Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841129 - Número de Diario 30
(L52A3P1oN030F19841129.xml)Núm. Diario:30ENCABEZADO
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., jueves 29 de noviembre de 1984 TOMO III. NÚM. 30
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
INVITACIONES
Al cuarto informe de gobierno del C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador de Veracruz, que tendrá lugar el día 30 del actual. Se designa comisión
Al segundo informe del C. general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador de Chiapas, que tendrá efecto el día 1o. de diciembre próximo. Se designa comisión
A la conmemoración del XI aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, ex Presidente de la República, que se llevará a cabo el día 3 de diciembre próximo, en esta ciudad. Se designa comisión
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Aguascalientes, relativa a sus funciones legislativas. De enterado
ELECCIÓN DE DIRECTIVA
De Presidente y vicepresidentes de esta Cámara para diciembre. Elección. Escrutinio. Resultado. Declaratoria
COMISIONES DE CORTESÍA
Designadas para la sesión solemne que tendrá lugar el día de mañana, en la que se impondrá la medalla "Eduardo Neri", al periodista Francisco Martínez de la Vega
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE AMPARO
La C. Florentina Villalobos de Pineda presenta y da lectura a proyecto que deroga el artículo 7o. de la ley mencionada. Se turna a comisión. Imprímase
LEY DEL IMSS. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LEY DEL ISSSTE
La C. Ofelia Ramírez Sánchez presenta y da lectura al proyecto que adiciona cada una de las leyes nombradas. Se turna a comisión. Imprímase
LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA
El C. Alfonso Méndez Ramírez presenta y da lectura a proyecto de reformas al artículo 309 de la ley citada. Se turna a comisión. Imprímase
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS
Proyecto de decreto que reforma la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación indicada. Se le dispensa la lectura
A discusión en lo general. Intervienen en contra y para manifestar que sus respectivas diputaciones se abstendrán
de votar, los CC. Salvador Castañeda O'Connor y David Orozco Romo. Sin discusión en lo particular se aprueba. Pasa al Ejecutivo
LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley citada del fuero común del Distrito Federal y del Código nombrado, para el Distrito Federal. Se le dispensa la lectura
A discusión en lo general. Intervienen en pro, los CC. Enrique Alcántar Enríquez y Leopoldino Ortiz Santos. Sin discusión en lo particular se aprueba por unanimidad. Pasa al Senado
BANCO DE DESARROLLO DE EL CARIBE
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco nombrado, y su ejecución. Se le dispensa la lectura
A discusión en lo general y en lo particular el artículo único. Intervienen, en pro, David Orozco Romo, y por la Comisión, Antonio Fabila Meléndez. Se aprueba. Pasa al Senado
HOMENAJE A EMILIANO ZAPATA
Por parte de los CC. Javier Sánchez Lozano y José Dolores López Domínguez, en ocasión del LXXIII aniversario de la promulgación del Plan de Ayala
ELECCIONES ULTIMAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
Consideraciones por parte del C. Luis Torres Serranía, en torno al tema. Por su parte, la C. Norma López Cano debate los conceptos del orador. Nuevamente el C. Torres Serranía para aclaraciones. Para apoyar lo dicho por el diputado Torres Serranía, interviene el C. Salvador Larios Ibarra
TRAGEDIA EN SAN JUAN IXHUATEPEC
Consideraciones al respecto por parte del C. Víctor González Rodríguez. Solicita se informe sobre la ayuda a los damnificados y se investiguen a fondo los hechos. Intervención de la Presidencia sobre el particular
HOMENAJE A RICARDO FLORES MAGÓN
Por parte del C. Olegario Valencia Portillo, en ocasión del LXII aniversario de su fallecimiento
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
Con motivo del término de las labores correspondientes al presente mes. Hace consideraciones en torno a la tragedia de San Juan Ixhuatepec y reprueba el crimen cometido en la persona del diputado Spinoso Foglia
OBSERVACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN
De parte del C. Rodolfo Peña Farber, respecto a los proyectos de decreto aprobados por esta Asamblea
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. GENARO BORREGO ESTRADA
(Asistencia de 330 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente ( a las 11:30 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Manlio Fabio Beltrones Rivera:
"Tercer Período Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día.
29 de noviembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Veracruz invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador constitucional del estado, rendirá su cuarto informe de gobierno y tendrá lugar el próximo 30 de noviembre.
El Congreso del estado de Chiapas invita a la sesión solemne en la que el general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador constitucional del Estado, rendirá su segundo informe de gobierno, y tendrá lugar el próximo 1o. de diciembre.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del XI aniversario de la muerte del ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, tendrá lugar el 3 de diciembre.
Comunicación del Congreso del estado de Aguascalientes.
Elección de Mesa Directiva
Designación de comisiones de cortesía para la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla Eduardo Neri.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Genaro Borrego Estrada
En la Ciudad de México, a las once horas y veinte minutos del martes veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos doce ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día veintitrés de los corrientes.
La Presidencia expresa que la Cámara de Diputados condena y rechaza toda forma de violencia y manifiesta su indignación por el crimen de que fue víctima el señor diputado Roque Spinoso Foglia el día 25 del actual en el estado de Veracruz.
Exige la más exhaustiva investigación y la aplicación rigurosa de la ley para los autores de este hecho delictuoso.
A continuación, puestos todos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio en memoria del desaparecido.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Gobierno del estado de Morelos suscribe atenta invitación a la ceremonia cívica, que con motivo del LXXIII aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, tendrá lugar en el municipio de Ciudad Ayala, del propio estado de Morelos, el día 28 del presente.
Para asistir a esta soberanía, con la representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC. Juan Salgado Brito, Emma Victoria Campos Figueroa, Lorenzo García Solís y Heladio Gutiérrez Ortega.
Las legislaturas de los congresos de los estados de Campeche, Oaxaca y Tabasco comunican actos inherentes a sus funciones. De enterado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el informe de la Deuda Pública, correspondiente al tercer trimestre de 1984. Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los ciudadanos diputados, y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores.
Minuta proyecto de decreto, enviada por el H. Senado de la República, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Recibo y a la Comisión de Justicia.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público suscribe un dictamen con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Es de primera lectura.
Dictamen con proyecto de decreto, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que reforma la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
La Comisión de Justicia suscribe un dictamen con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea dispensa la lectura a este documento. Queda de primera lectura.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes emite un dictamen que contiene el proyecto del Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
En virtud de que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de ley.
Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Rodolfo Peña Farber; por la Comisión Dictaminadora, el C. Alvaro Uribe Salas; en contra, el C. José Encarnación Pérez Gaytán; en pro, Luis Vaquera García; en contra, el C. Florentino Jaimes Hernández; por segunda ocasión, los CC. Alvaro Uribe Salas y Rodolfo Peña Farber; para hechos, el C. Raymundo León Ozuna; nuevamente, el C. Luis Vaquera García, y para hechos, los CC. Edmundo Jardón Arzate y Andrés Cázares Camacho.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba en este sentido, con los artículos no reservados para su discusión por doscientos cincuenta y cuatro votos en pro y cuarenta y ocho en contra.
A discusión en lo particular. A debate los artículos 6o. y 9o.
Intervienen, en contra, el C. Francisco Ortiz Mendoza; por la Comisión, el C. Alvaro Uribe Salas y por la segunda ocasión, el C. Francisco Ortiz Mendoza.
Se consideran suficientemente discutidos los artículos, y en votación nominal se aprueban en sus términos, por doscientos cuarenta y siete votos a favor y cuarenta y tres en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de ley. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a las CC. Ana María Román Juárez, Yolanda Becerra Hernández y Rebeca Núñez Nava, para prestar servicios como secretarias en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto, primero en lo general y después en lo particular. Sin que motive debate en ninguno de los casos, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por doscientos ochenta y cinco votos afirmativos y cinco negativos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales suscribe un dictamen con proyecto de decreto, que autoriza al C. Federico Fonseca de la Rosa para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República de Venezuela, acreditada en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de doscientos noventa y un votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En seguida, abordan la tribuna sucesivamente, los ciudadanos que a continuación se mencionan:
Astolfo Vicencio Tovar, para hacer consideraciones en torno a las elecciones que se llevaron a cabo el día 11 del mes en curso en el estado de México, en las cuales considera hubo anomalías y violaciones a las leyes.
Hace una relación de dichas violaciones, y menciona la inconformidad de varios ciudadanos, militantes de su partido. Acción Nacional, que se consideran afectados. Expresa que no sabe cómo van a reaccionar estos ciudadanos en lo futuro.
Antonio Vélez Torres, para referirse a los conceptos del orador y dar una versión distinta de los acontecimientos, que demuestran el triunfo claro del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones mencionadas.
Iván García Solís, para insistir, en nombre de los partidos, Popular Socialista, Socialista de los Trabajadores y Socialista Unificado de México, en la urgencia de que se legisle de inmediato en materia inquilinaria.
Después de hacer consideraciones al respecto, expresa que la comisión especial designada por esta Cámara debe presentar ya, su proyecto para que se tomen las medidas conducentes. Túrnese a la Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento.
Astolfo Vicencio Tovar y Antonio Vélez Torres, para abundar sobre lo expresado en relación a las elecciones en el estado de México, e insistir en sus argumentos.
Francisco Javier González Garza y Enrique Riva Palacio Galicia. Para poner de manifiesto sus puntos de vista sobre el tema de las reciente elecciones en el estado de México.
Octavio Aguilar Camargo, para hacer comentarios sobre las elecciones efectuadas en el estado de Yucatán, particularmente en Chemax, donde el pueblo decidió, quién debería gobernarlo, a pesar de que se trató de imponer a un candidato del gobernador del estado.
Menciona hechos al respecto y hace un llamado a los que tienen el poder, para que no lo usen en contra del pueblo que puede llenarse de ira y realizar actos de violencia.
Carlos Rubén Calderón, para contestar las expresiones vertidas por el orador sobre las elecciones en Yucatán, y señalar que en Yucatán se llevó a cabo un proceso electoral limpio, que se desarrolló con la participación mayoritaria de los yucatecos.
Raymundo León Ozuna, para dar sus puntos de vista sobre las elecciones del estado de México y de Yucatán y referirse a que el suplente del C. Víctor Cervera Pacheco, diputado federal por el estado de Yucatán y actualmente gobernador interino de dicha entidad, no se ha presentado a rendir la protesta como diputado suplente en funciones.
Señala que el suplente del señor Cervera Pacheco, C. Hervé Rodríguez Abraham, es candidato del PRI a la presidencia municipal de Mérida, y que en esta virtud debe renunciar a la diputación para que se realicen elecciones extraordinarias y se cumpla con el mandato constitucional.
Termina diciendo que la Gran Comisión de esta Cámara, debe resolver este asunto.
Octavio Aguilar Camargo, para referirse a lo expresado por el C. Carlos Rubén Calderón, en relación a las elecciones en el estado de Yucatán, y abundar en lo manifestado en su intervención anterior.
Luis Torres Serranía, para hacer una serie de reflexiones en torno a la trágica y dolorosa desgracia ocurrida el 19 de los corrientes, en el pueblo de San Juan Ixhuatepec del estado de México.
Después de hacer un reconocimiento a la solidaridad del pueblo mexicano, a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, propone que se integre una comisión que vigile y siga de cerca el desarrollo de las investigaciones que efectúe la Procuraduría General de la República, sobre los orígenes del desastre.
Que una vez terminado este peritaje, sea analizado por la comisión en cuestión y se exponga al Pleno de esta Cámara, y una vez analizado, se deslinden responsabilidades.
Que la misma comisión vigile debidamente los auxilios del pueblo mexicano y de otros países, que están llegando en favor de los damnificados, a efecto de evitar abusos y actos de pillaje.
Que se tomen las decisiones necesarias para que no vuelva a ocurrir otra desgracia similar y, finalmente, retirar del área las instalaciones de distribución de gas o reubicarlas debidamente. Túrnese la proposición a las comisiones unidas de Energéticos, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Ecología, de Salubridad y Asistencia y de Seguridad Social, a efecto de integrar la comisión que propone el C. Luis Torres Serranía.
Rosa Martha Muñuzuri de Garibo, para rendir homenaje al precursor de la Revolución Mexicana. Aquiles Serdán, en ocasión de conmemorarse el CVII aniversario de su natalicio.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las diecisiete horas y treinta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves veintinueve de noviembre, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. México, D. F.
La H. Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave invita a usted a la Sesión Solemne en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Agustín Acosta Lagunes Rendirá su Cuarto Informe de Gobierno el día viernes treinta a las 11:00 horas en el Teatro del estado "Ignacio de la Llave.", declarado Recinto Oficial.
Xalapa Enríquez, Ver., noviembre de 1984."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Silverio R. Alvarado, Simitrio Amador Ballinas, Pedro Bonilla Díaz de la Vega, Carlos Brito Gómez, Rogelio Carballo Millán, Cándido Díaz Cerecedo, Servando Díaz Suárez, Serafín Domínguez Ferman, Demetrio Ernesto Espinoza Leal, Elpidia Excelente Azuara, Wilfrido Martínez Gómez, Edmundo Martínez Zaleta, Mauro Melo Barrios, Jorge Minvielle Porte Petit, Antonio Murrieta Necoechea, José Nassar Tenorio, Héctor Sánchez Ponce, Daniel Sierra Rivera, Manuel Solares Mendiola, Amador Toca Cangas, Salvador Valencia Carmona y Celso Vázquez Ramírez.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
La LV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, invita a usted a la Sesión Solemne en la que el C. General Absalón Castellanos Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado rendirá su Segundo Informe de Gobierno el día 1o. de diciembre a las 11:00 horas, en el Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa", declarado Recinto Oficial.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diciembre de 1984."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Sami David David, Enoch Cancino Casahonda, Oralia Coutiño Ruiz, Raúl Enríquez Palomec, Antonio Favila Meléndez, Griselda García Serra, Germán Jiménez Gómez, Areli Madrid Tovilla, José Dolores López Domínguez, Eloy Morales Espinoza, Humberto Pulido García, Faustino Rosa Mazo, Pedro Salinas Guzmán, Homero Eduardo Tovilla Cristiani e Ignacio Cuauhtémoc Paleta.
El C. secretario Manlio Fabio Beltrones Rivera:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo. - México, D. F. - Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 27 de noviembre de 1984.
C. diputado licenciado Genaro Borrego Estrada, Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha organizado para el próximo lunes 3 de diciembre a las 10:00 horas, la ceremonia cívica conmemorativa del XI Aniversario luctuoso del ex Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Ruiz Cortines, ante la tumba
erigida a su memoria junto al Lote de las Águilas Caídas, Av. Melchor Ocampo, (Panteón Civil de Dolores), de esta Capital.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Subdirector de Acción Cívica, licenciado Alfredo Desentis M."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Domingo Alapizco Jiménez, Guillermo Dávila Martínez y Elpidia Excelente Azuara.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Manlio Fabio Beltrones Rivera:
"1o. de noviembre de 1984.
C. Presidente de la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. México, D.F.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135, de nuestro Reglamento Interno, nos permitimos comunicar a usted que con esta fecha la H. 'LII' Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes inauguró su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, habiendo quedado integrada su Mesa Directiva para el presente mes en la forma siguiente:
Presidente diputado Jesús González Tavares.
Vicepresidente diputado profesor Marco Arturo Reyes Ugarte.
Secretario diputado profesor Antonio Murillo Adame.
Secretario diputado Fernando López Cruz.
Prosecretaria diputada profesora Ofelia C. de Campillo.
Al comunicar a usted lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Presidente, Jesús González Tavares; diputado secretario, profesor Antonio Murillo Adame; diputado secretario, Fernando López Cruz."
Trámite: - De enterado.
ELECCIÓN DE DIRECTIVA
El C. Presidente: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de Presidente y vicepresidentes para el mes de diciembre, se ruega a los ciudadanos diputados, pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(VOTACIÓN.) (ESCRUTINIO)
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
- La Secretaría informa el resultado del escrutinio. Un voto para la planilla integrada por los siguientes ciudadanos diputados; Presidente, Enrique Soto Izquierdo; vicepresidentes, Humberto Lugo Gil, Martha Chávez Padrón, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Larcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla, para Presidente, Miguel Olea Enríquez; vicepresidentes, Jorge Carlota Vargas; vicepresidentes, Jorge Caleyra, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla, para Presidente, Enrique Soto Izquierdo; vicepresidentes, Alfonso Reyes Ramírez, Norma López Cano y Aveleyra, Arnoldo, Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla, para Presidente Carlota Vargas; vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Humberto Lugo Gil, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla integrada para vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano y Aveleyra, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla, para Presidente, José Fernández Alatorre; vicepresidentes Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano y Aveleyra, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla, para Presidente, Arnoldo Gárate Chapa; vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano, Octavio Aguilar Camargo, Jesús Lazcano Ochoa, Miguel Angel Sánchez Pérez.
Un voto para la planilla, para Presidente, Enrique Soto Izquierdo, vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Armida Martínez, Arnoldo Gárate Chapa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla integrada por los siguientes diputados: Presidente, Enrique Soto Izquierdo; vicepresidente, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano, José Fernández Alatorre, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla integrada por Bernardo Bátiz Vázquez, para presidente; para vicepresidente; Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Un voto para la planilla, para Presidente, Bernardo Bátiz Vázquez; vicepresidentes, Arnoldo Gárate Chapa, Enrique Soto Izquierdo, Norma López Cano, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Dos votos para planilla integrada por, Bernardo Bátiz, para Presidente; para vicepresidentes, Enrique Soto Izquierdo, Arnoldo Gárate, Norma López Cano, Rubén Darío Méndez, Andrés Cázares.
Dos votos para la planilla integrada por los siguientes ciudadanos diputados: para Presidente, Enrique Soto Izquierdo; para vicepresidentes, Francisco Calderón Ortiz, Norma López Cano, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras.
Tres votos para la planilla integrada por, Enrique Soto Izquierdo, para Presidente, para vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Humberto Lugo Gil, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
Tres votos para la planilla, Humberto Lugo Gil, como Presidente; vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras. 4 nulos. 4 votos para la planilla integrada por Enrique Soto Izquierdo para Presidente; vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano y Aveleyra, Ricardo Castillo Peralta, Jesús Lazcano Ochoa, Alfredo Reyes Contreras.
18 votos para la planilla integrada por Enrique Soto Izquierdo, para Presidente; vicepresidentes, Humberto Lugo Gil, Norma López Cano y Aveleyra, Arnaldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras.
Y 282 votos para la planilla integrada por los siguientes ciudadanos diputados: Para Presidente, Enrique Soto Izquierdo; vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano y Aveleyra, Arnaldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras.
El C. Presidente:- Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva para el próximo mes de diciembre, los siguientes ciudadanos diputados: Presidente, Enrique Soto Izquierdo; vicepresidentes, Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano y Aveleyra, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras. (Aplausos.)
COMISIONES DE CORTESÍA
El C. Presidente: - La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones de cortesía, en relación con la sesión solemne que se efectuará el día de mañana, 30 de noviembre:
Para recibir a las puertas de este recinto al ciudadano Presidente de la República, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Humberto Lugo Gil, Enrique Fernández Martínez, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Jorge Cruickshank García, Irma Cué de Duarte, Ricardo Antonio Govela Autrey, David Orozco Romo, Juan José Osorio Palacios, Antonio Pérez Peña, Mario Vargas Saldaña y Jesús Manuel Viedas Esquerra.
Para recibir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Luis Caballero Cárdenas, Carlos Brito Gómez, Sami David David, Rafael Oceguera Ramos y Víctor Manuel Torres Ramírez.
Para recibir a la representación del Senado de la República, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Carreño Carlón, Luz Lajous de Madrazo, Manuel Osante López y Guillermo Pacheco Pulido.
Para recibir al ciudadano Francisco Martínez de la Vega, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Antonio Alvarez Lima, Armando Ballinas Mayés, Enoch Cancino Casahonda, Luis Garfias Magaña, Mario González Navarro, Julieta Guevara Bautista, Bertha Leija Hernández de Ruvalcaba, Jesús Lazcano Ochoa, Enrique León Martínez, Ignacio Moreno Garduño, María de Jesús Orta Mata, Sergio Quiroz Miranda, Celso Vázquez Ramírez y Florentina Villalobos de Pineda.
Para recibir al ciudadano profesor Carlos Jonguitud Barrios, gobernador del estado de San Luis Potosí, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Leopoldino Ortiz Santos, Mateo de Regil Rodríguez y Alberto Miranda Castro.
Para recibir al ciudadano licenciado Alejandro Cervantes Delgado, gobernador del estado de Guerrero, se designa a los siguientes ciudadanos diputados; Zótico Demetrio García Pastrana, Rafael Armenta Ortiz y Efraín Zúñiga Galeana.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE AMPARO
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra, para la presentación de una iniciativa, la diputada Florentina Villalobos de Pineda. Puede pasar a la tribuna.
La C. Florentina Villalobos de Pineda:
- Honorable Asamblea: El examen de la difícil situación por la que atraviesa el país, nos lleva a buscar sus causas. Encontramos en esta búsqueda acciones y omisiones, presencias y ausencias. Las acciones que han producido una suerte de país sin rumbo ni destino han estado a cargo de mexicanos y mexicanas. Tal vez las acciones de parte de los primeros, y las omisiones de parte de las seguidas. También en esta espiral de errores y malas acciones quizá los presentes en mayor grado han sido los mexicanos, y las ausentes, las mexicanas.
Es hora de que la mujer tome su sitio en la construcción de un México mejor. Para esto, es necesario que se produzca un cambio en estructuras y tradiciones.
Hace más de un siglo se afirmaba en Francia que el grado de adelanto de un país se mide por la participación de las mujeres en la toma de decisiones que afectan a la sociedad, porque la mujer tiene mayor sentido de defensa de la vida por estar tan cerca del origen
de ésta y porque, en el fondo, es la vida misma.
Una fuente documental muy importante para el examen de la situación de la mujer en cada país, la constituyen sus propias leyes, fundamentalmente en el área de garantías individuales.
En México todavía existen incongruencias legales, por más que la Constitución, en su artículo 4o; declara que la mujer y el varón son iguales ante la ley
Aun cuando esta incongruencia no ha sido determinante para que la mujer abnegada y devaluada permanezca en la secundariedad que le impide la participación directa en la toma de las grandes decisiones, sí puede ser el punto de partida para acelerar el proceso de cambio que está pidiendo de manera dramática nuestro país.
La presencia de la mujer creativa, autovalorada, es necesaria en un país como el nuestro con economía hecha trizas. Es necesaria su aportación también en el desarrollo económico. El desarrollo económico es algo más que la acumulación de bienes materiales, y es la mujer la que tiene que imprimir ese algo más.
A pesar de que en México más del 60% de los analfabetas son mujeres, de manera paradójica son ellas las que han formado en buena parte el carácter de los encargados de las estructuras políticas y sociales tanto en su creación como en su funcionamiento.
Son ellas las que han formado la conciencia de tres clases de mexicanos:
a) La primera clase es la de los "adaptados", que nacen en suficiencia, crecen en protección, se forman y se educan para satisfacer todas sus necesidades materiales de la cultura dominante, forman una familia y un patrimonio en un ambiente individualista, sin ninguna inquietud en relación con su vocación social que desoyen y desprecian. Estos son los que tienen un pie en México y otro en el extranjero y los que forman el grupo de los colonialistas internos y de los que ocupan las grandes chambas públicas y privadas. Para ellos las grandes desigualdades sociales no son temas de conversación ni de inquietud.
b)La segunda clase es la de los "inadaptados", multitud de parias que no tienen mínimo patrimonio cultural del ser humano que es saber leer y escribir, y que la desnutrición les impide una vida plena, o bien, los que destruyen su presente y su futuro en el alcoholismo, las drogas o la delincuencia.
c) La tercera clase es la de mexicanos, con conciencia crítica y espíritu de cambio que luchan por la reforma de estructuras para que sus compatriotas tengan un mínimo de bienestar a que tienen derecho como seres humanos. Mexicanos con mentalidad libre, y creativa, que desafortunadamente son minoría.
Estas circunstancias han propiciado la existencia de una clase dirigente en las que se dan líderes antidemocráticos, producto de la educación autoritaria que han recibido en la familia, cuya madre es la principal transmisora.
Las leyes o la aplicación de ellas en México, se hacen con criterio autoritario. En el proceso de cambio es necesario rehacer la figura materna para que deje de formar a los hijos, potenciales jefes de familia y gobernantes con mentalidad autoritaria, y a las hijas, potenciales madres de familia, con capacidad sólo para ser transmisoras de esos seudovalores.
Así pues, si trabajamos en la depuración de nuestras leyes de esas incongruencias ayudaremos a formar una nueva conciencia humana para desterrar la orientación de la educación que hace de los varones seres autoritarios y seres sometidos de las mujeres.
Estas razones hacen que prevalezca en nuestra legislación la orientación autoritaria e incongruente.
Una prueba de esta incongruencia es la Ley de Amparo en su artículo 7o., que dice: "La mujer casada puede pedir amparo sin la intervención del marido".
Si la mujer está en igualdad de derechos con el varón, tanto por su calidad de ser persona de naturaleza nacional, libre y responsable, como porque la Constitución, en su artículo 4o. así lo declara, es lógico que ese artículo debe desaparecer.
Por lo expuesto y en el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta H. soberanía, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se deroga el artículo 7o. de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
Artículo 7o. (Derogado).
TRANSITORIO
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones del H. Palacio Legislativo, a 29 de noviembre de 1984.
Por la diputación de Acción Nacional, diputada federal Florentina Villalobos de Pineda."
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Justicia. Imprímase.
LEY DEL IMSS. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LEY DEL ISSSTE
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Ofelia Ramírez Sánchez.
La C. Ofelia Ramírez Sánchez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: las finalidades que tendrán las pensiones,
de acuerdo con el artículo 6o. de la Ley del ISSSTE, son las siguientes:
I. Proporcionar a quienes hayan sido trabajadores al servicio del Estado, una garantía que los proteja a ellos y a sus familiares en caso de invalidez, retiro por edad, jubilación, cesantía y muerte:
II. Lograr que los trabajadores aprecien que el futuro les reserva la calidad de pensionistas como una buena alternativa de vida, y
III. Garantizar a los familiares derecho habientes de los trabajadores o pensionistas un ingreso para su subsistencia.
La realidad que viven miles de jubilados y pensionados tanto del Seguro Social como del ISSSTE, Fuerzas Armadas y ferrocarrileros, está muy alejada del ideal contenido en las tres fracciones del artículo 6o. de la Ley del ISSSTE que ha transcrito y que son válidas para todo pensionado o jubilado del país.
Hay que tener presente que la situación económica de ese importante sector de mexicanos, desde siempre, ha sido de desventaja frente al trabajador en activo, ya que la pensión está basada en el haber o sueldo correspondiente a la fecha del retiro o fallecimiento, calculado por rígidas, frías y obsoletas tablas actuariales.
Tal es el caso, por ejemplo, de las pensiones que establece la Ley del Seguro Social, que pierden en corto plazo el poder adquisitivo en la carrera con los precios Los leves aumentos de que suelen ser objeto, más que benéficos, resultan humillantes para jubilados y pensionados.
A la anterior situación de desventaja crónica de los pensionados y jubilados frente a los trabajadores activos, hay que agregar los efectos devastadores de la inflación que estamos padeciendo y que arranca de 1970, cuyo monto acumulado hasta la fecha alcanza el 3.326% lo cual significa que un peso de hoy equivale a 3 centavos de 1970.
Consideramos innecesario dar el dato acerca del ridículo porcentaje de aumento de las pensiones. Ridículo, sí, al compararlo con el alto porcentaje de inflación acumulada hasta el corriente año, que las aleja de la idea de un futuro tranquilo y una buena alternativa de vida para quienes tienen derecho a ellas.
No entendemos cómo es posible que el Estado, contando con instituciones tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, destinadas a impartir justicia social a los trabajadores, mantenga en situación dramática a sus retirados y jubilados, en una situación de completo olvido.
¿Donde quedan los años de servicios en los que dieron su vida en forma honesta tantos ciudadanos a las empresas particulares y al propio Estado?
¿Qué acaso una vida entera de trabajo debe pagarse con el hambre y el olvido, en vez de premiarlos con un futuro sin sobresaltos y sin angustias al que tienen derecho legítimo, por su calidad de personas humanas, como mexicanos que participaron al mejoramiento de la sociedad de la que todos formamos parte?
En lugar común, al que recurren todos los partidos políticos representados en esta honorable Asamblea y los sindicatos de trabajadores, el luchar y demandar las garantías sociales que la Constitución establece para la clase laborante, pero la realidad es que únicamente luchan por los trabajadores en activo y se olvidan de los trabajadores en retiro o pensionados, como si éstos no existieran.
Lo anterior podría explicarse que siendo los jubilados y pensionados un sector en situación económica precaria, los falsos redentores de la clase trabajadora ven que a ellos ya no se les puede exprimir más; que han dejado de ser un grupo de presión y ya no les sirven como acarreados para actos públicos de apoyo, por lo que sólo se les considera como un pesado lastre y que lo mejor es olvidarse de ellos.
Cabe destacar, porque es de justicia, que ha sido preocupación de los jefes del Ejecutivo, mitigar la condición precaria de jubilados y pensionados con medidas administrativas, en el fondo superficiales, como las reformas a los artículos 75, 76, 172 y 173 de la Ley del Seguro Social propuesta por el ex Presidente José López Portillo y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982, con el objeto de mejorar anualmente - en lugar de cada 5 años - , las pensiones, al disponer que el consejo técnico debe reunirse el mes de enero de cada año, para hacer las modificaciones a la cuantía de dichas pensiones . Ignoramos si efectivamente se cumplió con ese ordenamiento.
En el año presente ha habido varios ordenamientos presidenciales para aumentar las pensiones, haberes de retiro y jubilaciones, en beneficio de miles de ex servidores, como fue el aumento de la cuota mínima de pensionados de 17 mil 612 pesos, retroactivo a la primera quincena de junio e incrementos a los militares retirados, de mil 800 pesos a partir del 1o. de junio y otro incremento de 3 mil pesos a partir del 1o. de septiembre.
Por las constantes quejas de pensionados y jubilados, en el sentido de que tales incrementos aún no han sido entregados en forma expedita a los beneficiarios, creemos que los beneficiados han sido otros, por lo que la Secretaría de Programación y Presupuesto y los Institutos de seguridad social deben de entregar dichos incrementos de inmediato e impedir que siga el "jineteo" de ese dinero a costa de la miseria de los trabajadores retirados.
La fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano considera que, debido a las crisis financieras y económicas que de manera cíclica se han venido manifestando en México y que se han traducido en carestía y
empobrecimiento de la mayoría de la población, es urgente legislar en materia de seguridad social para, de alguna manera, paliar los efectos de la crisis actual.
Basados en las consideraciones anteriores, proponemos reformas, con un artículo 75 - bis a la Ley del Seguro Social; con un artículo 21 - bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y con un artículo 60 - bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de que la fijación del monto de los haberes de retiro así como la de las pensiones, tengan como base el salario mínimo general en el Distrito Federal que estipule la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
La base que proponemos, la fundamentamos en el hecho de que el salario mínimo está previsto como el "mínimo necesario" para sobrevivir y tener una vida mínima decorosa, y esa necesidad, no sólo es para el obrero en activo sino también para el pensionado que, por otra parte, ve aumentado su gasto por vejez y por enfermedad.
Tenemos conciencia de que una reforma de la magnitud de la que estamos proponiendo, conlleva a un ajuste de las tablas actuariales para el otorgamiento de las pensiones y haberes de retiro, así como de las tablas de cotizaciones de los trabajadores, las empresas y el Estado, para lograr dicho propósito.
La Ley del Seguro Social ordena que para cualquier incremento de pensiones, deberá tomarse en cuenta la capacidad económica del instituto, y estamos de acuerdo en ello, pero señalamos que la situación de angustia y empobrecimiento de los retirados no debe verse exclusivamente con la frialdad de las cifras estadísticas, sino además, como un problema eminentemente humano, provocado no por los trabajadores, sino por las políticas erráticas financieras y económicas del Estado, por lo que consideramos de justicia que sea el propio Estado el que absorba las diferencias en el pago de las cotizaciones a los institutos de seguridad social por concepto de jubilaciones y pensiones, en un acto de solidaridad con su pueblo.
No es justo que el año próximo el Estado absorba los pasivos de sus empresas quebradas, mientras sigue dejando en el desamparo y en el olvido al sector de mexicanos, por el que los demócratas abogamos en la presente iniciativa.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Carta Magna y relativos aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 75 - BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, UN ARTÍCULO 21 - BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Y UN ARTÍCULO 60 - BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo primero. En la Ley del Seguro Social se adicionará un artículo 75 - bis que quedaría como sigue:
Artículo 75 - bis. En todo caso las pensiones que se deban de pagar por incapacidad permanente total o parcial, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, viudez, orfandad y ascendientes, no podrán ser menores al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, pudiendo ser mayores según las tablas respectivas.
Artículo segundo. En la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se adicionará un artículo 21 - bis como sigue:
Artículo 21 - bis. En todo caso los haberes de retiro y pensiones que se deban pagar por retiro, viudez, orfandad y ascendientes, no podrán ser menores al salario mínimo vigente en el Distrito Federal, pudiendo ser mayores según las tablas respectivas.
Artículo tercero. En la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se adicionará un artículo 60 - bis como sigue:
Artículo 60 - bis. En todo caso las pensiones que se deban de pagar por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, muerte por causas en el servicio y ajenas a él, por incapacidad total y parcial, invalidez, viudez, orfandad, concubinato y por ascendencia, no podrán ser menores al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, pudiendo ser mayores según las tablas respectivas.
TRANSITORIO
Unico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.
México, Distrito Federal, 29 de noviembre de 1984.
Por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, diputada Ofelia Ramírez Sánchez."
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Seguridad Social. Imprímase.
LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alfonso Méndez Ramírez.
El C. Alfonso Méndez Ramírez: - Honorable Asamblea: Los suscritos, diputados miembros del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. Cámara una iniciativa de ley que reforma el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, reformado en 1983, dice en su primer párrafo:
"Artículo 309. Cuando el núcleo solicitante se encuentre en posesión provisional de las tierras concedidas por mandamiento del gobernador, y la resolución presidencial lo modifique, la Secretaría de la Reforma Agraria estará obligada, en primer término, a negociar con los propietarios de él o los predios, la compra en favor de esos campesinos de la superficie que se encuentren ocupados, de no conseguirlo, a localizar en su favor con relación a los demás núcleos o grupos de población, otras tierras de semejante calidad y extensión a las cuales trasladar a los campesinos afectados, preferentemente en la misma entidad, y dentro de un plazo que no exceda a los establecidos en el párrafo siguiente".
Esta disposición, en resumen, establece que si el núcleo solicitante se encuentra en posesión provisional de las tierras concedidas por mandamiento del gobernador y la resolución presidencial lo modifica, la Secretaría de la Reforma Agraria estará obligada, en primer término, a negociar con los propietarios de el o los predios, la compra en favor de esos campesinos de la superficie que se encuentren ocupando.
La disposición legal antes mencionada tiende a satisfacer dos fines esenciales inobjetables, por cuanto que, por una parte, se trata de compensar a los propietarios que han perdido la posesión de sus bienes como consecuencia de un mandamiento gubernamental que posteriormente se modifica por la resolución presidencial, y por otra parte, trata de satisfacer las necesidades agrarias, asegurándoles a los campesinos la adjudicación de tierras que de no ser adquiridas por la Secretaría de Reforma Agraria tendrían que ser devueltas a sus legítimos propietarios, desalojando a los campesinos.
Obviamente, dicha disposición es de carácter excepcional y no debe convertirse en la puerta falsa por la que se eluda el cumplimiento de la ley, se afecten propiedades inafectables y el Ejecutivo Federal se eche a cuestas la compra de todas las tierras que integran la propiedad privada. De lo que se trata es, simplemente, de reconocer el hecho de que en la primera instancia de la dotación de tierras, los gobernadores de los estados dictan algunas veces resoluciones provisionales afectando bienes inafectables y ordenan poner en posesión a los núcleos peticionarios, cometiendo un verdadero despojo en perjuicio de los legítimos propietarios y poseedores; por otra parte, reconoce el hecho de que muchas veces, esa posesión provisional se prolonga durante años y que resulta difícil e inconveniente desalojar a los campesinos y totalmente imposible reparar los daños y perjuicios sufridos por los propietarios afectados.
En consecuencia, lo excepcional de la disposición que se comenta proviene de dos datos fundamentales: que se trata de una afectación provisional ilegal que no debe convertirse en práctica viciosa frecuente y regular, y que es difícil e inconveniente restituir las tierras afectadas.
Con la salvedad a que se refieren los dos párrafos precedentes y tomando la disposición contenida en el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como un intento serio de impartir justicia a los propietarios perjudicados por una resolución provisional ilegal que los despoja de sus bienes, y por otra parte, como un propósito responsable de satisfacer necesidades agrarias que no podrían cubrirse en otra forma, es pertinente pensar en la necesidad de reformar dicha disposición para precisar su contenido y alcance, y para agilizar las negociaciones que puedan realizarse entre la Secretaría de Reforma Agraria y los propietarios afectados en los supuestos que dicha disposición contempla.
Todavía es pertinente aclarar, antes de proponer cualquier reforma, que la disposición que comentamos establece la obligación a cargo de la Secretaría de Reforma Agraria, de entablar negociaciones con los propietarios en los casos a que la misma disposición se refiere, pero que tal obligación no se extienda a que dichas negociaciones han de terminar forzosamente en un contrato de compra - venta o de cualquier otra índole, porque la celebración de dicho contrato es absolutamente convencional.
Consideremos que la forma de negociar entre la Secretaría de Reforma Agraria y los propietarios no debe restringirse al contrato de compra venta a que alude la ley, porque existen formas más idóneas para alcanzar los fines que se persiguen y mucho más sencillas, ágiles y económicas, como podrían ser la renuncia y cesión de derechos de propiedad y posesión por parte de los particulares afectados a favor de la Secretaría. Una vez que los interesados renuncian a sus derechos y los ceden a favor de la Secretaría, cesa el obstáculo legal que impedía la afectación, por lo que, con base en la renuncia o cesión de derechos puede fundarse la resolución dotatoria.
Si se mantiene la fórmula de la compra - venta como la única posible para negociar entre la Secretaría y los propietarios o poseedores, se continúa con un despropósito de carácter práctico y legal que a nadie beneficia. En efecto, carece de objeto que la Secretaría adquiera la propiedad de las tierras afectadas en primera instancia ilegalmente e incorpore dichos bienes a su patrimonio para poder disponer de ellos con fines agrarios y resultaría francamente absurdo que una vez adquiridos dichos bienes los trasmitieran a los núcleos de población por medio
de una donación o compra venta, ya que los poblados beneficiados los pueden adquirir mediante una resolución administrativa, como ya se ha indicado.
También es injustificado que la disposición legal que comentamos limite las negociaciones que debe entablar a los propietarios de el o los predios afectados, porque tales negociaciones deben extenderse a los poseedores con las características a que se refiere el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que esta disposición equipara a los poseedores con los propietarios y sería injusto que por el sólo hecho de ser poseedores no pueda la Secretaría negociar con ellos.
Por otra parte, también resulta injustificado que se limite la negociación a los casos en los que la resolución presidencial modifique el mandamiento del gobernador, porque hay casos en los que la resolución presidencial no modifica dicho mandamiento sino que lo confirma y los propietarios o poseedores afectados tienen que recurrir al amparo para modificar el mandamiento del gobernador y la resolución presidencial, razón por la que si se obtiene el amparo y protección de la justicia federal y los efectos de la sentencia en el juicio de garantías son los de declarar que los predios afectados por las autoridades agrarias son parcial o totalmente inafectables, la Secretaría también debe entablar negociaciones con las personas que obtuvieron el amparo.
En este orden de ideas debe precisarse lo que el legislador entiende por modificar el mandamiento del gobernador o en su caso de la resolución presidencial. Es absurdo que cualquier modificación de esas resoluciones obligue a la Secretaría a negociar la compra de los terrenos o la renuncia o cesión de los derechos de los propietarios o poseedores, ya que puede tratarse de una modificación que ordene afectar más superficie que la afectada por esas resoluciones. Una correcta interpretación limitaría la obligación de negociar a los casos en los que el mandamiento del gobernador se modifique por la resolución presidencial negando total o parcialmente la dotación o cuando se modifique esta última resolución por sentencia judicial firme en los mismos términos.
Hasta ahora nos hemos concretado a mencionar los casos en los que la Secretaría está obligada a negociar con los particulares afectados ilegalmente, tampoco puede justificarse que la posibilidad de la negociación quede reducida a la obligación antes mencionada. El sentido común más elemental, la lógica jurídica y el derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, indican que la posibilidad de negociación debe existir no sólo como una obligación de la dependencia tantas veces mencionada, sino como un derecho de los propietarios o poseedores afectados.
También es pertinente aclarar que la negociación no sólo debe limitarse a los casos de dotación de tierras, como parece indicar la disposición legal que se comenta cuando se refiere a el o los predios y cuando hace referencia a otras tierras en el caso de que no sea posible la negociación y tenga que dotarse a los campesinos en otros lugares. La disposición debe comprender al agua y demás bienes afectables.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, proponemos la redacción del primer párrafo del artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los siguientes términos.
Artículo 309, primer párrafo: Cuando el núcleo solicitante se encuentre en posesión provisional de los bienes concedidos por mandamiento del gobernador y la resolución presidencial o una sentencia judicial modifiquen ese mandamiento, la Secretaría de la Reforma Agraria estará obligada, en primer término a negociar con los propietarios o poseedores de los bienes antes mencionados, la renuncia y cesión de sus derechos en favor de esos campesinos, de los bienes que se encuentren ocupando. En las mismas circunstancias los propietarios y poseedores interesados podrán iniciar la negociación con la propia Secretaría.
Los poseedores acreditarán su derecho de acuerdo con lo establecido en el artículo 252 de esta ley.
Por modificación del mandamiento del gobernador debe entenderse la que tenga por objeto negar total o parcialmente la dotación de los bienes de que se trate.
De no llevarse al cabo la negociación, la Secretaría de Reforma Agraria está obligada a localizar en favor de los campesinos, con prelación a los demás núcleos o grupos de población otras tierras de semejante calidad y extensión a las cuales trasladar a los campesinos afectados, preferentemente en la misma entidad y dentro de un plazo que no exceda a los establecidos en el párrafo siguiente.
Siempre que la ejecución de una resolución presidencial negativa o el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada implique la desocupación de terrenos que los campesinos tengan en virtud de una posesión provisional o definitiva, los plazos a que se refieren los artículos 302 y 303 se duplicarán en favor de los ejidatarios.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 29 de noviembre de 1984
Diputado Alfonso Méndez Ramírez
El C. Presidente : - Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria. Imprímase.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto del Senado, que reforma la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El dictamen de las comisiones unidas. Segunda de Gobernación, Segunda de Justicia y Tercera Sección de Estudios Legislativos de la Cámara de origen, acoge en lo esencial las consideraciones expresadas al respecto en la iniciativa presentada por el Titular del poder Ejecutivo Federal, pues las reformas y adiciones propuestas, basadas en la preocupación constante del presente régimen de revisar tan profundamente como sea posible el orden normativo vigente para auspiciar la recta procuración e impartición de justicia en beneficio de los gobernados, tienden a armonizar la legislación aplicable, a complementar clarificar ciertos preceptos de la ley de que se trata, y a definir las necesarias atribuciones que deben corresponder a la autoridad competente que esté en aptitud de ejecutar las nuevas sanciones substitutivas de la prisión o multa, medidas de aplicación autónoma y medios para el tratamiento de inimputables que, entre otras diversas e importantes reformas de relevante interés jurídico y social al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia Federal, aprobó el honorable Congreso de la Unión, durante el periodo ordinario de sesiones de 1983.
Las reglas básicas en materia de ejecución de sanciones, por lo que toca a los reos del Fuero Federal y del Fuero Común del Distrito Federal, se hallan contenidas en la citada Ley sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971.
La iniciativa plantea, en primer lugar, la adición de un párrafo al artículo 3o. del invocado ordenamiento mediante el cual se reconoce a la dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, órgano ejecutor dependiente de la Secretaría de Gobernación, la potestad de poner en práctica las nuevas sanciones contempladas en la reforma sustantiva de referencia, destacándose con toda precisión que esta facultad habrá de desarrollarse con apego a los dispositivos de la sentencia judicial inherente, de tal modo que la autoridad administrativa no puede, por sí misma, hacer sustituciones a la pena de prisión o a la multa, no previstas por el juez. Asimismo, se le encomienda la ejecución de las de tratamiento que el resolutor aplique en su fallo, así como la de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que en su caso y oportunidad deba tener la autoridad sanitaria. Los cuatro párrafos restantes, de que actualmente consta dicho artículo 3o., se mantienen sin cambio.
En segundo lugar, la iniciativa propone la reforma del artículo 16, con el fin de resolver los problemas que desde tiempo han surgido acerca del cómputo de plazos para la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena privativa de libertad, respectivamente, determinándose, ante todo, que el cómputo en cuestión se hará en el orden que beneficie al reo, sin que el sistema correspondiente pueda quedar en caso alguno sujeto a normas reglamentarias o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social. Por otra parte, se adicionan tres párrafos más y mediante ellos se introducen trascendentales mejoras al procedimiento para regular la remisión parcial de la pena en lo concerniente a su otorgamiento o negativa. Tales novedades consisten, substancialmente, en excluir la posibilidad de que los reglamentos carcelarios instituyan sistemas propios a autónomos para conceder al sentenciado la remisión; en condicionar el disfrute de esa ventaja a la reparación de los daños y prejuicios que el reo hubiese causado víctima o a la garantía de cubrirlos; en incorporar lineamientos de conducta que el interno deberá observar con apego a las reglas del artículo 84, en lo conducente, del Código Penal a que se ha hecho mérito, señalado que la remisión parcial de la pena es revocable en los casos y al tenor del procedimiento previsto para la revocación de la libertad preparatoria, cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos impuestos o incurre en nuevo delito.
Por último en la iniciativa presidencial se solicita agregar un párrafo al artículo 18, para estatuir con la nitidez aconsejable, que la libertad provisional de los procesados se sujeta exclusivamente a la autoridad judicial, en los términos de las disposiciones legales pertinentes, superando así erróneas interpretaciones, constitucionalmente inadmisibles, a través de las cuales se había intentado facultar a la autoridad administrativa para establecer y manejar por sí misma, sin intervención judicial, un régimen independiente de libertad provisional, confundiendo conceptos propios de la prisión preventiva, con otros que los son de la pena privada de libertad impuesta en la sentencia. La Colegisladora estimó necesario que se indicara de manera específica a que autoridad administrativa se refería esta adición, y con ese propósito modificó el párrafo relativo aclarando que se trata únicamente de la autoridad administrativa encargada de los reclusorios.
El examen de la iniciativa enviada a la Cámara Alta por el Ejecutivo Federal y el análisis cuidadoso del dictamen y de la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, permiten a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aseverar que las modificaciones legales sugeridas obedecen al
compromiso contraído por el Estado de renovar y fortalecer el ámbito de la justicia penal que la dinámica social reclama. En tales documentos campean alentadores signos de modernidad y equidad que habrán de propiciar, sin duda, una administración de justicia cada vez más limpia, eficaz y verdadera.
En tal virtud, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal; 54, 56, 64 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales propone a esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 3o., 16 y 18 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ..
..
..
..
La Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social tendrá a su cargo, asimismo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa, y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas e inimputables, sin perjuicio de la intervención a este respecto debe tener, en caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.
Artículo 16. ..
La remisión funcionará independiente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputo para la aplicación de este precepto que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.
El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el reo repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.
Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal.
La remisión es revocable por la autoridad que la otorga, en los casos y conforme al procedimiento dispuesto para la revocación de la libertad preparatoria.
Artículo 18. ..
La autoridad administrativa encargada de los reclusorios no podrá disponer, en ningún caso, medidas de liberación provisional de procesados. En este punto se estará exclusivamente a lo que resuelva la autoridad judicial a la que se encuentra sujeto el procesado, en los términos de los preceptos legales aplicables a la prisión preventiva y a la libertad provisional.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de noviembre de 1984.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Humberto Lugo Gil, Presidente: Mario Vargas Saldaña, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Jorge Canedo Vargas, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Salvador Castañeda O'Connor, Arnaldo Córdova, Jorge Cruick shank García, Irma Cué de Duarte, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, José Luis Lamadrid Sauza, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco Xavier Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Alejandro Lambretón Narro, Salvador Valencia Carmona, Alfonso Gaytán Esquivel.
Comisión de Energéticos: Hermenegildo Anguiano Martínez, Presidente; Héctor Sánchez Ponce, secretario; Juan Mariano Acoltzin Vidal, José H. Aguilar Alcerreca, Carlos Barrios Honey, Carlos Brito Gómez, Víctor Manuel Carreto, Gerardo Cavazos Cortés, Jorge Cruickshank García, Jorge Luis Chávez Zárate, Sami David David, Servando Díaz Suárez, Hugo Díaz Thome, Jorge Díaz Sotelo.
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Manlio Fabio Beltrones Rivera: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa que se han inscrito, el diputado David Orozco Romo para hablar en contra; el diputado José Luis Caballero para hablar en pro, y para hacer algunas consideraciones generales, el diputado Salvador Castañeda O'Connor. Tiene la palabra el diputado Castañeda O'Connor.
El C. Salvador Castañeda O Connor: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: independientemente de las bondades que pudiera tener este proyecto de reformas a la Ley sobre Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, considero que deberíamos preocuparnos por las normas mínimas del trabajo parlamentario sobre el trabajo en Comisiones.
A mí me parece que las Comisiones deben reflejar la composición plural, pluripartidista del pleno de esta Cámara de Diputados. No es ocioso hablar del trabajo en Comisiones, aun cuando estemos en la recta final de esta Legislatura. Yo creo que deben establecerse normas para la discusión y votación de los asuntos que son encargados a las Comisiones para su estudio. Del trabajo de las Comisiones, si es bueno, dependerá una buena discusión en la plenaria.
Yo creo que no puede aceptarse como un método válido el que solamente se nos presente a firma de los integrantes de las Comisiones los dictámenes ya acabados. Y aquí ha pasado con este proyecto de reformas que simplemente se nos puso a firma lo que vamos a discutir. Hubiera sido importante en éste y en cualquier otro proyecto, la aportación de los diputados de los distintos partidos. Si estamos preocupados por elevar el rango de este Congreso, porque este Congreso reasuma sus funciones, su soberanía respecto del Ejecutivo y de los demás poderes del país, si estamos preocupados por mejorar nuestro trabajo, no debemos dejar pasar estos hechos. A mí me parece que al no haberse citado a una reunión con todos los integrantes para expresar sus opiniones, respecto a este dictamen, nos dejan sin la oportunidad, siquiera, de estar a favor de un dictamen de la mayoría.
Y esa es la razón, compañeras y compañeros diputados, que la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, se va a abstener, va a dar un voto de abstención, en este dictamen.
Eso es todo lo que quería decirles; y no porque estemos ya de despedida, abandonemos las normas parlamentarias que deben regir nuestro trabajo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano David Orozco Romo.
El C. David Orozco Romo: - Señor Presidente; honorable Asamblea: en realidad me debí haber inscrito como el diputado Castañeda O'Connor, para consideraciones generales. Pero como el Reglamento dice que se inscribe uno en pro y uno en contra, me inscribí en contra. Y mi intervención va a ser paralela y en el mismo sentido que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Soy miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y me encontré, unos minutos, después de que repartieran la minuta correspondiente del Senado, con el dictamen. Al principio creí que por la carga legislativa y por mis distracciones se me pasó esta reunión. Después supe que tampoco el diputado Batíz de Acción Nacional, y varios diputados del PRI tampoco sabían de esta reunión. O sea, que se nos presenta un dictamen firmado por una comisión que no se reúne, no sé si se trató, si fue discutido previamente al reparto de la minuta por la crema, por la almendra, por la esencia, de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que no sabemos por quién o quiénes está constituida. Y en ese sentido viene la protesta por este procedimiento parlamentario, no tanto por el contenido de las normas que son tres o cuatro y que tienen inconvenientes manifestó, sino por el procedimiento que se siguió, análogo a lo que aquí llamamos "corcholatazos", o sea, cuando se aprueban las condecoraciones y los permisos para trabajar en embajadas extranjeras que por economía firmamos los dictámenes.
Pero tal parece que este es el tratamiento que se le está dando a las minutas del Senado. No vale la pena que se reúna la Comisión, al fin eso tiene que pasar, para bien o para mal, intacto.
Y por eso, como protesta por el procedimiento, como una reafirmación de que el trabajo parlamentario debe ser serio, también los de la fracción parlamentaria demócrata en el momento de la votación nos abstendremos, daremos un voto de abstención. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En virtud de que ha declinado el uso de la palabra el diputado Caballero, consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Se consulta a la honorable Asamblea si está suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Congreso General, se pregunta
a la Asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: Señor Presidente, se emitieron 278 votos en pro y 42 abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
"Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto del Titular del Poder Ejecutivo Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal y del correspondiente Código de Procedimientos Civiles.
Dicha iniciativa, resultado de la comunicación permanente del Ejecutivo con amplios y variados sectores de la sociedad, como aconteció durante la Consulta Nacional sobre Administración de Justicia y de su estrecha relación con quienes tienen directamente a su cargo la prestación de tan importantes servicio público, propone, en los esencial, nuevos avances para mejorar la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal, cuyas reformas y adición aprobó en fecha reciente el honorable Congreso de la Unión, sin perjuicio de que, con apoyo en un análisis más profundo y detallado, se procure en su oportunidad, la sustitución total de la mencionada Ley Orgánica. Plantea, asimismo, algunas reformas al Código de Procedimientos Civiles para la capital del país, con el propósito de adecuarlo a las modificaciones de la ley a que ha hecho mérito, y de asegurar la seriedad y pertinencia de diversos actos procesales.
La vigente Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de 29 de enero de 1969, ha sufrido reformas por decretos aparecidos en los Diarios Oficiales de 18 de marzo de 1971, 5 de marzo de 1974, 23 de diciembre de 1974, 30 de diciembre de 1975 y 27 de diciembre de 1983, que importan decisivos cambios para agilizar el procedimiento, evitar abusos y desterrar en lo posible conductas antijurídicas de aquéllos a quienes interesa más su beneficio personal que el bienestar social.
Las reformas a la ley de referencia que ahora se proponen, obedecen al clamoroso anhelo popular de que la administración de justicia sea cada vez más ordenada y expedita, así como a la necesidad de que los encargados de realizarla, satisfagan los requisitos ineludibles de elevada actitud de conciencia, ilustrado criterio, limpieza de juicio y honradez ejemplar, inherentes a tan grave y trascendental función del Estado. En efecto, las autoridades encargadas de hacer justicia, deben corresponder a la dignidad de su misión suprema con acendrada responsabilidad y firme independencia, sin olvidar jamás que la moralidad constituye la base esencial en que descansa la vida de la República.
La iniciativa en cuestión introduce modificaciones que atañen, substancialmente, a la integración del Tribunal Superior, formación profesional de los servidores públicos de la administración de justicia, turno judicial y actuación procesal de las partes, servicio médico forense, unidad de trabajo social, y otros concernientes de modo general a la actualización de conceptos conforme a la práctica de los tribunales, a la correcta terminología legal, a la nueva denominación de ciertas dependencias gubernamentales y a la concordancia con distintos mandamientos recientes de la Constitución Federal, del Código Peal y del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, tanto como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, culminando con la supresión, en la Ley Orgánica que nos ocupa, del capítulo relativo a delitos oficiales, por estar previstos ya en otros ordenamientos.
Por lo que toca a la integración del Tribunal Superior de Justicia se aumenta el número de magistrados, autorizando, además el funcionamiento de una Sala Auxiliar, constituida con magistrados supernumerarios en forma semejante a la que ya existe en la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión que suscribe estima plenamente justificado este aspecto de la iniciativa, habida cuenta del crecimiento de la población la moderna complejidad de las relaciones sociales y la debida atención de las causas civiles, familiares y penales que todo ello trae consigo. Se reglamentan en mejor forma y más sistemáticamente algunas de las facultades del Pleno del Tribunal, a fin de alcanzar mayor eficiencia en el cabal cumplimiento de sus atribuciones. Se amplía la obligación del Presidente del Tribunal para organizar y vigilar el funcionamiento no solo de las oficialías de partes, sin respecto de todas las dependencias judiciales y administrativas que requiere la nueva estructura del Tribunal.
Por otro lado, tomando en cuenta siempre las cargas reales de trabajo y las posibilidades del erario, se plantean modificaciones
que hagan factible el ajuste en el número de auxiliares judiciales, sin tener que reformar la Ley Orgánica en cada caso. Para el desempeño eficaz de las pesadas labores en juzgados civiles y penales no debe establecerse un mínimo de secretarios o de servidores público, sino dejar abierta la posibilidad de aumentarlos, en función de los criterios apuntados.
Por cuanto hace a la formación profesional de los servidores públicos de la administración de justicia, se pretende crear un Centro de Estudios Judiciales que asuma la responsabilidad de preparar y especializar al personal que aspire al señalado honor de trabajar en la administración de justicia del fuero común. Esta parte de la iniciativa encuentra su antecedente inmediato en el Instituto de Especialización Judicial a que se refiere el artículo 84 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tan eminentes servicios ha prestado ya al más Alto Tribunal de la República en la capacitación de sus miembros. Los alumnos, en su mayoría, son secretarios y actuarios. Las enseñanzas comprenden conocimientos teóricos y, especialmente, prácticos, buscando proporcionar al interesado las orientaciones necesarias para que esté en aptitud de desempeñar sus tareas con mayor propiedad, y aun para llegar a ocupar cargos de importancia superior en la judicatura federal. Existe también un Centro de Estudios Judiciales de reciente creación en el estado de Jalisco, que ha operado con singular éxito. Es de desearse que las demás entidades federativas sigan su ejemplo, dado el particular énfasis que el Gobierno de la República ha puesto en la profesionalización de los servicios vinculados con la procuración y la impartición de la justicia.
La Comisión de Justicia considera inaplazable el funcionamiento de un Centro de Estudios Judiciales en el seno del Tribunal con los objetivos que se han indicado, así como para la difusión del material jurídico relacionado, pues no bastan buenas leyes, sino que se precisa contar también con servidores públicos aptos, capaces y honestos que, sin duda, ese Centro de Estudios ayudará a preparar debidamente. Sin embargo, la Comisión no comparte la sugerencia que la iniciativa contiene en el sentido de que el hecho de cursar y aprobar los programas y exámenes que se implanten en el Centro de Estudios Judiciales releve a quien intente ingresar a la judicatura del examen de oposición a que indefectiblemente habrá de someterse. En otras palabras, el aspirante podrá cursar y aprobar los estudios en dicho centro y sustentar, además examen de oposición, para ser juez de primera instancia, única forma de asegurar una más estricta selección de tales servidores, descartando procedimientos que no siempre propician la rigurosa, imparcial y objetiva designación de los miembros del Poder Judicial del fuero. Únicamente para ser juez de paz bastará que el candidato acredite haber cursado y aprobado los respectivos programas de capacitación, sin necesidad de que se someta a examen de oposición. Obvio es decir que el examen de oposición constituirá en todo caso, un requisito indispensable que habrá de satisfacer el aspirante a juez de primera instancia y que, por ende, quedará a su criterio cursar o no los estudios del Centro de Capacitación Judicial, pudiendo presentar dicho examen de oposición con los conocimientos que haya adquirido en la Universidad o en la división de estudios de postgrado de donde hubiese egresado.
En lo que concierne al turno judicial y actuación procesal de las partes, en la iniciativa se propone otorgar al Presidente del Tribunal Superior las atribuciones necesarias para la debida organización y vigilancia de las oficialías de partes comunes. Al mismo tiempo se considera adecuado fijar las medidas pertinentes para sancionar prácticas que tiendan a burlar el turno judicial. La Comisión de Justicia acoge tales proposiciones del Ejecutivo Federal por ser congruentes con las reformas que el honorable Congreso de la Unión aprobó en 1983 en las que se descartó en materia civil y familiar la elección del juez por el actor y se suprimió la recusación sin causa, y porque la observancia del turno judicial representa una evidente garantía adicional para la recta impartición de justicia. En la propia iniciativa se define el concepto que actualmente debe tomarse en cuenta para la aplicación de multas, y se plantea la conveniencia de introducir sanciones de ese género para prevenir abusos en la realización de actos procesales que las partes pudieran llevar a cabo con el sólo afán de entorpecer el procedimiento. También en este aspecto, la Comisión que suscribe está de acuerdo con el criterio sustentado, pues las multas de que se trata, reducidas en su cuantía para ajustarlas al espíritu de equidad que sobre el particular consagran los artículos 21 y 22 de la Constitución General de la República, no impiden el legítimo acceso a la justicia común, ni privan de recursos o defensas a los particulares, al amparo de las normas jurídicas aplicables.
Por lo que toca al Servicio Médico Forense, al que se encomiendan actos periciales de suma importancia para el juzgador, la iniciativa propone modificar el procedimiento para la designación de sus más importantes miembros, designación que el pleno del Tribunal Superior debe hacer libremente y sin la menor injerencia de otras instancias o personas. La Comisión de Justicia reconoce la oportunidad de tales planteamientos que evitarán la práctica viciosa de que se hagan nombramientos por intereses personales de los peritos médicos forenses.
La Unidad de Trabajo Social, que también se reglamenta en el título relativo a las dependencias del Tribunal Superior, auxilia en forma importante a magistrados, jueces y Servicio Médico Forense para que puedan llevar a cabo, con toda puntualidad, sus atribuciones
legales. La mencionada unidad de servicio funciona ya en el Tribunal Superior, por lo que en este punto sólo se regularizarían y consolidarían sus actividades que han resultado particularmente útiles en las materias relacionadas con la justicia penal y con la familiar.
En lo que atañe a las modificaciones de otros preceptos conviene hacer notar que se proponen según quedó apuntado ya, con el fin de actualizar su redacción, tanto gramatical como jurídica, de conformidad con la nueva denominación de diversas dependencias gubernamentales, utilizando la terminología correcta, incluyendo o adicionando disposiciones congruentes con las últimas reformas a la Constitución General de la República y a la nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código Penal, y Código de Procedimientos Penales y Civiles del Distrito Federal. Siguiendo ese criterio de la iniciativa, la Comisión Dictaminadora, en sus diversas reuniones de trabajo, sugirió una serie de ajustes a varios numerales de la ley Orgánica de los Tribunales, limitándose en rigor a una tarea de mera actualización. Con tal propósito se somete a la consideración de esta soberanía la reforma de los artículos 4o., 20, 43, 65, 72, 96, 100, 166, 192, 197, 198, 202, 204, 278, 279 y 284, no contemplados en el documento enviado por el Ejecutivo Federal.
Del mismo modo, la Comisión de Justicia sugiere actualizar la denominación del Título Octavo de la tantas veces mencionada Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común de la capital de la República, así como la del Capítulo II de dicho Título Octavo. Por otra, la Comisión que suscribe, modificó gran número de los artículos considerados por el Ejecutivo de la Unión en su iniciativa, como podrá comprobarse con la simple comprobación del texto que tales normas presentan en el documento presidencial y el que ahora tienen en el dictamen ofrecido a la decisión de esta soberanía. Los artículos que se intentó enriquecer con el concurso de las valiosas orientaciones de los ciudadanos diputados de distintos partidos, miembros de la Comisión dictaminadora son los siguientes: 21, párrafo, segundo; 22, parte final; 23; 25; 26, inciso e) y f): 28, fracción III, y VI y X; 29; 31; 37 II fracciones XI y XIII; 39, fracción VI; 44, fracción VII; 45, fracción I y IV; 46, fracción IV; 47, parte final; 52, incisos d), e) y f); 61, fracción III; 73 parte final; 288, fracción XVI; 291, fracción IV; 295; 297; 299;305, fracción III, todos ellos de la Ley Orgánica, así como los artículo 61 y 167 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y el 17 del Título Especial de la Justicia de Paz del mismo Código Procesal.
Finalmente, en la iniciativa de decreto del Ejecutivo Federal se suprime el capítulo relativo a delitos oficiales, habida cuenta de que tales conductas están ya previstas en otros ordenamientos y se precisa el catálogo de faltas en que pueden incurrir los servidores públicos de la administración de justicia en el desempeño de su cargo o con motivo de éste.
Tales son, en síntesis las características sustanciales de la iniciativa y del dictamen que ahora se propone a la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados.
Se da un paso apreciable en el esfuerzo constante de mejorar y modernizar las normas y las instituciones relacionadas con la procuración y la impartición de justicia, pareciendo razonable enfatizar que, como se manifestó con antelación enfatizar que, como se manifestó con antelación, con base en la experiencia de los últimos, años y en su estudio más amplio y detallado, se plantee, en su oportunidad, la sustitución de dicha Ley Orgánica.
En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución de la República; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 82, 88 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL, Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
"Artículo primero. Se reforman los artículos 2o., 4o., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 46 - bis, 47, 48, 49, 52, 54, 61, 65, 72, 73, 95, 96, 100, 161, 166, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 186, 187, 189, 192, 197, 198, 202, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 277, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288,289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304 y 305 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, en los términos que a continuación se precisan:
Artículo 2o. La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce: I a IX. .. y
X. Por los demás servidores públicos y auxiliares de la administración de justicia, en los términos que establezcan esta ley, los Códigos de Procedimientos y leyes relativas.
Artículo 4o. Son auxiliares de la administración de justicia: I a IX. .. y
X. Todos los demás a quienes las leyes les confieran este carácter.
Los auxiliares comprendidos en las fracciones III a X están obligados a cumplir las órdenes que, en ejercicio de sus atribuciones legales, emitan los servidores públicos de la administración de justicia.
El Ejecutivo de la Unión facilitará el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo.
Artículo 19. Los Jueces protestarán ante el Tribunal Superior de Justicia. Los demás servidores públicos de la administración de justicia rendirán la propuesta ante la autoridad de quien dependan.
Artículo 20. ... Tratándose de servidores públicos de la administración de justicia que debe trasladarse para tomar posesión de su puesto a lugares distintos, al plazo señalado deberá agregarse el término que fije la autoridad que hizo la designación.
Artículo 21. Ningún servidor público de la administración de justicia podrá tener ocupación que lo constituya en estado de dependencia moral o económica de alguna corporación o persona particular.
Los Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos, Actuarios, Proyectistas de Sentencias, secretarios de Acuerdos del Pleno y de la Presidencia del Tribunal Superior están impedidos para desempeñar otro empleo o encomienda de la federación, de los Estados, del Distrito Federal, de los Municipios o de particulares, salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. El incumplimiento de esta disposición es causa de responsabilidad, en términos de la ley respectiva.
Quedan exceptuados de esta disposición los cargos docentes cuyo desempeño no perjudique que las funciones o labores propias que les competen como miembros de la administración de justicia.
Artículo 22. Ningún nombramiento para servidor público de la administración de justicia o auxiliar de ésta como síndico o interventor podrá recaer en ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad del servidor público que haga la designación. La inobservancia de esta disposición es motivo de responsabilidad de quien tenga a su cargo la expedición del nombramiento, la que se exigirá por el Tribunal Superior de Justicia imponiendo al infractor como sanción la destitución del cargo. El nombramiento respectivo, así expedido, quedará sin efecto.
Artículo 23. No podrá recaer ningún nombramiento de la administración de justicia en individuos con enfermedades transmisibles que constituyan un peligro para la salubridad, o cualquiera otra que dificulte gravemente el desempeño de las funciones respectivas.
Artículo 24. Ningún servidor público de la administración de justicia podrá desempeñar otro puesto.
Dichos servidores públicos no podrán ser corredores, comisionistas, apoderado judiciales, tutores, curaderos, albaceas, depositarios, síndicos, administradores , interventores en concurso, árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacá sino en causa propia.
Artículo 25. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal estará integrado por cuarenta y tres Magistrados Numerarios y seis Supernumerarios, y funcionará en Pleno, en Sala Numeraria o Auxiliar, según lo determinen ésta ley y las demás relativas. Uno de los Magistrados Numerarios será Presidente del mencionado Tribunal, y no integrará Sala.
Los magistrados supernumerarios percibirán sueldo igual al que señale el presupuesto a los numerarios.
Artículo 26 Para poder ejercer las funciones de Magistrado se requiere:
a)a d) ..;
e) Gozar de buena reputación;
f) No haber sido condenado por delito que amerite corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y g) Haber residido en el país durante los últimos 3 años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de 6 meses.
Artículo 27. El Tribunal Pleno estará formado por los Magistrados que integren las Salas Numerarias y por el Presidente de dicho cuerpo colegiado.
Artículo 28. Son facultades del Tribunal Pleno:
I. Nombrar a los Jueces del Distrito Federal, resolver todas las cuestiones que con dichos nombramientos se relacionen y cambiar a los Jueces de una misma categoría a otro Juzgado, así como variar cuando sea necesario, la jurisdicción mixta de un Juzgado, si es de Primera Instancia, creando en su lugar uno Civil, uno de lo Familiar o penal, o sólo dos de estas materias. En el caso de los de Paz podrán dejarse Mixtos o únicamente Civiles o Penales. En estos casos se podrá autorizar que haya cuando menos un Secretario por ramo;
II. ..,
III. Conceder licencias que no excedan de tres meses al presidente del Tribunal, a los magistrados, a los jueces y demás servidores públicos de la administración de Justicia del Distrito Federal; en la inteligencia de que dichas licencias sólo podrán concederse con goce de sueldo íntegro en un año siempre que exista causa justificada para ello;
IV a VI. ..,
VII. Instruir al Presidente del Tribunal para que elabore y ejerza el presupuesto de egresos que deberá regir en cada ejercicio anual, el que por los conductos debidos deberá ser sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados;
VIII. Acordar el aumento de juzgados y de la planta de servidores públicos de la administración de justicia, cuando las necesidades del servicio lo requieran y lo permitan las condiciones del erario;
IX. Designar a los Magistrados que deberán encargarse de las visitas a casas de cuna, casas hogares, internados, asilos, hogares sustitutos y, en general, a las instituciones
dedicadas a los menores abandonados, reclusorios preventivos, de ejecución de sanciones y demás lugares de detención o de seguridad social. Estas visitas tendrán por objeto cerciorarse sobre el cumplimiento de los reglamentos interiores de aquellos establecimientos y el trato que reciban las personas objeto de su atención y los internos. Cada uno de estos establecimientos será visitado por lo menos una vez cada mes, procurando el visitador hacerse acompañar por un comisionado de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social.
Dichas visitas motivarán un informe por escrito al Tribunal, con copia a la citada Dirección y, en su caso, a la dependencia a la que corresponda la institución de que se trate para que se dicten las medidas pertinentes;
X. Ordenar, por conducto del Presidente del Tribunal, cuando se impute la comisión de un delito a un magistrado o a un juez, en el desempeño de su cargo o con motivo de éste, que lo ponga a disposición de la autoridad que conozca del asunto, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares que correspondan para evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. La detención que se practique en contravención a este precepto, será sancionada en los términos que prevenga el Código Penal;
XI. ..,
XII. Aprobar, cuando proceda la suspensión de los servidores públicos de la administración de justicia, en los términos del Título relativo a las responsabilidades de los mismos;
XIII. ..,
XIV. Informar al Ejecutivo o al Congreso de la Unión acerca de los casos de reconocimiento de inocencia, de rehabilitación y demás que las leyes determinen, previos los trámites y con los requisitos que ellas establezcan;
XV. Conocer de las acusaciones o quejas que se presenten en contra del Presidente del Tribunal, Magistrados de las Salas y demás servidores públicos de la Presidencia y del propio Tribunal, haciendo la substanciación correspondiente, de acuerdo con el procedimiento señalado en el Título relativo a responsabilidades de los servidores públicos de la administración de justicia;
XVI. Y XVII. ..,
XVIII¿ Determinar las Salas a las que deben quedar adscritos los juzgados del Distrito Federal, para todos los efectos legales procedentes;
XIX. Y XX. ..,
XXI. Aprobar el Reglamento Interior de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal;
XXII. Determinar el número de Salas que conocerá de cada materia, y
XXIII. Las demás que le confieran las leyes.
Artículo 29. Para que funcione el Tribunal en Pleno se necesita la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes de los Magistrados que lo integran y las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados presentes. En caso de empate, se confiere voto de calidad al Presidente del Tribunal.
Artículo 30. Las sesiones del Tribunal Pleno no podrán ser ordinarias o extraordinarias y, en ambos casos, públicas o secretas. Las sesiones ordinarias se celebrarán el primer día hábil de cada dos semanas y las extraordinarias, cuando sea necesario para tratar y resolver asuntos urgentes, previa convocatoria del Presidente del mismo, en la que se determinará si son públicas o secretas, a iniciativa propia a solicitud de tres Magistrados cuando menos.
Artículo 31. Para la Presidencia y Tribunal Pleno se designarán un Primer Secretario de Acuerdos, un Segundo Secretario de Acuerdos y el número de Secretarios Auxiliares de la Presidencia, y de servidores Públicos de la administración de justicia que fije el presupuesto de egresos respectivo.
Para ser nombrado Secretario de Acuerdos se necesita que los interesados satisfagan los requisitos que para los de las Salas se fijan en el artículo 47 de esta ley.
Para ser nombrado Secretario Auxiliar de la Presidencia, y de servidores Públicos de la sitos que para los de las Salas se fijan en el artículo 47 de esta ley, a excepción del relativo a la práctica profesional, siendo el Presidente del Tribunal Superior quien les asigne sus funciones.
Artículo 35. Corresponde al Presidente del Tribunal superior de Justicia:
I a III. ..,
IV. Dar cuenta al Pleno de todos los actos que lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones y muy particularmente de las sanciones administrativas que impongan;
V. ..,
VI. Dictar todas las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de las Oficialias de Parte a que se refiere el artículo 54 de esta ley así como respecto de todas las dependencias judiciales y administrativas del Tribunal, y
VII. Designar a los Secretarios Auxiliares de la Presidencia, que funcionarán en la Oficialía de Partes a que se refiere el artículo 54 de esta ley, así como en Juzgados y Salas cuando no formen parte de la planta de los mismos, y cuyas funciones serán las que determina esta ley, y las que les atribuya el Pleno.
En caso de que la Presidencia estime dudoso o trascendental un trámite, lo someterá a la consideración del Pleno para que éste resuelva lo que proceda.
Artículo 36. Cuando se trate de conocer de las sanciones administrativas que haya impuesto el Presidente del Tribunal, o de exigir, en su caso, las responsabilidades que procedan, presidirá la sesión respectiva del Pleno el Magistrado a quien corresponda substituir al propio Presidente en sus faltas temporales. Para los efectos de este artículo, el Presidente del Tribunal llevará una lista de todas las
sanciones administrativas que se impusieren, con designación de las personas y motivos que las originaren.
Artículo 37. Corresponde, además al Presidente del Tribunal:
I. a IV. ..,
V. Conceder licencia económica hasta por quince días, con goce de sueldo o sin él, a los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos de la administración de justicia del Distrito Federal;
VI. Poner en conocimiento del Pleno las solicitudes de licencia por más de quince días, de los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos de la administración de justicia, para que proceda con arreglo a las atribuciones que tenga conferidas;
VII. Nombrar a los Directores Generales y demás servidores públicos que se requieran para la prestación del servicio de administración de justicia, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior del Tribunal, y promover oportunamente ante el Pleno, los nombramientos de los servidores públicos de la administración de justicia, que deba hacer el Tribunal Superior en caso de vacante.
VIII. y IX. ..,
X. Conforme al Presupuesto de Egresos respectivo, distribuir proporcional y equitativamente los gastos de oficina y demás que, para la administración de justicia del Distrito Federal, señala el mismo, y acordar las erogaciones que deban hacerse con cargo a sus diversas partidas, expidiendo las disposiciones que correspondan, sin quedar comprendidas en esta facultad las relativas a sueldos fijos, que sólo podrán ser alterados por concepto de sanciones administrativas y pensiones alimenticias, en los términos que prescribe la ley;
XI. Llevar un estado de todas las multas o suspensiones que se impongan por las salas del Tribunal y por los jueces como sanciones administrativas o medidas de apremio;
XII. ..,
XIII. Llevar una lista de las excusas, recusaciones, incompetencias y substituciones, que estará a disposición de los interesados en la correspondiente secretaría de acuerdos.
Artículo 39. El presidente del Tribunal Superior de Justicia es Presidente del Tribunal Pleno y, como tal, tendrá las obligaciones siguientes:
I. a VII. ..,
VIII. Formar anualmente el presupuesto de egresos de los Tribunales del Fuero Común, tomando como base las instrucciones que el Tribunal Pleno le haya dado al respecto, y los elementos que se le proporcionen de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto;
IX. ..,
X. ..,
XI. Llevar, con toda escrupulosidad, las hojas de servicio de todos los servidores públicos de la administración de justicia, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las que se refieren a quejas que se hayan declarado fundadas y sanciones administrativas que se hayan impuesto, con expresión del motivo de ellas e insertando copia del certificada del título de abogado de la persona de que se trate, cuando por ley sea necesario para el desempeño de algún cargo;
XII. y XIII. ..,
XIV. Imponer las sanciones a que se refiere el artículo 65 bis del Código de Procedimientos Civiles; y
XV. Las demás que determinen las leyes.
Artículo 40. Habrá catorce Salas del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, integrada cada una por tres Magistrados y designadas por número ordinal iniciándose por las Salas Civiles y continuándose por las Penales y Familiares.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia determinará el número de Salas que conocerá de cada materia.
Artículo 43. Las resoluciones de las salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos.
Artículo 44. Corresponde a los Presidentes de Sala:
I. a V. ..,
VI. Aprobar las cuentas de los gastos de oficina de la Sala, y
VII. Vigilar que los Secretarios y demás servidores públicos de la Sala cumplan con sus deberes respectivos, imponiéndoles las sanciones administrativas procedentes.
Artículo 45. Las Salas Civiles, en los asuntos de los Juzgados de su adscripción conocerán:
I. De los casos de responsabilidad civil y de los recursos de apelación y queja que se interpongan en asuntos civiles, contra las resoluciones dictadas por los jueces de lo civil de Primera y de Única Instancia del Distrito Federal
II. .. ,
III. ..,
IV. (Derogada); y
V. ..
Artículo 46. Las Salas de lo Familiar en los asuntos de los Juzgados de su adscripción conocerán:
I. a III. ..,
IV. (Derogada); y
V. ..
Artículo 46 - bis. Las Salas Penales, en los asuntos de los Juzgados de su adscripción conocerán:
I. De las apelaciones y denegadas apelaciones que les correspondan y que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces del Orden Penal del Distrito Federal, incluyéndose las resoluciones relativas a incidentes civiles que surjan en los procesos;
II. ..,
III. De las excusas y recusaciones de los Jueces Penales del Distrito Federal;
IV a VI. ..
Artículo 47. para el desempeño de los asuntos que tiene encomendados cada Sala, tendrá cuando menos un Secretario de Acuerdos, tres Secretarios Auxiliares y un Secretario Auxiliar Actuario, que serán designados y
removidos libremente por la respectiva Sala, y la planta de servidores públicos de la administración de justicia que fije el presupuesto de egresos.
Artículo 48. Para los efectos que prescribe la Constitución y demás leyes secundarias, son Jueces de única instancia, los de Paz en Materia Civil y Penal, en las resoluciones en contra de las cuales no procede más recurso que el de responsabilidad y los Jueces Penales en las resoluciones de los delitos de vagancia y malvivencia por ser inapelables.
Artículo 49. Son Jueces de Primera Instancia, para los efectos que prescriben la Constitución y demás leyes secundarias:
I. Los Jueces de lo Civil;
II. Los Jueces de lo Familiar;
III. Los Jueces Penales, y
IV. Los Jueces Presidentes de Debates.
Artículo 52. Para ser Juez de lo Civil se requiere:
a) a c). ..,
d) Acreditar, cuando menos, cinco años de práctica profesional, que se contarán desde la fecha de la expedición del título y someterse a examen de oposición formulado por los Magistrados de la Sala, a la que quedaría adscrito. Se preferirá para el examen de oposición a quien hubiese cursado y aprobado los programas que al efecto desarrolle el Centro de Estudios judiciales
e) Gozar de buena reputación: y
f) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Artículo 54. Los Juzgados de lo Civil y de lo Familiar tendrá una Oficialía de Partes Común para cada una de las ramas, la cual tendrá las siguientes atribuciones:
I Turnar el escrito por el cual se inicie un procedimiento, al Juzgado que corresponda, para su conocimiento, y
II. Recibir los escritos de término, si se presentaren después de las horas de labores del Juzgado correspondiente, pero dentro de horas hábiles, mismos que deberán turnar al Juzgado al que se dirijan.
Cada una de las Oficialiás de Partes Comunes, permanecerán abiertas durante las horas hábiles a que se refiere el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dichas Oficialías de partes comunes podrán recibir también, escritos de términos que se dirijan a las Salas del Tribunal Superior, si las condiciones de aquéllas lo permiten.
Artículo 61. Cada uno de los Juzgados de lo Civil del Distrito Federal tendrá:
I Cuando menos dos Secretarios de Acuerdos, numerados progresivamente;
II. Cuando menos dos secretarias Actuarios:
III. Los servidores de la Administración de justicia de la administración de justicia que autoriza el presupuesto: y
IV. ..
Artículo 65. El primer secretario de acuerdos, además de las atribuciones que determina el artículo anterior, tendrá las siguientes:
I a V. ..,
VI. Ejercer, bajo su responsabilidad por sí mismo o por conducto de los servidores públicos de la administración de justicia subalternos, la vigilancia que sea necesaria en la oficina, para evitar la pérdida de los expedientes, y
VII. ..,
Artículo 72. La planta de cada Juzgado Penal será de:
I. Un juez ;
II. Cuando menos dos secretarios, y
III. Los servidores públicos de la administración de justicia que determine el Presupuesto de Egresos.
Artículo 73. Cada Juez de lo Penal tendrá adscritos cuando menos dos Secretarios, numerados progresivamente, y los servidores y públicos de la administración de justicia que señale el Presupuesto de Egresos.
Artículo 95. Para ser Juez de paz se requiere:
a) a c). ..,
d) Acreditar haber cursado y aprobado los programas que al efecto desarrolle
el Centro de Estudios Judiciales.
Artículo 96. Los Juzgados de Paz, para el despacho de los negocios, tendrán la planta de servidores públicos de la administración de justicia que fije el presupuesto; en caso de ser mixtos, los secretarios quedarán adscritos uno al ramo penal y otro al ramo civil.
Artículo 100... Los delitos de que conocerá el Jurado serán los mencionados en el artículo 20, fracción VI de la Constitución General de la República.
Artículo 161. En los casos en que conforme al artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles los litigantes designen un Notario que desempeñe las funciones del Secretario, quedará este obligado a cumplir con todas las disposiciones que esta ley prescribe para dichos servidores públicos, únicamente en relación con el negocio en que intervenga y sujeto a las sanciones establecidas en la propia ley, con motivo de las faltas en que incurra en el desempeño del cargo, en la inteligencia de que no es preciso que permanezca en el Juzgado respectivo más que el tiempo necesario para que se desahoguen y dicten las diligencias, acuerdos y resoluciones en dicho negocio.
Artículo 166. En los asuntos del orden penal, cuando no estuvieren designados especialmente por la ley los individuos que deban ejercer las funciones de que se trata, se ocurrirá de preferencia a los servidores públicos de la administración de justicia de carácter técnico en los establecimientos o corporaciones dependientes del gobierno, cuando deban nombrarlos jueces o tribunales.
Artículo 172. El Servicio Médico Forense y los médicos asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público, a los hospitales públicos, a los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y demás
lugares de reclusión, desempeñarán, en auxilio de la administración de justicia las funciones establecidas por esta ley y su Reglamento.
Artículo 173. El Servicio Médico Forense estará integrado por un Director y los demás servidores públicos que determine el Reglamento Interior a que se refiere el artículo 28, fracción XXI, de esta misma ley.
Artículo 174. Para desempeñar el cargo de Director del Servicio Médico Forense se requiere:
a) a c). ..,
d) Acreditar antecedentes científicos, labores docentes o dedicación profesional que demuestren idoneidad en la materia y haber cursado estudios de especialización en la disciplina, exhibiendo en su caso el documento que los justifique;
e) Tener cuando menos cinco años de práctica como médico legista, y
f). ..
Artículo 176. Para desempeñar el cargo de Subdirector Técnico del Servicio Médico Forense, se requieren los mismos requisitos señalados en el artículo anterior, El ejercicio como médico legista deberá ser de tres años.
Artículo 178. La designación del Director, Subdirectores, Jefes de Departamento, de Oficinas, peritos médicos forenses, ayudantes de éstos y demás personal administrativo, se hará de la forma siguiente:
I. La de Director, por el Pleno de Magistrados a propuesta del Presidente del Tribunal, al efectuarse la renovación sexagenal de los Jueces. Durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto. Cualquier designación posterior se hará para terminar el ejercicio del sexenio;
II. La de los Subdirectores, por el Presidente del Tribunal a propuesta del Director, y
III. La de peritos médicos forenses, por el Presidente del Tribunal, mediante oposición ante un jurado especial, que integrarán el Presidente del Tribunal o el Magistrado que él designe, el Director del Servicio Médico Forense y el decano de los peritos médicos forenses. Si este último fuera el Director del servicio, el que le siguiere en antigüedad. El examen teórico consistirá en la resolución de un cuestionario que contenga la temática fundamental de la medicina forense, así como el desarrollo práctico de un tema, ambos señalados por el Director. El resultado de la oposición se hará constar en acta que deberán firmar los miembros del jurado y que será enviada a la comisión de escalafón para que haga la propuesta correspondiente.
Artículo 179. Son facultades y obligaciones del Director del Servicio Médico Forense:
I y II. ..,
III. Convocar y presidir la junta de peritos, con el objeto:
a) a e). ..,y
f) Llevar a cabo las actividades académicas y de investigación con la finalidad de la superación técnica de los peritos médico forenses;
IV. ..,
V. Atender personalmente o por conducto de su Subdirector Técnico, cuando lo considere necesario o conveniente, los casos urgentes del servicio, y suplir a cualquiera de los peritos en sus faltas por enfermedad, licencia o vacaciones, o en su caso, señalar al perito a quien corresponda desempeñar el trabajo;
VI a XIV. ..
Artículo 180. Con excepción de los casos en que deben intervenir los médicos asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público, a los hospitales públicos, a los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y lugares de reclusión, los reconocimientos, análisis y demás trabajos médicos, forenses relacionados con los procedimientos judiciales serán desempeñados por los peritos médico forenses, quienes están obligados a concurrir a las juntas, audiencias y diligencias a las que fueren legalmente citados y a extender los dictámenes respectivos.
Artículo 186. Los médicos dependientes de la Dirección de Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal, asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público, serán auxiliares de las autoridades judiciales y de los Agentes del Ministerio Público, en sus funciones médico forenses y tendrán la obligación de rendir los informes que les soliciten los Tribunales, con referencia a los casos en que oficialmente hubieran intervenido. En iguales términos quedarán obligados los médicos adscritos a los hospitales públicos y a los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y demás lugares de reclusión.
Artículo 187. Son obligaciones de los médicos asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público:
I a VII. ...,
Artículo 189. Los médicos adscritos a los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y demás lugares de reclusión, deberán asistir a los internos enfermos y expedir los certificados que correspondan. Igualmente, prestarán los primeros auxilios en los casos de lesiones y de otros delitos que ocurrieren dentro de la prisión y que requieran la intervención médico forense, e intervendrán en cualquiera diligencia judicial que allí se practique, cuando para ello fueren requeridos por el Ministerio Público o la autoridad competente.
Artículo 192. ..
El primero se dividirá en las secciones siguientes: Tribunal Superior, Juzgados de lo Civil, Juzgados Mixtos de Primera Instancia y Juzgados de Paz.
El segundo se compondrá de las siguientes secciones: Tribunal Superior, Juzgado de lo Familiar, Juzgados Mixtos de primera Instancia y libros del Registro Civil.
El tercero se integrará con las siguientes secciones: Tribunal Superior Presidencia de Debates, Juzgado Penal, Juzgados Mixtos de Primera Instancia y Juzgados de Paz.
El cuarto contendrá las siguientes secciones: de acuerdo general, acuerdo de interés individual y asuntos secretos.
Los incidentes se archivarán con el juicio principal a que pertenezcan, cualquiera que sea su naturaleza.
Artículo 197. La vista o examen de libros, documentos o expedientes del archivo podrá permitirse en presencia del jefe o de los servidores públicos de la administración de justicia de la oficina y dentro de ella a los interesados o a sus procuradores, o a cualquier abogado con título. Será motivo de responsabilidad para el jefe del archivo, impedir el examen a que se refiere este artículo y la sanción respectiva será impuesta por el presidente del Tribunal Superior.
Artículo 198. No se permitirá por ningún motivo a los servidores públicos de la administración de justicia del archivo que extraigan del mismo documentos o expedientes.
Artículo 202. El reglamento respectivo fijará las atribuciones de los servidores públicos de la administración de justicia del archivo y determinará la forma de los asientos, índices y libros que en la misma oficina deban llevarse, y el presidente del Tribunal podrá acordar en todo caso las disposiciones que crea convenientes.
Artículo 204. Los Anales de Jurisprudencia tendrán, además, una sección especial que se denominará Boletín Judicial, en la que se publicarán diariamente, con excepción de los sábados, domingos y días de fiesta nacionales, las listas de acuerdos, edictos y avisos judiciales a que se refiere el capítulo V del Título segundo del Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 210. El Tribunal Superior de Justicia contará con un Centro de Estudios Judiciales, el cual tendrá como principal objetivo la preparación y actualización del personal judicial, así como la difusión de material jurídico.
Artículo 211. El Centro de Estudios Judiciales contará con un Director General, con Directores en las diversas áreas jurídicas y con el personal técnico y administrativo necesario, de acuerdo con el Reglamento Interior del Tribunal.
Artículo 212. El Director General del Centro de Estudios Judiciales y los Directores de las áreas jurídicas, cubrirán los requisitos que establezca el Reglamento Interior del Tribunal.
Artículo 213. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contará con una Unidad de Trabajo Social, cuyo principal objetivo será auxiliar a Magistrados, Jueces y Servicio Médico Forense, en los casos en que la ley lo prevé. Contará con un Jefe, y con el número de trabajadores sociales y el personal de apoyo administrativo necesario, cuyos requisitos y obligaciones sean los que señale el Reglamento Interior del Tribunal.
Artículo 214. El Tribunal Superior de Justicia, contará con servicio de biblioteca en los términos que disponga su Reglamento Interior.
Artículo 215. El servicio de biblioteca estará a cargo de un bibliotecario y contará con el personal técnico y administrativo que señale el Reglamento Interior del Tribunal.
Artículo 277. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces del Orden Común del Distrito Federal y todos los miembros de la judicatura del mismo ramo, son responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determinen la presente ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.
Artículo 278. Siempre que se presente una denuncia o queja en contra de algún servidor público de la administración de justicia, el servidor público o encargado de la declaración de culpabilidad e imposición de la pena, o la presidencia del Tribunal en el caso de que lo fuera el Pleno, formará inmediatamente el expediente respectivo con expresión del día y hora en que se reciba la queja, a efecto de que concluya inexcusablemente por sentencia dentro de un término no mayor de treinta días.
Artículo 279. Las quejas por las que se denuncie la comisión de faltas en contra de los actuarios, secretarios, jueces o magistrados del fueron común deberán constar por escrito, para su debida tramitación, las cuales en todo caso deberán estar autorizadas con la firma del denunciante con expresión de su domicilio.
Artículo 280. Tienen acción para denunciar la comisión de faltas de los servidores públicos de la administración de justicia del Distrito Federal:
I A VI. ..
Artículo 284. El hecho de que un servidor público de la administración de justicia común cometa cinco faltas en el desempeño de un mismo cargo, ameritará su inmediata suspensión, que deberá dictarse por su superior y visarse por el Tribunal Pleno, por un término no menor de dos meses ni mayor de cinco, según el caso y siempre sin perjuicio de la pena que le corresponda por la última falta cometida.
Artículo 285. Si el órgano encargado de resolver sobre una queja no lo hiciera dentro del plazo a que se refiere el artículo 278, será multado con el importe de un día de salario precisamente por el órgano encargado de la imposición de las sanciones, por faltas del responsable. Si el Tribunal Pleno lo fuere, se impondrá a los componentes del mismo una multa de tres días de salario, hayan concurrido o no al Pleno respectivo.
Artículo 286. La declaración de no responsabilidad por faltas deberá ser publicada en extracto en el Boletín Judicial o en periódico de circulación del Distrito Federal, según lo disponga quien hiciera aquélla. La primera de esas publicaciones será gratuita y la segunda a costa del quejoso; a quien sino cumpliere, se podrá imponer una multa como medio de apremio por el mismo órgano que resuelva en los términos que se prescriben para dicho medio en el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 287. La declaración de responsabilidad por faltas producirá el efecto de inhibir al servidor público de que se trate en
el conocimiento del negocio en el que se hubieran cometido. Además, se ordenará anotación en el expediente personal del servidor público y se le aplicará una sanción de 5 a 10 veces el salario diario que perciba.
Artículo 288. Son las faltas de los Jueces:
I a XV... , y
XVI. Dedicar a los servidores públicos de la administración de justicia de su dependencia al desempeño de labores extrañas a las funciones oficiales, las que deberán estar demarcadas con toda precisión en el reglamento de esta ley.
Artículo 289. Se considerarán como faltas de los Presidentes de las Salas, Semaneros y Magistrados componentes de aquéllas, en sus respectivos casos, las que tienen ese carácter, conforme a las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XV, y XVI del artículo anterior y, además, las siguientes:
a) a c)...
Artículo 291. Son faltas de los Secretarios del Ramo Penal:
I a III. ... ;
IV. No dar cuenta, al juez o al presidente de la sala, de las faltas u omisiones que personalmente hubieran notado en los servidores públicos de la administración de justicia subalternos de la oficina, o que se le denuncien por el público verbalmente o por escrito:
V. .. ; y
VI. ..
Artículo 292. Son faltas de los Secretarios de Acuerdos del Ramo Civil, las fijadas en el artículo anterior y, además, las siguientes:
I a V. ..
Artículo 293. Son faltas de los Secretarios Actuarios:
I a V. ..
Artículo 294. Son faltas de los servidores públicos de los Juzgados, Salas, Direcciones, Presidencia y demás dependencias del Tribunal Superior de Justicia:
I a V. ..
Artículo 295. Las faltas en que incurran los servidores públicos, previstas en los artículos 288, fracciones I, II, III, IV, XII, XIV, y XVI; 289, incisos a) y b); 291 fracciones I, II, IV y V; 292 fracciones I, II, III, IV, y V; 293, fracción I; y 294, fracciones I, II, III, IV y V, serán sancionadas por la primera vez con apercibimiento hecho por escrito por el órgano encargado de aplicar la sanción, y por la segunda y siguientes, con multa de 3 a 6 días de salario del servidor público que cometa la falta, debiéndose tomar nota en el expediente de dicho servidor público.
Artículo 296. Las faltas en que incurran los mismos servidores públicos, previstas en los artículo 288, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIIl, y XV; 289, inciso c); 291, fracción III; y 293, fracciones II, III, IV, y V, serán sancionadas por la primera vez, con 3 a 6 días de salario del servidor público que cometa la falta, y por la segunda y siguientes, con suspensión de cinco a treinta días sin goce de sueldo.
Artículo 297. Las faltas en que incurran los pasantes serán corregidas por los Jefes de las oficinas en las que presten sus servicios, tomándose nota de ellas en los expedientes que al efecto se abran, a fin de que cuando las faltas lleguen a cinco, los infractores pierdan el derecho de seguir asistiendo a las oficinas, sin perjuicio de que sean consignados al Ministerio Público, cuando cometieren algún delito.
Artículo 298. Todas las disposiciones contenidas en este capítulo serán aplicables, sin perjuicio de lo que previene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 299. Los Magistrados y Jueces deberán concurrir a sus oficinas todos los días hábiles y permanecer en ellas durante todas las horas de su despacho.
El incumplimiento de esta disposición es motivo de responsabilidad, la que exigirá en los términos que previene el artículo 302 de esta Ley.
Los demás servidores públicos deberán concurrir media hora antes de las señaladas para los Jueces, a efecto de preparar el trabajo respectivo, y permanecer en ellas durante todas horas de su despacho, a excepción de los Secretarios Actuarios, que sólo deberán concurrir el tiempo que señala el artículo 67 de esta ley.
Artículo 301. También se sancionarán como faltas leves o graves, según el caso, a juicio del órgano encargado de imponer las sanciones administrativas, y en los término que prescriben los artículos 295 y 296 de esta ley, las infracciones y omisiones en que incurran los servidores públicos de la administración de justicia del Distrito Federal, con relación a los deberes que les imponen las disposiciones de esta ley y las demás sustantivas y adjetivas del Distrito Federal y los Reglamentos respectivos.
Artículo 302. Las faltas a que se refieren los artículos 291, 292, 293 y 294 de esta ley, serán sancionadas respectivamente, por los Jueces o Presidentes de las Salas respectivas.
Artículo 303. Las faltas en que incurran los Jueces del Orden Común del Distrito Federal serán sancionadas por el Magistrado Visitador respectivo. Artículo 304. Las faltas en que incurran los Magistrados serán sancionadas por el Tribunal Pleno.
Artículo 305. Para los efectos de la imposición de las sanciones que prescriben los artículos anteriores, se estará al siguiente procedimiento:
I. Cuando se trate de la imposición de sanciones a los Secretarios de Acuerdos, Auxiliares, Actuarios y servidores públicos del Ramo Judicial, el órgano encargado, de imponer las sanciones hará la declaración previa de que el servidor público incurrió en la falta de que se trate, sin más requisitos que oír a éste y al denunciante, si quisiera concurrir, recibiendo en el mismo acto las explicaciones o justificaciones del caso, de una y otra en la misma diligencia, que deberá ser citada dentro del término que previene el artículo 278 de la presente ley;
II. Cuando se trate de la imposición de sanciones a los Jueces del Distrito Federal, la declaración se hará en los mismos términos y con iguales requisitos a los que se previenen en la fracción anterior, precisamente en la Sala a que pertenezca el Magistrado Visitador, y
III, Cuando se trate de faltas de los Magistrados del Tribunal Superior, la declaración se hará en el primer Pleno siguiente a la fecha en que se reciba por escrito la queja respectiva, mediante votación, por unanimidad o por mayoría de los que lo compongan.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 280 - bis a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, en los términos que a continuación se precisan:
Artículo 280 - bis. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, tomando en cuenta la gravedad de la irregularidad observada en las visitas practicadas a los Juzgados, así como lo que se desprenda del ejercicio de la función de los servidores públicos de la administración de justicia, puede ordenar que el órgano encargado de imponer al responsable la sanción por faltas, lleve a cabo de oficio, el procedimiento señalado en esta ley.
Artículo tercero. Se modifican las denominaciones del Título Octavo y del Capítulo II del propio Título, de los Capítulos VI, del Título Noveno, y III, del Título Décimo, así como la del Título Decimosegundo, y la de los Capítulos II y III, del propio Título, de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para quedar como sigue:
TITULO OCTAVO
Del procedimiento para suplir las faltas de los servidores públicos de la administración de justicia
CAPITULO II
De los jueces y servidores públicos de la administración de justicia
TITULO DÉCIMO
CAPITULO III
Del Centro de Estudios Judiciales de la Unidad de Trabajo Social y de las Bibliotecas
TITULO DECIMOSEGUNDO
De las responsabilidades de los servidores públicos de la administración de justicia
CAPITULO II
De las faltas
CAPITULO III
De los órganos y sistemas para centrar la imposición de las sanciones administrativas
Artículo cuarto. Se derogan los artículos 183 y 300, así como el Capítulo IV del Título Decimosegundo, que comprende los artículos 307 y 308 de la Ley Orgánica del los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Artículo quinto. Se reforman los artículos 61, 62, 140, 167 y 726 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los términos que a continuación se precisan:
Artículo 61. Los Jueces y Magistrados tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieron con multas de 5 a 30 días de salario en los Juzgados de Paz; en los de lo Civil y Familiar de 10 a 50 días de salario y de 15 a 100 días en el Tribunal Superior. Pueden también emplear el auxilio de la fuerza pública. Si las faltas llegaren a constituir delitos, se procederá contra quienes las cometieren, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, consignando al culpable a la autoridad competente, con testimonio de lo conducente.
Para los efectos de este artículo se entiende como salario el mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, el día en que se haga efectiva la multa.
Artículo 62. Se entenderá corrección disciplinaria:
I. .. ;
II. La multa que no exceda de un día de salario, como se define en el artículo anterior, y que se duplicará en caso de reincidencia, y
III. ...
Artículo 140. La condenación en costas, se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:
I a IV. .. ;
V. El que intente acciones o haga valer excepciones notoriamente improcedentes y que así lo declare la sentencia definitiva que se dicte en el negocio, y
VI. El que oponga excepciones dilatorias notoriamente improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, con el fin de entorpecer la buena marcha del juicio.
Artículo 167. El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro; tampoco podrá emplearlo sucesivamente.
En el caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia, se aplicará al que la opuso, una multa equivalente hasta 60 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en beneficio de colitigante, siempre que se compruebe que el incidente respectivo fue promovido de mala fe.
Artículo 726. Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviere fundada en derecho o hubiese recurso ordinario de la
resolución reclamada, será desechada por el Tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado, solidariamente, una multa hasta de 15 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo sexto. Se adiciona el artículo 65 - bis al Código de procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 65 - bis En el caso de comprobarse la realización de cualquier acción tendiente a burlar el turno establecido en las Oficialías de Partes Comunes, una vez presentado un escrito por el cual se inicie un procedimiento, ya sea exhibiendo varios de éstos para elegir el Juzgado que convenga, o desistiéndose de la instancia más de una vez, sin acreditar la necesidad de hacerlo, o cualquier acción similar, la parte promovente y sus abogados patronos se harán acreedores, solidariamente, a una multa que no será menor de quince, ni mayor de noventa días de salario, tomándose como base el mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y que será impuesta por el Presidente del Tribunal.
Artículo séptimo. Se reforman los artículos 17 y 20 del Título Especial "De la Justicia de Paz", del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los términos que a continuación se precisan:
Artículo 17. Si al anunciarse el despacho del negocio no estuviere presente injustificadamente el actor, y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa que no será menor de ocho, ni mayor de treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que se aplicará al reo por vía de indemnización y, sin que se justifique haberse hecho el pago, no se citará de nuevo para el juicio.
Artículo 20. Concurriendo al Juzgado las partes, en virtud de la citación, se abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:
I y II. .. ;
III. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo pronunciamiento. Si de lo que expongan o aprueben las partes resultara demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el Juez lo declarará así, desde luego, y dará por terminada la audiencia. Ante los Jueces de Paz, sólo se admitirá reconvención hasta por ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
IV a VII. ..
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Las plazas de nueva creación estarán sujetas a las disponibilidades en materia presupuestaria".
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados. - México, D.F., noviembre 27 de 1984.
Comisión de Justicia: Presidente, Mariano Piña Olaya; Secretario, Leopoldino Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco J. Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García, Eleazar García Rodríguez, Juventino González Ramos, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Ángel Martínez Cruz, Crescencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Ávila, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Ángel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Alvaro Uribe Salas, María Antonia Vázquez Segura, César Humberto Vieyra Salgado".
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. prosecretaria Angélica Paulín Posada: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen... Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
La Presidencia informa que se han inscrito para hablar en pro, el C. diputado Enrique Alcántar Enríquez y el C. diputado Leopoldino Ortiz Santos. Tiene la palabra el C. diputado Enrique Alcántar Enríquez.
El C. Enrique Alcántar Enríquez: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Los Demócratas, fieles a la actitud de apoyar lo positivo, independientemente de su procedencia, consideramos benéfico y digno de aprobación el espíritu que presiden al conjunto de reformas que nos ocupan, respecto de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal y del Código relativo.
Cuanto hagamos en favor de una mejor integración y funcionamiento de los tribunales y sus agentes auxiliares, del encauzamiento imparcial y ágil de la acción procesal de las partes litigantes, de la limpieza en el turno judicial y, en fin, de la elevación cualitativa
de la impartición de justicia con una mayor rectitud y expeditez, será en claro provecho de la salud social para nuestros representados.
Damos por bien empleados los dineros del erario que sean destinados al cumplimiento de los propósitos apuntados que, por otra parte, contribuirán a la dignificación del Poder Judicial tradicional, pero indebidamente considerado el "patito feo" del sistema de división de atribuciones del poder.
Mejor este gasto público que el habido en elefantes blancos, sopa de letras de organismos administrativos ineficientes y burocráticos, o los bolsillos negros de funcionarios que sólo saben sangrar al pueblo y no servirlo.
El desarrollo de un pueblo se refleja en la imagen de la justicia que vive e, incluso, esa es termómetro a la vez del nivel del desarrollo de la democracia. Entendemos de importancia esencial, el perfeccionamiento del apoyo judicial con el cual la ciudadanía tiene directo, permanente y, a menudo, decepcionante contacto en momentos en que los mexicanos padecemos hambre de justicia y de democracia, además de la física, de participación política igualitaria y de cultura.
Por lo anterior, y reconociendo honestamente la oportunidad abierta que nuestro representante contó para hacer aportaciones en el análisis de las aportaciones en cuestión y en la inteligencia de que la propia Comisión de Justicia reconoce y acepta las necesidades de profundizar el estudio del esquema orgánico y funcional de los tribunales para, en su oportunidad, hacer una sustitución total de la ley orgánica de que se trata.
El Partido Demócrata Mexicano, por mi conducto, otorga su voto aprobatorio en lo general y en lo particular, sobre la misma. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Leopoldino Ortiz Santos.
El C. Leopoldino Ortiz Santos: - Señor Presidente; honorable Asamblea: A nombre de la Comisión de Justicia me satisface comparecer ante vuestra soberanía para informales que recibimos del Titular del Poder Ejecutivo la iniciativa de reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal y del correspondiente Código de Procedimientos Civiles.
Una vez que dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión, se procedió a su estudio y a la integración de una subcomisión integrada por los ciudadanos diputados José Luis Caballero Cárdenas, del PRI: Daniel Ángel Sánchez Juárez del PSUM; Francisco Javier Alvarez de la Fuente, del PDM; Miguel Ángel Martínez, del PAN; Alberto Salgado Salgado, del PST, y Cresencio Morales, del PPS, quienes después de un intenso trabajo legislativo, derivado de un exhaustivo estudio de la iniciativa, formularon un dictamen en el cual se incorporaron modificaciones a 27 artículos del proyecto recibido y se agregaron reformas de 16 artículos del propio documento.
En el primero caso, en mi opinión y la de la Comisión que represento, las modificaciones y reformas que se proponen enriquecieron la importante iniciativa presentada a esta Legislatura por el ciudadano Presidente de la República y en el segundo, las reformas propuestas a ese documento obedecen a que los integrantes de la subcomisión consideraron que esos preceptos se encontraban dentro de los mismos supuestos, contenidos en la propuesta del Ejecutivo, con lo cual resulta indiscutible que esto redundará en una mejor y más expedita administración de justicia en el Distrito Federal.
Es de absoluta justicia reconocer que todos los integrantes de la subcomisión pluripartidista, aportaron sus valiosos puntos de vista y amplios conocimientos jurídicos, la mayor parte de los cuales, después de amplias deliberaciones fueron aprobados e incorporados al dictamen que se presenta, el cual fue firmado por todos los integrantes de la Comisión de Justicia, la cual, por mi conducto, formula su amplio reconocimiento al trabajo y aportación que llevaron a cabo todos los integrantes de la subcomisión pluripartidista que se ha mencionado. Por todo lo cual, me permito solicitar a mis compañeros diputados y diputadas, se sirvan aprobar en sus términos el dictamen que sometemos a su consideración. Muchas gracias por su atención.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen, se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. prosecretaria Angélica Paulín Posada: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaria a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
La C. - prosecretaria Angélica Paulín Posada: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior de este Congreso.
Señor Presidente, se emitieron 320 votos en pro y ninguno en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La C. prosecretaria Angélica Paulín Posada: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE
Honorable Asamblea: El Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le otorga la fracción I del artículo 71 de la Constitución General de la República, remitió a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como Cámara de origen, la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen y habiendo revisado las disposiciones consideradas en el proyecto de decreto y después de haber sido discutidas por sus integrantes, con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el presente
DICTAMEN
Nuestro país ha sido miembro del Banco de Desarrollo del Caribe, a partir del 5 de enero de 1982, fecha de publicación del decreto correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La adición de un segundo párrafo al artículo 4o. de la ley antes mencionada, tiene el propósito de permitir una reposición de capital al Fondo Especial de Desarrollo de dicho Banco, destinado a apoyar los recursos concesionales del mismo, mediante una aportación en moneda libremente convertible, por 5 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Dicha reposición se justifica en virtud de las siguientes consideraciones:
El Banco de Desarrollo del Caribe es un organismo que mantiene como propósito fundamental el de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de los países miembros del Caribe, así como promover la cooperación económica e integración de los mismos, dando especial atención a las necesidades de los países menos desarrollados en la región.
En el período 1970-1983, del financiamiento total otorgado por el Banco de Desarrollo del Caribe, un 67.5% fue concebido en términos concesionales y un 32.5% fueron créditos no concesionales.
Los recursos concesionales fueron canalizados prioritariamente a los países de menor grado de desarrollo relativo de la región. El Banco de Desarrollo del Caribe ha considerado necesario contar con recursos adicionales de carácter concesional para satisfacer su programa de préstamos correspondiente al periodo 1984 - 1988.
En atención a que el Gobierno de México ha mantenido una posición favorable en el fortalecimiento de las instituciones financieras regionales e internacionales y ha apoyado sistemáticamente el cumplimiento oportuno de las reposiciones de fondos, a efecto de proteger la oportuna transferencia de recursos para el desarrollo.
La XIV Asamblea de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe aprobó una resolución en la que se recomienda la ampliación de los recursos concesionales de la institución, mediante aportaciones adicionales por parte de los países miembros.
En tal efecto y de acuerdo a las proyecciones financieras del Banco, se considera conveniente que México mantenga la misma participación que Colombia y Venezuela, por lo que se ha sugerido a cada uno de estos países una reposición como la ya antes mencionada. Por otra parte, es de observarse que nuestro país ha propuesto que dicha reposición sea efectuada en los mismos términos establecidos en el Convenio de Aportación al Fondo Especial para el Desarrollo que México tiene celebrado con el Banco, por lo que dicha reposición debe efectuarse 50% en dólares de los Estado Unidos de América y 50% en moneda nacional, a fin de garantizar que parte de los recursos se destinen a la compra de bienes y servicios mexicanos. Tomando en cuenta los propósitos de la iniciativa y los objetivos del Banco de Desarrollo del Caribe, la Comisión considera:
a) Que es indispensable aumentar los recursos concesionales del Banco, fortaleciendo su capacidad de préstamos a través de las reposiciones de recursos, para satisfacer las necesidades apremiantes de los países de menor grado de desarrollo relativo en la región.
b) Que la participación de México mediante una reposición de capital al Fondo Especial de Desarrollo del Banco, es una muestra de solidaridad con los países más pobres, un deseo de lograr una mayor interrelación y cooperación entre los países y, el fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales.
Por las razones anteriores, esta Comisión estima debidamente fundada la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de este dictamen y se permite someter a la consideración de esa honorable Asamblea la aprobación del siguiente.
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCIÓN
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley que aprueba
la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para que en los siguientes términos:
"Artículo 4o. ..
Asimismo, el Banco de México cubrirá, con la garantía del Gobierno Federal, el equivalente a U.S. Dls. 5'000,000.00 (cinco millones de dólares moneda de los Estados Unidos de América) correspondientes a la primera reposición de capital al citado Fondo Especial para el Desarrollo, mediante cinco pagos anuales a partir de 1985".
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La primera reposición de capital de México al Fondo Especial de
Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, se realizará en cinco pagos anuales, iguales y sucesivos a partir de 1985 y serán pagaderos 50% en dólares de los Estados Unidos de América y 50% en su equivalente en pesos mexicanos.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados.
México, D. F., a 26 de noviembre de 1984.
Diputados: Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Ángel Acosta Ramos, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Manuel Cavazos Lerma, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, José Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinoza, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Ángel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce Ma. Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez , Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Se dispensa la lectura al dictamen...Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se han inscrito para hablar en pro, el diputado David Orozco, y por la Comisión, el diputado Fabila.
Tiene la palabra el diputado David Orozco.
El C. David Orozco Romo: - Con su venia señor Presidente; honorable Asamblea: seguramente muchos de ustedes, sobre el tema a discusión, estarán en la misma perplejidad que su servidor cuando se pasó la iniciativa de ley. ¿Que es este Banco de Desarrollo del Caribe? Y creo que un 90% de los diputados lo ignora, aunque ya estaba predispuesto el 75%, por disciplina, a votar a favor del mismo
Al principio, les confieso, cuando vi esto del Caribe, pensé, sospeché, me vino la duda de que esto fuera uno de los mecanismos por los cuales en alguna época nuestro Gobierno ha jugado al benefactor, comprando tranquilidad, como Moctezuma lo quiso hacer con Cortés, extendiendo préstamos a Cuba o a Nicaragua, para que nos los pagaran con excusados que no necesitábamos.
Fue mi primera sospecha y entonces pedí información al compañero Fabila, de la Comisión de Hacienda - por estos días se convirtió en el experto del Banco de Desarrollo del Caribe y estuvo dispuesto a que un funcionario de la Secretaría de Hacienda ampliara la información - . Se trata de un banco - después, seguramente el diputado Fabila les ampliará la información- constituido por varios países del Caribe, algunos de ellos, los mini estados, las pequeñas islitas, como no tan chico, claro, Trinidad Tobago, Las Bahamas, etcétera, consorcios regionales de los cuales se integra, está nuestro país Colombia y Venezuela, y socios no regionales, entre los cuales está Canadá, Francia e Inglaterra. No está Estados Unidos, no está ningún país de Centroamérica y tengo entendido que no está Cuba. Es un instrumento de financiamiento del comercio exterior, de los socios adheridos al sistema. No lo sabíamos, sin embargo, las aportaciones - aunque aquí nos hablan de cinco millones de dólares - , la aportación para suscribir capital fue de 15 millones y pico, de lo firmado en 1982, hay una contribución de siete millones y si añadimos los cinco millones que vamos a pagar nuevamente, hace la suma de 23 millones de dólares que, traducidos a pesos, hace la suma de cuatro mil quinientos, más o menos, millones de pesos, que ya es un monto considerable que merece nuestra atención y que ya quisiéramos tener muchos para asegurarnos una vejez tranquila fuera de los sobresaltos económicos.
Son esos tipos de convenios que a veces se nos pasan, que vemos como intranscendentes y deben ser objeto de nuestra atención, porque a eso se suman las aportaciones que hacemos al Banco Internacional de Desarrollo y a los distintos organismos internacionales.
Este Banco de alguna manera sí corresponde a una estrategia que debe seguir México de hacer alianzas regionales para poder solventar sus problemas sin recurrir a las grandes potencias. Por cierto, aquí los países del Caribe, junto con los países regionales, tienen mayoría de votos respecto a los no regionales como son Inglaterra, Francia y Canadá; pero debemos cuidar por una parte que eso no caiga en lo intranscendente, en lo que no da resultado, como otras alianzas regionales que hemos celebrado como la famosa ALALC, sino ser objeto de nuestra atención para que produzcan frutos y nos ayuden a solucionar nuestros problemas.
Y esta información, que hasta hace unas horas nada más teníamos cuatro o cinco diputados, y creo que me voy de largo, debe hacerse pública, extensiva y no sólo en cuanto a lo formal de los mecanismos, sino, en este banco, qué créditos hemos obtenido para nuestro comercio, qué créditos han obtenido otras naciones , cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, para que estemos en continua guardia y, sobre todo, una información en los organismos internacionales grandotes en los cuales participamos, y que se hace necesaria una reglamentación para ver la manera en que México se convierta en acreedor, o sea, cuando de alguna manera pide limosna para dar caridad, cuando él mismo otorga empréstitos, y que esto sea objeto de discusión pública, de atención pública.
Visto que es un proyecto que nos beneficia en términos generales, aunque no conocemos su operación, y dado que hay que hacer explícita, pública, la demanda de información de mayor contacto, es por lo cual votaremos a favor del proyecto y por lo cual subí a la tribuna. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio Fabila Meléndez.
El C. Antonio Fabila Meléndez: - Señor Presidente; compañeros diputados: bueno realmente fue satisfactorio el que en lo general hubiera consenso entre los miembros de la Comisión, para aprobar el dictamen en donde se requiere la aprobación por parte de México, la aportación por parte de México, de una cantidad de cinco millones de dólares que habrán de venir a constituir parte de los fondos del Banco de Desarrollo del Caribe.
Como lo apuntaba el compañero David este banco es un banco de desarrollo del Caribe; es una institución financiera regional que se constituyó en octubre de 1969 e inició operaciones en enero de 1970. Como es el caso de todas estas instituciones, su objetivo general se finca en contribuir al desarrollo económico de los países, en este caso del área caribeña, y promover la cooperación económica y la integración económica de los mismos.
México, congruente con la política que respecto a las instituciones financieras multilaterales ha llevado a cabo, ha apoyado al Banco del Caribe y se adhirió al mismo a partir de enero de 1982.
Con esto, México dispone de un instrumento más de promoción y apoyo a los esfuerzos de integración regional. México apoya al Banco de Desarrollo del Caribe, en atención a que contribuye a fortalecer la asistencia a países de mayor desarrollo relativo a esta región. Este banco opera en función de las decisiones que los mismos países integran su Consejo de Administración, tomando en la medida que constituyen mayoría, en lo que a posición de acciones se refiera.
México ha apoyado tradicionalmente a este tipo de instituciones en particular al Banco de Desarrollo del Caribe, porque constituyen una fuente de recursos concesionales, de crédito blandos, a largo plazo, baratos, para los países con menor desarrollo relativo.
Por otra parte, las aportaciones de México tienen por objeto solidarizarse con este tipo de países con menor desarrollo inclusive que el nuestro. Por otra parte, constituye también el instrumento para ampliar las relaciones comerciales de nuestro país, en este caso con el Caribe y abrir mercados a la producción nacional.
Por las bondades de este Banco, yo pediría a la Presidencia consultar a la Asamblea si está suficientemente discutido este dictamen y procediera a la votación que nos lleve a la aprobación del mismo. Muchas Gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Proceda a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
El C. prosecretrario Jesús Murillo Aguilar: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Se emitieron 252 votos en pro y 3 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, por 252 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
El mismo C. Prosecretario: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
HOMENAJE A EMILIANO ZAPATA
EL C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra el C. diputado Javier Sánchez Lozano. Puede pasar a la tribuna.
El C. Javier Sánchez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados; honorable Congreso: con la honrosa representación de los diputados de mi partido, el Revolucionario Institucional, he venido hasta esta tribuna, la más alta de la Nación, para rendir ante esta representación nacional un homenaje al caudillo del sur, general Emiliano Zapata, en ocasión de haber cumplido el día de ayer 73 años de la proclamación del Plan de Ayala, ideado por el general Zapata. En ocasión y escrito por Otilio Montaño en el pueblo de Oyochutla del estado de Morelos, el 28 de noviembre de 1911.
El Plan de Ayala sintetiza, desde entonces, los más justos y caros anhelos de los campesinos de México. Recogió el manifiesto de los ideales de Zapata, para combatir la hacienda porfirista, la plantación, la instancia, el peonazgo, la tienda de raya y el latifundio, que no eran más que formas de explotación de la fuerza de trabajo de los campesinos y sistemas para arrebatarles a los auténticos hombres del campo la propiedad de su tierra.
La proclama del Plan de Ayala vino a consolidar la lucha agraria y a incorporar a los campesinos de todo el territorio nacional para convertir el entonces Movimiento Agrarista de Morelos en un auténtico movimiento nacional, por la reivindicación auténtica de los campesinos.
El caudillo decía que la tierra debe ser de quien la trabaja, y en otros pronunciamiento señalaba que debe explotarse a la tierra y no ha quien la trabaja.
El Movimiento Agrarista tuvo muchos dirigentes de gran talla, pero sin lugar a dudas el hombre más importante de este proceso social fue el general Zapata, hombre de gran temple, íntegro, cabal y honesto, con muy claro propósito y una gran firmeza en sus convicciones, en las luchas por restituir a los suyos la tierra que la tiranía les había arrebatado.
Zapata no aspiraba a enriquecerse o al poder político en las estructuras del Gobierno, cuando se lo propusieron a cambio de deponer su lucha, sólo lograron que reafirmara su fe inquebrantable por defender a los campesinos.
El Plan de Ayala, aprobado por la Junta Revolucionaria de Morelos, expresa en el punto 7 del documento que " en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que de la tierra, que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su posición social ni poder dedicarse a la industria ni a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos. Las tierras, montes y aguas, por esto se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de estos monopolios a los poderosos propietarios, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos y fundos legales para pueblos de campo de sembradura o labor, y se mejoren en todos y para todos la falta de prosperidad, bienestar de los mexicanos."
Zapata es el heredero único, y de los reiterados y firmes propósitos de restituir la posesión de la tierra a sus legítimos dueños, que en su tiempo y espacio alentó Miguel Hidalgo, bandera de lucha de José María Morelos y tesis social de Ponciano Arriaga en el Constituyente de 1856. Emiliano Zapata, sabía como todos sus antepasados de la colonia, de las injurias, de la opresión esclavista y el rencor violento de aquél a quien han dejado y han arrebatado lo suyo y lo de los suyos, de ahí su coraje y su razón para luchar con pasión colectiva para reivindicar para las gentes de su raza y de su clase la tenencia ancestral de una tierra que les permitía el mínimo derecho de vestir, de comer y de vivir.
Hoy, aquellas proclamas, demandas y reclamos del movimiento zapatista, se han convertido en preceptos constitucionales, leyes y normas jurídicas que garantizan a los campesinos instituciones democráticas para atender sus reclamos.
El proceso revolucionario de México, en cada una de sus fases, fue recogiendo las demandas del campo y transformando la realidad social, y hoy, la mayor porción de la tierra está en manos de los auténticos campesinos.
Elegido figura jurídica de gran trascendencia, permanecerá como hasta ahora intocable, porque es el producto de la lucha de miles y miles de campesinos. En el campo hay organización, crédito, asesoría técnica y programas muy concretos del Estado, para atender el campo y desarrollarlo productivamente.
En este aspecto, el ciudadano Presidente de México, Miguel de la Madrid, ha señalado que "hoy más que nunca, atender la producción de alimentos, atender los diversos aspectos del campo y de los campesinos, constituye una tarea del Estado de carácter prioritario y estratégico para el desarrollo nacional".
El Plan Nacional de Desarrollo sintetiza en términos de programas los propósitos de consolidar en el marco de un desarrollo integral del campo nuestra soberanía alimentaria, y la suficiencia en productos básicos de consumo generalizado, fortalecer la capacidad productiva y económica de la comunidad rural, mejorar los niveles de alimentación, vivienda y educación en el ejido y producir en el campo formas de organización social que garanticen la efectiva participación popular. Sin embargo, para lograr una sociedad más igualitaria precepto irrenunciable de nuestro proceso revolucionario, es menester cumplir cabalmente los ideales de Zapata, dotar de una mayor seguridad jurídica al medio
rural, para que campesinos y comuneros sean cada vez mejores sujetos de crédito y se incorporen plenamente a la producción de acuerdo con el nuevo esquema de modernización, como lo establece la fracción XX del artículo 27 constitucional.
Los campesinos demandan de mayores y mejores programas de capacitación . El crédito debe otorgarse con mayor agilidad y menos burocracia; los precios de garantía deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de los campesinos pese a las grandes transformaciones sociales, jurídicas, políticas y económicas de los campesinos. El movimiento nacional ayalista no habrá concluido en tanto latifundios que aún permanecen intocables, otros simulados rezagos agrarios, burocracia en los procesos pendientes de resolución, campesinos sin tierras, concentración de riquezas en el campo, monopolio en la producción de alimentos y en tanto no superemos estos problemas y vicios, el movimiento ayalista seguirá vigente y los campesinos en pie de lucha, aliados al Estado revolucionario y a las fuerzas progresistas de nuestro México en la tarea de no cejar hasta concluir la obra y los ideales de Zapata.
Frente a la crisis que vive hoy México, el Estado y la Revolución reclaman de todos los mexicanos, particularmente de los obreros y de los campesinos , los más conscientes de la realidad nacional, unidad orgánica y de acción y de solidaridad para superar los retos de la crisis.
Hoy, nuestros esfuerzos y nuestros recursos deben de estar orientados para restablecer y fortalecer los valores nacionales, unidos para cumplir con la consigna del trabajo y de la producción, inspirados en el nacionalismo revolucionario; el reto de los campesinos, del Estado y la Revolución es continuar luchando por ensanchar los logros y los avances democráticos para reivindicar a los campesinos y seguir construyendo el país y la sociedad a la que aspiramos los mexicanos, que constituyen los principales anhelos de Zapata.
Honor y gloria a quien tanto luchó y legó para la causa de los campesinos de México, homenaje de esta representación nacional al general Emiliano Zapata. Muchas Gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado J. Dolores López Domínguez
El C. J. Dolores López Domínguez; - Señor Presidente: compañeras y compañeros diputados: la Nación está cansada de hombres falaces y traidores, que hacen promesas de libertadores, pero que llegando al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos.
Así habló el Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata en su Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911, que ayer cumpliera 73 años. Si estos valientes combatientes de 1911 resucitaran, creo que volverían a levantarse erguidos de coraje y pronunciarían parecidas palabras a pesar del tiempo transcurrido.
No fue el capricho anarquista de aquel puñado de valientes. Fue más bien el resultado lógico de su meditación y examen en la realidad del momento que estaban viviendo: les angustiaba que el Plan de San Luis Potosí no se cumpliera, que se aplazaran sus principales demandas, por las que ya habían dado su vida miles de compatriotas.
El retraso en la puesta en práctica de las reivindicaciones, les pareció, con justicia, una contradicción a la voluntad popular que con su sacrificio habían tirado a la dictadura. Los visionarios del Plan de Ayala refrendaron su patriotismo deslindándose francamente de las debilidades políticas de Madero y sus colaboradores que ya en el poder no cumplían las promesas hechas en el Plan de San Luis.
La previsión zapatista de que el Plan de San Luis había sido abandonado, el hecho de que Madero se mostrara inepto para realizar las promesas de la Revolución; la práctica de que varios de sus colaboradores de Madero mantuvieran estrechas ligas con Los Científicos, el error demandaba a Victoriano Huerta a combatir a los ejércitos campesinos y la brutal represión contra los partidarios de Zapata, así como otros hechos, quedaron comprobados plenamente desde el inicio del Gobierno de Madero hasta su muerte, por el traidor y usurpador Victoriano Huerta.
La vía constitucional para resolver el problema agrario, prometía Madero a Zapata, cuestión que hasta hoy ha debilitado el reparto agrario, manteniendo la propiedad privada más privilegiada en todos sus órdenes.
En carta al periódico El Imparcial, el Presidente Madero sostenía, entre otros criterios de conducta gubernamental, el siguiente: "siempre he abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente"; escribía Molina Enríquez en su esbozo de la Historia de los diez años de la Revolución Agraria en México. El propio ministro de Agricultura del gabinete maderista, Rafael Hernández, muy ligado a la camarilla de los Científicos, en lugar de aplicar la reforma agraria por la que murieron los mexicanos, prometió a los hacendados que sus intereses no serían afectados y les recomendó que para distraer la atención de los campesinos, hicieran ciertas concesiones insignificantes como allanar las condiciones del arriendo y conceder a los peones pequeños lotes de tierra en arriendo; o sea, que las trampas dilatorias en la entrega de la tierra hasta hoy tienen sus orígenes.
Tales actitudes de Madero y sus colaboradores, Zapata las consideraba de traición y humillación al pueblo, por complacer - decía Zapata - a Los Científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan; y por ello, cuando Madero le pedía el licenciamiento de sus tropas y ofrecía una hacienda y le obsequiaba un viaje por Europa, Zapata, con toda la dignidad de hombre, de revolucionario, y hoy verdadero héroe de patria, rechazó tal propuesta
y declaró contundente que no entregaría las armas ni disolvería sus destacamentos hasta que cada uno de sus hombres hubiese recibido su parcela de tierra.
El Plan de Ayala se convierte de hecho en el programa agrario más importante de los pobres y explotados del campo; en el manifiesto de 4 de marzo e 1913, Zapata y el Ejército del Sur declaran su decisión de luchar hasta derrocar al traidor Victoriano Huerta y garantizar la plena aplicación del Plan de Ayala.
Una vez derrotado Huerta, el Ejército Libertador del Sur ratifica su convicción de llevar a cabo el Plan de Ayala; después cuando Carranza mandó a Luis Cabrera y Antonio I. Villareal a discutir con Zapata, el 27 de agosto de 1914, éste estableció entre sus primeras condiciones, el que Carranza y sus partidarios reconocieran "no sólo en su esencia sino en todo sus puntos, los principios del Plan de Ayala". El arrogante Carranza lo rechazó y el 6 de enero de 1915 expide la Ley Agraria, política de Carranza hacia el campo para ganar terreno a los ejércitos de Villa y Zapata.
La Ley del 6 de enero de 1915, no estaba orientada a transformar la esencia desigual del problema agrario. Tenía el contenido político de contrarrestar el Plan de Ayala, más preciso y profundo y, por tanto, atractivo a la demanda central de los campesinos.
Si bien la ley del 6 de enero tomaba tácticamente algunas reivindicaciones zapatistas como la devolución a los pueblos de sus tierras, montes y aguas, se hacía hincapié o lo tornaba secundario, el total reparto de tierras. Otorgaba el derecho de solicitar las tierras sólo a reducidos grupos y fijaba un procedimiento excesivamente engorroso, complicado, y una serie de instancias burocráticas que dificultaban prácticamente la entrega física de la tierra a quien la trabajaba.
En ese marco, Zapata lanza un manifiesto a la Nación en abril de 1916 en el que llama a luchar enérgicamente contra Carranza, que favorecía a los peores enemigos de los campesinos: los terratenientes. Como en todo momento y en cualquier país, ha sido el movimiento de los luchadores por las causas justas por la libertad y la democracia, quienes fuerzan a los cambios profundos.
En el caso que nos ocupa, fueron el zapatista Plan de Ayala y las heroicas acciones de la División del Norte, dirigidos por el legendario Francisco Villa el Robin Hood mexicano, quienes obligaron a establecer lo más avanzado del 27 constitucional, aunque hasta ahora no se cumplen en plenitud.
Hoy mismo los diferentes partidos que tenemos lugar en este Poder Legislativo hace apenas dos legislaturas, entre ellos el PSUM, no son regalías de buena voluntad, son el resultado de una larga cadena de luchas populares y sociales de nuestro pueblo por la libertad es el constante batallar de la clase obrera, los campesinos y las clases medias por la democracia real.
El mismo grito de "Tierra y Libertad" reivindicado por el actual movimiento revolucionario del campo, es la esencia por la democracia, la igualdad y la justicia, su contenido ideológico y político, como lo constata el Plan de Ayala, fueron la fuerza de las luchas agrarias hasta nuestros días. El Plan de Ayala conjugó una parte de lo más granado de la lucha agraria que al enfrentarse con dignidad a la parte burguesa terrateniente encadenada por Madero y Carranza, sostenían que los unían los principios y no los hombres.
Cuando sostenemos que el Plan de Ayala es un proyecto inconcluso en su esencia, es porque en el discurso gubernamental sirve para el triunfalismo de la actualidad. El mismo discurso de ayer de José Gamas Torruco, en nombre del Gobierno Federal, se ufanó de nuestra autosuficiencia en algunos granos, y aun cuando señaló que el régimen actual rechaza el latifundio abierto y simulado, prácticamente se mantiene la política de rechazo a los solicitantes pobres y de apoyo a los poseedores ricos.
Las fuerzas de izquierda, entre ellas el PUM, hemos demandado siempre la entrega de toda la tierra repartible, y por ello seguimos demandando que del terreno declarativo se pase realmente a combatir el neolatifundismo abierto o simulado, estimular la producción de pequeños y medianos productores, ejidatarios, comuneros y pequeños productores minifundistas, como un reconocimiento sincero a los creadores del Plan de Ayala.
Cuando hablamos de que no se ha cumplido con el Plan de Ayala, no son ganas de minimizar los hechos hasta hoy, sino establecer claramente que el proceso de la Revolución Mexicana ha servido prácticamente y en esencia a los ricos, y sigue en deuda con los campesinos. Lo grave, además, es que tal deuda, asumida en el discurso gubernamental, no tiene fecha de pago. Cuando criticamos las deficiencias y limitaciones en la reacción agraria, en nombre de los postulados del Plan de Ayala, no es deseo de ser grosero, como les parece a algunos gobernantes, es que estamos llamando la atención de un drama en el campo que no sólo es sombrío, negro, sino negrísimo, y que sólo no lo ve el ciego, y sólo no oye el clamor quien está sordo, o se hace ciego y sordo a sabiendas.
Cuando sostenemos que, en contrario de lo estipulado por el Plan de Ayala, se ha entregado a los luchadores agrarios terrenos inservibles y las tierras de riego y mejor calidad a los ricos del campo, es que basamos nuestro dicho en los hechos reales.
Veamos: de los repartos hechos de 1915 a 1982, se entregaron 108 millones de hectáreas. De ellas, un millón ochocientos diecinueve mil de riego , 15 millones 708 mil de temporal y 76 millones 788 mil son de los terrenos no cultivables.
En el presente sexenio, en dos años, se habla de la entrega de un millón. Hay que ver cuántas son no cultivables. El mismo secretario de la Reforma Agraria acaba de declarar que el gobierno de Díaz Ordaz es el que más terrenos repartió, más incluso que Cárdenas. Pero lo que no dijo el licenciado Villicaña es que mientras Cárdenas, de 20 millones, entregó 4.9% de riego 21.1% de temporal, y 74% no laborables, Díaz Ordaz, de 25 millones, sólo entregó el 0.5% de riego, 8.3% de temporal y 91.3% no laborable, en esos llamados actos agrarios de ficción.
Hoy mismo existen grandes concentraciones de tierra que operan la esencia del Plan de Ayala, Martínez Manautou, con más de 20 mil hectáreas en las colindancias de Veracruz y Tamaulipas; en Baja California, Carlos I, Serrano, con más de 20 mil hectáreas; Agustín Barrios Gómez y su hermano Miguel, con más de 50 mil hectáreas en Campeche, donde en compañía de Toledo Corro, venden, fraccionan y se hacen cada vez más millonarios; Ascencion López, con más de 5 mil hectáreas en el municipio de Guasave, Sinaloa, la mayoría de riego; los Ibargungoitia con más de 20 mil hectáreas en Zacatecas; en Durango Ventura Sarabia, con más de 22 mil hectáreas; ya no digamos Chihuahua y Sonora, en donde hay datos concreto.
Se ha dicho en Reforma Agraria que se quieren nombres, pues, para afectar, los hemos dado varias veces, éstos de hoy sólo son botones de muestra. La lista es larga, están incluidos altos políticos del PRI, gobernadores, ministros, oligarcas de las finanzas como Manuel Clouthier con más de dos mil hectáreas de riego y otros.
El Gobierno está en una encrucijada, ni entrega toda la tierra como fue el mandato del Plan de Ayala que dice asumir su contenido, ni registra en el campo los sindicatos agrícolas que pueden ser estabilidad y mayor productividad en el agro. Mantienen una legislación obsoleta, a lo más, parchada y mal hilvanada, formas de producción arcaicas como lo ha dicho la propia CNC. Una insuficiencia alimentaria y una dependencia del país más grave y peligrosa cada día.
Los programas, planes y proyectos no logran modificar los satisfactores de vida campesina, con una inversión enana y anárquica sin planificación real ni organización campesina que estimule la producción. El Partido Socialista Unificado de México, rememorando el contenido ideológico político, económico y social del zapatista Plan de Ayala, sostiene que traducido a la realidad del actual desarrollo agropecuario y forestal, y del país en su conjunto, debe contener entre otros puntos toda la entrega de la tierra, regularización igualitaria en la tenencia de la tierra, plenos derechos a los trabajadores del campo, declarar la producción agropecuaria de interés público y servicio social, canalizar suficientes recursos de la banca al campo, estímulos reales al ejido y la pequeña economía campesina, aumentar los precios de garantía en una escala móvil respecto a los costos de producción mas subsidios a los pequeños productores; asistencia técnica, maquinaria, insumos y otros; organización campesina y respeto a la independencia como organización social en las relaciones con el Estado, terminar con la represión en el campo y establecer normas de seguridad y confianza.
Ello quiere decir, en nuestra opinión, la lucha por una sociedad rural democrática que termine con las diferencias en el campo y en la ciudad. Es decir, por una sociedad que sea realmente para los campesinos y para nuestro pueblo. Muchas gracias. (Aplausos).
ELECCIONES ULTIMAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Luis Torres Serranía.
El C. Luis Torres Serranía: - Señor Presidente; señores diputados: Apenas en la sección pasada hice un reconocimiento de las autoridades federales, estatales y municipales. y lo recalqué, lo subrayé, concretándose a la tragedia de San Juan Ixhuatepec.
Hoy vengo nuevamente a esta tribuna a impugnar a las autoridades estatales y municipales del estado de México y a las autoridades electorales, por los fraudes cometidos en las pasadas elecciones del 11 de noviembre. No me voy a referir ya a hechos de esas elecciones, pues también la semana pasada se dejó testimonio en el debate que ustedes presenciaron de las irregularidades cometidas, me voy a concretar únicamente a leer ante ustedes, ante esta soberanía, el acta que se levantó en San Bartolo, Morelos, el día de, ayer 28 de noviembre de 1984.
Y dice así: "En San Bartolo, Morelos, Estado de México, siendo las 20:00 horas del día 28 de noviembre de 1984, después de una consulta con la ciudadanía, reunida en la plaza principal y frente al palacio municipal, en número aproximado de dos mil personas, decididas a defender el voto que le diera el triunfo a la planilla municipal encabezada por el ciudadano Pablo Gómez Monroy, postulado por el Partido Acción Nacional, -se repite- después de una consulta a todos los presentes en el sentido de tomar pacíficamente el palacio municipal, se procedió a dialogar con el comandante de Policía a través -se dice-, por conducto del diputado federal Luis Torres Serranía, para que abriera las puertas del palacio, quien, cumpliendo con su deber y acatando la decisión unánime de la ciudadanía presente, abrió las puertas y se pasó al interior del inmueble, el tantas veces citado palacio municipal, procediendo a hacer lo siguiente: primero, se interrogó al comandante C. Aurelio Ramos Martínez, si había presos en la cárcel municipal, con objeto de cuidar de ellos y proporcionarles alimento
y atención a lo que el comandante respondió, "no hay ningún preso".
"Segundo, acto seguido se procedió a sellar con "maskintape" todas las puertas y ventanas del inmueble, se dice del palacio municipal, con el resultado siguiente: la planta alta, nueve puertas y una ventana, quedaron cerradas las cuatro ventanillas de la escalera que da acceso a la planta alta; en la planta baja ocho puertas y dos ventanas. Se hace constar que quedaron cerrados con llave los dos baños que se encuentran en la planta baja y por información del comandante de Policía, el secretario del ayuntamiento actual es quien tiene las llaves de estos baños.
"Se hace constar que también quedó sellada la reja que da hacia el norte, por la parte exterior del edificio se sellaron cinco ventanas y quedaron cerradas, pero sin sellar dos al lado norte que dice al lado sur que corresponde al frente del palacio municipal, siete al lado oriente, cinco al lado norte y otras ventanillas más. Se hace constar que en la planta baja se encontraron dos macetones rojos y un pizarrón de avisos, ésos eran todos los muebles que habían. "Se hace constar que se deja una mesa de madera y una silla propiedad de la ciudadanía, que es la que prestaron para levantar la presente acta. El diputado Luis Torres Serranía declara que el comandante de policía C. Aurelio Martínez Ramos, entregó en forma pacífica acatando la decisión unánime de la ciudadanía, las llaves de acceso al palacio municipal para llevar adelante toma, del inmueble; asimismo, el diputado Luis Torres Serranía declara que durante el mitin que se escenificó en la plaza municipal, fue informado que se encontraba cerca del lugar el diputado Arturo Martínez Legorreta a quien invitó a pasar al mitin, a constatar la decisión de la ciudadanía indicación que no atendió. Al respecto, aclara el diputado Luis Torres que aunque tratara de ver dónde estaba el diputado Martínez Legorreta, no logró descubrirlo. El diputado Luis Torres Serranía, también declara que se encontraban estacionadas frente al palacio municipal dos patrullas de Policía, mismas que se retiraron y desaparecieron, al proceder la ciudadanía a la toma del palacio municipal.
"Se terminó de levantar la presente acta para constancia de los hechos en San Bartolo Morelos, a las 21:15 horas del día 28 de noviembre del mismo día de los hechos. Firman para constancia los ciudadanos que así lo desearon. Damos fe, diputado federal Luis Torres Serranía. Se anexan ocho hojas con las formas de los ciudadanos."
Se hace constar que a las 23:15 horas, se presentó en el lugar de los hechos el ciudadano Pedro Alanís Saldaña, quien se identificó como coordinador de la Dirección de Gobernación del estado de México mediante credencial firmada y debidamente autorizada por el doctor Heriberto Barrera Velázquez, director general de Gobernación en el estado de México, entrevistándose con el ciudadano diputado federal Luis Torres Serranía, quien a su vez se identificó con la credencial de la LII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, quien informó al C. Pedro Alanís Saldaña, coordinador de la Dirección General de Gobernación, de todos los hechos, y después de darle lectura al acta que se levantó a la que se adiciona la hoja se paso a constatar todos y cada uno de los puntos en la que en la misma se relacionan.
El C. diputado Luis Torres Serranía, preocupado porque hubiera algún detenido en la cárcel municipal, en compañía del C. agente, se dice coordinador de Gobernación, tocó fuertemente por tres veces las puertas de la cárcel municipal, preguntando fuertemente también por tres veces:¿ hay algún detenido?, sin que hubiera respuesta alguna, por lo que se verifica lo declarado por el ciudadano comandante de policía, señor Aurelio Ramos Martínez.
A petición del diputado Luis Torres Serranía, se invitó al coordinador de Gobernación al salón donde se encuentra el teléfono, con acceso por una escalera en la ventana, para que él, el ciudadano coordinador de Gobernación, hiciera su reporte, y ante su presencia sellar todo el mobiliario que se encuentra en dicho despacho, así como testificar la existencia de una televisión y algunos documentos sin importancia, sobre los escritorios; quedando de acuerdo el ciudadano Pedro Alanís Saldaña, coordinador de Gobernación que, una vez levantado el testimonio de los muebles existentes, quedaba el teléfono a disposición del ciudadano Luis Torres Serranía, pues es el único medio de comunicación, de que se dispone en el poblado.
Acto seguido, acompañado del ciudadano coordinador de Gobernación, el diputado Luis Torres Serranía subió al despacho donde se encuentra el teléfono y se procedió a sellar todos los muebles y a levantar el inventario de los mismos, siendo el siguiente: una televisión Magnavox de 12 pulgadas, blanco y negro, con antena integrada; dos máquinas de escribir Olimpia; color blanco, tres escritorios metálicos, un sillón giratorio, ejecutivo; un sillón giratorio para secretaría; tres sillas, dos archiveros metálicos y un aparato telefónico con tres pilas.
A petición del ciudadano coordinador de Gobernación, señor Pedro Alanís Saldaña, se sugirió quedara a disposición de la ciudadanía y del ciudadano diputado Luis Torres Serranía, el teléfono. Esto lo llevó a quitar el sello que habíamos puesto al salón para que quedara abierto y poder entrara sin necesidad de pasar por la ventana.
Como complemento de esta acta que consta de cuatro hojas, mas ocho hojas de firmas, se hace constar que a la hora que se cierra la presente, 12:12 horas p.m., la ciudadanía, al frente del palacio municipal, acompañada de un conjunto norteño, celebraba en orden y con gran alegría una verdadera fiesta cívica.
Firman para constancia, al calce y al margen de la presente acta, los ciudadanos Pedro Alanís Saldaña, coordinador de la Dirección General de Gobernación del estado, y el diputado Luis Torres Serranía, representante y dirigente del Partido Acción Nacional, en el estado de México.
San Bartolo, Morelos, estado de México, a las 0:17 horas del día 29 de noviembre de 1984.
He de entregar copia del acta a la Secretaría de esta honorable Cámara, con los anexos que se han referido.
Pero quiero señalar los hechos siguientes, ocurridos el día de hoy. El de la voz salió de San Bartolo, Morelos, a las 9:00 horas, y en la carretera de entronque con la carretera a Villa del Carbón y Jilotepec, se cruzaron dos Volkswagen, uno rojo y uno verde, que iban a una velocidad notablemente alta.
Al llegar su servidor al entronque de la carretera, la patrulla de Policía número 1510, me detuvo, y el policía me pidió, me dijo que querían hablar conmigo las personas que iban en el Volkswagen rojo. Les señale que si no se tardaban, los esperaba y, efectivamente, por comunicación por radio, hicieron regresar a los vehículos que menciono y entonces se presentó conmigo un señor que se dijo ser investigador del Departamento de Análisis e Información; me dijo que iba solamente como observador y entonces me regresé a San Bartolo al centro de San Bartolo Morelos, donde todavía había y sigue habiendo ciudadanos presentes y los convoqué para, en su presencia, identificar a estos señores, esto ocurrió a las 9:33 horas. Se presentó el señor Leocadio Cruz Mauricio, con credencial 0635, como investigador del Departamento de Análisis e Información de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, el señor Leocadio Cruz Mauricio dijo que él era el único que permanecería en el lugar como observador.
El Volkswagen rojo lo observamos, al menos por la parte delantera sin placas, después me enseñó una acta diciendo que le habían robado las placas y que sus placas eran la MGK - 530. El Volkswagen verde que lo acompañaba llevaba las placas nada más por la parte delantera, MBS - 646.
Al señor Cruz Mauricio le señale yo que si él era el único que debía de permanecer como observador de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, pedía que se retirara EL Volkswagen verde, lo cual ocurrió y abandoné el lugar de los hechos.
Realmente después de mi intervención de la semana pasada, manifestó estos hechos con verdadera tristeza de representante popular que lucho porque se haga una verdadera democracia en México, porque en México se instaure la auténtica democracia, respetando el voto de los ciudadanos, Y si asistí a San Bartolo Morelos, fue a solicitud de la ciudadanía que, a 18 días de las elecciones, permanece en señal de protesta en el zócalo del poblado pidiendo se haga justicia. Muchas gracias.
Señor Presidente, entrego copia del documento.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Norma López Cano.
La C. Norma López Cano: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Hace unos momentos, por nuestro compañero diputado de Acción Nacional, hemos oído y hemos escuchado nuevamente, denuncias sobre el proceso electoral que se llevó a cabo en el estado de México.
Denuncias que al parecer ya no son intrínsecas al propio proceso. Pero que sí se están encauzando para provocar violencia en el estado de México, por el partido de las minorías.
Quiero señalarles, compañeros, porque no podemos nosotros tomar en cuenta hechos aislados o denuncias aisladas, en un momento determinado, ¿cuáles fueron las circunstancias que privaron en todo el proceso electoral que se llevó a cabo en el estado de México y específicamente en el municipio de San Bartolo Morelos? Vamos a aclarar, en principio, que el municipio de San Bartolo Morelos, tiene una integración campesina del 80% de su población. Personalmente me tocó vivir el proceso electoral, me tocó estar presente en la designación de nuestros candidatos, como delegada de la Confederación Nacional Campesina. En nuestro proceso interno, en la designación de nuestros candidatos se llevó a cabo con la participación total de la mayoría de la gentes integrantes del municipio, de los ejidatarios, de los comuneros, de las gentes de los comisariados ejidales en el municipio de San Bartolo.
La integración de nuestra planilla fue tomando en cuenta el equilibrio de nuestros representantes en todo el municipio, así se inicia el proceso electoral en San Bartolo Morelos. Posteriormente, cuando se vienen las elecciones, el resultado del proceso electoral, de acuerdo con las actas que se nos presentaron, que presentaron nuestros representantes, fue un triunfo inobjetable para el Partido Revolucionario Institucional, un triunfo donde el sector campesino, que es el mayor integrante del municipio, votó plenamente por sus propios candidatos, no por candidatos ajenos a ellos, por candidatos que en el proceso de selección interna habían propuesto directamente la Confederación Nacional Campesina y nuestro sector.
Nosotros vimos, porque estuvimos presente en ello, cuando durante el proceso y en el momento en que los propios representantes presentaron las actas de escrutinio, cuando vieron que el Partido Revolucionario Institucional había obtenido un triunfo inobjetable a través de las actas de nuestros propios representantes, como Acción Nacional, los representantes de Acción Nacional, utilizando determinadas alianzas llegaron ante la iglesia del poblado, tocaron las campanas y exaltaron a la población para que en ese
momento tomaran la presidencia municipal. Fue allí como un grupo reducido de personas, las cuales, compañeros, nos merecen todo nuestro respeto, porque cualquier representante de cualquier partido nos merece nuestro respeto, estas personas tomaron el comité municipal y no permitían, desde entonces, desde antes que llegara la totalidad de las ánforas, que llegara la totalidad de las ánforas al comité municipal. Desde ese momento se estaba provocando la violencia, y se estaba provocando la violencia antes de que ni siquiera en la Comisión Estatal Electoral en donde cada partido tiene su propio representante, se pudieran argumentar algunas desviaciones, si es que así existían, de tipo legal que se establecieron.
Sin embargo, fue el día del cómputo cuando pudimos conocer que la totalidad de la votación, y de la votación real existente en la población, que como les vuelvo a repetir y es importante para nosotros, está integrada por el sector campesino, había votado por nuestros propios candidatos.
Aquí, nuestro compañero está señalando que un grupo reducido de gente tomó la presidencia municipal, nosotros queremos exhortarlos a que actuemos con madurez, compañeros, y a que actuemos con madurez, porque no podemos olvidar que fue el Partido Revolucionario Institucional el que presentó ante esta Cámara la iniciativa para que los partidos de oposición tuvieran representación en los organismos de poder y de administración. Por eso la tendrán en las cámaras locales, por eso la tienen aquí en estos momentos, por eso la tienen también en los ayuntamientos, y los reconocemos y los respetamos. Y nuestro respeto va hacia eso, no hacia el exterminio de las fuerzas representativas de un municipio.
Nosotros también queremos denunciar aquí cualquier acto de violencia que vaya orientado a alternar la paz de los municipios del estado de México. Fue un proceso limpio y un proceso que se ganó, compañeros, con trabajo, con entrega, con decisión, y, fundamentalmente, porque nuestros candidatos fueron los candidatos que el propio pueblo eligiera ante el Partido Revolucionario Institucional, para que lo representara en estos comicios.
Por eso, queremos, en esta tribuna, señalar que denunciamos cualquier tipo de incitación a la violencia, que estaba ya para aclarar cuál era la situación de San Bartolo Morelos, que la gente progresista y trabajadora de San Bartolo Morelos votó por el Partido Revolucionario Institucional. Que en el estado de México hay un profundo respeto al estado de derecho, que siempre lo ha habido, compañeros, y que en esas circunstancias y bajo ese concepto se manejó todo el proceso electoral.
Si hay grupos que traten de desatar la violencia, no encontrarán eco en el Partido Revolucionario Institucional, no encontrarán eco en un estado de derecho: si hay delito alguno que perseguir, tendrán que entrar a la institución competente para resolver estas situaciones. Pero que el Partido Revolucionario Institucional no viene aquí ni a defender un triunfo obtenido por el pueblo, porque el reconocerle a la oposición triunfos no obtenidos equivaldría tanto como derrotar al pueblo. El pueblo decidió en San Bartolo Morelos quienes serían sus representantes y no es el momento ni son los hechos delictuosos los que nos llevarán en un momento democrático del país, en una situación democrática, a definir a nuestros propios representantes.
Cualquier situación que sea ajena al derecho, ajena a nuestras leyes, hay los caminos y los conductos adecuados para resolverlos. Pero que en San Bartolo Morelos, la mayoría decidió votar por sus candidatos, lo votó; que en San Bartolo Morelos, también nosotros lo vivimos el día de las elecciones, un grupo minoritario llegó a enfrentarse a la mayoría del pueblo y a hacerles señalamientos que los llevaban como borregos, o que no estaban decidiendo cuál era su propio futuro, lo vivimos, compañeros.
Y queremos pedirles que actuemos con madurez y con objetividad sobre los hechos. Entendemos que la política es el arte de lo posible, pero lo que aquí se está señalando es el truco de lo imposible.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Luis Torres Serranía
El C. Luis Torres Serranía: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: En relación a las palabras de la diputada Norma López Cano, a quien respeto profundamente, quiero hacer algunas aclaraciones.
Ayer, a las 8 de la noche, no era una grupo reducido dos mil ciudadanos en un poblado de siete mil habitantes. Desde las elecciones se han registrado concentraciones entre los mil, dos mil y hasta cinco mil ciudadanos protestando. Han estado representados los campesinos, los ejidatarios y las personas de la propia población de San Bartolo Morelos, Ayer, yo creo que el 90% eran ejidatarios y todos manifestaron el repudio al candidato del PRI, ciudadano Gabino Arteaga Pérez, en estos actos de protesta por la farsa electoral, en un municipio en donde de 14 casillas se robaron 13, y la única donde dejaron ánforas Acción Nacional gana 240 votos contra 90 del PRI, representantes de todas las comunidades estuvieron presentes ahí protestando, y han estado protestando desde el día 11 de noviembre a la fecha.
Han estado presentes ahí San Bartolo Morelos, desde luego, San Gregorio, Santa Clara, San Sebastián, La Epifanía, Santa Cruz, Malacota, Tlalpujahua, San Marcos, Finca de Lagos, todos estos ciudadanos, de todas estas comunidades, han hecho actos de presencia para protestar, y el pueblo decidió tomar el palacio municipal. Si atendí yo a esta cita fue precisamente por el llamado de la ciudadanía de San Bartolo Morelos.
También reclama la ciudadanía y ha pedido se haga una auditoría al presidente municipal actual, ciudadano Roberto Hernández Julián, a quien acusan de tener una finca de dos pisos en la que algunos dicen parece que hasta elevador tiene. También acusan al secretario del ayuntamiento, que es cuñado del presidente, de tener una finca con alberca y toda clase de lujos.
De las 14 casillas, repito, fueron robadas 13, y la ciudadanía señalaba al ciudadano Pedro Alanís Saldaña, coordinador de la Dirección General de Gobernación, como uno de los autores del robo de ánforas, del robo de casillas. Yo tuve que imponer la calma y pedirles que eso ya se había protestado, que eso ya se había manifestado para que se mantuviera la cordura y el orden, con que ayer la ciudadanía entró haciendo dos filas para firmar los que quisieron, el acta, para tomar el palacio municipal, que se encuentra cerrado y encadenado por la propia ciudadanía.
No creo, de ninguna manera, en las aseveraciones, que me disculpe la ciudadana diputada que me antecedió en la palabra, que no respondió tampoco, y si dejo copia del acta que se levantó ayer, es para pedir a esta Cámara, para pedir a la Presidencia de esta honorable Asamblea, se haga el trámite correspondiente, se investigue, se haga un nuevo cómputo, se revisen todas las casillas de San Bartolo Morelos y, en última instancia, que se haga un plebiscito con representantes de esta Asamblea para que vean con quién están los ciudadanos de San Bartolo Morelos, estado de México, sí señor.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jesús Larios Ibarra.
El C. Jesús Larios Ibarra: - Señoras y señores diputados: Yo estuve como observador de mi partido, Acción Nacional, en San Bartolo Morelos el 11 de Noviembre, día de las elecciones. No entendí bien si la señorita diputada Norma López Cano, afirmó que estuvo ahí en las elecciones o solamente en el proceso previo al inicio de la elecciones.
Yo creo que no estuvo, porque no la vi y, además, una señorita de su belleza y prestancia no hubiera pasado desapercibida. En San Bartolo Morelos se llevaron a cabo las elecciones y se efectuaron todos los hechos que ha señalado nuestro compañero Luis Torres Serranía: al principiar la votación expulsaron de varias casillas a nuestros representantes simplemente por el hecho, como lo dijo nuestro compañero del PDM, que no tenían sus nombramientos el sello de la Comisión Municipal Electoral. Oportunamente se presentaron dichos nombramientos, se les selló con ese sello que después no tenían los nombramientos, se les selló la copia como acuse de recibo; se les citó para dos o tres días después para entregarles dichos nombramientos. Efectivamente, se los entregaron, pero únicamente con el registro al reverso de dicho nombramiento, con el registro de la comisión que popularmente se conoce como "el huarache". Ahí estaba ese "huarache" con la firma de la señorita secretaria, encargada de recibir los nombramientos, y no le pusieron el sello de la Comisión Electoral.
Con ese pretexto, aunque tenía dicho "huarache" o registro de la comisión, con ese pretexto, digo que no tenía el sello de la propia comisión, expulsaron, comenzando la votación, a muchos representantes de nuestro partido
En el transcurso de la elecciones, al mediar la mañana, el presidente municipal de dicho poblado, el candidato a diputado local por el XV Distrito, circunscripción de dicho poblado, estuvo recorriendo las casillas, también en compañía del candidato a presidente municipal y del presidente municipal, como ya dije.
Todos, los tres, ostensiblemente armados y obligando, haciendo que la ciudadanía votara por los candidatos del partido oficial. Estos señores a eso se dedicaron todo el día, a amenazar, a hacer que los votos de todos los ciudadanos fueran para el partido oficial.
Estuvieron también más de diez camionetas del ISSSTE - así es como se utilizan los recursos - , todos los vehículos, toda la fuerza del Gobierno a favor de su partido; estos señores del ISSSTE iban también de casilla en casilla obligando a la ciudadanía a votar por su partido, y no solamente eso, sino que pedían ellos las boletas, obligaban a las personas a que las cruzaran o ellos mismos las cruzaban y las depositaban en el ánfora.
El candidato del XV Distrito, que ya dije que andaba en esa elección, se robó después de las seis de la tarde, al cerrarse las casillas, se robó las ánforas de una de ellas, corrió con ellas y al ser descubierto por el pueblo las tiró al suelo y cobardemente huyó, se refugió en una casa y después, por atrás, donde había una milpa, se desapareció.
Esa fue la labor de ese señor candidato a diputado por el XV Distrito.
Cuando se llegó la hora del cómputo, del conteo de los votos, todos nuestros representantes, los que quedaban desde luego porque ya habían expulsado a muchos, todos fueron expulsados de las casillas y se llevaron las ánforas, o sea, se las robaron, se llevaron las ánforas e hicieron el cómputo como ellos quisieron, en otro sitio.
Ante esto, el pueblo, justamente indignado, y no como dice la señorita López Cano, no eran personas de otras clases sociales, él, el pueblo, eran los campesinos, eran los ejidatarios de allí que, indignados, hicieron tocar las campanas, como ella dice, es verídico el dato que dio, y se reunió el pueblo, yo creo que más de esas dos mil personas que estuvieron después para el acta que ya mencionó nuestro compañero, se reunieron en la plaza principal, cerraron las salidas y allí ya estaban las camionetas del ISSSTE, no dejaron salir a dichas camionetas ni a sus ocupantes, los choferes, no las dejaron salir y estuvieron presionando para que se hiciera el recuento bien hecho, lo cual no se consiguió.
Como dato adicional, le quiero decir a la señorita, ya que veo que no estuvo ahí, que el señor párroco de la iglesia, y esto que no se vaya a tomar como deferencia del clero, salió a calmar a la gente porque la veía muy excitada, salió a calmarla diciendo que se retiraran. Así es que si alguna influencia tuvo el clero, fue a favor del PRI: pero la gente no le hizo caso, no se retiró, a pesar del exhorto del señor párroco, ahí se quedaron. No tomaron el palacio entonces, sino hasta ayer, y se quedaron ahí toda la noche y desde entonces está ahí el pueblo.
Como dato adicional, les diré que hace mucho frío, están bajo cero en estas regiones del Estado de México, y sin embargo el pueblo ahí estaba y ha estado todas las noches.
Así pues, ésta es la actitud valiente y decidida del pueblo de San Bartolo Morelos, y no es como dijo la señorita, son personas del pueblo, son campesinos, son ejidatarios. Yo los vi por sus vestimentas que normalmente pertenecen a esa clase social de personas desposeídas, de personas pobres.
Entonces lo que ha dicho el señor diputado Torres Serranía es absolutamente la verdad. Lo corroboro porque yo estuve ahí, vi el desarrollo de elección y todo lo que les he dicho es cierto, porque yo no acostumbro venir a contarles mentiras a tan alta representación. Muchas gracias.
TRAGEDIA EN SAN JUAN IXHUATEPEC
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Víctor González
Rodríguez. El C. Víctor González Rodríguez: - Señor Presidente; compañeros diputados: El día 21 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de la víctimas, y en solidaridad con los miles de damnificados de San Juan Ixhuatepec.
El Presidente de esta Cámara expresó el acuerdo de las fracciones parlamentarias de exigir una investigación a fondo de los acontecimientos. A once días de estos trágicos sucesos, hemos sido testigos de la generosidad del pueblo mexicano que materialmente se ha volcado con todo tipo de ayuda y solidaridad. A través de los medios de información nos hemos enterado también de la creación de una comisión intersecretarial que entre otras cosas ha aprobado la inmediata reubicación tanto de las instalaciones de Pemex y Unigas como de un importante grupo de pobladores de las zonas aledañas más afectadas y un conjunto de medidas orientadas a normalizar la situación de esta localidad.
Sin embargo, a casi dos semanas de la explosión, aún no se ve nada claro sobre sus causas y existen bastantes irregularidades en el trato a los damnificados.
Mi presencia en tribuna, en representación del grupo parlamentario del PSUM y del grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, obedece a un mandato de conciencia, y estamos seguros de interpretar la de todos los compañeros diputados de esta honorable Asamblea, independientemente de partidos e ideologías, porque solamente así podemos cumplir con nuestra obligación de servir a nuestro pueblo.
La existencia de una situación indefinida en muchos aspectos, pero sobre todo por el clima de gran inquietud y temor en la población de este lugar, nos trae a proponer que esta Cámara nombre una comisión pluripartidista que se aboque a la investigación directa de los hechos y que nos presente una evaluación sobre la situación que priva actualmente en San Juan.
Compañeros diputados, sobre las causas de esa tragedia, y sin el ánimo de prejuzgar, sólo queremos decir que mientras el director de Pemex declaró con soberbia y prepotencia que esta paraestatal fue ajena al incendio y que si se hablaba de indemnizaciones, ¿Pemex también deberá ser indemnizado? Mientras esto declaró el director de Pemex, cientos de colonos de San Juanico afirman lo contrario: el incendio se originó en Pemex y 15 trabajadores de las instalaciones denuncian ante la Procuraduría General de la República, la culpabilidad de la paraestatal.
Del punto de vista que sobre la causa directamente inmediata nos exponga la comisión de diputados que seguramente se debe nombrar en esta sesión, esta Cámara, entonces, se abocará al problema vital de que nuestras ciudades, en particular la ciudad de México, se han convertido, estas ciudades del país, en bombas de tiempo, sin que podamos saber siquiera la hora de su estallido. No sólo pensamos en las gaseras, la Refinería de Atzcapotzalco, el aeropuerto o las varillas radiactivas, sino en la operación de industrias y servicios, con alto grado de peligrosidad, en la contaminación creciente y en la depredación del entorno ecológico.
Estos, compañeros diputados, estos sí son problemas de seguridad nacional que reclaman de la atención responsable e inmediata de esta soberanía. En cuanto a las consecuencias de esta conflagración, es urgente precisar el número real de víctimas ya que oficialmente se admiten no más de cuatrocientas, mientras que los pobladores de San Juanico dan testimonio de no menos de dos mil.
En relación a la reubicación de la gente de la zona más afectada, existe una verdadera inconformidad de muchos colonos a quienes se les han canjeado viviendas chicas por las más o menos grandes y bien fincadas que poseían enfrente de la explosión de Pemex.
Asimismo, a colonos que no han aceptado la vivienda pequeña, se les ha venido imponiendo una ridícula paga de mil pesos por metro cuadrado.
Y en cuanto a la generosa ayuda que a nivel nacional e internacional ha llegado, los mismos colonos en su manifestación, de poco
más de 15 mil gentes del domingo pasado, en una de la principales mantas, denunciaban que ésta no llegaba a los verdaderos damnificados.
Sobre esta cuestión, señor Presidente, la comisión nombrada por esta Cámara nos deberá informar la magnitud real de la ayuda y cómo se ha distribuido. Lo acertado en este caso es que toda la ayuda económica y material se dé a conocer públicamente y que sea administrada por el propio pueblo de San Juanico.
Señor Presidente, compañeros diputados: dejo entonces la propuesta de que de la manera más inmediata se nombre una comisión pluripartidista de esta Cámara, que de una manera concreta y directa incida en la problemática de San Juanico. Nosotros, los diputados de izquierda, que hemos hecho este llamamiento, lo hemos hecho de una manera sincera, con la finalidad de que deponiendo en este problema concreto los abanderamientos políticos, nos aboquemos a la investigación, una investigación que vaya al fondo de las cosas.
El pueblo de San Juanico, los ciudadanos mexicanos, no están del todo satisfechos con las versiones que se han dado. De las investigaciones y de la conclusión que de esto saquemos, y no es exagerado decirlo, dependerá la seguridad de nuestra ciudad, de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. (Aplausos)
El C. Presidente: - Esta Presidencia insta a las comisiones de Asentamientos Humanos, Energéticos, Salubridad, Seguridad Social y Ecología, a que a la brevedad posible procedan a la integración de la Comisión Especial ya resuelta por esta Cámara y propuesta el día de hoy también por el diputado González Rodríguez.
El C. Luis Torres Serranía(desde su curul): - Señor Presidente, para lo que usted acaba de decir es para lo que había solicitado el uso de la palabra, Muchas gracias. Quiero agregar que sea sin abanderamiento político, sino con nuestro carácter de representantes nacionales.
HOMENAJE A RICARDO FLORES MAGÓN
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Olegario Valencia Portillo.
El C. Olegario Valencia Portillo: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: hace ocho días se cumplió el LXII aniversario del deceso de Ricardo Flores Magón. Hoy, en esta tribuna, y ante esta soberanía, la fracción del Partido Revolucionario Institucional, le recordamos.
Ricardo Flores Magón nació en Oaxaca. Sus padres fueron Teodoro Flores, indígena, campesino y coronel republicano, y Margarita Magón, mestiza y profesora rural. Fue el segundo de tres hijos, Jesús, el mayor. Enrique, el menor. Nace Ricardo en San Antonio Eloxochitlán, distrito de Teotitlán del Camino, el 16 de septiembre de 1873, por coincidencia, fecha en que se celebra el inicio de la Revolución de Independencia.
Tenía tan sólo 18 años cuando siendo alumno de jurisprudencia se unió al grupo de estudiantes que se lanzaron a la calle en una manifestación de protesta por la segunda reelección del general Díaz. Se salvo de morir, obligado destino de los contrarios al régimen, merced al clamor popular en defensa de los jóvenes insumisos, pero fue a dar a prisión iniciando así la larga agonía de sus continuados encarcelamientos para, en adelante, toda su vida, entrar y salir, peregrinar por las cárceles, sin que decaiga su fe, recuerda el episodio resistiendo la tormenta de su último confinamiento, del que sólo le liberará la muerte.
Flores Magón entró a formar parte de la redacción de El Demócrata el año siguiente, heraldo periodístico que intentaba romper las cadenas oprobiosas de un pueblo y de una sociedad sometido secularmente, y desde la tribuna libre de múltiples periódicos fustigara el régimen. Ahí quedan las páginas indestructibles de periódicos que no tuvieron obviamente larga vida, como El Hijo del Ahuizote, El Colmillo Público, Demófilo, Excelsior, Renacimiento, y otros que recogieron el verbo encendido de Juan Sarabia, Santiago R. de la Vega, Alfonso Cravioto, Rosalío Bustamante y Ricardo Flores Magón. Periodismo de oposición contra diarios como El País de filiación religiosa, y El Imparcial que elogiaba a Los Científicos. El 7 de agosto de 1900 fundó con su hermano Jesús, el periódico Regeneración, con el lema "Tierra y Libertad" que enarbolaría más tarde Emiliano Zapata. Llegó a tirar de 27 a 30 mil ejemplares y adquirió dimensiones históricas, se publicó lo mismo en la capital que en el exilio. Allanada la redacción en México, saboteada la publicación en Los Ángeles, perseguidos siempre sus colaboradores, llegó con su caudal de rebeldías y sus doctrinas libertarias a todos los ámbitos en el valle, en la costa, en la montaña. Leído con avidez en el surco, en la fábrica, en el cuartel, en la aula, en la oficina y en los hogares de los inconformes y de los amantes de la libertad.
Difunde el periódico ideas y encauza rebeldías y se adentra, quién lo creyera, hasta en los seminarios, como el de Jacona, en donde las plumas inflamadas de Práxedis G. Guerrero, Librado Rivera, Keneth Turner, Enrique Flores Magón y Ethel Dobson conmueven a un joven seminarista que habría de ceñir justos lauros en el mañana, a Francisco J. Múgica.
La trascendencia del órgano magonista se aprecia en el hecho de que, merced a su influjo, se planearon, organizaron y realizaron por un grupo de afiliados al partido liberal, lectores asiduos de regeneración, las huelgas textiles de Puebla y las de Cananea y Río Blanco, Es la letra impresa en lucha, el periódico Regeneración que se liga a los hechos
bélicos y a las hazañas magonistas de Acayucan, Jiménez, Las Vacas, Palomas, Matamoros, Viesca.
En 1898, el ingeniero Camilo Arriaga lanzó la proclama desde San Luis Potosí, convocando a los liberales para encauzar los trabajos de oposición contra la preponderancia de la Iglesia, que como había declarado en Europa el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, nulificó los postulados de la Constitución de 1857, organizó y encabezó el club Ponciano Arriaga en donde figuraban, entre otros, Diódoro Batalla, Juan Sarabia, Librado Rivera y Antonio I. Villarreal, que personificaban aquel periodo turbulento.
Lanza un manifiesto para protestar por la punible complacencia de las autoridades ante los abusos del clero y convoca posteriormente a un congreso a partir del 5 de febrero de 1901. Como delegado asistió Ricardo Flores Magón y con un discurso junto a los de Juan Sarabia y Luis Jasso, cambió el rumbo de la asamblea que se manifestó no solamente contra los abusos de la Iglesia, sino directamente contra el Presidente Porfirio Díaz, verdadero responsable del divorcio entre pueblo y Gobierno, y causante de la miseria, la explotación y el abandono a las clases humildes. Este congreso es el punto de partida de la Revolución Mexicana. En él comienza a tomar forma la organización de los sometidos y fue entonces cuando Diódoro Batalla, en un discurso vehemente, se recibió el mensaje de junio de 1879 que contenía la siniestra frase "mátalos en caliente", y por la cual fue sacrificado un puñado de jóvenes inconformes. La venganza del régimen se tradujo en la persecución de los liberales que fueron encarcelados y de la clausura del club Ponciano Arriaga y además de 50 sucursales en la República.
En 1903, al ser puestos en libertad los liberales de San Luis, se trasladan a México en donde reorganizan el club, lanzan una proclama el 5 de febrero y se convierten los periódicos liberales en tribuna que fustigaban implacablemente al dictador. A mediados del año, los redactores van a dar a las mazmorras porfistas; otra vez se incautan y se destruyen las máquinas y se prohibe bajo severas penas las circulación de la prensa liberal y la publicación de artículos en cualquier diario, firmados por Ricardo Flores Magón.
En 1904, al salir de la cartuchera de Belem, se trasladan a los Estados Unidos, Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Antonio I. Villareal, Juan Sarabia, Rosalío Bustamante. En San Antonio, Texas, y después en San Luis Missouri, se entregan afanosos a la tarea de reorganizar el Partido Liberal y aparece Regeneración en el exilio. La agencia informativa Furlong colocó un espía en la redacción del periódico y la Policía allanó Regeneración y apresó a los conspiradores. Sarabia se refugió huyendo a Douglas, Arizona, el cónsul mexicano, Antonio Meza, lo reconoció y denunció el 3 de junio de 1907; el ranger' Sam Hayturs lo detuvo pistola en mano y a las 11 de la noche lo metió en un automóvil y lo llevó a la frontera entregándolo a un coronel de rurales que lo amarró a una mula y lo encerró en la penitenciaría de Hermosillo. Pero el escándalo que armó el editor de The Douglas Industrial, el honrado periodista Franklin B. Door, al que no pudo comprar el dinero porfirista, enardeció los ánimos y el secuestrado Sarabia tuvo que ser devuelto a los Estados Unidos y puesto en libertad.
La Junta Organizadora del Partido Liberal en el Exilio, que fue constituida en San Luis Missouri el 28 de septiembre de 1905, unificando a los grupos descontentos, realizó el anteproyecto con las demandas que se incorporarían al programa del Partido Liberal, aun cuando en él tuvo importantes participaciones Juan Sarabia, este programa recabó las opiniones de la mayoría y englobó las aspiraciones de los indígenas, de los obreros, de los profesionistas y de la clase media ilustrada. En el manifiesto del Partido Liberal y sus 42 grupos diseminados en todo el país, fue dado a conocer el 1o. de junio de 1906 y muchos de sus miembros delatados fueron capturados tanto al otro lado de la frontera como en México y enviados a las tinajas de San Juan de Ulúa.
No puede negarse el influjo decisivo de tal programa, el del Partido sobre la Casa del Obrero Mundial y sobre los Constituyentes de 1917. Heriberto Jara, Luis Monzón, Alfonso Cravioto, Adrián Castrejón, Francisco J. Múgica y los radicales, Pérez Taylor y Soto y Gama que incorporaron los más avanzados postuladores sociales.
Menos puede ahora negarse la calidad de precursor de Ricardo Flores Magón que, incluso su pensamiento liberal, separando más allá el liberalismo radical del mismo Antonio Díaz, Soto y Gama del verdadero neoliberal, que adelantándose a su tiempo previo el fracaso del liberalismo en el renglón más importante, el económico. En junio de 1907 se trasladó Flores Magón a los Ángeles y siguió publicando Regeneración, llegaba a las haciendas, a las fábricas y era leído por los trabajadores a escondidas del capataz; entonces, el gobierno norteamericano ofreció 20 mil dólares de la época por su captura y fue fijada su ficha en todas las oficinas de correo fronterizas.
El gobierno norteamericano no podía perdonar la inclusión de su colaborador, John Kenet Turner, el autor del doloroso México Bárbaro, ni a Ethel Dobson del cuerpo de redacción de San Francisco Chronicle de donde fue expulsada por sus simpatías con los mexicanos. Ni mucho menos posteriormente, en 1911, el hecho de que Ethel Duffy, esposa de Turner se hiciera cargo de la redacción de Regeneración.
El 23 de agosto fue capturado en Los Ángeles, con otros compañeros se intentó, como en el caso de Sarabia, pasarlos a México y entregarlos a la dictadura porfirista, pero en el camino a la frontera gritaron sus nombres
Y la Policía no se atrevió a consumar el atentado.
La corte, después de un año y siete meses de cautiverio, los sentenció por intentar una insurrección armada contra el Gobierno mexicano, a los 18 meses de cárcel en Arizona.
Cuando en agosto de 1910 se vieron otra vez libres, se encaminaron a Los Ángeles donde los socialistas los recibieron con un gran mitin, y otra vez salió a la luz Regeneración.
El movimiento acaudillado por Francisco I Madero convence a las aspiraciones, todas, de un pueblo largamente sometido y vilipendiado. El clamor y la desesperación populares, unificados tras las prédicas de la junta revolucionaria de los proscritos, ven en el autor de La Sucesión Presidencial y en la sublevación, el horizonte de sus reivindicaciones.
Los magonistas se lanzaron a la lucha en 1910, cuando la habían hecho con anterioridad en Jiménez Xiacayucan con un núcleo que encabeza Tragedis Guerrero y José María Leyva. Penetran en Chihuahua para combatir contra los federales en Janox; el 20 de diciembre de 1910, encuentro en el que son derrotados y dispersados.
Leyva pudo llegar a la frontera de Baja California donde, obedeciendo órdenes del Partido Liberal Mexicano, establece una base de operaciones con escasos elementos, víveres, armamentos y municiones.
Los magonistas atacaron Mexicali en la madrugada del 22 de enero de 1911 y vencieron a la guarnición de esa plaza. Ahí se apoderaron de elementos bélicos y acrecentaron sus filas con tres centenares de voluntarios, mal armados, que suplían las carencias con su voluntad, valor e intrepidez de revolucionario; derrotaron a Celso Vega, jefe político y de las armas en el Distrito Norte de Baja California, y después de tomar Mexicali, ocuparon Tijuana y Algodones, y no se olvide que los heroicos defensores de Baja California eran porfiristas.
Triunfante el movimiento maderista, fueron disueltos los contingentes magonistas, participando en su licenciamiento el propio José María Leyva, que ya se había incorporado al maderismo; los que no aceptaron licenciarse se internaron en el país vecino y los desarmaron las tropas norteamericanas.
El diplomático y escritor Victoriano Salado Alvarez hace justicia a la actividad de los magonistas y a su carácter de pioneros en la insurrección de 1910. Dice "A mí me parece que injustamente se acumula el mérito de la Revolución sobre Madero y sus amigos; los revolucionarios verdaderos fueron los magonistas que no sólo se mantuvieron en su posición sino que lograron alzar toda la frontera encendiéndola de odio contra Díaz, a quien aquellas gentes creían un verdadero aborto del infierno".
Fueron pues, los magonistas, los verdaderos precursores del movimiento revolucionario de 1910, pero la injusticia es obligado atuendo para Ricardo Flores Magón; las autoridades norteamericanas, sabedoras de su intervención en los acontecimientos citados, verificaron minuciosa investigación y en la mañana del 14 de julio de 1911, la Policía allanó las oficinas de Regeneración, destruyó la maquinaria y detuvieron a los hermanos Flores Magón, a Librado Rivera, y a Anselmo Figueroa, llevándolos al presidio de la Isla Mac Neil; acusados de violar las leyes de neutralidad fueron juzgados en Los Ángeles y condenados a 23 meses de prisión.
Así como se ignora la vida y la trayectoria revolucionaria de Ricardo, se desconoce su obra escrita: Rayos de Luz, Tierra y Libertad, obra teatral, Verdugos y Víctimas y sobre todo su epistolario revolucionario e íntimo. Y este último, precisamente, nos muestra al hombre desnudo; su pensamiento fluye claro, sin reticencias, ajeno a inútiles lirismos: no pide perdón ni acepta dádivas; fiel a sus convicciones, confiesa su posición y la defiende con ardiente convencimiento, incapaz de traicionar sus ideas. Prefiere las rejas y el hambre antes que traicionarse a sí mismo.
A Ricardo Flores Magón le sobra carácter y decisión. Su epistolario es toda una lección de calidad insurgente y de verticalidad ideológica; sus cartas son fuentes de hombría, de enseñanza continua, cátedra de tenacidad.
Así, de Ricardo Flores Magón y su posición como anarquista, se habla con ligereza, con audacia y con ignorancia, aceptando y difundiendo, por pereza para pensar, la opinión ajena sin fundamento.
En este aspecto, Flores Magón se declaraba internacionalista y soñaba con un futuro de paz y buena voluntad entre los hombres. Ricardo Flores Magón fue simplemente un idealista utópico, un poeta de la libertad, un soñador, un luchador, siempre en la cárcel. Y respetable es, quiérase o no, todo hombre fiel a sus convicciones, vertical en sus luchas y admirable ejemplar si por ellas llega al sacrificio antes de renegar de sus principios.
El apostolado de Flores Magón es inimitable porque su libertad depende, como lo demanda el Procurador de Justicia de Kansas, Daugherty, de que públicamente pida perdón y reniegue de sus ideales. La verticalidad, convicción y hombría de Ricardo crecen; nunca pidió perdón, no se arrepiente porque prefiere la muerte que claudicar.
Por largas gestiones, entre otros de Soto y Gama, la Cámara de Diputados en México ha aprobado una pensión para el encarcelado en Leavenworth y la rechaza con el mismo valor espartano que mostró su madre, Margarita Magón, cuando rechazó la dádiva denigrante del indulto porfirista para sus hijos si éstos dejaban de luchar contra el dictador; en su lecho de muerte Margarita Magón escogió morir sin ver a sus hijos antes que pedirles que claudicaran.
Retrocedamos, triunfante la Revolución y exiliado Porfirio Díaz, tras abandonar el presidio de MacNeil, Ricardo, con su grupo, se entrega sin vehemencia, a observar los resultados y a criticar con Regeneración en la mano los acontecimientos. Decepcionado del
maderismo, continúa su tarea de agitador sin tregua, denunciando las torturas a los liberales en las cárceles de Texas; la invasión norteamericana de Veracruz en 1914, clamando después contra de la guerra europea que sacrifica a la juventud de los pueblos y denunciando las ambiciones de los caudillos mexicanos que prolongan la guerra civil en México.
El 16 de marzo de 1918, con la vana esperanza de que el pueblo se rebelara contra la bárbara matanza producida en Europa por la Primera Guerra Mundial, en unión de Librado Rivera lanza un manifiesto dirigido a los trabajadores del mundo. Por este documento, por este manifiesto, fueron condenados Ricardo Flores Magón, a 20 años de prisión, y Librado Rivera, a 15.
Ricardo fue simplemente un supremo equivocado que aspiró, como se reconoce, a convertir los principios del anarquismo internacional, en bases para la organización económica, social y política de México. No le abaten los años ni la enfermedad. En los muros del calabozo de la penitenciaría de Leadenworth, Kansas, escrita con sangre hay una palabra que no borrarán nunca los siglos; "miserables", Porque entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de noviembre de 1922, otra fecha simbólica, Flores Magón es asesinado vergonzosa y cobardemente. Herbert Leonard, jefe de guardias de la prisión, lo estrangula en complicidad con otros penados.
Ricardo Flores Magón, nace y muere en fechas libertarias. Nació un 16 de septiembre. Murió un 21 de noviembre.
Señor presidente; compañeras y compañeros: ésta es apenas una brevísima reseña que en muy apretada síntesis refiere la vida fascinante y dramática del mexicano excepcional que por su tenacidad en la lucha social y su arraigada vocación por la justicia del hombre y la libertad del pueblo, ocupa con dignidad y certeza un punto estelar en el campo del honor nacional.
A Ricardo Flores Magón, ninguna dificultad lo doblegó; no lo intimidó ningún sacrificio; no lo abatió ningún dolor; no lo inquietó la tentación de ningún privilegio. Nació en Oaxaca, su pasión fue México; su incesante afán: la libertad del mundo sustentado en la equidad y la justicia, en el respeto a la concordia entre los hombres.
Nuestro Pueblo mantiene vigente su deuda de gratitud con el prócer, precursor de la revolución justiciera que le dio jerarquía de dignidad y respeto. Quienes al pueblo servimos y representamos, consideramos que nunca será desproporcionado ningún homenaje que al héroe se le rinda. Será siempre justo y en la medida de su batallar estoico, Ricardo Flores Magón, merece como el que más, aparecer en los muros que la República ha destinado a consagrar a los forjadores de la patria nuestra.
Por la justicia obrera, la reivindicación agraria, la redención indígena, la comprensión y apoyo al esfuerzo técnico y científico, la ampliación del horizonte de mujeres y jóvenes, y por la independencia cabal de la Nación, hoy como ayer, como siempre, el pueblo, por el rumbo que le marcan las instituciones establecidas en la Ley Fundamental, que en gran parte inspiró el héroe, tributa inmarcesible homenaje a Ricardo Flores Magón, luchador de espíritu, de pensamiento y manos limpias, precursor de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - En razón de que el día de mañana, último de noviembre se celebrará sesión solemne, y toda vez que ya ha sido electa la Mesa Directiva para diciembre, deseamos en esta ocasión dirigirnos a esta honorable Asamblea.
Los que suscriben, integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, electa por esta soberanía para desempeñar nuestros respectivos cargos durante el mes de noviembre, ha determinado expresar a ustedes, ciudadanos diputados, su testimonio de gratitud por el honor con que nos distinguieron y por la confianza que nos dispensaron al asignarnos tan elevada responsabilidad.
Juntos, en convivencia plural, ceñidos a la Constitución General de la República y a las leyes, hemos fortalecido nuestra democracia practicándola, haciéndola experiencia compartida y cotidiana. Las atribuciones y obligaciones de quienes integramos esta H. Cámara tienen su origen en el pueblo; por su voluntad representamos a la Nación para servirla y engrandecerla, para hacerla más fuerte, más libre y soberana, más democrática y más justa. Este ha sido el ánimo que ha caracterizado el trabajo de todos, independientemente de la ideología que se sustente y del partido político al que se pertenezca.
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes legítimamente instituidos; en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, el Legislativo y el Ejecutivo han enriquecido sus relaciones de colaboración y ensanchado significativamente los cauces de su comunicación y respetuoso diálogo. Con dignidad, respeto mutuo, y en estricto cumplimiento de la ley, tuvimos la ocasión de intercambiar información y opiniones, de argumentar y debatir con cinco secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo y en comisiones con el jefe del Departamento del Distrito Federal.
La libertad y hondura del análisis en turno a los asuntos que más interesan y preocupan a la República, marcan una nueva etapa de mejor relación entre los poderes, y debe ser motivo de legítimo orgullo para todos los integrantes de esta LII Legislatura.
La Revolución Mexicana tiene permanencia y vigor para enfrentar los retos del futuro. Está fincada en la voluntad del pueblo y el régimen de ella emanado ha abierto cauces a la vida institucional de los partidos políticos.
Por ello, en un marco de respeto, conmemoramos en esta H. Cámara el septuagésimo cuarto aniversario del inicio de dicha gesta histórica, con participaciones en tribuna de representantes de todos los grupos parlamentarios.
En su oportunidad, y hoy lo ratificamos, expresamos el pesar de esta Asamblea por los lamentables acontecimientos del día 19 de noviembre pasado, en la población de San Juan Ixhuatepec, estado de México, en los que perdieron la vida numerosos mexicanos y muchos otros sufrieron lesiones y daños patrimoniales. Reiteramos hoy el llamado de esta representación nacional a las autoridades competentes, para que se continúe investigando las causas que los originaron y se tomen las medidas necesarias para evitar que se presenten situaciones tan lamentables.
Nuestro emocionado homenaje a la solidaridad ejemplar del pueblo mexicano, que se volcó en apoyo de nuestros compatriotas que requerían de su ayuda y de su aliento en momentos graves y difíciles. El sentimiento de unidad de los mexicanos es una fuerza indestructible.
En ocasiones, en el acontecer nacional se suscitan hechos de violencia aislados e inconexos que no alteran la situación de convivencia pacífica que impera en el país. Estos reprobables actos son aún más injustificables en un estado de derecho que, como el nuestro, procura y garantiza la resolución de las controversias públicas y privadas con estricto apego a la ley.
Por eso, esta Legislatura expresa una vez más su pesar y su condena al irracional acto en el que perdió la vida nuestro compañero el diputado Roque Spinoso Foglia. Exigimos de las autoridades competentes la exhaustiva y expedita investigación del ilícito y se castigue con rigor a los responsables de tan reprobable acto criminal.
En nombre de mis compañeros que suscriben, miembros de esta Mesa Directiva, quiero manifestar nuestro más amplio reconocimiento a todos los ciudadanos diputados que en comisiones de trabajo, en tribuna o en el desempeño de diversas tareas legislativas, mostraron su sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus facultades como legisladores, con lealtad a sus convicciones.
El espíritu de democracia parlamentaria, la discusión detallada y respetuosa de cada una de las iniciativas que nos tocó conocer, el apasionado debate camaral del que fuimos testigos y protagonistas, son muestras contundentes de que el sistema pluripartidista que se ha dado el pueblo mexicano, se fortalece con la participación responsable de los ciudadanos diputados de esta LII Legislatura.
Los medios de información constituyen importantes vínculos entre el pueblo y sus representantes. La democracia es conquista popular que se nutre de la comunicación. Expresamos nuestro reconocimiento y aprecio a los compañeros de la prensa que a diario conviven con nosotros en incansable y fructífero esfuerzo por difundir con objetividad las actividades que aquí se desarrollan.
Esta Asamblea acordó otorgar la presea al mérito cívico Eduardo J. Neri, al ciudadano Francisco Martínez de la Vega, para exaltar sus relevantes méritos como hombre que ejerce con lucidez y fidelidad a sus principios el noble oficio de la palabra escrita. Dicha condecoración será impuesta el día de mañana, en sesión solemne de esta Asamblea, por el C. Presidente de la República.
Compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la Mesa Directiva del mes de noviembre, nos sentimos privilegiados por la oportunidad que nos brindaron de servir a esta Legislatura. Si con el respaldo de todos hemos cumplido decorosamente esta encomienda, habremos contribuido a perfeccionar nuestro sistema democrático.
En nombre de mis compañeros expreso a ustedes nuestro profundo agradecimiento. (Aplausos.)
OBSERVACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN
El C. Rodolfo Peña Farber: - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Rodolfo Peña Farber: -Para un comentario.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, señor diputado.
El C. Rodolfo Peña Farber: - La palabra ya la había pedido hace mucho tiempo. En obsequio, o en correspondencia, mejor dicho, a la actitud de Genaro Borrego, de Alvaro Uribe y de las demás personas que forman parte de la Mesa Directiva, aguardé, pacientemente, pero va ser muy poco tiempo el que les voy a tomar; pero creo que es mi deber hacer constar lo que me tocó vivir hoy, desde allá arriba. Pero antes voy a hacer un preámbulo. Quiero dejar claro cierto grado de gratitud a Genaro, porque su actitud es, en realidad, positiva y tendiente a hacer las cosas lo mejor posible.
Sin embargo, advierto que me está costando trabajo decir lo que voy a decir, quizá por los cánones que se han institucionalizado en esta Cámara, por las costumbres que se han aceptado o aún peor, tolerado, que son inconvenientes para nosotros y para México, lo tengo que decir.
Aquí se votó una Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; se votó una ley sobre reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia, etcétera, del Fuero Común y demás. Pero yo hice el recuento cuando se votó, lo hice lo más rápido y certero que puede y, admitiendo un grado de error, admitiendo un grado de
equivocación traté cuando pudiera suponer que me faltaba anotar alguien, traté de compensar con votos adicionales. Señores, quiero decirles que la diferencia entre la anotación oficial y la que yo hice es exagerada, es exagerada, no hay una pequeña diferencia.
En la primera, en la de Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, la votación oficial arrojó 278 votos en pro, contra 124 votos que yo registré, 42 abstenciones, que coincidieron con toda precisión con las 42 que ya registré, pero los votos a favor hay una diferencia demasiado grande, el total de votos de todos géneros que registró oficialmente la Secretaría fueron 320 votos y el total de votos que yo registré, que creo haber captado inclusive dos en contra, fueron 168, no habla quórum en ese momento. Si esto es verdad, esa ley que se aprobó no está aprobada legalmente.
La otra que mencioné si da el quórum, porque mi votación registró mi registro llegó a un monto de 202, 202 muy apenitas, cero negativas y 202 positivos, pero el oficial fue de 320. Señores, esto es incalificable, esto es incalificable. ¿en qué estimamos nosotros nuestra imagen?, ¡en qué estimamos nuestra investidura?
Ahora vamos recordando, por favor, que otras veces en varias ocasiones se ha objetado el quórum. No es necesario que llevemos las sesiones conforme a un cartabón que arroja tan graves dudas y en un momento dado tan graves cargos. En el que yo estoy sí es un cargo, pero con todo el máximo, como podría decir, de espíritu de magnanimidad o como se le quiera nombrar a eso, lo estoy haciendo nada más para señalar el hecho.
Aquí podría citarse, quizá a artículos que condujeran a acciones severas en contra de equis, aquí hay responsables de la contabilidad de los votos, pero no estoy proponiendo nada de eso, estoy proponiendo nada más que cualquier diputado de los que aquí estén proponga o sugiera algo, no ahorita, otra día, quizá yo mismo, o el que sea, para hacer que sea más respetable nuestra votación aquí. Habrá la manera, seguramente habrá la manera de lograr eso.
Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la sesión pública próxima.
ORDEN DEL DÍA
EL mismo C. Prosecretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
LII' Legislatura.
Orden del día.
4 de diciembre de 1984
Lectura del acta de la sesión anterior.
La H. Cámara de Senadores comunica la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Carlos Cervera Urmaneta, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que establece las características de las monedas de oro y de plata conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986.
De la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Comparecencia del C. licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública".
Sesión secreta.
El C. Presidente (a las 16:30 horas): - Se levanta la sesión pública y se cita a la sesión solemne que, con asistencia del C. Presidente de la República, tendrá lugar mañana, viernes 30 de noviembre, a las 10:00 horas, y en la que se impondrá al periodista Francisco Martínez de la Vega, la medalla al mérito cívico Eduardo Neri.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES