Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841204 - Número de Diario 32
(L52A3P1oN032F19841204.xml)Núm. Diario:32ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., martes 4 de diciembre de 1984 TOMO III. NUM. 32
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
MESA DIRECTIVA DEL SENADO PARA DICIEMBRE
La colegisladora comunica su elección. De enterado
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
Solicitud de permiso para que el C. Carlos Cervera Urmeneta, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno del Brasil. Se turna a comisión
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY MONETARIA
Proyecto de decreto que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley mencionada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 1986
Proyecto de decreto que establece las características de dichas monedas de oro y plata, correspondientes al XIII Campeonato. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1983
Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
La Presidencia expresa los motivos de la presencia del C. licenciado Jesús Reyes Heroles
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
En su oportunidad, el C. licenciado Jesús Reyes Heroles da respuesta a la preguntas que le hacen los CC. Rafael Oceguera Ramos, José González Torres, Iván García Solís, Francisco Alvarez de la Fuente, César Humberto González Magallón, Sergio Quiroz Miranda y Julieta Guevara Bautista
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
Relativas a la presidencia en esta Cámara del Secretario de Educación Pública
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 79 CONSTITUCIONAL
De decreto que adiciona con una fracción VIII el artículo mencionado, suscrita por los CC. Humberto Lugo Gil, Bernardo Bátiz Vázquez, Rolando Cordera Campos, Ricardo Govela Autrey y Jorge Cruickshank García. Se turna a comisión. Imprímase
ELECCIONES ULTIMAS EN EL ESTADO DE COAHUILA
El C. Alberto González Domene se refiere a este evento cívico que tuvo lugar el 2 del presente del cual denuncia irregularidades
En torno al tema, el C. Enrique Agüero Avalos expresa sus puntos de vista, y los CC. María Teresa Ortuño Gurza y Enrique Neáves Muñiz intervienen para aclaraciones. Se turna la denuncia del C. González Domene a comisión
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión. Se pasa a sesión secreta
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. ENRIQUE SOTO IZQUIERDO
(Asistencia de 347 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:00 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
4 de diciembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
La H. Cámara de Senadores comunica la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Carlos Cervera Urmeneta, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval en grado de Gran Oficial que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que establece las características de las monedas de oro y de plata conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativa a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Comparecencia del C. licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública".
Sesión secreta.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro
Presidencia del C. Genaro Borrego Estrada
En la ciudad de México, a las once horas y treinta minutos del jueves veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con asistencia de trescientos treinta ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día veintisiete del actual, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Presidencia designa las siguientes comisiones para que, en representación de la Cámara de Diputados, asistan a los actos que a continuación se mencionan:
A la sesión solemne que tendrá lugar el día 30 de los corrientes, en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, rendirá el cuarto informe de su gobierno, a los CC. Silverio R. Alvarado, Simitrio Amador Ballinas, Pedro Bonilla Díaz de la Vega, Carlos Brito Gómez, Rogelio Carballo Millán, Cándido Díaz Cerecedo, Servando Díaz Suárez, Strafín Domínguez Ferman, Demetrio Ernesto Espinoza Leal, Elpidia Excelente Azuara, Wilfrido Martínez Gómez, Edmundo Martínez Zaleta, Mauro Melo Barrios, Jorge Minvielle Porte Petit, Antonio Murrieta Necoechea, José Nassar Tenorio, Héctor Sánchez Ponce, Daniel Sierra Rivera, Manuel Solares Mendiola, Amador Toca Cangas, Salvador Valencia Carmona y Celso Vázquez Ramírez.
A la sesión solemne en la que el C. general Absalón Castellanos Domínguez Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, rendirá el segundo informe de su gestión administrativa, el día primero de diciembre próximo, a los CC. Sami David David, Enoch Cancino Casahonda, Oralia Coutiño Ruiz, Raúl Enríquez Palomec, Antonio Fabila Meléndez, Griselda García Serra, Germán Jiménez Gómez, Areli Madrid Tovilla, José Dolores López Domínguez, Eloy Morales Espinoza, Humberto Pulido García, Faustino Ross Mazo, Pedro Salinas Guzmán, Homero Eduardo Tovilla Cristiani e Ignacio Cuauhtémoc Paleta.
A la ceremonia que en conmemoración del décimo primer aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, ex Presidente de la República, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, ante la tumba erigida a su memoria en el Panteón Civil de Dolores de esta Ciudad de México, a los CC. Domingo Alapizco Jiménez, Guillermo Dávila Martínez y Elpidia Excelente Azuara.
La Legislatura del estado de Aguascalientes comunica la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio y la integración de su Mesa Directiva. De enterado.
De conformidad con lo que establece el artículo 30 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección, por medio de cédula, de presidente y vicepresidente para el mes de diciembre.
Llevada a cabo la votación y hecho el escrutinio correspondiente, arroja el siguiente resultado:
Doscientos ochenta y dos votos para la planilla integrada por los CC. Enrique Soto Izquierdo, como Presidente, y Jorge Canedo Vargas, Norma López Cano y Aveleyra, Arnoldo Gárate Chapa, Jesús Lazcano Ochoa y Alfredo Reyes Contreras, como vicepresidentes.
También se registraron dieciocho votos, cuatro votos, tres votos, dos votos, dos votos para otras tantas planillas y un voto para diez diferentes planillas, así como cuatro votos anulados.
En tal virtud, la Presidencia hace la declaratoria de rigor.
Con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva designa las siguientes comisiones de cortesía, con motivo de la sesión solemne que se efectuará el día de mañana, en la que se impondrá al C. Francisco Martínez de la Vega, la Medalla Eduardo Neri.
Para recibir a las puertas de este recinto al C. Presidente de la República, a los CC. Humberto Lugo Gil, Enrique Fernández Martínez, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Jorge Cruickshank García, Irma Cué de Duarte, Ricardo Antonio Govela Autrey, David Orozco Romo, Juan José Osorio Palacios, Antonio Pérez Peña, Mario Vargas Saldaña y Jesús Manuel Viedas Esquerra.
Para recibir al C. Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los CC. José Luis Caballero Cárdenas, Carlos Brito Gómez, Sami David David, Rafael Oceguera Ramos y Víctor Manuel Torres Ramírez.
Para recibir a la representación del H. Senado de la República, a los CC. Luz Lajouz de Madrazo, Manuel Osante López y Guillermo Pacheco Pulido.
Para recibir al C. Francisco Martínez de la Vega, a los CC. Antonio Alvarez Lima, Armando Ballinas Mayés, Enoch Cancino Casahonda, Luis Garfias Magaña, Mario González Navarro, Julieta Guevara Bautista, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, Jesús Lazcano Ochoa, Enrique León Martínez, Ignacio Moreno Garduño, María de Jesús Orta Mata, Sergio Quiroz Miranda, Celso Vázquez Ramírez, Florentina Villalobos de Pineda y José Carreño Carlón.
Para recibir al C. profesor Carlos Jonguitud Barrios, gobernador del estado de San Luis Potosí, a los CC. Leopoldino Ortiz Santos, Mateo de Regil Rodríguez y Alberto Miranda Castro.
Para recibir al C. licenciado Alejandro Cervantes Delgado, gobernador del estado de Guerrero, a los CC. Zótico Demetrio García Pastrana, Rafael Armenta Ortiz y Efraín Zúñiga Galeana.
Enseguida, la C. Florentina Villalobos de Pineda, en nombre de la Diputación del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, tendiente a derogar el artículo 7o. de la Ley de Amparo. Túrnese a la Comisión de Justicia e imprímase.
Por su parte, la C. Ofelia Ramírez Sánchez, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, que adiciona a un artículo 75 - bis, a la Ley del Seguro Social; un artículo 21 - bis a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y un artículo 60 - bis, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social e imprímase.
A su vez, el C. Alfonso Méndez Ramírez, a nombre de los diputados del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una iniciativa de reformas al artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria. Imprímase.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales suscribe un dictamen con proyecto de decreto, que reforma la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea, en votación económica, le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hacen uso de la palabra, para consideraciones generales y manifestar que la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México se abstendrá de votar, el C. Salvador Castañeda O'Connor; en contra y para señalar, asimismo, que la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano se abstendrán también de votar, el C. David Orozco Romo.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular, por doscientos setenta y ocho votos en pro y cuarenta y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Justicia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Por las mismas razones del caso anterior, se le dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Usan de la palabra, en pro, los CC. Enrique Alcántar Enríquez y Leopoldino Ortiz Santos.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin ella, en votación nominal se aprueba tanto en lo general como en lo particular, por unanimidad de trescientos veinte votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público signa un dictamen con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
A este dictamen también se le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el artículo único de que consta el proyecto de decreto.
Intervienen, en pro, el C. David Orozco Romo, y por la comisión dictaminadora, el C. Antonio Fabila Meléndez.
Suficientemente discutido el artículo único, en votación nominal se aprueba por doscientos cincuenta y dos votos a favor y tres en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
A continuación abordan la tribuna sucesivamente los ciudadanos diputados que a continuación se mencionan:
Javier Sánchez Lozano, para rendir homenaje al Caudillo del sur, general Emiliano Zapata, en ocasión de cumplirse setenta y tres años de la proclamación del Plan de Ayala.
José Dolores López Domínguez, para rendir también homenaje al general Emiliano Zapata, con motivo LXXIII aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.
Luis Torres Serranía, para hacer una serie de consideraciones en torno a las elecciones llevadas a cabo el día 11 de los corrientes en el estado de México, en las cuales él considera se cometieron irregularidades.
Relata los hechos e impugna a las autoridades municipales y estatales, así como a las autoridades electorales, por los fraudes cometidos en dichas elecciones.
Norma López Cano, para debatir los conceptos del orador y dar otra versión de los hechos, y expresar que el triunfo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, se debió al pueblo que los eligió.
Luis Torres Serranía, para aclaraciones a la oradora e insistir en sus argumentos.
Salvador Larios Ibarra, para corroborar, en su calidad de observador del Partido Acción Nacional en el municipio de San Bartolo Morelos, lo dicho por el C. Luis Torres Serranía.
Víctor González Rodríguez, para hacer consideraciones sobre lo que está aconteciendo después de la tragedia acaecida en San Juan Ixhuatepec, y señalar que casi a dos semanas del siniestro, aún no se ve nada claro sobre sus causas, como también la existencia de varias irregularidades en el trato a los damnificados.
En nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México y de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, solicita que la comisión Pluripartidista nombrada por esta Cámara, debe informar sobre la magnitud real de la ayuda que están recibiendo los damnificados y la forma en que se está distribuyendo, con la finalidad de que, deponiendo en este problema concreto los abanderamientos políticos, se aboquen los ciudadanos diputados a una investigación que vaya al fondo de las cosas.
La Presidencia insta a las comisiones de Asentamientos Humanos, de Energéticos, Salubridad, Seguridad Social y Ecología, a que a la brevedad posible procedan a la integración de la Comisión Especial, ya resuelta por esta Cámara y propuesta el día de hoy también, por el señor diputado González Rodríguez.
Olegario Valencia Portillo, para rendir homenaje a Ricardo Flores Magón, con motivo del LXII aniversario de su fallecimiento.
En seguida, la Presidencia, en nombre de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, expresa el testimonio de gratitud por el honor de que fueron distinguidos y por la confianza que les dispensaron durante las sesiones efectuadas en el mes de noviembre.
Hace consideraciones sobre las atribuciones y obligaciones de quienes integran esta Cámara y sobre los lamentables acontecimientos acaecidos el día 19 de los corrientes en la población de San Juan Ixhuatepec, estado de México, en los que perdieron la vida numerosos mexicanos y muchos otros sufrieron lesiones y daños patrimoniales.
Expresa su emocionado homenaje a la solidaridad ejemplar del pueblo mexicano, que se volcó en apoyo de nuestros compatriotas que requerían de su ayuda y de su aliento en momentos graves y difíciles.
Por último, condena el irracional acto en el que perdió la vida el compañero Roque Spinoso Foglia y exige a las autoridades competentes la investigación del ilícito y que se castigue con rigor a los responsables de tan reprobable acto criminal.
Para hacer reflexiones sobre la votación de los proyectos de decreto aprobados por la Asamblea y en la cual considera hubo diferencias entre la anotación oficial y la que él hizo, habla el C. Rodolfo Peña Farber.
Sugiere que se proponga algo para hacer más respetables las votaciones.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la próxima sesión.
A las dieciséis horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne que, con asistencia del C. Presidente de la República tendrá lugar el día de mañana, viernes treinta de noviembre, a las diez horas y en la que se impondrá al periodista Francisco Martínez de la Vega, la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri.
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba...Aprobada, señor Presidente.
MESA DIRECTIVA DEL SENADO PARA DICIEMBRE
El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de esa honorable Colegislatura, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta H. Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre próximo.
Presidente: senador Celso Humberto Delgado Ramírez.
Vicepresidentes: senador Gonzalo Martínez Corbalá y senador Rafael Cervantes Acuña.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 29 de noviembre de 1984.
Rafael Armando Herrera Morales, S. S.; Mariano Palacios Alcocer, S. S."
Trámite: De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 15 del presente mes:
'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. vicealmirante C.G. Carlos Cervera Urmeneta, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil'.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 23 de noviembre de 1984.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY MONETARIA
Dictamen a la Iniciativa que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el inciso c) del artículo 2o de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, misma que ha sido distribuida con anterioridad a los integrantes de esta H. Asamblea.
La Comisión ha revisado las disposiciones consideradas en la iniciativa y después de haber sido discutidas por sus integrantes, con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
DICTAMEN
1. La iniciativa en estudio propone la modificación del inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria, con el propósito de permitir la emisión de monedas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en oro y en metales industriales.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que dicho cambio obedece a la circunstancia de que actualmente la vigente Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, sólo contempla la posibilidad de emitir monedas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, cuando éstas se acuñen en plata.
La modificación propuesta tiene por objeto aprovechar la celebración del XIII Campeonato Mundial de Fútbol a celebrarse en México el año de 1986 y dejar establecido jurídicamente que puedan emitirse monedas conmemorativas de acontecimientos nacionales con relevancia internacional, para colocarse en el país y en los mercados internacionales, no sólo en plata, sino también en oro y en metales industriales, aprovechando además en la acuñación la experiencia y el prestigio de que goza nuestra Casa de Moneda. Igualmente, la reforma propone suprimir en el decreto respectivo, la mención al valor total de la respectiva emisión, considerando que dichas monedas más que estar destinadas a circular, se emiten para que, a través de su comercialización, se provea de recursos al Gobierno Federal.
Por otra parte, cabe destacar que la inversión requerida para que la Casa de Moneda esté en posibilidades de acuñar monedas en metales finos es mínima, si tomamos en cuenta la capacidad de acuñación instalada en dicha unidad. Debe tomarse en consideración, asimismo, que el equipo que se adicione a la Casa de Moneda servirá para acuñar en lo futuro tanto piezas ordenadas por el Banco de México, como también para estar en posibilidad de concursar internacionalmente en la acuñación de monedas conmemorativas de esta especie o de otros países del mundo, lo que representará captación en el factor de divisar en forma regular.
Finalmente, al considerar el Campeonato de Fútbol como el evento de mayor difusión
internacional, la atención del público se concentrará desde las eliminatorias respectivas, lo cual acrecentará la publicidad para una mayor colocación de las monedas que se emitan.
Debe considerarse también, que la acuñación de las monedas favorecerá la promoción Internacional de la Casa de Moneda, toda vez que ésta, la más antigua en su género en América, celebrará 450 años de vida, acontecimiento que se contempla en varias de las piezas acuñadas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera válidas las razones que sustentan la iniciativa, por lo que somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforma el artículo 2o. inciso c) de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. .....................................................................
..............................................................................................
c) Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos".
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 29 de noviembre de 1984.
Comisión de Hacienda y Crédito Público:
Diputados licenciado Jorge A. Treviño, licenciado Ricardo H. Cavazos Galván, diputados Miguel Angel Acosta Ramos, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano M., Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Manuel Cavazos Lerma, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinosa, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Angel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyo, Dulce Ma. Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haideé Eréndira Villalobos Rivera."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen... Queda de primera lectura.
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 1986 "
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa del Ejecutivo Federal que establece las características de las monedas de oro y de plata, conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986.
La Comisión ha realizado un estudio de la iniciativa, atendiendo a las consideraciones contenidas en su exposición de motivos por lo que se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente
DICTAMEN
En la iniciativa se define las características de las monedas de oro y plata con diversos valores nominales que se emitan para conmemorar la celebración del XIII Campeonato de Fútbol 1986, con base en la distinta propuesta del Ejecutivo de modificar el artículo 2o., inciso c) de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala, asimismo, que dicha justa deportiva, considerada la de mayor difusión mundial, se conmemore con la emisión de monedas relativas a dicho acontecimiento, toda vez que se promoverá en el mundo la imagen de México y constituirá una forma de fomento y apoyo al deporte nacional. Consecuentemente, la citada iniciativa tiene por objeto establecer los valores nominales de las piezas, los diámetros, las leyes, los pesos, los cuños y las demás características que tendrán las monedas en oro y en plata, que se emitan para conmemorar el acontecimiento citado.
En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que se propone emitir, primero, las monedas en oro y en plata, en razón de que éstas requieren colocarse con una adecuada antelación al mencionado campeonato para asegurar el mercado numismático mundial de dichas piezas. Es de mencionarse que el programa de acuñación propuesto se ha hecho con base en estudios elaborados con motivo de emisiones de monedas conmemorativas de los juegos olímpicos de verano e invierno en Estados Unidos, en Yugoslavia, en Moscú y en Canadá, y se estima que se podrán vender
más de 200 millones de dólares; de esta suerte, las ganancias estimadas para el país ascenderán a 40 millones de dólares, de los cuales más de la mitad se generará por ventas internacionales, lo que implicará un ingreso considerable de divisas al país.
Para determinar dicha utilidad a favor del Gobierno Federal, se toman en cuenta los gastos que deben efectuarse para cubrir el uso y explotación de los signos marcarios utilizados, la distribución, el costo de los metales utilizados, el importe de las mermas, los derechos y los costos de acuñación, el empaque, los costos financieros que se originen al efecto, así como los fletes y seguros correspondientes.
Por otra parte, el programa de emisión se ha diseñado para cubrir dos mercados potenciales. Uno, constituido por coleccionistas, donde se proponen emitir 12 diseños diferentes de monedas de plata y cuatro de oro, todos en acabado "espejo" (proof), en el cual se esperan vender tres millones de piezas, y un segundo mercado formulado para el público en general, donde se prevé la emisión de cinco tipos de moneda, tres de plata y dos de oro, en acabado "brillante no circulado". Los volúmenes de emisión de este último mercado, aun cuando es nuevo y no pueden ser precisados, se estima rebasarán los dos millones de piezas.
De acuerdo a los propios estudios realizados, se estima que la emisión de monedas conmemorativas mexicanas no debe exceder del primer trimestre de 1985, pudiendo concluir su colocación hasta finales de 1986.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera válidas las razones que sustenta la iniciativa, por lo que somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS DE ORO Y DE PLATA, CONMEMORATIVAS DEL XIII CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL 1986
Artículo primero. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de veinticinco pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación señalan:
Diámetro: 24.0 mm. (Veinticuatro milímetros).
Ley: 0.720 (setecientos veinte milésimos) de plata.
Metal de liga: 0.280 (doscientos ochenta milésimos) de cobre.
Peso: 7.776 g. (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos).
Contenido: 5.599 g. (cinco gramos, quinientos noventa y nueve miligramos) de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.106 g. (ciento seis miligramos); por conjunto de mil piezas: 2.074 g. (dos gramos, setenta y cuatro miligramos), ambas más o en menos.
Canto: Liso.
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieves escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro en la parte superior, siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", abajo de ésta en conjunto el signo de pesos "$" y a continuación el número "25", ambos para leerse en dirección horizontal; en la parte central de izquierda a derecha una franja de barras dinámicas que terminan con un balón de fútbol desfasado éste hacia la parte inferior derecha; el logotipo "México 86" colocado de izquierda a derecha en la parte inferior y abajo de éste el año de acuñación, ambos para ser leídos en dirección horizontal; desfasado del centro a la izquierda, en la parte inferior el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; el marco liso.
Artículo segundo. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de cincuenta pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 32.0 mm. (treinta y dos milímetros).
Ley: 0.720 (setecientos veinte milésimos) de plata.
Metal de liga: 0.280 (doscientos ochenta milésimos) de cobre.
Peso: 15.552 g. (quince gramos, quinientos cincuenta y dos miligramos).
Contenido: 11.197 g. (once gramos, ciento noventa y siete miligramos) de plata pura.
Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.183 g. ciento ochenta y tres miligramos): por conjunto de mil piezas: 3.506 g. (tres gramos, quinientos seis miligramos), ambas en más o en menos.
Canto: Liso.
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos" El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En la parte superior izquierda el signo de pesos "$" y el número "50", ambos
para leerse en dirección horizontal; en la parte central, las piernas de un jugador de fútbol conduciendo un balón colocado en la parte inferior izquierda; la leyenda "Copa Mundial Fútbol" siguiendo el contorno del marco de la parte superior derecha y en el centro de ésta, el año de acuñación; el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" centrado en la parte inferior derecha; el logotipo "México 86" para ser leído en dirección horizontal, al centro en la parte inferior; el marco liso.
Artículo tercero. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de cien pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 38.0 mm. (treinta y ocho milímetros).
Ley: 0.720 (setecientos veinte milésimos) de plata.
Metal de liga: 0.280 (doscientos ochenta milésimos) de cobre.
Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos, ciento tres miligramos).
Contenido: 22.395 g. (veintidós gramos, trescientos noventa y cinco miligramos) de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.263 g. (doscientos sesenta y tres miligramos); por conjunto de mil piezas: 5.181 g. (cinco gramos, ciento ochenta y un miligramos), ambas en más o en menos.
Canto: Liso.
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro en la parte superior siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol" y abajo de ésta en conjunto, el signo de pesos "$" y a continuación el número "100" para leerse ambos en dirección horizontal; en la parte central izquierda a derecha y sobrepuestos en una franja de barras dinámicas un motivo prehispánico, uno colonial y un balón de fútbol; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", centrados en la parte inferior el logotipo "México 86" y abajo de éste el año de acuñación, ambos para leerse en dirección horizontal; el marco liso.
Artículo cuarto. Se autoriza la emisión de cuatro tipos de monedas de plata con valor nominal de veinticinco pesos; conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 26.0 mm (veintiséis milímetros).
Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.
Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.
Peso: 8.406 g. (ocho gramos, cuatrocientos seis miligramos).
Contenido: 1/4 (un cuarto de un entero) de onza troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: por unidad: 0.125 g. (ciento veinticinco miligramos); por conjunto de mil piezas: 2.39 g. (dos gramos, treinta y nueve centésimos), ambas en más o en menos.
Canto: Liso.
Los cuños serán:
I. Para el primer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Centrados en la parte superior, para leerse en dirección horizontal, el signo de pesos "$", y a continuación el número "25" y abajo de éste, el año de acuñación; siguiendo el contorno del marco en el cuadrante superior derecho la leyenda "Copa Mundial de Fútbol"; al centro en relieve escultórico, desfasados en forma escalonada de izquierda a derecha, un motivo prehispánico, uno colonial y un balón de fútbol; en la parte inferior para leerse en dirección horizontal el logotipo "México 86" y abajo de éste el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; el marco liso.
II. Para el segundo tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro en la parte superior, siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol" y abajo de ésta en conjunto, el signo de pesos "$" y a continuación el número "25", ambos para leerse en dirección horizontal; al centro en relieve escultórico, desfasado de izquierda a derecha en forma dinámica, un balón de fútbol y a continuación el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", en la parte inferior el logotipo "México 86" y abajo de éste el año de acuñación, ambos para leerse en dirección horizontal; el marco liso.
III. Para el tercer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en Relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En la parte superior el año de acuñación; a la izquierda en conjunto, el signo de pesos "$" y abajo de éste el número "25", ambos para leerse en dirección horizontal; al centro desfasado hacia la derecha un balón de fútbol rompiendo la red; centrados en la parte inferior en conjunto, uno abajo del otro, la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", el logotipo "México 86" y el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; el marco liso.
IV. Para el cuarto tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso. Al centro en la parte superior, siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial Fútbol" y abajo de ésta en conjunto, el signo de pesos "$" y a continuación el número "25", ambos para leerse en dirección horizontal; en la parte central de izquierda a derecha una franja de barras dinámicas que terminan con un balón desfasado, éste hacia la parte inferior derecha; el logotipo " México 86" colocado de izquierda a derecha en la parte inferior y abajo de éste el año de acuñación, ambos para ser leídos en dirección horizontal, desfasados del centro a la izquierda en la parte inferior, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" el marco liso.
Artículo quinto. Se autoriza la emisión de cuatro tipos de monedas de plata con valor nominal de cincuenta pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 32.0 mm. (treinta y dos milímetros).
Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.
Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.
Peso: 16.813 g. (dieciséis gramos, ochocientos trece miligramos).
Contenido: 1/2 de un entero de onza troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.190 g. (ciento noventa miligramos); por conjunto de mil piezas: 3.675 g. (tres gramos, seiscientos setenta y cinco miligramos), ambas en más o en menos.
Canto: Liso.
Los cuños serán:
I. Para el primer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En la parte superior izquierda el signo de pesos "$" y el número "50", ambos para leerse en dirección horizontal; en la parte central, las piernas de un jugador de fútbol conduciendo un balón colocado en la parte inferior izquierda; la leyenda "Copa Mundial de Fútbol" siguiendo el contorno del marco de la parte superior derecha y en el centro de ésta, el año de acuñación; el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", centrado en la parte inferior derecha; el logotipo "México 86" para ser leído en dirección horizontal, al centro en la parte inferior; el marco liso.
II. Para el segundo tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En la parte superior siguiendo el contorno del marco ligeramente desfasada hacia la derecha la leyenda "Copa Mundial de Fútbol"; en la parte izquierda, la silueta con barras dinámicas, el jugador prehispánico y al centro ligeramente desfasada hacia arriba la pelota; en la parte superior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y a continuación el año de acuñación para leerse en dirección horizontal; abajo de éstos, colocados en línea vertical, el aro prehispánico del juego de pelota y un balón de fútbol; centrados en la parte derecha para leerse en dirección vertical el signo de pesos "$" y a continuación el número "50"; el logotipo "México 86" centrado en la parte inferior; el marco liso.
III. Para el tercer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: De izquierda a derecha la silueta con barras dinámicas y el jugador de fútbol conduciendo un balón colocado a sus pies; en la parte media para ser leídos en dirección horizontal el signo de pesos "$" y a continuación el número "50"; en la parte inferior ligeramente desfasados del centro hacia la derecha, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; de izquierda a derecha en la parte inferior el logotipo "México 86" y abajo de éste la leyenda "Copa Mundial de Fútbol"; el marco liso.
IV. Para el cuarto tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En la parte superior izquierda el signo de pesos "$" y abajo de éste el número "50" ambos para leerse en dirección horizontal; en conjunto tres balones de fútbol en perspectiva, iniciando en la parte media derecha y terminando en la parte superior ligeramente desfasado del centro hacia la izquierda; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; centrados en la parte inferior para ser leídos en dirección horizontal en conjunto uno abajo del otro, la leyenda " Copa Mundial de Fútbol", el logotipo "México 86" y el año de acuñación; el marco liso.
Artículo sexto. Se autoriza la emisión de cuatro tipos de monedas con valor nominal de cien pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 38.0 mm. (treinta y ocho milímetros).
Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.
Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.
Peso: 33.625 g. (treinta y tres gramos, seiscientos veinticinco miligramos).
Contenido: 1 (un entero) de onza troy de plata pura.
Tolerancia en Ley: 0.005 g. (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: por unidad: 0.275 g (doscientos setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas: 5.44 g. (cinco gramos, cuarenta y cuatro centésimos), ambas en más o en menos.
Los cuños serán:
I. Para el primer tipo:
Anverso: al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En la parte superior izquierda en conjunto colocados uno abajo del otro, para leerse en dirección horizontal, el signo de pesos "$" el número "100" el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; en la parte inferior izquierda colocados uno abajo del otro para ser leídos en dirección vertical, el año de acuñación, el logotipo "México 86" y la leyenda "Copa Mundial de Fútbol"; en el centro cruzando diametralmente en forma vertical una sección del poste de una portería sosteniendo la red, que cubre toda la parte derecha, sobrepuesta al busto de un jugador de fútbol que sostiene con la cabeza un balón; el marco liso.
II. Para el segundo tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro en la parte superior siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol" y abajo de ésta en conjunto, el signo de pesos "$" y a continuación el número "100" para leerse ambos en dirección horizontal; en la parte central de izquierda a derecha y sobrepuestos en una franja de barras dinámicas un motivo prehispánico, uno colonial y un balón; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; centrados en la parte inferior el logotipo "México 86" y abajo de éste año de acuñación, ambos para leerse en dirección horizontal; el marco liso.
III Para el tercer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos. El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Centrados en la parte superior el signo de pesos "$" y a continuación el número "100" para leerse ambos en dirección horizontal; en la parte superior derecha el año de acuñación; en la parte central de izquierda a derecha iniciando con una franja de barras dinámicas el busto de un portero de fútbol colocado en posición horizontal sujetando con el pecho y las manos un balón; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; centrados en la parte inferior para leerse en dirección horizontal el logotipo "México 86" y abajo de éste la leyenda "Copa Mundial de fútbol"; el marco liso.
IV. Para el cuarto tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: En conjunto colocados en diagonal, ocupando la parte superior izquierda y la inferior derecha un balón traslapado parcialmente con el globo terráqueo; en el cuadrante superior derecho siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol"; al centro en la parte superior, ligeramente desfasados a la derecha el signo de pesos "$" y el número "100", ambos para leerse en dirección horizontal; en la parte inferior de izquierda a derecha en conjunto, uno abajo del otro, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", el logotipo "México 86" y el año de acuñación; el marco liso.
Artículo séptimo. Se autoriza la emisión de dos tipos de monedas de oro con valor nominal de doscientos cincuenta pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 23.0 mm. (veintitrés milímetros).
Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.
Metal de liga: 0.100 (cien milésimos) de cobre.
Peso. 8.640 g. (ocho gramos seiscientos cuarenta miligramos).
Contenido: 1/4 (un cuarto de un entero) de onza troy de oro puro.
Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad 0.165 g. (ciento sesenta y cinco miligramos): por conjunto de mil piezas; 3.035 g. (tres gramos, treinta y cinco miligramos), ambas en más o en menos.
Canto: Liso.
Los cuños serán:
I. Para el primer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circulando con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". En el marco sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Reverso: En el hemisferio superior, siguiendo el contorno el marco la leyenda "450 años de la Casa de Moneda"; concéntrico al marco de la moneda un balón de fútbol con su parte inferior terminada en recta horizontal , en el centro de éste la efigie alusiva a la moneda del Caballito y en la parte media derecha en conjunto, el signo de pesos "$" y abajo de éste el número "250"; en la parte inferior izquierda siguiendo el contorno del marco, el año de acuñación y en la inferior derecha
para leerse en dirección horizontal el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; centrados en la parte inferior el logotipo "México 86" y abajo de éste la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", ambos para leerse en dirección horizontal; el marco liso.
II. Para el segundo tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circulando con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". En el marco, sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Reverso: En el centro un balón de fútbol y siguiendo el contorno de éste en el hemisferio superior, un conjunto de motivos mayas; para leerse en dirección horizontal en la parte inferior izquierda el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y abajo de éste el año de acuñación; en la parte inferior derecha el signo de pesos "$" y abajo de éste el número "250"; centrados en la parte inferior para leerse en dirección horizontal la leyenda "Copa Mundial de Fútbol" y abajo de ésta el logotipo "México 86"; el marco liso.
Artículo octavo. Se autoriza la emisión de dos tipos de monedas de oro con valor nominal de quinientos pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 29.0 mm. (veintinueve milímetros).
Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.
Metal de liga: 0.100 (cien milésimos) de cobre.
Peso: 17.280 g. (diecisiete gramos, doscientos ochenta miligramos).
Contenido: 1/2 (un medio de entero) de onza troy oro puro.
Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o menos.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.260 g (doscientos sesenta miligramos); por conjunto de mil piezas; 4.805 g. (cuatro gramos, ochocientos cinco miligramos) ambas en más o en menos.
Canto: Liso.
Los cuños serán:
I. Para el primer tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circulando con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". En el marco, sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Reverso: En el hemisferio superior siguiendo el contorno del marco, la leyenda "450 años de la Casa de Moneda"; en la parte central en relieve escultórico, ligeramente desfasada hacia arriba la efigie alusiva de un Real, con un balón de fútbol estampado en el centro de su hemisferio derecho; para leerse en dirección horizontal en la parte central izquierda el signo de pesos "$" y abajo de éste número "500" en la central derecha, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y abajo de éste el año de acuñación; centrados en la parte inferior para leerse en dirección horizontal el logotipo "México 86" y abajo de éste la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", el marco liso.
II. Para el segundo tipo:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circulando con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". En el marco, sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Reverso: A la izquierda desfasado ligeramente hacia arriba llegando a todos los cuadrantes del campo de la moneda, un Calendario Azteca, con la silueta recortada en su hemisferio derecho, de un futbolista con un balón en los pies; en el cuadrante superior derecho siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol"; en la parte media derecha en conjunto, el signo de pesos "$" y abajo de éste el número "500"; en la parte inferior izquierda el año de acuñación y en la inferior izquierda el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; centrado en la parte inferior el logotipo "México 86"; el marco liso.
TRANSITORIO
Artículo único: El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a 29 de noviembre de 1984.
Diputados Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazos Galván, Miguel Angel Acosta Ramos, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Manuel Cavazos Lerma, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinoza, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Angel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuellar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haideé Eréndira Villalobos Rivera."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Queda de primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1983
ÍNDICE DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1983
PRESENTACIÓN
I. Consideraciones previas y cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal.
II. Panorama Económico.
1. Internacional.
2. Nacional.
III. Resultados de la Gestión Financiera.
1. Egresos.
2. Ingresos.
3. Déficit y Deuda.
IV. Revisión Sectorial.
1. Sector Desarrollo Rural y Pesca.
2. Sector Comunicaciones y Transportes.
3. Sector Comercio.
4. Sector Bienestar Social.
5. Sector Industrial.
6. Sector Energético.
7. Estrategias Intersectoriales.
V. Conclusiones y recomendaciones.
Proyecto de Decreto.
Anexo Estadístico.
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable Asamblea: En cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, párrafo sexto de la fracción IV, y de acuerdo a las previsiones señaladas en el numeral 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo presentó, en tiempo y forma, a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1983, en la que están comprendidos, entre otros aspectos, los resultados de la gestión programática, económica, presupuestal y financiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y paraestatal incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año; información que se relaciona en lo conducente, en el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la planeación nacional a que se refiere el artículo 6o. de la Ley Federal de Planeación.
Con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación remitida fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y para su revisión, a la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de la Comisión de Vigilancia, en atención a lo estipulado en los artículos 3o, 10, fracción II, y 15 de la Ley Orgánica del referido organismo técnico de esta representación popular.
La Contaduría Mayor de Hacienda procedió a integrar el Informe Previo para rendirlo a la Comisión Dictaminadora, en los términos del inciso a) de la fracción II del artículo 3o. de su Ley Orgánica y con los comentarios generales que este precepto señala.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió con la oportunidad que señala la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el informe Previo por conducto de la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría y procedió a efectuar el análisis de toda la documentación recibida y de la información adicional que se obtuvo en el transcurso de las reuniones sectoriales de trabajo celebradas con los servidores públicos de las dependencias y entidades incluidas en el Presupuesto y con las diversas comisiones de esta H. Cámara de Diputados, con el fin de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Cabe destacar que en esta ocasión y en virtud de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 16 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio que se analiza, la Comisión que suscribe también contó, durante la aplicación del presupuesto, con los informes preliminares trimestrales sobre la evolución de las finanzas públicas que el Ejecutivo Federal envió a esta H. Cámara de Diputados en la oportunidad debida, en la que se detalla el ejercicio del gasto público, la reasignación de las reservas presupuestales, la ejecución de la Ley de Ingresos y la aplicación de ingresos excedentes correspondientes, información que fue complementada en otras reuniones de trabajo con diversos servidores públicos quienes ampliaron las cuestiones de interés sobre los propios informes trimestrales y la instrumentación del Plan Nacional de Desarrollo.
El flujo de la información entre Ejecutivo y Legislativo también comprendió directamente a la Contaduría Mayor de Hacienda, que participó en varias reuniones llevadas a cabo bajo un programa de trabajo permanente y acordado previamente con la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través de las cuales se pretendió satisfacer los requerimientos informativos de ese órgano técnico, permitiéndole, a su vez, el cumplimiento más eficaz de las funciones que le son propias de acuerdo a la legislación aplicable.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal que se dictamina, conserva en lo sustancial la presentación de la del año anterior, pero introduce en su estructura modificaciones que responden al proceso contable de mejoramiento y enriquecimiento de la información cuantitativa y cualitativa que la integra, que ha registrado importantes avances ampliados por la contabilidad gubernamental y por las recomendaciones formuladas por esta H. Cámara de Diputados registradas en los diversos decretos de revisión de ejercicios anteriores. El contenido está integrado en un tomo de Resultados Generales, 19 tomos sectoriales
y dos anexos, uno de Agregados Económicos dividido en dos apartados, de Cuentas Económicas e Información Básica, y otro de Información del Sector Paraestatal de Control Indirecto que se expresa, por primera vez, por separado y en dos tomos.
En el tomo de Resultados Generales destacan los capítulos de Análisis de los Estados Financieros de Organismos y Empresas Sujetas a Control Presupuestario Dictaminados por Auditor Externo, de Conciliación de Cifras del Sector Presupuestario y el de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de las Recomendaciones y Sugerencias de la H. Cámara de Diputados, en el que en forma especial se pueden constatar los logros obtenidos en esta materia, producto del principio de colaboración que debe privar entre los órganos de Gobierno en virtud del fin común que persiguen.
Por lo que respecta a los tomos sectoriales se reorganizó su contenido que antes se presentaba en datos por entidad y ahora se agrupa por módulos presupuestario, financiero y programático, y se descongestiona con la integración del anexo formulado con la información de flujo de efectivo de las entidades de control indirecto.
Como en el año anterior, durante 1983 se continuó con el propósito de seguir mejorando la congruencia entre la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación, razón por la que se amplió el capítulo de Política del Gasto, introduciendo mayores elementos de análisis con los apartados relativos a la modernización administrativa y servicio civil, contenido importado del gasto y a los programas de apoyo al federalismo y de inversión pública.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983 adquiere para el país un significado especial porque refleja los resultados de las finanzas públicas obtenidas el año anterior inmediato a la instrumentación del Programa de Reordenación Económica, actualmente enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo presentado en 1983 a la consideración de esta soberanía. El saneamiento de las finanzas públicas y la reorientación del gasto con un criterio social que en la Cuenta Pública que se analiza pueden percibirse, han sido factores importantes para lograr un avance sustancial en la política de reordenación económica.
No obstante los adelantos experimentados en la configuración de la Cuenta Pública aún es necesario que su presentación siga en mejora permanente. Esfuerzo como el de transición de un sistema de contabilidad gubernamental centralizado a uno descentralizado en el que la Secretaría de Programación y Presupuesto consolida y cada dependencia lleva su propia contabilidad, deben continuarse hasta obtener el máximo rendimiento en la operación contable y en la satisfacción de las necesidades de información.
Con las consideraciones anteriores y como resultado del análisis cuidadoso de la información recibida y de la obtenida durante el ejercicio del gasto y con posterioridad a la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la alta consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
DICTAMEN
I. CONSIDERACIONES PREVISTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
Dentro del procedimiento de fiscalización de la gestión pública la Cámara de Diputados realiza una serie de actos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación secundaria. El marco jurídico integrado por múltiples ordenamientos aplicables a la materia presupuestal, otorga facultades y señala obligaciones a la Representación Popular, que ejerce y cumple sucesivamente a través del Pleno de la Cámara, de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y por medio de la Contaduría Mayor, misma que después de integrar el Informe Previo con los comentarios generales preliminares sobre la Cuenta Pública efectúa, durante varios meses, una revisión pormenorizada del gasto público que compila en el Informe de Resultados.
La Comisión Dictaminadora, en el marco de este procedimiento, al evaluar el cumplimiento o ejercicio de las obligaciones y atribuciones del Ejecutivo Federal en la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983, ha considerado algunos preceptos de ciertos dispositivos jurídicos aplicables vigentes en ese año y para reforzar sus apreciaciones ha tomado también en consideración el capítulo especial contenido en el Informe Previo en el que la Contaduría Mayor se ocupa de tales propósitos, analizando algunos artículos de los siguientes ordenamientos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal; Ley de Obras Públicas y su Reglamento, Ley de Planeación y el del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983.
Por cuanto hace a los dispositivos constitucionales, es obligación a cargo del Ejecutivo presentar a esta soberanía, anualmente, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, y a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con los elementos suficientes para conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La observancia de tales previsiones quedó acreditada con los documentos enviados y de entre ellos, en especial, con la Cuenta Pública que se dictamina.
En ese orden de ideas y también con relación a la Carta Magna se hace mención en el Informe Previo de las licitaciones a que se refiere el artículo 134 constitucional, que se cumplió en lo sustancial, advirtiendo que algunas dependencias y entidades, de manera excepcional, adjudicaron las obras por la urgencia con que se requirieron, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas.
De acuerdo a su Ley Orgánica, la Contaduría Mayor de Hacienda ha procedido a la revisión de la Cuenta Pública en los términos de los artículos 1o., 3o. y 20, y a elaborar y presentar el Informe Previo con los requisitos enunciados en el artículo 3o., fracción II, inciso a), en el que ofrece los primeros datos al análisis del gasto público de 1983, en una presentación que cada vez mejora y se enriquece por la vasta información que las dependencias y entidades ponen a su disposición y por la que obtiene por las visitas, inspecciones o auditorías que realiza; ambos aspectos con los que se pone de manifiesto la guarda que hacen tanto el órgano técnico de la Cámara de Diputados, como las entidades y dependencias de la administración pública, de lo estipulado en los artículos 3o., 16, 19, 20 y 24 de la referida Ley Orgánica.
Como se ha señalado en el procedimiento de revisión, en su momento preciso, dará oportunidad a la Contaduría Mayor de Hacienda para cumplir fielmente con sus demás obligaciones, entre otras, las contenidas en los artículos 31, 37 y 33, en virtud de las cuales deberá promover el ejercicio de las acciones que correspondan por las posibles irregularidades que pudiera detectar, en uso de las facultades de contraloría que le asisten de acuerdo al artículo 3o. de la Ley que la rige y en cumplimiento a las estipulaciones que en el decreto de este dictamen se consignan.
En el ejercicio de la gestión pública las entidades y dependencias de la Administración Pública, centralizada y paraestatal, están sujetas a los lineamientos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que indica determinados deberes que deben acatar, como el relativo a expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, consignando en el artículo 19; el de establecer los servicios de apoyo administrativo necesarios en materia de planeación, programación y presupuesto, que el artículo 20 estipula; los señalados en las diversas fracciones de los artículos 31 y 32 a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Programación y Presupuesto que, en su carácter de globalizadoras, reúnen importantes funciones relacionadas con la programación, presupuestación y evaluación del gasto público, y en general de los ingresos y egresos de la Federación; los consignados en el artículo 32 - bis en materia de control, evaluación gubernamental e inspección del gasto federal a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; y los relativos a la coordinación de los sectores y a la conducción de la programación, coordinación y evaluación de las entidades de la administración paraestatal que menciona el artículo 51 de la misma ley. Deberes que en términos generales han sido realizados por todas las entidades que resultan responsables.
Las entidades y dependencias en su conjunto han respondido en la ejecución de sus obligaciones, muchas de ellas producto de la reciente reforma que sufrió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en vigor a partir del 1o. de enero de 1983, con las que inclusive se dio creación a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con funciones específicas de control, evaluación, inspección y fiscalización.
En lo que concierne a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que se analiza, la verificación legal, comprendió los artículos 2o., 9o., 12 y 15, cuya observación pudo constatarse con la información que la Contaduría Mayor recibió, en la que queda claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigiló el acatamiento a los ordenamientos derivados de esa Ley de Ingresos, encaminando su actividad hacia la implementación de medidas tendientes a evitar la evasión fiscal y reducir los estímulos y subsidios innecesarios, con los que sin duda se logró abatir el déficit financiero del sector público.
Bajo este tenor, el monto de endeudamiento establecido por el Congreso de la Unión en el artículo 2o. de la citada Ley de Ingresos, no excedió la autorización otorgada por el Legislativo. Los informes trimestrales que sobre la deuda pública la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió durante el año, fueron mostrando paulatinamente los avances en el ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo en ese artículo 2o., que finalmente fueron compatibilizados con la deuda consolidada presentada en la Cuenta Pública.
La verificación sobre el apego a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal versó fundamentalmente en torno a los aspectos presupuestales y de contabilidad gubernamental de que se ocupan los artículos 7, 13, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 42 y 44. Así, pudo advertirse que la mayoría de las entidades cuentan con unidades encargadas de plantear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades que realizan relacionadas con el gasto público, de conformidad con el artículo 7o. y han establecido los órganos de auditoría interna que ordena el numeral 44.
En atención a la ley, la Secretaría de Programación y Presupuesto ha expedido la normatividad necesaria para la óptima aplicación de los recursos públicos, para lo cual tomó en consideración tanto las recomendaciones formuladas por la H. Cámara de Diputados, como aquellas que la Contaduría Mayor de Hacienda integró. La formulación de los presupuestos, con apoyo en programas fundándose en costos y para cada año calendario, es otro de los puntos establecidos en el artículo 13 que fue cumplido. La sujeción al Presupuesto de Egresos, base del gasto público federal, es otro de los esfuerzos hacia el cual se enfocó con mayor interés la revisión y en el que se percibe una gran mejoría lograda por el empeño realizado por todas y cada una de las entidades y dependencias incorporadas en el presupuesto.
La obligación consignada en el artículo 28, a cargo de la entidades comprendidas en el presupuesto, de informar antes del día último de febrero de cada año del monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, se efectuó oportunamente, colaborando en este propósito la firme participación de las coordinadoras del sector que requieren de sus coordinadas la información correspondiente.
Los compromisos de pago que puedan contraerse, toda vez que concluyó la vigencia del presupuesto de 1983, fueron debidamente justificados y se llevaron a cabo correctamente de acuerdo a los artículos 29 y 30 de la Ley de Presupuesto. Lo mismo ocurrió con el otorgamiento de las garantías para salvaguardar los intereses de las dependencias y entidades de la Administración Pública por las obligaciones derivadas de actos o contratos celebrados, que se realizó en forma adecuada según lo señala el artículo 31. Materia importante en el campo de las obligaciones que establece la ley es la relativa a la contabilidad a la que se dedica todo un capítulo en el cuerpo legal, del que se han destacado la aplicación de lo perceptuado por el artículo 39, por el que cada entidad debe llevar su propia contabilidad, con el comentario de que los sistemas contables se han perfeccionado.
En el ámbito de la Ley General de Deuda Pública la verificación legal tuvo lugar en 11 dependencias y 20 entidades públicas, en las que se constató la observancia de las obligaciones señaladas en los artículos 4o., 8o., 15, 17, 20, 27 y 29, concluyendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las obligaciones que se desprenden de los artículos 4o., 15 y 17; que las entidades y dependencias enumeradas en el artículo 1o. presentaron periódicamente la información mencionada en el numeral 20; que los créditos contratados durante 1983 fueron autorizados en forma previa por la Secretaría globalizadora responsable y estaban comprendidos en los programas financieros y general de deuda. Asimismo, que la mencionada dependencia mantuvo actualizado el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, en los términos de los artículos 8o. y 27.
En cuanto a las adquisiciones, arrendamientos y almacenes de la Administración Pública Federal, la ley correspondiente establece en 39 numerales toda una gama de facultades y obligaciones para las entidades, de las que fueron seleccionadas para comprobación las enumeradas en los artículos 8o., 9o., 12 y 21. El primero de estos numerales en 17 fracciones establece que las dependencias y entidades deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en razón de sus necesidades reales; celebrar contratos o pedidos únicamente con los proveedores registrados en el padrón previamente elaborado para tales efectos, prefiriendo a los que ofrezcan las mejores condiciones; celebrar concursos para la adjudicación de pedidos y contratos; mantener actualizado su control de existencias o sus inventarios; obligaciones que la Contaduría Mayor de Hacienda pudo confirmar en su cumplimiento, en forma general, así como de las señaladas en los artículos 12 y 21 por las que todas las dependencias y entidades no podrán formalizar pedidos, contratos o sus modificaciones si no hubiere saldo disponible en su presupuesto, soliciten permiso previo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para la adquisición de mercancías, materias primas y bienes muebles de procedencia extranjera; y, sólo podrán celebrar el arrendamiento de bienes muebles cuando demuestren que no es posible o conveniente su adquisición.
Para la Ley de Obras Públicas la revisión se efectuó sobre diversos numerales que se refieren, entre otras cosas, a la planeación de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades; a las consideraciones que deben observar en la elaboración de los programas de obras públicas y sus respectivos presupuestos; a los costos que deben incluirse en los presupuestos de las obras; a los requisitos que deben cumplirse para que las dependencias o entidades puedan realizar obras; y al registro en el padrón de contratistas de obras públicas. Según el órgano técnico de la H. Cámara de Diputados algunas de estas obligaciones se han realizado con exactitud, en tanto que otras quedan pendientes para una confirmación más profunda, pues las situaciones críticas que imperaron durante 1983, impidieron contar a primera mano con suficientes elementos de juicio para sustentar una inmediata opinión cercana a la realidad.
Un tanto sucede con los dispositivos de la Ley de Planeación, para los que se requiere de una vista más exhaustiva que sólo podrá llevarse a cabo a través de auditorías enfocadas a la evaluación de los diversos programas sectoriales y a la confirmación de la congruencia de éstos con el Plan Nacional de Desarrollo. Se puede decir que los principales mandatos para las dependencias y entidades enumerados en las diversas fracciones de los artículos 16 y 17 fueron cumplidos, al igual que los contenidos en el artículo 6o. que han permitido a la Cámara de Diputados, el análisis de la Cuenta Pública en relación a los objetivos y prioridades de la planeación nacional.
El análisis legal también comprendió algunos aspectos regulados en el decreto de Presupuesto de Egresos de 1983, entre los que destaca el relativo a las erogaciones adicionales y a la aplicación de los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 11 en sus tres fracciones, de los que el Ejecutivo Federal informa a esta H. Cámara de Diputados en la Cuenta Pública que se dictamina y que la Contaduría pudo verificar que se aplicaron, según el mandamiento legal, a programas prioritarios y de interés social; a programas prioritarios estratégicos de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, y a los programas específicos para la que fue hecha la contratación de los empréstitos, respectivamente.
Son puntos de importancia para su revisión los contenidos en el capítulo de disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, en especial los destinados a las erogaciones que las dependencias y entidades efectuaron por concepto de servicios personales y aquellos que prohibitivamente no debieron efectuarse de acuerdo al artículo 22.
Las erogaciones por servicios personales en la mayoría de las dependencias y entidades se sujetaron estrictamente a las prescripciones del artículo 21, ya que se ajustaron a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y otras asignaciones, y a las determinaciones señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal; se abstuvieron de cubrir el número de contratos de honorarios que implicaran un incremento del número de contratos y del monto de las asignaciones respectivas con relación al ejercicio de 1982; y eliminaron las compensaciones que a título de representación en juntas, consejos, comités técnicos y otros se otorgaban a los funcionarios, así como los gastos de representación.
Por cuanto a los gastos que no podrían efectuarse en el ejercicio presupuestal de 1983 para adquisiciones o nuevos arrendamientos de inmuebles, mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, vehículos y gastos con cargo a la partida de erogaciones imprevistas; la actividad de la Administración Pública demostró el cumplimiento casi en todas las dependencias y entidades de estas obligaciones, de no hacer.
El control de la concesión de subsidios, otorgamiento de donativos, de gratificaciones, obsequios o ayudas de cualquier naturaleza, fue ejercido en forma cabal y en las pocas ocasiones que fueron otorgados por las instituciones del servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares de crédito y otras entidades, se recabó debidamente la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de conformidad con el artículo 31.
II. PANORAMA ECONÓMICO
1. Internacional.
Después de un agudo periodo recesivo, en 1983 las economías de los países industrializados comenzaron a mostrar signos de recuperación. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) experimentaron un crecimiento de 2.1% que se compara favorablemente con la tasa de crecimiento negativa ( - 0.3%) experimentada en 1982. La tasa de desempleo, sin embargo, se incrementó para el área en su conjunto al pasar de 8.4% en 1982 a 9% en 1983. Por otra parte, la inflación se redujo de 7.3% a 5.5%.
El proceso de recuperación, sin embargo, no ha sido homogéneo, se dio con mayor vigor en Estados Unidos, cuya economía creció a una tasa estimada de 3.3% (muy superior al - 1.9% registrada en 1982), y parece cobrar fuerza en Japón, donde la economía creció a un ritmo similar al del año anterior (3.1%). En Europa, en cambio, la reactivación fue más modesta, estimándose un crecimiento de 1%, ligeramente mayor al 0.6% de 1982. Como consecuencia, el desempleo se redujo en Estados Unidos de 10.4% al iniciarse 1983 a 8.2% en diciembre del mismo año; en Japón se mantuvo alrededor de 2.5% durante el año y en Europa se incrementó de 9.5% a 10.5%.
Cabe señalar que en el periodo de referencia, las políticas económicas de los países de la OCDE se orientaron a sentar bases para un crecimiento sostenido en la producción y el empleo, así como para abatir la inflación; en materia de finanzas públicas, un mayor control del gasto e incrementos en las tasas impositivas, han redundado en una disminución de los déficits presupuestales. No obstante, algunos países han visto disminuir sus ingresos por la larga recesión y a la vez debieron aumentar sus egresos a través de mayores pagos por concepto de desempleo, situación que se ha traducido en un incremento de sus déficits. En el caso concreto de Estados Unidos, el elevado nivel del gasto ha determinado déficit presupuestales sin precedente, lo que se ha traducido en elevadas tasas de interés en sus mercados financieros.
Hasta ahora, la recuperación de los países industrializados se ha basado en un incremento en el gasto de consumo, derivado de un mayor ingreso real y un aumento considerable en la parte del ingreso que se gasta, ya que, con excepción de Estados Unidos, la inversión productiva ha permanecido estancada.
Esto último, como resultado de la incertidumbre respecto a las perspectivas de la evolución económica mundial, los bajos niveles de capacidad utilizada, y las elevadas tasas de interés.
Para los países de desarrollo, 1983 representó un año de ajustes obstaculizados por las políticas proteccionistas de los países industrializados, que reducen el acceso de las manufacturas de los países en desarrollo a los principales mercados mundiales.
Por otro lado, durante los últimos años, los términos de intercambio de los países en desarrollo se han deteriorado sensiblemente, y la tendencia continúa hasta la fecha. La
conjunción de estos eventos ha dificultado que los países en desarrollo reciban los beneficios de la recuperación, en un momento en que su situación económica financiera reclama un mayor ingreso de divisas.
Las altas tasas de interés que prevalecen en los mercados financieros internacionales aumentan la carga que representa el pago del servicio de la deuda para los países en desarrollo, aumentando así los sacrificios en que tienen que incurrir para cumplir sus compromisos con el exterior. El total de la deuda de los países en desarrollo ascendió a 812.4 miles de millones de dólares en 1983, y los intereses pagados por dichos países como proporción de sus exportaciones permaneció elevada (13.3% en 1983).
Para América Latina en particular, la situación fue más desfavorable; según estimaciones de la CEPAL, la deuda acumulada de América Latina ascendió a 310 mil 200 millones de dólares y según estos cálculos su crecimiento durante 1983 fue de aproximadamente 7%. Este reducido incremento de la deuda en 1983, se atribuye principalmente a la política restrictiva adoptada por los bancos comerciales internacionales en sus relaciones con América Latina, ya que en 1983 prácticamente no otorgaron nuevos préstamos a los países del área, sino que se limitaron a apoyar los procesos de renegociación.
En el renglón de exportaciones, el valor de las ventas de bienes al exterior del área latinoamericana se redujo ligeramente en 1983, a pesar de haber aumentado 7% en volumen para el conjunto de la región y 9% para los países no exportadores de petróleo.
El monto de sus pagos netos de utilidades y de intereses de los países de América Latina se cuadruplicó en los últimos cinco años, pasando de 8 mil 600 millones de dólares en 1977 a casi 36 mil 800 millones en 1982, y disminuyó un poco menos de 34 mil millones de dólares en 1983. Estos pagos de intereses y utilidades representaron casi el 39% del monto de las ventas externas de bienes, resultado muy similar al obtenido en 1982.
Para la economía mexicana, uno de los principales renglones afectados por la recesión internacional fue el de las ventas de petróleo crudo al exterior. El precio internacional de dicho producto comenzó a debilitarse desde el primer trimestre de 1981 y el volumen de sus exportaciones cayó hacia mediados de año, con lo que los ingresos de divisas petroleras se contrajeron. Sin embargo, la cuenta corriente de México mostró superávit de 5 mil 545.7 millones de dólares y la balanza de mercancías registró un saldo favorable de 13 mil 678 millones de dólares. Esto fue resultado, principalmente, de las políticas que se analizan en el siguiente apartado.
2. Nacional.
La situación que se enfrentaba al diseñar la política económica para 1983 era de una crisis de dimensiones sin precedente desde la gran depresión de los años treinta.
Así, los indicadores económicos para el cierre de 1982 presentaban un panorama sumamente grave: El desempleo abierto se habría duplicado llegando al 8%, la producción se había contraído en varios sectores; la planta productiva enfrentaba el riesgo de deteriorarse, ya que muchas empresas carecían de capital de trabajo y divisas para importar sus insumos; la inflación se acercó al 100%, y presentaba una acentuada tendencia a acelerarse; el ingreso y el producto nacionales habían caído y el sistema financiero ya no captaba suficiente ahorro; se había perdido la soberanía monetaria y el Banco de México no contaba con las divisas mínimas indispensables; el déficit del Sector Público había crecido en proporciones sin precedente llegando a 18.2%; se recurrió excesivamente al endeudamiento externo; los ingresos no petroleros se habían rezagado; el desequilibrio externo se agudizó y el país estaba en virtual suspensión de pagos con el exterior.
Se reconoció que esta situación de la economía no era sólo de carácter coyuntural, sino que se manifestaban serias deficiencias de la estructura económica que hacían vulnerable la economía, por lo que era imprescindible establecer una estrategia económica que atacara a fondo las causas de la crisis, eliminando el riesgo de una caída mayor.
En este contexto se planteó el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que planteaba en diez puntos las líneas estratégicas de acción para enfrentar la crisis, con el propósito de combatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas; proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico y sentar las bases para un desarrollo eficiente, sostenido y sobre todo justo.
Así, con el PIRE se planteaba: Moderar el ritmo de crecimiento del gasto; proteger el empleo; garantizar la continuidad de las obras en proceso, con criterio de selectividad; reforzar las normas que aseguran disciplina, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado; proteger y estimular los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo; aumentar los ingresos públicos, canalizar en forma selectiva el crédito y utilizar la política monetaria y crediticia para controlar la inflación; reivindicar el mercado cambiario bajo la autoridad del Estado; reestructurar la Administración Pública Federal y actuar bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen de economía mixta que consagra la Constitución.
Más tarde, al presentarse el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el PIRE se ubicó como una de las dos vertientes de la nueva estrategia de desarrollo, la otra fue el cambio estructural. Con esta nueva estrategia se buscó atacar, en forma simultánea, las causas y consecuencias de la crisis para evitar su repetición, al tiempo que se profundizaba en una transformación de las estructuras económicas y sociales del país.
Las medidas instrumentadas para sanear las finanzas públicas, controlar y estabilizar el mercado cambiario, aunadas a la moderación registrada en las negociaciones salariales y la mayor confianza y certidumbre derivadas de los avances en el programa de reordenación económica, son elementos que han jugado un papel central en el proceso de evitar la hiperinflación y reducir sustancialmente el ritmo de crecimiento de los precios.
El saneamiento de las finanzas públicas, alcanzado mediante el aumento de los ingresos y la reducción selectiva del ritmo de crecimiento del gasto, permitió disminuir el déficit financiero del Sector Público como proporción del PIB en poco más de la mitad: del 18.2% al 8.5%.
Esta reducción del déficit, evitó que se continuara recurriendo a la emisión primaria como fuente de financiamiento del gasto y permitió generar un mayor volumen de recursos internos para financiar la economía y reducir la dependencia de los recursos externos.
Entre los factores más importantes que explican el aumento de los ingresos públicos destacan, los aumentos de los precios y tarifas del Sector Público, mismos que se encontraban seriamente rezagados y que al corregirse tienen un impacto temporal en el nivel de precios, pero a través de su contribución a la reducción del déficit fiscal, permiten abatir permanentemente la inflación y motivan un consumo menos dispendioso de recursos, que se reorientan a propósitos social y nacionalmente más importantes.
Por su parte, el ajuste al gasto fue selectivo, dándole prioridad al Sector Social; por ello, se mantuvieron y ampliaron los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad social) y se instauró un programa de emergencia para proteger el empleo.
Se estableció un sistema cambiario que, a lo largo del año, fue dando cada vez mayor fluidez a las transacciones con el exterior y permitió mantener un tipo de cambio estable y acorde con los requerimientos de la economía y la disponibilidad de divisas. Al logro de la estabilidad cambiaria contribuyó también la reestructuración de la deuda, tanto pública como privada. De esta manera, los movimientos bruscos del tipo de cambio que se registraron en 1982, dejaron de ser un factor de incertidumbre y de aceleración del proceso inflacionario.
Además, se fortaleció la captación del sistema financiero mexicano y las reservas internacionales aumentaron 3 mil 106 millones de dólares llegando a 4 mil 933 millones de dólares a fines de 1983, fortaleciendo sustancialmente la capacidad de pagos del país. Por otra parte, la producción nacional registró una caída, en términos reales de 5.3%, tasa sin precedentes desde 1931.
A continuación se detallan en los principales aspectos de la economía, los datos más relevantes, así como los elementos que determinaron los resultados obtenidos en 1983.
Inflación
La evolución de los precios en 1983 muestra que se logró revertir la tendencia al alza que había presentado la inflación desde 1982. Así, después de que en el mes de abril el crecimiento anual en el índice de precios al consumidor llegó a 117.2%, la inflación disminuyó en forma continua para situarse en 80.8% para el mes de diciembre, casi 20 puntos inferior a la tasa de diciembre de 1982. Este resultado significa que se abatió el riesgo de una hiperinflación, reversión que se ha venido confirmando con el tiempo.
Revertir la tendencia creciente del proceso inflacionario, fue el resultado de una estrategia integral en la que jugaron un papel fundamental, el saneamiento de las finanzas públicas, los mecanismos de financiamiento del déficit público, la estabilización del mercado cambiario, así como la mayor certidumbre que generó el Programa de Reordenación Económica. Conviene señalar que no únicamente se redujo el ritmo inflacionario, sino que también se corrigieron importantes rezagos existentes en los precios y tarifas del Sector Público, que tuvieron en el corto plazo un impacto en el nivel de precios; la inflación mensual de enero, abril y noviembre ejemplifica esta situación. Por ello, el crecimiento en el nivel de los precios durante 1983, obedece en buena medida a la liberación de presiones inflacionarias que en el pasado se habían mantenido reprimidas por la vía de subsidios al tipo de cambio, al consumo y a la producción.
Asimismo, en la reducción de la inflación debe destacarse la actitud madura que asumió el sector obrero mediante la moderación de sus demandas salariales, lo cual además de tener un efecto favorable sobre el comportamiento de los precios, contribuyó a la conservación de empleos.
El análisis de los diferentes rubros que componen el índice nacional de precios al consumidor, revela el esfuerzo realizado para lograr equidad en el ajuste y proteger el poder adquisitivo de las clases de menores ingresos. Los componentes que crecieron por abajo de la inflación general fueron los relacionados con las necesidades básicas; vivienda (56.4%), transportes y comunicaciones (75.7%) y alimentos, bebidas y tabaco (77.9%). Los bienes incluidos en la canasta básica de consumo popular crecieron 72.1%, tasa inferior a la del índice nacional.
Producción e intervención
La evolución de la actividad económica durante 1983 reflejó en primer lugar los graves desequilibrios acumulados en los últimos años y que hicieron crisis en 1982. En segundo lugar, revela también el esfuerzo realizado para detener, y en algunas ramas revertir moderadamente, la tendencia hacia la baja en los niveles de producción. Así, si bien el nivel promedio de producción en 1983 fue inferior
en 5.3% al registrado el año anterior, el ritmo de esta reducción fue sustancialmente menor al observado en la segunda mitad de 1982.
En este contexto, cabe destacar el papel que desempeñó el programa de protección a la planta productiva, que instrumentó un conjunto de apoyos para mantener en operación a las empresas, principalmente productoras de bienes básicos o en actividades con elevada generación de empleos. Dentro de las medidas adoptadas se incluyeron apoyos crediticios, de demanda, cambiarios y fiscales, entre otros.
La contracción de la actividad económica afectó con distinta intensidad a los diferentes sectores productivos. La caída en el PIB de 5.3% refleja principalmente el comportamiento de algunas ramas de los sectores industrial y de servicios, ya que las actividades agropecuarias registraron un crecimiento de 2.9% en 1983. El mayor dinamismo lo registró la agricultura que creció en 4.2%, contrastando con la caída de 2.9% observada en 1982. Este resultado obedeció, por una parte, a las condiciones climatológicas favorables, y por otra, a las acciones emprendidas en apoyo al campo, entre las que destacan una política de incrementos reales a los precios de garantía, mayor canalización de recursos crediticios y una mayor cobertura de los programas de compra de Conasupo.
La minería decreció 2.7%, no obstante el dinamismo del sector petrolero que creció 4.4% en el año. En la actividad industrial, la mayoría de las ramas que la integran registraron una caída en sus niveles de producción; sin embargo, hacia fines de año se modificó esta tendencia a la baja. Como consecuencia, el producto interno bruto industrial tuvo un decrecimiento de 7.4% en el año, en tanto que en el último trimestre de 1983 esta caída fue de sólo 3.2% si se compra con el mismo lapso del año anterior.
Por lo que respecta al sector manufacturero, el más importante en términos de su participación dentro de las actividades industriales, su producción disminuyó 7.3% en promedio durante el año y 2.7% en el cuarto trimestre. La significativa reducción en la caída de la producción de manufacturas, en relación con la observancia en el segundo semestre de 1982, permitió detener la acelerada expulsión de mano de obra que venía registrando este sector desde el año anterior.
Por tipo de bien, las mayores reducciones se concentraron en los de consumo duradero ( - 17.7%) y los de bienes de capital ( - 25.7%), en tanto que la disminución en la elaboración de bienes de consumo no duradero e intermedio fue de 4.6% y 7.7% respectivamente.
La actividad industrial que más resintió los efectos de la contracción económica fue la construcción, que disminuyó 18.0% en promedio, durante el año. Sin embargo, el nivel de actividad en la construcción se redujo hasta el tercer trimestre y mostró una ligera recuperación en el cuarto, por lo que si se comparan los últimos trimestres de 1983 y 1982, la caída en la producción se reduce a 7.3%.
No obstante la fuerte contracción de la actividad productiva y el incremento en la población económicamente activa, durante 1983 se logró detener el agravamiento del desempleo. Se estima que la tasa de desempleo abierto para 1985 se situó alrededor de 8.5%, tan sólo medio punto por encima de la prevaleciente en diciembre de 1982, contribuyendo a este resultado los programas de emergencia del empleo y de protección a la planta productiva, el comportamiento favorable del sector agrícola, la flexibilidad del sector informal urbano y la moderación de las demandas salariales.
Mediante los programas de emergencia se crearon 356 mil empleos temporales, de los cuales 157 mil 400 corresponden a empleos generados en el medio rural a través de la construcción de obras de pequeña irrigación y caminos rurales, así como proyectos productivos de desarrollo agrícola; 149 mil a puestos de ocupación en ciudades con agudos problemas de desempleo mediante obras de beneficio comunitario, y 50 mil corresponden a becas otorgadas a pasantes de educación superior.
Por otra parte, dadas las condiciones recesivas por las que atravesó la economía, es de esperarse que el sector informal urbano haya crecido considerablemente. En lo que respecta a las zonas rurales, el buen año agrícola permitió ofrecer oportunidades adicionales de empleo.
La evolución del empleo en el sector formal, utilizando como indicador indirecto el número de asegurados permanentes en el IMSS, si bien mostró algunas fluctuaciones a lo largo de 1983, a partir del último trimestre registró una ligera recuperación alcanzando para diciembre de 1983 un nivel 2.3% superior al observado en diciembre de 1982.
Debido a la cobertura parcial de este indicador, así como el hecho de que sus movimientos pueden obedecer a causas distintas a variaciones en el nivel de empleo, no es posible apreciar fielmente los resultados en el sector formal. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los asegurados en condiciones de permanencia a partir del segundo trimestre del año, permite inferir que los niveles de empleo en el sector moderno por lo menos se mantuvieron a niveles similares a los prevalecientes a finales de 1983.
Sector financiero
En 1983, se fortaleció el ahorro interno mediante acciones para aumentar el ahorro del Sector Público e impulsar el ahorro financiero. Al respecto, destaca el hecho de haber revertido, en el segundo semestre del año, el agudo proceso de desintermediación financiera que se presentó en 1982. En este resultado fue factor fundamental el establecimiento de una política de tasas de interés flexibles, que
buscaba ofrecer rendimientos reales a los ahorradores respondiendo a los cambios en la tasa de inflación y al deslizamiento del peso con respecto al dólar; así como cambios en las expectativas de la economía nacional y la aparición de nuevos instrumentos de ahorro.
El saldo de los principales instrumentos de captación ofrecidos por el sistema bancario, aumentó mil 767.7 miles de millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 62.8% de los saldos nominales y una caída de 9.9% de los saldos reales. Sin embargo, durante el primer semestre de 1983, los saldos reales de captación disminuyeron en 11.9% mientras que en el segundo semestre aumentaron 2.2%, señalando el inciso de la recuperación del ahorro financiero.
Durante la primera mitad del año, el flujo de captación se orientó principalmente a depósitos a tres meses y el segundo semestre se concentró a plazos de seis y nueve meses reflejando una mayor confianza del público ahorrador, especialmente en lo que se refiere a los avances en el control de la inflación, ya que las tasas de interés estuvieron bajando en toda la segunda mitad del año.
No obstante los avances en materia de captación, la baja en la actividad productiva y el alto costo del crédito propiciaron que los niveles de crédito bancario se mantuvieran deprimidos durante el año, generando volúmenes excedentes de fondos prestables.
Del total del financiamiento otorgado por la banca comercial y de desarrollo, sólo el 33.9% se canalizó a los sectores Social y Privado. Sin embargo, durante el segundo semestre se presentó una recuperación relativa de la demanda de crédito, que permitió que el flujo del financiamiento se incrementara en 133% en relación a los bajos niveles de la primera mitad del año.
El comportamiento y estructura de las tasas de interés, respondió a la evolución esperada de los precios. Así, las tasas pasivas alcanzaron sus niveles más altos, en los primeros meses del año (60%), y a partir de junio iniciaron una tendencia a la baja para situarse a un nivel promedio de 53% al final del año. Cabe señalar que los rendimientos autorizados para los depósitos a plazos más largos fueron menores, en función de las expectativas a la baja de la inflación.
La tasa de interés activa efectiva, para la cartera libre bancaria, mostró un comportamiento similar, durante el primer semestre se incrementó a un nivel de 100% y posteriormente disminuyó hasta alcanzar 91% en diciembre.
Dentro de la política monetaria, se estima que el medio circulante registró un crecimiento promedio de 46.6% en el año, con una contracción en términos reales de 27.4% en promedio.
En lo que se refiere a los intermediarios financieros no bancarios, durante 1983 la Bolsa Mexicana de Valores aumentó el valor de sus operaciones en 166% respecto al año anterior, debido a un mayor valor de los títulos negociados, así como el incremento en el volumen del operado, principalmente de CETES. Estos incrementaron su participación dentro del total operado, de 74.8% en 1982, a 85.3% en 1983, reflejando la elevada demanda por este instrumento. En lo que se refiere al papel comercial, el importe de las operaciones creció 34% durante el año, contrastando con el incremento en la circulación de aceptaciones bancarias, que pasó de 8.6 miles de millones en 1982 a 28.8 miles de millones al final de 1983.
Los fondos y fideicomisos de fomento económico fortalecieron su papel como intermediarios para la canalización de crédito preferencial a las actividades y regiones señaladas como prioritarias, al otorgar recursos crediticios en forma revolvente por 468 mil millones de pesos durante 1983, 54% más que el año anterior. Cabe destacar que el financiamiento revolvente concedido por los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, se incrementó en 72% en relación a 1982, como parte de la política de apoyo al campo.
Demanda agregada.
La crisis más severa de los últimos 50 años se inició a mediados de 1981, se manifestó en 1982, sobre todo en el segundo semestre en el que la producción cayó significativamente, se duplicó el desempleo, se aceleró la inflación, se redujeron los salarios reales, y casi se agotaron las reservas internacionales, lo que junto con la reducción de los términos de intercambio, y la prácticamente inexistente posibilidad de recurrir a la deuda externa, significó una extraordinaria caída en el poder de compra de la sociedad, es decir, en la demanda agregada, desde la segunda mitad de 1982, que impulsó la inercia de la caída en la producción en 1983, de manera tal que ésta registro tasas superiores a las estimadas originalmente. Esta disminución en la demanda y en la producción, se reforzó por la falta de divisas en los primeros meses del año que canceló la posibilidad de importar materias primas y otros insumos para la industria nacional. Por otro lado, a pesar de las modificaciones tributarias y de precios y tarifas, los recursos no inflacionarios del Sector Público resultaron insuficientes para que el gasto público compensara cabalmente la inercia de los efectos señalados.
Como resultado de estos acontecimientos se redujeron drásticamante casi todos los renglones de la demanda agregada. Esta disminuyó 8.6%, el consumo privado 7.5%, el consumo del Gobierno 1.3%, y la formación bruta de capital fijo 27.9%. Tales variaciones fueron amortiguadas por el aumento de la exportación de bienes y servicios (11.5%). Conviene subrayar que en el caso del consumo privado, la mayor reducción se registró en el consumo importado, que cayó en 62.3%, mientras que el consumo nacional se redujo 4%. En el caso del consumo público, las reducciones se registraron en administración
pública y defensa (3%), mientras que los servicios de educación y los servicios médicos crecieron 1% y 0.2%, respectivamente. En cuanto a la formación bruta de capital fijo, la caída más importante se registró en la maquinaria y equipo de origen importado, que se redujo en 62.5% mientras que la de origen nacional lo hizo en 26.3%, y el sector construcción en 19.9%. Por otro tipo de comprador, la inversión privada se disminuyó en 24.2% y la inversión pública en 32.5%.
La caída en el ingreso per cápita (7.7%), en los salarios reales (25.6%) y en el empleo formal, contribuyeron al descenso de la demanda agregada y significaron una reducción del nivel de vida de la mayoría de la población que trató de amortiguarse por todos los instrumentos a disposición del Sector Público. Sobre todo los de gasto público - dando mayor énfasis a los programas de abasto, empleo, educación, salud, seguridad social, vivienda y desarrollo rural - y los de ingresos, gravando menos a quienes menos tienen y modificando los precios y tarifas de los bienes y servicios de los sectores con mayor nivel de ingresos. Toda crisis trae consigo un costo social que es mayor entre más profunda sea ésta. Todo combate a la crisis implica, en consecuencia, un costo por lo que esta Comisión apoya la voluntad política de distribuir equitativamente ese costo social y está consciente de que hubiera sido mayor si no se hubieran tomado medidas firmes contra la crisis. Además, se trata de un costo transitorio que redundará en beneficio social en el mediano y largo plazo. La Comisión está convencida de que, en el aspecto temporal, a sociedad mexicana estará en mejores condiciones de bienestar, si se preserva en la estrategia de reordenación económica y cambio estructural.
La inercia de la inflación y de la recesión que se aceleraron a mediados de 1982, así como las expectativas que esto generó, impidieron que se avanzara más en el control de la inflación y significaron una contracción de la producción superior a la esperada. Esto, a su vez, elevó los costos y la necesidad de mayor gasto social (sobre todo de abastos) provocando requerimientos adicionales del gasto público y, en consecuencia, reprogramación y modificación de metas. Por otra parte, una mayor inflación a la estimada originalmente, y una inflación externa menor a la que se previó durante la formulación del presupuesto, impidieron que se cumpliera la meta de tipo de cambio y que éste registrara un nivel superior al previsto, lo que, por un lado significó mayores costos de alimentos, insumos y equipo importados y por el otro, mayores ingresos por exportaciones, en pesos, y por lo tanto mayores ingresos ordinarios del Sector Público que permitieron sufragar parte de las mayores necesidades impuestas por la crisis.
Adicionalmente, la mayor inflación y el mayor tipo de cambio originaron tasas de interés internas superiores a las previstas, efecto que se reforzó por la elevación de las tasas internacionales por encima de lo estimado.
Todos estos factores a su vez significaron variaciones en el presupuesto, en los ingresos y en la deuda, que se analizan a continuación.
III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
La Comisión Dictaminadora, consciente de que las políticas de gasto, de ingresos y de deuda, principales instrumentos reseñados en la Cuenta Pública que se analiza, forman parte de una estrategia de desarrollo, decidió, en primer término, ubicar estos instrumentos de política económica en el contexto general, para luego examinar el cumplimiento de sus objetivos, metas o propósitos.
La nueva estrategia de desarrollo económico y social contenida en el PND, consta de dos grandes líneas de acción. La reordenación económica y el cambio estructural. Las políticas de egresos, de ingresos y de deuda del Sector Público, contribuyeron a lograr objetivos que se incluyen en ambas líneas de acción; sin embargo, dado que la revisión de la Cuenta Pública se refiere a un año, sus impactos más importantes se observan en la vertiente de la reordenación económica, sin que ello implique que no ejerza efectos importantes en el cambio estructural, cuyos resultados se aprecian con mayor claridad a medianos y largos plazos.
La estrategia de reordenación económica es una respuesta a la crisis aguda que enfrentó el presente régimen al inicio de su ejercicio y sus objetivos fundamentales se pueden resumir en tres grandes grupos: a) combatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas; b) proteger el empleo, el abasto popular y la planta productiva, y c) recuperar las bases para un desarrollo justo, eficiente y sostenido.
Para lograr estos objetivos se propusieron diez grandes líneas de acción:
1. Disminución de crecimiento del gasto público:
La reordenación económica plantea la austeridad en el gasto público, racionalizando su monto y ajustándolo a la capacidad de absorción de la economía y a la fortaleza del ahorro interno; se reordena para preservar los servicios sociales, reorientar la inversión, atender el pago de la deuda y contener el crecimiento del gasto corriente, para aumentar el ahorro público.
2. Protección al empleo mediante cuatro líneas primordiales de acción:
- Creación de empleo en el medio rural, mediante los programas normales de obra, buscando ampliar el número de puestos de trabajo generados por peso invertido.
- Creación de empleos en las zonas deprimidas de las principales áreas urbanas, con el propósito de dar un ingreso a la población y simultáneamente realizar obras de beneficio colectivo.
- Programa de empleo a los pasantes, para atender a la juventud recién egresada de los centros de educación superior.
- Programa de protección para la planta productiva que busca mantener los niveles de ocupación existentes y evitar que se agrave el desempleo.
3. Continuación de las obras en proceso con un criterio estricto de selectividad para dar mayor ritmo a las inversiones prioritarias, disminuir las que no sean indispensables y cancelar proyectos de carácter suntuario, de baja prioridad o cuya programación haya sido inadecuada.
4. Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado. Se reglamenta estrictamente el ejercicio presupuestal para evitar dispendio, desperdicio o corrupción. La responsabilidad financiera, administrativa y normativa son criterios primordiales para vigilar y evaluar el desempeño de los servicios públicos.
5. Protección y estímulo a los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo. Se busca mejorar y racionalizar la intervención del Estado en la producción, procesamiento, distribución y consumo de la alimentación popular para asegurar la alimentación del pueblo, y que los recursos utilizados beneficien realmente a los sectores que se desea proteger, así como combatir la especulación en este sector.
6. Aumento de los ingresos públicos para frenar el crecimiento del déficit y el consecuente aumento desproporcionado de la deuda. Para ello se profundizará la reforma fiscal para lograr mayor equidad y recaudación; se incrementarán los precios de los bienes y servicios que produce el Sector Público, con aumentos mayores para aquellos que consumen los grupos sociales de más altos ingresos relativos y, simultáneamente, se exigirá mayor eficacia y productividad a la empresa pública.
7. Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional. Reestructurando las instituciones de crédito para asegurar su control efectivo por la Nación, a través del Estado y la participación social en su manejo y evaluación, y para asegurar que la banca nacionalizada actúe con honradez y con base estricta en prioridades, evitando especulación o desviación de recursos a financiamientos no justificados.
8. Reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria del Estado. Se busca recuperar el mercado cambiario para el sistema financiero nacional y mantener un tipo de cambio realista que aliente al exportador y propicie la captación de divisas necesarias para el abastecimiento de bienes y servicios de la planta productiva; eliminar subsidios cambiarios irracionales que afectan la salud de las finanzas públicas; mantener un control estrictamente sobre las importaciones y racionalizar gradualmente la protección a los diferentes sectores, para eliminar ganancias indebidas que inciden negativamente en el bienestar de los consumidores y lograr así, una mayor integración industrial y competitiva de nuestros productos.
9. Reestructuración de la Administración Pública Federal para que actúe con eficacia y agilidad, y sujetar el aparato público a la previsión, el orden y la más estricta responsabilidad de los funcionarios.
10. Actuar bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen de economía mixta que consagra la Constitución General de la República.
Las políticas de gasto, ingreso y deuda pública seguidas en 1983 y reseñadas en la Cuenta Pública de ese año, estuvieron condicionadas por estas líneas estratégicas, que como se observa, se orientan fundamentalmente a la reordenación económica pero sin descuidar el cambio estructural, ya que se atiende al nivel de esas variables instrumentales, pero también a su composición o estructura.
En términos cuantitativos, una de las metas fundamentales de la reordenación económica para 1983, fue la disminución del déficit financiero del Sector Público con respecto al PIB, del 18.2% registrado en 1982 al 8.5% para 1983. Para ello se consideró necesario el saneamiento financiero del Sector Público mediante cambios en las políticas de gasto de ingreso y de deuda que a continuación se examinan.
1. Egresos.
La política de egresos se orientó, fundamentalmente, por las cinco primeras líneas de acción del PIRE, señaladas, en el apartado anterior. Además, el punto nueve, influyó en la ejecución y estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 1983. La política que se comenta incluye dos instrumentos principales, el gasto y la empresa pública, cuyos lineamientos fueron incluidos en el PND.
Para la política del gasto público, se señalan los siguientes objetivos o propósitos:
- Promover el desarrollo social mediante la generación de empleos, la prestación de servicios básicos y la reestructuración del sistema de subsidios con propósito de redistribución del ingreso.
- Inducir, a través del nivel, estructura y calendarización del gasto, un comportamiento adecuado de la demanda interna, acorde con los niveles que puede absorber la economía en condiciones de eficiencia y de financiamiento sano.
- Fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo en áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
- Promover una distribución territorial más equilibrada de las actividades productivas y del bienestar social, en el marco del fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre.
- Asegurar eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público.
La política de la empresa pública, por su parte, postula los siguientes propósitos fundamentales, delineados en el Plan Nacional de Desarrollo:
- Fortalecer el carácter mixto de la economía, participando en sectores estratégicos que le son reservados por mandato constitucional al Estado y con los sectores Social y Privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
- Participar en la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y en aquellas actividades de producción básica que no sean cubiertas suficientemente por la iniciativa particular, debido a la magnitud y riesgo de las inversiones, los plazos de maduración y su escaso rendimiento financiero.
- Apoyar la integración del aparato productivo, a fin de darle mayor dinamismo y flexibilidad, para la cual deberá buscarse y promoverse la integración vertical y horizontal de la planta productiva y fomentarse el desarrollo de la de carácter nacional.
- Modernizar su organización, elevar sus niveles de productividad y propiciar su reestructuración de acuerdo a la dotación interna de factores y a las condiciones actuales de la economía.
- Regular la actividad de los mercados de bienes y servicios necesarios y estratégicos, a través de su participación directa o indirecta, con el objeto de reducir los efectos negativos producidos por la desigualdad en el ingreso.
- Promover el desarrollo regional del país, descentralizando la operación de sus unidades a las zonas del territorio nacional más propicias a su naturaleza productiva con objeto de que fortalezcan la estructura de los mercados regionales.
- Contribuir al sano financiamiento del desarrollo mediante la generación de ahorro corriente y mayor disponibilidad de divisas.
- Adoptar mecanismos y políticas que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y la moralidad en su administración.
Además, en el dictamen del proyecto del PEF de 1983. se advirtió: "La Comisión está consciente de que vivimos horas difíciles y de que frente a las crecientes y urgentes necesidades sociales del momento, el Presupuesto de Egresos para 1983 se encuentra severamente limitado por la disponibilidad de recursos externos y por la reducida base de ingresos y ahorro del Sector Público; así como por la inercia, la rigidez y la baja productividad del gasto público en años anteriores".
Con base en estas consideraciones y en los datos que tuvo a su disposición esta Comisión Dictaminadora (Cuenta Pública, Informe Previo, reuniones - diálogo con servidores públicos, etcétera), se puede afirmar que, en términos generales, se lograron los propósitos fundamentales de la política de egresos, como se aprecia en el resto de este dictamen.
Así, se presupuestó un gasto de 7.117 billones de pesos y se ejercieron 7.954 billones de pesos (cuadro 1) observándose una diferencia de 11.8% (837.4 mil millones) que se explica, en su mayor parte, por el aumento en el servicio de la deuda, tanto interna como externa, ya que este gasto rebasó en 22.2% (580.7 mil millones) al presupuesto, y representó un 40.2% del gasto total de la Federación, superior al 36.8% que estaba previsto. Este aumento se debió principalmente a que las tasas de interés (tanto internas como externas) y el tipo de cambio resultaron superiores a las cifras estimadas durante la formulación del presupuesto.
Los otros componentes de los egresos de la Federación, el gasto programable y el de participaciones y subsidios, a estados y municipios principalmente, que dependen más de decisiones internas que de eventos internacionales, rebasaron en 4.9% y en 12.0% respectivamente, al presupuesto original (cuadro 1). Este aumento fue posible gracias a que los ingresos del sector público fueron superiores a lo previsto, excedentes que, conforme al decreto aprobatorio del PEF, deben destinarse a los gastos prioritarios de la Federación.
El mayor gasto ejercido se debió también a que la inflación y las modificaciones en el tipo de cambio, al rebasar las previsiones iniciales, significaron aumentar en los costos y en los salarios superiores a los montos presupuestados. Además, la atención a las prioridades establecidas dieron origen a "nuevas necesidades" (aquellas acciones que no estaban programadas pero resultaban prioritarias y requería ampliaciones de gastos que podían ser cubiertas con ingresos excedentes) que influyeron en el presupuesto.
La participación de estos efectos en el total de la discrepancia observada en el gasto público, así como en sus diferentes componentes, según la clasificación económica, aparece en el cuadro 2, donde se aprecia que 476.3 mil millones de pesos se debieron al tipo de cambio, 270.2 mil millones a la mayor inflación, 202.6 mil millones al aumento salarial, 13.8 mil millones a las mayores tasas de interés, 125.1 mil millones a las modificaciones de precios y tarifas, y 984.5 mil millones a las nuevas necesidades. Por otra parte, el renglón de "otros" y el de economías (es decir, la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido, siendo éste inferior al primero) registraron ahorros en las adecuaciones del presupuesto que compensan partes de los efectos anteriores.
En el cuadro 2, también se aprecia el efecto de las variables citadas en los diferentes renglones del gasto público. Así la mayor inflación, tuvo impactos importantes en materiales y suministros (68.3 mil millones de pesos) y en obras públicas ( 79.4 mil millones de pesos). El tipo de cambio tuvo sus mayores efectos en materiales y suministros (71.0 mil millones de pesos), servicios generales
(17.1 mil millones de pesos), muebles e inmuebles (14.9 mil millones de pesos), obras públicas (16.6 mil millones de pesos), pero sobre todo en intereses, comisiones y gastos de la deuda (246.3 mil millones de pesos). Las tasas de interés superiores a las estimadas significaron 12.9 mil millones de pesos más de intereses, comisiones y gasto de deuda. El efecto del aumento salarial se concentró principalmente en los servicios personales (160.9 mil millones de pesos) y las nuevas necesidades se debieron sobre todo a los mayores gastos de intereses y comisiones (614.8 mil millones de pesos), obras públicas (121.8 mil millones de pesos) y materiales y suministros (109.7 mil millones de pesos). La mayor parte del impacto de precios y tarifas, se registró en el renglón de materiales y suministros (104.6 mil millones de pesos). Por otro lado, las economías se concentraron principalmente en los renglones de erogaciones extraordinarias (99.3 mil millones de pesos) y de muebles e inmuebles ( 77.7 mil millones de pesos).
Los mismos impactos del cuadro 2, pero por sectores, central y paraestatal, se presentan en los cuadros 3 y 4, respectivamente. Ahí se observa que los efectos de la mayor inflación se registraron, en mayor medida, en las secretarías de Comunicaciones y Transportes (7 mil 110 millones de pesos); Hacienda y Crédito Público (3 mil 897 millones de pesos), y Salubridad y Asistencia (2 mil 778 millones de pesos) en el Gobierno Federal; y en Pemex (158 mil 514 millones de pesos); IMSS (38 mil 538 millones de pesos); CFE (25 mil 153 millones de pesos) y Conasupo (22 mil 246 millones de pesos), en el sector paraestatal. En otras palabras, en el Gobierno Federal las tres secretarías citadas absorbieron el 78.0% del impacto de la mayor inflación, y las cuatro entidades mencionadas el 94.8% de los efectos en el sector paraestatal.
El impacto del tipo de cambio se centró en SEMIP, que absorbió el 50.2% del total del efecto del Gobierno Federal y en Pemex y Conasupo que recibieron el 83.9% del efecto en el sector paraestatal.
El impacto de la tasa de interés en los organismos y empresas se centró totalmente en la CFE, (58.4% del total) y en DINA (41.6%); mientras que en el sector central el 100% se registró en el ramo de deuda pública.
El aumento salarial afectó en el Gobierno Federal principal a la SEP (48.2% del efecto total) y a la Defensa Nacional (13.5%). En el sector paraestatal los mayores efectos de esta variable se sintieron en el ISSSTE (25.1% del total); en el IMSS (20.8%), y en Pemex (12.6%).
De las nuevas necesidades, en el Gobierno Federal el 73.9% afectó el ramo de deuda pública y el 11.6% a comunicaciones y transportes; mientras que en organismos y empresas el 62.4% del efecto recayó en Pemex y el 16.6% en Conasupo. Como se aprecia, las nuevas necesidades, así como el impacto de las demás variables citadas, afectaron fundamentalmente al gasto de los sectores estratégicos y prioritarios.
Antes de continuar este análisis, conviene recordar que los cuadros 2, 3, y 4 se presentan en cifras de los estados contables, y no en cifras conciliadas como las del cuadro 1, porque cada una de las entidades envió la información solicitada, según lo registran sus libros, sin que se hicieran los ajustes para eliminar las operaciones virtuales o compensadas. De ahí que las cifras de los egresos totales del cuadro 2 sean ligeramente diferentes a las del cuadro 1, por lo que, conviene hacer las siguientes aclaraciones, como se hizo en los dictámenes de las cuentas públicas anteriores.
El registro contable de las operaciones de la Federación captura todas sus transacciones, incluyendo aquellas que son virtuales o compensadas, es decir, que no tienen movimientos reales de recursos. Las cifras así captadas son, por tanto, una sobreestimación por lo que, desde 1978 se concilian o depuran. Estas conciliaciones aparecen en el cuadro 5. Ahí se observa que en 1983, para pasar de las cifras contables a las conciliadas, es necesario deducir de las primeras los saldos del Fondo de Financiamiento, la asunción de pasivo, el endeudamiento neto de Cetes y la devolución de ingresos percibidos indebidamente.
El saldo del fondo de financiamiento del sector público, se deduce porque se trata de un fideicomiso constituido por el Gobierno Federal en el Banco de México que opera con créditos internos que contratan las diferentes entidades y que se reciclan entre ellas para su mejor aprovechamiento. El Gobierno Federal participa en el fondo ofreciendo como depósito el producto de la emisión de Cetes y Petrobonos que después retira la Tesorería según sus necesidades de liquidez. Por lo tanto al cierre del ejercicio queda un monto que será utilizado en el siguiente periodo, lo que resulta como inversión financiera, que resulta un gasto y un ingreso virtual, por lo que el citado saldo debe deducirse de ambos renglones.
Mediante la asunción de pasivos, el Gobierno Federal asume las obligaciones de otras entidades, por lo que se registra la obligación contraída por el sector central, y la cancelación de la misma en la entidad deudora, es decir, hay un doble registro de ingresos sin que haya ningún movimiento de efectivo por lo que debe restarse tanto en los renglones de ingresos como de gasto.
Los Cetes son documentos de corto plazo (a tres meses que por su revolvencia alteran los montos de financiamiento y amortización, de ahí que la diferencia entre el valor de los Cetes que vencen en los tres primeros meses del año (y que fueron emitidos en los tres últimos meses del ejercicio anterior) y el valor de los emitidos en los tres últimos meses del año, sea el endeudamiento neto originado por estos certificados, mismos que se canalizan al fondo de financiamiento del sector público.
La devolución de ingresos percibidos indebidamente se registran como ingreso, sin serlo, por lo que deben restarse de este renglón, y al devolverse se registran como gasto, sin serlo, por lo que también debe deducirse de los egresos.
Hechas esta aclaraciones, se consideró conveniente profundizar en los diferentes renglones del gasto programable, ya que la inversión fija y los egresos corrientes se vieron seriamente afectados por los efectos señalados, es decir, el tipo de cambio, los salarios y los precios, al ser mayores a los estimados en el presupuesto original, trajeron, como consecuencia, diferencias entre los egresos corrientes y de capital presupuestados y los ejercidos. Si a esto se añade la necesidad de compensar los impactos económicos y sociales de la crisis interna que resultó motor de lo que se esperaba (el PIB cayó 5.3%) y las variaciones inesperadas del exterior, (los precios del petróleo fueron inferiores a lo previsto, etcétera), se entiende la diferencia no sólo del nivel, sino también de la estructura del gasto programable, de la inversión y de los egresos corrientes.
El gasto programable, es decir, el gasto federal que tiene impacto directo en la economía, se obtiene a partir de los egresos conciliados del Sector Público presupuestario, a los cuales se le restan los gastos del servicio de la deuda (que son compromisos fijados con anterioridad) y las participaciones y subsidios compensados (que corresponde principalmente a estados y municipios). Hechas estas operaciones se llega a una cifra que creció 57.4% en el año y superó en sólo 4.9% al monto presupuestado, como se aprecia en el cuadro 6, que además presenta su desglose en clasificación económica. Ahí se observa que la inversión física aumentó 31.6% con respecto a 1982, y superó en 15.1% a la cifra presupuestada. Este gasto concedió prioridad a los servicios de bienestar social, la promoción regional a las obras de infraestructura en comunicaciones, que a su ves tienen un elevado contenido de empleo por peso invertido.
El gasto corriente aumentó ligeramente su participación total del 65.5% en 1982 a 68% en 1983 (debido a los factores señalados anteriormente), no obstante que se redujo el contenido importado de los gastos del Sector Público (de 40% en 1982 a 23.8% en 1983, cifra, esta última inferior a la presupuestada que fue de 29.7%). El aumento en el gasto corriente resultó necesario para sostener o aumentar la producción de bienes y servicios básicos. Esto último se aprecia mejor si se analiza el gasto programable del Gobierno Federal y el sector paraestatal y se desglosan éstos en los diferentes renglones del gasto corriente y de capital. Esta clasificación aparece en el cuadro 7 donde se muestra que el gasto directo de administración y la inversión física del Gobierno Federal disminuyeron, pero que sus transferencias al sector paraestatal crecieron 257.4 mil millones (53.0% más de los presupuestados) para sostener y fomentar la producción de bienes y servicios básicos (sobre todo abasto y salud) y estratégicos (hidrocarburos, electricidad y fertilizantes). Por eso los gastos de operación (que incluyen materiales, suministros, mantenimiento, etcétera) y de inversión, de los organismos y empresas crecieron 29.7% y 10.2% más de lo programado, respectivamente. Además, es necesario anotar que una vez que se distribuyeron las reservas del Gobierno Federal, su inversión creció alrededor del 40%, ya que tales reservas se asignaron principalmente a obras de infraestructura y al programa del empleo (Véase adelante).
En términos generales, puede afirmarse que se contuvo el gasto directo de administración del Gobierno Federal (se redujo 7.9% a pesar de que los precios y los salarios aumentaron más de lo estimado) y que se moderó el gasto de operación del sector paraestatal, dotándose sólo de los recursos indispensables.
Para mayor detalle se incluyen los cuadros 8 y 9 donde se aprecian los impactos de la mayor inflación, tipo de cambio, tasa de interés, aumentos salariales, precios y tarifas y nuevas necesidades, en los sectores central y paraestatal respectivamente.
Allí se observa que en el Gobierno Federal el mayor impacto de la inflación se dio en las transferencias corrientes ; del tipo de cambio en transferencia corriente y en el servicio de la deuda. En este último renglón también se dieron los mayores efectos de las tasas de interés y de las nuevas necesidades; en organismos y empresas, el impacto de la mayor inflación se dio en materiales y suministros; el tipo de cambio en obra pública, en materia y suministros y en servicio de la deuda; el aumento salarial en servicios personales, y las nuevas necesidades en servicio de la deuda y en materiales y suministros.
La política de racionalización del gasto corriente del Sector Público, incluye una estrategia salarial y de servicio civil que busca mejorar la capacidad técnica y administrativa del personal federal, para elevar la eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público. Los lineamientos para la instauración del servicio civil son, entre otros: Procurar la estabilidad y seguridad en el empleo; continuar con el proceso de simplificación de la estructura y organización administrativa; fomentar la vocación de servicio civil de carrera; y promover la capacitación permanente.
La instauración del servicio civil de carrera se apoya principalmente en escalafones funcionales y programas permanentes de capacitación que eleven el nivel profesional y cultural y que permitan al Estado darle continuidad a los planes y programas.
El sistema escalafonario funcional permitirá a las dependencias promover y ascender al personal, con base en sus conocimientos, desempeño y experiencia. Además, la capacitación será el camino para escalar puestos de mayor responsabilidad y remuneración. En
1983 se concluyó el proyecto de este sistema que incluye los movimientos verticales en puestos de una misma rama según la valuación respectiva.
Además se integraron los catálogos de puestos (general e institucionales) del Gobierno Federal, determinando 27 niveles salariales de tabulador, y se calcularon, para cada nivel, las remuneraciones mínima media y máxima, definiéndose las políticas y normas para la correcta administración de sueldos y salarios.
Adicionalmente, se incorporaron al sistema de sueldos y salarios del Gobierno Federal, aproximadamente 700 entidades coordinadas sectorialmente, a nivel de servidores públicos superiores, y 200 para la totalidad de su personal. Asimismo, se establecieron sistemas de actualización permanente al tabulador general de sueldos del Gobierno Federal, para mantener su vigencia, tomando en cuenta las variaciones del mercado y de los precios que afectan el ingreso de los trabajadores.
También se establecieron normas para el cumplimiento adecuado de las políticas sobre la materia; tales como contratos por honorarios; aumentos por salario mínimo y sus consecuentes desempates; otorgamiento de la primera aproximación del tabulador general del Gobierno Federal; estímulos, recompensas y premio nacional de administración pública al personal de Gobierno Federal, y sistema de evaluación del desempeño.
En 1983, el paquete salarial benefició básicamente al personal de las escalas salariales más bajas, lográndose durante el periodo: La nivelación y el desempate al sueldo base a todo aquellos trabajadores cuyo nivel salarial estaba por debajo del nuevo salario mínimo autorizado o se vio empatado; la reestructuración de las tasas de sobresueldo del personal federal, beneficiando a un millón 383 mil 123 plazas; la primera aproximación al tabulador de sueldos del Gobierno Federal, que benefició a un millón 600 mil plazas; el incremento a la primera de antigüedad, que benefició 247 mil 708 plazas; el aumento de sueldos del primero de septiembre, que repercutió en el sobresueldo; la implantación del tabulador y manual de sueldos y prestaciones para servidores públicos superiores y su correspondiente personal - de asesoría, apoyo administrativo y mandos medios.
Finalmente, conviene apuntar que el 29 de junio de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un instrumento de coordinación y asesoría del Ejecutivo Federal para la instauración del Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública; y que en 1983 se revisó la funcionalidad del modelo escalafonario y se participó en las adecuaciones del artículo 5o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo propósito es definir de manera precisa la naturaleza de base o de confianza de los puestos que integran las estructuras organizacionales.
Todas estas medidas buscan que se racionalice tanto la estructura de remuneraciones como el ejercicio del gasto público con el propósito de conformar una administración de sueldos y salarios más congruente.
En este mismo tema de la racionalización del gasto corriente, conviene subrayar también la redistribución del equipo y mobiliario entre dependencias del Gobierno Federal, sobre todo vehículos, y la no aprobación de gastos para adquirir nuevas unidades para tareas administrativas. Además, las adquisiciones se orientaron preferentemente hacia el interior y las no esenciales se redujeron considerablemente.
Para racionalizar el gasto público, tanto corriente como de inversión, e introducir mayor disciplina en el ejercicio presupuestal, se tomaron las siguientes decisiones.
1. En servicios personales y organización administrativa:
- Se redujo el número de direcciones generales sin afectar los derechos de los trabajadores, racionalizando cargas de trabajo y redistribuyendo funciones y limitando el crecimiento vertical de las estructuras orgánicas.
- Medidas específicas a servidores públicos superiores y de mandos medios para la asignación y uso de bienes y servicios a su disposición.
- Precisión de normas para el otorgamiento de licencias, comisiones y permisos al personal federal, así como para la dotación de viáticos.
2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios:
- Se revitalizó el mecanismo de las comisiones consultivas de abastecimiento para usar la capacidad de compra del Sector Público con el apoyo a la planta productiva mediante la sustitución de importaciones.
- Normas complementarias sobre adquisiciones y almacenes para actualizar conceptos y montos y delegar en los comités de compras entidades, atribuciones anteriormente centralizadas.
- Se eliminaron requisitos innecesarios para resolver el retraso existente en el registro de proveedores de la Administración Pública Federal.
- Se establecieron normas generales para la asignación y uso de la transportación aérea y de materiales y equipo de oficina.
3. Se difundieron las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y las reglas de contratación y precios, como preámbulo a las modificaciones de la citada ley.
4. Se dotó de mayor claridad y trasparencia al ejercicio presupuestario, mediante normas y procedimientos para eliminar las erogaciones imprevistas en conceptos específicos de gasto y el uso de fondo revolventes.
5. Se precisó la relación del sector paraestatal con las dependencias globalizadoras y coordinadoras de sector; y se normó la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno. Con esto se fortalecerá el esquema sectorial y las medidas de productividad.
Estas acciones apoyan la programación a corto y mediano plazos y deslindan las responsabilidades de los coordinadores de sector para verificar los requerimientos de la política de transferencias, así como los estados financieros y los avances físicos de obras, para, en un caso, suspender la ministración de fondos cuando se detecten anomalías, desviaciones o indisciplinas.
Estas medidas normativas, y la consiguiente asistencia técnica y capacitación a las dependencias y entidades del sector público, cumplen con los lineamientos aprobados por esta Cámara, mismo que habrán de reforzarse con acciones permanentes de control y evaluación.
Uno de los instrumentos de la racionalización del gasto, que complementa el establecimiento del servicio civil de carrera y las medidas señaladas en párrafos anteriores, es la modernización administrativa cuyo punto de arranque fueron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estas se orientaron a sentar las bases para incrementar la eficiencia del Sector Público y contribuir así a fortalecer la función social del Estado y a mejorar su capacidad de servicio a la población.
Para la reorganización del Gobierno Federal se tomaron las siguientes medidas:
- Se difundió el Manual de Políticas Iniciales de Organización para que las dependencias de la Administración Pública Federal se estructuraran en función de sus atribuciones y programas, y con el mínimo de unidades organizacionales y recursos requeridos.
- Se emitieron las normas de organización para las contralorías internas, conforme a los lineamientos de la SCGF.
- Se inició el desarrollo de las normas de organización para las áreas comunes de las dependencias: Planeación y coordinación sectorial, áreas de apoyo administrativo, comunicación y difusión y asuntos jurídicos.
- Para que la sectorización de las entidades paraestatales se ajusten a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se estudió la resectorización de mil 71 entidades.
- Se evaluaron los mecanismos de coordinación intersectorial para depurarlos y adecuarlos a los cambios de la ley citada y para que sean instrumentos eficaces en la racionalización de funciones concurrentes y actividades multisectoriales.
La creación de la SCGF como parte importante de la reestructuración, trajo consigo la transferencia de funciones que antes se encontraban en la SHCP, SPP, y PGR. La estructura de esta dependencia, se conformó con el mínimo de unidades requeridas para cumplir con sus atribuciones.
Además se efectuaron diversas transferencias de unidades y funciones entre dependencias, entre las que destacan la transformación de SEPAFIN y SECOM en SEMIP y SECOFI, respectivamente.
A la SPP se le adicionaron facultades que dan contenido al proceso de planeación y que permiten la reglamentación integral del gasto público, incluyendo las normas sobre Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles de la Administración Pública Federal. Además se le otorgaron facultades normativas para la modernización de la Administración Pública Federal y la instauración del servicio civil de carrera.
Otro instrumento de racionalidad, del gasto 1983, fue su flexibilidad, mediante la previsión de reservas presupuestales que permitieron enfrentar contingencias o eventualidades, tan comunes en tiempos de crisis. Estas reservas se incluyeron en el ramo de erogaciones adicionales y se incorporó una previsión para apoyar a la reestructuración del sector paraestatal. Como ello se buscó darle flexibilidad al ejercicio del gasto, sin que se rebasara el monto total programado. Además, se aprobó que la reasignación de tales reservas se haría de manera selectiva y conforme a las prioridades establecidas. Esta modalidad, así como la autorización de erogaciones adicionales hasta por el importe de los ingresos excedentes, permitieron mayores márgenes de maniobra del presupuesto frente a la adversidad, la incertidumbre y las fluctuaciones de la economía nacional e internacional.
La distribución de las reservas contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas del PIRE en 1983 y permitió avances en la racionalización del gasto al inducir la jerarquización de acciones y evitar las notables variaciones presupuestales que caracterizaron a los últimos años. Además, permitieron sortear satisfactoriamente los problemas derivados de la incertidumbre cambiaria y de las tasas de interés que prevalecieron en los mercados financieros internacionales.
La administración de las reservas obligó a que se adoptara un mecanismo de reprogramación permanente para reasignar recursos y otorgar trasferencias a los programas prioritarios; a que se atendieran las necesidades surgidas de los mayores costos internos; a sufragar los incrementos del tipo de cambio superiores a los previstos; a trasladar recursos adicionales para cumplir con las medidas en materia de salarios; a darle mayor énfasis a las prioridades sectoriales y apuntalar los programas de inversión; y a solucionar los cambios en la estructura funcional, conforme a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los ingresos excedentes se destinaron en buena medida (37%) a los mayores gastos
del servicio de la deuda y a incrementar las participaciones a estados y municipios.
El Gobierno Federal destinó cerca de la mitad de la reserva de apoyo a la reestructuración para cubrir los mayores gastos del servicio de la deuda. Para ello otorgaron mayores transferencias al sector paraestatal dada su imposibilidad de acceder al crédito. Así, se cumplieron los compromisos crediticios y se detuvo el agravamiento del desequilibrio financiero del sector presupuestal, sin afectar el déficit programado.
El pago de intereses superó en 52.4% a la cifra presupuestada, duplicando el monto pagado en 1982. Se pagaron 2.265 billones de pesos por concepto de intereses, cifra que representa el 38.8% de los ingresos ordinarios. Por otra parte, las participaciones a estados y municipios fueron superiores en dos veces y media a la suma de 1982, y representaron el 9.8% de los ingresos.
Para tener mayor capacidad de maniobra se disponía de las reservas para programas especiales del ramo de erogaciones adicionales (286 mil millones de pesos), la de reestructuración (98.2 mil millones de pesos, descontando lo destinado al servicio de la deuda), los ingresos ordinarios excedentes (700.6 mil millones) y el programa de emergencia del empleo (100 mil millones de pesos). Es decir, se constaba con mil 184.8 miles de millones de pesos para reasignarlos entre las diferentes dependencias y entidades.
A fin de atender las solicitudes de ampliaciones de gastos con cargo a las reservas citadas y a los ingresos excedentes, se hicieron análisis exhaustivos y se otorgaron bajo estrictos criterios de selectividad. En esta tarea participaron órganos colegiados como el Gabinete Económico y la Comisión Intersectorial de Gasto - Financiamiento, quienes examinaron las solicitudes antes de someterlas a consideración del Presidente de la República. Además se les sujetó a una calendarización trimestral y se informó de ello a la Cámara de Diputados.
Así, en abril de 1983 se reasignaron 687.2 miles de millones de pesos, como se muestra en el cuadro 10 donde se aprecia la distribución de prioridades. Los mayores montos se destinaron a los alimentos (183.9 mil millones de pesos) y a mantener las exportaciones del Sector Público (210.7 mil millones de pesos) y el suministro de energía eléctrica (65.0 mil millones de pesos).
Se trató de alentar la producción de alimentos, destinando recursos adicionales a obras de infraestructura; a la habilitación y apoyo crediticio; a la producción de insumos; a la comercialización de granos y productos básicos para la dieta popular. También se canalizaron fondos a la operación de Pemex, para asegurar la obtención de divisas; y al sector eléctrico por los mayores costos de operación y para las obras de mantenimiento y distribución, a fin de evitar problemas en el suministro.
Atender los problemas críticos de la Ciudad de México planteó necesidades adicionales de recursos a fin de evitar un agravamiento de las condiciones de vida de los capitalinos, especialmente en transporte, seguridad y empleo. Las universidades e institutos de educación superior y algunas empresas paraestatales requirieron apoyos para cubrir el costo de las revisiones contractuales efectuadas. Se realizaron retabulaciones para el personal de las instituciones de procuración de justicia y seguridad nacional, cuyas remuneraciones tenían el mayor rezago relativo dentro del personal federal. Además, se aumentaron los recursos de la Contaduría Mayor de Hacienda, atendiendo a una recomendación de la H. Cámara de Diputados en el decreto de revisión de la Cuenta Pública de 1982.
Como se observa en el cuadro 10, se asignó un poco más de la mitad (54,5%) del presupuesto del programa de empleo durante el primer trimestre, destinado estos recursos principalmente a programas de comunicaciones y transportes, de zonas rurales y urbanas críticas, y del Distrito Federal.
Con la distribución señalada, se asignaron los 286 mil millones de pesos de la reserva para programas especiales, el 54.4% de los recursos del programa de empleo y cerca de 100 mil millones de pesos de la reserva para reestructuración.
La distribución del segundo trimestre (183.3 mil millones de pesos) aparece en el cuadro 11, donde sobresalen los montos destinados a suministro de insumos básicos de hidrocarburos (72.7 mil millones de pesos), comunicaciones y transportes (42.0 mil millones de pesos) y alimentos (30.3 mil millones de pesos).
En el tercer trimestre se asignaron 155.9 mil millones de pesos distribuidos de la forma en que aparece en el cuadro 12. Las mayores cantidades se destinaron a los sectores de bienestar social (41.2 mil millones de pesos) e industrial (32.1 mil millones de pesos). Finalmente, en el cuarto trimestre se reasignaron 182.5 mil millones de pesos principalmente a los sectores paraestatales, industrial, abasto, seguridad social y eléctrico.
La misma información, pero en cifras anuales, aparece en el cuadro 13, donde se aprecia que de los mil 184.8 miles de millones de pesos, los mayores montos correspondieron a los sectores energéticos, (345.6 mil millones) bienestar social (211.3 mil millones) y comercio (156.4 mil millones).
La distribución de la reserva y de los ingresos excedentes según el ramo de procedencia y la entidad beneficiada, se presenta en el cuadro 14, donde se informa que el mayor beneficiario fue el sector paraestatal (775.7 mil millones de pesos) y la principal fuente de recursos fueron los ingresos excedentes (700.6 miles de millones de pesos).
El cuadro 15, por su parte, presenta la distribución de reservas por programas (especiales, de empleo y de reestructuración financiera), y por sectores prioritarios.
La previsión de reservas y la asignación de los ingresos excedentes así como la reestructuración
de la Administración Pública Federal, permitieron que el gasto público tuviera la flexibilidad que demanda la reordenación económica y aumentaron la capacidad de respuesta frente a problemas apremiantes, atenuando el costo social y otros efectos adversos de la crisis.
Los cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal así como la asignación de los recursos presupuestales y de los ingresos excedentes, obligan a examinar la clasificación administrativa del gasto programable de manera diferente a la tradicional; es decir, se debe comparar el presupuesto ejercido en el modificado y no con el original, ya que varias de las secretarías que ejercieron el gasto en 1983 son diferentes a las existentes en 1982, cuando se aprobó el presupuesto. Por lo tanto, 1982 no es comparable con 1983, y SEMIP no es comparable con SEPAFIN, ni SEDUE con SAHOP, ni SECOFI con SECOM, ni siquiera SCT con SCT, porque tienen diferentes funciones, distintos programas y por lo tanto diferentes presupuestos.
La distribución de las reservas, que deliberadamente no se incorporaron a cada entidad o dependencia, para no darle rigidez al gasto, y la asignación de los ingresos excedentes (ambos previstos en el decreto aprobatorio del PEF de 1983) son argumentos adicionales para no comparar contra las cifras presupuestadas, sino contra los datos modificados.
Esta comparación aparece en los cuadros 16 y 17 donde se observa que una vez hechas estas reasignaciones, todas las entidades y dependencias ejercieron un gasto menor al autorizado, debido, en buena medida, a la disciplina presupuestal.
En el caso del Gobierno Federal (cuadro 16) las mayores diferencias porcentuales se observan en Erogaciones Adicionales (41%), SEDUE (31.4%) y la Contraloría (30.6%). En términos de montos, los ramos que gastaron menos respecto a lo autorizado fueron la SEP (32.1 mil millones de pesos), Comunicaciones y Transportes (23.6 mil millones de pesos) y SARH (19.8 mil millones de pesos).
En el caso de la SEP conviene aclarar que, aunque se registró un gasto menor al autorizado, hubo retrasos en la captura de la documentación contable en las delegaciones estatales por lo que existen gastos ya pagados, cuya documentación está en trámite y que se estima en 36 mil millones de pesos, ligeramente superior a la economía registrada (32.1 mil millones).
La creación de la Contraloría dio origen al ramo XXVII, y a una resignación de 4.9 mil millones de pesos de los que sólo se ejercieron 3.4 mil millones, debido fundamentalmente a que no se contrataron en su totalidad los recursos humanos previstos desde el inicio de su ejercicio.
Las secretarías en su conjunto gastaron 10.6% menos de lo autorizado, es decir, 105.1 mil millones de pesos; mientras que los ramos generales (erogaciones adicionales y promoción regional) tuvieron un gasto inferior al autorizado en 19%, lo que significó 20.3% mil millones de pesos. El gasto global del Poder Ejecutivo Federal fue 11.4% menor al autorizado, lo que representa 125.4 mil millones menos. Los poderes Legislativos y Judiciales gastaron justamente lo autorizado por lo que la diferencia entre lo ejercido y lo autorizado del Gobierno Federal coincide con la del Poder Ejecutivo.
En el ejercicio del gasto del Gobierno Federal se observaron los normales retrasos que ocasiona la reorganización administrativa, el cambio de administración y la rejerarquización en todas las entidades y dependencias, aclarando que muchas de estas economías fueron producto de los esfuerzos de racionalización ya examinados y la disciplina presupuestal.
En cuanto a las diferencias entre el original y el modificado, debidas a la reestructuración administrativa, SEMIP fue el ramo que observó mayor discrepancia con la cifra original que correspondía a SEPAFIN. Las adecuaciones en la SARH significaron un aumento de 22.8% sobre el presupuesto original debido principalmente a la absorción de los mayores costos del programa de inversiones, ocasionados por la inflación y el tipo de cambio que rebasaron las cifras previstas.
A la SCT se le asignó un gasto adicional de 74.1 mil millones de pesos debido a la incorporación de las unidades de infraestructura carretera y aeroportuaria (estaban incluidas en SAHOP) y que afectaron a SEDUE con una reducción de 67.4% al pasar de 59.5 mil millones de pesos a 19.4 mil millones. Las adecuaciones de SECOFI significaron una reasignación de 1.1 mil millones de pesos, 17.2% superior al presupuesto original.
En el cuadro 17 se presenta el gasto programable de organismos y empresas que fue de 2,477 billones de pesos, inferior a 9.5% a la cifras modificada.
Se observa en el cuadro citado que la mayor parte de este gasto (1,248 billones de pesos, 50.4% del total), fue destinado a los sectores de bienes y servicios estratégicos, que incluye Pemex, sector eléctrico, Sicartsa y Fertimex. Estos sectores ejercieron un gasto 13.2% inferior al autorizado (189.1 mil millones de pesos) diferencia que corresponde, casi en su totalidad, a los 183.1 mil millones que Pemex economizó.
El segundo en importancia es el sector de salud y seguridad social (517.1 mil millones de pesos, 20.9% del total, con un gasto 3.8% inferior a lo autorizado), seguido por regulación y abasto (499.8 mil millones, 20.2% del total, y un ejercicio inferior en 2.9% a lo autorizado).
Nótese en el cuadro 17 que todas las entidades registraron economías, exceptuando cinco de ellas que ejercieron un gasto idéntico al que se les otorgó.
Si las comparaciones se hacen con respecto al gasto original, se observa que la mayor parte de las entidades del sector paraestatal
ejercieron un gasto superior al presupuestado debido a los efectos ya señalados con anterioridad (impactos cambiarios en el casto de los insumos de operación, incremento de precios de los insumos, por encima de los presupuestados, aumentos en el pago de servicios personales superiores a los previstos) a los que añadiríamos mayores volúmenes de operación a los estimados (como en el caso de Conasupo), mayores costos de manejo de fletes, maniobras, almacenaje, embarques, y envases, y factores extraordinarios tales como la incorporación de tiendas de dependencias federales al ISSSTE.
Un rubro fundamental del gasto programable del Gobierno Federal, que sirve de vínculo entre este sector y el paraestatal, es el renglón de transferencias. Este gasto fue de 1,413 billones de pesos (77.4% mayor al de 1983 y 31.2% superior al programado, pero 5.7% inferior al autorizado), que significó 59.1% del total ejercido por el sector central (cuadro 16).
Para 1983 se había previsto que los subsidios y aportaciones del Gobierno Federal se asignaran selectivamente y en función de su efecto en la oferta de bienes y servicios e insumos estratégicos. Por otra parte, se establecía que los apoyos para la capitalización del sector paraestatal tendrían preferencia y estarían vinculados a la revisión de precios y tarifas para que disminuyera la participación de los subsidios de operación, concediéndose sólo aquellos que resultaran estrictamente indispensables.
No obstante, la difícil situación de la producción, los requerimientos de la reordenación económica y el propósito de amortiguar el costo social de la crisis, así como las medidas de protección a la planta productiva y al empleo, condicionaron la estrategia, el monto y el destino de las transferencias del Gobierno Federal.
Este renglón fue, después del servicio de la deuda, el más dinámico del gasto público, tanto en relación con 1982, como con las cifras presupuestadas. Las transferencias representaron el 33.8% del gasto programable ejercido, superior al 27% estimado originalmente y al 30% observado en 1982.
De los 335.7 mil millones de pesos, con que se rebasó el presupuesto original, el 70.3%, es decir, 236.1 mil millones de pesos, se destinó al sector paraestatal sujeto a control presupuestal (cuadro 18) principalmente para sufragar el elevado servicio de la deuda. No obstante los mayores recursos obtenidos por el incremento de precios y tarifas, estos resultaron insuficientes para satisfacer las mayores necesidades del gasto de operación y el incremento sustancial del servicio de la deuda que trajeran consigo las variaciones en las tasas de interés y en el tipo de cambio. Además, el endeudamiento público (interno y externo), se concentró en el Gobierno Federal, por lo que las entidades tuvieron que sustituir crédito por trasferencias. Esta sustitución a su vez alivió el desequilibrio financiero de las empresas públicas y las acercó a una estructura financiera más sana.
A los organismos y empresas fuera del presupuesto, se les limitó el otorgamiento de trasferencias y sólo rebasaron 99.6 mil millones de pesos (29.7%) la previsión original (cuadro 18).
El dinamismo de las trasferencias propició un mayor déficit del Gobierno Federal, pero fueron necesarias debido al propósito de mantener accesible precios de los productos básicos y de abasto popular, al tiempo que se incrementaba el ingreso de los productores de dichos bienes, contribuyendo así a reducir el costo social de la crisis.
En reciprocidad, los receptores de las transferencias se comprometían a sostener la oferta de productos básicos y de insumos estratégicos; apoyar la planta productiva del país; subsidiar programas de inversión en sectores intensivos en mano de obra; preservar la cobertura de los servicios médicos y asistenciales, y a la presentación de servicios de educación terminal.
Por ello, del total de las transferencias, el 49.5% se destinó a respaldar el gasto corriente de las entidades paraestatales, principalmente las adquisiciones de Conasupo, y el pago de sueldos y salarios de las instituciones de educación media y superior; el 31.6% correspondió a las aportaciones de capital, principalmente para apoyar a la CFE, a Banrural y CAPFCE; y el 18.9% restante fueron apoyos para pago de pasivos e intereses, principalmente a la CFE.
En el cuadro 19 se muestra la distribución de las transferencias entre las diferentes entidades, sobresaliendo CFE (306.7 mil millones de pesos); Conasupo y filiales (150.4 mil millones de pesos); Banrural (105 mil millones de pesos) y Fertimex (74.2 mil millones de pesos). Estas cuatro entidades absorbieron el 45% de las transferencias y representan el 77.5% de la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido.
La participación sobresaliente de Conasupo, Banrural y Fertimex en el total, se debe a la prioridad que tiene el abasto y la producción de alimentos y de productos básicos de consumo popular; mientras que las transferencias a CFE se debieron al subsidio explícito a los consumidores de energía eléctrica (sobre todo por las bajas tarifas aplicadas a molinos y tortillerías y al riego agrícola) y al reintegro del impuesto especial de un peso KWH que se consideró en el presupuesto original como transferencia, sino como ingreso propio.
En los cuadros 20 y 21 se presenta la sectorización económica de la trasferencias. Del total (1,413 billones), a los sectores económico se les asignaron mil 128.9 mil millones de pesos (el resto correspondió principalmente a pago de pasivos) que rebasaron en 64.2% la cifra de 1982 y en 11.7% el presupuesto original. De ese monto, 681.6 mil millones de pesos fueron transferencias corrientes, y el resto del capital (cuadro 21).
Esta distribución obedece principalmente a la prioridad que se le dio a la operación de las entidades de los sectores de desarrollo rural, bienestar social y comercio, que absorbieron el 69.3% del total de las transferencias corrientes sectorizables (cuadro 21). La mayor participación correspondió al sector de bienestar social, que absorbió 263.8 mil millones de pesos sobresaliendo las entidades educativas, la UNAM, el Instituto Nacional de Educación para Adultos y las instituciones de educación media y superior que absorbieron la mayor parte de los recursos.
El subsector salud y seguridad social recibió 44 mil millones de pesos para ampliar la cobertura de los servicios médicos y asistenciales. principalmente a la población urbana marginada y a zonas rurales deprimidas. Las unidades hospitalarias de salubridad y asistencia recibieron 38.2% más que en 1982.
El sector de desarrollo rural obtuvo transferencias por 249.9 mil millones de pesos (22.1% del total sectorizable). Los mayores recursos se destinaron a Banrural, Anagsa y al Fideicomiso Riesgo Compartido, que obtuvieron 105.0. 25.0 y 9.4 mil millones de pesos respectivamente.
Al sector comercio se le transfirieron 147.7 mil millones de pesos (13.1% del total sectorizable) concentrándose principalmente en Conasupo y sus filiales para garantizar el abasto de los bienes incluidos en el paquete básico del consumo popular. Los subsidios a la tortilla y al pan ascendieron a 47 y 25 mil millones de pesos, respectivamente.
El sector comunicaciones y transportes obtuvo un incremento de 88.8% con respecto a 1982, y del total de 119.9 mil millones, el subsector ferroviario recibió 36.5 mil millones de pesos destinado más de la mitad al financiamiento de sus gastos de operación y el resto a la adquisición de equipos de tracción y al tendido de red férrea.
En el cuadro 22 se presentan las transferencias otorgadas al sector paraestatal que está controlado presupuestalmente. Estas transferencias se clasifican en estatutarias (58.9 mil millones de pesos), subsidios a los precios de operación (248.5 mil millones de pesos, de los cuales Conasupo absorbe 123.2 y los subsectores eléctrico y ferroviario 41.2 y 41.1 respectivamente); transferencias de capital (117.2 mil millones de pesos de los que 74.8 corresponde al subsector eléctrico, 11.7 a Fertimex y 10.5 al subsector ferroviario); apoyo para pago de pasivos e intereses (266.6 mil millones de pesos, de los que 190.7 son de CFE y 33.8 de Fertimex). De manera que el total de transferencia al sector paraestatal controlado asciende en 691.2 mil millones de pesos, superior en 51.8% a la cifra presupuestada y en 98.4 a la de 1982.
Para controlar y evaluar las transferencias, desde 1982 se estableció de manera definitiva el Registro Unico de Transferencias (RUT) que permite identificar a los destinatarios así como a las ramas y sectores económicos donde se localizan. Además, en 1983 se precisaron las normas que deben seguir las coordinadoras de sector para el otorgamiento de transferencia a las entidades que coordinan, y que obligan a presentar informes detallados a los otorgantes y receptores a fin de conocer el proyecto inicial y el destino final de estos recursos.
El gasto público no sólo participó activamente como instrumento flexible para restaurar los equilibrios, mínimos en el aparato productivo interno, sino que también se orientó hacia uno de los objetivos fundamentales del PIRE; lograr la estabilidad cambiaria reivindicando la autoridad del Estado en materia monetaria. La política de egresos contribuyó a la reordenación económica en este frente reduciendo significativamente el contenido importado del gasto, generando divisas por parte de las empresas públicas y racionalizando el uso de las mismas mediante menores asignaciones al gasto corriente y mayores a los bienes de capital y de producción. También con este propósito se reestructuró la deuda y se disminuyó drásticamente el ritmo del endeudamiento externo.
Para lograr estos propósitos, el manejo de las divisas de Sector Público en 1983, se ajustó a los lineamientos señalados por el presupuesto de egresos, dando prioridad a: el abastecimiento de alimentos, y productos básicos de consumo popular; la adquisición de insumos, maquinaria y equipos para las entidades que producen bienes estratégicos; y ajustar las divisas al mínimo indispensable para el financiamiento del aparato productivo del Sector Público.
Atendiendo a estos principios, las divisas se distribuyeron de la manera que aparece en el cuadro 23. Ahí se observa que el Sector Público presupuestario obtuvo un superávit de 7 mil 500 millones de dólares, resultante de un déficit de mil 200 del Gobierno Federal y de un superávit del sector paraestatal de 8 mil 700. Este último obtuvo ingresos por 16 mil 800 millones de dólares y tuvo gastos de 8 mil 100, debido a la importación de mercancías (3 mil 700), a la adquisición de servicios (mil) y al pago de intereses (3 mil 400).
Los 16 mil 800 millones de dólares de exportaciones del sector paraestatal, representaron el 60% del total de las divisas que ingresaron al país, y más del 90% (de los 16 mil 800 ) se debieron a las ventas del petróleo crudo y sus derivados. Esta cifra fue similar a la de 1982 (cuadro 24) no obstante la reducción de los precios internacionales y el mantenimiento de la plataforma de exportación de crudo en un millón y medio de barriles diarios. Ello se debió al incremento en la venta de otros derivados de hidrocarburos y de productos de la petroquímica secundaria.
Las importaciones de mercancías del Sector Público (3 mil 700 millones de dólares) fueron muy inferiores a las previstas (5 mil 600 millones de dólares) debido a que los programas de adquisiciones de maquinaria y equipo de Pemex, CFE, Fertimex y Sidermex se retrasaron y sólo llegaron al 50% de lo previsto. Esto a su vez se debió fundamentalmente
a la rejerarquización de programas y proyectos y al elevado incremento de los costos con respecto a las estimaciones originales.
Las entidades que registraron mayores gastos en el exterior fueron Pemex, CFE y Conasupo. Estas erogaciones se realizaron de manera selectiva atendiendo sólo a los requerimientos indispensables.
Las importaciones de Conasupo fueron principalmente de granos (sorgo, maíz, trigo, soya, semilla de girasol, etcétera) y sumaron mil 900 millones de dólares, cifra que se explica por su mayor participación en el proceso regulador del abasto. Pemex importó mil 900 millones de dólares, CFE 341 millones de dólares, y Sicartsa, Fertimex y Ferronales en el conjunto, 235 millones de dólares.
Estas medidas y resultados contrajeron el contenido importado del gasto público, que fue de 23.8%, muy inferior al contenido previsto (29.7%, cuadro 25). A ello contribuyó también la calendarización de las necesidades de divisas y de los programas de importaciones sujetas al control de los permisos correspondientes. La mayor discrepancia entre el contenido importado presupuestado y ejercido se originó en el gasto del servicio de la deuda (cuadro 25) sobre todo en amortizaciones, por la reestructuración de la deuda externa, mientras que el contenido importado de gasto programable en conjunto se mantuvo cerca de lo previsto (8.7% contra 8.3, observándose diferencias importantes sobre todo en los gastos de capital, que tuvieran un contenido de 2.8, superior al previsto (1.9%).
Cabe destacar que durante 1983 se iniciaron las acciones de las Comisiones Mixtas de Abastecimiento en la entidades del Sector Público, mismo que firmaron acuerdos de concentración con representantes de la industria nacional para reorientar hacia el interior las compras del Sector Público.
Todas estas medidas relacionadas con el gasto público, contribuyeron a la estabilidad cambiaria de 1983, a la mejoría en las transacciones comerciales y a la reconstitución de las reservas internacionales.
2. Ingresos.
La política de ingresos obedece fundamentalmente al punto 6 del PIRE y se inscribe en la política de financiamiento del desarrollo del PND, dentro del propósito de aumentar el ahorro público. Este a su vez incluye a la política tributaria y a la de precios y tarifas. En el primer caso, el PND establece que: "La política tributaria se orientará a hacer más equitativa la distribución del ingreso, y a estimular significativamente la recaudación efectiva, estableciendo una mejor y más progresiva relación entre los ingresos no tributarios y tributarios y, dentro de estos últimos, entre impuestos directos e indirectos. Con estos propósitos, se continuará en la modernización y actualización del sistema tributario. Para ello:
- se reforzará el aspecto administrativo de la recaudación, así como las reglas y sanciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales;
- se avanzará en la globalización del ingreso de las personas físicas contribuyentes al Impuesto sobre la Renta;
- se generalizará el Impuesto sobre la Renta, eliminado las bases especiales de tributación en los casos en que éstas no se justifiquen;
- se actualizarán periódicamente las tasas de los derechos, de acuerdo a costos, y se revisarán los criterios para establecer productos y aprovechamientos, con el fin de que estos ingresos recuperen gradualmente su participación en la recaudación total;
- se continuará, mientras sea necesario, con la desgravación a los causantes de menores ingresos y la adecuación de las tasas para que aquellos con mayores ingresos sean quienes paguen más; para ello, el salario mínimo se seguirá utilizando como exención básica;
- se normalizará el régimen tributario de todas las empresas y organismos del Sector Público.
El PND señala que la política de ingresos del sector paraestatal (precios y tarifas) persigue rehabilitar el ahorro de la empresa pública, para que ésta pueda seguir impulsando y orientando el desarrollo del país en condiciones de financiamiento sano. Además, se corregirán distorsiones en los precios relativos para aumentar la eficiencia económica y la equidad social. Para ello:
- se adecuarán los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, a fin de que el ahorro público no dependa sólo de unas cuantas empresas; se mantendrán únicamente subsidios en aquellos bienes y servicios que tengan un claro y significativo efecto sobre el empleo, la distribución del ingreso y el bienestar de las mayorías; una vez superado el periodo de ajuste, las adecuaciones se harán de manera paulatina pero constante;
- se avanzará en la rehabilitación financiera integral de la empresa pública, mediante el establecimiento de normas y mecanismos de verificación y control de costos y resultados; se restablecerán mecanismos adecuados de financiamiento de la empresa pública, evitando rigideces y rezagos.
Como resultado de las políticas anteriores, se incrementarán los ingresos públicos como proporción del producto y se calcula que el ahorro consolidado del sector presupuestal alcanzará poco más del 20 por ciento del ahorro interno total y estará en condiciones de financiar la mitad de la inversión presupuestal en el periodo 1985 - 1988.
El documento de la Cuenta Pública de 1983, por su parte, afirma que un propósito fundamental de la política de ingresos es recuperar la capacidad del Sector Público para
generar ingresos no inflacionarios y contribuir así al saneamiento de las finanzas públicas. Además, se busca hacer compatible este saneamiento con la contribución equitativa del costo del programa de ajuste haciendo que contribuyan más los grupos con mayor capacidad económica.
En rigor, la política de ingresos incluye también a la deuda pública, sin embargo, este tema será tratado en el siguiente apartado junto con el déficit y su financiamiento. Por ahora, el examen se centra en lo que se conoce como ingresos ordinarios, tanto globales como del sector central y paraestatal. En el cuadro 26 se muestra el total de ingresos presupuestarios (8.873 billones de pesos, similar al total de egresos), al que debe deducirse el renglón de operaciones virtuales (539.8 mil millones de pesos) y el de participación a estados y municipios (561.9 mil millones de pesos, 148.3% más que en 1982 y 11.7% superior al monto programado), para obtener así los ingresos totales de la Federación: 7.772 billones, que rebasó en 62.8% a los de 1982 y en 21.3% a la cifra presupuestada. Esta cifra corresponde a los ingresos presupuestarios conciliados, inferior a la de ingresos según estados contables por razones similares a las señaladas en el aportado de egresos. La conciliación entre ambas cifras se muestra en el cuadro 27 y los rubros que se deducen son los mismos que fueron explicados en el apartado anterior.
El total de ingresos conciliados (7.772 billones de pesos) se divide en ordinarios (5.262 billones)y derivados de financiamientos (2.510 billones). Estos últimos se examinan en detalle en el apartado siguiente.
En total, los ingresos ordinarios del Sector Público registraron un monto de 5.837 billones, que rebasó en 20.4% al presupuesto original y en 106% al total registrado en 1982 (véase cuadro 28).
El mayor aumento de los ingresos con respecto a lo presupuestado se registraron en el sector paraestatal (32.3% contra 13.1% en el Gobierno Federal). Esto se debió principalmente a la conversión en pesos de los ingresos provenientes de exportaciones de hidrocarburos (dado que se estimó un tipo de cambio inferior al registrado) y también, aunque en menor medida, a los ajustes adicionales en precios y tarifas a la mayor captación de algunos rubros tributarios ocasionados por los aumentos salariales superiores a los previstos y por la ampliación de la base gravable en el Impuesto sobre la Renta.
Como se aprecia en el cuadro 28, el 58.2% de los ingresos correspondieron al Gobierno Federal y 28% para el sector paraestatal) y empresas, composición que contrasta con la previsión original (62% para el Gobierno Federal y 38% para el sector paraestatal) debido principalmente a los ingresos en pesos derivados de la exportación de hidrocarburos.
Los ingresos del Gobierno Federal, por su parte, ascendieron en 1983 a 3.397 billones de pesos, cifra superior en 124.1% a la registrada en 1982, y en 13.1% a la presupuestada. De este total, la mayor parte (3.381 billones de pesos) correspondió a los ingresos corrientes y sólo 15 mil 100 millones a los de capital. De los ingresos correspondientes el 34.6% correspondió a los petroleros y el 65.4% a los no petroleros (cuadro 29). Estos últimos a su vez se dividen en tributarios y no tributarios. Los primeros se presentan en el cuadro 30, donde se observa que el total fue inferior al programado en 1%, no obstante que creció 87.8% respecto a 1982. Esto se debió a que las modificaciones tributarias instrumentadas no alcanzaron el efecto recaudatorio esperado debido a que la recesión y la inflación, fueron superiores a lo esperado, y erosionaron la base gravable, especialmente la del IVA, renglón que resultó 29.8% inferior al monto programado, a pesar de que aumentó 151.7% con respecto a 1982. Otras caídas importantes, con respecto a lo previsto, además del IVA, se registraron en el impuesto a la importación (23.3%) y otros (30.6). Esto efectos fueron más que compensados por los aumentos, en relación a lo presupuestado, de los impuestos de producción y servicios (26.5%) y sobre la renta (25.4). En el citado cuadro también se observa que todos los renglones, excepto el de los impuestos a la importación, registraron aumentos considerables con respecto a 1982.
Los cambios en el Impuesto sobre la Renta (25.4% por encima de lo presupuestado y 54.3% más que en 1982) son reflejo de su mayor progresividad, a la que ha contribuido la política de desgravación para favorecer a los trabajadores de ingresos bajos y medios. Esto significó que la participación del impuesto al capital subiera de 66.4% en 1980 a 68.2% en 1983, mientras que la participación de los impuestos al trabajo se redujo del 33.6% en 1980 a 31.8% en 1983.
La caída en el IVA obedece a la contracción de la actividad económica que fue mayor a la esperada y a la baja en el volumen de las importaciones. El aumento en el impuesto a la producción y servicios se explica básicamente por los mayores precios de los bienes y servicios gravados, sobre todo gasolinas.
El renglón de ingresos no tributarios (que se desglosa en el cuadro 31, y que excluye a Pemex) registró un total de 415.4 mil millones de pesos que casi cuadruplicó al de 1982 y más que triplicó el monto previsto. Este aumento se explica porque en el renglón de productos se incluyen 258 mil millones de pesos por intereses de la cuenta especial del Banco de México, que también se incluyen en el costo de la deuda interna.
Los ingresos petroleros aumentaron su participación en el total de ingresos corrientes (de 29.9% en 1982 a 34.6% en 1983) debido principalmente al nuevo régimen fiscal de Pemex y a que la devaluación cambiaria fue mayor a la estimada lo que aumentó los ingresos, por exportación de hidrocarburos en pesos.
Los ingreso de capital, también incluidos en el cuadro 31, apenas fueron de 15.1 mil millones de pesos, que casi duplicó el monto previsto y fue 48% superior al de 1982. Su crecimiento se debe a recuperaciones de créditos que no estaban previstas.
Todas estas variaciones en los ingresos del Gobierno Federal obedecieron a las modificaciones fiscales, a la evolución del tipo de cambio y de la inflación, a las decisiones de precios y tarifas y a la contracción de la actividad económica. En cuanto a las primeras sobresalen:
- el Impuesto sobre la Renta se modificó para darle mayor progresividad mediante una mejor globalización de los ingresos, y la incorporación de mayores controles administrativos para reducir la elusión y la evasión fiscales. En este sentido se estableció la obligación de acumular los dividendos de las personas físicas y todos los ingresos de los servidores públicos. Además, para amortiguar los efectos de la inflación en los ingresos de los trabajadores, se desgravó en un 90% la tarifa del impuesto a las personas físicas, que junto con el deducible automático del salario mínimo al año, favoreció principalmente a los causantes de ingresos bajos y medios. Adicionalmente, para darle mayor progresividad a este impuesto, se estableció una sobretasa del 10%, que pagarían una sola vez en 1984 (por los ingresos recibidos en 1983, quienes hubieran obtenido ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo anual.
- se eliminaron y se ajustaron algunas bases especiales de tributación aplicables al Impuesto sobre la Renta para aumentar la recaudación, reducir la evasión y la elusión fiscales y fortalecer la eficiencia y la equidad del sistema tributario. En el caso de los autotransportes se aplicó un sistema congruente con la capacidad real de pago de este sector. En el sector agropecuarios y pesquero, las empresas medianas y grandes ingresará a un régimen normal simplificado a partir de 1984.
- se modificó la tasa general del IVA del 10% al 5%; se redujo la tasa de 10% al 6% para las medicinas; los artículos de consumo suntuario se gravaron al 20%; y se mantuvo la tasa de cero para los productos alimenticios no procesados y para los alimentos procesados que tienen un peso específico importante en el consumo popular, tales como leche, aceite, pastas comestibles, entre otros. Asimismo se eliminó la exención a profesionistas, excepto médicos, para darle mayor generalidad en su aplicación. Estas tasas diferenciales le dan mayor equidad tributaria a este impuesto ya que los que tienen más contribuyen en mayor medida al financiamiento del gasto público.
- se modificó el impuesto especial a la producción de servicios para agravar las diferentes etapas de comercialización de los productos, excluyendo la del detallista, permitiéndose el acreditamiento del impuesto que les hubiese sido trasladado, a fin de evitar piramidación. Ante sólo se gravaba la primera enajenación lo que erosionaba la base gravable del impuesto.
- en el impuesto de gasolinas se estableció un impuesto en etapas múltiples, no acumulativo, con una tasa única para las gasolinas extra, nova y diesel.
- la Ley Federal de Derechos, se modificó para darle ampliación indefinida a su vigencia y actualizar sus cuotas mediante factores anuales. Se estableció dos nuevos derechos, uno por concepto de hidrocarburos y otro a la minería. El primero modifica el régimen fiscal de Pemex, reglamentado el pago por la extracción de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, ya sea que se consuma en el país o en el extranjero. Se fijó una tasa del 26.8% sobre el valor del petróleo crudo y el gas natural extraído en cada ejercicio y un derecho adicional del 5% sobre su exportación.
Finalmente, cabe destacar que los estímulos fiscales fueron más selectivos y se orientaron a promover actividades prioritarias, simplificando, agilizando o suprimiendo estímulos para darles mayor transparencia, racionalidad y eficiencia. Como resultado de la selectividad y de la actividad económica (que se redujo más de lo esperado), el programa de estímulos fiscales registró un total de 34.6 mil millones de pesos (menor en 34.5% a la cifra de 1982). Casi la mitad de este total correspondió a los CEPROFIS, que son el instrumento de promoción fiscal más importante.
En este sentido conviene anotar que en 1983, la Ley de Impuesto Sobre la Renta incluyó un título adicional que contiene un sistema de autoaplicación de estímulos fiscales para promover la inversión, la creación de empleos, y la descentralización de la actividad económica. Además, el programa de defensa de la planta productiva y el empleo ofreció créditos preferenciales, reducción de impuestos a la importación y otras facilidades y apoyo a la pequeña y mediana empresa.
La política de ingresos del sector paraestatal buscó el saneamiento financiero de las empresas públicas mediante ajustes a los precios y tarifas de sus bienes y servicios a fin de reducir su dependencia del endeudamiento y las transferencias del Gobierno Federal. Estos ajustes siguieron un esquema selectivo y flexible que obedeció a los siguientes propósitos: propiciar una estructura de precios relativos que apoyará la nueva estrategia de desarrollo; evitar el otorgamiento de subsidios no indispensables; proteger el consumo básico a precios accesibles; inducir nuevos patrones de consumo compatibles con el desarrollo del país, con los requerimientos de los sectores
mayoritarios de la población, y con la escasez relativa de los recursos. Además, la política de precios y tarifas se basó en las características de cada producto o grupo de productos; en los sectores (económicos y sociales) y en las regiones que debían beneficiarse, y en los patrones de producción y consumo que se consideró necesario inducir.
Por ello, para modificar los precios y tarifas de las empresas del Sector Público, se fijaron los siguientes puntos de referencia: El precio internacional (para los bienes comerciables mundialmente, en particular los que el país no produce, o no es autosuficiente); las variaciones en el salario mínimo (para los bienes y servicios básicos que consumen las mayorías); los cambios en los costos y el cumplimiento de compromisos específicos de aumentos de productividad y eficiencia del sector paraestatal (para los demás bienes y servicios); y el posible impacto a corto plazo en la tasa de inflación (para el conjunto de bienes y servicios).
Con este marco de referencia se actualizaron los precios y tarifas del Sector Público, según se aprecia en el cuadro 32, donde sobresalen los cambios en gasolinas, diesel, gas natural, petroquímicos básicos, gas LP, energía eléctrica, fertilizantes, productos siderúrgicos, transportación de carga ferroviaria y los productos de Conasupo. En este último caso, para reducir el costo social de la crisis, se buscó el doble propósito de asegurar el abasto de granos y productos básicos a precios accesibles por un lado y de garantizar a los productos un ingreso justo y remunerativo mediante los precios de garantía, por el otro.
Esta política de precios y tarifas contribuyó a que el total de los ingresos ordinarios de los organismos y empresas fuera de 2.440 billones de pesos que rebasó en 32.3% el presupuesto original y en 85.2% el monto de 1982 (cuadro 33). De este total el mayor porcentaje (75.9%) correspondió a la venta de bienes y servicios (1.852 billones de pesos) cifra muy superior a la de 1982 (74.1%), a la presupuestada (19.0%) y a la de otros rubros: cuotas obrero - patronales (269.1 mil millones de pesos) ingresos diversos (114.2 mil millones de pesos), ingresos recuperables (158.3 mil millones de pesos), ingresos por cuenta de terceros, (45.6 mil millones de pesos) y venta de inversiones (0.7 mil millones de pesos). Todos estos renglones fueron superiores a la cifra prevista. Esto se debió también, además de los ajustes de precios y tarifas a niveles mayores a los considerados en el presupuesto original, a la conversión en pesos de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos.
La misma cifra de ingresos propios del sector paraestatal (2.440 billones) pero desglosada según las diferentes entidades incluidas dentro del presupuesto, aparece en el cuadro 34. Allí se observa que un poco más de la mitad de tales ingresos pertenece a Pemex (1.292 billones, 52.9% del total); le siguen en importancia el IMSS ( 304.1 mil millones); Conasupo (183.0 mil millones); CFE (115.3 mil millones); ISSSTE (107.8 mil millones) y Propemex (52.6 mil millones). Todas estas entidades representaron el 84.2% del total.
Tan solo Pemex, IMSS y Conasupo representaron el 72.9% del total.
En cuanto a las diferencias entre lo previsto y los registrado sobresale Pemex con 458.8 mil millones de pesos, cifra 55.1% superior a la estimación original debido principalmente a que el tipo de cambio resultó mayor al estimado, lo que aumentó el valor en pesos de sus ventas al exterior. El IMSS rebasó su estimación original de ingresos en 48.5 mil millones de pesos por el incremento de su reserva técnica actuarial (que generó un mayor rendimiento en Cetes y Petrobonos principalmente) y por que los incrementos salariales resultaron superiores a lo previsto. Conasupo recibió ingresos superiores a los estimados por 32.4 mil millones de pesos debido al mayor volumen de sus ventas y a los aumentos en los precios de sus productos. CFE obtuvo ingresos inferiores a los previstos en 30.2 mil millones de pesos porque no le fue autorizado el aumento adicional al 2.5% en sus tarifas; además, el menor nivel de actividad económica sobre todo en la industria manufacturera, redujo el consumo de energía. El ISSSTE generó 52.2 mil millones de pesos más de los programados originalmente, por la incorporación de las cadenas de tiendas a su presupuesto, y por los incrementos salariales del personal al servicio del Estado, que fueron superiores a los previstos.
3. Déficit y deuda
Una vez examinados los egresos y los ingresos, corrientes y de capital, la Comisión Dictaminadora obtuvo la materia prima para determinar el déficit del Sector Público y, por tanto, el endeudamiento necesario para financiarlo. Este último, a su vez, permitió conocer la deuda total, y el gasto que origina.
El déficit financiero del Sector Público Presupuestario en 1983, fue de 1.293 billones superior en 11.2% al déficit programado (1.163 billones), como se aprecia en el cuadro 35. Este déficit representó un 7.4% del PIB, cifra inferior a la mitad de porcentaje registrado en 1982 (15.3%) y, por tanto, dentro de la meta fijada por el PIRE, que en términos generales se propuso reducir a la mitad el déficit del Sector Público como proporción del PIB. Sin embargo, el déficit mencionado en el PIRE y en el documento de Criterios Generales de Política Económica, es el déficit financiero consolidado total, que incluye a los organismos y empresas no incluidas en el presupuesto y a la intermediación financiera. Este déficit fue de 1.520 billones 8.7% del PIB, cifra inferior a la mitad del porcentaje observado en 1982 que fue de 17.6% y por lo tanto, dentro del rango establecido (véase cuadro 36, extraído del Informe Previo de 1983).
El déficit financiero presupuestario (1.293 billones) se debió principalmente, a que los egresos corrientes crecieron más (con respecto a lo presupuestado) que los ingresos corrientes (23.9% y 11.1%, respectivamente) por las causas ya mencionadas en los apartados anteriores. No obstante, se registró un ahorro corriente de 419.2 mil millones de pesos menor en 51.6% al programado originalmente (865.9 mil millones de pesos). Como se observa en el cuadro 35, los ingresos y los egresos de capital fueron inferiores a lo estimado y, por tanto, también lo fue el déficit de capital: 1.712 billones, 15.5% por debajo de lo previsto.
El déficit financiero (1.293 billones) se originó fundamentalmente en el Gobierno Federal (1.288 billones de pesos, 72.5% superior al estimado, cuadro 37) ya que el sector paraestatal apenas registró un déficit de 5.3% mil millones de pesos, cifra muy inferior a la prevista originalmente (416.2 mil millones de pesos, cuadro 38).
En los resultados de los párrafos anteriores, jugaron un papel destacado los gastos del servicio de la deuda, sobre todo los intereses, y las transferencias del Gobierno Federal, que fueron muy superiores a los previstos originalmente; en consecuencia, se estimó conveniente profundizar en estos aspectos.
El ahorro público total fue de 419.2 mil millones de pesos, cifra que contrasta significativamente con el desahorro de 298.6 mil millones, registrado en 1982; sin embargo, fue inferior en 51.6% a la meta programada. Esta discrepancia obedece fundamentalmente a que el pago de intereses (2.831 billones de pesos) rebasó en 57.7% a la cifra programada (véase cuadro 39). Si se elimina el efecto de los intereses, el ahorro corriente antes de este gasto, resulta ser de 2.8 billones de pesos, 17.9% mayor a la meta programada Este resultado se debe principalmente al aumento de los ingresos corrientes, que fueron 101.1% superiores a los de 1982 y 11.1% mayores a los estimados, mientras que los gastos corrientes, excluyendo intereses, sólo sobrepasaron en 5.1% a los presupuestados (cuadro 39).
El Gobierno Federal por su parte, pasó de un desahorro corriente de 652.8 mil millones de pesos, en 1982, a un ahorro de 66.1 mil millones de pesos en 1983 (cuadro 40). A pesar de este considerable avance, el resultado fue inferior en 90.1% a la meta presupuestada, debido al impacto cambiario en el pago de intereses, a la liquidación de pérdidas cambiarías y a las mayores transferencias corrientes a entidades públicas. Si se excluye el pago de intereses (que superaron en un 77.4% al monto previsto) se obtiene un ahorro de 1.782 billones, 8.9% más de lo presupuestado.
Los organismos y empresas del Sector Público, aumentaron su ahorro corriente sustancialmente debido a las transferencias del Gobierno Federal, originadas por los factores ya señalados en el apartado anterior, sobre todo la elevación de los pagos de interés al exterior. El ahorro corriente después de transferencia fue de 353 mil millones de pesos que superó en 155.8% al de 1982 y en 79% al monto presupuestado (cuadro 41). Las transferencias corrientes del Gobierno Federal fueron de 491.5 mil millones de pesos (mayores en 88.1% al monto presupuestado) y compensaron en desahorro corriente, antes de transferencias, de 138.5 mil millones de pesos. Este resultado obedeció a que los gastos corrientes fueron superiores en 27% a lo estimado, que no pudieron ser amortiguados por los ingresos corrientes, que sobrepasaron en 23.9% al presupuesto original (cuadro 41).
Dada la importancia del pago de intereses en el resultado financiero del sector paraestatal, conviene segregarlo del resto del gasto corriente, tal como se aprecia en el cuadro 42, donde se observa que el ahorro antes de intereses fue de 526.3 mil millones de pesos, cifra que rebasa en 10.1% a la meta presupuestada. Se observa también que los gastos corrientes, antes de intereses, rebasaron en 28.7% el monto estimado debido a los factores ya examinados, entre los que sobresale el aumento del costo de los insumos importados, medidos en pesos.
La Comisión decidió profundizar en estos movimientos del ahorro público, tanto global como por sectores (central y paraestatal), porque el saneamiento financiero postulado por el PIRE significa, entre otros ingredientes, la recuperación de la capacidad para generar ahorro por parte del Sector Público. Por ello la meta consistía en aumentar el ahorro público como proporción del PIB y revertir así la tendencia observada en los últimos años y agravada en 1982. Los datos presentados prueban que se alcanzó esta meta en términos cualitativos (reversión de la tendencia) aunque el resultado fue inferior en términos cuantitativos por los factores ya explicados, sobre todo el peso sustancial de los intereses de la deuda, que crecieron muy por encima de lo previsto.
Este aumento del ahorro y la consiguiente reducción de déficit público, indican que las políticas de gasto y de ingresos se encauzaron en la dirección trazada, y evidencian también la necesidad de continuar los esfuerzos emprendidos, a fin de elevar aún más el ahorro público y obtener mayores márgenes de maniobra en la lucha por alcanzar la meta de financiar nuestro desarrollo nacional fundamental con recursos propios.
Esta elevación del ahorro también es necesaria pata tener un colchón que amortigüe las indeseables pero frecuentes elevaciones en las tasas de interés externas ya que el mercado internacional de capitales sigue registrando un comportamiento errático.
Además, este fortalecimiento de la capacidad de generación de ahorros del Sector Público es fundamental para elevar la inversión pública en los próximos años y compensar así las caídas que ha registrado la inversión total últimamente. Esto, a su vez,
permite vislumbrar la posibilidad de conjurar el grave peligro que presenta para el desarrollo futuro del país las bajas en la inversión, que son otra cosa que reducción en la capacidad futura de generar satisfactores social y nacionalmente necesarios.
El cuadro 43 complementa el desglose del déficit presupuestario ya que incluye los resultados en cuenta del capital, tanto globales como los correspondientes a los sectores central y paraestatal. Las cifras indican que casi todos los renglones de capital registraron cifras inferiores a las estimadas originalmente. El déficit (1.712 billones, inferior un 15.6% al presupuestado) se originó, como estaba previsto, principalmente en el Gobierno Federal (1.146 billones, menor en 19% al programado), mientras que los organismos y empresas registraron alrededor de una tercera parte del total (566.4 mil millones de pesos, 7.7% menos de lo estimado).
Finalmente, la Comisión estimó conveniente examinar el déficit financiero del sector paraestatal por entidades a fin de subrayar el papel de Pemex en la evolución de la situación financiera de este sector. En el cuadro 44 se registra que esta empresa registró un superávit de 176.9 mil millones de pesos, contrastando con el déficit de Conasupo (119.5 mil millones de pesos); CFE (61.7 mil millones de pesos) y SICARTSA (26.7 mil millones de pesos). También obtuvieron un superávit, aunque de menos cuantía, Caminos y Puentes (7 mil millones) y Fertimex (5.9 mil millones).
El déficit del Sector Público generó un endeudamiento neto de 1.493 billones de pesos (28.3% más de lo estimado). Los cuadros 45 y 46 ilustran cómo se obtiene esta cifra a partir del déficit financiero ya examinado (1.293 billones de pesos) y tomando en cuenta, la colocación de empréstitos, la amortización, la variación en disponibilidades y los ajustes que son necesarios para pasar de las cifras devengadas a las monetarias (cuadro 46), mismos que ya fueron explicados en el apartado de egresos.
En cuanto a la composición del endeudamiento, desde la formulación del PEF para 1983, se planteó la necesidad política de que el financiamiento del déficit se hiciera fundamentalmente con recursos internos y cada vez menos con endeudamiento neto del exterior, que tendría un carácter complementario, al tiempo que se continuaba la reestructuración de la deuda externa para ampliar los grados de libertad de la política financiera y para hacer más eficiente y ágil las fuentes disponibles de recursos, sobre todo los de largo plazo. Se cumplió con este propósito ya que el 72.2% del endeudamiento correspondió a créditos nacionales (provenientes principalmente de los Cetes y del Banco de México) y el 27.8% restante a fuentes del exterior (cuadro 47). Cabe destacar que se ejercieron sólo 4 mil 352.4 millones de dólares de los 5 mil que fueron aprobados por el Congreso. Además, se inició la segunda etapa de reestructuración de la deuda externa, los créditos del exterior se orientaron fundamentalmente hacia los sectores prioritarios y se buscó una mayor racionalidad en su aplicación.
En el cuadro 47 se observa que de los 1.378 billones de endeudamiento neto interno, la mayor parte (816.4 mil millones) correspondió al Gobierno Federal; que tanto en el sector central como en el paraestatal la principal porción del endeudamiento fue de origen interno y que en el caso de organismos y empresas el endeudamiento externo fue negativo (en 146.7 mil millones de pesos), debido principalmente al desendeudamiento de Pemex.
El endeudamiento neto, así como las variaciones del tipo de cambio, elevaron el saldo de la deuda consolidada del Sector Público, al 31 de diciembre de 1983, a 12.754 billones de pesos, superior en 64% al saldo registrado en la misma fecha del año anterior (cuadro 48). Esto representó un aumento de 4.976 billones, que se explica, en un 58%, por la revaluación y reclasificación de la deuda y en un 42% por efectos del endeudamiento. En otras palabras, si eliminamos los efectos del tipo de cambio, el aumento de la deuda en 1983 fue de 26.6% (cuadro 49).
Del total de la deuda de 1983, el 54.6% corresponde a la externa y el 56.8% al Gobierno Federal. En este último la mayor proporción (56.4%) pertenece a la deuda interna, mientras que en el sector paraestatal, el mayor porcentaje (69.1%) corresponde a la deuda externa.(cuadro 49).
La misma información de la deuda total interna y externa, pero por instrucciones intermediarias, aparece en el cuadro 50, donde se aprecia que el 57.2% del total está contratada con instituciones públicas de crédito y que el 38% se debe a instituciones privadas. La deuda de estas últimas es en un 99% externa, mientras que a las instituciones públicas se les debe principalmente (73.2%) deuda interna.
Los adeudos internos con las instituciones públicas se concentran en el Banco de México (65%), y el resto corresponde principalmente a Cetes y a Petrobonos.
La deuda externa se contrató mediante créditos sindicados (55.8%); operaciones de cartera (24.3%); proveedores (11.4%); organismos internacionales (7.1%) y bancos privados (1.4%).
En los cuadros 51 y 52 aparece la deuda pública externa por tipo de moneda y por país. El mayor porcentaje (88.2%) está contratado en dólares de EE.UU., debido principalmente a la generalización en el uso de esta moneda en los mercados internacionales de capitales y a las relaciones financieras comerciales y tecnológicas con los EE.UU. A este país se le debe el 51.7% de la deuda externa, siguiéndole en importancia el Reino Unido (18.6% del total).
En las reuniones de esta Comisión Dictaminadora para revisar la cuenta Pública, es común que surjan dudas acerca de las cifras que presenta el documento que se examina
y las que trimestralmente envía la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento de la Ley de Deuda Pública, por lo que se estimó prudente esclarecer las diferencias. El informe de la SHCP registra las divisas en el momento que ingresan al país, y las clásica por la entidad usuaria; la Cuenta Pública contiene los pasivos de cada entidad según sus estados contables, sin importar si es deudor directo o no. Además, normalmente existen desfases porque la información se produce para efectos diferentes, uno estadístico y el otro contable.
La Cuenta Pública clasifica los recursos internos y externos según la nacionalidad del acreedor. No obstante, hay ocasiones en que los recursos son captados en el exterior por las instituciones nacionales de crédito y son transferidas al Sector Público, dificultándose su identificación y consignándose muchas veces como deuda interna.
Además, los informes trimestrales de la SHCP registran el flujo real de recursos mientras que la Cuenta Pública contabiliza las asunciones de pasivos, que son operaciones virtuales, a fin de presentar la posición deudora total del Gobierno Federal.
Otro elemento de discrepancia entre ambas cifras es el renglón de arrendamientos financieros, que no son considerados como deuda pública por la Secretaría de Hacienda, pero sí se incluyen en la Cuenta Pública para fines contables.
Finalmente, el tipo de cambio del dólar, se maneja de forma diferente y origina diferencias en las cifras, puesto que se contabilizan saldos y flujos con diferentes cotizaciones.
En el cuadro 53 se presentan las cifras del informe de la SHCP y de la Cuenta Pública y sus diferencias, desglosadas por tipo de entidad. Ahí se observa que en el caso del Gobierno Federal existe una diferencia de 711.7 miles de millones de pesos, que se explica por las transferencias a otras entidades del Sector Público (287.4 miles de millones de pesos); por 119.3 miles de millones de pesos de asunción de pasivos reclasificados de ejercicios anteriores de Sidena de Banfoco y Banrural; por 294.4 mil millones de pesos de crédito a corto plazo concedidos a través del Banco Nacional; y por 10.6 mil millones de pesos resultantes de variaciones en el tipo de cambio.
Se aprecia también que en el caso de organismos y empresas, las mayores discrepancias corresponden a la CFE (327.8 mil millones de pesos) y a Pemex (84.3 mil millones de pesos).
Las diferencias de CFE se deben a la intermediación financiera, es decir, a créditos contratados mediante instituciones nacionales de crédito y que la CFE desconoce su origen, pero los reportó como externos a la Secretaría de Hacienda.
Esta diferencia también se explica por variaciones en el tipo de cambio, por la participación de los bancos nacionales en los créditos sindicados, y por una amortización no contabilizada por la entidad.
La discrepancia de Ferronales se debe principalmente a los financiamientos obtenidos, principalmente por Nafinsa y Banobras, y en menor medida a créditos no reportados para fines de Cuenta Pública.
Las diferencias de Pemex radican en los arrendamientos financieros; los créditos canalizados por el fondo de financiamiento del Sector Público; las disposiciones informadas inicialmente a la Secretaría de Hacienda y que no fueron confirmadas por el banco acreditante ni canceladas en los informes rendidos a la citada Secretaría; la exclusión de la participación de bancos nacionales en los créditos sindicados; y diferencias en el tipo de cambio.
Las discrepancias de Conasupo y de Concarril se deben a la intermediación financiera y las de Fertimex, Caminos y Puentes, Aeroméxico, Inmecafé, PIPSA, Propemex y Sicartsa se justifican por la clasificación de la deuda en interna y externa por el tipo de moneda y no por acreditante.
Las diferencias de las demás entidades se deben básicamente a la intermediación financiera y al tipo de cambio.
El saldo de la deuda incrementado por el endeudamiento neto de 1983, dio origen a una serie de gastos que se conocen como servicio de la deuda, y que incluyen las amortizaciones, los intereses, las Adefas y las comisiones y gastos. Este servicio, fue uno de los renglones que presentó mayor discrepancia con respecto al presupuesto original, debido a los efectos del tipo de cambio y a las elevaciones de la tasa de interés, que afectan a todo el monto acumulado de la deuda. Se presupuestaron 2.616 billones de pesos, de servicio y se ejerció un gasto de 3.197 billones de pesos; es decir, 580.6 mil millones de pesos más de lo aprobado (cuadro 54). La discrepancia total hubiera sido mayor de no ser por la renegociación de la deuda que trajo consigo amortizaciones inferiores a las estimadas por 288.3 mil millones de pesos (30.9% del presupuesto original). Esta reducción compensó parcialmente el impacto enorme del aumento en los gastos de intereses que rebasaron en 778.6 mil millones de pesos a la suma programada (52.4% más de lo previsto). Por otra parte la reestructuración significó que las erogaciones por comisiones y gastos fueran mayores a lo programado en 92.5 mil millones de pesos (cuadro 54). Las Adefas por otra parte registraron cifras ligeramente inferiores a las presupuestadas (2.2 mil millones de pesos).
Además, la diferencia se dio en mayor grado en la deuda interna, ya que el servicio de la deuda externa registró una suma inferior en 20.6% a la prevista, debido a que su amortización e intereses fueron menores a lo presupuestado en 36.0% y 18.8%, respectivamente. Tal variación fue producto de la reestructuración, que a su vez elevó el rubro de comisiones y gastos de deuda externa en 92.7 mil millones de pesos más de lo estimado.
La deuda interna rebasó en 81.6% (894.1 mil millones de pesos) al monto presupuestado, variación que se explica en mayor medida por los gastos de intereses que fueron 130.4% (924.8 mil millones de pesos) superiores a la previsión original. Este total fue compensado parcialmente por las menores sumas (en relación a lo programado) registradas en amortización, Adefas y comisiones y gastos (cuadro 54).
Otra manera de observar esta situación consiste en subrayar que del total del gasto de la deuda, el 71% correspondió al pago de intereses, el 20% a la amortización y el 9% para los otros gastos (cuadro 54). En la deuda interna, los intereses absorbieron el 82.1% del gasto, porcentaje que fue de 52.3% en el caso de la deuda externa.
Todas estas cifras de 1983, fueron muy superiores a los del año anterior, y sobre todo el rubro de intereses, se gastaron 1,584 millones de pesos más que en 1982, lo que significo una tasa de crecimiento de 233.1% (cuadro 54). Los resultados apuntados obedecen principalmente a que los aumentos en las tasas de interés fueron superiores a los previstos y a la reestructuración de la deuda que disminuyó los pagos por amortizaciones. Además, los gastos por servicio de la deuda externa (38% del total) al ser contabilizados en pesos hacen crecer este rubro constantemente y representan una carga pesada para las finanzas públicas; de ahí la necesidad de depender cada vez en menor medida o el financiamiento del exterior.
El examen del servicio de la deuda por entidades revela que la mayor proporción (65.5%) correspondió al Gobierno Federal y el 35.5% restante al sector paraestatal. El primer pago 2,094 billones de pesos, mayor en 48.2% a lo erogado en 1982 y 2.8% superior al presupuesto original. La mayor parte de este total (76.5%) correspondió a los intereses (1,603 billones, 69.5% mayor al monto programado) siguiéndole en importancia las amortizaciones (206.9 mil millones, inferior en 63.3% a lo previsto), las Adefas (171.1 mil millones de pesos, casi igual a lo programado) y las comisiones y gastos (113.1 mil millones), que quintuplico la suma presupuestada originalmente.
En cuanto al origen de este pago, el servicio de la deuda interna representó el 77.5% y el de la externa el 22.5%, cifras que contrastan con las de 1982: 39.2% y 60.8%, respectivamente. Este aumento extraordinario de la participación del servicio de la deuda interna y la disminución de la externa, se debe a que se registraron 227.9 miles de millones de pérdidas y diferencias cambiarías (contra 685.5 miles de millones en 1982) y a que la mayor recurrencia al endeudamiento interno en 1982 y las elevadas tasas de interés internas, significaron en 1983 un mayor gasto de intereses.
El servicio de la deuda de organismos y empresas ascendió a 1.102 billones de pesos, superior en 21.0% al presupuesto original y en 117.4% al de 1982. De este total, el 66.8% perteneció a la deuda externa y el restante 33.2% a la interna ( cuadro 56). Por componentes de este gasto, los intereses representaron el mayor porcentaje (60.0%), siguiéndole en importancia la amortización (39.7%). Nótese que en sector paraestatal el rubro de comisiones y gastos es insignificante (0.3%) ya que éstas se concentran en el Gobierno Federal (113.1 mil millones de pesos, contra 3.2 mil millones del sector paraestatal), por ser el conductor de la política crediticia del país, estar empeñado en sanear financieramente a las empresas públicas y otorgar apoyos con esa finalidad.
Las diferencias más importantes respecto a lo programado en el sector paraestatal, se registraron en el pago de intereses y amortización internos: 302.1% y 109.4%, respectivamente (cuadro 56). Estas discrepancias se debieron a que no se amortizaron parte de los créditos con vencimiento en el año (lo que significó mayores réditos) y a que las tasas de interés crecieron más de lo esperado. Además, algunos organismos liquidaron adeudos por anticipado y pagaron vencimientos a corto plazo no considerados en el presupuesto original.
La amortización total del sector paraestatal 437.7 miles de millones de pesos, de los que la mayor parte fue amortización externa (319.2 mil millones, 2.3% sobre la cantidad estimada originalmente. Esto se debió al proceso de reestructuración de la deuda, que alivió la presión de los pagos del principal a realizarse en el año, y que compensó el efecto de la revaluación en pesos de la deuda externa.
Esta reestructuración de la deuda externa con vencimiento entre agosto de 1982 y diciembre de 1984, así como el menor nivel de endeudamiento del exterior (respecto a lo originalmente planeado) contribuyó a que el pago del servicio de la deuda externa del sector paraestatal fuera 7.1% inferior a lo presupuestado (cuadro 56). El rubro más importante en este tipo de gasto, fue el pago de intereses al extranjero (414.2 miles de millones de pesos 13.5% menor a la estimación original).
El monto del servicio de la deuda está íntimamente conectado a los términos de contratación del crédito, tanto interno como externo, sobre todo el primero ya que fue una decisión deliberada de política económica usar en mayor medida el endeudamiento interno y recurrir al externo de manera complementaria.
El Gobierno Federal contrató créditos internos en los términos que aparece en el cuadro 57, donde se observa que la mayor parte (86.9%) se obtuvo a tasas de interés que fluctuaron entre 30% y 60%, con un vencimiento promedio de un año y seis meses. Los créditos internos fueron obtenidos en un 50.6% del Banco de México y en un 36.3% de Cetes (cuadro 57).
Los créditos externos del Gobierno Federal fueron negociados, en un 91.7%, a tasa variable, tomando como base principalmente la tasa Libor (91.3% del total) la tasa preferencial de los Estados Unidos (0.4% del total) cuyos niveles, en el momento de la contratación, fueron de 12.5% y 12.25%, respectivamente. Los créditos contratados a tasa fija (8.3% del total) se consiguieron a tasas que oscilaron entre 4% y el 12%, concentrándose la mayoría entre 6% y 10%. Este menor porcentaje se debe a que fueron otorgados por organismos financieros internacionales, en particular el BID y el BIRF, que por su naturaleza (banco de desarrollo) prestan fondos a tasas preferenciales. El vencimiento promedio de estos créditos fue de seis años siete meses, y el periodo de gracia de tres años. Si se separan los créditos a tasa fija de aquellos de tasa variable, se observa que los primeros se contrataron a términos sustancialmente más blandos que los segundos: Los obtenidos a tasa fija tienen un plazo promedio de vencimiento de quince años nueve meses, muy superior a los cinco años nueve meses de los contratos de tasa variable. Los periodos de gracia son, respectivamente, de tres años tres meses y de tres años.
El destino de los recursos externos contratados a tasa fija (básicamente con el BID y el BIRF) son destinados a proyectos específicos de desarrollo rural, mientras que los créditos de instituciones privadas internacionales no tienen condicionalidad en cuanto a proyectos concretos y el Gobierno Federal los asigna de acuerdo a las prioridades establecidas.
Los organismos y empresas obtuvieron créditos internos principalmente del Banco de México (14.6%) y de los apoyos financieros que la Comisión Federal de Electricidad proporcionó a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (29.4%). El resto fue aportado por Nafinsa de los créditos a tasa fija, el 75.5% se pactó intereses que fluctuaron entre 7.0% y 15.0%, con vencimiento promedio de cuatro años nueve meses y con cuatro años nueve meses de gracia. Los financiamientos a tasa c.p.p. (costo porcentual promedio) representaron el 25.6% del total y tuvieron un plazo de vencimiento de dos años y un periodo de gracia de cinco meses (cuadro 59)
Del total de los créditos externos contratados por el sector paraestatal (440.2 mil millones) el 56.4% se negoció a tasas variables; de este subtotal el 88.5% se pactó a la tasa preferencial de los Estados Unidos, que osciló entre 12% y 15%, y el resto (11.5%), a la tasa Libor que fue ligeramente mayor a 14% (cuadro 60). La participación de los organismos financieros internacionales, las instituciones gubernamentales de exportación y los bancos privados, en los créditos otorgados a tasa fija, fue de 43.6%, y su tasa de interés varió entre 3 y 12% (cuadro 60); es decir, fueron negociados a tasas más bajas, pero su disponibilidad es mucho menor. El vencimiento promedio de los créditos externos, fue de tres años siete meses y el periodo de gracia de nueve meses; los negociados a tasa fija registraron condiciones más favorables que los de tasa variable; en los primeros su vencimiento fue de cuatro años siete meses y el período de gracia de un año dos meses y en los segundos fue de tres años seis meses, respectivamente (cuadro 60). Además, todos los créditos de tasa variable se contrataron con instituciones internacionales privadas.
La multicitada reestructuración de la deuda del sector público, iniciada el 23 de agosto de 1982 para normalizar las relaciones con el exterior, darle continuidad al influjo de divisas y reordenar las finanzas públicas, dio origen a un perfil de pagos diferente que se consideró pertinente examinar.
Del total de la deuda ( 12.754 billones), se redocumentaron, en 1983 1.818 billones, sin considerar la reestructuración que por su parte realizaron las entidades públicas financieras (y las no financieras que están fuera del presupuesto), ni la reestructuración de los créditos que el Gobierno Federal renegoció a través de las instituciones nacionales de créditos, ni la deuda interna del Gobierno Federal (que no estuvo sujeta a renegociación). En otras palabras se reestructuró el 14.3% de la deuda total, correspondiendo el 90.4% (1.643 billones) al sector paraestatal (que reestructuró deuda interna y externa, 16.1% y 83.9% respectivamente) y el restante 9.6% al Gobierno Federal (que sólo reestructuró deuda externa). Del total renegociado, el 70% correspondió a Pemex y a la CFE.
Los créditos renegociados vencían entre agosto de 1982 y diciembre de 1984 y fueron reprogramados a un plazo de ocho años con uno de gracia, con un diferencial de 1 3/4% sobre la tasa preferencial de Estados Unidos o 1 7/8% sobre la Libor; y una comisión de 1% pagadera trimestralmente.
En el cuadro 61 aparece el perfil de pagos (intereses y capital), antes de la reestructuración, del 57.2% del saldo de la deuda (es decir, 7.294 billones). De este total, el 75.6% corresponde al sector paraestatal y el 24.4% al Gobierno Federal. En este subtotal de 7.294 billones, no se incluye el saldo de la deuda interna del sector central (4.086 billones), ni su parte de deuda externa contratada por medio de las instituciones nacionales de crédito, porque no estaban sujetos a renegociación.
En el cuadro 61 se aprecia que el mayor pago de capital se haría en 1987 (1.466 billones de pesos, 20.1% del total) y el segundo mayor en 1988 (1.281 billones, 17.6% del total). Esto significaba una pesada carga financiera que hacía necesaria la reestructuración.
El cuadro 62 registra el perfil de la deuda ya reestructurada (1.818 billones ya señalados) y muestra que los pagos de capital importantes empiezan a partir de 1987: 443.4 mil millones en 1987 (24.4% del total) y cifras
similares hasta 1990. Este perfil que desglosa la deuda total en interna y externa y muestra los pagos del Gobierno Federal y de los organismos y empresas más endeudados (Pemex, CFE, Conasupo y Ferronales), es un indicador de la necesidad de una segunda reestructuración, proceso que está en marcha, según se anunció los primeros días de septiembre de 1984.
Las decisiones y los resultados revisados a lo largo de este apartado, obedecieron a una política de deuda que buscaba, y que logró, reordenar mercados, mejorar instrumentos, restablecer las funciones de la presiones especulativas y el desequilibrio externo; todo ello, dentro del contexto de un sistema financiero en proceso de reestructuración. Además se propuso, y se logró, un mayor uso de los flujos de recursos internacionales hacia el país. Adicionalmente se instrumentó una vigilancia estrecha para que las entidades del sector público cumpliera oportunamente con sus obligaciones crediticias.
La conclusión de los trabajos de reestructuración de la deuda pública externa con la banca internacional, cuyos vencimientos correspondían al periodo del primero de agosto de 1982 al 31 de diciembre de 1984 (23 mil millones de dólares), aumentó los márgenes de maniobra en el proceso de reordenación económica, permitió normalizar nuestras relaciones financieras con el exterior y restableció el flujo de divisas necesario para financiar las importaciones requeridas por el país.
IV. REVISIÓN SECTORIAL
La Comisión Dictaminadora considera que la revisión sectorial, junto con el examen de la gestión financiera, constituyen la parte medular del mandato constitucional de revisar la Cuenta Pública del año anterior. En este capítulo, se analiza el ejercicio del presupuesto por sectores, entidades y programas más representativos, así como el cumplimiento de las metas contenidas en los subprogramas más sobresalientes del sector público. Esta tarea es particularmente absorbente y es una de las más difíciles dentro de los trabajos que demanda la revisión citada, pues la política sectorial se resume en el volumen de resultados generales y se detalla ''programáticamente'' en 19 tomos adicionales, que incluyen 574 programas de los cuales 422 corresponden a las entidades del sector central y 132 a los organismos y empresas sujetas a control presupuestal. A éstos habría que añadir cinco programas especiales. Cada uno de los programas a su vez incluye varios subprogramas (hay mil 176 en total, 924 del sector central y 252 en el paraestatal), con metas específicas, que se modifican durante el año.
Ante la magnitud de la tarea, la Comisión decidió seleccionar los sectores más importantes para centrarse en ellos: Agropecuario, Forestal y Pesca; Comunicaciones y Transportes; Comercio; Bienestar Social (Educación, Salud, Desarrollo Urbano y Ecología y Trabajo); Industrial (que incluye al subsector de energéticos) y Estrategias Intersectoriales o de Promoción Regional.
La revisión de los sectores citados se realizó mediante el análisis de los 19 ''Tomos Programáticos'' de la Cuenta Pública y la parte correspondiente al análisis sectorial contenido en el volumen de resultados generales. Este examen se enriqueció con diez reuniones de comisiones unidas - de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con las vinculadas a los sectores citados - en las que se dialogó con los servidores públicos de las dependencias y entidades examinadas.
Adicionalmente se recurrió al análisis sectorial del Informe Previo, donde se vuelve a utilizar, aunque con menor insistencia, los indicadores de eficacia y eficiencia de los programas más importantes. Al igual que en el dictamen de la Cuenta Pública de 1982, la Comisión advierte que no se utilizaron tales indicadores porque el número de años considerados y las condiciones tan particulares de los mismos, dificultan la obtención de resultados satisfactorios. Y como en los dictámenes anteriores, la Comisión reitera que el Informe Previo no es más que un trabajo preliminar, un primer acercamiento a los 23 volúmenes que integran la Cuenta Pública, y una primera etapa en el proceso de revisión de la misma.
En este capítulo, al igual que en los dictámenes anteriores, se entremezclan los análisis sectorial y programático, y para no saturar de datos la parte escrita de esta revisión, se anexa, una serie de cuadros que desglosan y detallan los presupuestos aprobados y ejercidos, los programas y subprogramas de cada entidad o dependencia y las metas previstas, modificadas y logradas de cada uno de los subprogramas que integran los programas sobresalientes.
La revisión sectorial se refiere sólo al presupuesto que está ligado a la función económica. Por consiguiente, del total del gasto público es necesario eliminar las erogaciones que no están directamente relacionadas con el sector o con el programa o programas que se examinan. Es decir, a los egresos totales se le restan los pagos de la deuda pública, las participaciones a estados y municipios y las operaciones compensadas y virtuales (examinadas en el capítulo anterior); por otra parte, se le agrega el gasto pagado, cuya documentación está en trámite. Estas operaciones aparecen en el cuadro IV.1, donde se aprecia que de los 8.943 billones de egresos presupuestarios, según los estados contables, se obtiene, mediante las restas y adiciones señaladas, un gasto sectorizable de 4.194 billones de pesos, que supera en 5.5% al monto presupuestado originalmente. La distribución de este total entre los distintos sectores económicos se muestra en el cuadro IV.2, donde sobresalen el sector de bienestar social, que representa el 26.0% del total; el sector
energéticos, que participa con el 26.2% del total y los sectores desarrollo rural, comercio y comunicaciones y transportes, que alcanzaron el 12.1% y 8.9% del total, respectivamente. En ese cuadro se aprecia, por consiguiente, la prioridad concedida a los sectores citados.
La distribución mencionada, es un reflejo de la política sectorial del gasto público, que se propuso, fundamentalmente, apoyar el mercado interno, así como respaldar de manera especial las actividades con mayor potencial en la generación de empleo, en la producción y distribución de bienes básicos y en la prestación de servicios de bienestar social (educación, salud y vivienda). Para lograr esta reorientación se cambió la jerarquía de los programas ajustando principalmente los sectores industrial y energético.
El apoyo al mercado interno se logró dando un trato preferencial a los productores nacionales y a los proyectos con menor intensidad de importaciones. Esto permitió la reducción del contenido importado del gasto programable, sobre todo el gasto corriente, como se explicó en el capítulo anterior.
El respaldo a las actividades con mayor generación de empleo, se instrumentó mediante las reservas para el programa de empleo y la reasignación del gasto hacia los sectores de Comunicación y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología y Desarrollo Rural, cuyos proyectos son más intensivos en mano de obra.
Para fomentar la producción y distribución de bienes básicos, el gasto buscó asegurar el abastecimiento normal de alimentos, proteger el consumo de la población de menores ingresos y alentar la producción mediante los precios de garantía. Por ello, los precios promedio de compra de Conasupo se incrementaron en mayor proporción que los de venta.
En términos generales, las orientaciones principales de la política de gasto sectorial se cumplieron, sin embargo, no fue posible reasignarlo en la magnitud prevista en el presupuesto. El volumen y la magnitud de las obras en proceso y el apoyo requerido por la producción de bienes intermedios estratégicos, impidieron que se diera la reducción prevista en la participación de los sectores industrial y energético. Además, la restricción presupuestal y la readecuación en la ejecución del programa de inversiones públicas propiciaron economías en algunas dependencias y entidades. Esto, aunado a las dificultades para importar maquinaria y equipo, y los efectos inflacionarios y cambiario, obstaculizaron el cumplimiento estricto de la estructura fijada en el presupuesto aprobado; sin embargo, se atendieron las prioridades procurando afectar en la menor medida posible los programas de bienestar social, creación de empleos y producción de alimentos.
Lo anterior se muestra en el citado cuadro IV.2, donde se observa que el gasto sectorial ejercido en 1983 (4.194 billones de pesos) creció 59.8% en relación a 1982 y fue 5.5% superior al aprobado, asignándole el mayor porcentaje al sector social (26.0%, ligeramente inferior al 26.4% previsto) y al sector energético (26.2%, superior al 23.4% programado por los mayores gastos que requirieron Pemex y el subsector eléctrico, pero inferior al 26.9% registrado en 1982). En las asignaciones adicionales se dio prioridad a los sectores bienestar social, desarrollo rural, comunicaciones y transportes y abasto de productos básicos. Estos dos últimos superaron el gasto previsto (en 12.9% y 39.5%, respectivamente) y, por lo tanto la participación programada (de 8.4% a 8.9% en comunicaciones y de 7.7% a 10.2% en comercio). También se requirió apoyar con mayores transferencias a fertilizantes y azúcar elevando así la participación del sector industrial en el gasto sectorial de 7.3% (previsto) a 8.4% (ejercido).
En los servicios de educación y salud, se mantuvo la cobertura de los que estaban totalmente atendidos y se avanzó en los que mostraban rezagos. En este sector se reasignó el gasto orientándolo a programas prioritarios, por lo que a pesar de su ligera disminución en la participación del gasto sectorial, se lograron avances que se detallarán más adelante.
El Sector Comunicaciones y Transportes, al incrementar su gasto y su participación, estuvo en posibilidades de generar empleos adicionales (es intensivo en mano de obra) y modernizar la red troncal de carreteras, la construcción y conservación de caminos rurales, y la operación del sector. El aumento registrado en el gasto del sector comercio permitió asegurar el cumplimiento del programa de abasto y regulación de productos básicos, al disponer de mayores recursos para cubrir el incremento en los precios de garantía y el impacto cambiario en las importaciones.
A continuación se examina con mayor detalle, las diferencias entre los montos presupuestados y ejercidos en cada uno de los sectores más importantes, así como las discrepancias entre las metas previstas y las realizadas en cada uno de los principales programas de las entidades y dependencias más importantes en los sectores de mayor relieve. Es decir el examen sectorial se, complementará con el '' programático'' sin pretender ser exhaustivo, sino revisando los programas y subprogramas de mayor importancia.
1. Sector Desarrollo Rural y Pesca
A. Desarrollo Rural
Este sector está integrado por las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria; por el ramo de Promoción Regional; por tres entidades sujetas a control presupuestal (Productores Forestales Mexicanos, Instituto Mexicano del Café y Forestal
Vicente Guerrero) y por una serie de entidades que no se incluyen en el presupuesto (véase cuadro IV.3) entre los que sobresalen Banrural, Anagsa y la Comisión de Aguas del Valle de México.
La estrategia en este sector se orientó al aumento sostenido de la producción y a la elevación de los niveles de bienestar para la población del campo. En consecuencia, se dio prioridad a las actividades agropecuarias y forestales, fuentes principales de ocupación e ingresos para la mayoría de los campesinos; y se tomaron medidas para mantener la actividad productiva del campo, revertir su descapitalización y evitar el descenso del nivel de vida de los habitantes del campo.
Para lograr estos objetivos se ejerció un gasto sectorial de 505.4 mil millones de pesos, 43.4% más que en 1982, pero 7.0% menos de lo presupuestado (cuadro IV.3).
Del total, la mayor parte (29.8%, 150.6 mil millones de pesos) fue gastado por la SARH. Esta Secretaría ejerció 22.8% más de lo presupuestado y 28.0% más que en 1982. La Secretaría de la Reforma Agraria y el ramo de promoción regional absorbieron 13.6 y 67.3 miles de millones, respectivamente, cifras superiores a las presupuestadas (56.3% y 12.2%, respectivamente). Entre los organismos que forman parte del sector destacan, por su presupuesto, Banrural (104.9 mil millones de pesos), Inmecafé (27.1) y Anagsa (25.0), como se aprecia en el cuadro IV.3.
Con este presupuesto sectorial, se logró avanzar en el reparto de la tierra legalmente afectable con un enfoque más amplio que vincula el reparto con la seguridad en la tendencia, la organización campesina y los apoyos a la producción; en organización agraria básica, se apoyó y fomentó la integración de unidades de desarrollo rural integral; se revisaron programas de investigación y de introducción de nuevas tecnologías tendientes a modificar patrones de cultivo y aprovechar mejor las características y potencialidades del suelo; se promovió el crecimiento sostenido de las comunidades rurales mediante la dotación de obras, infraestructura , servicios de educación, salud y agua potable; y se ha tratado de crear empleos rurales permanentes y remunerativos (145,121, mediante el programa de empleo).
Para profundizar en el seguimiento del presupuesto y de las metas de las entidades más sobresalientes de este sector se presenta su clasificación ''programática''.
A.1. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Para el cumplimiento de los programas asignados a esta Secretaría, se estimó un presupuesto de 176 mil 199 millones de pesos y ejerció un gasto de 218 mil 813 (24.2% más), que distribuyó entre 52 programas, destacando tres de ellos; infraestructura para el desarrollo agrícola (25.5% del total); coordinación para el desarrollo agrícola de los distritos agropecuarios (11.4%) y captación y conducción de agua para usos múltiples (13.8%). Estos tres programas absorbieron el 50.7% del total del gasto ''programático'' de la Secretaría (cuadro IV.4),y están integrados por 8 subprogramas con 28 metas cuyo grado de cumplimiento se muestra en el cuadro IV.5. Allí se observa que de las 28 acciones, 20 cumplieron o rebasaron las metas establecidas.
El incumplimiento de metas se debió principalmente a: La falta de refacciones por la escasez de divisas; la política de selectividad de la sobras en proceso que exigía posponer aquellas cuyos resultados se darían a mediano y largo plazos; modificaciones en el proyecto de rehabilitación; retraso de los contratistas en la entrega de las obras; reasignación de recursos hacia zonas de mayor potencial, pero con proyectos más caros (p.e. construcción en vez de conservación), y una producción mayor a la esperada en algunas regiones que requirió de obras no previstas (p.e. 155 bodegas, 13 centros de desarrollo y 17 kms. de líneas eléctricas).
A.1.1. Productos Forestales Mexicanos
Esta empresa ejerció mil 357 millones de pesos (15.6% menos del presupuesto original), que distribuyó entre cinco programas (cuadro IV.6) siendo los más importantes los de producción y transformación forestal (que ocupó mil 73 millones de pesos, 79.1% del total) y el de comercialización y distribución (7.3% del total). los subprogramas y las metas previstas y alcanzadas de estos dos programas se presentan en el cuadro IV.7, donde se observa que de las nueve metas fijadas, sólo se alcanzaron dos. Este incumplimiento se debió principalmente a la escasez de la materia prima requerida; la inadecuada ingeniería de proceso en los aserraderos, que suspendió la producción; el atraso de la puesta en marcha del aserradero de Tepehuanes; las necesidades de mantenimiento de las plantas, que detuvieron la producción; la suspensión de producciones menores que representaban mínimo ingreso y gran dispersión de esfuerzos; problemas de liquidez e insuficiencias en el capital de trabajo.
A.1.2. Forestal Vicente Guerrero
El presupuesto ejercido por esta empresa (mil 203 millones de pesos, superior en 22.7% a los previsto) se destinó a ocho programas, siendo el más importante el de producción y transformación (970 millones de pesos, 80.6% del total), cuyos subprogramas y metas se presentan en el cuadro IV.9. En este cuadro se observa que se cumplieron sólo tres de las 11 metas, que rebasaron a las originales en 83%, 145% y 13%. El incumplimiento en el resto de las metas se debió principalmente a que las refacciones de la maquinaria y equipo utilizado son de importación y tuvieron incrementos constantes en sus precios, y a los problemas agrarios al interior de los propios ejidos.
A.1.3. Instituto Mexicano del Café
Del Gasto autorizado de esta empresa (32 mil 714 millones) sólo se ejerció un 86.5% (28 mil 300) que se distribuyó entre seis programas, de los que sobresalen dos: Asistencia Técnica y Agrícola (5.9% del total de gasto) y Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales (87.3% del total). El cuadro IV.11 muestra los subprogramas y metas de estos dos programas, allí se observa que de las seis metas fijadas sólo se cumplieron tres. Las restantes no se lograron debido principalmente a la mayor participación de los particulares en la compra del producto y al desfasamiento temporal de las cosechas. Esto, a su vez, implicó que no se ejerciera el 13.5% del presupuesto programado para esta entidad.
A.2. Secretaría de la Reforma Agraria
Esta Secretaría ejerció 20 mil 714 millones de pesos, que casi duplicó los 10 mil 732 del presupuesto original Este incremento se debió a que le fueron transferidos programas del extinto Coplamar (como el de empico rural) que no estuvieron asignados para esta entidad en el presupuesto original. (Cuadro IV.12).
La SRA distribuyó su presupuesto entre 14 programas siendo los más importantes el de Empleo Rural (7 444 millones de pesos, 36.0% del total); Actualización y Vigencia de Derechos Agrarios (2 555 millones, 12.3% del total) e Investigación, Dictaminación y Ejecución Agraria (2 367 mil millones, 11.4% del total). Estos tres programas absorbieron casi el 60% del gasto de la entidad. En cuanto a las metas programadas, en Empleo Rural se lograron crear 145 mil 121 empleos y no se pudo avanzar más por ser un programa nuevo para la Secretaría, y porque se presentaron problemas en la coordinación operativa principalmente en el área de reforestación. Las metas de los otros dos programas aparecen en el cuadro IV.13 donde se observa que en la Actualización y Vigencia de Derechos, se rebasaron significativamente las metas, debido principalmente a la necesidad de reconocer jurídicamente la posesión y usufructo de la tenencia de la tierra de ejidatarios y comuneros para su seguridad, y para promover el incremento de la producción y la productividad al facilitarles el acceso al crédito y otros apoyos del Estado. En el programa de Investigación, Dictaminación y Ejecución, se rebasaron siete de las 17 metas establecidas y en el resto se presentaron diferencias en su mayoría modernas y originadas porque el Consejo Consultivo Agrario recibió menos acciones agrarias de las estimadas; porque la previsión de expedientes sobre bienes comunales fue muy alta y por problemas jurídicos que se resolverán con la nueva Ley de Reforma Agraria.
B. Sector Pesca
Las acciones de este sector estuvieron orientadas la oferta de alimentos; generar empleos, especialmente en el medio rural; elevar el nivel de vida de los pescadores, y generar divisas.
Para cumplir con estos objetivos el presupuesto ejercido por este sector ascendió a 80.7 mil millones de pesos, de los que 7.0 mil correspondieron a la Secretaría (2.8% menos de lo previsto), 64.1% a organismos y empresas sujetas a control presupuestal (36.1% superior a lo presupuestado) y 9.6% a otras entidades, cifra que duplicó la estimación original (cuadro IV.14).
A nivel sectorial se fijó una meta de captura de 224.0 mil toneladas, habiéndose logrado 139.0 mil, debido principalmente a la falta de divisas para la importación de equipo e insumos, incremento en costo de operación y los problemas ocasionados por los cambios en la corriente ecuatorial conocida como ''El Niño'', que modificó el ecosistema propio donde se desarrolla la anchoveta. Otra meta importante del sector fue la de fomentar la transformación de productos pesqueros: industrializar 95 mil 200 toneladas de los cuales se logró un 59.3%. La diferencia se debió básicamente a la reducción de la captura y a la escasez de crédito y divisas para la adquisición de equipo e insumos, tanto nacionales como importados.
B.1. Secretaría de Pesca
El gasto programático de esta Secretaría (cuadro IV.15) fue de 21 mil 205 millones de pesos (ligeramente inferior al presupuestado), distribuido en diez programas; uno de ellos, el de fomento, absorbió el 67.9% del total, siguiéndole en importancia el de captura (7.9%) y el de acuacultura (7.0%). Los subprogramas y metas de tales programas aparecen en el cuadro IV.16 donde se observa que se cumplieron las metas de fomento, casi todas las de flota e infraestructura (falló sólo una, por reorientación del programa y reestructuración administrativa) y que los principales incumplimientos se presentaron en acuacultura. Esto se debió principalmente a problemas de deterioro ecológico por agotamiento de lagunas y contaminación; fallas en las instalaciones de los laboratorios; incrementos en los costos de estanques y jaulas que retrasó su construcción; escasez de lluvias y por lo tanto carencia de agua en los centros piscícolas; problemas de tendencia de la tierra donde se programaron las obras; e incrementos en los costos de construcción de infraestructura.
B.2. Productos Pesqueros Mexicanos
Los siete programas de esta empresa ejercieron un presupuesto de 71 mil 265 millones de pesos. Este total, un 74.3% se destinó al programa de comercialización y transporte,
siguiéndole en importancia el de industrialización (19.3%). Los subprogramas y metas de ambos, aparecen en el cuadro IV.18, donde se advierte que la mayoría de las metas no se cumplieron debido principalmente a que no se alcanzaron las metas de captura y por lo tanto, tampoco las de las etapas subsiguientes. Las metas de captura se dificultaron principalmente por la falta de capital de trabajo; el deficiente mantenimiento de las unidades de captura y la huelga que paralizó a la empresa Atunmex, durante 56 días. Además, y no obstante los avances registrados por la empresa en control de calidad y producción y en reorganización comercial, las metas de industrialización y de comercialización y transporte enfrentaron serios problemas; faltó infraestructura y equipamiento, lo que junto con la reorganización comercial aumentó la venta en fresco; se cambiaron las normas de transformación para los productos de bajo precio; hubo irregularidades comerciales por los problemas financieros de 1983, que causaron especulación y desconcierto acerca de los canales y condiciones de venta; se registró sobreoferta de camarón en el mercado mundial por los cultivos de Centro y Sudamérica y del Sudeste Asiático, y se aplicaron nuevos controles de producción y calidad que hicieron más selectiva la industrialización y comercialización.
2. Sector Comunicaciones y Transportes
Durante 1983 la política de este sector buscó el establecimiento de un sistema integral de transportes y comunicaciones, que contribuyera aún más a la integración económica, política, social y cultural, elementos importantes de la soberanía nacional. Sus objetivos y metas prioritarias fueron orientados a la extensión del sistema de transportes del territorio nacional, a la mejora de nuestra vinculación con el exterior y a reafirmar la soberanía del Estado sobre el uso y dominio de los medios de comunicación.
Además, las obras de construcción y conservación de infraestructura, contribuyeron en forma importante a la generación de empleos al tiempo que se avanzó en la modernización del sistema con la finalidad de estar en posibilidades de responder a los futuros requerimientos. Por ello, se dio especial prioridad a la construcción y conservación de caminos rurales y a la conservación de la red existente; y ante las variaciones en el costo del programa de inversiones originalmente previsto, se dio preferencia a las que demandaban más mano de obra.
Para el cumplimiento de estas tareas, se le asignó al sector un presupuesto de 332.1 mil millones de pesos, ejerciendo 374.9 mil millones (es decir, 12.9% más de lo previsto) de los cuales 128.8 correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que quedó como única entidad coordinadora del sector al serle transferidos los programas carreteros, así como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, entidad que junto con Aeroméxico, las empresas ferroviarias y ASA forman parte de las entidades sujetas a control directo por parte de esta Secretaría (cuadro IV.19).
2.1. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Esta dependencia ejerció un presupuesto ''programático'' de 234.9 mil millones de pesos, monto superior en 52.4% a la cifra original (cuadro IV.20), variación que fue originada porque se incorporaron a los programas de esta Secretaría las áreas encargadas de la construcción y conservación carretera y aeroportuaria. Estos recursos fueron orientados a ejecutar 47 programas de los cuales el QD - Administración de los Ferrocarriles, representó el 27.8% del total ya que en él se incluyen los subsidios a estos organismos. Le siguen en importancia el OI - Carreteras Troncales (23.6% del total), OW - Red Férrea (5.4% de total), QV - Telefonía Urbana (5.2% del total) y Q1 - Oficinas Postales (4.8% del total), cuyos subprogramas y metas aparecen en el cuadro IV.21. Ahí se consignan 60 metas, de las cuales se alcanzaron 34, se rebasaron 14 y el resto no se alcanzó debido principalmente a la escasez de divisas, al incremento de precios unitarios por efecto de la inflación y a la reprogramación que dio preferencia a las obras en proceso, cuyos efectos se dejarán sentir principalmente en el corto plazo.
2.1.1. Ferrocarriles Nacionales de México
Esta empresa ejerció un presupuesto de 80.6 mil millones de pesos superior en 14.4% al estimado originalmente, debido principalmente al incremento en sueldos y salarios y a las variaciones en el tipo de cambio. Estos recursos fueron destinados a la ejecución de seis programas, de los que destacan el QA - Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre (39.6% del total) y el QB - Transporte (25.9%) que representan juntos el 65.5% del total de gasto de la entidad. Este último programa rebasó en 74.7% su presupuesto original debido a una mayor demanda de servicios (IV.22). Con estos programas se pretendió el logro de 11 metas (cuadro IV.23) de las cuales se alcanzaron tres, se rebasaron cuatro y las otras cuatro no se alcanzaron. Las metas se vieron influenciadas por una mayor demanda del servicio, aumento del costo de los insumos (combustibles, lubricantes, etcétera), entregas tardías de materiales, falta de divisas y de liquidez, y problemas de concursos; retrasos en la celebración en unos casos y ausencia de propuestas, en otros.
2.1.2. Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S. A. de C. V.
El presupuesto asignado para este organismo fue de 3 mil 808 millones de pesos, pero
lo rebasó en 395 millones. Este incremento se debe fundamentalmente a que el tipo de cambio original fue inferior al observado y a que no se habían considerado los gastos moratorios, ni los de reestructuración de la deuda. Esto repercutió directamente en los programas QA, QB, OW, que representan el 18%, 41.5% y 30.1%, respectivamente, del total. Estos recursos fueron destinados a la realización de 24 metas de las cuales se alcanzaron cinco, se rebasaron seis y no se cumplieron 13, por razones parecidas a las señaladas en el apartado anterior. (Cuadros IV.24 y IV.25).
2.1.3. Ferrocarril del Pacífico
A este organismo se le destinaron 11.4 mil millones, cifra inferior en 4% al presupuesto original. Esta variación fue originada por la falta de adquisición de la maquinaria de vía programada y de los materiales y accesorios necesarios para el programa de inversiones, por problemas con proveedores. Se presupuestaron 43 metas originales, que se ampliaron a 55, de las cuales se cumplieron 27, se sobrepasaron cuatro y no se cumplieron 24, por razones similares a las observadas en las empresas anteriores. (Cuadros IV.26 y IV.27).
2.1.4. Ferrocarril Sonora Baja California
En esta empresa se programaron erogaciones por 2.0 mil millones de pesos, observándose un incremento del 8% en relación al original, motivada principalmente por una variación en el programa de transporte, que se vio seriamente afectado por el incremento en los insumos de operación (combustibles y lubricantes), así como por los aumentos en sueldos y salarios. En cuanto a sus programas, se estimó la consecución de 39 metas, habiéndose alcanzado 20. (Cuadros IV.28 y IV.29).
2.1.5. Aeroméxico
Esta entidad ejerció un gasto de 56.2 mil millones de pesos, superior en 70.6% al monto original, debido principalmente a un incremento en la demanda y en los costos de operación. Estos recursos fueron distribuidos entre cuatro programas, de los cuales el Q0 - Tráfico, representó el 63.4% del total y excedió en 50% su presupuesto original por los incrementos en los precios y las variaciones cambiarías. De las ocho metas previstas en este programa, tres fueron ligeramente inferiores a las estimadas y el resto se cumplieron o fueron superadas, debido a que se adelantó la llegada de dos aviones grandes; y a un incremento en la demanda del servicio, tanto nacional como extranjero, originado por la recuperación económica de Estados Unidos, la sustitución de turismo al exterior por turismo interno y la situación cambiaria que reforzó este efecto sustitución. (Cuadros IV.30 y IV.31).
2.1.6. Aeropuertos y Servicios Auxiliares
El gasto de 70.8 mil millones de pesos de esta entidad rebasó en 756% al monto presupuestado originalmente. Esta diferencia, obedeció principalmente a que el costo del combustible 59 mil 765 millones de pesos) no fue considerado en el presupuesto originalmente aprobado. Estos recursos se destinaron a tres programas, de los cuales el QL - Operación Aeroportuaria absorbió el 96.4% del total y rebasó significativamente la asignación original. Este programa superó muy ligeramente una meta y no alcanzó las dos restantes, debido a que en la programación de éstas se pensaba que la situación económica sería mejor de lo que fue realmente. La reducción en la aviación privada nacional, en la oficial y en las líneas de primer nivel, impidieron el cabal cumplimiento de las metas. (Cuadros IV.32 y IV.33).
2.1.7. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Esta entidad ejerció un presupuesto de 5.5 mil millones de pesos, cifra superior en 52% a su asignación original, debido a los incrementos salariales y a los aumentos en el costo de los combustibles (cuadro IV.34). De estos recursos, 86.5% se destinó a la ejecución del Programa de Administración General de Obras Interurbanas, cuya meta de proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos de cuota se rebasó en 7%, porque el flujo de vehículos fue mayor al esperado en periodos de vacaciones. La meta de proporcionar servicios de paso a 76.6 millones de vehículos en puentes de cuota no se cumplió en un 25%, por los problemas económicos en las zonas fronterizas que redujeron el tránsito de residentes y visitantes. La producción de emulsiones asfálticas y pinturas se sobrepasó en un 50% por la reestructuración de los programas de trabajo de las plantas que permitió atender los requerimientos propios y de la SCT. La venta de 155 millones de litros de combustible no se cubrió en un 26%, por los aumentos de sus precios que redujeron la demanda. (cuadro IV.35).
3. Sector Comercio
Las acciones de este sector se orientan a participar en el abasto de bienes básicos a precios accesibles a la población, con el propósito de proteger el ingreso real de las clases de menores ingresos; modernizar los sistemas de distribución y los mecanismos de comercialización; contribuir al aumento de la productividad del aparato comercial para fortalecer la economía, así como mejorar la oferta exportable y racionalizar las importaciones.
Para alcanzar estos objetivos se autorizaron recursos por 305.5 mil millones de pesos, y se ampliaron en 39.5%, resultando un presupuesto ejercido de 426.2 mil millones de
pesos (cuadro IV. 36). De este total, la mayor parte (394.8 mil millones de pesos) correspondió a Conasupo.
3.1. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Esta dependencia instrumentó 11 programas con un costo presupuestal de 136.6 mil millones de pesos y un ejercicio de 155.4 mil millones (13.7% más de lo estimado). Como en años anteriores, el Programa R1 Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, operado en su mayor parte por Conasupo, requirió nueve de cada diez pesos del total ejercido (cuadro IV. 37).
3.1.1. Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Con un presupuesto ejercido de 364.5 mil millones (64.8% más de lo estimado) destinado íntegramente al Programa R1 - Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, Conasupo cumplió con ocho de las 18 metas previstas (cuadro IV. 38), Esto se debió a las condiciones climatológicas de cada ciclo agrícola, al aumento de compra de granos importados para contar con las reservas que cubrieran las necesidades del país; al retiro de los compradores privados del mercado por la situación financiera del país; y a la elevación de costos de comercialización, incluyendo los costos financieros, Además, Conasupo elevó constantemente los precios de garantía para estimular la producción en el campo, lo que junto con las variaciones cambiarías la elevación de precios internacionales de granos y los efectos mencionados, significaron un presupuesto ejercido, muy superior al estimado originalmente. (cuadro IV. 39).
Para mayor abundamiento, durante las pláticas de esta Comisión Dictaminadora con los representantes del sector y de la entidad, se proporcionaron datos anuales de operación respecto a los productos que comercializa Conasupo, destacando: maíz, del que se compraron 5,736.1 miles de toneladas con un costo promedio por toneladas de 16 mil 793 pesos y se vendieron 4,768.6 miles de toneladas a un precio promedio de 8 mil 739 pesos la tonelada; frijol, cuyas compras ascendieron a 530.4 mil toneladas y las ventas a 651.1 mil toneladas, sorgo, se compraron 965.2 mil toneladas, y se vendieron 4,161.5 mil toneladas; entre otros.
4. Sector Bienestar Social.
La política de este sector tiene como propósito incrementar los servicios de salud y seguridad social, educación, vivienda y ecología para elevar la calidad de la vida y propiciar un mayor aprovechamiento de los recursos humanos.
El PIRE, por su parte, puso especial énfasis en mantener los niveles de cobertura alcanzados en los servicios de bienestar social. En 1983 se registraron los efectos más aguados de la crisis y los niveles de atención no se deterioraron; por el contrario, se realizaron acciones para corregir los problemas estructurales que afectan el desarrollo de los sistemas educativos y de salud.
Para lograr estos propósitos, el sector bienestra social ejerció un presupuesto de mil 90.8 mil millones de pesos, (4.0% más de la estimación original). De este total, a la Secretaría de Educación Pública se le destinaron 304.7 mil millones, y una cifra ligeramente inferior al Instituto Mexicano del Seguro Social (306.7 mil millones), ocupando el tercer lugar el ISSSTE (106.1 mil millones). El conjunto de entidades del sector que no están incluidas en el presupuesto, ejercieron un gasto de 264.6 mil millones de pesos (cuadro IV. 40).
4.1. Secretaría de Educación Pública
El subsector educativo, coordinado por esta Secretaría, tuvo como objetivos básicos para 1883: asegurar la educación básica a toda la población; vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios; elevar la calidad de la educación; mejorar la atmósfera cultural del país y aumentar la eficiencia del sistema educativo.
Para cumplir con estas tareas la Secretaría de Educación Pública ejerció un gasto "programático" de 488 mil 667 millones de pesos (que superó en 10.1% al presupuesto original), debido principalmente a que los aumentos salariales fueron superiores a los presupuestados. Este monto se destinó a la ejecución de 27 programas (y 82 subprogramas) entre los que sobresalieron el 4X - Asegurar la educación básica a toda la población (46.6% del gasto total de la Secretaría) y el 4Y - Vincular la educación propedéutica y terminal con el sistema de producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios (30.4% del total). (Véase cuadro IV - 41).
Estos dos programas obtuvieron recursos adicionales por 39 mil 671 millones de pesos, cantidad que corresponde al 88.5% del total de la diferencia entre lo ejercido y lo presupuestado en la SEP. Los recursos adicionales se derivan del gran volumen de recursos humanos que se requieren para llevar a cabo estos programas.
El tercer programa en importancia, en función del gasto, fue el "3Z - Ampliar y conservar la infraestructura física", que tuvo un ejercicio de 40 mil 35 millones de pesos, (8.2% del gasto total de la SEP. La Cuenta Pública incluye 15 programas que no aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que ejercieron en su conjunto 200 millones de pesos. La Secretaría de Educación Pública informó en las pláticas
efectuadas con motivo de la revisión de la Cuenta, que estos programas especiales son presupuestados en otros sectores y, posteriormente, mediante transferencias de recursos, se trasladan al sector educativo, para que éste los lleve a cabo.
En el programa "4X - Asegurar la educación básica a toda la población", las metas se alcanzaron aceptablemente (cuadro IV. 42). En "educación primaria" se atendió el 100% de los niños que solicitaron el servicio; en "castellanización a niños indígenas", se cumplió con el 86% de la meta; en el subprograma "03 - Dar a la población adulta la oportunidad de recibir la educación básica o complementaria en su caso", la meta alcanzada fue de 81.3%; no se logró el 100% debido a una distribución desigual de la población analfabeta, difíciles condiciones geográficas y la dispersión de las poblaciones. En el subprograma "4Y - Vincular la educación propedéutica y terminal con el sistema productivo de bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios", en términos generales, las metas registradas cumplieron satisfactoriamente. En el subprograma 03 se nota una diferencia del 23%, resultado irreal, pues la UNAM no remitió sus informes y originalmente tenía programado 146 mil 700 alumnos. En pláticas con la Secretaría de Educación Pública, se informó que la UNAM no presentó información, debido a que el tiempo de integración de la Cuenta Pública y el tiempo en que el Patronato Universitario sanciona y valida los resultados presupuestarios del año, se anteponen. Cabe señalar que durante las pláticas con la Comisión, la Secretaría proporciona la información de la UNAM, la cual fue objeto de un análisis complementario, observándose un cumplimiento razonable de las metas.
4.2. Secretaría de Salubridad y Asistencia
Esta dependencia ejerció un presupuesto de 60 mil 646 millones de pesos (11.2% más de lo estimado) que distribuyó entre 14 programas entre los que sobresalen el YV - Atención curativa (39.7% del total), YI - Administración de salud (26.0% del total) y YU - Atención preventiva (13.9% del total), como se observa en el cuadro IV. 43.
En el cuadro IV. 44, se muestran los subprogramas y las metas de los programas mencionados, 27 en total, de los cuales se lograron 12. De los 15 restantes siete fueron inferiores al 85%. La diferencia se debió a que algunos de los centros de rehabilitación y educación especial, se transfirieron al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En el subprograma 04 se tenían programadas 75.010 millones de raciones que otorga el Programa Mundial de Alimentos, pero únicamente se recibieron 14.771 millones de raciones, por lo que no se pudo cumplir con la meta. Cabe subrayar que en materia de salud, el incumplimiento de las metas de cada subprograma requiere de estudios exprofeso, ya que existen factores epidemiológicos, sociales, técnicos y económicos que alteran los resultados esperados. En términos generales, en 1983 se presentaron situaciones que incidieron en todos los programas: los ajustes de sectorización, que significaron traslados de programas y recursos al SN - DIF y a SEDUE; las políticas de descentralización; la inflación y el consiguiente incremento de los costos.
4.2.1 Instituto Mexicano del Seguro Social
Este organismo ejerció un gasto de 339 mil 134 millones de pesos (22.1% más de lo estimado), que distribuyó entre 19 programas, sobresaliendo el 1B - Atención curativa......(49.5% del gasto total de la entidad) y el 1E - Prestaciones económicas (23.1% del total). Estos datos aparecen en el cuadro IV. 45 donde se advierte que están incluidos cinco programas de IMSS - Coplamar que en total representan 2.4% del gasto total de la entidad.
En el cuadro IV. 46 se consignan los subprogramas y metas de los programas sobresalientes del IMSS, observándose que de las diez metas programadas, se cumplieron seis al 100% o más, tres a más del 85% y se dejó de cumplir una debido a la reprogramación generada por la atención a actividades prioritarias necesarias para mantener la eficiencia en el servicio. Conviene subrayar que en el IMSS se registró un aumento importante en la demanda de sus servicios originada por la ampliación del plazo de conservación de derechos y la extensión del régimen del Seguro Social mediante incorporaciones de trabajadores independientes, patrones, personas físicas y seguro facultativo. Por otro lado, el decremento de subsidios y ayudas se originó principalmente por la limitación en la expedición de certificados de incapacidad, actividad que está siendo llevada a cabo por el programa de control de incapacidades.
4.2.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
En el cuadro IV. 47 se aprecia que el ISSSTE ejerció un presupuesto de 111 mil 225 mil millones de pesos (64.1 más de lo previsto) que fue asignado a 16 programas, entre los que destaca el 1M - Protección al salario (31.4% del total), el 1B - Atención curativa (29.3% del total), el 1E - Prestaciones económicas (14.0% del total) y el IP - Financiamiento de módulos sociales(9.8% del total).
Los subprogramas y metas de los cuatro programas citados se aprecian en el cuadro IV. 48, donde se muestra que de las 19 metas establecidas, se cumplieron sólo nueve, y se dejaron de cumplir diez, debido principalmente a los aumentos salariales superiores a los estimados; los incrementos en los costos
de bienes y servicios; las mejoras en medicina preventiva y en el régimen de consulta externa y lo imprevisible de las solicitudes de subsidios.
4.3 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Esta dependencia registró un gasto de 36 mil 427 millones de pesos, inferior en 54.2% a la suma presupuestada originalmente debido a la reestructuración de esta Soberanía. Tal monto se distribuyó entre 31 programas, sobresaliendo por el gasto ejercido, el IV - Administración de obras intraurbanas (37.8% del total); el IU - Administración general.... (19.8% del total); el 3B - Agua potable (4.4% del total y el 2T - Vivienda progresiva (14.1% del total). (Cuadro IV. 49).
En el cuadro IV. 50 se presentan los subprogramas y metas de los tres primeros programas señalados, percibiendo que de las diez metas establecidas se cumplieron cinco al 100%, dos a más del 90% y los restantes tres no se cumplieron debido principalmente a la cancelación de varios estudios y proyectos, a la transferencia de recursos y programas a otras dependencias; a la transferencia de 206 sistemas de agua potable y 138 de alcantarillado a los estados y a los ajustes presupuestales. Conviene subrayar que la meta de realizar 28 mil 842 acciones de vivienda progresiva se rebasó en 89%, debido a la reducción de costos en las acciones, no obstante los incrementos en los precios de los materiales. Por otra parte, el incremento en el gasto del Programa 2T - Vivienda progresiva, obedece a dos ampliaciones líquidas para el FONHAPO.
4.4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Esta Secretaría registró erogaciones por 6 mil 42 millones de pesos (25.1% más de lo previsto) que distribuyó entre cinco programas, sobresaliendo el WN - Programa de desarrollo y fortalecimiento de las autoridades e instituciones de la administración integral del trabajo (40.3% del total), el W2 - Programa nacional de mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias (28.5% del total y el W1 - Programa de justicia en las relaciones laborales (17.6% del total (Cuadro IV. 51).
El cuadro IV. 52 muestra los subprogramas y metas de los dos primeros programas, observándose que de las 196 metas registrados, se cumplieron 116. El resto no se pudo cumplir, principalmente por la reestructuración del sector; la escasez de divisas del país que hizo jerarquizar las reuniones internacionales a las que se asiste; que la OIT requirió menor información de la estimada; la reprogramación y retraso en la iniciación de cursos; cancelación y reprogramación de proyectos; descompostura de equipos, y falta de personal especializado en información; elevación de costos de edición e impresión; cancelación de reuniones no prioritarias; petición de servicios inferior a lo previsto; insuficiente presupuesto de promoción y difusión; cancelación de convenios con sindicatos; desaparición de Conacurt; se cancelaron metas que se duplicaban, y se canalizaron demandas a otras Secretarías.
5. Sector Industrial
Los principales objetivos de este sector fueron: garantizar la existencia de las empresas en operación, principalmente las de carácter estratégico y prioritario; llenar huecos de producción o deficiencias graves de oferta; aprovechar íntegramente la potencialidad de la industria paraestatal; integrar la planta industrial en productos básicos, y articular la gran empresa con la pequeña y mediana.
Para cumplir con estos objetivos el sector industrial ejerció un presupuesto de 353.8 mil millones de pesos, que superó en 21.7% al monto original por la necesidad de cubrir incrementos en los sueldos y salarios; variaciones cambiarías y apoyos a la producción de azúcar e insumos para el campo.
Del total ejercido, a las entidades del Gobierno Federal (Semip y Secofi) correspondieron 5.6 mil millones de pesos, mientras que los organismos y empresas incluidos en el presupuesto tuvieron erogaciones por 202.7 mil millones de pesos, destacando por su monto Fertimex (93.5 mil millones de pesos) y Cicartsa (58.2 mil millones de pesos). Por otro lado, las entidades coordinadas por este sector, pero no incluidas en el presupuesto, ejercieron un gasto de 145.5 mil millones de pesos, sobresaliendo entre ellas la industria azucarera con un gasto ejercido de 44.2 mil millones de pesos (cuadro IV. 53).
5.1. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
El gasto programático de Semip, fue de 522 mil 659 millones de pesos (88.9% más de lo presupuestado) que distribuyó entre nueve programas, sobresaliendo el IM - Planeación de la industria manufacturera...... (33.9% del total) (véase cuadro IV. 54). Estos programas con sus subprogramas y metas aparecen en el cuadro IV. 55, donde se puede percibir que de las 35 metas previstas, se cumplieron 18 y el resto tuvo problemas de: falta de recursos financieros, humanos y materiales; información extemporánea; auditorías de emergencia no programadas a usuarios de material radioactivo; metas reprogramadas para concluirse en 1984; documentos en proceso de aprobación; falta de solicitudes de estudios; cambio de periodicidad de los informes requeridos; cambios en la presentación de informes, agrupándolos; coordinación en marcha con la Contraloría Interna para realizar la evaluación sectorial, y se formularon estudios prioritarios que no estaban programados.
5.1.1 Fertilizantes Mexicanos, S. A.
La empresa ejerció 68.7 mil millones de pesos lo que representa un subejercicio respecto a la asignación original del 12.9% (cuadro IV. 56); este presupuesto se destinó a un solo programa MD - Fertilizantes e Insecticidas que contiene 31 metas de las cuales se alcanzaron ocho; por lo que respecta a las 23 restantes de la entidad explicó que no fue posible su consecución debido, entre otras causas, a la crisis económica que afecta al país y al retraso de la temporada de lluvia que ocasionaron una fuerte disminución en la demanda de fertilizantes; a los problemas de abastecimiento de materias primas; problemas de obsolescencia en las plantas (de amoniaco y ácido sulfúrico) lo que significó mantenimiento intensivo; dificultades mecánicas en las plantas, modificaciones de las plantas y aumentos de precios.(Cuadro IV. 57).
5.1.2. Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S. A.
Esta entidad registró un gasto de 57.9 mil millones de pesos que representan al 43.2% de variación en relación con los 40.4 mil millones de pesos autorizados originalmente (cuadro IV. 56); el presupuesto modificado se distribuyó en dos programas: KC - Beneficio de minerales siderúrgicos (6.2 mil millones de pesos) y MV - Siderúrgica y Productos Metálicos (51.7). Estos dos programas incluyen 25 metas de las cuales solamente nueve no se alcanzaron debido principalmente a la contracción del mercado nacional (cuadro IV. 58).
5.1.3. Otras Empresas del Sector Industrial
En el cuadro IV. 56 también se muestran los presupuestos y programas de Diesel Nacional, S. A., Siderúrgica Nacional, S. A. y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A. Estas tres empresas tuvieron subejercicios en relación a las asignaciones originales (44.3%, 34.1% y 2.6%, respectivamente) debido, fundamentalmente, por segundo año consecutivo, a la contracción de la demanda de sus productos.
DINA distribuyó su presupuesto (23.3 mil millones de pesos) en tres programas con 15 metas de la cuales no se alcanzaron 12, debido a la contracción del mercado automotriz y a la reducida importación de autopartes necesarias para la producción de vehículos (cuadro IV. 59).
Sidena ejerció 5.5 mil millones de pesos que se aplicaron en dos programas que incluyeron 16 metas, de las cuales 14 no se alcanzaron por: la caída en la demanda automotriz, ferroviaria y agropecuaria; la cancelación de importaciones de aceros especiales; la cancelación de pedidos por parte de los principales clientes entre ellos DINA y Concarril, y la insuficiencia de divisas para la importación de insumos y refacciones necesarias en la operación (cuadro IV. 60).
Concarril ejerció 17.7 mil millones, destinados a dos programas con 12 metas de las que sólo fueron logradas seis; el resto no se alcanzó debido a una política de disminución en los ritmos de trabajo para asegurar la continuidad en 1984; falta de materiales e insumos de importación, e incumplimiento de proveedores nacionales en la entrega de materiales (cuadro IV. 61).
6. Sector Energético
El sector constituye un sólido respaldo al desarrollo nacional al suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del aparato productivo; como generador de divisas, y como el contribuyente más importante del erario público. Además, ha estimulado el desarrollo de algunas industrias de bienes de capital e intermedias mediante su programa de adquisiciones. Su fortaleza se basa principalmente en las reservas probadas de hidrocarburos, en la producción de petrolíferos y petroquímicos y en la capacidad de generación de energía eléctrica. En su conjunto, el sector representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. El gasto ejercido por el sector alcanzó 1098.1 mil millones de pesos, 55.8% más que en 1982 y superior al original en 17.9% (cuadro IV. 62).
Este gasto sectorial se distribuyó entre Pemex (760.1 mil millones de pesos); CFE (286.3 mil millones ) y Compañía de Luz y Fuerza del Centro (51.7 mil millones).
6.1. Petróleos Mexicanos.
Pemex ejerció un gasto "programático" de 730 mil 178 millones de pesos, 6.6% más de lo previsto, que asignó entre cuatro programas de los que el 01 - Producción primaria representó el 42.3%; el 05 - Administración y apoyo el 24.5%, el O2 - Producción industrial el 19.0% y el 03 - Comercialización el 14.2%. De todos ellos, el primero, es decir, el de producción primaria, registró un gasto inferior al presupuestado (21.4%), mientras que los demás rebasaron el monto asignado originalmente, sobre todo el de administración y apoyo y el de comercialización (98.2% y 45.8%, respectivamente) (cuadro IV. 63).
Estos programas registraron 19 metas (cuadro IV. 64), de los cuales nueve rebasaron la meta, cinco demostraron diferencias inferiores al 10% y cinco no se cumplieron (sobresaliendo los de comercialización), debido principalmente a la baja actividad económica del país, que contrajo la demanda de refinados; la entrega tardía de algunas unidades del complejo .La Cangrejera; los tiempos de reparación excesivos de algunas plantas por falta de refacciones importadas; falta de insumos (cloro p.e); la producción de gas decreció por el bajo contenido en algunas zonas de extracción de crudo; y no existir
suficiente infraestructura para el transporte y proceso de gas, y equipos que estaban asignados a la perforación de pozos inyectores de exploración se usaron para pozos de desarrollo.
6.2 Comisión Federal de Electricidad
Esta entidad registró erogaciones por 454 mil 789 millones de pesos (17.4% más de lo estimado originalmente), que distribuyó entre nueve programas de los que el K7 - generación de energía eléctrica de origen secundario, representó el 46.2% del total, y los programas K6 - generación de energía eléctrica de origen primario y LA - distribución de energía eléctrica participaron con el 13.8% y el 12.1% del gasto total, respectivamente (cuadro IV. 65).
Los subprogramas y metas de los programas citados se aprecian en el cuadro IV. 66 donde aparecen ocho metas de las que se cumplieron sólo tres y dejaron de cumplirse las cinco restantes debido a: una disminución en la generación de la energía originada por la contracción en la demanda, como consecuencia de la situación económica; el diferimiento en la construcción de tres plantas, por no contar oportunamente con el equipamiento de importación necesario, y las restricciones presupuestarias que obligaron a posponer los trabajos en obras no prioritarias.
7. Estrategias intersectoriales
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983, incluye el ramo de Promoción Regional que comprende los programas y presupuestos:
Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER).
Programa de Empleo en Zonas Urbanas Críticas (PEZUC).
Programa Estatal de Inversión (PEI).
Programa de Desarrollo Estatal (PRODES).
Programas Sectoriales Concertados (PROSEC).
Programa de Atención a Zonas Marginadas (PAZM).
Presupuesto 1983
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7.1 Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER).
Los recursos del programa ascendieron a 13.9 mil millones de pesos, (8.6% menos de lo programado). Con dichos recursos se alcanzó una cobertura de 143 microregiones, en mil 162 municipios en los que habitan alrededor de 12 millones de personas, atendiéndose en esta forma el 57% del territorio nacional.
Las acciones del PIDER se orientaron a promover el sector agropecuario, forestal y pesquero. Dentro del marco de actividades se realizan tres tipos de acciones: Proyectos Productivos, que representan 55% del total, destinados a la generación y retención de excedentes económicos para la población beneficiada; acciones de apoyo a la producción (38%) y programas de bienestar social (7%).
En materia de empleo, los recursos del PIDER permitieron la generación de cerca de 13 millones de jornales, ubicados en programas productivos, como pequeña irrigación, producción y transformación agrícola e infraestructura para el desarrollo ganadero.
Adicionalmente se generaron 10.5 millones de pornales eventuales en la realización de las obras, caminos rurales, producción y transformación agrícola, infraestructura para el desarrollo agrícola, aprovechando de esa manera la mano de obra disponible en las comunidades.
7.2 Programa de Empleo en Zonas Urbanas Críticas.
El objetivo general del programa es promover y vigorizar la integración de la población marginada al desarrollo regional, mediante el apoyo a la racionalización de las inversiones públicas a ella destinadas.
Los objetivos sectoriales que tienen incidencia nacional dentro del Programa de Empleo, son los siguientes: Atender la realización de obras altamente generadoras de mano de obra; ampliar la cobertura de servicios en materia de agua potable, alcantarillado, salud, vivienda, educación, saneamiento ambiental y limpieza, y orientar la inversión hacia ciudades que presenten graves problemas de desempleo.
Bajo este esquema, el PEZUC alcanzó de manera indirecta otros logros importantes, como la realización de proyectos prioritarios, el beneficio de la población de bajos ingresos, el fortalecimiento y aprovechamiento de la capacidad administrativa de los gobiernos federal, estatal y municipal, y el mejoramiento de la eficiencia y control permanente del ejercicio presupuestal.
Los recursos ejercidos en el programa, ascendieron a 26 mil 436 millones de pesos, 2% abajo de lo autorizado. Los programas que presentan mayor gasto son Agua Potable, Alcantarillado e Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, con 20.8%, 13.9% y 3.4%, respectivamente con un cumplimiento en el alcance de sus metas del 94%, en promedio, debido a lo siguiente: En el programa de Agua Potable, la meta de suministro de agua se vio afectada, debido a que existen algunos poblados que están localizados a gran distancia de las fuentes posibles de abastecimiento, así como por los problemas topográficos que ofrecía el terreno. Este programa generó fuentes de trabajo por un total de 25 mil 604 empleos.
En el programa de Alcantarillado, la construcción de sistemas fue inferior en 27% (a lo programado, generando 21 mil 397 empleos). La diferencia fue motivada por la imposibilidad de continuar con el programa de inversiones en algunos estados, por los fuertes temporales que se presentaron.
Finalmente, el programa de Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, presentó desviaciones mínimas en la construcción y conservación de calles, así con en la de equipamiento de calles y avenidas.
7.3 Programas Estatales de Inversión
El ejercicio de este programa alcanzó 20.1 miles de millones de pesos, cifra superior en 9.8% al original. Las principales acciones se orientaron a: Construcción de 9 mil 947 aulas, 211 laboratorios, 447 talleres, y 2 mil 458 anexos de educación primaria y media básica, beneficiando principalmente a los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Veracruz; construcción y conservación de 4 mil 488 kms. de carreteras estatales, con mayores asignaciones para los estados de Tabasco, Chihuahua, Sonora y Veracruz; construcción y conservación de mil 61 kms. de caminos rurales principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla; construcción de 293 sistemas de agua potable, en las entidades de Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Morelos; construcción y rehabilitación de 174 centros de atención curativa en Durango, Guanajuato, Oaxaca y Puebla.
7.4 Programa de Desarrollo Estatal.
Bajo esta modalidad se concertaron acciones promovidas con los gobiernos estatales con recursos federales transferidos en diferentes sectores, para la realización de los proyectos. Para estos programas se transfirieron originalmente 53.7 miles de millones del Ramo XXIII, Erogaciones Adicionales, destinando 40.0 miles de millones al Programa de Emergencias para la Protección del Empleo y SARH y 13.7 miles de millones para el Acuerdo Linares - Monterrey.
Durante 1983 se ministraron 31.6 miles de millones de recursos federales para la ejecución del PRODES, siendo el programa de empleo en zonas urbanas críticas el más representativo al haberse destinado 26.3 miles de millones de pesos, los cuales fueron directamente autorizados a los gobiernos estatales. Asimismo, los gobiernos estatales y los sectores social y privado han comprometido aportaciones adicionales por 3.7 miles de millones, lo que confirma la respuesta favorable de estos a la iniciativa federal.
Además se han incluido acciones que apoyan programas de emergencia por contingencias climáticas como Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas.
Con ello, las inversiones autorizadas se agruparon en más de 40 programas que incluyeron acciones muy diversas, desde agua potable y alcantarillado en el norte del país, hasta proyectos productivos, capacitación y programas de nutrición en zonas indígenas del sureste.
Estas acciones se desarrollaron en el marco del Convenio Único de Desarrollo, dotando al programa de una gran flexibilidad en la asignación de recursos lo que le permitió generar 148 mil empleos y colaborar al mismo tiempo en otros logros: el anillo de transferencia en la ciudad de Monterrey, obra que abastecerá de agua potable a un gran sector de la zona metropolitana para lo cual se autorizaron 570 millones al Ejecutivo Estatal; asimismo, para la construcción de la Presa Cerro Prieto y Acueducto Linares - Monterrey, se asignaron 176 millones.
Al Programa de Emergencia para el Suministro de Agua Potable a la ciudad de Guadalajara, se dotó de 400 millones y para el desarrollo de la costa de Tabasco, Pemex transfirió recursos por mil millones al Convenio Único de Desarrollo para autorizar al Gobierno estatal.
Con estos recursos se emprendieron acciones para reconstruir y modernizar carreteras alimentadoras, rehabilitación de alcantarillado, construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, asistencia técnica agrícola y pecuaria, así como electrificación rural y adquisición de equipo de flota pesquera y procesadoras.
7.5 Programas sectoriales concertados.
A este programa se destinaron 9.5 miles de millones de pesos siendo concertados 31 a través de esta modalidad durante el ejercicio con las entidades federativas, los cuales fueron realizados con recursos transferidos de las dependencias y entidades del sector presupuestario como son: transferencias del programa normal de SEDUE para agua potable y alcantarillado con un monto de 5.0 mil millones para la construcción de 59 sistemas; transferencias de 3.8 miles de millones a 15 estados para el pago de sueldos y salarios a maestros y directores mediante el acuerdo de coordinación denominado Apoyo al Gasto Estatal del Programa Primaria para Todos los Niños; apoyo a Organismos Operadores de Agua Potable autorizándose 500 millones.
En los programas con mayor asignación y convenido con las 31 entidades se observó lo siguiente: las transferencias de SEDUE para agua potable y alcantarillado, no se han ejecutado totalmente, debido a que su concertación y autorización se realizó a finales del mes de noviembre pasado, alcanzando a ejecutarse 1.7 miles de millones de pesos, 34% de lo autorizado; apoyo al Gasto Estatal del Programa Primaria para todos los Niños, se cumplió con lo programado; apoyo a Organismos Operados de Agua Potable, se tiene un grado de avance considerable, ya que se ejerció un monto de 437 millones, 87% respecto a lo autorizado.
7.6 Programa de atención a zonas marginadas.
El objetivo general de este programa es promover y vigorizar la integración de la población marginada al desarrollo regional. Dentro de sus objetivos específicos, destacan el de contribuir al funcionamiento del Convenio Único de Desarrollo, entre la Federación y los Estados.
Las líneas de acción del PAZM comprenden la atención a obras en proceso prioritario, y procurar la ampliación de cobertura de servicios relacionados con la salud, empleo, educación y vivienda, tomando en cuenta las necesidades a nivel estatal las cuales se constituirán en metas nacionales. Para ello el PAZM tiene un nivel multisectorial orientado según los lineamientos de desarrollo regional.
Los recursos ejercidos por el PAZM, ascendieron a 23.4 mil millones de pesos, 11.7% por debajo de su estimación original, siendo los programas de integración al desarrollo nacional de zonas deprimidas y grupos marginados, caminos rurales y abasto, regulación y comercialización de productos básicos para la defensa de la economía popular, los más importantes con 37.4%, 33.3% y 10.8% del total respectivamente.
Con los recursos anteriores, se tuvo un alcance de metas, en promedio del 79%, debido a las alzas en costos unitarios, en el programa de caminos rurales, ya que en el programa de abasto se llevaron a cabo las acciones sólo con el 83% del presupuesto autorizado.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la revisión de la Cuenta Pública por parte de esta representación popular, es en primera instancia, emitir un juicio político sobre los objetivos y metas planteados en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de 1983, así como de los principales instrumentos que se utilizaron para lograrlos. Este juicio no debe asumir posiciones sombrías que sólo resaltan desviaciones y fallas; ni actitudes triunfalistas que sólo subrayan avances y logros, sino incluir activos y pasivos, adelantos y deficiencias, en la proporción que señalen los datos. De tal balance surge lo que habrá de consolidarse y continuarse, así como lo que habrá de corregirse o afinarse.
Las cifras revelan que, en términos generales, se cumplieron los objetivos y metas de la estrategia que enmarcó el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983, sin que esto signifique plenitud de logros, ni el fin de un proceso de reordenación económica y cambio estructural que apenas se inició ese año; proceso que es dinámico, flexible y perfectible.
Desde el punto de vista político, uno de los logros fundamentales de la nueva estrategia, es haber revertido, de manera sostenida, la tendencia de la inflación es decir, el crecimiento de los precios ha retrocedido, y la declinación se ha mantenido hasta la fecha y se prevé se mantenga en 1985. La trascendencia política de este avance radica en que se conjuró la posibilidad de una hiperinflación, situación en que los precios hubieran crecido a tasas anuales superiores al 100% a partir de las cuales se facilita su aceleración (de 100 a 200 a 500% por año) y crecen las posibilidades de que las crisis económicas se transformen en crisis sociales y políticas. En situaciones de hiperinflación, hubieran peligrado la independencia, las libertades y la democracia. También se hubiera profundizado la injusticia, y los rezagos sociales hubieran aumentado, porque la inflación es un instrumento de injusticia social, es un impuesto regresivo que grava más a quienes menos tienen, y que obstaculiza la producción de bienes básicos y la generación de empleos permanentes y bien remunerados.
A esta Comisión Dictaminadora le preocupa el debilitamiento del nivel de vida de la mayoría de la población que surge como consecuencia de la crisis, que se agudizó durante el segundo semestre de 1982, por lo que apoya la voluntad política de combatir la inflación distribuyendo equitativamente la carga del ajuste a la nueva situación, mediante el mitigamiento del costo de la crisis en los grupos de menores ingresos. Esta Comisión considera que la caída en el bienestar de la mayoría hubiera sido aún mayor si no se hubieran tomado las medidas que han permitido el descenso de la tasa inflacionaria.
Son estas consideraciones políticas las que justifican y fundamentan la prioridad del combate a la inflación. Por ello, si bien es cierto que no se cumplió la meta cuantitativa de reducir la inflación del 100% al 70%, como señala el PND, o al 50%, como se indicó en diciembre de 1982, no puede soslayarse la importancia política de la reversión de la tendencia inflacionaria al pasar del 100% al 80%. Los datos actuales y las perspectivas para el año venidero permiten confirmar que esta declinación ha sido permanente y sólida (55% en 1984 y 35% previsto para 1985)
Sin embargo, la inflación aún es elevada y esta Comisión recomienda que se continúen las políticas que combaten la inflación para
que ésta llegue a tasas compatibles con las internacionales. Esta recomendación no concibe la estabilidad de precios como un fin en sí mismo, sino como un medio que permite avanzar en la reducción del desempleo y en la transformación del crecimiento económico en desarrollo social; como una condición necesaria, aunque no suficiente, para impulsar la justicia social, fortalecer la independencia, afianzar y consolidar la democracia y fortalecer el régimen de libertades.
Se logró conjurar el peligro de quebrantamiento del aparato productivo nacional y la consiguiente extensión del desempleo a niveles explosivos, lo que hubiera significado deterioros considerables en el bienestar social; es decir, el costo social de la crisis hubiera sido mayor de no haberse tomado estas medidas. Cabe subrayar en este punto, el papel responsable y solidario del sector obrero, ya que su actitud evitó el cierre de empresas y los despidos masivos. Contribuyeron además, los programas específicos de creación de empresas en el medio rural, en las zonas urbanas críticas y entre los pasantes; así como las medidas para proteger a la planta productiva. Estas últimas buscaron resolver la disminución de la demanda interna; los problemas financieros y la liquidez, y la escasez de divisas mediante la reorientación del gasto hacia el mercado interno, apoyos financieros y de cobertura cambiaria (sin incurrir en subsidios) y la renegociación de la deuda externa del país.
No obstante, la tasa de desempleo aún es muy elevada (8.5%) y la planta productiva enfrenta serios problemas financieros y de readaptación a las nuevas señales que imponen el realismo económico y el cambio estructural. De ahí que la Comisión recomiende que se intensifiquen los programas de generación de empleos, tanto los creados directamente por programas específicos, como los derivados del crecimiento de las fuentes de trabajo surgidas de la reactividad económica y del cambio que da prioridad a los sectores intensivos en mano de obra. La Comisión está consciente de que perseverar en el cambio estructural significa fortalecer y ampliar las fuentes de producción y de empleo.
Se logró proteger y estimular la producción, importación y distribución de alimentos a precios moderados a fin de aminorar el impacto de la crisis en los grupos de menores ingresos, mediante el programa de fomento a la producción, abasto y control del paquete básico de consumo popular; la comisión para la ejecución y seguimiento del programa; compromisos específicos para productos concretos de la canasta básica; distribución de despensas; tiendas sindicales y gubernamentales; precios de garantía; subsidios al consumo y a la producción; desgravación del IVA; transferencias a las empresas públicas productoras de insumos para el campo o de bienes básicos, y preferencia en la asignación de divisas, de reservas presupuestales y de ingresos ordinarios excedentes.
La Comisión recomienda la continuación de estos programas y apoyos de naturaleza eminentemente social y que se combatan los problemas que han impedido una mayor trascendencia de los mismos, tales como insuficiencias; fallas de proveedores; deficiencias en la capacidad administrativa; situación crítica de los sectores productivos que carecían de estímulos; fallas estructurales del aparato comercial, y actitudes especulativas, que limitaron el control de precios. Asimismo, recomienda continuar con la política de control de precios para proteger el consumo de las mayorías, lo que requerirá afianzar y ampliar los compromisos con los sectores social y privado e inducir una movilización social efectiva para el logro de estos propósitos.
También se logró la meta de estabilidad cambiaria al desaparecer las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio que caracterizaron a 1982, y al conseguir que la mayoría de las divisas por la explotación de bienes y servicios fueron captadas por el sistema financiero nacional y canalizadas a las importaciones prioritarias. Sin embargo, el tipo de cambio se deslizó más de lo estimado debido a que la inflación fue superior a la prevista.
Esta Comisión recomienda que se continúe con los deslices programados que generan estabilidad y certidumbre y permiten la programación a todos aquellos que realicen transacciones con el exterior; pero que, al mismo tiempo, se continúe con la política realista que permita alentar las exportaciones y consolidar los avances en la sustitución de importaciones.
Además se recomienda que la asignación de divisas en el mercado controlado continúe siendo selectiva, dando preferencia a la importación de alimentos básicos y a los insumos necesarios para los procesos productivos de los sectores prioritarios y estratégicos. Se recomienda también la simplificación de los trámites de comercio exterior ya que su complejidad fue uno de los factores que originaron demoras en la asignación de divisas a principios de 1983. Adicionalmente, se recomienda que se disminuyan los incentivos que tienen los exportadores a la subfacturación y a dejar sus divisas en el exterior o a retenerlas para venderlas al tipo libre, en lugar de canalizarlas al sistema financiero para su reasignación conforme a prioridades.
También se logró mejorar los resultados de la balanza de pagos, sobre todo el comercio internacional de mercancías y servicios, lo que permitió reponer e incrementar la casi exhaustas reservas internacionales. Este resultado, como los anteriores, se facilitó por la reestructuración de la deuda externa, que amplió los grados de libertad en el manejo de la política económica. Sin embargo, aún deben continuarse los cambios en política de comercio exterior para consolidar estos avances que en parte fueron producto de la coyuntura, y en parte resultado de cambios estructurales.
La Comisión reconoce los avances de la política de deuda que logró reordenar mercados; mejorar instrumentos; restablecer las
funciones de la intermediación financiera; reducir las presiones especulativas; normalizar nuestras relaciones financieras con el exterior y restablecer el flujo de divisas hacia el país. Sin embargo, no puede soslayar que el servicio de la deuda constituye una pesada carga sobre el erario nacional, (40% del presupuesto); sobre todos los intereses, cuyo gasto está determinado por la evolución de las tasas internacionales. Por ello, recomienda la continuación del proceso de reestructuración de la deuda, para que el perfil de pagos sea cada vez más compatible con las disponibilidades de recursos del país y, sobre todo, que se pugne en los diferentes foros internacionales porque se tomen medidas tendientes a reducir la tasa de interés externa. Esto, junto con la persistencia de la tendencia decreciente de la inflación y la estabilidad cambiaria, reducirá las tasas de interés internas. Tal efecto y la reactivación económica que ya se observa, a su vez fomentarían la inversión y el potencial productivo del país.
Asimismo, la Comisión recomienda que se continúen los esfuerzos de solidaridad activa en el campo de la renegociación de la deuda externa de los países en desarrollo, como se manifestó en las reuniones de Quito, Cartagena y Mar de Plata, donde México jugó un papel protagónico. En este sentido, deberán impulsarse las propuestas de mecanismos que atenúen el efecto de las altas tasas de interés externas (tales como ventanillas compensatorias, préstamos concesionales, etcétera): que faciliten la renegociación en función de la capacidad de recuperación económica y de pago de cada país; que accedan a diferir el pago de parte de los intereses, que serían pagados con una proporción determinada de los recursos provenientes de incrementos en las exportaciones, que permitan que los pagos de la deuda externa no comprometan los ingresos de exportación más allá de porcentajes razonables y compatibles con el mantenimiento de niveles adecuados de actividad productiva interna; que atiendan inmediatamente el reclamo de los países en desarrollo de mejorar sus términos de intercambio, y que eliminen las barreras que limitan el acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados de los países industrializados.
También se avanzó en el saneamiento de las finanzas públicas logrando reducir el déficit financiero del Sector Público, que había llegado a cifras sin precedente (18.2% del PIB) que lo harían de difícil manejo ya que requería crecientes volúmenes de financiamiento inflacionario. Además, el ahorro interno resultaba insuficiente y se habían reducido significativamente las posibilidades de conseguir créditos externos. Por ello, no quedaba otro camino que racionalizar el gasto, elevar los ingresos (impuestos y precios y tarifas principalmente) y revertir el proceso de desintermediación financiera para elevar el ahorro interno. Ello permitió que se redujera el déficit del Sector Público, como proporción del PIB, a más de la mitad (8.5%).
Sin embargo, esta Comisión considera que el déficit del Sector Público debe excluir los intereses pagados al exterior ya que una vez aprobado el gasto por esta H. Cámara, todo aumento de las tasas de interés por encima de lo previsto, significan mayores restricciones a la demanda interna y retraso de las metas de producción y de empleo. Por lo tanto, esta Comisión recomienda que la meta de déficit público, excluya los intereses pagados al exterior para que sus elevaciones no asfixien o demoren el cumplimiento de los objetivos nacionales.
La consecución de la meta del déficit financiero se debió en buena medida a que se revertió la tendencia del ahorro público, ya que de un desahorro corriente de 298.6 mil millones de pesos en 1982, se pasó a un ahorro de 419.2 mil millones de pesos en 1983, cifra inferior a la prevista, pero sobresaliente por la reversión que significa. La Comisión consideró importante estudiar el ahorro con y sin intereses, porque las dificultades del saneamiento financiero se debieron a estas variaciones exógenas, llegándose a la conclusión de que si se excluyen los intereses, el ahorro público en cuenta corriente es de 2.8 billones de pesos. Si sólo se hubieran pagado los intereses presupuestados, el ahorro hubiera sido de 1.290 billones y el déficit del Sector Público presupuestario hubiera sido de 422 mil millones de pesos, es decir, una tercera parte del que se registró. De aquí la importancia de las recomendaciones anteriores sobre las tasas de interés.
Esta Comisión recomienda que se consolide este avance en el ahorro público para elevar la posibilidad de tener mayores inversiones y mayor potencial productivo en el futuro. De esta manera se alienta el desarrollo fincado en un financiamiento sano y con recursos propios, y se aleja el fantasma del crecimiento "prestado".
Los avances anteriores dependieron en buena medida de la política de ingresos que se orientó a sanear las finanzas pública para elevar el ahorro interno y reducir el déficit, al tiempo que apoyaban la distribución equitativa del costo de la crisis. Para ello se aumentaron los ingresos tributarios, haciéndolos más progresivos, así como los que provienen de precios y tarifas de los bienes y servicios del Sector Público. Estos se encontraban rezagados debilitando la estructura financiera de las empresas públicas y propiciando patrones de producción y de consumo ajenos a nuestra dotación de recursos y a nuestra etapa de desarrollo. Estos aumentos se concentraron en los bienes que consumen las clases de mayores ingresos y se aumentó el subsidio implícito en los bienes de consumo básico, tales como pan y tortilla. En algunos casos fue necesario posponer algunos ajustes, como en el transporte colectivo del Distrito Federal, o bien, se tuvieron que limitar o subsidiar los aumentos como en el caso de las tarifas eléctricas.
Esta Comisión recomienda que la política impositiva persista en su empeño de elevar la
equidad y la eficiencia del sistema fiscal; reforzar los aspectos administrativos para disminuir la evasión y elusión fiscales; avanzar en la globalización del ingreso de las personas físicas; eliminar y ajustar las bases especiales de tributación para globalizar el Impuesto sobre la Renta; actualizar las tasas de derechos conforme a costos y reforzar los criterios para establecer productos; desgravar los causantes de ingresos medios y menores dándole más progresividad al Impuesto Sobre la Renta, y seguir disminuyendo el porcentaje que pagan los trabajadores en el total de Impuestos sobre la Renta. Asimismo, recomienda que se sigan simplificando los estímulos fiscales y que se prosiga la tarea de hacerlos más selectivos, más transparentes, más racionales y más efectivos.
En cuanto a la política de precios y tarifas, la Comisión insiste en que se continúe vinculando a compromisos de productividad y eficiencia, y que persevere en la corrección de distorsiones de precios relativos para que sean un instrumento eficaz del cambio estructural; que siga otorgando subsidios sólo en el caso de bienes y servicios de claro efecto sobre el empleo, la distribución del ingreso y el bienestar de las mayorías, y que prosiga fomentando nuevos patrones de producción y consumo, compatibles con el desarrollo del país.
También se logró que el Gobierno Federal mantuviera el control, la disciplina y la racionalidad del gasto público, motor fundamental del saneamiento de las finanzas públicas, junto con las políticas de ingresos. Se moderó el ritmo de crecimiento del gasto público manteniéndolo dentro de los márgenes aprobados por esta Cámara, no obstante que la situación resultó ser más grave de lo previsto (se identificaron montos importantes de adeudos que no estaban considerados en el presupuesto) y de que existieron enormes presiones para que aumentara, mismas que se agravaron porque la situación financiera de las empresas públicas resultó más crítica de lo previsto originalmente. Además, el gasto se adaptó a la capacidad de absorción de la economía y a la necesidad de reorientarlo a los renglones prioritarios.
Por ello, la austeridad que se propuso no se limitó a variaciones cuantitativas sino que se orientó principalmente a un cambio cualitativo tendiente a mejorar su manejo y composición mediante una programación más adecuada, que diera énfasis a las prioridades fundamentalmente sociales. Así, se limitaron las erogaciones a lo estrictamente indispensable pero sin descuidar la oferta de los bienes y servicios básicos, ni el mantenimiento de la planta productiva y el ingreso de divisas necesarias; cambió la estructura de las asignaciones (le "imprimió direccionalidad"); concedió preferencia a los sectores de educación, salud y vivienda así como al agropecuario, comercio (abasto) y a comunicaciones; sostuvo el crecimiento de los sectores intensivos en capital; le dio prioridad al gasto intensivo en mano de obra y en producción nacional; racionalizó el gasto corriente reduciendo su participación en el total del Gobierno Federal y conteniéndolo en el caso del sector paraestatal; reestructuró las transferencias para mitigar los efectos de la crisis y capitalizar a las empresas públicas y apoyó al federalismo mediante la descentralización de programas y el incremento de las participaciones a estados y municipios. Es decir, la política de egresos se orientó a lograr metas globales y estructurales.
Además, se continuaron las obras en proceso de manera selectiva, buscando hacer más con menos, y se reforzaron las normas que aseguran disciplina, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado. Esto abarcó acciones financieras, administrativas y normativas, que se instrumentaron con decisión y firmeza. Se fortalecieron los instrumentos jurídicos para normar el desempeño de la función pública, se vigorizaron los mecanismos para el control del gasto público mediante la creación de la Secretaría de la Contraloría, contralores internos y comisarios, al tiempo que se perfeccionaron los mecanismos de planeación, programación y presupuestación. Adicionalmente, se instrumentó la estrategia del servicio civil de carrera y por primera vez se incluyó en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación un capítulo sobre disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Una característica sobresaliente del gasto público fue su flexibilidad, mediante la previsión de reservas presupuestales para enfrentar contingencias y fluctuaciones, comunes en tiempos de crisis, de manera que se ampliaran los grados de libertad del gasto público sin rebasar el monto aprobado por la Cámara de Diputados. Los ingresos ordinarios excedentes aumentaron estos márgenes de maniobra presupuestal. Estas reservas ayudaron también a la racionalización del gasto por que se jerarquizó, porque facilitó la reprogramación permanente, y sobre todo porque puso límites a las fluctuaciones presupuestales características de los últimos años.
Sin embargo, la ejecución del gasto público tuvo que enfrentar una serie de problemas tales como la rigidez, la inercia y la falta de productividad de años anteriores; los retrasos normales que origina la reorganización administrativa, el cambio de administración y la rejerarquización de programas; deficiencias en la definición de metas programáticas y las presiones surgidas de adeudos no detectados originalmente, de una situación financiera de las empresas públicas más crítica de lo que se previó originalmente y de mayores gastos originados porque la inflación, el tipo de cambio, los costos, los intereses, los salarios y la recesión fueron mayores a los pronosticados durante la formulación del presupuesto.
En consecuencia, esta Comisión recomienda que se mejoren las técnicas de pronóstico,
si bien hay plena conciencia de la dificultad de hacer previsiones en tiempos de crisis, incertidumbre y cambios; que se persevere en la institucionalización del proceso de planeación para mejorar la programación, presupuestación, control y evaluación; que se continúe con el proceso de mejoramiento de la definición y cuantificación de metas, necesidad que se acentúa por la descentralización que está en marcha; que se refuerce el proceso de reestructuración del gasto público por sectores, para que se alcancen las variaciones en la magnitud propuesta, por la importancia de estas modificaciones en la estrategia de cambio estructural; que se persista en el fortalecimiento de las normas que aseguran eficiencia, disciplina y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público y en la racionalización de las estructuras administrativas del Estado para evitar duplicación o dispersión de esfuerzos en la gestión pública, así como para imprimirle mayor sobriedad a la acción del Estado. Por ello, debe continuarse la modernización y la simplificación administrativas, elementos de racionalización y eficiencia, sin que se pongan en peligro los mecanismos de control del Estado que le aseguren la rectoría que debe ejercer por mandato constitucional, ya que si bien la simplificación aumenta la eficiencia de los órganos del Estado y eleva sus márgenes de maniobra, llevada al extremo puede originar un intercambio de más eficiencia por menor control.
De manera más concreta, esta Comisión propone:
- Que se insista en solicitar a todas las entidades y dependencias del Sector Público presupuestario una explicación más amplia y clara sobre las discrepancias en las metas de los diferentes programas y entre el presupuesto aprobado y el ejercido.
- Que se haga un esfuerzo por simplificar la presentación de la información programática, especialmente los cuadros que presentan los avances de programas y el estado analítico de programas, a fin de hacer más manejable la información.
- Que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, en su apartado programático, información de los proyectos más importantes, para darles seguimiento en la Cuenta Pública.
- Que los cambios importantes en la asignación de recursos por programas, se acompañen de una explicación de las variaciones en el gasto y de argumentos conceptuales en función de la estrategia prevista y de los resultados esperados.
- Que los programas o subprogramas no incluidos originalmente en el presupuesto, no sólo presenten el gasto ejercido y las metas alcanzadas, sino también las causas que motivaron su creación y la autorización presupuestal.
- Que en el sector salud, dada su naturaleza, se haga un análisis cualitativo y no sólo cuantitativo de su presupuesto, programas y metas, haciendo referencia al grado de cobertura y resultados.
- Que se desglose el programa único de Conasupo en diferentes programas y subprogramas.
- Que se presente el avance físico de las metas del sector presupuestario junto con el ejercicio del gasto, el cual deberá desagregarse a nivel de subprograma y justificarse ampliamente.
- Que se presente el avance y el analítico de programas de las entidades coordinadas sectorialmente, incluyendo la justificación a sus variaciones más relevantes.
- Que en la información financiera, presupuestaria y programática, incorporen los estados resumen correspondiente al ejercicio integral del presupuesto y el ejercicio programático de las entidades de control presupuestal directo, a efecto de contar con mayores elementos para una mejor fiscalización de los resultados de dicho sector en su conjunto.
- Que se incluya en el informe analítico de ingresos de Pemex el desglose de la venta de bienes internos y externos, a fin de conocer con mayor detalle su participación en la captación de divisas.
- Que en el apartado de balance de divisas y contenido importado del gasto público, se amplíe la información referente a la política de sustitución importaciones y promoción de exportaciones, a fin de dar seguimiento a los objetivos y metas que en materia de comercio exterior plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, que en el balance de divisas se incluya información que permita conocer su composición por entidad y contenido importado del gasto.
- Que se presenten cifras y razones que expliquen y clarifiquen las discrepancias entre las transferencias registradas por los ramos y las que informan las entidades del sector paraestatal.
- Que se continúe con el Registro Único de Transferencias para controlarlas y evaluarlas, debiendo enviar esta información a la H. Cámara de Diputados.
- Que en el apartado de precios y tarifas no sólo se cuantifique su efecto en los ingresos propios del sector paraestatal incluido en presupuesto, sino que se informe además de los criterios utilizados para su modificación.
- Que en el anexo de Agregados Económicos de la Cuenta Pública, se amplíe la información relativa a empleo y remuneraciones de los servidores públicos, a fin de conocer su distribución funcional y el tipo de contratación por el que se rigen sus relaciones laborales.
- Que la SPP revise los sistemas de contabilidad de las diferentes dependencias y entidades con el objeto de vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente y, en su caso, corregir a tiempo cualquier irregularidad que se presente.
- Que se enriquezca el capítulo de Análisis de los Estados Financieros de Organismos y Empresas con la información referente a la reexpresión de activos, indicando el avance en su implantación, así como su impacto en el equilibrio financiero.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los datos y comentarios generales a que se refiere el Informe Previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 70, primer párrafo y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 25 y 45 a 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o, 2o., y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983; 9o., 10, 11, 17, 18 y 38 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983, y demás relativos de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1983
Artículo 1o. En cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ejecutivo Federal presentó, en tiempo y forma, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1983.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados recibió para su revisión, en los términos que establecen los ordenamientos aplicables, dicha Cuenta Pública, con la información programática, económica, presupuestal y financiera sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal incorporadas en el Presupuesto de Egresos de ese año.
Artículo 3o. En ejercicio de las atribuciones constitucionales de fiscalización de la gestión pública, la documentación recibida fue revisada complementando el análisis efectuado con la información rendida por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las facultades y obligaciones que determina su Ley Orgánica.
Artículo 4o. Se conocieron los resultados de la gestión financiera analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público Presupuestario consolidado e individualmente por cuanto hace a dependencias y entidades.
Artículo 5o. Se hizo la comprobación de que el ejercicio presupuestal de dependencias y entidades de control presupuestal directo, se ajustara a los criterios legales aplicables.
Artículo 6o. De acuerdo con la Ley de Planeación fueron evaluadas, en relación con las finanzas públicas, las medidas y acciones instrumentadas en la ejecución y aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Inmediato de Reordenación Económica, así como los principales logros obtenidos en materia de control de la inflación, saneamiento de las finanzas públicas, estabilidad del mercado cambiario, producción, inversión, empleo, precios y divisas de las entidades de control presupuestal directo.
Artículo 7o. Se revisó el ejercicio del gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas del sector desarrollo rural en relación con la actividad productiva del campo y la elevación de los niveles de bienestar de la población rural.
Artículo 8o. Se evaluó la aplicación del gasto y los objetivos y metas de los principales programas del sector pesca por cuanto hace a la generación de empleos y divisas, y a la elevación de la oferta de alimentos y del nivel de vida de los pescadores.
Artículo 9o. Se hizo un análisis del gasto realizado y de los programas más relevantes del sector comunicaciones y transportes, en el cumplimiento de las indicaciones marcadas en el presupuesto.
Artículo 10. Se analizó el encauzamiento que el sector comercio dio a sus acciones en la ejecución del gasto para el logro de sus objetivos y metas más importantes.
Artículo 11. Se realizó el examen de la política del sector bienestar social y de los avances que obtuvo en sus propósitos mediante el ejercicio presupuestal.
Artículo 12. Se valoraron las acciones llevadas a cabo por el sector industrial en el cumplimiento de sus previsiones presupuestales y programáticas.
Artículo 13. Se efectuó el análisis de las actividades que el sector energético realizó en el curso del gasto público y los progresos que obtuvo en el propósito de respaldar el desarrollo nacional.
Artículo 14. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de los artículos 11 y 13 de su Ley Orgánica, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que proponga a la Secretaría de Programación y Presupuesto las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas; así como para que dicte las medidas correctivas procedentes, para la cual se recomienda:
- Que se insista en solicitar a todas las entidades y dependencias del Sector Público Presupuestario una explicación más amplia y clara sobre las discrepancias en las
metas de los diferentes programas y entre el presupuesto aprobado y el ejercido.
- Que se haga un esfuerzo por simplificar la presentación de la información programática, especialmente los cuadros que presenten los avances de programas y el estado analítico de programas, a fin de hacer más manejable la información.
- Que se incorpore el Presupuesto de Egresos de la Federación, en su apartado programático, información de los proyectos más importantes, para darles seguimiento en la Cuenta Pública.
- Que los cambios importantes en la asignación de recursos por programas, se acompañen de una explicación de las variaciones en el gasto y de argumentos conceptuales en función de la estrategia prevista y de los recursos esperados.
- Que los programas o subprogramas no incluidos originalmente en el presupuesto, no sólo presenten el gasto ejercido y las metas alcanzadas, sino también las causas que motivaron su creación y la autorización presupuestal.
- Que en el sector salud, dada su naturaleza, se haga un análisis cualitativo y no sólo cuantitativo de su presupuesto, programas y metas, haciendo referencia al grado de cobertura y resultados.
- Que se desglose el programa único de Conasupo en diferentes programas y subprogramas.
- Que se presente el avance físico de las metas del sector presupuestario junto con el ejercicio del gasto, el cual deberá desagregarse a nivel de subprograma y justificarse ampliamente.
- Que se presente el avance y el analítico de programas de las entidades coordinadas sectorialmente, incluyendo la justificación a sus variaciones más relevantes.
- Que en la información financiera, presupuestaria y programática, se incorporen los estados resumen correspondientes al ejercicio integral del presupuesto y el ejercicio programático de las entidades de control presupuestal directo, a efecto de contar con mayores elementos para una mejor fiscalización de los resultados de dicho sector en su conjunto.
- Que se incluya en el informe analítico de ingresos de Pemex el desglose de la venta de bienes internos y externos, a fin de conocer con mayor detalle su participación en la captación de divisas.
- Que el apartado de balance de divisas y contenido importado del gasto público, se amplíe la información referente a la política de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, a fin de dar seguimiento a los objetivos y metas que en materia de comercio exterior plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, que en el balance de divisas se incluya información que permita conocer su composición por entidades y contenido importado del gasto.
- Que se presenten cifras y razones que expliquen y clarifiquen las discrepancias entre las transferencias registradas por los ramos y que informan las entidades del sector paraestatal.
- Que se continúe con el Registro Unico de Transferencias para controlarlas y evaluarlas, debiendo enviar esta información a la H. Cámara de Diputados.
- Que en el apartado de precios y tarifas no sólo se cuantifique su efecto en los ingresos propios del sector paraestatal incluido en el presupuesto, sino que se informe además de los criterios utilizados para su modificación.
- Que en el anexo de agregados económicos de la Cuenta Pública, se amplíe la información relativa a empleo y remuneraciones de los servidores públicos, a fin de conocer su distribución funcional y el tipo de contratación por le que se rigen sus relaciones laborales.
- Que la SSP revise los sistemas de contabilidad de las diferentes dependencias y entidades con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente y, en su caso, corregir a tiempo cualquier irregularidad que se presente.
- Que se enriquezca el capítulo de Análisis de los Estados Financieros de Organismos y Empresas con la información referente a la reexpresión de activos, indicando el avance en su implantación, así como su impacto en el equilibrio financiero.
Artículo 15. La Contaduría Mayor de Hacienda, en la forma prevista en la fracción XIII del artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos de análisis e interpretación de la Cuenta Pública para la elaboración del Informe Previo y el calendario a que está sujeto; así como las necesarias para reforzar e incrementar la cobertura y alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias; para formular los pliegos de observaciones y promover el financiamiento de responsabilidades, y las que le permitan el seguimiento de las acciones que ejercite.
Artículo 16. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para el periodo fiscal de 1983 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 17. Remítase al presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiere lugar,
instruyéndole para que dentro del término de ley rinda el Informe de Resultados Correspondientes.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 4 de diciembre de 1984.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte; Secretaria, Juan Mariano Alcotzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, Ma. Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moises Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Genaro Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haidée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa."
CUADROS ESTADÍSTICOS
CUADRO 1
EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO (CONCILIADOS)
( Miles de Millones de Pesos )
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FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983, Págs. 69, 338 y 340
1/ Excluye 348.3, 455.2 y 691.2 miles de millones en 1992, en presupuesto original y en real de 1983, respectivamente correspondientes a Organismos y Empresas Controladas, los que para efecto de consolidación fueron considerados en el gasto de éstos.
2/ Incluye 14.5 mil millones de Subsidios al Comercio e Industria no compensadas.
3/ Excluye neto de Amortización de CETES por 92.2 mil millones y devolución de ingresos por 5.0 mil millones en 1992, 1.7 mil millones de devolución de ingresos en presupuesto por 305.1 de CETES y 11.5 de devolución de ingresos en real 1983.
CUADRO 2
ESTADO CONSOLIDADO DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO 1983
(Millones de Pesos)
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CUADRO 3
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL 1983 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 4
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 5
CONCILIACIÓN DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CON LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(Millones de Pesos)
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CUADRO 6
GASTO PROGRAMABLE - 2/
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 7
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PRESUPUESTARIO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 8
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL DE 1983
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 9
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 10
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1983.
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 11
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1983.
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 12
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 13
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR SECTORES PRIORITARIOS
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CUADRO 14
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR ENTIDAD.
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 15
DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS POR SECTORES PRIORITARIOS
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 16
GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
(miles de millones de pesos)
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16 - A
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CUADRO 17
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Miles de Millones de Pesos)
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17 - A
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 18
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 19
TRASFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 20
SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 21
SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 22
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADOS
(Miles de Millones de Pesos)
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(Miles de Millones de Pesos) 22- A
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22 - B
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 23
PRESUPUESTO DE DIVISAS DEL SECTOR PRESUPUESTARIO 1983
CUENTA CORRIENTE
(Miles de Millones de Dólares)
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CUADRO 24
DIVISAS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
1982 - 1983
(Miles de Millones de Dólares)
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CUADRO 25
CONTENIDO IMPORTADO DEL GASTO DEL SECTOR PRESUPUESTARIO 1983
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CUADRO 26
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 27
CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 28
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 29
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 30
INGRESOS TRIBUTARIOS
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 31
OTROS INGRESOS
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 32
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL
(Pesos)
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(Pesos) 32 - A
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32 - B
(Pesos)
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(Pesos) 32 - C
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(Pesos) 32 - D
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(Pesos) 32 - E
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(Pesos) 32 - F
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32 - G
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CUADRO 33
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 34
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES
(Miles de Millones de Pesos)
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34 - A
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 35
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 36
DÉFICIT FINANCIERO CONSOLIDADO TOTAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 37
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 38
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
( MILES DE MILLONES DE PESOS )
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CUADRO 39
AHORRO CORRIENTE CONSOLIDADO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 40
AHORRO CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 41
AHORRO CORRIENTE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 42
SUPERÁVIT DE EXPLOTACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 43
DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 44
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO POR ENTIDAD
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 45
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 46
ENDEUDAMIENTO NETO MONETARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 47
ENDEUDAMIENTO NETO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 48
DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 49
DEUDA CONSOLIDADA POR SU ORIGEN SALDOS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 50
DEUDA DEL SECTOR PRESUPUESTARIO POR SU ORIGEN E INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA SALDOS
( Miles de Millones de Pesos )
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50 - A
(Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 51
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 1/ POR TIPO DE MONEDA
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 52
DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA POR PAÍS ACREEDOR
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 53
COMPATIBILIDAD DE LA DEUDA CONSOLIDADA
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 54
SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 1/
Amortización, Intereses, Comisiones y Gastos
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 55
SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 1/
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 56
SERVICIOS DE LA DEUDA DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR SU ORIGEN
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 57
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
INTERNOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 58
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
EXTERNOS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 59
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS INTERNOS DEL
SECTOR PARAESTATAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 60
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS DEL SECTOR
PARAESTATAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 61
PERFIL DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO (SIN REESTRUCTURAR)
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 62
PERFIL DE LA DEUDA REESTRUCTURADA DEL SECTOR PÚBLICO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV . 1
CUENTA PÚBLICA 1983
CONCILIACIÓN DEL GASTO SECTORIZABLE
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV . 2
GASTO SECTORIAL 1/
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV . 3
SECTOR DESARROLLO RURAL
( Miles de Millones de Pesos )
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IV.3 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV.4
PROGRAMAS DE S A R H 1/
( Millones de pesos )
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IV.4 - A
( Millones de pesos )
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IV.4 - B
( Millones de pesos )
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IV.4 - C
(Millones de Pesos)
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IV.4 - D
(Millones de Pesos)
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cont...
IV.4 - E
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV.5
SECTOR SARH
Programas FY, 3D y FF
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CUADRO IV.6
PROGRAMAS DE PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS 1/
(Millones de pesos)
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CUADRO IV.7
PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
Programa HC
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CUADRO IV.8
PROGRAMA DEL FOVIGRO 1/
(Millones de pesos)
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CUADRO IV.9
FOVIGRO
Programa HC
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CUADRO IV.10
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ 1/
(Millones de pesos)
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CUADRO IV.11
INMECAFE
Programa R2 y FW
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CUADRO IV.12
PROGRAMAS DE S R A 1/
(Millones de pesos)
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IV.12 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.13
SECTOR REFORMA AGRARIA
Programas:GY y GW
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IV. 13 - A
Programas: GY y GW
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CUADRO IV.14
SECTOR PESCA
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 15
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE PESCA 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.16
SECTOR PESCA
Programas H1, H8 y H9
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IV. 16 - A
Programas: H1, H8 y H9
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IV. 16 - B
Programas: H1, H8 y H9
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CUADRO IV.17
PROGRAMAS DE PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS, S.A DE C.V.
E INDUSTRIAS PESQUERAS PARAESTATALES DEL NOROESTE 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.18
PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS, S.A DE C.V. E
INDUSTRIAS PESQUERAS PARAESTATALES DEL NOROESTE
Programas R3 Y LK
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IV.18 - A
Programas: R3 y LK
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IV.18 - B
Programas: R3 y LK
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IV. 18 - C
Programas: R3 y LK
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CUADRO IV.19
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Miles de Millones de Pesos)
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IV.19 - A
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO IV.20
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1/
(Millones de pesos )
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IV.20 - A
(Millones de Pesos)
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IV.20 - B
(Millones de Pesos)
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IV.2 - C
(Millones de Pesos)
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IV - 20 - D
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV.21
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Programas : Ø1, ØW, 0V, Q1
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IV.21 - A
Programas: Ø1, ØW, 0V,Q1
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IV.21 - B
Programas: Ø1, ØW, OW, Q1
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IV.21 - C
Programas: Ø1, ØW, 0W Q1
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cont...
IV. 21 - D
Programas: Ø1, ØW, 0V, Q1
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IV. 21 - E
Programas: Ø1. ØW. 0V, Q1
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IV. 21 - F
Programas: Ø1, ØW, 0V, Q1.
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CUADRO IV. 22
PROGRAMAS DE FERROCARRILES DE MÉXICO
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 23
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
Programas: QA, QB
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IV. 23 -.A
Programas: Qa y QB
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FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983, pág. 170 Sector Comunicaciones y Transportes
CUADRO IV. 24
PROGRAMAS DE FERROCARRIL DE CHIHUAHUA AL PACIFICO, S.A DE C.V.
( Millones de pesos )
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FERROCARRILES DE CHIHUAHUA AL PACIFICO, S.A DE C.V.
Programas: QB, OW Y QA
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IV. 25 - A
Programas: QB, OW Y QA
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IV. 25 - B
Programas: QB, OW Y QA
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CUADRO IV. 26
PROGRAMAS DE FERROCARRILES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 27
FERROCARRILES DEL PACÍFICO, S.A DE C.V.
Programas: QB, OW Y QA.
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IV. 27A
Programas: QB, OW y QA
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IV. 27B
Programas: QB, OW y QA
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IV. 27C
Programas: QB, OW y QA
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CUADRO IV. 28
PROGRAMAS DE FERROCARRIL SONORA BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V.
(Millones de pesos)
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CUADRO IV. 29
FERROCARRILES SONORA, BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS: OW, QB y QA
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IV. 29 - A
PROGRAMAS: OW, QB y QA
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IV. 29 - B
PROGRAMAS: OW, QB y QA
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CUADRO IV. 30
PROGRAMAS DE AERONAVES DE MÉXICO, S.A.
(Millones de pesos)
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CUADRO IV. 31
AERONAVES DE MÉXICO, S.A.
Programa: Q0
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CUADRO IV. 32
PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
(Millones de pesos)
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CUADRO IV. 33
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Programa: QL
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CUADRO IV. 34
PROGRAMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(Millones de pesos)
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CUADRO IV. 35
CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Programa NO
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CUADRO IV. 36
SECTOR COMERCIO
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO IV. 37
SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - 1/
(Millones de Pesos)
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IV. 37 - A
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV. 38
SECTOR SECOFI
Programa R1
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IV. 38 - A
Programa: R1
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CUADRO IV. 39
PROGRAMAS DE CONASUPO
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV. 40
SECTOR BIENESTAR SOCIAL
(Miles de Millones de Pesos)
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IV. 40 - A
(Miles de Millones de Pesos)
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IV. 40 - B
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO IV. 41
PROGRAMAS DE LA SEP 1/
(Millones de Pesos)
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IV. 41 - A
(Millones de Pesos)
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IV. 41 - B
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 42
EDUCACIÓN PÚBLICA
Programas 4X, 4Y
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IV. 42 - A
Programas 4X, 4Y
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Programas 4X, 4Y
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Programas 4X, 4Y
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IV. 42 - D
Programas 4X, 4Y
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IV. 42 - E
Programas 4X, 4Y
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IV. 42 - F
Programas 4X, 4Y
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Programas 4X, 4Y IV. 42 - G
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CUADRO IV. 43
PROGRAMAS DE S S A 1/
(Millones de pesos)
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IV - 43 - A
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 44
Sector S S A
Programas YV, YI, e YU
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IV. 44 - A
Programas YV, YI e YU
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IV. 44 - B
Programas YV, YI e YU
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IV. 44 - C
Programas YV, YI e YU
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IV. 44 - D
Programas YV, YI e YU
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Programas YV, YI e YU
IV. 44 - E
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Programas YV, YI e YU
IV. 44 - F
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CUADRO IV. 45
PROGRAMAS IMSS; IMSS - COPLAMAR ( Millones de pesos )
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IV. 45 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 46
IMSS - COPLAMAR
Programas 1B y 1E
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cont...
Programas 1B y 1E
IV. 46 - A
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CUADRO IV. 47
PROGRAMAS DE ISSSTE 1/
( Millones de pesos )
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IV. 47 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.48
ISSSTE
Programas: 1M, 1B, 1E Y 1p.
cont...
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IV.48-A
Programas 1N, 1B, 1E Y 1P
cont...
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IV. 48-B
Programas: 1M, 1B, 1E Y 1P
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CUADRO IV. 49
PROGRAMAS DE S E D U E 1/
( Millones de pesos )
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IV.49 - A
( Millones de pesos )
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IV.49 - B
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 50
SECTOR S E D U E
Programas IV, 1U Y 3B
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IV. 50 - A
Programas IV, 1U Y 3B
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CUADRO IV. 51
PROGRAMA DE STPS 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 52
SECTOR S.T.P.S.
Programas: WN Y W2
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IV.52 - A
Programas: MN y W2
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Programas: WN Y W2
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IV.52 - C
Programas: WN y W2
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IV.52 - D
Programas: WN Y W2
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IV.52 - E
Programas: WN y W2
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IV.52 - F
Programas: WN y W2
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IV.52 - G
Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2
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IV.52 - K
Programas: WN y W2
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IV.52 - L
Programas: WN y W2
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IV.52 - M
Programas: WN y W2
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IV.52 - N
Programas: WN y W2
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Programas WN y W2 IV.52 - N
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Programas: WN Y W2 IV.52 - 0
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PROGRAMAS: WN Y W2 IV.52 - P
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Programas: WN y W2 IV.52 - Q
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CUADRO IV. 53
SECTOR INDUSTRIAL
( Miles de Millones de Pesos )
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IV.53 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 1/
( Miles de pesos )
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( Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 55
SECTOR ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
Programas I0, IM
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IV.55 - A
Programas I0, IM
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CUADRO IV. 56
PROGRAMA DEL SECTOR INDUSTRIAL
( Millones de Pesos )
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IV.56 - A
( Millones de Pesos )
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983, Sector SEMIP.
CUADRO IV. 57
FERTILIZANTES MEXICANOS, S. A.
Programas MD.
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CUADRO IV. 58
SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS LAS TRUCHAS, S. A.
Programas MV, KC
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IV.58-A
Programas MV, KC
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CUADRO IV. 59
DIESEL NACIONAL, S. A.
Programas M9, NA
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CUADRO IV. 60
SIDERÚRGICA NACIONAL, S. A.
Programas MV - NG
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983, Sector SEMIP.
Pág. 109.
CUADRO IV. 61
CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL
Programa M8
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CUADRO IV. 62
SECTOR ENERGÉTICO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 63
PROGRAMAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS 1/
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV. 64
PETRÓLEOS MEXICANOS
Programas 01, 02, 03 y 05
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IV.64 - A
Programas 01, 02, 03 y 05
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IV.64 - B
Programas 01, 02, 03 y 05
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CUADRO IV. 65
PROGRAMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1/
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 66
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PROGRAMAS: K7, K6 Y LA
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El Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Queda de primera lectura.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
El Presidente: - Se encuentra en las puertas de este recinto, el C. licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública. Se designa en comisión para que lo introduzcan a este recinto y lo acompañen cuando desee retirarse, a los siguientes ciudadanos diputados: Humberto Lugo Gil, Julieta Guevara Bautista, Alberto Miranda Castro, Onofre Hernández Rivera, Helios Barragán López, Alvaro Brito Alonso, Miguel Ángel Acosta Ramos, Olegario Valencia Portillo, Rubén Castro Ojeda y Leonardo González Valera. Se ruega a la Comisión cumpla con su cometido.
(La Comisión cumple con su cometido.)
El C. Presidente: Licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública: La Comisión de Educación Pública de esta Cámara, con fecha 23 de octubre de 1984 propuso a esta Asamblea lo siguiente:
Los diputados integrantes de la Comisión de Educación de la LII Legislatura, militantes de los seis partidos políticos representados en esta Cámara realizaron el análisis y estudio del informe de labores 1983-1984 de la Secretaría de Educación Pública presentado en su oportunidad por el ciudadano Jesús Reyes Heroles, titular de esa dependencia.
El documento cumple con la función informativa de un año de gestión; sin embargo, el análisis dio lugar a que los representantes populares plantearan una serie de interrogantes que se inscriben en la complejidad y repercusión que son propios del quehacer educativo.
Esta Comisión concluyó que es necesario que el Ejecutivo Federal amplíe y profundice en ciertos aspectos de la política educativa.
Por lo anteriormente expuesto y en vista de que el interés por estos asuntos no se limita exclusivamente a los miembros que integran la Comisión, pedimos a usted, ciudadano Presidente, someta a votación nuestra solicitud para que llame al C. secretario de Educación Pública a comparecer ante el Pleno de esta Cámara.
Esta proposición, después de ser aprobada por el Pleno de esta Cámara, fue hecha del conocimiento del C. licenciado Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, para que por su conducto solicitara al C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, autorizara su comparecencia ante el propio Pleno de la Cámara.
Con fecha 30 de octubre, el ciudadano secretario de Gobernación informó a esta Cámara la disposición del C. Presidente de la República para que usted atendiera esta cita.
En consecuencia, y con el propósito de que amplíe usted el informe dando respuesta a diferentes preguntas, me permito informarle de que se han inscrito para tal objeto, los siguientes ciudadanos: Rafael Oceguera Ramos, José González Torres, Iván García Solís, Francisco Javier Alvarez de la Fuente, César Humberto González Magallón, Sergio Quiroz Miranda y Julieta Guevara Bautista.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El C. Presidente: - Ruego al señor Secretario de Educación Pública, licenciado Jesús Reyes Heroles, pase a la tribuna.
El C. secretario de Educación Pública: - Estoy a sus órdenes, señores diputados.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Rafael Oceguera Ramos.
El C. Rafael Oceguera Ramos: - Señor secretario de Educación Pública: Cumplo con la comisión que me da mi partido de interrogarlo en esta comparecencia que exalta el régimen de división y colaboración de poderes que caracteriza a la República.
Usted sabe, puesto que fue elegido para representarlo en esta Cámara y posteriormente para presidir, por cierto, con singular lucidez y vigor ideológicos, su Comité Ejecutivo Nacional, que el Partido Revolucionario Institucional, nuestro partido, concibe a la educación como un medio para formar una conciencia social y una voluntad política que contribuyan a superar las desigualdades y a profundizar la democracia en el país. Esto es, que fieles a nuestras luchas, en el partido, lejos de promover por la vía de la educación la reproducción de una estructura que sabemos injusta, postulamos la función de la escuela como agente de transformación social que combata las desigualdades y configure una vida democrática fundada en el cabal disfrute de los bienes materiales y culturales del progreso.
Hecha esta brevísima consideración, señor secretario Reyes Heroles, buscando que mis preguntas como es obligación de los elementos del partido en el poder, coadyuven a explicar los propósitos del Estado en un asunto que a todos interesa, paso a hacerle el siguiente cuestionamiento de carácter general:
Tomando en cuenta que el programa educativo del Presidente De la Madrid, se ha desarrollado en torno a la idea de hacer una revolución en este campo, ¿cuáles son los criterios esenciales que animan a esta revolución?, ¿cuáles considera usted son las razones y los factores que hacen impostergable una política educativa de la magnitud que se ha planteado?, ¿cuál es el papel de la sociedad en torno a la revolución educativa? En nombre de la mayoría, por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario.
El C. secretario de Educación Pública: - Señor diputado: Creo que en el planteamiento que usted ha hecho, me da la base para intentar formular una visión sintética con las líneas generales de acción de la secretaría, una visión sintética que comprenda, por así decirlo,
el cuadro general, pudiendo encuadrar, posteriormente, en este marco de referencia, las distintas preguntas que son, en relación con dicho cuadro, como pinceladas.
En efecto, se ha trazado una política general denominada Revolución Educativa para hacer frente a un fenómeno que no podemos ni queremos negar: la crisis en la educación. Hay una crisis en la educación, una crisis extensa, profunda y persistente, que afecta niveles educativos. Ella exige correcciones de prácticas tradicionales y el establecimiento de nuevos procedimientos y métodos, invertir una serie de tendencias ya existentes y crear otras nuevas tendencias.
Lo primero que hay que hacer para enfrentarla, para hacerle frente a esta crisis, es reconocer su existencia, diagnosticarla; lo segundo, abordar los problemas pequeños y grandes sin inhibiciones ni prejuicios, luchando sin descanso, así los resultados iniciales no respondan a los esfuerzos en ello empleados; no desesperar de resistencias e incomprensiones y dejar de lado estériles polémicas que sólo tienden a ocultar los problemas, a tender una cortina de humo, desviando la atención de los problemas primordiales o fundamentales.
El diagnóstico de la crisis se da en el informe rendido a esta Cámara. No abrumaré con cifras, daré únicamente algunos indicadores esenciales.
Nos enfrentamos todavía a baja escolaridad; el grado promedio de la población de seis años y más, se calcula en 1984, en poco más de cinco grados que compara favorablemente con los 2.91 de 1970, o los 4.7 de 1980, pero que es una baja escolaridad aún.
Enfrentamos también la baja eficacia marginal en todos los grados, estos se alta reprobación y deserción. En primaria desertan cerca del 47%; en secundaria, 24%; en profesional media, el 39%; en bachillerato, el 37%, y en licenciatura, el 49%.
En normal básica se presenta, y eso se vio con claridad hace dos años, la paradoja de que egresaron más de 100% de los inscritos, y en la actualidad más del 98%, cifra que obviamente revelan irregularidades y que no son para alentarnos, sino por el contrario.
Peligrosa reprobación: en primaria 17%; en secuencia 25%, en media superior 35%; hay un dato dramático, la reprobación en primer grado de primaria en el medio urbano es de 14%, y en el medio rural es del 22%.
Nos enfrentamos al analfabetismo resistente o reticente. Ya superamos la etapa relativamente fácil de la alfabetización. En 1984, se estima una población analfabeta de poco más de cinco millones, o sea, que rompimos la barrera casi permanente de los seis millones. Bajará el porcentaje en relación con la población, pero los seis millones y fracción se mantenían casi inmutablemente. Pero, por un lado, en la población a alfabetizar, serán personas de edad avanzada, difíciles de persuadir, y por otro lado, el 60% de los adultos analfabetos se encuentran dispersos en 123 mil localidades de menos de dos mil quinientos habitantes. Quiere esto decir que nos enfrentamos a la alfabetización asaz difícil, complicada.
Altos costos unitarios por alumno. Los costos de la educación se han elevado considerablemente en todo el mundo, y tienden a seguir aumentando. Por más que se hacen esfuerzos internacionales por revisar los costos de operación, éstos siguen en aumento. Desde preescolar hasta altos grados, estos costos han aumentado, de más de veinte mil pesos en el primer caso, hasta cerca de trescientos mil, en el segundo.
La tendencia es que aumente la participación federal en la inversión educativa y disminuya la de los estados, municipios y particulares. La participación federal podría aumentar del 78% en 1983 al 83.5%, en 1985. La participación de los estados se ha reducido del 15.4% al 12.13% en el mismo periodo, y la de los particulares ha bajado del 5.4% al 3.3%, en igual lapso. La de los municipios bajó también del 1.3% al 0.9%. Quiere decir que la carga de la educación cada vez incide más en la Federación.
Desniveles agudos entre la educación rural y la urbana. Baste señalar que en la primera, aproximadamente el 20% de las primarias son unitarias, esto es, con un solo profesor.
Falta de capacidad para satisfacer la demanda en preescolar y en secundaria. En el primer caso, déficit del 40% sobre la base de un año de educación preescolar; en el segundo, de más de un 15%.
Falta de espacios educativos convenientes. Para 1984, cerca de cincuenta y siete mil en primaria y casi treinta mil en secundaria, considerando las aulas improvisadas o en muy mal estado de que se dispone. Carencia de un verdadero sistema nacional de inspección, supervisión, comprobación y evaluación. Y perneando todo este desolador panorama, una baja calidad educativa, desde primaria hasta los estudios superiores.
Por encima de todo, falta de fe y de emoción en la educación. Una tarea fundamental es lograr que vuelva esta emoción, este entusiasmo, este pathos por hoy ausente, con la conciencia de lo que en la educación se juega es nada menos que el destino de México.
Después de la Revolución Mexicana, como ya he señalado y como dijo Spangler, vino un furor educativo. La Revolución quería rápidamente hacer el hombre nuevo que estuviera dispuesto a vivir en la nueva sociedad. Ese furor, ese entusiasmo, ese pacto ha desaparecido. De no vencer la crisis, varias y sucesivas generaciones las sufrirán, y correrá riesgos evidentes el futuro mismo del país. Vencer la crisis, es la pretensión que anima a la Revolución Educativa.
Por esta razón, el Presidente De la Madrid ha convocado a todos los mexicanos, sea cual fuere su modo de pensar, a militar en
las filas de los que quieren superar y vencer la crisis educativa.
Se ha denominado Revolución Educativa, al proceso de aceleración y transformación de la educación en México. A una serie de instrumentos y objetos que pretenden hacerle frente a la crisis educativa. Tal denominación obedece que se intenta tocar los problemas desde su raíz, ya no sólo cortar follaje, cortar la raíz.
Hay dos cosas que le dan sesgo revolucionario a los planes educativos, por un lado, la dirección que se les imprime, por otro, la cantidad de reformas previstas. Hay momentos en que las reformas en cantidad devienen en fenómenos cualitativos, y las reformas cualitativas implican grandes cambios cuantitativos. El tiempo de realización, el gradualismo, no les quita carácter revolucionario a las reformas. Toda revolución en el poder gobierna por leyes e instituciones y dentro del gradualismo. Esto no coincide, por supuesto, con quienes predican el todo de golpe y ahora.
Por lo demás, recordemos lo que quiere decir reforma y lo que significa decir revolución. Reformar significa volver a hacer, volver a formar, reparar y reponer. Revolucionar es propiciar la innovación, aceptar las mudanzas y el nuevo giro de las cosas. En este sentido, reforma y revolución son procesos complementarios y paralelos. Toda revolución supone una reforma y una serie de reformas que de acuerdo con su contenido, orientación y alcance, son o no revolucionarias. No hay paradoja en que nuestra gran revolución del siglo pasado, fuese llamada revolución de reforma.
La Revolución Educativa pretende convertirse en un movimiento que impulse una nueva moral. La educación no es el remedio para todos los problemas, ni puede cambiarse una sociedad radicalmente a través de ella, pero puede movilizar las conciencias en la búsqueda de una sociedad cualitativamente mejor.
La Revolución Educativa es un proceso y un conjunto coherente de acciones e innovaciones que, de realizarse, transformarán la estructura educativa en sus niveles, en los contenidos y métodos de enseñanza y en los apoyos didácticos y culturales.
Por la naturaleza de las cosas la federalización de la educación se ha traducido en hipertrofia y macrocefalia, en una sobredimensión que estorba la toma de decisiones adecuadas y sobre todo su implantación. La descentralización busca, por así decir, restaurar la operatividad de la educación en México, transfiriendo a las entidades federativas la educación básica y normal y conservando la Secretaría de Educación, la normatividad, evaluación y supervisión.
Todo ello sobre la base de una participación creciente de los sectores involucrados o interesados en la educación. Estamos convencidos que al descentralizar podremos obtener una mayor eficacia, adaptar la educación a las peculiaridades e idiosincrasia estatales y regionales, incorporar contenidos de tal naturaleza y lograr, de esa manera, efectividad, eficacia.
No es tarea fácil lograrlo, pues existen tradiciones, velocidades adquiridas que es necesario y vencer o cambiar para obtener una nueva estructura, flexible y elástica en la operación, y rigurosa en lo que se refiere a los contenidos, supervisión y evaluación.
Siempre se ha señalado la inelasticidad de la educación, del sistema educativo. Inelasticidad para adaptarse a cambios surgidos en la sociedad. Y existe esta inelasticidad que debe ser combatida, aspirando a que la estructura educativa debe ser flexible y adaptable a distintas convicciones, a peculiaridades ya variables.
La descentralización, seguramente ayudará a esta flexibilidad y adaptabilidad, y contribuirá a que la estructura educativa, devenga en una estructura en movimiento como debe ser.
Nuestro artículo 3o. establece las competencias concurrentes en materia educativa, entre la Federación y los estados. De conformidad con tal principio constitucional, en agosto de 1983, se dictó un decreto, mediante el cual se posibilitó la creación de comités consultivos de educación en las distintas entidades federativas de la Federación, que permitieran el estudio cuidadoso y detenido de la descentralización en esa entidad federativa, o en cada una de las entidades federativas, en que se crearan estos comités.
Se crearon los comités y se integraron los grupos de trabajo mixtos en los cuales está representado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Trátese de buscar que la descentralización se realice de acuerdo con las circunstancias, las peculiaridades, la idiosincrasia, el medio de cada una de las entidades federativas del país.
Posteriormente, en marzo de 1984, se dictó otro decreto, que permite la creación de consejos estatales de educación, así como la unificación de los servicios estatales y federales, creando las direcciones de unidad de servicios coordinados de educación. Previamente las delegaciones de educación se convierten en unidades de servicios a descentralizar. Todos éstos son pasos encaminados a lograr una descentralización adecuada a las condiciones que privan en las distintas entidades federativas del país, sin precipitaciones y sin pausas.
Con apoyo en el decreto a que he hecho referencia, se firmaron 12 acuerdos de coordinación con 12 entidades federativas, y se ha procedido a la instalación de consejos estatales de educación en cinco entidades federativas, así como la designación de directores de servicios coordinados de educación que abarca, por igual, los servicios estatales y los servicios federales de educación.
Queremos dejar claramente señalado que la descentralización no afectará los derechos individuales o colectivos del magisterio, que
estos son debidamente conservados y protegidos.
La Revolución Educativa intenta jalar hondo para desterrar abuso, para modificar prácticas obsoletas y eliminar inercias; la Revolución Educativa es al mismo tiempo una gran reforma y muchas pequeñas reformas que arrancan de una concepción general, la cual busca elevar los niveles educacionales y ampliar su cobertura, mejorar la calidad empezando por la formación y superación de los docentes, combatir el analfabetismo al igual que el analfabetismo funcional o por desuso, lograr la participación de la comunidad educativa en la enseñanza, volver a la estrecha vinculación escuela - hogar de manera que ambas se complementen en los propósitos y no parezcan, como con frecuencia sucede, combatirse. Trata de acercar las decisiones al lugar en que se aplican, quiere desterrar islotes en las distintas partes de educación de manera que entre ellos exista secuencia y congruencia. No es posible que se dé la educación preescolar como si no se fuera a cursar la primaria, o ésta como si no se fuera a cursar la secundaria; pretende revalorizar la escuela así como una de las profesiones más dignas y necesarias en el mundo, la del maestro.
Mediante métodos adecuados de enseñanza la Revolución Educativa trata de combatir la reprobación y la deserción escolar que es muy alta, como antes vimos, en todos los niveles; tiene por propósito obtener la educación y no la mera instrucción, conciliando lo instructivo con lo formativo, de manera que se eduque el carácter y se pueda enseñar a pensar por cuenta propia.
Se ha observado, comparando un buen estudiante mexicano de 15 años con un buen estudiante de otro país, que a esa edad y con estudios similares el estudiante mexicano tiene más datos, más conocimiento si se quiere, mayor información, pero el estudiante formado en el exterior tiene más aptitudes para pensar, para investigar, para deducir, para sacar conclusiones. De aquí que se insista mucho en la necesidad de la educación de enseñar a pensar por cuenta propia; que investigue, que enseñe a investigar, a saber encontrar y tener los estímulos para nunca desesperar de buscar. Aspira a estimular la investigación aquí, la creación del Sistema Nacional de Investigadores en el cual se inscribieron tres mil investigadores que aspiran a contar con las ventajas que dicho sistema proporciona; procura vincular la investigación con la docencia y tender puentes entre la ciencia y la técnica y las actividades productivas, entre la egresión y el empleo, convenciendo y racionalizando para que nuestros centros de estudios superiores no constituyan verdadera fábrica de desempleados.
Para lograr la conciliación entre la vocación individual y el sentido social de la profesión se han sentado las bases para el Sistema Nacional de Orientación Educacional, que buscará que el educando encuentre su verdadera vocación y no llegue a las frustrantes incrustaciones, manejar la educación bivalente e incluso polivalente para mantener las opciones profesionales y terminales en la Escuela Media Superior. Puede decirse que en nuestros días se escoge sin conocer el amplio abanico de posibilidades que existen, y que en la saturación de ciertas profesiones todavía se da aquello que señalaba Antonio Caso de "querer sustituir título de nobleza con título profesional". De ello derivan las sobresaturaciones y vacíos o ausencias, así como la necesidad de revalorizar y fomentar las profesiones técnicas y científicas, de las cuales nuestro país está árido y necesitado.
En los centros de estudios superiores, ante el fenómeno generalizado de zonificación, hay quienes creen que eso inexorablemente supone la baja calidad educativa, y quienes postulan volver a métodos, a una educación rigurosamente lista, entre ambos extremos la Revolución Educativa piensa que en los centros de estudios superiores, es posible, mediante modernos métodos de enseñanza y el aprovechamiento de la electrónica en la educación, lograr la conciliación entre masa y calidad.
Creemos que la masa alimenta la posible selección, amplía ésta siempre y cuando la enseñanza no se estereotipe ni apersone. Con singular énfasis ha insistido en este aspecto el Presidente De la Madrid, así como la necesidad de hermanar la investigación científica y humanista, pues un humanista ajeno a la cultura científica y técnica, sufre de estrechez, al igual que la padece el científico y el técnico ajenos a la cultura humanista. Se parte de la concepción de que todos los haberes están vinculados y que reducirse a uno es disminuirlo y hasta negarlo, existe una unidad superior del conocimiento humano y en la actualidad ya no se habla de las dos culturas, la humanista y la científica, sino que sabemos que la gran cultura está formada quizá por más de un centenar de culturas. La moderna antropología, por ejemplo, niega la vieja distinción entre homo sapiens u homo sapere, como si fuera posible que el cerebro y la mano se extinguieran y estuvieran separados en comportamientos o estancos, que la mano actuara sin el cerebro, que el cerebro no recurriera a la mano. Se trata de romper con lo que señala la vieja frase, "los que pueden, hacen, los que no pueden, enseñan". Se aspira a los que hacen, enseñen y los que enseñen hagan. La Revolución Educativa intenta complementar recursos técnicos y esfuerzos humanos y hacer de la educación un sistema combatiendo la tendencia y la realidad del archipiélago.
Aunque tradicionalmente la educación mexicana ha buscado combatir la desigualdad, y ha tenido evidentes éxitos, por ejemplo, en lo que se refiere al sexto sin llegar a las metas deseables, existen con especial terquedad otras desigualdades que si bien la escuela no puede eliminar radicalmente, sí está en posición de reducir. Por ejemplo, los desniveles entre la educación rural y la urbana, la decepción es bastante mayor en el medio
rural que en el urbano, entre otras cosas, porque los calendarios, a veces los horarios, coinciden con siembras y cosechas, porque el patrón educacional ha sido trazado urbanamente sin adaptaciones a las peculiaridades campesinas regionales, aun dentro de una misma entidad federativa, tareas en que la descentralización mucho puede ayudar.
Existe también otra desigualdad que está vinculada con los orígenes económicos, sociales y culturales de educando, en que la escuela puede contribuir al menos a amortiguar o aminorar; todo esto explica la declaración del Presidente Miguel de la Madrid, en el sentido de que la Revolución Educativa aspira a vencer intereses claros, a desterrar mitos y prácticas obsoletas.
Ya señalábamos que se busca el reconocimiento de los valores nacionales y regionales, pero introducir éstos en los contenidos educativos, así como difundirlos y acrecentarlos y aumentar nuestra fisonomía en la entidad a lo que obedecen, entre otros, los programas culturales de las fronteras Norte y Sur de la República.
Estamos convencidos de la necesidad de una buena enseñanza en idioma propio, de aquí que se estén creando talleres de lectura y redacción, y de una enseñanza amplia, moderna e interesante de la historia nacional, igualmente perseguimos una enseñanza moderna y atractiva de las matemáticas, como consecuencia de ello, tuvimos los cursos de información y preparación de maestros que han sido impartidos y se siguen impartiendo, pues, en cierto modo, las carreras científicas y técnicas se desestimulan por la deficiente enseñanza de las matemáticas, desde la secundaria.
La introducción de la electrónica en la educación que debe hacerse, pues en ella estamos muy retrasados, significa la enseñanza del tercer idioma: el propio, otro más y el lenguaje de la computación. La computación para la enseñanza nos va a ayudar, asimismo, a conciliar calidad y masa o cantidad. Quiero, espero, evitar malas interpretaciones, la computadora elimina, quizá, se ha dicho, yo no lo creo, al mal maestro, pero no puede ni remotamente, como ha sido establecido, prescindir del buen maestro, en todo caso debe ser auxiliar o instrumento de él.
En educación indígena, la Revolución Educativa desecha el procedimiento patrón cultural nacional y obliga a nuestras etnias a ingresar a niveles por bien de sus peculiaridades o características. Con frecuencia este método ha venalizado auténticas culturas de nuestras etnias, hoy se intenta castellanizar sin que se pierdan nuestros diversos lenguajes ni las culturas que las diversas etnias tienen y pueden generar dentro de su especialidad, manteniendo dentro del gran México, las pluralidades existentes con su carácter cultural.
Está en función el programa de bibliotecas públicas, que pretende que para 1988 exista una biblioteca central en cada capital del Estado; una en cada cabecera municipal con más de 50 mil habitantes; en cada municipio con más de 30 mil habitantes, así como con bibliotecas móviles para atender a comunidades de poca población, podemos hacer bibliotecas básicas, modernas. La Secretaría de Educación facilita el punto inicial formado por 10 mil ejemplares debidamente catalogados, y sería un gran ideal que lográramos en bibliotecas públicas llegar a un libro por habitante en el país, así como las bibliotecas en universidades o centros de estudios, se alcanzara a tener cuatro libros por educando.
Las bibliotecas no son, como antes se creía, mero complemento de la educación. Ahora forman parte de ésta, constituyen un elemento primordial de la formación y de la investigación; en parte, nuestro analfabetismo por descuido ha funcionado pero viene a la falta de bibliotecas; enseñarnos a leer y no damos qué leer. Como proviene también los modernos medios de comunicación social que con la voz y con la imagen sustituyen la letra, al ritmo de estos principios se han traducido ya en acciones concretas; al haber intensificado los programas de formación intensiva, se ha encontrado un nuevo programa para la Escuela Normal Superior de México y se han descentralizado los cursos intensivos.
Como hemos dicho, la Revolución Educativa tiene que empezar por la formación de lo docente. De ahí que cumplir con la Ley Federal de Educación se haya elevado a licenciatura el grado de profesor en la escuela primaria o preescolar, y se haya implantado el bachillerato pedagógico para ambas carreras.
Aquí se ve un caso de cómo en buena medida, como ha señalado el Presidente de la República, hay momentos en que resulta revolucionario aplicar la ley.
En el sector educativo en México existe una separación entre legalidad y realidad y se trata ahora de aproximarlas, hacerlas una. En el caso de la licenciatura para los profesores no hizo más que cumplir con lo que ya la ley preveía.
Estos son criterios esenciales de la Revolución Educativa. Hay otros, muchos más, que han sido dados a conocer en busca de observaciones o sugerencias en los medios involucrados o interesados en la educación. De la aplicación de ellos derivarán otros principios y seguramente se ampliarán y corregirán atendiendo a su aplicación.
Se ha subrayado que la Revolución Educativa sólo será posible si toda la sociedad se moviliza. Ella puede ser realizada por la sociedad, no exclusivamente por el Estado. Y aquí recordamos que ya Morelos, con gran visión, en el decreto de Apatzingán en 1814, señalaba la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder, confiando en que todo el poder de la actual sociedad mexicana favorezca la realización de la Revolución educativa en el país.
Muchas gracias, señor diputado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José González Torres.
El C. José González Torres: - Señor Presidente de la Cámara; señor secretario de Educación Pública; colegas y amigos diputados; señores reporteros de todos los medios de comunicación; señores funcionarios y empleados de la Secretaría de Educación Pública; señoras y señores: Me da mucho gusto ver este recinto lleno a toda su capacidad. Además de los diputados, abundancia de reporteros y camarógrafos y, sobre todo, las galerías, de ordinario desiertas, ahora abarrotadas, y aun el palco de honor con sus distinguidos ocupantes.
Sólo pido a los reporteros de televisión que, así como trasmiten íntegra la respuesta del secretario de Estado compareciente, trasmitan la pregunta también completa del diputado interpelante, cualquiera que sea el partido político que milite, para que el pueblo se dé cabal cuenta del contenido de la comparecencia.
Alguna vez destaqué de esta tribuna, señor secretario, la incongruencia de que el informe anual del Presidente se anuncie meses antes por todos los medios de comunicación y con el máximo énfasis, y se comente después, durante mucho tiempo, ponderado con los más mínimos pormenores, mientras que el análisis de esta Cámara, la representación popular, con la crítica que entraña, se haga aquí, a solas, casi en la clandestinidad, y no merezca sino la publicación de alguna frase desbalagada en algunos diarios de la capital. Por eso ahora me complace, como ya dije, ver este recinto pletórico, aunque tenga que lamentar que de todos modos siga siendo el Ejecutivo, ahora representado por el señor secretario de Educación Pública, quien lo llene. Todavía recuerdo el énfasis que puso el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, licenciado Eduardo Pesqueira y Olea, en su comparecencia el pasado 6 de noviembre, al reiterarnos, cien o más veces, y con aplomo, que comparecía ante nosotros acatando gustosamente una orden del Ejecutivo, olvidando al parecer lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución que faculta al Congreso para citar a un secretario de Estado.
De cualquier manera, en este penoso camino para la reconquista de la independencia y en cierto sentido precedencia del Poder Legislativo, estos actos son un paso adelante y por eso Acción Nacional participa en ellos.
Mi pregunta, señor secretario, es muy sencilla, y se funda en las afirmaciones del propio Presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, que dice entre otras cosas: "El artículo 3o. y las aspiraciones de los mexicanos que en él se expresan, obligan a planear una educación que contribuye a formar individuos libres en una sociedad justa. Actualmente se encuentran matriculados en todos los niveles educativos 24 millones de alumnos, de los cuales 21 y medio corresponden a instituciones públicas. Sin embargo, continúa el Presidente, la calidad de la enseñanza se ha rezagado, aunque se ofrece la educación primaria prácticamente podríamos ponerlo entre comillas, "que es recomendación mía" a todos los niños que solicitan inscripción. Este nivel muestra serias deficiencias en cuanto a calidad, con altos índices de deserción y reprobación, las cuales, aunque tienen frecuentemente causas ajenas a la escuela, no deben subestimarse las razones internas que parecen ubicarse en gran medida en la organización misma del sistema escolar, el cual uniforma excesivamente tanto los calendarios y horarios como los libros de texto y los contenidos programáticos, sin tomar en cuenta las diferentes condiciones regionales y ambientales; reconoce en el propio Plan de Desarrollo que en el país hay 6 millones de analfabetos. (Ahora el señor secretario nos dice que ha descendido un tanto), y 15 millones de adultos sin concluir la primaria, lo que imposibilita la consecución del objetivo de la sociedad igualitaria, así como que las dimensiones del aparato burocrático dificultan actualmente la prestación del servicio, elevan su costo y disminuyen su calidad.
De lo dicho por el Presidente desprendemos, pues: primero, que la educación privada cubre 2 y medio millones de alumnos; que la oficial no alcanza a cubrir la demanda educativa y, tercero, que el rezago y deterioro expresados en el alto índice de deserción y reprobación, se deben a la uniformidad excesiva, entre otras cosas, del libro de texto que, como todos sabemos, es único y obligatorio, y al pesado aparato burocrático que dificulta la prestación del servicio, eleva el costo y disminuye la calidad. También tomo en cuenta lo que aclaraba el señor secretario acerca de las dificultades que hay a nivel universal a este respecto.
Podría, con base en estadísticas oficiales, rectificar algunos de los datos dados por el Presidente y agregar otros muchos que evidenciarían la gravedad del problema educativo de México, ya que nuestro nivel escolar es apenas el cuarto de primaria, y la tiranía intelectual que el Gobierno impone. Pero prefiero argumentar sólo con datos dados por el Presidente, porque para la mayoría de esta Cámara, son los irrebatibles. A la vista de ellos, con panorama educativo tan pobre, que usted acaba de reconocer y precisar, señor licenciado Reyes Heroles, ¿por qué en vez de premiar a quienes abren escuelas, no sólo se mantienen las restricciones existentes para las privadas, sino que por la vía del "reglamento", de la "circular" y del "acuerdo", se restringe más aún con la mira evidente de asfixiarla? Ya el gobernador de Coahuila, en su informe rendido hace dos semanas, anunciaba jubiloso su extinción, olvidando que el menor bien que produce la escuela particular, es la creación de plazas escolares, que desocupen al Estado otras tantas de las suyas, para que sean llenadas por algunos de los millones de mexicanos analfabetos que aún quedan por falta de sitio. Y esto, sin aludir a la
mejor calidad de la educación privada, admitiendo excepciones, desde luego, como se comprueba por el hecho de que la inmensa mayoría de los altos funcionarios, procedan de escuelas particulares o envíen a sus hijos a ellas.
Finalmente, señor secretario, México ha suscrito varios instrumentos internacionales en los que se reconoce el derecho de las personas humanas a la libertad de enseñanza, entre ellos figura en primer lugar le declaración universal de los derechos humanos, que establece, en su artículo 18, que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia." Y en el 19, que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, por cualquier medio". Agrego yo; la enseñanza, entre ellos. Y el 26, tercer párrafo, que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que haya de darse a sus hijos".
En toda la exposición que acaba de hacer el señor secretario, no oí que se mencionara para nada a los padres de familia.
Y esto no se cumple en México. Altos funcionarios han justificado la contradicción diciendo que la Declaración no ha sido aprobada por el Senado de la República, ni promulgada y publicada. Pienso que debería hacerse esto y cumplirse el pacto, adecuando la legislación mexicana el pacto internacional libremente firmado, o denunciarse, porque del modo en que está, parece insinceridad.
Pero otros pactos, señores, como el Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, celebrado en Nueva York en 1966, establece en el artículo 13, párrafo tercero, que "los estados, partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Y la Convención Americana sobre Derechos del Hombre, celebrada en San José de Costa Rica en 1969, en su artículo 12, que reitera las disposiciones relativas ya citadas de la Declaración Universal, en su párrafo cuarto, establece que "los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Estos pactos no sólo fueron suscritos por México, sino aprobados por el Senado de la República, y promulgados por el Presidente de la misma el 18 de diciembre de 1980, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.
Mi pregunta, señor secretario, es sencilla: ¿por qué no cumple el Gobierno de México con estos compromisos internacionales que satisfacen los requisitos constitucionales y, si el propósito es no cumplirlos, por qué no se denuncia ante los organismos competentes?
En Acción Nacional juzgamos incongruencia recetarle democracia al débil Estado de El Salvador, y contravenir aquí los solemnes compromisos internacionales.
Me dirá usted, señor secretario, que eso nos toca a nosotros los legisladores; si me lo dijera tendría razón, así es. Por eso Acción Nacional la presentado varias iniciativas de reformas al artículo 3o. constitucional para la deseada adecuación, pero no se han dictaminado, porque aquí sólo se dictamina lo que proviene del Ejecutivo. Por eso nuestro apremio, señor secretario, al poder que usted representa. (Aplausos.)
El C. secretario de Educación Pública: -En este país, después de aproximadamente cincuenta años de lucha, se obtuvo la libertad de conciencia que de acuerdo con la Constitución de 1824 no existía, puesto que la religión católica era la religión de Estado con intolerancia de cualquiera otra religión.
En este país, después de 50 años de lucha, se obtuvo la libertad de enseñanza, puesto que el monopolio eclesiástico impedía la libertad de enseñanza, la educación, y cien años se llevó la educación laica.
No queremos, y ello ha sido una lucha secular de México, que haya escuela - iglesia. He visto varias de las proposiciones, la formulada por el C. Madero y su fuente de inspiración el libro del licenciado Ulloa Ortiz, que inicialmente pretenden que exista escuela - iglesia, pero sería reabrir el proceso para volver al viejo concepto de escuela - iglesia.
¿Qué es en el fondo el laicismo? El laicismo es la defensa de la independencia del individuo, la familia y la sociedad, del poder eclesiástico. Cien años costó implantar el laicismo. El laicismo es el valladar para impedir que se inicie un proceso de concentración de la educación, y que de nuevo caigamos en la educación única, en la escuela - iglesia. Por algo las religiones minoritarias siempre apoyan el laicismo, porque es una defensa inclusive para las religiones minoritarias.
No estamos en contradicción con la libertad de creencias establecidas por el artículo 24 constitucional. Es posible que padres y tutores formen a sus hijos en la educación con las creencias que ellos tienen, fuera del sistema de educación nacional. Esta libertad existe. Dentro del sistema de educación nacional, defendemos el laicismo como defensa de la libertad de enseñanza y como defensa, a la postre, de la libertad de conciencia de la tolerancia y todos esos principios que hacen posible la convivencia de los distintos credos que existen en este país.
La escuela particular, dentro de lo establecido por el artículo 3o., no sólo tiene una función útil en la sociedad, sino que hace un momento acabo de lamentar que se haya reducido la inversión en la educación particular.
Son hechos, y los hechos no se pueden desdeñar, no son deleznables. Que este país vive en una economía mixta, que hay quienes tienen con qué y pueden pagar la educación. Si esto reduce la carga del Estado, con esta mala distribución del ingreso nacional que en México existe, reduce la carga de la educación federal y la educación estatal, en beneficio de los que menos tienen, creo que es útil.
Queremos, sinceramente, más y mejores escuelas públicas, más y mejores escuelas particulares, dentro del artículo 3o. constitucional, dentro del laicismo, que informa, que da contenido a nuestro artículo 3o., y reitero: el artículo 3o. y el laicismo son la defensa que tenemos para que se reinicie un proceso de concentración que nos lleve de nuevo a una enseñanza de un solo sentido, a una enseñanza dominante, predominante y hegemónica.
La escuela particular tiene su papel. Tratamos de simplificar trámites, reglamentaciones y fórmulas en lo que se refiere a la escuela particular. Ahora, no creo que deba confundirse la escuela particular, y creo que es un insulto a la escuela particular esta confusión, con la piratería educacional que tiene que combatirse y a lo cual están encaminadas las siguientes reformas a la Ley Federal de Educación.
Se trata de las llamadas escuelas "registradas", que realizaban verdaderos fraudes con la educación. A título de escuelas "registradas" y con el señuelo de "título reconocido", de trabajo en el futuro, numerosos miembros de las clases medias populares inscribían a sus hijos, cubrían o cubren las cuotas y tres años después se encontraban con una educación sin validez oficial, sin reconocimiento oficial, y que no daba aptitudes para soportar el menor examen en busca de un empleo.
Me recuerda mucho una novela que se llama Estafa en el Cielo, de un pillo que se acerca a una trabajadora doméstica y le ofrece el cielo a cambio de dinero. Y esta pobre mujer se sacrifica, reduce su consumo, reduce su género de vida para dar el dinero que la garantice el lugar en el cielo.
Pues ésta es una estafa también, la estafa del título que no se da, la estafa de la profesión que no se da y la estafa del empleo que no se da. Esto nada tiene que ver con las escuelas particulares, éstas, dentro del artículo 3o., está garantizado su ejercicio para las particulares.
Ahora bien, el Estado, y dado que el artículo 3o. establece la educación no sólo como una garantía individual, sino también como un claro derecho social, el Estado, que en la educación no es subsidiario, está obligado a regular y racionalizar la educación. Por eso se tomaron una serie de medidas de disposiciones para regularizar, por ejemplo, la egresión en las escuelas normales. El año pasado, en el ciclo pasado se quedaron sin empleo 22 mil profesores, como hay numerosas escuelas particulares, normales, para primaria y preescolar, se trató de que primero se redujeran los grupos para que fuera mejor la calidad educacional; segundo, se orientara la educación hacia la preescolar, que es donde tenemos déficits de maestros y no hacia la primaria que es donde estamos sobresaturados de maestros.
Esta regulación de la educación, esta racionalización de la egresión no afecta de ninguna manera la existencia y la función de la escuela particular dentro de los términos del artículo 3o. constitucional.
La educación oficial, y lo acabamos de reconocer, no alcanza a cubrir la demanda educativa en secundaria y en preescolar de un año; sí alcanza a cubrirla en primarias. Sí tenemos capacidad en primaria. Y por eso, en parte, se ha reducido la inversión en educación primaria, de los particulares, por la capacidad del Estado para proporcionarla.
En cuanto a la calidad de la educación particular, en comparación con la calidad de la educación oficial, creo sinceramente que hay buenas escuelas oficiales, muy buenas escuelas particulares; regulares escuelas oficiales, regulares escuelas particulares; muy malas escuelas oficiales y muy malas escuelas particulares. El defender una en contra de la otra, me parece un viejo maniqueísmo y situarse en posiciones estériles.
Existen sociedades irregulares de representación de los padres de familia. Se les toma en cuenta, se les considera, inclusive para los libros de texto; el libro de texto gratuito, complementa uno de los aspectos más importantes de la educación establecida en el artículo III, que es la gratuidad de la educación. No excluye que el profesor pueda emplear otros textos, el profesor puede recurrir a otros textos complementarios o aclaratorios. El libro de texto, además, no es inflexible, no es un libro que no pueda modificarse; se ha modificado. Y los actuales, que son después de 1978, están en pleno proceso de revisión, de acuerdo con los avances de la ciencia, de acuerdo con los avances de la investigación, de acuerdo con la corrección de errores que obviamente se han cometido. Pero son 85 millones de libros de texto que ayudan, precisamente, a lograr la gratuidad de la educación.
Creo que he dado respuesta a las preguntas.
El C. Presidente: - Puede hacer su réplica ahora mismo, señor diputado.
El C. José González Torres: - Señor licenciado; Voy a referirme brevemente, por razón natural, a algunos de los puntos que usted me hizo favor de contestarme, en el orden en que usted los mencionó, porque en ese orden los tomé.
Quizá en alguno no sea réplica, simplemente algún comentario a lo que el señor secretario de Educación Pública dijo. De lo que yo tomé, en primer lugar, se refirió a la libertad de conciencia. Nos dice que tardamos cien años para conquistarla y que hubo un tiempo, a raíz de la Independencia, en que no se logró eso.
Yo quiero comentar lo siguiente, señor secretario y colegas diputados: la libertad de conciencia, como la de creencia, siempre ha existido. A mí nadie me puede prohibir que yo piense o juzgue lo que yo quiera; el problema está en la manifestación de eso, en la expresión de lo que yo pienso y de lo que yo juzgo. Ahí está el problema. Por eso, cuando el artículo 24 de la Constitución nos garantiza a los mexicanos la libertad de creencias, y el artículo 3o. hace referencia a él, para justificar el marco de control y de monopolio que establece, consideramos que es una referencia absolutamente inútil. Repito, no se pueden impedir ni la libertad de conciencia, ni la libertad de expresión.
Ahora, si hubo intolerancia en cuanto a la enseñanza. Yo quiero recordar respetuosamente al licenciado Reyes Heroles, que es tan culto, y creo que la mayor parte de los señores diputados lo sepan, esa famosa prohibición de la enseñanza no ha sido tal, sinceramente. Leamos con sinceridad la historia: que fue la escuela lancasteriana que se estableció desde 1823, antes de la Constitución de 1924, que progresó en México, que llegó a tener en sus manos la dirección de la enseñanza, algo así como las funciones que ahora tiene la Secretaría de Educación Pública, señor secretario. Esas y multitud de escuelas que se establecieron al margen de determinada ideología o creencia, digamos la católica; entonces, ésa tan decantada prohibición terminante de aquello, no existió. Yo los exhorto a que leamos desinteresadamente, imparcialmente la historia para que constatemos esto.
No queremos escuela - iglesia, licenciado, de la escuela pública; pero sí creemos que debe haber libertad, como la hay en los estados democráticos; Alemania Occidental, Inglaterra, otros, en que se pueden establecer escuelas en que se enseñe determinada religión para los que quieran, y hay escuelas laicas para los que quieran. Y se explica que en las escuelas del Estado hubiera para los padres de familia que no quieran que se les enseñe religión, que hay escuelas laicas, pero que en las mismas escuelas oficiales se respete también el derecho de los padres de familia para que en ellas, cuando lo pidan, se les dé esa instrucción.
Yo extrañé que el señor secretario de Educación Pública no se haya referido a la pregunta que le hice acerca del incumplimiento de los pactos internacionales, porque en esos pactos pues se habla de ese derecho, y México reconoce que los padres de familia tienen ese derecho, a que en las escuelas oficiales se les puede enseñar religión o moral, esa es mi gran duda; ¿por qué se firmó entonces eso? Ahora, ya se firmó, pues denúnciese ese pacto. Yo estoy apelando, repito, a la razón y a la congruencia, si se firma una cosa debe cumplirse, si no se puede cumplir debe denunciarse el pacto; pero estamos viviendo una dualidad legislativa. En el orden internacional se aprueba eso de lo que algunos diputados se rieron, pero se ha aprobado por México, y resulta que las naciones democráticas aprueban siempre eso, porque es parte esencial de la democracia esta libertad.
Comentaba también el señor secretario de que lamenta que se haya reducido la inversión en la educación privada. Pues yo, licenciado, creo que es natural que se reduzca la inversión de la educación privada. La escuela privada se mueve en México en medio de un marco jurídico de la más restrictivo que pueda pensarse. El artículo 3o. constitucional vigente que reformó al texto de 1934 sólo cambió la forma de expresión, hábilmente. Suprimió el término "socialista", la educación será socialista, suprimía el término socialista. Y la idea de monopolio nada más la invirtió. Antes decía: "sólo el Estado puede enseñar" que era una forma ruda de expresar el monopolio. Ahora el artículo 3o. dice: "Todo el mundo puede enseñar". Muy hábilmente plateada. Yo no objeto la habilidad, pero para enseñar en primaria, secundaria, normal y todo tipo de grado de educación para obreros o campesinos, han de estar absolutamente condicionados a esto. Entonces, la legislación mexicana reglamenta absolutamente la formas de enseñanza. El mismo Presidente de la República lo reconoce en el Plan, en cuya elaboración yo creo que tuvo mucha participación la Secretaría de Educación Pública, como es lógico. Cada secretaría formula por lo menos el proyecto en la materia que le corresponde. Entonces ahí se reconoce precisamente esto, de manera que es un reconocimiento oficial el que hay a ese respecto de que la demasiada uniformidad es causa del rezago y del deterioro en la educación.
Nosotros también, señor secretario, estamos contra la piratería en materia educativa, nada más que solicitamos que ese concepto de la piratería se aclare. Se ha extendido demasiado. Esas escuelas a las que usted se refería y que trataron de encauzarse por las reformas que nos mandó el Ejecutivo y que fueron aprobados por la mayoría, estableciendo sanciones muy fuertes para quienes no cumplieran los requisitos de forma que estableciera la Secretaría, son para escuelas que no se refieren a primarias, secundarias, que es lo que nos interesa por ahora, sino más bien a otros tipos de estudios. En lo que ve a primarias y secundarias, el control de la Secretaría es riguroso y absoluto y no hay escuelas de primaria o secundaria alguna que otra por ahí desbalagadas en que se dé este caso.
Otro punto al que usted se refirió, es el de subsidiariedad del Estado en la educación. Usted sostiene que no es subsidiaria la actitud del Estado en la
educación. Es una postura. Es una tesis a ese respecto, pero yo creo que no es lo aceptado. En los regímenes democráticos sí es subsidiario. En la medida en
que la escuela particular no se baste, en esa medida suple el Estado. El Estado puede establecer sus escuelas en la medida en que sea necesario. Las puede establecer, pero yo
considero que dentro de la tesis democrática esta cuestión de la subsidiaridad debe contemplarse de una manera limitada a lo que resulte necesario para satisfacer la demanda en el ramo de que se trate para la eficacia del servicio.
Hablaba también el señor secretario de que la demanda en primaria está satisfecha. Yo me permito hacerle dos observaciones, señor secretario, con patriotismo, para que se resuelva el problema de educación en mi patria. Yo invito a todos los funcionarios a que vayan el último día de inscripciones en las escuelas primarias, para que vean las colas de mamás que se quedan llorando porque su hijo no alcanzó inscripción, en la capital de la República; y segundo, que el mismo Plan Nacional de Desarrollo, cuando habla, y yo lo destaqué en mi pregunta, habla de que "prácticamente" está satisfecho. Ese "prácticamente", yo por eso dije pongámoslo entre comillas o entre interrogación, significa que casi, casi, pero no está satisfecha en realidad. Son muchos todavía los niños que se quedan sin escuela, porque no hay aulas para ellos.
Por último, para no cansar ni a la Asamblea ni al señor secretario, una referencia nada más al texto único y obligatorio. El señor secretario al referirse a él hábilmente, habló de texto gratuito. Afirmar una cosa no es negar la otra. No negamos que sea gratuito, licenciado, pero usted no podrá negarme que también es único y obligatorio. Gracias.
El C. secretario de Educación Pública: - En el fondo la argumentación es reiterativa de la primera, del primer cuestionamiento. Sí, se trata de escuela - iglesia, señor licenciado, por lo pronto, enseñar en la escuela oficial todas las religiones, sabiendo que pronto ese proceso va a conducir a la concentración en una sola religión y a volver a los viejos conceptos del siglo pasado. (Aplausos.)
A mí esa posición me parece absolutamente estéril, y quienes se sitúen en posiciones estériles, caen en acciones estériles también. Yo pienso que no vamos a reabrir viejos conceptos ni a dejar que otros los reabran y creo que el señor diputado está haciendo eso precisamente. Se empieza por la escuela - iglesia y se acaba en la escuela - iglesia en singular. Este es el proceso y esto no quiere decir que se abandone la enseñanza de la educación laica. La educación laica es precisamente la defensa para evitar ese proceso en que incurrieron en el siglo pasado. No fueron cien años, nada más cincuenta, y ojalá que esa bíblica libertad de educación que pudiera existir fuesen cincuenta años para la libertad de enseñanza y cien para obtener el laicismo, ¿vamos pues a iniciar un proceso inverso? (Aplausos.)
Vamos a abrir las puertas y a dar las posibilidades para que se inicie un proceso de sumo contrario de concentración y de vuelta al poder económico, si acabamos con lo que defiende al individuo, la sociedad, a la familia y al Estado, de lo económico, que es precisamente el laicismo.
Yo pienso que el laicismo es barrera y valladar de defensa de la libertad de conciencia, de la libertad de enseñanza, y que la libertad de enseñanza existe en México. (Aplausos).
Por eso, precisamente, no me refiero a los convenios internacionales, porque creo que no los violamos, creo que en el sistema educativo nacional tiene que darse la educación laica, pero no impide la educación religiosa en otros recintos. No se trata de lucha antirreligiosa; he dicho que en México la educación es laica, no religiosa ni antirreligiosa.
En otros tiempos hubo lucha antirreligiosa en ciertos países, posteriormente se declaró, hubo el convencimiento, de que la lucha contra la revolución tenía que estar subordinada a otras luchas que eran más importantes y que era la lucha derivada.
Actualmente el pensamiento piensa, cree que la religión es un problema, un fenómeno de vida interior. O sea, que hay quienes tienen vida interior que exige fe y hay quienes no la tienen. Y por eso, precisamente, por eso, el doctor Mora tenía razón cuando decía que no era asequible la lucha contra la religión, que no estaba en las manos del hombre esa lucha. Y por eso precisamente la frase de Zarco, y el mandato de Zarco lo cumplimos: "No interponen entre el alma del demente y su dios la Ley". Pero ése es el laicismo que nos permite seguir esa política, y ese laicismo lo defendemos y lo seguiremos defendiendo porque, como antes decía, es precisamente la defensa de la libertad de enseñanza en este país.
Las colas en el Distrito Federal frecuentemente son por el deseo de inscribir en escuelas particulares. Frecuentemente hay el deseo y la capacidad para inscribir en escuelas particulares. Ahora, no niego, y creo que más crítico de lo que he sido sobre el panorama en la educación, no ha sido, señor diputado. No niego que existen desfazamientos. Admitimos nosotros mismos que la educación primaria rural es mala, deficiente. Admitimos, asimismo, que hay desfazamientos, que hay estados de la República en que no tenemos capacidad y otros en que estamos sobrados. Son muchos los problemas que hay que atender, de aquí la descentralización, precisamente, para obtener flexibilidad y que las medidas se tomen directamente donde se van a ejecutar y los estados y los municipios se sientan vinculados al quehacer educativo.
Y la lucha por la calidad de la educación es una lucha que estamos emprendiendo muy en serio, y yo quisiera que en lugar de situarse en las posiciones estériles, de tratar de resucitar viejos conflictos, todos ayudaran a esta tarea que tenemos en común en la educación nacional.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: - Señor secretario: Reanudamos el día de hoy el intercambio
de opiniones que tuvimos el 19 de octubre de 1983, es decir, hace ya más de un año. Y ahora lo hacemos en el Plenario de la Cámara de Diputados, aunque aún hay muchas limitaciones para que esta relación de poderes sea eficaz, es, sin duda, un avance producto no de graciosa concesión presidencial, como lo quiso ver algún secretario que compareció antes que usted, sino de una presión creciente y legítima de sectores sociales y fuerzas políticas varias que luchan, luchamos por la verdadera democratización de la sociedad.
Decimos que aún hay limitaciones importantes porque estos debates, de ellos no se derivan conclusiones de aplicación obligatoria. Ello tiene que ver, obviamente, con el poco peso que tiene todavía la Cámara y el mucho poder que conserva el sistema presidencialista en este país, y tampoco este debate por lo menos se transmite de manera simultánea por los medios masivos, como debiera ocurrir para que la opinión pública se forme un mejor juicio de lo que aquí sucede, sin mediar la manipulación que hace la entidad oficial de la radio y la televisión.
Pero entrando al tema, casi dos años después de haber tomado posesión el actual gobierno, ha presentado apenas su programa educativo 1984 - 1988; este programa que tiene planteamientos ambiciosos y metas trazadas al año 2000, parte de un diagnóstico que recoge algunos de los problemas más acuciantes del sistema educativo, como son su insuficiencia, la baja calidad de los servicios, la inadecuada formación de maestros y la desarticulación de los diversos ciclos que la integran. Hoy, ha aportado usted algunos elementos contundentes que muestran también la desigualdad que permea nuestro sistema educativo, puesto que hay lo que podríamos llamar una "mortalidad escolar" muy vasta, que abarca prácticamente todos los ciclos. Este reconocimiento da la razón a las fuerzas que por muchos años hemos venido planteando, que la educación sufre una seria crisis que, por otra parte, no es privativa de esta actividad sino inherente a un sistema económico y social también en crisis, crisis que se desenvuelve y pervive cotidianamente, pues este sistema es un sistema basado en la explotación, la desigualdad y la antidemocracia, así como en la dependencia.
Queremos nosotros abordar algunos aspectos relativos al programa y en ello estamos de acuerdo en mirar hacia este siglo, hacia el presente y hacia el futuro y no entablar ni proseguir una polémica con las posiciones del PAN, cuya defensa de la escuela privada en realidad es la defensa de la empresa privada, y no de la educación en sus mejores valores. El PAN defiende el negocio de la educación, digámoslo claramente, y digamos, en contraposición a esta tesis, que debemos defender la escuela pública porque sólo la escuela pública puede ser científica, sólo la escuela pública puede llegar a ser democrática y sólo la escuela pública puede llegar a ser popular, y subrayo científica, prefiriendo este término al por usted utilizado, laica, porque me parece que, beligerancias aparte, el término "científico" que es el que recoge el artículo 3o., expresa claramente la necesidad y la obligación de luchar contra los fanatismos y defender los resultados de la investigación científica sin quedarse en una cierta neutralidad que el laicismo aún sugiere.
Queremos comentar respecto al programa 1984 - 1988, que éste está supuestamente basado en el planeamiento de una revolución educativa. Así como de medidas aisladas que conforme han ido aplicándose, sólo han dado una idea de algunos lineamientos educativos gubernamentales. El plan aclara en cierta forma las intenciones globales en este aspecto, pero dista mucho de ser concreto y de ser preciso. Este programa es sumamente vago. No dice ni cómo ni cuándo se van a realizar muchos de sus propósitos más importantes. En función de ello, y con la idea de iniciar este debate, deseamos presentar las siguientes preguntas y opiniones:
La educación básica se define en el programa como una intención de ofrecer los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, a pesar de que suma de los grados, de estos tres tramos, daría doce años, se habla de educación de diez grados, ¿a qué se debe esa incongruencia en las cifras?, ¿se trata acaso de sólo tomar en cuenta, como de hecho se está haciendo, el último grado de la educación preescolar uniéndolo a la primaria y a la secundaria. Pero, como comentaremos más adelante, sin la debida articulación?
El nuevo concepto "educación básica", que por otra parte es ya común en numerosos países, preguntamos: ¿no requeriría una definición legal? En la Comisión de Educación de esta Cámara, se ha formado un consenso en el sentido de que la incongruencia que hemos mencionado, la incongruencia entre el artículo 3o. que habla de educación primaria en su fracción VI, y la Ley Federal de Educación que introduce una división peculiar, habla de que la educación elemental - ése es el término que utiliza - estará formada por la educación preescolar y la primaria, y en cambio a la secundaria, junto con el bachillerato, la clasifica como educación media, haciéndola formar parte de otro ciclo. Encontramos aquí una contradicción que pensamos sería conveniente resolver no sólo en el nivel de la política educativa, sino en el nivel más estable de la propia legislación.
Al hablar de la escuela básica se sobreentiende una vinculación mayor que la actual de las partes que la conformarían; en realidad, ahora sólo se está proponiendo la articulación programática o fundamentalmente eso, del tercer grado de preescolar la primaria y la secundaria. ¿Ello significa sólo un mayor enlace de tramos escolares que seguirán desunidos?, o por el contrario, preguntamos, ¿se ha pensado que la escuela básica comprenda
también un edificio único y una planta docente del mismo nivel profesional y salarial?
En cuanto a la retención y permanencia de los niños en la escuela, ¿qué medidas se tiene pensado implementar para lograr esa retención que, como dijo en la parte inicial de su intervención, es muy grande la deserción? ¿Cuántas becas y de qué modo se piensan asignar para 1985 a la educación básica? Esto no está en el programa y un programa debe ser preciso y más detallado.
Se construirán internados, y no hablamos sólo de esos albergues insuficientes en número y calidad de servicios que funcionan en poblados alejados, sino de verdaderas instituciones asistenciales que permitan asegurar la permanencia de los niños en la escuela.
El régimen asistencial en la educación mexicana ha decaído notoriamente; los gobiernos, de Miguel Alemán, para acá, han ido acabando con conquistas asistenciales que costaron muchas luchas y que significaron la posibilidad de que hijos del pueblo trabajador continuaran sus estudios. Pensamos nosotros que es indispensable un sistema asistencial amplio y nacional para compensar y para apoyar las desigualdades sociales que, hay que decirlo, la escuela no suprime sino refuerza.
Por otra parte, y en ese mismo sentido, ¿se instalarán comedores escolares necesarios para una mínima alimentación que decenas de miles, por no decir millones, de niños que padecen subalimentación, requieren, y que en estos años de crisis han bajado más aún su nivel alimenticio? Esto se discute en muchos países, elevar la gratuidad es una demanda de las fuerzas democráticas, y esa gratuidad, esa elevación de la gratuidad no está contemplada en el programa 1984-1988.
Hablemos ahora del libro de texto al que usted se refirió también. El libro de texto, a nuestro juicio, debiera ser extendido por lo menos a los nueve años de educación básica, primaria y secundaria; la ausencia de estos libros en la secundaria, no solamente debilita los contenidos que ahí se imparten, sino que también hace florecer negocios millonarios, multimillonarios, que en forma creciente, de empresas libres asociadas al capital extranjero, no sólo en su ramo sino también en el de la producción papelera.
Es urgente, a nuestro juicio, que el libro de texto sea definido como gratuito por lo menos hasta el 9o. grado de la enseñanza pública y de la enseñanza en general.
Sobre su contenido, a lo que se refirió usted y también el diputado del PAN, a la fecha, el libro de texto no se elabora con los requisitos elementales para que éste pueda tener la mejor calidad. Hay comisiones que en muchos casos tienen la fisonomía de comisiones técnico - burocráticas, integradas no pocas veces por recomendados y favoritos de las administraciones en turno, que ensayan y desarrollan hipótesis experimentando en generaciones completas de mexicanos. No hay una participación colectiva y creativa de los maestros, porque no se les respeta la voz y su capacidad de decisión. Hace un momento hablaba usted, reconocía usted, que no hay entusiasmo en la educación, pero reflexionemos a qué se debe. La falta de entusiasmo de la planta docente para desarrollar las tareas educativas, se debe fundamentalmente no sólo a la inexistencia de estímulos materiales y a la depresión salarial tan grave que pesa sobre el magisterio - más adelante hablaremos de eso -, sino se debe también a la dirección antidemocrática y burocrática, al sistema pésimo de promoción que hace que asciendan a la dirección escolar no los mejores, y quienes desarrollan un mejor trabajo, sino aquellos que tienen mejores relaciones con las fuerzas sindicales y oficiales. También se debe - y esto lo mencionamos en relación a los libros de texto -, a que no hay permeabilidad ni discusión que permita incorporar la opinión de los trabajadores de la enseñanza, que es una opinión válida, imprescindible, que es el complemento, que no se puede dejar a un lado de la opinión científica y puntera en las ciencias, y que hasta la fecha no ha sido recabada y no ha sido respetada.
Otro tema que es importante debatir aquí, es el que se refiere a la organización de los contenidos en la educación pública. Actualmente, en numerosos países se ha establecido la enseñanza por materias o especialidades, no en todas, pero sí en las fundamentales como matemáticas, lenguaje, historia, geografía, idiomas, a partir del 5o. grado. ¿El proyecto social, preguntamos, de educación básica, contempla este cambio? O, ¿se mantendrá solamente una simple unión de ambos tramos educativos, como mencionábamos, postergando esa enseñanza por especialidades hasta el 7o. grado, como actualmente ocurre? La enseñanza de idioma extranjero, ¿continuará también iniciándose a este 7o. grado, cuando que sería recomendable que comenzara más tempranamente?
Y otra pregunta más, ¿cómo propone la SEP que sean dirigidas las escuelas correspondientes a la educación básica, así como el resto de las instituciones educativas bajo su jurisdicción? ¿Se mantendrá el sistema piramidal y antidemocrático que hoy prevalece? ¿Puede pensarse en una educación avanzada sin que se opere una profunda transformación en la forma de dirigir las escuelas?
Y en relación a los consejos que hoy existen, ¿considera usted que estando como están integrados, esencial y mayoritariamente por funcionarios, pueden representar la opinión de los centros educativos o de las distintas ramas de la enseñanza en que opera? ¿Cree usted que tiene sentido mantener el denominado Consejo Nacional Técnico de la Educación, que desde su surgimiento no ha hecho sino anticipar o avalar los proyectos oficiales sin representar a los educadores en ningún momento?
Como se podrá dar cuenta, señor secretario, en este tema de la escuela básica, son
muchas las preguntas que existen y que no son rigurosamente nuestras, las hemos hecho nuestras. Y más preguntas tienen aún los compañeros trabajadores de la enseñanza, que en fechas recientes fueron encuestados en el Distrito Federal y que están siendo también interrogados en diversas entidades del país.
Aquí aprovechamos para decir que la encuesta que se ha procesado fue sorpresiva, sin información previa y con cuestionarios amañados. Por ello, no es de extrañar que haya sido rechazada mayoritariamente por los maestros de postprimaria en el Distrito Federal.
Como el tema es de gran interés y la consulta con los trabajadores de la educación está por hacerse, no podemos darla por hecha, preguntamos a usted que si no sería conveniente que la SEP abriera el cauce a un proceso de participación efectiva y democrática para el cual propondríamos una modalidad concreta: que se distribuya a todos los trabajadores de la educación un ejemplar del Programa Educativo '84-88 completo agregando informaciones y precisiones indispensables, como algunas de las que hoy estamos requiriendo. Pensamos que no es demasiada exigencia.
Que después de un tiempo razonable en que se conozca el proyecto oficial, así como otras alternativas generadas por corrientes y sectores de maestros diversos, se abra un periodo de sesiones y de discusión en circunscripciones equivalentes a zonas de educación primaria. Ahí podrían participar todos los maestros de los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, así como algunos representantes de padres de familia, e incluso de alumnos de grados avanzados, Tómese en cuenta que la encuesta actual, está practicándose tomando a los maestros de manera aislada. Si se piensa conectar y armonizar los actuales tres ciclos, preescolar, primaria y secundaria, es una necesidad elemental que los maestros de los tres niveles y trabajadores de la educación en general, y también algunos padres de familia y algunos representantes y alumnos, tengan juntos la posibilidad de discutir, y en su caso de construir desde abajo lo que podría ser efectivamente una escuela básica, popular y democrática. Los resultados de las discusiones, los llevarían delegados ahí nombrados democráticamente, directamente a reuniones estatales, y no con la intermediación que ahora se ha impuesto y que esto, en cualquier momento, la Secretaría de Educación Pública, cuando no se reflejan sus posiciones, la interrumpe.
Estos delegados podrían participar en un congreso nacional de educación democrática y representativa, en el cual se discutiría y decidiría sobre tema tan importante. Esa es una propuesta elemental de cauce democrático para sustituir encuestas manipuladas que algunos compañeros calificaron en términos pedagógicos, como lectura de comprensión.
Pasemos ahora al tema de la descentralización, también aquí tocado:
Este proyecto anunciado en términos generales por el actual Gobierno, desde sus inicios, pero jamas explicado de manera específica y detallada, va siendo conocido por sus efectos más negativos que positivos. Hasta la fecha ha sido un mecanismo para desarticular y aislar movimiento que, teniendo razón y raíz nacional, se pretende constreñirlos a las áreas finales de aplicación de una política. Así, esta descentralización centralizada, está sirviendo para enmascarar y tratar de ocultar a los centros emisores de políticas lesivas al magisterio y a la educación popular.
En ocasión a la entrevista que tuvimos con usted, en octubre del año pasado, mencionó que la descentralización es un punto clave de la Revolución Educativa, y le atribuyó un conjunto de bondades a las que hoy agregó otras más, ninguna de las cuales pensamos nosotros se confirma.
La descentralización ha complicado los trámites administrativos, persiste el rezago en el pago a los maestros, hay una confusión muy grande, administrativa, en el manejo de las plazas y no se ha abierto la discusión democrática. Pongo dos ejemplos que me parecen muy ilustrativos: las dos secciones democratizadas del SNTE, la sección 7 de Chiapas y la sección 22 de Oaxaca, en esas entidades no se ha instalado aún el consejo descentralizador y no se ha avanzado en proyectos para, efectivamente, fundar una educación popular y una educación democrática y una educación que respete las peculiaridades regionales como es uno de los objetivos declarados de la descentralización. Allí no ha avanzado el proyecto de la desconcentración no concentrada y por ello la Secretaría de Educación Pública no ha podido avanzar. ¿En dónde ha avanzado?, en aquellos puntos en donde no ha encontrado resistencia a su proyecto, puesto que en estas secciones y entidades que menciono hay un poderoso movimiento democrático que no está dispuesto a permitir cambios educativos que son revestidos de una palabrería ambiciosa y en algunos casos utópica, pero que en realidad no corresponde con demandas y necesidades populares y democráticas.
Pasemos a un tema fundamental. Usted, señor secretario de Educación, ha encomiado en diversas ocasiones y maneras la labor del maestro, lo ha calificado como la espina dorsal de cualquier sistema educativo; sin embargo el maestro está en una situación sumamente desventajosa, desde el punto de vista social, económico, profesional y laboral; al maestro se le rinden homenajes, pero no se le hace justicia. Actualmente el salario del maestro no se diferencia, quitados los descuentos de una manera muy importante, del salario mínimo. ¿No considera usted que deba haber un incremento realmente importante en las percepciones de los trabajadores de la educación?, mucho más que el que actualmente se ha concedido, que no alcanza para compensar la carestía y que obliga a no pocos maestros a duplicar sus jornadas en demérito
de la calidad de la educación que imparten.
Y regresando al programa 1984-88, en la parte relativa a la preservación, impulso y difusión de la cultura, se habla de dicho programa del Canal 11 y de Radio Educación, estación esta última que ha visto disminuido su papel avanzado que llegó a tener por la persecución ideológica y política que ahí se ha practicado en fecha reciente. Pero no se habla en este programa para nada del papel que debe jugar la SEP respecto a la radio y la televisión en su conjunto. Como todos sabemos, el imperio de la comunicación denominado Televisa, constituye un enclave desnacionalizador y comercialista que propaga y refuerza las ideas más conservadoras, contraviniendo la orientación educativa del artículo 3o. Televisa milita activamente contra la política exterior de México y ejerce un papel deseducativo y enajenante. Nuestro partido considera que ese monopolio de la comunicación debe ser sustituido por una televisión en manos del Estado, pero dirigida por un consejo plural y democrático, de tal manera que se haga a un lado esa orientación atrasada y reaccionaria que ahí predomina.
A continuación, señor secretario, deseo hacerle algunas preguntas relacionadas con diversos movimientos que se han generado en el campo de la educación y que requieren de una respuesta democrática y justa de la SEP; y pido disculpa ante la extensión de este interrogatorio, pero considero que es indispensable que la voz de sectores de trabajadores y de estudiantes a los cuales se les ha negado el diálogo y se les ha negado la solución a sus problemas, se escuche en el Plenario de esta Cámara de Diputados.
La Universidad Autónoma de Guerrero se ha visto privada ilegalmente del subsidio que le corresponde. La SEP condicionó la entrega del subsidio a que se practicara una auditoría en esa casa de estudios, la auditoría concluyó hace tiempo; sin embargo, el subsidio siguió retenido impidiéndose con ello que maestros y trabajadores reciban su salario pese a que continúan laborando. En fechas recientes, la SEP, a través de un intermediario oficioso, pagó parte del adeudo salarial hace unos días, el representante de esa Secretaría dijo a los universitarios que se pagarían otras cuatro quincenas sólo si éstos suspendían sus legítimas acciones de movilización y protesta. ¿De qué se trata?, preguntamos, ¿de doblegar por hambre a una universidad que conquistó su verdadera autonomía en 1960 en lucha contra el caciquismo y la intolerancia?
Nuestro partido demanda la restitución inmediata del subsidio a la Universidad Autónoma de Guerrero y el pago incondicional y directo de salarios atrasados a todos los trabajadores.
Otro asunto que queremos plantear es el relativo al de la Escuela Normal Superior.
Fue expulsada de su edificio por la fuerza pública que aún la ocupa y dispersada en seis locales inadecuados e improvisados. La SEP impuso una modalidad programática por áreas a espaldas de la comunidad educativa que no corresponde a razones pedagógicas válidas y que está fracasando. ¿Cuándo se reunificará la Normal Superior y se rectificará este programa inconducente?, ¿en qué fecha se le restituirá su edificio o se le dotará de uno propio y adecuado en caso de que se compruebe técnicamente y de manera imparcial la inutilidad de su casa original?
Y respecto a la formación de maestros, uno de los pilares declarados de la política educativa, es el referente al Sistema Formador de Maestros y ha habido cambios importantes como es el establecimiento de la licenciatura en la Normal y el correspondiente Plan de Estudios; sin embargo, el principio de la aplicación de los cambios se ha realizado sin la participación de los sectores directamente involucrados, a los maestros de las normales se les dio a conocer el Plan de Estudios, sólo unos cuantos días antes de que se iniciara el curso escolar y no tuvieron participación alguna en su elaboración. La preparación de los maestros de las normales, para trabajar con el nuevo plan, fue mínima, el Plan de Estudios, es un plan sobrecargado de materias, elaborado con una concepción enciclopedista que afecta el carácter formativo que deben tener las escuelas normales, los cuestionamientos que hicieron los maestros de la Escuela Nacional de Maestros han quedado sin respuesta, este plan de estudios se está poniendo en práctica sin asignar los recursos necesarios, por lo que no ha sido puesto en vigor el reglamento de personal académico del subsistema de educación normal, aprobado desde 1982, en donde se establece la descarga académica y el año sabático, por lo que en la mayoría de las normales los maestros trabajan sobrecargados de grupos y en algunas escuelas, como la Nacional de Maestros, hay decenas de grupos que no tienen maestro a punto de terminar el semestre, sin que se asignen los recursos necesarios para su buen funcionamiento.
Agregamos, como un problema más de la Escuela Nacional de Maestros, la negativa de la Secretaría de Educación Pública a incorporar a los maestros recién egresados a plazas del Distrito Federal. Consideramos que es necesario revaluar la posibilidad de incorporar a estos egresados en plazas que si bien se mide y bien se examina la situación concreta de las escuelas sí hace falta todavía. Es falso que sobren maestros. Sobran maestros si se mantienen grupos sobrecargados, sobre todo en turnos matutinos; sobran maestros si no se dan apoyos asistenciales que impidan a muchos niños asistir a las escuelas. Bajo esos criterios sobran maestros; también sobran si las escuelas son mal planeadas y no se establecen en aquellos lugares donde hay población demandante, pero si se hace un análisis a fondo, si se eleva la relación porcentual
maestro - alumno, veremos cómo hay posibilidades, y muchas, de incorporar a esos jóvenes egresados y con ello favorecer una elevación de la calidad de la educación.
Un tema más, señor secretario, desde 1983 se imparten a los directores de escuelas secundarias técnicas cursos especiales para manejar, analizar y dirigir esas escuelas con los métodos y orientaciones con que se manejan las grandes empresas norteamericanas y las mexicanas que han adoptado las formas administrativas de aquéllas. Esto es muy importante y por ello no podemos dejar de mencionarlo.
Se parte en estos cursos del concepto de que una escuela es una empresa cuyo gerente viene a ser el director, y los obreros resultan ser los maestros. La enseñanza viene a ser un proceso de producción y los alumnos que terminan su educación, resultan ser los productos más o menos acabados de este proceso.
Decir que una escuela es una empresa, es negar totalmente el contenido del artículo 3o. constitucional y el concepto universal de la educación. Nada hay más lejos de la actividad educativa que los fines lucrativos y las estrategias de explotación antiguas o modernizadas de los hombres de empresa, por lo tanto, demandamos que sea suprimido este criterio empresarial como sinónimo de formación de maestros.
Señor secretario, otro grupo de compañeros maestros que han pedido sea escuchada su voz, muestran inconformidad con el trato que da la SEP a quienes trabajan en las escuelas profesionales del Instituto Nacional de Bellas Artes: La Esmeralda, Artesanía, Diseño, Conservatorio Nacional de Música, Escuela de Pintura, de Teatro, Academia de Danza y Sistema para la Danza. Ellos lograron lo que se denomina homologación, es decir, nivelación de condiciones laborales con el Instituto Politécnico Nacional, desde 1983.
Pero esto no se cumple cabalmente, ya que no se ha cubierto el pago retroactivo a septiembre de 1983, ni se nivelan condiciones de trabajo además de salario. Además, el convenio no está firmado aún. Por lo anterior, ellos preguntan: ¿Cuándo firmará usted el convenio de homologación y de condiciones de trabajo de los profesores de las escuelas profesionales del INBA y cuándo será publicado en los medios oficiales? Y agregan, ¿por qué a la educación artística en México no se le asignan recursos suficientes para que verdaderamente pueda cumplir con su cometido?
Señor secretario: los compañeros maestros, jefes de clase de enseñanza secundaria, por su parte, manifiestan una fundada preocupación por la desprofesionalización progresiva en que está cayendo este nivel educativo. Por una parte se afirma que hay exceso de maestros, pero el hecho es que materias tan importantes como matemáticas, física, química, inglés y biología, los nuevos docentes contratados no son egresados de normales superiores, sino estudiantes o profesionistas de carreras diversas. Ello ocurre con frecuencia tal que ya en este momento es mayoría la de maestros no profesionales quienes imparten estas materias. ¿Por qué se suspende la formación y contratación de maestros profesionales en demérito del nivel de enseñanza en secundarias? Y también advierten que el cambio de asignaturas a áreas, en un gran número de escuelas, rebasa el nivel de los conocimientos impartidos.
Un maestro difícilmente domina las tres disciplinas que implican las áreas, aplicando su mejor esfuerzo a la que más conoce. Ello ha dado como resultado la elevación del fracaso escolar en ciclos subsiguientes. Por lo tanto, preguntan, ¿no sería adecuado publicar las evaluaciones que seguramente existen y hacer otras con la participación de los maestros? ¿No ha durado ya demasiado la costosa experimentación a costa de varias generaciones de alumnos?
Y, señor secretario, un último planteamiento. Al compañero Teodoro Palomino, maestro de secundaria, usted, mediante su apoderado, el señor Juan Hernández Herrera, le ha promovido su cese por "faltas de probidad, violencia, amagos, injurias y malos tratamientos", según expediente 29019 del Tribunal de Arbitrajes.
Considero que esta medida es una represalia política. Este compañero fue representante de los maestros en el proceso de consulta que llevó al rechazo de la encuesta promovida por la SEP. También participó en el segundo paro cívico de junio de 1984. El cese es una represalia política que debe ser desterrada y sustituida por el diálogo y la solución de los problemas; en función de ello quisiera formular la petición a nombre del grupo parlamentario a que pertenezco, de que se desista de la demanda contra el compañero Palomino y se establezca el trato político, útil y necesario para avanzar en la democratización del país. Al mismo tiempo también pido que los sectores, los sectores educativos que tienen demandas y que las han presentado de manera activa, no hoy sino en diversas ocasiones, sean también recibidos por usted, puesto que eso no es, no sería un privilegio, sino sería una obligación de su parte y un derecho de quienes solicitan ese trato.
Señor secretario, los dos problemas más importantes de México, la desigualdad y la antidemocracia cruzan también el campo de la educación; nuestro partido se propone y lucha porque esta desigualdad y esta antidemocracia desaparezcan y sean sustituidas por un cambio en la conducción de los asuntos nacionales. Eso es todo.
El C. secretario de Educación Pública: - Voy a procurar dar respuesta a las interrogatorias y a las afirmatorias.
Educación básica. Se trata de elevar el nivel educacional, la UNESCO, en el proyecto principal para la América Latina y en los países del Caribe, dijo que era deseable, estableció
que era deseable y recomendó una educación de nueve a diez grados; la mayoría de los países latinoamericanos están pugnando por lograr una educación de ocho grados. En México no se ha tomado una decisión al respecto, el asunto se encuentra sujeto a consulta, como precisó el propio diputado.
Se concibe la educación básica como un sistema integrado y lo que se busca en la presente encuesta, más que su aplicación o su definición, es lograr secuencia, congruencia o líneas de continuidad en la educación de preescolar a secundaria, puesto que, como antes decía, estamos frente al clásico islote y no es deseable que tal cosa ocurra.
La educación básica no persigue o perseguiría, en caso de ser aprobado, romper la estructura administrativa de los niveles; tampoco supone su ubicación en un mismo centro de trabajo y menos aún contradecir la formación pedagógica que llevan los docentes a atender determinados ciclos. La tarea consiste, por lo pronto, en buscar congruencia, secuencia, líneas de continuidad de la educación preescolar a la educación secundaria.
Hay en esto maximistas y minimistas, hay quienes les parece que una educación de diez grados para México es muy poco, que debía darse una educación de once o doce grados; hay quienes, por el contrario, dicen, ¿cómo es posible, si tienes una escolaridad media de cinco años y fracción, que ya estás aspirando a una escolaridad gratuita de diez o doce años?
La verdad es que, como antes decía, se encuentra en etapa de consulta y que pensamos que contestando a maximistas y minimistas, que es posible en un país mejorar lo existente y avanzar. Consolidar y avanzar. Mejorar y obtener nuevas metas.
El marco de la educación básica - en caso de que esto fuera una realidad - sería el artículo 3o. constitucional, y el Plan Nacional de Desarrollo lo único que establece es que sea deseable llegar a ella. ¿Por qué no podemos llegar a una educación básica? Al respecto quiero aclarar algunas cosas: tal parece que se está cercenando la educación preescolar, que se dan tres años y se cercena de tres a un año. La verdad es que no se da más que un año, y no se da más de un año al 40% de los demandantes. De modo que no se mutilaría o cercenaría una educación que se está dando. Simple y sencillamente se establecería la meta de lograr para ese 40% que no lo tiene, la educación preescolar de un año. Yo estoy de acuerdo en que lo deseable sería los tres años. Además estoy de acuerdo en que lo deseable, lo ideal, sería que hubiera en México educación inicial para todos, desde los 65 días hasta los 5 años y fracción. Pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces tenemos, aparte del cuello de botella de educación preescolar que no podemos cubrir la demanda que estamos al 40% la demanda, la incapacidad de hacerle frente también a la demanda de educación secundaria. No tenemos la capacidad de hacerle frente a esta demanda. De aquí que por lo pronto se inicie un proceso de consulta para ver cuáles son las opiniones que predominan, para que se hagan observaciones sobre este plan recomendado por la UNESCO, para que se incorporen muchas de esas observaciones y para que este proceso se continúe los años que sea necesario.
En 1982, la población preescolar fue de un millón 400 mil educandos. Se ha incrementado en los últimos dos años, y en el ciclo escolar '84 - 85, será de 2 millones 220 mil niños de 4 y 5 años de edad. No obstante, en este ciclo el índice de atención a los niños de 5 años será de un 40%, y de 4 o menos, será de un 32%.
La consulta que se ha iniciado. Debo reconocer que en ella ha habido aportaciones que cambian la perspectiva desde la cual se partió, los puntos de partida mismos de las aportaciones que serán tomadas en cuenta, si algún día esto sigue caminando.
No estamos en aptitud económica de aumentar la preescolar de uno a tres años, ni tenemos los recursos económicos ni hay el número de maestros de preescolar, se requerirían 60 mil en el caso de que fueran dos años y la Dirección de Preescolar tiene 10 mil al año. De modo que la terca realidad en este caso implica un fuerte cuello de botella de difícil superación.
Ahora, junto a los planteamientos de buena fe que ha habido en torno a esta consulta sobre la educación básica, que se refieren a mayor o menor escolaridad, o a mayor o menor congruencia, a características y demás, ha habido una serie de planteamientos, de cuestionamientos de mala fe. Se dice, en una guerra subterránea mediante cartas y volantes, que lo que se pretende es la socialización de la enseñanza, la desaparición de la escuela particular, la nacionalización de toda la educación, implantar la educación socialista en el país, y se ha sembrado una sospecha enfermiza sobre esta materia.
Para superar malos entendidos, para ventilar en juego limpio los problemas sobre el grado de escolaridad que en el país debe y puede haber, se va a convocar a un foro abierto de discusiones, en el que podrán participar todos los que se inscriban sin fecha de duración, y que terminará cuando ya no se planteen problemas relativos a la materia, cuando todo se haya dilucidado. Si dura tres meses o tres años lo mismo da, siempre y cuando esclarezca limpiamente los problemas y acabe de una vez por todas con los combates ocultos de pólvora sorda.
Volviendo a las preguntas. La educación básica no se daría en un solo local, aunque está sujeto a un proceso de consulta y no sabemos cuándo terminará la consulta, no se daría en un solo local. No significaría unir las construcciones escolares.
Otra pregunta se refiere a los niveles de los maestros. Los maestros de primaria, el incremento en '84 fue de 49.5%, pasó de 31 mil 506 a 46 mil 993, a lo cual deben agregarse los quinquenios, material didáctico, compensación por zonas de bajo desarrollo,
etcétera. En secundaria el incremento en '84 fue de 54.4% que es un incremento que ha superado un poco la inflación.
Servicios asistenciales, mil 500 albergues en el medio rural indígena, beneficiando a 80 mil niños.
En el primer semestre de 1984 se dieron 70 mil becas en primaria, 25 mil 300 becas a estudiantes hijos de trabajadores obreros y sector popular; en '85 se darán 94 mil en primaria y 52 mil 500 en secundaria, si se aprueba el presupuesto que está sometido a esta soberanía.
Como se ve, no se descuida este aspecto dentro de las grandes limitaciones presupuestales a que la crisis obliga al sector educativo.
Se planteó el problema de la Universidad de Guerrero. En el caso de la Universidad de Guerrero, reiteradamente se les pidió que formularán su plan financiero, que informaran cuál era la situación financiera; nunca lo hicieron. Se les pidió, asimismo, que de acuerdo con la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Estudios Superiores se procediera a hacer una selección de acuerdo con las posibilidades. ¿Qué sucedió en la Universidad de Guerrero? Simple y sencillamente una simulada organización bajo el nombre de la Universidad Pueblo, una instalación la palapas, sin profesores, y con el nombre de preparatorias o bachillerato, simulación que no era posible admitir. Se siguieron todos los procedimientos legales y fue la propia Universidad la que pidió la auditoría, fue la que designó a los auditores, y hay faltantes muy considerables y cuentas muy considerables sin explicación alguna. Se recurrió a un tercero para pagar los salarios, en virtud de que este tercero acreditó con poderes individuales la posibilidad de cubrirlos una vez que se depositaran en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Cabe señalar que estaba sub judice en la Junta de Conciliación y Arbitraje, aumentos a salarios, algunos de los cuales admitía la Universidad, sin que la Secretaría de Educación estuviera en aptitud de hacerle frente a esta admisión de nuevas prestaciones y que se había resuelto entre la Universidad y algunos de sus sindicatos.
Yo pienso que el desorden no tiene signo ideológico, que el desorden hay que combatirlo venga de donde venga, y se cubra con lo que se cubra. Si en el caso, como antes decía, de la Universidad de Guerrero, era la simulación organizada o es la simulación organizada, cuando a mí me piden que les dé subsidio, o que se les dé el subsidio de la Federación, yo siempre respondo: cuando haya Universidad. Es decir, no está tampoco el país para desperdiciar recursos, para dar recursos indiscriminadamente, sin medir rendimientos, sin tomar en cuenta resultados, sin saber a dónde van esos recursos. En estos momentos se está negociando con la Universidad de Guerrero, a través de la ANVIES, y es posible se encuentren soluciones a algunos de sus problemas.
Escuela Normal Superior. Era otro problema, que el diputado conoce bien, aunque insiste él, realmente no es que privara la alumnocracia ahí, lo que privaba en realidad era la autocalificación, el engaño, la simulación; de siete semanas de cursos intensivos se aprovechaba una semana. Esto no podía seguir. No se recurrió a la fuerza pública para el desalojo, fueron profesores y unos notarios quienes realizaron el desalojo, se elaboró un nuevo estatuto orgánico para la Normal Superior, se establecieron cinco centros distribuidos en el país para los cursos intensivos y se elaboró un nuevo programa.
Pienso que debe haber una nueva normal superior a la altura de su vieja tradición, pero una normal superior no se compone de un edificio sino de un espíritu, es una escuela, no un edificio. Es posible que una vez que hayamos superado los escollos que hoy se presentan para la formación de la Normal Superior para la educación, para la docencia misma, tengamos un edificio en que estén reunidos todos. Por lo pronto, lo que se hizo fue dividir a los de nuevo ingreso con los de viejo ingreso, con el fin de lograr obtener locales en los que fuera posible esta división y al mismo tiempo un aprovechamiento, si no óptimo, al menos sí mínimo.
Escuela Nacional de Maestros. El problema de la Escuela Nacional de Maestros es que egresan anualmente mil 500 alumnos - maestros, los cuales todos estaban en el Distrito Federal para fortalecer las filas de la aviación civil, y esto no era posible que continuara, entonces se decidió que la mitad, la mitad, de esos mil 500 ocuparan plazas que sí existen y que no están satisfechas en los estados de la República.
Creo que esto es lo mínimo que se puede hacer para corregir esta tendencia, a fortalecer la aviación civil a grados extremos en el país.
El libro de texto gratuito. Se está trabajando en la posibilidad del libro de texto para secundaria, no gratuito, sino a costo mínimo, como un complemento también para facilitar la educación en secundaria.
Hay preguntas que no son de mi competencia, por ejemplo, el carácter de la televisión privada, yo por lo tanto no me voy a referir a ello. Sí quisiera decirle al diputado que se trata de fortalecer en grado extremo los albergues e internados y las becas y que, así, por ejemplo, en las escuelas normales rurales, aparte de los sistemas asistenciales hemos establecido sistemas de becas y los alumnos que opten dentro del sistema de bachillerato o alguna especialización, podrán continuar estudios de licenciatura con becas que otorgará la Secretaría de Educación.
El caso Palomino. Es un caso normal, insultó a la directora de la escuela, hubo violencia, se corrieron los trámites, me enteré gracias a que el señor diputado se lo avisó a la diputada Guevara, porque es un asunto de mero trámite. Yo no sé si la disidencia da derecho a alguna inmunidad, yo pienso que
ni la disidencia ni la coincidencia dan derecho a inmunidad.
El C. Presidente: -Tiene la palabra para su réplica, diputado García Solís.
El C. Iván García Solís: - Han sido contestadas, así sean parcialmente, algunas preguntas. Otras no han sido abordadas siquiera. Sobre el primer tema, yo creo que la polémica es interesante referida a la escolaridad, ¿a qué escolaridad aspira este país? Efectivamente, la tabla internacional de la UNESCO indica una variedad grande de tramos de escolaridad, pero hay un elemento común que en el caso de México debe ser observado. El elemento común es que hay una edad de admisión en la enseñanza anterior al primer grado, es decir, lo que aquí conocemos como preescolaridad, y la tendencia internacional, señor secretario, según datos de '83, que refuerzan, dijéramos en un periodo mediano los de '75, indica que esta tendencia es a bajar el número de años para la atención preescolar. Usted reconoce que sería deseable pero que no es posible. Claro, nosotros sabemos que con el financiamiento limitado y exiguo que hay actualmente para la educación nacional, no lo es. Pero por lo mismo demandamos también un incremento del financiamiento de la educación pública, cuyo per cápita en el último año no ha alcanzado, por mejor decir, ha disminuido respecto del año '83 y del '82.
Luego entonces, el problema de la educación básica efectivamente consiste en definirla, celebro que haya planteado que esto no está decidido, que esto se va a discutir, que esto se va a consultar. Pero al mismo tiempo, quiero señalar que entre que se consulta y no se consulta la Secretaría ha tomado medidas que sí son lesivas, como por ejemplo, la de la supresión de los dos primeros grados de los tres que existen en numerosos jardines de niños. Puedo anexarle pruebas. Y eso, efectivamente, es dar preferencia a la educación a los cinco grados, despreciando o minusvaluando la de los años precedentes.
Pensamos nosotros, entonces, que debe defenderse un ciclo preescolar integrado, más que pretender enlazar el tercero, cosa que también se puede, con el resto de los tramos que constituirán la educación básica. Y a ese respecto, también quisiera mencionar que sus respuestas dan la idea de que efectivamente no hay planes de gran alcance por parte de la Secretaría, que en realidad de lo que se trata es de palabras sonoras, que el término revolución educativa no se confirma; que en realidad de lo que se habla es de proseguir la evolución natural de la matrícula y que ni siquiera se tiene contemplado un cambio en las estructuras administrativas, como usted las llama, yo preferiría llamarlas estructuras pedagógicas de los actuales ciclos que actualmente se encuentran, no solamente desarticulados, sino incluso, casi incomunicados.
Luego entonces, bienvenida la consulta; pero no una consulta por acumulación o por cansancio, que sería aquella que se abriera hasta que nadie más quisiera opinar. Nosotros pensamos y lo hemos propuesto de manera concreta, en una consulta que permita tomar decisiones colegiadas democráticas y representativas y las cuales derive efectivamente una solución. Si, como se desprende de sus respuestas, la actual administración no tiene perspectivas claras y no tiene precisión en sus metas, entonces dése la voz a las comunidades escolares. Permítaseles que se reúnan y que determinen y estoy seguro de que de esta manera se podría avanzar de manera mucho más rápida y más firme, haciendo a un lado las instancias burocráticas que son las que están comprimiendo e impidiendo un desarrollo desplegado de la educación nacional.
Respecto al foro que usted menciona, juego limpio, dice usted; juego limpio consiste en respetar las opiniones democráticamente generadas. Por ello, este foro, que usted dice que podría durar de tres meses a tres años, no es, pienso yo, una medida adecuada; si el programa es '84-88 y se consumieran tres años en consulta en este foro, quedaría solamente uno para intentar aplicar lo que evidentemente no podrían aplicar, porque ustedes saldrán de esta administración.
Entonces, háganse cosas que no incurran en las tradicionales planeaciones más allá de las competencias de los funcionarios respectivos.
Sobre la Universidad Autónoma de Guerrero. La Universidad Autónoma de Guerrero realizó, como usted lo menciona también, su auditoría por voluntad propia, y eso corresponde al régimen de autonomía de que dispone. Luego entonces, el hecho de que esta Universidad realizara su auditoría era un signo, a nuestro juicio, positivo, la discusión de los problemas de esta Universidad deben hacerla los propios universitarios de Guerrero. Y en este sentido nosotros diríamos que el Estado debe atenerse al artículo 3o. constitucional, que en su fracción VIII dice: "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad de la responsabilidad de gobernarse a sí mismas..." Si tienen esa facultad y esa responsabilidad, entonces no compete a la Secretaría de Educación Pública suprimir, restringir o condicionar subsidios.
Respecto a las becas, las cifras que usted proporciona, 94 mil para un nivel, 55 mil 500 para otro, nos parecen una gota de agua en el mar de necesidades populares que están determinando una deserción, una "mortalidad escolar" cuya cuantía usted refirió en su primera intervención.
Precisamente al hablar nosotros de un sistema asistencial estamos hablando no de unas becas simbólicas o simplemente representativas de una intención, ahí sí una buena intención, si así queremos calificarla, nosotros hablamos de un sistema nacional de becas importante que efectivamente remite al punto
en que apenas hemos entrado, que es el punto de financiamiento. El financiamiento de la educación pública en México puede y debe crecer aún más, y ello visto no como un gasto, sino como una inversión que a la larga es una inversión productiva desde el punto de vista económico y social.
La Normal Superior. Repetimos nuevamente lo que hace un año habíamos dicho. La Normal Superior, la que fue agredida y la que fue dispersada, generó proyectos democráticos. ¿Qué tan buenos o qué tan malos eran esos proyectos? No se permitió, por parte de las autoridades, someterlos a prueba, porque esa institución fue interferida en su funcionamiento y fue asaltada por la fuerza pública, todavía hay granaderos en la Escuela Normal Superior, tenemos fotografías probatorias y podemos hacérselas llegar en donde claramente se ve la intervención de fuerzas represivas interviniendo en una institución superior.
¿Qué había alumnocracia, autocalificación, simulación?, más la había por parte de las autoridades, recuérdese que la Escuela Normal Superior, vivió un periodo en el cual había una gran cantidad de maestros de los que se conocen como aviadores, que no pasaban lista ni llegaban a la institución, pero tenían su cheque y tenían sus salarios asignados a esa institución y los maestros y los alumnos de esa escuela detectaron esa irregularidad que es algo más que una simulación y es algo más que una autocalificación, es sencillamente un fraude; luego entonces, los problemas de la Normal Superior podían y debían haber sido resueltos en el marco de esa comunidad escolar y ahora en la actual situación en que se encuentra, seguimos insistiendo en que es necesario devolver a esa institución el rango que tiene de institución formadora de maestros y para ello debe recuperar su edificio o ser dotada de uno equivalente o mejor.
Respecto al cese que yo mencioné en la parte final de mi intervención, quiero decirle, señor secretario, que esta petición que hicimos de que retirara usted esa medida administrativa tiene el sentido de buscar efectivamente una intercomunicación y un diálogo basado no en la sumisión, ni en la amenaza, sino en la igualdad y en el respeto; que hay excesos en una lucha y en una confrontación, efectivamente, pero los excesos mayores y los excesivos punibles han estado generalmente de parte del Estado, si no, recuérdese la agresión que los maestros - alumnos sufrieron en las calles de Insurgentes y muchas otras que ha sufrido el pueblo y los estudiantes en su larga lucha por democratizar sus instituciones.
Y yo pregunto, ¿ha sido siquiera cesado alguno de los responsables de esas acciones ilegales y anticonstitucionales? Hay de excesos a excesos y pensamos nosotros que la fundamentación del caso emitido en contra de un dirigente sindical, eso no tiene fundamento y debiera ser retirado. Mantener un cese en esas condiciones significa mantener un clima de amenaza y un clima de represión que no facilita en modo alguno un avance democrático.
Señor secretario, han quedado sin respuesta un conjunto de preguntas, pero sólo quisiera yo comentar la parte relativa al salario del maestro. Usted ha dado cifras que darían la impresión de que el salario del maestro ha aumentado. No es cierto. El salario del maestro se mantiene sumamente bajo, es sujeto de muchos descuentos, recuérdese también que la tasa impositiva es excesiva y desproporcionada porque grava de manera creciente a categorías iguales, es decir, que en aumentos nominales crece la tasa impositiva y muchos de los incrementos que son dados en forma nominal, en forme real, no tienen significado importante. Pero veámoslo desde otro ángulo, veámoslo desde el ángulo de lo que ha sido una divisa de este Gobierno: la sociedad igualitaria. Vamos viéndolos comparativamente, y entonces digamos que el salario de primaria es 16 veces menor que el de un director general de la SEP. ¿Se justifica? 30 veces menor que el de los subsecretarios y 38 veces menor que el del secretario de Educación Pública. Sí, como se dice, México marcha o debe marchar, y eso, qué duda cabe, lo hará el pueblo hacia una sociedad igualitaria, esto debe ser expresado en hechos y no en palabras Eso es todo.
El C. secretario de Educación Pública: - En el caso de la Universidad de Guerrero se ejercieron facultades estrictamente reales, a la Secretaría de Educación le concierne en coordinación con Programación y Presupuesto y con el gobierno del Estado. Les puedo hacer los análisis indicados establecidos en los artículos 21 y 23 de los Convenios Únicos de Coordinación del Empleo del Subsidio otorgado. El artículo 27 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior dispone que las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por la Federación estrictamente a las actividades para las cuales se hubieran asignado. Y al recibir el subsidio federal, las instituciones de educación superior quedan sujetas a las disposiciones relativas al ejercicio del gasto público federal, en como lo establecen los artículos 25 y 37 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Gasto Público.
La autonomía no es el control, el control del gasto también impera en las universidades y es necesario ese control porque son recursos que paga el pueblo a través de impuestos. De acuerdo con la ley es como se controlan los subsidios a la Universidad de Guerrero y sobre la base, además, de un diagnóstico riguroso de la demagogia, la asignación, la desorganización, la estafa que suponía la llamada Universidad Pueblo.
Normal Superior. Hace un momento leímos los índices de egresión y la deserción existente en la educación del país, y señalaban ustedes como, en lo único que eso no operaba, era en la educación normal en que había habido
años de una matrícula de 100 y una egresión de 102. ¿Qué quiere esto decir? Que había complicidades en la autocalificación. Hubo usurpación de funciones en la Superior. Era necesario, en bien de los que estudian en esa escuela, hacer una escuela. Y es lo que se está haciendo. Se está buscando crear realmente una Escuela Normal Superior, de acuerdo con sus auténticas tradiciones y no con su degeneración, con la degeneración que había sufrido.
Si se hace una consulta popular limitada, malo; si se hace una consulta popular abierta, malo. Quieren consulta popular, pues consulta popular a pasto. La consulta popular sobre la educación básica que dure lo que sea necesario. No tenemos límites para ella. Que se diga todo lo que se tiene que decir, que se examine todo lo que se tiene que examinar y que se resuelva como deba resolverse. No tenemos ni queremos tener una posición tomada al respecto. Que sean las propias fuerzas que componen la educación en el país los propios involucrados y todos los interesados, desde padres de familia hasta alumnos, quienes opinan si quieren una mayor escolaridad gratuita o no la quieren.
Entonces habrá esa consulta popular abierta, sin límites de ninguna especie.
Y vuelvo al caso Palomino. Yo me pregunto, por una parte, si hay inmunidad para disidentes o para coincidentes, ni para uno ni para otros hay inmunidad. Y también me pregunto si los funcionarios estamos obligados a cumplir la ley o no. Yo supongo que sí. Yo creo que el estado de derecho al primero que obliga es al gobernante. Más al gobernante que al mismo gobernador o tanto al gobernante como al gobernado.
Si hay una inflación, esa infracción tiene que sancionarse. Esto no es asunto de cambalache o de negociación, es asunto de cumplir con la ley o no cumplir con la ley. Por consiguiente, me atengo a la ley que me obliga y se procederá de acuerdo con ella. No hay inmunidad o fuero por ser coincidente, pero tampoco por ser disidente. La ley impera para todos.
Pienso que la preescolar de tres años sería ideal, entre otras cosas, porque aprovecha la edad del niño - esponja, del niño que más absorbe. No existe esa preescolar de tres años en el país, en la escuela oficial. Existe en la escuela particular y existe también la inicial para los grados de trabajadores, pero no existe en la escuela oficial. Existe un año, el 40% de un año. Entonces, en la consulta que van a resolver con toda libertad, sin límites, ni condiciones, ni orientaciones previas, ni puntos de partida, ni premisas, sino a lo que salga, resuelvan el grado de escolaridad, de acuerdo, además, con los recursos de que disponemos. Y creo que he contestado su pregunta.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Señor secretario: Sabemos que este tipo de comparecencias es muy agotador para ustedes. Nosotros no tendríamos inconveniente en que usted tomara asiento ya que en nada mermaría las respuestas que nos diera, y sí aumentaría en comodidad para ustedes; pero bien, vamos al tema que nos ocupa.
Todas las cuestiones que tienen trascendencia social y muy particularmente las educativas, atañen a la comunidad nacional y sobre ellas a nivel individual o de grupo, no sólo tenemos derecho a opinar sino a participar en la toma de decisiones que asuma el Gobierno, éste, el de la participación, es elemento fundamental sin el cual no puede existir la democracia.
Para desgracia de México en materia tan trascendente como es la educacional, los gobiernos que a sí mismos se llaman revolucionarios, se han opuesto sistemáticamente a la aspiración del pueblo que quiere una educación en la libertad y para la libertad, como una vez más lo hizo usted en sus respuestas al diputado González Torres.
Las concepciones de unos cuantos, pero que tienen la fuerza del poder, se han impuesto como modelo único y no porque éste corresponda al ser y al sentir nacional, sino porque las mayorías, víctimas de su pobreza, no tienen otra opción que la de tomar lo que el Estado paternalmente les da y porque esas mayorías, víctimas también de su desorganización e impotencia, guardan silencio y se refugian en la resignación; todo esto, a pesar de lo ya dicho por usted.
El Partido Demócrata Mexicano, ante usted, señor secretario, y ante los integrantes de la LII Legislatura, quiere ser voz serena pero enérgica, de esas mayorías silenciosas, demandando una vez más que la educación que se imparta tenga como fin primario el perfeccionamiento del educando, entre lo cual sobresale el ayudarlo a la conquista de su libertad interior por la práctica de las virtudes y la apertura generosa al bien de los demás. Demandamos, asimismo, que la educación elemental y media que se imparta, proporcione al alumno una educación básica que le permita aportar su esfuerzo al bien común y para que, al abandonar cualquier grado de sus estudios, esté capacitado para desempeñar un trabajo calificado.
Con sustento en el derecho y con base en la esencia de la democracia, demandamos como sistema para impartir educación a los menores, el de la libertad de enseñanza en la que figura el imperativo, el que se reconozca a los padres el derecho primario de escoger el tipo de educación que ha de darse a sus hijos y el tipo de escuela a la que han de concurrir. Esto también, a pesar de lo aseverado con enojo por usted.
Sostenemos igualmente, que debe coexistir la escuela pública, operada por el Estado según el principio de subsidiariedad y los centros docentes organizados por los particulares a los que se les debe reconocer su derecho a
enseñar, alentándolos incluso, con subsidios según la justicia distributiva.
Ante lo dicho, es posible, señor secretario, que dentro de unos minutos nos diga que pensamos totalmente diferente. Pero el que piense distinto o su pensamiento no sea el nuestro, no demuestra que ustedes, miembros de los gobiernos revolucionarios, tengan la razón y nosotros no.
El fracaso cuantitativo y cualitativo de los sistemas impuestos, más que por los argumentos que pudiéramos expresar aquí, se demuestra por resultados que están a la vista, producto de la educación materialista, es el egoísmo y el cerrado individualismo que enferma y desvincula a nuestra sociedad, consecuencia de una educación sectaria. Son las docenas de millares de mexicanos que no han podido satisfacer su derecho a la educación más elemental.
Independientemente de nuestras discrepancias en cuestiones tan esenciales, desde nuestra posición de independencia, nos permitimos, señor secretario, formule las siguientes preguntas:
Primera, se habló con insistencia de desvíos de subsidios a universidades, ¿los hay o no los hay?
Segunda, como consecuencia y expresión del proceso de reforma política que ha dado vigencia al régimen pluripartidista, consideramos que esta reforma debe llegar no únicamente a la participación electoral, sino también a otros campos de decisión como es el caso de la Comisión de Libros de Texto Unico obligatorio. Le agradeceríamos sus comentarios sobre este particular.
Tercera, es evidente que la consulta en torno a la llamada Revolución Educativa y al Plan Básico Educacional de diez años, no se dio para pulsar la opinión de los diversos sectores que integran la sociedad mexicana, y que de una manera parcial se da ahora para reunir puntos de vista en torno a su aplicación. ¿No le parece, señor secretario, que en el procedimiento seguido, no se dieron los presupuestos de la planeación democrática?
Cuarta, ¿por qué, si se habla de participación democrática en la elaboración de los programas, no toma en cuenta la Secretaría a su cargo, los puntos de vista de los padres de familia, los partidos políticos, las asociaciones y organismos educadores, como son la Unión Nacional de Padres de Familia, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y al mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación?
Quinta, según los módulos para los trabajos calificados, se exige el certificado de primaria, lo cual permite que los egresados de primaria tengan acceso a estas fuentes de empleo; nos preocupa que con el plan básico de diez años que se proyecta, y cuya implantación es casi un hecho en México, se endurezcan los oferentes y que con ello crezca el porcentaje de desempleados en perjuicio sobre todo de la juventud que constituye la población mayoritaria del país. ¿Nos podría informar, señor secretario, si se ha previsto una política para defender esa demanda?
Sexta, ¿el plan básico de diez años tiene alguna semejanza con el proyecto fallido del Plan Nacional de Educación que tratara de implantar Muñoz Ledo, cuando fue secretario de Educación en el régimen de Luis Echeverría?
Séptima, tradicionalmente el seguir la carrera de maestro o de profesor, como popularmente se dice, había sido un recurso de los integrantes de los sectores humildes de la población para poder seguir una actividad un poco más remunerada, pero de mayor significación social, y que podían emprender por la relativa cortedad en los estudios en relación con las licenciaturas, que implicaba para los padres de familia una mayor solvencia económica. Con la licenciatura, al prolongarse los estudios, hace imposible que muchos miembros de esos sectores humildes inicien los estudios normales, pues deben de empezar a trabajar para ayudar a las cargas familiares; de esa manera la carrera de profesor normalista se ha hecho menos atractiva y casi elitista.
Personalmente me consta que en una escuela normal, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, antes de la implantación de la licenciatura había el requisito de un alto promedio para ingresar, sobraban aspirantes y se daban el lujo de rechazarlos, y una gran cantidad, como decía, eran rechazados; en cambio ahora el requisito de promedio se ha bajado a 7, y aún así, con dificultades, logran el número de aspirantes.
Me información es que en otras normales suceden fenómenos análogos. Me gustaría saber si este factor fue considerado al implantar la reforma correspondiente, y qué medidas se van a implementar para contrarrestar su efecto negativo entre los miembros de los sectores humildes.
Octava, una angustia de millones de padres de familia se da por las actitudes de los directores de escuelas oficiales que imponen cuotas de inscripción, piden con periodicidad "cuotas para reparar bancas", las cuales no son reparadas: "para reponer cristales que fueron rotos en vacaciones", los cuales jamás son repuestos; "para pintar las paredes de las escuelas", lo cual jamás se hace; "para el arreglo", "para el regalo que se dará a los maestros en sus cumpleaños..." Exigen además uniformes a los niños, que algunas veces no tienen ni siquiera para alimentarse bien. Y a los alumnos que no cooperan con estas injustas cuotas, les son retenidos sus documentos al finalizar el año, sobre todo a los de sexto, o les bajan las calificaciones por tal motivo.
Y hoy, al entrar a este recinto parlamentario, nos entregaron un pliego que creo yo, me imagino que usted lo conoce, de denuncia que hace una agrupación de padres de familia y que coincide con nuestros planteamientos, y al cual doy lectura en alguno de sus puntos. Dice, "Ante la crisis que vive nuestro país, carestía de la vida, salario miserable que ya
no alcanza para satisfacer las necesidades de una familia, no digamos numerosa sino de tres miembros, se suman las cuotas escolares de primarias y secundarias, que nos son impuestas; inscripción de mil 500 a tres mil pesos o más; el sueldo del conserje; para construir más aulas o hacer bardas, canchas deportivas, las que nunca se hacen; pintura para el salón; para recuperación de equipo; además, las madres tienen que asear el salón de sus hijos, vender antojitos en las Kermesses; los niños, en vez de estudiar los ponen a vender dulces, rifas, que vendan, o los tienen que pagar los padres Todo eso se hace cuando los maestros se presentan a trabajar, porque es costumbre, de éstos, de faltar por diversos motivos: porque es santo del director, del maestro, por los famosos "puentes", o porque tienen que asistir a un acto político del PRI, algún curso de actualización pedagógica, o por que tienen que ir a darle las gracias al señor presidente en turno por algún beneficio recibido".
¿Qué acaso no hay presupuesto para la Secretaría a su cargo destinado a estos renglones, puesto que los directores aludidos arguyen que no les llega el dinero correspondiente para el mantenimiento y operación de las escuelas, y qué se hace para evitar esas fallas mencionadas?
A usted, señor secretario, tal vez le parezca muy doméstica esa pregunta, pero a los miles de padres de familia y madres que nos están viendo es de vital importancia, porque merma su ya precario presupuesto familiar.
No me conteste a mí esta pregunta, señor. Contésteselas a aquellos padres y madres de familia que son quienes hacen llegar ante usted, por mi conducto, ese clamor.
Estas son algunas de las preguntas que queremos hacerle, señor. Esperamos su respuesta y la agradecemos de antemano.
El C. secretario de Educación Pública: - Todos los países del mundo sufren contracción en el gasto educativo. A tal punto, que se dice que el auge de la educación en los '70 ya desapareció totalmente, y que ahora los secretarios o ministros de Educación somos los mendigos del gabinete. Este es un problema general derivado de la crisis que está viviendo el mundo.
En México, por preocupación del Presidente, a pesar de la crisis, el presupuesto educativo tiende a mejorar. Si bien tuvimos un momento en que se llegó a superar el 5% del Producto Interno Bruto y luego bajó al 4%, podemos decir que en este año ya fue del 4.2%, lo que significa, dada la crisis que priva en el país, un singular esfuerzo por aumentar el porcentaje interno bruto a la educación.
Y creo que esto es muy importante, porque creo que cuesta mucho la educación de un hombre; pero cuesta más, mucho más, no educar a un hombre. De modo que es muy importante que a pesar de la crisis se ponga énfasis y se atienda la situación presupuestal de la educación.
Efectivamente, existen sistemas de subsidios para las universidades. En el año de 1983, el total de las 33 universidades públicas de los estados recibieron por concepto de subsidio federal, 33 mil millones de pesos; por concepto de subsidio estatal, más de 15 mil millones; por ingresos propios y otros ingresos, casi 3 mil millones. Contaron así nuestras universidades con 51 mil 762 millones de pesos.
Para 1984, el subsidio federal para estos fines fue de 49 mil millones; el estatal de cerca de 24 mil millones, y los ingresos propios un poco más de 4 mil millones, lo que hizo que contaran con 77 mil millones y fracción.
La Universidad Nacional Autónoma de México recibió en 1984 de subsidio federal 53 mil 622 millones, y la Autónoma Metropolitana, 8 mil 351 millones. Los otros 11 organismos que realizan investigación y prestan servicios educativos en nivel superior, recibieron poco más de 4 mil millones de pesos en 1984.
Las universidades públicas de los estados atienden a 470 mil alumnos en el nivel medio superior; en carreras técnicas, 67 mil, y en el nivel propiamente superior, 592 mil. En postlicenciatura poco más de 8 mil. El total de la matrícula atendida por las universidades públicas de los estados es de un millón 152 mil alumnos.
La Universidad Nacional Autónoma de México atendió a 149 mil alumnos en el nivel medio superior; 4 mil 355 en el técnico; 157 mil en los estudios de licenciatura, 14 mil y fracción en los de postlicenciatura, y 42 mil y fracción se les proporcionaron otros servicios educativos diferentes.
En toda la Universidad Nacional Autónoma de México se atiende una matrícula de 369 mil alumnos. La Universidad Autónoma Metropolitana atiende un total de 34 mil alumnos.
Como se ve el sistema de funcionamiento de las universidades en el país, está fundado primordialmente en el subsidio federal, secundariamente en el subsidio estatal y después en otros ingresos, ingresos propios u otros ingresos. De aquí, entre otras cosas, que el Estado no sea subsidiario en materia de educación.
Repito y reitero lo que ya antes señale: precisamente para que exista libertad de educación, libertad de enseñanza, por la cual se luchó en este país y se presentó un proyecto en 1833, en 1842, en 1847, en 1857 y se logró hasta la guerra de tres años la libertad de enseñanza, y hasta la acción de 1917 el laicismo. Para que exista libertad en la enseñanza se requiere el laicismo; el laicismo es la defensa de la libertad de enseñanza. Y no violamos ningún convenio que se haya adquirido con el exterior. Se puede, de acuerdo con la libertad que de creencias al artículo 24, enseñar padres y tutores a su hijo lo que deseen, la religión que practiquen; pero fuera del sistema educativo, porque ésta es la defensa para que el sistema educativo se mantenga dentro de las libertades de enseñanza,
para que se siga privando la libertad de enseñanza en beneficio de todos los mexicanos.
Se realizan las consultas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, casi en todos los ángulos o renglones del aspecto educativo. Con los padres de familia existen varias representaciones no coincidentes entre ellas, y de dudosa representatividad algunas de ellas. Entre otras cosas, no hay una reglamentación que nos acredite la verdadera representación de las uniones de padres de familia o asociaciones de padres de familia.
Quizá sería interesante, aunque yo siempre le temo mucho a las reglamentaciones y creo que éstas que hay que tocarlas al igual que las leyes, con mano temblorosa, sería muy interesante reglamentar para ver cuál es la auténtica representatividad de tantas uniones de padres de familia, tantas uniones y tan pocos padres de familia que pertenecen a ellas.
Sobre el Plan Básico. Reitero lo que ya dijimos. Se va a someter a una amplia consulta, a un foro abierto, sin límite de tiempo, sin límite de duración para que se exprese todo lo que tenga que expresarse; para que se examine todo lo que tenga que examinarse; para que se decida, para que se tomen decisiones y se pueda acordar en uno o en otro sentido. No estamos casados con una idea. No estamos casados con un propósito. El Presidente De la Madrid, lo único que desea es que introduzcamos congruencia, secuencias, líneas de continuidad en la educación; que no sigamos trabajando en plan de islote cada grado, en plan de islote cada tipo de educación. Esto es lo único que sí estamos empeñados en lograr y que creo sería muy saludable que se obtuviera.
El problema de las cuotas en las escuelas. Este año, en el presupuesto que está a consideración de esta soberanía, se incluye una partida para mantenimiento preventivo con la cual no se contaba. Creemos que esta partida de mantenimiento preventivo, puede evitar muchas solicitudes de cuotas, algunas reales, otras ficticias.
Por otro lado, en la construcción de escuelas secundarias y primarias en que de acuerdo con los Convenios Únicos de Desarrollo, el 20% debe ser proporcionado por los estados, la ley prevé que el Comité Constructor de Escuelas puede recurrir a aportaciones voluntarias que generalmente representan, en total, menos del medio por ciento del total de lo que se egresa en construcción de estas escuelas, menos del medio por ciento. Como política general se ha decidido, primero, que cuando haya esas aportaciones sean comunidades que voluntariamente las quieran dar y tengan capacidad para darlas, que se cancelen aportaciones o promesas de aportaciones hechas por comunidades que no están en condiciones de hacerlo, fuera de eso pueden presentarse, dentro del número de escuelas que existen, pueden presentarse abusos de directores o de otro personal, pero la línea general es la gratuidad de la educación, y que esa línea insistimos y seguiremos insistiendo.
Los libros de texto yo diría que se reforman siempre, la ciencia avanzada, la ciencia no se detiene; el perfeccionamiento, los conocimientos y en los métodos de enseñanza también avanzan, no se detienen; entonces, los libros de texto se reforman todos los días, podría decir, existen mecanismos para su reforma, mecanismos que operan. Ha habido errores en los libros de texto, muchos de ellos se han subsanado, seguramente quedarán otros errores y se subsanan, se corrigen. Los libros de texto casi se reforman tanto como su vida y ésta es la naturaleza del libro de texto, el ser un texto viviente, el vivir y estar al día, estar al corriente. De aquí de que sí se reforman los libros de texto, sí se corrigen errores y se introducen nuevos métodos de enseñanza o recomendaciones para nuevos métodos, así como nuevos descubrimientos o perfeccionamientos en la ciencia.
Que se presentan desvíos en los subsidios de las universidades, evidentemente que se han presentado; el caso de Guerrero precisamente obedece a la desviación del subsidio, se desviaron subsidios y de acuerdo con preceptos, con las disposiciones que ya antes di a conocer, se intervino para corregir estas desviaciones. Y hay también intentos por una intervención preventiva para evitar estos desvíos de subsidios. Creo que son todas las preguntas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para su réplica el ciudadano Francisco Javier Alvarez de la Fuente.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Señor secretario: Nos dice usted que efectivamente hay desvíos en los subsidios a las universidades. Mi pregunta sería ahora: ¿qué mecanismos ha establecido esa Secretaría a su cargo para constatar su correcta aplicación y castigar a aquellos que desvían fondos? Por otro lado, la segunda pregunta que le hice no escuché respuesta a ella, y decía lo siguiente: Como consecuencia y expresión del proceso de reforma política que ha dado vigencia al régimen pluripartidista, consideramos que esa reforma debe llegar no únicamente a la participación electoral, sino también a otros campos de decisión como es el caso de la Comisión de Libros de Texto.
Por otro lado, la siguiente. Usted nos dice que sí se dio una consulta con los maestros, pero con los otros organismos, partidos políticos, diferentes sectores, se ha dado también. Menciona usted que la representación o representatividad de esas uniones como la Unión Nacional de Padres de Familia, la Federación de Escuelas Particulares es dudosa, como pudiéramos decir; si esa representación de padres de familia se duda de ella, como se toma el parecer entonces de los padres o simplemente se ignora.
También un comentario, en relación a la libertad de educación cuando usted habla de laicismo. En Sudáfrica, anteriormente al sur
de los Estados Unidos, no se permitía entrar a los negros a los restaurantes, ahí no se defendía ni se atacaba a los negros; en el laicismo no se deja entrar a las ideas religiosas, no se les apoya ni se les ataca, simplemente no se les deja entrar; hace un rato cuando usted hablaba de la escuela - Iglesia, que decía defendía duramente lo de laicismo, la mayoría de los aquí presentes, tanto en las galerías, como los diputados, aplaudieron; pero la mayoría de esas mismas personas tienen a sus hijos en esas escuelas particulares (privadas), o sea, hacen una cosa y dicen lo contrario. Por otro lado, cada seis años hay un nuevo programa en relación a la educación, los mismos argumentos que nos acaba de decir usted en relación al Plan Básico Educacional de diez años los dio Muñoz Ledo cuando se trató su problemática y fracasó.
Nos decía también de las cuotas, que son voluntarias; pero si están protestando los padres de familia yo creo que no son voluntarias, y si retienen los documentos al egresar de sexto año, quiere decir que no son voluntarias; si les bajan las calificaciones, quiere decir que no son voluntarias y es en todo el país, no únicamente en el Distrito Federal.
Otro de los puntos que no nos dio respuesta, es en relación a ese mismo tema de los diez años. Decíamos que los módulos para los trabajos calificados actualmente exigen el certificado de primaria y que los egresados tienen acceso a esas fuentes de trabajo, y preguntábamos nosotros si nos podría usted informar si se ha tomado alguna medida para defender esa demanda de trabajo, sobre todo de jóvenes egresados de primaria, que puede darse el caso que al aumentar a diez años los oferentes se va a endurecer y va a haber más requisitos, va a haber más desempleo.
Otra de mis preguntas es también sobre los partidos políticos en la consulta, no nos dice si ve usted que los partidos políticos como entidades de interés público - según la Constitución - puedan tener o beban tener acceso a la elaboración de estos textos. Entre otras, esas son las preguntas que le quería hacer, señor secretario. Gracias.
El C. secretario de Educación Pública: - La participación política tiene acceso a las leyes en que se funda la elaboración de los textos. Las leyes salen de esta soberanía de lo consiguiente, ahí está la función concreta de los partidos políticos como entidades de interés público y participa en la elaboración de las leyes.
Los mecanismos para la vigencia de los subsidios. Los subsidios a las universidades. Se examina su otorgamiento con la presencia del gobierno de los estados la Secretaría de Educación Pública y los representantes de las universidades.
Seguimos procurando que se destinen los mayores recursos posibles a la educación y a la investigación. Los menores posibles a gastos corrientes y a difusión, porque a través de este renglón se dan muchos de los recursos destinados a las universidades. Una vez otorgados estos recursos, como las universidades son autónomas, no existe mecanismo de vigilancia, las universidades las manejan dentro de su autonomía, es decir, la parte que se les asigna de estos subsidios, son los que llamamos cantidades irreductibles para hacerle frente a las necesidades que tienen las universidades, y son las famosas bolsas etiquetadas de la Secretaría de Educación que pasan nada más por la Secretaría de Educación, porque ya tienen destinatario.
A lo que yo me refería en relación con los padres de familia, es que no existe un mecanismo que nos garantice la auténtica representatividad de las distintas uniones, asociaciones, que se ostentan como representantes de los padres de familia, que sería deseable crear este mecanismo, pero que no supondría una reglamentación adicional y quizá no sea deseable una reglamentación adicional cuando queremos simplificar los trámites administrativos, y cuando aquí mismo se ha señalado que hay burocratismo, que sí lo hay, dentro de la Secretaría de Educación.
Entonces es un problema difícil de resolver. Toca a los propios padres de familia vigilar la representatividad de los organismos a que pertenecen, si es que pertenecen, o pertenecer a organismos que sean verdaderamente representativos para que éstos puedan desempeñar su función. Es decir, suprimir, acabar con una serie de organismos que ostentan una representación que no tienen y cuya labor sólo consiste en dar boletines de prensa, que en realidad no realizan ninguna tarea. La Secretaría les asigna un papel, por ejemplo, en la fijación de las cuotas de las escuelas, se supone que pueden invertir para los efectos de la determinación de las cuotas extraordinarias o para los efectos de la notificación, las asociaciones de padres de familia; no notamos que intervengan como deben intervenir, y aquí hay interés fundamental, esencial, primordial; sin embargo, no percibimos que se aboquen a ello. Por eso hablaba yo de la necesidad de una mayor representatividad.
Insistir lo de que laicismo es la defensa de la libertad de conciencia, y usted insiste en que hay que dejar entrar a la Iglesia en la escuela, son disparidades, son puntos de vista distintos. Es decir, los combates de la historia ayer fueron los que lograron que se mantiene privada. La lucha de usted no es conmigo, es con la historia, y es con la historia de México.
En relación con lo de las cuotas. Las cuotas son voluntarias. Yo no niego la posibilidad de abusos, pero uno de los pecados más graves, no sé si venial o mortal, es el pecado de la generalización. De un caso se saca una generalidad; de un fragmento se hace un todo; de una parte, un universo. No es posible que haya abusos, yo no lo niego, la naturaleza humana es la naturaleza humana, es la escuela y fuera de la escuela. Yo no
dudo que haya abusos, pero no caigamos en el pecado de la generalización y convertir el abuso en la práctica cotidiana.
Quiero decir esto: así como señalábamos que se ha reducido la inversión en la educación privada, debemos señalar que ha aumentado el volumen de inscripción en la educación privada. Y eso se debe a la capacitación en el trabajo como obligación empresarial, que ellos sí están cumpliendo en la medida de los casos con esta obligación constitucional, entonces encontramos en esta forma que se ha suplido en parte la baja de la inversión. La educación en el trabajo está funcionando y esto es lo que hace que aumente volumen, a pesar de que ha bajado la inversión en la educación privada.
Claro que una sociedad, conforme se desarrolla, exige mayor capacitación para el trabajo. Es indispensable saber hacer más, poder hacer más. Una sociedad conforme se desarrolla, pasa a ser sociedad de servicios; entonces requieren trabajos más especializados y al mismos tiempo más generales, más sofisticados, como se dice incorrecta pero gráficamente; entonces, por supuesto que el problema, aparte de la situación presente, es un problema de adaptar el sistema educativo al mercado de trabajo.
Hay problemas muy graves al respecto; yo antes señalaba la inelasticidad del sistema educativo y precisamente se ha creado un sistema de orientación educacional para que el educando o posible educando, vea todo el abanico de opciones que tiene para su formación, no que las carreras técnicas, por ejemplo, de que estamos ávidos, siguen desiertas y en cambio hay sobresaturación en carreras humanistas; se trata de conciliar la vocación individual con el ejercicio social dentro de ese abanico de opciones; la profesión técnica es tan respetable como la profesión humanista y sin embargo ahí la matrícula es menor de lo necesario. Entonces, se trata también de realizar un esfuerzo en el ámbito de la educación para adaptarse a las necesidades del trabajo, para que no sigamos teniendo centros de estudios superiores o medios, que sean fábrica de desempleados; es un esfuerzo no sólo de desarrollo económico e impulso económico del país, sino también del sistema educativo al actual éste tiene que realizar, éste tiene que abocarse, efectuar una serie de medidas de acuerdo con los indicadores variables del mercado de trabajo; es difícil, pero se puede hacer y tenemos que hacerlo, sobre todo. Creo que son todas las preguntas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado César Humberto González Megallón.
El C. César Humberto González Megallón: - Con su permiso, señor Presidente.
Señor licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación: Ya algunos planteamientos que íbamos a hacerle se han hecho en el curso de esta comparecencia; no quiero ser reiterativo, sin embargo, consideramos que ha quedado evidenciado lo que el país se juega en el terreno de la educación; los intereses de clase que se representan están expresados en las intervenciones de cada partido que aquí ha hecho uso de la palabra.
Nuevamente los partidos. Acción Nacional y Demócrata Mexicano, vuelven a la carga sin negar la verdadera naturaleza de sus acciones e intenciones. Esto tiene que ver con su oposición frontal y directa en contra del artículo 3o. constitucional.
Quiero iniciar mi intervención, señor secretario, contestando desde posiciones de principio lo que la derecha ha dicho en torno al artículo 3o. y posteriormente pasaré a hacer a usted algunos cuestionamientos.
Es una verdad que todo pueblo que ha conquistado a pulso su libertad, luchando contra el orden social injusto y logra alcanzar cierto grado de desarrollo, se ve impulsado para garantizar la continuidad de su independencia, a tomar en sus manos la educación.
La educación es el capital humano más preciado que tenemos. Los socialistas entendemos por capital humano los conocimientos, habilidades, cultura, deporte y recreación sana, que al ser poseídos por el conjunto del pueblo, permiten mejorar en forma radical la capacidad productiva y creativa de la colectividad. La educación es la base material de que dispone el hombre para poder desarrollarse en toda su capacidad creadora y su naturaleza esencialmente social. O bien, señor secretario, como puntualiza la Ley Federal de Educación, "la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social". Sin embargo, sabemos que absolutamente en todos los modos fundamentales de producción sustentados en la explotación del hombre por el hombre, que han existido a lo largo de la historia, las minorías selectas han erigido su dominación y pretendido perpetuarla, a costa de la ignorancia, la superstición y el hambre de los pueblos. Así sucedió en el esclavismo, en el feudalismo y así sucede en el capitalismo.
En nuestro país, durante los tres siglos de coloniaje, el sistema de dominación Iglesia - Estado, sojuzgó a nuestro pueblo a través de métodos inquisitoriales y coercitivos. Con los cuales implantaron el monopolio dogmático de la educación. Aquellos tres siglos de infame y violenta imposición que despojó a nuestros compatriotas de sus costumbres, sus lenguas, tradiciones y riquezas, recobran ahora vigencia en aquellos que nos han cejado de conspirar desde los púlpitos, las escuelas confesionales y los partidos políticos de verdadera orientación reaccionaria y fascista. Incluso, después de la gesta de Dolores en 1810, lograda nuestra independencia del imperio
español, se mantuvo como exclusiva la Iglesia católica que tenía como firmes puntos de apoyo las constituciones de Cádiz de 1812, la de Apatzingán de 1814, la de Iguala de 1821 y la Constitución Federal de 1824, la cual en una de las partes establecía: "la religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente católica, apostólica, romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquiera otra". Sin embargo, nuestros mejores hombres de aquel entonces tuvieron la convicción y la claridad política de que el nuevo Estado mexicano, surgido de la guerra de Independencia, necesariamente tendría que fortalecerse cincelando su propia personalidad, resolviendo las siguientes cuestiones fundamentales: la soberanía del Estado con relación a cualquier otro poder; la separación de las funciones del Estado y de la Iglesia; libertad de conciencia, de creencia y de cultos, y establecimiento y generalización del laicismo en los primeros niveles de la educación.
Contra esos principios y medidas combatieron y siguen combatiendo por el bien del fanatismo los conservadores de ayer y los reaccionarios de hoy, que anhelaban y anhelan la perpetuación de la mentira y la explotación. Desde ese momento chocaron dos posiciones irreconciliables en las condiciones concretadas de nuestro país. La corriente liberal que consideraba una amenaza el catolicismo por el desmedido uso que de él hacía el alto clero al convertirlo en arma política en contra del desarrollo independiente de la Nación, y la corriente conservadora encabezada por el clero político que por todos los medios se obsecaba en seguir teniendo el poder material absoluto para seguir disfrutando de sus privilegios feudales.
El Estado mexicano nunca ha disputado al clero el poder espiritual, lo único que ha querido siempre en aras de sus obligaciones, es el poder material o político, ya que solamente con la posesión real de éste se podrá garantizar la verdadera libertad de conciencia, la cual el clero político no la puede garantizar porque su función se da en base a las exigencias de las minorías explotadoras; así lo atestiguan con fidelidad los hechos de nuestra historia insurgente.
Arrebatar, como necesidad vital la enseñanza al poder eclesiástico para encomendarla al poder civil fue motivo de enconadas luchas entre conservadores y liberales; los primeros por defender el antiguo estado de cosas, y los segundos por la separación de las funciones del Estado y de la Iglesia, lo que dio lugar al movimiento de reforma gestado en los ideales de hombres de la talla de José Ma. Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Cuando éste ocupó la Presidencia de la República en 1883 declaró clausurada la antigua Real y Pontificia Universidad y estableció la Dirección de Instrucción Pública. Sin embargo, esto fue duramente atacado por los conservadores encabezados por el traidor Santa Anna al grito de "religión y fueros".
El segundo movimiento liberal conocido como la Revolución de Ayutla, derribó la dictadura de Santa Anna y dio lugar a la Constitución de 1857, cuyo artículo 3o. ordenaba: "la enseñanza será libre"; aunque este artículo garantizaba la educación religiosa en los planteles particulares, hasta que el Presidente Juárez expidió las leyes de Reforma que consolidaban los principios tan largamente disputados: separación de las funciones de la Iglesia y del Estado, y libertad de creencias y de cultos, lo que venía a terminar con la intolerancia religiosa y permitía al Gobierno dar una nueva orientación a la enseñanza.
Con las leyes Juaristas, sobre instrucción pública, queda implantado el laicismo en México, pero con el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada queda establecido en el decreto de 10 de diciembre de 1874, cuya orden fue: "Artículo 1o. El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. No podrán dictarse leyes estableciendo ni prohibiendo religión alguna, pero el Estado ejerce autoridad sobre todas ellas en lo relativo a la conservación del orden público y a la observancia de las instituciones". "Artículo 4o. La institución religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto, quedan prohibidos en todos los establecimientos de la Federación, de los estados y de los municipios. Se enseñara la moral en los que por naturaleza de su instrucción les permitan, aunque sin referencia a ningún culto".
Con este principio, la educación pública llegó a tener sus tres caracteres de: obligatoria, gratuita y laica.
Es el movimiento revolucionario de 1910 el que da continuidad a los esfuerzos de los grandes hombres de la Reforma, ya que con la dictadura de Porfirio Díaz la educación volvió a caer en manos de los grupos reaccionarios. La más alta expresión de la victoria de esta lucha se manifiesta en la Constitución Política de 1917, en la cual destaca por su importancia, contenido y proyección el artículo 3o., puesto que la educación en los términos concebidos por los constituyentes revolucionarios, la enmarcan en el proceso histórico de la lucha de nuestra Nación por lograr su plena independencia política y económica.
El Partido Socialista de los Trabajadores se pronuncia porque el Estado mexicano ejerza con todo rigor la rectoría de la educación en todos sus niveles, como la estipula el artículo 3o. constitucional, y se manifiesta en contra de la injerencia de los intereses ajenos a la Nación con que grupos ultrarreaccionarios llevan a cabo la conspiración para que se debilite la capacidad de defensa de nuestra soberanía.
En ese marco de consideraciones, por lo que ha sido el origen de la educación popular en México y las actuales circunstancias de la crisis por la que atravesamos, sostenemos que la educación es una superestructura que está condicionada a la estructura económica y política de la sociedad. Es por eso que en
nuestro país no sólo se sufre una aguda crisis económica, sino también una profunda crisis educativa. Todo esto, producto del desarrollo de un sistema capitalista dependiente, donde la industria y la agricultura han sido superpenetradas por las empresas transnacionales y por la gran burguesía aliada y amamantada por el imperialismo norteamericano.
La educación se enfrenta también a la alternativa de seguirse elitizando, privatizando, sujeta a la orientación y contenido de los intereses de la gran burguesía y de las transnacionales, o por el contrario, se elabora un proyecto popular de educación, que exprese y defienda los supremos intereses de la Nación.
En México no ha existido un plan nacional de educación que esté acorde con los anhelos, aspiraciones y reclamos de las grandes masas de trabajadores. Esta es la razón principal por la cual la educación está en crisis. Sus efectos sólo se manifiestan de manera concreta en lo siguiente: alto nivel de analfabetismo y deserción escolar; reducción del prepuesto para la educación; imposición, anarquía y dispersión de planes y programas de estudio; desarticulación de áreas y niveles de estudio, marginación del magisterio nacional en la planeación educativa; penetración ideológica norteamericana de los medios masivos de comunicación; violación reiterada del artículo 3o. constitucional por las escuelas particulares y una baja calidad de la educación.
Señor secretario, consideramos que para que la educación en México tenga una transformación radical, que modifique las causas estructurales que han dado origen a la crisis educativa, necesita darse en función de objetivos bien claros y definidos, es decir, se requiere un plan nacional de educación que tenga como objetivo principal fortalecer a fondo la rectoría del Estado sobre ésta y cuya orientación se desprenda de la esencia filosófica y doctrinaria del artículo 3o. constitucional.
En este sentido, señor secretario, queremos hacer a usted las siguientes preguntas: ¿qué está haciendo el Gobierno para dar salida a la crisis educativa, ya que ha sido reiterativa la actitud sexenal de hacer sus propios planes y programas sin tomar en cuenta a los ejecutores de los mismos, los maestros?
Señor secretario, por la prensa se ha dado a conocer que habrá una revolución educativa. A casi tres años de sexenio y quedando tres para que se lleve a cabo, ¿la van a implementar y aplicar las autoridades solamente? Porque una gran mayoría de maestros, padres de familia y pueblo en general, no saben en qué consiste esto.
Otra pregunta, ¿por qué siendo la educación el puntal sobre el cual debe sostenerse el desarrollo independiente del país y factor de defensa de nuestra soberanía, el presupuesto para esta área básica sea tan raquítico?, lo cual no obedece a las necesidades educativas del país.
Señor secretario, es penoso y grave que a estas alturas nuestro país soporte un elevado índice de compatriotas analfabetas. Es penoso y grave que haya niños sin escuelas, e indígenas en la más brutal ignorancia, marginación y abandono, así como miles de maestros desocupados y desaprovechados. Qué ha hecho la Secretaría a su digno cargo para terminar con este problema que nos lastra?
Si la educación, como usted lo ha reconocido, está en crisis, ¿qué medidas se están tomando para que la educación formadora de maestros sea altamente cualitativa, y en ese sentido, qué papel debe jugar en estos momentos la Universidad Pedagógica Nacional? ¿No debe ser acaso ésta, la Universidad Pedagógica Nacional, la integradora y rectora de la educación normal para acabar con la anarquía en planes y programas de estudio, la simulación y lucro que llevan a cabo las normales particulares que han proliferado con la complicidad de muchas autoridades?
Señor secretario, ¿por qué el Instituto Politécnico Nacional, no es el rector e integrador de toda la educación técnica en nuestro país, para que la formación de sus profesionales sea orientada al desarrollo tecnológico que estamos requiriendo, pues como usted está enterado, existe una estrategia bien definida, por parte de las minorías privilegiadas para producir técnicos especializados, que sirven a los intereses gran burgueses y proimperialistas? Un solo ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Por último, señor secretario, es verdaderamente inconcebible que ante los serios peligros que acechan a la patria, ante la cual conspiran las fuerzas reaccionarias y oscurantistas, en estrecha complicidad con el imperialismo norteamericano, sea la Secretaría de Educación Pública la que permita que siga estando, precisamente es esas manos la educación que debe ser síntesis de nuestras más grandes aspiraciones por su contenido nacionalista, popular, científica, democrática y esencialmente antiimperialista. Difícil es comprender estos absurdos, ya que en el afán de comercializar y negociar con la educación, se ha creado una fuerza tal de presión, por parte de la iniciativa privada, que manifiesta toda una posición de ataque al artículo 3o. constitucional.
¿Cuál es la posición de la Secretaría de Educación Pública para intervenir y cancelar los permisos y autorizaciones de las escuelas de corte confesional y fascistas que no atacan las disposiciones de ley? Y aquí, señor secretario, no hablo de cambalache, sino de flagrante violación a la ley que la autoridad debe sancionar. Muchas gracias por sus respuestas.
El C. secretario de Educación Pública: - Yo pediría que el Gobierno ha ampliado una serie de medidas grandes y pequeñas para combatir la crisis educativa. Inicialmente me referí a ello, se han expuesto 60 criterios
para enfrentar la crisis educativa, que van desde la vinculación de la investigación y la docencia, hasta la formación de los docentes, hasta la creación de una supervisión colegiada y no supervisión individual.
Se han implementado medidas que buscan una mayor coordinación entre todos los centros de educación. Se busca en los centros de educación superior la regionalización en las investigaciones, la conciliación, como antes decía, de masa y calidad, la realización de la revolución electrónica en el campo educativo, la implementación de medidas que permitan una mayor formación para aprender, una mayor formación para el autoaprendizaje y una mayor formación sobre todos para ese proceso que nunca termina en la vida y que se llama autoeducación.
Hemos dicho, sin embargo, que para tener éxito en la lucha contra la crisis tan aguda, profunda, que sufre la educación mexicana, es necesaria e imprescindible la movilización de la sociedad en su conjunto, que la sociedad misma se movilice para hacer frente a un problema que es un problema que aqueja a toda la sociedad, que con entusiasmo, con fe, con confianza, todos los poderes, los múltiples poderes que la sociedad tiene se dedique a enfrentar esta crisis que, de no ser enfrentada, nos va a atar por mucho tiempo y que pone a la Nación en peligro o en riesgo.
Creemos que todos debemos militar en esta lucha para vencer la crisis de la educación, que es una lucha no fácil, porque no es una siembra de cosecha a corto plazo, es una siembra de cosecha a largo plazo; por ejemplo, en la docencia se implantó la licenciatura y el bachillerato pedagógico, pero saldrá el primer egresado de licenciatura cuando termine este Gobierno, se ésta sembrando para el futuro, no veremos los resultados de ese egresado de licenciatura, pero ni nunca se siembra nunca se cosecha.
Pues, yo invitaría a que todos, superando viejos principios en los cuales somos tan dados a anclarnos y a estacionarnos, hiciéramos esfuerzos por ver el presente y sobre todo por buscar en ese presente para construir mejor futuro en el campo educativo. Las tareas están a la vista, las posibilidades de contribuir a él también están a la vista.
El desempleo de maestros. El problema de desempleo de maestros es que entre otras cosas vino la fiebre de normales particulares sin ninguna regulación, sin ningún plan, se dedicaron a producir maestros y la gente entró o llevó a sus hijos a estudiar la carrera, porque tenía plaza asegurada, porque tenía empleo asegurado, pero no es posible seguir dando ocupación a todo el número de los que egresaban, de ahí que se implanta, por un lado, una mejor calidad, buscar una mejor calidad, una mejor formación del docente y, por otro, la regulación de la egresión, en estos momentos, por ejemplo, se ha logrado que 35 escuelas particulares se adapten al plan en lugar de preparar profesores para la educación primaria, los preparen para la educación preescolar en la cual tenemos déficit; aquí es un caso concreto de adaptación entre el trabajo y la profesión, entre el trabajo y el estudio, y la Secretaría de Educación puede luchar fundamentalmente en esa regulación y esa vinculación, entre la formación de maestros y el empleo; entonces ésta es la tarea en que puede incluir un tanto.
Por eso mismo se confía en el Sistema Nacional de Orientación de la Educación, de orientación vocacional, porque es posible que con este sistema, viendo todas las opciones que el educando tiene posibilidad de atender, se descargue la demanda sobre la Escuela Normal, asimismo, del bachillerato padegógico, se introducen opciones que quizá lleve al educando a buscar otras carreras, por ejemplo, agropecuarias; se introducen las modalidades para ver si el alumno, cursando el bachillerato pedagógico, se inclina por la especialización o el estudio de licenciatura en agropecuarias, y así otras que se introducen en biomédicas, para ver si el alumno que aspira a profesor, ya en el estudio de que su vocación corresponde más a biomédica, esto es lo que está en las manos de la Secretaría de Educación el hacer.
La pregunta de ¿cómo se le dará la calidad al magisterio en las escuelas normales? La calidad se le dará, por un lado con los nuevos planes para la formación de los docentes, y por otro, con los planes de capacitación y superación de la adolescencia, 160 mil maestros recibieron capacitación en el curso del ciclo anterior y esto se incrementará conforme el tiempo pase, es decir, simultáneamente de la formación de los nuevos educadores del perfil del nuevo educador, simultáneamente se está capacitando al actual educador dándole instrumentos que le permitan cumplir mejor su oficio, se cuenta con un espíritu decidido en los maestros, en lo que se refiere a capacitación y superación y se esperan se abriguen grandes esperanzas sobre los resultados en este terreno.
La Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica tiene en escolaridad mil y tantos alumnos, nada más el resto son del sistema abierto o sistema de educación a distancia, que no llegan a 15 mil. La Universidad Pedagógica tiene, en cambio, grandes posibilidades en lo que se refiere a investigación pedagógica, al otorgamiento de doctorados, en especialización a la formación de especialistas y postgraduados, se está orientando a la Universidad Pedagógica en este sentido, y así, al mismo tiempo, vinculando con las normales y con los otros centros de enseñanza para docentes, a fin de que pueda preparar cuadros que ocupen su lugar en esta mejor docencia.
El Instituto Politécnico Nacional es una institución que desempeña un papel clave en la formación de la educación tecnológica, pero no es el único, existe el sistema tecnológico nacional, que depende de la Secretaría de Educación y que también tiene una función muy importante a este respecto y que puede abarcar una serie de carreras que comprende
el Politécnico o que no comprende el Politécnico.
Yo diría que el Instituto Politécnico Nacional y el Sistema Tecnológico Nacional operan complementariamente, se alimentan mutuamente, operan recíprocamente.
Les traje algunos datos sobre el Instituto Politécnico Nacional; ayuden a entender esto: el Instituto Politécnico Nacional tiene un total de 120 mil alumnos; 57 mil de nivel medio superior, 58 mil de nivel superior y 3 mil 600 de postgrado; cuenta con 31 planteles, 31 carreras de nivel medio superior, 3 de terminal, 28 propedéuticos, 37 licenciaturas, 63 de maestría, 17 de especialización y 29 de doctorado, y serán un total de 157 carreras y especialidades. El presupuesto de 1984 fue de 24 mil 453 millones de pesos. Quiero decir que desempeña un papel muy importante, pero hay que complementar ese papel con otras instituciones, por ejemplo, el CONALEP, para la formación de técnicos medios. El país está necesitado de técnicos medios, de egresados de secundaria, que hagan una carrera técnica media, de que tanto carecemos en el país. Pero el CONALEP en estos momentos tiene ya 150 mil gentes haciendo estas carreras. El CONALEP también desempeña un papel importante en las formación de ese personal técnico indispensable para nutrir la necesidad técnica del país.
Usted afirma que hay escuelas particulares que violan el artículo 3o., especialmente en lo que se refiere al problema de concesionistas. Yo diría que incluso oficiales, si recibimos por ejemplo una denuncia de que en una escuela oficial se daba educación religiosa, en otra se daba educación antirreligiosa, ambas contrarias al artículo 3o. Y volvemos a lo mismo, la sobredimensión de la Secretaría de Educación, no hay sistema de inspección que pueda hacerle frente a este problema, a este monstruo. Precisamente la descentralización nos servirá para lograr una mejor supervisión, estar más informados para no tomar decisiones desde el centro que debieran tomarse en el Estado, para no creer a alguien que nos diga algo cuando ya no sabemos y con la situación real en lo que respecta a la educación violatoria al artículo 3o. constitucional. No vamos a mentir, no tenemos los sistemas de inspección y no estamos en capacidad de vigilancia adecuada, y es por eso que existen violaciones.
Son todas las preguntas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señor secretario: La educación nacional, por constituir el instrumento fundamental en la formación de las nuevas generaciones, es una de las actividades más importantes del país. Del contenido y de las finalidades que se persigan en ella, depende acelerar el progreso general de la Nación y crear mejores condiciones, tanto económicas como sociales y culturales, del pueblo, o bien, su contrapartida, que es atar el desarrollo nacional bajo el provecho de una minoría que sea la que se beneficie con la riqueza nacional.
Por estas razones, la educación es también una teoría y una práctica social polémica, pues en cada etapa del desarrollo social las fuerzas sociales antagónicas persiguen predominar en la situación actual del país. Esas fuerzas se bifurcan entre el sector democrático popular que impulsa el desarrollo independiente del país por la vía de la Revolución Mexicana, y por otro lado, las fuerzas conservadoras reaccionarias que luchan por supeditar el desarrollo del país al dominio de una iniciativa privada, que en la práctica no es otra cosa que una prolongación de los grandes monopolios internacionales del imperialismo.
Sin embargo, la Constitución General de la República y la legislación vigente, ha establecido con claridad las orientaciones y principios de la enseñanza, sus objetivos, la participación rectora del Estado por medio de su secretaría del ramo y, asimismo, las restricciones y requerimientos bajo los cuales deben participar los particulares en esta tarea. Es así como el Estado mexicano tiene la facultad de orientar a las nuevas generaciones, no como una solución circunstancial, sino obedeciendo a una ley objetiva del desarrollo social que nos hace ver que jamás ha existido ni en México ni en ninguna parte del mundo, un estado sin teoría educativa y tratándose del México actual, la teoría educativa del Estado mexicano obedece a los postulados esenciales de la Revolución Mexicana, y ha quedado establecido en su artículo 3o. constitucional.
Esto significa que los preceptos y características que establece el señalado artículo 3o. para la educación nacional, no son simples opciones que se pueden cumplir o no cumplir, sino normas obligatorias que el mismo Estado mexicano debe observar.
En materia educativa, que es el tema que hoy nos ocupa, el Partido Popular Socialista demanda el cumplimiento fiel del artículo 3o. en todos los niveles de la educación del país. Consideramos que la Secretaría de Educación Pública, de la que usted es titular, tiene a su cargo, además de programar toda la educación primaria, secundaria y normal, y la destinada a obreros y campesinos, conforme a los criterios ideológicos del artículo mencionado.
El deber de garantizar que en todos los planteles educativos, sean particulares u oficiales, se cumplan esas directrices y la función urgente de establecer, con toda precisión las condiciones para que los medios masivos de comunicación, como es la radio, la televisión, revistas y otras publicaciones gráficas, no sólo se les obliga a dejar de ser un obstáculo para el logro de los objetivos de educación nacional, sino contribuyan, en forma efectiva, su consecución.
En este marco de ideas el PPS considera saludable que en la denominada Revolución Educativa se proponga elevar la calidad de
la educación, ampliar los servicios educativos, ponerlos en concordancia con el desarrollo nacional, impulsar la educación tecnológica y científica, porque todas ellas son aspiraciones y demandas urgentes del pueblo y de la nación.
Respecto a la calidad de la educación, el Partido Popular Socialista reitera su planteamiento de que ésta no se logrará con el viejo criterio de considerar a los maestros como individuos cuya obligación es la de vivir en medio de sacrificios económicos para hacer honor al apostolado de la profesión magisterial, sino al contrario, sin maestros bien retribuidos, con salarios que realmente les permitan una vida decorosa, no habrá ni puede haber elevación de la calidad educativa.
Respecto al mismo asunto, el PPS coincide con los planteamientos contenidos en el Programa Nacional de Educación, en cuanto se refiere a la formación de los maestros calificándola como la columna vertebral del sistema educativo nacional. Si los maestros, en el proceso de su formación, se orientan en las normas científicas en cuanto a las ciencias naturales y sociales, en un acendrado amor a la patria y en la comprensión cabal de las mejores luchas que han librado el pueblo mexicano, enalteciendo a los forjadores de nuestra nacionalidad, indudablemente que la tarea de formar al magisterio constituye la columna más sólida de la educación, pero si por el contrario, los maestros son formados en el dogma, en los prejuicios, en los fanatismos y en las concepciones anticientíficas respecto a las ciencias naturales y sociales, indudablemente que se convertirán en enemigos del artículo 3o. y de la propia Revolución Educativa, como ocurre hoy con los maestros que egresan de las escuelas normales clericales.
La gran cobertura que en educación normal tiene la iniciativa privada, hace que la Revolución Educativa se sostenga en débiles columnas que la pueden hacer fracasar.
Es por ello que nuestro partido demanda la urgente necesidad de rescatar la enseñanza normal de manos de la iniciativa privada; hay otro aspecto que el PPS considera fundamental para el logro de los objetivos de la educación nacional y es el relativo a los medios masivos de comunicación. Con justa razón los maestros se lamentan de que todos sus empeñosos esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza, la mayoría de las veces, usando material didáctico que grava su economía familiar, resultan estériles, pues la televisión se encarga de destruir lo logrado en el aula. Como lo señala justamente el propio Programa Nacional de Educación, éstas ejercen una poderosa acción enajenante y promotora de hábitos negativos contrarios al desarrollo armónico del educando, fomentando el vicio, la violencia y la degradación moral; por añadidura, en los últimos años, han proliferado los programas radiofónicos y televisivos a cargo de las diferentes sectas religiosas, violando flagrantemente las normas constitucionales al respecto.
Y en relación al laicismo, señor secretario, el Partido Popular Socialista difiere totalmente de sus concepciones expresadas durante esta comparecencia, porque laicismo implica neutralidad, y como usted lo señala, no combatir la enseñanza religiosa, permanecer al margen de esas discusiones; pero el artículo 3o. constitucional señala, expresa textualmente: "Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios...". Es decir, que el artículo 3o. señala que la educación nacional no es imparcial respecto a este asunto. Es totalmente parcial en favor de la ciencia y del progreso científico. Pero más aún, es combativa, debe combatir los fanatismos y los prejuicios. No es una educación neutral.
Por lo que se refiere a la educación técnica, a la investigación científica y a la investigación tecnológica, cabe preguntar a usted: si a todos nos preocupa la independencia científica y tecnológica del país, ¿por qué motivo al Instituto Politécnico Nacional, institución del Estado, surgida de la Revolución Mexicana, al que se le fija la superior tarea de forjar el estado mayor técnico y científico del país, preparando fundamentalmente a los hijos de trabajadores de la ciudad y del campo, se le asigna un presupuesto que no le permite desarrollar plenamente sus actividades formativas del hombre nuevo y tecnológicamente capacitado, presupuesto notoriamente inferior al que anualmente se le otorga a la institución similar de carácter autónomo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que le da, además, posibilidades amplias e indudablemente legítimas de proporcionar a sus estudiantes posibilidades artísticas y de recreación, ¿a qué se debe que al Instituto Politécnico Nacional, que tanto esfuerzo hace para realizar investigación científica, se le otorgue un presupuesto tan bajo para la investigación científica, y que a la UNAM se le apoye con un presupuesto más de ocho veces superior, para que realice la misma tarea?, ¿considera usted que la Secretaría de Educación Pública ofrezca posibilidades de éxito para el desarrollo de la investigación tecnológica instalando en sus dependencias laboratorios para desarrollar esta tarea, como lo plantea la iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología que se encuentra en el Senado para su dictamen, en lugar de que se instalen en las grandes empresas estatales que son las que requieren directamente de esa investigación tecnológica? Adviértase que no hablamos de los institutos o centros de investigación científica básica, que indudablemente deben ubicarse en las instituciones de educación superior, sino de los centros de investigación tecnológica.
Estas son las principales preocupaciones de nuestro partido, señor secretario.
El C. Presidente: - Señor secretario. Un momento, para una cuestión de procedimiento, de declaración de procedimiento parlamentario... En virtud de hacer transcurrido las cuatro horas que señala el Reglamento Interior, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta agotar los asuntos en cartera. Tiene usted la palabra, señor secretario, con nuestras disculpas.
El C. secretario de Educación Pública: - ¿Por qué tiene más presupuesto la Universidad que el Instituto Politécnico Nacional? Porque el número de alumnos es el triple, y no tiene ocho veces ni siete, ni seis veces más, el Instituto Politécnico tiene 24 mil 453 millones, y la Universidad 53 mil millones de pesos, es decir, estos son los números, y las cifras son así.
¿Por qué creció más uno que otro? No es problema que vayamos a resolver en estos momentos, ni creo que lo hubiéramos resuelto cuando se presentó el problema, este es un hecho.
Segundo punto, el artículo 3o. expresamente dice que la educación es laica en México. El concepto de laicismo no implica neutralidad, ni diagnosticismo, y en eso la posición es bien clara. Hace unos momentos yo señalaba que el laicismo es la defensa de la independencia del individuo, la sociedad, la familia y el Estado frente a un poder eclesiástico dominante. Eso es complementario del combate a la servidumbre, al fanatismo y demás que señala el mismo artículo 3o. constitucional. Supongo que ofende al legislador, suponiendo que hay incongruencias en el texto del artículo 3o. constitucional. Fue un artículo muy bien pensado, que no solamente obedeció a la evolución histórica de este país, sino que logró una armónica síntesis de posiciones distintas en el curso de nuestra propia historia, entonces no hay contradicción entre el laicismo que, repito, no es agnosticismo ni es neutralidad, sino es una posición muy clara de defensa de individuo, familia, sociedad y estado, y el combate a los fanatismos, servidumbres, etcétera.
Yo no digo que la SEP ofrezca las condiciones para el total de la educación tecnológica, yo digo que es un sistema complementario. Reiteradamente he dicho que tratamos de combatir el archipiélago que se presenta en el sistema educativo; que el sistema educativo debe ser un continente, no un archipiélago; que deben estar comunicados, los distintos sistemas y subsistemas entre sí, y de eso se trata precisamente en la formación, en la investigación tecnológica, conectar, vincular todos los centros dedicados a la investigación y estudios tecnológicos.
En cuanto al proyecto de Ciencia y Tecnología, yo creo que es un avance y que responde a las realidades presentes, pero como está sujeto a discusión del Congreso, y a su aprobación en su caso, prefiero no exponerlo; contar con los puntos de vista desde el momento en que lo refrendé de esa iniciativa de ley.
El problema de los medios de comunicación no está en mis facultades abordarlo, simple y sencillamente está el aprovecharlo para los fines educativos: la telesecundaria, con el sistema Satélite Morelos, se aprovechará también para teleprimaria y se ampliará el sistema de telesecundarias. Aprovechar ese medio de comunicación para el sistema educativo eso sí está en nuestras manos, y ya planteamos ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas los planes para aprovechar los sistemas de la educación que implica el Satélite Morelos.
Creo que eso responde a sus preguntas.
El C. Sergio Quiroz Miranda: -Hemos leído con detalle en varias ocasiones el artículo 3o., y en ninguna de sus partes señala que la educación es laica. Establece el carácter científico de la educación.
El C. secretario de Educación Pública: - El carácter laico.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - El carácter científico de la educación. Ni la palabra laica se menciona. Por otra parte, respecto a los medios masivos de comunicación, si no está en sus manos, debe estar en manos del Gobierno Federal supeditario a las directrices que señala la Constitución General de la República. De otra manera, señor secretario, la Revolución Educativa va a fracasar, porque sencillamente la tarea que los maestros realizan en el aula se ve totalmente destruida por las propias concepciones que establece el programa nacional de educación y cultura, señalado que son medios enajenantes que promueven el consumismo, que promueven el vicio, que promueven la degradación.
Es necesario, y reitera el Partido Popular Socialista la necesidad de que no sólo se ponga al servicio una parte de los medios masivos de comunicación de la educación, sino que se les prohiba emitir programación que contraríe los principios fundamentales del artículo 3o. constitucional.
Respecto - y esta es una pregunta que quedó en el aire - y cuál va a ser la conducta de la Secretaría de Educación Pública respecto de la gran cobertura que tienen las escuelas normales particulares, que incluso es superior a la del Gobierno Federal, sin contar desde luego la de los estados.
En este momento, la información tomada del informe presidencial último, nosotros pensamos que si los maestros no se van a formar precisamente en el carácter científico y se les forma en el dogma, en las concepciones totalmente contrarias a las señaladas en el artículo 3o. constitucional, no hay ninguna base sólida para afirmar que la Revolución Educativa pueda tener éxito. Y sustentándonos desde luego en el principio señalado por usted mismo, de que la formación de maestros es la columna vertebral del sistema educativo nacional.
Tenemos otra preocupación, señor secretario, respecto a la educación básica.
Aunque usted ha señalado reiteradamente ya, que es un proceso, que no hay nada definido, que no está todavía establecido, el carácter de diez años para la educación básica, lo cierto es que en este ciclo escolar muchas escuelas, la mayoría de las escuelas de preescolar del país, no han inscrito alumnos de cuatro años. Es decir, es un proceso en marcha ya, ya aplicándose en estos momentos. Y, a juicio nuestro, esto contraría lo afirmado por el señor Presidente de la República en su segundo informe de gobierno, cuando dijo textualmente: "Tenemos como meta elevar este servicio de los cuatro años de la preescolar al 90% de los niños de cinco años y al 47% a los de cuatro"; pero por lo visto muchas escuelas de preescolar oficiales han puesto oídos a este pronunciamiento del señor Presidente de la República y no han inscrito a niños de cuatro años.
Respecto de la educación normal, señor secretario, nosotros pensamos que es inaceptable que el Estado mexicano renuncie a su obligación constitucional, de orientar y dirigir los contenidos educativos en este nivel, pues según se nos ha informado los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas, se dejarán a las academias regionales o escolares respectivas, provocando la dispersión y la ambigüedad en este renglón.
Esas son, señor secretario, las cuestiones que habían quedado pendientes. Muchas gracias.
El C. secretario de Educación Pública: - En lo que se refiere a educación normal, efectivamente el porcentaje de escuelas particulares es muy alto, esto es un proceso que de lejos viene y que no fue parado y ni siquiera se intentó hacerlo. En los momentos actuales existen, federales: 83 normales de las cuales 38 son para primaria, 13 para preescolar, 32 para primaria y preescolar; 96 estatales, de las cuales 49 son para primaria, 25 para preescolar y 22 para primaria y preescolar; 69 particulares incorporadas a la Federación, de las cuales 30 son para primaria, 19 para preescolar, 20 para primaria y preescolar; 125 particulares incorporadas a los estados, de las cuales 69 son para primaria, 39 para preescolar, 17 para primaria y preescolar.
Se ve claramente es estos datos que la mayoría de las escuelas particulares de normal incorporadas se encuentran en los estados de la República. Yo pienso que ante la situación actual, el camino, es el camino de la regulación, la racionalización, la inspección y supervisión. Este es el camino de inmediato de que disponemos.
Se está regulando la egresión la reducción de los grupos en canalizar la educación fundamentalmente para preescolar y reducir la normal de primaria, son los esfuerzos que en ese sentido se están haciendo.
En total, tenemos en estos momentos estudiando, normal superior 144 mil 300 alumnos, contando los cuatro años. Esto significa que hay una reserva de profesores que harán frente a la demanda por algún tiempo sin problema alguno, y la tarea fundamental de la Secretaría es continuar ofreciendo esa demanda y mantener una oferta suficiente y al mismo tiempo el mejoramiento de la docencia, es decir, la elevación de los niveles educativos de la educación normal.
En el ciclo escolar 1984-1985 la matrícula estimativa en preescolar es de 2 millones 220 mil niños de cuatro y cinco años de edad, en los jardines de niños de todo el país, mientras que en el periodo lectivo 1981-1982 la población escolar de este nivel, fue sólo de 1 millón 400 mil educandos. Quiere decir que sí se está atendiendo a niños de cuatro años.
Ahora, por otra parte, complementando el dato anterior, se atiende en el ciclo 1983 - 1984, el 49.3% de niños de cinco años y el 32% de cuatro años de edad, esta es la existencia real y las posibilidades reales. Se atiende, pues, el 61% de los niños de cinco años y el 37% de los de cuatro años.
Se da prioridad a niños de cinco años, más no se rechazan a los de cuatro, en casi novecientos mil niños de los 2 millones 200 mil matriculados son de cuatro años, ésta es la situación real existente.
En cuanto a que no se cuenta con los medios de difusión, de comunicación social, la Revolución Educativa fracasará, yo, dándole mucha importancia a los medios de educación social, pues me he convencido que los profetas sólo aciertan cuando se refieren al pasado.
El C. Presidente: -Tiene la palabra la C. diputada Julieta Guevara Bautista.
La C. Julieta Guevara Bautista: -Con su permiso, señor Presidente.
Pocos temas han sido históricamente tan controvertidos como el de la educación. Lo ha sido aquí hoy y lo seguirá siendo, mientras mantengamos como valor político la democracia plural con libre expresión de las ideas.
Ciudadano secretario de Educación Pública: se ha cuestionado por algunos sectores minoritarios de nuestro país, que existan principios éticos en el artículo 3o. constitucional, y en la educación que en él se fundamenta. Son grupos que pretenden ignorar que el contenido y las implicaciones del texto constitucional, rebasan sus lecturas inmediatas y nos ofrecen una idea precisa de lo que debe ser la sociedad mexicana.
Estas discusiones estériles, como usted las ha llamado, y dolosamente recurrentes, tienen el propósito sólo de obstruir porque saben que serán derrotadas una y otra vez con el avance de la tarea educativa del Gobierno. Por eso, los miembros de la diputación priísta, creemos que es pertinente para quienes por desconocimiento o por mala fe propalan este falso vacío moral, se hagan explícitos los fundamentos filosóficos y los principios éticos que sustentan nuestro artículo 3o. constitucional, esa ética laica a la que usted se ha referido.
Más que una pregunta, ciudadano secretario, solicito a usted culmine su comparecencia ante esta presentación popular con una exposición al respecto, que seguramente integrará el marco filosófico en que usted ha basado sus respuestas a las preocupaciones, a las dudas y a las objeciones, de los diputados que han participado en esta sesión.
Quisiera hacer yo, por último, una sola observación. Hay las corrientes de opinión política aquí representadas han demostrado una de las mayores ventajas de los métodos democráticos de difusión, diferencial entre los que revisamos el pasado para superarlo, aunque disipemos en lo que debe ser la sociedad futura, y las mejores formas de avanzar hacia ellos, y aquellos que miran el pasado, no con la intención de superarlo, sino de retornar a él y a los viejos privilegios. Doy a usted las gracias por anticipado a su exposición.
El C. secretario de Educación Pública: - Realmente una pregunta general de ese tipo tiene más telas que una cebolla. La secularización de la sociedad y la supremacía civil del Estado surgieron en México precisamente para evitar que la sociedad fuese perturbada por conflictos de orden religioso. La última afirmación de nuestra tesis histórica se vio claramente en 1929, el Estado y la sociedad están más allá de las discrepancias y les toca por consiguiente evitar el sufrimiento de pugna, dado que ni la sociedad ni el Estado pueden exponerse a este tipo de conflictos. De aquí que no sólo estemos obligados a no reabrir antagonismos superados o insuperables, sino a no dejar que otros los abran o resuciten.
Creemos que la solución histórica, política y jurídica del país ha demostrado su bondad para con la sociedad, las libertades espirituales del hombre, la religión, el creyente y el Estado, pues se ha superado una mezcla entre Estado - Iglesia que además de negar la libertad de conciencia y sostener oficialmente la ignorancia, impedía la formación de una verdadera conciencia nacional.
En cuanto a distintos proyectos fundados en la pluridad del modo de pensar que existe en el país, postulan que esta pluralidad se introduzca en la educación para, en el fondo llegar a un proceso inverso al que el país ha llevado a cabo y llevarnos de nuevo a la escuela - Iglesia.
Aspecto vigente del artículo 3o. constitucional, puede sentar una larga evolución histórica y de un acucioso y riguroso proceso de síntesis, exigido por nuestras realidades y su evolución.
Es un artículo que postula con la defensa, la libertad de enseñanza, conciliando el establecimiento y la garantía individual de un derecho social; que busca el desarrollo armónico de las facultades humanas, el amor a la patria, la solidaridad internacional en la independencia y la justicia; la democracia como un sistema de vida, un sano nacionalismo revolucionario, la salvaguardia y el asentamiento de la cultura; el aprecio a la dignidad de la persona y a la integridad de la familia; la afirmación del interés general de la nación y su talento a los ideales de fraternidad e igualdad de derecho de todos los hombres, combatiendo privilegios de cualquier tipo, desigualdad de raza, credos, sexo o de individuos y su lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios.
Para mí es un artículo de un claro social liberalismo en el sentido de lo que se funda la práctica de la seguridad social, en el respeto a las libertades espirituales y a la dignidad del hombre y un limpio nacionalismo que no niega su concurso a la de grandes causas universales y a la solidaridad y cooperación entre pueblos y estados.
El artículo 3o., yo me pregunto al leerlo, ¿qué es lo que el artículo 3o. tiene de objetable?, ¿qué es lo que hay y no permite el desarrollo previo de las libertades? ¿Qué es lo que impide que se ejerzan estas libertades? Recuerde que la libertad está compuesta por libertades, que la libertad sólo así se explica; yo encuentro que en el fondo es un pretexto para citar viejas luchas, para volver a viejos y enconados combates.
Escudriñando nuestra evolución histórica y confirmando la situación que se veía, surgió el texto en el cual el artículo 3o. constitucional, que responde a las líneas sustanciales inmóviles fundamentales de nuestra historia, entienden las realidades y quiere el progreso de lo constitucional, contando con ellas, con las realidades y desechando determinismo educativo.
No se gobierna ni con la pura dogmática, ni con la pura pragmática, la primera llega al sectarismo, la segunda al oportunismo; se gobierna con un idealismo práctico que sabe lo que quiere, pero que no se ve hasta dónde puede llegar con la realización de los ideales. Se invita por igual al escepticismo de la ley y el oportunismo realista. Hay una ética laica que afirma los valores superiores de la dignidad sobre la vida humana - recordemos el pensamiento griego - latino y la ética del propio Aristóteles que procede a la política -. Esta ética a la que se llega con razón, no desecha principios morales derivados de documentos históricos, por el contrario, los incorpora y aprovecha cuando ellos enriquecen los propósitos de dignidad, respeto y solidaridad humana -. No veo, por ejemplo, por qué en una cátedra de ética laica no se puedan disponer principios contenidos en el Sermón de la Montaña, los cuales están encaminados precisamente a fortalecer la dignidad y el respeto entre los hombres y la solidaridad humana.
Pido disculpas por referirme al ayer, pues creo, tomando la idea de otros, que "la historia es la política viendo hacia atrás", a lo que añado que, "la política es la historia viendo adelante" y acoto, hay de aquellos
gobernantes que se preocupan de la historia cuando ya no gobiernan!
En el pasado, varios textos de José María Luis Mora, Francisco Zarco, Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, Gabino Barreda y Justo Sierra, son lecciones de esta moral laica. Barreda y Sierra arribaron en un positivismo generoso a diferencia del que después predominó.
Cabe mencionar también que, por amplitud, sencillez y claridad, la partida moral de Alfonso Reyes y en que el autor señala se ha usado el criterio más liberal y a la vez laico y respetuoso para las creencias.
Los mexicanos debemos abocarnos con este criterio, con nuestra tradición, con nuestros valores, y los universales, a elaborar una cartilla no sólo de lo alto moral sino también social. Dediquémonos a ello sin prejuicio o procedimientos deformantes; los que se ubican en añejas o pretéritas situaciones estériles, de contiendas apéradas o insuperables, indiscutiblemente caminan hacia la esterilidad de sus propias acciones. Disponiendo de todo lo necesario para que con nuestro esfuerzo y voluntad la colectividad mexicana logre que cada vez sea más grande el nombre de México en la dignidad, la libertad, la solidaridad y la justicia.
Cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta más no educarlo. Que no tengamos que lamentar el costo de no haber sabido educar a los hombres de México.
Con esa moral laica, con el esfuerzo de todos, con el apoyo de la sociedad, seguramente lograremos que crezca el nombre de México. Muchas gracias.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Señor licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública: ha concluido la lista de diputados inscritos para hacerle preguntas. Se le ruega pase a tomar asiento. (Aplausos).
Gracias, señor secretario de Educación, por sus respuestas a las cuestiones planteadas por los ciudadanos diputados de los seis partidos políticos nacionales, representados en esta Legislatura.
Ha Cumplido usted cabalmente con el mandato constitucional que prevé la posibilidad de estas comparecencias, mediante cita de este poder. Ha cumplido usted con la autorización respetuosa y con la voluntad política de un jefe del Ejecutivo decidido a desarrollar una nueva relación de colaboración entre los poderes y al fortalecimiento de las facultades de control del Poder Legislativo, sobre la gestión administrativa. Ha cumplido usted con los acuerdos de Cámara que previeron estas comparecencias como uno de los pasos posibles en el proceso de dasahogo de los informes de los ciudadanos miembros del gabinete, sobre el ejercicio anual en su ramo.
El pluralismo político de nuestro sistema democrático se ha manifestado una vez más como un sano principio y una práctica fecunda. Hemos constatado diferencias y coincidencias y reafirmado el valor supremo de la libertad.
Este tipo de comparecencias, de información anual, ante el Pleno de la Cámara, que por vez primera en esta modalidad se celebran, y de las cuales la suya es la cuarta y última, enriquecen el sentido y contenido de la división y colaboración de los poderes de la Federación. Nutren el criterio de los legisladores y, en su caso, amplía y mejoran la información e ilustran la opinión ciudadana sobre los temas vitales de la educación nacional.
Este diálogo fortalece al Estado, a los partidos, a la sociedad y a la Nación. He sido libérrimo e irrestricto para los interrogantes y comentaristas en cuanto a tiempo y materia dentro del marco de los acuerdos de Cámara entre grupos parlamentarios.
Congratulémonos de esta muestra adicional de la vigencia de nuestras libertades y este nuevo avance de nuestra democracia política.
Se ruega a la comisión designada acompañar al señor licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública, cuando desee retirarse de este recinto (Aplausos.) (La comisión cumple con su cometido.)
El C. Presidente: - Se ruega a los ciudadanos diputados permanecer en el recinto a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 79 CONSTITUCIONAL
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
Los suscritos diputados, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponen se adicione el artículo 79 constitucional, en los términos que a continuación se precisan. La presente iniciativa se funda en las siguientes consideraciones:
Las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, están expresamente señaladas en los artículos 29; 37, apartado B, fracciones I, III y IV; 73; 76, fracción V; 79; 84; 85; 87; 88; 97; 100 y 135 de la Constitución Política.
Destacan, por su importancia, las de autorizar al Presidente de la República para suspender las garantías individuales en los casos de invasión o perturbación grave de la paz pública; la de acordar, por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a sesiones extraordinarias, de una sola Cámara o del Congreso General; la de recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República y, asimismo, la de nombrar al presidente provisional en los casos de falta absoluta del Presidente de la República.
Además, la Comisión Permanente tiene facultades expresas para otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencias de los ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y para conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar al interino que le supla.
El artículo 79 constitucional no establece en forma explícita la facultad de resolver sobre las licencias que, durante el receso, soliciten los diputados o senadores. La práctica parlamentaria ha interpretado restrictivamente este precepto y la Comisión Permanente se ha limitado a recibir las solicitudes de licencia para remitirlas a la Cámara a la que vayan dirigidas. Esta práctica ha sido controvertida en algunas ocasiones, por prestarse a diversas interpretaciones acerca del sentido del precepto constitucional mencionado.
Por lo anterior, y considerando que la Comisión Permanente tiene implícitamente la facultad de conocer, estudiar y resolver las licencias que soliciten los legisladores, los suscritos estiman pertinente hacer expresa esta facultad, por lo cual proponen se adicione el texto del artículo 79 constitucional con una fracción en la que se disponga que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene tal atribución expresamente.
En mérito de lo anterior, se propone el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adiciona el artículo 79 de la Constitución General de la República Mexicana con la fracción VIII, para quedar como sigue:
"Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
I. ..
II. ..
III. ..
IV. ..
V. ..
VI. ..
VII. ..
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores".
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México , D. F., a 3 de diciembre de 1984.
Diputado licenciado Humberto Lugo Gil, diputado licenciado Bernardo Bátiz Vázquez, diputado licenciado Rolando Cordera, diputado Ricardo Govela Autrey, diputado ingeniero Jorge Cruickshank G. diputado licenciado David Orozco Romo.
El C. Presidente: - En el transcurso de esta sesión se entregó a la Presidencia una iniciativa para adicionar una fracción VIII al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que este documento se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Imprímase.
ELECCIONES ULTIMAS EN EL ESTADO DE COAHUILA
El C. Presidente: -Ha solicitado el uso de la palabra el C. diputado Alberto González Domene para una denuncia.
El C. Alberto González Domene: - Señor Presidente; compañeros diputados: Hace escasos doce días, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en su comparecencia en el Pleno de esta Cámara me respondió, al hablar sobre materia electoral, que es curioso que en las pocas elecciones - decía él - que ustedes ganan, las llaman limpias, y en las muchas que pierden, las llaman fraudes. El secretario de Programación y Presupuesto en seguida aseveró que no hay más voluntad de decisión de la que finalmente cada mexicano con derecho a votar decide cuando se enfrenta a las urnas. Esa es la voluntad que ha marcado la conducción -dijo- en las elecciones recientes y esa es la voluntad que la seguirá marcando en el futuro.
El Secretario de Programación y Presupuesto mintió, como es costumbre en los hombres del sistema cuando se dirigen al pueblo por medio de la televisión o de la prensa. No sé si lo hizo por ignorancia, porque nunca le haya tocado estar presente en algún proceso electoral o por mala fe, ya que considera su obligación defender al sistema al que sirve; pero lo que sí es cierto, es que yo vengo ahora con todo conocimiento auténtico de causa a hacer una denuncia del robo electoral acontecido en el estado de Coahuila el pasado domingo 2 de diciembre.
Las elecciones fueron fraudulentas desde un principio, planteadas y orquestadas por el PRI - Gobierno en contubernio con la Comisión Estatal Electoral en la gran mayoría de los municipios del estado.
¿Cómo analizamos y vimos las elecciones de Coahuila? El padrón electoral fue alterado con anticipación para favorecer al sistema; los comités electorales municipales se negaron a registrar muchos nombramientos de casilla a pesar de que cumplían todos los requisitos de ley, alegando nimiedades como, por ejemplo, errores de que en el nombramiento aparecía Castañeda y en la credencial Castañeda, o viceversa.
Otros simplemente fueron rechazados arbitrariamente. Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal Electoral en Saltillo, de muchos
municipios de Coahuila, para hacerle ver al secretario de Gobierno, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, los múltiples obstáculos que las comisiones municipales electorales estaban poniendo al Partido Acción Nacional en la entidad, los múltiples obstáculos. Sin embargo, el licenciado Martínez y Martínez, después de reunirse con los comisionados tuvo, ante la claridad de los hechos, que dar marcha atrás y reconocer muchos de los nombramientos de nuestros representantes. Pero, no obstante, el día de las elecciones los comités municipales no hicieron caso y movilizaron "porros", conocidos por muchos de nosotros, de la Universidad Autónoma de Coahuila, con credenciales de la Comisión Estatal Electoral, para desalojar de las casillas a nuestros representantes con presiones y con intimidaciones, y recurriendo a la violencia.
En Torreón, por ejemplo, donde estuve yo presente como testigo, a la licenciada Rosalinda López, comisionada del PAN ante el Comité Municipal Electoral, la corrieron por la mañana impidiéndole ejercer sus funciones.
Al ingeniero Edmundo Gurza Villarreal, también comisionado ante la Comisión Electoral, si bien no se le desalojó, se le impidió ejercer sus funciones, se le negó el uso de la palabra y se le impidió recibir recados del exterior. Votaron muchos individuos sin credencial de elector y sin aparecer en el padrón, en 27 casillas detectadas.
Por otra parte, decomisamos credenciales de elector y boletas electorales, en manos de hampones electorales. Los policías, armados, bajo las órdenes de su jefe, su superior, anduvieron en camiones votando en doce casillas diferentes. Hubo porros, repito, identificados como de la Escuela de Leyes de la UAC y de la preparatoria Venustiano Carranza, en 16 casillas. En cinco de ellas, acudieron cubiertos con pasamontañas para no ser reconocidos. Hubo hostilización constante en contra de los representantes del PAN en múltiples casillas, por parte de los funcionarios de casillas y de los "porros" ya mencionados. No se contaron las boletas electorales al inicio del proceso por la oposición de los funcionarios. Eso sucedió por lo menos en diez casillas detectadas. Los "porros" se robaron las urnas en dos casillas, de las más populares, donde Acción Nacional tiene una excelente imagen. Hubo brigadas volantes comandadas por conocidos líderes priístas, como Margarito Barrón. David Ortiz Polanco, Martha Velázquez y sus secuaces, que votaron en 19 casillas diferentes.
Las urnas estuvieron escondidas de la vista de nuestros representantes sin hacer caso de sus protestas, permitiendo introducir los llamados "tacos de votos" en, por lo menos, doce casillas detectadas; se votó con credenciales falsas.
La casilla 51 que tiene un padrón de 6 mil votantes, solamente recibió mil boletas y cerró a las 14:00 horas, claro está, para favorecer al PRI - Gobierno, porque en esa casilla la mayoría de los electores son panistas.
Otras casillas fueron cerradas a las 17:00 horas, aun habiendo una larga fila de votantes que querían emitir su sufragio.
En la casilla 19, el líder priísta Ortiz Barroso amenazó con pistola en mano a nuestro representante, el licenciado Alejandro Gurza Obregón. Votaron incluso muchos menores de edad con credenciales que no eran de elector, manipulados por los líderes priístas. Se expulsó con violencia física a varios de nuestros representantes; hubo violencia suscitada por lo "porros" y no como las fuentes de información priísta que dicen Acción Nacional fue quien provocó la violencia, sino al contrario. En una casilla, la 102 - bis del II Distrito, el candidato panista por Torreón, el licenciado Juan Antonio García Villa, ex diputado federal, fue golpeado por un "porro".
Hechos como éstos, muy similares, se registraron a lo largo de toda la entidad coahuilense, en todos los municipios donde participó Acción Nacional; en algunos de ellos, a pesar de las irregularidades ya relatadas, contamos con todas las actas de escrutinio firmadas, confirmando nuestro triunfo, a pesar, repito, del cúmulo de irregularidades que se presentaron triunfamos cuando menos en cinco municipios. En Ciudad Acuña, Acción Nacional ganó el 80% de las casillas; en este municipio vamos a impugnar las casillas 5, 6, 11, 24, 24 - bis y 28, porque allí fueron rellenadas previamente las ánforas con un total de mil 700 votos, que fueron los que dieron la voltereta a la información del PRI.
En Nava, los informes los contamos, ha sido una ventaja para Acción Nacional de 250 votos; en Piedras Negras el PAN obtuvo ya con actas también como, repito, ya firmadas, 11 mil 857 votos contra 11 mil 503 votos del PRI; el PAN ganó ahí en 36 casillas de 20. En Frontera, el PAN sacó 5 mil 242 votos y el PRI 4 mil 574, y ganó 13 casillas de 7 del PRI. El PAN, en Monclova, obtuvo 18 mil 40 votos, contra 15 mil 614 votos del PRI, o sea, que el PAN arrolló al PRI en Monclova, ganando 35 casillas de 17, y no como dice la información oficial, a través de los medios de comunicación, ya sea por el Canal 13 o por el 2, donde Zabludowsky u Ochoa dan información del PRI.
En Coahuila, no solamente vamos a defender el triunfo ante todos los organismos competentes, sino que vamos a acudir a todas las instancias legales para anular los comicios en donde haya habido más del 20% de irregularidades, puesto que contamos no sólo con el apoyo de la ley, sino con el apoyo popular de quienes, coahuilenses, sin duda van a saber defender sus derechos. Esa noche, en todos los municipios de Coahuila, donde se recurrió al robo electoral, se celebraran mítines de protesta para exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones constitucionales.
Y hacemos responsable de los robos electorales en el estado, al licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Estatal Electoral,
y también como cómplice, y solapador al gobernador del estado, licenciado José de las Fuentes Rodríguez, a quien vimos durante la elección, en Torreón, ir acompañado del presidente municipal y del candidato oficial por el PRI, recorriendo en autobús varias casillas, brindándole, claro está, todo el apoyo del Gobierno que se supone debe ser imparcial en las elecciones.
En Torreón, compañeros diputados, los partidos de oposición: PSUM, PDM, y PST, ya se han solidarizado con Acción Nacional para hacer una defensa solidaria de este cínico robo electoral. Y protestamos ante ustedes, enérgicamente, ante esta Cámara, por ese robo electoral cometido en contra de la ciudadanía coahuilense.
Por la diputación de Acción Nacional, diputado Alberto González Domene. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra el C. diputado Enrique Agüeros Avalos.
El C. Enrique Agüeros Avalos: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: es natural, y desde luego esto ya lo esperábamos. Ya esperábamos que subiera a esta tribuna el compañero y amigo González Domene, María Teresa Ortuño o cualquiera de los diputados de Acción Nacional que hay en el estado de Coahuila. Y es fácil saber por qué. En Coahuila tenemos cuatro diputados federales del PAN, y ellos, con anterioridad, hicieron declaraciones, hicieron planes, hicieron castillos en el aire, informaron por ahí, cada quien, e hicieron sus apuestas en los cafés, en la calle y pregonaron en todos los periódicos de Coahuila, que iban a arrasar, que iban a ganar la mayoría de los municipios de Coahuila.
En particular, tuve la gentileza, de recibir la gentileza, de escuchar una llamada telefónica en la que me pedía que obráramos limpio, que porque ellos iban a ganar en todos los municipios. Estuve participando en mi distrito, al tanto de los acontecimientos, el VI, el cual abarca Torreón, Francisco I. Madero, Viesca y Matamoros. Y en Madero me decía Mari Tere - así le digo porque es mi amiga, y que hoy antes de la sesión fui a saludarla y no quería darme un abrazo porque decía que se "quemaba", pues allá ella, pues a lo mejor sería por el novio. No sé -. Sin embargo, la inquietud, la intranquilidad de ella, según me decía, que porque nosotros, los priístas, nunca obramos bien y somos chuecos. Yo no sé cuando soñaría eso Mari Tere, porque yo siempre la he considerado mi amiga y hemos considerado que somos sinceros y francos. ¡Qué bueno María Teresa! ¡Qué bueno mi amigo González Domene! Esto me dio la oportunidad de subir a la tribuna, lo que ustedes dicen.
El PAN hizo una bonita campaña de periódico, curándose en salud, porque ya sentían, ya su corazón les avisaba los resultados. En el Canal 2 local, de Torreón, las declaraciones del candidato del PAN en el que según sus declaraciones, si alguno de ustedes las hubiese escuchado por radio, se hubieran imaginado que a García Villa lo llevaban en una camilla.
La televisión, con su personalidad, con su estampa bien puesta, con su manera fácil de hablar, explicando a todos los televidentes cómo lo habían golpeado, lo mismo que dijo aquí González Domene, que "porros", que policías, la realidad es otra, y vamos a ser sinceros. El PAN en Coahuila no tiene nada qué hacer. Si es cierto, si bien es cierto que algunas ocasiones ganaron un municipio como Monclova y en Torreón también, reconocemos ganaron alguna vez una diputación federal; pues fue por la euforia y por las mentiras que manejan a través de la gente. Yo pienso y así lo declaré a algún periodista de un periódico regional, cuando me entrevistaron, que nuestro estado tiene origen, tiene historia, es revolucionario, y en la Comarca Lagunera, si bien es cierto que hay mucha gente que compra las banderitas que venden los panistas, pues lo hace porque los niños las manejan con curiosidad, las manejan para jugar; pero no porque sean panistas - Beto, no, no te creas. Un sobrino mío traía una que compró que ahí se la estaban vendiendo en un centro comercial y llegó gustoso a enseñármela y dijo que por qué nosotros no las hacíamos en ese momento -. Y así las ponen todos en sus carros y en sus camionetas, los niños. Pero no porque la gente desconozca lo que tiene que hacer y porque quién tiene que votar. La gente es priísta 100%, apasionados; no se dejan manejar por propaganda falsa, ni por declaraciones, tampoco por lo que dicen dos, tres, cuatro o cinco. Es cierto, posiblemente, las autoridades lo podrán decidir, malos funcionarios que pueda tener nuestro sistema de tantos.
Un campesino me dijo en Francisco I. Madero, me preguntaba dónde iba a votar porque, pues, no estaba bien enterado. Y al informarle le pregunté, "y tú ¿por quién vas a votar?" Dijo, "pues, sin duda, por el PRI, porque pues aunque sean malos, como dicen los panistas, pues ya nos conocemos, tenemos muchas cosas buenas; a los panistas, ni modo que sean santos, ni modo que vayan a venir del cielo." Esa es la idea de la gente del campo. Por eso perdieron en Torreón y por eso perdieron en Francisco I. Madero, y por eso perdieron en todo Coahuila.
Hasta que por fin los de Monclova se dieron cuenta del error que tenían. La perdieron, no vayan a creer que van a ganar y pueden hacer las manifestaciones que quieran. Nosotros no vamos a andar haciendo manifestaciones, ni tampoco creando enfrentamientos.
En mi casa me llamaron ayer, una voz muy bonita, muy agradable, a la mejor sería de la compañera María Teresa, una voz muy bonita. Pidiéndole a mi familia que asistiera al famoso mitin que van a hacer de protesta. Hablaron con mi señora, para que asistiera y que llevara a nuestros hijos. Mi señora les preguntó que si sabían que teníamos hijos
grandes, mayores de edad, en edad de votar, dijo, aunque sean los chicos, no le hace; que la protesta sea general.
Qué bueno. Esa labor es buena, gasten un poquito de tiempo en teléfono, en propaganda por ahí. Pero no les va a resultar. Tenemos un sistema, una ley, un comité electoral, y el domingo, próximo domingo, pues la verdad va a salir.
Dice González Domente que los "porros" corrían a los representantes del PAN, y luego se contradice, que tienen todas las actas firmadas, ¿quién se las entregó?, pues si los corrieron los "porros", entonces eso es lo que no entendemos. La realidad es que en Coahuila la gente está muy politizada, no se les puede echar mentiras, ni a la gente de los perímetros urbanos ni a la gente del campo.
En Madero, pues tuve la oportunidad de ver ahí también a un compañero diputado, y de saludarlo, al compañero Villegas, José Isabel Villegas, y lo vi entrando a una casilla electoral, le dije: "¿qué andas haciendo aquí tú, diputado? Tú eras de Durango, ¿qué andan haciendo aquí los presidentes municipales que traes aquí de Chihuahua? Las doscientas o trescientas gentes que andan aquí recorrieron la ciudad y las casillas, ¿qué andan haciendo? No vayan a crear un enfrentamiento, ya no puedo, no los voy a poder defender, porque ustedes sí andan creando aquí enfrentamientos".
Platicamos muy a gusto y después me fueron a buscar para decirme la presión que tenían en esas casillas para, pues, hacer labor, una labor que ustedes conocen que está fuera de la ley y que a la gente si bien es cierto que les dicen a la hora del voto donde debe depositar su sufragio, es otra cosa. Así es que, pues, aprovecho esta oportunidad, mi querido Villegas, diputado Villegas, pues no hagas eso, pues en lugar de ayudar en la labor que habían hecho tus gentes, tus dos o tres gentes que tienes en Madero, pues fuiste a entorpecer, ¿verdad?, no te conoce nadie, te confundieron ahí también con un funcionario de la Secretaría de Gobernación; luego me dijeron que traías pistola, parecías policía federal, y pues, hubo ahí problemas, en lugar de ayudar a tu partido. Sin embargo, te voy a decir una cosa, con el respeto de todos los demás diputados, esa casilla sí la ganaste, así es que somos honestos; en Madero perdimos tres casillas, se perdieron tres casillas, pero el resultado final, que después quisieron hacer una bronca por ahí en algunas otras casillas, pues fue negativo. ¿Por qué fue negativo y por qué me decía María Teresa que en Madero sí tenía mucha gente en el campo?, que tenían ejidatarios que tenían comisariados, la verdad es que en este tipo de contiendas electorales nos dejamos llevar por los rumores.
Por un lado, ustedes dicen que nuestro partido manejó "porros", que manejó estudiantes que los atacaron; por otro lado, que nosotros no hicimos caso; sí nos dimos cuenta de algunas gentes que llevaron de Chihuahua y de Durango, pero no en la proporción que nos dijeron, que iban a llegar mil gentes, que los tenían por ahí escondidos, hicimos oídos sordos; sí les recomendamos que les avisaran a los representantes de nuestro partido, por cuando menos para estar pendientes, porque sí es cierto, se pidió el respaldo del Ejército para que hiciera sus rondas, para que ustedes también, en determinado momento, los utilizaran si era necesario, porque no queremos, yo creo ni a ustedes ni a los partidos de oposición, no solamente a los panistas, ni a nosotros, a nadie le conviene que haya enfrentamientos.
Yo siento que, en general, fue una contienda limpia, votó la gente y ganamos por márgenes muy considerables, pero si por un voto hubiéramos ganado, pues también nosotros lo debemos de defender, y un voto es un voto, por eso así como está diciendo González Domene, en algunos municipios sí tuvieron. Ahora yo podría hacerles una recomendación aprovechando esta oportunidad que a lo mejor no se me vuelve a presentar: el Partido Acción Nacional es un partido electorero, trabajen, tienen mucho tiempo por delante, hagan labor como lo hacemos nosotros, a lo mejor con el tiempo pueden lograr realmente hacer una labor de convencimiento con las gentes priístas de corazón, con los que están bien conscientes de lo que es nuestro partido y nuestro sistema, entonces, a lo mejor con el tiempo sí van a poder ganar algunos presidentes municipales, cuando menos en la Comarca Lagunera, que es donde no tienen nada qué hacer.
No podemos manejar datos, no podemos manejar cifras, porque solamente el comité, la Comisión Electoral las tendrá ya fijas, y pues, desde luego, yo nada más quiero decirle a Beto: tranquilo, mi Beto; algunas cosas que vieron mal fueron a llorar con Enrique Martínez y Martínez, él les dio todo, a nosotros también nos quitaron algunos nombramientos de representantes porque argumentaron que estaban mal, que no estaban bien dentro de la ley y, nosotros, tranquilos, porque nosotros sí teníamos confianza en nuestra gente, en los priístas de la Comarca Lagunera, en general.
Perdieron como gente estudiada, gente capacitada, pues reconózcanlo, no hagan nada ya, ya no malgasten lo que no tienen, ya no anden pidiendo limosnas porque se ven mal, ya las banderitas no les van a servir en este momento porque las vendían, y las andaban vendiendo para recolectar dinero, y pues, a trabajar, aunque sea para la otra, haber si en la próxima les va bien. Por aquí tenía algunas recomendaciones, que trabajen, que no solamente se dediquen a lanzar ataques.
El día del cierre de campaña, como una información, y esto lo saben ustedes, tocó la suerte de que cerramos el mismo día la campaña en Madero y también yo no sé por qué azares del destino el partido de ustedes, el PAN, fue a cerrar la campaña a una cuadra donde nosotros teníamos programado nuestro cierre. Esperaban que termináramos pronto para que alguna gente que teníamos en
nuestro cierre pasara a escuchar los ataques que ustedes hicieron, y además mandaron por ahí a unos niños a repartir propaganda con ataques a nuestro candidato. Eso está mal. Yo felicité públicamente a todos los priístas de Francisco I. Madero y San Pedro, de Matamoros y, lógicamente, también de Torreón, porque no contestaron esos ataques.
En la marcha que hicimos, una marcha para llegar al lugar donde iba a ser el cierre de campaña, pues lo viví, ahí nos cerraron el paso, ahí nos lanzaron algunas piedras, aunque pequeñas, y trataron de crear confusión. Qué bueno que no pasó más, porque si ahorita aquí hubieran traído a la mejor al candidato de Francisco I. Madero para que les diera los reportes de la clínica, de las heridas que hubiera recibido en ese día. Eso es malo. Ese tipo de enfrentamientos que ustedes manejaron son malos, yo los conozco y ustedes han visto los resultados ahora en los que les ganamos todas las elecciones, así es de que vaya mi recomendación muy especial a mis buenos amigos, los panistas, trabajen en Torreón, en el campo no tienen nada qué hacer, ahí la gente libremente votó, los aplastamos, no hubo tal cosa, no hubo fraude, no hubo nada. Reconózcanlo tranquilos, y pónganse a trabajar para la próxima. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: - Ha pedido la palabra la C. diputada María Teresa Ortuño Gurza.
La C. María Teresa Ortuño Gurza: - Compañeros diputados; Enrique Agüero muy en especial: Con toda sinceridad, Enrique, quiero decirte que para Acción Nacional la política es algo muy serio. Y si bien, es cierto que para ejercitar la labor política, y sobre todo para nosotros los de oposición, es necesario el sentido del humor, no es lo mismo tener sentido del humor que venir a hacer estos chistecitos aquí. Yo te invito sinceramente, Enrique, a que acudas a la plaza pública a decir eso que has venido a decir aquí y que, no va a salir a la prensa como nosotros quisiéramos, en el tono en que lo has dicho.
La labor más alta del hombre es la acción política, Así la entendemos en Acción Nacional, así trabajamos en el Distrito Federal, en Francisco I. Madero, Coahuila y en los lugares más pequeños en donde tenemos cuadros.
Qué bueno, Enrique, que esto te dio la oportunidad de subir, por primera vez, a la tribuna; qué bueno, porque al menos podrás decir que lo hiciste, y es cierto, tú me pediste esta mañana un abrazo y te dije: "No te lo quisiera dar por temor a que me retraten y piensen que me solidarizo con las cosas que tú hiciste en Francisco I. Madero", pero también te dije otras cosas que no repetiste aquí, quien sabe por qué.
En fin , voy a referirme a la conversación telefónica que sostuvimos tú y yo y que tú sacaste a relucir. Yo te llamé, y les quiero informar a todos ustedes esto, porque una persona de Acción Nacional nos reportó que en la presidencia municipal de Francisco I. Madero estaba Enrique Agüero y el diputado local, Salas, invitando a los comisariados ejidales, dándoles instrucciones de no recibir a los representante de casilla. El, por supuesto, Enrique, me negó que esto fuera cierto y me dijo: "Tráeme a la persona que te lo dijo y que te lo diga delante de mí". Dije: "Como no, te la llevo, Enrique, pero entonces tú también llévame ante los comisariados ejidales y diles, delante de mí, que vean que las elecciones sean limpias, que vean que reciban a los representantes y que se les entreguen copias de las actas, Enrique", y tú me contestaste que no podías hacer eso; te dije: "Bueno, entiendo que tu partido te lo prohiba". A mí, mi partido no me prohibiría asistir a una reunión de tu partido para escuchar esto, y si tu partido te limita, bueno, allá tú, lo entiendo; pero, entonces, te voy a pedir que hables con los comisariados y les digas que respeten la ley, y me contestaste: "Yo no tengo ascendiente sobre ellos". Y entonces te pregunté, como me pregunto ahora, y como les pregunto a ustedes, ¿cómo entonces ganaste las elecciones si no tienes ascendiente sobre ellos? Dijiste que el Partido Acción Nacional no tiene nada qué hacer. Yo no entiendo por qué dices eso, porque también reconoces que tenemos cuatro diputados federales, y tenemos mucho qué hacer, y hemos estado trabajando mucho, Enrique.
Ahora, cuando tú dijiste que hubo un diputado federal de mayoría, quizá por olvido no mencionaste que ese diputado federal de mayoría de la Legislatura pasada fue precisamente Juan Antonio García Villa. Ese hombre íntegro, que es actualmente diputado local, como lo es el candidato de tu partido allá en Torreón y que tengo entendido que el candidato de tu partido no ha hecho nada como legislador, y el licenciado García ya ha publicado varios folletos de las iniciativas de ley que ha hecho. El ha dado testimonio de que ha cumplido como legislador, y además es hombre de una sola mujer.
Dices tú que los niños están con nosotros. Gracias, Enrique, por reconocerlo. A mí no me interesa tanto ganar las elecciones como ganar las conciencias de los niños, y yo reconozco y agradezco que públicamente tú reconozcas aquí, y te agradezco de veras, de corazón, que te hayas dado cuenta, como se dio cuenta todo Torreón, cuántos niños estaban con nosotros. Nosotros sí invitamos a los niños a los actos políticos, porque queremos invitar, yo soy soltera, pero invitamos a los que tienen hijos para decirles esto: queremos que sus niños vean la conducta que tenemos nosotros y nos oigan hablar, porque los panistas no tenemos una conducta que esconder, sino un ejemplo que dar, y desde niños deben tomarlo. Así es que te agradezco, Enrique, que lo hayas reconocido aquí.
Dices que ocupemos nuestro tiempo en otras cosas. Sí. Nosotros ocupamos todo el tiempo en trabajar por México. Dice el escritor José Fuentes Mares, y no quisiera que esto lo tomaras como referencia personal hacia
ti, necesariamente, dice el escritor José Fuentes Mares que el día que el sistema pierda la capacidad de cinismo, ese día se cae el sistema político mexicano".
Una aclaración , dijiste que ¿cómo era posible que dijéramos que ganamos si no tenemos las actas? Las actas las tenemos de los municipios donde ganamos, Enrique, la intervención de González Domene es una intervención muy seria y dando detalles y cifras de las que tenemos pruebas y tú viniste aquí a hablar, pues quizá es tu estilo esa falta de seriedad en la tribuna, quizá es buen humor, está bien, pero tú no diste un solo dato serio, y él si dio muchos.
Respecto a lo del diputado José Chávez Villegas, él ya te contestará; pero, una aclaración, yo no sé si tú sepas que todos los diputados somos siervos de la Nación y el distrito por el que somos elegidos en la circunscripción por la que somos elegidos, es una forma de llegar a la Cámara; pero una vez que somos diputados, aunque tenemos una responsabilidad mayor con nuestro distrito o con nuestra circunscripción, somos diputados de todo México, de toda la Nación, y tenemos facultades para actuar en toda la Nación (Aplausos)
Ahora bien, te voy a platicar una anécdota; el jueves pasado, dos personas muy cercanas a mí me dijeron que habían detectado una reunión de "porros", y esta persona, un muchacho, llamó por teléfono a la oficina del PRI en Torreón y dijo: "Quiero preguntar - doy mi palabra de honor de lo que voy a decir, porque yo meto mi honor por la persona que me lo dijo; habló por teléfono a la oficina del PRI en Torreón y preguntó -: Dónde va a ser la reunión de "porros". ¿"Quién te invito"? y dijo el nombre de un porro conocido, y entonces dijo: "Y a él quién lo invitó? Y dio el nombre del otro priísta conocido que es Dovalina, de Torreón Jardín, y con esos dos datos, de Allende, el "porro", y de Dovalina, el del PRI, le dijeron a esta persona tan cercana a mí, que la reunión iba a ser en el local de los tablajeros. Por lo tanto, dos muchachos panistas se apersonaron enfrente del local de los tablajeros y tienen fotos de los 250 "porros" que acudieron a esa reunión, y qué curioso, que son los mismos que aparecen en la fotografía de las elecciones del 2 de noviembre en Torreón; eso Enrique, son hechos; eso, Enrique, es verdad y eso Enrique, está a la luz pública y tenemos las fotografías.
Otra cosa, el licenciado Enrique Martínez y Martínez le contestó, cuando el licenciado Juan Antonio García Villa se entrevistó una de las últimas veces con él. Enrique Martínez y Martínez es el secretario general de Gobierno en Coahuila y, como ustedes saben, pues presidente de la Comisión Estatal Electoral, le dijo el licenciado García Villa; "Pero, ¿por qué están ustedes tan descarados?, es que eso es descarado, lo que están haciendo en todo lo previo al proceso electoral. Y le contestó: "licenciado, nosotros hemos estado descarados, y siempre hemos sido del PRI, no me venga aquí a dar muestras de ingenuidad". Esa fue la respuesta de Enrique Martínez y Martínez.
Dijiste tú que nosotros pedimos limosna para pagar las elecciones, sí, gracias, Enrique, por decirlo, porque ése es nuestro orgullo, nosotros pedimos limosna y pedimos dinero, porque nosotros no recibimos un subsidio y nadie nos mantiene ni vivimos del erario público. (Aplausos.)
Tengo muchas cosas que agradecerte el día de hoy, de corazón, Enrique, y te las repito después si quieres, y te las digo en público, y entre otras cosas te quiero decir esto y les quiero decir a todos; dijiste que tú me consideras tu amiga, yo te lo agradezco, Enrique, sólo que te quiero recordar que la amistad es comunidad de ideales y se forja en la lucha desinteresada por un objetivo común, que en este caso es el bien de México. Enrique, esa es la amistad que yo tengo para ofrecer a todos los que quieran trabajar así. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Enrique Neaves Muñiz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados, efectivamente, la política es la actividad excelsa del ser humano. Y esto implica naturalmente honestidad, valentía, para reconocer las situaciones que ésta misma genera. Se ha dicho aquí con mucho tino por la compañera que me acaba de anteceder en el uso de la voz.
Recurrente el gesto de aprovechar como caja de resonancia esta tribuna. Efectivamente, otra vez los partidos, el Partido Acción Nacional viene a esta tribuna y aprovecha la coyuntura para difundir sus puntos de vista y para crear en el contexto nacional, porque naturalmente aquí están representados los medios de difusión más importantes de este país, y ello, para los panistas, significa crear la atmósfera, el ambiente, las condiciones que requieren para ejercer sus presiones sobre el sistema.
Manejaba aquí un compañero diputado de ese partido, con un tono un poquito agrio, el PRI - Gobierno, el sistema. Ustedes, compañeros panistas, también forman parte de ese sistema, este sistema plural, este sistema en que gracias a la reforma política tenemos la oportunidad de estar en esta tribuna los diferentes partidos políticos que con respeto hacen uso de ella, para vertir la defensa de sus argumentos. Este sistema atacado por los panistas y a la vez reconocido, porque están inmersos, porque forman parte de esta Cámara plural y porque aquí tienen, como lo tengo yo también, el derecho de venir a vertir las razones que de acuerdo a sus particulares, respetables, aunque no estemos de acuerdo con ellos, puntos de vista, estiman ustedes que es su verdad.
Como una relación de hechos delictuosos, expresaba también el compañero que hizo uso de la voz, del partido, el compañero Domene. Estas aseveraciones, compañeros diputados de todos los partidos, son datos que no
están estrictamente todavía sancionados. Como coahuilense y como diputado federal a esta honorable Cámara Legislativa, les vengo a decir a ustedes que los hechos que componen la denuncia que aquí se viene a presentar, están precisamente establecidos en la Ley de Organizaciones y Procesos Políticos Electorales del estado de Coahuila de Zaragoza; es ahí, compañeros diputados, donde habrá de ventilarse, donde se están ventilando los hechos cívicos electorales que el pasado domingo se ejercieron en nuestro querido estado; es el propio Comité Municipal Electoral de cada uno de los 38 municipios que constituyen nuestra entidad, es el H. Congreso del estado de Coahuila, constituido en colegio electoral, la autoridad soberana para sancionar estas elecciones; es, en fin, un proceso eleccionario con cauces precisamente localizados, y es, lo reitero, porque ya nos tienen acostumbrados a estas acciones; esta oportunidad también, y la aprovecho como fervoroso priísta para decir que las elecciones del pasado domingo tienen un precedente que sentaron por lo nutrido de la concurrencia a cada una de mil 118 casillas que constituyen en cada uno de los municipios de la entidad.
Ciertamente han sido unas elecciones de una copiosa participación ciudadana, ciertamente los partidos políticos que registraron las candidaturas de sus planillas, realizaron campañas que les permitieron, naturalmente, penetrar en la conciencia ciudadana; pero, ciertamente, y eso es lo que se hablaba aquí de lo que es la política, hay que tener la honestidad, hay que tener la valentía para reconocer los éxitos y los fracasos. Los priístas les hemos puesto la muestra.
Soy originario orgullosamente del municipio de Monclova, Coahuila, en este municipio nos tocó digerir las amarguras de la derrota en las elecciones para la renovación del ayuntamiento de 1978 y de 1982; ahí están las autoridades panistas, y los priístas hemos seguido trabajando, hemos reforzado nuestra vocación de servir al país, y hemos reafirmado la difusión de los documentos básicos de nuestro glorioso instituto político, el Partido Revolucionario Institucional, con las bases populares. La identificación con los obreros, con los campesinos, con los cenopistas, con las mujeres y los jóvenes de nuestro partido, son las que hicieron posible el éxito electoral del pasado domingo. (Aplausos.)
Este procedimiento, compañeros diputados de todos los partidos, ha sido, ciertamente, ampliamente difundido; es el resultado de una entusiasta actitud participativa del electorado coahuilense, pero este también nos crea el marco de que así como hemos respetado la decisión mayoritaria de algunos municipios o distritos, así como priísta exijo que se respete también la voluntad mayoritaria de los coahuilenses manifestada en los 38 municipios, y exijo se respete el dictamen que el Congreso del estado de Coahuila, constituido en colegio electoral, habrá de expedir por mandato constitucional este mismo mes de diciembre. Esa, precisamente es la atribución que les confiere la Constitución a los diputados de Coahuila constituidos en colegio electoral.
No quisiera hacer, ni desde luego pretendo caer en el terreno de la polémica. Siento el compromiso de estar hablando en esta tribuna, el respeto que ella me inspira y me merece, y les quiero decir por último a todos los compañeros diputados de esta H. Cámara, que la actitud asumida por el pueblo de Coahuila fue sensata, fue madura; la politización, de que aquí habló mi compañero diputado Agüero, es cierta y cada quien emite el sufragio de acuerdo al partido que él crea corresponde a sus personales convicciones ideológicas. Pero el pasado domingo se registró un hecho importantísimo, en el que el Partido Revolucionario Institucional realizó intensísimas campañas de concientización, de sensibilización, en el electorado de nuestro importante estado, y el ciudadano emitió el voto. Yo les digo, por último, incurriendo en el riesgo de caer en la reiteración, que respetamos los éxitos de otros partidos, pero que exigimos que se respete la voluntad de nuestro pueblo. Que no se piense que el hecho de venir a usar, y algunos a abusar, de esta tribuna para que esta sea una caja de resonancia en la que se aprovechen las notas informativas de importantes medios de difusión, para crear la atmósfera que ellos creen necesitan para, con presiones, lograr los objetivos que no lograron en las urnas.
Los priístas coahuilenses, conscientes, participativos, serenos e inteligentes, ocurrieron a las urnas con la experiencia que nos ha entregado las derrotas anteriormente sufridas, ciertamente; pero la actitud de los dirigentes de nuestro partido, la actitud que asumió con su interés el Comité Ejecutivo Nacional, como lo asume en todos los estados de la Federación; la entusiasta participación de muchos electores, quedó manifiesta en las urnas, y ahí están en el Congreso del estado, que esta semana se constituirá en colegio electoral. Nos sometemos y les pedimos respetuosamente a todos los demás partidos contendientes, a que respeten el resultado que esa H. Cámara en su oportunidad habrá de emitir a través de los dictámenes correspondientes. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. secretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
5 de diciembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se le concede permiso al C. Carlos Cervera Urmeneta para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que establece las características de las monedas de oro y de plata conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986."
El C. presidente (a las 16:50 horas): -Se levanta la sesión pública, y se cita a la sesión solemne que tendrá lugar mañana, miércoles 5 de diciembre, a las 10:00 horas, en la que se recibirá al excelentísimo señor Belisario Betancourt, Presidente de la República de Colombia, y a sesión ordinaria posteriormente. Se pasa a sesión secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES