rehabilitación de 7,000 cuartos, fundamentalmente para la atención del turismo social y de las clases medias.
Con este conjunto de estrategias y objetivos, el sector turismo se propone para 1985 la captación de 2.1 miles de millones de dólares, lo que permitirá un superávit de 1.3 miles de millones de dólares, monto superior al de los dos últimos años.
El sector cuenta para 1985 con una asignación presupuestal de 24.8 miles de millones de pesos.
Administración
Propiciar la descentralización de las decisiones públicas y simplificar los procedimientos administrativos, son elementos claves para que el Gobierno Federal dirija e introduzca los cambios estructurales que el país requiere.
En tal sentido la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, y de la Contraloría General de la Federación, están
empeñadas en modernizar sus estructuras orgánicas para ejecutar con mayor probidad y eficiencia sus funciones.
Para 1985, son objetivos centrales del Sector Administración continuar con la política propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo; preservar y ampliar el margen de libertad y seguridad establecidas por la Constitución de 1917; mantener nuestra soberanía nacional y establecer relaciones de intercambio equitativas con el exterior; así como ejecutar las acciones de planeación, coordinación y control que permitan consolidar la rectoría del Estado.
Presidencia de la República
Las áreas que integran la Presidencia de la República, constituyen unidades de apoyo y asesoría del Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de proporcionar los servicios de seguridad, apoyo logístico, difusión, coordinación y seguimiento de acciones intersectoriales y asesoría técnica y jurídica.
Para 1985, el programa de modernización y simplificación aprobado permitirá establecer la programación de actividades por área de responsabilidad, automatizar la información y sistematizar la función administrativa.
Las acciones previstas permitirán satisfacer los requerimientos en materia de análisis y presentación de iniciativa de ley, reglamentos, decretos y acuerdos; información a los medios necesarios y comunicación social de la Presidencia; apoyo en la coordinación de asuntos interdependenciales, asesoría, estudios e investigaciones, así como organización, seguridad y apoyo logístico requerido por el C. Presidente de la República; y en general las actividades de administración y control interno de la dependencia.
La asignación a esta dependencia del Ejecutivo Federal, asciende a 11.4 miles de millones.
Gobernación
Esta Secretaría regula y conduce la política interna del país en el libre ejercicio de los derechos políticos, reafirma los procesos democráticos y asegura el cumplimiento de los preceptos constitucionales, en especial el de las garantías individuales; coadyuvando con ello, al logro de la paz y la vigorización del derecho.
Para asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas, durante 1985 se continuarán desarrollando las acciones para fortalecer el federalismo y vigilar el desarrollo de los procesos electorales que se efectuarán el próximo mes de julio; asegurar el ejercicio de las garantías individuales; orientar, autorizar y evaluar la acciones de comunicación social tendientes a elevar el nivel cultural, cívico y educativo de la población; así como dirigir y ordenar técnicamente la prevención de la delincuencia y el tratamiento de adultos y menores infractores.
A través de los programas demográficos y de servicios migratorios a su cargo, formulará e instrumentará lineamientos para el crecimiento y evolución estructural de la población y su racional distribución geográfica, así como coordinar los servicios de migración, para orientar el desarrollo regional y los asentamientos humanos, también se atenderá la construcción de Delegaciones Migratorias en 9 Estados de la República.
En materia de comunicación social se consolidarán los Institutos de Radio, Televisión y Cinematografía y se racionalizará la acción del cine, fortaleciendo la operación de mecanismos de coordinación integral de los medios oficiales para propiciar su eficiente utilización.
El presupuesto de este sector asciende a 41.2 miles de millones de pesos.
Relaciones Exteriores
La política exterior de México descansa en los principios de igualdad, justicia, no intervención en asuntos internos de otros países y la libre autodeterminación de los pueblos.
En este marco, la Secretaría se orientará a apoyar los esfuerzos en favor de la paz y la cooperación entre los Estados, propiciando los canales de diálogo y negociación política como medio idóneo para resolver los problemas. Asimismo, se buscará una mayor integración de las acciones de cooperación económica, científica y técnica internacionales, así como un acceso por parte de México a los beneficios de la cooperación internacional, a través de una activa participación en los Organismos Internacionales.
Se continuará el fortalecimiento de las relaciones comerciales de nuestro país con otras naciones, así como las relativas al campo energético, transferencia de tecnología en materia industrial, alimentación y cultura que contribuya al logro de los programas y proyectos de desarrollo nacional.
El presupuesto de la dependencia para 1985 será de 28.8 miles de millones.
Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República es una institución jurídica esencialmente asociada al Estado del Derecho, a la abogacía pública y social y a la custodia de los principios de constitucionalidad y legalidad.
Para 1985, se pretende continuar con los esfuerzos tendiente a ampliar garantías individuales y sociales; actualizar el derecho mexicano como las circunstancias y la voluntad popular lo aconsejan, modernizar las instituciones; imprimir objetividad y pertinente celeridad a la procuración y a la impartición de justicia; mejorar la calidad de estos servicios públicos y la selección, formación y actuación de quienes en ellos participan; respetar los ámbitos de competencia de los poderes Legislativo y Judicial de la Unión, y fortalecer el sistema de autonomía y coordinación que deriva de nuestros Pacto Federal.
En tales circunstancias, se avanzará en la revisión a fondo del sistema normativo nacional, estableciendo canales idóneos para propiciar la más amplia participación ciudadana; se coordinarán propósitos y acciones entre los diversos poderes y niveles de gobierno: se mejorará a los organismos dedicados a la preservación de la seguridad pública y a la procuración y administración de justicia; se elevará la calidad profesional de quienes intervienen en estas acciones; mediante sistemas adecuados de incorporación, perfeccionamiento y permanencia en el servicio; se simplificarán procedimientos judiciales y administrativos; y se apoyarán ampliamente las tareas públicas en este sector que permitan un desempeño eficiente, profesional y respetable por parte de los correspondientes servidores públicos, Asimismo, se intensificarán las tareas para la detección y destrucción de estupefacientes en coordinación con otras dependencias, conforme a los compromisos internacionales de México en la materia y se apoyará la modernización y transformación de la impartición de justicia para la pronta y expedita resolución de controversias, muy especialmente la desconcentración de los órganos de procuración e impartición de justicia, ordenada por la ley. Para tales propósitos de han presupuestado 11.5 miles de millones.
Defensa Nacional
Con fundamento en los principios contenidos en la Constitución la Secretaría de la Defensa Nacional participa en el logro de los objetivos nacionales, al garantizar la seguridad nacional, fortalecer la soberanía y la paz, el régimen democrático y la integridad territorial, así como el desarrollo de programas de impacto social.
Entre las primeras acciones para 1985, el Ejército y la Fuerza Aérea proveerán al personal militar de capacitación y actualización progresiva y permanente, que garantice su rendimiento en el esfuerzo general de proporcionar seguridad, conservar y fortalecer las instituciones democráticas.
La Secretaría, fortalecerá asimismo, los programas de seguridad y bienestar familiar para los integrantes de las fuerzas armadas. Cooperará con las autoridades en caso de necesidades públicas de auxilio a la población en función de los planes de emergencia establecidos con ese fin y resguardará las instalaciones estratégicas, los recursos naturales y las instalaciones de comunicación. De la misma manera, coadyuvará enérgicamente en las campañas para combatir el narcotráfico y la destrucción de estupefacientes.
Los programas de impacto en áreas de rezago social se canalizarán al abasto de agua potable, reforestación, campañas sanitarias y de alfabetización y de construcción de viviendas y caminos rurales.
Las previsiones presupuestales para la Defensa Nacional asciende a 197.5 miles de millones.
Marina
La preservación de la soberanía marítima nacional, se efectúa por la Secretaría de Marina, mediante el ejercicio permanente de la Jurisdicción Federal Militar en el mar territorial, zona económica exclusiva y faja costera nacional, al mismo tiempo que desarrolla actividades de auxilio a las poblaciones costeras en zonas y casos de desastre, prevención y represión del contrabando y lucha y control de la contaminación marina.
Para 1985, la cobertura en la vigilancia de la zona económica exclusiva alcanza 130 millones de millas náuticas cuadradas, y de 2.5 millones de kilómetros cuadrados la relativa a la faja costera. Asimismo, se continuará la construcción de 4 guardacostas, 2 buques patrulla y 10 chalanes para el programa de protección al medio ambiente, y de instalaciones logísticas, hospitalarias y habitacionales para la Armada de México.
Se llevarán a cabo una serie de proyectos, tanto de creación de infraestructura física, como de investigación oceanográfica, así como acciones para elevar el nivel de formación profesional, capacitación y especialización naval militar.
Para ejecutar estas acciones, a la Secretaría de Marina se han presupuestado 66.1 miles de millones.
Hacienda y Crédito Público
Conforme al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, la Secretaría orientará sus acciones hacia la previsión y obtención de los ingresos necesarios para el financiamiento de las actividades de la Federación, así como el diseño y aplicación de la política de financiamiento del desarrollo, para orientar su utilización eficiente y racional al cumplimiento de los objetivos de interés nacional.
La política de financiamiento apoyará la estrategia económica y social inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo, orientando sus acciones a recobrar y fortalecer el ahorro interno; propiciar la asignación y canalización eficiente y equitativa de los recursos; reorientar las relaciones económicas con el exterior y fortalecer y consolidar el sistema financiero.
La política de ingresos buscará fortalecer el ahorro del Gobierno Federal y corregir los desequilibrios financieros de las empresas públicas, mediante incrementos reales y significativos en los ingresos, a través de medidas de carácter fiscal y de modernización de la administración tributaria, así como a la justa y objetiva revisión de precios y tarifas de los bienes y servicios que proporcionan los organismos y empresas del Estado.
Destaca la simplificación y mejora de los instrumentos de captación y fiscalización para reducir sustancialmente la evasión y elusión fiscal; así como el fortalecimiento del Sistema Recaudatorio Coordinado de Impuestos Federales.
La política de precios y tarifas del sector público, se orientará hacia el combate de la inflación, propiciando la adecuación de la demanda a la capacidad de respuesta de la oferta; la generación de un adecuado nivel de ingresos en la empresa pública; al abastecimiento de productos básicos a precios accesibles a los sectores mayoritarios de la población; así como a fincar las bases de una estructura de precios relativos que coadyuve al desarrollo económico en forma armónica y permanente.
La política de promoción fiscal continuará enfatizando la canalización selectiva de estímulos fiscales básicamente a las actividades prioritarias y rentables en términos sociales y de producción; reduciendo su número; simplificación de su aplicación y: otorgamiento, con base en las siguientes prioridades nacionales; promoción selectiva de la inversión y el empleo; fomento del desarrollo regional, fortalecimiento del sector externo y la atención a los mínimos de bienestar.
Contraloría General de la Federación
La actuación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación se orientará a dar cumplimiento a los propósitos nacionales de llevar adelante la renovación moral de la sociedad, así como a coordinar la integración del Programa de Simplificación de la Administración Pública Federal y vigilar las acciones que en esta materia realicen las dependencias y entidades.
Se continuará la conformación y operación de un sistema integrado de control, fiscalización y evaluación en dos vertientes: por un lado, el control preventivo a través de la figura del comisario y la actuación de los delegados y, por otro, el control fiscalizador mediante la acción de las contralorías internas, la realización de auditorías directas y la contratación de auditorías externas que permitan vigilar la operación de las entidades, todo ello, dentro de un marco de simplificación administrativa que introduzca procesos modernos, ágiles y dinámicos.
Se pretende extender el sistema de control a los estados y municipios, a través del apoyo técnico necesario para que estén en posibilidad de implantar sus propios mecanismos.
Asimismo, se pondrá especial énfasis en la consolidación del Sistema de Control, Fiscalización y Evaluación de la Administración Pública Federal; en la vigilancia del cumplimiento de las normas, políticas y directrices en materia de fondos federales, programación, presupuestación, administración de recursos, contabilidad y contratación de deuda, no sólo en forma central, sino a nivel regional, estatal y municipal.
Como responsable de coordinar los trabajos del Programa Nacional de Simplificación Administrativa, revisará y propondrá ajustes a los procedimientos de gestión pública; e impulsará el establecimiento de mecanismos de coordinación institucional.
Para atender adecuadamente las ejecución de sus programas se ha proyectado un gasto de 8.2 miles de millones.
Programación y Presupuesto
Con el diseño de las metodologías e instrumentos de programación implantados por esta Secretaría, se ha ido perfeccionando y consolidando el Sistema Nacional de Planeación Democrática; de tal forma que a la fecha se están ejecutando casi la totalidad de los Programas previstos y han quedado definidas las instancias de participación para los sectores privado y social, así como de los Gobiernos Estatales y Municipales.
Como parte de la consolidación del sistema, en 1985 la Secretaría de Programación y Presupuesto pondrá énfasis en la evaluación de la ejecución del Plan y de los programas generados. Conforme a los avances en la reordenación económica y el repunte económico que se espera para este año, se propondrán los ajustes necesarios para actualizarlos con miras a inducir las acciones de cambio estructurales requeridas.
Las acciones de esta dependencia se encauzarán a la formulación del Reglamento de la Ley de Planeación; a la precisión del proceso de planeación anual para fortalecer el vínculo entre los programas de mediano plazo y los instrumentos de políticas económica y social; en vigorizar la infraestructura de apoyo en lo relativo a capacitación de recursos humanos, información y proyectos de inversión; así como a instrumentar el programa para apoyo a la creación de los sistemas estatales de planeación.
En el marco de los Programas de Descentralización y Simplificación Administrativa, será prioritaria la promoción del desarrollo regional mediante la aplicación de programas de coordinación especial, de empleo y de desarrollo estatal; la realización de estudios tendientes a planear actividades presupuestales bianuales para una mayor transparencia del gasto; así como consolidar el establecimiento de centros de información estadística y geográfica en los Estados para la obtención de información oportuna y precisa.
En materia de gasto público se proseguirá con su reestructuración a fin de contener la participación del gasto corriente y aumentar correlativamente el gasto de inversión, orientándolo hacia el desarrollo social a través de una administración responsable y disciplinada hacia las prioridades sectoriales y regionales.
Se proseguirá con la revisión de la estructura y contenido general de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la integración de la Legislación en Materia de Ciencia y Tecnología.
Desarrollo regional y descentralización.
Las políticas de descentralización de la vida nacional y de desarrollo regional, se inscriben
en la estrategia de cambio estructural del Plan Nacional de Desarrollo. Ambas persiguen vigorizar el sistema federal de gobierno, tanto en lo económico como en lo social, a través de distintas acciones fundamentales, como la mayor vinculación entre las economías rural y urbana, la organización de sistemas de planeación democrática en todas las entidades federativas, los planes estatales de desarrollo, el fortalecimiento municipal, los Convenios Únicos de Desarrollo, la programación - presupuestación del gasto regional y la participación social en los programas de desarrollo regional.
Se pretende lograr una progresiva reordenación de la actividad económica en el territorio nacional y un desarrollo equilibrado entre las regiones, para lo cual se plantea una estrategia de descentralización que va más allá de la administración, para expresarse en los ámbitos de la economía y la política.
En la economía, dicha estrategia se dirige a hacer más eficiente la presencia del Estado en este campo, fundamentalmente en cuanto a su actividad reguladora y al funcionamiento de los organismos y empresas paraestatales. En la política, se orienta a ampliar la participación de la sociedad en las decisiones públicas.
Para crear las condiciones de la descentralización, se hace necesario ajustar las estructuras, formas de operar e instrumentos de la Administración Pública Federal, ya que de ella parten las decisiones fundamentales tanto en la economía como en la política.
De ahí, que el proceso de descentralización de la Administración Pública que ha emprendido el actual Gobierno, se oriente a reorganizar las áreas del Estado vinculadas con el fomento del desarrollo económico y social. Así, se busca descentralizar las áreas cuya función es apoyar las actividades productivas de alcance regional, las que cumplan funciones de desarrollo social, las encargadas de la ampliación y consolidación de la infraestructura, las de fomento económico y servicios gubernamentales, las áreas cuya función es organizar la actividad de las empresas públicas y, finalmente, aquellas que dan coherencia a la acción administrativa y norman el flujo de los recursos públicos.
La ejecución de acciones en el marco de los Planes Estatales y Programas de Desarrollo Regional, se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través de la defensa del empleo, la satisfacción de las necesidades básicas de abasto, salud, educación, vivienda y mayor cobertura los servicios municipales.
El ramo XXVI, de Desarrollo Regional, contempla los recursos presupuestales que permitirán avanzar en el proceso de descentralización y continuar propiciando un desarrollo regional acorde a las necesidades de cada una de las entidades federativas .
Con este propósito, se impulsará la desconcentración del gasto, destinando mayores recursos para la ejecución directa por parte de los gobiernos estatales y municipales.
La coordinación sectorial - regional se continuará impulsando en el seno de los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal, así como en los Comités municipales; lo cual consolida los sistemas estatales de planeación democrática. La participación social seguirá siendo el factor fundamental en la definición de los programas a realizar.
Al igual que en 1984, los recursos del Ramo XXVI, se ejercerán a través de los Programas de Desarrollo Regional, y de los Programas Regionales de Empleo.
Para 1985, la asignación total del Ramo asciende a 340.0 miles de millones de pesos, con un aumento del 32.0% en relación al presupuesto modificado para 1984. Este monto, incluye 116.0 miles de millones para apoyar la operación de los organismos del transporte urbano del Departamento del Distrito Federal, su revisión contractual y recursos complementarios para el programa de inversión en la Ciudad de México.
Los Programas de Desarrollo Regional (PDR), producto de la unificación de los anteriores Programas: Estatales de Inversión (PEI), Integral de Desarrollo Rural (PIDER), y el de Atención a Zonas Marginadas (PAZM) se atenderán las prioridades estatales en respuesta a las demandas de la población, entre las que destacan:
- La realización de proyectos productivos como son: Agrícolas, ganaderos, fructícolas, forestales, pesqueros e industriales. Asimismo, la rehabilitación de obras productivas que sean económica y socialmente viables.
- Programas de infraestructura básica de apoyo, carreteras estatales, caminos rurales, electrificación, y equipamiento para la comercialización y el abasto.
- Infraestructura para el desarrollo social, agua potable, alcantarillado, vivienda, educación y salud.
Atendiendo a las regiones estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo se han formulado los Programas Regionales correspondientes, los cuales buscan la integración de las regiones del país y aprovechar al máximo las potencialidades locales para su propio beneficio. Las líneas de acción para su propio beneficio. Las líneas de acción contenidas en estos programas seguirán siendo apoyadas en 1985.
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la Región Centro se apoyará fundamentalmente la realización de acciones de desarrollo rural en los de Estados Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, fortalecimiento de los servicios en las ciudades medias en los Estados de México, Puebla y Querétaro.
Por lo que se refiere a la Región del Sureste, los recursos se canalizarán a las zonas con mayores carencias de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; al Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán;
a diversas acciones en las zonas Soconusco Tapachula, Istmo de Tehuantepec y Coatzacoalcos; y de una mayor atención a zonas indígenas.
Para dar continuidad a las acciones en la Frontera Sur, se buscará apoyar la construcción de caminos, incrementar la infraestructura para proyectos productivos, e impulsar el desarrollo social de la región a través de acciones en materia de alimentación y apoyos a los sectores de educación y la salud.
Por lo que respecta a la Región Mar de Cortés, se intensificará la diversificación de actividades productivas, con especial énfasis en pesca, turismo, minería e infraestructura hidráulica, así como el mejoramiento del servicio de transbordadores, que permitan una mayor integración regional de la península con el resto del país.
En la Frontera Norte, se fortalecerán acciones en materia de abasto, infraestructura urbana, comunicación y desarrollo social con especial atención a las ciudades fronterizas.
Las acciones fundamentales del desarrollo de las Zonas Áridas están encaminadas a la perforación y electrificación de pozos, desarrollo pecuario, abasto y mejoramiento de servicios en las comunidades rurales.
Como parte de la Política Regional, destaca el desarrollo estatal integral. Para ello se continuará apoyando las líneas de acción definidas en los planes estatales de desarrollo puesto en marcha; en estos planes sobresalen acciones en materia de desarrollo urbano, agropecuario, comunicaciones, pesquero, turístico y desarrollo social.
Los Programas Regionales de Empleo (PRE), que en 1985 contarán con una asignación de 100.0 miles de millones de pesos continuarán atendiendo aquellas zonas en donde la actividad económica requiera de un mayor impulso en términos de creación de empleos; selectivamente se asignarán los recursos para hacer un uso eficiente y equitativo de los mismos, orientándolos a los proyectos de mayor impacto en términos de ocupación y bienestar social.
Con los recursos de estos programas se impulsará la construcción sobre obras que satisfagan las necesidades más sentidas de la población, como lo es el suministro de agua potable, alcantarillado, vivienda y caminos rurales, y apoyo a las acciones en el Programa Nacional de Alimentación. Asimismo, se continuará con programas de alto impacto social como han sido los del Servicio Social de Pasantes en atención a la juventud, el de Integración de la Mujer al Desarrollo, Becas para hijos de Obreros y miembros de las Clases Populares, y el de Becas de Capacitación para Trabajadores.
Adicionalmente, a los recursos del Ramo XXVI por 340.0 miles de millones, las participaciones y estímulos a Estados y municipios en impuestos federales ascenderán a 1,290 miles de millones con un crecimiento del 54%, por lo que las finanzas estatales y municipales continuarán manteniendo un elevado nivel de ingresos para satisfacer sus necesidades presupuestales, ya que nuevamente las participaciones se constituyen en uno de los renglones más dinámicos del gasto. Entre la asignación del Ramo de Desarrollo Regional y las participaciones a Estados y municipios en conjunto, representan cerca del 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Inversión pública
La estrategia de gasto público para 1985, como fue señalado en capítulos precedentes, busca abrir mayores espacios al programa de inversiones públicas mediante la contención del gasto corriente y la liberación de recursos a través de la limitación de las transferencias gubernamentales. El Programa de Inversiones se orienta a apoyar la recuperación de la actividad económica, mediante un mayor dinamismo en el impulso a los cambios cualitativos que precisa la estructura productiva del país.
De 1972 a 1982, la inversión pública registró un crecimiento promedio anual del 17% en términos reales y su característica fundamental fue la marcada orientación a los sectores energético e industrial, sustentada en la utilización, en forma creciente, del endeudamiento externo como fuente principal del financiamiento y caracterizada por un elevado contenido importado.
En 1983 y 1984, la inversión pública fue el renglón del gasto que registró el mayor peso de la reordenación económica, esto con la finalidad de evitar presiones excesivas al aparato productivo del país, además de los efectos nocivos adicionales al sector externo por la elevada propensión a importar.
Así, en la orientación sectorial de la inversión pública, se buscó la elevación de la participación relativa de sectores estratégicos como el social, comunicaciones y transportes y desarrollo regional; esta reorientación estuvo acompañada por la selección de proyectos con un mayor impacto en el corto plazo, en la generación de empleos, y con la característica de bajos periodos, de maduración. Asimismo, ha sido característica fundamental del programa de inversión la disminución sustancial de su contenido importado y en la realización de los proyectos, tanto a nivel global como particular, ha prevalecido un esquema de financiamiento diferente. De esta manera ha disminuido sustancialmente la dependencia de las inversiones públicas al sector externo.
Ello ha sido posible por la restauración del proceso de generación de ahorro del sector público y la reorientación del gasto de inversión hacia el mercado nacional.
La brecha entre el ahorro y la inversión se redujo drásticamente en 1983, el ahorro interno financió cerca del 40% de la inversión, una elevación hasta el 80% para el presente año. Este avance de debe, en gran medida a la estrategia permanente de sustitución de importaciones y a la mejor programación
de las inversiones de las dependencias y entidades del sector público, a través de sus programas de adquisiciones.
Con la instrumentación de los diversos programas de obras en las entidades del sector público, se ha avanzado hacia una mejor calendarización del gasto, lo que ha posibilitado un ejercicio cada vez más oportuno en su realización. Durante el primer semestre de 1984, lo sectores de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Rural y el CAPFCE, entre otros, habían concertado cerca del 90% de los concursos de obras públicas.
En ese año la inversión de comunicaciones y transportes se orientó primordialmente a la conservación y ampliación modernización de la red ferroviaria; en agricultura se dirigió a proyectos de irrigación y catastro de la tierra así como sistemas de introducción de agua potable.
Para 1985, el Programa de Inversiones Públicas continuará bajo la misma estrategia establecida en la reordenación y señalada en los incisos anteriores, pero con mayor énfasis en el cambio estructural, buscando la selectividad hacia el interior de las dependencias y entidades acorde con las líneas estratégicas contenidas en los programas de mediano plazo.
A fin de imprimir continuidad a las inversiones para 1985, se han instrumentado las acciones pertinentes para aprovechar los periodos de escasa precipitación pluvial, facilitando las gestiones previas al ejercicio de las obras públicas, de conformidad con las leyes que la regulan.
Su importancia radicará en la recomposición de los programas por las características de inversión de las mismas, a fin de favorecer la generación de empleos con carácter permanente y la realización de obras de infraestructura básica que significan un verdadero apoyo a la diversificación y descentralización del aparato productivo del país, en particular de las obras de la administración pública.
La inversión pública guarda congruencia con otros instrumentos de la planeación y para 1985, adopta los lineamientos contemplados en el Programa de Fomento Industrial y del Comercio Exterior, los que regulan las acciones de inversión de las empresas públicas. La descentralización de la inversión es una condicionante fundamental en el desarrollo regional, será en este esquema donde se fortalecerá la participación en la ejecución de obras de los gobiernos estatales y municipales.
Se continuará con la modernización y revisión de los trámites, reglamentos y leyes que norman la obra pública y las adquisiciones, a fin de promover el ahorro, la generación de divisas y evitar el dispendio de recursos y la atomización de la inversión. De especial interés serán los programas que por su naturaleza involucren acciones multisectoriales, como son el desarrollo carretero de unión con puertos industriales, el mejoramiento del sistema ferroviario, la construcción de centros de acopio, los programas de sustitución de importaciones y aquellos que aumenten la cobertura y calidad de los servicios sociales.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla inversiones públicas por 2,684.5 miles de millones de pesos, con un crecimiento nominal del 54%. Las prioridades fundamentales, dentro de la orientación sectorial del propio proyecto, están representadas por las asignaciones para los sectores de Desarrollo Rural, Desarrollo Regional, Educación, Salud y Seguridad Social y Comunicaciones y Transportes con tasas superiores al promedio de la inversión en su conjunto. En ese monto se incluyen apoyos para inversión de otras entidades públicas de control indirecto.
La inversión pública en Presupuesto, adicionada a la inversión que realizarán las entidades de control indirecto, conforman un programa del sector público por cerca de 3,335 miles de millones de pesos con un aumento nominal del 47% esto significa un ligero aumento real sobre el nivel esperado para 1984.
Dentro de esos niveles el mayor crecimiento estará representado por las inversiones de las dependencias del sector central, ya que al igual que en los últimos dos años, las obras de infraestructura y las vinculadas con salud y educación se constituyen en los renglones más dinámicos, por su mayor incidencia en la generación de empleos.
RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO
- INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL -
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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
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Adquisiciones
El programa de Reordenación Económica, estableció entre sus principales líneas de acción, la utilización del poder de compra del Sector Público, para estimular la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y obtener las mejores condiciones de precios y calidad en el uso de los recursos públicos. En este contexto, la Secretaría de Programación y Presupuesto, emprendió diversas actividades tendientes a apoyar a la planta productiva y a preservar los niveles de empleo.
Durante 1984, a fin de favorecer la sustitución de importaciones, se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública Federal, constituyéndose en instrumento de planeación de los proveedores del gobierno Federal, al posibilitar la adecuación de sus planes de producción con los requerimientos de bienes y servicios de las dependencias y entidades.
Para apoyar dichas acciones se publicarán las Segundas Normas Complementarias para las adquisiciones de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles, con el propósito de simplificar los trámites y mecanismos involucrados en las compras de la Administración Pública.
Por otra parte, se continuaron reinstalando y en su caso, se instalaron las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento entre las principales dependencias y entidades demandantes, como foros de concertación permanente entre Gobierno y sus proveedores.
En relación al Padrón de Proveedores, se simplificaron trámites, reduciendo documentación y tiempos de autorización, así como desconcentrando facultades a las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Programación y Presupuesto en esta materia.
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, a finales del presente año se publicará el Programa de Adquisiciones de Mediano Plazo de la Administración Pública Federal, a fin de fortalecer el mercado interno, mediante una mayor articulación de los procesos de producción y distribución del país con el proceso de compras del Sector Público.
Este programa se ha formulado dentro de las prioridades y políticas contenidas en los Programas para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo, y en el mediano plazo para el Desarrollo Industrial y del Comercio Exterior, principalmente. La finalidad del programa es apoyar el desarrollo de la oferta de bienes básicos, fortalecimiento de la industria de bienes de capital para incrementar el grado de integración de la producción nacional y la consolidación de un Sector Privado capaz de impulsar los proyectos económicos adaptándose a las nuevas condiciones de mercado y aprovechando la capacidad de compra del Sector Público.
El Titular del Ejecutivo ha enviado al H. Congreso de la Unión, una propuesta de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles, en dónde hacen una vinculación de las acciones con los objetivos y prioridades del Desarrollo Nacional. Dichos proyectos se constituye en reglamentario del artículo 134 constitucional, estableciendo la obligación de que las adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios con los bienes muebles, se efectúe bajo el procedimiento de licitación pública, y sólo cuando éste no resulte idóneo, se especifican las bases y requisitos para su excepción, acreditando economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Este proyecto incorpora los procesos de planeación, programación, presupuestación y control de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación con los bienes muebles, así como la regulación de los actos que éstas conllevan, con el objeto de que los recursos destinados para tal efecto, se administren con claridad y plena transparencia con el quehacer público. En esta iniciativa, se responsabiliza directamente a las dependencias y entidades de la realización de sus compras consolidadas, bajo criterios generales.
Durante el primer trimestre de 1985, se dará a conocer el Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública Federal, mismo que servirá de base para la publicación y difusión de los Programas de Adquisiciones que elaboraron las dependencias y entidades, conforme al Presupuesto de Egresos aprobado para este ejercicio.
Transferencias
La presente administración, ha procurado moderar el ritmo de crecimiento de las transferencias y subsidios, sin detrimento de las vinculadas con sectores estratégicos que enfrentan insuficiencia de recursos y las que benefician a la mayoría de la población al permitir mantener precios asequibles de los granos y productos básicos.
Este rubro de gasto continuará absorbiendo volúmenes cuantiosos de recursos. Ello obedece a la necesidad de mantener la cobertura en el suministro de bienes y servicios estratégicos y de apoyo a las clases populares, cuyo costo de producción resulta significativamente mayor al precio que se ofrece en el mercado. Adicionalmente, resulta insoslayable seguir incrementando la cobertura de los servicios de educación y salud y otros de carácter comunitario que prestan las entidades públicas desconcentradas. En esta evolución también han contribuido las acciones de saneamiento financiero de las empresas públicas mediante aportaciones de capital, para que estén en posibilidades de hacer frente a su programa de expansión o de subsanar la insuficiencia en la recuperación de los costos de operación. Asimismo, en los subsidios al consumo, se busca no sólo preservar el poder adquisitivo de los productos básicos, sino también se pretende estimular a los productores, particularmente del campo.
Para 1985, será necesario continuar reforzando los mecanismos para su asignación y control; ello con el fin de imprimir a través de su asignación efectos productivos, y de justicia distributiva en los recursos públicos.
En el caso de los subsidios al consumo que canalizan vía la venta de bienes y servicios de las empresas públicas, se buscará que la canalización favorezca en mayor medida, a las clases populares, especialmente en aquellos productos comprendidos dentro del programa de abasto. Asimismo se seguirán eliminando aquellas transferencias cuyos montos se consideren excesivos o innecesarios, a través de una permanente revisión de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos a fin de ajustarlos paulatinamente a la realidad económica.
Las instituciones de educación, salud y otros servicios comunales, continuarán siendo favorecidos dentro de la política de transferencias, con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de la población beneficiada; sin embargo; su otorgamiento deberá ser de manera racional, selectiva y sujeta a un compromiso de resultados.
También tendrá atención especial las transferencias que de manera indirecta contribuyen a incrementar la producción y productividad en materia agropecuaria y de productos básicos, a través de créditos preferenciales,
semillas mejoradas, fertilizantes y alimentos balanceados, entre otros.
En este sentido, el Proyecto de Presupuesto establece como lineamientos a los cuales deberá sujetarse el ejercicio de las transferencias los siguientes:
- Los subsidios o apoyos canalizados al logro de las metas previstas en los Programas de Abasto, de Descentralización de los Servicios de Salud, Educación y de la Capacitación y Productividad, tenderán a incrementar la cobertura y productividad, así como a mejorar la calidad de los servicios.
- Por otra parte, las transferencias de capital cuyo objetivo sea el apoyo en materia de reorganización y reestructuración financiera, serán destinadas sólo a entidades definidas como estratégicas, conforme lo señalan los programas sectoriales, a fin de fortalecer la capacidad de producción de bienes básicos y estratégicos.
- Las transferencias corrientes, deberán asegurar la prestación de servicios sociales y comunales básicos a la población de escasos recursos, sobre los destinados a otras actividades.
- En los subsidios de operación, se deberá asegurar la producción, distribución y comercialización de productos básicos y estratégicos.
Como se ha reiterado, la limitación de recursos presupuestales demanda continuidad en la aplicación de medidas de austeridad que constriñen el gasto público; sin embargo, el Gobierno Federal seguirá apoyando a la población de menores recursos mediante subsidios directos en los bienes y servicios básicos.
Para 1985, las transferencias y los apoyos para pago de la deuda a entidades públicas ascenderán a 3,139.1 miles de millones el año próximo. El mayor dinamismo se registrará en las entidades desconcentradas de Educación y de Salud, ante la necesidad no sólo de mantener y ampliar la cobertura de los servicios, sino también de destinar erogaciones significativas a la conservación y mantenimiento de las instalaciones, dado su grave deterioro; estos sectores absorberán el 24% de las transferencias gubernamentales, en relación al 19% del año precedente.
Las transferencias destinadas a los sectores de Desarrollo Rural, Regional, Comunicaciones y Transportes, Abasto y Pesca considerados como prioritarios reflejarán una participación del 47% de las transferencias totales. Más de las dos terceras partes de este rubro, se destinarán a los subsidios, al consumo o al gasto corriente.
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO
DEL GASTO PARA 1985
(Miles de millones de pesos)
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RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL*
- PARTICIPACIÓN (%) -
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Modernización y simplificación
La modernización de la Administración Pública constituye un prerequisito para avanzar hacia una mayor eficiencia y productividad en el uso de los recursos públicos, sentando las bases para una descentralización de la vida nacional más racional y bajo estructuras administrativas y esquemas óptimos.
Dentro de este marco, durante 1984 se planteó la necesidad de eliminar instancias innecesarias y evitar la duplicidad de funciones, por lo que mediante Acuerdo Presidencial se extinguen en una primera etapa, 16 Comisiones Comités Intersecretariales. Asimismo, las transferencias de unidades y personal, por modificaciones a la Ley Orgánica, quedaron finiquitados.
Con base en los lineamientos generales que fueron emitidos, las dependencias procedieron a adecuar sus estructuras de conformidad con sus atribuciones, prevaleciendo como criterio fundamental el sentido programático de vinculación con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y manteniendo una mayor racionalidad en sus unidades organizacionales. Con este mismo propósito, se emitieron normas para la organización de áreas comunes, entre ellas las de planeación y coordinación sectorial, las de apoyo administrativo, las de comunicación y difusión y las de asuntos jurídicos, con base en lo cual las dependencias procedieron a efectuar la instrumentación en el presente año.
Como se mencionó en el capítulo de Desarrollo Regional y Descentralización Administrativa, que sienta las bases para que la entidades desarrollen los programas que posibilitarán el traslado de la toma de decisiones hacia los lugares en que se demandan los servicios.
Asimismo, el Ejecutivo Federal emitió el acuerdo relativo a Simplificación Administrativa, cuyo objetivo primordial es situar la relación entre ciudadanos y Gobierno a condiciones óptimas en lo relativo a la tramitación ante las oficinas públicas. Por tal motivo, las dependencias del Ejecutivo procedieron a formular sus programas de simplificación administrativa cumpliendo en los plazos estipulados en dicho acuerdo; las acciones ahí contempladas constituirán una de las partes medulares a realizar durante 1985 y están vinculadas a metas concretas sujetas a evaluación periódica por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
De esta manera, la actual administración da una respuesta concreta a una de las principales demandas de los ciudadanos, lo que permitirá alcanzar grados razonables de productividad e imprimir una mayor agilidad funcional a las relaciones entre los sectores públicos, social y privado.
En este mismo contexto, se procedió a la elaboración del proyecto de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes y muebles y de las iniciativas de reformas y adicionales a las leyes generales de Bienes Nacionales y de Obras Públicas, predominando el criterio de simplificación y que, en caso de aprobación por la H. Cámara de Diputados, posibilitará una mayor agilidad y oportunidad en las relaciones entre los particulares y el Estado, en dichas materias. Asimismo, con la finalidad de contar con el
marco de regulación integral en materia de Obra Pública, en fecha próxima se expedirá el nuevo reglamento.
Simplificación en materia presupuestal
La limitación de recursos y estrechos márgenes de maniobra para la política de gasto público, ha determinado como prioridad establecer un esquema normativo para actuar con austeridad, disciplina y decisión en la gestión pública; al mismo tiempo que se persigue, acorde a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, una reorientación en los criterios de asignación y transferencia del gasto, bajo normas de productividad y racionalidad, tendientes al fortalecimiento de los esfuerzos de programación y los elementos y orientaciones del cambio estructural.
El artículo 1o. del Acuerdo de Simplificación Administrativa de agosto pasado, señala que las dependencias de la Administración Pública deberán realizar acciones concretas tendientes a reducir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos y trámites, así como incluir aquellas acciones necesarias para simplificar las relaciones entre dependencias y entidades a que dan lugar la asignación, ejercicio y control del presupuesto. Por este motivo se formuló el Programa de Simplificación en la materia, dividiendo las acciones en inmediatas y procediendo a elaborar en consulta con dependencias y entidades de la Administración Pública y en su caso con particulares, las que dan lugar a modificaciones del marco legal vigente.
El sistema presupuestario ha requerido diversas modificaciones para constituirlo en un eficiente instrumento que apoye los requerimientos de la planeación del desarrollo basado en la corresponsabilidad de la gestión pública.
La modernización de los sistemas de gasto público persigue mejorar cualitativamente los procesos de decisión a nivel global, sectorial e institucional, mediante la simplificación de las aspectos normativos, de sistemas operativos, de flujo de información y elementos de control, con el fin de vigorizar a la actividad presupuestaria como instrumento de la planeación.
Con la definición del programa Simplificación Administrativa, durante el ejercicio de 1985, se induce un profundo cambio en aspectos normativos, funcionales y operativos para procurar imprimir mayor fluidez y oportunidad a la aplicación del gasto público, con base en medidas de descentralización y modernización de los sistemas a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que incidirán en un margen de maniobras más adecuado para el manejo de los recursos autorizados a los coordinadores de sector y entidades.
Se busca descongestionar el proceso de programación - presupuestación de controles administrativos rígidos, cuyos efectos multiplicaron niveles de decisión y control, así como procedimientos y requisitos, que han venido significando trabas innecesarias y trámites posibles de eliminar o descentralizar; al mismo tiempo, se busca articular los sistemas de seguimiento e información para minimizar las demandas actuales e incrementar la suficiencia, confiabilidad y oportunidad de información básica que requieren las dependencias globalizadoras y coordinadoras de sector en el desempeño de sus atribuciones.
En este contexto, se instrumentarán para el ejercicio de 1985 una serie de medidas inmediatas, cuyos aspectos principales son:
- Se otorga flexibilidad en el manejo de recursos por los conceptos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, redefiniendo los niveles de autorización y delegando en las dependencias las adecuaciones a estas asignaciones presupuestales entre programas o unidades administrativas, con el consecuente registro posterior ante la Secretaría de Programación y Presupuesto.
- Descentralización en los coordinadores de sector, de la formulación y actualización de tabuladores de sueldos. Asimismo, las dependencias, con base normas globales, actualizarán las tarifas y cuotas de viáticos.
- Los coordinadores de sector, con base en autorizaciones al Programa de Inversiones que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto, emitirán las propias a sus entidades coordinadas a nivel de proyectos.
- Los coordinadores de sector podrán autorizar adecuaciones presupuestales con recursos propios adicionales para las entidades no consideradas en el Presupuesto de Egresos. En el caso de adecuaciones que involucren transferencias y/o el uso de crédito, la Secretaría de Programación y Presupuesto, previa recomendación de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, comunicará lo procedente por paquetes sectoriales y los coordinadores del sector efectuarán la distribución a sus entidades.
- En materia de estructuras orgánicas, los coordinadores de sector dictaminarán los cambios en las estructuras básicas para las entidades fuera de presupuesto, así como instrumentarán directamente este tipo de movimientos cuando no impliquen recursos adicionales a su presupuesto autorizado, informando de estos casos en forma posterior para el registro global correspondiente.
- Se implantarán medidas de unificación de flujos de información, a fin de cubrir la necesidades básicas, estableciendo consultas entre las dependencias globalizadoras para delimitar la coordinación en solicitudes de información.
- Se promoverán las medidas necesarias para iniciar un sistema de pago descentralizado mediante la radicación de fondos en el Sistema Nacional de Crédito.
- El Manual de Corresponsabilidad del Gasto Público Federal se actualizará en atención a la gran cantidad de movimientos que en materia presupuestal se realizan durante el ejercicio del gasto. Esto evitará los excesivos trámites, que si bien en algunas ocasiones se justifican por la necesaria disciplina presupuestal, en otras se vuelven complejos, lentos y costosos.
- Se precisa el sistema de operación de la ventanilla única para lo cual se consideran las diversas competencias de las áreas involucradas tomándose en cuenta los problemas de operación propios.
Finalmente, cabe mencionar que dentro de un paquete de iniciativas legales, se presentan modificaciones para agilizar trámites y simplificar procedimientos en relación con las adquisiciones y las obras públicas, que redundarán en una expedita y transparente administración y control de los recursos correspondientes, y en beneficios directos para los prestadores de bienes y servicios de las dependencias y entidades.
En materia de bienes muebles, se buscará dar agilidad, flexibilidad y transparencia a las actividades que conlleva la administración de los recursos de que dispone el Estado; haciendo compatible su manejo con la normatividad que impone una administración descentralizada y corresponsable, acorde con los preceptos y principios consagrados en el artículo 134 constitucional.
Servicio civil
El Plan Nacional de Desarrollo precisa del fortalecimiento, profesionalismo y capacitación de los trabajadores al servicio del Estado, como una de las tareas fundamentales para la modernización de la administración pública, a fin de hacer frente a los compromisos que derivan de los objetivos nacionales bajo un esquema de renovación moral, eficiencia y honestidad de los trabajadores al servicio del Estado.
La estrategia de administración y desarrollo de los recursos humanos de la Federación, tiene como objetivo primordial la instauración gradual del Servicio Civil de Carrera en el Gobierno Federal. Por tal motivo, el Ejecutivo Federal promovió la creación de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, con la finalidad de asegurar la participación de los trabajadores al servicio del Estado en el proceso de toma de decisiones; esta comisión, cuyo objetivo es asesorar y recomendar acciones en materia de administración y remuneraciones del personal, se ha constituido en un foro permanente de consulta.
El Servicio Civil busca garantizar la permanencia del personal, otorgarle seguridad y estabilidad laboral, proporcionar remuneraciones acordes a las atribuciones y responsabilidades, y estimular la capacitación y capacidad de respuesta de los trabajadores.
También pretende modernizar los mecanismos e instrumentos que posibiliten el acceso hacia puestos de mayor jerarquía, estimulando la vocación de servicio en el personal, su desarrollo integral a través de la capacitación permanente y en su oportunidad, ofrecer la alternativa de un retiro decoroso.
La instauración del Servicio Civil de Carrera en el Gobierno Federal es un proceso gradual de mediano plazo, que debe caracterizarse por la participación activa de los trabajadores a través de sus representantes. En este proceso, es fundamental el respeto a los derechos y prestaciones alcanzados y a partir de ellos, asegurar paulatinamente un nivel de remuneraciones y prestaciones que tiendan a hacerlo equiparable con las prevalecientes en el mercado de trabajo nacional.
Bajo esas consideraciones, en 1984 se adoptó un conjunto de medidas de política salarial que consolidaron los logros obtenidos en 1983. Dichas acciones, constituyeron la respuesta del Ejecutivo Federal a los planteamientos efectuados por los trabajadores a través de la FSTSE y resultaron coincidentes con las preocupaciones del Gobierno Federal para satisfacer, dentro de sus posibilidades, sus necesidades mas apremiantes y beneficiar, en mayor medida, al personal de más bajos ingresos. Cabe destacar que los planteamientos efectuados por la FSTSE a la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, se han caracterizado por ser justos y equilibrados, con plena conciencia de la participación de los trabajadores en el Programa de Reordenación Económica.
Entre las acciones más relevantes del paquete salarial de 1984 destacan las siguientes:
- La nivelación y desempate por los incrementos al salario mínimo de enero y de junio, que beneficiaron exclusivamente al personal de más bajos ingresos.
- La actualización de los tabuladores para los puestos del personal técnico y profesional, a fin de mantener y estimular los cuadros profesionales ya formados y evitar la excesiva rotación y deserción por niveles poco competitivos de remuneraciones.
- La retabulación al personal docente mediante un paquete integral de medidas en beneficio de los trabajadores, que fueron adoptadas en mayo, agosto y septiembre, a fin de subsanar en lo particular, el fuerte rezago de sus percepciones. Ello implicó efectuar erogaciones adicionales de montos sustanciales.
Actualización de los haberes del personal de seguridad nacional y las percepciones de los trabajadores de procuración de justicia, que se caracterizaban por un rezago acumulado significativo.
- Aumento del lo. de septiembre y actualización del tabulador general del Gobierno Federal; esto último con el objeto de mantener diferenciales razonables entre cada uno de los niveles de los puestos de la Administración Pública.
- Mejoramiento de las prestaciones otorgadas a los trabajadores, entre ellas, la duplicación
del seguro de retiro y los aumentos a las primas, vacacional y quinquenal.
En diálogo con la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, se planteó la necesidad de compactar las remuneraciones del personal federal para situarlos en niveles competitivos con los prevalecientes en el mercado de trabajo. Asimismo, fue solicitada la regularización del personal, que por año había sido contratada como eventual, y que desempeñaba tareas permanentes en la Administración Pública. La Comisión Intersecretarial del Servicio Civil creó dos grupos de trabajo con representantes de los trabajadores y del Gobierno Federal para que se abocasen a realizar los estudios tendientes a la adopción de los programas y las medidas conducentes.
En lo relativo a la compactación de sueldos y por las particularidades del personal educativo, el SNTE transmitió su beneplácito y efectuó diversas recomendaciones para la compactación de sueldos, a fin de garantizar aquellas prestaciones que por mérito o desempeño tienen los trabajadores y que no deben quedar sujetas a ese proceso.
Ante la inexistencia de un anteproyecto de la Ley del Servicio Civil, la representación de los trabajadores al servicio del Estado ha planteado al Ejecutivo Federal, que en el seno de la Comisión Intersecretarial se inicien las tareas conjuntas para la formulación de un anteproyecto, para sustentar jurídicamente su establecimiento.
Para 1985, el Ejecutivo Federal se abocará a la formulación de un paquete salarial conjuntamente con la representación de los trabajadores al servicio del Estado, buscando, al igual que en años precedentes, un mayor beneficio para los trabajadores ubicados en las escalas salarias más bajas y reconociendo los estímulos que deberá otorgarse por el cumplimiento de la responsabilidad, la capacitación y la capacidad de respuestas de los trabajadores. Los incrementos serán proporcionalmente mayores para el personal de más bajas remuneraciones. Adicionalmente, continuarán las medidas tendientes a beneficiar las remuneraciones de segmentos de personal federal con mayor rezago relativo, entre ellos el personal de procuración de justicia y de salud.
En esta estrategia de actualización de las remuneraciones de personal federal, se buscará salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y el respeto irrestricto a la libertad sindical.
De conformidad con el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos, se presenta en el Apéndice Estadístico de esta Exposición de Motivos, el tabulador de las percepciones mensuales de los servidores públicos. Dicho tabulador, contiene un acercamiento a las remuneraciones que privan en el mercado de trabajo nacional y los efectos de los estímulos de actuación, que si bien aún no permiten subsanar la desventaja en relación con las prevalecientes para puestos directivos equivalentes, si posibilita el otorgamiento de percepciones dentro de un marco de racionalidad.
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gobierno Federal
En congruencia con la estrategia de desarrollo emanada del Plan Nacional y los Programas de Mediano Plazo, la política de gasto implícita en el Presupuesto de Gobierno Federal para 1985 busca encauzar las funciones de administración, la regulación y fomento hacia la modernización de la gestión pública, la descentralización de la vida nacional, el abatimiento de la inflación y la firme recuperación de la actividad económica.
La observancia de criterios de racionalidad y austeridad en las asignaciones previstas, permite avanzar en la reestructuración y destino del gasto, de tal forma que con una expansión moderada y en condiciones de un financiamiento sano, es factible atender, a través del ejercicio de las atribuciones conferidas a los tres poderes de la Unión, la satisfacción de los requerimientos básicos de la población.
Poderes
Preservar y garantizar el orden jurídico consagrado en la Constitución de 1917, permite promover la democratización integral de la sociedad y asegurar el respeto a las garantías individuales y a los derechos inalienables de todos los mexicanos.
En igual plano el pluralismo político fortalece el régimen federal y da una verdadera significación ciudadana a los procedimientos electorales, que posibilita el acceso de los diversos pensamientos ideológicos en la configuración del cuerpo jurídico que da soporte a nuestro Estado de Derecho.
El presupuesto del Poder Legislativo para 1985 asciende a 8.7 miles de millones, 22.5% más que el de 1984. Esta previsión de recursos permitirá que este H. Cuerpo Colegiado continúe promoviendo las reformas legales que el país requiere, efectúe las funciones de supervisión y vigilancia consagrada por la Constitución, y avance en el perfeccionamiento del sistema y los procesos electorales.
En el Poder Judicial, cuya función primordial es salvaguardar el orden constitucional y ser custodio del Sistema Federal, la actualización de los sistemas de procuración y administración de Justicia, constituyen una respuesta a las demandas sociales. A través del amparo y las diversas instancias para dirimir las controversias jurídicas que garantizan plenamente los derechos individuales y colectivos de la sociedad.
Para esos fines, el presupuesto para ese poder soberano en 1985 asciende a 15.2 miles
de millones de pesos, que representa un incremento de 23.9% respecto al esperado de 1984. Estos recursos serán destinados a la mayor cobertura de agencias del Ministerio Público Federal; instrumentar los programas de capacitación y modernización judicial, así como respaldar convenios con los Estados para la expedita procuración de justicia.
PRESUPUESTO DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL
(Miles de millones de pesos)
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Sector Central
El presupuesto asignado a la Administración Pública Central asciende a 5,942.4 miles de millones de pesos, superior en cerca de 50% respecto al esperado de 1984. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, la canalización selectiva de estos recursos coadyuvan a fortalecer la reorientación del gasto sectorial y racionalizar las tareas gubernamentales, en los lineamientos y criterios programáticos señalados en los capítulos precedentes.
Los recursos derivados de una mayor eficiencia administrativa se canalizan al financiamiento de los programas de inversión gubernamental, rubro que se incrementa en 54% en relación a 1984.
Cabe destacar que la racionalidad en el gasto de las dependencias del Ejecutivo Federal permite circunscribir las asignaciones a los requerimientos indispensables, así como limitar las adquisiciones de bienes y servicios que no apoyan la descentralización y simplificación administrativa.
Los avances logrados en la modificación de la estructura y composición del gasto, permiten liberar recursos y reasignarlos a actividades sociales y productivas prioritarias.
En referencia a los servicios personales, se reitera el propósito de racionalizar el crecimiento de la planta de servidores públicos, por lo cual sólo se considera la creación de plazas imprescindibles para atender el crecimiento natural de los servicios de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
En el contexto de la revisión permanente del Sistema de Subsidios y Transferencias, los recursos presupuestados para este concepto en 1985 son 51% más que los autorizados en 1984. Los criterios de presupuestación asumidos buscan inducir una redistribución más equitativa del ingreso, apoyar la reactivación y modernización de la planta productiva nacional, así como promover el desarrollo regional.
Las transferencias por 2,905 miles de millones de pesos se destinan en lo fundamental a la consecución de las metas previstas en los programas de Abasto, de Descentralización de los Servicios de Salud, Educación y de Capacitación y Productividad.
La promoción del desarrollo regional constituye uno de los elementos sustantivos para inducir el cambio estructural, por lo que conjuntamente con la desconcentración del gasto directo, se proyecta fortalecer las acciones coordinadas con los Gobiernos estatales y municipales mediante la asignación de 225 miles de millones de pesos, monto que representa un incremento de 60% respecto a 1984 lo que implica una mayor participación financiera de los gobiernos locales y de las comunidades beneficiadas.
Asimismo, ante el aumento del costo financiero de la deuda de las entidades públicas, el Gobierno Federal otorgará apoyos para estos fines por 233.7 miles de millones, a fin de no demeritar la producción de bienes y servicios estratégicos o socialmente necesarios.
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
(Miles de millones de pesos)
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PROYECTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRAL
Miles de millones de pesos
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RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de millones de pesos)
5755046C
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TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES POR SECTORES
(Miles de millones de pesos)
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Sector Paraestatal
El Sector Paraestatal se constituye en un valioso instrumento del Estado para incidir directamente en la producción y el empleo, en la generación de bienes estratégicos y prioritarios como en la dotación de servicios de seguridad social.
Con el propósito de apoyar la recuperación económica y eliminar presiones inflacionarias derivadas de la insuficiente oferta de bienes y servicios, el Presupuesto de la Administración Pública Paraestatal para 1985 es del orden de los 5,745.1 miles de millones de pesos, que representa un incremento de 35.3% respecto a 1984.
En cumplimiento de la política de gasto para 1985, los organismos y empresas habrán de inducir la reactivación económica del país a través de un dinámico programa de inversiones, racionalización de sus adquisiciones, regulación del abasto, generación de divisas y protección del empleo productivo.
Con la revalorización de los órganos de gobierno y la delimitación de atribuciones y responsabilidades en materia de planeación, administración y control de las entidades paraestatales, la empresa pública avanza en la modernización y descentralización de la
gestión pública así como en la integración productiva del sector.
Los avances en la reestructuración financiera del sector paraestatal han sido posibles gracias al ajuste periódico y oportuno de precios y tarifas, a la racionalización en la asignación y uso de subsidios y divisas, así como por la reestructuración de la deuda; estrategia que persistirá durante 1985.
En la atención concreta al carácter productivo de la empresa pública, las acciones básicas que se instrumentarán tienden a fortalecer las industrias del acero, los fertilizantes y el papel, sin desatender los programas sociales, relativos al abasto de bienes de consumo popular y la prestación de los servicios de salud y seguridad social.
La inversión prevista asciende a 1,532.1 miles de millones de pesos, con un incremento de 50.2% respecto a 1984. Su estructura está orientada a propiciar la mejor utilización de la capacidad instalada. Para los nuevos proyectos, se considera el uso de tecnologías nacionales y aquéllas que son altamente generadoras de empleos.
Por su parte, el gasto de operación es de 4,120 miles de millones de pesos, el cual recoge los impactos esperados de los programas de productividad y capacitación, por lo que se proyecta tener incrementos en costos menos que proporcionales a los incrementos en la producción, coadyuvando con ello a frenar las presiones inflacionarias.
Las adquisiciones del Sector Paraestatal ascender n a 1,892.5 miles de millones, mediante la racionalización y conforme a los requerimientos efectivos de los programas de producción. En este sentido se continuará con la consolidación de demandas, la integración de los Programas de Adquisiciones y la instrumentación de acciones tendientes a sustituir importaciones e integrar el aparato productivo nacional.
Cabe destacar que la ampliación de metas o la inclusión de metas o la inclusión de nuevos programas para 1985, tiene como primer fuente de financiamiento los recursos liberados por la cancelación de programas y la eliminación de gastos no prioritarios.
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
POR ENTIDADES 1/
(Miles de millones de pesos)
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PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARAESTATAL
(Miles de millones de pesos)
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TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADAS
(Miles de millones de pesos)
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Ahorro y resultado presupuestal
La congruencia entre las diferentes metas de la política financiera con los grandes objetivos del desarrollo del país, y la necesidad inmediata de la reordenación económica para afianzar la permanencia del cambio estructural, ha redundado en el fortalecimiento de las mismas finanzas públicas, al generarse un mayor ahorro interno que viene a incidir en el sano financiamiento de la inversión.
En este esquema, lo perentorio de un mayor ahorro público como condición para la reducción proporcional del déficit financiero, originó un proceso de instrumentación de diversas medidas en materia de financiamiento que, dadas las características que prevalecen en la economía, se orientan en principio a resolver problemas de tipo coyuntural en la perspectiva de la reordenación económica.
Para fortalecer el ahorro interno, destacan aquellas medidas relacionadas con el sistema tributario, la rehabilitación financiera del sector paraestatal fortaleciendo su ingreso vía política de precios y tarifas; así como la paulatina disminución de los subsidios y de la deuda interna como externa.
La estrategia para el establecimiento de nuevos esquemas de financiamiento nos conduce al fortalecimiento del ahorro interno; canalización eficiente y equitativa de los recursos crediticios, reorientación de las relaciones económicas con el exterior; así como al fortalecimiento y consolidación institucional del sistema financiero.
Así, de acuerdo a las políticas adoptadas, el ahorro del sector público para el año de 1984 logró ser de 5112.3 miles de millones antes de transferencias, y de 4 550.1 miles de millones después de tales apoyos, sin considerar el pago del costo de la deuda.
Para 1985 será posible generar un ahorro de 7 405.1 miles de millones antes de transferencias, que se determinan en parte por la estrategia adoptada con relación al incremento de la recaudación efectiva, mediante el estricto manejo del aparato tributario. En cuanto a los egresos, persiste su racionalización al destinarse sólo a lo prioritario. Respecto a las transferencias se pretende mejorar su manejo y racionalidad.
Particularmente en los organismos y empresas, la estrategia de rehabilitación financiera y el fortalecimiento del ahorro para 1984, se orientó a modificar los precios y tarifas de los bienes y servicios, dirigidos a aumentar sus ingresos propios y a corregir la estructura de los precios relativos de la economía, lográndose de esta manera una mayor eficiencia del sistema productivo y mejoramiento de la equidad del esquema de subsidios.
La continuidad de dicha estrategia permitirá que los ingresos y egresos para 1985 operen un superávit de 1 703.5 miles de millones, monto que posibilita el cumplimiento de los compromisos conducentes a la realización de las actividades propias del sector.
La tendencia del ahorro corriente del sector público mantiene su dinamismo como una resultante de la segunda etapa del Programa de Reordenación Económica; no obstante la política selectiva de las inversiones de dicho programa y, las condiciones poco favorables de respuesta de la economía, determinaron, que el déficit financiero se ajuste en parte a las metas proyectadas como participación del PIB. Para 1985 la continuidad y profundización de la reordenación económica permitirá una reducción del déficit financiero alrededor del 5.1% como proporción del PIB.
El ahorro externo, continuará utilizándose de manera complementaria a los recursos internos, prevaleciendo el control estricto en su asignación; asimismo su sustitución ser gradual, en función de la reestructuración del aparato productivo, tanto en términos de mayor promoción de las exportaciones cuanto de una política racional e integradora de sustitución de importaciones.
AHORRO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
(Miles de millones de pesos)
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AHORRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
(Miles de millones de pesos)
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Proyecto de Presupuesto
de la Deuda Pública
La política de endeudamiento público recoge los planteamientos de los diversos sectores de la economía, como resultado de la planeación democrática del actual régimen, enmarcada dentro de la estrategia financiera del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa de Reordenación Económica y del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo.
Esta política comprende aspectos primordiales de las políticas de gasto público y de vinculación con el exterior, asegurando la realización y la estrategia de desarrollo.
El manejo racional y adecuado de la política de deuda y la instrumentación del Programa de Reordenación Económica, han permitido la restitución de la confianza del exterior hacia México como país acreedor.
Se pretende financiar el desarrollo, con el incremento del ahorro interno, para evitar recurrir a mayores montos de endeudamiento externo tratando de contar con recursos netos que cubran los requerimientos de divisas de la economía.
En 1984 el endeudamiento del Sector Público será de cerca de 1,300.0 miles de millones de pesos, financiando en su mayoría con recursos de origen interno.
Para el ejercicio de 1985, el monto de endeudamiento propuesto asciende al 4.3% del PIB para el sector paraestatal.
Para una eficiente administración de los recursos provenientes del crédito externo se debe considerar no sólo el saldo, sino también su estructura, por ello se están realizando acciones tendientes a lograr un mejoramiento del perfil de las obligaciones para los próximos años, que sea acorde con la capacidad de pago y la reordenación de las finanzas públicas.
La política de endeudamiento externo, se ha canalizado al fortalecimiento de la capacidad real de pago de la economía hacia el exterior y la reanudación de flujos de recursos hacia el país que ha requerido continuar con el proceso de reestructuración de la deuda tanto pública como privada, así como con el pago oportuno de las obligaciones con la banca externa.
Actualmente, el proceso de reestructuración de la deuda externa pretende que el perfil a mediano plazo sea manejable, considerando la capacidad de pago gubernamental para evitar los problemas de liquidez. Las acciones de reestructuración se han orientado a la extensión de los plazos hasta 14 años de las amortizaciones con vencimiento original a partir de 1985 y hasta 1990; la eliminación de tasas de interés administradas; la reducción de los diferenciales o márgenes y la supresión de las comisiones de reestructuración.
Cabe señalar, que el pago de interés deberá seguirse cubriendo puntualmente, a pesar de las fluctuaciones que a nivel internacional prevalecen en esta materia y que escapan al control y manejo interno.
El servicio de la deuda, por concepto de intereses, se ha constituido como el renglón con mayor incidencia en el gasto público, correspondiendo el 22.7% del presupuesto total proyectado para 1985.
Para el próximo año se espera concluir con la renegociación de los pasivos de las empresas públicas y privadas, buscando mayores plazos de vencimiento y periodo de gracia, así como mejores condiciones de los créditos.
Finalmente, la política de endeudamiento ha jerarquizado las prioridades y ha optado por recurrir a las mejores opciones de financiamiento, lo que ha ayudado en gran medida al proceso de solución del endeudamiento externo.
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
POR CONCEPTO
(Miles de millones de pesos)
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SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
POR ENTIDADES
(Miles de millones de pesos)
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Resultado presupuestal financiero
La necesidad inmediata de la reordenación económica y el objetivo de permanencia del cambio estructural, ha redundado en el fortalecimiento de las finanzas públicas, al generarse el mayor ahorro interno que viene a incidir en el sano financiamiento de la inversión.
El Proyecto de Presupuesto para 1985 contempla un ahorro en la cuenta corriente del Gobierno Federal, después del pago de intereses, superior los 700 miles de millones de pesos, que compara favorablemente con los 177 miles de millones esperados para el año precedente. Dicho ahorro representa al 9.3% de los ingresos presupuestales, en tanto que para 1984 sólo alcanzará cerca del 3.5%.
En el caso del sector paraestatal el ahorro en la cuenta corriente, después de las transferencias gubernamentales y de los intereses,
ascenderá a 1,259 miles de millones de pesos y que al igual que en 1984 será mayor que los subsidios de operación. Sin embargo, ello se debe fundamentalmente al sustancial mejoramiento del esquema financiero prevaleciente en Petróleos Mexicanos.
AHORRO CORRIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
(Miles de millones de pesos)
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AHORRO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARAESTATAL
(Miles de millones de pesos)
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De esta manera, el Ejecutivo Federal somete a consideración de esa H. Representación Popular un Proyecto de Presupuesto, que contiene un gasto programable para la Administración Pública de 10,238. miles de millones de pesos; participaciones en Impuestos Federales a Estados y Municipios, un servicio de la deuda, que incluye amortizaciones e intereses; y los gastos ejercidos del año anterior cuyo pago queda pendiente (ADEFAS) que en conjunto ascienden a 8,151.7 miles de millones de pesos.
Por lo anterior, el Ejecutivo Federal solicita su aprobación para financiar un déficit financiero presupuestal de 1,720 miles de millones para este proyecto de presupuesto. Este déficit representará el 4% en términos del PIB.
CUENTA DOBLE DE INGRESOS Y GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRAL
(Miles de millones de pesos)
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CUENTA DOBLE DE INGRESOS Y GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARAESTATAL
(Miles de millones de pesos)
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En la presente Exposición de Motivos se destacan los esfuerzos de saneamiento en las finanzas públicas, lo que ha permitido una corrección sustancial del desequilibrio que existía a fines de 1982. No obstante que estos esfuerzos han enfrentado obstáculos e inercias considerables, ya se observan resultados favorables.
En 1984 los avances han sido firmes y en la dirección correcta , pero es necesario perseverar en el esfuerzo para superar los desequilibrios que aún existen. Por ello, las orientaciones, prioridades, metas y asignaciones a programas de este proyecto se sustentan en la estrategia económica y social del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 y los programas
sectoriales de mediano plazo en instrumentación, en un marco de racionalidad, austeridad y disciplina para 1985. Así, se enfatizan las asignaciones al gasto social, educación, salud y comunicaciones y transportes, en el contexto de la descentralización de la vida nacional.
Para el año próximo, a diferencia de 1983 y 1984 en que se efectuó el ajuste global en términos reales, la reordenación del gasto público ser selectiva y mediante concreciones en los aspectos específicos de sus componentes; de esta forma, la programación anual se convierte en el vínculo fundamental entre el mediano plazo y los instrumentos de carácter anual.
El reto aún es grande, pero con la conjunción de esfuerzos de los sectores público, privado y social; y la decidida participación del pueblo mexicano continuaremos en el camino de un crecimiento más justo, equilibrado y sostenido.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., noviembre 15 de 1984.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H ".
DECRETO APROBATORIO
INICIATIVA DE DECRETO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA 1985
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1985, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las Dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1985, importan la cantidad de $5.642,915.149,000 (cinco billones seiscientos cuarenta y dos mil novecientos quince millones ciento cuarenta y nueve mil pesos, moneda nacional), y se distribuye de la siguiente manera:
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Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios para el año de 1985 importan la cantidad de $1.590,000.000,000 (un billón quinientos noventa mil millones de pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:
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Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1985 importa la cantidad de $8,738.225,000 (ocho mil setecientos treinta y ocho millones doscientos veinticinco mil pesos, moneda nacional).
Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1985 importa la cantidad de $15,168.687,000 (quince mil ciento sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos moneda nacional).
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1985 correspondientes a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen en las siguientes entidades:
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Artículo 7o. El gasto asignado a la Deuda Pública del Gobierno Federal para el año de 1985 importa la cantidad............................................................................. de $4.609,500.000,000 (cuatro billones seiscientos nueve mil quinientos millones de pesos, moneda nacional), y se distribuye de la siguiente manera:
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Artículo 8o. Para el ejercicio de 1985 se establece una previsión que sólo se podrá ejercer para atender efectos de las fluctuaciones de las tasas de interés en los mercados financieros
internacionales y otras contingencias, que importa la cantidad de $200,000,000,000 (Doscientos mil millones de pesos moneda nacional). El ejercicio de esta previsión estará sujeto a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios.
El Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, asignarán en los términos de este artículo, los recursos de esta previsión, y la primera informará del manejo que se haga de la misma en la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1985.
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con los objetivos y prioridades del Plan y de los programas de desarrollo, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinen.
Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1985, otros organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, además de los señalados en el artículo 6o. de este decreto.
Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Salvo lo previsto en los artículos 14 y 39 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pagos.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos a las dependencias y en su caso revocar las autorizaciones otorgadas por los coordinadores de sector a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen los informes o documentos que les sean requeridos en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos y el avance trimestral para integrar el informe correspondiente a la Cámara de Diputados, a que se refiere este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
IV. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivar , en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
V. Cuando el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamiento que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 13. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del Presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente:
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación con
excepción de los incisos 1 y 2 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" y "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores". De estos ingresos se asignarán igualmente los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos en monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal a que se refiere este decreto, y
III. Remanentes que tengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1985, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambio, quedarán definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Erogaciones No Sectorizables, Aportaciones a Seguridad Social y Desarrollo Regional a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La administración, control y ejercicio de los Ramos de Deuda Pública, de Participaciones a Estados y Municipios y de Erogaciones para Saneamiento Financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 18. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el incremento de los fideicomisos constituidos para el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y para el equipamiento industrial, así como para el organismo oficial que tenga como fin la promoción de asesoría en esta materia. Para este efecto, los incrementos se harán con cargo al impuesto sobre la importación en los términos del artículo 7o. fracción I, párrafo primero de la Ley de Ingresos de la Federación.
CAPÍTULO SEGUNDO
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad
y Disciplina Presupuestales
Artículo 19. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 20. Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de realizar las acciones previstas en sus programas de descentralización, modernización y simplificación administrativas, dentro de los montos de sus presupuestos aprobados.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nueva plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia, seguridad nacional y las mínimas requeridas para tareas sustantivas o para la planta productiva que entre en operación, previa autorización del titular respectivo.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales podrán, con apego a las disposiciones legales aplicables, efectuar traspasos de plazas y recursos asignados a estas partidas entre sus unidades responsables y programas, observando estrictamente lo siguiente:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores de la Administración Pública Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto así como las señaladas en el Catálogo General de Puestos de Gobernación Federal.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de remuneraciones por jornadas o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1984, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas;
III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en órganos de gobierno, justas directivas, consejos, comités técnicos y otros;
IV. Sujetarse a los lineamientos de la Secretaría de Programación y Presupuesto para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales.
Artículo 23. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal aplicarán y ejercerán dentro de los límites de sus presupuestos y calendarios aprobados, las erogaciones por concepto de materiales y suministros y de servicios generales, y podrán, cuando a su juicio lo requieran las condiciones de ejecución de sus programas, realizar traspasos entre estas asignaciones, debiendo informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto de los movimientos respectivos, en los términos y plazos que ésta determine.
Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de que la aplicación de las disposiciones de este artículo permita la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 24. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1985 no se podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto, y
II. Vehículos terrestres, aéreos y marítimos con excepción de aquéllos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 25. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o entidad correspondiente:
I. Gastos de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto;
V. Congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones;
VI. Otorgamiento de becas, y
VII. Donativos.
Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfono, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculados al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 26. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 1985:
I. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
II. Se considerará preferente el uso de tecnologías nacionales y se limitarán o diferirán en su caso, los proyectos que requieran insumos de procedencia extranjera para su ejecución y puesta en operación:
III. Se otorgará prioridad a los proyectos con mayor avance relativo y, en su caso, a las obras complementarias que permitan la integración efectiva de los procesos productivos a cadenas de transformación de recursos naturales y del aparato productivo nacional, de acuerdo con las estrategias sectoriales de mediano plazo;
IV. Para los proyectos de inversión financiados parcialmente con créditos externos, las dependencias y entidades deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones;
V. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad, eficiencia y en general de modernización, y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano
plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 31 de este decreto.
VI. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a las acciones previstas en los programas de mediano plazo correspondientes.
Artículo 27. Los coordinadores de sector quedarán facultados para aprobar a sus entidades coordinadas las inversiones a nivel de proyecto y en su caso, las adecuaciones en el transcurso del ejercicio, sujetándose a las autorizaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a las normas que ésta expida.
Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de informar trimestralmente a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre los avances de ejecución de las obras públicas, para su inclusión en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados, a que se refiere el artículo 43 de este decreto.
Artículo 28. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento deberá ser selectivo, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme al comportamiento del mercado, las necesidades sociales y el nivel de ingresos de los productores;
VI. Los subsidios destinados al apoyo de entidades paraestatales se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;
VII. Se considerarán preferenciales las aportaciones destinadas a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
VIII. Los recursos asignados al Programa Emergente del Empleo deberán destinarse a la generación de puestos permanentes;
IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios, y
X. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetos, metas, beneficiarios, de tino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos bajo su coordinación, verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función de estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase;
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Artículo 30. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 31. Las transferencias que se otorguen con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación por el costo financiero derivado de las asunciones de pasivo de los Organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria se realizarán siempre que se trate de entidades estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes sociales y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas las entidades beneficiarias.
Las erogaciones por este concepto se efectuarán con cargo al Ramo XXIX "Erogaciones para Saneamiento Financiero" del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, observando lo siguiente:
I. Los compromisos y obligaciones del Gobierno Federal y los organismos descentralizados
o empresas de participación estatal mayoritaria deberán formalizarse mediante convenio suscrito por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, con el organismo o empresa de que se trate y la dependencia coordinadora de sector;
II. La Secretaría de Programación y Presupuesto emitirá, escuchando la opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, las bases a que deberán ajustarse dichos convenios;
III. La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento evaluará trimestralmente el avance en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridos por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, conforme a metas establecidas en materia de productividad, de saneamiento financiero, de modernización y en general, de aquellas que al efecto contengan los convenios correspondientes, aprobando o en su caso adoptando, las medidas conducentes en los términos de las disposiciones legales vigentes;
IV. El costo financiero en que se incurra en el ejercicio, en función de los niveles de endeudamiento aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se descontará del nivel de gasto autorizado para cada entidad.
Artículo 32. Las dependencias y entidades sólo podrán conceder donativos, otorgar gratificaciones y obsequios y dar ayuda de cualquier clase, siempre que se hayan realizado las previsiones correspondientes en sus presupuestos autorizados.
En el caso de las dependencias, se requerir la autorización previa y por escrito del titular, y tratándose de las entidades, del órgano del gobierno correspondiente.
Artículo 33. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 34. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Unico de Transferencias.
Artículo 35. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal. Para tal efecto, unificarán los flujos de información financiera que requieran de las propias dependencias y entidades.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de crédito o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y a la dependencia coordinadora de sector, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.
Artículo 36. Los subsidios con cargo a impuestos federales, las devoluciones de impuestos, los estímulos fiscales, así como las participaciones que sobre impuestos y productos federales correspondan a los estados, al Distrito Federal o a los municipios en los términos que fijen las leyes de ingresos, la de Coordinación Fiscal y las demás disposiciones legales aplicables, se deberán comunicar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que realice la afectación presupuestal correspondiente.
Artículo 37. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria y de las que operen mediante concesión federal, de los fideicomisos y de las sociedades nacionales de crédito.
Artículo 38. El Banco de México en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionar , a petición de las dependencias y entidades, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 39. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de pago en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 40. Las dependencias y entidades quedan obligadas a informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 41. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1985, serán los siguientes:
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Artículo 42. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho personas, según el caso ,de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1985, serán los siguientes:
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Artículo 43. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del gasto público aprobado para 1985 y hará asimismo, las aclaraciones
que éste le solicite a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades correspondientes.
Artículo 44. La Secretaría de Programación y Presupuesto tomará las medidas conducentes a promover la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que no cumplan sus fines u objeto social, o cuyo funcionamiento no sea conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Asimismo, propondrá la fusión de aquellas otras, cuya actividad combinada redunde en un incremento de su eficiencia y productividad.
El Ejecutivo Federal informará a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de estas atribuciones.
Artículo 45. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para estos efectos, podrá requerir de las dependencias y entidades la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 46. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con el fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La propia Secretaría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 47. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1985.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, D. F., 15 de noviembre de 1984.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
APÉNDICE
APÉNDICE ESTADÍSTICO
Cuadro No. 1
INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL
(miles de millones de pesos)
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CUADRO No. 2
INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO
- Miles de Millones de Pesos -
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CUADRO No. 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
PARA 1985
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO No. 5
INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL
- Millones de Pesos -
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CUADRO No. 6
INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 7
DEUDA DE LOS ORGANISMOS CONTROLADOS PRESUPUESTALMENTE
(millones de pesos)
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DEUDA DE LOS ORGANISMOS CONTROLADOS PRESUPUESTALMENTE
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CUADRO No. 8
INGRESOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAESTATAL
(miles de millones de pesos)
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Cuadro No. 9
RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 1 9 8 5
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Cuadro No. 10
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 1985
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Cuadro No. 11
TABULADOR GENERAL DE SUELDOS MENSUALES DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
- Pesos -
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Cuadro No. 12
TRANSFERENCIAS 1985
ESTRUCTURA ECONÓMICA
- Miles de Millones de Pesos -
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CUADRO No. 13
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR
SECTOR ADMINISTRATIVO
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 14
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: GOBERNACIÓN
(Millones de Pesos)
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CUADRO No. 15
TRANSFERENCIAS
SECTOR: RELACIONES EXTERIORES
(millones de pesos)
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Cuadro No. 16
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Millones de Pesos)
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CUADRO No. 17
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
(millones de pesos)
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Hoja No. 2
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CUADRO No. 18
TRANSFERENCIAS
SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 19
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 20
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: EDUCACIÓN PÚBLICA
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 21
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 22
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 23
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: REFORMA AGRARIA
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 24
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: PESCA
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 25
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 26
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 27
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 28
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: TURISMO
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 29
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
(Millones de Pesos)
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Cuadro No. 30
T R A N S F E R E N C I A S
SECTOR: DESARROLLO REGIONAL
(millones de pesos)
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El C. presidente: -En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
- Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO
FEDERAL 1985
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a usted, Proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1985.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 15 de noviembre de 1984.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en sus artículos 19, 20, 23 y 24 el Ejecutivo a mi cargo, por su apreciable conducto, somete a esa soberanía, para su conocimiento, análisis y, en su caso, aprobación, la iniciativa de decreto correspondiente al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985.
Este documento se constituye como una respuesta a la obligación y compromiso de gobierno, de mantener informada a la ciudadanía sobre el monto, destino, estructura y política de asignación de los recursos públicos que el Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, ejercerá a través del Departamento del Distrito Federal, sus unidades administrativas y entidades coordinadas.
La asignación y destino del gasto que el presente proyecto de un proceso participativo de todos los sectores de la sociedad, fundamento en una consulta popular que hizo posible determinar las estrategias y el camino viable hacia la solución de los problemas en el ámbito del Distrito Federal. Dentro del contexto del Sistema Nacional de Planeación Democrática y a partir de los prospectos contenidos en la Ley de Planeación, la participación plural y entusiasta de la ciudadanía, dio por resultado un cúmulo de propuestas, estudios y conclusiones que en conjunto se cristalizó en la aportación sectorial al Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece los objetivos, estrategias y prioridades a que habrá de sujetarse la acción gubernamental.
El gobierno capitalino, bajo este enfoque, estableció un Sistema Interno de Planeación para lograr en el ámbito jurisdiccional de la entidad, congruencia regional y sectorial a los objetivos nacionales de progreso y desarrollo.
Este esquema funcional ha propiciado una integración y sistematización de las demandas populares para dirigir la acción gubernamental hacia áreas prioritarias que en el corto y mediano plazo desde el punto de vista social y económico, son de urgente atención. El Programa de Mediano Plazo de la Ciudad de México ha sido, bajo este enfoque, el instrumento técnico de la planeación que resume en términos cualitativos y cuantitativos la estrategia a mediano plazo para enfrentar los problemas de la realidad urbana actual del Distrito Federal. El espacio físico y temporal de este programa, se encuentra específicamente delimitado al formar parte de un conjunto de alternativas de acción, diseñadas para ordenar el crecimiento urbano con una visión regional globalizadora determinada en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro.
La excesiva concentración poblacional y económica registrada en las últimas décadas, ha determinado que la zona tenga una participación importante en el Producto Interno Bruto, pero los avances en esta materia aun cuando han perdido el ritmo observado en periodos anteriores, resultan ser excesivamente costosos, la preeminencia de la centralización incide desfavorablemente en el desarrollo armónico de otras regiones con potencial de crecimiento.
Aquí se observa la importancia de la congruencia de acciones tanto de los diversos sectores sociales, como de las distintas esferas de gobierno para revertir el fenómeno de crecimiento anárquico de la ciudad. Este aspecto ha sido tomado en cuenta en el Programa Operativo Anual del Sector, el cual sirve como fundamento propositivo del presente proyecto, categorizando en el periodo anual correspondiente de vigencia, las prioridades sociales del mosaico urbano del Distrito Federal.
Estas consideraciones generales que animan el quehacer público del gobierno capitalino, no se derivan de circunstancias casuísticas o alcatorias, sino que están insertas en un marco estratégico para atemperar los efectos de una crisis económica que viene afectando a los sectores sociales en su conjunto y en mayor medida a los núcleos de población económica más débiles.
Las líneas estratégicas de reordenación económica y cambio estructural confluyen directamente a estos objetivos, pero también se convierten en la raíz esencial para visualizar el desarrollo a través de un modelo realista que asegure un progreso continuo y generalizado.
El Distrito Federal como centro rector de la vida nacional no podía abstraerse de estos principios y estrategias de desarrollo, cualquier acción afecta en términos sociales y
económicos la vida urbana como tal y el equilibrio regional.
Acciones concretas han venido avalando la gestión pública de gobierno; en la óptica urbana del Distrito Federal éstas tienen un mayor impacto, no sólo por la influencia económica y política que se ejerce en el contexto nacional, sino también por el grado de complejidad al que han llegado los problemas de la urbe.
La dinámica de cambio de la sociedad urbana fue más allá de la capacidad de gobierno para controlar o por lo menos advertir las consecuencias mediatas e inmediatas de un crecimiento irracional y desbordado de la Ciudad de México. Este panorama estructural de un modelo de desarrollo obsoleto, obligó en primer término, a buscar las bases fundamentales para propiciar un cambio sustancial en la forma y términos del crecimiento, para aminorar las fuertes tensiones sociales y para volver a recrear la vida urbana tomando al individuo como valor esencial de la sociedad.
la reestructuración del gobierno de la ciudad obedece a estas circunstancias, las reformas adiciones a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, así como al propio Reglamento Interior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 16 de diciembre de 1983 y 17 de enero de 1984, respectivamente, tienden a acercar de una manera flexible la gestión gubernamental a la par de los problemas y requerimientos de la sociedad.
Hacer transparente la gestión pública con una estructura orgánica que lograse una identificación clara de las atribuciones y funciones de los distintos órganos administrativos y permite también, brindar atención inmediata en torno a los servicios públicos básicos.
La modernización de la gestión administrativa responde igualmente a peticiones populares para dinamizar las funciones operativas; la racionalidad en el uso de fondos públicos hizo necesario establecer un cuadro de prioridades para destinar en forma selectiva y cuidadosa los recursos, asegurando en todo momento la estricta disciplina presupuestal en aras de un mayor beneficio colectivo e impacto social.
La participación ciudadana en las cuestiones de interés público se ve reforzada por nuevos mecanismos. El Comité de Planeación para el desarrollo del Distrito Federal, creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1983, cumple esta importante labor al ser un órgano de apoyo para la formulación y evaluación de los programas de desarrollo de la entidad. Al Sistema Interno de Planeación no sólo concurren las áreas y unidades del sector para el planteamiento de propuestas y recomendaciones, el COPLADE del Distrito Federal funge como un importante canal adicional de comunicación que permite conocer y sumar los puntos de vista de la ciudadanía en los problemas de la ciudad. Es un cambio cualitativo que hace perfectible en el tiempo, la gestión pública.
Se añaden al resto de los esfuerzos emprendidos para llevar a cabo la reordenación económica, la reestructuración de la deuda, que ahora permite asignar mayores recursos a programas prioritarios. El uso de los recursos vía crédito, están utilizados de una manera racional, selectiva y canalizada al beneficio directo de la comunidad, sin perder de vista el saneamiento de las finanzas y la capacidad real de pago de la entidad.
La reorganización del Departamento del Distrito Federal ha sido un compromiso de gobierno por eficientar el marco general de los servicios. No era permisible que ante estos esfuerzos, se mantuviera procesos y sistemas obsoletos. Se presenta en este proyecto una nueva estructura programática que abarca un total de 22 programas que agrupan en forma ordenada las acciones que anteriormente se encontraban dispersas 37. Esta modificación programática permite agilizar el ejercicio del gasto público, se simplifican trámites administrativos y coadyuva, bajo los criterios señalados, a un mejor control y seguimiento del uso y destino de los fondos públicos.
A partir de la líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, de la urgente necesidad de realizar acciones enérgicas para transformar el entorno urbano de la ciudad de México, de las consecuencias que en materia social, económica, ecológica y cultural, se padecen por el excesivo centralismo, el gobierno capitalino estableció tesis y compromisos de gobierno específicos:
- Hacer prevalecer en todo ámbito, el régimen de derecho.
- Mantener la rectoría del Estado en la regulación del uso y destino del suelo urbano.
- Crear las reservas territoriales necesarias.
- Regularizar la tenencia de la tierra.
- No permitir nuevos fraccionamientos.
- Evitar el establecimiento de nuevas industrias altamente contaminadas o consumidoras de grandes volúmenes de agua y energéticos.
- Preservar y ampliar las zonas verdes para buscar el adecuado equilibrio ecológico.
- Generar empleo entre las clases desprotegidas.
- Propiciar una invisible desconcentración económica.
- Establecer actividades agropecuarias altamente productivas que impidan el desbordamiento metropolitano.
- Crear una política global de atención, protección y recreación social.
- Ampliar y mejorar la prestación de los servicios públicos básicos.
- Privilegiar el transporte colectivo de pasajeros.
- Fomentar las acciones de autoconstrucción de vivienda, beneficiando principalmente a las clases populares.
- Profesionalizar, modernizar y moralizar la seguridad pública de justicia.
- Propiciar la participación plural del ciudadano.
- Modernizar la gestión administrativa, propiciando que las acciones de gobierno respondan a las demandas de población.
El presente proyecto, tanto los programas y las acciones que de él derivan llevan implícito, en su correspondiente etapa de aplicación, el cumplimiento de dichos propósitos, mismos que se circunscriben a las líneas generales de acción del Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de política regional.
La vida urbana en el Distrito Federal se caracteriza entre otras razones por la irrupción de constantes cambios en el contexto social y por la intensa actividad económica que en esta región se con concentra. En lo social el problema fundamental se ubica en el acelerado crecimiento de la población, y en la capacidad de atención en lo referente a servicios básicos. El empleo, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, y la recreación, entre otros, son elementos sustantivos y a la vez complementarios para el sano desenvolvimiento social.
Ante esta perspectiva se explica buena parte del proceso evolutivo de la acción gubernamental en el Distrito Federal, pues los programas se han sujetado a objetivos prioritarios para atender las legítimas demandas de la comunidad, en aras de mejores opciones para la superación individual y el desarrollo social.
Fue así que, durante 1983 y 1984, la concepción del Presupuesto de Egresos, tuvo por objeto vincular la acción de gobierno a las necesidades más sentidas de la población. Los esfuerzos no sólo se concentraron exclusivamente a resolver los problemas coyuntura especialmente vinculados a los efectos más severos de la crisis económica, sino también, se realizaron ajustes en la definición y establecimiento de políticas para iniciar en forma paulatina y constante las acciones tendientes a resolver los problemas endémicos de la cuidad capital; el marco de referencia fue planteado por la comunidad y para la comunidad, los instrumentos de planeación democrática establecieron los lineamientos, las estrategias y los objetivos para llevar a cabo esa trascendental tarea.
Era menester para ese periodo, ubicar los esfuerzos para abatir los rezagos en la presentación de los servicios públicos, aminorar los problemas sociales derivados de los asentamientos irregulares, modificar la mística de servicios de los cuerpos policiales, proteger el poder adquisitivo de los consumidores y mantener y ampliar las expectativas de superación individual a través del empleo, la educación, la salud, la cultura y la recreación.
Los programas prioritarios se dirigieron a tal fin con sentido eminentemente social, conservando una tónica de gasto restrictiva concomitante a la situación financiera prevaleciente.
Con el fin de liberar recursos para incrementar la atención de los servicios públicos básicos, se reestructuró el monto de la deuda pública, tanto interna como externa; se dieron los apoyos para el Gobierno Federal absorbiera la pérdida cambiara de la deuda contratada en moneda extranjera; se redujo en forma contundente el uso de los recursos por la vía del crédito, y se cumplieron cabalmente los compromisos de pago de acuerdo con los vencimientos programados de la deuda y su servicio.
Los resultados se este esfuerzo culminaron en beneficios tangibles para la sociedad, al establecerse como prioritarios los siguientes programas : Transporte Urbano; Agua Potable; Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras; Ministración de Justicia; Seguridad Pública; Programas Educativos; Vivienda; Suelo; Regularización de la Tenencia de la Tierra; Salud; Imagen Urbana, Saneamiento y Limpieza; Protección Social; Abasto y Comercialización de Bienes de Primera Necesidad, y Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Las condiciones urbanas del Distrito Federal, mostraban carencias estructurales en la detención de los servicios básicos, el transporte, entre otros, tenía que ser atacado con una visión integradora a coordinar y eficientar el servicio de los diversos modos de transporte. Se realizaron obras de ampliación al Metro para alcanzar una red total de 105 kilómetros de longitud; para Ruta - 100, se adquirieron y rehabilitaron unidades de transporte para alcanzar un parque vehicular de 6 mil 300 autobuses, tranvías y trolebuses se sometieron a trabajos de mantenimiento y reconstrucción y se han sentado las bases para incorporar unidades ligeras de mayor capacidad y seguridad.
Respecto al agua potable, se realizaron esfuerzos para mantener el nivel de suministro y dotación alcanzado en 1983, de 40 metros cúbicos por segundo. Ante la incapacidad en términos regionales, físicos y ambientales para lograr aumentos significativos de este caudal, se optó por rehabilitar y en su caso perforar nuevos pozos en diversas zonas. Agua potable como otros servicios públicos, son un claro ejemplo de la repercusión en el incremento de la población, al ser éste, notablemente superior a las posibilidades de expansión. La alternativa en cuestión fue iniciar acciones en busca de ahorros significativos de consumo de agua. Como parte del programa de uso racional de agua, mediante bolsas ahorradoras de agua, dispositivos economizadores para llaves y accesorios de baño, así como inodoros especiales de menor capacidad, han dado resultados satisfactorios en el corto plazo. El tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales contribuyen también, a la maximización del uso del vital líquido al destinarse para la industria y el riego el recurso, liberando volúmenes considerables
para el consumo doméstico. El programa de inversiones de 1984, incluye bajo esta perspectiva las obras de construcción para captar y recibir la segunda y tercera etapa del proyecto Cutzamala. En drenaje, adicionalmente a los trabajos de mantenimiento preventivo realizado en 2 mil kilómetros de redes secundarias, se concluyó la construcción del interceptor central poniente que abarca una longitud de 16.6 kilómetros.
En materia de seguridad pública se ha puesto especial atención para modificar el esquema del servicio y procurar mayores niveles de seguridad. El cuerpo de Policía cuenta con un contingente de aproximadamente 43 mil elementos, formado por la Policía Preventiva, Bancaria e Industrial y la Auxiliar. La profesionalización de los cuerpos policiales se da a efecto mediante la impartición de cursos básicos y de especialización. Para combatir la inmoralidad y fenómenos de corrupción se han dispuesto mecanismos de supervisión operativa y se han mejorado prestaciones y percepciones. La modernización del servicio se atiende desde sus más hondas raíces, al entrar en vigor el nuevo Reglamento para la Policía Preventiva del Distrito Federal y paralelamente con la dotación de equipo y armamento más moderno.
En materia educativa, por su importancia para el desarrollo nacional, se realizaron bajo las directrices de la Secretaría de Educación Pública obras de construcción de planteles independientemente de las acciones de remodelación y mantenimiento que a iniciativa de esa H. Representación Nacional se realizaron en más de 2 mil planteles. El Programa 1984, comprende la construcción de un total de 108 escuelas en los diversos grados de educación.
El rezago en vivienda afectando en su aspecto evolutivo el pleno desarrollo individual. A través del Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano se apoya de una manera marginal a los organismos federales creados para tal efecto con acciones de autoconstrucción y vivienda terminada. En el primer caso se estableció como meta para 1984, 3 mil 488 acciones; en el segundo, se están terminando y entregando las viviendas cuya construcción fue iniciada a finales de 1983 y primeros meses de 1984.
Íntimamente aparejado el problema de la vivienda, es el de la regularización de la tenencia de la tierra, la complejidad e imbricaciones sociales, políticas jurídicas tornan más agudo este problema. Sin embargo, en 1984, se programó alcanzar un nivel de escrituración de 50 mil propiedades.
En materia de sueldo, se ha ejercido un estricto control en el uso y su destino; la acción rectora del Estado se manifiesta ya, en la recuperación del sueldo para beneficio social, educativo y restauración ecológica.
La recuperación de 14.7 hectáreas de la zona del Bosque de Chapultepec y la expropiación del Parque del Distrito los Leones, así como la zona de Santa Fe - Contadero y Santa Lucía - Santa Fe constituyen las acciones más importantes de gobierno, para rescatar un patrimonio de la ciudadanía.
En lo que atañe a salud y seguridad social, la acción se encaminó a la atención de menores y adultos indigentes, así como a la apertura de cauces hacia el deporte y la cultura, mediante la construcción de parques recreativos y la difusión y promoción de actividades culturales. En salud, se abarca una cobertura de atención de 1.5 millones de personas y se ha realizado la venta de medicamentos a precios accesibles. El incremento paulatino de la infraestructura de servicio, se atiende a través de la construcción y la ampliación y remodelación de unidades de atención médica.
En basura, se dio continuidad al Plan Maestro, cuyo objetivo es regularizar en el corto plazo los servicios de recolección, barrido y disposición final. Los logros más significativos se ubican en el ensanchamiento de la cobertura de atención al haberse incrementado ésta, en un 17% respecto al periodo anterior. Se operan diversas estaciones de transferencia de basura y se han clausurado varios tiraderos de disposición final que por su ubicación resultaban peligrosos para la salud y para la ecología de la región.
En materia de empleo, independientemente de la ocupación indirecta generada a través de los programas normales del sector, se crearon, dentro del programa regional concebido para tales propósitos, un total aproximado de 205 mil empleos eventuales, equivalente a 20 mil empleos permanentes.
Este es un síntesis el marco de atención que el Departamento del Distrito Federal consideró prioritario realizar, sin menoscabo de otros programas de beneficio social que participan en la incesante búsqueda de mejores condiciones y de un mayor desarrollo comunitario y urbano.
Las dimensiones y magnitud del contorno urbano de la Ciudad de México hacen imprescindible mantener e incrementar en lo posible la atención de los servicios públicos básicos como la más alta prioridad del gobierno de la ciudad.
Este marco de referencia hace ver, en el corto plazo, que la instrumentación de los presupuestos de egresos, responden a los planteamientos de estrategia de reordenación económica y cambio estructural.
Los recursos han sido orientados a la solución de los problemas de la capital de la República. sin embargo, ante la magnitud de las carencias y la herencia histórica de centralismo regional, no han sido lo suficientemente impactantes para mostrar una definición clara del nuevo horizonte urbano que los ciudadanos aspiran para el Distrito Federal.
El proyecto de Presupuesto 1985, encara en forma realista los problemas urbanos y sociales de la capital de la República, sin perder el rumbo de las posibilidades económicas y financieras para realizarlo. No es un esfuerzo aislado de acciones coyunturales ni populistas, capta, en su fondo, las estrategias
de mediano y largo plazo establecidas en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Región Centro, con acciones concertadas y coordinadas con los diversos sectores sociales y esferas de gobierno.
El Distrito Federal ya no se concibe como un problema microregional del país, en sus correspondientes ámbitos de funciones y atribuciones participan Gobierno Federal, gobiernos estatales y órganos de gobierno municipal.
En el ámbito urbano se pretende continuar el estricto control del crecimiento urbano, impedir el establecimiento de industrias contaminantes y desalentar la concentración de la población en el Distrito Federal. Para ello, será necesario realizar diversas reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano, establecer la creación de centros urbanos, combatir el regazo en la regularización de la tenencia de la tierra y ampliar las reservas territoriales. Dentro de la vertiente de concentración, se establecerán convenios con los sectores, Social y Privado, y se llevarán a cabo programas de investigación con instituciones educativas. En la vertiente de coordinación se formalizarán convenios con las esferas de gobierno estatal y municipal para aplicar un marco uniforme en la regulación y uso del suelo, compatibilizar acciones en torno al sistema de protección y recuperación de la zona urbana en caso de desastre y, con el Gobierno Federal, se promoverá la descentralización de la población a otras regiones del país.
Ante el espejismo de desarrollo que se vislumbra en la ciudad, existe un problema interrelacionado al desarrollo urbano. El sistema ecológico de la región se encuentra alterado con la pérdida acelerada de los bosques y áreas agrícolas y con la intensa contaminación ambiental provocada principalmente por los vehículos automotores, la industria y los tiraderos de basura al aire libre. Los propósitos fundamentales en este aspecto cosiste en la constitución de reservas ecológicas, estricto control sobre las fuentes contaminantes, prohibir el establecimiento de tiraderos clandestinos y reforzar los trabajos de rellenos sanitarios en los lugares de disposición final de basura autorizados.
Se contemplan acciones coordinadas con la Federación para controlar y disminuir la emisión de contaminantes de la industria, efectuar los estudios para la conservación y ampliación de áreas verdes y lograr una mayor conciencia ciudadana para restaurar y preservar la ecología y medio ambiente de la región. Adicionalmente, con los municipios conurbados se establecerán convenios para atacar integralmente los problemas de la zona metropolitana, tendientes a limitar el establecimiento de industrias, fomentando la creación de zonas de protección ecológica y ejerciendo un estricto control sobre agentes contaminantes.
Por lo que se refiere al desarrollo agropecuario y forestal, el Distrito Federal ha perdido su potencial productivo, la mancha urbana ha invadido los suelos de vocación agrícola y forestal y la población rural ha desatendido las labores de campo para ocuparse en actividades más remuneradoras. Para 1985, el programa - presupuesto contempla entre otras acciones, la protección, vigilancia, mantenimiento y reforestación de áreas verdes y el apoyo a los productos agropecuarios, mediante asesorías, cursos de capacitación e infraestructura para riego.
Los servicios públicos son parte vital en la dinámica urbana y propician el acercamiento humano. Las acciones más importantes a realizar para proveer y suministrar agua potable, tienden a aumentar el caudal de ingreso a la ciudad, atacar los problemas de escasez y fomentar el uso racional del recurso. Las condiciones geográficas del Distrito Federal y el acelerado aumento de la población son factores fundamentales en la persistencia de problemas de distribución de agua potable. Será necesario continuar las obras de recepción del proyecto Cutzamala. En cuanto a distribución, se ampliarán líneas primarias y secundarias de conducción de agua potable para mantener, proporcionalmente al crecimiento de la población, el nivel de cobertura ya alcanzado.
Adicionalmente, se harán proyectos de inversión para mejorar la calidad de agua. Con el apoyo del sector privado se continuará canalizando agua tratada para consumo de la industria.
Se iniciará a partir de 1985, con la experiencia obtenida 1984, el Programa de Uso Racional de Agua, que involucra acciones de coordinación, concertación y de inducción con diversas dependencias de gobierno y los sectores sociales. El programa consiste en la instalación de dispositivos ahorradores de agua, cuya primera etapa se efectuará en edificios públicos.
En drenaje, por sus implicaciones en la salud se canalizarán los recursos hacia núcleos de población económica más desprotegidos. Se ampliarán y se dará mantenimiento y conservación a las redes de conducción tanto primarias como secundarias, así como a las líneas de conducción de agua tratada.
Se llevarán a cabo la construcción de la laguna de regulación de Tláhuac; se continuarán las obras del sistema de drenaje profundo y se dará mantenimiento y conservación al equipo de bombeo y tratamiento. Se concertarán acciones con el sector privado para lograr que paulatinamente las industrias, incorporen equipos para el tratamiento previo de aguas residuales, antes de que éstas sean descargadas al sistema de drenaje.
En lo tanto atañe a la basura, la recolección, el barrido y la disposición final de los desechos sólidos, se continuará realizando bajo las directrices del Plan Maestro de Basura. Los sitios de disposición final se sujetarán obligatoriamente a la modalidad de relleno sanitario; se concluirá la construcción de dos plantas de incineración y se iniciará el montaje y correctivo a las unidades de recolección,
de barrido, de transbordo y de disposición final.
El alumbrado público cubre ya casi la totalidad del área urbana del Distrito Federal, el programa respectivo busca en el mediano plazo, mantener el nivel de atención alcanzado y lograr, con el remplazo de luminarias a vapor de sodio de alta presión, ahorros en el consumo de energía eléctrica y mayor seguridad y visibilidad nocturna tanto para el peatón como para el automovilista.
En materia de vialidad, semaforización y señalamiento se realizan obras de mantenimiento y regeneración de la carpeta asfáltica se conservará en óptimas condiciones el equipo de semaforización y se revisará, para aumentar la seguridad vial, el sistema de avisos y señalamientos.
Se ampliará la red vial bajo un criterio de jerarquización de acuerdo a la demanda de transportación de corto y largo plazos. Estas acciones, en conjunto, incluyen la construcción y remodelación de vías preferenciales y principales, la construcción de vías rápidas, de pasos vehiculares elevados y de pasos peatonales sobre vías rápidas.
En forma complementarias a estas acciones, será necesario producir material asfáltico y triturado basáltico, para atender la demanda de construcción de la vitalidad, requeridos por el propio Sector y por contratistas en general.
La vivienda será apoyada a través del Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, con acciones de autoconstrucción, mejoramiento de la vivienda y vivienda terminada.
Este programa, adicionalmente al beneficio directo que reporta a la sociedad en el abatimiento del rezago de vivienda, generará ocupación de mano de obra y estimulará el desarrollo de la industria de la construcción.
En materia de regularización de la tenencia de la tierra la acción de gobierno tendrá como principal objetivo, otorgar seguridad jurídica a los poseedores de inmuebles mediante la escrituración de 50 mil predios.
Se realizarán convenios de coordinación con las Secretarías de la Reforma Agraria y Desarrollo Urbano y Ecología, para dar mayor diligencia a los procesos de resolución y a los trámites inherentes sobre la materia.
Dentro de los propósitos de gobierno, de preferenciar el transporte colectivo, las acciones se han ubicado a buscar la coordinación e integración de los diferentes modos de transporte, de tal manera que se construya en un medio eficaz y seguro para el traslado del individuo en el espacio físico urbano; la integración se dará a efecto entre otras acciones con la implantación del boleto multimodal. Las obras de construcción y mantenimiento de las instalaciones, así como las adquisiciones de equipo y unidades de transporte, harán posible alcanzar la meta de 11.6 millones de viajes - persona - día, que serán cubiertos a través de los medios de transporte proporcionados por el gobierno capitalino, como son: Sistema de Transporte Colectivo, Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 y Servicios de Transporte Eléctricos.
Las acciones más significativas en este contexto contemplan la ampliación de la red del Metro en 8.18 kilómetros; la adquisición de 300 nuevos autobuses y la reconstrucción de otros 300; la instalación de dispositivos especiales para reducir los niveles de emisión de humo de las unidades de transporte de Ruta - 100 y; ampliación de la red de trolebuses y tranvías, así como los trabajos de modernización de equipo de rodamiento.
Se efectuará bajo las estrategias contenidas en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana y Región Centro, una serie de convenios con el Gobierno del Estado de México para coordinar los sistemas de transporte en la región conurbada. Se reestructurará por zonas y rutas, para lograr la integración del transporte, el servicio proporcionado por los automóviles de alquiler de tipo colectivo.
En abasto y comercialización, el gobierno capitalino participa en la modernización del aparato comercial, a través de diversas empresas y organismos especializados, en una mayor y mejor distribución de productos básicos y en la modificación del esquema de intermediarismo que se presenta en los bienes de consumo popular.
Las distorsiones en el mercado en las diferentes etapas de abasto, distribución y comercialización, afectan en última instancia el nivel de los precios, reducen el poder adquisitivo de los consumidores y contraen la capacidad de los productores.
El Sistema Nacional de Abasto tiende a corregir los problemas que sobre la materia vienen afectando a los mexicanos y especialmente a las clases mayoritarias. La Central de Abasto del Distrito Federal se incorpora a estos objetivos generales que aunado a las acciones de la Comisión de Alimentación del Distrito Federal, permitirán por primera ocasión, el diseño e instrumentación de una política sectorial de abasto y comercialización.
Para el apoyo y fortalecimiento de estas acciones, se realizarán 15 convenios de abasto con los gobiernos estatales, y se suscribirán convenios con productores para acceder a productos agropecuarios y pesqueros.
Se llevará a cabo la remodelación de 121 mercados públicos en colonias marginadas y se establecerán nuevas rutas de mercados sobre ruedas.
En la vertiente de coordinación, se incluye la participación de IMPECSA y de DICONSA, para extender la red de comercialización en productos básicos, aprovechando los avances obtenidos en la organización de las uniones de compra y cadenas voluntarias de pequeños comerciantes, esto último dentro de la vertiente de concertación. En este sentido cabe destacar los esfuerzos emprendidos para incrementar los canales de distribución de leche donde el Departamento del Distrito
Federal efectuará la construcción de 15 lecherías que sumadas a las 85 ya construidas y entregadas a LICONSA en 1984, harán un total de 100 que cubrirán total de la ciudad, situadas en colonias populares.
Asimismo, con la instrumentación del programa de difusión, orientación y fomento para el consumo de pescado y mariscos, se pretende incrementar la oferta de productos pesqueros a precios populares. Este programa incluye acciones de coordinación y concertación con el Gobierno Federal, diversas entidades federativas y cooperativas pesqueras.
Por su parte el Departamento del Distrito Federal abrirá al público en general 15 tiendas más, mismas que vendrán a incrementar la cobertura de atención, con estas acciones se alcanzará una infraestructura de 80 tiendas y se diversificará aún más la venta de productos básicos al ofrecerse productos pesqueros.
Industrial de Abasto continuará la readecuación de la infraestructura de productos cárnicos, misma que cristalizará en la instalación del mercado al mayoreo de esos productos.
En lo relativo a salud, por su importancia para el desarrollo nacional y regional, se conservarán los criterios de cobertura extensiva hacia la ciudadanía, principalmente para aquellos núcleos de población que por circunstancias especiales se encuentran fuera de la frontera de atención de las instituciones de seguridad social.
Se pretende abarcar a través de los servicios médicos que presta el gobierno de la ciudad un nivel de atención para 1.6 millones de habitantes. En coordinación con las instituciones del Sector Salud, se emprenderán campañas de medicina preventiva, de higiene y de planificación familiar.
En apoyo a la economía familiar se realizará la venta de medicamentos a precios accesibles y se continuarán las obras para ampliar la infraestructura de servicio tanto de traumatología como de consulta y atención médica general.
En cuanto a protección social se intensificarán las acciones para incrementar la atención a menores y adultos indigentes. Para tal efecto se ampliará la infraestructura existente de casas de protección social y se llevarán a cabo acciones de conservación y mantenimiento a los centros de desarrollo infantil.
En los centros reclusorios se otorgará el servicio de asistencia médica al 100% de la población interna y se establecerán cursos de preparación técnica y artística para mejorar las condiciones económicas y canalizar las inquietudes personales de superación y desarrollo; lo cual contribuirá a la rehabilitación social de los individuos privados de su libertad.
Se buscará la consolidación y mayor penetración hacia la sociedad, sobre los servicios proporcionados por LOCATEL, independientemente de los convenios a realizar con los municipios conurbados al Distrito Federal para acrecentar los servicios sociales de consulta telefónica y de orientación, control y difusión de servicios públicos.
La educación, la cultura, el deporte y la recreación significan para la sociedad el sustento y fundamento para acceder a mejores condiciones de desarrollo, la familia sostiene la estructura social de la Nación, su vigor, su fortaleza y conciencia cívica favorecen la unidad nacional y la preservación de los valores esenciales del México moderno. El gobierno capitalino no está al margen de estas premisas, continuará ampliando la infraestructura educativa bajo las directrices que señala la Secretaría de Educación Pública. Por tal motivo, en 1985 se construirán planteles educativos de educación básica preescolar, de educación primaria, de secundaria general y de secundaria técnica.
En forma adicional a estas acciones se organizarán eventos culturales y se efectuarán actos cívicos conmemorativos para resaltar en el individuo el amor a la patria, a los héroes y a las instituciones.
En deporte y recreación, se crearán módulos, centros y ciudades deportivas y se procurarán eventos deportivos de cobertura nacional, regional e institucional. Como factor complementario de la vida comunitaria, en recreación y turismo, se realizarán eventos artísticos populares y se efectuarán visitas guiadas a centros turísticos de interés local y regional.
La seguridad pública sigue siendo parte toral de la gestión gubernamental, por lo que se continuarán las acciones tendientes a lograr un servicio más eficiente y asiduo que converge a las reiteradas demandas de la ciudadanía.
El principal objetivo será incrementar el nivel de seguridad en la ciudad con apego a los principios de justicia social y honestidad profesional. Por tal motivo, dentro del marco de la profesionalización de los cuerpos policiales se otorgarán cursos de especialización y formación básica policial, los servicios se mantendrán integrados para proporcionar labores de patrullaje vial, atención médica de urgencia y operaciones de rescate y salvamento.
Se incorporarán al cuerpo de seguridad 6 mil nuevos elementos de acuerdo al calendario de egresos de la Academia de Policía. Asimismo, se prevé la adquisición del terreno donde se erigirá el edificio de las nuevas oficinas de la entidad a cargo de estos servicios.
Por otra parte, se efectuarán labores de conservación y mantenimiento a las unidades móviles de la Policía y del H. Cuerpo de Bomberos, para mejorar los dispositivos de seguridad, de rescate, salvamento y de urgencia para casos de desastre. En la vertiente de coordinación, se establecerán convenios con las corporaciones de seguridad pública de los municipios conurbados para homogeneizar procedimientos y dispositivos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, todo esto, en concordancia con las líneas de acción del Programa de Desarrollo de la Zona
Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro.
En el marco del régimen jurídico, se han realizado adecuaciones para garantizar a la ciudadanía en su conjunto un sistema de implantación de justicia más ágil y expedito, mediante diversas formas y adiciones a leyes y reglamentos en torno a este ámbito. La administración de justicia no es una cuestión estática que permanezca incólume ante los cambios sociales de la vida urbana. Métodos y procedimientos se sujetarán a revisiones profundas para garantizar en todo momento los derechos ciudadanos y combatir las desigualdades sociales en un marco de justicia y de equidad. Estas acciones se harán extensivas al plano de la legislación laboral, vigilando que los centros de trabajo observen las normas y principios contenidos en la Ley Fundamental y en la Ley Federal del Trabajo; para los efectos se otorgarán permisos de trabajo para menores, se inspeccionarán establecimientos y se expedirán credenciales para trabajadores no asalariados.
La labor de comunicación social habrá de ser el eje fundamental para llevar a buen término la obra de gobierno, misma que se finca en los propósitos sociales emanados de la voz popular. Conciencia cívica y unidad social son los valores que sustanciarán el cambio para el un nuevo horizonte urbano. En la medida que los ciudadanos conozcan la problemática de la ciudad y la gestión de gobierno para solucionarla, existirán mayores posibilidades en el corto plazo de lograr un centro urbano arquetipo de la Nación.
En materia de administración y planeación, se continuará fortaleciendo los mecanismos internos que propicien una mayor eficiencia y eficacia de la acción gubernamental.
La consulta popular es instrumento y guía para la solución de los problemas de la ciudad, propuestas y recomendaciones por la vía del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal, se revierten en acciones concretas como una respuesta inmediata de organismos y empresas del Sector, dentro de prioridades y parámetros financieros establecidos en el marco de la política económica regional.
La gestión administrativa se moderniza con la descentralización de funciones al otorgarse mayor proporción del gasto a las unidades desconcentradas del Sector. El programa de simplificación administrativa, adicionalmente a estos propósitos, agilizará el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, se resolverán con mayor atingencia los problemas relacionados a los servicios públicos, se eliminarán requisitos innecesarios en los trámites para el otorgamiento de permisos y licencias de construcción y se reestructurarán los sistemas de control de vehículos y los relacionados con las licencias y permisos para conducir.
El presente proyecto resume en sí, la acción gubernamental para la Ciudad de México en el marco del Programa Inmediato de Reordenación Económica; atiende con una visión global los requerimientos y necesidades más indispensables de la urbe y sus habitantes y posibilita bajo un contexto de equilibrio regional nuevos caminos de superación individual.
Para ello, en el contenido de documento, se detallan en forma analítica los objetivos, las metas y las acciones de cada uno de los programas que habrá de emprender el gobierno capitalino para optar por un desarrollo más justo y equitativo en el Distrito Federal.
Dentro de la estrategia de gasto del programa propuesto 1985, se le atribuye un valor especial al monto de los egresos, al ser éstos plenamente modestos conservando un nivel mínimo en el ritmo de crecimiento; mantiene un enfoque eminentemente social al proteger el ejemplo, al atender la salud, la educación, el abasto y el consumo popular; la concentración y coordinación de acciones se habrán de dirigir hacia la atención de los problemas primarios de la comunidad, como son la vivienda, los servicios públicos, la alimentación, la cultura y la recreación, entre otros.
El proyecto de Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal para 1985, asciende a $672,038'494,000.00 (seiscientos setenta y dos mil treinta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) el cual se ejercerá mediante:
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El presupuesto directo del Departamento del Distrito Federal en su clasificación por objeto del gasto, excluyendo organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del Sector, es de $ 556.000'000,000.00 y se distribuye como a continuación se detalla:
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De la cifra antes señalada, las aportaciones que el Departamento del Distrito Federal destina a los organismos descentralizados se muestra en el Presupuesto Consolidado en el renglón de transferencias.
Por objeto del gasto, los organismos y empresas de participación estatal mayoritaria, excluyendo las aportaciones del Sector, muestran la siguiente asignación:
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Por lo que atañe a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, se presentan las asignaciones de gasto, misma que contemplan las aportaciones del Departamento del Distrito Federal, como sigue:
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El proyecto de Presupuesto de Egresos que se presentan a consideración, contemplan como programas prioritarios para 1985, los siguientes: Transporte Urbano; Seguridad Pública; Agua Potable; Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras; Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa; Vivienda; Regularización de la Tenencia de la Tierra; Salud; Recolección y Tratamiento de Basura, y Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Dichos programas, en relación al monto total del presupuesto que se considera en el presente proyecto, representan el 68%.
Las transferencias y subsidios que se otorgarán a los organismos y empresas se sujetarán a la modalidad y criterios de selectividad, transparencia y racionalidad, que en materia de política económica han sido plenamente definidos.
Para facilitar al análisis del presente proyecto, en forma detallada se enuncian los objetivos específicos de los programas que habrán de sustentar la acción de gobierno en el Distrito Federal, así como las acciones más sustantivas de cada uno de ellos, con las asignaciones presupuestales que serán erogadas con cargo a los recursos propios de la dependencia, los fondos y las aportaciones de la Administración Pública Federal y los financiamientos internos y externos.
AM. Administración del D. D. F.
Su objetivo es coordinar los programas generales, así como las políticas y medidas necesarias para elevar los niveles de eficiencia y eficacia tendientes a lograr un desarrollo armónico e integral del sector. La asignación de recursos presupuestales al programa asciende a $62,619'722,000.00.
Las acciones más significativas de este programa, se dirigen a lograr una mayor eficiencia operativa en la presentación de los servicios públicos y tareas de gobierno, los cuales serán estimulados a través de un proceso exhaustivo de simplificación administrativa y descentralización de funciones, fomentando a su vez, una mayor conciencia ciudadana y solidaria social para la resolución de los problemas más ingentes del Distrito Federal.
Las unidades responsables que participan en este programa son: Jefatura del Departamento del Distrito Federal; Secretaría General de Gobierno; Consejo Consultivo; Delegaciones; Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas; Oficialía Mayor; Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; Dirección General de Investigación y Desarrollo Administrativo; Contraloría General; Coordinación General Jurídica y de Estudios Legislativos; Dirección General de Estudios Legales; Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y Dirección General de apoyo al Desarrollo Delegacional.
BI. Aportaciones a la Ministración de Justicia
Su objetivo es contribuir a la impartición y procuración de justicia en forma ágil y oportuna y apoyar a los diversos órganos responsables en esta materia para otorgar al ciudadano seguridad y confianza. Para este programa se tienen asignados $10,059'875,000.00.
En este sentido la acción más relevante a realizar en 1985, será la de fortalecer la impartición de justicia con estricto apego a la legislación vigente. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolverá conflictos y controversias de carácter administrativo entre el Departamento del Distrito Federal y los particulares, para lo cual se calcula dictar 8 mil 860 sentencias, se atenderán 9 mil 900 demandas y se celebrarán 10 mil 120 audiencias.
Por lo que corresponde a asuntos en materia civil y penal del fuero común y en el orden federal, el tribunal Superior de Justicia estima resolver un millón 767 mil demandas legales. La Procuraduría General de Justicia prevé realizar 374 mil 129 averiguaciones previas, 125 mil dictámenes por peritaje técnico científico, e intervenir 82
mil 740 asuntos en los juzgados y salas de lo familiar y civil.
Las unidades responsables son: Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
BK. Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral
Este programa tiene como objetivo el propiciar la ocupación y reducir el desempleo en el Distrito Federal, vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, en todos aquellos establecimientos de Jurisdicción Local y calificar sus infracciones. A este programa se le asignan $878'422,000.00.
Con lo anterior se pretende favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes capitalinos, fortaleciendo las relaciones obrero - patronales de acuerdo a los principios que las reglamentan.
Consecuentemente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pretende atender 494 asuntos por emplazamiento a huelga y demandas. La dirección de Trabajo y Previsión Social asesorará en forma gratuita a 8 mil trabajadores en conflicto obrero - patronales y coordinará la operación de los 16 centros delegacionales promotores de empleo, a través de los cuales se plantea capacitar y adiestrar a 50 mil personas.
En este programa participarán las siguientes unidades responsables: Dirección General de Trabajo y Previsión Social y Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
BQ. Seguridad Pública
El objetivo es incrementar los niveles de seguridad pública tendientes a disminuir los índices de delincuencia, accidentes y siniestros, garantizando la satisfacción de la demanda de protección en el Distrito Federal, fomentando además una mayor participación ciudadana en las tareas de protección y orden vial.
Para garantizar la consecución del objetivo de gobierno en este ámbito, se continuarán las acciones que redunden en la profesionalización, modernización y moralización de los cuerpos policiales. Para este programa se asignarán $23,144'000,000.00.
Como metas se pretende abatir la incidencia delictiva y disminuir las conductas antisociales mediante servicios de patrullaje y de control vial en aproximadamente 2.1 millones de kilómetros; proporcionar 35 mil servicios médicos de urgencia y operación de rescate; 10 mil servicios para control de siniestros; 100 mil servicios en actos delictivos; expedir y controlar 500 mil documentos de tránsito a conductores de vehículos; proporcionar 25 cursos de especialización y formación básica policial; adquirir un terreno para la construcción de un edificio destinado a la prestación de servicios al público.
La unidad responsable de este programa es la Secretaría General de Protección y Vialidad.
DB. Planeación del D. D. F.
El objetivo de este programa radica esencialmente en la implantación, actualización y operación del Sistema Interno de Planeación del Sector, el cual se sustancia en la sistematización y conjunción de los procesos de planeación, programación, presupuesto y evaluación, que mediante los mecanismos de apoyo en materia de información y estadísticas, se logra una congruencia funcional para ubicar la gestión del gobierno capitalino en áreas prioritarias y de mayor beneficio social, todo esto de conformidad con los artículos 25 y 26 constitucional y la Ley de Planeación, que estatuyen la implantación del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se canalizarán a este programa $1,560'000,000.00.
Para tal efecto, se pretende actualizar el Programa de Mediano Plazo de la Ciudad de México y elaborar los correspondientes programas operativos anuales, los cuales en congruencia con la política económica y regional de desarrollo, se cristalizan en acciones en el presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal; definición e instrumentación de la política financiera del sector; la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, así como el seguimiento y evaluación de los programas asignados a este sector.
Paralelamente a lo anterior se coordinarán los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación que ubiquen las acciones de gobierno en las cuestiones neurálgicas de la Ciudad de México y sus habitantes; fomentando a su vez una mayor participación ciudadana en los aspectos de interés público.
Las unidades responsables participantes en este programa, son: Secretaría General de Planeación y Evaluación; Dirección General de Programación y Presupuesto; Dirección General de Evaluación e Informática; Dirección General de Política Financiera y Dirección General de Planeación del Desarrollo.
EY. Administración Fiscal y Recaudación del D. D. F.
Su objetivo es lograr mayor eficacia en la captación de los ingresos del Departamento del Distrito Federal, controlar mediante los sistemas de fiscalización la evasión fiscal; redistribuir las cargas impositivas en un marco de equidad y proporcionalidad, vigilando la estricta observancia de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, así como los convenios de coordinación fiscal. Se destinarán a este programa $14,000'000,000.00.
Como meta de recaudación para 1985, se estima captar $350,184 millones, en los rubros y montos que a continuación se señalan:
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Con esta captación se financiará el cumplimiento de los programas de gobierno capitalino para el año de 1985.
Se establecerán dos delegaciones regionales, 32 receptorías serán remodeladas y se modernizarán los sistemas de captación de ingresos.
La Tesorería del Departamento del Distrito Federal es la unidad responsable de llevar a cabo este programa.
El. Deuda Pública del D. D. F.
Su objetivo es conducir la política financiera del Departamento del Distrito Federal, estableciendo los rangos y fuentes de crédito que soportan por la vía del endeudamiento la ejecución de programas tomando en cuenta la capacidad de liquidez de la entidad, así como las posibilidades reales de pago y amortización para lograr un perfil financiero sano acorde a las condiciones económicas prevalecientes y al costo de los financiamientos.
Al pago de la deuda pública se asignarán $126,300'000,000.00 con la siguiente composición:
Capital $24,700'000,000.00
Intereses 84,100'000,000.00
Adefas 17,500'000,000.00
Total 126,300'000,000.00
La unidad responsable de la conducción de este programa es la Secretaría de Planeación y Evaluación.
Considerando contratación de créditos y pagos de deuda, el déficit financiero de la entidad, será de aproximadamente 126 mil millones de pesos.
GM. Fomento Forestal
Su objetivo es coadyuvar a la restauración de las condiciones ambientales y ecológicas, a través del mantenimiento y ampliación de las áreas verdes, fortaleciendo la silvicultura y el desarrollo agropecuario. Serán erogados en este programa $8,902'502,000.00.
Las metas más significativas en este contexto son: producción de 7,450 millones de plantas forestales y de ornato, y plantar más de dos millones de especies forestales en áreas rurales y parques y jardines, la vigilancia de 24 mil 529 hectáreas de zonas forestales y de preservación ecológica, en las que se incluye el saneamiento y reforestación del Desierto de los Leones; formular dos estudios para la producción de hortalizas y cultivos hidropónicos y construir un sistema de riego por aspersión para 48 hectáreas en la Delegación Tláhuac, e impartir 48 cursos de capacitación rural.
En este programa participan las siguientes unidades responsables: delegaciones y Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agropecuario del Distrito Federal.
P6. Transporte Urbano
Su objeto es crear un sistema integral, moderno y eficiente de transporte urbano, que considere al área metropolitana como un todo único, dando prioridad a la transportación masiva que a la vez presente condiciones óptimas de seguridad y eficiencia de tal manera que se estimule el uso de este servicio y se desaliente el del automóvil particular. Asimismo, se pretende que el beneficio social del programa impacte directamente a los sectores económicamente más desprotegidos. Se erogarán para este fin $210,527'900,000.00.
Las metas a lograr en 1985, consisten en: ampliar la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro en 8.18 kilómetros, de los cuales corresponden:
- 1.45 kilómetros a la Linea 6
- 5.93 kilómetros a la Linea 7
- 0.80 kilómetros a la Linea 9.
Adquirir 15 trenes, dar mantenimiento a 3 mil 24 carros y realizar 3.6 millones de viajes - pasajero - día; para Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100, se adquirirán 300 autobuses y se reconstruirán 300 unidades, así como la construcción de un taller tipo y se realizarán 7.0 millones de viajes - pasajero - día en 226 rutas; para el Servicio de Transportes Eléctricos se adquirirán 160 trolebuses, se dará mantenimiento a 40 tranvías y 668 trolebuses, se reconstruirán 100 trolebuses y se estima realizar 1.0 millones de viajes - pasajero - día; además, se ampliará la red en 18 kilómetros de vías destinados al tren ligero en el tramo comprendido de la estación Taxqueña - Huipulco; asimismo, se contempla La construcción de 114.5 kilómetros de líneas elevadas para trolebús. la Coordinación General del Transporte formulará 46 estudios, 9 para revisión de precios unitarios, 26 para mejorar la vialidad e infraestructura y 11 para evaluar
la magnitud de los proyectos en su realización. Así también se prevé la implantación del boleto multimodal, que será utilizado en los diferentes sistemas de transporte de pasajeros del Departamento del Distrito Federal.
Las unidades responsables de este programa son: Coordinación General de Transporte; Sistema de Transporte Colectivo; Comisión de Vialidad y Transporte Urbano; Servicio de Transportes Eléctricos y Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100.
R4. Abasto y Comercialización
El objetivo es impulsar el sistema de abasto popular mediante la creación de la infraestructura necesaria para asegurar a la población capitalina el suministro de bienes de consumo de primera necesidad en lugares estratégicos, en forma suficiente, oportuna y permanente, bajo condiciones óptimas de salubridad e higiene y a precios populares, contribuyendo de esta forma a regular el mercado y a evitar el intermediarismo y usura comercial. Se canalizarán para tal fin $9,405'884,000.00.
Se pretende concertar convenios con las organizaciones de productores y comerciantes que concurren a la Central de Abastos, para reordenar adecuadamente el comercio al mayoreo de productos perecederos, lo cual repercutirá directamente en beneficio de los consumidores.
A través de este programa se pretende operar un total de 80 tiendas del Departamento del Distrito Federal de las cuales 15 son de nueva creación, mismas que se ubicarán en las siguientes delegaciones: una en Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimilpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, cuatro en Gustavo A. Madero y tres en Iztapalapa.
Se sacrificarán 12 millones 661 mil animales de diversas especies, distribuir 912 mil 750 canales para el abastecimiento de carne a la población, elaborar 6 mil 98 toneladas de productos de primera necesidad y producir 300 mil piezas para cat - gut; así también se proporcionará asistencia técnica y servicios de apoyo a 113 organizaciones de productores hortifrurtícolas y a 15 productos cárnicos; se celebrarán 15 convenios de abasto, con gobiernos estatales; se instrumentarán acciones de difusión, orientación y fomento para el consumo popular de pescado y marisco en coordinación con las 16 delegaciones; se continuará con la construcción de 15 lecherías, la modernización comercial y la reubicación de 12 mercados sobre ruedas y tianguis, la remodelación de 121 mercados públicos y construcción de 8 casetas de orientación al consumidor, así como efectuar 7 mil 850 inspecciones, y otorgar 16 mil 550 licencias de funcionamiento; se pondrá en operación el centro de distribución de productos pesqueros para atender la demanda tanto de los centros comerciales del Departamento del Distrito Federal como de las tiendas de Conasupo e ISSSTE.
En este programa participan las siguientes unidades responsables: delegaciones, Coordinación General de Abasto y Distribución e Industrial de Abasto y Almacenes para los Trabajadores del Distrito Federal.
YY. Salud
El objetivo es incrementar los niveles mínimos de salud e higiene principalmente en los sectores más desprotegidos y con especial énfasis en los grupos sociales más vulnerables, creando un sistema coordinado e integral en la prestación de servicios de salud para aprovechar con mayor eficiencia la capacidad instalada, tendiente a lograr una mayor cobertura de este importante servicio. Para tal efecto se destinarán $12,418'000,000.00 a este programa.
Se prevé la prestación de servicios de atención médica y preventiva, de consultas externas y de hospitalización, proporcionando atención médica a un millón 566 mil 260 pacientes, suministrar 36 mil dosis de vacunas y 500 mil medicamentos, realizar 235 cursos de capacitación y actualización médica; promover 120 campañas de capacitación y educación para la salud; dar mantenimiento a 29 unidades hospitalarias y a 70 unidades médicas, así como transformar dos hospitales infantiles en hospitales generales y continuar la construcción del Hospital Rubén Leñero.
Las unidades responsables que participan en este programa son: la Dirección General de Servicios Médicos y la Delegación Cuauhtémoc.
ZP. Desarrollo y Servicios Sociales
El objetivo del programa es proporcionar la infraestructura y promover las actividades cívicas, culturales, turísticas, deportivas y recreativas a la población socialmente desprotegida del Distrito Federal, elevando así su nivel de bienestar. Asimismo, prestar los servicios de asistencia social y de readaptación a la sociedad de personas que hayan sido privadas de su libertad y dar información sobre personas y vehículos extraviados en la ciudad; proporcionar prestaciones de carácter social y económico a trabajadores de los cuerpos de seguridad y a Lista de Raya del Departamento del Distrito Federal. Para tal efecto se destinarán $24,599'196,000.00.
Entre las metas a realizar destacan el efectuar 14 mil 287 actividades recreativas; construcción de un centro de iniciación artística, una escuela de danza, 2 mil 832 eventos cívicos culturales; 150 eventos de promoción turística; organizar 13 mil 145 torneos deportivos, 6 mil 50 juegos delegaciones, mil 520 juegos regionales, 280 juegos distritales, mil 829 actividades delegacionales con asociaciones deportivas; construir 300 módulos deportivos y dos ciudades deportivas, una en Iztapalapa y otra en Gustavo A. Madero; construir cinco módulos delegacionales para recepción de indigentes y una casa de protección social; atender
a 3 mil 500 menores desvalidos, 16 mil 100 adultos indigentes, mil 150 hijos de madres trabajadoras del Departamento del Distrito Federal; construir una cárcel de mujeres y un reclusorio poniente; atender 52 mil 373 internos de los centros de reclusión e integrarlos a la sociedad a través de la capacitación para el trabajo; construir cinco casetas de venta de boletos; ofrecer 2 millones 500 mil boletos para diferentes espectáculos públicos y atender 937 mil 400 llamadas telefónicas de información social; proporcionar 170 mil prestamos a corto plazo, 6 mil 409 jubilaciones, 4 mil 255 pensiones, 593 pagos por defunción y, 400 préstamos hipotecarios.
Las unidades responsables que participan en este programa son: Secretaría General de Desarrollo Social; delegaciones; Dirección General de Protección Social; Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social; Dirección General de Acción Cívica, Cultural y Turística; Dirección General de Promoción Deportiva; Servicio Público de Boletaje Electrónico; Servicio de Localización Telefónica; Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya, y Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal.
2D. Planeación de los Asentamientos Humanos
El objetivo está encaminado a preservar el desenvolvimiento armónico y mantener un crecimiento equilibrado del Distrito Federal y zona metropolitana; mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante la reordenación urbana, recuperación del uso del suelo, regularización del desarrollo ecológico, definición de la reserva territorial y reglamentación del uso del suelo urbano. Para ello se otorgarían $16,725'545,000.00.
Como metas se prevé adquirir 2 millones 14 mil metros cuadrados de los cuales 263 mil metros cuadrados se destinarán para el programa escolar, 315 mil metros cuadrados para obras diversas y un millón 436 mil metros cuadrados para reserva territorial en la zona Santa Fe; formular diversos estudios sobre propiedad inmobiliaria mecánica de suelo, así como estudios prospectivos de los servicios públicos y estructura urbana que permitirá apoyar las decisiones en materia de desarrollo urbano; realizar 25 proyectos de restauración de valores patrimoniales y rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México.
En este programa las unidades responsables que participarán son: Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología: Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.; Dirección General de Desarrollo Urbano; Delegación Cuauhtémoc; Dirección General de Administración y Uso del Suelo; Dirección General de Estudios Prospectivos.
2L. Mejoramiento Urbano
El objetivo central del programa es planear, proyectar y ejecutar obras de construcción y mantenimiento de edificios y alumbrado público, monumentos y centros históricos, jardines y parques recreativos, además de fomentar la participación ciudadana en el remozamiento urbano para mejorar la imagen física y funcional de la ciudad. Para lograr este objetivo el programa cuenta con una asignación presupuestal de $36,063.080,000.00.
De entre las metas a lograr en 1985, sobresalen la instalación de 3 mil 630 luminarias en zonas populares, así como la instalación de 25 mil luminarias en el área urbana y suburbana; transformación de 2 mil 240 luminarias en vías rápidas; proporcionar mantenimiento de 40 mil luminarias, así como al sistema de alumbrado instalado en vías rápidas y preferenciales.
Se continuará con las obras de construcción de los parques recreativos del Batallón de San Patricio y Santa Cruz Meyehualco, así como la rehabilitación de las secciones del Bosque de Chapultepec y la iniciación de las obras en el parque Las Águilas. Se llevarán a cabo acciones de mantenimiento en los edificios de la Tesorería, Tribunal Superior de Justicia, Agencias del Ministerio Público en las Delegaciones de Iztapalapa y Coyoacán; así como en los panteones ubicados en las diferentes delegaciones. Se construirán 250 cajones de estacionamiento y se operarán 6 mil 350 cajones de estacionamiento. Las unidades responsables de este programa son: Secretaría General de Obras; Dirección General de Programación y Supervisión de Obras; Delegaciones y Dirección General de Obras Públicas y Vivienda y Servicios Metropolitanos, S.A de C.V.
2M. Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad
El objetivo prevé la construcción, conservación y equipamiento de calles, avenidas, circuitos y ejes viales, así como la instalación y mantenimiento de señales y semáforos para garantizar la fluidez vial y alcanzar mayores niveles de seguridad tanto para el automovilista como para los peatones. Para ello se destinarán $29,218.258,000.00.
Se continuará la construcción del Eje 10 Sur en 6.5 kilómetros, construcción de 2.5 kilómetros del sistema vial Cuautepec - Ticomán, incluyendo el puente del FF.CC. México - Veracruz, la construcción de 105 pasos peatonales, continuación del distribuidor Potrero, realizar 45 proyectos viales, 18 kilómetros de caminos de acceso a tiraderos de Santa Fe Xochiaca, rehabilitación de vías rápidas como Periférico, Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior, Patriotismo, mediante la reconstrucción de 113 kilómetros. Estas acciones están a cargo de la Secretaría General de Obras.
Por su parte, las delegaciones efectuarán la construcción y bacheo de 2 millones 694 mil metros cuadrados de calles y avenidas, balizamiento vehicular en 2.5 kilómetros y la construcción de infraestructura vial en 217 mil 785 metros.
Se construirá una planta trituradora, acción que permitirá alcanzar una meta de producción total de 900 mil toneladas de material asfáltico.
Asimismo, se construirán 9.8 kilómetros de vialidad conexa con el Metro para restituir y mejorar las calles y avenidas dañadas por las obras del mismo.
Las unidades responsables que participan en este programa son las siguientes: delegaciones; Dirección General de Obras Públicas y Vivienda; Comisión de Vialidad y Transporte Urbano y Planta de Asfalto.
2N. Regularización de la Tenencia de la Tierra
El objetivo está encaminado a regularizar la tenencia de la tierra y mantener la rectoría del Estado en la regularización del uso y destino del suelo urbano. A este programa se destina $1,856.995,000.00.
La trascendencia que implica el proceso de regularización ha obligado que las acciones emprendidas dentro de este contexto, se realicen en forma coordinada con los órganos involucrados en la materia, a fin de regularizar los predios de origen comunal y ejidal ocupados por asentamientos humanos irregulares. Las principales acciones que se llevarán a cabo permitirán efectuar la escrituración de 50 mil propiedades, de las cuales 15 mil corresponden a escrituras de inmuebles propiedad del Departamento del Distrito Federal.
La Dirección General de Regularización Territorial y Delegaciones, serán las unidades responsables de participar en este programa.
2V. Vivienda
El objetivo es propiciar la urbanización indispensable en los mecanismos de autoconstrucción; así como el reforzamiento de los sistemas de crédito para la adquisición de materiales y promover la reconstrucción de vivienda deteriorada en apoyo a los estratos sociales de menores ingresos. En este programa se otorgarán .. $7,461.391,000.00.
Se realizarán 2 mil 464 acciones de autoconstrucción de vivienda, 719 acciones de vivienda terminada y se llevarán a cabo 620 acciones de mejoramiento de vivienda, por parte del Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano.
Las Cajas de Previsión contemplan la construcción de 460 viviendas, así como el servicio de mantenimiento y administración de 2 mil 780.
Por su parte, las delegaciones prevén realizar acciones de mantenimiento en 6 unidades habitacionales y acciones de apoyo a 970 viviendas.
En este programa participan las siguientes unidades responsables: delegaciones; Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal; Caja de Previsión para los trabajadores a Lista de Raya, y Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano.
3C. Agua Potable
Su objetivo consiste en dotar de agua potable en cantidad y calidad adecuada a los habitantes del Distrito Federal, mediante la ampliación de la infraestructura del sistema hidráulico y la operación, captación y conducción eficiente del vital liquido, evitando fugas y desperdicios en la red del sistema. Para este fin los recursos asignados ascienden a $29,646.050,000.00.
Las principales metas de este programa contemplan la instalación de 60 mil paquetes domiciliarios para el ahorro del consumo de agua, la instalación de 30 mil medidores y el revertimiento de 7.7 kilómetros de túnel del Ramal Sur correspondientes a la segunda etapa, excavar 2.1 kilómetros de Túnel del Ramal Sur de las obras previstas para la tercera etapa, construir 0.5 kilómetros de sifones del Ramal Sur; mil 566 metros de red primaria, Río Magdalena - Cerro del Agua, construcción de un tanque en Cerro de la Estrella con capacidad de 54 mil 230 metros cúbicos y otro en Villa Verdum con capacidad de 50 mil 500 metros cúbicos. Asimismo, se prevé la perforación de 30 pozos, 20 en el Valle de México y 10 en Lerma, incluyendo 30 kilómetros de líneas de conducción y la instalación de una planta potabilizadora y conservar 4 mil 482 kilómetros de red secundaria.
Las unidades responsables de participar en este programa son: delegaciones y Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.
3K. Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
El objetivo consiste en ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del servicio en las tareas de descarga, recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales, así como reducir los riesgos de inundaciones que sean provocados por las lluvias torrenciales y hundimientos, dando especial atención a las colonias que carecen de estos servicios. Se erogarán a este programa .. $19,601.899,000.00.
Entre las acciones a realizar en esta materia sobresalen: el lograr un sistema que proporcione el servicio de desagüe de aguas negras y pluviales en forma eficaz, que evite los focos infecciosos, además de hacer de las aguas residuales tratadas una fuente complementaria para suministrar agua a la industria que no requiere una calidad similar a la potable. Para tal efecto se realizarán trabajos de desazolve y saneamiento de 708 mil 211 metros cúbicos en instalaciones, ríos, presas y barrancas; construcción de 29 mil metros lineales de atarjeas y albañales; continuación del colector semiprofundo en Iztapalapa; se dará mantenimiento a 36 plantas
de bombeo para el desalojo de aguas residuales, se continuarán los trabajos para el tratamiento de aguas negras; construcción de 1.2 kilómetros de Interceptor Central de la Lumbrera 41C, construcción de plantas de bombeo en Miramontes y Central de Abastos II, rectificación de 8 kilómetros del cauce del Río San Buenaventura; construcción de una presa para recarga del acuífero y control de avenidas, así como la laguna de regulación Ciénega Grande; instalaciones civiles mecánicas y electromecánicas; mantenimiento y conservación de 2 mil 458 kilómetros de la red secundaria en las 16 delegaciones.
Las unidades responsables de llevar a cabo este programa son: delegaciones, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.
3Z. Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa
El objetivo fundamental del programa es la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y secundaria técnica, de acuerdo a las necesidades que plantea el sector educativo. Para lo cual se destinan $11,495.141,000.00.
En este contexto se pretende la construcción de 40 planteles de educación preescolar, 26 de educación primaria, 21 de educación secundaria y 37 de secundarias técnicas, se dará mantenimiento y conservación a mil 723 planteles de diversos grados de educación.
En este programa las unidades responsables son: las delegaciones y la Dirección General de Obras Públicas y Vivienda.
6Q. Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
El objetivo está encauzado a mejorar la calidad del medio ambiente mediante la concientización ecológica en la población, el fortalecimiento de los programas especiales de educación ambiental y la revisión permanente de las normas legales y administrativas que rigen sobre la materia. Se otorgarán a este programa $2,406.500,000.00.
Las metas más sobresalientes de este programa corresponden a: la constitución de reservas naturales para la protección ecológica de la ciudad, realizar acciones de restauración en el programa regional Santa Fe, elaborar ocho planes maestros regionales de protección ecológica, constituir los parques ecológicos Alvaro Obregón y Cuicuilco, realizar siete campañas de educación ambiental, formular 31 estudios diversos sobre orientación y desarrollo industrial y de meteorología urbana, así como para determinar la calidad del aire, agua y suelo.
En este programa participarán las siguientes unidades responsables: las 16 delegaciones y la Comisión de Ecología.
6T. Recolección y Tratamiento de Basura
El objetivo primordial radica en la creación de un sistema integral de recolección, tratamiento y disposición final de basura, regulando y coordinando horarios y rutas a nivel delegacional. Para eficientar este servicio se canalizarán $13,148.134,000.00.
Dentro de las metas primordiales de este programa, está el de recolectar 4,322 millones de toneladas de basura y tratamiento de 439 mil toneladas al año; terminación de cuatro estaciones de transferencia ubicadas en: Delegación Coyoacán, Delegación Gustavo A. Madero, Delegación Xochimilco y Central de Abasto.
Se concluirán las plantas de iniciación de San Juan de Aragón y Tlalpan; y se realizará el montaje final de tres líneas de incineración en estas mismas plantas.
Asimismo, se pretende incrementar la participación ciudadana en estas tareas, para lo cual se difundirán por los medios de comunicación masiva mensajes que permitan al público tomar parte en la eficientización del servicio de limpia.
La estructura y política de gasto del presente proyecto se orienta a fortalecer el desarrollo social y ensanchar los márgenes de atención preferencial a la prestación de estos servicios urbanos básicos; simulatáneamente a ello, se da especial énfasis al fomento del empleo, mediante el uso intensivo de mano de obra en la ejecución de acciones.
Las delegaciones y Dirección General de Obras Públicas y Vivienda son las unidades responsables de participar en este programa.
Los programas del Departamento del Distrito Federal están encaminados a lograr en el mediano plazo, una nueva imagen urbana de la Ciudad de México, en un esfuerzo compartido y corresponsable de los sectores sociales en su conjunto.
La ciudadanía bajo un proceso extenso de consulta popular, en propuesta y en recomendaciones, decidirá el futuro del Distrito Federal. El programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica es una alternativa de gobierno para establecer las bases de un orden urbano y delimitar el crecimiento físico de la Ciudad.
Las acciones de coordinación vendrán a reforzar las tareas de gobierno enmarcadas en las líneas de acción del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana y de la Región Centro.
Se suscribirán convenios con entidades federativas para garantizar el abasto de productos básicos al Distrito Federal. En materia de transporte urbano los convenios a realizar con el estado de México y municipios conurbados, persiguen la integración y coordinación del transporte en una visión regional para toda la zona metropolitana.
Igualmente para la solución de los problemas relacionados con el de recolección de basura y el de la disposición final de desechos
sólidos, se procurará ejercer acciones coordinadas que incidan en el establecimiento estratégico de tiraderos y en la aplicación homogénea de técnicas de relleno sanitario. Por su parte, en materia de seguridad pública, se proseguirán las acciones conjuntas para aplicar dispositivos de seguridad en forma coordinada para la zona metropolitana de la ciudad de México.
Los montos presupuestales asignados a cada uno de los programas del presente proyecto, han sido ponderados y analizados en función de los requerimientos y demandas sociales, de la capacidad real operativa de la dependencia para responder a esas demandas y de la participación que tendrán otros organismos como apoyo a la solución de la problemática urbana.
El programa - presupuesto 1985, no es la panacea y crisol de soluciones a toda la problemática urbana, pero encierra un gran esfuerzo para lograr mejores condiciones de vida a los habitantes de la Ciudad de México.
El Distrito Federal es el núcleo urbano de esperanza de superación individual, la unidad y fuerza social es el camino para lograrlo, existe la voluntad política y el interés colectivo para cristalizarlo, es renovar esfuerzos conjuntos, es compartir responsabilidades, es el compromiso de todos los mexicanos.
El Ejecutivo Federal a mi cargo confía en que la presente exposición ayude a la comprensión cabal del contenido del Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal para el año de 1985 y que, por tanto, el proyecto que someto a su consideración merezca la aprobación de esa honorable Representación Nacional.
Ciudad de México, noviembre de 1984.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCIÓ FISCAL 1985
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año 1985, se sujetará a las disposiciones de este Decreto y a las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las Unidades Administrativas del Departamento del Distrito Federal, erogaciones adicionales de Organismos y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinadas sectorialmente por éste y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de: $545.738'494.000.00 (quinientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional).
Y se distribuye de la forma siguiente:
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EROGACIONES ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
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Artículo 3o. Las erogaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas, costos, unidades responsables de su ejecución y asignaciones presupuestales que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:
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Artículo 4o. El gasto destinado a la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal para el año 1985, se distribuye de la siguiente manera:
Amortización $ 24,700'000,000.00
Servicio de la deuda 84,100'000,000.00
Adeudos anteriores 17,500'000,000.00
De acuerdo a la apertura programática, estas asignaciones se ejercerán en el Programa Deuda Pública del D. D. F, que importa la cantidad de $126,3000'000,000.00 (ciento veintiséis mil trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional).
Artículo 5o. Los titulares de las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y entidades del sector, en relación con los objetivos y prioridades del plan y los programas de desarrollo, a fin de que adopten las medidas necesarias para conseguir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el titular del Departamento del Distrito Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina el Departamento.
Artículo 6o. En el ejercicio del presente presupuesto, las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector, se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 9o. y 26 de este decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pago que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 7o. La Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá reservarse la autorización y ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen los informes y documentos que les sean requeridos en relación al ejercicio de sus presupuestos y al avance trimestral de las metas señaladas en los programas que tengan a su cargo;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos, y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 8o. El Departamento del Distrito Federal en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los Directores, Vocales Ejecutivos, Administradores o Gerentes de los Organismos Descentralizados o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las Unidades Administrativas y Entidades a su cargo; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 9o. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1985 excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Tratándose de excedentes de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 12 del capítulo segundo de este decreto;
II. Por lo que respecta a los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector Departamento del Distrito Federal, se aplicarán para el desarrollo de programas prioritarios;
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta de la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, hará trimestralmente el análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la Cuenta Pública correspondiente.
Artículo 10. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las Unidades Administrativas y Organismos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, Austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 11. Sin perjuicio de lo que establecen el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el Titular del Departamento del Distrito Federal y los de las Entidades Coordinadas sectorialmente por éste, serán responsables, en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 12. De acuerdo al Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro, se establecen como prioritarios de este presupuesto los siguientes programas:
- Transporte Urbano.
- Agua Potable.
- Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.
- Seguridad Pública.
- Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa.
-Vivienda.
- Regularización de la Tenencia de la Tierra.
- Salud.
- Recolección y tratamiento de basura.
- Deuda Pública.
Artículo 13. Los titulares de las Unidades Administrativas del Sector Departamento del Distrito Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, seguridad pública y transporte urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación y las necesarias para el Programa Regional de Empleo, previa aprobación del Titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 14. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del Sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente
a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios y salarios al personal eventual que en cualquier forma suponga el incremento, con respecto al ejercicio de 1984, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas;
III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a los servidores públicos a título de representación en Órganos de Gobierno, juntas directivas, consejos y comités técnicos y otros, así como gastos de representación, con excepción de los que autorice el Coordinador de Sector;
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el Capítulo 1000. "Servicios Personales", excepto los casos que autorice el Coordinador de Sector.
Artículo 15. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año 1985, no se podrán efectuar.
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes Inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
II. Gastos con cargo a la partida de Erogaciones Imprevistas.
III. Gastos relativos a Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.
Artículo 16. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Titular del Departamento del Distrito Federal:
I. Gastos de ceremonial y del orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del Sector Público y el tiempo que por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos deberán ser autorizadas previamente por las Secretarías de Gobernación y Programación y Presupuesto;
V. Otorgamiento de Becas, y
VI. Donativos.
Asimismo, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 17. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985, se observarán las siguientes medidas.
I. Se deberá aprovechar la mano de obra local y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
II. Se continuarán aquellas obras que no impliquen importaciones, limitando o difiriendo, en su caso, las que requieran insumos de procedencia extranjera para su terminación;
III. Se otorgará preferencia a aquellos proyectos en proceso con mayor avance relativo y de más alta prioridad, con el propósito fundamental de proteger la planta productiva, el empleo y el consumo básico;
IV. Se diferirán las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas o bien, las de carácter ornamental o suntuario;
V. Se otorgará prioridad a las obras complementarias de proyectos en proceso que sean consecuentes y congruentes con las estrategias y objetivos de la planeación nacional del desarrollo.
VI. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, el Sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones;
VII. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción
consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Artículo 18. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de la Zona Metropolitana y de la Región Centro y del Programa de Mediano Plazo y anuales correspondientes y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento deberá ser selectivo, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos.
V. Los subsidios destinados al apoyo de las Entidades Paraestatales del Sector Departamento del Distrito Federal, se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;
VI. Las Entidades Paraestatales del Sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
VII. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 19. Para la autorización de transferencias a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de Coordinador Sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos.
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase.
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 20. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que sujetará la ministración de transferencias autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 21. Las Unidades Administrativas del Departamento del Distrito Federal, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda de cualquier clase, con autorización previa y por escrito del Titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 22. El Titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 23. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias. Asimismo los Titulares de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 24. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el Sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal, así como unificar los flujos de información financiera que requieran del propio sector.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas informarán a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto,
de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.
Artículo 25. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionarán a petición del propio Departamento y entidades coordinadas, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de pagos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 27. El Departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligados a informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que darán a conocer trimestralmente a la H. Cámara de Diputados.
Artículo 28. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas durante el año de 1985, serán los siguientes:
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Artículo 29. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho personas, según el caso, de las Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas durante el año de 1985. Para el efecto, los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el total de los impuestos que correspondan y serán los siguientes:
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Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto, realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal, presentará un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1985. En igual forma presentará un informe trimestral sobre los avances en la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su Presupuesto de Egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por su subprograma y su correspondiente desglose por proyecto de ejecución del presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Los informes trimestrales mencionados en este artículo se presentarán dentro del mes siguiente al que correspondan y que se harán las aclaraciones que requiera la H. Cámara de Diputados.
Artículo 31. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para estos efectos, podrá requerir de las Unidades Administrativas y Entidades del citado Sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 32. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 33. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar: las disposiciones del presente Decreto para efectos Administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Ciudad de México.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
El C. Presidente: - En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
COMPARECENCIA DEL C: SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
El C. Presidente: - Se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto. Se designa en comisión para que lo introduzcan a este recinto y lo acompañen cuando desee retirarse, a los siguientes ciudadanos diputados: Humberto Lugo Gil, Manuel Cavazos Lerma, Irma Cué de Duarte, Jesús Luján Gutiérrez, Gerardo Medina Valdez, Daniel Ángel Sánchez Pérez y Jorge A. Treviño Martínez.
Se ruega a la comisión cumpla con su cometido.
(La comisión cumple su cometido.)
El C. Presidente: -De conformidad con la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto.
El C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, ha solicitado hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, se le ruega pase a la tribuna.
FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LOS EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1985
El C. Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: -C. Presidente de la honorable Cámara de Diputados; ciudadanos diputados; señoras y señores; comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados en cumplimiento de lo señalado en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República. La observancia de este mandato constitucional permite un intercambio de puntos de vista entre el Ejecutivo y el Legislativo reafirmándose así la división de poderes, elemento esencial en el ejercicio democrático de la representación de la voluntad popular.
El Ejecutivo ha remitido en la fecha y términos determinados por la Constitución de la República, los anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio de 1985. Muestra con ello su apego estricto a nuestro estado de derecho. Como secretario de Programación y Presupuesto, cumplo esta obligación constitucional, poniendo al alcance de esta soberanía la información adicional necesaria para la atención de sus atribuciones en materia presupuestal.
Se continúa en la presente ocasión el proceso que, de manera destacada, ha llevado a cabo la administración del Presidente Miguel de la Madrid, de ampliar la oportunidad y suficiencia de la información proporcionada a esta representación popular. Durante el presente año, se han entregado con regularidad los informes trimestrales sobre finanzas públicas se ha presentado la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 1983 y el primer informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. En atención a solicitudes hechas por las comisiones legislativas correspondientes, los servidores públicos de Programación y Presupuesto hemos llevado a cabo numerosas reuniones de trabajo con miembros de esta honorable Cámara. Todo ello muestra el respeto que el Ejecutivo Federal guarda permanentemente hacia este poder soberano.
En la información proporcionada a lo largo del año se destaca el esfuerzo de reordenación que lleva a cabo el Gobierno de la República. La participación ciudadana en este proceso ha sido amplia. La consolidación del Sistema Nacional de Planeación Democrática ha permitido encauzar, en forma ordenada, el interés y la participación de los ciudadanos de los distintos grupos y sectores de la sociedad, hacia la solución de los grandes problemas nacionales.
Los programas sectoriales y regionales de mediano plazo, presentados ya en su casi totalidad, han precisado las orientaciones generales del Plan Nacional de Desarrollo; permiten ahora una vinculación más estrecha entre presupuestación y planeación. Se da así un paso fundamental en la etapa más difícil de la planeación: la de su ejecución. Se ha logrado avanzar en la integración de un proceso que se inicia con la formación de planes y programas de mediano plazo, se traduce en la presupuestación anual, y se retroalimenta con la evaluación de resultados. Las prioridades enunciadas en los planes tienen hoy un reflejo concreto en la realidad del presupuesto, precisándose así responsables y tiempos específicos para su ejecución.
En el marco del Sistema de Planeación que esta administración a venido poniendo en práctica, se ha presentado con oportunidad cada año el Programa General Anual o Criterios Generales de Política Económica. En él se precisan las principales metas económicas globales y su expresión sectorial, convirtiéndose en instrumento indispensable para dar consistencia a la estimación de ingresos, al monto y a la orientación del Presupuesto de Egresos y, en general, a la política de desarrollo en el periodo anual.
El documento de "Criterios de Política Económica para 1985", parte de una evaluación de los avances obtenidos durante 1984 y de un análisis de los problemas que persisten o de las nuevas dificultades que han surgido. En él se señala que "la política económica adoptada en estos dos años ha venido registrando resultados positivos". Se han corregido los desajustes más graves, asumiendo un control cada vez mayor sobre la evolución de la economía.
Se ha consolidado la tendencia decreciente de la inflación. La tasa anualizada, superior
al 150% entre noviembre de 1982 y febrero de 1983, se sitúa en torno al 45% a partir de agosto de este año: la presión inflacionaria ha caído así en más de cien puntos en los dos años en la política de reordenación económica. Vamos logrando un abatimiento de la inflación proporcionalmente más importante cada año: una quinta parte durante 1983, casi un tercio en 1984 y una caída mayor esperada para 1985.
La recuperación de la actividad económica ha resultado superior a lo pronosticado. La producción industrial registra ritmos positivos; el sector agrícola volverá a superar el crecimiento de la población; todo ello permitirá que el país crezca a una tasa de alrededor de 2% en 1984. En esta recuperación se empiezan a perfilar cambios cualitativos: producimos más con menos importaciones, generamos más empleo por peso invertido, el ahorro interno es la esencia de nuestro proceso de inversión.
Se ha reiniciado, en consecuencia, la generación de empleos permanentes; como complemento, los programas regionales de empleo abren oportunidad de un ingreso adicional a miembros de la comunidad. En 1984 alcanzaremos la meta de generar alrededor de 800 mil empleos, entre transitorios y permanentes. Se ha evitado así que aumente la tasa de desempleo abierto que prevalecía hace dos años.
El desequilibrio de finanzas públicas se ha reducido en casi dos terceras partes del que alcanzó en 1982: de 18% del PIB en ese año, se situará a finales del año entre 6.5 y 6.7%. Ello ha sido posible mediante una reducción del gasto público de 8% respecto al PIB y de un incremento en los ingresos públicos. El abatimiento adicional del déficit logrado durante 1984, destaca ante el hecho de que aumentó la carga financiera, mientras que los ingresos disminuyeron su participación en el PIB. El ajuste en el Presupuesto se logró sin dejar de dar atención prioritaria a los programas de claro contenido social, como alimentos, salud, educación e infraestructura, los cuales aumentaron su participación dentro del presupuesto.
El sistema financiero a recuperado en forma muy notable la captación en moneda nacional, registrándose un incremento real de 5% durante 1984. Al mismo tiempo, el financiamiento otorgado a los sectores privado y social se ha prácticamente duplicado con relación al año pasado.
En el sector externo, el avance ha sido igualmente importante, siendo más amplio y rápido que lo esperado. Obtendremos un superávit en cuenta corriente de más de 3 mil 500 millones de dólares, fortaleciendo sustancialmente las reservas del Banco de México. A diferencia del año pasado, este avance ha ido en paralelo con un crecimiento importante de las importaciones requeridas por la planta productiva del país, gracias al dinamismo de las exportaciones no petroleras. La reestructuración de la deuda , por su parte, allana el perfil de las amortizaciones que se concentraba entre 1986 y 1987, transformando un obstáculo al desarrollo en problema ya manejable.
Estos avances sobresalen frente a un contexto internacional desfavorable. Aunque las economías desarrolladas crecen, el proteccionismo que ejercen no abre suficientemente sus mercados a nuestros productos. La sobrevaluación de la moneda más poderosa encarece nuestras exportaciones a otros mercados. Tasas de interés excesivamente elevadas en términos reales imponen un costo muy alto al servicio de la deuda acumulada.
Los avances han sido positivos y han abierto márgenes en el sector externo, al reconstituirse nuestras reservas y ampliarse la capacidad de importación; en el sector interno, al fortalecerse el sistema financiero y aumentar la disponibilidad de recursos para la inversión; en el aparato productivo, al recuperarse la producción y, en consecuencia, elevarse la productividad.
En una situación normal, estos márgenes podrían parecer mínimos; pero ante los tiempos tan difíciles que hemos vivido, ante la incertidumbre que prevaleció en los dos años anteriores, estos márgenes dilatados tienen que convertirse ahora en elementos dinámicos que amplíen las posibilidades de acción en otras áreas donde todavía no logramos avances suficientes.
Varios e importantes son los problemas que todavía no resolvemos. El más importante es que los avances en la reordenación de la economía todavía no se han traducido en una mejora del bienestar de las mayorías; si bien el salario real se redujo en 1984 en mucho menor medida que el año pasado, no se alcanzó el propósito de mantenerlo. En materia de inflación, el alza de los precios sigue afectando a las familias mexicanas; a pesar del notable avance de 1984, la ambiciosa meta que se fijó inicialmente será rebasada. La creación de empleos permanentes es insuficiente, por lo que todavía una parte importante de la población tiene que ocuparse en actividades transitorias y mal remuneradas. En materia de finanzas públicas, el documento enviado por el Presidente de la República señala, textualmente, que "los márgenes siguen siendo reducidos por la imposibilidad de aumentar ingresos, las rigideces del gasto y porque los intereses de las deuda sigue constituyendo una carga muy pasada, por lo que el Estado continúa dedicando una parte importante de su gasto a cubrir intereses". Persisten problemas estructurales relativos a la eficiencia en la producción, transformación y comercialización de la oferta nacional. Sin embargo, los avances logrados por el Programa de Reordenación permiten precisamente contar con una fuerza renovada para enfrentar los problemas que todavía tenemos.
En este marco de avances ya logrados y de problemas que aún persisten, con márgenes ampliados en varios instrumentos, se han fijado los propósitos de política económica para
1985. Cuatro propósitos centrales animarán la acción pública en 1985:
1. Continuar abatiendo la inflación, para llegar a una meta de 35%, 20 puntos por abajo de la inflación observada este año, lo que representa un esfuerzo proporcionalmente mayor. Los avances alcanzados y la mayor certidumbre lograda nos permite realizar un pronóstico de inflación más realista para 1985.
2. Mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, logrando un aumento en las remuneraciones reales y revirtiendo la tendencia al deterioro que la crisis provocó en los dos años anteriores.
3. Propiciar el crecimiento de la producción nacional, alcanzando una meta entre 3% y 4% real en 1985, lográndose así por primera vez en los últimos cuatro años un crecimiento en el producto por habitante. Aumentar la generación de empleos permanentes y mantener el programa regional de empleo para que, junto con el resto de las actividades, se generen alrededor de 850 mil fuentes de trabajo adicionales en 1985.
4. Continuar el saneamiento de las finanzas públicas, al reducir el déficit en 1985 a 5.1% del PIB, lo que representa un abatimiento proporcional mayor al logrado en 1984. El financiamiento de déficit vendrá principalmente del crédito interno. En el trienio '83-85 habremos contratado deuda externa por un monto equivalente a la quinta parte del contratado en el trienio 1980-1982.
Es conveniente reiterar que, como lo señala el documento "Criterios de Política Económica", existen riesgos; sin embargo, la mayor fortaleza derivada de los avances logrados por la política económica, nos permitirá enfrentarlos con mayor posibilidad de éxito.
En el ámbito interno, es indispensable mantener el control de los principales instrumentos del desarrollo para evitar que la inflación vuelva a incrementarse. Este es un fenómeno complejo y terco a derrotar: mientras persiste, la economía todavía se encuentra en problemas. Al mismo tiempo, el combate franco a la inflación no debe darse a costa de ahogar la recuperación económica, indispensable para incrementar los empleos permanentes y lograr un aumento en el salario real. En una economía ya tan compleja y diversificada como la mexicana, entrar nuevamente en una recesión provocaría una recaída general de graves consecuencias.
En el frente externo, las condiciones económicas siguen siendo inciertas y adversas, particularmente por lo que hace al mercado petrolero y a las tasas de interés. Si bien se han estimado en forma muy prudente, dentro del cálculo de ingresos y gastos, los parámetros correspondientes, éstos pueden afectarnos de manifestarse una variación drástica.
El Presupuesto de Egresos, uno de los instrumentos más importantes para combatir la crisis y estimular el desarrollo, contribuirá decididamente al logro de los cuatro objetivos señalados para 1985; a la vez, se buscará ampliar su flexibilidad para enfrentar los riesgos que pudieran materializarse.
1. El presupuesto contribuye a la lucha antinflacionaria
El gasto ascenderá a 18 billones 390 mil millones de pesos, con un crecimiento moderado de 38% en relación con 1984, que no presiona en exceso la demanda. La reducción correspondiente del déficit permite que no se financie con recursos inflacionarios.
La parte del presupuesto que se financia con deuda seguirá cayendo: de cada peso de gasto, 91 centavos provendrán de recursos propios, frente a 65 en 1982. Por tercer año consecutivo, el gasto programable se reduce como proporción del PIB, al pasar del 31.1% en 1982 a 23.8% en 1985.
2. El presupuesto contribuye al fortalecimiento del bienestar de la mayoría nacional
Al contribuir al abatimiento de la inflación, el presupuesto permite que el salario de la población se fortalezca. Pero también la orientación eminentemente social del presupuesto constituye un elemento fundamental para fortalecer el ingreso de los grupos más desfavorecidos: se ha estimado que la tercera parte del nivel de bienestar de la población que gana hasta dos veces el salario mínimo proviene en forma casi gratuita de los programas presupuestales.
Los sectores que más crecen en el presupuesto, y por arriba de la estimación de la inflación, son los que atienden demandas sentidas de la población: el gasto para el campo se elevará en casi 55%, el de educación en 68%, el de salud en 62%.
Se dará particular atención a la demanda de la población por una justicia más pronta y expedita. Se ampliará el número de tribunales colegiados y de circuito, se mejorará la calidad de los servicios públicos, se elevará la capacitación profesional de quienes intervienen en su provisión y se combatirá con renovada acción el narcotráfico. Es por ello que los recursos para impartición de justicia y seguridad pública crecerán en más de 60%.
3. El presupuesto apoya la recuperación económica, la generación de empleos, y contribuye al cambio estructural
Se estima un crecimiento positivo de la inversión pública en términos reales. En particular la que está dentro del presupuesto se elevará en más de 3%, lo que revierte el deterioro observado en el pasado, y apoya en forma gradual pero sostenida la recuperación.
Se harán las inversiones públicas indispensables y estratégicas en comunicaciones y transportes, electricidad, petróleo y petroquímica, siderurgia, fertilizantes, y en la industria básica. No se demeritarán los servicios públicos indispensables del desarrollo social. Con el apoyo y la orientación del gasto público y con la recuperación que ya se observa de la inversión privada, se evitará que el país se estanque o se debilite; no se pondrá en riesgo la recuperación, apoyándose la generación de empleos. Se utilizará el poder de compra del Sector Público con oportunidad, al darse a conocer a fines del año el Programa de Adquisiciones de Mediano Plazo de la Administración Pública; esto permitirá fortalecer al mercado interno, base de la recuperación económica.
El presupuesto mantiene el Programa Regional de Empleo con una previsión de 100 mil millones de pesos. El problema del empleo ha cambiado en el país; existen ya regiones que no disponen de suficiente mano de obra, incluso de la no calificada, y otras donde el desempleo y sobre todo el subempleo continúan siendo problema agudo. Por ello, se dará una nueva modalidad al programa, acorde con las características de cada región. Este programa ha mostrado que atiende las necesidades sentidas de las comunidades en agua potable, alcantarillado, caminos rurales y apoya acciones en materia de alimentación. Se continuará con programas de alto impacto social, como ha sido el del servicio social de pasantes en atención a la juventud; el de apoyo a la integración de la mujer al desarrollo; becas para hijos de obreros, campesinos y miembros de las clases populares; y el de becas de capacitación para trabajadores.
El Programa de Empleo, la recuperación económica y el mayor contenido nacional del gasto público, permitirán generar en 1985 alrededor de 850 mil empleos, entre transitorios y permanentes. Sin embargo, la proporción de empleos permanentes crece sustancialmente el próximo año, lo que nos coloca ya en una perspectiva más favorable.
Como parte de la estrategia de cambio estructural, se fortalecerán las acciones que tienden a un desarrollo regional más equilibrado. El presupuesto consigna partidas específicas para el apoyo a los programas regionales en marcha: 11 mil 350 millones al de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Región Centro; 6 mil millones al de la Región Mar de Cortés; 17 mil 300 millones al de la frontera Sur y al Sureste; 5 mil millones al de Zonas Áridas; 4 mil 400 millones al de la Frontera Norte, que está por iniciarse. Además del apoyo a otros programas como el Istmo de Tehuantepec, Soconusco - Tapachula y Coatzacoalcos, y al de Reordenación Henequenera.
4. Se sigue avanzando en el saneamiento de las finanzas públicas
El ejercicio presupuestal de 1985 busca el delicado equilibrio entre un nivel de déficit que no alimente la inflación, un monto de gasto que no abata la recuperación ni desatienda demandas sociales fundamentales. Este propósito se logra conjuntamente mediante una reducción adicional del déficit como porcentaje de PIB y un crecimiento positivo de la inversión pública. Lo primero contribuye a la lucha antiinflacionaria; lo segundo apoya y orienta la recuperación económica.
Elemento fundamental para alcanzar lo anterior ha sido el fortalecimiento del ahorro público. Al superar los ingresos al gasto corriente, se generan recursos propios para financiar la inversión: en 1982, hubo desahorro; en 1983 se revirtió la tendencia, pudiéndose financiar con recursos propios cerca del 40% de la inversión; y para 1985, el ahorro público permitirá realizar cuatro quintas partes de la inversión sin recurrir a endeudamiento, hecho que no se observaba desde hace quince años. La pequeña porción de inversión que es financiada con crédito no requerirá de emisión de circulante. Por ello, en el ejercicio de programación financiera correspondiente a 1985, se estima que el medio circulante tendrá una tasa de crecimiento promedio de 40%. Al mismo tiempo, los particulares dispondrán de recursos crediticios suficientes, los cuales crecerán 6% en términos reales.
Parte fundamental del proceso de saneamiento del presupuesto la constituye el proceso de cambio estructural en el que esta administración se encuentra empeñada. Está en marcha la reforma estructural del gasto, cuyos componentes esenciales son los siguientes:
- Contener el gasto corriente, impidiendo la creación de plazas, excepto en los sectores básicos de educación, salud, seguridad nacional y procuración de justicia. Asimismo, abatir el crecimiento de las transferencias, sin desatender el apoyo a consumos básicos.
- Abrir espacio en el programa de inversiones a nuevos proyectos prioritarios, cancelando los no indispensables y posponiendo los de menor jerarquía relativa.
- Reestructurar las empresas públicas, mediante una asunción de pasivos acompañada de programas específicos de productividad y compromisos de eficiencia.
- Evitar la centralización de decisiones en las entidades globalizadoras, fortaleciendo el carácter normativo de las cabezas de sector, dejando plena responsabilidad en la operación de los programas a los titulares de las entidades, y estableciendo los esquemas de seguimiento y evaluación correspondientes. Se busca un control que no ahogue iniciativa, responsabilidad y agilidad en la ejecución de los programas de gasto. Se eliminan así duplicaciones en los niveles de decisión y control, que en realidad diluían responsabilidades y retardaban el proceso de toma de decisiones.
- Dar énfasis en la valuación de nuevas inversiones al uso de tecnologías nacionales, a la absorción de mano de obra y al aprovechamiento de recursos locales.
- El presupuesto considerado para cada entidad es congruente, por lo que pueden programarse con certidumbre las compras y los contratos correspondientes desde el principio del año. Se han emitido los acuerdos requeridos para que la obra pública no detenga su marcha al inicio del nuevo año.
- La iniciativa de la nueva Ley de Adquisiciones, las modificaciones a la Ley de Bienes Muebles y de Obras Públicas, así como la expedición del reglamento correspondiente significa un paso trascendente en materia de simplificación administrativa; se reduce la documentación requerida, los tiempos de autorización, se da transparencia al ejercicio del gasto y se desconcentran facultades al interior del país para las oficinas regionales sólo sean una instancia adicional de trámite previo al Distrito Federal.
Todo lo anterior permitirá un ejercicio más oportuno y ágil del presupuesto, elevando su eficiencia y logrando , en consecuencia, el propósito de hacer más con menos. El proceso de simplificación administrativa al interior del Sector Público permitirá que los responsables de la ejecución del presupuesto ejerzan su acción con mayor libertad, pero no se relajarán los mecanismos de control y disciplina. Ya no podrán invocarse los controles administrativos como excusa para no ejercer con oportunidad el gasto; la mayor libertad implicará a la vez una responsabilidad incrementada.
Atendiendo la solicitud de esta Cámara, se propone incorporar a Azúcar, S.A., entre las empresas sujetas a control presupuestal directo. Es conveniente precisar que la inclusión de nuevas entidades en el presupuesto exige, para un análisis histórico, incorporarlas en años anteriores y en consecuencia integrar series homogéneas.
Ciudadanos diputados: los documentos enviados a esta Cámara por el Presidente Miguel de la Madrid muestran, con objetividad, que se han logrado avances en el combate a la crisis. Sin triunfalismo, debemos reconocer que el esfuerzo desarrollado por la sociedad mexicana, bajo la conducción del Gobierno de la República, ha permitido reafirmar nuestros principios, revitalizar las instituciones y fortalecer el diálogo y el consenso. Así, sobre bases políticas sólidas y con liderazgo, avanzamos en la reordenación económica, corrigiendo desequilibrios que en un momento amenazaron con conducirnos a la desesperanza y que ponían en riesgo nuestra soberanía.
La situación que vivimos al inicio de la administración era de emergencia; fue comparada con aquella derivada de una guerra. El dramatismo inicial no fue exagerado; los avances en consecuencia no pueden ser minimizados. En sólo dos años hemos logrado controlar y abatir la inflación, cuando en esta época otros países se han propuesto como meta reducir su inflación a la mitad y van a terminar el año con unas diez veces superior. Hemos vuelto a iniciar el crecimiento, cuando políticas adoptadas en otras latitudes mantienen a sus países en un estancamiento permanente. En la reordenación, no se planteó esta administración una falsa dicotomía entre lograr objetivos económicos o atender prioridades sociales: la opción en realidad estaba entre atender con celeridad las causas de la crisis o adoptar medidas graduales que sólo paliaran sus efectos. La reordenación no ha sido una política de paliativos, sino de acciones decididas que han ido a la esencia de los problemas.
La crisis ha originado sacrificios, pero es la política económica en ejecución, consistente y realista, la que ha permitido que estemos saliendo adelante, y que podamos iniciar ya la reversión de los costos sociales impuestos por las dificultades económicas.
Lo más destacado de la acción emprendida en este bienio es que se ha llevado a cabo en el marco de nuestro sistema político, manteniendo las libertades básicas y respetando el pluralismo. Es difícil encontrar en otras latitudes ejemplos de políticas de austeridad del alcance de la que se ha conducido, donde se garantice el pleno respeto a las libertades políticas y principios democráticos fundamentales. Se demuestra así la fortaleza de las instituciones y el compromiso democrático del Presidente De la Madrid.
Al inicio de la administración, algunos observadores consideraban que no sería posible realizar el ajuste económico indispensable en un clima de paz social y sin modificaciones políticas sustantivas; se puso en duda incluso la viabilidad de nuestro sistema político y su independencia. Hoy, el Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid demuestra que ha sido capaz de integrar una política económica eficaz y, lo que es fundamental, que ha tenido la capacidad política para traducir una orientación, un mandato, en ejercicio de conciliación, de comunicación, de aglutinamiento de fuerzas para enfrentar las dificultades y hacer democráticamente más fuerte a la Nación.
El Gobierno de la República se sustenta en el sistema político mexicano y promueve su perfeccionamiento. En la afirmación de los principios republicanos y de la Revolución Mexicana, y en su capacidad de adaptación en un mundo de crisis y caracterizado por la incertidumbre, radica su actualidad y su permanencia. El sistema político mexicano persiste sin fisuras, en torno a un partido mayoritario por voluntad popular, porque muestra en los hechos que tiene la capacidad para resolver los problemas fundamentales que preocupan y afectan a la Nación, aumentando con ello su fortaleza para enfrentar acontecimientos adversos en el exterior. Se ha hecho política activamente, con criterio
social, con sentido popular, con un propósito nacional y con eficacia.
No se ha temido al compromiso político: el plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales contienen las definiciones políticas, económicas y sociales básicas de la estrategia de desarrollo, integradas a partir de la consulta popular. Sólo un sistema político sólido y con voluntad de renovación es capaz de adoptar compromisos públicos, explícitos, como los contenidos en los planes y programas, sabiendo que la comunidad exigirá que se cumplan y evaluará en consecuencia. Estos compromisos son la mejor garantía de que la presente administración persevera en el rumbo trazado desde su inicio; de que no habrá presión externa o interés interno que haga desviar al Gobierno de la República de su propósito de conducir una política nacionalista, con sentido de justicia y fundada en la libertad.
La mayor fortaleza política y económica interna que hemos adquirido es el mejor medio para enfrentar activamente las incertidumbres externas que nos afectan. La política exterior mexicana, guiada por principios conformados en nuestra experiencia histórica y apoyados en la consistencia de nuestra política interna, ha permitido que nuestras acciones coadyuven a reducir tensiones bélicas y cambios abruptos desfavorables en la economía internacional. Frente a factores internacionales que inducen un alza de las tasas de interés o inestabilidad del mercado petrolero, hemos actuado con responsabilidad, pero sobre todo nos hemos preocupado por crear las condiciones internas para aprovechar los vientos favorables o para capear con mayor éxito los cambios desfavorables.
El programa que el Presidente De la Madrid presenta para 1985, muestra que el próximo año puede verse con mayor optimismo, sin espejismos o ilusiones infundadas. Empezará a mejorar el bienestar de la población mediante el fortalecimiento de los salarios reales y los gastos en las áreas sociales; los aumentos de precios que tendrán que darse serán menos bruscos; no habrá incrementos tributarios; el empleo y el ingreso permanente crecerán, aunque todavía en forma moderada; se mantendrán programas de apoyo a los jóvenes recién egresados de las universidades; se protegerá a los grupos menos favorecidos; se fortalecerán los programas de seguridad pública y justicia; se ampliarán las acciones hacia un medio ambiental más sano. Se mantendrán abiertos los canales de comunicación, conservando el Gobierno la flexibilidad que lo ha caracterizado, y su respeto al derecho y a las libertades ciudadanas. Se fortalecerán nuestras instituciones, la eficacia y agilidad en sus respuestas, eliminando los trámites excesivos. La honradez en el manejo de los recursos se mantendrá como pieza angular de la estrategia. Ante los riesgos que aún existen, se actuará con oportunidad y flexibilidad en el marco de la estrategia general del Sistema de Planeación. En síntesis, al mantener el Programa de Reordenación y la política anunciada, en 1985, estamos en condiciones de lograr un avance social real en el marco de nuestras instituciones democráticas.
Les reitero, señores diputados, mi mejor disposición para atender los requerimientos de información y las preguntas que deseen plantear con motivo de estas iniciativas del Ejecutivo Federal. (Aplausos.)
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El C. Presidente:- Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, varios ciudadanos diputados han manifestado su deseo de hacer a usted algunas preguntas en relación con los proyectos de Presupuesto de Egresos.
Voy a dar lectura a los nombres de los ciudadanos diputados: Hugo Díaz Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional; Alberto González Domene, del Partido Acción Nacional; José Encarnación Pérez Gaytán, del Partido Socialista Unificado de México; Haideé Eréndira Villalobos Rivera, del Partido Revolucionario Institucional; Ofelia Ramírez Sánchez, del Partido Demócrata Mexicano; Antonio Ortega Martínez, del Partido Socialista de los Trabajadores; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Víctor Manuel Torres Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Ricardo Antonio Govela Autrey, del Partido Socialista de los Trabajadores; David Lomelí Contreras, del Partido Demócrata Mexicano; Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional; Salvador Castañeda O'Connor, del Partido Socialista Unificado de México; María Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional y Manuel Cavazos Lerma , del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el C. diputado Hugo Díaz Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Hugo Díaz Velázquez:- Señor secretario Carlos Salinas de Gortari: el sector obrero siempre ha mantenido una estrecha y vigorosa alianza con el Estado, surgida de la Revolución Mexicana. Y en las horas difíciles siempre ha actuado con patriotismo y solidaridad.
Nuestro primer acercamiento al Presupuesto de Egresos de 1985, nos ha permitido vislumbrar una reactivación mayor en la actividad económica y el empleo, así como un mejoramiento en el nivel de vida de la clase trabajadora para el próximo año. Nos alientan tales expectativas y, como tales, merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Sin embargo, no podemos dejar de expresar preocupaciones e inquietudes.
Al sector obrero le preocupa la caída del salario real, que significa menor bienestar para los asalariados. Le preocupa también que, como señalan las cuentas nacionales,
haya disminuido la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto, del 37% en 1981, a 35.8% en 1982 y 28.8% en 1983, cifra que es un indicador de que el costo social del ajuste para superar la crisis recae principalmente en los obreros.
Nos preocupa también la caída de la inversión pública real en 1983 y 1984, que pone en peligro la creación de empleos permanentes.
Y nos preocupa aún más, que se piense que esta disminución del salario real y de la inversión de esta carga del peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, corresponda a programas diseñados desde el exterior, específicamente por el Fondo Monetario Internacional. Por eso, señor secretario, le preguntamos, a nombre del sector obrero, ¿el convenio con el Fondo Monetario Internacional establece estas restricciones en el salario real y la inversión, como único camino para superar la crisis? ¿Continuará la caída del salario real en 1985?, porque si bien el documento de criterios generales habla de una inflación del 35% para el próximo año, también es cierto que en diciembre de 1983, ustedes pronosticaron una inflación del 40% para 1984, y resultó mucho mayor, y también recordamos que en diciembre de 1982, se nos habló de una inflación del orden del 50% para 1983 y resultó ser el 80% ¿No quiere decir esto que la inflación prevista para 1985 vaya a ser no del 35%, sino de cantidades mayores, de manera que si las negociaciones se hacen sobre una base del 35% vayamos a tener una caída más en el salario real de los trabajadores a pesar de que se postula lo contrario?
¿Qué programas se instrumentarán para proteger el poder de compra de los trabajadores y para incrementar la inversión pública en términos reales y asegurar así la creación de empleos permanentes?
Finalmente, ¿cuándo considera usted que se revestirá la carga del costo social de la crisis, es decir, cuándo empezaremos los trabajadores de México a recibir los beneficios de la reordenación económica y del cambio estructural, dado que el 1o. de diciembre de 1982, se nos dijo que el programa inmediato de reordenación económica iba a durar dos años? ¿Continúa aún ese programa o estamos ya frente a otro diferente?
Agradecemos anticipadamente su respuesta y muchas gracias, señor secretario. (Aplausos.)
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Señor diputado Hugo Díaz Velázquez: Efectivamente, hay una alianza histórica entre el Estado mexicano y el movimiento obrero organizado del país, y esta alianza deriva de que permanentemente, a lo largo de la historia de los gobiernos post - revolucionarios, los obreros de nuestro país han podido constatar que los gobiernos de la República tienen como empeño fundamental proteger los intereses de la mayoría de nuestro país.
En una época de crisis como la que vivimos, un gobierno revolucionario, como es el del Presidente Miguel de la Madrid, tiene que figurarse como propósito fundamental proteger a los que menos tienen en una situación tan dramática como la que hemos vivido.
Una crisis es precisamente una baja en los niveles de vida de toda la población. Eso es lo que vivimos a finales de 1982, eso es lo que padecimos durante 1983 y eso es lo que combatimos decidida y francamente desde el 1o. de diciembre de 1982, y hoy en 1984, iniciamos ya su reversión.
Ha sido la crisis la que ha provocado la caída en el nivel de vida de las mayorías de este país. Ha sido la política del Presidente Miguel de la Madrid la que ha permitido que una crisis tan severa como la que vivimos no se haya traducido en daños irreparables y permanentes para el bienestar de la población. Es, así como un gobierno de la República demuestra su apego estricto al espíritu de los principios de la Revolución Mexicana, como lo hace el Presidente Miguel de la Madrid.
El programa para enfrentar esta crisis se diseñó a los largo de la campaña presidencial. En ella se discutieron ampliamente los temas de interés fundamental para la población del país. En ella, también, se señalaron cuáles eran las prioridades que la población exigía que se atendieran de inmediato, y cuáles eran los problemas del momento que más la afectaban, y las soluciones que se requerían para enfrentarla.
Este programa, diseñado en la campaña presidencial, recibió, en forma de mandato en las elecciones de julio de 1982, su ratificación para llevarse a cabo, el 1o. de diciembre de 1982, al tomar la posesión, el Presidente de la República lo mostró en forma explícita al pueblo. Es, en consecuencia, un programa diseñado por nosotros, discutido por nosotros. Nos ha dolido también a nosotros cuando las medidas que requirió fueron amargas. Pero es el programa que nosotros conducimos y es el único programa que nos sacará de la crisis. No hay, en consecuencia, definición externa que haya intervenido en la precisión de nuestro programa.
Recojo, señor diputado Díaz Velázquez, el señalamiento que para el movimiento obrero organizado del país, es motivo de aliento que en el Presupuesto de Egresos enviado por el Presidente de la República, se muestran ya acciones para apoyar la reactivación económica, proteger el empleo y sobre todo, dar prioridad al gasto social.
Efectivamente, el presupuesto, con el aumento considerado en la inversión pública, permitirá sostener la recuperación de ya 2% que observamos este año, y lograr una meta de entre 3 y 4% real para el año próximo. Volver a crecer, después de una crisis tan severa como la que hemos vivido, es la única manera de generar los empleos permanentes que demanda nuestra población; ello hará posible que el año próximo podamos absorber a la nueva población que se incorpora al
mercado de trabajo y al mismo tiempo mantener ocupada y conservar en sus puestos a la que hoy ya está empleada. Y al gasto social, principalmente, la prioridad que se da a la salud, educación, vivienda, alimentación y la infraestructura básica que genera empleos de manera destacada, permitirán un complemento al ingreso indispensable de las familias, lo que apoyará la recuperación en el bienestar.
La crisis provocó una caída en los salarios reales en 1983. Las acciones del Gobierno de la República y las decisiones tomadas por el movimiento obrero y los empresarios en las negociaciones que libremente llevan a cabo en sus centros de trabajo, permitieron que en este año la caída del salario real fuera menor. Y lo más importante, creó las condiciones para que en 1985, los trabajadores perciban ya un ingreso real.
La participación de los asalariados, señala usted diputado Díaz Velázquez, con razón, ha disminuido la participación en el ingreso nacional. Ha aumentado, como contrapartida, la correspondiente a los gastos del Sector Público en materia social, y al mismo tiempo ha crecido también la participación de los trabajadores por cuenta propia, no asalariados. Ha existido, en consecuencia, el efecto compensatorio de la caída de los asalariados en el ingreso nacional, por la vía del incremento en los gastos del Sector Público en materia social.
Al incrementar las obras en educación, en salud, en programa de vivienda, que sin precedentes se inició este año, y también en la infraestructura básica, ello ha permitido que se genere un efecto compensatorio dentro de la administración total del ingreso nacional.
Sólo una precisión, diputado Díaz Velázquez; el convenio que México suscribió con el Fondo Monetario Internacional, a partir de la definición previa que el Gobierno de la República hizo de su política de desarrollo, no contempla ninguna disposición ni ninguna cláusula relativa a negociaciones salariales.
La negociación salarial, en nuestro sistema jurídico, es una política convenida, negociada entre las partes, entre trabajadores y empresarios; el Gobierno de la República es respetuoso de las decisiones a las que las partes llegan a sus convenios.
Manifiesta usted, diputado Díaz Velázquez, la preocupación del movimiento obrero porque la meta de 35% de inflación en 1985, resulte demasiada ambiciosa y, en consecuencia, no se cumpla y que al pactarse entre las partes, niveles de remuneración salarial acordes a la meta de inflación, pudiera al final del año próximo, observarse un deterioro en los salarios reales.
La meta de inflación para 1985 es realista. En 1984, nos fijamos una meta muy ambiciosa, bajo condiciones de gran incertidumbre, tanto a nivel internacional como por la dinámica que todavía tenía la crisis a nivel interno.
En 1983 logramos romper la dinámica hiperinflacionaria, pero todavía el impulso del crecimiento de los precios dentro de la economía era muy elevado. Por ello, al proyectar la inflación para este año, en noviembre del pasado, tuvimos que hacer consideraciones generales, sin suficientes elementos de certidumbre para poder estimarla.
Sin embargo, nos fijamos una meta ambiciosa, para orientar el ejercicio de los instrumentos, en su dirección. Lograremos este año el notable avance de abatir la inflación en alrededor de 25 puntos en relación a la del año pasado. Lo más importante es que en materia de inflación vamos en la dirección de la meta que nos hemos propuesto, de controlarla y de abatirla y para 1985, podemos con mayor certidumbre, por el mayor control que se ha hecho de la situación interna, proyectar una meta de crecimiento con mayor realismo.
Bajo esta meta y dependiendo de las negociaciones a las que lleguen las partes, el Gobierno de la República tiene la convicción de que es posible incrementar los salarios reales en 1985.
Ello es así, en primer lugar, porque ante recuperación económica la productividad ha crecido sustancialmente al interior de las empresas; y, en consecuencia, pueden otorgar y los obreros obtener salarios reales sin que se reflejen en mayores precios para ellos, y para todos como consumidores. Es la productividad incrementada, de los trabajadores, de las fuentes de trabajo, lo que permite aumentar el salario real en 1985 sin constituirse en un elemento de presión por el lado de la inflación.
Además, las empresas que han logrado conservar la existencia de los puestos de trabajo, han ido saneando su situación financiera de la situación extrema en que se encontraban a final de 1982. Mecanismos como el Sicorca, que ha demostrado ser de gran eficacia e incluso imitado a nivel internacional, ha permitido que las empresas puedan resolver en parte importante la enorme presión de la carga financiera que tenían y, en consecuencia, tener una situación relativamente -y enfatizó, relativamente- más holgada para satisfacer las demandas salariales.
Es así, señor diputado Díaz Velázquez, como la economía está en condiciones de otorgar un salario real positivo en 1985. Reitero, en 1984 la política adoptada permitió evitar que el salario real siguiera cayendo como se observó en 1983, y la política de desarrollo permitirá apoyar las acciones que el año próximo fortalezcan ya el salario de los trabajadores.
Por último, señor diputado Díaz Velázquez, pregunta usted: ¿en qué momento empezará a revestirse la carga de la crisis para los trabajadores? Respetuosamente yo me permitiría señalar, diputado Díaz Velázquez, que en esta crisis, en la cual los sectores de la población han contribuido con una parte de la carga mayor, las acciones del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid desde el primer día de su mandato, han
buscado evitar que los efectos de la crisis afecten más a los sectores mayoritarios. El hecho de que en 1983 y 1984 los trabajadores que contaban con un empleo lo conservaran, es un elemento pocas veces visto en un programa de ajuste requerido para combatir la crisis. Ahí hay un elemento fundamental de la política de desarrollo, de contenido eminentemente social, que muestra que sus resultados ya se están reflejando en beneficios para la clase trabajadora: los obreros del país conservaron sus empleos. Es posible que en algunas ramas industriales, sobre todo las más afectadas por la crisis, como fue la industria de la construcción, o en algunas empresas particulares, hayan existido despidos; pero hubo otras ramas, como las vinculadas al sector externo, que aumentaron su producción, o las que sustituyeron importaciones por la escasez de divisas, y generaron empleos adicionales.
Y en conjunto, la economía pudo hacer posible que aquellos que tenían un empleo lo conservaran; ahí ya hay un resultado positivo de la política de la administración, que se está reflejando en beneficio de los trabajadores. Y el año próximo, en materia de salario, la política del Presidente Miguel de la Madrid permitirá que los ingresos de los trabajadores se vean fortalecidos, ya que el salario al que llegan de común acuerdo; las partes se verá fortalecido en términos reales al seguirse abatiendo la inflación y al verse apoyado por los programas de claro contenido social que este presupuesto para 1985 enfatiza. Esta sería la respuesta que yo daría a su pregunta, señor diputado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto González Domene del Partido Acción Nacional.
El C. Alberto González Domene: - Señor Secretario: Con todo respeto, permítame discrepar de su optimismo y también de algunas de las aseveraciones que usted nos dio en su informe preliminar.
Como podrá darse cuenta en esta intervención, yo pienso, en lo personal, junto con los miembros de mi partido, Acción Nacional, que todavía vivimos en una crisis y no podemos decir que ya triunfamos. Coincido, asimismo, con algunas de las preguntas que hizo el diputado Hugo Díaz Velázquez en este sentido.
Comenzaré diciendo, señor secretario, que el artículo 28 constitucional, que el Presidente Miguel de la Madrid envió a esta Cámara el año pasado para ser modificado, tal y como esta diputación lo definió en su momento, es contradictorio, porque sí prohibe los monopolios, y los oligopolios, aunque aclara que ciertas actividades, por su importancia social, deben de estar reservadas estrictamente al Estado. Pero por otro lado, deja una puerta abierta para que se ejerza un capitalismo de Estado, eso consta al final del cuarto párrafo del artículo, donde nos dice que no constituirán monopolios diversas áreas estratégicas del Estado, pero dice que sí las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Usted sabe, señor secretario, que este Congreso de la Unión, o esta Cámara de Diputados concretamente, está constituida por una mayoría priísta, parte del sistema, y por tanto, al no haber equilibrio democrático, cualquier indicación del Ejecutivo es puesta en este momento en marcha.
No podemos negar que es nuestro Gobierno el que ejerce un estatismo de control político, donde el Estado se transforma no en un rector de la economía, sino en el amo y señor de esa economía; hay, podríamos decir, un acaparamiento de los principales recursos económicos del país como un instrumento de control político; por ejemplo, todos sabemos que existe un control de trabajadores a través de los sindicatos, existe un control en la educación, un control en los medios de comunicación, por ejemplo PIPSA, la empresa de papel en manos del Gobierno en forma monopólica; existe un control democrático de las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, nosotros hemos pugnado y seguiremos pugnando en la necesidad de que se establezca un organismo imparcial, independiente al Gobierno, que sea el que maneje las elecciones, para que así no pueda haber el fraude electoral al que estamos acostumbrados; recuerde usted, en 1983, las elecciones de todos los estados del Norte de la República y los del Sur y el control, cómo se vieron en un momento dado, envueltos en este problema, y el pueblo no olvida esos fraudes. Así como en Yucatán y en Coahuila en estos momentos, yo soy de Coahuila, sé que el pueblo de Coahuila está listo para volcarse próximamente a las urnas para detener la marcha, la marcha democrática, de nuestro pueblo. Creemos que habrá otro "chihuahuazo" en Coahuila, porqué no decirlo, sólo el fraude electoral podrá evitar este asunto.
Con mucho gusto, compañeros diputados, voy a entrar en el tema.
También el Estado, decíamos, señor secretario, ejerce un control económico a través de cientos de empresas paraestatales, independientemente del cobro de impuestos. Muchas de ellas no justifican su pertenencia al Estado todopoderoso, y para muestra basta un botón; en el informe, que usted mandó a su Secretaría, aparecen del sector gobernación, por ejemplo, dependientes de la Secretaría de Gobernación cinco empresas productoras de papel, que no sabemos por qué tiene que estar en manos de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno; 17 compañías cinematográficas; diez compañías o estaciones de radio y televisión, que implican un costo mucho muy alto para el pueblo de México. También, señor secretario, frente al estatismo capitalismo de estado, de la simbiosis del PRI - gobierno, Acción Nacional propone el básico respeto a un principio fundamental, principio ideológico, es el principio de subsidiariedad. Este principio, desde el punto de vista filosófico político, podríamos definirlo de la siguiente
manera: Acción subsidiada es la ayuda complementaria; o sea, la que con carácter supletorio debe de prestarse cuando las circunstancias lo requieran. Esta acción subsidiaria constituye la relación fundamental de la sociedad con la persona humana, y recordemos que la persona humana está primero, o fue primero que la sociedad, y la sociedad fue primero que el Estado.
La sociedad sea cual fuere, y en consecuencia, o sea cual fuere la excepción que demos al término común, no existe nunca, ni en sus miembros. El bien común superior al bien del individuo, realizarse como valor fundamental sólo de ayudar a los miembros de la comunidad a actuar, y éstos, ya por naturaleza, ya también por razones intrínsecas, no pueden llegar a desenvolverse sino en el marco de la sociedad.
Esta altera, pues, su sentido, cuando en lugar de prestar ayuda a sus miembros, personas, para conseguir el expresado fin, les impide el desenvolvimiento de su personalidad, los ahoga en la masificación de los colectivo o llega, incluso, a sacrificar los ambiciosos fines de la colectividad.
De la ley que dice, "toda la gente se perfecciona con la actividad", resulta que no está permitido socialmente encargarse de lo que los individuos o las agrupaciones menores pueden efectuar con igual o mayor competencia por sus propios medios.
En el círculo de la familia, el ejercicio de una acción tutelar, en lugar de una actividad que eduque para el autogobierno, para la propia responsabilidad y para ayudarse a sí mismo, constituye un atentado contra el principio de subsidiariedad o acción subsidiaria; del mismo modo que la vida pública aténte con él -y aquí viene lo medular de esta cita - un estado que se arroga la omnipotencia y la totalidad de funciones a expensas de la autoayuda de los ciudadanos, y de la autoadministración o autonomía administrativa de las corporaciones menores, ya de derecho, ya privadas.
Señor secretario: Este principio, desde el punto de vista social, o en la política social, es la regla que demanda la comunidad al Estado o a la sociedad; conceder ayuda o protección a la parte más pequeña en sentido de solidaridad, el individuo, la familia, etcétera; solamente en la medida y en el caso de que el miembro del todo no esté en condiciones de cumplir o de hacerse cargo de sus obligaciones de interés propio y de la comunidad.
Contra el principio de subsidiariedad, atenta al Estado al ir reduciendo cada vez más las funciones de la familia y de los padres en educación e información de sus hijos. El Estado contemporáneo, tanto el comunista y totalitario como el estado providencia, demócrata social, tiene una tendencia general a extender sus competencias y a restringir el principio de subsidiariedad cada vez más. EL colectivismo de cualquier clase que sea, rechaza este principio.
Podríamos verlo también desde otro ángulo, diciendo que la autoridad mayor, señor secretario, no haga lo que puede hacer la autoridad menor. O sea, que haya tanta participación de la sociedad como sea posible, intervención del Estado solamente cuando esta intervención sea necesaria. Dentro de una comunidad ordenada jerárquicamente, ningún organismo superior debe abocarse a las funciones que un organismo inferior pueda, deba o tenga que hacer.
Nosotros, por tanto, concebimos la rectoría económica del Estado como una verdadera rectoría, el rector coordina, alienta, motiva y subsidiariamente interviene sólo cuando es necesario, como cuando, por ejemplo, hay que subsidiar los alimentos básicos en época de crisis, o también ciertos servicios públicos.
Acción nacional piensa que debe respetarse la libertad e iniciativa del particular para crear fuentes de trabajo y establecer la productividad con eficiencias, por medio de una libre competencia, sin caer en el monopolio totalitario.
El Gobierno debe intervenir solamente cuando la iniciativa particular sea insuficiente o cuando la actividad sea estratégica para defender la soberanía, la integridad, la democracia o la libertad del país, así también como la dignidad de los individuos, sus grupos y las clases sociales.
Nuestro principio de doctrina no choca, por tanto, con el espíritu constitucional, sino que lo fortalece y lo aclara, porque estamos de acuerdo en lo que teóricamente propone el artículo 25 de la Constitución en su primer párrafo, en el sentido de que para adecuar a la realidad moderna el desarrollo nacional, éste debe ser, ya decíamos, integral; es decir que se considere como un todo y hasta donde sea posible exhaustivo, completo; que se cubran todas las partes.
Que el desarrollo, señor secretario, fortalezca la soberanía de la Nación y a su régimen democrático, auténticamente democrático, soberanía económica y soberanía política en beneficio de las mayorías del pueblo; que este desarrollo permita en pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de los individuos y los grupos de todos los estratos sociales.
La rectoría del estado, como afirma Emilio Rabasa y Gloria Caballero, jamás deberá atentar contra las libertades individuales o sociales, cimientos inconmovibles de la Constitución; por el contrario y dado que vivimos en un régimen de economía mixta, debe requerirse el concurso y participación de todos, como lo expresa el propio artículo 25 constitucional.
Sin embargo, señor secretario, repito, las reformas parciales que recibimos en este Congreso, tanto para los artículos 25 como 28 de la Constitución, y que fueron aprobadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, son contradictorios, porque abren la puerta para que el Estado se convierta en un acaparador, un ente totalitario de la economía y de la política nacional. Y por aquí van a ir enfocadas mis preguntas.
Por otro lado, acabamos de recibir el proyecto de Presupuesto de la Administración
Pública que su Secretaría envía a esta Cámara para su aprobación. Nos sorprende sobremanera que mientras el PRI - gobierno nos pide al pueblo que nos sigamos apretando el cinturón, mientras pasa la crisis, y cuando todos los particulares mexicanos, señor secretario, reducimos nuestros ingresos para poder superar la crisis, ustedes en el Gobierno no lo hacen; de acuerdo al proyecto de Presupuesto el gasto programable aumentará, usted hace un momento dijo que un 38%, pero de acuerdo a lo que se recibió, se señaló que era un 54.1% de 1984 a 1985, que es más o menos del coeficiente de índice de inflación anunciado, pues, por el mismo Gobierno.
O sea, que se pretende gastar en 1985 en pesos de 1984, lo mismo que gastó el Gobierno en este año aproximadamente; si hay algún error le suplico que lo rectifique. Nos da la impresión a los mexicanos, que el Estado es megalómano y se ha tornado cada vez más obeso, más hipertrofiado; siendo injusto con esa gran masa de la población que no vive del presupuesto. Como que el Gobierno quiere meterse en todo, ser todo, y como que ya va siendo el amo y señor de todos los mexicanos. No, señor secretario, Acción Nacional tiene una visión más democrática; nosotros luchamos porque el Estado sea un auténtico rector de la economía, que coordine, de acuerdo al principio de subsidiariedad, la productividad del país, con eficacia y con eficiencia, y también con honradez.
Es públicamente conocido que muchas empresas paraestatales no son ni productivas ni operan con esta eficiencia ni eficacia. ¿Qué ha pasado, señor secretario, por ejemplo, con la iniciativa del servicio civil de carrera que podría ser un correctivo para seguir, o conseguir, mejor dicho, la eficiencia y la productividad? Hay unos datos muy breves que revelan hechos que comprueban la anarquía y deficiencia de la burocracia. Veamos brevemente éstos:
El servicio de civil carrera para los compañeros diputados que no están enterados, es un sistema coordinado de administración y desarrollo de recursos humanos; los puntos modales del sistema son: Reclutamiento y selección de personal; inducción, adiestramiento y capacitación, vinculación con el sistema escalafonario; sueldos y prestaciones; estímulos y recompensas.
El Gobierno reconoce tener en sus filas a 1 millón 700 mil empleados o servidores públicos, según las cuentas de Alejandro Carrillo Castro en el ISSSTE. En diez años se ha sobrepesado el doble de la población burocrática, el último contingente fue aportado por los 100 mil empleados bancarios y otra cantidad similar que ha sido contratada en 1983 y 1985. Los empleados del Gobierno ven llegar a los funcionarios privilegiados con sueldos exorbitantes y bonificaciones, generalmente incapaces para los puestos que ocupan; luego se van enriquecidos; es decir, prevalece en la administración un sistema de saqueo o de botín para los grupos que llegan a los altos puestos. El sistema tendría que aceptar que no es congruente la racionalidad administrativa con el sistema de privilegios a los equipos políticos. No se puede imponer la estructura nacional a un sistema tradicional.
Y para terminar, el técnico "mil usos" se da en los más altos niveles; por ejemplo, José López Portillo, transitó por Bienes Nacionales, por Hacienda, por la Comisión Federal Electoral; Jesús Reyes Heroles, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, por Gobernación, y por Educación, y así sucesivamente. Es curioso que un gobierno acusado de tecnócrata no haya logrado implantar la racionalidad en el aparato administrativo. No se pueden pedir peras al olmo, pasan años sin que se sepa para qué trabajan. Se gastan fortunas en filmar documentales o audiovisuales una sola vez al Presidente.
Por eso, señor secretario, yo le quería hacer estas preguntas: Pensamos que donde existe un solo amo, no puede haber libertad. Y donde no hay libertad podrá haber totalitarismo, pero nunca una sana productividad, eficiente y eficaz en la Administración Pública.
En un Estado como el mexicano; no socialista; que reconoce constitucionalmente la propiedad privada ya que se define a sí mismo como la economía mixta, ¿qué razón válida hay para que el Gobierno participe en forma tan relevante, tan ambiciosa y creciente, en todos los campos de la economía nacional?
Como ya lo dije antes, señor secretario, en Acción Nacional hemos hablado desde hace tiempo de rectoría del Estado en la economía. El término está de moda en el partido oficial durante este sexenio, pero con una aceptación distinta a la nuestra. Nosotros pensamos que la rectoría del Estado significa que el gobierno debe señalar directrices y objetivos generales; inducir, convencer y promover y, finalmente, en caso extremo, en forma subsidiaria sustituir a los particulares en aquellas actividades económicas que sea necesario para el bien común y que no puedan ser desempeñadas por éstos.
Para el Gobierno mexicano parece que la rectoría significa algo totalmente distinto; un crecimiento irrestricto del Estado en forma indefinitiva e indeterminada, por lo cual nos gustaría saber, señor secretario, desde su punto de vista y de acuerdo con la concepción que tiene el Gobierno de rectoría del Estado, ¿existe la intención de absorber en el futuro, toda la economía del país?, y si esto no es así, ¿cree usted que debe haber un límite para el crecimiento del Estado?, ¿qué no es ya tiempo que el Gobierno defina clara y objetivamente su política económica en este sentido?
Y finalmente, este límite debe de fijarse con base en algún criterio objetivo, por ejemplo, algún porcentaje en relación con el Producto Interno Bruto, o bien, por áreas específicas reservadas unas al Sector Privado? En su opinión ¿qué porcentaje del gasto público en relación al Producto Interno es el adecuado en
una sana economía mixta que no caiga en los extremos ni de liberalismo económico, ni del totalitarismo absolutista?
Pido una disculpa a los compañeros diputados, si es que me extendí demasiado. Muchas gracias, señor secretario.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Señor diputado González Domene: Antes de pasar a la parte central de su cuestionamiento, yo quisiera enfatizar que el Gobierno de la República es el primero en reconocer que la crisis no está resuelta; que problemas todavía los enfrentamos; y resaltar lo señalado en mi intervención inicial, en el sentido de que tal vez el problema más serio que enfrentamos es que las acciones de la reordenación todavía no se reflejan en un mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías de este país, que la inflación persiste, que los empleos permanentes no son suficientes. Pero reconociendo los problemas y destacando la persistencia de la crisis, el Gobierno de la República tiene la obligación también de señalar que se han logrado avances importantes, que permiten observar resultados positivos, y son estos avances, frente a los problemas que todavía tenemos y los tan angustiosos que vivimos en el pasado, los que nos convencen y los que nos exigen y perseveran y continuar con la política que está en ejecución.
El optimismo no es triunfalismo, ni es señal de que ya terminamos con el combate a nuestros problemas; al contrario, listamos los avances como aliento y estímulo a seguir en la política que llevamos, y reconocemos los problemas para no bajar la guardia. Ese es el espíritu que anima el Documento de Criterios de Política Economía que el Presidente de la República remitió a esta H. Cámara, y ese es el espíritu que nos alienta a los servidores públicos de su gobierno.
Pasando a la parte central de su cuestionamiento, diputado González Domene, lo que usted ha planeado aquí es una concepción del Estado, el desarrollo y la sociedad totalmente diferente al establecido en la Constitución de 1917 y en el espíritu de la Revolución Mexicana. (Aplausos.) Usted ha presentado una concepción del Estado y la sociedad que mira hacia atrás, con nostalgia del pasado liberal de fines del siglo pasado, si no del mexicano tal vez del victoriano (aplausos), que lleva en esencia al debilitamiento del Estado y de la sociedad.
El esquema que usted ha presentado conduciría, con el relajamiento de la responsabilidad de conducir el desarrollo que por mandato histórico y constitucional tiene el Estado Mexicano, a debilitar uno de los elementos totales de la defensa de la independencia nacional. Es además el elemento que permite en épocas de crisis, como la que vivimos, aglutinar el consenso nacional alrededor de una política efectiva que resuelva nuestros problemas, y en consecuencia aumente nuestra fortaleza interna frente al embate externo.
No comparto su idea de la democracia, diputado González Domene. Yo la entiendo como la define el artículo 3o. de la Constitución, no sólo como un régimen jurídico o como un sistema político, sino como el constante mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo mexicano. No necesitamos buscar una nueva definición de democracia. Nuestra historia y nuestras luchas populares ya nos la han precisado. Y es precisamente ese espíritu de democracia, que señala el artículo 3o. constitucional, el que anima y conduce la acción del Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid.
No comparto su concepción sobre el Estado. El Estado, en México, es la sociedad políticamente organizada. Recoge del movimiento liberal del Siglo XIX, en su mejor expresión, en la expresión que la generación de Juárez y Ocampo y los liberales mexicanos que lucharon del lado de los mexicanos, nos dieron sobre la esencia de las libertades individuales; pero también recoge el espíritu de la Revolución de 1910, con el énfasis en los derechos sociales, con la atención prioritaria a las cuestiones de la mayoría y no al privilegio de la minoría.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de conducir el proceso de desarrollo; de orientar, de promover y de alternar, pero, sobre todo, al ser la sociedad políticamente organizada y representar los elementos consensuales de ésta, muestra también la orientación eminentemente social que se tiene que dar al desarrollo.
No es un Estado totalitario, como lleva implícita su aseveración. Es un Estado democrático, porque en la economía, como en la misma reforma a iniciativa del Presidente De la Madrid en el artículo 95 se señala, existe en nuestro país, por razón histórica, una economía mixta, en la cual el Sector Social y Sector Privado participan, y lo hacen activamente en aquellas áreas que la Constitución expresamente no les tiene prohibidas. Pueden participar en la economía; hay libertad de tránsito; hay libertad de expresión; hay libertad de comercio. Todas esas libertades consagradas en nuestra Constitución, en la Constitución que enarbola y defiende el Gobierno de la República. Y así como no es un Estado totalitario en la economía, tampoco lo es en político. Rechazo definitivamente la afirmación hecha por usted de que hay una relación de sumisión entre el movimiento obrero y el Estado mexicano. Es una concepción simplista y maniqueísta, que no sabe reconocer que lo que existe entre el movimiento obrero organizado de este país y el Estado mexicano, es una alianza históricamente fundada. Y la es porque los obreros de México saben que a pesar de la crisis, también en las épocas de estabilidad, la preocupación central del Estado mexicano es por el bienestar de la mayoría
del país. Pero es un Estado que no miente; no esconde la verdad sobre los problemas ni la dureza de las decisiones para tener que enfrentar crisis como la que vivimos. Se confía en quien dice la verdad, y el Gobierno de la República habla con veracidad. Y de la veracidad y de la consistencia de sus políticas, además de su contenido eminentemente social, surge y se fortalece esa alianza que usted parece no comprender.
Sólo una mera reflexión sobre el apuntamiento en materia electoral: Es curioso que en las pocas que ustedes ganan, les llaman limpias y en las muchas que pierden les llaman fraudes. Tenemos un sistema electoral que puede tener sus deficiencias, pero en el cual participan activamente todos los partidos políticos aquí representados; y no hay más voluntad de decisión de la que finalmente cada mexicano con derecho a votar, decide cuando se enfrenta a las urnas. Esa es la que ha marcado la conducción en las elecciones recientes, esa es la que seguiré marcando en lo futuro, no es de encubrirse de derrotas futuras, calificándolas desde ahora como no debidamente llevadas a cabo.
Diputado González Domene, el Estado mexicano tiene un principio ideológico fundamental, que no coincide con la bandera neoliberal que usted nos quiere presentar. El principio ideológico que sustenta el Estado mexicano, está en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, síntesis de los principales movimientos de la Revolución de 1910 marca al Estado mexicano su responsabilidad y también sus campos de acción. Son los principios derivados de la Revolución los que le dan sustento ideológico al Estado mexicano, principios que enfatizan al nacionalismo y la independencia. No hay valor que los mexicanos defendamos con mayor pasión y orgullo que el de ser libres, porque si perdemos la libertad ninguno será de óptima relevancia.
Pero también enfatiza la Constitución de 1917 las libertades individuales y reconoce por primera vez los derechos sociales. Le da al Estado la responsabilidad de la rectoría del desarrollo, pero también reconoce la economía mixta; es decir, la necesidad de la activa participación de los particulares en el proceso económico. Enfatiza los principios de democracia, repito, como se entiende en el artículo 3o. constitucional. Reconoce como elemento fundamental la justicia y propone un internacionalismo activo, basado en principios reconocidos históricamente.
Estos son los principios ideológicos del Estado mexicano; los que usted sugiere, son, repito, una marcha hacia atrás, una vuelta hacia un Estado débil que sólo dejara ser y viera pasar. Y lo que veríamos pasar, los intereses de afuera, imponiéndose sobre los nuestros, en un mundo en el que no estados aislados, señor diputado. Vivimos tensiones externas, en el ámbito económico, en el ámbito político. Los que proponen la debilidad del Estado alientan a la pérdida de la soberanía.
No es, repito, un Estado totalitario el que la Constitución reconoce; al contrario, enfatiza la necesidad de un estado democrático. En los hechos que muestran las aseveraciones; el Estado mexicano participa solamente con el 25% de la producción de bienes y servicios que genera la economía mexicana. Contra lo que usted dice, de una tendencia monopolizadora y absorbente de la economía por parte del Estado, las cifras muestran lo contrario. Solamente la cuarta parte de producto nacional la genera el Estado mexicano. Claro, es una generación de producción estratégica, porque ahí están las entidades que la Constitución explícitamente señala como exclusivamente reservadas al Estado, el petróleo, la electricidad, la petroquímica.
Pero conservando esa participación estratégica, es como el Estado puede llevar a cabo, en el terreno de la producción, su responsabilidad de concluir y orientar el desarrollo y también al ejercer la autoridad y normas que la Constitución le marca como responsabilidad, lo hace en el terreno político. Pero tanto en lo económico, como en lo político, existe, afortunadamente en nuestro país, un amplio margen de participación para los particulares. En la economía, generando el 75% de toda la producción, y en la política, en el terreno electoral, en los amplios mecanismos de consulta popular del sistema de planeación abierto, en el diálogo permanente, como éste, que lleva a cabo entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que se da a través se los medios masivos de comunicación y, en general, partiendo del espíritu abierto al diálogo y a la comunicación que el Gobierno de la República tiene.
La reforma del artículo 25, que usted señala como un elemento que abre la participación excesiva del Estado, lo que hace es, precisamente, señalar que el Estado le corresponde la rectoría del desarrollo y que su actividad será exclusivamente en las áreas que por primera vez en listan en el artículo 28 constitucional. Así que, adelantándose un poco a una de sus preguntas, ya están precisadas las áreas estratégicas a nivel constitucional, y están en el párrafo 28.
Por lo que hace a las áreas prioritarias, éstas se precisan en los planes y programas sectoriales ya en marcha. En el Programa de Comercio Exterior y Desarrollo Industrial, que ya están en marcha, se señalan explícitamente áreas de interés donde el Estado puede participar. Esa es una muestra de que el Estado mexicano, con claridad ha ido señalado cuáles son las áreas que son de su exclusividad, ahora consignadas a nivel constitucional, y en cuáles podrá participar si lo considera conveniente, y ahora precisadas también a nivel de los programas ya publicados en marcha.
Señala usted, como lo que yo entiendo una comprensible táctica partidista, pero infundada en los hechos, que el Gobierno no se ha apretado el cinturón. Señor diputado, permítame decirle que de los salarios que menos
crecieron en el país en el año de 1983, fueron los de los trabajadores del Gobierno Federal. El Gobierno Federal disminuyó en su gasto corriente en el año de 1938, 25% en términos reales, una cifra sin procedente en la historia del país, un ajuste que se logró congelando el crecimiento de plazas y, le reitero, con una disminución salarial superior al resto de la economía.
El gasto en transferencia del Gobierno Federal hacia los sectores no prioritarios disminuyó del 7% al producto nacional alrededor del 4%, y el gasto en inversión, en el que se buscó mantener prioridades sociales, disminuyó más de 30%, en términos reales, en el año de 1983.
El Gobierno de la República ha contribuido su parte en el proceso de ajuste en el que está empeñada toda la sociedad mexicana. No es válido, ni siquiera por táctica partidista, pretender insinuar que el Gobierno de la República no contribuye con su parte a la solución de la crisis, esta es una crisis que se tiene que resolver con el esfuerzo de todos, y el Gobierno de la República es el primero que está empeñado con el suyo propio en que así sea.
La iniciativa de servicio civil; solamente me permito comentarle que no existe un anteproyecto. La Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, integrada con servidores públicos y con representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, está ya en proceso de integrar un anteproyecto que tal vez, tal vez pudiera presentarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Sueldos exorbitados, dice usted, para servidores públicos: En las empresas grandes mexicanas, el sueldo de funcionarios sí son equivalentes a los servidores públicos, está entre 30% y 50% por arriba en términos netos, porque, entre otras cosas, parte importante en sus renumeraciones se dan por la vía de prestaciones. Y ya nos recordaba el señor secretario de Hacienda anterior, que éstas, al no estar gravadas, permiten emolumentos netos sustancialmente superiores.
En las empresas medianas, las prestaciones y sueldos de funcionarios privados equivalentes a servidores públicos, están entre 30% y 35% por arriba de las renumeraciones del servidor público federal o paraestatal, y en las pequeñas se encuentran entre 20 y 30% por arriba. Así que también aquí la evidencia, señor diputado, va en contra de su aseveración sobre sueldos exorbitados.
Los trabajadores al servicio del Estado, y entre ellos los servidores públicos requieren de remuneraciones adecuadas. Es cierto que en la responsabilidad que tenemos hay un estímulo adicional que no puede compensarse por la vía monetaria. Pero, en general, tiene que darse una remuneración adecuada para que puedan tener la vida digna que merecen y también el respeto que les corresponde.
En cuanto a la afirmación, que también dejó usted deslizar, sobre la transmisión de imagen presidencial, me permito señalarle, señor diputado, que una preocupación fundamental del Presidente de la República ha sido estar permanentemente comunicado con la sociedad. Lo ha hecho en el diálogo con los partidos políticos, lo ha hecho cumpliendo su obligación constitucional de informar con regularidad a la nación, lo hace también en el diálogo directo en sus giras y visitas de trabajo y aprovechan el mundo moderno, los medios masivos, para establecer también la comunicación. Es una muestra de interés por el diálogo y la comunicación de esta administración.
Y finalmente, señor diputado, sólo diría que esta concepción radicalmente diferente que tenemos sobre el Estado y los principios democráticos, nosotros nos guiamos por el principio de que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, y será el que decida cuál es la estructura que le da al Gobierno de la República; y por ahora, por razón histórica y constitucional, le ha dado la de conducir el proceso de desarrollo en un medio democrático. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José Encarnación Pérez Gaytán, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. José Encarnación Pérez Gaytán: - Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: La visión que cada partido político tenga de la crisis, y su programa para salir de ella, lo define en la hora actual como partido democrático o antidemocrático, porque lo democrático se refiere a lo popular, a lo que responde a los interese del pueblo trabajador y con sus frutos, no con las promesas por más halagüeñas que sean, se comprueba una política. No se trata de la democracia formal, ni mucho menos de la electoral, con toda su importancia para la vida de un pueblo; se trata de fondo de una política, de los intereses de clase que protege, el rumbo por donde se orienta el proceso de la organización de la sociedad.
En este orden de cosas, las grandes corrientes políticas nacionales se distinguen ante todo por su naturaleza democrática o antidemocrática, y a mi entender, el Plan de Reordenación Económica del Gobierno y todo su proyecto para superar la crisis, lo colocan en el área de la antidemocracia, en la perspectiva de sacar al país de la crisis, sobre la base del mayor sacrificio de quienes viven de su trabajo, en tanto que los grandes empresarios acumulan más capital. Se quiere superar la crisis sobre la base de aumentar la desigualdad social, aunque el Gobierno y su partido hablen de sociedad igualitaria, la verdad es que la desigualdad social avanza a pasos agigantados.
Pues bien, nuestra comprensión y enfoque de la crisis, son diametralmente distintos de los que expone y traduce en política concreta el poder público; de tal modo que mientras el Gobierno interviene con todo el peso del poder
para contraer la demanda, ante todo impidiendo el aumento de los salarios, imponiendo límites de tope, nosotros postulamos el incremento generalizado de los salarios y el establecimiento de la escala móvil de los mismos; es decir, la disposición legal que obligue a aumentarlos en la misma proporción y ritmo en que crecen los precios. Pero el Gobierno se resiste con el argumento de que eso acarrearía el impulso de la inflación de precios. Sin embargo, la experiencia de muchos años en nuestro país indica que los salarios son objeto de control riguroso para impedir su aumento, en tanto que los precios suben hasta niveles muy altos.
Se anuncia el propósito de que los salarios aumenten en 1985 en términos reales, o sea, que suban más que los precios; ello sobre la base de suponer un índice de precios, de diciembre a diciembre, de 35% para ese año. Ese presupuesto es la base también de las previsiones de aumento en el gasto público.
Sin entrar a discutir si efectivamente se va a subir en un 35% el índice general de precios al consumidor, es claro que podemos hablar de la posibilidad de que no sea así, simplemente porque el índice actual es bastante más alto y porque en enero normalmente ese índice se eleva por encima del promedio.
Este año y el pasado, cuando se ha visto, que el índice de precios en los primeros meses es superior al previsto oficialmente, se han dado ajustes en el presupuesto y en los salarios. De hecho, es factible, porque si los precios suben, más rápido, también lo hacen los ingresos del Estado, tanto por venta de bienes y servicios como por vías recaudatorias directas. Pero tanto en 1983 como en 1984, los ajustes presupuestales han sido tardados y el dinero dispuesto finalmente como aumento se ha usado sólo parcialmente, o bien, precipitadamente, y no con la necesaria racionalidad.
En cuanto a los salarios, los ajustes se han dado en medio de situaciones conflictivas y no han sido suficientes para siquiera mantener el poder de compra del salario.
Deberían de preverse mecanismos de ajuste, tanto en el ejercicio presupuestal como los salarios, para que en el caso de que los precios suban más del 35% o se note que así va a ser, puedan aumentarse tanto el gasto público como los salarios en la proporción adecuada para que ambos crezcan efectivamente en términos reales de manera automática, o por lo menos de manera fluida y efectiva.
Pensamos que si no se da esto, tampoco habrá seguridad de que se revierta la tendencia decreciente del salario real, observada en los años recientes y hasta en el mismo año.
Por otra parte, si el presupuesto de organismos públicos se ha elaborado sobre la previsión del 30% de aumento al salario y 5% más en prestaciones para 1985, y si varios de los contratos colectivos más importantes no se revisaran en este año más en cuanto al salario, o sea, sin el aumento en prestaciones, no habrá incremento en el salario real, si nominalmente su aumento es inferior al 35% que se espera oficialmente, de aumento del índice general de precios al consumidor.
En el presupuesto para 1985 está señalado que habrá un crecimiento para servicios personales del 19.7%. Quiere esto decir que los empleados públicos ni siquiera recibirán el 30%, insuficiente a todas luces, programado para los trabajadores de las empresas privadas. Claro está que no le proponemos al pueblo que propugne únicamente el aumento de los salarios y de los demás ingresos por concepto de trabajo, como, por ejemplo, los precios de las cosechas; proponemos un conjunto de medidas que van desde los aumentos de salarios hasta el control riguroso de los precios, sin dejar de lado medidas como una reforma fiscal verdaderamente democrática, la moratoria de la deuda externa, la orientación del crédito nacional a las actividades productivas, agropecuarias e industriales, etcétera.
Pero hablando del presupuesto de la Federación, conviene mencionar la orientación llamada de austeridad, en relación a los salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado. La política de contención del salario, la padecen con enorme agudeza estos trabajadores que se cuentan por cientos de miles.
Hace un año precisamente, en su comparecencia anterior, usted, señor secretario, nos decía que los sueldos y salarios del personal burocrático de menor nivel son los que aumentaron más, y más del doble, durante 1983, que los niveles intermedios y superiores. No obstante su apreciación, la realidad en cuanto a salarios de los empleados públicos, incluyendo a los maestros de escuela, acusa un empobrecimiento cada vez mayor. Los niveles de consumo y de vida de este conglomerado bajan de modo escandaloso.
Existen un millón 189 mil 71 empleados de la administración central, en general con bajos salarios y sueldos, frente a las altísimas percepciones que los funcionarios del Ejecutivo Federal.
Por ejemplo: El Presidente de la República de este año tuvo, según datos oficiales, una percepción neta de un millón 626 mil 576 pesos mensuales; cada secretario de Estado, 959 mil 11 pesos mensuales; los subsecretarios de Estado, 640 mil 457 pesos 71 centavos también mensuales; los oficiales mayores de la secretaría de Estado, 494 mil 454 pesos; y los coordinadores generales de las secretarías de Estado, 395 mil 785 pesos mensuales.
Conviene recordar que el salario mínimo promedio en nuestro país, es de 702 pesos diarios. Esos datos prueban que es al pueblo trabajador a quien se somete a la austeridad, la élite no solamente del Estado, sino también, y tal vez de modo más pronunciado, la oligarquía capitalista, no se ajustan a ninguna austeridad. Se puede argüir que un incremento considerable de los salarios y sueldos de los empleados públicos depende de los ingresos que obtenga la Federación; pensamos y lo hemos repetido razonadamente muchas veces, que estos ingresos pueden ser ensanchados cobrando tasas más altas, y en aumento progresivo,
a los que cuentan con la mayor acumulación de recursos económicos; o sea, para decirlo llanamente, que paguen más los que más grandes riquezas poseen.
Pero en lugar de esto, el Gobierno desoye la voz popular que reclama la eliminación de ese impuesto indirecto, ese gravamen al consumo, que se llama IVA. Ciertamente el Gobierno nos concede la "gracia" de no aumentar el IVA para 1985; podría decirse que eso depende del Poder Legislativo, que aprueba la Ley de Ingresos. Sí, así es, pero este Poder Legislativo depende del Ejecutivo; está maniatado por el partido del Gobierno; es importante para legislar con autonomía.
Y ¿qué tiene que ver el Presupuesto de Egresos con la Ley de Ingresos? Nada menos que su estrecha independencia, son las dos caras de la misma moneda. Más aún, contando con los ingresos que la política en curso sobre la materia permita recaudar, es posible distribuir los egresos de otra manera.
El año pasado, el grupo parlamentario del PSUM presentó un presupuesto de egresos alternativo, no con la ilusión de que sería aprobado, sino tan sólo para demostrar que aun dentro de los marcos de esa Ley de Ingresos es viable hacer otra distribución, concediéndole prioridad en serio a los salarios y los demás ingresos por concepto de trabajo. Pero en este asunto, como en otros, tenemos posiciones diametralmente opuestas al Gobierno que usted representa, señor secretario.
La tendencia a disminuir la demanda, para que los precios no suban tanto, no se corresponde con la política para el campo, por ejemplo, porque por más que se habla en las esferas sociales de la atención al agro, la verdad es distinta. El problema del campo no afecta únicamente a los campesinos; es uno de los grandes problemas nacionales; urgentemente es necesario producir más alimentos, y para lograrlo se deben dedicar tierras de riego a la producción de maíz, por ejemplo, porque lo más rentable para la nación consiste en el desarrollo sano de las generaciones de mexicanos. El 55% de incremento del Presupuesto para el sector agropecuario, apenas cubre el aumento de la inflación; deja las cosas como están, y lo que urge es un cambio de raíz, y las cosas como están indican que la participación del Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en relación al producto interno bruto en 1984 apenas fue del 1.6%, en términos reales, respecto a precios de 1977.
Sobre este problema del campo, yo simplemente resumiría sobre el gasto público lo siguiente: Se reducen los gastos en programas de organización y bienestar rural; no se apoya a programas prioritarios para la producción de los principales cultivos; los ajustes económicos, es decir, la austeridad, se orientan a un menor apoyo de los programas en zonas de temporal; se beneficia a zonas de riego y cultivos agroindustriales, y el incremento y fomento a la producción de granos básicos se apoya en el aumento del rendimiento y no en inversiones de infraestructura agrícola y la apertura de nuevas tierras al cultivo.
En este intercambio de ideas, entre el Ejecutivo Federal, a través de varios secretarios de Estado, y los representantes de los partidos políticos presentes en la Cámara de Diputados, más que preguntas se exponen planteamientos políticos, posiciones que configuran la visión de las corrientes ideológicas y políticas acerca de los fenómenos de la vida nacional, preferentemente en relación a la crisis económica en curso.
Por esta razón, haré dos observaciones sobre algo ocurrido anteayer durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público. El año pasado, usted, licenciado Salinas de Gortari, le dijo al diputado Juan José Hinojosa, miembro del PAN, que "la diferencia entre la concepción sobre la democracia que usted tiene -se refería al señor Hinojosa- y la que yo sostengo, es un trecho más pequeño que la distancia entre general Treviño y Agualeguas", citando los nombres de poblaciones entrañables para ambos. A quienes no conozcan Nuevo León les diré que se trata, efectivamente, de una distancia muy corta, quizá del orden de 15 a 20 kilómetros, no sé si me equivoco; o sea, el concepto de democracia que tienen prominentes representativos del PRI y del PAN, aparentemente tan enfrentados, es casi el mismo. Y tenía usted razón, lo acabamos de comprobar con el discurso de anteayer del diputado Hinojosa, quien casi redujo la democracia a una alternativa de hombres en el gobierno y abogó porque todos los mexicanos paguemos más impuestos, casi casi como panacea para aliviar la crisis. La idea de la alternancia de hombres en el Gobierno es la de un bipartidismo de la misma clase social; no es democracia. Significa ponerse de acuerdo para ir a medias con el pastel del poder. ¿Qué ganaría el pueblo con eso, si por otra parte, la opción frente a la grave situación económica, según el diputado Hinojosa, es la que todos paguen impuestos?
Yo diría más todavía, por lo que se refiere a la gente pobre, ¿acaso no pagamos el IVA, el Impuesto del Trabajo y otros más? Comentaría: ¡qué pobreza de política tiene el PAN! Aunque tal vez los capitalistas digan: qué rica política es la del PAN!
La oposición del PAN se reduce a ciertos aspectos de la democracia formal, preferentemente en lo electoral. De modo que en el enfrentamiento entre el PRI y el PAN es real sólo en el ámbito de la alternancia de hombres en el Gobierno. No de políticas fundamentales, mucho menos de proyectos de organización social de la nación. Nosotros en cambio, tenemos concepciones antípodas, podría decir, respecto de la democracia. Luchamos por una democracia participativa. Por la participación del pueblo trabajador en la decisión de los problemas sociales, grandes y pequeños, desde el poder, que para denominarse democrático, debe ser un poder genuinamente popular. La
distancia que nos separa, por tanto, señor Salinas de Gortari, no se puede comparar ni con la que hay entre Cerralvo y la ciudad de México, pongamos por caso; no se parecen en nada, son concepciones contrarias entre sí.
Ahora bien, la segunda y última observación se refiere al esquema de las fuerzas políticas que el representante del PRI, diputado Jorge Treviño, expuso también anteayer. Las alusiones eran claras. Una izquierda estatista que plantea la intervención del Estado prácticamente en todo y que exige que el Estado resuelva todo, una derecha neoliberal que se opone a la intervención del Estado, y el justo centro, que es el PRI, el que tiene razón, el infalible, el invencible, el eternamente gobernante de este país. La realidad y la vida son más complejas.
Por lo que respecta al PSUM, dentro de las izquierdas, quiero decir que no propugnamos ese estatismo a ultranza. El poder, el Estado mexicano interviene en todo. La parte no estatal de la sociedad casi no tiene facultades para decidir algo. Uno de los problemas de ese intervencionismo consiste en que no favorece globalmente a las mayorías y se ejerce en función de la defensa de una clase social: Los dueños de la riqueza, del dinero, de los medios principales de producción. Y dicha intervención es en perjuicio de los trabajadores, por más que oficialmente se diga lo contrario. El Gobierno interviene en la fijación de los salarios y los precios. Y no sólo interviene, sino que hace las elecciones y "elige", usurpando los derechos y funciones del pueblo. Y ¿cómo están los salarios y los precios, así como los procesos, electorales?, para no salirme del ejemplo. No hacen falta comentarios.
Lo que propugnamos es otra política. Una que sea en favor del pueblo trabajador. Y como el grupo en el poder, por los intereses de clase y de la burocracia política que representa, no puede cambiar esencialmente, el pueblo tiene derecho de cambiar la composición del poder. Por ese objetivo luchamos.
El justo medio, el PRI, en el esquema del diputado Treviño, no está en el centro equidistante de la derecha y de la izquierda, está a la derecha, por cuanto a la política que apoya es impopular y contraria a los intereses de los trabajadores. De ahí la cercanía entre el PRI y el PAN. Los obreros, empleados, campesinos, profesionistas que son miembros de PRI no son reaccionarios, pero apoyan, tal vez sin quererlo, una política que sí lo es, dada la mediatización de que son objeto, del mismo modo que muchos votantes en favor del PAN tampoco son reaccionarios, son ciudadanos que creen en la democracia.
Las dos grandes corrientes políticas en la hora presente son, repito, la de la democracia y la de antidemocracia; nosotros estamos en el campo de la democracia.
Como usted ve, señor secretario Salinas de Gortari, no le he formulado preguntas, por que las cosas en cuanto a las posiciones en política económica, en lo fundamental están claras: No obstante, me interesan, y mucho, sus juicios y comentarios en la confrontación política, presente también en esta comparecencia. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Diputado Encarnación Pérez Gaytán: De la crisis tenemos una concepción diferente; pero de cómo resolver la crisis, la concepción se vuelve radicalmente diferente. La propuesta que usted hace para enfrentar los problemas de fondo que hoy vive el país y que afectan a las mayorías nacionales, va exactamente en contra de los intereses de esta mayoría. Comprendo que por táctica de afiliación partidista, buscando sumar adeptos, se diga que se requiere un incremento generalizado de salarios como solución a la crisis; los obreros en sus negociaciones han demostrado que un planteamiento de esa naturaleza no es responsable, y lo han demostrado porque saben, como lo supieron también cuando el país sintió los efectos de la crisis de 1929. Durante los primeros años de la década de los 30s, y el movimiento obrero organizado de este país, con sentido responsable, supo entonces que ante la recesión tenía que moderar demandas salariales para poder conservar sus fuentes de trabajo. Hoy, con la misma responsabilidad y con la experiencia acrecentada, el movimiento obrero también lleva a cabo, con sentido de protección de los intereses de su clase, las negociaciones salariales.
Lo que usted propone, diputado Pérez Gaytán, es una política que daría por resultado precisamente elevar la inflación y abatir los salarios reales.
La indexacción - que no la quiso usted llamar así, era lo que traía en su propuesta -, es decir, mover los salarios y el resto de los precios conforme la inflación observada va evolucionando, es precisamente lo que ha llevado en otros países a una pérdida constante del salario real y a un desmoronamiento de las organizaciones de los trabajadores, porque le resta capacidad de negociación frente a su contraparte. Así que su propuesta, aparentemente atractiva para los que no tengan sentido de responsabilidad frente a sus agremiados, daría, en consecuencia, un abatimiento de los salarios reales, superior al que han podido evitar en las negociaciones los trabajadores y, sobre todo, la pérdida del empleo y de la afiliación de las organizaciones de los mismos.
Es, en consecuencia, una propuesta contrarrevolucionaria, porque va en contra de las propias mayorías. En eso, diputado Pérez Gaytán, efectivamente tenemos una concepción totalmente diferente.
Usted hace afirmaciones citando cifras fuera de contexto y sin análisis. Es falsa la afirmación de que los servidores públicos detentan percepciones que superan, en forma creciente, las de los que menos ingresos tienen dentro del propio Sector Público. Y para muestra, algunos datos, señor diputado Pérez Gaytán: En 1982, el salario mínimo que percibía un trabajador al servicio del Estado, era 33 veces inferior al que percibía un secretario
de Estado. En 1985, mediante la política de transparentar remuneraciones de los servidores públicos superiores sujetadas a tabulador, y someterlas a descuentos del Impuesto sobre la Renta y otros que marca la ley, además de tener como principio el de que los aumentos sean superiores para los que menos ganan, en 1985, con las cifras que usted mencionó, un secretario de Estado ganará 18 veces más que aquél que perciba el ingreso mínimo dentro del Gobierno Federal. Es decir, hemos abatido la proporción, de 33 veces a sólo 18. En países desarrollados, como Inglaterra, con un gran servicio civil y homogeneidad en las percepciones, la diferencia entre el que más gana y el que menos lo hace es de 15 veces. En México, el año que entra será de 18. Un poco de análisis sobre las cifras, y no sólo abusando del efecto que la propia inflación produce en las remuneraciones nominales al distorsionarlas y presentarlas como millonarias, pero en realidad, al medirlas en proporción frente al que menos gana y al que más, muestra que la política salarial dentro del Gobierno Federal está precisamente en apoyar más a los que menos ganan y en reducir, en consecuencia, la diferencia entre sueldos entre el sueldo superior y el sueldo menor. Las cifras así lo demuestran.
El presupuesto, señor diputado Pérez Gaytán, entiendo que el PSUM, el partido al que usted pertenece, no esté de acuerdo, como usted lo ha señalado con él, y en consecuencia presente, entiendo, por ello, como lo hizo el año pasado, una distribución diferente. Valdría la pena preguntarnos en qué consistiría esa distribución diferente, porque cuando el Gobierno de la República propone una estructura de presupuesto, en la cual el desarrollo rural crece un 55%; el desarrollo regional, para mayor equilibrio en la estrategia de crecimiento del país, crece 67%; al de educación, prioridad por excelencia en nuestro país, es el que más crece, con 68%; y el de salud crece 62%. Con ello, la participación de estos sectores de contenido social se incrementa en el presupuesto, la de desarrollo rural aumenta en casi un punto, la de educación lo hace en dos y la de salud en igual proporción. Es decir, con las prioridades de contenido social que el Gobierno de la República le impone al presupuesto, se enfatizan los aspectos que más preocupan a la población: Su salud, su educación, su alimentación. Estas son las prioridades del Gobierno de la República, son las prioridades que se ajustan a un mandato de la Revolución de México.
La estructura que ustedes propongan, posiblemente podría modificar la de este presupuesto, pero estamos seguros que la mayoría de los diputados es este recinto comprenderán que lo más importante es que el presupuesto contenga prioridades sociales y, en consecuencia, como el año pasado y como en éste, sabrá darle al presupuesto de 1985, su apoyo para que mantenga las prioridades sociales.
La prioridad alimentaria dentro del presupuesto va a permitir, precisamente, fortalecer la producción nacional de alimentos, con los estímulos a la producción que los campesinos lograrán, y los pequeños productores de nuestro país; el año que entra estaremos en posibilidad nuevamente de abatir las importaciones de alimentos. Lograremos importar un millón menos de toneladas de alimentos en 1985, 15% por abajo de este año, en volumen, lo cual demuestra que podemos satisfacer la demanda alimenticia en el país con una proporción creciente de alimentos producidos en México. Esta producción incrementada refleja las prioridades que en el presupuesto van al campo.
Señala usted, creo yo de un análisis insuficiente de la información presupuestal remitida con oportunidad a esta Cámara, que no se le da suficiente atención a las áreas de temporal y de organización en el campo; las cifras presupuestales muestran que los recursos asignados a aperturas de áreas de temporal, crecerán 147% en 1985, alcanzando al rededor de 34 mil millones de pesos. El Gobierno de la República tiene la concepción de que necesitamos apoyar las áreas de temporal, porque es ahí donde se produce la mayor parte de los alimentos que consumen las áreas urbanas; pero, sobre todo, porque son en ellas donde viven la mayor parte de los campesinos con menores recursos en este país. Así que por una razón de justicia y una también de producción, se da una prioridad fundamental a las áreas de temporal; creciendo, como dije hace un momento, 147%.
En materia de organización, también se canalizan recursos crecientes por encima del 50%, lo que permitirá dar una atención prioritaria al proceso de organización de los campesinos y elevar así, no sólo la producción, sino mejorar la distribución de sus beneficios entre todos los participantes. Hay nuevamente en estas cifras concretas para el presupuesto de 1985, una prueba objetiva de la preocupación fundamental del Presidente Miguel de la Madrid por los trabajadores del campo y por un abasto suficiente a las áreas urbanas.
Señala usted, diputado Pérez Gaytán, que tenemos una concepción diferente de la democracia, y sacando de contexto una frase pronunciada el año pasado, pretende imputar que hay similitud entre el concepto de la democracia que un servidor público, de un gobierno revolucionario sostiene con un partido de oposición. La concepción de democracia que tiene el Gobierno de la República, es la que le marca la Constitución General de la República; lo reitero, es la contenida en el artículo 3o. constitucional. Esa es nuestra definición de democracia; es nuestra definición, porque es la que la mayoría de los mexicanos ha marcado como fundamental.
Usted se manifiesta a distancia con esa definición. Precisamente la democracia en la que vivimos permite que respetemos la concepción que cada quien tiene sobre ella, pero la nuestra es la que sostiene la mayoría.
En materia económica, como en materia política, las distancias son grandes, efectivamente.
Lo que usted propone en materia económica debilitaría a los trabajadores al perder su empleo y alentaría la inflación al exacerbar las causas que la motivan. Y políticamente también tenemos una diferencia, diputado Pérez, Gaytán, porque nosotros no entendemos por posición revolucionaria una propuesta totalitaria. Nosotros entendemos por posición política revolucionaria la que enfatiza su contenido popular y su esencia democrática.
Así que las cifras presupuestales demuestran que el Gobierno de la República tiene un contenido y un propósito eminentemente social y que contribuye, junto con los demás sectores de la sociedad, a abatir la crisis por la cual sigue atravesando el país, Esta sería, diputado Pérez Gaytán, mi respuesta a sus comentarios.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Haydée Eréndira Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Haydée Eréndira Villalobos Rivera: -Señor secretario: La razón de la participación del Estado en la economía tiene como objetivo fundamental lograr una mejor distribución del ingreso entre los diferentes sectores de la población, resignar los recursos con que cuenta la economía y modular las fructuaciones de la actividad económica.
El presupuesto de Gasto e Inversión Pública Federal es una de las herramientas más importantes para lograr los anteriores propósitos. Particularmente establecida esta posibilidad, se piensa que mediante la asignación de partidas presupuestales orientadas para fortalecer y ampliar la oferta de satisfactores de tipo social, es como se puede lograr un mayor efecto cuya incidencia se propague de manera favorable y generalizada entre la mayoría de la población que registra condiciones económicas precarias e incipientes.
Aquellos satisfactores sociales que mayormente inciden en los niveles de bienestar de la población, puede identificarse de entre ellos y como los principales los que tienen que ver con la mejoría de los niveles de alimentación, la garantía de obtener solución a los problemas relacionados con la salud, la capacidad de acceso a la educación, la satisfacción de las necesidades de vivienda la posibilidad de utilizar productivamente el tiempo libre a través de la recreación.
Obviamente, lo anterior se satisface para una parte de la población a través de la creación de nuevos empleos; para otros segmentos sociales resulta indispensable la acción del Estado, que posibilita la solución de estos rezagos en los órdenes antes mencionados.
Lográndose lo anterior, se tiende a mejorar la distribución de los recursos; es decir, el ingreso y la riqueza entre la población. Esto permite equilibrar y estabilizar para el mediano y largo plazo la posibilidad de que la población adquiera por sí misma estos satisfactores.
El dilema que se presenta en este momento en nuestro país, y que es motivo de mi intervención. Señor secretario, es si acaso la urgencia por resolver los problemas económicos, no ha significado la postergación del Sector Social. De ocurrir esto, estaríamos propiciando la generación de mayores desigualdades a futuro, lo que eventualmente hará más difícil que el país se recupere. Resulta, entonces, importante y fundamental, clarificar y evidenciar a toda la población los resultados que en materia de beneficio social se esperan obtener como resultado del planteamiento presupuestal que hace el Presidente De la Madrid a la Nación, a través de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985.
Consecuentemente, a los miembros de la diputación priísta nos gustaría conocer los siguientes aspectos: ¿en qué forma podrán mejorarse los consumos alimentarios básicos de la población? ¿Hasta qué punto esta mejoría habrá de realizarse en forma equilibrada entre varios sectores de la población y las diferentes regiones del país? Es decir, queremos saber si en este punto específico se cumple la política de descentralización de la vida nacional propuesta por el primer mandatario. ¿En qué forma podemos contemplar el efecto que resultará en materia de salud y seguridad social? ¿Se ha ponderado la posibilidad de que los actuales establecimientos puedan ascender de manera plena y cabal las demandas y urgencias de la población? ¿Se mantendrá la calidad de los servicios asistenciales básicos, o acaso han sufrido similar deterioro que el que ha registrado en sus niveles de vida la población?
Consideramos que el cambio estructural debe darse también en materia educativa; por una parte, ampliando la capacidad del sistema educativo en sus niveles básicos de enseñanza; por otro lado, mejorando la calidad del contenido de la educación, especialmente en los planteles de nivel superior.
Esto nos lleva a una consideración que resulta trascendental para el mediano y largo plazo, como es el caso de fomentar y fortalecer nuestra capacidad científica y tecnológica, porque solamente en la medida que el país cuente con recursos humanos calificados podrá eventualmente superar el nivel de subdesarrollo y dependencia tecnológica en el que actualmente nos encontramos.
El cumplimiento del precepto constitucional en materia del derecho a la vivienda, resulta ser un asunto que nos ocupa y que nos preocupa de manera sustantiva. ¿Cómo se contempla en el Presupuesto de Egresos la satisfacción de esta responsabilidad? ¿De qué manera se reduce el déficit Habitacional del país? ¿Qué mecanismos de inducción y concertación se estipulan para los sectores Social y Privado en este renglón?
Por último, señor secretario, estimamos que la propia reactivación de la actividad económica prevista para 1985 generará nuevos empleos. Sin embargo, tenemos un rezago
entre la capacidad del sistema para ofertar nuevas plazas y las necesidades que surgen de quienes desean encontrar un empleo productivo y la justa remuneración por ello. ¿En qué forma se contempla en el Presupuesto de Egresos de 1985 la reducción de esta brecha de desempleo y rezago?
Por sus respuestas, señor secretario, de antemano doy a usted las gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: - Diputada Villalobos Rivera; ha tocado usted temas que son de preocupación central para todo aquel interesado en el desarrollo del país, pero, sobre todo, son las preocupaciones de la vida cotidiana de los habitantes de nuestro país. Son las preguntas que el ama de casa se hace, por la mañana, cuando tiene que decidir la distribución de sus recursos para comprar alimentos para sus hijos, para enviarlos a la escuela, para curarlos en caso de que no se encuentren bien de salud, o para atender la necesidad de una vivienda digna y decorosa; son las preguntas que el joven estudiante se hace cuando está a punto de terminar sus estudios profesionales y no sabe si encontrará una opción de trabajo honesto y productivo que le permita hacer realidad la capacidad que tiene para transformar su entorno social; son las preguntas que el obrero se hace en forma cotidiana cuando tiene que enfrentar los consumos o las necesidades de habitación; son las preguntas, en síntesis, que la Nación se hace día a día, porque son las cuestiones esenciales de su vida cotidiana. Es por ello que a estos sectores, a estas áreas de contenido claramente social, el presupuesto de 1985 que el Presidente De la Madrid remite como iniciativa a esta Cámara le da la mayor importancia. Son estos rubros los que crecerán más el año próximo; son los que lograrán un incremento en términos reales, son los que aumentarán su participación dentro del gasto total. Son la muestra en los hechos de una tesis fundamental que señala que no hay dicotomía entre combatir la crisis y atender cuestiones sociales, que a la vez que resolvemos los problemas económicos de fondo, podemos, con los recursos que tenemos disponibles, atender las prioridades de la vida cotidiana, las prioridades sentidas por la comunidad.
En materia de consumo, se continuará la atención prioritaria a la producción, canalizando que el año próximo más de 160 mil millones de pesos, para habilitar alrededor de 7 millones y medio de hectáreas; se aumentará la producción agropecuaria, con desarrollo de la infraestructura de pequeña irrigación en 50 mil hectáreas; se rehabilitarán alrededor de 80 mil y se aumentarán los centros de recepción y acopio indispensables para una mejor comercialización de los productos; y se continuará con el proceso indispensable de seguridad en la tenencia de la tierra y en el catastro rural, atendiéndose más de 267 mil predios en el país.
En materia de transformación de esta producción incrementada, se logrará que, a través de las entidades que dependen del Sector Público, aumente la demanda de leche reconstituida y también la de pan. Es decir, la acción Social de Conasupo será fortalecida en el área de los consumos básicos, y además se impulsará el desarrollo y modernización del sistema de acopio y abasto de acuerdo al nuevo programa en marcha, con objeto de eliminar intermediarismo excesivo y lograr un abasto suficiente a un precio más accesible.
Dentro del espíritu del Programa Nacional de Alimentación, que es el que marca las tareas en materias de aliento a la producción, cambios en la transformación y modernización en la comercialización, el aspecto de política de nutrición se vuelve igualmente relevante.
Se busca fortalecer la nutrición a través del fortalecimiento del poder de compra, y también de la calidad de los productos que se consumen. En esta doble acción, se tienen previstos recursos en el presupuesto que permitirán su apoyo sustantivo.
La salud ha sido incorporada como garantía constitucional, por esta administración. De esta intención de elevar a la norma máxima una garantía fundamental para el pueblo mexicano, se ha reflejado en hechos concretos dentro de la prioridad que se le da en el presupuesto; atención fundamental se otorga al primer nivel, es decir, a prevenir las enfermedades, que es el elemento de mayor incidencia en cuanto a la salud de los mexicanos.
Se van a asignar alrededor de 45 mil millones de pesos a la atención de primer nivel, que representa un crecimiento de 75% respecto al año de 1984. Con ello se logrará, ademas, que haya un abasto suficiente de medicamentos, materiales de curación, productos farmacéuticos en los propios hospitales y clínicas que el Estado tiene para atención a la población.
No puede haber prioridad más importante dentro del sector salud, que otorga los servicios primeros indispensables que la comunidad le demanda al propio Estado, y en época de crisis sabemos que la población reduce la asistencia los servicios particulares porque le resultan más caros, y en consecuencia se incrementa sustancialmente la demanda por los servicios que presta el Estado.
Es por ello que, reconociendo este cambio estructural en cuanto a la demanda de la comunidad por los servicios del Estado, al primer nivel se le da un incremento que rebasa sustancialmente el estimado para la inflación, y en consecuencia crecerá en términos reales la provisión de la atención al primer nivel.
Pero también se continuará en la construcción de nuevos centros de salud; más de 320 serán puestos en operación; 129 unidades médicas rurales; 51 consultorios de medicina general y se rehabilitarán alrededor de mil centros de salud en el área rural, terminándose tres clínicas de campo. Con ello se
muestra que a pesar de la crisis, el Gobierno no ha detenido su acción, y no la ha detenido prioritariamente en los sectores sociales, en el campo de la salud, dándole en los hechos presupuestales atención a esta prioridad fundamental.
En materia de educación, se le dará prioridad a avanzar hacia el propósito de la educación de diez grados y a la atención de la población rural e indígena. Este rubro crecerá alrededor de 55% el próximo año.
Se fortalecerá también el programa cultural y de bibliotecas, creciendo su asignación en alrededor de 65%; impulsará la atención a la juventud y, una cuestión que a usted interesaba de manera particular, lo relativo a la investigación tecnológica, a la formación de investigadores y a la vinculación del avance científico con el aspecto productivo, los recursos crecerán en alrededor de 60%; es decir, en la prioridad educativa se apoyan con acciones presupuestales los elementos de la revolución en marcha, destacando dentro de ellos, sin duda, el fortalecimiento de los profesionales de la educación básica, media y superior, con objeto de atender la calidad y no sólo la cantidad de los recursos que se dan para la educación.
Quiero destacar en el caso del CAPFCE, que con objeto de reducir la insuficiencia de locales para la educación, la inversión en este renglón fundamental crecerá más de 75% que el año próximo; en materia de vivienda, el Gobierno de la República tiene en marcha uno de los programas más ambiciosos que gobierno alguno haya podido iniciar. El año que entra, esta prioridad se verá ya realmente reflejada en los hechos presupuestales; alrededor de 700 mil millones de pesos se canalizarán a los programas de vivienda, con objeto de atender esta demanda esencial. Hay un crecimiento de casi 300%, en los tres años de esta administración, en lo que hace al fideicomiso del Fondo de Habitaciones Populares que, como usted sabe, es un instrumento que permite atender mejoramiento de habitación, lotes con servicio a pies de casa que son demandas generalizadas entre población de muy escasos recursos.
Y por último, por lo que hace al empleo, señalaba usted que cuál sería la política que en este campo se señalaría.
Mantendremos el Programa Regional de Empleo; como señalaba en la intervención inicial, en el país se observan ya diferencias regionales importantes; hay estados donde no se encuentran suficientes trabajadores para las nuevas fuentes de trabajo que se están creando; otros, donde ni siquiera trabajadores no calificados están disponibles para las tareas que se requieran; pero también, y eso hay que reconocerlo, hay estados y regiones del país donde el desempleo, y sobre todo el subempleo adquiere niveles excesivos. En aquellos donde todavía el subempleo se ha elevado o el desempleo sea alto, se enfatizará el programa regional de empleo, que el año que entra cuenta con una estimación de alrededor de 100 mil millones de pesos y en los otros, en donde falta mano de obra, se están creando ya en la Secretaría del Trabajo programas sobre información de mercados de trabajo, y en consecuencia dar mayor movilidad a la mano de obra para que pueda incorporarse en los centros de educación que se están creando y que se están creando y que se están quedando vacantes en algunas regiones del país.
El propósito es que el empleo permanente crezca en 1985, que crezca más de lo que ya empieza a crecer este año; al mes de octubre las cifras del Seguro Social muestran un crecimiento del 7% en asegurados permanentes, que si bien puede reflejar algunas reincorporaciones, también están mostrando incorporaciones nuevas, agremiados nuevos, que reflejan ya la generación de empleo permanente en la economía mexicana. Con ello esperamos que la proporción de empleos permanentes que se pueda crear en el año de 1985, supere a la de 1984, y en consecuencia empezar a revertir el proceso de aquellos beneficiados por los empleos transitorios, pero que necesariamente requerirán de una remuneración permanente en el futuro cercano.
Es así, diputada Villalobos Rivera, como el Gobierno de la República, en el presupuesto refleja su tesis fundamental de que en la crisis y resolviendo los problemas económicos básicos, es posible atender las necesidades sociales fundamentales del pueblo de México.
Esa sería mi respuesta a su pregunta.
El C. Presidente: - Tiene la Palabra la C. diputada Ofelia Ramírez Sánchez, del Partido Demócrata Mexicano.
La C. Ofelia Ramírez Sánchez: - Señor secretario: El artículo 6o. de la Ley del ISSSTE dice a la letra: "Artículo 6o. Las pensiones tendrán como finalidad: Primero, proporcionar a quienes hayan sido trabajadores al servicio del estado, una garantía que los proteja a ellos y a sus familiares, en caso de invalidez, retiro por edad, jubilación, cesantía y muerte; segundo, lograr que los trabajadores aprecien que el futuro les reserva la calidad de pensionistas, como buena alternativa de vida, y tercero, garantizar a los familiares derechohabientes de los trabajadores o pensionistas un ingreso para su subsistencia".
Nuestros comentarios sobre este particular, serían sobre base la cuán alejadas están de la realidad las pensiones, a juzgar por la miseria en que viven miles de jubilados y pensionados, tanto del Seguro Social, ISSSTE, fuerzas armadas y ferrocarrileros, de lo que debe ser el ideal que manifiesta el mencionado artículo 6o. de la Ley del ISSSTE, que es de aplicación para todos los pensionados y jubilados del país.
Bien pudiéramos recordar que desde siempre, la situación económica de un jubilado o pensionado ha sido de desventaja frente al trabajador activo, ya que la pensión ha sido basada en el haber o sueldo de lo que hubiera
correspondido en la fecha de su retiro o fallecimiento, o mediante rígidas, frías y obsoletas tablas actuariales, como en el caso de lo que prevé y establece la Ley del Seguro Social, por lo que pierden a corto plazo el poder adquisitivo frente a la carrera de los precios y salarios, ya que prácticamente éstas quedan congeladas en el momento del retiro y que de manera tibia aumentan en el transcurso del tiempo, de tal manera que más que aumentos o beneficios, son verdadera humillación que sufren estas personas.
Si esta situación de desventaja crónica de los pensionados frente al salario que percibe el trabajador activo, le agregamos los efectos devastadores del proceso inflacionario que estamos padeciendo y que arranca desde 1970 a la fecha y que es 3,326% y que una de las principales víctimas han sido estos trabajadores en retiro, creemos que su situación es angustiosa, ya que ni necesitamos dar el dato del porcentaje ridículo en que han sido aumentadas sus pensiones, en comparación con el porcentaje de inflación acumulada, que les restó poder adquisitivo, y con ello los empobreció, alejando para siempre la idea aquella de "un buen futuro y una buena alternativa de vida para ellos a través del sistema de pensiones".
Lo anterior nos da pie a las siguientes preguntas que le formularemos:
Primera: ¿La Secretaría a su cargo ya ha autorizado la entrega de las partidas asignadas a pensionados y jubilados aprobadas por el Consejo Técnico y el Ejecutivo en diversas fechas de 1984 y anteriores?
Segunda: Los diputados del Partido Demócrata Mexicano consideramos de estricta justicia social el hacer algo en favor de este sector empobreciendo y olvidando que dio sus mejores años a la vida productiva del país, y que reciben la noticia de la jubilación no como un premio a sus esfuerzos rendidos sino como un castigo. ¿No comparte usted nuestra opinión de que debe ser el salario mínimo la base para cuantificar el monto de las pensiones y jubilaciones en vez de cantidades fijas que pronto quedan rebasadas por la realidad? ¿ Por qué sólo las multas, sea cual fuere su origen, se están adecuando, y ahora toman como base de su fijación el salario mínimo, y no así para los pensionados y jubilados? No vemos que haya equidad en esto.
En el documento de Criterios Generales de Política Económica, suscrito por el señor Presidente, se anunció que para 1985 se llevará una política que propicie un alza real de los salarios. Tal anuncio, que contrasta con la realidad de los últimos años en que los salarios han descendido en forma real, a los miembros del Partido Demócrata Mexicano, obviamente, nos complace, y lo deseamos en que se lleve a la realidad; por lo cual le preguntamos:
a) ¿En qué basa la expectativa de que los salarios suben en términos reales? b) ¿Qué políticas económicas y laborales se van a emplear para incrementar por parte del Gobierno Federal, para que tal desiderátum suceda? c) ¿En qué medida esta posible alza salarial puede repercutir en el presupuesto de 1985 y qué predicciones se contienen ya en el proyecto que se nos envía para el caso de que así suceda?
Aparte de estos cuestionamientos, ya que le dio usted respuesta, cuando preguntó el diputado Hugo Díaz Velázquez, del PRI, por lo que le solicito dé contestación sólo a lo que no haya explicado en sus anteriores pronunciamientos. Especialmente sí pido que nos dé respuesta a las implicaciones presupuestales del alza del salario, y cuáles serán las políticas gubernamentales expresas en este renglón laboral.
En los Criterios Generales se expresa que los nuevos empleos principalmente tendrán, tenderán principalmente a la creación de empleos productivos y permanentes, y en cuanto al Programa Emergente de Empleo anteriormente implantado, se hace una posible alusión en los siguientes términos:
"Si bien se continuará con los programas regionales de empleo, será necesario, además, ampliar su cobertura y orientación, en razón a las necesidades específicas que se presenten hacia empleos de carácter permanente, conviniendo con los gobiernos estatales y municipales, las modalidades en la ejecución, e impulsando en ellos la participación comunitaria. Asimismo, se seguirá trabajando en mejorar la información regional sobre la ocupación y se fortalecerá el sistema nacional del empleo".
Para que queden más explícitos los propósitos, le formulamos las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medida el Plan de Empleo actual sustituye al antiguo Plan de Emergencia del Empleo?¿, y en qué medida este último queda subsistente en la actual planeación?
b) A los que fueron contratados como trabajadores eventuales, ¿se les dará planta definitiva en las distintas dependencias?, ¿En qué número?, ¿bajo qué criterios y con cuáles mecanismos?
La puesta en marcha del Plan del Empleo propuesto, para merecer nuestra aprobación como integrantes de la Cámara de Diputados, debe estar precedido de la evaluación de los resultados de los planes de emergencia del empleo de 1983 y de 1984, ¿Qué resultados se obtuvieron en los planes de emergencia del empleo, de los cuales no ha habido información, ni a la Cámara de Diputados ni al pueblo, a pesar de que en 1983 se presupuestaron aproximadamente cien mil millones de pesos y 150 mil millones para 1984? No ha habido correspondencia con la publicidad que se le dio en el arranque, con la información de su desenlace.
Al respecto, ¿qué comentarios pueden hacerse acerca de la información aparecida en un diario capitalino de que de los 800 mil nuevos empleos a que se aspiraba en los sectores tanto público como privado, sólo se cubrieron 500 mil?. Sobre el mismo asunto, ¿cuál es la tasa actual de desempleo y en qué medida se
está absorbiendo la demanda de trabajo de los 900 mil jóvenes que anualmente acuden al mercado del trabajo?
Además, en la frontera norte del país hay una temporal desocupación por los compatriotas que pretenden cruzar a la frontera divisoria. Y mientras lo logran o no lo logran, y por aquellos que son deportados -problema estructural que puede agravarse por la aplicación de la Ley Simpson - Mazzoli-, ¿qué planes, previsiones y programas de empleo existen para la faja fronteriza? ¿Cree conveniente implantar un programa emergente del empleo en esa zona? Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Diputada Ramírez Sánchez: Ha tocado usted un tema que resulta, en su tratamiento y en su significado, doloroso también para los servidores públicos; es el caso de la remuneración a los pensionados y jubilados del Gobierno Federal. Son mexicanos que sirvieron con distinción, con laboriosidad y con honradez al gobierno de su país, y merecen en consecuencia, una remuneración justa y digna por el trabajo que realizaron y por el esfuerzo que hoy nos permite a los mexicanos disfrutar de los avances que tenemos, a pesar de los problemas que vivimos.
En el caso de las pensiones, el problema es doble; por un lado, lo reducidas que san para los jubilados, y por el otro, la diferencia que guardan entre el salario que percibe actualmente un trabajador del Estado a punto de jubilarse y el que podría percibir efectivamente por su jubilación.
Compartiendo esta preocupación social sobre los beneficios que legítimamente deben de disfrutar los trabajadores del Estado que han dado su vida en el trabajo por él, está en marcha, por instrucciones del Presidente De la Madrid, una política en materia de pensiones que va cerrando rápidamente, como primer paso, la brecha que éstas guardan respecto al salario mínimo. Hoy en día, alrededor del 93% de las pensiones que se pagan, son equivalentes al salario mínimo. Y el propósito es, precisamente, lograr que las pensiones mínimas sean cuando menos equivalentes al salario mínimo vigente en el momento de su aplicación.
En 1985 se beneficiarán alrededor de 978 mil personas con pensiones, jubilaciones y subsidios, con una erogación de alrededor de 164 mil millones de pesos, que superará en 54% a lo erogado en 1984, o sea, casi 20 puntos por arriba de la meta de inflación. Y habrá también acciones en materia de subsidios de ayuda, que se elevarán alrededor de 5 mil millones, con un monto equivalente a 43 mil millones de pesos.
Se busca que beneficien a los pensionados de menores ingresos; pero, reitero, el programa en marcha que se está dialogando con el ISSSTE es lograr precisamente que los pensionados actuales ganen cuando menos el equivalente al salario mínimo y que cuando esta remuneración se revise con la periodicidad que se tenga que revisar, se incrementen igualmente las pensiones.
Por otra parte, está pendiente la decisión de la compactación de los sueldos de la burocracia. Ya en la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, la representación de los trabajadores al Servicio del Estado, particularmente los representantes del Magisterio, manifestaron su conformidad y su aprobación por la compactación que respetando y reconociendo las diferencias de pago entre diferentes grupos de trabajadores del Estado, permitirá que el sueldo íntegro cotice para fines de la jubilación, y no con la inequidad que era antes, que sólo cotizaba el sueldo base y no la compensación; en consecuencia, los trabajadores al servicio del Estado, en desventaja, muy gran desventaja, frente a trabajadores de otras áreas de economía, cuando tenían la opción de jubilarse lo hacían con un sueldo que no tenía ninguna relación con el que efectivamente percibían, y con esto, estábamos obligando a trabajadores que ya durante largo tiempo habían dado su esfuerzo hacia el Estado y que no tenían la posibilidad, a pesar de sí tener la necesidad, de jubilarse por lo notablemente reducida de la percepción que significaba la jubilación. Ahora, con este cambio de política del Presidente De la Madrid, no sólo elevaremos sustancialmente las pensiones a los jubilados para acercarlos al nivel del salario mínimo, justicia mínima; sino que además, al compactar los sueldos podrá haber una remuneración adecuada a aquellos trabajadores que opten en la actualidad por la jubilación.
Hubo, efectivamente, un retraso en el pago de los aumentos de las pensiones civiles y de gracia, que se dieron a partir del 11 de junio, y los otorgados el 1o. de septiembre del año en curso, por el mecanismo que se tiene establecido con el sistema bancario para el pago de las mismas. Estamos agilizando este procedimiento y ya ha iniciado el cumplimiento de esta obligación, integrando en el pago los meses que han transcurrido sin que éste se hubiera llevado a cabo.
Por lo que hace al incremento a los salarios reales y la forma como este se llevará a cabo, me permito, diputada Ramírez Sánchez, reiterar que las acciones que el presupuesto llevará a cabo, permiten el fortalecimiento de ingresos de los trabajadores por varias vías. En primer lugar, en la medida que la inversión pública crece en términos reales, apoya el proceso de recuperación económica y, en consecuencia, el mantenimiento de los empleos existentes y la generación de nuevos empleos permanentes. Al mismo tiempo, como el presupuesto contribuye al abatimiento de la inflación, en la medida que su déficit no requiere de recursos inflacionarios para ser financiado, permite asimismo el fortalecimiento de los ingresos reales. Y los programas específicos de gasto van en dirección de apoyar el consumo de los trabajadores a través de los programas de alimentación, de salud, educación y de vivienda.
Por lo que respecta al Programa Regional de Empleo, éste se mantiene, diputada Ramírez Sánchez, pero con nuevas modalidades. En primer lugar, ahora se incorporan esos programas a los proyectos normales de las entidades y, en consecuencia, se han convertido en programas que continuarán en los años siguientes. Son programas productivos, porque permiten incrementar producción de alimentos y de otras materias primas indispensables para la transformación en las áreas urbanas. Y también son programas de gran contenido social, porque se dirigen a atender las necesidades sentidas de las comunidades en las cuales se lleva a cabo.
La nueva modalidad es que se adecuarán a las características de cada región - Estado según sea le existencia de un desempleo elevado o, como lo mencionaba yo en la pregunta anterior, el cambio a alentar el movimiento de trabajadores hacia las regiones donde la mano de obra es escasa.
En el caso de los que están trabajando de manera eventual, permítame decirle, diputada, que estos programas no significan que son trabajadores dependientes del Estado los que participan en ello, son miembros de la comunidad que obtienen un ingreso por un trabajo que desarrollan con fondos federales, pero no son trabajadores al servicio del Estado, ni el hecho de que laboren en esos programas significará que se crearán plazas para absorberlos dentro de los trabajadores al servicio del Estado. Son como los otros empleos que el propio Sector Público genera a través de la inversión pública o con sus programas de adquisición en el resto de la economía.
En cuanto a la información sobre la ejecución del programa de empleo en el '84, el Ejecutivo Federal ha buscado mantener informada a esta honorable Cámara a través de informes trimestrales de finanzas públicas y evolución de la situación económica, así como en las propias exposiciones de motivos de los presupuestos correspondientes. Pero con mucho gusto, diputada Ramírez Sánchez, me permitió ampliar la información sobre el ejercicio del Programa Regional de Empleo en el año en curso, en el año de 1984.
Nos propusimos como meta generar alrededor de 380 mil fuentes de trabajo con este programa, y vamos en la dirección de cumplir la meta; es decir, el Programa Regional de Empleo del Gobierno cumplirá la meta de generar por esta vía 380 mil empleos. Pero la economía también va a generar empleos, el sector que se denomina "moderno de la economía" ya va a generar alrededor de 100 mil empleos permanentes en el año de '84. En el sector rural, el excelente año agrícola nos permitirá generar más de 150 mil fuentes de trabajo en 1984, y el sector informal urbano, alrededor de otros 160 mil. En conclusión, este año sí se generarán los 800 mil nuevos puestos de trabajo que en forma transitoria y permanente el Gobierno de la República, a través de sus programas y el estímulo general que da la actividad económica, se había propuesto generar a fines del año pasado, como lo anunció en la exposición de motivos del propuesto para este ejercicio.
Dentro del Programa Regional de Empleo, los servicios a colonias populares, infraestructura básica y proyectos productivos, permitirán que del total de 380 mil, 170 mil puedan generar en estas actividades.
El servicio Social de Pasantes otorgará alrededor de 80 mil oportunidades de remuneración a jóvenes recién egresados de los institutos de educación superior. El de Capacitación para Trabajadores, alrededor de 56 mil. La Integración de la Mujer al Desarrollo permitirá que alrededor de 25 mil de ellas tengan una participación activa en el proceso de transformación de nuestra sociedad; las becas Ignacio Ramírez, para hijos de obreros, campesinos y clases populares, darán oportunidad alrededor de 25 mil y en área de la ciudad de México, mediante el mejoramiento de servicios públicos se generarán alrededor de 24 mil. Es así, diputada Ramírez Sánchez, como el Programa Regional de Empleo para este año está en marcha y logrará las metas que se propuso de acuerdo a los programas que previamente se señalaron dentro de la exposición de motivos del Presupuesto de 1984.
Y, finalmente, por lo que hacen a la frontera norte, ahí las condiciones también son diferentes, hay zonas de la frontera norte donde el crecimiento de las maquiladoras y de otras oportunidades de empleo ha sido tan dinámico que también se observa escasez de mano de obra, y otras regiones donde es necesario poner atención a la generación de empleos, aunque sean de carácter transitorio. El programa de la frontera norte, que el Presidente de la República está a punto de poner en marcha y convocar a su consulta entre los habitantes de esta zona estratégica y fundamental del país, prevé, además de acciones de empleo, las relativas a abasto, que son fundamentales en esta región, y también las de cuestiones sociales como vivienda, educación, salud y servicios básicos. De esta manera, fortaleceremos el desarrollo de esta región que es, repito, estratégica para el país, y tendremos la capacidad para enfrentar eventualidades que pudieran provenir de modificaciones en el contexto externo. Esta sería, diputada Ramírez Sánchez, mi respuesta a las preguntas que usted me hizo.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Mariano López Ramos, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Mariano López Ramos: - Señor secretario: Los miembros del Partido Socialista de los trabajadores consideramos que México se encuentra ciertamente afectado por la grave situación internacional.
El enemigo principal de todos los pueblos no sólo es una amenaza para la seguridad internacional, sino también para el bienestar y el progreso de la humanidad, particularmente de quienes viven en el mundo subdesarrollado,
ya que son sometidos al saqueo permanente de sus riquezas y obligados a hipotecar su futuro mediante el endeudamiento externo de sus países con la banca internacional imperialista.
México es también víctima de esta política imperialista, ya que actualmente soportamos una pesada y monstruosa deuda externa cercana a los cien mil millones de dólares, producto del endeudamiento público y privado cuyos intereses a pagar cada año, sobrepasan el ingreso proveniente de la exportación del petróleo, por lo que no sólo estamos imposibilitados de pagarle, sino que el solo pago de los intereses nos coloca en una situación de constante endeudamiento, con lo que se ha hipotecado el futuro del país a la banca imperialista.
Nosotros pensamos, en el Partido Socialista de los Trabajadores, que la responsabilidad principal de este hecho histórico corresponde a la gran burguesía mexicana, que asociada con el capital imperialista saqueó al país trasladando a bancos extranjeros, principalmente norteamericanos, más de 50 mil millones de dólares, saboteando el programa gubernamental de modernización de la planta industrial del país. Parte de la responsabilidad del sector, parte de la responsabilidad la tiene el Gobierno, particularmente el sector nacional revolucionario, ya que, negándose a aceptar el programa obrero de su partido, concilió con la oligarquía financiera y otorgó, como sigue otorgando, concesiones y canonjías a la gran burguesía antinacional y antipatriótica.
La nacionalización de la banca y el control de cambios fueron respuestas adecuadas para restablecer la soberanía nacional sobre los recursos financieros, producto del trabajo y del esfuerzo del pueblo de México. Ambas medidas socavaron seriamente el poder de la gran burguesía mexicana, que fue desalojada de un importante centro de poder. Pero durante el presente régimen del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, este control de cambios se ha reducido prácticamente a una simple vigilancia del mercado de divisas, vigilancia que es continuamente violada y burlada por los empresarios privados nacionales y extranjeros, los cuales siguen realizando la fuga de divisas hacia los Estados Unidos, con lo que propician la crisis financiera y vulneran la capacidad de pagos de los compromisos internacionales que tiene nuestro país; además de que el Estado no le ha dado a la nacionalización de la banca el sentido y la profundidad que la difícil situación económica del país requiere, pues terminada la fase de consolidación, mediante el estímulo a la captación bancaria, no ha pasado a una enérgica y audaz utilización de los fondos bancarios para fines productivos.
La nacionalización de la banca quedó elevada a rango constitucional para que el servicio de banca y crédito lo preste exclusivamente el Estado y no pueda ser concesionado a particulares; el fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado sobre la economía nacional quedó suficientemente apoyada en el texto constitucional; pero, en la práctica, la venta de las empresas de la banca nacionalizada a los ex banqueros permite que éstos recuperen el poder perdido, proceso que ya iniciaron en el terreno económico al recibir cuantiosas indemnizaciones y en el terreno político al elevar las posiciones de poder del PAN, mediante su apoyo financiero, lo que los convierte nuevamente en una fuerza beligerante en la vida política nacional.
La recuperación económica de la gran burguesía mexicana no es la recuperación económica del país; el Estado mexicano se entrampa cada día más en sus propias contradicciones, pues con su política de austeridad en el gasto público y la disminución de los ingresos de las familias trabajadoras, está propiciando el descontento de los obreros y del pueblo, aumentando la miseria de las masas, estrechando el mercado interno, alentando objetivamente los desequilibrios sociales, acrecentando la desigualdad social y la diferenciación de los ingresos, al grado que el capital se lleva casi el 70% del ingreso mientras que el trabajo sólo se queda con el 30%.
Señor secretario: Ante esta delicada situación que hemos descrito, quisiéramos hacerle, a nombre del partido Socialista de los trabajadores, las siguientes preguntas:
¿No es acaso verdad que la política de reordenación económica sólo se ha cumplido fundamentalmente en la parte que ha beneficiado al Sector Privado, escamoteándose la aplicación de las políticas que beneficien a los trabajadores, y que por ello la crisis, al acentuar la miseria del pueblo, ha propiciado la pérdida del prestigio del Gobierno con la consiguiente pérdida de base social y política que ha derivado en el fortalecimiento electoral de la derecha?
¿Cómo lograr que la política del Gobierno, que no ha logrado satisfacer las más elementales exigencias del pueblo y sí en cambio ha tenido conciliar con los intereses de la oligarquía, por lo que como resultado de la crisis ha surgido una peligrosa tendencia a la derechización de la vida nacional, que esta derechización no sólo se expresa en la elevación de los votos a la derecha panista, que con habilidad y el apoyo empresarial logró ganar la conciencia de una parte importante del pueblo para luego ganar su voto, sino también en el comportamiento del Gobierno hacia el movimiento obrero y campesino, así como las políticas trazadas para tratar de satisfacer ingentes demandas populares?
¿No está usted de acuerdo con nosotros, señor secretario, que de mantenerse esta tendencia en la vida política nacional, el país sufrirá graves sacudimientos y la crisis económica, todavía no superada, puede complicarse para convertirse en crisis política y social? Todo esto agravado por el hecho de que las políticas vertebrales del sector nacional revolucionario, que han sido capacidad de defensa de la soberanía nacional, capacidad de sostener la legalidad constitucional y capacidad
de otorgar concesiones a las masas, han entrado a un franco proceso de deterioro.
Agradecemos sus comentarios a nuestras preguntas, señor secretario.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: - Señor diputado López Ramos: Los temas que usted señala han sido motivo de un amplio, respetuoso y franco diálogo a lo largo del análisis de esta iniciativa de Presupuesto de Egresos que el Presidente De la Madrid ha remitido a la Cámara de Diputados. En este documento, como en el Criterios de política Económica para el año de 1985, se demuestra con hechos, con cifras objetivas el propósito central de Gobierno de la República, que es combatir la crisis sin desatender a los grupos populares mayoritarios del país.
Las afirmaciones que usted ha hecho, son más dogmas simples y tácticas simples, que crítica al Gobierno, que no nos llevan lejos. Esta crítica a la política económica del Gobierno, asentar falsos de que estamos alejados de las clases populares y beneficiando a la alta burguesía nacional, los hechos demuestran que no son ciertos y por eso yo vuelvo categóricamente a negarlo.
La evidencia está en las cifras, son tácticas simples las de buscar ser atractivo para algún estado de la población, pero no en las mayorías del país, porque las mayorías del país saben que el Gobierno del Presidente De la Madrid está trabajando para resolver de fondo sus problemas sin desatender las demandas sociales más sentidas.
El Gobierno ha estado activo para enfrentar el gran peso de la deuda externa, pero lo ha hecho con responsabilidad, sin una posición irresponsable de proponer una moratoria generalizada que dañaría más el país, y en forma permanente, de los problemas que busca resolver. Pero el Gobierno ha logrado un avance sustancial en la renegociación de su deuda externa, que ha quitado el enorme peso que los renglones de amortización tenían sobre la balanza de pagos en los años venideros y, en consecuencia, nos hemos quitado una inmanejabilidad de encima. Ha actuado también del lado de los intereses, esa elevada carga que tiene el presupuesto, porque así como la renegociación logró un ahorro en el pago de intereses de alrededor de 500 millones de dólares para los próximos dos años y de 5 mil millones de dólares para el periodo de la renegociación, asimismo, en los foros internacionales con responsabilidad se actúa y se trabaja para lograr que las tasas de interés no carezcan exorbitadamente por encima de los niveles reales. Pero lo más importante es que el Gobierno de la República, al sanear sus finanzas públicas, va logrando que la deuda como proporción de lo que producimos, se vaya reduciendo y así, si en 1982 de todo lo que producíamos, el 42% estaba representado por el saldo de la deuda pública externa, para 1985 lo hemos abatido al 29%. Así es, con acciones concretas, responsables, que le van permitiendo, sin poner en juego los aspectos fundamentales del desarrollo del país, el Gobierno de la República se va abriendo márgenes ante la situación tan difícil de emergencia que vivíamos a finales de 1982.
No hay en este programa, diputado López Ramos, ninguna concesión a la burguesía, porque en una época de crisis no se le puede dar concesión a ningún grupo, el Gobierno de la República en el programa que lleva a cabo, lo ha señalado con claridad, ha requerido de un sacrificio general de toda la población, derivado de la crisis, que las acciones del Gobierno han permitido que no sea superior a lo que hubiera sido de no actuar con decisión y con perseverancia, como lo ha hecho esta administración. La banca nacionalizada va atendiendo las prioridades del desarrollo; es un instrumento que el Estado tiene para orientar el proceso de transformación del país, y la canalización de sus recursos se genera hacia áreas prioritarias, áreas que están señaladas en el Plan Nacional y en los programas a mediano plazo, planes y programas en los cuales la comunidad ha tenido una activa participación y, en consecuencia, representan el consenso nacional de cómo resolver la crisis y cómo actuar en los diferentes aspectos sectoriales del desarrollo nacional.
No hay contradicción en la política del Estado mexicano; es una política clara, consistente, de contenido social, que busca combatir la crisis de fondo; pero no con un programa ortodoxo que pusiera de lado los costos sociales que la propia crisis impone. El hecho de haberle dado prioridad al empleo, como se ha podido aquí demostrar en las cifras y en los montos presupuestales, el darle una mayor participación a los gastos sociales en el presupuesto, han permitido no entrar en un programa ortodoxo de ajuste, sino en uno apegado a principios de contenido social, en el cual, con medidas amargas, sí, pero frente a una crisis que las exige y las demanda, se ha logrado que no caiga la tasa de empleo que tiene la economía y, en consecuencia, que las familias no pierdan un ingreso para enfrentar una crisis tan severa como la que vivimos; que los servicios de salud y educación no se demeriten, al contrario, que podamos incrementarlos en la medida que en el presupuesto representan una proporción superior. Y en la medida en que el Sector Público orienta su gasto hacia adentro, que de cada peso que invierte, el contenido de gasto interno es superior, en esta medida, a la vez que se fortalecen los salarios y crece el empleo y observamos ya la recuperación de la inversión privada, el mercado interno va creciendo, contra la afirmación que usted señala de una contracción del mismo.
Observaremos en el año de 1985, como ya lo vemos en la recuperación de 1984, un mercado interno fortalecido; no del tamaño que teníamos en otras épocas; no con la dinámica tradicional que el país ha tenido y que llevó en el Plan Nacional de Desarrollo a considerar una tasa de crecimiento del mismo, entre 5 y 6%. Pero después de dos años de un continuo batallar contra la crisis, ya
las mayorías observan que el país vuelve a crecer, que vuelve a generar empleos permanentes, que los precios que la golpean, cada vez se incrementan menos, que el programa de Gobierno de la República es consistente y se preocupa por enfatizar los aspectos sociales. Y sobre todo, diputado López Ramos, lo más importante que esta política se ha llevado a cabo en un marco de libertad, en un marco en el que se respeta la opinión de las minorías, pero se atiende al mandato de la mayorías. En un marco en el cual el Gobierno ha mostrado su flexibilidad para acomodar su política general, sin distraerse del logro de los objetivos fundamentales al cambio de las circunstancias. Un marco en el cual el Gobierno ha tenido la capacidad de diálogo y entendimiento en la comunidad y con los diversos sectores que la integran. Es decir, hemos podido tener una política de austeridad con sentido social, en un medio democrático, manteniendo libertades fundamentales. Contrario con lo que usted afirma, diputado López Ramos.
Al mantenerse en la política que lleva en curso esta administración, podremos acabar de raíz con la crisis, eliminar los aspecto estructurales de la misma y mantenernos como país independiente y soberano, que, reitero, es valor fundamental de los mexicanos y uno de los principios de guía esencial que marcan el rumbo de esta administración.
Este sería mi comentario a su pregunta, diputado López Ramos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista.
El C. Alfredo Reyes Contreras:- Señor secretario de Programación y Presupuesto: La crisis económica tan severa que ha golpeado rudamente al pueblo mexicano, es un efecto del sistema capitalista. Vivimos en el campo de un sistema de producción que no tiene perspectivas históricas y que en su seno cíclicamente se representan crisis de gran magnitud.
Pero, además, las crisis económica que se dan en un país como el nuestro se agravan por la enorme dependencia económica, en relación con países capitalistas altamente industrializados: En el caso nuestro, por la crónica dependencia que tenemos de la economía norteamericana. Ese es el fondo, esa es la causa principal de que el pueblo mexicano tenga que soportar casi periódicamente crisis económicas, que sea el pueblo el que soporta sobre sus espaldas el mayor peso, y que sea el propio pueblo el que con su esfuerzo y solidaridad empuje para salir de esa crisis.
En el gabinete económico se habla frecuentemente de que las medidas adoptadas para salir de la crisis provocarán un cambio estructural en el desarrollo económico. El Partido Popular Socialista considera que si no se modifican sustancialmente a favor del pueblo y de la Nación las condiciones en que se desarrolla la economía del país, no habrá un cambio estructural; si se dejan vivas las que genera la crisis, seguiremos padeciéndola; si no se profundizan las medidas para avanzar y consolidar nuestra independencia económica, volverá la crisis con efectos más devastadores sobre el pueblo.
Hay una idea que se expresa desde las altas esferas del poder público en el sentido de que la sociedad, así en abstracto, ha manifestado firmemente su solidaridad para salir de la crisis. Esto, a nuestro juicio, no es verdad; la solidaridad ha sido del pueblo, la de sus obreros, de sus campesinos, la de sus maestros, la de los trabajadores del Estado, en tanto que los sectores acaudalados han hecho lo que a su interés conviene, así sea profundizar la crisis con medidas egoístas, sacando su dinero al exterior y retrayendo la inversión.
La crisis ha desembocado actualmente en una mayor injusta distribución de la riqueza, pues la gran mayoría del pueblo, que es quien produce, tanto los bienes materiales como espirituales, se apropia de lo menos, en tanto que la minoría se apropia de lo más. Recientemente se han dado ha conocer cifras que por su dramatismo debiera conmover al más insensible de los funcionarios públicos. Según esos datos, millones de mexicanos han reducido su dieta a lo más elemental para sobrevivir. Careciendo además de los servicios indispensables para vivir.
Del otro lado, unas 5 mil familias aproximadamente se apropian de la mayor parte de la riqueza general por los mexicanos. Como se ve, la crisis profundiza y ensancha la brecha entre quienes todo lo tienen y quienes carecen de lo fundamental. Los datos que se nos proporcionan en los diferentes documentos de tipo fiscal, entregados a esta soberanía, señalan un hecho que el poder público destaca con mucho énfasis, ese hecho se refiere a que han mejorado los indicadores económicos. Probablemente así sea, pero lo que nos preocupa es que ha pesar de que han mejorado los indicadores económicos, se ha deteriorado de manera alarmante el nivel de vida de los mexicanos.
Por eso, el Partido Popular Socialista ha demandado con insistencia que se reoriente la política económica, porque se supone que el Gobierno nacional es producto de la Revolución Mexicana y tiene la obligación ineludible de servir al pueblo que le da sustento y fuerza.
De ahí también nuestra exigencia para que el gasto público se utilice como un instrumento que sirva para distribuir o redistribuir con un mayor sentido de justicia la riqueza social. Por eso rechazamos firmemente la actitud de los funcionarios que piensan que los subsidios son dádivas al pueblo, olvidando que quien hace posible la producción de esos elementos o la prestación de un servicio como el del Metro, son los trabajadores; y la riqueza de la Nación debe de utilizarse en beneficio de sus integrantes, y no de quienes los explotan.
Nos preocupan varios renglones del desarrollo nacional, a los que debe canalizarse, en nuestra opinión, el presupuesto, para avanzar
en el cumplimento de la justicia social. Uno de ellos es el de la alimentación del pueblo. Como usted sabe, tanto la alimentación de los seres humanos como la del ganado en nuestro país, están en manos de empresas transnacionales casi de una manera total. La producción de semillas para la alimentación ha ido disminuyendo lenta, pero firmemente, haciéndonos peligrosamente dependientes de los grandes centros de poder económico - capitalista que ya han expresado su decisión de utilizar políticamente el arma de los alimentos, para someter a los pueblos débiles como el nuestro.
Nos interesa saber de manera concreta la orientación del gasto público en este renglón, si queremos preservar la independencia y soberanía nacionales y no profundizar los peligrosos lazos de esa dependencia.
Nos preocupa la orientación que el gasto público tenga para producir en cantidad y calidad suficientes los medicamentos que requiere el pueblo mexicano para que goce efectivamente del derecho a la salud que esta soberanía elevó a rango constitucional.
No hay ninguna justificación para mantener la situación que ha prevalecido hasta hoy en estos dos renglones, sería muy peligroso, y nosotros diríamos, hasta criminal, que la alimentación y la salud de los mexicanos estuviera en manos de empresas trasnacionales o de intereses foráneos, conocidos por su voracidad, sin ningún interés por satisfacer las necesidades del pueblo. Nos preocupa también que el gasto público se oriente hacia el logro de nuestra independencia tecnológica, lo que significa formar los cuadros de la técnica y de la ciencia que requiere el desarrollo económico del país. Sería importante saber, no sólo para esta representación nacional, sino para el pueblo de México, si existe alguna modificación importante ene esta materia, en relación con el Presupuesto de 1984.
Por otra parte, el desarrollo deformado de nuestro país, que ha experimentado en los últimos años haciendo que el campo financiara por mucho tiempo a la ciudad, llevó a la zonas rurales de nuestro país pobreza y en muchos casos hambre. Nosotros consideramos que es urgente que los recursos que el Gobierno Federal administra se canalicen en importantes volumen a la satisfacción de las necesidades de la población campesina.
En fin, señor secretario, en nuestra opinión, el gasto público en lugar de disminuir deba incrementarse, por que representa un importante factor de impulso al desarrollo económico en general, debe orientarse esencialmente al logro de los objetivos: Primero, redistribuir con sentido equitativo la riqueza social, y de esa manera mejorar las condiciones sociales de la vida de los mexicanos; Segundo, debe orientarse al fortalecimiento y acrecentamiento de la independencia económica nacional, como condición para avanzar hacia formas de organización social, a las que tendremos que arribar necesariamente, a pesar de los obstáculos internos u externos que pongan las fuerzas antipopulares.
Le agradezco de antemano los comentarios que usted haga a la reflexión que por mi conducto hace ante esta soberanía la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari - Señor diputado Reyes Contreras: Hace ya casi dos años, en el país se inició una política clara, definida y sin titubeos, para vencer la crisis y al mismo tiempo para restaurar las condiciones de un desarrollo diferente, que el ajuste actual hacía inevitables. Ello ha supuesto sacrificios importantes, pero la política ha permitido que ya empiecen a producirse resultados.
El programa de reordenación económica y de cambio estructural que el Presidente Miguel de la Madrid lleva a cabo, es una respuesta eficaz contra la crisis y además para evitar su recurrencia.
De ahí la importancia de los cambios estructurales en el Plan Nacional de Desarrollo, en su estrategia, en sus programas específicos se enfatiza y que ya están en marcha. El Plan claramente señala que existen seis áreas fundamentales para el cambio estructural o cambios cualitativos, que requieren nuestro desarrollo.
En primer lugar, mejorar la distribución del ingreso, como un requisito indispensable de justicia, pero también de sustento para nuestro crecimiento económico.
En segundo lugar, cambiar de raíz la manera como producimos, comercializamos y trasformamos nuestros productos en el campo y en la ciudad. Necesitamos aumentar nuestra eficiencia, incorporarnos a la nueva revolución tecnológica que se está llevando a cabo en el mundo y que está dejando como obsoletas tecnologías y maneras de producir o distribuir, como hace sólo unos cuantos años parecían de gran avanzada.
Tercer elemento fundamental del cambio estructural, está en la necesidad de fortalecer el ahorro interno, como elemento fundamental para el financiamiento del desarrollo. Esa es la esencia del Programa Nacional del Financiamiento del Desarrollo y esa e la parte sustantiva del programa que alienta la estrategia presupuestal de saneamiento de finanzas públicas, desde 1982 y que se mantiene para 1985.
Se requiere, asimismo, como elemento fundamental de cambio estructural, equilibrar a lo largo del país la distribución de las actividades productivas. México ya es un mosaico de gran densidad social, económica y política a lo largo de todos los estados: Tenemos una gran riqueza en cada uno de los estados de la República, en sus municipios, en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades. Requerimos, en consecuencia, fortalecer este proceso de descentralización de la vida nacional y enfatizarlo en las acciones, particularmente, del Sector Público.
El quinto elemento del cambio estructural reside en aprovechar el gran potencial que tiene México como país. Si revisamos las estadísticas
que ubican a las naciones en comparación con otras en el concierto mundial, México, permanentemente, está entre las 10 o 15 primeras del mundo; por su tamaño, por su población que es, sin duda, su recurso más importante, por los naturales que también ocupa una posición privilegiada, por lo que los gobiernos de la Revolución han construido en la infraestructura de comunicación, de salud, de educación, de producción. Tenemos, en consecuencia, un gran potencial que exige ser puesto en acción para beneficio de todos los mexicanos.
Y como cambio estructural de fondo, igualmente está el de enfatizar la responsabilidad de rectoría que tiene el Estado en desarrollo económico, con nuestro sistema de economía mixta, en el cual los particulares, a través de los sectores Social y Privado, ejercen una activa participación para contribuir al desarrollo del país. Son éstos los cambios estructurales de fondo que el Plan Nacional de Desarrollo se propone y están en ejecución. La política de reordenación no se ha propuesto ha enfatizar lo económico sobre lo social, o descuidar los cambios estructurales por vencer los problemas conyunturales, de haberlo hecho así, estaríamos en riesgo de que al vencer los problemas del momento, pudieran volver a reaparecer las causas que motivaron la crisis. Por eso se atacan de fondo cambios estructurales que ya ha precisado el Plan Nacional de Desarrollo y que están en ejecución. Son cambios que para llevarse a cabo requieren, sin duda, de la conducción y orientación del Estado, pero de la activa y solidaria participación de toda la sociedad. Es la solidaridad que ya hemos visto de parte de toda la Nación en el combate de la crisis, así como lo hemos visto en el combate a la crisis, un ejemplo también está en solidaridad ente la tragedia reciente que vivimos los mexicanos. Somos un pueblo una gran convicción para ser solidarios sumar su esfuerzo cuando la tragedia se abate sobre sus semejantes. Lo hicimos en el caso de San Juan, lo hemos hecho en la crisis, y la política del Gobierno hará ver que en el abatamiento definitivo de la crisis se conserve la solidaridad y contribuyan todos los sectores sociales a vencer la crisis, y también los que menos tienen, a beneficiarse en mayor medida de los avances que vayamos logrando.
Efectivamente, diputado Reyes Contreras, es la crisis la que provoca una concentración de la riqueza del país, por contra, es la política del Gobierno de la República la que ha evitado que esta concentración se agudice, y al mismo tiempo , al enfatizar los programas de contenido eminentemente social, permite que se fortalezcan los ingresos de los grupos mayoritarios.
La política económica se orienta de manera destacada, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación ello se observa, apoyar a los grupos obreros, campesinos y populares. En el año de 1984, el Gobierno de la República anunció programas importantes de apoyo al sector campesino, al sector obrero, al sector popular. En 1985, los programas comprendidos en el Presupuesto de Egresos, de beneficio para el sector campesino, importan una suma de 2 billones 700 millones de pesos, 50% por arriba de los canalizados en el año de 1984. Aquellos que serán de beneficio para el sector obrero crecerán en 61% y demandarán recursos del presupuesto por alrededor de un billón 800 mil millones de pesos, y los de beneficio para los sectores populares del país tendrán un incremento de 58%, ascendiendo al rededor de 2 billones de pesos.
Las cifras presupuestales, los programas contenidos en el Presupuesto, las acciones en general del Gobierno de la República tienen está marca decididamente social para atención a los consumos mayoritarios.
En materia de subsidios se ha venido haciendo una revisión a fondo de los mismos. De lo que se trata con los subsidios es que beneficien a los consumos de los grupos mayoritarios y permitan ingresos suficientes a los productores del campo. Este año se canalizarán subsidios por alrededor de 375 mil millones de pesos. Ya Conasupo está haciendo una revisión a fondo de su participación en materia de subsidios con objeto de enfatizar su selectividad para que atiendan efectivamente consumos mayoritarios, su trasparencia para eliminar confusión imprecisión y evitar que el subsidio incremente utilidades de unos cuantos y no beneficie al consumo de la mayoría; su eficiencia para que con menos recursos podamos ampliar la cobertura de dichos subsidios, y su temporalidad y condicionalidad, para lograr que efectivamente alcance las metas propuestas y no necesariamente permanezcan indefinidamente sin lograr los resultados que se habían señalado.
La política de subsidios, la política de apoyo a la producción en el campo con recursos sustancialmente incrementados, permitirá, y permítanmelo reiterar, que el año que entra volvamos a disminuir la importación de alimentos: Un millón menos de toneladas importaremos en 1985 respecto de lo que vamos a importar en 1984, ello es posible porque vamos a incrementar la producción de granos básicos en casi 3% en términos reales el año próximo, logrando una producción de alrededor de 20 millones de toneladas, en trigo y frijol se ha llegado a la autosuficiencia, y en maíz ésta es creciente. Las acciones decididas de apoyo a los productores temporaleros que el Presupuesto de los Egresos contempla para 1985, permitirán avanzar en la dirección de autosuficiencia de maíz y de mantener lo que hemos logrado en trigo y frijol.
Efectivamente, señor diputado, necesitamos fortalecer nuestra investigación tecnológicas. Esta nueva revolución tecnológica que se da en el mundo, demanda que en México actuemos en forma más activa para alertar la investigación y el desarrollo de nuevas manera de producir y, al mismo tiempo, acelerar su encadenamiento con el proceso productivo. Los recursos para CONACYT en 1985 crecen sustancialmente respecto a este año, la parte de becas se incrementa efectivamente,
pero la parte más importante del presupuesto de CONACYT, que tendrá crecimiento el año próximo, diputado Reyes Contreras, es la relativa a esa vinculación que debe de existir entre la investigación y el proceso productivo. Varios programas tiene ya en acción CONACYT, que nos permitirán dar paso concreto en esta materia.
Por lo que hace a sustitución de importaciones, en la rama químico - farmacéutica y en la metal - mecánica, se han logrado ya tecnologías generadas en nuestro país que posibilitan dejar de importar 3 mil partes de estos procesos productivos, que antes venían importándose. También CONACYT tiene un programa de apoyo al propio Sector Público y a los sectores Social y Privado.
En materia de producción agropecuaria, para el desarrollo de nuevas semillas y de nuevas tecnologías en el campo; para la producción de energéticos, en el sector de salud igualmente, para el sector social, se están desarrollando esquemas de organización y adopción de tecnologías para el mantenimiento de equipo, para lograr una mayor productividad en el existente y, sobre todo, para el mejor manejo de los recursos no renovables en el campo.
Igualmente con el sector Privado, se han hecho programas con diversas cámaras y asociaciones que nos permiten una sustitución eficiente de importaciones con tecnología generada ya en el país. Hay fomento a la gestación tecnológica, integrando sus sistemas de producción con investigación en el país y acciones de riesgo compartido que permitirán el financiamiento a 44 proyectos, con un monto superior a los mil millones de pesos.
Es así como los apoyos al desarrollo científico y tecnológico previstos en el presupuesto, se incrementan más del 55% y permitirán, precisamente, que en la revolución tecnológica que vive hoy el mundo, México no se quede a la zaga. CONACYT tendrá un papel fundamental que desempeñar en esta actividad, así como el programa que la Secretaría de Educación Pública tiene ya instrumentado en los institutos de la investigación superior.
Son, diputado Reyes Contreras, estos los elementos, las acciones concretas que permiten que la acción presupuestal fortalezca nuestra independencia. Nos hace más fuertes en la medida que producimos más internamente lo que aquí demandamos, que avanzamos en nuestro desarrollo tecnológico y científico; que fortalecemos la calidad de los servicios básicos para que el mexicano tenga la capacidad transformadora de su entorno, como en los de salud y los de educación.
Estos serían, diputado Reyes Contreras, mis comentarios a su pregunta.
El C. Presidente:- En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Víctor Manuel Torres Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Víctor Manuel Torres Ramírez:- Muchas gracias, Señor Presidente. Señor Secretario: La política económica y su renglón de gasto público en el presente régimen, muestra una tendencia, que partiendo de medidas drásticas, pero necesarias, de ordenamiento económico, se continúa en el propósito de auspiciar el cambios cualitativos que resten vulnerabilidad al sistema e impulsen una mejoría real en el nivel de vida de la población.
Si en algún sector es imperativo, y fundamental promover esos cambios, éste resulta ser, sin duda alguna, el sector rural. Observamos mejoría relativa en el papel y en el peso específico, que representa el gasto público dedicado a las actividades agropecuarias; pero más que la importancia cualitativa que pudiera significar esta reasignación de recursos, nos preocupa establecer hoy, con la mayor precisión posible, cuales son las modificaciones que habrá de hacerse para cambiar, en favor del sector agropecuario, las injustas relaciones económicas que todavía predominan.
Esta inequidad puede analizarse siguiendo la misma ruta temática que ofrece el presupuesto. Si hablamos de gasto social, que comprende vivienda, educación, salud y seguridad social, quisiéramos saber cuánto de este gasto estaría destinado a las comunidades rurales, partiendo de que pensamos que el criterio para distinguir lo urbano de lo rural, no debe ser una simple cifra estadística, relativa al monto de la población. Consideramos que para que el gasto social llegue efectivamente al medio rural, los criterios de asignación han de ser preferentemente cualitativos y estar referidos a las demandas clasistas de los campesinos.
De igual manera, si hablamos de un aprovechamiento pleno del potencial productivo y de apoyar la mejor integración del sector agropecuario con la planta industrial. ¿cuáles serían los términos de intercambio más justos que harían un posible que siga valiendo la pena la producción de insumos par la industria?
En lo relativo a los esfuerzos por incrementar la productividad, ¿cuáles deberían de ser los criterios que permitan mantener una proporción razonable en la producción de las áreas de riego y estimular, a la vez, la producción de las zonas temporaleras?
Si nos referimos al crédito y al seguro, independientemente de las cifras cuya autorización se solicita, también nos interesa la asignación o regiones y productos y, lo que es más importante, por forma de organización. Advierto que al dar respuesta a la intervención del diputado Pérez Gaytán, usted adelantó algunos elementos que podrían satisfacer en parte las anteriores interrogaciones. Sin embargo, queden, pues, si usted fuera tan amable de abundar al respecto.
Por otra parte, se proponen cantidades de magnitud considerable como apoyo presupuestal
a las empresas paraestatales de carácter forestal. Nos preguntamos si estos apoyos se corresponde con una política de participación directa de los campesinos en el aprovechamiento de sus propios recursos forestales.
Sabemos que las sumas presupuestales aplicables a los subsidios, fundamentalmente a la zonas urbanas, son cuantiosas.
Por lo que se refiere a la Conasupo, nos sigue preocupando que el subsidio opere como un mecanismo de apoyo al consumidor, pero que no apoye al productor. Otro tanto podemos decir de todos los sistemas de trasferencia de recursos que están diseñados para favorecer mayoritariamente a la población urbana.
Señor secretario: Esta relación de interrogantes no pretende ser exhaustiva ni constituir un reproche al estado revolucionario. Nuestro propósito es cuestionar las reglas del juego que han operado en forma adversa al medio rural y cuya efectividad se muestra en la desfavorable correlación de fuerzas que prevalece en nuestra sociedad civil.
Precisamente porque reconocemos que los campesinos y el Gobierno mantienen una alianza franca y firme, históricamente fundada, si me permite utilizar su atinada expresión al referirse a los obreros, se que planteamos ante el responsable de la programación estas inquietudes. Lo hacemos convencidos de que más allá de alcance cualitativo de los presupuestos, cuente la voluntad política de transformar las injustas condiciones que han hecho del sector rural un tributario de la sociedad urbano - industrial, tal como se recoge y se plasma en la exposición de motivos de la iniciativa que se nos propone.
Por su atención muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari:- Diputado Víctor Manuel Torres Ramírez: Es necesario reiterar que no puede haber un desarrollo integrado en nuestro país si no hacemos que el sector agropecuario se vuelva más vigoroso y más productivo, y que a la vez que incrementa su producción logre condiciones de vida mejores para los habitantes de campo.
En la estrategia del desarrollo, la atención al campo obtiene una prioridad fundamental, tanto por razones de justicia como por razones de producción; no es, por ello fortuito, que le Presidente de la República, a finales de '82, enviara una iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional, con objeto de incorporar en este artículo fundamental de nuestra Carta Magna, la necesidad de promover un desarrollo rural integral y de lograr una justicia expedida en el campo.
Este propósito constitucional tiene un reflejo concreto en el Presupuesto de Egresos de 1985. Como mencionaba hace unos momentos los recurso que en total a través de las diferentes dependencias del Sector Público se canalizarán al campo, ascenderán a más de dos billones 700 mil millones de pesos; dentro de ellos, para el apoyo a la producción en materia de granos básicos, se busca incrementar en 120 mil las hectáreas del área de temporal y en 98 mil las de riego generando alrededor de cuatro millones de toneladas de fertilizantes y 213 mil toneladas de semillas mejoradas. Hay una acción presupuestal directa, que permite generar los insumos que los campesinos requerirán en el año de '85 para incrementar la producción de alimentos.
En materia de financiamiento y seguro agrícola, se destinará alrededor de un billón cien mil millones de pesos a créditos refaccionarios, para apoyar alrededor de diez millones de hectáreas y tres y medio millones de cabezas de ganado, asegurando estas diez y medio millones de hectáreas.
En materia de organización, se cumple con el objetivo de retener el ahorro, al diversificar las actividades agropecuarias y enfatizar el beneficio de los productores en las estrategias de aumento de la producción. No puede pretenderse que el mero hecho de aumentar la producción en el campo trae un beneficio automático por los campesinos ; requerimos que al mismo tiempo que se incrementa la producción, ésta se logre con mayor derrama de recursos y de ingresos para los campesinos que participan en la producción incrementada. Por ello, es la atención prioritaria que se le da a las áreas de temporal, sin desanidar las áreas de riego; son los gobiernos de la Revolución los que han creado las zonas de riego de este país y es la obligación de este gobierno conservarlas y ampliarlas; pero, reitero, la mayoría de los campesinos de México viven en áreas de temporal , y por ello el Presupuesto de Egresos le da gran prioridad al desarrollo de estos distritos de temporal y a las formas de organización campesina.
Se cubrirá en materia de regularización de la tenencia de la tierra alrededor de 200 mil predios que abarcan 38 millones de hectáreas en el país; pero hay también acciones de salud que el Presupuesto de Egresos tiene contempladas para beneficios de los habitantes del campo; los programas de IMSS - Coplamar llegarán a una cobertura de 14 millones, con atención especial a las zonas más deprimidas, como son las de las montañas de Guerrero o de la frontera sur.
En materia educativa igualmente, los recursos canalizados a educación preescolar y básica, bilingüe y bicultural, permitirán que con estos recursos se capacite a cerca de 700 mil productores de la zona agropecuaria.
Son estas acciones concretas del Presupuesto de Egresos para 1985, que reflejan en los hechos el compromiso político e ideológico que la administración del Presidente De la Madrid tiene con los habitantes del campo. Es un reflejo de la convicción de que no puede haber un desarrollo desequilibrado; tenemos que caminar con solidez sobre nuestras dos piernas: La del campo y la de la producción industrial, y en esta medida, el avance del país será sobre bases sanas, sostenidas y permanentes.
Preguntaba usted de la modificación de la relación de intercambio entre el campo y la ciudad. Tradicionalmente se sostenía que había
que alentar el crecimiento de un país logrando precios relativos más bajos en el campo, para subsidiar a las ciudades; que los trabajadores del campo se prepararan y se capacitaran allá y posteriormente emigraran a las ciudades para que contribuyeran al proceso de industrialización; que el mercado ensanchado en el área rural adquiriera insumos de las áreas urbanas y que el sector agropecuario generara un excedente de exportación para dar divisas al proceso de industrialización.
Este esquema tradicional de desarrollo económico no se aplica en nuestro país, somos un país de desarrollo intermedio de nivel mundial; en México tenemos que darle atención prioritaria al campo para que pueda, en consecuencia, sostener un crecimiento equilibrado. Por ello, ya no se seguirá con una política en la cual los precios del campo aumentan menos que en la ciudad y en consecuencia se extraiga un excedente de los habitantes del campo para beneficio de los urbanos.
Los precios de garantía han crecido, de octubre de '82 a octubre de '84, en casi 300%, y por primera vez una administración revisa los precios de garantía, precios a la siembra, con posterioridad a la cosecha, con lo que se permite al campesino productor un ingreso adicional.
Este es un cambio fundamental de política, que está permitiendo fortalecer los ingresos de los productores del campo de una manera permanente y sostenida.
En materia forestal, los proyectos que se tienen contemplados en el Presupuesto permitirán, precisamente, alertar la participación de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que tienen zonas boscosas en sus áreas de propiedad, y que en consecuencia, debe de darse una explotación racional de las mismas con la reforestación requerida y que derive en un ingreso permanente para las comunidades.
Los programas de reforestación serán una prioridad en el programa de '85, porque a la vez que generan un ingreso a los que participan en el mismo, permiten que haya una fuente productiva de recursos permanentes por los campesinos que tienen sus predios beneficiados por el mismo. Son éstas, diputados Torres Ramírez, acciones concretas del Gobierno de la República, que yo reitero, muestran que las palabras y las tesis tienen un sustento en los hechos. Y en el caso del Presupuesto de 1985, la prioridad social se refleja en la atención que se dará en forma incrementada para beneficios de los habitantes del campo. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar:- Señor secretario de Programación y Presupuesto: Al examinar, aunque sea por ahora brevemente, el proyecto de Presupuesto de la Federación, encontramos algunas contradicciones y algunas inconsecuencias entre los objetivos que se plasman en el documento y algunas medidas o asignaciones presupuestales que me voy a permitir señalar a continuación:
En primer lugar, se señala que para el año próximo un abatimiento de la inflación hasta del 35%, afirmando que será porcentualmente 20% más bajan que el año actual.
Si nosotros recordamos la comparecencia del año pasado, y los datos parciales que usted ha dado y los que seguramente estarán disponibles en diciembre, veremos que el Gobierno Federal planteó una tasa inflacionaria del 40% para el presente año. Pero es evidente que la tasa inflacionaria llegará, no al 55%, sino al 65%. Es decir, hubo un cálculo erróneo, producto de distintas apreciaciones subjetivas del comportamiento que tenía la economía el año pasado. Naturalmente que siendo la economía una ciencia y siendo la sociedad una comunidad sujeta a leyes sociales y naturales, es muy difícil prever con exactitud el comportamiento de estos fenómenos; pero sí conviene ser más precavidos a la hora de plantear objetivos que después no se van a lograr por muchas razones.
Mientras usted afirma que el propósito es continuar abatiendo la inflación, otro secreto de Estado, el secretario de Comercio, anunció en el Senado de la República nuevos aumentos de precios a partir del mes de enero del año próximo, y otro secretario de Estado, mejor dicho, de Derecho, el licenciado Labastida, anunció en la ciudad de León, Guanajuato, aumentos a los precios de las tarifas y de los bienes que proporciona el Sector Público.
No comprendemos cómo una parte del Estado anuncia el control y el abatimiento de la inflación, otro sector del mismo Estado, del mismo Gobierno anuncia aumentos de precios de distinto tipo, desde luego sin tomar en cuenta que el año próximo será un año de carácter electoral, y que, como es lógico entenderlo, los incrementos de precios, además del costo social que tiene tendrán un evidente costo político.
El otro objetivo que se plantea, el programa de presupuesto, es el de aumentar el salario real. El solo hecho de plantearse así este asunto, indica un reconocimiento por parte del Gobierno de que sólo ha habido aumentos formales o aumentos monetarios al salario real, pero en realidad ni siquiera ha habido aumentos estrictamente monetarios que correspondan por lo menos a los porcentajes que de aumento de precios establece el Banco de México: Todos los incrementos salariales de este año han sido menores a la tasa inflacionaria que el gobierno informa existe, es decir, ni siquiera se ha recuperado o equiparado el salario con la pérdida objetiva de la capacidad de compra.
En consecuencia, plantearse para el año próximo un aumento en el salario real supondría varias premisas que a nuestro juicio se salen del contexto del presupuesto. Una
de ellas sería una reactivación importante del mercado interno, que francamente no vemos, que no vislumbramos, en virtud, por un lado, del abatimiento de la inversión del Estado, y por el otro de la disminución de la inversión privada.
¿Cómo lograr que el mercado nacional se active, se fortalezca, si la inversión privada no está a la altura de la inversión pública, si se ha dejado la reactivación de la economía al gasto público? En lo fundamental, nos parece que en gran parte el programa de apoyo a la planta productiva -y discutimos esto aquí el año pasado - por medio del cual el sector se comprometía a aumentar sustancialmente su inversión no se ha cumplido. El hecho es que la inversión de los particulares continúa creciendo muy lentamente, según lo revelan los indicadores que usted nos ha proporcionado, como es el caso de la industria de la construcción, que era una de las ramas más dinámicas de la economía, y que ahora tiene un crecimiento sumamente bajo.
Esta situación nos lleva a nosotros a comentar el otro punto de los objetivos: El crecimiento de la producción nacional entre un 3 y un 4%. El año pasado se anunció un crecimiento del 1%, lo que significaba remontar el descenso o la caída de la producción a ligeros repuntes de actividad económica. Habíamos caído a menos cero en caso todas ramas industriales, y el Gobierno se planteaba por lo menos crecer al modestísimo 1%. Hasta ahora no sabemos en datos oficiales si se alcanzó este crecimiento del 1% o no se alcanzó, porque plantearse ahora como objetivo un crecimiento del 3 al 4%, supondría, a nuestro juicio, un volumen de gasto público superior al que nos presenta el Poder Ejecutivo. El año pasado señalábamos que con el monto del presupuesto anterior no podría alcanzarse la reanimación de la actividad económica. Esperamos confirmar o rectificar esta afirmación; pero para crecer al 4% se requiere un gasto público mayor al que hoy nos ha presentado, que apenas crece al 36%, es decir, a un porcentaje menor a la inflación que habrá este año.
Esto quiere decir, muy concretamente, que este puesto estaría ya erosionado para el 31 de diciembre de este año, en que cerraríamos, con un 65% de inflación, y por lo tanto ya el presupuesto estaría mermado en sus magnitudes.
Esto nos indica la tremenda dificultad que hay para poder programar y para poder planear en un estado inflacionario como en el que vivimos, en donde casi todos los planes finalmente fracasan, por la inflación es un obstáculo para su cumplimiento.
Pero nos importa la inversión pública, y según los documentos que hemos leído apenas aumentará en términos reales el 3% y tendrá más o menos las mismas prioridades del año pasado, con la salvedad de un crecimiento importante en el renglón de los energéticos, que no tenía el año pasado. Al parecer, en el Gobierno existió la convicción de que el sector energético había sido demasiado cargado de recursos por el Estado, había sido demasiado protegido con inversiones y se cambiaba esa énfasis hacia otras ramas económicas.
Pero en ese cambio de prioridades, a nuestro juicio, se cometió un grave error, en el que se insiste en este presupuesto. Al cambiar a las prioridades energéticas, se instaló en segundo término, en un concepto secundario, la inversión en las actividades industriales, para enfatizar en la salud, en la vivienda, en la educación y en la protección al empleo.
Desde luego que no podemos estar en contra de que el Estado atienda estas ramas económicas, pero nosotros le preguntamos a usted, ¿como podrá crecer la economía nacional al 3 y al 4%, si la actividad industrial permanece relegada a un plano secundario en el presupuesto?, ¿cómo va a poder crecer la economía si se invierte en renglones no estrictamente productivos? Esto nos lleva a una opinión y a una conclusión: Que el presupuesto de este año está diseñado sobre todo para paliar, para disminuir los efectos más trágicos de la crisis económica, el efecto del desempleo y el efecto de la caída de los niveles de vida de la mayoría de la población. Es decir, es un presupuesto que se instala a la defensiva en el marco de la crisis y que francamente nosotros no vemos los cambios estructurados que se considera están implícitos en el presupuesto.
Veamos los cambios coyunturales, veamos las modificaciones de momento, pero las causas estructurales de la crisis, si bien es cierto que se han combatido, siguen, a nuestro juicio, persistiendo y siguen en forma latente. En este cuadro defensivo nos preocupa a nosotros la escasa asignación que de recursos de inversión se destinan a la empresas públicas. Prácticamente se les deja a sus propios recursos, a que se desarrollen con su propios ingresos. Y eso ha motivado la llamada reestructuración del sector paraestatal de la economía; el Estado se desatiende de las empresas fundamentales del país, canaliza más recursos a los sectores de tipo social y deja a empresas como Petróleos Mexicanos, como Sidermex, Fertimex, a las industrias de bienes de capital, que son las industrias que están en manos del Estado en un pleno secundario en el marco del presupuesto nacional. Por lo tanto, señor secretario, nosotros vemos que este presupuesto es en gran medida similar a al anterior, y que probablemente se espere una modificación sustancial al presupuesto hasta el año próximo, en que ya la economía, suponemos, lo queremos así, tendrá una reanimación más importante, pero no vemos nosotros ninguna reforma de tipo estructural en la economía nacional. Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari:- Diputado Ramírez Cuéllar: Un combate eficaz a la crisis tiene como precondición la definición de una política consistente para enfrentarla.
Además, por supuesto, la voluntad política para llevar a cabo esta estrategia combate a la crisis, la capacidad de comunicar y explicar las acciones que la estrategia incluye, para sumar la convicción o el convencimiento de la comunidad sobre la necesidad de las mismas. Esos elementos generales que conforman la política de desarrollo, de la administración del Presidente De la Madrid, exigen tener un presupuesto consistente y, además, ubicado dentro de la estrategia general que se ha definido.
No hay contradicción entre los objetivos económicos generales que se proponen para 1985 y las asignaciones específicas que consigna el presupuesto para el próximo año.
En materia de inflación, yo reitero lo señalado en la respuesta a la pregunta inicial. La meta de inflación para 1984 se fijó bajo condiciones de incertidumbre externa, todavía de alta inestabilidad económica interna. Era, además, necesario imponerse una meta ambiciosa en materia de inflación con objeto de obligar a todos los instrumentos de la política de desarrollo a coadyuvar, no sólo a detener la bola hiperinflacionaria que había amenazado al país a fines de 1982 y principios de 1983, sino de lograr su franca y clara declinación.
Pero sólo la meta de inflación no se cumplió. En materia de la meta de crecimiento de la economía, la de 1%, que por cierto no era modesta si tomamos en consideración que se proponía frente a la elevada recesión que vivió el país desde fines de 1982 y durante 1983, esta meta ambiciosa de ya no caer más, e incluso lograr una ligera recuperación en el año de 1984, será rebasada. La economía mexicana crecerá este año en alrededor de 2% en términos reales.
Ya las cifras muestran que vamos francamente en esta dirección. En el periodo enero septiembre, la información disponible muestra que el sector industrial creció en 2% en términos reales; dentro de ellos, la industria eléctrica tuvo un dinamismo equivalente al 7% real; la de la construcción, que había sido tal vez la más afectada por la propia crisis, tuvo un incremento positivo de 2%, y la de manufacturas, la otra rama igualmente efectuada con severidad por la crisis, ha tenido ya un incremento positivo de más de 1.5%.
En materia de las metas en el sector externo, también rebasamos los propósitos que habíamos establecido para el año de 1984. Hemos fortalecido en mayor medida las reservas internacionales del Banco de México, gracias al notable superávit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, superá vit que se debe, no a una contracción de las importaciones, como se dio en 1983, sino que ya en 1984 la planta nacional está produciendo más, y en consecuencia requiere mayores importaciones; pero a pesar de que hemos importado más, las exportaciones diferentes del petróleo han crecido también, con lo que hemos logrado un notable superávit en la balanza de mercancía. Y en servicios, hemos podido cubrir el pago de intereses con este superávit, y además fortalecernos en el de renglón de servicios turísticos. Así que en materia del sector externo también rebasamos nuestras previsiones.
Y en el déficit de las finanzas públicas, considerando la reserva que esta honorable Cámara autorizó para ser ejercida si las condiciones económicas así lo permitían, vamos a cumplir con lo que habíamos señalado.
Hoy, para fijar las metas de 1985, tenemos mayor certidumbre y, en consecuencia, podemos hacer estimaciones más precisas. Una cifra exacta de inflación difícil darla; incluso, como usted lo muestra, para dentro de 30 días usted señala que correremos con el 65% de inflación; difícil que así suceda, cuando hasta octubre llevábamos acumulados 47 puntos. Pero vea usted que incluso para 30 días cuesta trabajo dar una estimación de inflación, y sin embargo las condiciones de mayor fortaleza interna en la economía, de mayor control sobre el proceso inflacionario, permiten que establezcamos con mayor certidumbre una meta para el año de 1985, y por eso no hemos propuesto una de 35%, que representaría una disminución, en términos proporcionales, mayor a la que hemos logrado este año.
Pero lo más importante es que vamos, en la materia de metas, en la dirección que nos hemos propuesto. La inflación va hacia abajo; bien decía usted con razón, diputado Ramírez Cuéllar, que los precios crecen, efectivamente, el Gobierno de la República no ha dicho que los precios no crezcan, todos sabemos que crecen porque cotidianamente vivimos este fenómeno terco de la inflación persistente, lo que el Gobierno de la República afirma de manera congruente entre todos los servidores públicos, es que la inflación cada vez crece menos, y el propósito para 1985, como lo muestra el avance de 1984, es que los precios crecerán en una menor proporción que lo hicieron en este año.
Cuando los diversos servidores públicos mencionamos que todavía habrá modificaciones de precios, no estamos yendo en contra del propósito de abatir la inflación, necesitamos mantener los ingresos públicos para poder financiar los programas de gasto fundamentales, pero lo que decidimos es que estos incrementos serán más moderados y que contribuirá a seguir abatiendo la tasa inflacionaria.
En materia de recuperación, también vamos en la dirección señalada por los planes y programas del Gobierno de la República; proponemos crecer entre 3 y 4% el año próximo, meta también ambiciosa, dado que la crisis persiste en cuanto que la inflación todavía está presente y el nivel de bienestar de las mayorías todavía no se recupera; pero vamos en la dirección de la meta de sostener el crecimiento económico y generar empleos permanentes; vamos también en la meta de continuar el saneamiento de las finanzas públicas, nos proponemos abatir el déficit del próximo año en una proporción mayor de lo que lo abatiremos este año, para llegar a alrededor del 5% del producto nacional, un paso adelante en el saneamiento de las finanzas
públicas. Vamos adelante en el fortalecimiento del sector externo y nuestras cuentas en la abalanza de pago y, sin lugar a duda, en las reservas del banco central, que si bien en las cuentas tradicionales, equivalen ahora a más de ocho meses de importaciones, por los elevados servicios que la deuda representa, tener una reserva fortalecida que nos permita enfrentar en un mercado de capitales externos tan reducidos y apretado, nuestras obligaciones en materia de servicio de la deuda; pero vamos y estamos en la dirección de un fortalecimiento sustancial de las reservas del país. Y lo más importante, es que el año de 1984, al haberse evitado una caída en el salario real, como la que provocó la crisis en 1983, y al proponerse ya la reversión de ese proceso, muestra que también en este campo estamos en la dirección de fortalecer las condiciones de las mayorías nacionales.
Lo que cuentan es lo que hacemos nosotros, los resultados que tiene para nuestra población; si damos comparaciones internacionales, no es con el ánimo de demostrar que en otras latitudes no se hace lo que se dice que se va a hacer, que los resultados que obtienen son los contrarios a los que anuncian; no cuando mostramos esos ejemplos de esas otras economías similares a la nuestra, o incluso en condiciones mejores que la mexicana, donde las metas que se anuncian no sólo no se cumplen, sino se va en la dirección contraria, no es para destacar el esfuerzo interno, que finalmente lo que cuesta para los mexicanos es lo que vivimos cotidianamente nosotros, no es solamente para destacar que en México vamos en dirección de las metas que se ha propuesto la administración del Presidente De la Madrid, vamos a alcanzar el control de la inflación, su abatimiento y la recuperación de la economía.
En materia del fortalecimiento del mercado interno, diputado Ramírez Cuéllar, precisamente el crecimiento de la inversión pública en términos reales en 1984, frente a la drástica caída que sufrió en 1983, y el modestísimo incremento que observará en este año, es un elemento de fortalecimiento del mercado interno.
La recuperación de la inversión privada que ya se observa, por los indicadores de importaciones de maquinaria y de equipo que el Sector Privado ha venido realizando en más de 25%, supera a los del año pasado, así como la mayor demanda por crédito que el Sector Privado ha hecho y que se eleva en más de 5% respecto al año pasado en términos reales, nuestro otro elemento adicional de fortalecimiento del mercado interno. Y en la medida en que se logre un salario real positivo en 1985, como el que la economía está en condiciones de dar y que el Gobierno mexicano, por la responsabilidad tutelar que tiene de los derechos de los obreros verá que efectivamente así se dé, permite aumentar también el consumo privado y, en consecuencia, fortalecer el mercado interno. Así que sí hay una fortaleza al mercado interno, que apoyará el crecimiento esperado para 1985.
Vamos ha crecer entre 3 y 4% entre 1985; pero más que las cifras, lo importante es que la economía mexicana no sufrirá una recaída, que se está actuando por el lado de la inversión pública, por el apoyo a la inversión privada y del Sector Social, por el fortalecimiento del salario real, a que existan las condiciones que permitan soportar sobre basas sanas, sin sobrecalentar la economía, la recuperación que estamos viviendo. Es compatible un crecimiento real de la economía, con seguir abatiendo la inflación, porque estamos financiando el déficit, cada vez de mayor proporción, frente al producto con recursos no inflacionarios, y porque los sectores Privado y Social cuenta con recursos en el sistema bancario nacionalizado para apoyar esos programas de expansión. ¿Quién va a ser el líder en la recuperación de 1985? Son varios los motores. La inversión pública es uno de ellos, la inversión privada es otro. La mejoría en el salario real y, en consecuencia con el consumo generalizado es otro; el jalón de las exportaciones, que tendrá que darse en una prioridad renovada para aprovechar los mercados internacionales a pesar de la políticas proteccionistas y, en consecuencia, obtener divisas adicionales a las exportaciones de petróleo, será otro elemento que apoye la recuperación. En este proceso, la inversión del Sector Público tienen un carácter orientador y va a las áreas estratégicas; pero es la suma de todos los otros factores lo que permitirá tanto la inversión pública como la inversión privada, la parte que corresponde al Sector Social y el consumo mayoritario del país, así como con las exportaciones, lo que sostendrá el proceso sano de recuperación gradual, pero que ya rebasará de la población, para 1985.
No está el Estado, señor diputado Ramírez Cuéllar, en esa estrategia desatendiendo a las industrias estratégicas que, por mandato constitucional, tiene bajo su responsabilidad. Cuando hablamos de sectores prioritarios es porque son aquellos en los cuales se da énfasis. Los recursos que tenemos no son ilimitados; tiene que asignarse entre prioridades; no podemos hacer de todo una prioridad, por que entonces, por definición, no las habría.
Ante los limitados recursos que tenemos y ante la voluntad decidida del Gobierno de la República de no recurrir a financiamiento inflacionario, se ha establecido una prioridad social en el presupuesto; por eso los renglones de educación, salud, campo, infraestructura, crecen más que los demás. Pero ello no quiere decir que no se atiendan obras básicas en las industrias estratégicas del país.
En el caso de Petróleos Mexicanos, continuará la segunda etapa de la refinería de Tula, así como la de Salina Cruz, Oaxaca; las plantas en construcción en Cadereyta, Nuevo León y en Minatitlán, Veracruz; el complejo petroquímico de La Cangrejera; el relativo al Morelos en Veracruz; el de San Martín Texmelucan en Puebla, y el de Pajaritos. Así como las plantas de amoníaco en Ciudad Camargo, Chihuahua y la de Salina Cruz, Oaxaca.
En el caso de CFE, seguimos construyendo plantas termoeléctricas e hidroeléctricas y se avanza en la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Vamos a iniciar dos nuevas nucleoeléctrica, avanzando en la de Peñitas, que está en Chiapas y en la de Caracol, de Guerrero; la termoeléctrica de Ciudad Juárez, la de Sonora, la de San Luis Potosí y la de Colima, en Manzanillo, en su segunda etapa. Seguirán los trabajos de la carboeléctrica de Río Escondido y además los trabajos de la generación geotermoeléctrica de Cerro Prieto.
Como usted ve, diputado Ramírez Cuéllar, el hecho de que se le dé una prioridad a los sectores sociales dentro del presupuesto, no implica que se desatienda las industrias estratégicas que tiene bajo su responsabilidad, por mandato constitucional del Estado. La diferencia está en las tasas de crecimiento. Crecerá más rápido la inversión en el campo, en la salud y en la educación, y crecerá también en términos reales pero no a la misma velocidad, la relativa a los sectores energéticos, fundamentales.
Es así, diputado Ramírez Cuéllar, como se muestra que los planes y los programas del Gobierno no han fracasado, tanto en la estrategia económica general como en la atención a los aspectos sectoriales fundamentales, se atienden las definiciones que se anunciaron desde el inicio. El Gobierno no se ha apartado de su estrategia y ya obteniendo resultados positivos al haberla puesto en marcha, porque los planes y los programas son consistentes y para su ejecución hay una voluntad política renovada a cabo. En un presupuesto activo para contribuir al cambio estructural. Es un cambio estructural que de cada peso de inversión, 91 centavos provengan de recursos propios; ahí hay un cambio estructural en las finanzas políticas. Otro cambio estructural es abatir la composición del gasto corriente en el total, congelando la creación de plazas en sectores no prioritarios y abatiendo las transferencias que no van hacia los programas fundamentales.
Y otro cambio estructural, diputado Ramírez Cuéllar, y en esto discrepo con usted, es el de mayor prioridad a los sectores sociales; ese es un cambio estructural que tendremos que mantener en el presupuesto, como muestra de la voluntad política decidida de la administración del Presidente De la Madrid, de en épocas de crisis y en la resolución de la misma, darle énfasis a los aspectos de eminente contenido social.
Esta sería mi repuesta a su pregunta, diputado Ramírez Cuéllar.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ramírez Cuéllar para su réplica.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar:- Señor secretario: Usted afirma que el año pasado fallaron los pronósticos por la incertidumbre externa en cuanto a los cálculos en materia inflacionaria. ¿Qué acaso la incertidumbre externa ya se ha terminado ahora? Porque la relación del Presidente Reagan, el incremento a la carrera armamentista, el peligro de una caída de los precios del petróleo, la manipulación de las tasas de interés están ahí, están presentes en la economía norteamericana, en cualquier momento México puede sufrir por un desplome de los precios de petróleo de exportación. O sea, que el desorden que la política norteamericana ha conducido, sigue vigente hoy , probablemente con mayor virulencia que el año pasado.
Usted señala que varias empresas o ramas industriales han elevado su productividad y su crecimiento; sí, es cierto, señalaba yo algunos datos, algunas ramas que sí han crecido, mínimamente, pero sí han crecido en comparación al crecimiento cero del año anterior, pero creo que conviene preguntarnos por qué y como han crecido.
En primer lugar, este crecimiento leve en algunas ramas, imperceptible todavía, no se ha debido a un aumento de la demanda de bienes y servicios del pueblo, sino se ha debido al aumento de precios y a la contracción del mercado interno. Para mí, para nosotros, el mercado interno se presenta por capacidad real de compra de la mayoría de la población, no tanto por la capacidad de importación que tenga la industria privada, y creo que todos somos contestes en que ha habido una dramática contracción del mercado interno, entendido como una caída del poder de compra real de los salarios. De esta manera, la tasa inflacionaria ha descendido, pero ha descendido restringiendo la capacidad de compra, habiendo productos, habiendo bienes y servicios, pero no habiendo capacidad para adquirirlos; es decir, hay un aumento en la producción pero no corresponde a la capacidad de compra que el salario tiene en la actualidad. En pocas palabras, se ha abatido el consumo social y popular.
En mi intervención inicial se me pasaba comentarle este afán o esta política de reducir el déficit del Sector Público; realmente no nos explicamos cómo, si se reduce el déficit en la proporción que usted plantea, es decir a la mitad - se va reduciendo mitad por mitad -, va a crecer la economía nacional; creo que si se baja el déficit en el porcentaje en que se plantea, en la dimensión contenida, será un factor que conspire en contra de la reactivación económica. No conocemos ningún país que se haya reactivado en su planeta productiva, en un país como México, con la estructura económica de México, reduciendo drásticamente el gasto público a la mitad de los porcentajes del déficit.
Usted habla también de los motores de la recuperación, y en el documento que nos leyó se habla del Presupuesto de Egresos y se le califica como uno de los instrumentos más importantes. Aquí hay una concepción que usted y otros secretarios del despacho han manejado: La de pensar que la recuperación de la economía nacional no vendrá ahora por la vía del gasto público, sino vendrá por la vía de la inversión privada, y en eso, señor secretario, están totalmente equivocados.
Las historia de México es muy clara en este sentido; siempre, desde los primeros gobiernos de la Revolución, hasta hoy, cuando el país ha sufrido crisis económica, el presupuesto o el gasto no ha sido sólo con factor, ha sido el más importante factor de recuperación de la economía nacional, nunca, en la historia económica del país, ha sido la inversión del Sector Privado.
También, señor secretario, usted habla que son cambios estructurales el haber ido reduciendo la dependencia financiera con el exterior y haber ido reduciendo la diferencia entre lo que ingresa al Gobierno y lo que se gasta. Aquí habría distintos enfoques sobre cuáles son los cambios estructurales que requiere la economía nacional.
Para nosotros siempre fue una deformación de la política económica el depender del financiamiento externo, el abusar de este recurso crediticio. De tal manera que si ahora se cambia el énfasis y se recurre más al ahorro interno, aquí no hay ningún cambio estructural, hay una simple vuelta a la racionalidad, a la responsabilidad acerca de lo que no debió haberse hecho en el pasado inmediato. Pero, ¿cuál sería un cambio estructural en el financiamiento del desarrollo?: Que se afectara más el capital. Este no es un estribillo, porque en México, nominalmente al capital paga altos intereses. Pero sólo nominalmente, sólo formalmente; desde el puntos de vista real, económico, la aportación del capital al financiamiento del desarrollo, realmente no está a la altura de las cifras que en ocasiones nos dan los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Es decir, si hubiera una aportación mayor de los grandes capitalistas al sistema tributario, ahí sí sería, a nuestro juicio, un cambio estructural en la economía nacional. Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari:- Diputado Ramírez Cuéllar: La única fuerza real que los mexicanos tenemos para enfrentar la incertidumbre económica y externa, está en lo que nosotros hagamos, por nosotros mismos. Sólo el esfuerzo cotidiano, solidario y comprometido de todos los mexicanos alrededor de una estrategia que resuelva de raíz nuestros problemas, podrá darnos la fortaleza que se requiera para enfrentar la incertidumbre externa.
Hoy somos más fuertes que el pasado, por que la política de desarrollo que el Presidente De la Madrid ha llevado a cabo, hemos logrado ir saneando nuestra economía; evitar la dependencia de nuestras finanzas públicas en el financiamiento externo; abatir el peso de las amortizaciones de la deuda sobre nuestra cuentas con el exterior; iniciar el fortalecimiento del mercado interno. Por lo que es más importante, diputado Ramírez Cuéllar, es que políticamente esta estrategia se ha llevado a cabo respetando el pluralismo, enfatizado del diálogo con la comunidad, sumando, más que restando, logrando el consenso de la mayoría sobre esta estrategia. Es, en consecuencia, una estrategia legítima y respaldada por la mayoría nacional. Hay un gobierno, en consecuencia, que tiene capacidad política de conducción para enfrentar la crisis y para aprovechar las ventajas que pudieran presentarse en el ámbito externo a su favor o defendernos con mayor probabilidad de éxito si éstas no fueran adversas.
En materia de tasas de interés y de situación petrolera, hay factores que apuntan hacia una posible elevación de las primeras y una inestabilidad del segundo; pero también existen otros que parecen señalar que pudiera abatirse la tasa de interés y estabilizarse el mercado petrolero. Las señales son encontradas. Si los vientos no son favorables en la medida que tenemos, una política claramente definida y objetivos hacia donde nos queremos dirigir, podremos llegar más rápido a ello; si nos son desfavorables, tendremos una mayor fortaleza interna para poder enfrentarlos; pero, además, al haber hecho el cálculo de los ingresos y de los gastos, suponiendo que no habría cambios ni a favor, pero tampoco en contra en estas variables, podemos tener, en consecuencia, un presupuesto y una Ley de Ingresos más realista, y en la eventualidad que se presentaran cambios en estas condiciones que pudieran afectarnos, estamos solicitando a la H. Cámara de Diputados, que nos autorice dentro del Presupuesto una reserva equivalente a 200 mil millones de pesos para enfrentar dichas eventualidades.
Es compatible una disminución del déficit con un crecimiento mayor de la economía, porque esto se está logrando a la vez que podemos estimar un crecimiento positivo de la inversión pública, en la medida que el gasto corriente nos abre espacio para usar los ingresos propios y, en consecuencia, apoyar ese crecimiento de la inversión pública.
El pasado nos ha demostrado que es incompatible un elevado déficit del Sector Público, respecto al producto, con el crecimiento sostenido de la economía. Y aún más, la corrección de esos gravísimos desequilibrios fiscales y financieros es lo que provocó en gran medida el abatimiento del crecimiento de la economía que hemos observado; así que, en consecuencia, si queremos tener un crecimiento sostenido y sano tendremos que seguir abatiendo el déficit de las finanzas públicas.
Yo reitero que son varios los motores de la recuperación para 1985. La situación de las finanzas públicas es tan estrecha que no puede el gasto público ser el único motor que sostenga la recuperación; será sin duda uno que le imponga una orientación de claro contenido social y de apoyo a las estrategias, pero sólo el Sector Público no tiene los recursos, los recursos no inflacionarios, para sostener la recuperación, y solo los otros sectores tampoco podrían sostener la recuperación económica.
Lo que necesitamos para 1985, tal vez más que nunca, es sumar todas las voluntades nacionales hacia un propósito común: El de
evitar la recaída, consolidar la recuperación y seguir abatiendo la inflación, ampliando el bienestar de la mayoría. Y eso será posible con el funcionamiento de todos los motores; con el de la inversión pública, que crecerá en términos reales también con el de la inversión privada, que crecerá en términos reales en 1985; con el crecimiento en el salario real, y aprovechando el jalón de las exportaciones, que además un tipo de cambio bien alineado nos puede proporcionar encontrando espacios en los altamente competidos mercados internacionales. Son varios los motores; todos tendrán que operar, y la estrategia económica está diseñada precisamente para que así suceda.
Y, finalmente, un elemento fundamental, diputado Ramírez Cuéllar, del cambio estructural, es precisamente volver a ser racionales. Volver a gastar lo que realmente tenemos para consumir, y no por la vía del endeudamiento exagerando anticipar consumos futuros, que son a las generaciones venideras a las que se les encajan el servicio de la misma. Esa vuelta a la realidad, esa vuelta a poder apoyar sobre base sólidas pero sostenidas, es sin lugar a duda un cambio estructural.
No quiere decir que no seamos ambiciosos; lo que quiere decir es que no seremos ilusos, que apoyaremos un crecimiento que podamos sostener sin exagerar la inflación, sino al contrario, seguirla abatiendo; porque la inflación es un fenómeno más a los que menos tienen.
Quienes proponen una estrategia de crecimiento con inflación, lo único que están haciendo es condenar al país al estancamiento, con una espiral desatada de precios. Lo que el Gobierno de la República propone y está llevando a cabo, es controlar y abatir la inflación a la vez que sostenemos la recuperación económica sobre bases sanas que nos permiten realmente fortalecer el ingreso de la mayoría. Ese, diputado Ramírez Cuéllar, es un cambio estructural de la mayor importancia, que sumados a los enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo, son los que efectivamente permitirán atacar las raíces de la crisis y evitar que cuando ésta sea resuelta vuelva a repetirse Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Antonio Govela Autrey.
El C. Ricardo Antonio Govela Autrey:- Del Partido Socialista de los Trabajadores. Señor secretario: En esta comparencia de usted, para presentar a la Cámara el proyecto de Egresos de la Federación, algunos partidos han expuesto sus punto de vista respecto a algunos temas políticos de fondo, como la democracia, el Estado o la propiedad.
A nosotros nos parece que es lógico que en la discusión de este tema haya empezado a surgir la discusión de temas propiamente políticos, porque pensamos que la superación de la crisis económica por la que atraviesa el país en un problema no sólo de medidas económicas, sino que es fundamental un problema de tipo político. Por eso yo quisiera hacer algunas consideraciones breves y generales respecto a alguno de los temas que aquí han sido mencionados por otros partidos, saliéndome un poco, no creo que del tema, pero sí de la tónica que han tenido las últimas intervenciones.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la postura que ve a la Constitución Mexicana como el resultado de las luchas del pueblo de México en su emancipación nacional y social, y estamos convencidos que la Constitución contiene los principios y las orientaciones básicas que seguirán guiando al pueblo de México en la transformaciones políticas y económicas que el país requiere.
No podemos olvidar que la Constitución señala, en su artículo 39, que el pueblo de México tiene en todo momento el derecho inalienable a darse la forma de gobierno que mejor convenga a sus intereses. Y pensamos que éste es el verdadero sentido de la democracia en nuestro país, no la alternancia del Gobierno, no el bipartidismo, no el equilibrio de participación, sino el derecho del pueblo para darse en cada momento la forma de gobierno que conviene a sus intereses.
Por eso el Partido Socialista de los Trabajadores, al programa que ha presentado desde hace años a los socialistas mexicanos, a los trabajadores, al pueblo de México en lo general, le ha llamado el Programa de la Vía Constitucional al Socialismo. Y dado que representamos en esta Cámara una de las corrientes socialistas, hablamos a nombre de este programa que nuestro partido presenta.
Para nosotros, la vía constitucional al socialismo, es el camino para la transformación revolucionaria de la sociedad mexicana que mejor asegura la participación amplia y masiva del pueblo en la tarea de la emancipación nacional y social. Y no sólo porque el camino constitucional se fundamenta en la tradición histórica de las luchas insurgentes del pueblo mexicano, y es, por tanto, la continuación, con un nuevo contenido de la clase, del camino trazado por Morelos en Los Sentimientos de la Nación; sino también porque desde el punto de vista de la estrategia revolucionaria, la vía constitucional al socialismo, asegura la unidad democrática del pueblo y el desarrollo de su capacidad de defensa de la soberanía nacional frente al enemigo imperialista.
Para el PST, la tarea histórica de arribar al socialismo será el resultado de un proceso revolucionario, dentro del cual la clase obrera, junto a las demás fuerzas nacionales y populares, promoverán exitosamente reformas y cambios profundos en la estructura social, política, económica y jurídica de la actual sociedad, incluso en los marcos del actual Estado mexicano, que por su origen revolucionario y las fuerzas populares que le sirven de apoyo, conserva todavía la capacidad de recomponer sus estructuras y democratizar sus funciones.
Pensamos que es necesario para todas las fuerzas revolucionarias del país, en este momento, trabajar en tres tareas principales: la tarea de impulsar la unidad democrática y combativa del pueblo de México, para sostener y desarrollar nuestra capacidad de defender la soberanía nacional frente a las amenazas y agresiones imperialistas.
La tarea de mantener la unidad democrática del pueblo en la lucha por ejercer, sostener y desarrollar la legalidad constitucional.
La tarea de reivindicar la propiedad nacional, desarrollándola como prioridad social, de organizarla y hacerla productiva y eficiente, colocándola bajo la custodia y la administración directa de los trabajadores organizados.
La propiedad social, junto con la propiedad estatal, deben constituir un frente común para que en el terreno económico superen y limiten a la gran propiedad privada.
La clase obrera, en alianza con el Estado, tiene la capacidad real para imponerle condiciones al gran capital y para derrotar sus intentonas de establecer su hegemonía sobre la sociedad y sobre el propio Estado Mexicano.
Nosotros consideramos que ahora la tarea de emancipación nacional se encuentra prácticamente fundada en la tarea de emancipación social.
Las circunstancias históricas creadas después de la nacionalización de la banca, hacen posible la elevación del papel político y social de la clase obrera en su conjunto, tanto en la ciudad como en el campo. El eje central de la táctica obrera debe ser unir y organizar al conjunto de las fuerzas nacionales y populares para impulsar la creación y el desarrollo de un poderoso sector social de la economía, ya que el día que la propiedad nacional sea mayoritariamente social, es decir, socialista, ese día México será un país plenamente independiente y soberano, justo y feliz.
Los graves desequilibrios de la economía mexicana de causas estructurales, las enfrentan al grave riesgo de que se profundice la crisis y que se vuelva incontrolable, y derivamos hacia una crisis política en la que bien interesados estarían el imperialismo y la gran burguesía. El sector nacional revolucionario tiene, sin embargo, desde nuestro punto de vista, una salida democrática y popular a la situación: reportar con el movimiento obrero y popular de masas, comprometiéndose a sostener la legalidad constitucional y a impulsar el Sector Social de la economía.
El Partido de la Revolución Socialista debe luchar por aislar y derrotar al imperialismo enemigo del pueblo mexicano, tarea que sólo es posible a condición de impulsar a la clase obrera la más amplia alianza de fuerzas democráticas y antiimperialistas; sobre todo aquellas que, por su posición en la sociedad y por su capacidad, pueden aportar algo en esta lucha.
Pensamos que dentro de estas fuerzas, por las condiciones históricas de su surgimiento, por su capacidad de defensa de la soberanía nacional y de la legalidad constitucional, el sector nacional obrero de la burocracia política, hegemónico en el aparato del Estado, constituye un aliado estratégico e indispensable de la clase obrera en la tarea de derrotar los intereses extranjeros e imperialistas.
En momentos de crisis como los que vivimos, en que las masas populares son golpeadas en sus condiciones de vida, es muy fácil resbalar por la superficie pulida del análisis superficial y la reacción temperamental y caer en la trampa de una política contrarrevolucionaria de infantilismo de izquierda, que mantiene la interpretación del Estado como enemigo principal e inmediato del pueblo, haciéndolo responsable principal de la difícil situación económica del país y calificando su programa de anticrisis como antipopular y gran burgués.
Llaman al pueblo a combatir dicho programa, ha hacerlo fracasar, pues consideran, desde la perspectiva rígida de su visión esquemática , que la profundización de la crisis económica, al desembocar en una crisis política y social, abonará el terreno para el ascenso de las masas al poder.
Sin embargo, es precisamente a la gran burguesía y al imperialismo, a su estrategia para tomar el poder político, a los únicos que les beneficiaría que el Plan de Recuperación Económica del Estado fracase, que la crisis se profundice y desemboque en crisis política y social, pues es ahora la derecha la única fuerza que asedia al Estado y está capacitada para asaltarlo.
Es precisamente el fracaso de la gestión del sector nacional revolucionario como conductor de la vida nacional, la base de la estrategia gran burguesa para la toma del poder en este momento. Este fracaso debilitaría enormemente la capacidad de defensa de la soberanía nacional y abriría grandes posibilidades para que, incluso por la vía constitucional, se impusiera una redefinición económica y política para el país, acorde a los intereses de la gran burguesía.
Los socialistas debemos comprender que hoy sólo hay dos fuerzas que pueden darle una salida a la crisis: la gran burguesía, que propone la solución oligárquica, y el sector nacional revolucionario, que cuenta con el respaldo del Movimiento Obrero Organizado y del Ejército, y que propone la solución nacional y revolucionaria.
La primera opción, es claro que no corresponde a los intereses históricos de la clase obrera; la segunda al mantener la legalidad constitucional y la capacidad de defensa de la soberanía nacional, y con ello abierta la vía popular revolucionaria al socialismo, es la única salida a la crisis, que en estos momentos corresponde a los intereses históricos de la clase obrera; es la salida que los socialistas debemos de apoyar.
Tenemos que dar una batalla a fondo contra la confusión política que están sembrando
quienes no entienden ni la realidad del país, ni las posibilidades que la crisis económica abre para las fuerzas democráticas y revolucionarias, que guiadas por una táctica correcta, pueden salir fortalecidas con la situación actual.
Sin embargo, los programas de la reordenación económica y los cambios estructurales de la economía no podrán salir adelante si no se apoyan en la participación de las grandes masas de trabajadores del país.
Por eso pensamos que es imprescindible trabajar por la conformación, sostenimiento y desarrollo de un bloque mayoritario de fuerzas nacionales y populares, en donde el núcleo principal lo integren el movimiento obrero organizado y los trabajadores agrícolas, a fin de posibilitar que se abra paso el único programa que verdaderamente podrá desatar la fuerza que nos hará salir de la crisis con una nación fortalecida; el Programa Popular Revolucionario, que un gobierno democrático de reconstrucción nacional pueda realizar con el concurso de todas las fuerzas nacionales y populares.
Pensamos que podemos discutir las medidas económicas que se han propuesto, podemos criticarlas, rechazarlas, revisarlas y transformarlas; pero pensamos que todos debemos de estar de acuerdo en la necesidad de una profunda democratización de la vida política del país, que lleve a una mayor participación de las grandes mayorías trabajadoras en la vida económica y política del país, para poder garantizar las transformaciones revolucionarias que el país requiere frente a la crisis económica.
Es este marco de ideas, quisiéramos hacerle a usted dos preguntas: ¿que piensa usted de la necesidad de la reconstrucción de las fuerzas del aparato del Estado, para elevar el papel social de la clase obrera y de los trabajadores y garantizar, de esta manera, las transformaciones estructurales que el país requiere? Y segunda, ¿qué piensa usted de la necesidad de avanzar en nuestro país hacia una alianza popular y revolucionaria, hacia una alianza de todas las fuerzas nacionalistas, populares y revolucionarias que pueden impulsar conjuntamente los cambios estructurales que el país requiere?
Para nosotros, estas preguntas de tipo político están a la base de la discusión de la crisis económica del país de su posible superación. Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari:- Diputado Ricardo Govela: El presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento del desarrollo que el Estado mexicano tiene para hacer realidad los propósitos a que se ha abocado su acción. Es, en consecuencia, un instrumento que tiene el claro sustento político e ideológico.
Las acciones presupuestales reflejan una convicción ideológica precisa del Gobierno de la República y están, como usted lo ha dicho atinadamente, en la esencia de la acción transformadora que lleva a cabo el Gobierno de la República.
El Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid defiende la vía constitucional de la Revolución Mexicana. Ese es el sustento ideológico del Programa de Reordenación Económica y ese es el sustento político que tiene la orientación de los planes y programas que están en marcha.
Esa vía constitucional de la Revolución Mexicana tiene como principios fundamentales el de mantener nuestra independencia, fortaleciendo nuestro nacionalismo; el de conservar las libertades individuales que consagra la Constitución, fortaleciendo los derechos sociales que la destacaron como la primera constitución social de este siglo, el de reafirmar la rectoría del Estado, Estado reitero, que no es otra cosa que la sociedad políticamente organizada en el marco de nuestra economía mixta, en la cual se reconoce que es necesario alentar la participación de los sectores Social y Privado en el proceso de desarrollo del país.
Sustento ideológico que reconoce la democratización integral como una de las tesis fundamentales que alientan la acción gubernamental, que reitera que la justicia y la equidad son dos variables esenciales que en sus acciones tiene como propósito fundamental alcanzar, y que el internacionalismo, repito, se lleve a cabo sin hostilidades ni exclusivismo, enfatizando la autodeterminación de los pueblos, la cooperación, el fortalecimiento de la paz y la no intervención. Este sustento ideológico y político es el que ha permitido una gran capacidad transformadora a los gobiernos de la Revolución; han hecho posible que el país haya crecido en cinco veces y que se dan avances sociales en educación, en salud, en vivienda. Es cierto que lo que nos falta por hacer, es un acicate para redoblar las tareas sociales, pero ello no implica que neguemos el gran efecto transformador que los gobiernos de la Revolución han tenido sobre el país.
Han reafirmado también el control de la Nación sobre los recursos naturales fundamentales y han creado las instituciones políticas con el sistema mexicano que le permite su fortaleza y su independencia frente al exterior. Es un sistema en el cual tenemos una amplia cultura con raíces populares y una larga tradición histórica, con un pueblo eminentemente nacionalista, con grupos sociales fortalecidos, de obreros, campesinos, populares, grupos medios y empresarios nacionalistas, con un programa consistente que muestra que el gobierno del Presidente De la Madrid tiene un propósito renovador con capacidad de flexibilidad frente a las incertidumbres que tenemos del ámbito externo y ante los problemas internos, y sobre todo con una voluntad política de diálogo, de comunicación y de negociación.
Es por eso, diputado Govela que la alianza popular ya la tenemos. Existe consenso y cohesión nacional alrededor del programa que se esta llevando a cabo para enfrentar la crisis.
Es por ello que el Gobierno ha fortalecido su pacto con los grupos mayoritarios del país; es por ello que ya ha reafirmado su alianza con los grupos de contenido eminentemente popular. Y en este proceso, al sanear sus finanzas públicas, al fortalecer las empresas estratégicas que tiene bajo su mandato, al ampliar su campo de acción en los rubros de contenido social, al atender las demandas de educación, de salud, de vivienda y de alimentación, está precisamente fortaleciendo por la vía democrática, sin ampliar su tamaño, al Estado mexicano, para que cumpla su responsabilidad de rectoría y, en consecuencia, sea la vanguardia de esta fuerza cohesionadora de los grandes intereses nacionales.
Esta es la esencia del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, diputado Govela; esos son los principios que alientan su acción y esos son los fundamentos ideológicos que le dan consistencia al Presupuesto de Egresos para 1985, es un instrumento de desarrollo que va precisamente hacia la consecución de los grandes objetivos sociales que nos hemos planteado.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Govela Autrey para su réplica.
El C. Ricardo Antonio Govela Autrey: -Agradezco su respuesta, y quisiera recalcar un aspecto de la segunda pregunta que hice, que siento no me ha contestado.
Su manera de pensar en cuanto a la apertura del grupo gobernante a la configuración de una alianza con todos los sectores nacionalistas, democráticos y revolucionarios, para la participación en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de los programas que se establecen en el Gobierno. Y me refiero a la alianza no sólo de las fuerzas de Gobierno, me refiero no sólo a la alianza del movimiento obrero organizado y el Estado, sino me refiero a fuerzas como los partidos políticos, que son instituciones de interés público en el país, y otras fuerzas sociales que configuran la gama de fuerzas políticas de este país y me refiero a la gama de fuerzas nacionalistas, democráticas y revolucionarias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Diputado Govela: El Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid ha ampliado substancialmente los canales de participación y de diálogo con la comunidad. Prueba de ello es que todo el sistema de planeación democrática se ha integrado por la vía de la consulta popular, creando mecanismos nuevos de formas de participación de la sociedad organizada en la definición de las principales tareas de Gobierno, ampliando la acción vigilante de la propia sociedad sobre la ejecución de los actos de Gobierno; ha fortalecido su propia vigilancia interna, pero también ha alentado el fortalecimiento de la vigilancia que la sociedad, a través de un órgano de representación de la importancia y trascendencia como es el Congreso de la Unión, lo hace con su Contaduría Mayor, reforzada y fortalecida.
Ha también ampliado y ensanchado esa capacidad de diálogo por la vía de la confrontación directa, particular, bilateral, y también a través de los medios masivos de comunicación; tiene un diálogo permanente con los partidos políticos, lo hace a través de estas comparecencias obligadas por la Constitución y también de aquellas que por invitación del Legislativo, el Ejecutivo atiende, y a través de los partidos representados por sus diputados en esta Cámara hacen con cuestionamientos, con preguntas, incluso con diferencias radicales respecto a las posiciones que el Gobierno presenta y sostiene.
Pero sabemos que hoy la unidad es lo fundamental; respetamos la disidencia instrumental que, además, es señal de madurez y de acción democrática. En este espíritu de unidad es con el que el Gobierno ha mantenido sus principios democráticos de diálogo, de flexibilidad, de cohesión, para poder hacer la suma de ese gran esfuerzo nacional que se requiere en el combate eficaz y popular a la crisis que hoy vivimos y que afecta sobre todo a las mayorías nacionales.
Ese es el sentido, diputado Ricardo Govela, del respeto que el Gobierno de la República tiene a las opiniones divergentes. El Gobierno cumple el mandato popular de conducir una política que resuelva la crisis con medidas de carácter social. Mantendrá y perseverará en esta política; impedirá que lo que hemos avanzado se eche por la borda si es que relajáramos el esfuerzo. En esta tarea de combatir la crisis, la unidad de todos los mexicanos es fundamental en la dirección de resolver los problemas de fondo.
Mantenemos la alianza con el movimiento obrero organizado del país, con los campesinos, con los grupos populares, con las clases medias, con todos aquellos que están decididos a sumar su esfuerzo en encontrar la solución de un problema que es de todos, pero que el Gobierno, con responsabilidad y sentido social, está dispuesto a abatir desde sus propias raíces.
Ese sería, diputado Govela, mi comentario.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado David Lomelí Contreras, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. David Lomelí Contreras: -Señor secretario: Este diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, diálogo de poder a poder, diría yo, es muy saludable para la democracia mexicana en vía de desarrollo.
En este marco mi partido, Demócrata Mexicano, hará unos planteamientos surgidos de ciertas inquietudes que tienen muchos mexicanos y que lo haremos planteando algunas cuestiones.
Así como los rasgos fundamentales del sexenio de Luis Echeverría, que se reprodujeron en el de José López Portillo, hay la preocupación de que vuelvan a reproducirse
en el presente sexenio. Es un temor que no se presenta con rasgos definidos, pero sí con algunos indicios que pueden prestarse a distintas interpretaciones; los rasgos coincidentes de los sexenios paralelos, dignos de la pluma de un moderno Plutarco, son los siguientes: el inicio austero, caracterizado por la disciplina presupuestaria, la limitación en el crecimiento del gasto público y el combate a la inflación, para recuperarse de una situación que se achaca al régimen anterior.
Sigue a este periodo una etapa de consolidación en la que el aparato estatal y sus políticas, sintiendo rebasadas las dificultades anteriores, se prepara para administrar la abundancia. En este último tercio la sensación de omnipotencia en el manejo de la economía produce distorsiones de efectos negativos y crisis que a su vez son el objeto de un nuevo ciclo que empieza con austeridad y repite con variantes la misma historia en la que el pueblo mexicano desempeña el papel del mitológico Sísifo.
En síntesis, dos años de crisis con austeridad, los dos siguientes de consolidación y los dos últimos para administrar la abundancia en el que se produce el "pum", el estallido del globo.
En el actual régimen, hemos empezado con una política de reordenación económica con el FIRE, en cuyos puntos fundamentales, pero no sin alguna crítica, hemos manifestado nuestro acuerdo los que militamos en el Partido Demócrata Mexicano. Empezamos el segundo tercio con declaraciones de funcionarios de alto nivel, anunciando que ya se superaron los efectos agudos de la crisis y que ya obtuvimos un crecimiento del 2%, modesto sí, pero al fin crecimiento.
Por otra parte, y ya sobre datos objetivos, encontramos que la inquietud se encuentra que en este año se había programado bajar el déficit de las finanzas públicas a un 5.5% con variantes, y quedó en el 6.7%, en relación al multicitado PIB.
Encontramos que para el año próximo se programó con anterioridad y como parte de programa inmediato de reordenación económica, bajar el déficit de las finanzas públicas a un 3.5%, en relación con el producto. Pero resulta que en este Presupuesto de 1985, se programa rebajarlo al 5.1%. Una diferencia significativa que debe ser objeto de nuestra atención.
Preguntaríamos aquí: ¿en qué medida el abatimiento del déficit tiene que ver con el crecimiento de las ADEFAS? En el documento de Criterios Generales de Política Económica, leemos lo siguiente: "El énfasis en la política de gasto se trasladará de lo que constituye la necesidad inmediata de reducirlo globalmente en términos reales, al imperativo de profundizar la reforma estructural de la misma", ¿Acaso lo anterior, señor secretario, no manifiesta la posibilidad de una política expansionista, expansiva y explosiva?
Por otro lado, las tasas de inflación han sido mayores que las pronosticadas en los dos últimos años. Para 1984 se pronosticaba un incremento del Producto Interno, tal vez entre el 0 y el 1% y resultará, según cifras oficiales, de un 2%. La diferencia entre lo pronosticado o diagnosticado y lo efectivamente resultante en los rubros antes indicados, puede deberse a la dificultad de los pronósticos y a la imperfección de los instrumentos de medición que producen el error. Algunas veces desafortunado, como en el caso de las inflaciones y otras afortunado, como en el caso del Producto Interno Bruto, según nos declaró hace dos días el señor secretario de Hacienda y Crédito Público ante esta soberanía. Pero también las mayores inflaciones y los menores decrementos del déficit en relación al producto se pueden deber a un desajuste presupuestario que haya estimulado la demanda y que explica el aumento no esperado de nuestro producto interno.
Se trataría, a nuestro juicio, no de un calentamiento por sus proporciones de nuestra economía, sino de un entibiamiento que nos preocupa como indicio, pues después de lo tibio puede sobrevenir lo caliente. Aquí, lo importante es más que la ambigüedad de los fenómenos, que todavía no permiten un juicio definitivo por el observador imparcial, indefinitivo por el observador imparcial, independiente, como el del diputado demócrata, administración pública, como la de usted, señor secretario de Programación y Presupuesto, de que el control presupuestario no sólo prosiga, sino que se haga más estricto y que el manejo de la economía siga caminos realistas.
En el documento a que ya hemos hecho referencia, y en el que se contienen los Criterios Generales de Política Económica, se afirma que el déficit público se manejará de acuerdo a la capacidad real de la economía. Mi partido, Demócrata Mexicano, quisiera saber, señor secretario, ¿cuál es esa capacidad real de nuestra economía? Le agradeceríamos sus comentarios sobre este tema.
Uno de los criterios que ha sostenido el Demócrata Mexicano, sobre todo a la hora de la discusión del Presupuesto de Egresos y del proyecto de la Ley de Ingresos, es de que el aparato estatal es excesivo, dada la situación de nuestra economía, tanto por el desmesurado crecimiento que tuvo durante los dos últimos sexenios en relación con nuestro crecimiento económico, como por el número de empleados y trabajadores del Sector Público en relación con la población económicamente ocupada. Este peso se hace más evidente y más gravoso en época de crisis como la que estamos viviendo. Los datos de este fenómeno son variables por la natural transformación que sufre la sociedad, incluido en ella el aparato estatal.
Lo anterior, señor secretario, nos lleva a pedir a usted que ilustre a esta soberanía con los siguientes datos, los que por supuesto son objeto de distinto juicio político, como los pueden ser el de quien interroga y el de usted, que me contestará. La información que
solicitamos es la siguiente: ¿cuál fue el número de trabajadores y empleados del sector Público a diciembre de 1982, y cuál el número de los mismos a la fecha, según los últimos datos registrados?
Le pediríamos, señor los desglosara en las respectivas cifras, distinguiendo entre aquellos que prestan su servicio en el sector central y organismos descentralizados, y los que prestan sus servicios en las empresas propiedad del Estado, así como los que sean permanentes y los que sean transitorios.
Y para finalizar, deseamos hacer un comentario en torno al Presupuesto de Egresos de la administración pública central y paraestatal para 1985, por estar estrechamente relacionado con lo que nosotros consideramos "gigantismo estatal", con su explosión burocrática, y del cual dicho presupuesto, que ascenderá a más de dieciocho billones de pesos en el año próximo, será el soporte.
Dos ejemplos tan sólo serán suficientes por ahora para demostrar que son exorbitantes e injustificables las partidas asignadas en muchos de sus renglones: a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación se le ha asignado un presupuesto de 8 mil 200 millones. Esta gruesa suma debe justificarla en utilidad social, pues además de lo que prevenga, debe dar resultados en lo que cobra por concepto de restitución de lo mal habitado, en que la cobranza no ha tenido todos los resultados deseables, proporcionales a los sobregiros detectados y a las causas irregulares que le dieran origen, tanto porque los deudores consignados han escapado hasta ahora a la justicia, como porque se ha olvidado de muchos de ellos dicha Secretaría.
El escándalo nacional que provocó el informe de resultados de la Cuenta Pública de 1982, rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda a esta Cámara de Diputados, que arroja un sobregiro de 454 mil millones en el sector paraestatal, debiera haber dado origen a que se utilizara dicho documento como base para el fincamiento de responsabilidades penales y civiles, para que se justificaran, por lo menos en parte, los altos presupuestos que se le han asignado.
Consideramos que un trabajo eficaz de la Contraloría en la persecución de corruptos y recuperación de dineros propiedad del pueblo, significaría una considerable fuente de ingresos no contemplada en el proyecto de Ley de Ingresos.
En relación al presupuesto asignado a la Comisión Federal de Electricidad, que de 531 mil millones de pesos en el corriente año, salta a 867 mil millones en 1985, lo que representa un aumento del 65.1%. Esta cifra corresponde, según nuestras cuentas, al 31% del total del gasto directo del sector central, con 21 Secretarías de Estado, un programa regional y erogaciones no sectorizables.
Aumento injustificable a nuestro juicio, pues estamos seguros que la función de pasivos anunciada por la Secretaría de Hacienda, incluye los de esta empresa quebrada, cuyos ingresos no alcanzan siquiera para pagar los intereses de su deuda interna y externa. Reiteramos que el fabuloso presupuesto para esta empresa estatal perdidosa, debiera tener una correspondencia en favor del público usuario, como lo sería la baja de sus altas tarifas.
¿Considera usted, señor secretario, factible y justa esta correspondencia, consistente en una baja de tarifas eléctricas? El pueblo y los demócratas escucharemos con mucho interés sus respuestas, que le agradecemos por anticipado, señor.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Señor diputado Lomelí Contreras: El Gobierno de la República no ha ofrecido cielos ni abundancias. La administración del Presidente Miguel de la Madrid ha reiterado que en el combate a la crisis se requiere trabajo perseverante, ahorro y un esfuerzo interno renovado. No hay, en consecuencia, en el programa de reordenación y en el sistema de planeación etapas o tercios para utilizar la terminología por usted empleada. Se mantiene la política fundamental; en la medida que se va avanzando en la resolución de los problemas más agudos, se pueden ir enfatizando otras acciones, pero la definición de estrategia contenida en el Plan Nacional de Desarrollo con sus dos vertientes, que enfatizan el ataque a los problemas de coyuntura y la atención a los aspectos estructurales, es una estrategia permanente.
El Gobierno ofreció una política consistente, con un compromiso público, y yo me permito reiterar, diputado Lomelí Contreras, que son precisamente los compromisos que el Gobierno de la República ha adquirido públicamente en sus planes y programas, la mejor garantía de que esta administración perseverará en el rumbo trazado desde su inicio, y reitero que no habrá presión externa de interés interno particular que haga desviar al Gobierno de la República de su propósito de conducir una política nacionalista y con sentido de justicia, fundada en la libertad.
Esa es la política que está en marcha; lo que se ha precisado en el documento de Criterios de Política Económica son los avances que se han logrado en estos dos años, y se destacan los problemas que todavía tenemos. Lo que se propone para 1985, es modesto en comparación a las cifras históricas, crecer entre 3 y 4%, cuando hemos llegado a tasas de 8 y 10%, puede, en consecuencia, parecer modesto a algunos; pero de ninguna manera es una pretensión exagerada, porque existen ya las bases sólidas, sanas, que permiten proponernos una meta de crecimiento de esta magnitud. El déficit propuesto al Congreso de la Unión, se estima de acuerdo a los recursos sanos que lo pueden financiar sin presionar la inflación y sin quitar recursos para otras actividades productivas.
Es el Congreso, en consecuencia, en que autoriza el monto del déficit, y cada año el Gobierno de la República en sus iniciativas
propone cuál es ese monto de déficit, que permite seguir saneando las finanzas públicas y ser financiado con recursos, repito, no inflacionarios.
En consecuencia, el que fijamos para este año de 6.5% y que nos fue autorizado por el Congreso de la Unión, es el que alcanzaremos en una proporción muy razonable; en el documento de Criterios se dice claramente que estará entre 6.5 y 6.7%. El del Gobierno de la República propone para el año próximo de 5.1%, es un avance proporcional mayor que el que lograremos en este año y, en consecuencia, se ratifica el propósito de saneamiento de las finanzas públicas.
En este proceso, señor diputado Lomelí, las ADEFAS -término ya acuñado y conocido por todos los relacionados con el presupuesto, pero de difícil manejo para los que no lo son-, conviene destacar que es sencillamente el gasto que se presupuesta en un año y que por su trámite normal se paga hasta el año siguiente. Siempre, desde que ha existido un presupuesto, se han registrado ADEFAS; tal vez no con ese nombre, tal vez con otra denominación, pero es normal en el ejercicio del presupuesto, en el pago cotidiano, al cierre del 31 de diciembre, no se haya terminado de pagar toda la obra contratada y en proceso, de acuerdo a las partidas autorizadas en el año correspondiente. Por eso hay ADEFAS; las tienen también las empresas en sus transacciones normales, pasan de un ejercicio a otro ciertos gastos y los registran en sus respectivos balances.
Lo importante es que las ADEFAS nos crezcan como proporción del presupuesto total o del producto. Y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 las ADEFAS que se proponen son, incluso, una proporción menor respecto al presupuesto total. No hay, en consecuencia, en el manejo normal de las ADEFAS una intención de rebasar el monto del déficit autorizado por esta Cámara. Y repito a usted, es incluso una proporción menor a la de años anteriores.
Creo que no es válido decir que un crecimiento de la inversión pública de 3% real, es expansiva. Frente a tasas históricas de 18% real, es un aumento verdaderamente moderado, pero es el que podemos financiar sanamente el año próximo, y es un aumento que apoyará la recuperación económica y permitirá también contribuir a la generación de empleos, tanto los permanentes como los transitorios.
Pero lo más importante es que el hecho que podamos ya, en 1985, plantearnos un crecimiento real de la inversión continuando el saneamiento de las finanzas públicas, es un elemento que apoyará la recuperación y, en consecuencia, evitará que ahoguemos el crecimiento que ya se observa, y caer en una recesión que tendría consecuencias mucho más graves para nuestro país.
Podremos hacer en 1985 que crezca el producto nacional en términos reales, sin dejar de abatir la inflación. Ese, creo yo, es el elemento fundamental de la estrategia económica para el año próximo; que no estamos abandonando el compromiso de seguir abatiendo la inflación, y que al mismo tiempo podemos proponernos ya el mantener un crecimiento superior al de la población.
¿Qué quiere decir la capacidad real? Quiere decir que podamos tener un gasto que ejerza una demanda sobre el aparato productivo que no implique importaciones excesivas y que no requiera un financiamiento de deuda exagerado, es decir, aquel que aumenta la inflación o compromete el exceso de los ingresos por exportaciones. Esa es la capacidad real que tenemos para estimar el déficit y su financiamiento en el año de 1985, y de manera consistente así está planteado en el documento de Criterios de Política Económica.
Pide usted el crecimiento en plazas de diciembre de 1982 a la fecha. Yo le diría que en el Gobierno Federal han crecido en 1983 y en 1984 solamente las plazas indispensables para los nuevos maestros que requieren el aumento de la capacidad escolar instalada y la demanda incrementada de nuestra población. Han crecido solamente las plazas de médicos que necesitamos para poder poner en marcha los nuevos hospitales que hemos construido con la inversión pública. Y han crecido también las plazas necesarias para la seguridad nacional en la impartición de justicia.
En total, cada año son alrededor de 40 mil plazas adicionales por estos conceptos. Del resto del Gobierno Federal solamente han crecido alrededor de 3 mil 500 plazas, que en un personal de 2 millones de trabajadores es francamente un incremento insignificante.
Por lo que hace a la Contraloría General de la Federación, órgano del Gobierno Federal responsable de la vigilancia de las normas en materia de control de gasto y ejercicio del mismo, su acción decidida ha permitido prevenir ilícitos y con ello evitar tener que recuperar, como usted lo señala, una cantidad que fuera equivalente a su presupuesto. Ha habido una gran acción de la Contraloría General de la Federación, sobre todo en materia de prevención y con la concepción amplia de renovación moral como un elemento fundamental que permita a los servidores públicos atender a la comunidad como se lo demanda y con la prontitud y eficacia que requiere, también tiene una tarea relevante, la Contraloría, en materia del Programa de Simplificación Administrativa, y éste lo viene ejerciendo ya con agilidad, como lo muestra el proceso de simplificación del ejercicio presupuestal, sin abandonar el control y el seguimiento del gasto, pero permitiendo así ejercer con mayor oportunidad los recursos presupuestales.
Por lo que hace al control de Presupuesto, además de las normas emitidas por esta Secretaría, que la Contraloría tiene la responsabilidad de vigilar su ejecución, y que la Contaduría Mayor de Hacienda en su tarea de responsabilidad vigila que efectivamente se haya cumplido, se puede afirmar que
frente al disparo del Presupuesto en 1982, cuyo ejercicio rebasó en más de 50% a la autorizado por la Cámara, en 1983 la Cuenta Pública demuestra que el Presupuesto se ejerció de acuerdo a lo autorizado por la Cámara, solamente creció 4% el monto nominal en relación con lo autorizado, y ese crecimiento se debió a que los ingresos crecieron más de lo estimado y en el decreto aprobatorio del Presupuesto, el Congreso autoriza a que estos ingresos adicionales puedan ser utilizados para gasto adicional, porque no incide en el déficit.
Por lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad, diputado Lomelí, la función activos de la Comisión Federal de Electricidad es necesaria, en el pasado obligamos a la CFE a mantener tarifas excesivamente bajas, y para poder hacer sus programas de inversión y satisfacer el crecimiento de este fluido fundamental, realizar endeudamiento excesivo con crédito externo.
No podemos elevar las tarifas eléctricas por la cantidad que se requiere para dar el servicio de la deuda de CFE. Precisamente porque el Gobierno de la República no quiere elevar en exceso las tarifas eléctricas, es la razón por la cual el Gobierno Federal, mediante un programa de productividad específico, convenido con la CFE, que aumente su eficiencia, reduzca gastos y abata gastos innecesarios, y al mismo tiempo pueda aumentar la producción por peso invertido, absorberá parte de sus pasivos para que tenga un ejercicio más sano, sin necesidad de llevar esta carga financiera a los usuarios por la vía de aumentos excesivos en las tarifas eléctricas. El resto del presupuesto de la CFE que se señala en el que se consigna en el anteproyecto del cual usted dispone copia, son los recursos de inversión necesarios para mantener la generación de energía eléctrica indispensable que el país demanda. Con las cifras que mostraba yo hace un momento, se observa que ya está creciendo la demanda por energía eléctrica alrededor del 7%. Tenemos que estar preparados para satisfacer esa demanda y en consecuencia, hacer las inversiones en termoeléctricas, hidroeléctricas, geohidroeléctricas o termoeléctricas y la propia nucleoeléctrica, y poder así dar satisfacción al incremento a la demanda que la producción industrial nos está demandando y también los consumos particulares.
Estos serían, diputado Lomelí, mis comentarios a las preguntas que usted me señalaba.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Lomelí Contreras para su réplica.
El C. David Lomelí Contreras: -Gracias, señor Presidente. Primeramente quisiéramos hacer una aclaración. Los del Partido Demócrata Mexicano no estamos en desacuerdo con los gastos de inversión, sino en el aumento del gasto corriente en relación con los gastos de inversión. Aunque ya dio respuesta parcialmente a nuestro cuestionamiento, señor secretario, ¿nos podría dar los números totales de servidores del sector central y de las paraestales? Eso sería una cosa.
Respecto a las ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ¿qué tan normal resulta un sobregiro del 67% hasta los primeros meses de 1984, de acuerdo al documento sobre la situación económica de las finanzas públicas?
Y quisiéramos, señor secretario, cuando la intervención de la compañera diputada Ofelia Ramírez, no captamos con claridad cuál es su concepto acerca del sector moderno en la economía. Nos dio usted amplia información acerca de los pensionados del ISSSTE, pero poca información sobre los pensionados del Seguro Social que constituyen un gran número, mayor al primero.
Le agradeceríamos, señor, un comentario al respecto, y, finalmente, cuál es la tasa actual de desempleo. Gracias, señor.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari:- Diputado Lomelí: Con mucho gusto amplío en forma respetuosa mi información sobre el número de trabajadores que en total el sector público tiene en nuestro país, con objeto de dar amplia respuesta a su pregunta.
El sector público, y entendido por éste el Gobierno Federal, los organismos y empresas de participación estatal, y además los gobiernos estatales y municipales, tienen, o tenían a fines de 1983, alrededor de cuatro millones de trabajadores, que frente a una fuerza de trabajo estimada en alrededor de 22 millones de mexicanos, representa que en su totalidad el sector público sólo tiene alrededor del 22% de los trabajadores en la economía mexicana. Con mucho gusto, en cuanto dispongamos de los datos definitivos para 1984, se los proporcionaremos a usted, a su partido, y esa información, por supuesto, será puesta a disposición de esta honorable Cámara.
En cuanto a las ADEFAS, no hay sobregiro en su ejercicio. Se hace una estimación del pago de las mismas en el año, se procura que éste se realice en los primeros meses, pero lo que observamos en el año de 1984 es que el pago se extendió a lo largo, y para 1985 tenemos la política decidida, de saldar las ADEFAS del año anterior. Es decir, las correspondientes a este año, con oportunidad, con objeto de que estos recursos se conviertan en ingresos oportunos para aquellos que han dado la prestación de un servicio o de una obra para el sector público.
El sector moderno, diputado Lomelí, es, téngase por aquél, el sector industrial manufacturero; la producción en el campo, aquellas áreas que logran una productividad por encima del promedio del mismo; igual se da en el área de los servicios, y se contrapone a lo que denominamos el sector informal, o trabajadores por cuenta propia, por debajo del promedio de la economía y que, en consecuencia, derivan ingresos por debajo de su productividad. Esa productividad, entendida respecto del promedio de la economía.
En cuanto a la tasa actual de desempleo, son los programas que la administración del Presidente Miguel de la Madrid ha puesto en marcha los que han permitido que a pesar de la crisis, a pesar de los problemas que tenemos frente al hecho de que en 1982 la tasa de desempleo abierto pasó del 4 al 8%, hayamos podido generar, entre empleos transitorios y permanentes, en 1983 y 1984, las alrededor de 800 mil fuentes de trabajo que demanda la nueva población que se incorpora a la economía mexicana y conservar la de aquellos que ya las tenían.
En consecuencia, lo que yo le podía decir, diputado Lomelí, es que hemos logrado que no aumente la tasa de desempleo sobre el porcentaje que recibió esta administración y que fue de entre 8 y 8.5%.
Este es un resultado excepcional en una política de austeridad y de ajuste que en otras experiencias nos ha mostrado que el ajuste se traduce en la quiebra de muchas fuentes de trabajo y, en consecuencia, en la pérdida del empleo de aquellos que ya lo tenían. En el caso de la economía mexicana, en la cual los mexicanos que nacieron a mitad de los 60s, cuando el país tenía la tasa de natalidad más alta del mundo, hoy se incorporan al mercado de trabajo y por ello, cada año hay, con demandas de empleo, una población equivalente a la de alrededor de cuarenta países, es decir, hay alrededor de cuarenta países que tienen una población inferior a los mexicanos que cada año se incorporan por primera vez al mercado de trabajo.
Estas serían, diputado Lomelí, las respuestas a las preguntas adicionales que usted me manifestó.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Guillermo Pacheco Pulido: -Con su permiso, señor Presidente. Señor secretario: De acuerdo con las responsabilidades y obligaciones de esa Secretaría a su cargo y en concordancia con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a fin de estar en posibilidad de dictaminar sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, me voy a permitir formular a usted cinco inquietudes, tomando como base que entendemos que planear en época de crisis es, en realidad, una tarea difícil y compleja; entendiendo, además, que la planeación entre otros requisitos y características, tiene la de dotar de recursos, de fijar responsabilidades y de concretar plazos y tiempos.
La primera inquietud: ¿cuáles han sido los avances del Sistema Nacional de Planeación Democrática en este sexenio?. ¿se han cumplido los plazos que la Ley de Planeación señala?, ¿Han cumplido los estados y municipios de la República con sus compromisos en la planeación regional a que están obligados por la ley?, ¿qué medidas se toman al respecto, a fin de lograr un desarrollo congruente y paralelo de la República, para que no existan grandes zonas marginadas en el desarrollo nacional?
Segunda: ¿No le parece, en lo general, que hay exceso de planes y programas? En la Ley de planeación quedaron pendientes asuntos o temas tales como la participación social del Sistema Nacional de Planeación Democrática; se nos dijo que esto aparecería en el Reglamento de esta ley y es fecha que no conocemos ese reglamento, y en su caso, ¿cuándo saldrá ese reglamento y cómo reglamentará la participación social?
Tercera: por otra parte, anteayer se ha señalado aquí que no habrá aumentos de impuestos, que se reducen los empréstitos, que seguimos con fuerte inflación, que los aumentos de precios y tarifas de los bienes y servicios de las paraestatales serán razonables y que se han reducido los ingresos por divisas petroleras. Esto, señor secretario, ¿hasta qué grado influye para disminuir y poner en riesgo las metas del Plan Nacional de Desarrollo?, ¿esto no cambia al Plan y a los programas que él se derivan?, ¿se cubrirán en los plazos programados?
Cuarta: por lo que hace al servicio civil de carrera que su Secretaría coordina, ¿no le parece que la resta flexibilidad al manejo del personal, ya que las diferentes entidades y dependencias tienen características propias que dificultan la sistematización y tabulación de puestos y salarios?, ¿qué tan flexibles y qué tan competitivos son los sueldos para evitar que los mejores servidores públicos se vayan a otros sectores y hasta, en su caso, al extranjero?
Quinta: el Presupuesto de Egresos que prepara e integra la Secretaría a su cargo, la mayoría de las veces después de ser aprobado por esta soberanía y ya en su ejercicio sufre de ajustes, transferencias, ampliaciones, y escasas veces reducciones; todo ello afecta posteriormente el resultado de la Cuenta Pública. ¿Cuáles son las medidas que está tomando la secretaría a su cargo para disminuir estos fenómenos, fenómenos mismos que ante la población crean suspicacia y dan idea de corrupción?
Por sus opiniones, señor secretario, muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari:- Diputado Pacheco Pulido: Las preguntas que usted hace, permiten que cumpliendo esta obligación constitucional se puedan esclarecer temas que son de interés, en lo particular para usted, y en general para la comunidad.
El Sistema Nacional de Planeación Democrática que el Presidente Miguel de la Madrid viene poniendo en marcha, ha demostrado que es necesario como elemento para combatir la crisis, porque ha obligado a una ordenación en las acciones del sector público y al mismo tiempo ha alentado la participación de los diversos sectores de la sociedad en la definición de las estrategias básicas y en la vigilancia de su ejecución. En un sistema, en consecuencia, que se requiere; pero
no sólo por ser ésta una época de crisis, con objeto de asegurar de que se las acciones conducentes al cambio estructural; los planes y programas precisan sus características, las líneas de acción, los responsables, los tiempos de ejecución, los recursos que se requieren también son elementos de valuación fundamental.
Dentro de los avances que el Sistema de Planeación Democrática ha tenido, se puede señalar que prácticamente está concluida la etapa de formulación. Se cumplió, en los términos señalados por la Ley de Planeación, en integrar un Plan Nacional de Desarrollo en los primeros seis meses de esta administración y, en consecuencia, el 30 de mayo de 1983 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
En el decreto aprobatorio de este Plan se señala que deben integrarse los programas de mediano plazo, los especiales e institucionales correspondientes y también los regionales que se requieran, así como apoyar a los estados de la Federación en la integración de los correspondientes.
También en los términos de la Ley de Planeación, se presentó el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo en marzo de este año, en los tiempos señalados por la ley, con lo que se le da cumplimiento a dicho mandato legal.
Estamos ahora, como lo ha señalado el Presidente de la República, en la etapa más difícil de la planeación: la de la instrumentación. No se quieren planes de papel que se queden únicamente como documentos de consulta o de reflexión. Son documentos actuantes, vivos, en ejecución, que permite ordenar la acción del sector público y, en consecuencia, hacerla más oportuna y alcanzar el principio de lograr más con menos. No hay exceso de planes. Sólo hay un plan, el Plan Nacional de Desarrollo; una sola estrategia: la que éste contiene, de cambio estructural y ataque frontal a la crisis, y una clara definición de las políticas sectoriales.
Ese Plan Nacional de Desarrollo se desagrega, como en el mismo se había señalado, en programas sectoriales y especiales correspondientes. Como señalaba el secretario de Hacienda en su comparecencia, se ha integrado el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, que señala de dónde provendrán los recursos que se requieren para apoyar las acciones estratégicas señaladas en el Plan Nacional.
Igualmente se han publicado los planes sectoriales correspondientes, en los cuales se detalla la estrategia, las acciones, los recursos y las metas de cada sector. En el industrial, en el agropecuario, en el de comunicaciones y transportes, en el de ciencia y tecnología, el de salud, el de pesca, en el de los diversos sectores de la Administración Pública, se han venido integrando los programas de mediano plazo. Están por publicarse el Programa de Mediano Plazo de Desarrollo Rural Integral y el de Justicia; y en materia regional, el de la frontera norte.
El reglamento de la Ley de Planeación estará listo en 1985. En él se alentará la participación de la sociedad en la ejecución e instrumentación de la planeación.
Por lo que hace a su pregunta sobre la razón de que disminuyendo la proporción de los ingresos en el producto nacional, en la medida en que no habrá incrementos de impuestos en 1985 y que los aumentos de precios y tarifas que tengan que darse no serán tan severos como los del año pasado o, incluso, proporcionalmente como los de este año, bajar simultáneamente el déficit, se hace usted la reflexión de cómo es posible que podamos incrementar los programas de inversión. Esto se ha logrado por dos caminos, diputado Pacheco Pulido; por una parte, en la medida en que el sector público ha venido saneando sus finanzas la carga del servicio de la deuda ha reducido su proporción en el presupuesto total, y eso permite que podamos tener espacios para programas adicionales, no muchos, no en gran cuantía, todavía el servicio de la deuda es elevado, todavía tenemos que avanzar más en el saneamiento de las finanzas públicas; pero ya podemos plantearnos un crecimiento positivo de la inversión pública para 1985.
El otro elemento consiste en ir abriendo espacio a nuevos programas, eliminando otros que no eran prioritarios o que en la evaluación que de ellos se hizo en la situación crítica por la que atravesó el país, sobre todo en 1983, se consideró que ya no era conveniente su continuación y se cancelaron o se difirieron. Las diversas entidades del sector público han logrado así, abrir nuevos espacios para programas adicionales sin necesidad de aumentar los montos totales de gastos.
El servicio civil es un elemento indispensable para el profesionalismo de los trabajadores al servicio del Estado, con ellos se le da un paso adicional al propósito de eficiencia y honestidad en las tareas que desempeñamos los servidores públicos y todos los trabajadores al servicio del Estado.
El anteproyecto que eventualmente se integre, provendrá de la propuesta que realice la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado en el diálogo que lleva a cabo en el seno de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil. En él se respetarán los derechos y prestaciones alcanzados, para asegurar paulatinamente un nivel de remuneración adecuado para los trabajadores al servicio del Estado.
No, diputado Pacheco Pulido, los sueldos y salarios del Gobierno Federal todavía no son competitivos en relación a los que para puestos equivalentes, y no en todos los casos los hay, se prestan en otras áreas de la economía mexicana, por eso, en muchas ocasiones, trabajadores del Sector Público pasan a formar parte del propio Sector Social o del Privado, porque reciben remuneraciones superiores.
Con el servicio civil lo que se busca es precisamente dar una remuneración adecuada a la prestación, adecuada también, de un servicio, y aquí es donde entra la parte esencial del proyecto de servicio civil como beneficio para la comunidad en general. Se trata de mejorar la eficiencia en los servicios que el Gobierno Federal le da a la comunidad; que el trato en la ventanilla sea eficaz, cortés y suficiente ante la demanda de atención por parte del público. En esa tarea estamos empeñados todos los trabajadores al servicio del Estado. El servicio Civil de carrera será sin duda un instrumento que permita dar un paso adicional en dicha dirección.
Y por último, diputado Pacheco Pulido, yo coincido con usted que el Presupuesto de Egresos requiere seguir perfeccionándose, no acaba de ser un instrumento terminado en su configuración para apoyar los propósitos del desarrollo, todavía hay gastos que pueden reducirse, todavía hay programas que pueden y deben revisarse; necesitamos aumentar la eficiencia en el trabajo; necesitamos aumentar también la calidad del mismo; pero hemos dado pasos importantes; hay la convicción de todos los trabajadores del Sector Público por coadyuvar en este esfuerzo nacional de eficiencia que requiere el combate a la crisis. Por ello se ha propuesto una reforma estructural al gasto, que enfatiza la responsabilidad de los titulares de las entidades en el ejercicio del mismo, que también propone un presupuesto realista a ejecutarse en el año de 1985 y, en consecuencia, menores modificaciones en su ejercicio a lo largo del año, que es una preocupación que usted, con justicia, señalaba en los informes que se rinden en la Cuenta Pública.
La reforma estructural permitirá, asimismo, mayor agilidad en las decisiones de los servidores públicos. Ya no podrán invocarse los controles administrativos como elemento para no ejercer con oportunidad el gasto. Se aumentan la rapidez y la responsabilidad del ejecutor del gasto, pero también se reafirman los controles y la normatividad para asegurar su ejercicio honesto y eficiente. Estas serían, diputado Pacheco, mis respuestas a las preguntas por usted formuladas.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Salvador Castañeda O'Connor, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Salvador Castañeda O'Connor: -Señor secretario: Ni falta hacer recurrir a las estadísticas para decir que al pueblo no le fue bien durante la época del auge, que le fue mal en la crisis y que le está yendo peor en la recuperación. Una constante que se repite en estos tres tiempos de nuestra sinfonía económica es que el incremento salarial, cuando se da, nunca compensa la pérdida ya registrada en el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, mientras que el incremento de las utilidades siempre es mayor que el de los precios.
Parece inconcebible que el Gobierno esté pasando la cuenta a los humildes, por cosas de que nunca disfrutaron. Los administradores de la abundancia tuvieron que reconocer que aquéllos nunca tuvieron acceso a los bienes que tal abundancia suponía. Ahora los trabajadores tienen que soportar los salarios reales más bajos de los últimos 40 años, y los precios que se pagan a los campesinos por sus cosechas muchas veces no cubren ni siquiera los costos de producción.
La mayoría de los mexicanos ya no se mortifican con los repetidos aumentos a los automóviles, la gasolina, a la leche o la carne; productos inaccesibles para ellos desde hace mucho tiempo. Lo que los desalienta, es que el salario ya no alcance ni para tortillas frías, frijoles, café, chile.
Si fue un pequeño sector de la población, los componentes de la alta burguesía los gobernantes deshonestos y los monopolios imperialistas, quienes se beneficiaron de la riqueza petrolera, de los incrementos del Producto Interno Bruto y del dinero que pedimos prestado, lógico sería entonces, y hasta un acto de renovación moral, que sean ellos los que paguen los costos de la recuperación.
Todo parece indicar que la austeridad gubernamental descansará de nuevo en la restricción de los salarios de los burócratas y en la prohibición expresa para la creación de plazas en el Sector Público; que se seguirá aplicando una política salarial restrictiva; que no se tiene, en realidad, la visión de ampliar el empleo y reactivar la economía; que lo que se propone es mantener el programa de ajuste y disciplina. Esto es, se propone, en medio de un lenguaje optimista y esperanzador lo mismo que el año pasado y lo mismo que el antepasado, una nueva agresión al pueblo, concebida como una política para evitar que el pueblo reciba una parte de los beneficios derivados de la riqueza que el propio pueblo genera, y como una medida que permita que los patrones se apoderen no sólo del plus producto sino también de aquello que requiere el trabajador para satisfacer sus necesidades vitales. La austeridad es un robo.
El insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas y la deformación de las estructuras económicas son las causas, junto a la austeridad y la creciente dependencia de nuestro país, de la dramática situación que vive nuestro pueblo. Las mismas cifras oficiales arrojan, entre otros, el dato dramático de que de los dos millones de niños que nacen anualmente, cien mil mueren por desnutrición y un millón sobreviven con defectos físicos y mentales. La cuarta parte de nuestra población tiene severos problemas de desnutrición, ¿para esto necesitan la política económica?
Tomando una idea referida a los países del Tercer Mundo, puedo decir que si aquí guardamos un minuto de silencio por cada uno de los mexicanos que mueren por causas relacionadas con el hambre, tendríamos que clausurar los trabajos del parlamento mexicano
por el tiempo que corresponde a varias legislaturas.
El Gobierno exhibe, con mal disimulado orgullo, las cifras de la reordenación económica y la recuperación, los logros contra la inflación y el abatimiento del déficit; pero no dice nada sobre el daño irreparable que ya se causó a nuestra población, ni respecto al alto costo social que estos relativos éxitos seguirán provocando. Habla el Gobierno del equilibrio financiero, pero nada dice del desequilibrio creciente en el ingreso y de otros desequilibrios que afectan a la sociedad.
¿No sería posible, señor secretario, cambiar el esquema de esta política económica que debilita y enflaquece al Estado con el fin de sostener las enormes ganancias de los monopolios para después tratar de recuperarlos a costa de los trabajadores? ¿No sería mejor fortalecer al Estado y su función rectora en la economía, pero para asegurar un incremento permanente de las condiciones de vida del pueblo, garantizar nuestra independencia económica, afirmando el bienestar de ésta y las futuras generaciones de mexicanos en una patria totalmente liberada? Esas últimas fueron las tareas que el Constituyente de Querétaro le encomendó al Estado, al Estado mexicano, y no el triste papel de servidor de las empresas nacionales y extranjeras que recientes reformas a la Constitución le han asignado.
Abatir el déficit a costa de lo que sea, no tiene sentido, a menos que se confunda a México con una empresa mercantil; buscar el superávit en las finanzas públicas mediante la reducción del gasto, es absurdo en un país que tiene que resolver carencias acumuladas durante siglos. Que yo recuerde, el único que ha logrado un superávit de las finanzas públicas fue Limantour, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, y todos recordamos las consecuencias de esa política. ¿No sería mejor elevar de inmediato los ingresos reales de obreros y campesinos; impulsar la producción y el empleo; incrementar el gasto destinado a resolver necesidades imperiosas de nuestra población en renglones como la salud, la educación, la vivienda y mínimos de bienestar; mejorar la cantidad y calidad de los bienes y servicios que proporciona el Estado, a costa de imponer, aquí sí, una severa austeridad a las enormes ganancias de los monopolios? Todo esto sería posible si nuestros gobernantes, por lo menos tuvieran emoción patriótica, espíritu de servicio y aliento popular.
Usted debe saber a cuánto asciende nuestra deuda externa. Es enorme, pero más pesada es la carga que esa misma deuda nos impone. En la reunión de los No Alineados se sostuvo, con fundamento, la tesis de que la deuda externa que soportan países como México, es sencillamente impagable mientras no cambien las relaciones económicas internacionales que hoy por hoy asfixian a nuestros pueblos; que hay un paradójico mecanismo de retroalimentación de la deuda externa; que estamos llegando al extremo de incluir en deuda, prácticamente con el único objeto de cumplir las obligaciones que crea la propia deuda; que fenómenos tan absurdo, vicioso e irracional como éste, no tiene precedentes en la historia de las relaciones económicas internacionales. ¿No sería mejor, señor secretario, en lugar de andar buscando prórrogas que significan más intereses y comprometen nuestro futuro, emprender una lucha, junto con todos los países que estarán en idéntica situación que el nuestro, por cambiar las condiciones de comercio que nos son adversas, e imponer un orden económico internacional equitativo y razonable? ¿Cómo podemos pagar a nuestros acreedores extranjeros, si de fuera nos vienen los bajos precios para nuestros productos y nos encarecen exageradamente los bienes y servicios que les adquirimos y necesitamos, al tiempo que elevan unilateralmente las tasas de interés?
México debe negarse a pagar las consecuencias de lo que no ha causado. Algunos secretarios de Estado sostienen que el Fondo Monetario Internacional no es quien decide la política del Gobierno mexicano; pero todo mundo conoce, porque se hicieron públicas, las condiciones humillantes que dicho Fondo hace valer cada vez que recurrimos a sus servicios. Todo mundo sabe que los recursos que nos proporciona el Fondo Monetario Internacional constituyen apenas un insignificante paliativo a nuestras necesidades, pero bastante costoso en términos políticos, económicos y sociales. A los préstamos que ofrece se accede sólo aceptando las crecientes, rigurosas e intervencionistas cláusulas que esa institución propone.
La lógica de imperialismo es muy curiosa: primero saquea nuestros recursos y luego nos llama despilfarrados. Y por ello nos exige restricción del gasto, topes salariales, disciplina presupuestal. etcétera.
Ha habido una discusión en relación con el carácter de los convenios que suscribimos con el Fondo Monetario Internacional. Muchos niegan que éstos sean o se equiparen a los tratados internacionales; pero no cabe duda que el Gobierno los convierte en ley suprema del país, equiparables a la norma constitucional. El único inconveniente es que no se someten estos convenios a la aprobación del Senado, lo que daría al Congreso una cierta y saludable intervención.
La materia de esos convenios es más importante que la de muchos tratados internacionales, porque se refiere a los problemas de nuestro desarrollo económico y para el gusto de los mexicanos debería ser independiente. Sería mejor, por tanto, que el Congreso participara en su aprobación, como la de cualquier otro compromiso de carácter económico que México suscriba. No se puede dejar sueltos a los altos empleados de Hacienda, que por cierto han sido nombrados sin autorización del Senado, para que a nombre de México negocien y renegocien créditos, y cuyos afanes patrióticos sean desmentidos
cuando el propio imperialismo los homenajea, otorgándoles el título de financieros del año.
En el siglo pasado el libró una lucha extraordinariamente importante por separar los negocios de la Iglesia de los del Estado. ¿No cree usted, señor secretario, que ha llegado el momento de separar al Fondo Monetario Internacional de los asuntos que corresponden soberanamente al Estado mexicano? Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Señor diputado Castañeda O'Connor: Los problemas de la injusticia que el país vive, que tiene de hace mucho tiempo, que ha podido ir abatiendo con acciones francas y decididas, pero que también la crisis ha exacerbado e incluso agravado en varios de ellos, no son soslayados por el Gobierno de la República. Al contrario, si algo ha hecho la administración del Presidente Miguel de la Madrid, es reconocer la gravedad de los problemas que vivimos, destacar cuáles han sido sus causas y proponer soluciones eficaces para resolverlos.
El pueblo ha sido dramáticamente afectado por la crisis, la vivencia está en los que viven cotidianamente, es la política económica de este Gobierno la que ha evitado que la incidencia de la crisis fuera mayor sobre el bienestar de la población, y ahora, gracias a las acciones que este Gobierno ha tomado, podemos iniciar ya la reversión de los efectos desfavorables que la crisis produjo sobra la población.
El Gobierno no pasa cuentas, diputado Castañeda, ejerce con responsabilidad una política de desarrollo que ha protegido los empleos y ahora apoyará el salario real. Ha elevado los precios de garantía a los campesinos en forma sin precedente, se han revisado en una proporción mayor de lo que ha crecido la inflación; si no se han revisado más, es porque un incremento superior reclamaría un aumento, en consecuencia, mayor a los consumidores, y de no darse éste, un aumento en el subsidio, y en consecuencia, en el déficit, cuyo financiamiento no puede soportarse por vías no inflacionarias. Ahí sí, diputado Castañeda O'Connor, la realidad le pasaría a la comunidad, un precio mucho más elevado que el de andar elevando los de garantía sin un sustento real; pero el Gobierno de la República se los ha incrementado a los campesinos en un monto, reitero, superior al de la inflación, y revisándolos, previos a la cosecha y posteriores a la recolección.
El aumento en el empleo, la reactivación de la economía, son hechos que no sustentan sus afirmaciones. Yo entiendo su posición partidista, usted quiere enfatizar que el Gobierno de la República no se preocupa por los intereses del pueblo de México, pero no hay capacidad de convocatoria en sus palabras, porque la realidad refuta una afirmación que sostenga que el Gobierno en su acción, en su tesis y en su quehacer cotidiano, no tenga como preocupación fundamental los intereses populares.
Pero el Gobierno ejerce una política responsable; no puede proponer con el simplismo y la superficialidad con la que usted lo sugiere, acciones que aparentemente no significarían costo para resolver la crisis. Y usted propone paliativos, usted propone medidas que debilitarían al Estado, cuando aparentemente está sugiriendo fortalecerlo. Al Estado mexicano no se le fortalece haciéndolo más grande con pies de barro, se le fortalece con una política sana, con una plataforma ideológica clara y con una convicción popular decidida.
En el saneamiento de las finanzas públicas está el fortalecimiento del Estado mexicano, no en el incremento de su tamaño llevando al absurdo de que ese tamaño provocaría su inmovilidad, y me sorprende que un miembro de un partido de oposición proponga aumento en el tamaño del Estado, con el riesgo de que este Estado lo absorbiera. Tal vez ésa sea la concepción de Estado que usted tenga, uno en el cual ni siquiera partidos de oposición hubiera.
El Estado mexicano racionaliza su tamaño, racionaliza su tamaño para ejercer su responsabilidad de rectoría del desarrollo, y lo está haciendo con apego a los criterios que le marca la propia Constitución de la República. No soslaya que tiene que tomar medidas amargas, pero las explica y las comenta con la población, da las razones de su ejecución, y los resultados van avalando las propuestas que él ha señalado.
Destaca usted que hay desnutrición en México. Sí la hay. La tenemos desde hace muchos años, décadas. Es una herida abierta en el pueblo mexicano que es obligación del Gobierno y de toda la sociedad enfrentarla, y la estamos enfrentando; es por ello que las acciones que en esta época de crisis, que bajo un programa ortodoxo no se llevarían a cabo, se están dando con prioridad. Por eso enfatizamos los recursos a las áreas sociales, por eso hemos destacado que el presupuesto de salud y dentro de él las acciones de nutrición tendrán una atención fortalecida, por que la preocupación del Gobierno de la República es la de resolver este problema, no sólo de enunciar que existen, sino la de una propuesta viable para su solución.
La moratoria que usted propone, nos dejaría sin la posibilidad de importar los alimentos que todavía tenemos que importar, sin poder obtener las materias primas que requiere la producción de los medios para atender la salud, sin poder traer aquellas importaciones que apoyan la producción nacional de bienes y servicios indispensables. No producimos todo lo que necesitamos ni hay país que lo pueda hacer. La autarquía es una utopía y, en consecuencia, tenemos que realizar importaciones. El día que lleváramos a cabo una moratoria unilateral, como la
que usted sugiere, automáticamente se frenaría toda posibilidad de obtener recursos para realizar esas importaciones indispensables por la vía de crédito, no cabe duda, pero también por el congelamiento que se daría de las exportaciones petroleras o de las no petroleras que estamos realizando y que nuestros acreedores congelarían de inmediato en los mercados internacionales. Su moratoria empobrecería al país, señor diputado; su moratoria debilitaría a la soberanía del país. Su moratoria es una propuesta francamente reaccionaria, que no es compatible con la posición de un gobierno revolucionario que sostiene los principios de la Constitución de 1917. En eso, nuestras posiciones son francamente incompatibles.
No aceptamos condiciones humillantes, diputado Castañeda O'Connor. Ningún convenio celebrado por el Gobierno de México contiene cláusulas que impliquen condiciones humillantes. Hemos tenido capacidad para negociar en una situación interna muy difícil y una externa muy adversa. Ha habido talento para lograr ventajas para la situación mexicana, pero la estrategia de desarrollo la fijó el Gobierno de la República en consulta con los mexicanos, a través de la campaña electoral, y éstos le refrendaron su voto mayoritario en la elección de julio de 1982. Es necesario reiterarlo, porque se quiere olvidar que esta política se deriva de un mandato popular, y como mandato popular se ejerce con responsabilidad y con sentido social. No propusimos paliativos, diputado Castañeda O'Connor, no lo propusimos porque estos paliativos, que son precisamente los que usted sugiere, no contribuyen a resolver de fondo los problemas; permiten, eso sí, congraciarse temporalmente con algunos sectores de la población; pero la mayoría de México ya aprendió cuáles son las soluciones que de veras resuelven sus problemas y cuáles son meras propuestas de corte partidista con vista electoral, que sólo pretendan granjearse su simpatía diciéndole que hay posibilidad de resolver esta crisis sin pagar un costo. Sí hay un costo, diputado Castañeda O'Connor, toda la Nación lo ha pagado, y el Gobierno de la República, con su acción, está logrando que empecemos ya a revertir precisamente el costo que la crisis nos ha impuesto.
Sabemos cumplir nuestros compromisos y los seguiremos cumpliendo con responsabilidad, pero ello no basta para que pasivamente esperemos la carga de esos compromisos. Activamente se ha trabajado en los foros internacionales para obtener una adecuada reestructuración de la deuda, para lograr que los intereses no se incrementen exorbitadamente y para avanzar en un mercado petrolero más estabilizado, dada la importancia que tiene para nuestros ingresos de exportación.
El Gobierno de la República tiene una política responsable, el Gobierno de la República tiene una política eficaz, el Gobierno de la República tiene una política de claro contenido social, que a la par que combate la crisis, se preocupa por los intereses mayoritarios. Lo que el Gobierno de la República no tiene, es una propuesta de ilusiones, que al mentirle a la comunidad sobre la inviolabilidad de ella, sólo traicionaría la confianza que el pueblo le ha depositado.
Por ello, diputado Castañeda O'Connor, nosotros tenemos la convicción de que los problemas de la injusticia no se combaten con el derrotismo, ni inflando artificialmente el tamaño del Estado para provocar su inmovilismo, y me imagino que, en consecuencia, la facilidad por tener una mayor debilidad de él.
Se combaten con claridad, con consistencia, con veracidad, con una política que realmente ataque los problemas y no soslaye sus causas ni sus soluciones.
En esta época de crisis, esa es una política revolucionaria, la que propone atacar los problemas de fondo con verdad y, además, con un claro propósito social.
Ese sería mi comentario a su intervención, señor diputado Castañeda O'Connor.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Castañeda O'Connor.
El C. Salvador Castañeda O'Connor: -Señor secretario: En primer lugar deseo aclararle que yo soy miembro del Partido Socialista Unificado de México, el término de comunista a mi no me afecta, pero usted lo mencionó con un espíritu macartista muy definido.
No soy partidario del fortalecimiento del Estado por sí mismo, quiero que se fortalezca el Estado para que cumpla, vuelva a cumplir, con las funciones que la Constitución del '17 le dio, para que sirva a los intereses de la independencia nacional y eleve el nivel de vida de nuestro pueblo. Un Estado al servicio de los monopolios, naturalmente que yo no lo quiero, ni grande ni chico, mejor que no existiera; es más históricamente nosotros luchamos por una sociedad sin clase y en donde va a desaparecer el Estado.
Yo no creo que tenga nada de reaccionario el que les impute a ustedes que están aplicando una política que daña al pueblo. Y eso no es cuestión de cifras, es cuestión de que nos demos una vuelta usted y yo por donde viven las gentes humildes, y si no se cuida se lo pueden hasta comer.
Después de su respuesta, señor secretario, me queda claro que los funcionarios mexicanos, ni aun en épocas difíciles se despojan de la retórica y del optimismo. Nadie puede encontrar a este país si lo busca basándose exclusivamente en los documentos y discursos del Gobierno. Alguien podría pasar por aquí sin darse cuenta que está en México, si lo que busca es un país en donde se dice que están plenamente garantizados los derechos a la salud, a la vivienda a la información, al trabajo, al salario mínimo suficiente a la huelga y a designar democráticamente a sus gobernantes.
Ha dicho usted en otras intervenciones, que los salarios son producto de negociaciones entre las partes; eso es cierto, pero también es cierto que si se demandan incrementos más allá de los autorizados por el Gobierno, ninguna demanda tiene éxito y expone a quien la formula a consecuencias terribles, como es el caso de los trabajadores afiliados al SUTIN. El Gobierno está en contra de la economía-ficción, pero no en contra de los salarios-ficción. Me parece que culpar a los obreros de aceptar libremente limitaciones a sus ingresos, en base a una supuesta alianza, es, por lo menos, un acto de crueldad.
Señor secretario, y hablando de Uramex, el año pasado nos informó usted que no se había autorizado la transferencia de fondos de Uranio Mexicano, Uramex, para emplearlos en liquidar a los trabajadores. Sin embargo, la Cuenta Pública nos confirma que esa transferencia ocurrió. ¿Qué explicación puede darnos a eso?
Luego, usted mencionó que se prevé una elevación de precios de diciembre de '84 a diciembre de '85, del 35%, y de año a año, de más del 40%. Si el presupuesto de empresas públicas se elaboró sobre la base de un aumento salarial del 30%, y si el presupuesto de servicios personales del sector centralizado sólo aumentará en un 19.7% en 1985, en comparación con 1984, ¿cómo se espera que siga en estos casos el ingreso real?
No me habla de cifras, señor secretario, ni siquiera le pido un pronóstico sobre el futuro de este país. Lo que le quiero preguntar es ¿que pueden esperar los mexicanos de la política económica del Gobierno? ¿Qué pueden esperar en el corto plazo los obreros y los campesinos a cambio se su sacrificio? De los muertos, los inválidos y los demás damnificados de la política económica ya no le pregunto, ellos ya no esperan nada; pero como el Gobierno sostiene que todos los males del pueblo se deben a la crisis, y no se señalan a los causantes de esta crisis, como si la crisis nos hubiera venido del cielo, entonces, en la practica, no se deja al pueblo más recurso que el de apelar a la Divina Providencia, que esto sí es reaccionario y es de gentes enemigas del pueblo. (Aplausos.)
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: - Diputado Castañeda O'Connor: Mis disculpas por las confusiones en cuanto al término de partido comunista. Partido Socialista Unificado de México. Lo que hemos tratado aquí es tener un diálogo en el cual se puedan clarificar las opiniones que diversos sectores del país tienen sobre las cuestiones que más le preocupan.
El Gobierno de la República, depositario de un mandato popular, presenta los puntos de vista de una política que beneficia a la mayoría; pero no por ello está cerrado a las observaciones o comentarios de la minoría.
El Estado, diputado Castañeda O'Connor, ya cumple con las funciones que le marca la Constitución de 1917. Los principios fundamentales de rectoría del desarrollo, titular de los derechos obreros, de atención a las cuestiones sociales básicas, hoy enriquecida por la demanda de un desarrollo rural integral, son responsabilidades que el Estado mexicano atiende hoy como respuesta a su compromiso ideológico y político con la Constitución de 1917. Es un Estado que sabe responder a su mandato constitucional; es un gobierno del Presidente De la Madrid, que sabe también acatar el mandato popular, de enfrentar la crisis de raíz, de resolverla para que no vuelva a repetirse con la virulencia que ha dañado a tantos sectores de la población mexicana. Ese es el Estado mexicano de hoy; ese es el Gobierno de la República que responde al mandato de la Constitución de 1917.
Yo reitero, diputado Castañeda O'Connor, que el Estado que usted propone incrementar exorbitadamente en tamaño, acabaría siendo un Estado al servicio de nadie; con la posibilidad de no atender ninguna de las demandas fundamentales. Esos pies de barro que le quieren poner al gigante estatista sin un sustento financiero adecuado, lo único que provocaría es estar pagando programas sin recursos no inflacionarios y, en consecuencia, estarían provocando un debilitamiento del Estado mexicano, y sin posibilidad de cumplir su responsabilidad de encabezar la defensa de la libertad e independencia nacionales y de atender los reclamos populares fundamentales. Esto no es retórica, diputado Castañeda O'Connor, son realidades, son hechos cotidianos en la administración del Presidente Miguel de la Madrid; son actos de gobierno que se apegan al mandato constitucional y al reclamo popular; son acciones derivadas de una consulta popular amplia y diversificada con toda la población. No es optimismo exagerado. Pero permítame decirle, diputado Castañeda O'Connor, que sí, caminando entre el pueblo de México, uno aprende que es un pueblo que no es pesimista, que tiene una enorme capacidad para el optimismo, no para ilusionarse sin fundamento; conoce su fortaleza, conoce la capacidad que tiene para transformar el entorno que lo rodea y hacerlo para su propio beneficio, también tiene un gran sentido de solidaridad y responsabilidad. Ese es el pueblo que con gran orgullo encabeza el Presidente Miguel de la Madrid. (Aplausos.)
La realidad muestra que han generado más empleos, que se han controlado y abatido la inflación; que vamos en el camino de la recuperación económica. La realidad muestra avances; también muestra problemas, también nos enseña que no hemos acabado suficientemente con el alza de precios; que no hemos logrado generar suficientes empleos productivos; que todavía las finanzas públicas no tienen el margen suficiente para atender todas las demandas sociales. Pero en ese balance de avances frente a problemas, el resultado nos alienta para perseverar en la
política que está en ejecución desde el 1o. de diciembre de 1982. Son estos avances los que hacen que el movimiento obrero organizado del país, los grupos campesinos mayoritarios, los populares de avanzada en las clases medias, junto con los empresarios nacionalistas, demanden que se continúe el ataque frontal a la crisis, manteniendo las prioridades sociales que ya el presupuesto de '85 consigna en los hechos.
Me pregunta usted qué pueden esperar los mexicanos para 1985. Pueden esperar que se iniciará la reversión de la caída del ingreso que la crisis provocó, que aumentarán ya los empleos permanentes, que tendremos una nación fortalecida. Pero el esfuerzo tendrá que mantenerse, la solidaridad tendrá que redoblarse, el ahorro y la eficiencia tendrá que aumentarse para poder seguir combatiendo la crisis. No hemos terminado con el proceso de reordenación, pero los avances son positivos y por ello perseveraremos en la acción de la política que los ha permitido.
Nosotros entendemos, diputado Salvador Castañeda, que su partido no pueda aceptar los hechos que muestran que hay avances en el programa de reordenación porque en esa medida una propuesta sin sustento, sin consistencia, como la que ustedes hacen, los siguen alejando de la mayoría de este país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra la C. diputada Ma. Teresa Ortuño Gurza, del partido Acción Nacional.
La C. Ma. Teresa Ortuño Gurza: -Señor secretario: Sabemos que nos ha tocado ya el turno en que todos estamos agotados; por lo mismo voy a enviarle con una edecán las preguntas que voy a dirigirle. Sin embargo, a pesar de que estuvimos trabajando muy duro en la elaboración de preguntas concretísimas para respuestas concretísimas, no puedo, no debo dejar pasar la ocasión de precisar algunas reflexiones que han surgido durante este diálogo.
Vamos a empezar por lo bonito, por lo bueno. Le voy a hacer una felicitación, una. Es la primera vez que un funcionario público del gabinete condena explícitamente la criminal política económica de crecimiento con inflación que sostuvo el sexenio del Presidente López Portillo. Por supuesto que esto merece nuestra felicitación, porque mientras en los sexenios del licenciado Echeverría y del licenciado López Portillo crecía y crecía el gasto público, disminuía y disminuía el poder adquisitivo de los salarios, que aunque se vayan reputando, como usted dice, tardarán mucho en ser recuperados.
Nada más una referencia, señor secretario al principio del sexenio del licenciado López Portillo, él también parecía tener muy claro que el crecimiento con inflación era dañino; ojalá, ojalá señor secretario, que la memoria no les valla a fallar hacia final del sexenio.
Por otra parte, señor secretario, repetirle alguna cosa que ya comentaba nuestro compañero Juan José Hinojosa hace un año. Nosotros no creemos que la fortaleza del Gobierno se mida a través de la resistencia física de un secretario, de estar de pie tantas horas; reafirmamos nuestra convicción de que estas comparecencias deberían de ser más breves y, sobre todo, no es necesario que usted estuviera de pie tanto tiempo.
Ahora, señor secretario, voy a referirme a lo que usted mencionó en su diálogo con mi compañero, también torreonense y también coahuilense como yo, Alberto González Domene. Señor secretario, no somos liberales manchesterianos, como usted se atrevió a afirmar; no señor, no queremos un "laissez, faire, laissez passer", no queremos el dejar hacer, dejar pasar. Yo le suplico, señor secretario, que usted conteste a lo que nosotros afirmamos, no a lo que usted cree que afirmamos, y si no le queda clara nuestra afirmación, pues pídanos una aclaración y con todo nuestro gusto se la hacemos, pero no califique lo que desconozca o lo que creyó de buena fe haber entendido.
Señor secretario, el principio de subsidiaridad no es un principio victorioso ni es un principio del siglo pasado; en un principio avanzado, porque exige lo contrario del paternalismo; exige una mayor participación de los miembros de la sociedad. Lo podemos equiparar con cualquier otro ejemplo: mientras haya alguien que haga mi trabajo, mientras haya alguien que se ocupe de lo que a mi toca, yo voy a hacer lo menos que pueda. Es la ley del menor esfuerzo.
Nosotros decimos que la sociedad debe estar orgánicamente estructurada, de manera que la sociedad haga todo lo que sea posible y que el Gobierno participe cuando sea necesario. Esto, repito, es lo contrario al paternalismo, y negamos categóricamente el calificativo que usted le dio, quizá quiero pensar, porque no captó o no escucho adecuadamente. Quiero suponer que fue por eso.
Además señor secretario, usted insinuó que en Acción Nacional no somos nacionalistas. Señor secretario, yo quiero recordarle a usted y a los miembros del partido oficial, que como personas me merecen respeto, que el PRI se fundó, a instancias del embajador de los Estados Unidos, en 1929.
Nosotros, señor secretario, apoyamos la intervención del Gobierno en la economía, por supuesto que apoyamos la intervención del Gobierno en la economía. Le repito, no somos del liberalismo económico que usted afirma que somos, simplemente afirmamos que un exceso de intervención genera ineficiencia y corrupción, no porque sean malos y porque nosotros seamos los buenos, eso sí es maniqueísmo. Nosotros no suponemos eso, es que simplemente, si a cualquier persona se la adjudica una independencia, una posibilidad de manejar un presupuesto sin que se mida su honestidad, al fin y al cabo que el Gobierno paga, y ahí va el subsidio y hay siempre quien rellene esos huecos de dinero que se dan; pues es muy difícil que una persona no caiga en la tentación; no se trata de
bondad o maldad; se trata de que el sistema genera ineficiencia y corrupción cuando permite a pocas personas manejar mucho dinero. Por eso decimos que el Gobierno debe intervenir sólo cuando sea necesario.
Por otra parte, señor secretario me dio la sensación de que usted parece confundir Estado con Gobierno. Yo estoy de acuerdo con usted en que el Estado es la sociedad orgánicamente constituida, orgánica, y políticamente constituida, por supuesto. Pero, ¿Por qué el Gobierno se considera a sí mismo el representante de toda la sociedad? El Gobierno no es toda la sociedad. El Gobierno es una parte. Es la autoridad, es todo lo que usted quiera que podamos dialogar en alguna otra ocasión, pero no confundan Gobierno con Estado Por eso, nosotros siempre nos hemos opuesto al término de "estatización". Es "gobiernización", con muchas de las famosas nacionalizaciones, quienes han salido beneficiados son los administradores de ellas, y no el pueblo.
Señor secretario, por otra parte, usted se refirió a la definición de democracia que viene en el artículo 3o. constitucional. ¡Qué más quisiéramos que siquiera eso se respetara, esa definición del artículo 3o.! Pero ¿sabe, señor secretario?, podríamos dialogar y definir de muchas maneras la democracia, y muchas de ellas serían verdaderas. Pero la primera, la esencial, la primordial, la que da base de sustentación a todas las demás definiciones del término democracia, consiste no en otra cosa que en realizar elecciones limpias y darle el triunfo gane, quien gane. Y esto, señor secretario , yo podría entender,. fíjese, puedo pensar de buena fe que haya personas del Gobierno que sientan que se arriesga mucho si se les "suelta" el poder a quienes no están en el partido oficial. Pues ¿sabe una cosa?, nosotros sostenemos que es preferible que sea el pueblo el que se equivoque al elegir algún candidato de otro partido, a que se equivoquen los gobernantes al sostener contra la voluntad popular a los gobernantes que no han sido electos por el pueblo. Y los ejemplos son muchos; yo le pregunto, señor secretario, ¿podría usted afirmar, en conciencia y en público frente a la televisión nacional, que en México se respeta escrupulosamente el voto? Porque yo he oído que dicen, no, es que es perfectible, etcétera; pero si usted supiera las dificultades que tenemos para que se respete, ya no digamos el voto, la Ley Electoral que ustedes mismos hacen, como es el caso de Coahuila, en donde estamos teniendo muchísimas dificultades, ya no para que se respete, porque todavía no se vota, sino para que se respete la misma Ley Electoral.
Ahora usted afirmó, señor secretario, y lo repito, mis preguntas están escritas y por eso se las mandé, por eso son reflexiones sobre frases de usted que no podemos dejar pasar sin ningún comentario. Dijo usted que cuando ganamos, decimos que las elecciones son limpias, y que cuando perdemos decimos que son sucias. No señor fíjese que tampoco son limpias cuando ganamos, lo que pasa es que vencemos a pesar del fraude, y a pesar de la enorme cantidad de votos extras que se les adjudica al partido oficial, la gente se dirige con tanto entusiasmo a las urnas que logra vencer ese fraude. Probablemente usted no lo sepa, porque tengo entendido que nunca ha participado en un puesto de elección popular, no está obligado a ello, por supuesto; pero si le digo, señor secretario, vencemos a pesar del fraude, y esto, por favor, que quede muy claro.
Señor secretario, usted se refirió a la Constitución de 1917. Yo no sé, me imagino que usted debe estar muy enterado, la Constitución de 1917 ya no es la misma; ha sufrido 314 reformas, nada más en los gobiernos emanados de la Revolución. Por supuesto, convenimos en que algunas de estas reformas son buenas, por supuesto convenimos en que hay que ajustar las leyes; pero nos parece excesivo que haya 314 reformas a una constitución. El récord lo rompió el licenciado Echeverría, con 79 reformas durante todo su sexenio; el licenciado López Portillo la reformó en 38 artículos, y el licenciado Miguel de la Madrid, en sólo 26 días, reformó 32 artículos de la Constitución.
Señor secretario, repito, ¿algunas de estas reformas pueden ser buenas? Nosotros sostenemos que a la Constitución deben sujetarse los gobernantes, no convertirla en programas de trabajo, como sucede cada sexenio.
Usted afirmó, señor secretario, que el Gobierno habla con verdad, y afirmó que no miente; eso lo dijo usted cuando contestó a mi compañero coterráneo Alberto González Domene. Si esto es cierto, señor secretario, ¿por qué se habla entonces de crisis de credibilidad? Por favor, señor secretario, no nieguen ni con insinuaciones, si con palabras, que ustedes son del mismo partido que nos ha ocasionado estas crisis tan tremendas. Porque hablan ustedes a veces como si no hubieran participado en la creación de la catástrofe.
Por otra parte, le voy a decir algunos ejemplitos que se me ocurrieron, de algunos señalamientos de por qué a veces sí miente, o al menos no habla con verdad o habla con verdades a medias el Gobierno. Usted afirmó que toda la sociedad paga la crisis. Le suplico, señor secretario, que reafirme esta frase o la niegue, porque es lo menos que puede hacer. Es injusta esta afirmación, no toda la sociedad paga la crisis, señor secretario; hay quienes la están pagando por los que ya se fueron y por los que viven bien y por los que de todos modos algo tenemos para comer tres veces al día; pero no toda la sociedad paga la crisis. Quiero que específicamente usted me diga si usted convalida y ratifica esta frase que dijo, o si tiene alguna aclaración a ella. Le voy a decir por qué creemos que no habla con la verdad el Gobierno, o que cambia las afirmaciones según le conviene, y esa es una forma de mentir, aunque no
sea una mentira directa. En su campaña, el licenciado Miguel de la Madrid dijo que la renovación moral significaría que habría castigo a los culpables y que no quedaría nadie sin pagar lo que hizo. Ahora ya el término de renovación moral significa que no es cacería de brujas, es una forma de gobierno. Pero vamos a leer las declaraciones que hizo cuando era candidato, y esas declaraciones, si no recuerdo mal, la revista Contenido, entre otros medios de difusión, específicamente mencionó que renovación moral significaba castigo a los culpables del saqueo y de la crisis económica. Y cambiarle el sentido a esto es una forma de faltar a la verdad.
Otro ejemplo grave, el señor Miguel de la Madrid Hurtado, siendo secretario de Programación y Presupuesto, el puesto que usted ahora ocupa, dijo al presentar el presupuesto de 1981 ante la Cámara de Diputados, como lo está haciendo usted ahora para 1985, que en el trienio de 1978 a 1980, había alcanzado la economía una tasa de crecimiento, sin precedentes, del 7.6%; esto lo saco del Diario de los Debates, probablemente me equivoque en un 7.8%, pero la cifra es más o menos aproximada.
Pero, ¿sabe qué, señor secretario?, ya se habían alcanzado estas tasas tan altas en los trienios del 1949 al '51, '54 al '56; '62 al '64; '68 a '70, y con una diferencia: sin inflación, señor secretario.
Respecto a lo que dijo usted de los salarios del Sector Público, una especificación: habría que tomar en cuenta no sólo el monto de las comparaciones nominales de un sueldo de un funcionario público y de uno privado, sino que también hay que medir su productividad, porque dice usted que también se ha apretado el cinturón el Gobierno. Yo acepto que en términos reales el gasto público, en este año, no va a crecer, yo lo acepto y lo reconozco, pero ya quisieran muchos mexicanos que por lo menos se mantuviera su salario. La realidad es que para el resto de los mexicanos el salario disminuye; el Sector Público mantiene su presupuesto y la ciudadanía disminuye su poder adquisitivo. Esto es otra forma de presentar los hechos con verdades; pero a medias, que luego permiten conclusiones equivocadas para quienes no conocen un poquito de los términos de economía.
Otra fracesita, si le sirve como ejemplo, de algunas ideas que nos hacen dudar de la veracidad de ciertas afirmaciones, usted debe recordar, como todos los mexicanos y toda la gente que nos esta viendo por la televisión, que en mayo un columnista americano llamado Jack Anderson hizo una acusación muy seria contra el Presidente Miguel de la Madrid de un depósito de muchos millones de dólares en Suiza. No piense usted que voy a convalidar esa afirmación, yo no podría afirmar que eso es cierto; pero lo que sí le puedo decir, señor, es que los mexicanos nos quedamos esperando hasta ahorita que se procediera penalmente contra ese señor. Y cuando Anderson dijo que tenía pruebas, ya no hubo frase alguna por parte del Gobierno mexicano. ¿Por qué no se procedió?, ¿por qué no se demandó penalmente a alguien que se supone que estaba mintiendo? Repito, para que no me vayan a mal interpretar, no estoy uniéndome la afirmación del señor Anderson, simplemente me quedó la duda, como muchos otros mexicanos, por qué nunca se procedió penalmente contra él; ya sea para que la memoria del pueblo mexicano quede viva.
Una pregunta que usted no le contesto a mi compañero Alberto González Domene, señor secretario, es ¿cuál es el límite de crecimiento del Estado? Bueno, se la contestó a medias, porque dijo que el límite estaba especificado en el artículo 28. Efectivamente, el artículo 28 de la Constitución enlista una serie de actividades estratégicas a cargo del Gobierno. Pero los últimos tres renglones del cuarto párrafo del artículo 28 dice -después de que enlista las actividades estratégicas-: "y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Cuando tenemos un Congreso de la Unión integrado mayoritariamente, con frase electoral o sin ella, pero es un hecho, mayoritariamente por el mismo partido que el Presidente pues para suponer que cuando el Presidente quiere extender el poderío estratégico y económico de la economía pues basta con que mande una iniciativa al Legislativo, que al fin y al cabo ya sabe que jamás se la van a rechazar, por lo tanto, estos últimos renglones del párrafo cuarto del artículo 28, pues dejan abierta una puerta muy grande, y es éste el sentido de la pregunta de mi compañero González Domene; por eso le pido que sea muy concreto en esta respuesta de nuevo.
Una última afirmación: los obreros, señor secretario, a los que usted se refirió que están adheridos al Gobierno y que apoyan a la política económica, no es así, la apoyan sus líderes; pero no los obreros. Pero vamos a suponer, sin conceder -fíjese lo que le digo, sin conceder-, que los obreros y campesinos mexicanos afiliados a las centrales del PRI, y por ello mismo sujetos a control político, suponiendo que aceptarán esas políticas económicas, ¿qué nos puede decir de la aceptación de los marginados?, ¿qué nos puede decir que opinen de la política de los sexenios anteriores y de éste, que al fin y al cabo son del mismo partido y no puede negar su origen?, ¿qué podrían opinar los que vienen desnutridos desde el seno materno?
Ahora sí, señor secretario, después de estas consideraciones, que no podía pasar, le repito, voy hacer las preguntas que tenía yo ya preparadas.
Fue, y estoy entendida que usted es una persona preparada, usted también es economista, yo también, pero sé que usted tiene mucha preparación; el privilegio del que tiene muchos conocimientos es demostrarlos con claridad, con sencillez. Le voy hacer preguntas
sumamente concretas; por lo tanto, le voy a agradecer mucho, y además la ciudadanía de México también, que conteste específicamente; no son tanto preguntas de criterio, sino bien concretas.
Vamos a hablar un poquito de Gobernación. ¿Por qué se gasta en el renglón seguridad -estamos hablando de la Secretaría de Gobernación- 3 mil 718.5 millones de pesos, siendo que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno Federal no confiere a la Secretaría de Gobernación la seguridad interna del país? y la externa fíjese, esta rama -ahí apunté en la tarjetita en qué página viene todo, para que no batalle en encontrarla-, esta rama está en un renglón que se llama "Política y Gobierno". Si la Secretaría de Gobernación, en el capítulo Política y Gobierno, destina 3 mil 700 millones de pesos en seguridad, ¿qué se supone que está haciendo Gobernación?, ¿cuál es su papel? Por favor, especifíquenos, ¿para qué es este dinero?
Hay otra partida ahí que también nos preocupa muchísimo, y más que la anterior, porque además ésta ni siquiera está especificada. ¿Por que existe en este mismo sector, Gobernación, una partida denominada Atenciones Generales y se le destinan 9 mil 561.2 millones de pesos? Esta partida está en el capítulo llamado Normatividad, Conducción, Control y Apoyo de la Secretaría de Gobernación. 9 mil y medio millones de pesos; esto nos alarma, señor, porque necesitamos saber cuál es el papel que realmente juega Gobernación, especialmente porque el año para el que estamos estudiando, pues, año electoral, tenemos la suspicacia -qué le vamos hacer, el que con leche se quema hasta el Jocoque le sopla- de que ese dinero se utiliza con fines que no son los adecuados. Por eso le suplico, para no hacernos un juicio equivocado, que conteste usted lo más concretamente posible.
Por otra parte, otra pregunta, el presupuesto destinado al Poder Legislativo, incluye diputados y senadores, ya sé que usted lo sabe, pero lo aclaro para la gente que nos está viendo, el Poder legislativo tiene un presupuesto de 9 mil 738 millones y es casi igual al de la Secretaría de la Contraloría, 8 mil 174 millones. Señor secretario, reafirmamos las tesis que hemos sostenido desde que se habló de la creación de la Secretaría, es la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico que se llama Contaduría Mayor de Hacienda, quien debe de vigilar el ejercicio del gasto y fincar las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. No sólo deseamos sentar la tesis, señor secretario, y reafirmarla una vez más, sino que debemos señalar que es muy alto el costo de la Contraloría y que podría ahorrarse si se robusteciera la división de poderes auténtica y se fortaleciera verdaderamente a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Otra pregunta, señor secretario, ¿existe algún costo de mantenimiento de los bienes confiscados a los culpables de peculado? Le pregunto por esto, yo sé que se han recabado, se han recuperado, algunas cantidades, de personas a las que se les han encontrado delitos; pero la pregunta al respecto de los bienes, y concretamente, pues, podríamos poner como ejemplo "El Partenón" y alguna que otra de esas propiedades, ¿gasta el Gobierno mexicano, aunque sea poco, en sostenerlas? porque si es así, habría que tomar otro tipo de medidas y por es o necesitamos su contestación.
Señor secretario, según datos periodísticos, al 45% de lo que se gasta en publicidad en todos los medios de difusión lo paga el Gobierno, anunciando a la banca "gobiernizada", a la Conasupo, etcétera, en precios que no necesitan de propaganda, puesto que son del Gobierno. ¿Qué opina usted de esta clase de publicidad, inútil dispendiosa? ¿Cuánto se va a gastar en este renglón el próximo año, señor secretario?
Señor secretario, el artículo 10 del decreto que usted presenta a nuestra consideración el día de hoy, dice: "Se faculta al Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto se incluyan en el Presupuesto de Egresos para la Federación, para el ejercicio de 1985, otros organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, además de los señalados en el artículo 6o. de este decreto. El artículo 6o. enlista las 28 empresas sujetas a control presupuestal. Este artículo 10 es el que faculta a la Secretaría de Programación y Presupuesto para destinar partidas, que no estén sujetas a control presupuestal, así lo tenemos entendido, si no es así, corríjanos; pero, ¿sabe?, no estamos de acuerdo con este artículo 10 de este decreto, porque es una puerta abierta; por supuesto que nos vamos a poner a él en la discusión cuando se debata esto, pero suponemos que se aprobará. ¿Nos podría indicar a cuánto ascenderá esta partida?, porque este artículo 10 nada más dice que se autoriza, pero no señala cuánto. Por favor, precisión.
¿Podría señalar, si fuera tan amable, no solo para Acción Nacional y para mí, sino para los mexicanos que nos ven y que no tienen acceso a los tomos del presupuesto que nos entregaron, por cierto ya con un poco de tiempo, podría señalar lo más preciso que sea posible, a cuánto ascenderá el subsidio a las siguientes empresas que se dicen del pueblo: Comisión Federal de Electricidad; Conasupo; Ferrocarriles Nacionales de México; PIPSA, Inmecafé, Instituto Mexicano de Comercio Exterior; Aeroméxico; Caminos y Puentes Federales de Ingreso; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Diesel Nacional; y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas?
Señor secretario, yo sé que usted podría contestarme y quizá con razón, que si hacemos mil peripecias podemos deducir esta cifra dentro de los tomotes que nos enviaron para el presupuesto; pero queremos una respuesta, lo más precisa que sea posible, repito, para la ciudadanía de México que lo está viendo en este momento.
La última pregunta señor secretario, ¿a cuánto ascenderá el subsidio a cada partido político, en efectivo y en bienes diversos, en 1985? Sabemos que es año de elecciones, por eso le pregunto, ¿podría detallarnos para cada partido cuánto va a ser?
El año pasado usted dijo que eso aparecía en la Cuenta Pública, pero estoy segura que para poder elaborar ese presupuesto con responsabilidad, ustedes tuvieron que haber tomado alguna base, algún diálogo, no sé, con Gobernación, con los partidos políticos, por lo tanto, esta pregunta es la que la suplico que conteste con mayor precisión, porque debió haberse estimado este presupuesto en base a algo. Aproximadamente, y lo más cercano a la realidad que sea posible, ¿cuánto se otorgará a cada partido político en 1985?
Por sus respuestas, por la atención y por la claridad y concisión de ellas le agradezco mucho, señor secretario.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: - Diputada Ortuño Gurza: quiero empezar por un tema que me parece de la mayor importancia, y que no es posible dejar pasar con ligereza o con la superficialidad con la que usted lo toco.
Yo niego rotundamente, como lo hacen todos los mexicanos bien nacidos, la campaña de calumnias externas que se quiso enderezar contra la honorabilidad del Presidente de la República. (Aplausos.)
Me parece lamentable, que un tema de tal trascendencia e importancia como lo es la honorabilidad del Presidente de México, pueda ser sujeto de acompañarse de la cita de un columnista insidioso y desprestigiado del extranjero. La honorabilidad del Presidente de la República está a la vista; por su conducta y su apego a principios fundamentales, por su veracidad en las palabras, por su consistencia en los hechos, por su apego a la ley, por su cumplimiento personal de las obligaciones que la Constitución y las leyes que de ella emanen le marcan, por el comportamiento de su vida cotidiana. Me parece que es un acto de irresponsabilidad, y de oportunismo también, el querer invocar a un, reitero, comentario descalificado que, usted imputó, no se rechazó. Lo cual, diputada, es falso. Se protestó por los medios diplomáticos y en el periódico que se produjo. Lo que no se hará es caer en la trampa de algunos ingenuos o los más mal intencionados, de pretender que la honorabilidad del Presidente de México se juzgue en un tribunal externo.
Somos los mexicanos de buena fe, los bien nacidos, los que creemos en México y trabajamos por México, los que estamos, incluso, a dar la vida por nuestro país, los primeros que defenderemos la honorabilidad del Presidente de la República, porque creemos en ella, porque estamos convencidos de ello y porque él, en su práctica diaria en cumplimiento de su responsabilidad constitucional, así lo demuestra.
Por eso dijo él en su segundo informe de gobierno: "Ni el escepticismo ni las campañas de intrigas y calumnias con las que se quiere manchar o atemorizar, detendrán el proceso de renovación moral". Y reiteró, y me permito citarlo textualmente: "Los hechos reales de nuestra conducta -dice el Presidente de México- serán el mejor escudo frente a estas maniobras de resistencia. Confío -dice Miguel de la Madrid- más en lo que pueda la verdad que en lo que pueda la calumnia". Los hechos seguirán hablando y, diputada, en este tema los hechos están hablando a favor del Presidente de México. (Aplausos.)
Diputada Ortuño, yo no cuestiono su conocimiento de los orígenes de su partido pero francamente, sobre los orígenes de mi partido manifiesta usted un desconocimiento histórico fundamental.
El Partido Nacional Revolucionario, que así se llamaba en sus orígenes y hoy se llama Partido Revolucionario Institucional, fue organizado a iniciativa de los grupos mayoritarios de este país, de las fuerzas victoriosas de la Revolución Mexicana, que decidieron consolidar el triunfo de las armas en un organismo político que permitiera que la obra de la Revolución tuviera continuidad. Este es el origen de la fundación del PNR, no la imputación que usted le quiere hacer; que, yo presumo, muestra más ignorancia de nuestra historia nacional que una insinuación de mala fe.
Qué bueno que la discusión del Presupuesto de Egresos, y sobre todo del documento de Criterios de Política Económica para 1985, sirva para que se den definiciones políticas como las que usted señaló que su compañero de partido hizo, el diputado González Domeñe, en su intervención. Creo que si no son lo que dice que dijo, valdría la pena, en consecuencia, precisar qué quiere decir, porque tal como lo han propuesto, su concepto de la democratización y del papel del Estado es un paso atrás frente a la posición que defiende el Estado de la Revolución Mexicana. El Estado mexicano responde al mandato de la Constitución de 1917, que el propio pueblo mexicano, a través del Constituyente Permanente ha tenido la sabiduría de ir actualizando a una situación, diputada Ortuño, que no es estática, afortunadamente. Las sociedades se transforman, querámoslo o no, a veces para bien, en otras para mal; pero la sabiduría del pueblo mexicano es la que ha decidido como transformar su Constitución a través del Constituyente Permanente y, en consecuencia, actualizarla para el mundo que hoy vivimos.
No pongo en duda el nacionalismo de nadie: pero son los hechos los que avalan esa posición nacionalista, no los desplantes retóricos o las afirmaciones verbales; es en la defensa de los intereses fundamentales del país donde está la posición nacionalista; es en la propuesta de una política que en verdad resuelva los problemas de la sociedad y no sólo palie sus sufrimientos, donde está la posición nacionalista; es en la creación de un Estado que democráticamente responda a su
mandato de conducción del desarrollo donde está la posición nacionalista.
Esas son las tesis, esas son las acciones que definen una posición nacionalista. Me sorprendió que dijera usted que el PAN no está contra la estatización. Dijo usted que está contra la "gobiernización". Es una nueva modalidad el afirmar que el PAN -porque me imagino, yo respeto así, que usted representa la voz de su partido-, en el momento que hace su intervención, esta a favor de la estatización. Me sorprende en verdad esta afirmación.
En la campaña de nuestro candidato a la Presidencia de la República, el licenciado Miguel de la Madrid, tuve la oportunidad de poder constatar la capacidad de comunicación que nuestro candidato desarrollo a lo largo del país y también la expresión de las mayorías nacionales sobre sus inquietudes fundamentales, sobre las angustias que tenían, sobre sus sugerencias de solución a sus problemas. Hay una gran capacidad de comunicación y diálogo entre el Partido Revolucionario Institucional con sus candidatos, y el pueblo de México. Y el Presidente De la Madrid, Presidente de todos los mexicanos, que sabe ejercer su responsabilidad para todos los mexicanos, independientemente de su filiación partidista o de sus inclinaciones personales, porque por eso vivimos en una democracia donde se permite y se alienta la manifestación de opiniones divergentes, ha sabido responder a ese mandato mayoritario que el pueblo de México le dio como candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Las reformas a la Constitución que el Presidente Miguel de la Madrid, propuso desde el inicio de su administración, permitieron actualizar nuestra Constitución en aspectos fundamentales que la realidad del país exigía en su Carta Máxima.
La modernización de los aspectos de contenido económico, como fueron la precisión en el artículo 25, de la responsabilidad de rectoría del desarrollo que tiene el Estado; el establecimiento a nivel constitucional de que en México existe un régimen de economía mixta, donde se requiere la participación del Sector Privado y hay que alentar la del Sector Social, muestra que en términos y concepción, la Constitución ha ganado en su modernización con las reformas que el Presidente de la Madrid le hizo a su apartado económico.
En el artículo 26 se introdujo el concepto de la necesidad de establecer un sistema nacional de planeación democrática. Planeación que en los hechos ha demostrado que introduce el orden en las acciones públicas, que permite concertar acciones con los Sectores Social y Privado y coordinarlas con los Estados y municipios, con un sentido eminentemente democrático.
Al artículo 27 constitucional se hizo la iniciativa de reformas para introducir la tesis de desarrollo rural integral, y la relativa a una justicia expedita en el campo.
Y en el artículo 28, por primera vez se precisaron las áreas que quedan exclusivas bajo la responsabilidad del Estado, denominadas estratégicas, y se señala, en ese mismo modificado artículo 28 constitucional, que aquellas denominadas como prioritarias, que se precisarán en los programas de mediano plazo, podrán participar, el Sector Público, el Privado o el Social de acuerdo al interés que manifiesten.
Las modificaciones al Título Cuarto de la Constitución sobre responsabilidades de funcionarios públicos, respondieron a una demanda que la población le hizo a lo largo de toda la campaña, de reafirmar a nivel constitucional la necesidad de la renovación moral de la sociedad, y que fueran los servidores públicos los primeros que estuvieran obligados, conforme a la Constitución y a la ley, a encabezar ese proceso de renovación moral.
Y las reformas al artículo 115 constitucional permitieron que haya una mejor distribución de competencias y de recursos entre la Federación y los Estados y, sobre todo, con los municipios. Hay una tesis ahí, efectiva, de descentralización de la vida nacional que reconoce la riqueza de nuestro país, la importancia de cada estado de la República, la trascendencia que la vida municipal tiene sobre los habitantes de la Nación y, por ello, el Presidente de la República envió la iniciativa de esta modificación fundamental al artículo 115 constitucional; esto, para mencionar las más importantes, además de la que elevó a rango constitucional el derecho a la salud.
La sociedad paga la crisis. Sí, es el país, es México el que vio disminuido en más de 5% real el ingreso nacional en 1983; es el país el que está enfrentando su crisis y somos los mexicanos los que deberemos de actuar en consecuencia, para poder resolver los problemas que estamos enfrentando.
Dice usted que el Presidente de la República mencionó que en 1980 habíamos obtenido una tasa sin precedente, o en un periodo alrededor de esos años. Las cuentas nacionales que hemos publicado avalan la afirmación del entonces secretario del Despacho y hoy Presidente de la República; dijo con veracidad una cifra que avalaban las cuentas nacionales producidas por nuestro Sistema Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Debemos elevar la productividad de los servidores públicos, de todos los trabajadores al servicio del Estado. Eso es indispensable y es un propósito fundamental del Programa de Capacitación y Productividad que en las empresas públicas se está llevando a cabo y que el propio Sector Público, el interior del Gobierno Federal, tiene previsto para el próximo año.
Pasando a sus cuestionamientos específicos -y si por omisión de los otros comentarios dejé uno de lado, con mucho gusto le pediría que en la réplica me lo hiciera saber con objeto de procurar darle respuesta al mismo-, por lo que hace a la Secretaría de Gobernación,
me permito informarle, diputada Ortuño, que esta dependencia del Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar la plena realización del proceso electoral durante 1985, con la participación de la Comisión Federal Electoral, y poner a disposición de la misma los recursos humanos, mobiliario, administrativos, que quieran, y el otorgamiento de las prerrogativas a los propios partidos que la misma ley marca.
Debe la Secretaría de Gobernación, además, apoyar actividades de seguridad federal y continuar el mejoramiento de los servicios migratorios y operar integradamente las entidades de comunicación social bajo la responsabilidad del Estado. Para el cumplimiento de estas obligaciones, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación tiene asignadas partidas específicas.
Tendrá que apoyar en 1985 el proceso electoral de las elecciones para diputados federales, aquellas de mandatarios estatales y las correspondientes al proceso electoral en general. Además, tendrá que continuar la depuración del padrón, y para ello, en el rubro "Política y Gobierno", se asignan recursos presupuestales a la entidad.
En 1985, tendrá que autorizar también permisos en el área de comunicación social, y los relativos a su responsabilidad en radio y cinematografía, y a ello se canalizan recursos en la partida de comunicación y difusión social.
En materia demográfica y servicios migratorios, tendrá que organizar cursos y eventos sobre este tema, y la tramitación y resolución de soluciones migratorias. En este apartado se consignan los recursos correspondientes.
En Previsión y Readaptación Social, también tiene recursos considerados en su presupuesto para cumplir esta importante responsabilidad que tiene esta dependencia del Ejecutivo Federal.
Y, por último, las correspondientes a normatividad, conducción, control y apoyo administrativo.
La siguiente pregunta es relativa al presupuesto del Poder Legislativo. Diputada Ortuño, este representante del Ejecutivo, respetuosamente señala, que, al discutir y votar el Legislativo, el presupuesto, podrá hacerle las adecuaciones que considere convenientes este poder soberano.
La tercera pregunta era relativa a si hay mantenimiento de bienes confiscados. Estos bienes confiscados son ya propiedad de la Nación; no se permitirá que se deterioren y se les dará un uso que beneficie a la comunidad en general.
La siguiente pregunta se refiere al subsidio a la Comisión Federal de Electricidad, Conasupo, Ferrocarriles Nacionales de México, PIPSA, Inmecafé, IMCE, Aeroméxico, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Diesel Nacional, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Los datos de subsidios y transferencias, para no agotar a aquellos que no tienen el mismo interés en el tema, si usted me permite, respetuosamente, a la exposición de motivos en el tomo I, en el anexo C, en el apéndice estadístico, ahí viene el desglose de transferencias y subsidios a las entidades paraestatales, y en los restantes diez tomos que incluye el anteproyecto de Egresos de la Federación viene detallado; pero en caso de que usted no encontrara la información suficientemente, desagregada para estas entidades, con mucho gusto se la proporcionaríamos.
¿A cuánto ascenderá el subsidio a cada partido político, en efectivo y bienes diversos, en 1985? La ley marca la obligación de dar recursos a los partidos políticos, porque los ha declarado de interés público. En el Presupuesto de Egresos está prevista una partida que por ley se le tiene que dar a cada partido político, con objeto de que pueda llevar a cabo las actividades que permitan desarrollar la tarea política en la arena electoral, con el pluralismo y la diversidad que determina el sistema mexicano y que demanda la población nacional.
En 1984, se asignaron como apoyo a los partidos políticos, un millón y medio de pesos para cada uno, mensualmente. El año próximo se incluye una partida que duplica la asignación mensual para cada partido político. Esa sería mi respuesta a los cuestionamientos específicos que usted hizo, diputada.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Ortuño Gurza.
La C. Ma. Teresa Ortuño Gurza: -Si, señor secretario, bueno, en primer lugar voy a empezar con otra felicitación, a la defensa que usted hizo del Presidente, pues me parece que si se ha colocado para la sucesión presidencial de 1988, han aumentado sus puntos. Y quiero hacerlo y repetir y reafirmar lo que dije, para que no se mal interprete. Yo no dije que me adhería a la denuncia, presenté mis dudas de por qué no se demandó, y usted me contestó, punto.
Bien, dice usted que le extraña que nosotros estemos señalando que no nos oponemos a la intervención del Estado en la economía. Pues para que vea, señor secretario, siempre lo hemos sostenido; nosotros lo que decimos es que no sea excesiva y que no sea nada más donde se necesite, y, por otra parte negar la "gobiernización", no quiere decir aceptar la estatización. Es decir, las empresas deben ser del pueblo, las que sean áreas estratégicas. Pero le voy a hacer unas preguntas, que no le hago yo, se las hacen los mexicanos, ¿cómo es posible que si Pemex es del pueblo sea tan cara la gasolina? ¿Cómo es posible que si la Comisión Federal de Electricidad es del pueblo, aumenten las tarifas? ¿En qué está el beneficio para los mexicanos, señor secretario, de que sean del pueblo? ¿Cómo es posible que si Conasupo es del pueblo, requiera subsidios tan grandes, que si se canalizaran a otras actividades probablemente abaratarían los
costos de producción en el campo? ¿Que podemos decir de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que son del pueblo, y van en aumento sus tarifas, y que todavía son mayores, y que el pueblo, en realidad, no ve el beneficio?
En ese sentido decimos que es "gobiernización", cuando las empresas sirven para sus dirigentes y para enriquecimiento de sus dirigentes, no podemos hablar de que sean para el servicio de los mexicanos ni podemos hablar de que sean nacionalizadas.
Son "gobiernizadas" y, a lo mejor podríamos inventar un nuevo término, son "funcionario publiquizadas". Señor secretario, los subsidios que le pedí yo que me señalara a estas empresas, le insistí en que no pedí el dato para mí, sino que lo pedía para la gente que está viendo esta comparecencia por televisión. Por lo tanto, de serle posible, le agradeceré que especificara a cuánto van a ascender los subsidios en ellas.
Una pregunta que no me contestó, señor secretario, fue la relativa al artículo 10 del decreto que nos presenta, en donde se solicita una partida que no señala la cantidad para las empresas que, según entendemos, son las que no están sujetas a control presupuestal. Una aclaración, señor secretario, la imputación sobre el origen de su partido el Partido Nacional Revolucionario no lo hago yo, yo no había nacido, pero lo hace don José Vasconcelos y a eso me atengo, no lo hice yo, sino que lo señala don José Vasconcelos.
Nosotros repito, sí defendemos la intervención del Estado en la Economía, pero insistimos en que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Señor, cuando mencioné que el secretario de Presupuesto, Miguel de la Madrid, presentó las tasas de crecimiento del trienio al que me referí, yo no dije que mentía en que fueran falsas esas tasas. Lo inexacto de la afirmación del entonces secretario de Programación no radica en la cifra que dio, si había esas tasas de crecimiento; lo inexacto es que ya las había habido antes, no eran tasas sin precedentes, eran tasas con precedentes y le señalé los años en los que había ya México tenido esas tasas de crecimiento, y además en esos años esas tasas de crecimiento, iguales o superiores a las que señaló con verdad el señor Miguel de la Madrid, habían sido sin inflación. Quiero precisar esta pregunta, porque no quisiera que se mal interpretara.
Entonces, señor secretario, una aclaración: aquí aprobamos un tabulador de salarios para los funcionarios públicos; el sueldo del Presidente de la República era de un millón de pesos y 500 mil a los secretarios de Estado, en fin, así seguía para abajo. Pero tenemos entendido de que en los meses inmediatos a la aprobación de ese tabulador que aquí se aprobó, en el Poder Legislativo, se inventó un procedimiento de bonos, parece ser que trimestrales que en realidad doblan o triplican los tabuladores aprobados, ¿no es cierto esto? Si es, ¿qué explicación nos puede dar?; y, por otra parte ¿qué sentido tiene que la Cámara de Diputados apruebe unos tabuladores que después no van a ser respetados?
Señor secretario, en mi pregunta respecto al subsidio a los partidos políticos, 3 millones de pesos mensuales durante todo el año, no corresponden algunas cifras que aquí nos encontramos en la Secretaría de Gobernación. Fíjese, en la partida AJO5, dice, "Normatividad, vigilancia, asesoría y apoyo a actividades políticas y procesos electorales, 4657.7 millones". "Apoyo a la planeación política y a la democratización integral...451.7". Disculpe, yo había entendido que era una forma de gobernar, no una partida de presupuesto. En la partida que dice: "Apoyo técnico a las actividades políticas y procesos electorales a través de los medios de comunicación se destinan 85 millones". Nada más de éstas que yo he citado son, 5194.4 millones de pesos, mucho más de la cifra que usted cita para los subsidios a los partidos, que por supuesto todos sabemos que acción Nacional no acepta más que los de televisión y del papel.
Ahora, en la partida que señala Comunicaciones y difusión social -seguimos en la Secretaría de Gobernación-, la partida AKO1 dice: "Formulación, regulación y conducción- fíjese formulación regulación y conducción- de la política de comunicación social en los medios impresos, 176.7 millones". Y luego la misma: "Formulación, regulación y conducción de la política de comunicación social en los medios electrónicos, 8858.7 millones". ¿Por qué la Secretaría de Gobernación destina tanto dinero?, aquí no dice "propaganda", no dice "gastos de anuncio" dice "formulación, regulación y conducción de la política".
Señor secretario, ¿significa esto acaso que, como nosotros tenemos, se trata por este medio de tener algún tipo de control, por lo menos económico, de los medios impresos y de los medios electrónicos de comunicación? Muchas gracias señor secretario, y nada más le pido que en sus respuestas me diga y que haga referencia a lo que yo dije y no a lo que no he dicho. Muchas gracias.
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: -Diputada Ortuño: con todo respeto, francamente creo que tiene una severa confusión en el uso de los términos políticos y, en consecuencia, es la que puede conducir a una más severa confusión ideológica. Decir que no quiere gobiernismos, pero que sí esta de acuerdo con más estatismos, es francamente una confusión muy lamentable; el Gobierno es parte del Estado. El Estado, siendo la sociedad políticamente organizada, que es lo que yo dije en algunas de mis intervenciones, tiene su parte fundamental en el Gobierno, y éste es el que tiene la responsabilidad activa de la conducción de la política del desarrollo.
Entiendo que por táctica partidista usted diga que cómo es posible que las empresas públicas le cobran más a los usuarios, si es que son del pueblo. El gobierno no miente, diputada Ortuño, y le ha hecho saber a la comunidad en general, que sí tiene que cobrar por los bienes que le proporciona a la comunidad. Y lo tiene que hacer porque tiene que pagar también para producir esos bienes y servicios. El cobro a la comunidad, si no lo hiciera por la vía de los precios y tarifas, vendría de un endeudamiento mayor de estas entidades y finalmente el precio lo pagarían los consumidores, Así que la posición del Gobierno es transparente y veraz, no esconde la realidad.
Me sorprende que en sus afirmaciones, usted da la impresión de que la electricidad, la gasolina y los servicios fundamentales pudieran darse sin cobrar, no creí que llegaran al populismo financiero en el PAN a proponer una sugerencia que llevara al deterioro financiero de los organismos y empresas, ésa fue su afirmación; si yo la entendí mal, estoy dispuesto a reconsiderar mi juicio, porque sí me parece muy desafortunada una propuesta que quiere hacerle ver a la comunidad que el Gobierno cobra, y por eso hace mal al administrar sus empresas que son, efectivamente, propiedad de la misma comunidad. No, el Gobierno tiene que cobrar por estos servicios para poder pagar el costo en el cual incurre para producirlos; tiende también en una época inflacionaria, a subir el precio de esos productos y como en el pasado durante mucho tiempo crecieron menos de lo que creció la inflación, a veces las modificaciones de los precios y tarifas también tienen que ser superiores a lo que crecen todos los precios, pero eso va en la dirección de poder subsanar la cuestión de los costos.
Por lo que hace a su afirmación sobre la cifra que el entonces secretario de Estado citó, lo que él se refirió fue al trienio, y ése no tenía precedente desde que se hacen cuentas nacionales en este país, así que reitero: la afirmación del entonces secretario de Estado y hoy Presidente de la República, fue veraz y las cifras así lo corroboran.
Sueldos de 1984: siguiendo la política del Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, se han venido transparentando las remuneraciones de los servidores públicos y los trabajadores al servicio del Estado; éstas se publican en los documentos y están a la disposición del público, en ellos se muestra cuanto gana un servidor público, cuánto paga por impuesto y cuales son las otras retenciones que le hacen. ¿Qué hay una modificación en el ejercicio de 1984. sí diputada, como en todos los sueldos, porque hubo una desgravación fiscal que esta Cámara autorizó a fines de 1983 y que repercutió en los sueldos y salarios durante 1984. Hubo modificaciones de los salarios mínimos, que al empatarse con las categorías superiores provocan un desempate, y esos bonos o remuneraciones adicionales a los que usted hace referencia, están transparentados y mencionados en las cifras que se consignan en este Presupuesto. No hay partidas escondidas en las remuneraciones de los servidores públicos , y están sujetas a los descuentos de ley correspondientes y deben, en consecuencia, ser incluidas en la declaración patrimonial que por ley tenemos todos que presentar cada año y en la Contaduría General de la Federación.
Usted menciona la nomenclatura de diversos programas. El presupuesto por programas, que es una técnica que ha venido evolucionando, tiene sus ventajas, también sus desventajas, exige precisar la nomenclatura de las diversas asignaciones de gasto. Precisamente lo que hemos encontrado, es que el presupuesto por programas no tiene una correcta adecuación en las áreas administrativas y se presta en ocasiones a interpretaciones o confusiones como la que usted señaló hace un momento. El Presupuesto por programas funciona mucho mejor en los organismos y empresas o en las entidades que ejercen programas de obras públicas; pero, reitero, en aquellas vinculadas a los servicios o a la propia comunidad nacional o a la prestación de atención de demandas que hace la comunidad, su nomenclatura tiene que desarrollarse de acuerdo a los recursos que ejercen, y de ahí que haya utilizado la que usted invocó hace un momento.
Ninguna de ellas implica, como usted lo dijo, intenciones de control político. Si algo ha caracterizado a esta administración, ha sido su intención manifiesta en los hechos, de abrir los canales del diálogo de ampliar la participación democrática de la comunidad. El sistema más fuerte es aquél que es más democrático, en el que el pueblo participa más y expone cuáles son las cosas que más le preocupan, cómo propone resolver los problemas, cómo siente que van evolucionando las condiciones y la comunicación que el Presidente De la Madrid ha hecho, que no tiene precedente y no lo va a encontrar en fuentes nacionales, porque es cualitativa muestra que está abierta al diálogo, a escuchar la opinión, por divergente que ésta sea, de los diferentes grupos que integran la sociedad mexicana.
Somos un país plural y, en consecuencia, debemos comprender, aceptar e incluso estimular la diversidad de ideas y opiniones. Pero ante la pluralidad, no tenemos ni dudas ni confusiones de por dónde debemos de transitar. El camino está claramente definido en la estrategia de este Gobierno y se apega a los principios fundamentales de la Constitución de 1917 y de la Revolución Mexicana.
No quisiera cansarla con detalles de cada una de las transferencias a los organismos y empresas que usted ha solicitado. En la pagina 180 del tomo I de la exposición de motivos; se señala que, por citar algún ejemplo y por ilustrar al auditorio en el caso de uno de los que usted señaló, de Aeroméxico, alrededor de 16 mil millones de pesos en el año de 1985; Fertimex, que va precisamente a apoyar el subsidio en el precio de fertilizantes, alrededor de 86 mil millones; en el caso de Inmecafé, o Forestal Vicente Guerrero
son 300 millones de pesos. Pero aquí esos son los datos que dan respuesta a la inquietud que usted manifestaba.
Yo sólo quisiera insistir en que estas transferencias que el Gobierno Federal da a los organismos y empresas, permiten que los precios de los bienes que estas entidades producen no tengan que aumentarse en la cantidad que requerían para enfrentar sus costos financieros. Así que precisamente las transferencias permiten apoyar rubros prioritarios como es el de los fertilizantes, como es el de los consumos populares, en las transferencias que se dan a conocer, que si bien se han revisado, siguen manteniendo la de los productos básicos. Las tiendas que tiene Conasupo seguirán expendiendo productos al alcance del consumo popular, a precios, en muchos casos por el volumen que manejan, inferiores a los del comercio organizado y en otros similares. Pero son estas transferencias las que permiten que el Gobierno no tenga que repercutir un precio mayor que por el costo que tienen los servicios que le proporciona a la comunidad. No son subsidios a la ineficiencia, son subsidios o transferencias que, unos los seguiremos dando porque apoyan consumos populares, y otros los hemos ido reduciendo precisamente porque hemos logrado sanear en mayor proporción las finanzas de los organismos y empresas.
Esa sería mi respuesta, diputada, Ortuño Gurza. Si alguna de las cuestiones que usted me hizo, por omisión involuntaria no contesté, le aseguro que estoy a sus ordenes, igual que los servidores públicos de la Secretaria de Programación y Presupuesto, para que en el curso de las deliberaciones y análisis sobre el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, nos las hagan saber y con mucho gusto darles las respuestas y con mucho gusto darles las respuestas a las mismas. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Manuel Cavazos Lerma: - Señor secretario de Programación y Presupuesto: Siendo ésta la última pregunta que le hará la LII Legislatura en sesión plenaria, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle que durante dos años y tres comparecencias haya demostrado siempre voluntad política para fortalecer el principio de la división y colaboración de poderes, ingredientes sustantivo de nuestro régimen democrático.
Antes de las preguntas creemos conveniente hacer unas breves reflexiones preliminares nacidas de algunas participaciones precedentes:
Nosotros creemos que una comparecencia no es ocasión para el aparato o para la estridencia fundados en una meditada ignorancia histórica y doctrina o en la sospecha ideológica sistemática. Ni es tampoco corrosiva búsqueda de fallas para la construcción engañosa de proyectos embriagados de nostalgia, de miopía o de utopía. Ni es tampoco un foro para desplegar sofismas o autoconfusiones ideológicas con notorios propósitos electoreros. Tampoco es una excusa para la insidia, la intriga, la irresponsablidad, la recriminación o el desahogo, disfrazados de una involuntaria candidez.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no puede, no debe pasar desapercibidas las actitudes disolventes de los aliados inconscientes de las presiones del exterior. Por ello, al igual que usted, señor secretario, repudiamos enfáticamente todo intento o pretensión de querer manchar abierta o veladamente la honorabilidad de Miguel de la Madrid, Presidente de la República, pieza de unión de todos los mexicanos.
(Aplausos.)
Nosotros creemos que una comparecencia es cuestionamiento para esclarecer dudas y asentar juicios; es confrontación cordial de ideas para deslindar diferencias políticas y encontrar posibilidades de convergencia; es diálogo plural, respetuoso y digno, porque en el respeto a los demás está la medida de la dignidad y del respeto a uno mismo. Esta comparecencia es un alto en el camino, cuya siguiente estación será un proyecto de dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos para 1985, que llegara a esta Cámara hace ocho días. Y todo esto son etapas de un proceso de vigilancia del origen y destino de los recursos del pueblo, que competen precisamente a esta representación popular.
Por eso es importante que en esta comparecencia se hayan revisado los puntos medulares de dicho proyecto de Presupuesto. Se ha examinado, tanto su monto como su estructura, tanto sus programas tradicionales como sus estrategias especificas, tanto la flexibilidad del Presupuesto en sí, como sus efectos en la economía y en la sociedad, tanto los efectos de corto como los de mediano y largo plazos, tanto los que son producidos por los instrumentos de política económica como por los de política social que están contenidas en el Presupuesto.
Sin embargo, no se ha hecho referencia al Presupuesto de Divisas, que en el Presupuesto de 1984 aparece de manera destacada, pero no en el de 1985, ¿Por qué no se incluyó? ¿A cuánto ascienden sus principales renglones, es decir, ingresos y egresos de divisas? ¿Cuál será el contenido importado del gasto público estimado para 1985 y prueba de que está funcionando el cambio estructural?
Además, las preguntas han puesto de manifiesto que no consideramos al Presupuesto como un instrumento aislado, sino como parte de un sistema nacional de planeación democrática, porque es la concreción anual del plan y los programas, porque lo concebimos como un instrumento para la reordenación y para el cambio estructural y por tanto, como un valioso mecanismo para respaldar la rectoría del Estado, mandato constitucional a prueba de azuladas y dolosas exégesis.
Sin embargo, una estrategia específica del Presupuesto es la simplificación para incrementar
la eficiencia y la modernización de la Administración Pública. ¿Hasta qué grado, señor secretario, la simplificación resulta en menor control, y el control en menor simplificación? ¿No existe acaso conflicto de instrumentos, es decir, simplificación contra control, o de objetivos, eficiencia contra rectoría?
Por otra parte, la modernización de la Administración Pública se orienta también hacia la descentralización de la vida nacional; tesis fundamental de este régimen. ¿Cómo apoya el Presupuesto este proceso de descentralización? Y preguntamos no sólo en cuanto al programa específico de apoyo al federalismo, sino también en relación a la redistribución del gasto por regiones y, sobre todo, la reubicación de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, conforme al acuerdo presidencial que dio como plazo 90 días para que se presentaran los proyectos de descentralización. ¿Ya se tienen esos proyectos? ¿Cómo se cuida que efectivamente contribuyan a la descentralización, sin obstaculizar sus funciones? ¿Ya está considerado el presupuesto que implica esta reubicación?
Finalmente, señor secretario, habrá usted notado que la mayor parte de las preguntas de nuestro partido, se han centrado en los aspectos sociales del Presupuesto, porque creemos que la política económica está condicionada por la política social, y porque tenemos la firme convicción de que todas las políticas deben ajustarse al criterio político de la sociedad igualitaria, que está muy por encima de consignas, consejos o consejas de organismos internacionales. Está preocupación social es la que nos impulsa a respaldar los esfuerzos de reordenación económica, porque creemos que está no es un fin en sí misma, sino un medio al servicio de objetivos políticos y sociales; porque tenemos la íntima convicción de que la justicia social sólo se enraíza, se extiende y rinde frutos generosos en una sociedad más igualitaria.
Por eso preguntamos, señor secretario; el gasto público destinado al Sector Social en 1985. que usted mencionó y que es el más grande de la historia en términos absolutos, ¿lo es también en términos de gasto público y del producto nacional? El gasto que usted mencionó para los sectores agrario, obrero y popular, ¿era sólo gasto social?, porque de serlo, más de dos terceras partes del gasto programable serían para gasto social: gasto para combatir desigualdades, acortar rezagos y elevar el nivel de bienestar de los sectores mayoritarios. Estos datos servirán para consolidar nuestra expectativa de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, cumple con los programas de la Revolución y cumple con la alianza indeclinable del Estado con los campesinos, obreros y clases medias populares. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari: - Señor diputado Cavazos: El contenido importado del gasto público se abate sensiblemente en el año de 1985. En el Gobierno Federal no representará más del 4% del gasto de esta parte tan importante del Sector Público, y en organismos y empresas prácticamente conserva la promoción del año pasado, a pesar de que se recuperan los programas de inversión de las entidades paraestatales. Con mucho gusto proporcionaremos en forma permanente la información relativa al presupuesto de divisas. Próximamente, en forma conjunta, diversas entidades del Sector Público integrarán la relativa al presupuesto de divisas en general, pero la correspondiente al Sector Público muestra estas cifras de sensible abatimiento del contenido importado del gasto público, lo que permite fortalecer el mercado interno, el mercado nacional y, en consecuencia, alentar compras de lo que se produce en México, generando un empleo adicional. No pretendemos que llegue a cero porque, repito, no hay autarquía posible; requeriremos seguir realizando algunas importaciones, las de alimentos en proporción menor; las de insumos básicos, hemos ido substituyéndolas en un proceso que ha sorprendido a propios y extraños de la capacidad de la economía de subsistir importaciones.
Por lo que hace a la simplificación administrativa, ésta fortalecerá el control y la estricta vigilancia de un ejercicio neto del gasto transparenta la responsabilidad y precisa las competencias y en consecuencia, determina quién debe de llevar la responsabilidad de ejercer en su punto final, en el último eslabón de la cadena, los programas de gasto. No quiere esto decir que la Secretaría de Programación y Presupuesto abandone su responsabilidad de emitir la normatividad de control presupuestal, o la Contraloría General de la Federación de ejercer una estricta vigilancia sobre el uso de los recursos públicos; pero con la simplificación administrativa podremos fortalecer estos procedimientos, y la comunidad se beneficiará substancialmente en la medida en que el propio Sector Público simplifique sus procedimientos; se volverán más sencillos los trámites, más ágiles los procedimientos, porque tenemos la obligación de responder con mayor rapidez y oportunidad a las demandas que la sociedad nos hace de los servicios que el Sector Público tiene la obligación de prestarle.
En materia de descentralización, próximamente, y en cumplimiento del acuerdo presidencial correspondiente, se precisarán las entidades que se descentralizarán, las funciones que irán con ellas, las que físicamente tendrán que trasladarse a otros ámbitos de la República, y también las funciones y los recursos de descentralización. En él se cuidarán los derechos adquiridos de los trabajadores, y se darán las facilidades tanto para el traslado de esas entidades como para que los estados y municipios que las vayan a recibir tengan las condiciones de infraestructura básica en vivienda, en servicios urbanos, en educación, en salud, que permitan absorber esas
entidades públicas sin que distorsionen la vida local y puedan enriquecer la ya muy rica vida cotidiana que lleva en ella.
Efectivamente, se ha racionalizado el gasto. La inflación distorsiona los montos totales. 18 billones con 390 mil millones de pesos será el presupuesto en 1985. Pero en relación a la producción nacional, a lo que generamos los mexicanos en bienes y servicios cada año, esta proporción prácticamente se mantiene, en algunos rubros se reduce, y ello muestra que el Sector Público, en el programa de reordenación que está en marcha, cumple su función reordenando sus finanzas públicas, adecuando el tamaño del gasto público a la capacidad real que la economía tiene de absorberlo. Pero lo más importante es que, como usted lo señalo, este gasto es de contenido eminentemente social. En el ajuste, y sin dejar de atender empresas estratégicas fundamentales como las de energéticos, industrial básica, de fertilizantes, o los servicios de comunicación fundamental, se le da una prioridad reconocida en el Presupuesto al gasto en aquellos rubros que la sociedad reclama más, lo que más requiere en la época de crisis, la atención a su salud, la solución a sus problemas de escuela, el apoyo a los programas de alimentación que dentro del PRONAL significan una prioridad reconocida del Presupuesto, los relativos a la vivienda que generarán oportunidades adicionales de empleo. Son éstos los rubros del presupuesto que, como usted bien destaca, crecen más en 1985, en proporción a los eminentemente administrativos.
Este esfuerzo que lleva a cabo el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid nos permite hoy, a pesar de la crisis en la que todavía vivimos, ser más fuertes. Como lo señalo el Presidente en su segundo informe, tenemos que perseverar en el esfuerzo de combate a la crisis. Pero hoy nuestras armas ya no están tan melladas como a fines de 1982. El esfuerzo del Gobierno de la República y la contribución comprometida de toda la sociedad al esfuerzo de reordenación, ha permitido que fortalezcamos nuestras armas y en consecuencia, que la lucha redoblada que tengamos que dar la hagamos con la posibilidad de tener avances adicionales en el combate a la crisis.
Somos uno de los países más grandes e importantes de la comunidad de naciones. Hay que reiterarla. Estamos permanentemente entre los 10 o 15 países con mayor población, territorio, recursos naturales; pero sobre todo somos un país que tiene instituciones políticas de claro contenido democrático, con un gobierno que está dispuesto al diálogo y a la negociación, en el cual presenta sus argumentos con convicciones y con buena fe. Un régimen político con claros principios ideológicos sustentados en el régimen de la Revolución Mexicana y en la Constitución de 1910. El nacionalismo, la justicia, la defensa de las libertades individuales, la promoción de los derechos sociales, el mantenimiento de la rectoría del desarrollo por parte del Estado, el fortalecimiento de la economía mixta y la voluntad de perfeccionar las prácticas políticas en nuestro sistema democrático, caracterizan al régimen político mexicano.
Es este sistema político el que ha hecho posible el ajuste que hemos llevado a cabo. El que ha hecho posible, por su capacidad de negociación, diálogo y flexiblidad, que hayamos podido introducir medidas, algunas tan drásticas, que nos han permitido los avances que ya podemos constatar. Y ha sido un programa económico con claro contenido social el que ha hecho que fuera políticamente viable la estrategia adoptada.
Reitero que estamos unidos en lo fundamental, que la disidencia instrumental es una señal de madurez y muestra del régimen democrático en que vivimos. Por ello, que el Presidente Miguel de la Madrid esté empeñado en impulsar el pluralismo y el respeto a la opinión divergente, sin apartarse del mandato popular que le marcó la elección de 1982.
Tenemos todavía problemas por delante, pero gracias a los avances logrados podemos, por un optimismo fundado en la solidez del sistema político de la Revolución Mexicana, seguir llevando a cabo la política de desarrollo que permitirá resolver de fondo la crisis por la que hemos vivido, manteniendo nuestras libertades fundamentales.
Es por ello que los principios de soberanía y de libertad siguen guiando el propósito de esta estrategia de reordenación que se ubica dentro de las mejores causas de la Revolución Mexicana.
Ha sido por obligación el cumplimiento de asistir, por tercera ocasión, a presentar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal. Pero, señores diputados a la LII Legislatura, quiero decirles que en lo personal ha sido un honor el poder haberlo hecho con todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos,)
El C. Presidente: -Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto: ha concluido la lista de diputados inscritos para hacerle preguntas.
Se le ruega se sirva tomar asiento.
Ciudadano secretario de Programación y Presupuesto, agradecemos su presencia en este recinto parlamentario, donde en un amplio marco de libertad y pluralismo ideológico se intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto de un instrumento fundamental para la orientación del desarrollo nacional, como es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta ha sido la tercera y última ocasión en que la quincuagésima segunda Legislatura, ha tenido la oportunidad de recibirlo en comparecencia, dando cumplimiento al mandato constitucional.
Nuestro reconocimiento por su aportación al fortalecimiento del permanente avance democrático. El poder público que se
ejerce por mandato popular, se funda invariablemente en el derecho y se instituye para beneficio del pueblo. La división de poderes tiene la elevada responsabilidad política y jurídica de garantizarlo. Nuestro régimen democrático asegura, de esta manera, que el poder esté sujeto a la Constitución.
La amplitud, objetividad y calidad de la comunicación entre los poderes, como la que se ha continuado y confirmado el día de hoy, vigoriza nuestra vida democrática, el régimen representativo y el sistema político que nos hemos dado los mexicanos.
Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, cuando desee retirarse de este recinto.
(La Comisión cumple con su cometido.)
El C. Presidente: -Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA.
El mismo C. Secretario:
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
LII Legislatura.
Orden del día.
27 de noviembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El gobierno del estado de Morelos invita al acto cívico que con motivo del LXXIII aniversario de la proclamación del Plan de Ayala, tendrá lugar el próximo 28 de noviembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Oaxaca y Tabasco.
Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con el que se remite el informe de la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 1984.
Minuta.
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del El Caribe y su Ejecución.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a las CC. Ana María Román Juárez, Yolanda Becerra Hernández y Rebeca Núñez Nava para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. Federico Fonseca de la Rosa para que pueda prestar servicios en la Embajada de Venezuela en México.
El C. Presidente (a las 19:45 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 27 de noviembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES.