Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841206 - Número de Diario 35
(L52A3P1oN035F19841206.xml)Núm. Diario:35ENCABEZADO
Diario de los Debates
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "LII LEGISLATURA"
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., jueves 6 de diciembre de 1984 TOMO III. NÚM. 35
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
INVITACIÓN
Al cuarto informe de gobierno del C. licenciado Tulio Hernández Gómez, gobernador de Tlaxcala, que tendrá lugar el día 8 del actual. Se designa comisión
COMUNICACIONES
De los congresos de Guerrero e Hidalgo, relativas a sus funciones legislativas. De enterado
MINUTA DEL SENADO
ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE INFONAVIT
Proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a comisión
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1983
Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ARTÍCULO 79 CONSTITUCIONAL
Proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII del artículo citado. Se le dispensa la lectura
A discusión el artículo único. Intervienen en pro, los CC., Alberto Salgado Salgado, Francisco Javier Alvarez de la Fuente quien además alude la iniciativa presentada por la diputación del PDM el 16 de octubre, que reforma los artículos 65 y 66 constitucionales y solicita se dictamine. Intervención de la Presidencia al respecto. Se aprueba el artículo único por unanimidad. Pasa al Senado
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1983
Se le dispensa la lectura
A discusión en lo general. Intervienen los CC. para una moción suspensiva, David Lomelí Contreras, misma que impugna Guillermo Pacheco Pulido y, para apoyarla, Francisco Javier González Garza y David Orozco Romo. Se desecha. Hace consideraciones sobre la moción Baltazar Ignacio Valadez Montoya
Continúan los CC., en contra, Luis J. Prieto, Rolando Cordera Campos y Raymundo León Ozuna; en pro, Ricardo Govela Autrey; en contra, Héctor Ramírez Cuéllar; por la Comisión, Manuel Cavazos Lerma; nuevamente, Luis J. Prieto, León Ozuna y Ramírez Cuéllar. Se aprueba con los artículos no impugnados por mayoría
A discusión en lo particular. A debate los artículos 2o., 12 y 13. Intervienen los CC., en contra, Antonio Gershenson; por la Comisión, Rogelio Carballo Millán; nuevamente Antonio Gershenson. Se aprueban en sus términos por mayoría
A discusión el artículo 4o. Intervienen, en contra, el C. Javier Moctezuma y Coronado y, por la Comisión, Ricardo Cavazos Galván. Se aprueban en sus términos por mayoría
A debate los artículos 6o., 7o. y 8o. Intervienen los CC., en contra, Ignacio Vital Jáuregui y Daniel Angel Sánchez Pérez; por la Comisión, Manuel Villa Issa; nuevamente, Vital Jáuregui y Sánchez Pérez. Para alusiones, Vital Jáuregui; finalmente, para hechos, Rubén García Farías. Se aprueban en sus términos por mayoría. Pasa al Ejecutivo
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. ENRIQUE SOTO IZQUIERDO
(Asistencia de 348 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:30 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Tercer Período Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
6 de diciembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Tlaxcala invita a la sesión solemne en la que el Lic. licenciado Tulio Hernández Gómez, Gobernador Constitucional del estado, rendirá su cuarto informe de gobierno, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero e Hidalgo.
Minuta.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Dictamen de primera lectura.
De las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1983.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que adiciona la fracción VIII al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Enrique Soto Izquierdo.
En la Ciudad de México, a las trece horas y cinco minutos del miércoles cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con asistencia de trescientos cincuenta y siete ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos que, en Grado de Gran Collar, le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
La Presidencia considera este asunto de urgente resolución y la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, le dispensa todos los trámites, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
En tal virtud, se pone a consideración de la Asamblea el proyecto de decreto respectivo. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por unanimidad por doscientos sesenta y cinco votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Carlos Cervera Urmeneta, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval en Grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Es de primera lectura.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público emite un dictamen con proyecto de decreto, que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados,
la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el artículo único de que consta el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por doscientos cuarenta y tres votos en pro y seis en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La propia Comisión de Hacienda y Crédito Público signa un dictamen con proyecto de decreto, que establece las características de las monedas de oro y de plata conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Futbol 1986.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea en votación económica dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Edmundo Jardón Arzate; en pro la C. María Luisa Calzada de Campos; por segunda ocasión el C. Edmundo Jardón Arzate; por la comisión dictaminadora el C. Salvador Valencia Carmona; para hechos el C. David Orozco Romo, en contra el C. Héctor Ramírez Cuéllar, para aclaraciones el C. Edmundo Jardón Arzate, y por la comisión el C. Salvador Valencia Carmona.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin ella, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por doscientos trece votos en favor y diecinueve en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidencia comunica a la Asamblea que en el transcurso de la sesión, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el dictamen con proyecto de decreto, que adiciona una fracción VIII al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que dicho dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
A continuación, hace uso de la palabra el C. José Encarnación Pérez Gaytán, para referirse a lo expresado en la sesión de ayer por el C. Alberto González Domene, en la que dijo que el Partido Socialista Unificado de México se había solidarizado, junto con otros partidos, con el Partido Acción Nacional en la protesta contra los procedimientos fraudulentos utilizados el domingo anterior, en las elecciones efectuadas en el estado de Coahuila.
Señala que quiere dejar claro, que una cosa es solidarizarse con un partido y otra es coincidir en algunos aspectos o cuestiones.
Hace consideraciones sobre este particular y termina diciendo que el Partido Acción Nacional pertenece a la clase social de los grandes capitalistas y que el Partido Socialista Unificado de México es un partido revolucionario de trabajadores.
Para aclaraciones y precisar conceptos, interviene el C. Alberto González Domene.
Para aclaraciones e insistir en sus argumentos, vuelve a la tribuna el C. José Encarnación Pérez Gaytán.
Finalmente, para hechos sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el C. Francisco Javier González Garza.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las quince horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, seis de diciembre, a las diez horas.".
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba ... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D.F.
La LI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, invita a usted a la sesión solemne en la que el C. licenciado Tulio Hernández Gómez, gobernador constitucional del estado, rendirá su cuarto informe de gobierno. La ceremonia se efectuará el sábado 8 de diciembre a las 11:00 a.m. en el Auditorio del Centro Cívico de la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, el cual ha sido declarado recinto oficial.
Atentamente.
La comisión.
Tlaxcala de Xicohtencatl, diciembre de 1984".
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados. José Antonio Alvarez Lima, Alma Inés Gracia de Zamora, Sara Esther Muza de Marrufo, Angélica Paulín Posada, José Luis Caballero, Sergio Ruiz Pérez, Rosa Martha Muñuzuri y Arana de Garibo, Albertina Barbosa, Carlota Vargas, Enrique León Martínez, Sami David David, Manuel Iguiniz y Jorge Canedo Vargas.
COMUNICACIÓN
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez:
"Año del Maestro Ignacio Manuel Altamirano". Chilpancingo, Gro., 31 de octubre de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, San Lázaro, México, D. F.
Para los efectos legales procedentes, me permito comunicar a usted que previas las formalidades de Ley la H. Quincuagésima Primera Legislatura del Estado, en su sesión
ordinaria del día 30 de los corrientes, tuvo a bien elegir a los CC. diputados Alberto A. Vélez Avila y profesor César Varela Blanco, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, quienes fungirán el próximo mes de noviembre.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración muy distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente del H. Congreso del Estado, diputado licenciado Antonio Alcocer Salazar."
Trámite: De enterado.
El mismo C. Prosecretario:
"Pachuca, Hgo., a 30 de octubre de 1984.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D.F.
Con toda atención me permito el honor de comunicar a Ud (es) que, la Quincuagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de elegir Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva de este propio honorable Congreso, que fungirá durante el mes e noviembre de 1984, habiendo resultado electos por unanimidad los CC. diputados licenciado Prisciliano Gutiérrez Hernández y P. D. D. Marco Antonio Briones Soto, respectivamente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle(s) las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, C. licenciado Daniel Román Arteaga."
Trámite: De enterado.
MINUTA DEL SENADO
ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL INFONAVIT
El C. Secretario Arturo Contreras Cuevas:
"CC. Secretario de la H. Cámara de Diputados al Congreso de las Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma al artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 5 de diciembre de 1984.
Senador Rafael Armando Herrera M., S. S., senador Mariano Palacios Alcocer, S. S."
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Artículo único. Se reforma el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:
"Artículo 51. Los créditos que el Instituto otorgue a los Trabajadores estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiados de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto derivados de esos créditos."
"El costo de este seguro quedará a cargo del Instituto.
"Los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su voluntad ante el Instituto, en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del Instituto, así como la adjudicación del inmueble libre de aquéllos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que señala el artículo 40 de esta ley, con la prelación ahí establecida cuando así lo haya manifestado expresamente el trabajador, con sólo las formalidades previstas en el penúltimo párrafo del artículo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios. En caso de controversia, el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble".
"En los casos a que se refiere el párrafo anterior, los Registros Públicos de la Propiedad correspondientes deberán efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador y los gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados".
ARTÍCULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, D. F., a 5 de diciembre de 1984.
Senador Celso Humberto Delgado Ramírez, Presidente; senador Rafael Armando Herrera Morales, Secretario; senador Mariano Palacios Alcocer, Secretario."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1983
"Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1983.
Honorable Asamblea: - Con el objeto de que esta Soberanía pueda cumplir con la función que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a la Cámara de Diputados en su artículo 74, fracción IV, en materia de Revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, Las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública rinden el presente dictamen.
En esta ocasión, en la que por tercer año consecutivo corresponde a esta Legislatura examinar el ejercicio presupuestal del Departamento del Distrito Federal, las Comisiones reiteran que el proceso de fiscalización financiera encomendado a la Cámara de Diputados supone diversas actividades cuya realización corresponde respectivamente a las Comisiones Legislativas, a la Comisión de Vigilancia, al Pleno de la Cámara y a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Toca a las Comisiones evaluar el ejercicio presupuestal señalando la observancia de los criterios presupuestales; el grado de planeación; la eficiencia de la gestión financiera y la medida en que se lograron las metas programadas.
Igualmente corresponde a las Comisiones dictaminadoras precisar las causas, efectos y posibles correctivos a las anomalías, insuficiencias, improvisaciones e imprevisiones encontradas en el examen del ejercicio, a fin de que las mismas constituyan un útil marco de referencia en la discusión de presupuestos de egresos para años venideros.
El trabajo de las Comisiones así concebido permite el Pleno, en su carácter de Asamblea deliberante, formular apreciaciones sobre los efectos políticos, económicos y sociales resultantes de la ejecución del presupuesto. Dentro del Pleno toca a los grupos parlamentarios de cada uno de los partidos políticos representados en esta Cámara, el pronunciarse sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, así como sobre lo adecuado o inadecuado de la gestión financiera y administrativa desarrollada por el Departamento del Distrito Federal.
El examen pormenorizado e individualizado de la legalidad y corrección de los actos materiales a través de los cuales se ejerce el presupuesto corresponde, de conformidad con lo establecido por el artículo 74, fracción IV de la Constitución General, a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, encargada de determinar irregularidades y fincar, en su caso, las responsabilidades que se aprecien ante los órganos administrativos y judiciales pertinentes. Estas tareas que se realizan conforme a lo ordenado por la Ley Orgánica de la propia Contaduría y de acuerdo a las directivas que al efecto le dicte la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Las fuentes a partir de las cuales las Comisiones realizan su examen son el texto de la Cuenta Pública presentada por el Ejecutivo Federal, el Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta Pública rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda y las informaciones proporcionadas por el Departamento del Distrito Federal a las Comisiones que suscriben sobre el ejercicio que se examina. El análisis y ponderación de estos materiales constituye el punto de partida del dictamen que ahora se presenta.
Atendiendo a las funciones que al Pleno de la Cámara de Diputados corresponden, las Comisiones han examinado la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1983, conociendo los resultados de lo gestión financiera y evaluando la observancia de los criterios presupuestales y el grado de cumplimiento de los objetivos programáticos señalados en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1983. Estos aspectos se examinan en el dictamen que se rinde.
I. Observancia de los criterios presupuestales.
En el moderno estado de derecho, tanto la recaudación de tributos como su aplicación y gasto se sujetan a normas al efecto expedidas por el Poder Legislativo. Estas directivas a las que debe sujetarse el gasto público son los criterios presupuestales a que alude la Constitución General en su artículo 74 al fijar, como uno de los objetivos de la revisión de la cuenta pública, la comprobación de que el ejercicio se haya ajustado o no a los criterios señalados por el presupuesto.
Dicha comprobación, que la Constitución General encomienda a la Cámara de Diputados, se realiza a través del examen de legalidad del ejercicio del presupuesto.
Los criterios presupuestales se encuentran contenidos en normas de diverso rango o jerarquía. Se cuenta, así con preceptos constitucionales que fijan las bases normativas a las que deben ajustarse el establecimiento y las fuentes de los ingresos, así como algunas otras disposiciones referidas al gasto público. Estos criterios se complementan con las disposiciones vigentes en materia de contabilidad, deuda, adquisiciones, arrendamientos y obras públicas.
A partir de este amplio cuerpo normativo los criterios presupuestales se integran y especifican cada año en las directivas normativas
contenidas en el presupuesto cuyo ejercicio se revisa, así como en las recomendaciones y directivas que la Cámara de Diputados incluye en el Decreto de Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio presupuestal anterior.
Los criterios presupuestales que esta soberanía aprobó dentro del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1983, cuyo ejercicio ahora se revisa, así como los contenidos en el Decreto de Revisión de la Cuenta Pública de 1981, formulados en diciembre de 1982, tuvieron por objeto central el intensificar la disciplina presupuestal y propiciar el saneamiento de las finanzas de la entidad. Es a estas directivas a las que el Departamento del Distrito Federal debió ajustar su gestión durante el ejercicio de 1983.
Específicamente el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1983, estableció los siguientes criterios presupuestales:
- Sujeción a los calendarios de pagos aprobados por el propio Departamento (artículo 5o.)
- Verificación de la necesidad de mayores recursos y examen del estado de liquidez de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria como condiciones para la autorización de transferencias e informe de las mismas a la Secretaría de Programación y Presupuesto (artículo 6o.)
- Asignación adicional de egresos ordinarios excedentes únicamente a los programas prioritarios (artículo 7o.)
- Asignación de ingresos extraordinarios obtenidos por concepto de empréstitos y financiamientos únicamente a los programas específicos para los que hubieren sido contratados (artículo 7o.)
- Vigilancia de la estricta ejecución del presupuesto proveyendo lo necesario para que, en caso de erogaciones no justificadas o no comprobadas, se constituyan las responsabilidades y apliquen las sanciones correspondientes (artículo 9o.)
- Prohibición de contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados o acordar erogaciones que impidan la atención de los servicios públicos. (artículo 10).
- Prohibición de modificar a la baja los presupuestos asignados a los programas prioritarios (artículo 13).
- Prohibición de cubrir gastos por honorarios que supongan incrementos respecto a 1982 y de crear nuevas plazas (artículo 14).
- Prohibición de efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de inmuebles destinados a oficinas públicas, mobiliario, equipo, servicios destinados a programas administrativos, vehículos terrestres, aéreos y marítimos, salvo los destinados a la salvaguarda de la seguridad pública o a programas prioritarios o estratégicos, así como de otorgar prestaciones a funcionarios por concepto de vehículos y combustible y realización de gastos con cargo a la partida de erogaciones imprevistas (artículo 35).
- Otorgamiento selectivo de subsidios y prohibición de otorgarlos cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos (artículo 23).
- Contratación de obra pública conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas vigente (artículo 27).
Por su parte, el artículo 4 del Decreto de Revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1981, estableció como criterios de observancia obligatoria, los siguientes:
- Modernizar la Contabilidad del Departamento del Distrito Federal.
- Fortalecer los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal, cuidando la equidad en la carga fiscal.
- Realizar una adecuación realista de la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal.
- Disponer, expresamente, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1983, que los programas que se establecieran como prioritarios no fueran modificados en detrimento de los recursos que les hubieran sido asignados.
- Eliminar determinados renglones de gastos no prioritarios o no urgentes en caso de que hubiesen limitaciones en los recursos financieros programados.
- Mejorar las técnicas de programación con objeto de evitar que las obras y los servicios indispensables quedaran fuera de los programas correspondientes.
Del examen realizado por estas Comisiones, tanto de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1983, como por los datos en el informe previo elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, y de información adicional solicitada al Departamento por las Comisiones, se desprende que la observancia de los criterios presupuestales mencionados, durante 1983 guiaron el ejercicio presupuestal.
En particular, se aprecia que los criterios presupuestales fueron efectivos para la aplicación de erogaciones derivadas de ingresos excedentes; en lo referente a no contraer compromisos fuera de las limitaciones presupuestales; en lo relativo a la aplicación de recursos a los programas prioritarios; respecto a los requisitos establecidos para el ejercicio de erogaciones por conceptos de servicios personales y a los que obligan a las entidades paraestatales a solicitar autorización previa para conceder exenciones o ayudas de cualquier tipo.
En materia de gasto, el Departamento del Distrito Federal se vio obligado a realizar
ajustes en la calendarización en los pagos y en las ministraciones en razón de los condicionamientos que se describen en los capítulos referidos a la gestión financiera y a los programas.
Respecto a la aplicación de ingresos excedentes, se aprecia que éstos se aplicaron por el Departamento del Distrito Federal de acuerdo con lo señalado por la ley y que los mismos se destinaron a los programas prioritarios, principalmente al de pago de la deuda.
Por otra parte, durante el ejercicio en examen, no se contrajeron compromisos superiores a los límites presupuestales conforme a la revisión y análisis de la documentación e información que el Departamento del Distrito Federal proporcionó a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por lo que atañe a la ejecución del presupuesto, las erogaciones realizadas, en un contexto general, se justifican de acuerdo con los objetivos, metas y acciones de los programas a cargo del sector. Los ingresos provenientes del crédito fueron canalizados a programas específicos y prioritarios.
En materia de servicios personales, las percepciones fueron pagadas en los rangos y niveles establecidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria del sector, observaron en este contexto, las estipulaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo correspondientes. El monto del ejercicio y número de contratos de honorarios durante 1983 fueron sustancialmente menores con respecto a 1982.
No se cubrieron gastos de representación o de naturaleza análoga, mientras que la contratación de personal de carácter eventual se realizó excepcionalmente para cubrir necesidades indispensables, salvo aquellas que, dentro del programa emergente de empleo, fueron previstas en el marco de la política de apoyo al desarrollo social. La creación de plazas se limitó únicamente al caso de los programas prioritarios, previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Durante el ejercicio en examen, no se efectuaron adquisiciones ni arrendamientos destinados a programas administrativos y la adquisición de vehículos se sujetó a las condiciones previstas en el artículo 15 del decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 1983. La partida de erogaciones imprevistas no tuvo cargo alguno durante el período de examen.
En la concesión de subsidios o ayudas otorgadas por entidades paraestatales el Departamento del Distrito Federal informa a estas comisiones que los mismos fueron debidamente autorizados y, en consecuencia, que se observó lo dispuesto por el decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos.
En cuanto a obra pública, a partir de la verificación preliminar realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda, y por las informaciones al respecto proporcionadas por el Departamento del Distrito Federal, se aprecia que la programación de algunas obras se vio afectada por el atraso registrado en la ejecución de los proyectos en proceso durante 1982. Esto provocó que la adjudicación de algunos contratos de obra se llevara a cabo sin la celebración de concursos, debido primordialmente a la urgencia en la realización de algunos proyectos, cuestión expresamente autorizada por la ley de la materia. Es de reconocerse que la mayoría de las obras contratadas por el Departamento del Distrito Federal durante 1983, lo fueron a través de concursos realizados en observancia de las leyes aplicables y que, en las que no se celebró concurso, se cumplieron los requisitos legales fijados tanto por el Presupuesto de Egresos del Departamento como la Ley de Obras y por el artículo 134 de la Constitución General.
Finalmente, la Cuenta Pública y el informe previo muestran que, en materia de ingresos, se cumplieron las disposiciones legales que rigen la actuación del Departamento del Distrito Federal, ya que la recaudación se realizó dentro de los marcos fijados por la legislación tributaria.
Con relación a las acciones desarrolladas por el Departamento del Distrito Federal, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 4o. del decreto de revisión de la cuenta correspondiente al ejercicio de 1981, se aprecia que, durante 1983, el Departamento del Distrito Federal comenzó la modernización de su contabilidad. Para ello se tomaron en consideración, las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; la Ley de Deuda Pública; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Se realizó la renegociación de la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal según se detalla en el siguiente apartado del presente dictamen.
En materia de gasto público se mantuvo un estricto control del ejercicio presupuestal. Se observaron los lineamientos y normas vigentes en la materia para las modificaciones del presupuesto de egresos, que se detallan en el capítulo referido a la gestión financiera y se respetaron los montos y metas de los programas prioritarios. Se implantaron también, mecanismos internos de control presupuestal y seguimiento programático a fin de evitar desviaciones presupuestales y sobregiros en el gasto público.
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 9o. del Decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1983, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, el Departamento creó treinta y cinco contralorías internas encargadas de fiscalizar, entre otras cosas, que toda erogación realizada fuese justificada y acorde con la ley. Como resultado
de su actuación, según informó el Departamento a estas Comisiones, se investigaron durante el año ochocientas denuncias, y se instruyeron doscientos ochenta y cinco procesos de responsabilidad administrativa. Igualmente, las investigaciones dieron origen a que el Ministerio Público ejercitase cincuenta acciones penales y a la consiguiente consignación de 108 personas. En doscientos cinco de los casos investigados se consiguió la reparación del daño.
A través de acciones de regularización y recuperación de anticipos y fondos, se restituyeron al Departamento del Distrito Federal un total de tres mil ochocientos sesenta y siete millones de pesos.
Durante el período de examen comenzaron a implementarse medidas encaminadas a modernizar la administración fiscal. Sin embargo, es todavía necesario desarrollar mayores esfuerzos para su racionalización y reestructuración.
Respecto a lo dispuesto en los incisos e) y f) del decreto de referencia se observa, igualmente, una sensible mejoría toda vez que el gasto fue racionalizado y las técnicas de programación se depuraron considerablemente durante 1983.
II. Gestión financiera
En la revisión de los dos ejercicios anteriores, las Comisiones expresaron con claridad la necesidad de un cambio radical en la estrategia financiera del Distrito Federal.
La debilidad crónica de las finanzas del sector ha derivado tradicionalmente de la incapacidad de recaudar ingresos propios para responder a los requerimientos de la gran concentración urbana del Distrito Federal, y de que esta incapacidad se ha compensado a través de deuda pública, cuyo crecimiento llegó a rebasar los limites convenientes.
Cambiar la estrategia financiera a fin de fortalecer los ingresos ordinarios y disminuir financiamientos y subsidios, así como reestructurar de inmediato la deuda pública acumulada constituyeron las conclusiones básicas de esta soberanía, como condiciones elementales para cumplir con los requerimientos mínimos de los servicios a cargo del Departamento del Distrito Federal.
En la vía de cumplir estas directivas de la Cámara de Diputados, el Presupuesto de 1983 del Departamento del Distrito Federal sufrió severas modificaciones.
En tanto estas modificaciones se vinculan con la reestructuración realizada a la deuda del Sector Distrito Federal, las Comisiones estiman necesario por su descripción y análisis.
1. En el convenio de reestructuración de la deuda del Departamento del Distrito Federal participaron la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el propio Gobierno capitalino.
2. El Esquema sobre el que se realizó la operación fue básicamente la eliminación de la pérdida cambiaria.
3. El Departamento del Distrito Federal se comprometió a no acudir al crédito externo sino de manera limitada y selectiva, con lo que la alternativa fue incrementar los recursos ordinarios y racionalizar el gasto bajo los lineamientos de austeridad presupuestal.
Resultado de lo anterior fue que durante el año de 1983, no obstante que el Congreso había autorizado 155 mil millones de pesos de ingresos por la vía de endeudamiento, sólo fueron contratados 25 mil millones, conformados por 19 mil millones en especie, 2 mil millones en efectivo, 4 mil millones como subrogación para pasivos no documentados y 214 millones para adquisición de autobuses de la Ruta 100.
De esta manera, al no contratarse mayor cantidad de crédito se retrajo el crecimiento de la deuda, lo que redujo notablemente el costo de su servicio.
Se logró, consolidar el pasivo neto al reestructurar los adeudos con Banobras por todos los créditos existentes al 30 de septiembre de 1983, absorbiendo el Gobierno Federal la pérdida cambiaria generada a partir del 1o. de enero de 1982. Se agruparon todos los créditos en uno solo, cuyo monto ascendió a 195 mil millones de pesos a ser cubiertos en 120 mensualidades crecientes, contemplando el pago de intereses con una tasa de sólo el 85% del costo porcentual promedio y con una fórmula de amortizaciones bajas al inicio y crecientes en el transcurso.
En cuanto a los pasivos correspondientes a la deuda externa, éstos estaban constituidos con 31 acreedores por 156 millones de dólares, con vencimientos a 1983, 1984 y 1985. Conforme a la reestructuración dispuesta, 97 millones que vencían en 1983 y 1984 fueron redocumentados a 8 años, incluyendo 4 años de gracia.
En resumen, con la absorción de la pérdida cambiaria por parte del Gobierno Federal, la cual ascendió a 163 mil millones de pesos, se logró reducir el endeudamiento al cierre del ejercicio, a un monto de 235 mil millones de pesos.
El desglose de la deuda al 31 de diciembre es el siguiente:
(Millones de pesos) Saldo al A c r e d i t a n t e 31-XII-83
Banobras 192,719
Compuestos por el saldo al 30 de septiembre de 1983 de 184,988 millones, según convenio consolidado y redocumentación, más la colocación y menos amortización de octubre a diciembre de 1983 por un neto de 7,731 millones.
Urbanizaciones y Asfaltos, S. A. 437
Asociación Hipotecaria Mexicana, S. A. 245
Banca Serfín, S. N. C. 62
Deuda Interna en pesos 193,463
26 Bancos Extranjeros 22,099
Con un adeudo de 153.9 millones de dólares al tipo de 143.62 pesos.
City Bank 5,529
Por Subrogación de créditos de I. C. A. por 38.5 millones de dólares al tipo de 143.62 pesos. ------------
Deuda Externa en dólares 192.4 millones 27,628
Saldo total deuda D.D.F. 221,091
Saldo Total deuda organismos 13,765
Saldo Total Sector Distrito Federal 234,856
Así fue como la reestructuración de la deuda originó una disminución en términos reales, del presupuesto original de egresos, por la cantidad de 100 mil millones de pesos, casi la tercera parte de su monto.
Además de esta modificación sustancial a la baja tuvo otras adecuaciones a la alta, originadas en el aumento salarial y el programa emergente de empleo, cuyos recursos ya estaban previstos en el presupuesto federal y fueron asignados, como es costumbre, al momento de su ejercicio, al gasto del Sector Distrito Federal.
Finalmente, también hubo adecuaciones por nuevas necesidades y por un apoyo extraordinario a la Central de Abastos. Todas las adecuaciones al presupuesto de 1983 están concentradas en el cuadro siguiente:
EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES ENTRE PRESUPUESTOS ORIGINAL, MODIFICADO Y REAL DE 1983
(MILLONES DE PESOS)
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Respecto a las modificaciones en los presupuestos de egresos, las comisiones adelantan las siguientes conclusiones:
1. La reestructuración de la deuda era necesaria y se realizó conforme a las directivas de esta Soberanía.
2. Los aumentos salariales del sector central y los correspondientes a los contratos colectivos de organismos y empresas fueron ineludibles.
3. Los recursos para el programa de empleo estaban previstos en el presupuesto federal.
4. Los recursos adicionales para los programas de obra, seguridad pública, Ruta 100 y Metro se examinan en el capítulo de objetivos y programas.
5. Como gasto excepcional, el Departamento del Distrito Federal hizo frente al adeudo vencido del Fideicomiso de Central de Abastos, del cual el propio Departamento funge como aval.
Advierten, sin embargo, las comisiones, que la compleja situación de la Central de Abastos queda pendiente de definición. Existe un crédito sindicado de 3 mil millones de pesos. Además existía ya un adeudo vencido con un grupo de instituciones financieras por un crédito de 225 millones de dólares. Estos hechos obligaron al Departamento del Distrito Federal, como aval de la operación, a liquidar, de sus ingresos excedentes, 9,141 millones de pesos en 1983, previa autorización de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público. Esta operación muestra la crítica situación que sufre la Central de Abastos.
Cuando el Gobierno Federal tomó la decisión de construirla, el monto del proyecto no rebasaba los 10 mil millones de pesos. Adicionalmente, la contratación del crédito en moneda extranjera se realizó cuando la paridad estaba a $19.25 por dólar.
Con las devaluaciones subsiguientes los adeudos crecieron casi 12 veces, reflejando a la fecha una pérdida cambiaria equivalente a los 30 mil millones de pesos.
Por otra parte, existe el problema de que la venta inicial de bodegas se pactó con los compradores a una tasa de interés fija de 17%, mientras que el costo real de financiamiento se ha incrementado substancialmente.
Por lo anterior, las Comisiones Unidas advierten la necesidad imperiosa de reestructurar la deuda del Fideicomiso de Central de Abastos y de liberar al Departamento del Distrito Federal de su condición de aval.
El presupuesto de ingresos totales sufrió las consecuentes modificaciones, como se ilustra en el cuadro de la página siguiente.
INGRESOS TOTALES POR SECTORES EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO 1982-1983
(Millones de pesos y por cientos)_
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Entendidas así las variaciones presupuestales la Comisión pasa ahora al análisis de la gestión financiera a la vista del presupuesto modificado y del gasto realmente ejercido.
( Millones de pesos )
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En ingreso y gasto corriente el resultado neto de la gestión financiera fue un ahorro de 88 mil millones de pesos, en lugar del déficit esperado en cuenta corriente, por 5 mil millones de pesos. Esto en razón de que, en cifras redondas, los ingresos corrientes fueron de 208 mil millones de pesos, 17% por encima de los estimado, mientras que los gastos corrientes fueron de 199 mil millones de pesos, 35% menos de lo presupuestado.
El ahorro corriente consolidado se debió básicamente a:
1. Un aumento considerable en el renglón de participación del Gobierno Federal, reflejo del incremento recaudatorio de impuestos federales en la entidad.
2. Un ingreso adicional, no programado en le renglón de productos generado por inversiones en valores (CETES) realizadas por el Departamento de Distrito Federal con los excedentes de Tesorería. Estos excedentes provinieron de una recaudación anticipada de ingresos propios debido a los estímulos al contribuyente: las variaciones en el calendario de pagos del Departamento en razón de los ajustes a que dio lugar la nueva normatividad en materia de obra pública; así como en la liquidez que por varios meses se generó mientras se realizaban las negaciones de la reestructuración de la deuda.
3. La reducción de los egresos corrientes destinados a la deuda y su servicio, como efecto de la reestructuración de la deuda pública de la entidad.
Adicionalmente, los egresos de capital, por 129 mil millones de pesos, fueron 7% por encima de los previsto originalmente, lo que contribuyó al déficit de 41 mil millones de pesos, 68% por debajo de los esperado, que fue soportado por 27 mil millones de deuda y 14 mil millones de apoyos fiscales.
El aumento de 7% en los egresos de capital, señalando en le párrafo anterior, se destinó básicamente a obra pública y a adquisiciones de equipo para seguridad pública.
Por otra parte la deuda pública total del sector, al inicio del ejercicio de 1983, fue de 223 mil millones de pesos, la cual aumentó por nuevos créditos que obtuvo el sector por la cantidad de 53 mil millones de pesos, 25 mil millones de financiamiento titulado y 28 mil millones de no titulado. Disminuyó por amortizaciones efectuadas con un importe de 26 mil millones de pesos con lo que el nuevo endeudamiento neto ascendió a 27 mil millones. Adicionalmente, por efecto de intereses devengados y capital no pagado, el endeudamiento se incrementó en 51 mil millones a los que se agregaron primero 84 mil millones y después 13 mil millones por pérdida cambiara. Como de los movimientos antes mencionados se llegó a un total de 398 mil millones de pesos.
Ante esta situación, el gobierno Federal asumió las obligaciones del sector, provenientes de incrementos en su deuda pública y por variaciones de la moneda, por un importe de 163 mil millones de pesos, para llegar a sí a un saldo de deuda total del sector, al cierre del ejercicio de 1983, por la cantidad de 235 mil millones de pesos.
Respecto a la deuda no titulada el Sector por 28 mil millones, que apare en el cuadro de la página siguiente, comprende 20 mil millones más de los inicialmente estimado. Esta variación se explica de la siguiente forma:
A D E F A S
Millones de pesos
Pasivo flotante (ADEFAS) 20,397
ISSSTE, FOVISSSTE y Aseguradora 29
Proveedores y acreedores 5,247
Contratistas 4,377
Adeudos de ejercicios anteriores pendientes de pago 10,744
DEUDA PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO, 1982-1983
(Millones de pesos)
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De la deuda total del sector, 235 mil millones de pesos, 221 mil millones corresponden a la Dependencia Distrito Federal y 14 mil millones a sus organismos y empresas.
En conclusión. la gestión financiera del Sector Distrito Federal en el ejercicio de 1983 acusa los siguientes rasgos fundamentales:
1. Se hizo realidad lo ya impostergable solución del problema de la deuda, la que se realizó con la participación y apoyo del Gobierno Federal.
2. Se adoptaron medidas de racionalidad en le manejo del gasto público.
3. Se incremento en términos relativos la captación de recursos ordinarios.
Dependencia Departamento del Distrito Federal
Analizada la gestión financiera desde la visión de conjunto del sector Distrito Federal las Comisiones Unidas pasan a continuación al examen en particular de la dependencia Departamento del Distrito Federal, de acuerdo al cuadro siguiente:
INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA DOBLE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL SECTOR CENTRAL, 1983
(MILLONES DE PESOS Y POR CIENTO)
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La cuanta corriente del departamento del Distrito Federal registró un ahorro neto de 80 mil millones de pesos, que contrasta con un déficit estimado originalmente en 9 mil millones de pesos; es decir, el ahorro entre el gasto corriente ejercido y el previsto ascendió a 89 mil millones de pesos.
Esta situación obedeció fundamentalmente, como ya se ha comentado, a la absorción de la deuda del sector por parte del Gobierno Federal. Correspondió a la dependencia Departamento del Distrito Federal una disminución de cerca de 90 mil millones de pesos de intereses, presupuestados inicialmente, que no fue necesario pagar.
La cuenta de capital registró una erogación de 121 mil millones de pesos, cifra superior en 5 mil millones a la asignada inicialmente, de 116 mil millones. El aumento se debe principalmente, a gastos adicionales en el capital de obras públicas. Todo ellos resultó en un endeudamiento neto de 41 mil millones, cantidad con la cual se saldó el déficit financiero.
El saldo de 221 mil millones de pesos de deuda pública total de la dependencia Departamento del Distrito Federal se integró de la manera siguiente:
Miles de millones de pesos
Colocación 24.8
Amortización 5.2
Endeudamiento neto 19.6
Intereses y capital no pagado 51.0
Pérdida cambiaria de intereses y capital no pagado 83.9
Pérdida cambiaria al cierre del ejercicio 12.8
Saldo al 31 de diciembre de 1982 216.7
Saldo al 31 de diciembre de 1983 384.0
Absorción de la pérdida cambiaria por el Gobierno Federal (convenio de consolidación y redocumentación de adeudos del 12-II-83) -162.9
221.1
Fuente: Departamento del Distrito Federal, Cuanta Pública del Departamento del Distrito Federal 1893, México, D.F. SSP, 1984 Cuatro Núm. 8, p. 37.
Organismo y Empresas del Sector Distrito Federal
Al desagregar la gestión financiera de los organismos y empresas del sector, las comisiones advierten los siguientes datos básicos:
INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA DOBLE DEL SECTOR PARAESTATAL
(INCLUYE SUBSIDIOS Y APORTACIONES)
(MILES DE MILLONES DE PESOS Y POR CIENTOS)
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El concepto contable de ahorro en cuenta corriente del cuadro anterior, corresponde en realidad a los subsidios y aportaciones que recibieron dichos organismos y empresas, en la forma que se describe en el cuadro de la siguiente página.
Los renglones de subsidio y aportaciones de dicho cuadro ponen de relieve las limitaciones de la gestión de los organismos y empresas.
Reiteran las Comisiones Unidas su convicción de que estas entidades enfrentan un grave dilema estructural: sanear sus finanzas, lo que conllevaría a un impacto social muy fuerte que debe ser cuidadosamente ponderado o seguir indefinidamente la actual política de subsidios que mantiene en forma permanente en riesgo su viabilidad. Una política financiera sana supondría elevar las tarifas para lograr la autosuficiencia de los organismos, lo que aseguraría un servicio de mayor cobertura. En contrapartida, en tanto las tarifas se mantiene bajas no se logra el saneamiento de las finanzas y tampoco es posible proporcionar servicios adecuados.
Este dilema declara una propuesta pronta que verdaderamente resuelva el problema de los servicios en el Distrito Federal.
INGRESOS TOTALES DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 1983 (INCLUYE SUBSIDIOS Y APORTACIONES)
(MILLONES D PESOS)
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Estas Comisiones Unidas estiman oportuno recordar una última reflexión sobre este tema. Es posible encontrar soluciones intermedias en las que los precios y tarifas se elevan en cierta medida sin eliminar por completo los subsidios. Por esto, y con objeto de detener cuentas trasparentes, se requerirá posiblemente, de cambio en la sectorización en empresas descentralizadas del Gobierno Federal, Insisten la Comisiones que resultan apremiantes avanzar en la toma de decisiones en este campo.
En general. al no contar con recursos adicionales provenientes del cobro de sus costos por servicios, jamás podrá el Departamento del Distrito Federal financiar con recursos propios las obras de infraestructura que demanda el conocimiento de la ciudad. Como ejemplos, por ser los de mayor peso relativo, podemos citar la construcción de las nuevas lineas del Metro y las redes de agua y drenaje profundo.
En el ejercicio de 1983, del salario consolidado de la deuda del sector correspondieron a sus organismos y empresas un pasivo titulado a largo plazo por 7 mil millones de pesos, y un pasivo flotante por concepto de intereses por pagar, proveedores y cuentas por pagar asciende a la cantidad de 7 mil millones de pesos.
La disminución neta de la deuda de los organismos y empresas para 1983 fue de mil millones de pesos, menor en 34% a la estimación original. Esta resultó de una colocación de 192 millones de pesos y una amortización de mil 200 millones de pesos.
El total al servicio de la deuda de las entidades del sector paraestatal llegó en el año de estudio a la cantidad de mil 400 millones de pesos, cifra menor en 2 mil 300 millones de pesos (62.0%), respecto al presupuesto original que fue de 3 mil 700 millones de pesos.
En la cuenta de capital el monto de los gastos de los organismos y empresas reflejó déficit, dado que no hubo captación de ingresos; el gasto de capital fue de 19 mil millones de pesos, mayor en 6 mil millones (48.5%) que la estimación original.
Como resultado del capital ahorro corriente y del déficit de capital se llegó a un superávit de mil 600 millones de pesos.
Las Comisiones considera pertinente informar que en dos empresas del sector paraestatal del Departamento del Distrito Federal, Autotransportes Ruta-100 y Servimet, en relación con sus estado financieros, los auditores externos se abstuvieron de presentar opinión. Esto revela de antemano deficiencias en la observación de principios de la contabilidad. Asimismo, esta situación emite un llamado de alerta respecto al estado que guarda la administración de estas empresas.
Es imperativo que el Departamento del Distrito Federal implante es estas empresas los controles que permitan conocer sus activos, pasivos y estados de resultados durante y al finalizar cada año. Sólo así podrá el Departamento del Distrito Federal cumplir cabalmente con sus atributos de control y vigilancia.
III. - CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS COMPRENDIDOS EN LOS PROGRAMAS.
En este apartado analizaremos los programas aprobados en el presupuesto de 1983 para conocer su grado de cumplimiento.
Por las condiciones de la economía nacional durante el ejercicio a examen el presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1983 previo, dentro de un criterio de austeridad y sin desarrollar grandes obras, la realización de 36 programas con objeto de preservar los servicios públicos al nivel indispensable.
P R E S U P U E S T O
(MILLONES DE PESOS)
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Presupuesto
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Presupuesto
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El programa de deuda fue comentado con suficiente amplitud en el capítulo referente a la gestión financiera.
Respecto de los demás programas, éstos sufrieron modificaciones en la asignación de sus recursos debido al incremento de salarios durante el año y, sólo en ciertos casos por haberse advertido nuevas necesidades.
Las modificaciones extraordinarias al presupuesto original, que hay que resaltar, se encuentran e los programas de seguridad pública y comercialización de bienes de primera necesidad.
En Seguridad Pública el presupuesto aprobado originalmente fue de 7,800 millones de pesos y el modificado llegó a 14,800 millones de pesos, es decir, casi se duplicó con objeto de modernizar el equipo de la policía metropolitana al adquirirse armamentos y 604 unidades móviles como patrullas, motocicletas y grúas y de incrementar en 40% el nivel salarial de la corporación.
En cuanto al programa de Comercialización de Bienes Básicos, se aprobaron inicialmente 1,800 millones de pesos, pero se aumentó a 11,900 millones de pesos porque la meta de atender a ocho millones de personas se cambió a 18 millones. Para ello se abrieron 10 tiendas nuevas que se sumaron a las 45 ya existentes.
Por otro lado, respecto a la suma de programas del Departamento es de notarse que cuando se comparan lo presupuestos modificados con el gasto real ejercido, la mayoría denoto una economía. Es decir, en casi todos se erogó de los autorizado en el presupuesto modificado. Tomando el conjunto de programas, el subejercicio fue sólo del 6% del presupuesto total, equivalente a 17 mil millones de pesos distribuidos en lo esencial como se explica a continuación.
En el programa de Transporte hubo una economía de 8,778 millones de pesos debido al retraso de proveedores extranjeros en insumos del Metro. En el programa de Administración hubo una economía de 2,023 millones de pesos debido a plazas no ocupadas, a adquisiciones de equipo no realizadas y a remodelaciones en proceso. En Agua Potable hubo una economía de 1,186 millones de pesos por el retraso en las obras de la linea Picacho, la línea la Viga y en Drenaje se redujo el gasto en 598 millones de pesos también por obras retrasadas del drenaje profundo y de la conservación de redes. En infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, 1,278 millones de pesos, ya que se cumplió con las metas con mayor cantidad de recursos. Finalmente, en Mejoramiento Urbano, por 900 millones de pesos, por rezagos de conservación de edificios.
Si bien en la mayoría de los programas se observa un buen orden en las acciones, alto cumplimiento de los objetivos comprendidos en los programas ciertas modificaciones a los presupuestos originales y posteriormente las economías en los programas mencionados permiten inferir la necesidad de un mayor esfuerzo en le ejercicio de la planeación, particularmente en le área de obra pública, ya que la causa más común en le subejercicio se encuentra en la de obras en proceso, lo que significa que no llegaron a su realización en los momentos programados, por no haber calculado con precisión su capacidad inicial o por no haber ejecutado con eficacia la metas propuestas. Adicionalmente al análisis general anterior, estas Comisiones de los 13 programas considerandos por esta Soberanía como prioritarios y que representan el 73% del gasto ejercido.
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
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Transporte.
El Metro cumplió adecuadamente con sus metas originales: se transportaron 1,117 millones de pasajeros; se adquirieron 43 trenes; se terminaron las líneas 3 Sur, de Zapata a Ciudad Universitaria ( 6.5 kilómetros) y la 6, de Instituto del Petróleo a El Rosario (8.3 kilómetros).
En Ruta-100 hubo diferencias importantes entre sus metas originales y las logradas. Por un lado, la meta de realizar 2,669 millones de viajes - persona - día, dejó de cumplirse en 18%. La razón estriba en que el Departamento se comprometió a rehabilitar 3,000 autobuses durante ese año y sólo lo hizo con 600; 80% menos de lo estimado. Obviamente, el departamento sobreestimó su capacidad instalada en talleres y refacciones y no pudo cubrir su meta. Esto a su vez forzó la modificación de metas correlacionadas en otros rubros para poder cumplir su función primordial de traslado de pasajeros. Al respecto se establecieron 25 nuevas rutas directas dejándose de hacer 44 más que se prometieron. Se establecieron 84 rutas alimentadoras para las zonas periféricas que son 36 más de las que se proyectaron. Se adquirieron 748 autobuses, 448 más de los esperados y, finalmente, se reconstruyeron 65 talleres y se readaptaron 80, meta que no se había considerado inicialmente pero que la problemática requirió.
Así este programa muestra diversas variaciones entendiéndose que su complejidad aún requiere esfuerzos serios en su programación y administración.
Agua potable.
En el programa de agua potable se cumplieron la mayoría de sus metas. También se realizaron acciones importantes adicionales a las previstas y solamente hubo incumplimiento en la construcción de la red primaria.
Se perforaron 29 pozos en Xochimilco, Iztapalapa y Lerma; se realizó la excavación de 2 kilómetros en la primera etapa del ramal sur; se rehabilitaron 441 pozos; se dio mantenimiento a los seis sistemas de abastecimiento de agua potable; se distribuyó agua potable en forma gratuita a la población marginada de Iztapalapa, Tlalpan y Alvaro Obregón; y se amplió la red secundaria de agua potable en 8 kilómetros, beneficiando a la población de las delegaciones Gustavo a Madero, Xochimilco, Magdalena Contreras e Iztapalapa.
Respecto a la construcción de red primaria, se proyectaron 17 kilómetros y se alcanzaron sólo 8 kilómetros, debido a que la ampliación de la línea Picacho aún se encuentra en proceso.
Seguridad pública.
Se adquirió un total de 604 unidades móviles diversas; se incrementó en 40% el salario del cuerpo policiaco; se reestructuró la Academia de Policía con el fin de desarrollar profesionalmente la carrera policial; y se instrumentó el Plan Alfa para dar mayor seguridad a zonas escolares, áreas marginadas, embajadas, bancos y edificios públicos, entre otros. Acciones todas éstas que no se habían programada originalmente pero que reconociendo su necesidad se incluyeron en las adecuaciones presupuestales, duplicando su presupuesto como ya lo habíamos hecho notar anteriormente.
Drenaje.
En cuanto al programa de drenaje, se cumplieron todas sus metas e inclusive algunas de ellas muy por encima de lo estimado, por ejemplo se terminaron por adelantado las obras de la Laguna de Regulación de Iztapalapa, en beneficio de 260,000 habitantes.
Otros logros fueron los siguientes: se terminaron las obras del interceptor centro - poniente con 7.75 kilómetros y se concluyeron 11.5 kilómetros de colectores (7.5 kilómetros en pueblos del sur; 2.5 kilómetros en Xalpa, Aztahuacán y 1.5 kilómetros en San Sebastián Tulyehualco); se desazolvaron 250,000 metros cúbicos de la red secundaria, 200,000 metros cúbicos más de los programados; 140,000 metros cúbicos del interceptor poniente, 60,000 metros cúbicos más de lo estimado; 80,000 metros cúbicos de las presas del poniente, 50,000 metros cúbicos más de lo estimado y 50,000 metros cúbicos del Río Buenaventura; se dio conservación y mantenimiento a 644 kilómetros de la red.
Seguridad social.
Las acciones de este programa están encaminadas a proporcionar los servicios sociales que los trabajadores al servicio del Departamento del Distrito Federal requieran para mejorar sus condiciones de vida. Por tal motivo, las metas programadas originales se mantuvieron constantes permitiendo así alcanzar el 100% de la realización de cada una de ellas.
Imagen urbana, saneamiento y limpieza.
La meta original programada y cumplida de la estación de medición y diagnóstico fue detectar y diagnosticar 300,000 vehículos que contaminan el medio ambiente.
Por lo que respecta a la recolección y tratamiento de basura, fueron programadas originalmente 200,000 toneladas de tratamiento de desechos sólidos. Se modificó a la baja para quedar en una meta de 104,000 toneladas, de la cual sólo se cumplió con la mitad. A través del programa emergente se recolectaron 3,816 millones de toneladas, lo que equivale a 10,500 toneladas diarias; se logró un 88% de avance en la construcción de una planta de incineración en San Juan de Aragón y en Tlalpan se dio inicio a la construcción de otra que registra un 50% de avance. De estas dos últimas acciones sólo existía
programada la construcción de una planta. Asimismo, fueron construidas 9 estaciones de transbordo en otras tantas delegaciones, que se emprendieron adicionalmente a las metas originales.
Salud.
Ante la imperiosa necesidad de proporcionar a la población los servicios mínimos necesarios de salud e higiene se establecieron como metas: atender a 1'800,000 personas en los hospitales de traumatología y servicios médicos generales; realizar 147 campañas de autoprotección de la salud; adquirir y distribuir 7,000 litros de plasma; adquirir e implantar 450 órganos y tejidos y suministrar 1'000,000 de medicamentos a precios reducidos.
Las metas programadas se cumplieron en 95% aproximadamente, salvo en el suministro de medicamentos; a pesar de la meta modificada de 400,000, sólo se pudieron proporcionar 100,000 a bajo costo, por la escasez de materia prima, lo que representó un variación del 75%.
Las campañas efectuadas de autoprotección de la salud se incrementaron en 87%. También se dio mantenimiento a 24 hospitales, cumpliendo así las metas previstas para 1983. Se inició el proyecto del Hospital Rubén Leñero, no programado originalmente.
Programas educativos.
El Departamento del Distrito Federal en materia educativa sólo tiene a su cargo la construcción y conservación de instalaciones escolares.
Para 1983, en los cuatro niveles escolares se establecieron como metas la construcción de 83 escuelas y la conservación de 1,222 planteles con la siguiente distribución:
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La meta de conservación y mantenimiento a escuelas se rebasó en 17% al efectuarse obras de conservación, no programadas originalmente, en 12 escuelas de educación media tecnológica.
El Departamento del Distrito Federal proporcionó terrenos por 440,000 metros cuadrados para los tres niveles escolares que los programas contemplaron para la construcción de planteles, lo que permitió efectuar y superar las metas en la construcción de escuelas primarias y de secundaria general en 260% y 135%, respectivamente, con beneficio para 17,300 educandos. Por otro lado, se dejaron de hacer seis jardines de niños de los 36 programados.
Vivienda.
En este programa se contempló en su composición original el realizar 3,536 acciones de autoconstrucción, regeneración y vivienda terminada en el período comprendido de enero a diciembre de 1983; se realizaron 4,318, cantidad superior a la programada original en 782 acciones, para lo que se amplió su presupuesto en 1,560 millones de pesos.
Suelo.
Para el ejercicio de 1983 se programó originalmente adquirir 185,500 metros cuadrados para ampliar las construcciones destinadas a la prestación de servicios públicos, meta que fue modificada por la adquisición de 209,600 predios, cumpliéndose en 100%.
En cuanto a la meta original de expropiación, también se cumplió al 100% y se vio incrementada al rescatarse 1,529 hectáreas de terrenos del Desierto de los Leones para restauración ecológica.
Protección social.
Las metas programadas dentro de este rubro fueron realizadas con la finalidad de brindar protección social a los menores desvalidos, adultos indigentes y a los núcleos de población menos protegidos económica y socialmente.
Las metas alcanzadas no tuvieron variación alguna respecto a las modificaciones y programadas teniendo así que en protección social y servicio voluntario se brindó protección a 103,000 personas desvalidas e indigentes.
En construcción y conservación de edificios para la protección social se programó rehabilitar cuatro albergues, meta que se logró cumplir al 100%, siendo éstos: Casa de Protección de Legaria, Villa Estrella, Cascada y Héroes de Celaya.
Regularización de la tenencia de la tierra.
A través de este programa, originalmente se pretendió regularizar 106,000 predios y escriturar 50,000 propiedades. Sin embargo sólo se regularizaron 32,077 predios lo que representó un 30% de la meta original prevista; se escrituraron 38,193, 76% de lo programado.
En conclusión, las comisiones estiman con las salvedades señaladas, que en términos generales los objetivos de los programas fueron cumplidos razonablemente. En particular el cumplimiento de las metas financieras fue satisfactorio en virtud de que se cumplieron en un 94% del presupuesto modificado.
Las excepciones denotan una vez más enormes dificultades a que se enfrenta el ejercicio de la planeación en una urbe de la complejidad de la nuestra.
Sin embargo y sin desestimar los esfuerzos realizados, en varios subprogramas se requiere mayor consistencia en la denominación de las metas y que éstas estén relacionadas directamente con los recursos presupuestales, para poder evaluar su eficiencia.
IV INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA METROPOLITANA
Conscientes de la responsabilidad - asumida plenamente por esta soberanía - de cumplir la función parlamentaria de control de la Administración Pública, atendiendo en esta fase a la calidad de la gestión económica y administrativa del Departamento del Distrito Federal, las Comisiones Unidas no se limitaron este año - como no lo hicieron en los dos anteriores - al análisis del cumplimiento de los criterios presupuestales, a la evaluación de la gestión financiera y al cumplimiento de los programas.
En tanto han reiterado su convicción de que los instrumentos administrativos del Distrito Federal, su capacidad de planeación y su hacienda pública - a la zaga de problemas acumulados en décadas - no responden ni a la magnitud ni a la complejidad de los requerimientos derivados de una prolongada inercia centralizadora, las comisiones unidas del Distrito Federal y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta LII Legislatura sostiene hoy, en su tercero y último dictamen sobre la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal que - sin demérito de los esfuerzos correctivos registrados en el presente ejercicio - no contemplan todavía las medidas tendientes a la transformación estructural capaz de ofrecer soluciones de fondo a la severa problemática de la urbe.
Con una densidad demográfica de 5 mil 970 habitantes por kilómetro cuadrado, la concentración urbana del Distrito Federal reclama profundos esfuerzos de transformación, cuyos efectos no se verán de un día para otro.
Si se incluye en el análisis la extensión del Distrito Federal y las poblaciones contiguas - con las que se integra la llamada Zona Metropolitana de la ciudad de México en tanto estas últimas gravitan sobre numerosos aspectos de la gestión pública de la capital federal, la tasa de crecimiento anual alcanza del 48%, a lo largo de la de cada que media entre los dos últimos censos, al pasar de 8 millones 656 mil 851 habitantes en 1970 a 14 millones 557 mil en 1980. Los municipios conurbados del estado de México contribuyeron a este crecimiento en forma alarmante, con una tasa de 10.8% anual, en contraste con el Distrito Federal que fue del 2.5%. Estos datos, en tanto reflejan un crecimiento demográfico regido por el fenómeno de la migración a la zona metropolitana, subrayan la evidencia de que la solución a los angustiosos problemas de gestión pública en la urbe pasan, necesariamente, por la solución de los problemas del desarrollo desigual de la nación, tanto en sus aspectos sectoriales y sociales, como regionales.
En efecto, si en la zona metropolitana se concentra alrededor del 20% de la población total del país, y el 35% de la población urbana, este desequilibrio muestra claras correspondencias con el de la concentración de las actividades económicas.
La zona metropolitana participa con alrededor del 42% del Producto Interno Bruto no agrícola nacional; absorbe el 48.5% de los ingresos brutos totales de la industria de transformación; 52.6% de la rama de servicios; el 45.5% de la comercial, y el 60% en el sector transporte. Asimismo concentra el 68.3% de los préstamos hipotecarios y en ella se realiza el 72% de las inversiones en acciones, bonos y valores.
A ello hay que agregar que la excesiva concentración de actividades económicas y de servicios ha reproducido la desigualdad al interior de la urbe: existe una segregación económica de clases sociales y una estratificación polarizada de los ingresos y del consumo que afecta a la mayoría de sus habitantes.
Además, la ciudad de México, como núcleo de decisión política del país y asiento del Gobierno Federal es la sede de un importante sector social medio y constituye el centro cultural y universitario principal del país. Por otra parte las principales inversiones tanto del sector privado como del público y del social, se han concentrado en la ciudad capital, provocando una expansión urbana acelerada y sin proporción con las condiciones imperantes en el resto de las entidades federativas.
Ante las perspectivas que ofrecen estas realidades estructurales, la gestión pública en el Departamento del Distrito Federal no podrá por sí mismo superar las inercias de la concentración en todos los órdenes, mientras se mantenga a sus alcances locales.
Los datos que documentan estas limitaciones son elocuentes, la expansión de la mancha urbana ha propiciado que solamente persistan 139,800 hectáreas de bosques, debido a los desmontes para fines agrícolas, pastoreo irracional, incendios forestales intencionales, plagas y urbanización incontrolada, acciones que han ocasionado además, que la ciudad de México cuente con uno de los índices más elevados de contaminación en el mundo. Sin
menospreciar las acciones del Departamento del Distrito Federal registradas en el ejercicio que se analiza, en el orden de la conservación y mejoramiento del medio ambiente, mediante la preservación y ampliación de las zonas verdes en las 16 Delegaciones, así como el evitar la instalación de nuevas industrias altamente contaminantes o consumidoras de grandes volúmenes de agua y al ampliar la cobertura de regeneración forestal de los Bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón, la visión de perspectiva en que se esfuerzan las Comisiones Unidas conduce a la conclusión de que todavía esperan las soluciones de fondo, algunas de las cuales ya están apuntadas en el programa de Reordenación Urbana y Desarrollo Ecológico sometido a estas fechas a la consulta popular de la ciudadanía.
Situada a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel de mar, que de por sí provoca un déficit de oxígeno de 23%, y rodeada por la cadena montañosa del eje volcánico, nuestra contaminada urbe encuentra en esos condicionamientos físicos grandes dificultades para la purificación de su atmósfera, degradada por 6 mil toneladas de contaminantes al día. Estas provienen en un 85% de vehículos de combustión interna, y en 15% de instalaciones fabriles y de servicios. Se ha llegado a estimar el aumento de contaminación en la urbe, en un 850% en los últimos 20 años. En la zona norte de la metrópoli la concentración de partículas en la atmósfera llega a 532 miligramos por metro cúbico; las normas vigentes señalan como límites de tolerancia 75 miligramos.
Impacta, a este respecto, la reducción de los espacios rurales por su cambio a uso urbano, limitado las posibilidades de las actividades agropecuarias; por ejemplo: en 1950 se cultivaron 42,000 hectáreas; en 1980, solamente 28,000. Esto significó una reducción de más del 33% en un período de 30 años, con un promedio de 500 hectáreas por año. En la actualidad este proceso devora más de 1,000 hectáreas anuales.
Para el período comprendido entre 1950- 1980, la superficie destinada a la agricultura se redujo en las Delegaciones de Iztapalapa en un 54%, en Magdalena Contreras 30%, en Alvaro Obregón un 36%, y en Xochimilco en 14%. Incluso en las Delegaciones de Milpa Alta en que se incrementó la agricultura en un 69%; de Tláhuac, en 21% y de Tlalpan, en 58%; esto se realizó a costa de la depredación de los bosques, con los problemas ecológicos que significa desforestar las zonas con pendientes pronunciadas.
La población económicamente activa del sector agropecuario, que fuera del 5% del total en 1950, se redujo a sólo el 1% en 1980, no obstante que en Milpa Alta el 37% y en Tláhuac el 16% de la población económicamente activa se dedica a actividades agropecuarias y forestales.
Con respecto al recurso silvícola, éste se ha visto seriamente reducido, ya que de las 88,000 hectáreas de la superficie forestal, solamente se encuentran arboladas con mayor o menor densidad 48,800 hectáreas; asimismo, los bosques han perdido el 83% de su biomasa, la cobertura arbórea es apenas un 34% de su original, y la fauna ha sido arrasada, teniendo como resultado que el equilibrio biológico entre las especies se haya alterado, permitiendo el surgimiento de plagas y enfermedades. El problema se ha acentuado con los incendios y el sobrepastoreo que han impedido la regeneración de los bosques, condenándolos a una degradación inexorable.
La horticultura que se desarrolla en Xochimilco, Mixquic, Topilejo y Tlalpan está en peligro de extinción, ya que los productores sólo tienen acceso a agua contaminada. La explotación de los acuíferos, sin ningún control, ha tenido un efecto importante sobre las zonas agrícolas de Xochimilco y Mixquic: las aguas con que antes se cultivaba la mayor parte de hortalizas que se consumían en el Distrito Federal no sólo han disminuido en volumen, sino que también han sido contaminadas por los desechos de las viviendas que ahora sustituyen a los campos agrícolas.
En cuanto a los servicios, la aglomeración urbana provoca un déficit crónico en la prestación adecuada de algunos satisfactores vitales. En este punto destaca de manera grave la desproporción entre la magnitud de los problemas y la insuficiencia y la incapacidad de los instrumentos administrativos y las políticas financieras.
Entre 1960 y 1980 se incrementó en alrededor de dos veces el caudal de agua potable a la zona suministrado de fuentes externas a la metrópoli. Su consumo en el último año mencionado fue aproximadamente el equivalente de lo que consumieron los 20 centros urbanos que le siguen en tamaño y, todavía así, cerca de dos millones de habitantes del área carecen hoy de un suministro adecuado del líquido.
Las dificultades que condicionan el servicio del agua son principalmente la creciente demanda frente a lo deficitario del sistema. En el orden administrativo sobresalen la falta de un padrón de usuarios completo, la baja eficiencia en el proceso de medición, facturación y cobro, y una estructura de tarifas del servicio por debajo de su costo real, que no ofrece la posibilidad de fijar cuotas con base en el destino y el uso de agua.
La calidad del agua se controla mediante 244 plantas de cloración y 4 plantas potabilizadoras.
El servicio de drenaje tiene una cobertura del 74% de la población con una red primaria de 1,200 kilómetros y una red secundaria de 12,000 kilómetros; además se cuenta con 52 plantas de bombeo, tanques de tormenta,, cauces abiertos, ríos entubados y 90 kilómetros de drenaje profundo.
En cuanto al tratamiento y reuso, se cuenta con 9 plantas de tratamiento con una capacidad de 4.8 metros cúbicos y 419 kilómetros de redes para la distribución del agua renovada.
Las dificultades que afronta este servicio son todavía más complicadas que las del abastecimiento de agua, ya que el crecimiento de la zona urbana y el hundimiento del suelo hacen que la infraestructura se torne rápidamente obsoleta. A esta situación se añade la interferencia con otros servicios, que obliga a modificar las instalaciones, disminuyendo la capacidad de conducción del funcionamiento de las instalaciones se entorpece con la presencia de azolves, basura y desperdicio que los habitantes arrojan a barrancas y cauces.
Durante la época de estiaje, el déficit de agua se incrementa debido al aumento de la demanda que se origina por las altas temperaturas, así como a la disminución del volumen de captación del sistema Lerma.
Por falta de fuentes de abastecimiento alternas, la sobreexplotación de las fuentes subterráneas afecta a una gran cantidad de estructuras.
La zona metropolitana de la Ciudad de México recibe alrededor de 37.4 metros cúbicos por segundo de agua para todos los usos, de los cuales se desperdicia cerca de 30% por malas condiciones de las redes conductoras. Los 1,300 millones de metros cúbicos al año, que implican esta cifra, según se ha estimado, equivalen a consumir el volumen total del Río Balsas en nueve años.
El caudal disponible de agua para abastecer a la ciudad se capta mediante 1,132 pozos y algunos manantiales localizados en el surponiente del Distrito Federal; además se transfiere agua superficial del Río Cutzamala.
Para conducir el agua se cuenta con 443 kilómetros de líneas que abastecen 200 tanques de almacenamiento, con 102 plantas de bombeo distribuidas en la ciudad.
La distribución de agua a los usuarios se realiza mediante una red primaria de 542 kilómetros de longitud y una red secundaria de 12,000 kilómetros.
La generación de basura representa en el Distrito Federal otro agudo problema ambiental, social y económico; se estima en 817 gramos diarios por habitante, lo que da un promedio total de 12 mil toneladas de desechos al día que algunos cálculos hacen llegar a 30 mil. Para las 16 Delegaciones se cuenta con 1,436 unidades recolectoras de desechos sólidos; además existen 230 barredoras, 30 cajas de transferencia y 56 tractocamiones para el arrastre de las cajas. Se encuentran en proceso de instalación dos plantas incineradoras y para la disposición final se cuenta con 59 unidades de diferentes tipos y capacidad. Los asentamientos irregulares, en cerros y cañadas, imposibilitan la recolección de basura en estas regiones.
En el renglón de alumbrado público las comisiones advierten una sensible mejoría. Actualmente se cubre casi la totalidad del Distrito Federal a través de 306,831 luminarias de diferentes capacidades: de vapor de sodio de alta presión, vapor de sodio de baja presión, vapor de mercurio, fluorescentes e incandescentes.
En cuanto a construcción y reconstrucción de calles y avenidas, el Distrito Federal cuenta con aproximadamente 100 millones de metros cuadrados pavimentados, de los cuales el 95% lo están con asfalto. Su desgaste se acelera por diversos factores ambientales como la lluvia, los cambios bruscos de temperatura y los movimientos telúricos, además de los daños causados por los usuarios en la carpeta asfáltica por el derrame de combustible, aceite y basura, lo que provoca constantes apariciones de grietas, corrimientos y baches.
Para cubrir las necesidades de construcción, reconstrucción y bacheo en la Ciudad de México, es necesario producir 5 mil toneladas anuales de concreto asfáltico, para lo cual se cuenta con una sola planta para producirlas. La disponibilidad de roca en la cantera que se encuentra en explotación es del orden de aproximadamente 600 mil kilómetros, lo que representa el abastecimiento de materia prima para menos de un año, y hace necesaria la localización urgente de otro banco de material pétreo.
En orden de prioridades, las instalaciones que requieren de un mayor y continuo servicio de mantenimiento son: las vías rápidas y preferenciales - como el Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior - las vías radiales y todo el sistema reticular de ejes viales.
El déficit habitacional tiende a acumularse sin que las previsiones y la capacidad actual permitan vislumbrar su alivio en el futuro.
Por falta de control de los asentamientos humanos existen aproximadamente 500 colonias con 700 mil predios de asentamiento irregular.
Del total de la superficie que comprende la Zona Metropolitana, la vivienda ocupa el 42.3% del suelo, y a su vez la vivienda popular representa aproximadamente el 70% de la vivienda total.
No obstante los esfuerzos del Gobierno, las necesidades de vivienda se han acrecentado, alcanzando niveles críticos; se estima que el déficit es de 800,000 viviendas.
El 65% de las viviendas del Distrito Federal son construidas de madera provisional a través de la autoconstrucción.
Se estima que en el período 1983-1988 el total de unidades de vivienda que se requerirá será de 250 mil unidades, sólo en razón del crecimiento poblacional y 135 mil unidades por necesidades de reposición de vivienda.
Como las comisiones lo han reiterado en los dictámenes anteriores, la situación crítica del transporte urbano y la multiplicidad de sus efectos sobre la vida de la ciudad se manifiestan por la duración excesiva de los tiempos de traslado.
A pesar de que este servicio consume una parte desproporcionada de los recursos totales del presupuesto de la entidad y que desencadena los mayores esfuerzos y angustias financieras de los gobernantes, son graves las
insuficiencias y deficiencias de los sistemas de transporte urbano. Estas afectan a los propios usuarios, lesionando también la convivencia social y al conjunto del sistema productivo.
El Metro tiene en la actualidad una red de 105 kilómetros en servicio, constituida por seis líneas con un total de 1,877 carros en operación. El sistema de transporte de autobuses urbanos se encuentra integrado por una red de rutas directas y de servicios alimentadores, con un promedio de 6,245 unidades; por su parte el servicio de transportes eléctricos cuenta con una red de 317 kilómetros para los trolebuses y 30 de tranvías en servicio; los automóviles de alquiler, en sus diversas modalidades, son cerca de 88,900 unidades.
En la Ciudad de México se realiza un total aproximado de 22.8 millones de viajes/personas/día; el gobierno capitalino tiene una cobertura de atención del 55% del total de viajes realizados. Existen 2.2 millones de vehículos, de los cuales el 97% son particulares y el 3% de uso colectivo; la transportación de viajes/persona/día se realiza en un 82% en vehículos de uso colectivo y el resto en vehículos particulares.
El sistema vial primario del Distrito Federal se ha caracterizado por la falta de continuidad de sus arterias y, por ende, en insuficientes rutas alternativas entre origen y destino de los usuarios; aunado a este problema está la falta de estacionamientos y los sistemas de semáforos indebidamente sincronizados, así como otras fallas en las señales de tránsito.
Este sistema vial está constituido por dos anillos concéntricos, vías radiales, una serie de ejes transversales que forman una retícula llamada ejes viales, y otras vías importantes. Sin embargo, la estructura es incompleta e insuficiente para atender la demanda de transportación.
Respecto a abasto y comercialización, a partir de la nueva Central de Abastos, que sustituye a la antigua Merced, existen 285 mercados públicos, 65 tiendas de Departamento del Distrito Federal y 20 mercados sobre ruedas con 6 rutas, además del la red de distribución de productos básicos del Gobierno Federal.
Diariamente ingresan a la ciudad alrededor de 13,400 toneladas de frutas y verduras, y 3,597 toneladas de abarrotes. No obstante, los mecanismos y agentes que intervienen en el acopio de dichos productos son excesivos, lo que tiene implicaciones negativas tanto para productores como para consumidores.
Esta situación se genera por las condiciones estructurales de la producción agrícola, pecuaria y pesquera, y por la limitada infraestructura de acopio, transformación y distribución, así como por la falta de apoyos crediticios.
Actualmente el proceso de industrialización está altamente concentrado en el Distrito Federal y su periferia, habiéndose acentuado este hecho con estímulos otorgados a través de los subsidios a precios y tarifas de insumos y servicios básicos.
En cuanto a los servicios de salud, tradicionalmente la medicina privada ha mostrado una tendencia constante a concentrarse en la Ciudad de México, ya que en este lugar ha encontrado rentables las inversiones que realiza. Pero también las instituciones públicas de salud han instalado en el Distrito Federal sus unidades más grandes de servicio.
En contrapartida, aproximadamente el 70% de la población capitalina se encuentra amparada por las instituciones de seguridad social; adicionalmente el Departamento del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, cuenta con una amplia infraestructura consistente en 16 hospitales generales de emergencia, 8 unidades médicas más en reclusorios, 2 módulos - quirúrgicos y 198 consultorios periféricos; además de contar con 1,757 médicos, 524 enfermeras tituladas, 1832 auxiliares de enfermería y 716 técnicos y paramédicos.
No obstante esta alta concentración de recursos para la salud, si bien resulta en cantidad suficiente al confrontarse con la población total, no lo es así por su ubicación, grado de utilización, calidad de los servicios, y de manera fundamental, por las dificultades para la prevención de las enfermedades.
El marginalismo social dentro de la urbe se traduce en estratos de la población desvalida o indigente, difícil de cuantificar, pero incontrastablemente mayor a la capacidad de la urbe para atenderla.
De la mayor gravedad entre los problemas de la capital, el de la seguridad pública enfrenta adversidades de orden interno y externo.
De índole interno son la desorganización en algunos sectores de la policía; el burocratismo y la corrupción; deficiencias en la capacitación y el adiestramiento del personal; equipos obsoletos e insuficientes e inhibición en la actuación de algunos elementos. Todo ello sin desestimar los extraordinarios esfuerzos que empiezan a registrarse en el ejercicio que se analiza.
De índole externo son los altos índices de riesgo y delincuencia provocados por causas estructurales en el crecimiento y evolución de la ciudad, que originan desajustes sociales e incrementan los índices delictivos. Esta situación se ha agravado por efectos sociales de la crisis.
En educación, cultura, deporte y recreación, el Distrito Federal concentra gran parte de la infraestructura existente en el país; sin embargo, existe insuficiencia, debido a la creciente demanda que imponen la fuerte presión demográfica y los desequilibrios en términos del beneficio desigual que reciben los habitantes. En educación, la atención que se proporciona es aproximadamente de un 110% de los estudiantes de primaria y del 96% de los de secundaria, ya que se atiende en estos niveles a población que reside en zonas conurbadas
del estado de México. La tasa de analfabetismo global alcanza un 4%, sin contar el analfabetismo funcional.
En materia cultural, deportiva y recreativa, las delegaciones presentan problemas específicos, ya que la mayoría de los centros culturales y áreas recreativas están concentrados en el centro de la ciudad, dejando rezagadas las áreas aledañas.
El actual sistema de impartición de justicia civil resulta insuficiente para atender las demandas de la población de la Ciudad de México, debido al incremento de las mismas y a la carencia de equipos modernos adecuados, lo que trae como consecuencia la falta de atención dinámica en el trámite de los asuntos y la insuficiencia de los servicios de asesoría jurídica gratuita.
Constituye una dramática advertencia sobre los riesgos reales que en el orden físico y social corre esta concentración urbana por sus problemas acumulados en materia demográfica, de asentamientos humanos, de destino y uso del suelo, de vivienda, de abasto, de dotación de agua potable, de encauzamiento de aguas residuales, de transporte, de basura y contaminación, así como de sus efectos en la salud física y mental de la población, la catástrofe de San Juanico.
V. CONCLUSIONES
1. Criterios presupuestales
De la presentación hecha hasta este punto, las Comisiones Unidas consideran que esta Soberanía tiene a su disposición mejores elementos que en años anteriores para ponderar el ejercicio de 1983 del Departamento del Distrito Federal, en tanto, en el primer capítulo se ha precisado el concepto de criterios a que debe ajustarse el ejercicio presupuestal; se han determinado las fuentes normativas de dichos criterios y éstos se han especificado y enumerado como marco expreso de referencia para el cotejo preciso con el ejercicio que se analiza.
De este cotejo las Comisiones Unidas han podido establecer que la observancia de los criterios presupuestales durante 1983 fue significativamente mayor que en ejercicios anteriores: que en materia de gasto público se mantuvo un estricto control del ejercicio presupuestal, se observaron los lineamientos y normas vigentes en la materia para las modificaciones del presupuesto de egresos, se implantaron mecanismos internos de control presupuestal y seguimiento programático a fin de evitar desviaciones presupuestales y sobregiros en el Gasto Público, y se crearon los mecanismos jurídicos y las condiciones políticas y administrativas para una mejor vigilancia de la legalidad de las conductas públicas, así como para sancionar a quienes incurrieron en responsabilidades.
2. Gestión financiera
Las Comisiones Unidas han realizado un singular esfuerzo para esclarecer y expresar con la mayor llaneza, ante esta Soberanía, los movimientos realizados en este campo por el Departamento del Distrito Federal durante el año de 1983.
Los puntos sobresalientes del ejercicio en el orden de la gestión financiera fueron:
a) Se reestructuró la deuda del Departamento del Distrito Federal, conforme a lo recomendado por esta Soberanía, lo que produjo modificaciones sensibles en los presupuestos de ingresos y egresos, que se realizaron conforme a las normas y los procedimientos vigentes.
b) Se adoptaron medidas de racionalidad en el manejo del gasto público.
c) Aunque se incrementó en términos relativos la captación de recursos ordinarios, con lo que se avanzó en el saneamiento de las finanzas, la situación de este rubro todavía no es adecuada, por lo que se requiere instrumentar en su totalidad una nueva Ley de Hacienda del Distrito Federal, así como modernizar la recaudación de ingresos a fin de evitar la evasión y obtener así mayores recursos para responder las necesidades de la capital.
d) Deben realizarse los estudios y adoptarse las medidas que permitan encontrar soluciones al problema de los precios, tarifas, subsidios y aportaciones a los servicios públicos.
e) En particular, en el caso de los organismos y empresas su dependencia de subsidios y aportaciones mantiene en riesgo permanente su operación y su propia viabilidad. Adicionalmente las Comisiones Unidas renuevan su advertencia sobre la insuficiencia de las contabilidades de Ruta 100 y Servimet.
f) Pendiente de una solución definitiva sigue la situación del Fideicomiso Central de Abastos, que gravita sobre las de por sí precarias finanzas del Departamento del Distrito Federal, en su condición de aval de un crecido adeudo, del que debe ser liberado el gobierno de la ciudad.
3. Programas
Con un presupuesto condicionado por la crisis económica de la Nación y modificado en razón de la reestructuración financiera del Sector, así como de las nuevas necesidades de la ciudad, los objetivos de los programas del Departamento del Distrito Federal fueron cumplidos en términos razonables. No obstante es preciso señalar que subsisten deficiencias en la fijación de las metas a la vista de la capacidad para cumplirlas, así como subrayar los más graves rangos de incumplimiento de ellas en el área de transporte, en especial de Ruta 100; el servicio de limpia y el programa de regularización de la tenencia de la tierra.
4. Problemas estructurales
El marco socioeconómico del Distrito Federal incluido al principio de los dos dictámenes anteriores, se ubicó en el presente al final de los capítulos de criterios presupuestales,
gestión financiera y cumplimiento de programas, con el objeto de confrontar el ejercicio del presupuesto con los problemas estructurales de la ciudad.
De este ejercicio surge, con mayor evidencia, que en el período a examen no se contemplaron todavía las medidas tendientes a la transformación estructural capaz de ofrecer soluciones de fondo a la severa problemática de la urbe; que dichas soluciones habrán de pasar, necesariamente, por la solución de los problemas del desarrollo desigual de la Nación, tanto de sus aspectos sectoriales y sociales, como regionales; y que, en consecuencia, la gestión pública en el Departamento del Distrito Federal no podrá por sí misma superar las inercias de la concentración en todos los órdenes, mientras se mantenga acotada a sus alcances locales.
De allí el interés de las comisiones en el seguimiento de las acciones que deben acelerarse sobre el control de uso y destino del suelo, como las de orden estructural anunciadas por el Ejecutivo dentro del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la Región Centro; las orientadas a la reubicación de oficinas federales fuera de la zona y las apuntadas en el Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 65, 70 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y de más relativas aplicables, las Comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1983
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se comprobó el grado de observancia de los criterios legales presupuestales tanto por parte del Departamento del Distrito Federal como por organismos desconcentrados y descentralizados bajo su control, en los términos del apartado I y V del cuerpo de este dictamen.
Artículo 2o. Se conocieron resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1983, en los términos consignados en los apartados II y V del cuerpo del dictamen.
Artículo 3o. Se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los programas de previstos del presupuesto, particularmente de aquellos considerados como prioritarios, en los términos de los apartados III y V del cuerpo del dictamen.
Artículo 4o. Para mejorar él ejercicio presupuestal del Departamento del Distrito Federal deberá:
a) Continuar, durante 1985, modernización de sus sistemas contables.
b) Fortalecer sus sistemas de administración fiscal.
c) Reforzar los mecanismos de control y vigilancia de sus organismos y empresas.
d) Acelerar las medidas tendientes a resolver los problemas financieros del sector con una política adecuada, que contemple la relación racional entre subsidios y aportaciones, por un lado, y precios y tarifas por el otro, con miras a asegurar su sano financiamiento en el futuro.
e) Definir la situación financiera del Fideicomiso Central de Abastos. En las negociaciones respectivas deberá procurar liberarse de su condición de aval de la deuda correspondiente.
f) Continuar los esfuerzos en materia de planeación y programación.
g) Remover los obstáculos que han impedido dar cabal cumplimiento a los programas de transporte, limpia y regularización de la tenencia de la tierra.
h) Prevenir, mediante la aplicación estricta de las normas en materia de destino y uso del suelo, los accidentes que ponen en riesgo la integridad física de la población que está asentada en las proximidades de las plantas fabriles; así como fortalecer los mecanismos de vigilancia, en coordinación con las dependencias correspondientes, para elevar la seguridad industrial, principalmente en las plantas que manejan elementos inflamables.
Artículo 5o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique auditorías y realice las acciones conducentes a esclarecer cualquier posible irregularidad en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1983, en los términos de ley.
Por conducto de la Comisión de Vigilancia, instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda para que preste particular atención a las auditorias y análisis de la estructura y gestión administrativa de las empresas Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 y Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 5 de diciembre de 1984.
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal: Manuel Cavazos Lerma, presidente; Irma Cué de Duarte, secretario; Juan Mariano Acoltzín Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada
de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Serafín Domínguez Fermán, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Nuñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haideé Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa.
Comisión del Distrito Federal: Luz Lajous, presidenta; José Carreño Carlón, secretario; José Aguilar Alcerreca, Manuel Alvarez González, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez, Pedro Luis Bartilotti Perea, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo y Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, José Augusto García Lizama, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Everardo Gámiz Fernández, Ricardo Antonio Govela Autrey, Edmundo Jardón Arzate, Enrique León Martínez, Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Xóchitl Llarena de Guillén, Armida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Esteban Nuñez Perea, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rossel, Jesús Salazar Toledano, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Núñez".
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen... Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ARTÍCULO 79 CONSTITUCIONAL
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por la mayoría de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, en la que proponen adicionar el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una fracción VIII a efecto de hacer explícita la facultad de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.
La iniciativa se funda sustancialmente, en las consideraciones sobre las atribuciones que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene expresamente señaladas en la Constitución Política, dentro de las cuales, se precisa en la iniciativa, está la de otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencias de los Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y la de nombrar al interino que le supla.
La iniciativa advierte que el artículo 79 constitucional, no establece en forma explícita la facultad de resolver sobre las licencias, que durante el receso del Congreso de la Unión, formulen diputados o senadores, por lo que 'la práctica parlamentaria ha interpretado restrictivamente este precepto y la Comisión Permanente se ha limitado a recibir las solicitudes de licencia para remitirlas a la Cámara a la que vayan dirigidas'.
Igualmente, se precisa en la iniciativa, la consideración de que la Comisión Permanente tiene implícitamente la facultad de conocer, estudiar y resolver las licencias que soliciten los legisladores, por lo cual la iniciativa misma tiene por objeto hacer expresa dicha facultad.
Los miembros de la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, por su parte, han considerado pertinentes y fundadas las razones en que se basa la iniciativa y previa deliberación al respecto, acordaron proponer su aprobación, al Pleno de la H. Cámara de Diputados. Esta decisión, se fundó en la coincidencia de criterios sobre la necesidad de hacer explícita la facultad constitucional de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para conocer, estudiar y decidir sobre las solicitudes de licencia que formulen los legisladores.
Por lo expuesto, se propone el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo. Se adiciona el artículo 79 de la Constitución General de la República Mexicana con la fracción VIII, para quedar como sigue:
'Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
I. ....................................................................
II. ...................................................................
III. ..................................................................
IV. ..................................................................
V. ....................................................................
VI. ...................................................................
VII. ..................................................................
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores federales.'
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 3 de diciembre de 1984.
Licenciado Humberto Lugo Gil, licenciado Bernardo Bátiz Vázquez, licenciado Rolando Cordera, Ricardo Govela Autrey, ingeniero Jorge Cruickshank G., licenciado David Orozco Romo.
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen... Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alberto Salgado, del PST, en pro.
El C. Alberto Salgado Salgado: - Compañeros legisladores; honorable Mesa Directiva: El decreto que ahora es materia de discusión y que por lo que se ve no existe oposición de ninguno de los grupos, y que sin duda tiene como explicación el hecho de que este decreto ha provenido de quienes coordinan a las diversas fracciones parlamentarias; pero sí es de importancia destacar un elemento que debe considerarse como de cierta repercusión, y es el hecho de que hay visos de ejercer nuestras facultades, aun cuando de una manera no lo suficientemente amplia, para llegar a cuestiones de fondo.
Nosotros estamos convencidos de que las leyes deben estar encaminadas a buscar el bienestar del pueblo, pero no sólo eso sino también la mejoría de sus instituciones, orientándose hacia el progreso y el perfeccionamiento de las mismas.
Y en esta materia, la Ley Constitucional forma la cohesión del país, y el decreto que nos ocupa se refiere a una de las disposiciones de este rango. Sin embargo, estimamos que una reforma tiene un carácter verdaderamente revolucionario, de cambio, cuando se examina una cuestión de fondo y específicamente el adicionar el artículo 79 constitucional con una fracción en la que se prevé la circunstancia de conferirle a la Comisión Permanente, que es el organismo que se integra durante el período de receso y cuyas facultades, en nuestro concepto, se encuentran limitadas, porque si ustedes examinan la Constitución, compañeros diputados, podrán advertir tales limitaciones, ya que únicamente participa en ese período de receso con atribuciones para autorizar nombramientos de funcionarios de otras instituciones, del Poder Legislativo, también autoriza la utilización de la guardia nacional, el recibir las propuestas e iniciativas y turnarlas a las diversas comisiones para que emitan su dictamen e incluso con facultades para formular excitativas, a fin de que entre los cinco días posteriores puedan emitirse tales dictámenes.
Esta fracción que se adhiere, contempla una posibilidad complementaria de que los legisladores, durante el período de receso, pudieran desempeñar algún otro cargo o comisión de la Federación y de los estados, y se encontrarían con la dificultad de no poder resolvérseles en un plazo perentorio sobre esa solicitud de licencia, puesto que habría que turnarla a la respectiva Cámara para su conocimiento y esperar consecuentemente que se abriera el período de sesiones ordinario para dictaminar sobre esa licencia.
Creemos en sí que esta fracción complementa lo que el artículo 62 constitucional prevé. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se va un poco más allá y se autoriza a la Comisión Permanente para que disponga de facultades para legislar? Creemos que es un punto medular que debe considerarse. Quienes han participado en la Comisión Permanente, y de eso puedo dar testimonio porque tengo una experiencia anterior, el año pasado formé parte de ella, se advierte que las sesiones de la Comisión Permanente resultan verdaderamente intranscendentes. Si la Comisión Permanente dispusiera de facultades para legislar, excepto los casos desde luego en que discutan cuestiones de tanta importancia como son los presupuestos de egresos e ingresos o reformas a la propia Constitución, con esas dos limitaciones, la Comisión Permanente pudiera legislar durante esa etapa de receso.
¿Por qué nosotros no consideramos este punto que tiene materia y que tiene fondo de análisis para que en una ocasión próxima el Ejecutivo reconsidere sobre esta posibilidad y se le reconozca a la Comisión Permanente la facultad de legislar?
Existen infinidad de leyes que deben ser revisadas, pero además, abatiría el rezago, porque todas aquellas iniciativas de decreto o de ley que los señores diputados presentaran durante el período ordinario y que no fueran dictaminadas, quedaría a cargo de la
Comisión Permanente el examinar dichas iniciativas y decretos y resolver sobre los mismos.
Nosotros estamos perfectamente ciertos de que la sociedad tiene cada uno de sus miembros el poder necesario para introducir los cambios, y nosotros demandamos justicia política del Ejecutivo, el conocimiento del papel de este Congreso para legislar con autonomía, para que en reconocimiento de esas atribuciones puedan desenvolverse las instituciones de manera equilibrada.
En suma, señores, creemos que la iniciativa reúne las características de aceptación, y debido a ello les formulamos a ustedes la excitativa para que se adhieran a la misma. Gracias.
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra, en pro, el señor diputado Francisco Alvarez de la Fuente.
El C. Francisco Alvarez de la Fuente: - Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea: el día de hoy nos inscribimos en el pro de este dictamen, que nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre la adición de la fracción VIII al artículo 79 constitucional, y lo hacemos porque según el lineamiento de nuestro partido que es independiente, y lo hemos repetido en varias ocasiones, vamos a apoyar lo positivo venga de donde venga. Y en este caso, el proyecto que hoy discutimos Consideramos que es positivo. Consideramos que es positivo darle facultades a la Comisión Permanente para que conozca asuntos tales como licencias, para que no se presenten casos como los aquí, en esta tribuna, denunciados. Pero también observamos, contrario a lo que el compañero Salgado manifestó, que la Comisión Permanente no puede ni debe conocer determinados asuntos como son legislar, propiamente dicho, porque eso es algo intrínseco del Congreso General, algo intrínseco de la Cámara de Diputados. Y en vista de eso que no puede hacer la Comisión Permanente, aquí, en esta tribuna, el día 16 de octubre, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, por mi conducto, presentó una iniciativa de ley para modificar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política.
Esto es tendiente a que esta Cámara, a que este Congreso, en lugar de un solo período tenga dos períodos de sesiones anuales para evitar esto que estamos haciendo ahorita, darle facultades que no le corresponden a la Comisión Permanente.
Y esto no es un capricho de la fracción demócrata; esto, como dijimos en esa ocasión, da lugar a un análisis concienzudo de cada una de las iniciativas que estudiamos aquí; esto da lugar a que se eviten trabajos sin ningún análisis sin ningún estudio, como se da sobre todo en este mes de diciembre.
Al solicitar nosotros que hubiera dos períodos de sesiones, repito, no como capricho de la fracción demócrata, dimos razones de peso, razones históricas, en nuestra historia constitucional siempre existieron, en el siglo pasado, dos períodos de sesiones, los cuales desaparecieron en la Constitución vigente cuando don Venustiano Carranza dijo que los diputados nada teníamos que hacer, que no había mucho sobre qué legislar y que estábamos perdiendo el tiempo. Y a ustedes les consta que sí hay de mucho sobre qué legislar, y sobre todo en este mes que es cuando se nos atiborra de iniciativas.
Nosotros decíamos que esos dos períodos de sesiones, uno debería iniciarse, el primero exactamente como está, el 1o. de septiembre hasta el último de diciembre inclusive, y el segundo período se iniciaría el 1o. de marzo para terminar en junio. También decíamos qué era lo que se debería de tratar en cada uno de estos períodos de sesiones, y decíamos que en el primer período tendríamos el tiempo suficiente para las iniciativas que llegaran del Ejecutivo, la Cuenta Pública, la Ley de Ingresos y Egresos y también lo de la Cuenta de Resultados.
Y en el segundo período de sesiones nos abocaríamos a conocer las iniciativas que cada una de las fracciones parlamentarias presentara, además las que llegaran de las legislaturas locales. Y en los dos, de los asuntos de interés general.
Y decíamos también que de los estados de la República en 27 de las 31 entidades que tienen Congreso propio, tienen dos períodos de sesiones, ¿como es posible, señores, que en los congresos locales, tengan asuntos que tratar más que nosotros aquí en el Congreso Federal?
Y decíamos que nos inscribimos hoy en el pro, porque estamos conscientes que es necesario esto, darle esa facultad, no expresa, pero que nos sería necesario, vuelvo a repetir, si hubiera dos períodos de sesiones.
Señores, en ustedes que están viviendo ahorita este atosigamiento de iniciativas, que están viviendo ahorita que es casi imposible revisar concienzudamente a todas y cada una de las iniciativas que nos llegan, es el momento para poder discutir esta iniciativa demócrata, presentada el 16 de octubre.
Por eso, señor Presidente, ahorita solicitamos que se ordene a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que dictamine esta iniciativa del Partido Demócrata Mexicano. Que la dictamine y la discutamos aquí en el Pleno, no que se quede congelada como tantas otras.
Es urgente que ahorita se haga eso, este mes es importantísimo. Entonces, lo que queremos nosotros es que se dictamine y que el Pleno sea quien diga que se rechaza o se aprueba.
Queremos, los diputados demócratas, efectivamente, cumplir con nuestra obligación de legislar y esto se va a hacer concienzudamente con dos períodos de sesiones. Así que, en lo que respecta a esta adición, al artículo 79, vamos a votar con conciencia los diputados
demócratas, en pro. Pero con esa consigna, de que se dictamine, pero ya, esa iniciativa que presentamos el 16 de octubre aquí. Gracias.
El C. Presidente: - De conformidad con la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento esta Presidencia formula una excitativa a la Comisión de Gobernación para emitir su dictamen en el asunto al que se refirió el señor diputado, Francisco Alvarez de la Fuente.
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ...Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
Señor Presidente, se emitieron 352 votos en pro y ninguno en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 352 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1983
ÍNDICE DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚUBLICA FEDERAL DE 1983 PRESENTACIÓN
I. Consideraciones previas y cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio presupuestal.
II. Panorama Económico.
1. Internacional.
2. Nacional.
III. Resultados de la Gestión Financiera.
1. Egresos.
2. Ingresos.
3. Déficit y Deuda.
IV. Revisión Sectorial.
1. Sector Desarrollo Rural y Pesca.
2. Sector Comunicaciones y Transportes.
3. Sector Comercio.
4. Sector Bienestar Social.
5. Sector Industrial.
6. Sector Energético.
7. Estrategias Intersectoriales.
V. Conclusiones y recomendaciones.
Proyecto de Decreto.
Anexo Estadístico.
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Honorable Asamblea: En cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, párrafo sexto de la fracción IV, y de acuerdo a las previsiones señaladas en el numeral 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo presentó, en tiempo y forma, a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1983, en la que están comprendidos, entre otros aspectos, los resultados de la gestión programática, económica, presupuestal y financiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y paraestatal incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año; información que se relaciona en lo conducente, con el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la planeación nacional a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
Con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación remitida fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y para su revisión, a la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de la Comisión de Vigilancia, en atención a lo estipulado en los artículos 3o., 10, fracción II, y 15 de la Ley Orgánica del referido organismo técnico de esta representación popular.
La Contaduría Mayor de Hacienda procedió a integrar el Informe Previo para rendirlo a la Comisión Dictaminadora, en los términos del inciso a) de la fracción II del artículo 3o. de su Ley Orgánica y con los comentarios generales que este precepto señala.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió con la oportunidad que señala la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el Informe Previo por conducto de la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría y procedió a efectuar el análisis de toda la documentación recibida y de la información adicional que se obtuvo en el transcurso de las reuniones sectoriales de trabajo celebradas con los servidores públicos de las dependencia y entidades incluidas en el Presupuesto y con las diversas comisiones de esta H. Cámara de Diputados, con el fin de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Cabe destacar que en esta ocasión y en virtud de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 16 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio que se analiza, la Comisión que suscribe también contó, durante la aplicación del presupuesto, con los informes preliminares trimestrales sobre la evolución de las finanzas públicas que el Ejecutivo Federal envió a esta H. Cámara de Diputados en la oportunidad debida, en lo que se detalla el ejercicio del gasto público, la reasignación de las reservas presupuestales, la ejecución de la Ley de Ingresos y la aplicación de ingresos excedentes correspondientes, información que fue complementada en otras reuniones de trabajo con diversos servidores públicos quienes ampliaron las cuestiones de interés sobre los propios informes trimestrales y la instrumentación del Plan Nacional de Desarrollo.
El flujo de información entre Ejecutivo y Legislativo también comprendió directamente a la Contaduría Mayor de Hacienda, que participó en varias reuniones llevadas a cabo bajo un programa de trabajo permanente y acordado previamente con la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través de las cuales se pretendió satisfacer los requerimientos informativos de ese órgano técnico, permitiéndole, a su vez, el cumplimiento más eficaz de las funciones que le son propias de acuerdo a la legislación aplicable.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal que se dictamina, conserva en lo sustancial la presentación de la del año anterior, pero introduce en su estructura modificaciones que responden al proceso contable de mejoramiento y enriquecimiento de la información cuantitativa y cualitativa que la integra, que ha registrado importantes avances ampliados por la contabilidad gubernamental y por las recomendaciones formuladas por esta H. Cámara de Diputados registradas en los diversos decretos de revisión de ejercicios anteriores. El contenido está integrado en un tomo de Resultados Generales, 19 tomos sectoriales y dos anexos, uno de Agregados Económicos divido en dos apartados, de Cuentas Económicas e Información Básica, y otro de Información del Sector Paraestatal de Control Indirecto que se expresa, por primera vez, por separado y en dos tomos.
En el tomo de Resultados Generales destacan los capítulos de Análisis de los Estados Financieros de Organismos y Empresas Sujetas a Control Presupuestario Dictaminados por Auditor Externo, de Conciliación de Cifras del Sector Presupuestario y el de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones y Sugerencias de la H. Cámara de Diputados, en el que en forma especial se pueden constatar los logros obtenidos en esta materia, producto del principio de colaboración que debe privar entre los órganos de Gobierno en virtud del fin común que persiguen.
Por lo que respecta a los tomos sectoriales se reorganizó su contenido que antes se presentaba en datos por entidad y ahora se agrupa por módulos presupuestario, financiero y programático, y se descongestiona con la integración del anexo formulado con la información de flujo de efectivo de las entidades de control indirecto.
Como en el año anterior, durante 1983 se continuó con el propósito de seguir mejorando la congruencia entre la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación, razón por la que se amplió el capítulo de Política de Gasto, introduciendo mayores elementos de análisis con los apartados relativos a la modernización administrativa y servicio civil, contenido importado del gasto y a los programas de apoyo al federalismo y de inversión pública.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983 adquiere para el país un significado especial porque refleja los resultados de las finanzas públicas obtenidos en el año inmediato a la instrumentación del Programa de Reordenación Económica, actualmente enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo presentado en 1983 a la consideración de esta soberanía. El saneamiento de las finanzas públicas y la reorientación del gasto con un criterio social que en la Cuenta Pública que se analiza pueden percibirse, han sido factores importantes para lograr un avance sustancial en la política de reordenación económica.
No obstante los adelantos experimentados en la configuración de la Cuenta Pública aún es necesario que su presentación siga en mejora permanente. Esfuerzo como el de transición de un sistema de contabilidad gubernamental centralizado o un descentralizado en el que la Secretaría de Programación y Presupuesto consolida y cada dependencia lleva su propia contabilidad, debe continuarse hasta obtener el máximo rendimiento en la operación contable y en la satisfacción de las necesidades de información.
Con las consideraciones anteriores y como resultado del análisis cuidadoso de la información recibida y de la obtenida durante el ejercicio del gasto y con posterioridad a la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la alta consideración de esta H, Cámara de Diputados el siguiente
DICTAMEN
I. CONSIDERACIONES PREVIAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
Dentro del procedimiento de fiscalización de la gestión pública la Cámara de Diputados realiza una serie de actos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación secundaria. El marco jurídico integrado por múltiples ordenamientos aplicables a la materia presupuestal, otorga facultades y señala obligaciones a la Representación Popular, que ejerce y cumple sucesivamente a través del Pleno de la Cámara de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y por medio de la Contaduría mayor misma que después de integrar el Informe Previo con los comentarios generales preliminares sobre la Cuenta Pública efectúa, durante varios meses, una revisión pormenorizada del gasto público que cumpla en el Informe de Resultados.
La Comisión Dictaminadora, en el marco de ese procedimiento, al evaluar el cumplimiento o ejercicio de las obligaciones y atribuciones del Ejecutivo Federal en la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983, ha considerado algunos preceptos de ciertos dispositivos jurídicos aplicables vigentes en ese año y para reforzar sus apreciaciones ha tomado también en consideración el capitulo especial contenido en el Informe Previo en el que la Contaduría Mayor se ocupa de tales propósitos, analizando algunos artículos de los siguientes ordenamientos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal; Ley de Obras Públicas y su Reglamento, Ley de Planeación, y la del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983.
Por cuanto hace a los dispositivos constitucionales, es obligación a cargo del Ejecutivo presentar a esta soberanía, anualmente, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos; y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con los elementos suficientes para conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La observancia de tales previsiones quedó acreditada con los documentos enviados y de entre ellos, en especial, con la Cuenta Pública que se dictamina.
En ese orden de ideas y también con relación a la Carta Magna se hace mención en el Informe Previo de las licitaciones a que se refiere el artículo 134 constitucional, que se cumplió en la sustancial, advirtiendo que algunas dependencias y entidades, de manera excepcional, adjudicaron las obras por la urgencia con que se requirieron, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas.
De acuerdo a su Ley Orgánica, la Contaduría Mayor de Hacienda ha procedido a la revisión de la Cuenta Pública en los términos de los artículos 1o., 3o. y 20, y a elaborar y presentar el Informe Previo con los requisitos anunciados en el artículo 3o., fracción II, inciso a), en el que ofrece los primeros datos del análisis del gasto público de 1983, en una presentación que cada vez mejora y se enriquece por la vasta información que las dependencias y entidades ponen a su disposición y por la que obtiene por las visitas, inspecciones o auditorias que realiza; ambos aspectos con los que se pone de manifiesto la guarda que hacen tanto el órgano técnico de la Cámara de Diputados, como las entidades y dependencias de la administración pública, de los estipulado en los artículos 3o., 16, 19, 20 y 24 de la referida Ley Orgánica.
Como ha quedado señalado en el procedimiento de revisión, en su momento preciso, dará oportunidad a la Contaduría Mayor de Hacienda para cumplir fielmente con sus demás obligaciones, entre otras, las contenidas en los archivos 31, 37 y 33, en virtud de las cuales deberá promover el ejercicio de las acciones que correspondan por las posibles irregularidades que pudiera detectar, en uso de las facultades de contraloría que le asisten de acuerdo al artículo 3o. de la Ley que la rige y en cumplimiento a las estipulaciones que en el decreto de este dictamen se consignan.
En el ejercicio de la gestión pública las entidades y dependencias de la Administración Pública, centralizada y paraestatal, están sujetas a los lineamientos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que indica determinados deberes que deben acatar, como el relativo a expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, consignando en el artículo 19; el de establecer los servicios de apoyo administrativo necesarios en materia de planeación, programación y presupuesto, que el artículo 20 estipula: los señalados en las diversas fracciones de los artículos 31 y 32 a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto que, en su carácter de globalizadoras, reúnen importantes funciones relacionadas con la programación, presupuestación y evaluación del gasto público, y en general con los ingresos y egresos de la Federación; los consignados en el artículo 32 - bis en materia de control, evaluación gubernamental e inspección del gasto federal a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; y los relativos a la coordinación de los sectores y a la conducción de la programación, coordinación y evaluación de las entidades de la administración paraestatal que menciona el artículo 51 de la misma ley. Deberes que en términos generales han sido realizados por todas las entidades que resultan responsables.
Las entidades y dependencias en su conjunto han respondido en la ejecución de sus obligaciones, muchas de ellas producto de la reciente reforma que sufrió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en vigor a partir del 1o. de enero de 1983, con las que inclusive se dio creación a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con funciones específicas de control, evaluación inspección y fiscalización.
En lo que concierne a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que se analiza, la verificación legal, comprendió los artículos 2o., 9o., 12 y 15, cuya observancia pudo constatarse con la información que la Contaduría Mayor recibió, en la que queda claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilo el acatamiento a los ordenamientos derivados de esa Ley de Ingresos, encaminando su actividad hacia la implementación de medidas tendientes a evitar la evasión fiscal y reducir los estímulos y subsidios innecesarios, con lo que sin duda se logró abatir el déficit financiero del sector público.
Bajo este tenor, el monto de endeudamiento establecido por el Congreso de la Unión en el artículo 2o. de la citada Ley de Ingresos, no excedió la autorización otorgada por el Legislativo. Los informes trimestrales que sobre la deuda pública la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió durante el año, fueron mostrando paulatinamente los avances en el ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo en ese artículo 2o., que finalmente fueron compatibilizados con la deuda consolidada presentada en la Cuenta Pública.
La verificación sobre el apego a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal versó fundamentalmente en torno a los aspectos presupuestales y de contabilidad gubernamental de que se ocupan los artículos 7, 13, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 42 y 44. Así, pudo advertirse que la mayoría de las entidades cuentan con unidades encargadas de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades que realizan relacionadas con el gasto público de conformidad con el artículo 7o. y se han establecido los órganos de auditoria interna que ordena el numeral
En atención a la Ley, la Secretaría de Programación y Presupuesto ha expedido la normativa necesaria para la óptima aplicación de los recursos públicos, para lo cual tomó en consideración tanto las recomendaciones formuladas por la H. Cámara de Diputados, como aquellas que la Contaduría Mayor de Hacienda integró. La formulación de los presupuestos, con apoyo en programas fundándose en costos y para cada año calendario, es otro de los puntos establecidos en el artículo 13 que fue cumplido. La sujeción al Presupuesto de Egresos, base del gasto público federal, es otro de los esfuerzos hacia el cual se enfocó con mayor interés la revisión y en el que se percibe una gran mejoría lograda por el empeño realizado por todas y cada una de las entidades y dependencias incorporadas en el presupuesto.
La obligación consignada en el artículo 28, a cargo de las entidades comprendidas en el presupuesto, de informar antes del día último de febrero de cada año del monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, se efectuó oportunamente, colaborando en este propósito la firme participación de las coordinadoras de sector que requieren de sus coordinadas la información correspondiente.
Los compromisos de pago que pueden contraerse, toda vez que concluyó la vigencia del presupuesto de 1983, fueron debidamente justificados y se llevaron a cabo correctamente de acuerdo a los artículos 29 y 30 de la Ley de Presupuesto. Lo mismo ocurrió con el otorgamiento de las garantías para salvaguardar los intereses de las dependencias y entidades de la Administración Pública por las obligaciones derivadas de actos o contratos celebrados, que se realizó en forma adecuada según lo señala el artículo 31. Materia importante en el cuerpo de las obligaciones que establece la ley es la relativa a la contabilidad a la que se dedica todo un capítulo en el cuerpo legal, del que se ha destacado la aplicación de lo preceptuado por el artículo 39, por el que cada entidad debe llevar su propia contabilidad, con el comentario de que los sistemas contables se han perfeccionado.
En el ámbito de la Ley General de Deuda Pública la verificación legal tuvo lugar en 11 dependencias y 20 entidades públicas, en las que se constató la observancia de las obligaciones señaladas en los artículos 4o., 8o., 15, 17, 20, 27 y 29, concluyendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las obligaciones que se desprenden de los artículos 4o., 15 y 17; que las entidades y dependencias enumeradas en el artículo 1o. presentaron periódicamente la información mencionada en el numeral 20; que los créditos contratados durante 1983 fueron autorizados en forma previa por la Secretaría globalizadora responsable y estaban comprendidos en los programas financieros y general de deuda. Asimismo, que la mencionada dependencia mantuvo actualizado el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, en los términos de los artículos 8o. y 27.
En cuanto a las adquisiciones, arrendamientos y almacenes de la Administración Pública Federal, la ley correspondiente establece en 39 numerales toda una gama de facultades y obligaciones para las entidades, de las que fueron seleccionadas para comprobación las enumeradas en los artículos 8o., 9o., 12 y 21. El primero de estos numerales en 17 fracciones establece que las dependencias y entidades deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en razón de sus necesidades reales; celebrar contratos o pedidos únicamente con los proveedores registrados en el padrón previamente elaborado para tales efectos, prefiriendo a los que ofrezcan las mejores condiciones; celebrar concursos para la adjudicación de
pedidos y contratos; mantener actualizado su control de existencias o sus inventarios; obligaciones que la Contaduría Mayor de Hacienda pudo confirmar en su cumplimiento, en forma general, así como de las señaladas en los artículos 12 y 21, por las que todas las dependencias y entidades no podrán formalizar pedidos, contratos o sus modificaciones si no hubiere saldo disponible en su presupuesto; soliciten permiso previo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para la adquisición de mercancías, materias primas y bienes muebles de procedencia extranjera; y, sólo podrán celebrar el arrendamiento de bienes muebles cuando demuestren que no es posible o conveniente su adquisición.
Para la Ley de Obras Públicas la revisión se efectuó sobre diversos numerales que se refieren, entre otras cosas, a la planeación de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades; a las consideraciones que deben observar en la elaboración de los programas de obra pública y sus respectivos presupuestos; a los costos que deben incluirse en los presupuestos de las obras; a los requisitos que deben cumplirse para que las dependencias o entidades puedan realizar obras; y el registro en el padrón de contratistas de obras públicas. Según el órgano técnico de la H. Cámara de Diputados algunas de estas obligaciones se han realizado con exactitud, en tanto que otras quedan pendientes para una confirmación más profunda, pues las situaciones críticas que imperaron durante 1983, impidieron contar a primera mano con suficientes elementos de juicio para sustentar una inmediata opinión cercana a la realidad.
Un tanto sucede con los dispositivos de la Ley de Planeación, para los que se requiere de una vista más exhaustiva que sólo podrá llevarse a cabo a través de auditorias enfocadas a la evaluación de los diversos programas sectoriales y a la confirmación de la congruencia de éstos con el Plan Nacional de Desarrollo. Se puede decir que los principales mandatos para las dependencias y entidades enumerados en las diversas fracciones de los artículos 16 y 17 fueron cumplidos, al igual que los contenidos en el artículo 6o. que han permitido, a la Cámara de Diputados, el análisis de la Cuenta Pública en relación a los objetivos y prioridades de la planeación nacional.
El análisis legal también comprendió algunos aspectos regulados en el decreto de Presupuestos de Egresos de 1983, entre los que destaca el relativo a las erogaciones adicionales y a la aplicación de los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 11 en sus tres fracciones, de los que el Ejecutivo Federal informa a esta H. Cámara de Diputados en la Cuenta Pública que se dictamina y que la Contaduría pudo verificar que se aplicaron, según el mandamiento legal, a programas prioritarios y de interés social; a programas prioritarios estratégicos de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, y a los programas específicos para los que fue hecha la contratación de los empréstitos, respectivamente.
Son puntos de importancia para su revisión los contenidos en el capítulo de disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, en especial los destinados a las erogaciones que las dependencias y entidades efectuaron por concepto de servicios personales y aquellos que prohibitivamente no debieron efectuarse de acuerdo a artículo 22.
Las erogaciones por servicios personales en la mayoría de las dependencias y entidades se sujetaron estrictamente a las prescripciones del artículo 21, ya que se ajustaron a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y otras asignaciones, y a las determinaciones señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal; se abstuvieron de cubrir gastos por contratos de honorarios que implicaran un incremento del número de contratos y del monto de las asignaciones, respectivas con relación al ejercicio de 1982; y eliminaron las compensaciones que a título de representación en juntas, consejos, comités técnicos y otros se otorgaban a los funcionarios, así como los gastos de representación.
Por cuanto a los gastos que no podrían efectuarse en el ejercicio presupuestal de 1983 para adquisiciones o nuevos arrendamientos de inmuebles, mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, vehículos y gastos con cargo a la partida de erogaciones imprevistas; la actividad de la Administración Pública demostró el cumplimiento casi en todas las dependencias y entidades de estas obligaciones, de no hacer.
El control de la concesión de subsidios, otorgamiento de donativos, de gratificaciones, obsequios o ayudas de cualquier naturaleza, fue ejercido en forma cabal y en las pocas ocasiones en que fueron otorgados por las instituciones del servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares de crédito y otras entidades se recabó debidamente la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de conformidad con el artículo 31.
II. PANORAMA ECONÓMICO
1. Internacional.
Después de un agudo período recesivo, en 1983 las economías de los países industrializados empezaron a mostrar signos de recuperación. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) experimentaron un crecimientos de 2.1%, que se compara favorablemente con la tasa de crecimiento negativa (-0.3%) experimentada en 1982. La tasa de desempleo, sin embargo, se incrementó para el área en su conjunto al pasar de 8.4% en 1982 a 9% en 1983. Por otra parte, la inflación se redujo de 7.3% a 5.5%.
El proceso de recuperación, sin embargo, no ha sido homogéneo, se dio con mayor vigor en Estados Unidos, cuya economía creció a una tasa estimada de 3.3% (muy superior al 1.9% registrada en 1982), y parece
cobrar fuerza en Japón, donde la economía creció a un ritmo similar al del año anterior (3.1%). En Europa, en cambio, la reactivación fue mas modesta, estimándose un crecimiento de 1%, ligeramente mayor al 0.6% de 1982. Como consecuencia, el desempleo se redujo en Estados Unidos de 10.4% al iniciarse 1983 a 8.2% en diciembre del mismo año; en Japón se mantuvo alrededor de 2.5% durante el año y en Europa se incrementó de 9.5% a 10.5%.
Cabe señalar que en el período de referencia, las políticas económicas de los países de la OCDE se orientaron a sentar las bases para un crecimiento sostenido en la producción y el empleo así como para abatir la inflación en materia de finanzas públicas, un mayor control de gasto e incrementos en las tasas impositivas, han reducido en una disminución de los déficits presupuestales. No obstante, algunos países han visto disminuir sus ingresos por la larga recesión y a la vez debieron aumentar sus egresos a través de mayores pagos por concepto de desempleo, situación que se ha traducido en un incremento de sus déficits. En el caso concreto de Estados Unidos, el elevado nivel del gasto ha determinado déficits presupuestales sin precedente, lo que se ha traducido en elevadas tasas de interés en sus mercados financieros.
Hasta ahora, la recuperación de los países industrializados se ha basado en un incremento en el gasto de consumo, derivado de un mayor ingreso real y de un aumento considerable en la parte del ingreso que se gasta, ya que, con excepción de Estados Unidos, la inversión productiva ha permanecido estancada.
Esto último, como resultado de la incertidumbre respecto a las perspectivas de la evolución económica mundial, los bajos niveles de capacidad utilizada, y las elevadas tasas de interés.
Para los países en desarrollo, 1983 representó un año de ajustes obstaculizados por las políticas proteccionistas de los países industrializados, que reducen el acceso de las manufacturas de los países en desarrollo a los principales mercados mundiales.
Por otro lado, durante los últimos años, los términos de intercambio de los países en desarrollo se ha deteriorado sensiblemente, y la tendencia continúa hasta la fecha. La conjunción de estos eventos han dificultado que los países en desarrollo reciban los beneficios de la recuperación, en un momento en que su situación financiera reclama un mayor ingreso de divisas.
Las altas tasas de interés que prevalecen en los mercados financieros internacionales aumentan la carga que representa el pago del servicio de la deuda para los países en desarrollo, aumentando así los sacrificios en que tienen que incurrir para cumplir sus compromisos con el exterior. El total de la deuda de los países en desarrollo ascendió a 812.4 miles de millones de dólares en 1983, y los intereses pagados por dichos países como proporción de sus exportaciones permaneció elevada (13.3% en 1983).
Para América Latina, en particular, la situación fue más desfavorable; según estimaciones de la CEPAL, la deuda acumulada de América Latina ascendió a 310 mil 200 millones de dólares y según estos cálculos su crecimiento durante 1983 fue de aproximadamente 7%. Este reducido incremento de la deuda en 1983, se atribuye principalmente a la política restrictiva adoptada por los bancos comerciales internacionales en sus relaciones con América Latina, ya que en 1983 prácticamente no otorgaron nuevos préstamos a los países del área, sino que se limitaron a apoyar los procesos de renegociación.
En el renglón de exportaciones, el valor de las ventas de bienes al exterior del área latinoamericana se redujo ligeramente en 1983, a pesar de haber aumentado 7% en volumen para el conjunto de la región y 9% para los países no exportadores de petróleo.
El monto de los pagos netos de utilidades y de intereses de los países de América Latina se cuadruplicó en los últimos cinco años, pasando de 8 mil 600 millones de dólares en 1977 a casi 36 mil 800 millones en 1982, y disminuyó a poco menos de 34 mil millones de dólares en 1983. Estos pagos de intereses y utilidades representaron casi el 39% del monto de las ventas externas de bienes, resultado muy similar al obtenido en 1982.
Para la economía mexicana, uno de los principales renglones afectados por la recesión internacional fue el de las ventas de petróleo crudo al exterior. El precio internacional de dicho producto comenzó a debilitarse desde el primer trimestre de 1981 y el volumen de sus exportaciones cayó hacia mediados de año, con lo que los ingresos de divisas petroleras, se contrajeron. Sin embargo, la cuenta corriente de México mostró un superávit de 5 mil 545.7 millones de dólares y la balanza de mercancías registró un saldo favorable de 13 mil 678 millones de dólares. Esto fue resultado, principalmente, de las políticas que se analizan en el siguiente apartado.
2. Nacional.
La situación que se enfrentaba al diseñar la política económica para 1983 era de una crisis de dimensiones sin precedente desde la gran depresión de los años treinta.
Así, los indicadores económicos para el cierre de 1982 presentaban un panorama sumamente grave: el desempleo abierto se habría duplicado llegando al 8%, la producción se había contraído en varios sectores; la planta productiva enfrentaba el riesgo de deteriorarse, ya muchas empresas carecían de capital de trabajo y divisas para importar sus insumos: la inflación se acercó al 100%, y presentaba una acentuada tendencia a acelerarse; el ingreso y el producto nacionales habían caído y el sistema financiero ya no captaba suficiente ahorro; se había perdido la soberanía monetaria y el Banco de México
no contaba con las divisas mínimas indispensables; el déficit del Sector Público había crecido en proporciones sin precedente llegando al 18.2%; se recurrió excesivamente al endeudamiento externo; los ingresos no petroleros se habían rezagado; el desequilibrio externo se agudizó y el país estaba en virtual suspensión de pagos con el exterior.
Se reconoció que esta situación de la economía no era solo de carácter coyuntural, sino que se manifestaban serias deficiencias de la estructura económicas que hacían más vulnerable la economía, por lo que era imprescindible establecer una estrategia económica que atacara e fondo las causas de la crisis, eliminando el riesgo de una caída mayor.
En este contexto se planteó el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que planteaba en diez puntos las líneas estratégicas de acción para enfrentar la crisis, con el propósito de combatir la inflación, la inestabilidad cambiaría y la escasez de divisas; proteger el empleo, y la planta productiva y el consumo básico y sentar las bases para un desarrollo eficiente, sostenido y sobre todo justo.
Así con el PIRE se planteaba; moderar el ritmo de crecimiento del gasto; proteger el empleo; garantizar la continuidad de las obras en proceso, con criterio de selectividad; reforzar las normas que aseguran disciplina, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado; proteger y estimular los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo; aumentar los ingresos públicos, canalizar en forma selectiva el crédito y utilizar la política monetaria y crediticia para controlar la inflación; reivindicar el mercado cambiario bajo la autoridad del Estado; reestructurar la Administración Pública Federal y actuar bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen de economía mixta que consagra la Constitución.
Más tarde, al presentarse el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el PIRE se ubicó como una de las dos vertientes de la nueva estrategia de desarrollo; la otra fue el cambio estructural. Con esta nueva estrategia se buscó atacar, en forma simultánea, las causas y consecuencias de la crisis para evitar su repetición, al tiempo que se profundizaba en una transformación de las estructuras económicas y sociales del país.
Las medidas instrumentadas para sanear las finanzas públicas, controlar y estabilizar el mercado cambiario, aunadas a la moderación registrada en las negociaciones salariales y la mayor confianza y certidumbre derivadas de los avances en el programa de reordenación económica, son elementos que se han jugado un papel central en el proceso de evitar la hiperinflación y reducir sustancialmente el ritmo de crecimiento de precios.
El saneamiento de las finanzas públicas, alcanzado mediante el aumentos de los ingresos y la reducción selectiva del ritmo del crecimiento del gasto, permitió disminuir el déficit financiero del Sector Público como proporción del PIB en poco más de la mitad: del 18.2% al 8.5%.
Esta reducción del déficit, evitó que se continuara recurriendo a la emisión primaria como fuente de financiamiento del gasto y permitió generar un mayor volumen de recursos internos para financiar la economía y reducir la dependencia de los recursos externos.
Entre los factores más importantes que explican el aumento de los ingresos públicos destacan, los aumentos de los precios y tarifas del Sector Público, mismos que se encontraban seriamente rezagados y que al corregirse tienen un impacto temporal en el nivel de precios, pero a través de su contribución a la reducción del déficit fiscal, permiten abatir permanentemente al inflación y motivan un consumo menos dispendioso de recursos, que se reorientan a propósitos social y nacionalmente más importantes.
Por su parte, el ajuste al gasto fue selectivo, dándole prioridad al Sector Social; por ello se mantuvieron y ampliaron los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad social) y se instauró un programa de emergencia para proteger el empleo.
Se estableció un sistema cambiario que, a lo largo del año, fue dando cada vez mayor fluidez a las transacciones con el exterior y permitió mantener un tipo de cambio estable y acorde con los requerimientos de la economía y la disponibilidad de divisas. Al logro de la estabilidad cambiaria contribuyó también la reestructuración de la deuda, tanto pública como privada. De esta manera, los movimientos bruscos del tipo de cambio que se registraron en 1982, dejaron de ser un factor de incertidumbre y de aceleración del proceso inflacionario.
Además, se fortaleció la capacitación del sistema financiero mexicano y las reservas internacionales aumentaron en 3 mil 106 millones de dólares llegando a 4 mil 933 millones de dólares a fines de 1983, fortaleciendo sustancialmente la capacidad de pago del país. Por otra parte, la producción nacional registró una caída, en términos reales de 5.3%, tasa sin precedente desde 1931.
A continuación se detallan en los principales aspectos de la economía, los datos más relevantes, así como los elementos que determinaron los resultados obtenidos en 1983.
Inflación
La evolución de los precios en 1983 muestra que se logró revertir la tendencia al alza que había presentado la inflación desde 1982. Así, después de que en el mes de abril el crecimiento anual en el índice de precios al consumidor llegó a 117.2%, la inflación disminuyó en forma continua para situarse en 80.8% para el mes de diciembre, casi 20 puntos inferior a la tasa de diciembre de 1982. Este resultado significa que se abatió el riesgo de una hiperinflación, reversión que se ha venido confirmando con el tiempo.
Revertir la tendencia creciente del proceso inflacionario, fue el resultado de una estrategia integral en la que jugaron un papel fundamental, el saneamiento de las finanzas públicas, los mecanismos de financiamiento del déficit público, la estabilización del mercado cambiario, así como la mayor certidumbre que generó el Programa de Reordenación Económica. Conviene señalar que no únicamente se redujo el ritmo inflacionario, sino que también se corrigieron importantes rezagos existentes en los precios y tarifas del Sector Público, que tuvieron en el corto plazo un impacto en el nivel de precios; la inflación mensual de enero, abril y noviembre ejemplifica esta situación. Por ello, el crecimiento en el nivel de los precios durante 1983, obedece en buena medida a la liberación de presiones inflacionarias que en el pasado se habían mantenido reprimidas por la vía de subsidios al tipo de cambio, al consumo y a la producción.
Asimismo, en la reducción de la inflación debe destacarse la actitud madura que asumió el sector obrero mediante la moderación de sus demandas salariales, lo cual además de tener efecto favorable sobre el comportamiento de los precios, contribuyó a la conservación de empleos.
El análisis de los diferentes rubros que componen el índice nacional de precios al consumidor, revela el esfuerza realizado para lograr equidad en el ajuste y proteger el poder adquisitivo de las clases de menores ingresos. Los componentes que crecieron por abajo de la inflación general fueron los relacionados con las necesidades básicas: vivienda (56.4%), transportes y comunicaciones (75.7%) y alimentos, bebidas y tabaco (77.9%). Los bienes incluidos en la canasta básica de consumo popular crecieron 72.1%, tasa inferior a la del índice nacional.
Producción e inversión
La evolución de la actividad económica durante 1983 reflejó en primer lugar los graves desequilibrios acumulados en los últimos años y que hicieron crisis en 1982. En segundo lugar, revela también el esfuerzo realizado para detener, y en algunas ramas revertir moderadamente, la tendencia hacia la baja en los niveles de producción. Así, si bien el nivel promedio de producción en 1983 fue inferior en 5.3% al registrado el año anterior, el ritmo de esta reducción fue sustancialmente menor al observado en la segunda mitad de 1982.
En este contexto, cabe destacar el papel que desempeño el programa de protección a la planta productiva, que instrumentó un conjunto de apoyos para mantener en operación a las empresas, principalmente productoras de bienes básicos o en actividades con elevada generación de empleos. Dentro de las medidas adoptadas se incluyeron apoyos crediticios de demanda, cambiarios y fiscales, entre otros.
La contracción en la actividad económica afectó con distinta intensidad a los diferentes sectores productivos. La caída en el PIB de 5.3% refleja principalmente el comportamiento de algunas ramas de los sectores industrial y de servicios, ya que las actividades agropecuarias registraron un crecimiento de 2.9% en 1983. El mayor dinamismo lo registró la agricultura que creció en 4.2%, contrastando con la caída de 2.9% observada en 1982. Este resultado obedeció, por una parte, a las condiciones climatológicas favorables, y por otra, a las acciones comprendidas en apoyo al campo, entre las que destacan una política de incrementos reales a los precios de garantía, mayor canalización de recursos crediticios y una mayor cobertura de los programas de compra de Conasupo.
La minería decreció 2.7%, no obstante el dinamismo del sector petrolero que creció 4.4% en el año. En la actividad industrial, la mayoría de las ramas que la integran registraron una caída en sus niveles de producción; sin embargo, hacia finales de año se modificó esta tendencia a la baja. Como consecuencia, el producto interno bruto industrial tuvo un decrecimiento de 7.4% en el año, en tanto que en el último trimestre de 1983 esta caída fue de sólo 3.2% si se compara con el mismo lapso del año anterior.
Por lo que respecta al sector manufacturero, el más importante en términos de su participación dentro de las actividades industriales, su producción disminuyó en 7.3% en promedio durante el año y 2.7% en el cuarto trimestre. La significativa reducción en la caída de la producción de manufacturas, en relación con la observada en el segundo semestre de 1982, permitió detener la acelerada expulsión de mano de obra que venía registrando este sector desde el año anterior.
Por tipo de bien, las mayores reducciones se concentraron en los bienes de consumo duradero (-17.7%) y los bienes de capital (-25.7%), en tanto que la disminución en la elaboración de bienes de consumo no duradero e intermedio fue de 4.6% y 7.7% respectivamente.
La actividad industrial que más resintió los efectos de la contracción económica fue la construcción, que disminuyó 18.0% en promedio, durante el año. Sin embargo, el nivel de actividad en la construcción se redujo hasta el tercer trimestre y mostró una ligera recuperación en el cuarto, por lo que si se comparan los últimos trimestres de 1983 y 1982, la caída en la producción se reduce a 7.3%.
No obstante la fuerte contracción de la actividad productiva y el incremento en la población económicamente activa, durante 1983 se logró detener el agravamiento del desempleo. Se estima que la tasa de desempleo abierto para 1985 se situó alrededor de 8.5%, tan sólo medio punto por encima de la prevaleciente en diciembre de 1982, contribuyendo a este resultado los programas de emergencia del empleo y de protección a la planta productiva, el comportamiento favorable del sector agrícola, la flexibilidad del
sector informal urbano y la moderación de las demandas salariales.
Mediante los programas de emergencia se crearon 356 mil empleos temporales, de los cuales 157 mil 400 corresponden a empleos generados en el medio rural a través de la construcción de obras de pequeña irrigación y caminos rurales, así como proyectos productivos de desarrollo agrícola; 149 mil a puestos de ocupación en ciudades con agudos problemas de desempleo mediante obras de beneficio comunitario, y 50 mil corresponden a becas otorgadas a pasantes de educación superior.
Por otra parte, dadas las condiciones recesivas por las que atravesó la economía, es de esperarse que el sector informal urbano haya crecido considerablemente. En lo que respecta a las zonas rurales, el buen año agrícola permitió ofrecer oportunidades adicionales de empleo.
La evolución del empleo en el sector formal, utilizando como indicador indirecto el número de asegurados permanentes en el IMSS, si bien mostró algunas fluctuaciones a lo largo de 1983, a partir del último trimestre registró una ligera recuperación alcanzando para diciembre de 1983 un nivel 2.3% superior al observado en diciembre de 1982.
Debido a la cobertura parcial de este indicador, así como al hecho de que sus movimientos pueden obedecer a causas distintas a variaciones en el nivel de empleo, no es posible apreciar fielmente los resultados en el sector formal. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los asegurados en condiciones de permanencia a partir del segundo trimestre del año, permite inferir que los niveles de empleo en el sector moderno por lo menos se mantuvieron a niveles similares a los prevalecientes a finales de 1983.
Sector financiero
En 1983, se fortaleció el ahorro interno mediante acciones para aumentar el ahorro del Sector Público e impulsar el ahorro financiero. Al respecto, destaca el hecho de haber revertido, en el segundo semestre del año, el agudo proceso de desintermediación financiera que se presentó en 1982. En este resultado fue factor fundamental el establecimiento de una política de tasas de interés flexibles, que buscaba ofrecer rendimientos reales a los ahorradores respondiendo a los cambios en la tasa de inflación y al deslizamiento del peso con respecto al dólar; así como cambios en las expectativas de la economía nacional y la aparición de nuevos instrumentos de ahorro.
El saldo de los principales instrumentos de capacitación ofrecidos por el sistema bancario, aumentó mil 767.7 miles de millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 62.8% de los saldos nominales y una caída de 9.9% de los saldos reales. Sin embargo, durante el primer semestre de 1983, los saldos reales de capacitación disminuyeron en 11.9% mientras que en el segundo semestre aumentaron 2.2%, señalando el inicio de la recuperación del ahorro financiero.
Durante la primera mitad del año, el flujo de captación se orientó principalmente a depósitos a tres meses y en el segundo semestre se concentró a plazos de seis y nueve meses reflejando una mayor confianza del público ahorrador, especialmente en lo que se refiere a los avances en el control de la inflación, ya que las tasas de interés estuvieron bajando en toda la segunda mitad del año.
No obstante los avances en materia de captación, la baja en la actividad productiva y el alto costo del crédito propiciaron que los niveles de crédito bancario se mantuvieran deprimidos durante el año, generando volúmenes excedentes de fondos prestables.
Del total de financiamiento otorgado por la banca comercial y de desarrollo, sólo el 33.9% se canalizó a los sectores Social y Privado. Sin embargo, durante el segundo semestre se presentó una recuperación relativa de la demanda de crédito, que permitió que el flujo de financiamiento se incrementara en 133% en relación a los bajos niveles de la primera mitad del año.
El comportamiento y estructura de las tasas de interés, respondió a la evolución esperada de los precios. Así, las tazas pasivas alcanzaron sus niveles más altos, en los primeros meses del año (60%), y a partir de junio iniciaron una tendencia a la baja para situarse a nivel promedio de 53% al final del año. Cabe señalar que los rendimientos autorizados para los depósitos a plazos más largos fueron menores, en función de las expectativas a la baja de la inflación.
La tasa de interés activa efectiva, para la cartera libre bancaria, mostró un comportamiento similar, durante el primer semestre se incrementó a un nivel de 100% y posteriormente disminuyó hasta alcanzar 91% en diciembre.
Dentro de la política monetaria, se estima que el medio circulante registró un crecimiento promedio de 46.6% en el año, con una contracción en términos reales de 27.4% en promedio.
En lo que se refiere a los intermediarios financieros no bancarios, durante 1983 la Bolsa Mexicana de Valores, aumentó el valor de sus operaciones en 166% respecto al año anterior, debido a su mayor valor de los títulos negociados, así como el incremento en el volumen operado, principalmente de CETES. Estos incrementaron su participación dentro del total operado, de 74.8% en 1982, a 85.3% en 1983, reflejando la elevada demanda por este instrumento. En lo que se refiere al papel comercial, el importe de las operaciones creció 34% durante el año, contrastando con el incrementó en la circulación de aceptaciones bancarias, que paso de 8.6 miles de millones en 1982 a 28.8 miles de millones al final de 1983.
Los fondos y fideicomisos de fomento económico fortalecieron su papel como intermediarios
para la canalización de crédito preferencial a las actividades y regiones señaladas como prioritarias, al otorgar recursos crediticios en forma revolvente por 468 mil millones de pesos durante 1983, 54% más que el año anterior. Cabe destacar que el financiamiento revolvente concedido por los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, se incrementó en 72% en relación a 1982, como parte de la política de apoyo al campo.
Demanda agregada.
La crisis más severa de los últimos 50 años se inició a mediados de 1981, se manifestó en 1982, sobre todo en el segundo semestre en que la producción cayó significativamente se duplicó el desempleo, se aceleró la inflación se redujeron los salarios reales, y casi se agotaron las reservas internacionales, lo que junto con la reducción de los términos de intercambio, y la prácticamente inexistente posibilidad de recurrir a la deuda externa, significó una extraordinaria caída en el poder de compra de la sociedad, es decir, en la demanda agregada, desde la segunda mitad de 1982, que impulsó la inercia de la caída en la producción en 1983, de manera tal que ésta registró tasas superiores a las estimadas originalmente. Esta disminución en la demanda y en la producción, se reforzó por la falta de divisas en los primeros meses del año que canceló la posibilidad de importar materias primas y otros insumos para la industria nacional. Por otro lado, a pesar de las modificaciones tributarias y de precios y tarifas, los recursos no inflacionarios del Sector Público resultaron insuficientes para que el gasto público compensara cabalmente la inercia de los efectos señalados.
Como resultado de estos acontecimientos se redujeron drásticamente casi todos los renglones de la demanda agregada. Esta disminuyó 8.6%, el consumo privado 7.5%, el consumo del Gobierno 1.3%, y la formación bruta de capital fijo 27.9%. Tales variaciones fueron amortiguadas por el aumento de la exportación de bienes y servicios (11.5%). Conviene subrayar que en el caso del consumo privado, la mayor reducción se registró en el consumo importado, que cayó en 62.3%, mientras que el consumo nacional se redujo 4%. En el caso del consumo público, las reducciones se registraron en administración pública y defensa (3%), mientras que los servicios de educación y los servicios médicos crecieron 1% y 0.2%, respectivamente. En cuanto a la formación bruta de capital fijo, la caída más importante se registró en la maquinaria y equipo de origen importado, que se redujo en 62.5%, mientras que la de origen nacional lo hizo en 26.3%, y el sector construcción en 19.9%. Por tipo de comprador, la inversión privada se disminuyó en 24.2% y la inversión pública en 32.5%.
La caída en el ingreso per cápita (7.7%), en los salarios reales (25.6%) y en el empleo formal, contribuyeron al descenso de la demanda agregada y significaron una reducción del nivel de vida de la mayoría de la población que trató de amortiguarse por todos los instrumentos a disposición del Sector Público, sobre todo los de gasto público - dando mayor énfasis a los programas de abasto, empleo, educación, salud, seguridad social, vivienda y desarrollo rural - y los de ingresos, gravando menos a quienes menos tienen y modificando los precios y tarifas de los bienes y servicios de todos los sectores con mayor nivel de ingresos. Toda crisis trae consigo un costo social que es mayor entre más profunda sea ésta. Todo combate a la crisis, implica, en consecuencia un costo, por lo que esta Comisión apoya la voluntad política de distribuir equitativamente ese costo social y está consciente de que hubiera sido mayor si no se hubieran tomado medidas firmes contra la crisis. Además, se trata de un costo transitorio que redundará un beneficio social en el mediano y largo plazos. La Comisión está convencida de que, en el espectro temporal, la sociedad mexicana estará en mejores condiciones de bienestar, si se persevera en la estrategia de reordenación económica y cambio estructural.
La inercia de la inflación y de la recesión que se aceleraron a mediados de 1982, así como las expectativas que esto generó, impidieron que se avanzara más en el control de la inflación y significaron una contracción de la producción superior a la esperada. Esto, a su vez, elevó los costos y la necesidad de mayor gasto social (sobre todo abastos) provocando requerimientos adicionales de gasto público y, en consecuencia, reprogramación y modificación de metas. Por otra parte, una mayor inflación a la estimada originalmente, y una inflación externa menor a la que se previó durante la formulación del presupuesto, impidieron que se cumpliera la meta de tipo de cambio y que éste registrara un nivel superior al previsto, lo que, por un lado significó mayores costos de alimentos, insumos y equipo importados y por el otro, mayores ingresos por exportaciones, en pesos, y por lo tanto mayores ingresos ordinarios del Sector Público que permitieron sufragar parte de las mayores necesidades impuestas por la crisis.
Adicionalmente, la mayor inflación y el mayor tipo de cambio originaron tasas de interés internas superiores a las previstas, efecto que se reforzó por la elevación de las tasas internacionales por encima de lo estimado. Todos estos factores a su vez significaron variaciones en el presupuesto, en los ingresos y en la deuda, que se analizan a continuación.
III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
La Comisión Dictaminadora, consciente de que las políticas de gasto, de ingresos y de deuda, principales instrumentos reseñados en la Cuenta Pública que se analiza, forman parte de una estrategia de desarrollo, decidió, en
primer término, ubicar estos instrumentos de política económica en el contexto general, para luego examinar el cumplimiento de sus objetivos, metas o propósitos.
La nueva estrategia de desarrollo económico y social contenida en el PND, consta de dos grandes líneas de acción: La reordenación económica y el cambio estructural. Las políticas de egresos, de ingresos y de deuda del Sector Público, contribuyen a lograr objetivos que se incluyen en ambas líneas de acción; sin embargo, dado que la revisión de la Cuenta Pública se refiere a un año, sus impactos más importantes se observan en la vertiente de la reordenación económica, sin que ello implique que no ejerza efectos importantes en el cambio estructural, cuyos resultados se aprecian con mayor claridad a mediano y largo plazo.
La estrategia de reordenación económica es una respuesta a la crisis aguda que enfrentó el presente régimen al inicio de su ejercicio y sus objetivos fundamentales se pueden resumir en tres grandes grupos: a) combatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas; b) proteger el empleo, el abasto popular y la planta productiva, y c) recuperar las bases para un desarrollo justo, eficiente y sostenido.
Para lograr estos objetivos se propusieron diez grandes líneas de acción:
1. Disminución de crecimiento del gasto público:
La reordenación económica plantea la austeridad en el gasto público, racionalizado su monto y ajustándolo a la capacidad de absorción de la economía y a la fortaleza del ahorro interno; se reordena para preservar los servicios sociales, reorientar la inversión, atender el pago de la deuda y contener el crecimiento del gasto corriente , para aumentar el ahorro público.
2. Protección al empleo mediante cuatro líneas primordiales de acción:
- Creación de empleo en el medio rural, mediante los programas normales de obra, buscando ampliar el número de puestos de trabajo generados por peso invertido.
- Creación de empleo en las zonas deprimidas de las principales áreas urbanas, con el propósito de dar un ingreso a la población y simultáneamente realizar obras de beneficio colectivo.
- Programa de empleo a los pasantes, para atender a la juventud recién egresada de los centros de educación superior.
- Programa de protección para la planta productiva que busca mantener los niveles de ocupación existentes y evitar que se agrave el desempleo.
3. Continuación de las obras en proceso con un criterio estricto de selectividad para dar mayor ritmo a las inversiones prioritarias, disminuir las que no sean indispensables y cancelar proyectos de carácter suntuario, de baja prioridad o cuya programación haya sido inadecuada.
4. Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado. Se reglamenta estrictamente el ejercicio presupuestal para evitar dispendio, desperdicio o corrupción. La responsabilidad financiera, administrativa y normativa con criterios primordiales para vigilar y evaluar el desempeño de los servicios públicos.
5. Protección y estímulo a los programas de producción importación y distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo. Se busca mejorar y racionalizar la intervención del Estado en la producción, procesamiento, distribución y consumo de la alimentación popular para asegurar la alimentación del pueblo, y que los recursos utilizado beneficien realmente a los sectores que se desea proteger, así como combatir la especulación en este sector.
6. Aumento de los ingresos públicos para frenar el crecimiento del déficit y el consecuente aumento desproporcionado de la deuda. Para ello se profundizará la reforma fiscal para lograr mayor equidad y recaudación: se incrementarán los precios de los bienes y servicios que produce el Sector Público, con aumentos mayores para aquellos que consumen los grupos sociales de más altos ingresos relativos y, simultáneamente , se exigirá mayor eficacia y productividad a la empresa pública.
7. Canalización del Crédito a las prioridades del desarrollo nacional. Reestructurando las instituciones de crédito para asegurar su control efectivo por la Nación, a través del Estado y la participación social en su manejo y evaluación, y para asegurar que la banca nacionalizada actúe con honradez y con base estricta en prioridades, evitando especulación o desviación de recursos a financiamientos no justificados.
8. Reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria del Estado. Se busca recuperar el mercado cambiario para el sistema financiero nacional y mantener un tipo de cambio realista que aliente al exportador y propicie la capacitación de divisas y necesarias para el abastecimiento de bienes y servicios de la planta productiva; eliminar subsidios cambiarios irracionales que afectan la salud de las fianzas públicas; mantener un control estrictamente sobre las importaciones y racionalizar gradualmente la protección a los diferentes sectores, para eliminar ganancias indebidas que inciden negativamente en el bienestar de los consumidores y lograr así, una mayor integración industrial y competitividad de nuestros productos.
9. Reestructuración de la Administración Pública Federal para que actúe con eficacia y agilidad, y sujetar el aparato público a la previsión, el orden y la más estricta responsabilidad de los funcionarios. 10. Actuar bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen de economía mixta que consagra la Constitución General de la República.
Las políticas de gasto, ingresos y deuda pública seguidas en 1983 y reseñadas en la Cuenta Pública de ese año, estuvieron condicionadas por estas líneas estratégicas, que como se observa, se orientan fundamentalmente a la reordenación económica pero sin descuidar el cambio estructural, ya que se atiende al nivel de esas variables instrumentales, pero también a su composición o estructura.
En términos cuantitativos, una de las metas fundamentales de la reordenación económica para 1983, fue la disminución del déficit financiero del Sector Público con respecto al PIB, del 18.2% registrado en 1982 al 8.5% para 1983. Para ello se consideró necesario el saneamiento financiero del Sector Público mediante cambios en las políticas de gasto de ingreso y de deuda que a continuación se examinan.
1. Egresos
La política de egresos se orientó, fundamentalmente, por las cinco primeras líneas de acción del PIRE, señaladas, en el apartado anterior. Además, el punto nueve, influyó en la ejecución y estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 1983. La política que se comenta incluye dos instrumentos principales, el gasto y la empresa pública, cuyos lineamientos fueron incluidos en el PND.
Para la política del gasto público, se señalan los siguientes objetivos o propósitos:
- Promover el desarrollo social mediante la generación de empleos, la prestación de servicios básicos y la reestructuración del sistema de subsidios con propósito de redistribución del ingreso.
- Inducir, a través del nivel, estructura y calendarización del gasto, un comportamiento adecuado de la demanda interna, acorde con los niveles que puede absorber la economía en condiciones de eficiencia y de financiamiento sano.
- Fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo en áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
- Promover una distribución territorial más equilibrada de las actividades productivas y del bienestar social, en el marco del fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre.
- Asegurar eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público. La política de empresa pública, por su parte, postula los siguientes propósitos fundamentales delineados en el Plan Nacional de Desarrollo:
- Fortalecer el carácter mixto de la economía, participando en sectores estratégicos que le son reservados por mandato constitucional al Estado y con los sectores Social y Privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
- Participar en la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y en aquellas actividades de producción básica que no sean cubiertas suficientemente por la iniciativa particular, debido a la magnitud y riesgo de las inversiones, los plazos de maduración y su escaso rendimiento financiero.
- Apoyar la integración del aparato productivo, a fin de darle mayor dinamismo y flexibilidad, para lo cual deberá buscarse y promoverse la integración vertical y horizontal de la planta productiva y fomentarse el desarrollo de la de carácter nacional.
- Modernizar su organización, elevar sus niveles de productividad y propiciar su reestructuración de acuerdo a la dotación interna de factores y a las condiciones actuales de la economía.
- Regular la actividad de los mercados de bienes y servicios necesarios y estratégicos, a través de su participación directa o indirecta, con objeto de reducir los efectos negativos producidos por la desigualdad en el ingreso.
- Promover el desarrollo regional del país, descentralizando la operación de sus unidades a las zonas del territorio nacional más propicias a su naturaleza productiva con objeto de que fortalezcan la estructura de los mercados regionales.
- Contribuir al sano financiamiento del desarrollo mediante la generación de ahorro corriente y mayor disponibilidad de divisas.
- Adoptar mecanismos y políticas que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y la moralidad en su administración.
Además, en el dictamen del proyecto del PEF de 1983, se advirtió: "La Comisión está consciente de que vivimos horas difíciles y de que frente a las crecientes y urgentes necesidades sociales del momento, el Presupuesto de Egresos para 1983 se encuentra severamente limitado por la disponibilidad de recursos externos y por la reducida base de ingresos y ahorro del Sector Público; así como por la inercia, la rigidez y la baja productividad del gasto público en años anteriores".
Con base en estas consideraciones y en los datos que tuvo a su disposición esta Comisión Dictaminadora (Cuenta Pública, Informe Previo, reuniones - diálogo con servidores públicos, etcétera), se puede afirmar que, en términos generales, se lograron los propósitos fundamentales de la política de egresos, como se aprecia en el resto de este dictamen.
Así, se presupuestó un gasto de 7.117 billones de pesos y ejercieron 7.954 billones de pesos (cuadro 1) observándose una diferencia del 11.8% (837.4 mil millones) que se explica, en su mayor parte, por el aumento en el servicio de la deuda, tanto interna como externa, ya que este gasto rebasó en 22.2% (580.7 mil millones) al presupuestado, y representó
un 40.2% del gasto total de la Federación, superior al 36.8% que estaba previsto. Este aumento se debió principalmente a que las tasas de interés (tanto internas como externas) y el tipo de cambio resultaron superiores a las cifras estimadas durante la formulación del presupuesto.
Los otros componentes de los egresos de la Federación, el gasto programable y el de participaciones y subsidios, (a estados y municipios principalmente), que dependen más de decisiones internas que de eventos internacionales, rebasaron en 4.9% y en 12.0%, respectivamente, al presupuesto original (cuadro 1). Este aumento fue posible gracias a que los ingresos del sector público fueron superiores a lo previsto, excedentes que, conforme al decreto aprobatorio del PEF, deben destinarse a los gastos prioritarios de la Federación.
El mayor gasto ejercido se debió también a que la inflación y las modificaciones en el tipo de cambio, al rebasar las previsiones iniciales, significaron aumentos en los costos y en los salarios superiores a los montos presupuestados. Además, la atención a las prioridades establecidas dieron origen a "nuevas necesidades" (aquellas acciones que no estaban programadas pero resultaban prioritarias y requerían ampliaciones de gasto que podían ser cubiertas con ingresos excedentes) que influyeron en el presupuesto.
La participación de estos efectos en el total de la discrepancia observada en el gasto público, así como en sus diferentes componentes, según la clasificación económica, aparece en el cuadro 2, donde se aprecia que 476.3 mil millones de pesos se debieron al tipo de cambio, 270.2 mil millones a la mayor inflación, 202.6 mil millones al aumento salarial, 13.8 mil millones a las mayores tasas de interés, 125.1 mil millones a las modificaciones de precios y tarifas, y 984.5 mil millones a las nuevas necesidades. Por otra parte, el renglón de "otros" y el de economías (es decir, la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido, siendo éste inferior al primero) registraron ahorros en las adecuaciones del presupuesto que compensan parte de los efectos anteriores.
En el cuadro 2, también se aprecia el efecto de las variables citadas en los diferentes renglones del gasto público. Así la mayor inflación, tuvo impactos importantes en materiales y suministros (68.3 mil millones de pesos) y en obras públicas (79.4 mil millones de pesos). El tipo de cambio tuvo sus mayores efectos en materiales y suministros (71.0 mil millones de pesos), servicios generales (17.1 mil millones de pesos), muebles e inmuebles (14.9 mil millones de pesos), obras públicas (16.6 mil millones de pesos), pero sobre todo en intereses, comisiones y gastos de la deuda (246.3 mil millones de pesos). Las tasas de interés superiores a las estimadas significaron 12.9 mil millones de pesos más de intereses, comisiones y gasto de deuda. El efecto del aumento salarial se concentró principalmente en los servicios personales (160.9 mil millones de pesos) y las nuevas necesidades se debieron sobre todo a los mayores gastos de intereses y comisiones (614.8 mil millones de pesos), obras públicas (121.8 mil millones de pesos) y materiales y suministros (109.7 mil millones de pesos). La mayor parte del impacto de precios y tarifas, se registró en el renglón de materiales y suministros (104.6 mil millones de pesos). Por otro lado, las economías se concentraron principalmente en los renglones de erogaciones extraordinarias (99.3 mil millones de pesos) y de muebles e inmuebles (77.7 mil millones de pesos.
Los mismos impactos del cuadro 2, pero por sectores, central y paraestatal, se presentan en los cuadros 3 y 4, respectivamente. Ahí se observa que los efectos de la mayor inflación se registraron, en mayor medida, en las secretarías de Comunicaciones y Transportes (7 mil 110 millones de pesos); Hacienda y Crédito Público (3 mil 897 millones de pesos), y Salubridad y Asistencia (2 mil 778 millones de pesos) en el Gobierno Federal; y en Pemex (158 mil 514 millones de pesos); IMSS (38 mil 538 millones de pesos; CFE (25 mil 153 millones de pesos) y Conasupo (22 mil 246 millones de pesos), en el sector paraestatal. En otras palabras, en el Gobierno Federal las tres secretarías citadas absorbieron el 78.0% del impacto de la mayor inflación, y las cuatro entidades mencionadas el 94.8% de los efectos en el sector paraestatal.
El impacto del tipo de cambio se centró en SEMIP, que absorbió el 50.2% del total del efecto del Gobierno Federal, y en Pemex y Conasupo que recibieron el 83.9% del efecto en el sector paraestatal.
El impacto de las tasas de interés en los organismos y empresas se centró totalmente en la CFE, (58.4% del total) y en DINA (41.6%); mientras que en el sector central el 100% se registró en el ramo de deuda pública.
El aumento salarial afectó en el Gobierno Federal principalmente a la SEP (48.2% del efecto total) y a la Defensa Nacional (13.5%). En el sector paraestatal los mayores efectos de esta variable se sintieron en el ISSSTE (25.1% del total); en el IMSS (20.8%), y en Pemex(12.6%).
De las nuevas necesidades, en el Gobierno Federal el 73.9% afectó el ramo de deuda pública y el 11.6% a comunicaciones y transportes; mientras que en organismos y empresas el 62.4% del efecto recayó en Pemex y el 16.6% en Conasupo. Como se aprecia, las nuevas necesidades, así como el impacto de las demás variables citadas, afectaron fundamentalmente al gasto de los sectores estratégicos y prioritarios.
Antes de continuar este análisis, conviene recordar que los cuadros 2,3, y 4 se presentan en cifras de los estados contables, y no en cifras conciliadas como las del cuadro 1, porque cada una de las entidades envió la información solicitada, según lo registran sus libros, sin que se hicieran los ajustes para eliminar las operaciones virtuales o compensadas.
De ahí que las cifras de los egresos totales del cuadro 2 sean ligeramente diferentes a las del cuadro 1, por lo que, conviene hacer las siguientes aclaraciones, como se hizo en los dictámenes de las cuentas públicas anteriores.
El registro contable de las operaciones de la Federación captura todas sus transacciones, incluyendo aquellas que son virtuales o compensadas, es decir, que no tienen movimientos reales de recursos. Las cifras así captadas son, por tanto, una sobreestimación por lo que, desde 1978 se concilian o depuran. Estas conciliaciones aparecen en el cuadro 5. Ahí se observa que en 1983, para pasar de las cifras contables a las conciliadas, es necesario deducir de las primeras los saldos del Fondo de Financiamientos, la asunción de pasivos, el endeudamiento neto de Cetes y la devolución de ingresos percibidos indebidamente.
El saldo del fondo de financiamiento del sector público, se deduce porque se trata de un fideicomiso constituido por el Gobierno Federal en el Banco de México que opera con créditos internos que controlan las diferentes entidades y que se reciclan entre ellas para su mejor aprovechamiento. El Gobierno Federal participa en el fondo ofreciendo como depósito el producto de la emisión de Cetes y Petrobonos que después retira la Tesorería según sus necesidades de liquidez. Por lo tanto al cierre del ejercicio queda un monto que será utilizado en el siguiente periodo, lo que se registra como inversión financiera, que resulta un gasto y un ingreso virtual, por lo que el citado saldo debe deducirse de ambos renglones.
Mediante la asunción de pasivos, el Gobierno Federal asume las obligaciones de otras entidades, por lo que se registra la obligación contraída por el sector central, y la cancelación de la misma en la entidad deudora, es decir, hay un doble registro de ingresos sin que haya ningún movimiento de efectivo por lo que debe restarse tanto en los renglones de ingresos como de gasto.
Los Cetes son documentos de corto plazo (a tres meses que por su revolvencia alteran los montos de financiamiento y amortización, de ahí que la diferencia entre el valor de los Cetes que vencen en los tres primeros meses del año (y que fueron emitidos en los tres últimos meses del ejercicio anterior) y el valor de los emitidos en los tres últimos meses del año, sea el endeudamiento neto originado por estos certificados, mismos que se canalizan al fondo de financiamiento del sector público.
La devolución de ingresos percibidos indebidamente se registran como ingreso, sin serlo, por lo que deben restarse de este renglón, y al devolverse se registran como gasto, sin serlo, por lo que también debe deducirse de los egresos.
Hechas esta aclaraciones, se consideró conveniente profundizar en los diferentes renglones del gasto programable, ya que la inversión fija y los egresos corrientes se vieron seriamente afectados por los efectos señalados, es decir, el tipo de cambio, los salarios y los precios, al ser mayores a los estimados en el presupuesto original, trajeron, como consecuencia, diferencias entre los egresos corrientes y de capital presupuestados y los ejercidos. Si a esto se añade la necesidad de compensar los impactos económicos y sociales de la crisis interna que resultó mayor de lo que se esperaba (el PIB cayó 5.3%) y las variaciones inesperadas del exterior, (los precios del petróleo fueron inferiores a lo previsto, etcétera), se entiende la diferencia no sólo del nivel, sino también de la estructura del gasto programable, de la inversión y de los egresos corrientes.
El gasto programable, es decir, el gasto federal que tiene impacto directo en la economía, se obtiene a partir de los egresos conciliados del Sector Público presupuestario, a los cuales se le restan los gastos del servicio de la deuda (que son compromisos fijados con anterioridad) y las participaciones y subsidios compensados (que corresponden principalmente a estados y municipios). Hechas estas operaciones se llega a una cifra que creció 57.4% en el año y superó en sólo 4.9% al monto presupuestado, como se aprecia en el cuadro 6, que además presenta su desglose en clasificación económica. Ahí se observa que la inversión física aumentó 31.6% con respecto a 1982, y superó en 15.1% a la cifra presupuestada. Este gasto concedió prioridad a los servicios de bienestar social, a la promoción regional y a las obras de infraestructura en comunicaciones, que a su vez tienen un elevado contenido de empleo por peso invertido.
El gasto corriente aumentó ligeramente su participación en el total del 65.5% en 1982 a 68% en 1983 (debido a los factores señalados anteriormente), no obstante que se redujo el contenido importado de los gastos del Sector Público (de 40% en 1982 a 23.8% en 1983, cifra, esta última, inferior a la presupuestada que fue de 29.7%). El aumento en el gasto corriente resultó necesario para sostener o aumentar la producción de bienes y servicios básicos. Esto último se aprecia mejor si se analiza el gasto programable del Gobierno Federal y del sector paraestatal y se desglosan éstos en los diferentes renglones del gasto corriente y de capital. Esta clasificación aparece en el cuadro 7 donde se muestra que el gasto directo de administración y la inversión física del Gobierno Federal disminuyeron, pero que sus transferencias al sector paraestatal crecieron 257.4 mil millones (53.0% más de lo presupuestado) para sostener y fomentar la producción de bienes y servicios básicos (sobre todo abasto y salud) y estratégicos (hidrocarburos, electricidad y fertilizantes). Por eso los gastos de operación (que incluyen materiales, suministros, mantenimiento, etcétera) y de inversión, de los organismos y empresas crecieron 29.7% y 10.2% más de lo programado, respectivamente. Además, es necesario anotar que una vez que se distribuyeron las reservas del Gobierno
Federal, su inversión creció alrededor del 40% ya que tales reservas se asignaron principalmente a obras de infraestructura y al programa del empleo (Véase adelante).
En términos generales, puede afirmarse que se contuvo el gasto directo de administración del Gobierno Federal (se redujo 7.9% a pesar de que los precios y los salarios aumentaron más de lo estimado) y que se moderó el gasto de operación del sector paraestatal, dotándole sólo de los recursos indispensables.
Para mayor detalle se incluyen los cuadros 8 y 9 donde se aprecian los impactos de la mayor inflación, tipo de cambio, tasas de interés, aumentos salariales, precios y tarifas y nuevas necesidades, en los sectores central y paraestatal respectivamente.
Allí se observa que en el Gobierno Federal el mayor impacto de la inflación se dio en las transferencias corrientes; del tipo de cambio en transferencias corrientes y en el servicio de la deuda. En este último renglón también se dieron los mayores efectos de las tasas de interés y de las nuevas necesidades; en organismos y empresas, el impacto de la mayor inflación se dio en materiales y suministros; el tipo de cambio en obra pública, en materiales y suministros y en servicio de la deuda; el aumento salarial en servicios personales, y las nuevas necesidades en servicio de la deuda y en materiales y suministros.
La política de racionalización del gasto corriente del Sector Público, incluye una estrategia salarial y de servicio civil que busca mejorar la capacidad técnica y administrativa del personal federal, para elevar la eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público. Los lineamientos para la instauración del servicio civil son, entre otros: procurar la estabilidad y seguridad en el empleo; continuar con el proceso de simplificación de la estructura y organización administrativa; fomentar la vocación de servicio civil de carrera; y promover la capacitación permanente.
La instauración del servicio civil de carrera se apoya principalmente en escalafones funcionales y programas permanentes de capacitación que eleven el nivel profesional y cultural y que permitan al Estado darle continuidad a los planes y programas.
El sistema escalafonario funcional permitirá a las dependencias promover y ascender al personal, con base en sus conocimientos, desempeño y experiencia. Además, la capacitación será el camino para escalar puestos de mayor responsabilidad y remuneración. En 1983 se concluyó el proyecto de este sistema que incluye los movimientos verticales en puestos de una misma rama según la valuación respectiva.
Además se integraron los catálogos de puestos (general e institucionales) del Gobierno Federal, determinando 27 niveles salariales de tabulador, y se calcularon, para cada nivel, las remuneraciones mínima, media y máxima, definiéndose las políticas y normas para la correcta administración de sueldos y salarios.
Adicionalmente, se incorporaron al sistema de sueldos y salarios del Gobierno Federal, aproximadamente 700 entidades coordinadas sectorialmente, a nivel de servidores públicos superiores, y 200 para la totalidad de su personal. Asimismo, se establecieron sistemas de actualización permanente al tabulador general de sueldos del Gobierno Federal, para mantener su vigencia, tomando en cuenta las variaciones del mercado y de los precios que afectan el ingreso de los trabajadores.
También se establecieron normas para el cumplimiento adecuado de las políticas sobre la materia; tales como contratos por honorarios; aumentos por salario mínimo y sus consecuentes desempates; otorgamiento de la primera aproximación del tabulador general del Gobierno Federal; estímulos, recompensas y premio nacional de administración pública al personal de Gobierno Federal, y sistema de evaluación de desempeño.
En 1983, el paquete salarial benefició básicamente al personal de las escalas salariales más bajas, lográndose durante el periodo: la nivelación y el desempate al sueldo base a todos aquellos trabajadores cuyo nivel salarial estaba por debajo del nuevo salario mínimo autorizado o se vio empatado; la reestructuración de las tasas de sobresueldos del personal federal, beneficiando a un millón 383 mil 123 plazas; la primera aproximación al tabulador de sueldos del Gobierno Federal, que benefició a un millón 600 mil plazas; el incremento a la primera de antigüedad, que benefició 247 mil 708 plazas; el aumento de sueldos del primero de septiembre, que repercutió en el sobresueldo; la implantación del tabulador y manual de sueldos y prestaciones para servidores públicos superiores y su correspondiente personal - de asesoría, apoyo administrativo y mandos medios.
Finalmente, conviene apuntar que el 29 de junio de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un instrumento de coordinación y asesoría del Ejecutivo Federal para la instauración del Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública; y que en 1983 se revisó la funcionalidad del modelo escalafonario y se participó en las adecuaciones del artículo 5o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo propósito es definir de manera precisa la naturaleza de base o de confianza de los puestos que integran las estructuras organizacionales.
Todas estas medidas buscan que se racionalice tanto la estructura de remuneraciones como el ejercicio del gasto público con el propósito de conformar una administración de sueldos y salarios más congruente.
En este mismo tema de la racionalización del gasto corriente, conviene subrayar también la redistribución del equipo y mobiliario entre dependencias del Gobierno Federal, sobre todo vehículos, y la no aprobación de
gastos para adquirir nuevas unidades para tareas administrativas. Además, las adquisiciones se orientaron preferentemente hacia el interior y las no esenciales se redujeron considerablemente.
Para racionalizar el gasto público, tanto corriente como de inversión, e introducir mayor disciplina en el ejercicio presupuestal, se tomaron las siguientes decisiones.
1. En servicios personales y organización administrativa:
- Se redujo el número de direcciones generales sin afectar los derechos de los trabajadores, racionalizando cargas de trabajo y redistribuyendo funciones y limitando el crecimiento vertical de las estructuras orgánicas.
- Medidas específicas a servidores públicos superiores y de mandos medios para la asignación y uso de bienes y servicios a su disposición.
- Precisión de normas para el otorgamiento de licencias, comisiones y permisos al personal federal, así como para la dotación de viáticos.
2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios:
- Se revitalizó el mecanismo de las comisiones consultivas de abastecimiento para usar la capacidad de compra del Sector Público en el apoyo a la planta productiva mediante la sustitución de importaciones.
- Normas complementarias sobre adquisiciones y almacenes para actualizar conceptos y montos y delegar en los comités de compras entidades, atribuciones anteriormente centralizadas.
- Se eliminaron requisitos innecesarios para resolver el retraso existente en el registro de proveedores de la Administración Pública Federal.
- Se establecieron normas generales para la asignación y uso de la transportación aérea y de materiales y equipos de oficina.
3. Se difundieron las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y las reglas de contratación y precios, como preámbulo a las modificaciones de la citada ley.
4. Se dotó de mayor claridad y transparencia al ejercicio presupuestario, mediante normas y procedimientos para eliminar las erogaciones imprevistas en conceptos específicos de gasto y el uso de fondos revolventes.
5. Se precisó la relación del sector paraestatal con las dependencias globalizadoras y coordinadoras de sector; y se normó la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno. Con esto se fortalecerá el esquema sectorial y las medidas de productividad.
Estas acciones apoyan la programación a corto y mediano plazos y deslindan las responsabilidades de los coordinadores de sector para verificar los requerimientos de la política de transferencias, así como los estados financieros y los avances físicos de obras, para, en su caso, suspender la ministración de fondos cuando se detecten anomalías, desviaciones o indisciplinas.
Estas medidas normativas, y la consiguiente asistencia técnica y capacitación a las dependencias y entidades del sector público, cumplen con los lineamientos aprobados por esta Cámara, mismos que habrán de reforzarse con acciones permanentes de control y evaluación.
Uno de los instrumentos de la racionalización del gasto, que complementa el establecimiento del servicio civil de carrera y las medidas señaladas en párrafos anteriores, es la modernización administrativa cuyo punto de arranque fueron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estas se orientaron a sentar las bases para incrementar la eficiencia del Sector Público y contribuir así a fortalecer la función social del Estado y a mejorar su capacidad de servicio a la población.
Para la reorganización del Gobierno Federal se tomaron las siguientes medidas:
- Se difundió el Manual de Políticas Iniciales de Organización para que las dependencias de la Administración Pública Federal se estructuraran en función de sus atribuciones y programas, y con el mínimo de unidades organizacionales y recursos requeridos.
- Se emitieron las normas de organización para las contralorías internas, conforme a los lineamientos de la SCGF.
- Se inició el desarrollo de las normas de organización para las áreas comunes de las dependencias: planeación y coordinación sectorial, áreas de apoyo administrativo, comunicación y difusión y asuntos jurídicos.
- Para que la sectorización de las entidades paraestatales se ajusten a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se estudió la resectorización de mil 71 entidades.
- Se evaluaron los mecanismos de coordinación intersectorial para depurarlos y adecuarlos a los cambios de la ley citada y para que sean instrumentos eficaces en la racionalización de funciones concurrentes y actividades multisectoriales.
La creación de la SCGF como parte importante de la reestructuración, trajo consigo la transferencia de funciones que antes se encontraban en la SHCP, SPP, y PGR. La estructura de esta dependencia, se conformó con el mínimo de unidades requeridas para cumplir con sus atribuciones.
Además se efectuaron diversas transferencias de unidades y funciones entre dependencias, entre las que destacan la transformación de SEPAFIN y SECOM en SEMIP y SECOFI, respectivamente.
A la SPP se le adicionaron facultades que dan contenido al proceso de planeación y que permiten la reglamentación integral del gasto público, incluyendo las Normas sobre Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles de la Administración Pública Federal. Además se le otorgaron facultades normativas para la modernización de la Administración Pública Federal y la instauración del servicio civil de carrera.
Otro instrumento de racionalidad, del gasto 1983, fue su flexibilidad, mediante la previsión de reservas presupuestales que permitieron enfrentar contingencias o eventualidades, tan comunes en tiempos de crisis. Estas reservas se incluyeron en el ramo de erogaciones adicionales y se incorporó una previsión para apoyar la reestructuración del sector paraestatal. Con ello se buscó darle flexibilidad al ejercicio del gasto, sin que se rebasara el monto total programado. Además, se aprobó que la reasignación de tales reservas se haría de manera selectiva y conforme a las prioridades establecidas. Esta modalidad, así como la autorización de erogaciones adicionales hasta por el importe de los ingresos excedentes, permitieron mayores márgenes de maniobra del presupuesto frente a la adversidad, la incertidumbre y las fluctuaciones de la economía nacional e internacional.
La distribución de las reservas contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas del PIRE en 1983 y permitió avances en la racionalización del gasto al inducir la jerarquización de acciones y evitar las notables variaciones presupuestales que caracterizaron a los últimos años. Además, permitieron sortear satisfactoriamente los problemas derivados de la incertidumbre cambiaria y de las tasas de interés que prevalecieron en los mercados financieros internacionales.
La administración de las reservas obligó a que se aportara un mecanismo de reprogramación permanente para reasignar recursos y otorgar transferencias a los programas prioritarios; a que se atendieran las necesidades surgidas de los mayores costos internos; a sufragar los incrementos del tipo de cambio superiores a los previstos; a trasladar recursos adicionales para cumplir con las medidas en materia de salarios; a darle mayor énfasis a las prioridades sectoriales y apuntalar los programas de inversión; y a solucionar los cambios en la estructura funcional, conforme a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los ingresos excedentes se destinaron en buena medida (37%) a los mayores gastos del servicio de la deuda y a incrementar las participaciones de estados y municipios.
El Gobierno Federal destinó cerca de la mitad de la reserva de apoyo a la reestructuración para cubrir los mayores gastos del servicio de la deuda. Para ello otorgaron mayores transferencias al sector paraestatal dada su imposibilidad de acceder al crédito. Así, se cumplieron los compromisos crediticios y se detuvo el agravamiento del desequilibrio financiero del sector presupuestal, sin afectar el déficit programado.
El pago de intereses superó en 52.4% a la cifra presupuestada, duplicando el monto pagado en 1982. Se pagaron 2.265 billones de pesos por concepto de intereses, cifra que representa el 38.8% de los ingresos ordinarios. Por otra parte, las participaciones a estados y municipios fueron superiores en dos veces y media a la suma de 1982, y representaron el 9.8% de los ingresos.
Para tener mayor capacidad de maniobra se disponía de las reservas para programas especiales del ramo de erogaciones adicionales (286 mil millones de pesos), la de reestructuración (98.2 mil millones de pesos, descontando lo destinado al servicio de la deuda), los ingresos ordinarios excedentes (700.6 miles de millones) y el programa de emergencia del empleo (100 mil millones de pesos). Es decir, se contaba con mil 184.8 miles de millones de pesos para reasignarlos entre las diferentes dependencias y entidades.
A fin de atender las solicitudes de ampliaciones de gasto con cargo a las reservas citadas y a los ingresos excedentes, se hicieron análisis exhaustivos y se otorgaron bajo estrictos criterios de selectividad. En esta tarea participaron órganos colegiados como el Gabinete Económico y la Comisión Intersectorial de Gasto - Financiamiento, quienes examinaron las solicitudes antes de someterlas a consideración del Presidente de la República. Además se les sujetó a una calendarización trimestral y se informó de ello a la Cámara de Diputados.
Así, en abril de 1983 se reasignaron 687.2 miles de millones de pesos, como se muestra en el cuadro 10 donde se aprecia la distribución de prioridades. Los mayores montos se destinaron a los alimentos (183.9 mil millones de pesos) y a mantener la exportaciones del Sector Público (210.7 mil millones de pesos) y el suministro de energía eléctrica (65.0 mil millones de pesos).
Se trató de alentar a la producción de alimentos, destinando recursos adicionales a obras de infraestructura; a la habilitación y apoyo crediticio; a la producción de insumos; a la comercialización de granos y productos básicos para la dieta popular. También se canalizaron fondos a la operación de Pemex, para asegurar la obtención de divisas; y al sector eléctrico por los mayores costos de operación y para las obras de mantenimiento y distribución, a fin de evitar problemas en el suministro.
Atender los problemas críticos de la Ciudad de México planteó necesidades adicionales de recursos a fin de evitar un agravamiento de las condiciones de vida de los capitalinos, especialmente en transporte, seguridad y empleo. Las universidades e institutos de educación superior y algunas empresas paraestatales requirieron apoyos para cubrir el costo de las revisiones contractuales efectuadas. Se realizaron retabulaciones para el personal de las instituciones de procuración de justicia y seguridad nacional, cuyas remuneraciones
tenían el mayor rezago relativo dentro del personal federal. Además, se aumentaron los recursos de la Contaduría Mayor de Hacienda, atendiendo a una recomendación de la H. Cámara de Diputados en el decreto de revisión de la Cuenta Pública de 1982.
Como se observa en el cuadro 10, se asignó un poco más de la mitad (54.5%) del presupuesto del programa de empleo durante el primer trimestre, destinando estos recursos principalmente a programas de comunicaciones y transportes, de zonas rurales y urbanas críticas, y del Distrito Federal.
Con la distribución señalada, se asignaron 286 mil millones de pesos de la reserva para programas especiales, el 54.5% de los recursos del programa de empleo y cerca de 100 mil millones de pesos de la reserva para reestructuración.
La distribución del segundo trimestre (183.3 mil millones de pesos) aparece en el cuadro 11, donde sobresalen los montos destinados a suministro de insumos básicos de hidrocarburos (72.7 mil millones de pesos), comunicaciones y transportes (42.0 mil millones de pesos) y alimentos (30.3 mil millones de pesos).
En el tercer trimestre se asignaron 115.9 mil millones de pesos distribuidos de la forma en que aparece en el cuadro 12. Las mayores cantidades se destinaron a los sectores de bienestar social (41.2 mil millones de pesos) e industrial (32.1 mil millones de pesos). Finalmente, en el cuarto trimestre se reasignaron 182.5 mil millones de pesos principalmente a los sectores paraestatal, industrial, abasto, seguridad social y eléctrico.
La misma información, pero en cifras anuales, aparece en el cuadro 13, donde se aprecia que de los mil 184.8 miles de millones de pesos, los mayores montos correspondieron a los sectores energéticos, (345.6 mil millones) bienestar social (211.3 mil millones) y comercio (156.4 mil millones).
La distribución de la reserva y de los ingresos excedentes según el ramo de procedencia y la entidad beneficiada, se presenta en el cuadro 14, donde se informa que el mayor beneficiario fue el sector paraestatal (775.7 mil millones de pesos) y la principal fuente de recursos fueron los ingresos excedentes (700.6 miles de millones de pesos).
El cuadro 15, por su parte, presenta la distribución de reservas por programas (especiales, de empleo y de reestructuración financiera), y por sectores prioritarios.
La previsión de reservas y la asignación de los ingresos excedentes así como la reestructuración de la Administración Pública Federal, permitieron que el gasto público tuviera la flexibilidad que demanda la reordenación económica y aumentaron la capacidad de respuesta frente a problemas apremiantes, atenuando el costo inicial y otros efectos adversos de la crisis.
Los cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal así como la asignación de los recursos presupuestales y de los ingresos excedentes, obligan a examinar la clasificación administrativa del gasto programable de manera diferente a la tradicional; es decir, se debe comparar el presupuesto ejercido con el modificado y no con el original, ya que varias de las secretarías que ejercieron el gasto en 1983 son diferentes a las existentes en 1982, cuando se aprobó el presupuesto. Por lo tanto, 1982 no es comparable con 1983, y SEMIP no es comparable con SEPAFIN, ni SEDUE con SAHOP, ni SECOFI con SECOM, ni siquiera SCT con SCT, porque tienen diferentes funciones, distintos programas y por lo tanto diferentes presupuestos.
La distribución de las reservas, que deliberadamente no se incorporaron a cada entidad o dependencia, para no darle rigidez al gasto, y la asignación de los ingresos excedentes (ambos previstos en el decreto aprobatorio del PEF de 1983) son argumentos adicionales para no comparar contra las cifras presupuestadas, sino contra los datos modificados.
Esta comparación aparece en los cuadros 16 y 17 donde se observa que una vez hechas estas reasignaciones, todas las entidades y dependencias ejercieron un gasto menor al autorizado, debido, en buena medida, a la disciplina presupuestal.
En el caso del Gobierno Federal (cuadro 16) las mayores diferencias porcentuales se observan en Erogaciones Adicionales (41%), SEDUE (31.4%) y la Contraloría (30.6%).
En términos de montos, los ramos que gastaron menos respecto a lo autorizado fueron la SEP (32.1 mil millones de pesos), Comunicaciones y Transportes (23.6 mil millones de pesos) y SARH (19.8 mil millones de pesos).
En el caso de la SEP conviene aclarar que, aunque se registró un gasto menor al autorizado, hubo retrasos en la captura de la documentación contable en las delegaciones estatales por lo que existen gastos ya pagados, cuya documentación está en trámite y que se estima en 36 mil millones de pesos, ligeramente superior a la economía registrada (32.1 mil millones).
La creación de la Contraloría dio origen al ramo XXVII, y a una reasignación de 4.9 mil millones de pesos de los que sólo se ejercieron 3.4 mil millones, debido fundamentalmente a que no se contrataron en su totalidad los recursos humanos previstos desde el inicio de su ejercicio.
Las secretarías en su conjunto gastaron 10.6% menos de lo autorizado, es decir, 105.1 mil millones de pesos; mientras que los ramos generales (erogaciones, adicionales y promoción regional) tuvieron un gasto inferior al autorizado en 19%, lo que significó 20.3 mil millones de pesos. El gasto global del Poder Ejecutivo Federal fue 11.4% menor al autorizado, lo que representa 125.4 mil millones menos. Los poderes Legislativo y Judicial gastaron justamente lo autorizado por lo que la diferencia entre lo ejercido y lo autorizado
del Gobierno Federal coincide con la del Poder Ejecutivo.
En el ejercicio del gasto del Gobierno Federal se observaron los normales retrasos que ocasiona la reorganización administrativa, el cambio de administración y la rejerarquización de programas. De ahí que se originaran economías en todas las entidades y dependencias, aclarando que muchas de estas economías fueron producto de los esfuerzos de racionalización ya examinados y la disciplina presupuestal.
En cuanto a las diferencias entre el original y el modificado, debidas a la reestructuración administrativa, SEMIP fue el ramo que observó mayor discrepancia con la cifra original que correspondía a SEPAFIN. Las adecuaciones en la SARH significaron un aumento de 22.8% sobre el presupuesto original debido principalmente a la absorción de los mayores costos del programa de inversiones, ocasionados por la inflación y el tipo de cambio que rebasaron las cifras previstas.
A la SCT se le asignó un gasto adicional de 74.1 mil millones de pesos debido a la incorporación de las unidades de infraestructura carretera y aeroportuaria (estaban incluidas en SAHOP) y que afectaron a SEDUE con una reducción de 67.4% al pasar de 59.5 mil millones de pesos a 19.4 mil millones. Las adecuaciones de SECOFI significaron una reasignación de 1.1 mil millones de pesos, 17.2% superior al presupuesto original.
En el cuadro 17 se presenta el gasto programable de organismos y empresas que fue de 2,477 billones de pesos, inferior en 9.5% a la cifra modificada.
Se observa en el cuadro citado que la mayor parte de este gasto (1,248 billones de pesos, 50.4% del total), fue destinado a los sectores de bienes y servicios estratégicos, que incluye Pemex, sector eléctrico, Sicartsa y Fertimex. Estos sectores ejercieron un gasto 13.2% inferior al autorizado (189.1 mil millones de pesos) diferencia que corresponde, casi en su totalidad, a los 183.1 mil millones que Pemex economizó.
El segundo en importancia es el sector de salud y seguridad social (517.1 mil millones de pesos, 20.9% del total, con un gasto 3.8% inferior a lo autorizado), seguido por regulación y abasto (499.8 mil millones, 20.2% del total, y un ejercicio inferior en 2.9% a lo autorizado).
Nótese en el cuadro 17 que todas las entidades registraron economías, exceptuando cinco de ellas que ejercieron un gasto idéntico al que se les otorgó.
Si las comparaciones se hacen con respecto al gasto original, se observa que la mayor parte de las entidades del sector paraestatal ejercieron un gasto superior al presupuestado debido a los efectos ya señalados con anterioridad (impactos cambiarios en el costo de los insumos de operación, incrementos de precios de los insumos, por encima de los presupuestados, aumentos en el pago de servicios personales superiores a los previstos) a los que añadiríamos mayores volúmenes de operación a los estimados (como en el caso de la Conasupo), mayores costos de manejo de fletes, maniobras, almacenajes, embarques, y envases, y factores extraordinarios tales como la incorporación de tiendas de dependencias federales al ISSSTE.
Un rubro fundamental del gasto programable del Gobierno Federal, que sirve de vínculo entre este sector y el paraestatal, es el renglón de transferencias. Este gasto fue de 1,413 billones de pesos (77.4% mayor al de 1983 y 31.2% superior al programado, pero 5.7% inferior al autorizado), que significó 59.1% del total ejercido por el sector central (cuadro 16).
Para 1983 se había previsto que los subsidios y aportaciones del Gobierno Federal se asignaran selectivamente y en función de su efecto en la oferta de bienes y servicios e insumos estratégicos. Por otra parte, se establecía que los apoyos para la capitalización del sector paraestatal tendrían preferencia y estarían vinculados a la revisión de precios y tarifas para que disminuyera la participación de los subsidios de operación, concediéndose sólo aquellos que resultaran estrictamente indispensables.
No obstante, la difícil situación de la producción, los requerimientos de la reordenación económica y el propósito de amortiguar el costo social de la crisis, así como las medidas de protección a la planta productiva y al empleo, condicionaron la estrategia, el monto y el destino de las transferencias del Gobierno Federal.
Este renglón fue, después del servicio de la deuda, el más dinámico del gasto público,, tanto en relación con 1982, como con las cifras presupuestadas. Las transferencias representaron el 33.8% del gasto programable ejercido, superior al 27% estimado originalmente y al 30% observado en 1982.
De los 335.7 mil millones de pesos, con que se rebasó el presupuesto original, el 70.3%, es decir, 236.1 mil millones de pesos, se destinó al sector paraestatal sujeto a control presupuestal (cuadro 18) principalmente para sufragar el elevado servicio de la deuda. No obstante los mayores recursos obtenidos por el incremento de precios y tarifas, estos resultaron insuficientes para satisfacer las mayores necesidades del gasto de operación y el incremento sustancial del servicio de la deuda que trajeron consigo las variaciones en las tasas de interés y en el tipo de cambio. Además, el endeudamiento público (interno y externo), se concentró en el Gobierno Federal, por lo que las entidades tuvieron que sustituir crédito por transferencias. Esta sustitución a su vez alivió el desequilibrio financiero de las empresas públicas y las acercó a una estructura financiera más sana.
A los organismos y empresas fuera del presupuesto, se les limitó el otorgamiento de transferencias y sólo rebasaron 99.6 mil millones de pesos (29.7%) la previsión original (cuadro 18).
El dinamismo de las trasferencias propició un mayor déficit del Gobierno Federal, pero fueron necesarias debido al propósito de mantener accesibles los precios de los productos básicos y de abasto popular, al tiempo que se incrementaba el ingreso de los productores de dichos bienes, contribuyendo así a reducir el costo social de la crisis.
En reciprocidad, los receptores de las transferencias se comprometían a sostener la oferta de productos básicos y de insumos estratégicos; apoyar la planta productiva del país; subsidiar programas de inversión en sectores intensivos en mano de obra; preservar la cobertura de los servicios médicos y asistenciales, y a la prestación de servicios de educación y terminal.
Por ello, del total de las transferencias, el 49.5% se destinó a respaldar el gasto corriente de las entidades paraestatales, principalmente las adquisiciones de Conasupo, y el pago de sueldos y salarios de las instituciones de educación media y superior; el 31.6% correspondió a las aportaciones de capital, principalmente para apoyar a la CFE, a Banrural y CAPFCE; y el 18.9% restante fueron apoyos para pago de pasivos e intereses, principalmente a la CFE.
En el cuadro 19 se muestra la distribución de las transferencias entre las diferentes entidades, sobresaliendo CFE (306.7 mil millones de pesos); Conasupo y filiales (150.4 mil millones de pesos); Banrural (105 mil millones de pesos) y Fertimex (74.2 mil millones de pesos). Estas cuatro entidades absorbieron el 45% de transferencias y representan el 77.5% de la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido.
La participación sobresaliente de Conasupo, Banrural y Fertimex en el total, se debe a la prioridad que tiene el abasto y la producción de alimentos y de productos básicos de consumo popular; mientras que las transferencias de la CFE se debieron al subsidio explícito a los consumidores de energía eléctrica (sobre todo por las bajas tarifas aplicadas a molinos y tortillerías y al riego agrícola) y al reintegro del impuesto especial de un peso KWH que no se consideró en el presupuesto original como transferencia, sino como ingreso propio.
En los cuadros 20 y 21 se presenta la sectorización económica de las transferencias. Del total (1,413 billones), a los sectores económicos se les asignaron mil 128.9 mil millones de pesos (el resto correspondió principalmente a pago de pasivos) que rebasaron en 64.2% la cifra de 1982 y en 11.7% el presupuesto original. De ese monto, 681.6 mil millones de pesos fueron transferencias corrientes, y el resto de capital (cuadro 21). Esta distribución obedece principalmente a la prioridad que se le dio a la operación de las entidades de los sectores de desarrollo rural, bienestar social y comercio, que absorbieron el 69.3% del total de las transferencias corrientes sectorizables (cuadro 21). La mayor participación correspondió al sector de bienestar social, que absorbió 263.8 mil millones de pesos sobresaliendo las entidades educativas, la UNAM, el Instituto Nacional de Educación para Adultos y las instituciones de educación media y superior que absorbieron la mayor parte de los recursos.
El subsector salud y seguridad social recibió 44 mil millones de pesos para ampliar la cobertura de los servicios médicos y asistenciales, principalmente a la población urbana marginada y a zonas rurales deprimidas. Las unidades hospitalarias de salubridad y asistencia recibieron 38.2% más que en 1982.
El sector de desarrollo rural obtuvo transferencias por 249.9 mil millones de pesos (22.1% del total sectorizable). Los mayores recursos se destinaron a Banrural, Anagsa y al Fideicomiso de Riesgo Compartido, que obtuvieron 105.0.25.0 y 9.4 mil millones de pesos respectivamente.
Al sector comercio se le transfirieron 147.7 mil millones de pesos (13.1% del total sectorizable) concentrándose principalmente en Conasupo y sus filiales para garantizar el abasto de los bienes incluidos en el paquete básico del consumo popular. Los subsidios a la tortilla y al pan ascendieron a 47 y 25 mil millones de pesos, respectivamente.
El sector comunicaciones y transportes obtuvo un incremento de 88.8% con respecto a 1982, y del total de 119.9 mil millones, el subsector ferroviario recibió 36.5 mil millones de pesos destinando más de la mitad al financiamiento de sus gastos de operación y el resto a la adquisición de equipos de tracción y al tendido de red férrea.
En el cuadro 22 se presentan las transferencias otorgadas al sector paraestatal que está controlado presupuestalmente. Estas transferencias se clasifican en estatutarias (58.9 mil millones de pesos), subsidios a los precios de operación (248.5 mil millones de pesos, de los cuales Conasupo absorbe 123.2 y los subsectores eléctrico y ferroviario 41.2 y 41.1, respectivamente); transferencias de capital (117.2 mil millones de pesos de los que 74.8 corresponden al subsector eléctrico, 11.7 a Fertimex y 10.5 al subsector ferroviario); apoyo para pago de pasivos e intereses (266.6 mil millones de pesos, de los que 190.7 son de CFE y 33.8 de Fertimex). De manera que el total de transferencias al sector paraestatal controlado ascienden a 691.2 mil millones de pesos, superior en 51.8% a la cifra presupuestada y en 98.4% a la de 1982.
Para controlar y evaluar las transferencias, desde 1982 se estableció de manera definitiva el Registro Único de Transferencias (RUT) que permite identificar a los destinatarios así como a las ramas y sectores económicos donde se localizan. Además, en 1983 se precisaron las normas que deben seguir las coordinadoras de sector para el otorgamiento de transferencias a las entidades que coordinan, y que obligan a presentar informes detallados a los otorgantes y receptores a fin de conocer el proyecto inicial y el destino final de estos recursos.
El gasto público no sólo participó activamente como instrumento flexible para restaurar los equilibrios mínimos en el aparato productivo interno, sino que también se orientó hacia uno de los objetivos fundamentales del PIRE; lograr la estabilidad cambiaria reivindicando la autoridad del Estado en materia monetaria. La política de egresos contribuyó a la reordenación económica en este frente reduciendo significativamente el contenido importado del gasto, generando divisas por parte de las empresas públicas y racionalizando el uso de las mismas mediante menores asignaciones al gasto corriente y mayores a los bienes de capital y de producción. También con este propósito se reestructuró la deuda y se disminuyó drásticamente el ritmo del endeudamiento externo.
Para lograr estos propósitos, el manejo de las divisas del Sector Público en 1983, se ajustó a los lineamientos señalados por el presupuesto de egresos, dando prioridad a: el abastecimiento de alimentos, y productos básicos de consumo popular; la adquisición de insumos, maquinaria y equipo para las entidades que producen bienes estratégicos; y ajustar las divisas al mínimo indispensable para el financiamiento del aparato productivo del Sector Público.
Atendiendo a estos principios, las divisas se distribuyeron de la manera que aparece en el cuadro 23. Ahí se observa que el Sector Público presupuestario obtuvo un superávit de 7 mil 500 millones de dólares, resultante de un déficit de mil 200 del Gobierno Federal y de un superávit del sector paraestatal de 8 mil 700. Este último obtuvo ingresos por 16 mil 800 millones de dólares y tuvo gastos de 8 mil 100, debido a la importación de mercancías (3 mil 700), a la adquisición de servicios (mil) y al pago de intereses (3 mil 400).
Los 16 mil 800 millones de dólares de exportaciones del sector paraestatal, representaron el 60% del total de las divisas que ingresaron al país, y más del 90% (de los 16 mil 800) se debieron a las ventas del petróleo crudo y sus derivados. Esta cifra fue similar a la de 1982 (cuadro 24) no obstante la reducción de los precios internacionales y el mantenimiento de la plataforma de exportación de crudo en un millón y medio de barriles diarios. Ello se debió al incremento en la venta de otros derivados de los hidrocarburos y de productos de la petroquímica secundaria.
Las importaciones de mercancías del Sector Público (3 mil 700 millones de dólares) fueron muy inferiores a las previstas (5 mil 600 millones de dólares) debido a que los programas de adquisiciones de maquinaria y equipo de Pemex, CFE, Fertimex y Sidermex se retrasaron y sólo llegaron al 50% de lo previsto. Esto a su vez se debió fundamentalmente a la rejerarquización de programas y proyectos y al elevado incremento de los costos con respecto a las estimaciones originales.
Las entidades que registraron mayores gastos en el exterior fueron Pemex, CFE y Conasupo. Estas erogaciones se realizaron de manera selectiva atendiendo sólo a los requerimientos indispensables.
Las importaciones de Conasupo fueron principalmente granos (sorgo, maíz trigo, soya, semilla de girasol, etcétera) y sumaron mil 900 millones de dólares, cifra que se explica por su mayor participación en el proceso regulador de abasto. Pemex importó mil 900 millones de dólares, CFE 341 millones de dólares, y Sicartsa, Fertimex y Ferronales en conjunto, 235 millones de dólares.
Estas medidas y resultados contrajeron el contenido importado del gasto público,. que fue de 23.8% muy inferior al contenido previsto (29.7%, cuadro 25). A ello contribuyó también la calendarización de las necesidades de divisas y de los programas de importaciones sujetas a control de los permisos correspondientes. La mayor discrepancia entre el contenido importado presupuestado y ejercido se originó en el gasto del servicio de la deuda (cuadro 25) sobre todo en amortizaciones, por la reestructuración de la deuda externa, mientras que el contenido importado del gasto programable en conjunto se mantuvo cerca de lo previsto (8.7% contra 8.3% observándose diferencias importantes sobre todo en los gastos de capital, que tuvieran un contenido de 2.8% superior al previsto (1.9%).
Cabe destacar durante 1983 se iniciaron las acciones de las Comisiones Mixtas de Abastecimiento en las entidades del Sector Público, mismos que firmaron acuerdos de concertación con representantes de la industria nacional para reorientar hacia el interior las compras del Sector Público.
Todas esa medidas relacionadas con el gasto público, contribuyeron a la estabilidad cambiaria de 1983, a la mejoría en las transacciones comerciales y a la reconstitución de las reservas internacionales.
2. Ingresos
La política de ingresos obedece fundamentalmente al punto 6 del PIRE y se inscribe en la política de financiamiento del desarrollo del PND, dentro del propósito de aumentar el ahorro público. Este a su vez incluye a la política tributaria y a la de precios y tarifas. En el primer caso, el PND establece que: "La política tributaria se orientará a hacer más equitativa la distribución del ingreso, y a estimular significativamente la recaudación efectiva, estableciendo una mejor y más progresiva relación entre los ingresos no tributarios y tributarios y, dentro de estos últimos, entre impuestos directos e indirectos. Con estos propósitos, se continuará en la modernización y actualización del sistema tributario. Para ello:
- se reforzará el aspecto administrativo de la recaudación así como las reglas y sanciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales;
- se avanzará en la globalización del ingreso de las personas físicas contribuyentes al Impuesto sobre la Renta;
- se generalizará el Impuesto sobre la Renta, eliminando en los casos en que éstas no se justifiquen;
- se actualizarán periódicamente las tasas de los derechos, de acuerdo a costos, y se revisarán los criterios para establecer productos y aprovechamientos, con el fin de que estos ingresos recuperen gradualmente su participación en la recaudación total;
- se continuará, mientras sea necesario, con la desgravación a los causantes de menores ingresos y la adecuación de las tasas para que aquellos con mayores ingresos sean quienes paguen más; para ello, el salario mínimo se seguirá utilizando como exención básica;
- se normalizará el régimen tributario de todas las empresas y organismos del Sector Público.
El PND señala que la política de ingresos del sector paraestatal (precios y tarifas) persigue rehabilitar el ahorro del país en condiciones de financiamiento sano. Además, se corregirán distorsiones en los precios relativos para aumentar la eficiencia económica y la equidad social. Para ello:
- se adecuarán los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, a fin de que el ahorro público no dependa sólo de unas cuantas empresas; se mantendrán únicamente subsidios en aquellos bienes y servicios que tengan un claro y significativo efecto sobre el empleo, la distribución del ingreso y el bienestar de las mayorías; una vez superado el periodo de ajuste, las adecuaciones se harán de manera paulatina pero constante;
- se avanzará en la rehabilitación financiera integral de la empresa pública, mediante el establecimiento de normas y mecanismos de verificación y control de costos y resultados; se establecerán mecanismos adecuados de financiamiento de la empresa pública, evitando rigideces y rezagos.
Como resultado de las políticas anteriores, se incrementarán los ingresos públicos como proporción del producto y se calcula que el ahorro consolidado del sector presupuestal alcanzará poco más de 20 por ciento del ahorro interno total y estará en condiciones de financiar la mitad de la inversión presupuestal en el periodo 1985-1988.
El documento de la Cuenta Pública de 1983, por su parte, afirma que un propósito fundamental de la política de ingresos es recuperar la capacidad del Sector Público para generar ingresos no inflacionarios y contribuir así al saneamiento de las finanzas públicas. Además, se busca hacer compatible este saneamiento con la distribución equitativa del costo del programa de ajuste haciendo que contribuyan más los grupos con mayor capacidad económica.
En rigor, a la política de ingresos incluye también a la deuda pública, sin embargo, este tema será tratado en el siguiente apartado junto con el déficit y su financiamiento. Por ahora, el examen se centra en lo que se conoce como ingresos ordinarios, tantos globales como el sector central y paraestatal. En el cuadro 26 se muestra el total de ingresos presupuestarios (8.873 billones de pesos, similar al total de egresos), al que debe deducirse el renglón de operaciones virtuales (539.8 mil millones de pesos) y el de participación a estados y municipios (561.9 mil millones de pesos, 148.3% más en 1982 y 11.7% superior al monto programado), para obtener así los ingresos totales de la Federación: 7.772 billones, que rebasó en 62.8% a los de 1982 y en 21.3% a la cifra presupuestada. Esta cifra corresponde a los ingresos presupuestarios conciliados, inferior a la de ingresos según estados contables por razones similares a las señaladas en el apartado de egresos. La conciliación entre ambas cifras se muestran en el cuadro 27 y los rubros que se deducen son los mismos que fueron explicados en el apartado anterior.
El total de ingresos conciliados (7.772 billones de pesos) se divide en ordinarios (5.262 billones) y derivados de financiamientos (2.510 billones). Estos últimos se examinan en detalle en el apartado siguiente.
En total, los ingresos ordinarios del Sector Público registraron un monto de 5.837 billones, que rebasó en 20.4% al presupuesto original y en 106% al total registrado en 1982 (véase cuadro 28).
El mayor aumento de los ingresos con respecto a lo presupuestado se registraron en el sector paraestatal (32.3% contra 13.1% en el Gobierno Federal). Esto se debió principalmente a la conversión en pesos de los ingresos provenientes de exportaciones de hidrocarburos (dado que se estimó un tipo de cambio inferior al registrado) y también, aunque en menor medida, a los ajustes adicionales en precios y tarifas y a la mayor captación de algunos rubros tributarios ocasionados por los aumentos salariares superiores a los previstos y por la ampliación de la base gravable en el Impuesto sobre la Renta.
Como se aprecia en el cuadro 28, el 58.2% de los ingresos correspondieron al Gobierno Federal y el 41.8% restante a los Organismos y Empresas, composición que contrasta con la previsión original (62% para el Gobierno Federal y 38% para el sector paraestatal) debido principalmente a los ingresos en pesos derivados en la exportación de hidrocarburos.
Los ingresos del Gobierno Federal, por su parte, ascendieron en 1983 a 3.397% billones de pesos, cifra superior en 124.1% a la registrada en 1982, y en 13.1% a la presupuestada. De este total, la mayor parte (3.381 billones de pesos) correspondió a los ingresos
corrientes y sólo 15 mil 100 millones a los de capital. De los ingresos correspondientes el 34.6% correspondió a lo petroleros y el 65.4% a los no petroleros (cuadro 29). Estos últimos a su vez se dividen en tributarios y no tributarios. Los primeros se presentan en el cuadro 30, donde se observa que el total fue inferior al programado en 1%, no obstante que creció 87.8% respecto a 1982. Esto se debió a que las modificaciones tributarias instrumentadas no alcanzaron el efecto recaudatorio esperado debido a que la recesión y la inflación, fueron superiores a lo esperado, y erosionaron la base gravable, especialmente la del IVA, renglón que resultó 29.8% inferior al monto programado, a pesar de que aumentó 151.7% con respecto a 1982. Otras caídas importantes, con respecto a lo previsto, además del IVA, se registraron en el impuesto a la importación (23.3%) y otros (30.6%). Estos efectos fueron más que compensados por los aumentos, en relación a lo presupuestado, de los impuestos de producción y servicios (26.5%) y sobre la renta (25.4%). En el citado cuadro también se observa que todos los renglones, excepto el de los impuestos a la importación, registraron aumentos considerables con respecto a 1982.
Los cambios en el Impuesto sobre la Renta (25.4% por encima de lo presupuestado y 54.3% más que en 1982) son reflejo de su mayor progresividad, a la que ha contribuido la política de desgravación para favorecer a los trabajadores de ingresos bajos y medios. Esto significó que la participación del impuesto al capital subiera de 66.4% en 1980 a 68.2% en 1983, mientras que la participación de los impuestos al trabajo se redujo del 33.6% en 1980 a 31.8% en 1983.
La caída en el IVA obedece a la contracción de la actividad económica que fue mayor a la esperada y a la baja en el volumen de las importaciones. El aumento en el impuesto a la producción y servicios se explica básicamente por los mayores precios de los bienes y servicios gravados, sobre todo gasolinas.
El renglón de ingresos no tributarios (que se desglosa en el cuadro 31, y que excluye a Pemex) registró un total de 415.4 mil millones de pesos que casi cuadruplicó al de 1982 y más que triplicó el monto previsto. Este aumento se explica porque en el renglón de productos se incluyen 258 mil millones de pesos por intereses de la cuenta especial del Banco de México, que también se incluyen en el costo de la deuda interna.
Los ingresos petroleros aumentaron su participación en el total de ingresos corrientes (de 29.9% en 1982 a 34.6% en 1983) debido principalmente al nuevo régimen fiscal de Pemex y a que la devaluación cambiaría fue mayor a la estimada lo que aumentó los ingresos, por exportación de hidrocarburos en pesos.
Los ingresos de capital, también incluidos en el cuadro 31, apenas fueron de 15.1 mil millones de pesos, que casi duplicó el monto previsto y fue 48% superior al de 1982. Su crecimiento se debe a recuperaciones de créditos que no estaban previstas.
Todas estas variaciones en los ingresos del Gobierno Federal obedecieron a las modificaciones fiscales, a la evolución del tipo de cambio y de la inflación, a las decisiones de precios y tarifas y a la contracción de la actividad económica. En cuanto a las primeras sobresalen:
-el Impuesto sobre la Renta se modificó para darle mayor progresividad mediante una mejor globalización de los ingresos, y la incorporación de mayores controles administrativos para reducir la elusión y la evasión fiscales. En este sentido se estableció la obligación de acumular los dividendos de las personas físicas y todos los ingresos de los servidores públicos. Además, para amortiguar los efectos de la inflación en los ingresos de los trabajadores, se desgravó en un 90% la tarifa del impuesto a las personas físicas, que junto con el deducible automático del salario mínimo del año, favoreció principalmente a los causantes de ingresos bajos y medios. Adicionalmente, para darle mayor progresividad a este impuesto, se estableció una sobretasa del 10%, que pagarían una sola vez en 1984 (por los ingresos recibidos en 1983, quienes hubieran obtenido ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo anual.
- se eliminaron y ajustaron algunas bases especiales de tributación aplicables al Impuesto sobre la Renta para aumentar la recaudación, reducir la evasión y la elusión fiscales y fortalecer la eficiencia y la equidad del sistema tributario. En el caso de los autotransportes se aplicó un sistema congruente con la capacidad real de pago de este sector. En el sector agropecuario y pesquero, las empresas medianas y grandes ingresarán a un régimen normal simplificado a partir de 1984.
- se modificó la tasa general del IVA del 10% al 15%; se redujo la tasa del 10% al 6% para las medicinas; los artículos de consumo suntuario se gravaron al 20% y se mantuvo la tasa de cero para los productos alimenticios no procesados y para los alimentos procesados que tiene un peso específico importante en el consumo popular, tales como leche, aceite, pastas comestibles, entre otros. Asimismo se eliminó la exención a profesionistas, excepto médicos, para darle mayor generalidad en su aplicación. Estas tasas diferenciales le dan mayor medida al financiamiento del gasto público.
- se modificó el impuesto especial a la producción de servicios para gravar las diferentes etapas de comercialización de los productos, excluyendo la del detallista, permitiéndose el acreditamiento del impuesto
que les hubiese sido trasladado a fin de evitar la piramidación. Antes sólo se gravaba la primera enajenación lo que erosionaba la base gravable del impuesto.
-en el impuesto de gasolinas se estableció un impuesto en etapas múltiples, no acumulativo, con una tasa única para las gasolinas extra, nova y diesel.
-la Ley Federal de Derechos, se modificó para darle ampliación indefinida a su vigencia y actualizar sus cuotas mediante factores anuales. Se establecieron dos nuevos derechos, uno por concepto de hidrocarburos y otro a la minería. El primero modifica el régimen fiscal de Pemex, reglamentando el pago por la extracción de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, ya sea que se consuma en el país o en el extranjero. Se fijó una tasa del 26.8% sobre el valor del petróleo crudo y el gas natural extraído en cada ejercicio y un derecho adicional del 5% sobre su exportación.
Finalmente, cabe destacar que los estímulos fiscales fueron más selectivos y se orientaron a promover actividades prioritarias, simplificando, agilizando o suprimiendo estímulos para darles mayor transparencia, racionalidad y eficiencia. Como resultado de la selectividad y de la actividad económica (que se redujo más de lo esperado), el programa de estímulos fiscales registró un total de 34.6 mil millones de pesos (menor en 34.5% a la cifra de 1982). Casi la mitad de este total correspondió a los CEPROFIS, que son el instrumento de promoción fiscal más importante.
En el sentido conviene anotar que en 1983, la Ley de Impuesto Sobre la Renta incluyó un título adicional que contiene un sistema de autoaplicación de estímulos fiscales para promover la inversión, la creación de empleos, y la descentralización de la actividad económica. Además, el programa de defensa de la planta productiva y el empleo ofreció créditos preferenciales, reducción de impuestos a la importación y otras facilidades y apoyos a la pequeña y mediana empresas.
La política de ingresos del sector paraestatal buscó el saneamiento financiero de las empresas públicas mediante ajustes a los precios y tarifas de sus bienes y servicios a fin de reducir su dependencia del endeudamiento y las transferencias del Gobierno Federal. Estos ajustes siguieron un esquema selectivo y flexible que obedeció a los siguientes propósitos: propiciar una estructura de precios relativos que apoyará la nueva estrategia de desarrollo; evitar el otorgamiento de subsidios no indispensables; proteger el consumo básico a precios accesibles; inducir nuevos patrones de consumo compatibles en el desarrollo del país, con los requerimientos de los sectores mayoritarios de la población y con la escasez relativa de los recursos. Además, la política de precios y tarifas se basó en las características de cada producto o grupo de productos; en los sectores (económicos y sociales) y en las regiones que debían beneficiarse, y en los patrones de producción y consumo que se consideró necesario inducir.
Por ello, para modificar los precios y tarifas de las empresas del Sector Público, se fijaron los siguientes puntos de referencia: el precio internacional (para los bienes comerciables mundialmente, en particular los que el país no produce, o no es autosuficiente); las variaciones en el salario mínimo (para los bienes y servicios básicos que consumen las mayorías); los cambios en los costos y el cumplimiento de compromisos específicos de aumentos de productividad y eficiencia del sector paraestatal (para los demás bienes y servicios); y el posible impacto a corto plazo en la tasa de inflación (para el conjunto de bienes y servicios).
Con este marco de referencia se actualizaron los precios y tarifas del Sector Público, según se aprecia en el cuadro 32, donde sobresalen los cambios en gasolinas, diesel, gas natural, petroquímicos básicos, gas LP, energía eléctrica, fertilizantes, productos siderúrgicos, transportación de carga ferroviaria y los productos de Conasupo. En este último caso, para reducir el costo social de la crisis, se buscó el doble propósito de asegurar el abasto de granos y productos básicos a precios accesibles por un lado y de garantizar a los productores un ingreso justo y remunerativo mediante los precios de garantía, por el otro.
Esta política de precios y tarifas contribuyó a que el total de los ingresos ordinarios de los organismos y empresas fuera de 2.440 billones de pesos que rebasó en 32.3% el presupuesto original y en 85.2% el monto de 1982 (cuadro 33). De este total el mayor porcentaje (75.9%) correspondió a la venta de bienes y servicios (1.852 billones de pesos) cifra muy superior a la de 1982 (74.1%), a la presupuestada (19.0%) y a la de otros rubros: cuotas obrero - patronales (269.1 mil millones de pesos) ingresos diversos (114.2 mil millones de pesos), ingresos recuperables (158.3 mil millones de pesos), ingresos por cuenta de terceros, (45.6 mil millones de pesos) y venta de inversiones (0.7 mil millones de pesos). Todos estos renglones fueron superiores a la cifra prevista. Esto se debió también, además de los ajustes en precios y tarifas a niveles mayores a los considerados en el presupuesto original, a la conversión en pesos de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos.
La misma cifra de ingresos propios del sector paraestatal (2.440 billones) pero desglosada según las diferentes entidades incluidas dentro del presupuesto, aparece en el cuadro 34. Allí se observa que un poco más de la mitad de tales ingresos pertenece a Pemex (1.292 billones, 52.9% del total); le siguen en importancia el IMSS (304.1 mil millones); Conasupo (183.0 mil millones); CFE (115.3 mil millones); ISSSTE (107.8 mil millones) y Propemex (52.6 mil millones). Todas estas
entidades representaron el 84.2% del total. Tan solo Pemex, IMSS y Conasupo representaron el 72.9% del total.
En cuanto a las diferencias entre lo previsto y lo registrado sobresale Pemex con 458.8 mil millones de pesos, cifra 55.1% superior a la estimación original debido principalmente a que el tipo de cambio resultó mayor al estimado, lo que aumentó el valor en pesos de sus ventas al exterior. El IMSS rebasó su estimación original de ingresos en 48.5 mil millones de pesos por el incremento de su reserva técnica actuarial (que generó un mayor rendimiento en Cetes y Petrobonos principalmente) y porque los incrementos salariales resultaron superiores a lo previsto. Conasupo recibió ingresos superiores a los estimados por 32.4 mil millones de pesos debido a al mayor volumen de sus ventas y a los aumentos en los precios de sus productos. CFE obtuvo ingresos inferiores a los previstos en 30.2 mil millones de pesos porque no le fue autorizado el aumento adicional al 2.5% en sus tarifas; además el menor nivel de actividad económica, sobre todo en la industria manufacturera, redujo el consumo de energía. El ISSSTE generó 52.5 mil millones de pesos más de los programados originalmente, por la incorporación de las cadenas de tiendas a su presupuesto, y por los incrementos salariales del personal al servicio del Estado, que fueron superiores a los previstos.
3. Déficit y deuda
Una vez examinados los egresos y los ingresos, corrientes y de capital, la Comisión Dictaminadora obtuvo la materia prima para determinar el déficit del Sector Público y, por tanto, el endeudamiento necesario para financiarlo. Este último, a su vez, permitió conocer la deuda total, y el gasto que origina.
El déficit financiero del Sector Público Presupuestario en 1983. fue de 1.293 billones, superior en 11.2% al déficit programado (1.163 billones), como se aprecia en el cuadro 35. Este déficit representó un 7.4% del PIB cifra inferior a la mitad del porcentaje registrado en 1982 (15.3%) y, por tanto, dentro de la meta fijada por el PIRE, que en términos generales se propuso reducir a la mitad del PIB. Sin embargo, el déficit mencionado en el PIRE y en el documento de Criterios Generales de Política Económica, es el déficit financiero consolidado total, que incluye a los organismos y empresas no incluidas en el presupuesto y a la intermediación financiera. Este déficit fue de 1.520 billones, 8.7% del PIB, cifra inferior a la mitad del porcentaje observado en 1982 que fue de 17.6% y por lo tanto, dentro del rango establecido (véase cuadro 36, extraído del Informe Previo de 1983).
El déficit financiero presupuestario (1.293 billones) se debió principalmente, a que los egresos corrientes crecieron más (con respecto a lo presupuestado) que los ingresos corrientes (23.9% y 11.1%, respectivamente) por causas ya mencionadas en los apartados anteriores. No obstante, se registró un ahorro corriente de 419.2 mil millones de pesos menor en 51.6% al programado originalmente (865.9 mil millones de pesos). Como se observa en el cuadro 35, los ingresos y los egresos de capital fueron inferiores a lo estimado y, por tanto, también lo que fue el déficit de capital: 1.712 billones, 15.5% por debajo de lo previsto.
El déficit financiero (1.293 billones) se originó fundamentalmente en el Gobierno Federal (1.288 billones de pesos 72.5% superior al estimado, cuadro 37) ya que el sector paraestatal apenas registró un déficit de 5.3 mil millones de pesos, cifra muy inferior a la prevista originalmente (416.2 mil millones de pesos, cuadro 38).
En los resultados de los párrafos anteriores, jugaron un papel destacado los gastos del servicio de la deuda, sobre todo los intereses, y las transferencias del Gobierno Federal, que fueron muy superiores a los previstos originalmente; en consecuencia, se estimó conveniente profundizar en estos aspectos.
El ahorro público total fue de 419.2 mil millones de pesos, cifra que contrasta significativamente con el desahorro de 298.6 mil millones, registrados en 1982; sin embargo, fue inferior en 51.6% a la meta programada. Esta discrepancia obedece fundamentalmente a que el pago de intereses (2.831 billones de pesos) rebasó en 57.7% a la cifra programada (véase cuadro 39). Si se elimina el efecto de los intereses, el ahorro corriente antes de este gasto, resulta ser de 2.8 billones de pesos, 17.9% mayor a la meta programada. Este resultado se debe principalmente al aumento de los ingresos corrientes, que fueron 101.1% superiores a los de 1982 y 11.1% mayores a los estimados, mientras que los gastos corrientes, excluyendo intereses, sólo sobrepasaron en 5.1% a los presupuestados (cuadro 39).
El Gobierno Federal, por su parte, pasó de un desahorro corriente de 652.8 mil millones de pesos, en 1982, a un ahorro de 66.1 mil millones de pesos en 1983 (cuadro 40). A pesar de este considerable avance, el resultado fue inferior en 90.1% a la meta presupuestada, debido al impacto cambiario en el pago de intereses, a la liquidación de pérdidas cambiarías y a las mayores transferencias corrientes a entidades públicas. Si se excluye el pago de intereses (que superaron en un 77.4% al monto previsto) se obtiene un ahorro de 1.782 billones, 8.9% más de los presupuestado.
Los organismos y empresas del Sector Público, aumentaron su ahorro corriente sustancialmente debido a las transferencias del Gobierno Federal, originadas por los factores ya señalados en el apartado anterior, sobre todo la elevación de los pagos de interés al exterior. El ahorro corriente después de transferencia fue de 353 mil millones de pesos
que superó en 155.8% al de 1982 y en 79% al monto presupuestado (cuadro 41). Las transferencias corrientes del Gobierno Federal fueron de 491.5 mil millones de pesos (mayores en 88.1% al monto presupuestado) y compensaron en desahorro corriente, antes de transferencias, de 138.5 mil millones de pesos. Este resultado obedeció a que los gastos corrientes fueron superiores en 27% a lo estimado, que no pudieron ser amortiguados por los ingresos corrientes, que sobrepasaron en 23.9% al presupuesto original (cuadro 41).
Dada la importancia del pago de intereses en el resultado financiero del sector paraestatal, conviene segregarlo del resto del gasto corriente, tal como se aprecia en el cuadro 42, donde se observa que el ahorro antes de intereses fue de 526.3 mil millones de pesos, cifra que rebasa en 10.1% a la meta presupuestada. Se observa también que los gastos corrientes, antes de intereses, rebasaron en 28.7% el monto estimado debido a los factores ya examinados, entre los que sobresale el aumento del costo de los insumos importados, medidos en pesos.
La Comisión decidió profundizar en estos movimientos del ahorro público, tanto global como por sectores (central y paraestatal), porque el saneamiento financiero postulado por el PIRE significa, entre otros ingredientes, la recuperación de la capacidad para generar ahorro por parte del Sector Público. Por ello la meta consistía en aumentar el ahorro público como proporción del PIB y revertir así la tendencia observada en los últimos años y agravada en 1982. Los datos presentados prueban que se alcanzó esta meta en términos cualitativos (reversión de la tendencia) aunque el resultado fue inferior en términos cuantitativos por los factores ya explicados de la deuda, que crecieron muy por encima de lo previsto.
Este aumento del ahorro y la consiguiente reducción del déficit público, indican que las políticas de gasto y de ingresos se encauzaron en la dirección trazada y evidencian también la necesidad de continuar los esfuerzos emprendidos a fin de elevar aún más el ahorro público y obtener mayores márgenes de maniobra en la lucha por alcanzar la meta de financiar nuestro desarrollo nacional fundamentalmente con recursos propios.
Esta elevación del ahorro también es necesaria para obtener un colchón que amortigüe las indeseables pero frecuentes elevaciones en las tasas de interés externas ya que el mercado internacional de capitales sigue registrando un comportamiento errático.
Además, este fortalecimiento de la capacidad de generación de ahorros del Sector Público es fundamental para elevar la inversión pública en los próximos años y compensar así las caídas que ha registrado la inversión total últimamente. Esto, a su vez, permite vislumbrar la posibilidad de conjurar el grave peligro que presenta para el desarrollo futuro del país las bajas en la inversión, que no son otra cosa que reducción en la capacidad futura de generar satisfactores social y nacionalmente necesarios.
El cuadro 43 complementa el desglose del déficit presupuestario ya que incluye los resultados en cuenta de capital, tanto globales como correspondientes a los sectores central y para estatal. Las cifras indican que casi todos los renglones de capital registraron cifras inferiores a las estimadas originalmente. El déficit de capital (1.712 billones, inferior un 15.6% al presupuestado) se originó, como estaba previsto, principalmente en el Gobierno Federal (1.146 billones, menor en 19% al programado), mientras que los organismos y empresas registraron alrededor de una tercera parte del total (566.4 mil millones de pesos 7.7% menos de lo estimado).
Finalmente, la Comisión estimó conveniente examinar el déficit financiero del sector paraestatal por entidades a fin de subrayar el papel de Pemex en la evolución de la situación financiera de este sector. En el cuadro 44 se registra que esta empresa registró un superávit de 176.9 mil millones de pesos, contrastando con el déficit de Conasupo (119.5 mil millones de pesos); CFE (61.7 mil millones de pesos) y SICARTSA (26.7 mil millones de pesos). También obtuvieron un superávit, aunque de menor cuantía, Caminos y puentes (7 mil millones) y Fertimex (5.9 mil millones).
El déficit del Sector Público generó un endeudamiento neto de 1.493 billones de pesos (28.3% más de lo estimado). Los cuadros 45 y 46 ilustran cómo se obtiene esta cifra a partir del déficit financiero ya examinado (1.293 billones de pesos) y tomando en cuenta, la colocación de empréstitos, la amortización, la variación en disponibilidades y los ajustes que son necesarios para pasar de las cifras devengadas a las monetarias (cuadro 46), mismos que ya fueron explicados en el apartado de egresos.
En cuanto a la composición del endeudamiento, desde la formulación del PEF para 1983, se planteó la necesidad política de que el financiamiento del déficit se hiciera fundamentalmente con recursos internos y cada vez menos con endeudamiento neto del exterior, que tendría un carácter complementario, al tiempo que se continuaba la reestructuración de la deuda externa para ampliar los grados de libertad de la política financiera y para hacer más eficiente y ágil las fuentes disponibles de recursos, sobre todo los de largo plazo. Se cumplió con este propósito ya que el 72.2% del endeudamiento correspondió a créditos nacionales (provenientes principalmente de los Cetes y del Banco de México) y el 27.8% restante a fuentes del exterior (cuadro 47). Cabe destacar que se ejercieron sólo 4 mil 352.4 millones de dólares de los 5 mil que fueron aprobados por el Congreso. Además, se inició la segunda etapa de reestructuración de la deuda externa, los créditos del exterior se orientaron fundamentalmente hacia los sectores
prioritarios y se buscó una mayor racionalidad en su aplicación.
En el cuadro 47 se observa que los 1.378 billones de endeudamiento neto interno, la mayor parte (816.4 mil millones) correspondió al Gobierno Federal; que tanto en el sector central como en el paraestatal la principal porción del endeudamiento fue de origen interno y que en el caso de organismos y empresas el endeudamiento externo fue negativo (en 146.7 mil millones de pesos), debido principalmente al desendeudamiento de Pemex.
El endeudamiento neto, así como las variaciones del tipo de cambio, elevaron el saldo de la deuda consolidada del Sector Público, al 31 de diciembre de 1983, a 12.754 billones de pesos, superior en 64% al saldo registrado en la misma fecha del año anterior (cuadro 48). Esto representó un aumento de 4.976 billones, que se explica, en un 58%, por la revaluación y reclasificación de la deuda y en un 42% por efectos del endeudamiento. En otras palabras, si eliminamos los efectos del tipo de cambio, el aumento de la deuda en 1983 fue de 26.6% (cuadro 49).
Del total de la deuda de 1983, el 54.6% corresponde a la externa y el 56.8 al Gobierno Federal. En este último la mayor proporción (56.4%) pertenece a la deuda interna, mientras que en el sector paraestatal, el mayor porcentaje (69.1%) corresponde a la deuda externa. (cuadro 49).
La misma información de la deuda (total interna y externa),pero por instituciones intermediarias, aparece, en el cuadro 50, donde se aprecia que el 57.2% del total está contratada con instituciones públicas de crédito y que el 38% se debe a instituciones privadas. La deuda de estas últimas es en un 99% externa, mientras que a las instituciones públicas se les debe principalmente (73.2%) deuda interna.
Los adeudos internos con las instituciones públicas se concentran en el Banco de México (65%), y el resto corresponde principalmente a Cetes y a Petrobonos.
La deuda externa se contrató mediante créditos sindicados (55.8%); operaciones de cartera (24.3%); proveedores (11.4%); organismos internacionales (7.1%) y bancos privados (1.4%).
En los cuadros 51 y 52 aparece la deuda pública externa por tipo de moneda y por país. El mayor porcentaje (88.2%) está contratado en dólares de E.E.U.U., debido principalmente a la generalización en el uso de esta moneda en los mercados internacionales de capitales y a las relaciones financieras, comerciales y tecnológicas con los E.E.U.U.A este país se le debe el 51.7% de la deuda externa, siguiéndole en importancia el Reino Unido (18.6% del total).
En las reuniones de esta Comisión Dictaminadora para revisar la Cuenta Pública, es común que surjan dudas acerca de las cifras que presenta el documento que se examina y las que trimestralmente envía la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento de la Ley de Deuda Pública, por lo que se estimó prudente esclarecer las diferencias. El informe de la SHCP registra las divisas en el momento que ingresan al país y las clasifica por la entidad usuaria; la Cuenta Pública contiene los pasivos de cada entidad según sus estados contables, sin importar si es deudor directo o no. Además normalmente existen desfases porque la información se produce para efectos diferentes, uno estadístico y el otro contable.
La Cuenta Pública clasifica los recursos internos y externos según la nacionalidad del acreedor. No obstante, hay ocasiones en que los recursos son captados en el exterior por las instituciones nacionales de crédito y son transferidas al Sector Público, dificultándose su identificación y consignándose muchas veces como deuda interna.
Además, los informes trimestrales de la SHCP registran el flujo real de recursos mientras que la Cuenta Pública contabiliza las asunciones de pasivos, que son operaciones virtuales, a fin de presentar la posición deudora total del Gobierno Federal.
Otro elemento de discrepancia entre ambas cifras es el renglón de arrendamientos financieros, que no son considerados como deuda pública por la Secretaría de Hacienda, pero sí se incluyen en la Cuenta Pública para fines contables.
Finalmente, el tipo de cambio del dólar, se maneja de forma diferente y origina diferencias en las cifras, puesto que se contabilizan saldos y flujos con diferentes cotizaciones.
En el cuadro 53 se presentan las cifras del informe de la SHCP y de la Cuenta Pública y sus diferencias, desglosadas por tipo de entidad. Ahí se observa que en el caso del Gobierno Federal existe una diferencia de 711.7 miles de millones de pesos, que se explica por las transferencias a otras entidades del Sector Público (287.4 miles de millones de pesos); por 119.3 miles de millones de pesos de asunción de pasivos reclasificados de ejercicios anteriores de Sidena de Banfoco y Banrural; por 294.4 mil millones de pesos de créditos a corto plazo concedidos a través del Banco Nacional; y por 10.6 mil millones de pesos resultantes de variaciones en el tipo de cambio.
Se aprecia también que en el caso de organismos y empresas, las mayores discrepancias corresponden a la CFE (327.8 mil millones de pesos); a Ferronales (143.3 mil millones de pesos) y a Pemex (84.3 mil millones de pesos).
Las diferencias de CFE se deben a la intermediación financiera, es decir a créditos contratados mediante instituciones nacionales de crédito y que la CFE desconoce su origen, pero los reportó como externos a la Secretaria de Hacienda.
Esta diferencia también se explica por variaciones en el tipo de cambio, por la participación de los bancos nacionales en los créditos sindicados, y por una amortización no contabilizada por la entidad.
La discrepancia de Ferronales se debe principalmente a los financiamientos obtenidos, principalmente por Nafinsa y Banobras, y en menor medida a créditos no reportados para fines de Cuenta Pública.
Las diferencias de Pemex radican en los arrendamientos financieros; los créditos canalizados por el fondo de financiamiento del Sector Público; las disposiciones informadas inicialmente a la Secretaría de Hacienda y que no fueron confirmadas por el banco acreditante ni canceladas en los informes rendidos a la citada Secretaría; la exclusión de la participación de bancos nacionales en créditos sindicados; y diferencias en el tipo de cambio.
Las discrepancias de Conasupo y de Concarril se deben a la intermediación financiera y las de Fertimex, Caminos y Puentes, Aeroméxico, Inmecafé, PIPSA, Propemex y Sicartsa se justifican por la clasificación de la deuda en interna y externa por tipo de moneda y no por acreditante.
Las diferencias de las demás entidades se deben básicamente a la intermediación financiera y al tipo de cambio.
El saldo de la deuda incrementada por el endeudamiento neto de 1983, dio origen a una serie de gastos que se conoce como servicio de la deuda, y que incluyen las amortizaciones, los intereses, las Adefas y las comisiones y gastos. Este servicio, fue uno de los renglones que presentó mayor discrepancia con respecto al presupuesto original, debido a los efectos del tipo de cambio y a las elevaciones de la tasa de interés, que afectan a todo el monto acumulado de la deuda. Se presupuestaron 2.616 billones de pesos, de servicio y se ejerció un gasto 3.917 billones de pesos; es decir 580.6 mil millones de pesos más de lo aprobado (cuadro 54). La discrepancia total hubiera sido mayor de no ser por la renegociación de la deuda que trajo consigo amortizaciones inferiores a las estimadas por 288.3 mil millones de pesos (30.9% del presupuesto original). Esta reducción compensó parcialmente el impacto enorme del aumento en los gastos de intereses que rebasaron en 778.6 mil millones de pesos a la suma programada (52.4% más de lo previsto). Por otra parte la reestructuración significó que las erogaciones por comisiones y gastos fueran mayores a lo programado en 92.5 mil millones de pesos (cuadro 54). Las Adefas por otra parte registraron cifras ligeramente inferiores a las presupuestadas (2.2 mil millones de pesos).
Además, la diferencia se dio en mayor grado en la deuda interna, ya que el servicio de la deuda externa registró una suma inferior en 20.6% a la prevista, debido a que su amortización e intereses fueron menores a lo presupuestado en 36.0% y 18.8%, respectivamente. Tal variación fue producto de la reestructuración, que a su vez elevó el rubro de comisiones y gastos de deuda externa en 92.7 mil millones de pesos más de lo estimado.
La deuda interna rebasó en 81.6% (894.1 mil millones de pesos) al monto presupuestado, variación que se explica en mayor medida por los gastos de intereses que fueron 130.4% (924.8 mil millones de pesos) superiores a la previsión original. Este total fue compensado parcialmente por las menores sumas (en relación a lo programado) registradas en amortización, Adefas y comisiones y gastos (cuadro 54).
Otra manera de observar esta situación consiste en subrayar que del total del gasto de la deuda, el 71% correspondió al pago de intereses, el 20% a la amortización y el 9% para otros gastos (cuadro 54). En la deuda interna, los intereses absorbieron el 82.1% del gasto, porcentaje que fue de 52.3% en el caso de la deuda externa.
Todas estas cifras de 1983, fueron muy superiores a los del año anterior, y sobre todo el rubro de intereses, donde se gastaron 1,584 millones de pesos más que en 1982, lo que significó una tasa de crecimiento de 233.1% (cuadro 54). Los resultados apuntados obedecen principalmente a que los aumentos en las tasas de interés fueron superiores a los previstos y a la reestructuración de la deuda que disminuyó los pagos por amortizaciones. Además, los gastos por servicio de la deuda externa (38% del total) al ser contabilizados en pesos hacen crecer este rubro constantemente y representan una carga pesada para las finanzas públicas; de ahí la necesidad de depender cada vez en menor medida o el financiamiento del exterior.
El examen del servicio de la deuda por entidades revela que la mayor proporción (65.5%) correspondió al Gobierno Federal y el 35.5% restante al sector paraestatal. El primer pago 2,094 billones de pesos, mayor en 48.2% a lo erogado en 1982 y 22.8% superior al presupuesto original. La mayor parte de este total (76.5%) correspondió a los intereses (1,603 billones, 69.5% mayor al monto programado) siguiéndole en importancia las amortizaciones (206.9 mil millones, inferior en 63.3% a lo previsto), las Adefas (171.1 mil millones de pesos, casi igual a lo programado) y las comisiones y gastos (113.1 mil millones), que quintuplicó la suma presupuestal originalmente.
En cuanto al origen de este pago, el servicio de la deuda interna representó el 77.5% y el de la externa el 22.5%, cifras que contrastan con las de 1982: 39.2% y 60.8%, respectivamente. Este aumento extraordinario de la participación del servicio de la deuda interna y la disminución de la externa, se debe a que se registraron 227.9 miles de millones de pérdidas y diferencias cambiarías (contra 685.5 miles de millones de 1982) y a que la mayor recurrencia al endeudamiento interno en 1982 y las elevadas tasas de interés internas, significaron en 1983 un mayor gasto de intereses.
El servicio de la deuda de organismos y empresas ascendió a 1.102 billones de pesos, superior en 21.0% al presupuesto original y en 117.4% al de 1982. De este total, el 66.8% perteneció a la deuda externa y el restante
33.2% a la interna (cuadro 56). Por componentes de este gasto, los intereses representaron el mayor porcentaje (60.0%), siguiéndole en importancia la amortización (39.7%). Nótese que en el sector paraestatal el rubro de comisiones y gastos es insignificante (0.3%) ya que éstas se concentran en el Gobierno Federal (113.1 mil millones de pesos, contra 3.2 mil millones del sector paraestatal), por ser el conducto de la política crediticia del país, estar empeñado en sanear financieramente a las empresas públicas y otorgar apoyos con esa finalidad.
Las diferencias más importantes respecto a lo programado en el sector paraestatal, se registraron en el pago de intereses y amortización interno: 302.1% y 109.4%, respectivamente (cuadro 56). Estas discrepancias se debieron a que no se amortizaron parte de los créditos con vencimiento en el año (lo que significó mayores réditos) y a que las tasas de interés crecieron más de lo esperado. Además, algunos organismos liquidaron adeudos por anticipado y pagaron vencimientos a corto plazo no considerados en el presupuesto original.
La amortización total del sector paraestatal 437.7 miles de millones de pesos, de los que la mayor parte fue amortización externa (319.2 mil millones) 2.3% sobre la cantidad estimada originalmente. Esto se debió al proceso de reestructuración de la deuda, que alivió la presión de los pagos del principal a realizarse en el año, y que compensó el efecto de la revaluación en pesos de la deuda externa.
Esta reestructuración de la deuda externa con vencimiento entre agosto de 1982 y diciembre de 1984, así como el menor nivel de endeudamiento del exterior (respecto a lo originalemente planeado) contribuyó a que el pago del servicio de la deuda externa del sector paraestatal fuera 7.1% inferior a lo presupuestado (cuadro 56). El rubro más importante en este tipo de gasto, fue el pago de intereses en el extranjero (414.2 miles de millones de pesos 13.5% menor a la estimación original).
El monto del servicio de la deuda está íntimamente conectado a los términos de contratación del crédito, tanto interno como externo, sobre todo el primero ya que fue una decisión deliberada de política económica usar en mayor medida el endeudamiento interno y recurrir al externo de manera complementaria.
El Gobierno Federal contrató créditos internos en los términos que aparecen en el cuadro 57, donde se observa que la mayor parte (86.9%) se obtuvo a tasas de interés que fluctuaron entre 30% y 60%, con un vencimiento promedio de un año y seis meses. Los créditos internos fueron obtenidos en un 50.6% del Banco de México y en un 36.3% de Cestem (cuadro 57).
Los créditos externos del Gobierno Federal fueron negociados, en un 91.7%, a tasa variable, tomando como base principal la tasa Libor (91.3% del total) la tasa preferencial de los Estados Unidos (0.4% del total) cuyos niveles, en el momento de la contratación, fueron de 12.5% y 12.25%, respectivamente. Los créditos contratados a tasa fija (8.3% del total) se consiguieron a tasas que oscilaron entre 4% y 12%, concentrándose la mayoría entre 6% y 10%. Este menor porcentaje se debe a que fueron otorgados por organismos financieros internacionales, en particular el BID y el BIRF, que por su naturaleza (banco de desarrollo) prestan fondos a tasas preferenciales. El vencimiento promedio de estos créditos fue de seis años siete meses, y el periodo de gracia de tres años. Si se separan los créditos a tasa fija de aquellos de tasa variable, se observa que los primeros se contrataron a términos sustancialmente más blandos que los segundos; los obtenidos a tasa fija tienen un plazo promedio de vencimiento de quince años nueve meses, muy superior a los cinco años nueve meses de los contratados de tasa variable. Los periodos de gracia son, respectivamente, de tres años tres meses y de tres años.
El destino de los recursos externos contratados a tasa fija (básicamente con el BID y el BIRF) son destinados a proyectos específicos de desarrollo rural, mientras que los créditos de instituciones privadas internacionales no tienen condicionalidad en cuanto a proyectos concretos y el Gobierno Federal los asigna de acuerdo a las prioridades establecidas.
Los organismos y empresas obtuvieron créditos internos principalmente del Banco de México (14.6%) y de los apoyos financieros que la Comisión Federal de Electricidad proporcionó a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (28.4%). El resto fue aportado por Nafinsa de los créditos de tasa fija, el 75.5% se pactó intereses que fluctuaron entre 7.0% y 15.0%, con vencimiento promedio de cuatro años nueve meses y cuatro años nueve meses de gracia. Los financiamientos a tasa c.p.p. (costo porcentual promedio) representaron el 25.6% del total y tuvieron un plazo de vencimiento de dos años y un periodo de gracia de cinco meses (cuadro 59).
Del total de los créditos externos contratados por el sector paraestatal (440.2 mil millones) el 56.4% se negoció a tasas variables; de este subtotal el 88.5% se pactó a la tasa preferencial de los Estados Unidos, que osciló entre 12% y 15%, y el resto (11.5%), a la tasa Libor que fue ligeramente mayor a 14% (cuadro 60). La participación de los organismos financieros internacionales, las instituciones gubernamentales de exportación y los bancos privados, en los créditos otorgados a tasa fija, que de 43.6%, y su tasa de interés varió entre 3 y 12% (cuadro 60); es decir, fueron negociados a tasas más bajas, pero su disponibilidad es mucho menor. El vencimiento promedio de los créditos externos fue de tres años siete meses y el periodo de gracia de nueve meses; los negociados a tasa fija registraron condiciones más favorables
que los de tasa variable; en los primeros su vencimiento fue de cuatro años siete meses y el periodo de gracia de un año dos meses y en los segundos fue de tres años seis meses, respectivamente (cuadro 60). Además, todos los créditos de tasa variable se contrataron con instituciones internacionales privadas.
La multicitada reestructuración de la deuda del sector público - iniciada el 23 de agosto de 1982 para normalizar las relaciones con el exterior, darle continuidad al influjo de divisas y reordenar las finanzas públicas -, dio origen a un perfil de pagos diferente que se consideró pertinente examinar.
Del total de la deuda (12.754 billones), se redocumentaron, en 1983, 1.818 billones, sin considerar la reestructuración que por su parte realizaron las entidades públicas financieras (y las no financieras que están fuera del presupuesto), ni la reestructuración de los créditos que el Gobierno Federal, renegoció a través de las instituciones nacionales de crédito, ni la deuda interna del Gobierno Federal (que no estuvo sujeta a renegociación). En otras palabras se reestructuró el 14.3% de la deuda total, correspondiendo el 90.4% (1.643 billones) al sector paraestatal (que reestructuró deuda interna y externa, 16.1% y 83.9% respectivamente) y el restante 9.6% al Gobierno Federal (que sólo reestructuró deuda externa). Del total renegociado, el 70% correspondió a Pemex y a la CFE. Los créditos renegociados vencían entre agosto de 1982 y diciembre de 1984 y fueron reprogramados a un plazo de ocho años con uno de gracia, con un diferencial de 1 3/4% sobre la tasa preferencial de Estados Unidos o 1 7/8% sobre la Libor; y una comisión de 1% pagadera trimestralmente.
En el cuadro 61 aparece el perfil de pagos (intereses y capital), antes de la reestructuración, del 57.2% del saldo de la deuda (es decir, 7.294 billones). De este total, el 75.6% corresponde al sector paraestatal y el 24.4% al Gobierno Federal. En este subtotal de 7.294 billones, no se incluye el saldo de la deuda interna del sector central (4.086 billones), ni su parte de deuda externa contratada por medio de las instituciones nacionales de crédito, porque no estaban sujetos a renegociación.
En el cuadro 61 se aprecia que el mayor pago de capital se haría en 1987 (1.466 billones de pesos, 20.1% del total) y el segundo mayor en 1988 (1.281 billones, 17.6% del total). Esto significaba una pesada carga financiera que hacía necesaria la reestructuración.
El cuadro 62 registra el perfil de la deuda ya estructurada (los 1.818 billones ya señalados) y muestra que los pagos de capital importantes empiezan a partir de 1987: 443.4 mil millones en 1987 (24.4% del total) y cifras similares hasta 1990. Este perfil que desglosa la deuda total interna y externa y muestra los pagos del Gobierno Federal y de los organismos y empresas más endeudados Pemex, CFE, Conasupo y Ferronales), es un indicador de la necesidad de una segunda reestructuración, proceso que está en marcha, según se anunció los primeros días de septiembre de 1984.
Las decisiones y los resultados revisados a lo largo de este apartado, obedecieron a una política de deuda que buscaba, y que logró reordenar mercados, mejorar instrumentos, restablecer las funciones de la intermediación financiera y reducir las presiones especulativas y el equilibrio externo; todo ello, dentro del contexto de un sistema financiero en proceso de reestructuración. Además se propuso, y se logró, un mayor uso de los recursos internos, y la normalización de los flujos de recursos internacionales hacia el país. Adicionalmente se instrumentó una vigilancia estrecha para que las entidades del sector público cumpliera oportunamente con sus obligaciones crediticias.
La conclusión de los trabajos de reestructuración de la deuda pública externa con la banca internacional, cuyos vencimientos correspondían al periodo del primero de agosto de 1982 la 31 de diciembre de 1984 (23 mil millones de dólares), aumentó los márgenes de maniobra en el proceso de reordenación económica, permitió normalizar nuestras relaciones financieras con el exterior y restableció el flujo de divisas necesario par financiar las importaciones requeridas por el país.
IV. REVISIÓN SECTORIAL
La Comisión Dictaminadora considera que la revisión sectorial, junto con el examen de la gestión financiera, constituyen la parte medular del mandato constitucional de revisar la Cuenta Pública del año anterior. En este capítulo, se analiza el ejercicio del presupuesto por sectores, entidades y programas más representativos, así como el cumplimiento de las metas contenidas en los subprogramas más sobresalientes del sector público. Esta tarea es particularmente absorbente y es una de las más difíciles dentro de los trabajos que demanda la revisión citada, pues la política sectorial se resume en el volumen de resultados generales y se detalla "programáticamente" en 19 tomos adicionales, que incluyen 574 programas de los cuales 422 corresponden a las entidades del sector central y 132 a los organismos y empresas sujetas a control presupuestal. A éstos habría que añadir cinco programas especiales. Cada uno de los programas a su vez incluye varios subprogramas (hay mil 176 en total, 924 del sector central y 252 en el paraestatal), con metas específicas, que se modifican durante el año.
Ante la magnitud de la tarea, la Comisión decidió seleccionar los sectores más importantes para centrarse en ellos: Agropecuario, Forestal y Pesca; Comunicaciones y Transportes; Comercio; Bienestar Social (Educación, Salud, Desarrollo Urbano y Ecología y Trabajo); Industrial (que incluye al subsector de
energético) y Estrategias Intersectoriales o de Promoción Regional.
La revisión de los sectores citados se realizó mediante el análisis de los 19 "Tomos Programáticos" de la Cuenta Pública y la parte correspondiente al análisis sectorial contenido en el volumen de resultados generales. Este examen se enriqueció con diez reuniones de comisiones unidas - de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública con las vinculadas a los sectores citados - en las que se dialogó con los servidores públicos de las dependencias y entidades examinadas.
Adicionalmente se recurrió al análisis sectorial del Informe Previo, donde se vuelve a utilizar, aunque con menor insistencia, los indicadores de eficacia y eficiencia de los programas más importantes. Al igual que en el dictamen de la Cuenta Pública de 1982, la Comisión advierte que no se utilizaron tales indicadores porque el número de años considerados y las condiciones tan particulares de los mismos dificultan la obtención de resultados satisfactorios. Y como en los dictámenes anteriores, la Comisión reitera que el Informe Previo no es más que un trabajo preliminar, un primer acercamiento a los 23 volúmenes que integran la Cuenta Pública, y una primera etapa en el proceso de revisión de la misma.
En este capítulo, al igual que los dictámenes anteriores, se entremezclan los análisis sectorial y programático, y para no saturar de datos la parte escrita de esta revisión, se anexan una serie de cuadros que desglosan y detallan los presupuestos aprobados y ejercidos, los programas y subprogramas de cada entidad o dependencia y las metas previstas, modificadas y logradas de cada uno de los subprogramas que integran los programas sobresalientes.
La revisión sectorial se refiere sólo al presupuesto que está ligado a la función económica. Por consiguiente, del total del gasto público es necesario eliminar las erogaciones que no están directamente relacionadas con el sector o con el programa o programas que se examinan. Es decir, a los egresos totales se le restan los pagos de la deuda pública, las participaciones a estados y municipios y las operaciones compensadas y virtuales (examinadas en el capítulo anterior;) por otra parte, se le agrega el gasto pagado, cuya documentación está en trámite. Estas operaciones aparecen en el cuadro IV. 1, donde se aprecia que los 8.943 billones de egresos presupuestarios, según los estados contables, se obtiene, mediante las restas y adiciones señaladas, un gasto sectorizable de 4.194 billones de pesos, que supera en 5.5% al monto presupuestado originalmente. La distribución de este total entre los distintos sectores económicos se muestra en el cuadro IV. 2, donde sobresalen el sector de bienestar social, que representa el 26.0% del total; el sector energético, que participa con el 26.2% del total y los sectores desarrollo rural, comercio y comunicaciones y transportes, que alcanzaron el 12.1%, 10.2% y 8.9% del total, respectivamente. En ese cuadro se aprecia, por consiguiente, la prioridad concedida a los sectores citados.
La distribución mencionada, es un reflejo de la política sectorial del gasto público que se propuso, fundamentalmente, apoyar el mercado interno, así como respaldar de manera especial las actividades con mayor potencial en la generación de empleo en la producción y distribución de bienes básicos y en la prestación de servicios de bienestar social (educación, salud y vivienda). Para lograr esta reorientación se cambió la jerarquía de los programas ajustando principalmente los sectores industrial y energético.
El apoyo al mercado interno se logró dando un trato preferencial a los productores nacionales y a los proyectos con menor intensidad de importaciones. Esto permitió la reducción del contenido importado del gasto corriente, como se explicó en el capítulo anterior.
El respaldo a las actividades con mayor generación de empleo, se instrumentó mediante las reservas para el programa de empleo y la reasignación del gasto hacia los sectores de Comunicación y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología y Desarrollo Rural, cuyos proyectos son más intensivos en mano de obra.
Para fomentar la producción y distribución de bienes básicos, el gasto buscó asegurar el abastecimiento normal de alimentos, proteger el consumo de la población de menores ingresos y alentar la producción mediante los precios de garantía. Por ello, los precios promedio de compra de Conasupo se incrementaron en mayor proporción que los de venta.
En términos generales, las orientaciones principales de la política de gasto sectorial se cumplieron, sin embargo, no fue posible reasignarlo en la magnitud prevista en el presupuesto. El volumen y la magnitud de las obras en proceso y apoyo requerido por la producción de bienes intermedios estratégicos, impidieron que se diera la reducción prevista en la participación de los sectores industrial y energético. Además, la restricción presupuestal y la readecuación en la ejecución del programa de inversiones públicas propiciaron economías en algunas dependencias y entidades. Esto, aunado a las dificultades para importar maquinaria y equipo, y los efectos inflacionarios y cambiario, obstaculizaron el cumplimiento estricto de la estructura fijada en el presupuesto aprobado; sin embargo, se atendieron las prioridades procurando afectar en la menor medida posible los programas de bienestar social, creación de empleos y producción de alimentos.
Lo anterior se muestra en el citado cuadro IV. 2, donde se observa que el gasto sectorial ejercido en 1983 (4.194 billones de pesos) creció 59.8% en relación a 1982 y fue 5.5% superior al aprobado, asignándole el mayor porcentaje al sector social (26.0%, ligeramente
inferior al 26.4% previsto) y al sector energéticos (26.2%, superior al 23.4% programado por los mayores gastos que requirieron Pemex y el subsector eléctrico, pero inferior al 26.9% registrado en 1982). En las asignaciones adicionales se dio prioridad a los sectores bienestar social, desarrollo rural, comunicaciones y transportes y abasto de productos básicos. Estos dos últimos superaron el gasto previsto (en 12.9% y 39.5%, respectivamente) y, por lo tanto la participación programada de 8.4% a 8.9% en comunicaciones y de 7.7% a 10.2% en comercio). También se requirió apoyar con mayores transferencias a fertilizantes y azúcar elevando así la participación del sector industrial en el gasto sectorial de 7.3% (previsto) a 8.4% (ejercido).
En los servicios de educación y salud, se mantuvo la cobertura de los que estaban totalmente atendidos y se avanzó en los que mostraban regazos. En este sector se reasignó el gasto orientándolo a programas prioritarios, por lo que a pesar de su ligera disminución en la participación del gasto sectorial, se lograron avances que se detallarán más adelante.
El Sector Comunicaciones y Transportes, al incrementar su gasto y su participación, estuvo en posibilidades de generar empleos adicionales (es intensivo en mano de obra) y modernizar la red troncal de carreteras, la construcción y conservación de caminos rurales, y la operación del sector. El aumento registrado en el gasto del sector comercio permitió asegurar el cumplimiento del programa de abasto y regulación de productos básicos, al disponer de mayores recursos para cubrir el incremento en los precios de garantía y el impacto cambiario en las importaciones.
A continuación se examinan con mayor detalle, las diferencias entre los montos presupuestados y ejercidos en cada uno de los sectores más importantes, así como las discrepancias entre las metas previstas y las realizadas en cada uno de los principales programas de las entidades y dependencias más importantes en los sectores de mayor relieve. Es decir, el examen sectorial se complementará con el "programático" sin pretender ser exhaustivo, sino revisando los programas y subprogramas de mayor importancia
1. Sector Desarrollo Rural y Pesca
A. Desarrollo Rural
Este sector está integrado por las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria; por el ramo de Promoción Regional; por tres entidades sujetas a control presupuestal (Productores Forestales Mexicanos. Instituto Mexicano del Café y Forestal Vicente Guerrero) y por una serie de entidades que no se incluyen en el presupuesto (véase cuadro IV. 3) entre los que sobresalen Banrural, Anagsa y la Comisión de Aguas del Valle de México.
La estrategia en este sector se orientó al aumento sostenido de la producción y a la elevación de los niveles de bienestar para la población del campo. En consecuencia, se dio prioridad a las actividades agropecuarias y forestales, fuentes principales de ocupación e ingresos para la mayoría de los campesinos; y se tomaron medidas para mantener la actividad productiva del campo, revertir su descapitalización y evitar el descenso del nivel de vida de los habitantes del campo.
Para lograr estos objetivos se ejerció un gasto sectorial de 505.4 mil millones de pesos, 43.4% más que en 1982, pero 7.0% menos de lo presupuestado (cuadro IV. 3).
Del total, la mayor parte (29.8%, 150.6 mil millones de pesos) fue gastado por la SARH. Esta Secretaría ejerció 22.8% más de lo presupuestado y 28.0% más que en 1982. La Secretaría de la Reforma Agraria y el ramo de promoción regional absorbieron 13.6 y 67.3 miles de millones, respectivamente, cifras superiores a las presupuestadas (56.3% y 12.2% respectivamente). Entre los organismos que forman parte del sector destacan, por su presupuesto, Banrural (104.9 mil millones de pesos), Inmecafé (27.1) y Anagsa (25.0), como se aprecia en el cuadro IV. 3.
Con este presupuesto sectorial, se logró avanzar en el reparto de la tierra legalmente afectable con un enfoque más amplio que vincula el reparto con la seguridad en la tenencia, la organización campesina y los apoyos a la producción; en organización agraria básica, se apoyó y fomentó la integración de unidades de desarrollo rural integral; se revisaron programas de investigación y de introducción de nuevas tecnologías tendientes a modificar patrones de cultivo y aprovechar mejor las características y potencialidades del suelo; se promovió el crecimiento sostenido de las comunidades rurales mediante la dotación de obras, infraestructura, servicios de educación, salud y agua potable; y se ha tratado de crear empleos rurales permanentes y remunerativos (145,121, mediante el programa de empleo).
Para profundizar en el seguimiento del presupuesto y de las metas de las entidades más sobresalientes de este sector se presenta su clasificación "programática".
A.1. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Para el cumplimiento de los programas asignados a esta Secretaría, se estimó un presupuesto de 176 mil 199 millones de pesos y ejerció un gasto de 218 mil 813 (24.2% más), que distribuyó entre 52 programas, destacando tres de ellos; infraestructura para el desarrollo agrícola (25.5% del total): coordinación para el desarrollo agrícola de los distritos agropecuarios (11.4%) y captación y conducción de agua para usos múltiples (13.8%). Estos tres programas absorbieron el 50.7%
del total del gasto "programático" de la Secretaría (cuadro IV. 4), y están integrados por 8 subprogramas con 28 metas cuyo grado de cumplimiento se muestra en el cuadro IV. 5. Allí se observa que de las 28 acciones, 20 cumplieron o rebasaron las metas establecidas.
El incumplimiento de metas se debió principalmente a: la falta de refacciones por la escasez de divisas; la política de selectividad de las obras en proceso que exigía posponer aquellas cuyos resultados se darían a mediano y largo plazos; modificaciones en el proyecto de rehabilitación; retraso de los contratistas en la entrega de las obras; reasignación de recursos hacia zonas de mayor potencial, pero con proyectos más caros (p.e. construcción en vez de conservación, y una producción mayor a la esperada en algunas regiones que requirió de obras no previstas (p.e 155 bodegas, 13 centros de desarrollo y 17 Km. de líneas eléctricas).
A.11. Productos Forestales Mexicanos
Esta empresa ejerció mil 357 millones de pesos (15.6% menos del presupuesto original), que distribuyó entre cinco programas (cuadro IV. 6) siendo los más importantes los de producción y transformación forestal (que ocupó mil 73 millones de pesos, 79.1% del total) y el de comercialización y distribución (7.3% del total). Los subprogramas y las metas previstas y alcanzadas de estos dos programas se presentan en el cuadro IV. 7, donde se observa que de las nueve metas fijadas, sólo se alcanzaron dos. Este incumplimiento se debió principalmente a la escasez de la materia prima requerida; la inadecuada ingeniería de proceso en los aserraderos, que suspendió la producción; el atraso de la puesta en marcha del aserradero de Tepehuanes; las necesidades de mantenimiento de las plantas, que detuvieron la producción; la suspensión de producciones menores que representaban mínimo ingreso y gran dispersión de esfuerzos; problemas de liquidez e insuficiencias en el capital de trabajo.
A.1.2 Forestal Vicente Guerrero
El presupuesto ejercido por esta empresa (mil 203 millones de pesos, superior en 22.7% a lo previsto) se destinó a ocho programas, siendo el más importante el de producción y transformación (970 millones de pesos, 80.6% del total), cuyos subprogramas y metas se presentan en el cuadro IV. 9. En este cuadro se observa que se cumplieron sólo tres de las 11 metas, que rebasaron a las originales en 83%, 145% y 13%. El incumplimiento en el resto de las metas se debió principalmente a que las refacciones de la maquinaria y equipo utilizado son de importación y tuvieron incrementos constantes en sus precios, y a los problemas agrario al interior de los propios ejidos.
A.13. Instituto Mexicano del Café
Del gasto autorizado a esta empresa (32 mil 714 millones) sólo se ejerció un 86.5% (28 mil 300) que se distribuyó entre seis programas, de los que sobresalen dos: Asistencia Técnica y Agrícola (5.9% del total de gasto) y Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales (87.3% del total). El cuadro IV. 11 muestra los subprogramas y metas de estos dos programas, allí se observa que de la seis metas fijadas sólo se cumplieron tres. Las restantes no se lograron debido principalmente a la mayor participación de los particulares en la compra del producto y a desfasamiento temporal de las cosechas. Esto, a su vez, implicó que no se ejerciera el 13.5% del presupuesto programado para esta entidad.
A.2. Secretaría de la Reforma Agraria
Esta Secretaría ejerció 20 mil 714 millones de pesos, que casi duplicó los 10 mil 732 del presupuesto original Este incremento se debió a que le fueron transferidos programas del extinto Coplamar (como el de empleo rural) que no estuvieron asignados para esta entidad en el presupuesto original. (Cuadro IV. 12).
La SRA distribuyó su presupuesto entre 14 programas siendo los más importantes el de Empleo Rural (7444 millones de pesos, 36.0% del total); Actualización y Vigencia de Derechos Agrarios (2555 millones, 12.3% del total) e Investigación, Dictaminación y Ejecución Agraria (2367 mil millones, 11.4% del total). Estos tres programas absorbieron casi el 60% del gasto total de la entidad. En cuanto a las metas programadas, en Empleo Rural se lograron crear 145 mil 121 empleos y no se pudo avanzar más por ser un programa nuevo para la Secretaría, y porque se presentaron problemas en la coordinación operativa principalmente en el área de reforestación. Las metas de los otros dos programas aparecen en el cuadro IV. 13 donde se observa que en la Actualización y Vigencia de Derechos, se rebasaron significativamente las metas, debido principalmente a la necesidad de reconocer jurídicamente la posesión y usufructo de la tenencia de la tierra de ejidatarios y comuneros para su seguridad, y para promover el incremento de la producción y la productividad al facilitarles el acceso al crédito y otros apoyos del Estado. En el programa de Investigación, Dictaminación y Ejecución, se rebasaron siete de las 17 metas establecidas y en el resto se presentaron diferencias en su mayoría moderadas y originadas porque el Consejo Consultivo Agrario recibió menos acciones agrarias de las estimadas; porque la previsión de expedientes sobre bienes comunales fue muy alta y por problemas jurídicos que se resolverán con la nueva Ley de Reforma Agraria.
B. Sector Pesca
Las acciones de este sector estuvieron orientadas a elevar la oferta de alimentos; generar empleos, especialmente en el medio rural; elevar el nivel de vida de los pescadores, y generar divisas.
Para cumplir con estos objetivos el presupuesto ejercido por este sector ascendió a 80.7 mil millones de pesos, de los que 7.0 mil correspondieron a la Secretaría (2.8% menos de los previsto), 64. 1% a organismos y empresas sujetas a control presupuestal (36. 1% superior a lo presupuestado) y 9. 6% a otras entidades, cifra que duplicó la estimación original (cuadro IV. 14).
A nivel sectorial se fijó una meta de captura de 224.0 mil toneladas, habiéndose logrado 139.0 mil, debido principalmente a la falta de divisas para la importación de equipo e insumos, incremento en costos de operación y los problemas ocasionados por los cambios en la corriente ecuatorial conocida como "El Niño", que modificó el ecosistema propio donde se desarrolla la anchoveta. Otra meta importante del sector fue la de fomentar la transformación de productos pesqueros: industrializar 95 mil 200 toneladas de los cuales se logró un 59. 3%. La diferencia se debió básicamente a la reducción de la captura y a la escasez de crédito y divisas para la adquisición de equipo e insumos, tanto nacionales como importados.
B. 1. Secretaría de Pesca
El gasto programático de esta Secretaría (cuadro IV. 15) fue de 21 mil 205 millones de pesos (ligeramente inferior al presupuestado), distribuido en diez programas; uno de ellos, el de fomento, absorbió el 67.9% del total, siguiéndole en importancia el de captura (7.9%) y el de acuacultura (7.0%).Los subprogramas y metas de tales programas aparecen en el cuadro IV. 16 donde se observa que se cumplieron las metas de fomento, casi todas las de flota e infraestructura (falló sólo una, por reorientación del programa y reestructuración administrativa) y que los principales incumplimientos se presentaron en acuacultura. Esto se debió principalmente a problemas de deterioro ecológico por agotamiento de lagunas y contaminación: fallas en las instalaciones de los laboratorios; incrementos en los costos de estanques y jaulas que retrasó su construcción; escasez de lluvias y por lo tanto carencia de agua en los centros piscícolas; problemas de tenencia de la tierra donde se programaron las obras; e incrementos en los costos de construcción de infraestructura.
B. 2 Productos Pesqueros Mexicanos
Los siete programas de esta empresa ejercieron un presupuesto de 71 mil 265 millones de pesos. Este total, un 74. 3% se destinó al programa de comercialización y transporte, siguiéndole en importancia el de industrialización (19. 3%). Los subprogramas y metas de ambos, aparecen en el cuadro IV. 18, donde se advierte que la mayoría de las metas no se cumplieron debido principalmente a que no se alcanzaron las metas de captura y por lo tanto, tampoco las de las etapas subsiguientes. Las metas de captura se dificultaron principalmente por la falta de capital de trabajo; el deficiente mantenimiento de las unidades de captura y la huelga que paralizó a la empresa Atunmex, durante 56 días. Además, y no obstante los avances registrados por la empresa en control de calidad y producción y en reorganización comercial, las metas de industrialización y de comercialización y transporte enfrentaron serios problemas; faltó infraestructura y equipamiento, lo que junto con la reorganización comercial aumentó la venta de fresco; se cambiaron las normas de transformación para los productos de bajo precio; hubo irregularidades comerciales por los problemas financieros de 1983, que causaron especulación y desconcierto acerca de los canales y condiciones de venta; se registró sobreoferta de camarón en el mercado mundial por los cultivos de Centro y Sudamérica y del Sudeste Asiático, y se aplicaron nuevos controles de producción y calidad que hicieron más selectiva la industrialización y comercialización.
2. Sector Comunicaciones y Transportes
Durante 1983 la política de este sector buscó el establecimiento de un sistema integral de transportes y comunicaciones, que contribuyera aún más a la integración económica, política, social y cultural, elementos importantes de la soberanía nacional. Sus objetivos y metas prioritarias fueron orientados a la extensión a el sistema de transportes del territorio nacional, a la mejora de nuestra vinculación con el exterior y a reafirmar la soberanía del Estado sobre el uso y dominio de los medios de comunicación.
Además, las obras de construcción y conservación de infraestructura, contribuyeron en forma importante a la generación de empleos al tiempo que se avanzó en la modernización del sistema con la finalidad de estar en posibilidades de responder a los futuros requerimientos. Por ello, se dio especial prioridad a la construcción y conservación de caminos rurales y a la conservación de la red existente; y ante las variaciones en el costo del programa de inversiones originalemente previsto, se dio preferencia a las que demandaban más mano de obra.
Para el cumplimiento de estas tareas, se le asignó al sector un presupuesto de 332. 1 mil millones de pesos, ejerciendo 374.9 mil millones (es decir, 12.9% más de los previsto) de los cuales 128.8 correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que quedó como única entidad coordinadora del sector al serle transferidos los programas carreteros, así como Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios Conexos, entidad que junto con Aeroméxico, las empresas ferroviarias y ASA forman parte de las entidades sujetas a control directo por parte de esta Secretaría (cuadro IV. 19).
2. 1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Esta dependencia ejerció un presupuesto "programático" de 234.9 mil millones de pesos, monto superior en 52.4% a la cifra original (cuadro IV. 20), variación que fue originada porque se incorporaron a los programas de esta Secretaría las áreas encargadas de la construcción y conservación carretera y aeroportuaria. Estos recursos fueron orientados a ejecutar 47 programas de los cuales el QD- Administración de los Ferrocarriles, representó el 27.8% del total ya que en él se incluyen los subsidios a estos organismos. Le siguen en importancia el OI - Carreteras Troncales (23. 6% del total), OW - Red Férrea (5.4% del total), Y QV - Telefonía Urbana 5. 2% del total y Q l - Oficinas Postales (4.8% del total, cuyos subprogramas y metas aparecen en el cuadro IV. 21. Ahí se consignan 60 metas, de las cuales se alcanzaron 34, se rebasaron 14 y el resto no se alcanzó debido principalmente a la escasez de divisas, al incremento de precios unitarios por efecto de la inflación y a la reprogramación que dio preferencia a las obras en proceso, cuyos efectos se dejarán sentir principalmente en el corto plazo.
2. 1. 1 Ferrocarriles Nacionales de México
Esta empresa ejerció un presupuesto de 80. 6 mil millones de pesos superior en 14.4% al estimado originalmente, debido principalmente al incremento en sueldos y salarios y a las variaciones en el tipo de cambio. Estos recursos fueron destinados a la ejecución de seis programas, de los que destacan el QA - Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre (39. 6% del total) y el QB - Transporte (25.9%) que representan juntos el 65. 5% del total de gasto de la entidad. Este último programa rebasó en 74.7% su presupuesto original debido a una mayor demanda de servicios (IV. 22). Con estos programas se pretendió el logro de 11 metas (cuadro IV. 23) de las cuales se alcanzaron tres, se rebasaron cuatro y las otras cuatro no se alcanzaron. Las metas se vieron influenciadas por una mayor demanda del servicio, aumento del costo de los insumos (combustibles, lubricantes, etcétera), entregas tardías de materiales, falta de divisas y de liquidez, y problemas de concursos: retrasos en la celebración en unos casos y ausencia de propuestas, en otros.
2. 1. 2 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico.
S.A. de C.V.
El presupuesto asignado para este organismo fue de 3 mil 808 millones de pesos, pero lo rebasó en 395 millones. Este incremento se debe fundamentalmente a que el tipo de cambio original fue inferior al observado y a que no se habían considerado los gastos moratorios, ni los de reestructuración de la deuda. Esto repercutió directamente en los programas QA, QB, OW, que representan el 18%, 41. 5% y 30. 1%, respectivamente, del total. Estos recursos fueron destinados a la realización de 24 metas de las cuales se alcanzaron cinco, se rebasaron seis y no se cumplieron 13, por razones parecidas a las señaladas en el apartado anterior. (Cuadros IV. 24 y IV. 25).
2. 1. 3 Ferrocarril del Pacífico
A este organismo se le destinaron 11.4 mil millones, cifra inferior en 4% al presupuesto original. Esta variación fue originada por la falta de adquisición de la maquinaria de vía programada y de los materiales y accesorios necesarios para el programa de inversiones, por problemas con proveedores. Se presupuestaron 43 metas originales, que se ampliaron a 55, de las cuales se cumplieron 27, se sobrepasaron cuatro y no se cumplieron 24, por razones similares a las observadas en las empresas anteriores. (Cuadros IV. 26 y IV. 27).
2. 1.4 Ferrocarril Sonora Baja California
En esta empresa se programaron erogaciones por 2.0 mil millones de pesos, observándose un incremento del 8% en relación al original, motivada principalmente por una variación en el programa de transporte, que se vio seriamente afectado por el incremento en los insumos de operación (combustibles y lubricantes), así como por los aumentos en sueldos y salarios. En cuanto a sus programas, se estimó la consecución de 39 metas, habiéndose alcanzado 20. (Cuadros IV. 28 y IV. 29).
2. 1. 5 Aeroméxico
Esta entidad ejerció un gasto de 56. 2 mil millones de pesos,
superior en 70. 6% al monto original, debido principalmente a un incremento en la demanda y en los costos de operación. Estos recursos fueron distribuidos entre cuatro programas, de los cuales el QO - Tráfico, representó el 63.4% del total y excedió en 50% su presupuesto original por los incrementos en los precios y las variaciones cambiarías. De las ocho metas previstas en este programa, tres fueron ligeramente inferiores a las estimadas y el resto se cumplieron o fueron superadas, debido a que se adelantó la llegada de dos aviones grandes; y a un incremento en la demanda del servicio, tanto nacional como extranjero, originado por la recuperación económica de Estados Unidos, la sustitución de turismo al exterior por turismo interno y la situación cambiaría que reforzó este efecto sustitución. (Cuadros IV. 30 y IV. 31).
2. 1. 6. Aeropuertos y Servicios Auxiliares
El gasto de 70.8 mil millones de pesos de esta entidad rebasó en 756% al monto presupuestado originalmente. Esta diferencia, obedeció principalmente a que el costo del combustible (59 mil 765 millones de pesos) no fue considerado en el presupuesto originalmente aprobado. Estos recursos se destinaron a tres programas, de los cuales el QL - Operación Aeroportuaria absorbió el 96.4% del total y rebasó significativamente la asignación original. Este programa superó muy ligeramente una meta y no alcanzó las dos restantes, debido a que en la programación de éstas se pensaba que la situación económica sería mejor de lo que fue realmente. La reducción en la aviación privada nacional, en la oficial y en líneas de primer nivel, impidieron el cabal cumplimiento de las metas. (Cuadros IV. 32 y IV. 3).
2. 1.7. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Esta entidad ejerció un presupuesto de 5. 5 mil millones de pesos, cifra superior en 52% a su asignación original, debido a los incrementos salariales y a los aumentos en el costo de los combustibles (cuadro IV. 34). De estos recursos, 86. 5% se destinó a la ejecución del Programa de Administración General de Obras Interurbanas, cuya meta de proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos de cuota se rebasó en 7%, porque el flujo de vehículos fue mayor al esperado en periodos de vacaciones. La meta de proporcionar servicios de paso a 76. 6 millones de vehículos en puentes de cuota no se cumplió en un 25%, por los problemas económicos en las zonas fronterizas que redujeron el tránsito de residentes y visitantes. La producción de emulsiones asfálticas y pinturas se sobrepasó en un 50% por la reestructuración de los programas de trabajo de las plantas que permitió atender los requerimientos propios y de la SCT. La venta de 155 millones de litros de combustible no se cubrió en un 26%, por los aumentos de sus precios que redujeron la demanda. (cuadro IV. 35).
3. Sector Comercio
Las acciones de este sector se orientan a participar en el abasto de bienes básicos a precios accesibles a la población, con el propósito de proteger el ingreso real de las clases de menores ingresos; modernizar los sistemas de distribución y los mecanismos de comercialización; contribuir al aumento de la productividad del aparato comercial para fortalecer la economía, así como mejorar la oferta exportable y racionalizar las importaciones.
Para alcanzar estos objetivos se autorizaron recursos por 305. 5 mil millones de pesos, y se ampliaron en 39. 5%, resultando un presupuesto ejercido de 426. 2 mil millones de pesos (cuadro IV. 36). De este total, la mayor parte (394.8 mil millones de pesos) correspondió a Conasupo.
3. 1. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Esta dependencia instrumentó 11 programas con un costo presupuestado de 136. 6 mil millones de pesos y un ejercicio de 155.4 mil millones (13.7% más de lo estimado). Como en años anteriores, el Programa R1 Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, operado en su mayor parte por Conasupo, requirió nueve de cada diez pesos del total ejercido (cuadro IV. 37).
3. 1. 1 Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Con un presupuesto ejercido de 364. 5 mil millones 64.8% más de lo estimado) destinado íntegramente al Programa R1 - Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos para la Defensa de la Economía Popular, Conasupo cumplió con ocho de las 18 metas previstas (cuadro IV. 38). Esto se debió a las condiciones climatológicas de cada ciclo agrícola, al aumento de compra de granos importados para contar con las reservas que cubrieran las necesidades del país; al retiro de los compradores privados del mercado por la situación financiera del país; y a la elevación de costos de la comercialización, incluyendo los costos financieros. Además, Conasupo elevó constantemente los precios de garantía para estimular la producción en el campo, lo que junto con las variaciones cambiarías la elevación de precios internacionales de granos y los efectos mencionados, significaron un presupuesto ejercido, muy superior al estimado originalmente. (cuadro IV. 39).
Para mayor abundamiento, durante las pláticas de esta Comisión Dictaminadora con los representantes del sector y de la entidad, se proporcionaron datos anuales de operación respecto a los productos que comercializa Conasupo, destacando: maíz, del que se compraron 5,736. 1 miles de toneladas de 16 mil 793 pesos y se vendieron 4,768. 6 miles de toneladas a un precio promedio de 8 mil 739 pesos la tonelada; frijol, cuyas compras ascendieron a 530.4 mil toneladas y las ventas a 651. 1 mil toneladas; sorgo, se compraron 965. 2 mil toneladas, y se vendieron 4,161. 5 mil toneladas; entre otros.
4. Sector Bienestar Social
La política de este sector tiene como propósito incrementar los servicios de salud y seguridad social, educación, vivienda y ecología para elevar la calidad de la vida y propiciar un mayor aprovechamiento de los recursos humanos.
El PIRE, por su parte, puso especial énfasis en mantener los niveles de cobertura alcanzados en los servicios de bienestar social. En 1983 se registraron los efectos más agudos de la crisis y los niveles de atención no se deterioraron; por el contrario, se realizaron acciones para corregir los problemas estructurales que afectan el desarrollo de los sistemas educativos y de salud.
Para lograr estos propósitos, el sector bienestar social ejerció un presupuesto de mil 90.8 mil millones de pesos, (4.0% más de la estimación original). De este total, a la Secretaría de Educación Pública se le destinaron 340.7 mil millones, y una cifra ligeramente inferior al Instituto Mexicano del Seguro Social (306.7 mil millones), ocupando el tercer lugar el ISSSTE (106. 1 mil millones). El conjunto de entidades del sector que no están incluidas en el presupuesto, ejercieron un gasto de 264. 6 mil millones de pesos (cuadro IV. 40).
4. 1. Secretaría de Educación Pública
El subsector educativo, coordinado por esta Secretaría, tuvo como objetivos básicos para 1983: asegurar la educación básica a toda la población; vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios; elevar la calidad de la educación; mejorar la atmósfera cultural del país y aumentar la eficiencia del sistema educativo.
Para cumplir con estas tareas la Secretaría de Educación Pública ejerció un gasto "programático" de 488 mil 667 millones de pesos (que superó en 10. 1% al presupuesto original), debido principalmente a que los aumentos salariales fueron superiores a los presupuestados. Este monto se destinó a la ejecución de 27 programas (y 82 subprogramas) entre los que sobresalieron el 4X - Asegurar la educación básica a toda la población (46. 6% del gasto total de la Secretaría) y el 4Y - Vincular la educación propedéutica y terminar con el sistema de producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios (30.4% del total). (Véase cuadro IV. 41).
Estos dos programas obtuvieron recursos adicionales por 39 mil 671 millones de pesos, cantidad que corresponde al 88. 5% del total de la diferencia entre lo ejercido y lo presupuestado en la SEP. Los recursos adicionales se derivan del gran volumen de recursos humanos que se requieren para llevar a cabo estos programas.
El tercer programa en importancia, en función del gasto, fue el "3Z - Ampliar y conservar la infraestructura física", que tuvo un ejercicio de 40 mil 35 millones de pesos, (8. 2% del gasto total de la SEP. La Cuenta Pública incluye 15 programas que no aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que ejercieron en su conjunto 200 millones de pesos. La Secretaría de Educación Pública informó en las pláticas efectuadas con motivo de la revisión de la Cuenta, que estos programas especiales son presupuestados en otros sectores y, posteriormente, mediante transferencias de recursos, se trasladan al sector educativo, para que éste los lleve a cabo.
En el programa "4X - Asegurar la educación básica a toda la población", las metas se alcanzaron aceptablemente (cuadro IV. 42). En "educación primaria" se atendió el 100% de los niños que solicitaron el servicio; en "castellanización a niños indígenas", se cumplió con el 86% de la meta; en el subprograma "03 - Dar a la población adulta la oportunidad de recibir la educación básica o complementaria en su caso", la meta alcanzada fue de 81. 3%; no se logró el 100% debido a una distribución desigual de la población analfabeta, difíciles condiciones geográficas y la dispersión de las poblaciones. En el subprograma "4Y - Vincular la educación propedéutica y terminal con el sistema productivo de bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios", en términos generales, las metas registradas cumplieron satisfactoriamente. En el subprograma 03 se nota una diferencia del 23%, resultado irreal, pues la UNAM no remitió sus informes y originalmente tenía programado atender 146 mil 700 alumnos. En pláticas con la Secretaría de Educación Pública, se informó que la UNAM no presentó información, debido a que el tiempo de integración de la Cuenta Pública y el tiempo en que el Patronato Universitario sanciona y valida los resultados presupuestarios del año, se anteponen. Cabe señalar que durante las pláticas con la Comisión, la Secretaría proporcionó la información de la UNAM, la cual fue objeto de un análisis complementario, observándose un cumplimiento razonable de las metas.
4. 2. Secretaría de Salubridad y Asistencia
Esta dependencia ejerció un presupuesto de 60 mil 646 millones de pesos (11. 2% más de los estimado) que distribuyó entre 14 programas entre los que sobresalen el YV - Atención curativa (39.7% del total), YI - Administración de salud (26.0% del total) y YU - Atención preventiva (13.9% del total), como se observa en el cuadro IV. 43.
En el cuadro IV. 44, se muestran los subprogramas y las metas de los programas mencionados, 27 en total, de las cuales se lograron 12. De las 15 restantes siete fueron inferiores al 85%. La diferencia se debió a que algunos de los centros de rehabilitación y educación especial, se transfirieron al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En el subprograma 04 se tenían programadas 75.010 millones de raciones que otorga el Programa Mundial de Alimentos, pero únicamente se recibieron 14.771 millones de raciones, por lo que no se pudo cumplir con la meta. Cabe subrayar que en materia de salud, el incumplimiento de las metas de cada subprograma requiere de
estudios exprofeso, ya que existen factores epidemiológicos, sociales, técnicos y económicos que alteran los resultados esperados. En términos generales, en 1983 se presentaron situaciones que incidieron en todos los programas y recursos al SN - DIF y a SEDUE; las políticas de descentralización; la inflación y el consiguiente incremento de los costos.
4. 2. 1 Instituto Mexicano del Seguro Social
Este organismo ejerció un gasto de 339 mil 134 millones de pesos (22. 1% más de lo estimado), que distribuyó entre 19 programas, sobresaliendo el 1B - Atención curativa...... (49. 5% del gasto total de la entidad) y el 1E - Prestaciones económicas (23. 1% del total). Estos datos aparecen en el cuadro IV. 45 donde se advierte que están incluidos cinco programas de IMSS - Coplamar que en total representan 2.4% del gasto total de la entidad.
En el cuadro IV. 46 se consignan los subprogramas y metas de dos programas sobresalientes del IMSS, observándose que de las diez metas programadas, se cumplieron seis al 100% o más, tres a más del 85% y se dejó de cumplir una debido a la reprogramación generada por la atención a actividades prioritarias necesarias para mantener la eficiencia en el servicio. Conviene subrayar que en el IMSS se registró un aumento importante en la demanda de sus servicios originada por la ampliación del plazo de conservación de derechos y la extensión del régimen del Seguro Social mediante incorporación de trabajadores independientes, patrones, personas físicas y seguro facultativo. Por otro lado, el decremento de subsidios y ayudas se originó principalmente por la limitación en la expedición de certificados de incapacidad, actividad que está siendo llevada a cabo por el programa de control de incapacidades.
4. 2. 2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
En el cuadro IV. 47 se aprecia que el ISSSTE ejerció un presupuesto de 111 mil 225 mil millones de pesos (64. 1 más de lo previsto) que fue asignado a 16 programas, entre los que destacan el 1M - Protección al salario (31.4% del total), el 1B - Atención curativa (29. 3% del total), el 1E - Prestaciones económicas (14.0% del total), y el 1P - Financiamientos de módulos sociales (9.8% del total).
Los subprogramas y metas de los cuatro programas citados se aprecian en el cuadro IV.48, donde se muestra que las 19 metas establecidas, se cumplieron sólo nueve, y se dejaron de cumplir diez, debido principalmente a los aumentos salariales superiores a los estimados; los incrementos en los costos de bienes y servicios; las mejoras en medicina preventiva y en el régimen de consulta externa y lo imprevisible de las solicitudes de subsidios.
4. 3. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Esta dependencia registró un gasto de 36 mil 427 millones de pesos, inferior en 54. 2% a la suma presupuestada originalmente debido a la reestructuración de esta Secretaría. Tal monto se distribuyó entre 31 programas, sobresaliendo por el gasto ejercido, el 1V - Administración de obras intraurbanas (37.8% del total); el 3B - Agua potable (4.4% del total y el 2T - Vivienda progresiva (14. 1% del total). (Cuadro IV. 49).
En el cuadro IV. 50 se presentan los subprogramas y metas de los tres primeros programas señalados, percibiendo que las diez metas establecidas se cumplieron cinco al 100%, dos a más del 90% y las restantes tres no se cumplieron debido principalmente a la cancelación de varios estudios y proyectos, a la transferencia de recursos y programas a otras dependencias; a la transferencia de 206 sistemas de agua potable y 138 de alcantarillado a los estados y a los ajustes presupuestales. Conviene subrayar que la meta de realizar 28 mil 842 acciones de vivienda progresiva se rebasó en 89%, debido a la reducción de costos en las acciones, no obstante los incrementos en los precios de los materiales. Por otra parte, el incremento en el gasto del Programa 2T - Vivienda progresiva, obedece a dos ampliaciones líquidas para el FONHAPO.
4.4. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta Secretaría registró erogaciones por 6 mil millones de pesos (25. 1% más de lo previsto) que distribuyó entre cinco programas sobresaliendo el WN- Programa desarrollo y fortalecimiento de las autoridades e instituciones de la administración integral del trabajo (40. 3% del total), el W2- Programa nacional de mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias (28. 5% del total y el W1- Programa de justicia en las relaciones laborales (17. 6% del total. (Cuadro IV. 51).
El cuadro IV. 52 Muestra los subprogramas y metas de los dos primeros programas, observándose que las 196 metas registrados, se cumplieron 116. El resto no se pudo cumplir, principalmente por la reestructuración del sector; la escasez de divisas del país que hizo jerarquizar las reuniones internacionales a las que se asiste; que la OIT requirió menor información de la estimada: la reprogramación y retraso en la iniciación de cursos; cancelación y reprogramación de proyectos; descompostura de equipos y falta de personal especializado en información;
elevación de costos de edición e impresión; cancelación de reuniones no prioritarias; petición de servicios inferior a lo previsto; insuficiente presupuesto de promoción y difusión; cancelación de convenios con sindicatos; desaparición de Conacurt; se cancelaron metas que se duplicaban, y se canalizaron demandas a otras Secretarías.
5. Sector Industrial
Los principales objetivos de este sector fueron:
garantizar la existencia de las empresas en operación, principalmente las de carácter estratégico y prioritario; llenar huecos de producción o deficiencias graves de oferta; aprovechar íntegramente la potencialidad de la industria paraestatal; integrar la planta industrial en productos básicos, y articular la gran empresa con la pequeña y mediana.
Para cumplir con estos objetivos el sector industrial ejerció un presupuesto de 353.8 mil millones de pesos, que superó en 21.7% al monto original por la necesidad de cubrir incrementos en los sueldos y salarios; variaciones cambiarías y apoyos a la producción de azúcar e insumos para el campo.
Del total ejercido, a las entidades del Gobierno Federal (Semip y Secofi) correspondieron 5. 6 mil millones de pesos, mientras que los organismos y empresas incluidos en el presupuesto tuvieron erogaciones por 202.7 mil millones de pesos, destacando por su monto Fertimex (93. 5 mil millones de pesos) y Cicartsa (58. 2 mil millones de pesos). Por otro lado, las entidades coordinadas por este sector, pero no incluidas en le presupuesto, ejercieron un gasto de 145. 5 mil millones de pesos, sobresaliendo entre ellas la industria azucarera con un gasto ejercido de 44. 2 mil millones de pesos (cuadro IV. 53).
5. 1. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
El gasto programático de Semip, fue de 522 mil 659 millones de pesos (88.9% más de lo presupuestado) que distribuyó entre nueve programas, sobresaliendo el IM- Planeación de la industria manufacturera..... (33.9% del total) (véase cuadro IV. 54). Estos programas con sus subprogramas y metas aparecen en el cuadro IV. 55, donde se puede percibir que las 35 metas previstas, se cumplieron 18 y el resto tuvo problemas de: falta de recursos financieros, humanos y materiales; información extemporánea; auditorías de emergencia no programadas a usuarios de material radiactivo; metas reprogramadas para concluirse en 1984; documentos en proceso de aprobación; falta de solicitudes de estudios; cambio de periodicidad de los informes requeridos; cambios en la presentación de informes, agrupándolos; coordinación en marcha con la Contraloría Interna para realizar la evaluación sectorial, y se formularon estudios prioritarios que no estaban programados.
5. 1. 1. Fertilizantes Mexicanos, S.A.
La empresa ejerció 68.7 mil millones de pesos lo que representa un subejercicio respecto a la asignación original del 12.9% (cuadro IV. 56); este presupuesto se destinó a un solo programa MD - Fertilizantes en Insecticidas que contiene 31 metas de las cuales se alcanzaron ocho; por lo que respecta a las 23 restantes la entidad explicó que no fue posible su consecución debido, entre otras causas, a la crisis económica que afecta al país y al retraso de la temporada de lluvia que ocasionaron una fuerte disminución en la demanda de fertilizantes; a los problemas de abastecimiento de materias primas; problemas de obsoloscencia en las plantas (de amoniaco y ácido sulfúrico) lo que significó mantenimiento intensivo; dificultades mecánicas en las plantas, modificaciones de las plantas y aumentos de precios (Cuadro IV. 57).
5. 1. 2. Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. Esta entidad registró un gasto de 57.9 mil millones de pesos que representa al 43. 2% de variación en relación con los 40.4 mil millones de pesos autorizados originalmente (cuadro IV. 56); el presupuesto modificado se distribuyó en dos programas: KC - Beneficio de minerales siderúrgicos (6. 2 mil millones de pesos) y MV - Siderúrgica y Productos Metálicos (51.7). Estos dos programas incluyen 25 metas de las cuales solamente nueve no se alcanzaron debido principalmente a la contracción del mercado nacional (cuadro IV. 58).
5. 1. 3. Otras Empresas del Sector Industrial
En el cuadro IV. 56 también se muestran los presupuestos y programas de Diesel Nacional, S.A., Siderúrgica Nacional, S.A. y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. Estas tres empresas tuvieron subejercicios en relación a las asignaciones originales (44. 3%, 34. 1% y 2. 6%, respectivamente) debido, fundamentalmente, por segundo año consecutivo, a la contracción de la demanda de sus productos.
DINA distribuyó su presupuesto (23. 3 mil millones de pesos) en tres programas con 15 metas de las cuales no se alcanzaron 12, debido a la contracción del mercado automotriz y a la reducida importación de autopartes necesarias para la producción de vehículos (cuadro IV. 59).
Sidena ejerció 5. 5 mil millones de pesos que se aplicaron en dos programas que incluyeron 16 metas, de las cuales 14 no se alcanzaron por: la caída en la demanda automotriz, ferroviaria y agropecuaria; la cancelación de importaciones de aceros especiales; la cancelación de pedidos por parte de los principales clientes entre ellos DINA y Concarril, y la insuficiencia de divisas para
la importación de insumos y refacciones necesarias en la operación (cuadro IV. 60).
Concarril ejerció 17.7 mil millones, destinados a dos programas con 12 metas de las que sólo fueron logradas seis; el resto no se alcanzó debido a una política de disminución en los ritmos de trabajo para asegurar la continuidad en 1984; falta de materiales e insumos de importación, e incumplimiento de proveedores nacionales en la entrega de materiales (cuadro IV. 61).
6. Sector Energético
El sector constituye un sólido respaldo al desarrollo nacional al suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del aparato productivo; como generador de divisas, y como el contribuyente más importante del erario público. Además, ha estimulado el desarrollo de algunas industrias de bienes de capital e intermedias mediante su programa de adquisiciones. Su fortaleza se basa principalmente en las reservas probadas de hidrocarburos, en la producción de petrolíferos y petroquímicos y en la capacidad de generación de energía eléctrica. En su conjunto, el sector representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. El gasto ejercido por el sector alcanzó 1098. 1 mil millones de pesos, 55.8% más que en 1982 y superior al original en 17.9% (cuadro IV. 62).
Este gasto sectorial se distribuyó entre Pemex (760. 1 mil millones de pesos); CFE (286. 3 mil millones) y Compañía de Luz y Fuerza del Centro (51.7 mil millones).
6. 1. Petróleos Mexicanos Pemex ejerció un gasto "programático" de 730 mil 178 millones de pesos, 6. 6% más de lo previsto, que asignó entre cuatro programas de los que el 01- Producción primaria representó el 42. 3%; el 05-Administración y apoyo el 24. 5%, el 02- Producción industrial el 19.0% y el 03 - Comercialización el 14. 2%. De todos ellos, el primero, es decir, el de producción primaria, registró un gasto inferior al presupuestado (21.4%), mientras que los demás rebasaron el monto asignado originalmente, sobre todo el de administración y apoyo y el de comercialización (98. 2% y 45.8%, respectivamente) (cuadro IV. 63).
Estos programas registraron 19 metas (cuadro IV. 64), de los cuales nueve rebasaron la meta, cinco mostraron diferencias inferiores al 10% y cinco no se cumplieron (sobresaliendo los de comercialización), debido principalmente a la baja actividad económica del país, que contrajo la demanda de refinados; la entrega tardía de algunas unidades del complejo. La Cangrejera; los tiempos de reparación excesivos de algunas plantas por falta de refacciones importadas; falta de insumos (cloro p.e.); la producción de gas decreció por el bajo contenido de algunas zonas de extracción de crudo; y no existir suficiente infraestructura para el transporte y proceso de gas; y equipos que estaban asignados a la perforación de pozos inyectores de exploración se usaron para pozos de desarrollo.
6. 2 Comisión Federal de Electricidad
Esta entidad registró erogaciones por 454 mil 789 millones de pesos (17.4% más de lo estimado originalmente), que distribuyó entre nueve programas de los que el K7 - generación de energía eléctrica de origen secundario, representó el 46. 2% del total, y los programas K6 - generación de energía eléctrica de origen primario y LA - distribución de energía eléctrica participaron con el 13.8% y el 12. 1% del gasto total, respectivamente (cuadro IV. 65).
Los subprogramas y metas de los programas citados se aprecian en el cuadro IV. 66 donde aparecen ocho metas de las que se cumplieron sólo tres y dejaron de cumplirse las cinco restantes debido a: una disminución en la generación de energía originada por la contracción en la demanda, como consecuencia de la situación económica; el diferimiento en la construcción de tres plantas, por no contar oportunamente con el equipamiento de importación necesario, y las restricciones presupuestarias que obligaron a posponer los trabajos en obras no prioritarias.
7. Estrategias intersectoriales
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983, incluye el ramo de Promoción Regional que comprende los programas y presupuestos:
Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER).
Programa de Empleo en Zonas Urbanas Críticas (PEZUC).
Programa Estatal de Inversión (PEI).
Programa de Desarrollo Estatal (PRODES).
Programas Sectoriales Concertados (PROSEC).
Programa de Atención a Zonas Marginadas (PAZM).
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7. 1 Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER).
Los recursos del programa ascendieron a 13.9 mil millones de pesos, (8. 6% menos de lo programado). Con dichos recursos se alcanzó una cobertura de 143 microregiones, en mil 162 municipios en los que habitan alrededor de 12 millones de personas, atendiéndose en esta forma el 57% del territorio nacional.
Las acciones del PIDER se orientaron a promover el sector agropecuario, forestal y pesquero. Dentro del marco de actividades se realizan tres tipos de acciones: Proyectos Productivos, que representan 55% del total, destinados a la generación y retención de excedentes económicos para la población beneficiada; acciones de apoyo a la producción (38%) y programas de bienestar social (7%).
En materia de empleo, los recursos del PIDER permitieron la generación de cerca de 13 millones de jornales, ubicados en programas productivos, como pequeña irrigación, producción y transformación agrícola e infraestructura para el desarrollo ganadero.
Adicionalmente se generaron 10. 5 millones de jornales eventuales en la realización de las obras, caminos rurales, producción y transformación agrícola, infraestructura para el desarrollo agrícola, aprovechando de esa manera la mano de obra disponible en las comunidades.
7. 2 Programas de Empleo en Zonas Urbanas Críticas.
El objetivo general del programa es promover y vigorizar la integración de la población marginada al desarrollo regional, mediante el apoyo a la racionalización de las inversiones públicas a ella destinadas.
Los objetivos sectoriales que tienen incidencia nacional dentro del Programa de Empleo, son los siguientes: Atender la realización de obras altamente generadoras de mano de obra; ampliar la cobertura de servicios en materia de agua potable, alcantarillado, salud, vivienda, educación, saneamiento ambiental y limpieza, y orientar la inversión hacia ciudades que presenten graves problemas de desempleo.
Bajo este esquema, el PEZUC alcanzó de manera indirecta otros logros importantes, como la realización de proyectos prioritarios, el beneficio de la población de bajos ingresos, el fortalecimiento y aprovechamiento de la capacidad administrativa de los gobiernos federal, estatal y municipal, y el mejoramiento de la eficiencia y control permanente del ejercicio presupuestal.
Los recursos ejercidos en el programa, ascendieron a 26 mil 436 millones de pesos, 2% abajo de lo autorizado. Los programas que presentan mayor gasto son Agua Potable, Alcantarillado e Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, con 20.8%, 13.9% y 13.4%, respectivamente con un cumplimiento en el alcance de sus metas del 94%, en promedio, debido a los siguiente: En el programa de Agua Potable, la meta de suministro de agua se vio afectada, debido a que existen algunos poblados que están localizados a gran distancia de las fuentes posibles de abastecimiento, así como por los problemas topográficos que ofrecía el terreno. Este programa generó fuentes de trabajo por un total de 25 mil 604 empleados.
En el programa de Alcantarillado, la construcción de sistemas fue inferior en 27% (a lo programado, generando 21 mil 397 empleos). La diferencia fue motivada por la imposibilidad de continuar con el programa de inversiones en algunos estados, por los fuertes temporales que se presentaron.
Finalmente, el programa de Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, presentó desviaciones mínimas en la construcción y conservación de calles, así como en la de equipamiento de calles y avenidas.
7. 3 Programas Estatales de Inversión.
El ejercicio de este programa alcanzó 20. 1 miles de millones de pesos, cifra superior en 9.8% al original. Las principales acciones se orientaron a: Construcción de 9 mil 947 aulas, 211 laboratorios, 447 talleres, y 2 mil 458 anexos de educación primaria y media básica, beneficiando principalmente a los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Veracruz; construcción y conservación de 4 mil 488 Km. de carreteras estatales, con mayores asignaciones para los estados de Tabasco, Chihuahua, Sonora y Veracruz; construcción y conservación de mil 61 Km. de caminos rurales principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla; construcción de 293 sistemas de agua potable, en las entidades de Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Morelos; construcción y rehabilitación de 174 centros de atención curativa en Durango, Guanajuato, Oaxaca y Puebla.
7.4 Programa de Desarrollo Estatal.
Bajo esta modalidad, se concertaron acciones promovidas con los gobiernos estatales con recursos federales transferidos en diferentes sectores, para la realización de los proyectos. Para estos programas se transfirieron originalmente 53.7 miles de millones del Ramo XXIII, Erogaciones Adicionales, destinando 40.0 miles de millones al Programa de Emergencia para la Protección del Empleo y SARH y 13.7 miles de millones para el Acueducto Linares - Monterrey.
Durante 1983 se ministraron 31. 6 miles de millones de recursos federales para la ejecución del PRODES, siendo el programa de empleo en zonas urbanas críticas el más representativo al haberse destinado 26. 3 miles de millones de pesos, los cuales fueron directamente autorizados a los gobiernos estatales. Asimismo, los gobiernos estatales y los sectores social y privado han comprometido aportaciones adicionales por 3.7 miles de millones,
lo que confirma la respuesta favorable de estos a la iniciativa federal.
Además se han incluido acciones que apoyan programas de emergencia por contingencias climáticas como Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas.
Con ello, las inversiones autorizadas se agruparon en más de 40 programas que incluyeron acciones muy diversas, desde agua potable y alcantarillado en el norte del país, hasta proyectos productivos, capacitación y programas de nutrición en zonas indígenas del sureste.
Estas acciones se desarrollaron en el marco del Convenio Único de Desarrollo, dotando al Programa de una gran flexibilidad en la asignación de recursos lo que le permitió generar 148 mil empleos y colaborar al mismo tiempo con otros logros: el anillo de transferencia en la ciudad de Monterrey, obra que abastecerá de agua potable a un gran sector de la zona metropolitana para lo cual se autorizaron 570 millones al Ejecutivo Estatal; asimismo, para la construcción de la Presa Cerro Prieto y Acueducto Linares - Monterrey, se asignaron 176 millones.
Al Programa de Emergencia para el Suministro de Agua Potable a la ciudad de Guadalajara, se dotó de 400 millones y para el desarrollo de la costa de Tabasco, Pemex transfirió recursos por mil millones al Convenio Único de Desarrollo para autorizarse al Gobierno estatal.
Con estos recursos se emprendieron acciones para reconstruir y modernizar carreteras alimentadoras, rehabilitación de alcantarillado, construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, asistencia técnica agrícola y pecuaria, así como electrificación rural y adquisición de equipo de flota pesquera y procesadoras.
7. 5 Programas sectoriales concertados.
A este programa se destinaron 9. 5 miles de millones de pesos siendo concertados 31 a través de esta modalidad durante el ejercicio con las entidades federativas, los cuales fueron realizados con recursos transferidos de las dependencias y entidades del sector presupuestario como son: transferencias del programa normal de SEDUE para agua potable y alcantarillado con un monto de 5.0 mil millones para la construcción de 59 sistemas; transferencias de 3.8 miles de millones a 15 estados para el pago de sueldos y salarios a maestros y directores mediante el acuerdo de coordinación denominado Apoyo al Gasto Estatal del Programa Primaria para Todos los Niños; apoyo a Organismos Operadores de Agua Potable autorizándose 500 millones.
En los programas con mayor asignación y convenios con las 31 entidades se observó lo siguiente: las transferencias de SEDUE para agua potable y alcantarillado, no se han ejecutado totalmente, debido a que su concertación y autorización se realizó a finales del mes de noviembre pasado, alcanzando a ejecutarse 1.7 miles de millones de pesos, 34% de lo autorizado; apoyo al Gasto Estatal del Programa Primaria para todos los Niños, se cumplió con lo programado; apoyo a Organismos Operados de Agua Potable, se tiene un grado de avance considerable, ya que se ejerció un monto de 437 millones, 87% respecto a lo autorizado.
7. 6 Programa de atención a zonas marginadas.
El objetivo general de este programa es promover y vigorizar la integración de la población marginada al desarrollo regional. Dentro de sus objetivos específicos, destacan el de contribuir al funcionamiento del Convenio Único de Desarrollo, entre la Federación y los estados.
Las líneas de acción del PAZM comprenden la atención a obras en proceso prioritario, y procurar la ampliación de cobertura de servicios relacionados con la salud, empleo, educación y vivienda, tomando en cuenta las necesidades a nivel estatal las cuales se constituirán en metas nacionales. Para ello el PAZM tiene un nivel multisectorial orientado según los lineamientos de desarrollo regional.
Los recursos ejercidos por el PAZM, ascendieron a 23.4 mil millones de pesos, 11.7% por debajo de su estimación original, siendo los programas de integración al desarrollo nacional de zonas deprimidas y grupos marginados, caminos rurales y abasto, regulación y comercialización de productos básicos para la defensa de la economía popular, los más importantes con 37.4%, 33. 3% y 10.8% del total respectivamente.
Con los recursos anteriores, se tuvo un alcance de metas, en promedio del 79%, debido a las alzas en costos unitarios, en el programa de caminos rurales, ya que en el programa de abasto se llevaron a cabo las acciones sólo con el 83% del presupuesto autorizado.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la revisión de la Cuenta Pública por parte de esta representación popular, es en primera instancia, emitir un juicio político sobre los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de 1983, así como de los principales instrumentos que se utilizaron para lograrlos. Este juicio no debe asumir posiciones sombrías que sólo resaltan desviaciones y fallas; ni actitudes triunfalistas que sólo subrayan avances y logros, sino incluir activos y pasivos, adelantos y deficiencias, en la proporción que señalen los datos. De tal balance surge lo que habrá de consolidarse y continuarse, así como lo que habrá de corregirse o afinarse.
Las cifras revelan que, en términos generales, se cumplieron los objetivos y metas de la estrategia que enmarcó el ejercicio de la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983, sin que esto signifique plenitud de logros, ni el fin de un proceso de reordenación económica y cambio estructural que apenas se inició ese año; proceso que es dinámico, flexible y perfectible.
Desde el punto de vista político, uno de los logros fundamentales de la nueva estrategia, es haber revertido, de manera sostenida, la tendencia de la inflación es decir, el crecimiento de los precios ha retrocedido, y la declinación se ha mantenido hasta la fecha y se prevé se mantenga en 1985. La trascendencia política de este avance radica en que se conjuró la posibilidad de una hiperinflación, situación en que los precios hubieran crecido a tasas anuales superiores al 100% a partir de las cuales se facilita su aceleración (de 100 a 200 a 500% por año) y crecen las posibilidades de que las crisis económicas se transformen en crisis sociales y políticas. En situaciones de hiperinflación, hubieran peligrado la independencia, las libertades y la democracia. También se hubiera profundizado la injusticia, y los rezagos sociales hubieran aumentado, porque la inflación es un instrumento de injusticia social, es un impuesto regresivo que grava más a quienes menos tienen, y que obstaculiza la producción de bienes básicos y la generación de empleos permanentes y bien remunerados.
A esta Comisión Dictaminadora le preocupa el debilitamiento del nivel de vida de la mayoría de la población que surge como consecuencia de la crisis, que se agudizó durante el segundo semestre de 1982, por lo que apoya la voluntad política de combatir la inflación distribuyendo equitativamente la carga del ajuste a la nueva situación, mediante el mitigamiento del costo de la crisis en los grupos de menores ingresos. Esta Comisión considera que la caída en el bienestar de la mayoría hubiera sido aún mayor si no se hubieran tomado las medidas que han permitido el descenso de la tasa inflacionaria.
Son estas consideraciones políticas las que justifican y fundamentan la prioridad del combate a la inflación. Por ello, si bien es cierto que no se cumplió la meta cuantitativa de reducir la inflación del 100% al 70%, como señala el PND, o al 50%, como se indicó en diciembre de 1982, no puede soslayarse la importancia política de la reversión de la tendencia inflacionaria al pasar del 100% al 80%. Los datos actuales y las perspectivas para el año venidero permiten confirmar que esta declinación ha sido permanente y sólida (55% en 1984 y 35% previsto para 1985).
Sin embargo, la inflación aún es elevada y esta Comisión recomienda que se continúen las políticas que combaten la inflación para que ésta llegue a tasas compatibles con las internacionales. Esta recomendación no concibe la estabilidad de precios como un fin en sí mismo, sino como un medio que permite avanzar en la reducción del desempleo y en la transformación del crecimiento económico en el desarrollo social; como una condición necesaria, aunque no suficiente, para impulsar la justicia social, fortalecer la independencia, afianzar y consolidar la democracia y fortalecer el régimen de libertades.
Se logró conjurar el peligro de quebrantamiento del aparato productivo nacional y la consiguiente extensión del desempleo a niveles explosivos, lo que hubiera significado deterioros considerables en el bienestar social; es decir, el costo social de la crisis hubiera sido mayor de no haberse tomado estas medidas. Cabe subrayar en este punto, el papel responsable y solidario del sector obrero, ya que su actitud evitó el cierre de empresas y los despidos masivos. Contribuyeron, además, los programas específicos de creación de empleos en el medio rural, en las zonas urbanas críticas y entre los pasantes; así como las medidas para proteger a la planta productiva. Estas últimas buscaron resolver la disminución de la demanda interna; los problemas financieros y de liquidez, y la escasez de divisas mediante la reorientación del gasto hacia el marcado interno, apoyos financieros y de cobertura cambiaria (sin incurrir en subsidios) y la renegociación de la deuda externa del país.
No obstante, la tasa de desempleo aún es muy elevada (8. 5%) y la planta productiva enfrenta serios problemas financieros y de readaptación a las nuevas señales que imponen el realismo económico y el cambio estructural. De ahí que la Comisión recomiende que se intensifiquen los programas de generación de empleos, tanto los creados directamente por programas específicos, como los derivados del crecimiento de las fuentes de trabajo surgidas de la reactivación económica y del cambio que da prioridad a los sectores intensivos en mano de obra. La Comisión está consciente de que persevera en el cambio estructural significa fortalecer y ampliar las fuentes de producción y de empleo.
Se logró proteger y estimular la producción, importación y distribución de alimentos básicos a precios moderados a fin de aminorar el impacto de la crisis en los grupos de menores ingresos, mediante el programa de fomento a la producción, abasto y control del paquete básico de consumo popular; la comisión para la ejecución y seguimiento del programa; compromisos específicos para productos concretos de la canasta básica; distribución de despensas; tiendas sindicales y gubernamentales; precios de garantía; subsidios al consumo y a la producción; desgravación del IVA; transferencias a las empresas públicas productoras de insumos para el campo o de bienes básicos, y preferencia en la asignación de divisas, de reservas presupuestales y de ingresos ordinarios excedentes.
La Comisión recomienda la continuación de estos programas y apoyos de naturaleza eminentemente social y que se combatan los problemas que han impedido una mayor trascendencia de los mismos, tales como insuficiencias; fallas de proveedores; deficiencias en la capacidad administrativa; situación crítica de
los sectores productivos que carecían de estímulos; fallas estructurales del aparato comercial, y actitudes especulativas, que limitaron el control de precios. Asimismo, recomienda continuar con la política de control de precios para proteger el consumo de las mayorías, lo que requerirá afianzar y ampliar los compromisos con los sectores social y privado e inducir una movilización social efectiva para el logro de estos propósitos.
También se logró la meta de estabilidad cambiaria al desaparecer las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio que caracterizaron a 1982, y al conseguir que la mayoría de las divisas por la exportación de bienes y servicios fueran captadas por el sistema financiero nacional y canalizadas a las importaciones prioritarias. Sin embargo, el tipo de cambio se deslizó más de lo estimado debido a que la inflación fue superior a la prevista.
Esta Comisión recomienda que se continúe con los deslices programados que generan estabilidad y certidumbre y permiten la programación a todos aquellos que realicen transacciones con el exterior; pero que, al mismo tiempo, se continúe con la política realista que permita alentar las exportaciones y consolidar los avances en la sustitución de importaciones.
Además se recomienda que la asignación de divisas en el mercado controlado continúe siendo selectiva, dando preferencia a la importación de alimentos básicos y a los insumos necesarios para los procesos productivos de los sectores prioritarios y estratégicos. Se recomienda también la simplificación de los trámites de comercio exterior ya que su complejidad fue uno de los factores que originaron demoras en la asignación de divisas a principios de 1983. Adicionalmente, se recomienda que se disminuyan los incentivos que tienen los exportadores a la subfacturación y a dejar sus divisas en el exterior o a retenerlas para venderlas al tipo libre, en lugar de canalizarlas al sistema financiero para su reasignación conforme a prioridades.
También se logró mejorar los resultados de la balanza de pagos, sobre todo el comercio internacional de mercancías y servicios, lo que permitió reponer e incrementar las casi exhautas reservas internacionales. Este resultado, como los anteriores, se facilitó por la reestructuración de la deuda externa, que amplió los grados de libertad en el manejo de la política económica. Sin embargo, aún deben continuarse los cambios en política de comercio exterior para consolidar estos avances que en parte fueron producto de la coyuntura, y en parte resultado de cambios estructurales.
La Comisión reconoce los avances de la política de deuda que logró reordenar mercados; mejorar instrumentos; restablecer las funciones de la intermediación financiera; reducir las presiones especulativas; normalizar nuestras relaciones financieras con el exterior y restablecer el flujo de divisas hacia el país.
Sin embargo, no puede soslayar que el servicio de la deuda constituye una pesada carga sobre el erario nacional, (40% del presupuesto); sobre todo los intereses, cuyo gasto está determinado por la evolución de las tasas internacionales. Por ello, recomienda la continuación del proceso de reestructuración de la deuda, para que el perfil de pagos sea cada vez más compatible con las disponibilidades de recursos del país y, sobre todo, que se pugne en los diferentes foros internacionales porque se tomen medidas tendientes a reducir la tasa de interés externa. Esto, junto con la persistencia de la tendencia decreciente de la inflación y la estabilidad cambiaria, reducirá las tasas de interés internas. Tal efecto y la reactivación económica que ya se observa, a su vez fomentarían la inversión y el potencial productivo del país.
Asimismo, la Comisión recomienda que se continúen los esfuerzos de solidaridad activa en el campo de la renegociación de la deuda externa de los países en desarrollo, como se manifestó en las reuniones de Quito, Cartagena y Mar de Plata, donde México jugó un papel protagónico. En este sentido, deberán impulsarse las propuestas de mecanismos que atenúen el efecto de las altas tasas de interés externas (tales como ventanillas compensatorias, préstamos concesionales, etcétera); que faciliten la renegociación en función de la capacidad de recuperación económica y de pago de cada país; que accedan a diferir el pago de parte de los intereses, que serían pagados con una proporción determinada de los recursos provenientes de incrementos en las exportaciones, que permitan que los pagos de la deuda externa no comprometan los ingresos de exportación más allá de porcentajes razonables y compatibles con el mantenimiento de niveles adecuados de actividad productiva interna; que atiendan inmediatamente el reclamo de los países en desarrollo de mejorar sus términos de intercambio, y que eliminen las barreras que limitan el acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados de los países industrializados.
También se avanzó en el saneamiento de las finanzas públicas logrando reducir el déficit financiero del Sector Público, que había llegado a cifras sin precedente (18. 2% del PIB) que lo hacían de difícil manejo ya que requería crecientes volúmenes de financiamiento inflacionario. Además, el ahorro interno resultaba insuficiente y se habían reducido significativamente las posibilidades de conseguir créditos externos. Por ello, no quedaba otro camino que racionalizar el gasto, elevar los ingresos (impuestos y precios y tarifas principalmente) y revertir el proceso de desintermediación financiera para elevar el ahorro interno. Ello permitió que se redujera el déficit del Sector Público, como proporción del PIB, a más de la mitad (8. 5%).
Sin embargo, esta Comisión considera que el déficit del Sector Público debe excluir los intereses pagados al exterior ya que una vez aprobado el gasto por esta H. Cámara, todo
aumento de las tasas de interés por encima de lo previsto, significa mayores restricciones a la demanda interna y retraso de las metas de producción y de empleo. Por lo tanto, esta Comisión recomienda que la meta de déficit público, excluya los intereses pagados al exterior para que sus elevaciones no asfixien o demoren el cumplimiento de los objetivos nacionales.
La consecución de la meta del déficit financiero se debió en buena medida a que se revirtió la tendencia del ahorro público, ya que de un desahorro corriente de 298. 6 mil millones de pesos en 1982m se pasó a un ahorro de 419. 2 mil millones de pesos en 1983, cifra inferior a la prevista, pero sobresaliente por la reversión que significa. La Comisión consideró importante estudiar el ahorro con y sin intereses, porque las dificultades del saneamiento financiero se debieron a estas variaciones exógenas, llegándose a la conclusión de que si se excluyen los intereses, el ahorro público en cuenta corriente es de 2.8 billones de pesos. Si sólo se hubieran pagado los intereses presupuestados, el ahorro hubiera sido de 1. 290 billones y el déficit del Sector Público presupuestario hubiera sido de 422 mil millones de pesos, es decir, una tercera parte del que se registró. De aquí la importancia de las recomendaciones anteriores sobre las tasas de interés.
Esta Comisión recomienda que se consolide este avance en el ahorro público para elevar la posibilidad de tener mayores inversiones y mayor potencial productivo en el futuro. De esta manera se alienta el desarrollo fincado en un financiamiento sano y con recursos propios y se aleja el fantasma del crecimiento "prestado".
Los avances anteriores dependieron en buena medida de la política de ingresos que se orientó a sanear las finanzas públicas para elevar el ahorro interno y reducir el déficit, al tiempo que apoyaban la distribución equitativa del costo de la crisis. Para ello se aumentaron los ingresos tributarios, haciéndolos más progresivos, así como los que provienen de precios y tarifas de los bienes y servicios del Sector Público. Estos se encontraban rezagados debilitando la estructura financiera de las empresas públicas y propiciando patrones de producción y de consumo ajenos a nuestra dotación de recursos y a nuestra etapa de desarrollo. Estos aumentos se concentraron en los bienes que consumen las clases de mayores ingresos y se aumentó el subsidio implícito en los bienes de consumo básico, tales como pan y tortilla. En algunos casos fue necesario proponer algunos ajustes, como en el transporte colectivo del Distrito Federal, o bien, se tuvieron que limitar o subsidiar los aumentos como en el caso de las tarifas eléctricas.
Esta Comisión recomienda que la política impositiva persista en su empeño de elevar la equidad y la eficiencia del sistema fiscal; reforzar los aspectos administrativos para disminuir la evasión y elusión fiscales; avanzar en la globalización del ingreso de las personas físicas; eliminar y ajustar las bases especiales de tributación para globalizar el Impuesto sobre la Renta; actualizar las tasas de derechos conforme a costos y reforzar los criterios para establecer productos; desgravar los causantes de ingresos medios y menores dándole más progresividad al Impuesto sobre la Renta, y seguir disminuyendo el porcentaje que pagan los trabajadores en el total de Impuestos sobre la Renta. Asimismo, recomienda que se sigan simplificando los estímulos fiscales y que se prosiga la tarea de hacerlos más selectivos, más transparentes, más racionales y más efectivos.
En cuanto a la política de precios y tarifas, la Comisión insiste en que se continúe vinculando a compromisos de productividad y eficiencia, y que persevere en la corrección de distorsiones de precios relativos para que sean un instrumento eficaz del cambio estructural; que siga otorgando subsidios sólo en el caso de bienes y servicios de claro efecto sobre el empleo, la distribución del ingreso, y el bienestar de las mayorías, y que prosiga fomentando nuevos patrones de producción y consumo, compatibles con el desarrollo del país.
También se logró que el Gobierno Federal mantuviera el control, la disciplina y la racionalidad del gasto público, motor fundamental del saneamiento de las finanzas públicas, junto con la política de ingresos. Se moderó el ritmo de crecimiento del gasto público manteniéndolo dentro de los márgenes aprobados por esta Cámara, no obstante que la situación resultó ser más grave de lo previsto (se identificaron montos importantes de adeudos que no estaban considerados en el presupuesto) y de que existieron enormes presiones para que aumentara, mismas que se agravaron porque la situación financiera de las empresas públicas resultó más crítica de lo previsto originalmente. Además, el gasto se adaptó a la capacidad de absorción de la economía y a la necesidad de reorientarlo a los renglones prioritarios.
Por ello, la austeridad que se propuso no se limitó a variaciones cuantitativas sino que se orientó principalmente a un cambio cualitativo tendiente a mejorar su manejo y composición mediante una programación más adecuada, que diera énfasis a las prioridades fundamentalmente sociales. Así, se limitaron las erogaciones a lo estrictamente indispensable peros sin descuidar la oferta de los bienes y servicios básicos, ni el mantenimiento de la planta productiva y el ingreso de divisas necesarias; cambió la estructura de las asignaciones (le "imprimió direccionalidad"); concedió preferencia a los sectores de educación; salud y vivienda así como al agropecuario; comercio (abasto) y a comunicaciones; contuvo el crecimiento de los sectores intensivos en mano de obra y en producción nacional; racionalizó el gasto corriente reduciendo su participación en el total del Gobierno Federal y conteniéndolo en el caso
del sector paraestatal; reestructuró las transferencias para mitigar los efectos de la crisis y capitalizar a las empresas públicas y apoyó al federalismo mediante la descentralización de programas y en el incremento de las participaciones a estados y municipios. Es decir, la política de egresos se orientó a lograr metas globales y estructurales.
Además, se continuaron las obras en proceso de manera selectiva, buscando hacer más con menos, y se reforzaron las normas que aseguran disciplina, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado. Esto abarcó acciones financieras, administrativas y normativas, que se instrumentaron con decisión y firmeza. Se fortalecieron los instrumentos jurídicos para normar el desempeño de la función publica, se vigorizaron los mecanismos para el control del gasto público mediante la creación de la Secretaria de la Contraloría, contralores internos y comisarios al tiempo que se perfeccionaron los mecanismos de planeación, programación y presupuestación , Adicionalmente, se instrumentó la estrategia del servicio civil de carrera y por primera vez se incluyó en el decreto aprobatorio del presupuesto de Egresos de la Federación un capitulo sobre disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Una característica sobresaliente del gasto público fue su flexibilidad, mediante la previsión de reservas presupuestales para enfrentar contingencias y fluctuaciones, comunes en tiempos de crisis, de manera que se ampliaran los grados de libertad del gasto público sin rebasar el monto aprobado por la Cámara de Diputados. Los ingresos ordinarios excedentes aumentaron estos márgenes de maniobra presupuestal. Estas reservas ayudaron también a la racionalización del gasto por que se jerarquizó, por que facilitó la reprogramación permanente, y sobre todo por que puso límites a las fluctuaciones presupuestales características de los últimos años.
Sin embargo, la ejecución del gasto público tuvo que enfrentar una serie de problemas tales como la rigidez, la inercia y la falta de productividad en años anteriores; los retrasos normales que origina la reorganización administrativa, el cambio de administración y la rejerarquización de programas; deficiencias en la definición de metas programáticas y las presiones surgidas de adeudos no detectados originalmente, de una situación financiera de las empresas públicas más crítica de lo que se previó originalmente y de mayores gastos originados por que la inflación, el tipo de cambio, los costos, los intereses, los salarios y la recesión fueron mayores a los pronosticados durante la formulación del presupuesto.
En consecuencia, esta Comisión recomienda que se mejoren las técnicas de pronóstico, si bien hay plena conciencia de la dificultad de hacer previsiones en tiempos de crisis, incertidumbre y cambios; que se persevere en la institucionalización del proceso de planeación para mejorar la programación, presupuestación control y evaluación; que se continúe con el proceso de mejoramiento de la definición y cuantificación de metas, necesidad que se acentúa por la descentralización que está en marcha; que se refuerce el proceso de reestructuración del gasto público por sectores, para que se alcancen las variaciones en la magnitud propuesta, por la importancia de estas modificaciones en la estrategia de cambio estructural; que se persista en el fortalecimiento de las normas que aseguran eficiencia disciplina y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto publico y en la racionalización de las estructuras administrativas del Estado para evitar duplicación o dispersión de esfuerzos en la gestión pública, así como para imprimirle mayor sobriedad a la acción del Estado. Por ello, debe continuarse la modernización y la simplificación administrativa, elementos de racionalización y eficiencia, sin que se pongan en peligro los mecanismos de control del Estado que les aseguren la rectoría que debe ejercer por mandato constitucional, ya que si bien la simplificación aumenta la eficiencia de los órganos del Estado y eleva sus márgenes de maniobra, llevada al extremo puede originar un intercambio de más eficiencia por menos control.
De manera más concreta, esta Comisión propone:
- Que se insista en solicitar a todas las entidades y dependencias del Sector Público presupuestario una explicación más amplia y clara sobre las discrepancias en las metas de los diferentes programas y entre el presupuesto aprobado y el ejercido.
- Que se haga un esfuerzo por simplificar la presentación de la información programática especialmente los cuadros que presentan los avances de programas y el estado analítico de programas, a fin de hacer más manejable la información.
- Que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, en su apartado programático información de los proyectos más importantes, para darle seguimiento en la Cuenta Pública.
- Que los cambios importantes en la asignación de recursos por programas, se acompañen de una explicación de las variaciones en el gasto y de argumentos conceptuales en función de la estrategia prevista y de los resultados esperados.
- Que los programas o subprogramas no incluidos originalmente en el presupuesto, no solo presenten el gasto ejercido y las metas alcanzadas, si no también las causas que motivaron su creación y la autorización presupuestal.
- Que en el sector salud, dada su naturaleza, se haga un análisis cualitativo y no solo cuantitativo de su presupuesto, programas y metas, haciendo referencia al grado de cobertura y resultados.
- Que se desglose el programa único de Conasupo en diferentes programas y subprogramas.
- Que se presente el avance físico de las metas del sector presupuestario junto con el ejercicio del gasto, el cual deberá desagregarse a nivel de subprograma y justificarse ampliamente.
- Que se presente el avance y el analítico de programas en las entidades coordinadas sectorialmente, incluyendo la justificación a sus variaciones más relevantes.
- Que en la información financiera, presupuestaria y programática, se incorporen los estados resumen correspondiente al ejercicio integral del presupuesto y el ejercicio programático de las entidades de control presupuestal directo, a efecto de contar con mayores elementos para una mejor fiscalización de los resultados de dicho sector en su conjunto.
- Que se incluya en su informe analítico de ingreso de Pemex el desglose de la venta de bienes internos y externos, a fin de conocer con mayor detalle su participación en la captación de divisas.
- Que en le apartado de balance de divisas y contenido importado del gasto público se amplíe la información referente a la Política de sustitución importaciones y promoción de exportaciones, a fin de dar seguimiento a los objetivos y metas que en materia de comercio exterior plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, que en balance de divisas se incluya información que permita conocer su composición por entidad y contenido importado del gasto.
- Que se presenten cifras y razones que expliquen y clarifiquen las discrepancias entre las transferencias registradas por los ramos y las que informan las entidades del sector paraestatal.
- Que se continúe con el Registro Único de transferencias para controlarlas y evaluarlas. debiendo enviar esta información a la H. Cámara de Diputados.
- Que en el apartado de precios y tarifas No solo se cuantifique su efecto en los ingreso propios del sector paraestatal incluido en presupuesto, sino que se informe además de los criterios utilizados para su modificación.
- Que en el anexo de Agregados Económicos de la Cuenta Publica, se amplíe la información relativa a empleo y remuneraciones de los servidores públicos, a fin de conocer su distribución funcional y el tipo de contratación por el que se rigen sus relaciones laborales.
- Que la SPP revise los sistemas de contabilidad de las diferentes dependencias y entidades con el objeto de vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente y, en su caso, corregir a tiempo cualquier irregularidad que se presente.
- Que se enriquezca el capítulo de Análisis de los Estados Financieros de Organismos y Empresas con la información referente a la reexpresión de activos, indicando el avance en su implantación, así como su impacto en el equilibrio financiero.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los datos y comentarios generales a que se refiere el Informe Previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 70, primer párrafo y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11,13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica De la Contaduría Mayor de Hacienda; 25 y 45 a 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal; 1o., 2o., y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal de 1983; 9o.10, 11, 17, y 18 y 38 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983, y demás relativos de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1983
Artículo 1o. En cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ejecutivo Federal presentó, en tiempo y forma, a la Comisión permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1983.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados recibió para su revisión, en los términos que establecen los ordenamientos aplicable, dicha Cuenta Pública, con la información programática económica, presupuestal y financiera sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal incorporadas en el Presupuesto de Egresos de ese año.
Artículo 3o. En ejercicio de las atribuciones constitucionales de fiscalización de la gestión pública, la documentación recibida fue revisada complementando el análisis efectuado con la información rendida por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las facultades y obligaciones que determina su ley Orgánica.
Artículo 4o. Se conocieron los resultados de la gestión financiera analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público Presupuestario consolidado e individualmente por cuanto hace a dependencias y entidades.
Artículo 5o. Se hizo la comprobación de que el ejercicio presupuestal de dependencias
y entidades de control presupuestal directo, se ajustara a los criterios legales aplicables.
Artículo 6o. De acuerdo con la Ley de Planeación fueron evaluadas, en relación con las finanzas públicas, las medidas y acciones instrumentadas en la ejecución y aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Inmediato de Reordenación Económica, así como los principales logros obtenidos en materia de control de la inflación , saneamiento de las finanzas públicas, estabilidad del mercado cambiario, producción, inversión, empleo, precios y divisas de las entidades de control presupuestal directo.
Artículo 7o. Se revisó el ejercicio del gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas del sector desarrollo rural en relación con la actividad productiva del campo y la elevación de los niveles de bienestar de la población rural.
Artículo 8o. Se evaluó la aplicación del gasto y los objetivos y metas de los principales programas del sector pesca por cuanto hace a la generación de empleos y divisas, y a la elevación de la oferta de alimentos y del nivel de vida de los pescadores.
Artículo 9o. Se hizo un análisis del gasto realizado y de los programas más relevantes del sector comunicaciones y transportes, en el cumplimiento de las indicaciones marcadas en el presupuesto.
Artículo 10. Se analizó el encauzamiento que el sector comercio dio a sus acciones en la ejecución del gasto para el logro de sus objetivos y metas más importantes.
Artículo 11. Se realizó el examen de la política del sector bienestar social y de los avances que obtuvo en sus propósitos mediante el ejercicio presupuestal.
Artículo 12. Se valoraron las acciones llevadas a cabo por el sector industrial en el cumplimiento de sus previsiones presupuestales y programáticas.
Artículo 13. Se efectuó el análisis de las actividades que el sector energético realizó en el curso del gasto público y los progresos que obtuvo en el propósito de respaldar el desarrollo nacional.
Artículo 14. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de los artículos 11 y 13 de su Ley Orgánica, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que proponga a la Secretaria de Programación y Presupuesto de normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permiten mejorar el análisis programático, financiero y de metas; así como para que dicte las medidas correctivas procedentes, para la cual se recomienda:
- Que se insista en solicitar a todas las entidades y dependencias del Sector Público Presupuestario una explicación más amplia y clara sobre las discrepancias en las metas de los diferentes programas y entre el presupuesto aprobado y el ejercido. - Que se haga un esfuerzo por simplificar la presentación de la información
programática especialmente los cuadros que presentan los avances de programas y el estado analítico de programas, a fin de hacer más manejable la información.
- Que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, en su apartado programático, información de los proyectos más importantes, para darle seguimiento en la Cuenta Pública.
- Que los cambios importantes en la asignación de recursos por programas, se acompañen de una explicación de las variaciones en el gasto y de argumentos conceptuales en función de la estrategia prevista y de los resultados esperados.
- Que los programas o subprogramas no incluidos originalmente en el presupuesto, no sólo presenten el gasto ejercido y las metas alcanzadas, sino también las causas que motivaron su creación y la autorización presupuestal.
- Que en el sector salud, dada su naturaleza, se haga un análisis cualitativo y no sólo cuantitativo de su presupuesto, programas y metas, haciendo referencias al grado de cobertura y resultados.
- Que se desglose el programa único de Conasupo en diferentes programas y subprogramas.
- Que se presente el avance físico de las metas del sector presupuestario junto con el ejercicio del gasto, el cual deberá desagregarse a nivel de subprograma y justificarse ampliamente.
- Que se presente el avance y el analítico de programas de las entidades coordinadas sectorialmente, incluyendo la justificación a sus variaciones más relevantes.
- Que en la información financiera, presupuestaria y programática, se incorporen los estados resumen correspondientes al ejercicio integral del presupuesto y el ejercicio programático de las entidades de control presupuestal directo, a efecto de contar con mayores elementos para una mejor fiscalización de los resultados de dicho sector en su conjunto.
- Que se incluya en el informe analítico de ingresos de Pemex el desglose de la venta de bienes internos y externos, a fin de conocer con mayor detalle su participación en la captación de divisa.
- Que en el apartado de balance de divisas y contenido importado del gasto público se amplíe la información referente a la política de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, a fin de dar seguimiento a los objetivos y metas que en materia de comercio exterior plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, que en le balance de divisas se incluya información que permita conocer su composición por entidad y contenido importado del gasto.
- Que se presentan cifras y razones que expliquen y clarifiquen las discrepancias entre
Las transferencias registradas por los ramos y las que informan las entidades del sector paraestatal.
- Que se continúe con el Registro Único de Transferencias para controlarlas y evaluarlas, debiendo enviar esta información a la H. Cámara de Diputados.
- Que en el apartado de precios y tarifas no sólo se cuantifique su efecto en los ingresos propios del sector paraestatal incluido en presupuesto, sino que se informe además de los criterios utilizados para su modificación.
- Que en el anexo de agregados económicos de la Cuenta Pública, se amplíe la información relativa a empleo y remuneraciones de los servicios públicos, a fin de conocer su distribución funcional y el tipo de contratación por el que se rigen sus relaciones laborales.
- Que la SPP revise los sistemas de contabilidad de las diferentes dependencias y entidades con el objeto de vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente y, en su caso, corregir a tiempo cualquier irregularidad que se presente .
- Que se enriquezca el capítulo de Análisis de los Estados Financieros de Organismos y Empresas con la información referente a la reexpresión de activos, indicando el avance en su implantación, así como su impacto en el equilibrio financiero.
Artículo 15. La Contaduría Mayor de Hacienda, en la forma prevista en la fracción XIII del artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos de análisis e interpretación de la Cuenta Pública para la elaboración del Informe Previo y el calendario a que está sujeto; así como las necesarias para reforzar e incrementar la cobertura y el alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias; para formular los pliegos de observaciones y promover el financiamiento de responsabilidades, y las que le permiten el seguimiento de las acciones que ejercite.
Artículo 16. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades en el ejercicio de del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para el periodo fiscal de 1983 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondiente y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles, o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 17. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiere lugar, instruyéndole para que dentro del término de ley rinda el Informe de Resultados correspondientes.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. , a 4 de diciembre de 1984.
Los Diputados Miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué Duarte; Secretaria, Juan Mario Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, Ma. Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinosa , Genaro Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristianí, Jorge Treviño Martínez Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera , Manuel Villa Issa."
CUADROS ESTADÍSTICOS
CUADRO 1
EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (CONCILIADOS)
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 2
ESTADO CONSOLIDADO DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
1983
(Millones de Pesos )
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CUADRO 3
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL 1983
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
( Millones de Pesos )
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CUADRO 4
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
( Millones de Pesos )
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CUADRO 5
CONCILIACIÓN DEL EGRESO DE LA FEDERACIÓN
CON LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
( Millones de Pesos )
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CUADRO 6
GASTO PROGRAMABLE - 2/
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 7
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 8
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL DE 1983
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
( Millones de Pesos )
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CUADRO 9
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
( Millones de Pesos )
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CUADRO 10
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1983
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 11
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1983
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 12
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 13
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR SECTORES PRIORITARIOS
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CUADRO 14
DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR ENTIDADES.
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 15
DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS POR LOS SECTORES PRIORITARIOS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 16
GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ( miles de millones de pesos )
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16-A
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CUADRO 17
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
( Miles de Millones de Pesos )
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17 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 18
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 19
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 20
SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 21
SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS POR OBJETO DEL GASTO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 22
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADOS
( Miles de Millones de Pesos )
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22 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 23
PRESUPUESTO DE DIVISAS DEL SECTOR PRESUPUESTARIO 1983
CUENTA CORRIENTE
( Miles de Millones de Dólares )
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CUADRO 24
DIVISAS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
1 9 8 2 - 1 9 8 3
( Miles de Millones de Dólares )
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CUADRO 25
CONTENIDO IMPORTADO DEL GASTO DEL SECTOR PRESUPUESTARIO 1983
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CUADRO 26
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 27
CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 28
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 29
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 30
INGRESOS TRIBUTARIOS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 31
OTROS INGRESOS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 32
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL
( Pesos )
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32 - A
( Pesos )
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32 - B
( Pesos )
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( Pesos )
32 - C
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( Pesos )
32 - D
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( Pesos ) 32-E
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( Pesos ) 32 - F
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32 - G
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CUADRO 33
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 34
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES
( Miles de Millones de Pesos )
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34 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 35
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 36
DÉFICIT FINANCIERO CONSOLIDADO TOTAL
( Miles de Millones de Pesos y Porcientos )
continuación
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CUADRO 37
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 38
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
( MILES DE MILLONES DE PESOS )
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CUADRO 39
AHORRO CORRIENTE CONSOLIDADO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 40
AHORRO CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 41
AHORRO CORRIENTE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 42
SUPERÁVIT DE EXPLOTACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 43
DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 44
DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO POR ENTIDAD
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 45
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 46
ENDEUDAMIENTO NETO MONETARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 47
ENDEUDAMIENTO NETO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 48
DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 49
DEUDA CONSOLIDADA POR SU ORIGEN
SALDOS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 50
DEUDA DEL SECTOR PRESUPUESTARIO POR SU ORIGEN E INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA
SALDOS
( Miles de Millones de Pesos )
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50 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 51
DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 1/ POR TIPO DE MONEDA
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 52
DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA POR PAÍS ACREEDOR
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 53
COMPATIBILIDAD DE LA DEUDA CONSOLIDADA
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 54
SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 1/
Amortización, Intereses, Comisiones y Gastos
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 55
SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 1/
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 56
SERVICIO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS Y EMPRESAS POR SU ORIGEN
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 57
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
INTERNOS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 58
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
EXTERNOS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 59
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS INTERNOS DEL
SECTOR PARAESTATAL
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 60
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS DEL SECTOR
PARAESTATAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 61
PERFIL DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO (SIN REESTRUCTURAR)
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 62
PERFIL DE LA DEUDA REESTRUCTURADA DEL SECTOR PÚBLICO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 1
CUENTA PÚBLICA 1983
CONCILIACIÓN DEL GASTO SECTORIZABLE
( Miles Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 2
GASTO SECTORIAL 1
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 3
SECTOR DESARROLLO RURAL
( Miles de Millones de Pesos )
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( Miles de Millones de Pesos ) IV. 3 - A
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CUADRO IV. 4
PROGRAMAS DE S A R H 1/
( Miles de Millones de Pesos )
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IV. 4 - A
( Millones de pesos )
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IV. 4 - B
( Millones de pesos )
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IV. 4 - C
( Millones de Pesos )
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IV. 4 - D
( Millones de Pesos )
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IV. 4 - E
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 5
SECTOR S A R H
Programas FY, 3D Y FF
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CUADRO IV. 6
PROGRAMA DE PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 7
PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
Programa HC
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CUADRO IV. 8
PROGRAMAS DEL FOVIGRO 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 9
FOVIGRO
Programa HC
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CUADRO IV. 10
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE CAFÉ 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.11
I N M E C A F E
Programa R2 y FW
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CUADRO IV.12
PROGRAMAS DE S R A 1/
( Millones de pesos )
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IV.12 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.13
SECTOR REFORMA AGRARIA
Programas: GN y GW
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IV.13 - A
Programas: GY y GW
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CUADRO IV.14
SECTOR PESCA
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV.15
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE PESCA 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.16
SECTOR PESCA
Programas H1, H8 y H9
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IV.16 - A
Programas: H1, H8 Y H9
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IV.16 - B
Programas H1, H8 Y H9
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CUADRO IV.17
PROGRAMAS DE PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS S. A. DE C.V. E INDUSTRIAS PESQUERAS PARAESTATALES DEL NOROESTE 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.18
PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS, S. A. DE C. V. E INDUSTRIAS PESQUERAS PARAESTATALES DEL NOROESTE
Programas R3 Y LK
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IV.18 - A
Programas: R3 y LK
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IV.18 - B
Programas: R3 y LK
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IV.18 - C
Programas: R3 Y LK
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CUADRO IV.19
SECTOR COMUNICACIONES Y TRASPORTES
(Miles de Millones de Pesos)
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IV.19 - A
( Miles de millones de pesos )
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CUADRO IV.20
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES 1/
(Millones de Pesos)
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IV.20 - A
( Millones de Pesos )
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IV.20 - B
( Millones de Pesos )
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IV.2 - C
( Millones de Pesos )
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IV - 20 - D
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV.21
COMUNICACIONES Y TRASPORTES
Programas: 01, 0W, OV, Q1
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IV.21 - A
Programas: 01, 0W, OV, Q1
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IV .21 - B
Programas: 01 , 0w , Ow , Q1
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IV .21 - C
Programas: 01 , 0W , OW , Q1
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IV .21 - D
Programa : 01 , 0W . OV , Q1
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IV .21 - E
Programas: 01, 0W, OV, Q1
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IV.21 - F
Programas: 01, 0W, OV, Q1.
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CUADRO IV.22
PROGRAMAS DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV.23
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
Programas: QA, QB
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IV.23 - A
Programa Qa y QB
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CUADRO IV.24
PROGRAMAS DEL FERROCARRIL DE CHIHUAHUA AL PACIFICO, S.A DE C.V.
( Millones de pesos )
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FERROCARRILES DE CHIHUAHUA AL PACIFICO, S.A. DE C.V.
Programas: QB, OW Y QA
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IV.25 - A
Programas QB, OW Y QA
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IV.25 - B
Programas: QB, OW Y QA
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CUADRO IV.26
PROGRAMA DE FERROCARRILES DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 27
FERROCARRILES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
Programas: QB, OW Y QA.
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IV.27 - A
Programas: QB, OW Y QA
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IV.27 - B
Programas: QB, OW Y QA
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IV.27 - C
Programas: QB, OW Y QA
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CUADRO IV. 28
PROGRAMAS DE FERROCARRIL SONORA BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.29
FERROCARRILES SONORA, BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS: OW, QB y QA
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IV.29 - A
PROGRAMAS: OW, QB Y QA
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IV.29 - B
PROGRAMAS: OW, QB Y QA
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CUADRO IV.30
PROGRAMAS DE AERONAVES DE MÉXICO, S. A.
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.31
AERONAVES DE MÉXICO, S.A.
Programa: QO
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CUADRO IV.32
PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.33
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Programa; QL
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CUADRO IV.34
PROGRAMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.35
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Programa NO
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CUADRO IV. 36
SECTOR COMERCIO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 37
SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 1/
( Millones de pesos )
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IV.37 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 38
SECTOR SECOFI
Programa R1
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IV.38 - A
Programa: Rl
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CUADRO IV.39
PROGRAMAS DE CONASUPO
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.40
SECTOR BIENESTAR SOCIAL
( Miles de Millones de Pesos )
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IV.40 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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IV.40 - B
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 41
PROGRAMAS DE LA S E P 1/
(Millones de pesos)
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IV.41 - A
(Millones de Pesos)
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IV.41 - B
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV.42
EDUCACIÓN PÚBLICA
Programas 4X, 4Y
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IV.42 - A
Programas 4X, 4Y
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Programas 4X, 4Y
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Programas 4X, 4Y
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IV.42 - D
Programas 4X, 4Y
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IV.42 - E
Programas 4X, 4Y
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IV.42 - F
Programas 4X, 4Y
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Programas 4X, 4Y
IV.42 - G
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CUADRO IV.43
PROGRAMAS DE S S A 1/
(Millones de pesos)
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IV - 43 - A
(Millones de Pesos)
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CUADRO IV. 44
Sector S S A
Programas YV, YI e YU
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IV.44 - A
Programas YV, YI e YU
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IV.44 - B
Programas YV, YI e YU
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IV.44 - C
Programas YV, YI e YU
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IV.44 - D
Programas YV, YI e YU
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IV.44 - E
Programas YV, YI e YU
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IV.44 - F
Programas YV, YI e YU
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CUADRO IV. 45
PROGRAMAS IMSS; IMSS - COPLAMAR
( Millones de pesos )
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IV.45 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 46
IMSS - COPLAMAR
Programas 1B y 1E
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IV.46 - A
Programas 1B y 1E
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CUADRO IV.47
PROGRAMAS DEL ISSSTE 1/
( Millones de pesos )
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IV.47 - A
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 48
ISSSTE
Programas: 1M, 1B, 1E y 1P.
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IV.48 - A
Programas 1M, 1B, 1E y 1P
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IV.48 - B
Programas: 1M, 1B, 1E y 1P
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CUADRO IV.49
PROGRAMAS DE S E D U E 1/
( Millones de pesos )
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IV.49 - A
( Millones de Pesos )
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IV.49 - B
( Millones de pesos )
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CUADRO IV.50
SECTOR S E D U E
Programas 1V, 1U y 3B
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Programas IV, 1U y 3B
IV.50 - A
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CUADRO IV. 51
PROGRAMAS DE STPS 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 52
SECTOR S.T.P.S.
Programas: WN y W2
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IV. 52 - A
Programas: MN y W2
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Programas: WN y W2
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IV. 52 - C
Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2 IV. 52 - D
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IV. 52 - E
Programas: WN y W2
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IV. 52 - F
Programas: WN y W2
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IV. 52 - G
Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2
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IV. 52 - K
Programas: WN y W2
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IV. 52 - L
Programas: WN y W2
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Programas: WN y W2 IV. 52 - M
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Programas: WN y W2 IV. 52 - N
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Programas: WN y W2 IV. 52 - Ñ
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Programas: WN y W2 IV. 52 - O
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Programas: WN y W2 IV. 52 - P
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Programas: WN y W2 IV. 52 - Q
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CUADRO IV. 53
SECTOR INDUSTRIAL
( Miles de Millones de Pesos )
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IV. 53 - A
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 54
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 1/
( Millones de pesos )
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IV. 54 - A
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 55
SECTOR ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
Programas IO, IM
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IV. 55 - A
Programas: IO, IM
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CUADRO IV. 56
PROGRAMA DEL SECTOR INDUSTRIAL
( Millones de Pesos )
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IV. 56 - A
( Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 57
FERTILIZANTES MEXICANOS, S. A.
Programas MD.
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CUADRO IV. 58
SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS LAS TRUCHAS, S. A.
Programas MV, KC
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Programas MV, KC IV. 58 - A
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CUADRO IV. 59
DIESEL NACIONAL, S. A.
Programas M9, NA
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CUADRO IV. 60
SIDERÚRGICA NACIONAL, S. A.
Programas MV - NG
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CUADRO IV. 61
CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL
Programa M8
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CUADRO IV. 62
SECTOR ENERGÉTICO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO IV. 63
PROGRAMAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 64
PETRÓLEOS MEXICANOS
Programas: 01, 02, 03 y 05
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Programas 01, 02, 03 y 05
IV. 64 - A
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IV.64 - B
Programas 01, 02, 03 y 05
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CUADRO IV. 65
PROGRAMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1/
( Millones de pesos )
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CUADRO IV. 66
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PROGRAMAS: K7, K6 Y LA
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El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo .. Se dispensa la lectura al dictamen. Queda de primera lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el ciudadano diputado David Lomelí Contreras.
El C. David Lomelí Contreras: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: De conformidad con los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a esta tribuna, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, a presentar ante esta soberanía una moción suspensiva para interrumpir el trámite de la discusión durante este día del proyecto de decreto por el que se revisa la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1983, presentada por la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública.
Consideramos nosotros que antes del debate para aprobar o desaprobar la Cuenta Pública de 1983, hay que ponderar en este Pleno de una manera responsable el informe sobre el resultado de la revisión de la cuenta correspondiente al año nefasto, año de 1982.
Así lo aconseja la lógica. Hay que recordar que primero es el número uno y luego el número dos. El Informe Previo y el de Resultados, constituyen un todo, por lo que esta mañana en un acto de madurez política, deberíamos de estar debatiendo el informe de resultados de la Cuenta Pública de 1982, que tanto revuelo, que tanta indignación ha levantado a nivel nacional.
La revisión de la Cuenta Pública de 1982 reviste un especial interés para el pueblo de México, pues fue en ese periodo en el que se agudizó la crisis que continúa sin visos de ceder y que paradójicamente coincidió con el inicio de la renovación moral.
Nuestra proposición de que sea el Pleno el que pondere el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 1982, la basamos en la fracción IV del artículo 74 constitucional y se corrobora en la Ley Orgánica del Congreso General y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ambos de los Estados Unidos Mexicanos, y además, en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En efecto, la citada fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución, consagra como facultad exclusiva y por lo tanto obligación de la Cámara de Diputados, el revisar la Cuenta Pública que en sus párrafos IV y V establece a la letra lo siguiente:
"La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del Presupuesto, o no existiera esa actitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley".
En relación con lo anterior, ya el 25 de octubre del corriente año y con motivo de una iniciativa para actualizar la fracción IV, en su párrafo primero del mencionado artículo 74 constitucional, hicimos referencia en nuestra exposición de motivos, a que la Cuenta Pública debiera ser desaprobada cuando se encontraran en ella, a través del Informe de Resultados, ilícitos como los mencionados en esa ocasión.
En una primera lectura a dicho informe correspondiente a 1982, además de los casos que ya citamos con anterioridad, aparecen más personajes, por cuyos hechos debería responsabilizárseles penal o civilmente.
Entre esos otros destacamos los siguientes: el ingeniero Emilio Múgica Montoya, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el profesor Carlos Hank González, que goza de la amistad del expresidente, por cierto del Departamento del Distrito Federal, el licenciado Felipe Riva Palacio Guerrero, director general del Registro Federal de Vehículos; el doctor Ricardo Ferré Damares, director general de Acuacultura.
El señor Múgica Montoya y el titular de la Secretaría de Pesca, el señor Rafull Miguel, así como el director general de Obras Marítimas, ingeniero Mario Enrique Villanueva Reyes, son responsables del desastre en 37 puertos pesqueros que están abandonados, inconclusos, mal proyectados por falta de estudios y por la mala calidad de materiales, incurriendo en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas.
Algunos de esos puertos son los siguientes: El Sauzal, en Baja California Norte, donde existe una obra muerta por 249 millones; Ensenada, obra inconclusa, con obra muerta también, por 180 millones; Mazatlán, insuficiencia de muelles y falta de dragado adecuado que ocasionó el accidente del transbordador "Gustavo Díaz Ordaz"; Manzanillo, obra inconclusa e inversión muerta de 233 millones; en Pérula, Jal., por problemas ejidales, relacionados con la tenencia de la tierra, se tiraron 24 millones; en Lázaro Cárdenas, donde se proyectó un puerto de altura con 2 mil 581 metros de obras, sólo se construyeron 75, habiéndose perdido ahí 112 millones; El Mezquital, en Tamaulipas, puerto azolvado en el que se perdieron 377 millones; en Ciudad del Carmen, Campeche, donde debiera de funcionar un gran puerto pesquero con grave problema de azolvamiento, que dio lugar a la compra de una draga holandesa en 777 millones que jamás ha sido utilizada.
Hay millones, compañeros diputados, de pesos tirados en muchísimos puertos de México que ningún servicio prestan a la nación y sólo han contribuido al derroche de fondos que les concedió Banpesca.
El ingeniero Múgica denunció la compra de durmientes inservibles para Ferrocarriles Nacionales por 642 millones, y las irregularidades que encontró en la Dirección General de Dragado, por lo que nos sorprende, en cambio, esa negligencia en torno al desastre portuario; esto es sospechoso, es sospechoso por los millones de pesos tirados en esas obras mal construidas, mal planeadas, mal hechas; hay responsabilidad que exigir al profesor Hank González, al disponer de un financiamiento externo por un total de 17 mil 832 millones de pesos sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Secretaría de Programación y Presupuesto y menos de esta Cámara; hay responsabilidad que exigir al profesor Hank, por dejar de pagar intereses y comisiones por un total de 34 mil 328 millones, creando un pasivo descomunal que le heredó a la siguiente administración; hay que exigir responsabilidad a Hank, por el sobregiro presupuestal de 76 mil 330 millones de pesos sin obtener la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de conformidad con diversos ordenamientos legales y por ser solapador de todas las tropelías cometidas por el general Durazo, cuando estuvo al frente de Policía y Tránsito capitalino de donde misteriosamente se esfumaron 800 millones de pesos sólo en gastos de representación, que jamás han sido comprobados.
En cuanto a la piscifactoría "La Boquilla" ubicada en Chihuahua, cabría preguntar al director general de Acuacultura en esa época, doctor Ricardo Ferré D'Amare sobre la razón que tuvo para efectuar pagos de más, ya que la citada obra está en un 60% de avance y se lleva gastado el 92% de su costo proyectado. Qué cierto es el dicho popular de que "la música pagada por adelantado hace mal son". A la responsabilidad que acabamos de citar habría que agregar la que se derive del trafique con los alevines, los pescaditos a los que nos referimos en la ocasión anterior, en la Secretaría de Pesca, por más de un millón de dólares.
El licenciado Felipe Riva Palacio Guerrero, director general del Registro Federal de Vehículos, dependencia de la SHCP, violó flagrantemente diversas disposiciones legales como los artículos 1o., 4o. y 5o. del decreto del 18 de septiembre de 1980; el artículo 9o. del Registro Federal de Vehículos y otros más, consistentes en la introducción al país de automóviles prohibidos y al expedir certificados de inscripción definitiva de automóviles de procedencia extranjera, sin exigir los permisos de importación respectivos que expide la Secofin.
Estas pruebas selectivas, producto de la labor selectiva también, de nuestro órgano técnico fiscalizador, la Contaduría Mayor de Hacienda, nos confirman a los representantes demócratas, en nuestra petición de moción suspensiva.
Como es de ustedes conocido, señoras y señores diputados, un órgano auxiliar de esta Cámara, integrante de ésta, pero sólo como coadyuvante, esto es, la Contaduría Mayor de Hacienda, elabora un informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública, tanto de la Federación como del Distrito Federal, y un informe sobre los resultados de la revisión de dichas cuentas.
Hasta ahora, esta Cámara en pleno sólo se ha ocupado de los informes previos, que como su nombre lo indica, contienen un análisis provisional de las finanzas públicas, que después se profundizan en el Informe de Resultados en el cual se determinan, además, las responsabilidades por seguir.
El análisis de la Cuenta Pública, pues, no se agota de ninguna manera en el Informe Previo, sino que se continúa en el Informe de Resultados. Ha sido ilógico que el Pleno sí se ocupe de lo provisional y no sea objeto de su ponderación un documento más definitivo como es el de resultados.
Según las prácticas parlamentarias actuales, el examen y la revisión de la Cuenta Pública es incompleto, es parcial y es poco satisfactorio. Se puede alegar que con el dictamen que se presenta en la exégesis del Informe Previo se cumplen los objetivos establecidos en el cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 ya transcrito, o sea, que se conocen los resultados de la gestión financiera y se comprueba si ésta se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
En todo caso, se trataría, señores, de un juicio provisional, basado en un documento provisional que debe confirmarse en un juicio más completo al examinar un documento más definitivo como es el Informe de Resultados.
Y aun suponiendo sin conceder, como dicen los licenciados, que tal objetivo se cumpliera y que se observara el mandato del párrafo cuarto de la fracción IV del artículo constitucional citado, de ninguna manera se ha cumplido con la facultad y obligación de determinar las responsabilidades de acuerdo con la ley, que nuestro máximo cuerpo de leyes le concede a la Cámara de Diputados, que debe ejercitar, si se cumple la condición de que del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparezcan discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos.
En dicho párrafo se establece que el examen lo realizara la Contaduría Mayor de Hacienda, como parte de la condición, pero la determinación corresponde a la Cámara de Diputados y como facultad exclusiva de la misma. Esta determinación puede ser fijando criterios generales o tomando determinaciones concretas, sin más límites que los que el sentido común y la honradez imponga a esta soberanía, pero que sólo puede tomar a partir del examen del Informe de Resultados.
Se ha alegado que esta función la pueden realizar por su cuenta la Contaduría Mayor
de Hacienda y la Comisión de Vigilancia de la misma, lo cual equivale, señores, a negar la naturaleza de la Cámara de Diputados, pues se confunde el todo con sus partes.
Tengamos presente la lección que nos dio el señor secretario Reyes Heroles, secretario de Educación Pública, hace dos días, pecado venial o mortal, pero falta, pecado, el confundir el todo con las partes. Se me grabó a mi la frasecita.
Las determinaciones de la Cámara de Diputados, a la luz de su Ley Orgánica y su Reglamento, sólo pueden ser tomadas en el seno de la misma, por mayoría. Las comisiones son sólo dictaminadoras, para que sus dictámenes sean aprobados o desaprobados en el Pleno. No son "mini cámaras", no son cámaras transistorizadas y paralelas a esta representación nacional. La Contaduría Mayor de Hacienda es tan sólo un órgano técnico auxiliar, por cierto, y entre paréntesis, sea dicho, eficiente, la actual.
Lo anterior se confirma con la fracción B, inciso II del artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda que en su subinciso 1o., fracción B, impone a esta Contaduría la obligación de rendir a la Cámara de Diputados el Informe de Resultados, el cual rendirá por conducto de la Comisión de Vigilancia. ¿Para qué se remite a la Cámara de Diputados? ¿Para que repose en los archivos, por cierto hoy muy bien organizados, o para que se conozca y se pondere en el Pleno? El sentido común grita por la segunda posibilidad.
A su vez, el artículo 10 de la misma reglamentación determina como atribuciones de la Comisión de Vigilancia en su fracción V, el presentar a la Cámara el Informe de Resultados que le rinda la Contaduría Mayor de Hacienda. La pregunta se repite: ¿Para qué la presenta? Y se responde, si se sigue la lógica, la presenta para que se ocupe de ella y en su Pleno vierta las consideraciones que juzgue pertinentes.
Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente que se dé trámite inmediato a la presente moción suspensiva conforme a nuestro Reglamento ya citado. La petición la hace este servidor de ustedes, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, David Lomelí Contreras. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Ha pedido el uso de la palabra el C. diputado Guillermo Pacheco Pulido, conforme al Reglamento.
El C. Guillermo Pacheco Pulido:- Señor Presidente; señores diputados: Al estar escuchando al compañero diputado David Lomelí me acordaba de las palabras del señor Presidente de la República, Miguel de la Madrid, cuando nos estaba señalando que la época que vivimos es una época difícil, como producto indiscutible de nuestros males ancestrales y de factores internos y externos que han acelerado nuestros problemas económicos. Frente a eso, el señor Presidente demandaba de los mexicanos, en estos momentos difíciles, decía, una mayor solidaridad y en especial el no enfrentarnos los mismos mexicanos a confrontaciones, conflictos o discusiones estériles.
David Lomelí, compañero diputado, creo que los argumentos que usted señala aquí, respetables, en la misma forma que se exige que todos los que nosotros argumentemos sean respetables, parten de un supuesto totalmente falso. Usted señala que, y son sus palabras textuales, al presentar su moción suspensiva, que no se ha aprobado o desaprobado el Presupuesto de la Cuenta Pública de 1982.
Y tiene usted razón, no fue aprobada la Cuenta Pública de 1982; y no se ha aprobado porque la Constitución General de la República no manda aprobar o desaprobar la Cuenta Pública, de ahí parte toda la serie de supuestos a mi criterio, totalmente erróneos.
Usted, se ve que manejó la Constitución, señalaba los artículos 73, 74, y sabemos nosotros que la Cuenta Pública parte, precisamente, desde el momento en que el Presidente de la República, a través de los secretarios de Estado, entrega a esta Cámara la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En esos momentos se están haciendo el proceso constitucional de la Cuenta Pública. Los señores secretarios nos vienen a dar explicaciones y a responder a los cuestionamientos sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
El ejercicio de este Presupuesto de Egresos lo justifica el Presidente al remitir, a esta Cámara, en el tiempo constitucional, la Cuenta Pública. Y la propia Constitución señala que es facultad exclusiva de esta Cámara, revisar la Cuenta Pública; jamás dice la Constitución que vamos a aprobar o desaprobar cuentas públicas. Por eso se ha negado, a través de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de la Comisión de Vigilancia, que esta Cámara haya exonerado de responsabilidades civiles, penales o administrativas a cualquier funcionario o administrador público. No podemos aprobar cuentas públicas porque la facultad constitucional es de revisarla.
Y cumple con esa facultad constitucional la Contaduría Mayor de Hacienda, que nos presenta, como usted exactamente señalaba, su Informe Previo. Como resultado de ese Informe Previo, hubo un dictamen que no aprobó cuenta pública alguna, sino que dijo en su artículo 8o. ese dictamen: "Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales, que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1982 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales conforme
a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados".
En regla general, ahí está la intervención de la Cámara de Diputados al revisar la Cuenta Pública, y en ese dictamen que fue aprobado por esta Cámara, se señalaron las actitudes y lineamientos que debería seguir de acuerdo con su Ley Orgánica la Contaduría Mayor de Hacienda.
Posteriormente a ese procedimiento, que usted nos explica y que señala la misma Constitución, se nos entrega a esta Cámara el Informe de Resultados, en él se nos explica por su propia naturaleza cuáles son las acciones y los resultados que la Contaduría Mayor de Hacienda ha realizado en el orden penal, en el orden civil y en el orden administrativo
En todo ese procedimiento, compañero diputado David Lomelí, no se habla de aprobar o desaprobar cuentas públicas. Podríamos seguir argumentando la serie de actividades cuando la Contaduría Mayor de Hacienda, por razón lógica, en términos del 21 constitucional, no puede explicar a esta Cámara en este momento cuáles son las acciones penales que por su propia naturaleza debe seguir y está obligado a seguir, porque esta Cámara no ha exonerado a ningún funcionario corrupto.
La Comisión debe, indiscutiblemente, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, tener en su momento cuáles son esas acciones civiles, penales y administrativas que se están siguiendo.
Pienso que si usted o su partido, respetuosamente, piensan que hay algún funcionario corrupto contra el que no se haya ejercido acción penal, tiene usted, dentro del artículo 21 constitucional, la facultad personal de ir ante las autoridades competentes y presentar con decisión y con coraje ciudadano su denuncia.
Siento que venir a esta tribuna a revisar un proceso que ya fue revisado constitucionalmente, que no aprobado, implicaría necesariamente que hay maldad para llevar electoralmente a la ciudadanía a desvirtuar el criterio que se debe tener en elecciones públicas. Utilizar situaciones delicadas y graves como es la Cuenta Pública de 1982 en estos momentos drásticos y difíciles que vive el país y que se nos llama a la conciencia responsable, no partidaria, sino de ciudadanos a no estar enfrentándonos con absurdos, con situaciones simplistas, pienso que demuestra la falta indiscutible de una capacidad de movilización electoral revolucionaria y se utiliza esta tribuna para desvirtuar los procesos legítimos de esta Cámara.
Por esos motivos, me estoy permitiendo solicitar al señor Presidente, con fundamento en el artículo 110 del Reglamento, se tenga por impugnada la moción suspensiva y se deseche la misma. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En relación con el mismo asunto, tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier González Garza.
El C. Francisco Javier González Garza: -Queremos hacer uso de la palabra, por supuesto, para apoyar la petición que hizo el señor diputado del Partido Demócrata Mexicano, que, a nuestro modo de ver tiene no solamente oportunidad, sino de fondo, de fondo es una cuestión grave e importante la que vino a plantear.
El licenciado Pacheco Pulido nos menciona que nos acojamos nosotros a la Constitución y que como personas hagamos todas las denuncias que queramos. A nosotros nos parece, sinceramente, señor diputado, que pues eso no es algo que nos venga a otorgar en este momento a ningún mexicano, por un lado; por otro lado, creo que lo podemos hacer como ciudadanos, sólo que aquí estamos en nuestra calidad de representantes populares. Electos por el pueblo, para velar por los intereses del pueblo y estamos constituidos, nosotros, como un cuerpo cuya casi única razón, yo diría, o razón de fondo, es velar por los intereses de la Nación; fundamentalmente para revisar el manejo de los dineros, para revisar que esos corruptos que robaron, que saquearon a la Nación, que se fueron con el dinero, no quede impune ante el pueblo de México, que haya acción.
Ustedes, los de la mayoría, han venido utilizando un truco. En el artículo 74 constitucional en su fracción IV dice que sólo es facultad de la Cámara el revisar; pero dicen que no hay posibilidad de que esto se haga de mejor manera.
Nosotros les queremos preguntar una cosa; quizá el 74 constitucional, mencionando esas facultades, no ha tomado en cuenta, y es momento de actualizar, que hay una serie de procedimientos que permiten tener la información al mes, de esto nos han dado algunas muestras, cuando han querido, los señores que manejan la Hacienda; cuando Hacienda nos va trayendo documentos de mes con mes de lo que ha venido pasando. Esta cuenta y estos resultados, se pueden tener con oportunidad. Creo que es momento de que la Cámara de Diputados tome en sus manos esto que es de vital importancia para el pueblo de México.
Ustedes le quieren dar largas para que termine el periodo, y ya terminado el periodo, entonces esto se divague, dando incluso oportunidad a la evasión, a la evasión física de todos esos corruptos.
Sin embargo, nosotros también, ya haciendo uso de nuestros derechos, hoy en la mañana, presentamos ante la Procuraduría denuncia de todos estos puntos, denuncia a todos estos fraudes; eso ya se hizo. Ahora lo nos interesa es que en esta Cámara se llegue a la discusión; ya se tienen resultados, ya se pueden discutir.
Creo que es muy oportuno que lo hagamos en este momento, apoyar, por supuesto, la
moción del señor diputado del PDM; pero discutir, discutir esto que es más importante; vamos a meternos a la discusión de esto y yo creo, señor diputado, que no vale tapar unos a otros, creo que es el momento en que nosotros abramos un espacio para algo que es importante para el pueblo de México; fíjese, hemos dejado de tener muchos días de sesiones, hay semanas que hemos tenido creo que una o dos sesiones con regular o mínima asistencia, ¿por qué no le dedicamos un día, así sea extraordinario, uno o dos días a discutir esto hasta que quede esclarecido para el pueblo de México? Vamos fincando responsabilidades. Muchas gracias, señor. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Ha solicitado el uso de la palabra, para hechos, el C. diputado David Orozco.
El C. David Orozco: - Con su permiso, señor Presidente:
Honorable Asamblea: El diputado Pacheco trató de refutar jurídicamente la proposición de mi compañero Lomelí, pero no lo pudo hacer, simplemente dijo que ya habíamos cumplido con parte de la obligación constitucional que nos impone el artículo 74, fracción IV de la Constitución, y se refirió, se tomó, se agarró como clavo ardiente, de una expresión que tuvo de aprobar o desaprobar la Cuenta Pública.
Cuando lo dijo era porque consideramos que está implícito en el revisar, que implica formular un juicio el aprobar o desaprobar. Que un maestro cuando revisa los exámenes de un alumno, forzosamente lo califica y lo aprueba o lo desaprueba, no nada más dice y da cuenta de que lo revisó.
Hicimos mención de nuestra iniciativa para hacer esto que está implícito, más explícito en el texto constitucional, y que se dijera, para que no hubiera argumentaciones de este tipo, que revisar un verbo que se puede prestar a toda ambigüedad, si fuera más explícito en aprobar o desaprobar.
De todas maneras aun quedándonos en el significado que le quiere dar, neutro, el diputado Pacheco a la palabra revisar, de todas maneras es de lo que estamos hablando, de revisar, si ya lo hicimos, la Cuenta Pública a la luz del Informe Previo y revisar la Cuenta Pública a la luz del Informe de Resultados.
Esa fue la argumentación jurídica de mi compañero Lomelí y la de que la Cámara sólo está representada plenamente, como su nombre lo indica, por el Pleno, y que no cumple sus funciones parcialmente a través de una comisión o de un órgano técnico. Esa fue la argumentación que no quedó bien dilucidada de un proceso que él mismo indica que no se termina con el examen que hagamos del examen del Informe Previo, sino que se continúa y que se confirma en el párrafo quinto, que se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. Se determinan responsabilidades después de haber hecho un análisis del Informe Previo, y eso es posterior y de eso tiene que conocer la Cámara. Ese fue el argumento de mi compañero Lomelí.
Los argumentos políticos los tenía que hacer, nos predica maldad porque sacamos a luz eso, bueno, para él sí, supongo que sea mucha maldad, cuando se trata de compañeros de su propio partido, pero la conciliación nacional en un enfrentamiento no quiere decir que el Ministerio Público no denuncie actos o que los particulares o la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia, denuncie actos y esos actos estén sujetos al control y a los criterios del Pleno; y el artículo 21 no se opone en nada a esta función, en nada, simplemente le da el monopolio de la acción penal, digo el monopolio en la imposición de las penas a la autoridad judicial y sí el monopolio de la persecución de los delitos al Ministerio Público de la Policía Judicial.
La Contaduría no va a perseguir los delitos, simplemente los va a denunciar, y nosotros, en el Pleno, en ese órgano que es nuestro, vamos a determinar con qué criterios, en qué forma los va a denunciar y si ha cumplido con sus obligaciones en el sentido de la proposición de mi compañero Lomelí que quedó bien fundada. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el ciudadano diputado David Lomelí Contreras.
Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya.
El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: - Muchas gracias, señor Presidente: A nivel personal, cuando expresamos esa conducta que sigue el Partido Demócrata Mexicano de independencia, y a través de la cual tiene la posibilidad, sin faltar a sus principios, de apoyar el bien, venga de donde venga, se pondera y se aplaude. Pero habrá que agregar aquí que esa conducta, que esa disposición también debe tenerla el Gobierno. Si son malos los partidos de oposición sistemática, ciega y necia, también es malo que haya un gobierno de oposición sistemática a los reclamos y a las demandas populares.
Y las actitudes que se siguen en esta Cámara, por la mayoría priísta, se inscriben en esa oposición sistemática. El pueblo de México ha dado pruebas de solidaridad a lo largo de la historia. Pero es el Gobierno y sus
voceros los que se niegan a ser solidarios con el pueblo.
Un reclamo expresado de diversas y mil maneras, es precisamente éste. Creo que la renovación moral tiene que partir y tiene que tener como cimiento la disposición a hacer justicia. Y justicia no significa borrón y cuenta nueva. Justicia significa darle a cada quien lo que se merece: a la virtud, estimularla y alentarla; al ilícito, castigarlo. Y en ese sentido y con esa claridad, debe expresarse la voz del Congreso Mexicano. Ya lo dijimos en alguna ocasión, es necesario que recuperemos el sentido y el destino del Congreso Mexicano; que hable claro para que se le entienda; fuerte para que se le oiga; verazmente para que se le crea y apasionadamente para que se le estime. Y si no lo hacemos así, no lograremos esta vinculación del pueblo mexicano con nosotros. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Está a discusión en lo general, en consecuencia, el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983.
Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Luis J. Prieto, Rolando Cordera, Raymundo León Ozuna y Héctor Ramírez Cuéllar; y para hablar en pro, los siguientes ciudadanos diputados: Ricardo Govela Autrey, y por la Comisión, Manuel Cavazos Lerma.
Tiene la palabra el C. diputado Luis J. Prieto, del Partido Acción Nacional, en contra.
El C. Luis J. Prieto: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Aquí, en nuestro país, la aprobación del presupuesto por los diputados es simplemente un formulismo con el que se pretende dar imagen de democracia, sobre todo la que hacemos hacia el exterior del país.
Desde hace 45 años, Acción Nacional ha manifestado su inconformidad con la Cuenta Pública señalando las graves anomalías, ya que el Ejecutivo nunca ha respetado ni cantidad ni destino de los recursos económicos aprobados en el presupuesto. En los dos últimos sexenios fuimos más enfáticos porque los hechos fueron más burdos en su ejecución, más claros en su manifestación, y más cínicos por su expresión.
El año pasado, cuando en una sesión como ésta se presentaba el dictamen de la Cuenta Pública de 1982, parecía que esta LII Legislatura iba a retomar el cauce de su soberanía, pues la manifestación del dictamen fue clara: se propició el derroche, se relajó la disciplina, hubo deshonestidad en el ejercicio, y se divorció de las prioridades del desarrollo nacional. Pero no, se agregó un conjunto de justificantes para endosar y postdatar el problema para 1983, pensando que tal vez había capacidad de olvido de esta diputación. Y la fracción mayoritaria de esta Cámara, mayoritaria por número, pero no por representación, aprobó el dictamen pusilánime y medroso, no obstante que en un simple párrafo quiso expresar todo lo que el pueblo de México sentía. Nunca, como en esa ocasión, la diputación del PAN tuvo la certeza de su voto en contra, pues el despilfarro era claro, los desvíos presupuestarios estaban manifiestos, el sobregiro excesivo, rayando en el insulto; la corrupción galopante se percibía con claridad y el cinismo presidencial era insultante. Teníamos la certeza de que nuestro voto en contra, era el reflejo de la expresión de todos los mexicanos. Teníamos la seguridad que se contaba con la información suficiente para solicitar de inmediato el enjuiciamiento de los responsables, antes de que se fueran a disfrutar su riqueza mal habida a las costas doradas del extranjero y en castillos feudales para seguir viviendo en el Olimpo que mentalmente se habían construido.
Todavía hoy, a un año de distancia no se ha ejecutado acción alguna para sancionar a los responsables, no obstante la claridad meridiana de las graves deficiencias que señala el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda. Esto significó que los hechos son una demostración indiscutible de que la renovación moral fue y sigue siendo un simple slogan electorero, que servía sólo para vender de nuevo una esperanza al pueblo mexicano.
Hace un año, al presentarse para aprobación de esta Cámara el Presupuesto de Egresos, dimos nuestro voto a favor en forma razonada. No fue en aquella ocasión una fácil decisión; por un lado, estaba la situación crítica del país como en época de guerra, estaba presente la crisis económica en la que nos hundieron las decisiones absurdas, los despilfarros y las corrupciones de dos sexenios consecutivos; era necesario que el Gobierno contara con los recursos económicos para que, correctamente administrados, aunque no resolviera el problema totalmente, sí aminorara la situación; por otro lado, estaba la historia que, como maestra de la vida, nos gritaba que estábamos equivocados. Pues en los últimos 55 años de vida nacional, no ha habido ningún resurgimiento que afirme en el pensamiento la posibilidad de que la esperanza se transforme en realidad. Pero nosotros queríamos y queremos seguir creyendo en el hombre, como ser humano perfectible y redimible. Y así, en forma consciente y responsable, unimos nuestro voto a favor, quisimos unir nuestros brazos y nuestro esfuerzo al compromiso compartido que todos teníamos, y que seguimos teniendo.
En diciembre de 1982, al discutir la Ley de Ingresos de 1983, la palabra elocuente de Juan José Hinojosa manifestaba nuestra posición. Decía Hinojosa: "La responsabilidad que la mayoría adquiere aquí, al dar su voto afirmativo, es no conducirnos dentro de dos o dentro de seis años, a otras crisis. México no puede caminar en angustia, dolor y espina de crisis en crisis. México no puede continuar
con las rectificaciones sexenales; no es posible que sea necesaria la liquidación de un sexenio para que se enjuicie al autor. Lo que México requiere es reintegrar más Estado al Poder Legislativo, para que pueblo y Congreso sean freno y contrapeso del Poder Ejecutivo. Para que pueblo y Congreso seamos quienes todos los días, sobre el coro de las adulaciones, seamos capaces de gritar en ira y en esperanza, 'señor Presidente, usted no es Dios', para que el Presidente no se encuentre en el milagro, la humildad y el prodigio del hombre, y realice en eficacia el oficio de ejecutivo". Agregó Hinojosa, "dejemos esto para cuando se discuta la Cuenta Pública de 1983". Y el tiempo llegó. Aquí estamos.
Cómo hubiéramos deseado ahora, como hace una año, dar nuestro voto a favor. Cómo hubiéramos sentido alegría, para satisfacción de todo México, que el Presupuesto aprobado por esta Cámara se hubiera cumplido sin sobregiros, sin desvíos, sin olvidar prioridades y, sobre todo, sin tolerar corrupciones. Pero no fue así, el dictamen regresó de nuevo al patrón viejo de siempre, el elogio al Presidente en turno, aunque hoy un tanto moderado.
Olvidaron lo que dijo el Presidente: "Gobernaré con la verdad", y para ello se requiere que todos hablemos con la verdad; no olvidemos que la lisonja es mala consejera para el Ejecutivo, están muy próximos todavía los últimos dos sexenios.
En la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política del Estado Mexicano, dice: "La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas". En función de este mandato, analicemos el dictamen de la Comisión.
Los tres primeros artículos no tienen discusión, ya que se refieren al trámite de envío y de recepción de documentos para realizar la revisión que nos ocupa. En la fracción IV menciona que se conocieron los resultados de la gestión financiera, pero no nos dice que el Presupuesto de Egresos aprobado por esta Cámara fue de 7 billones 118 mil millones de pesos, pero que se ejerció la cantidad de 8 billones 490 mil millones; pero, además, en el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda dice: "La evaluación de resultados programáticos se efectuó en nueve sectores, cuyo gasto total ascendió a 9 billones 67 mil millones de pesos, de los cuales 5 billones son de gasto no asignable y 4 billones 67 mil millones a gasto programático.
Pudiera ser que esto último de los 9 billones sea presupuesto devengado, pero significa un gasto no aprobado por la Cámara, cuyo pago se hará en fecha posdatada.
En el artículo 5o. refiere a que se hizo la comprobación de que el ejercicio presupuestal de dependencias y entidades de control presupuestal directo, se ajustaran a los criterios legales aplicables, pero nos señala que sólo Pemex, ISSSTE, Concafé, ASA e IMSS, tuvieron superávit, todas las demás tuvieron pérdida y nos señala también de que lo que ganó Pemex, la utilidad de Pemex es inferior a la pérdida de todas las demás empresas.
Por lo que respecta al artículo 6o., es de lo más simple, no dice nada, "fueron evaluadas las medidas y acciones, así como los logros obtenidos para controlar la inflación, el saneamiento de finanzas públicas, etcétera". No hay compromiso en los evaluadores.
Señores diputados de la Comisión ustedes son 16, y hay 384 diputados que van a ser requeridos para votar este dictamen, y apenas antier por la tarde les entregaron 180 páginas de lectura y otras tantas de cuadros estadísticos. No sólo ese es problema; además, no todos somos economistas brillantes y distinguidos como ustedes.
En este punto de evaluación reconocemos que se tomaron medidas duras y difíciles, pero eran necesarias para detener la inflación, se implementó una política más realista de precios y tarifas para bienes y servicios proporcionados por el Sector Público, lo cual tiende a terminar con la economía ficción en donde hemos vivido durante muchos años.
Medida difícil, sí, para el pueblo, pero sana para el futuro. No se ha logrado mejoría significativa en la inversión y por lo tanto tampoco en el empleo, lo único, que sigue aumentando es la burocracia como lo refleja claramente el gasto corriente y, sobre todo, faltan medidas adecuadas para impulsar la exportación de productos no petrolíferos.
En el artículo 7o. dice que se revisó el ejercicio del gasto y el cumplimiento de objetivos y metas de los principales programas del sector desarrollo rural, pero no dice qué encontraron. En el informe previo se ve claramente que algunos de estos programas no cumplieron su meta y sí gastaron más de lo presupuestado.
El programa F-I, Infraestructura para el Desarrollo Agrícola, fue el que mayores recursos ejerció: 55 mil 827 millones de pesos, o sea el 23.3% del total de subsector agropecuario, y curiosamente en un párrafo siguiente, se manifiesta que dicho programa se realizó en 4 subprogramas y el gasto ejercido fue menor, de 44 mil 645 millones de pesos, que significó un aumento de 17.7% en relación con el original.
El programa 3- D, Captación de Agua para Usos Múltiples, tenía un gasto previsto de 20 mil 979 millones de pesos y lo ejercido fue 30 mil 263 millones, que presentó un aumento de un 44.3%. Aclarando que el incremento de las metas no se explica en función de los proyectos que se están realizando, por lo que se solicitó información declaratoria a la dependencia encargada del programa.
El programa F-F, Coordinación para el Desarrollo de los Distritos Agropecuarios, cuya meta se alcanzó en un 91%, pero el gasto resultó 24.7 veces mayor que el original.
El programa Asistencia Técnica Agrícola se cumplió en 95%, pero su gasto incrementó
un 50%. Esto significa que se tuvieron que transferir recursos de otros programas presupuestados, puesto que el sector rural no ejerció el presupuesto original.
El artículo 8o. afirma que se evaluaron los principales programas del sector pesca, no nos dice que en el Plan Nacional de Desarrollo se consideró a la actividad pesquera prioritaria dentro del contexto nacional, por lo que se planteó la necesidad de propiciar una mayor eficacia y productividad de los programas del sector, para lo cual el presupuesto original se incrementó un 16.7% mayor que el ejercido en 1982.
Pero el resultado de 1983 fue que el sector decreció 5.2% de su producto interno bruto; la producción registró un descenso de casi un 25% con respecto a 1982, y su gasto ejercido fue de 35.4% mayor que el original.
El programa R-3, Comercialización y Transporte, a través de su programa Exportación, fue el que presentó la mayor relación con un incumplimiento de sus metas de exportación en un 52.5% y con un gasto de 67% superior a los previsto; como fue el programa que ejerció mayores recursos, 66.6% del total sectorial, no creo que valga la pena analizar otros programas.
En el artículo 9o. se nos dice que se analizó gasto y programas del sector comunicaciones y transportes; este sector gastó 60.3% más que lo previsto; de 402 mil millones subió a 660 mil millones de pesos y lo desea justificar dizque por la prioridad que le dio el Plan Nacional de Desarrollo.
Hay que recordarles a los planeadores que primero se hace el plan y después el presupuesto para que las cosas salgan mejor, de no seguir esta sencilla regla ocurre lo que pasó con el programa Carreteras Troncales, que gastó el 200% de lo previsto.
Esto confirma las grandes dudas que tuvimos de la eficacia del famoso Plan Nacional de Desarrollo que, según dicen, fue aplaudido por los técnicos especialistas de la ONU.
El artículo 10 nos manifiesta que se analizó el encauzamiento del gasto para el logro de objetivos y metas del sector comercio. Afortunadamente, hablan de encauzamiento ya que el gasto fue 117% superior al normal. El gasto programático en la Conasupo representó el 60.5% del gasto sectorial programático. Es importante señalar que en esta entidad el gasto no asignable programáticamente fue de 649.5% superior al original.
Creo que esta situación debe llamar nuestra atención.
Además de sugerir un adecuado control presupuestario, se debería dar especial énfasis a las políticas de estímulos para hacer más productivo el campo, pues llama la atención que la meta de compras nacionales no fue cubierta en un 43%; en cambio, las compras de importación rebasó la meta original de 67.7%.
En el artículo 11 se nos aclara que se analizó la política del sector bienestar social y de los avances en sus propósitos. También en ese sector el presupuesto total ejercido fue superior en 29.8% al original. Siendo este sector tan importante para los mexicanos; más que fijarnos en excedentes del gasto presupuestario, debería investigarse que la calidad de los servicios, la mejor utilización de sus recursos tanto humanos, materiales, como económicos.
En el artículo 12, la Comisión manifiesta que valoraron las acciones del sector industrial, y el informe previo de la Contaduría nos dice: "se aprecian avances en los resultados de las acciones realizadas por la industria paraestatal durante el año, para enfrentar la crisis". No me explico cómo pudieron ayudar, como ya dijimos, que sólo Pemex, ISSSTE, Concafé, ASA, IMSS tuvieron reutilidades. Las demás perdieron 544 mil millones de pesos que, para ponerlos en términos fácilmente comprensibles, equivalen a 2 millones 260 mil salarios mínimos anuales.
También se lee en el informe, tal como estaba previsto en el presupuesto original accionado a las actividades del sector, "fue complementado para que absorbieran los impactos derivados del proceso inflacionario", lo cual no es cierto. Las transferencias presupuestadas fueron corrientes, 261 mil millones y se ejercieron 490 mil millones, de capital 194 mil millones y se ejercieron 208 mil millones. Mi colega, Juan José Hinojosa, tal vez hubiera dicho, "no se puede ser tan frívolo manejando estos datos".
En el artículo 13, la Comisión desea mostrarnos la profundidad y eficacia con que se revisó este análisis; la evaluación y el examen de los informes recibidos apoyados por el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda, para fundamentar este dictamen, para lo cual efectuó el análisis de las actividades, así como el gasto público y los progresos que obtuvo con el propósito de respaldar el desarrollo nacional de un sector que no existe, ya que lo energético está considerado junto con lo industrial.
Seguramente que deben estar contentos los que se salvaron de este minucioso examen: el sector turismo y el sector desarrollo urbano y ecología. Tal vez como estos dos sectores tienen sus gastos muy pequeños en relación a los demás, no les llamó la atención, pero también falta otro que es de gran importancia y que casi cumplió el presupuesto, el sector educación, que se analiza en el informe previo de la página 307 a la 317, este sector también tuvo 10% superior a lo programado.
Por lo que respecta al artículo 14, es un conjunto de orientaciones y recomendaciones adecuadas, importantes, técnicas, que seguramente al cumplirse se logrará una mejor y mayor información que seguramente servirá para realizar una revisión más seria de la Cuenta Pública y así cumplir mejor la responsabilidad que tiene un diputado. En este artículo de recomendaciones, me iba a permitir hacer algunas a la Comisión que emitió este dictamen de Cuenta Pública, pero como ya es el último que van a hacer, me
reservo para sugerirlo posteriormente a la LIII Legislatura.
Los artículos 15, 16 y 17 son los ordenamientos protocolarios que deben manifestarse en cumplimiento a lo establecido. Considero, señores diputados, que por ese deseo sano, legítimo y muy humano de pretender hacer una tesis doctoral sobre economía, perdemos el objetivo que debemos alcanzar. No se nos está pidiendo un análisis ni un enjuiciamiento de la política económica del Presidente; tampoco un análisis comparativo de la economía del país con la economía internacional. Ni se nos está pidiendo proposiciones para mejorar la política económica. El objetivo de esta sesión es mucho más modesto conforme lo señala la fracción IV del artículo 74 constitucional: primero, conocer los resultados de la gestión financiera, saber si se cumplió o no el Presupuesto de Ingresos y si se usaron correctamente los excedentes, si los hubo; segundo, comprobar si el Presupuesto ejercido se ajustó al presupuesto aprobado por esta Cámara. Y esto no sólo en lo global sino en lo particular de cada dependencia y, asimismo, corroborar que el gasto que se ejerció tuvo las aplicaciones correctas, se evitó el despilfarro, se buscó la productividad y no hubo malversación de fondos; tercero, si se cumplieron los objetivos contenidos en los programas, analizar el grado de cumplimiento de ellos y ver si se justifica o no el incumplimiento si lo hubo.
Creo que el Ejecutivo tiene todo el derecho de formular el Presupuesto de Egresos para cumplir con la responsabilidad que tiene de gobernar el país.
Nosotros, los diputados, tenemos no sólo el derecho, sino también la obligación de ajustarlo para dar prioridades a las expectativas del pueblo de México. Pero aprobado el Presupuesto de Egresos, debe el Ejecutivo apegarse a su contenido. De este modesto análisis, dado que algunos sectores ejercieron un presupuesto mayor que el aprobado, dado que algunos programas gastaron más de lo previsto, dado que algunas metas no se cumplieron, se deduce o se presume que el presupuesto no se ejerció correctamente.
Ante la simplicidad de este dictamen que no dice nada, nuestro voto tiene que ser en contra.
Señores diputados, quiero, finalmente, dejar dos reflexiones: una, debe preocuparnos el aumento siempre constante de la burocracia, lo cual se transforma en pesada carga fiscal para el ciudadano, y, asimismo, la creación de direcciones de alto nivel ejecutivo innecesarias en dependencias del Gobierno, en empresas u organismos estatales y, sobre todo en la banca, que tanto ha proliferado; y segunda, hace 50 años se justificaba el tiempo de dos años para tener la información base para aprobar o no la Cuenta Pública; hoy suena ridículo, pues se cuenta con medios adecuados para lograr este objetivo en mucho menos tiempo, deberíamos propugnar para que la Contaduría Mayor de Hacienda cuente con los recursos para que la Cuenta Pública pueda ser revisada y aprobada en el término de un año como máximo, para poder rectificar errores y desviaciones en forma oportuna.
El futuro de México lo estamos construyendo con las acciones de hoy, y México nos está exigiendo compromiso compartido y responsabilidad solidaria; en las manos de los hombres de hoy está el mañana de nuestros hijos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Rolando Cordera Campos.
El C. Rolando Cordera Campos: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el día de ayer el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México presentó a los medios de información su opinión general sobre la Cuenta Pública Federal de 1983. Anteriormente hicimos un esfuerzo por presentar nuestras opiniones escritas al grupo dirigente de la Comisión Dictaminadora, y en tal virtud, señor Presidente, dado que el documento a que me refiero también lo hemos distribuido entre los otros grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, quisiera pedir a usted que sin darle lectura, instruyera o dé las instrucciones necesarias para que el documento pasara íntegro al Diario de los Debates.
El C. Presidente: - Esta Presidencia, en obsequio a la solicitud del señor diputado Rolando Cordera Campos, pide a la Secretaría se inserte el texto del documento, que habrá de entregarle, en el Diario de los Debates.
El C. Rolando Cordera Campos: - Gracias, señor Presidente.
Atendiendo a falsas o auténticas modestias, ni mucho menos al sentido común o a la lógica, pensamos nosotros que sea posible examinar o revisar la Cuenta Pública, sin examinar y discutir la política del Estado y particularmente su política económica.
La Cuenta Pública no nos lleva a un simple, aparentemente escéptico ejercicio contable, de sumas y restas o de debes y haberes. Aunque tampoco nos lleva a hacerla de torquemadas de segunda y a proponer soterradamente, por cierto, una especie de "torquemaduría general de la federación" como hace rato se nos sugería.
El análisis de la Cuenta Pública, en nuestra opinión, obliga a revisar el comportamiento del gasto, pero es ocasión propicia y obligada para discutir el complejo político que se encuentra siempre detrás de las finanzas. Particularmente en el año de 1983, por tratarse del primero del actual periodo de Gobierno, es importante analizar, más allá de los objetivos y criterios del presupuesto, qué es lo que la Constitución señala como objeto de la revisión de la cuenta, la política económica vigente, así como otras evoluciones y regresiones que a partir de diciembre de 1982 marcaron el inicio de un periodo cargado de
consecuencias negativas y, en muchos casos, irreversibles, para la sociedad mexicana.
Con esta discusión, compañeras y compañeras diputados, se inicia de hecho una nueva, y la última, fase del trabajo de esta Legislatura. Al igual que en 1982 y 1983, estamos ante un torrente de iniciativas que obnubilan nuestras discusiones y se apodera implacablemente de nuestras agendas.
El actual Gobierno ha cumplido el primer tercio de su mandato. Se impone, por ello, discutir qué porvenir inmediato tenemos en tales circunstancias los mexicanos. Han sido dos años difíciles, signados por la crisis, que como al resto del mundo nos golpea. Dos años que la necesidad de reconstruir al Estado y a la sociedad, se ha vuelto vital.
Nos creemos, sin embargo, que los esfuerzos y avances, si los ha habido, del actual Gobierno, hayan beneficiado fundamentalmente a las grandes mayorías nacionales. La crisis no sólo sigue sin soluciones de fondo, sino que ha depauperado más a los pobres y ha extinguido más a nuestra de por sí desigual sociedad.
No hemos estado ante una administración de la crisis, sino, valga el juego de palabras, frente a una administración en crisis, o si se quiere, frente a una administración abrumada por la crisis.
Tal vez la atención principal del actual régimen, ha sido el proyecto y la práctica de la llamada reordenación económica. La economía, sin embargo, no ha sufrido los reajustes significativos que se requerían y se requieren. Los principales problemas que condujeron, precisamente a la situación que heredó este Gobierno en 1982, se han mantenido, e inclusive profundizado. Los más pobres ganan cada vez menos y un puñado de privilegiados concentra cada vez mayor proporción de la riqueza nacional.
Como lo hemos dicho, en ocasiones recientes, una de las peores consecuencias de esta crisis ha sido precisamente la reconcentración del ingreso. Lo dijimos antes y se rechazó, como si fuera especulación; pero resultados recientes de las estadísticas nacionales lo han confirmado. Esta reconcentración del ingreso viene desde 1977, pero el retroceso de 1982 y 1983, superó al de los seis años previos. En 1981 los asalariados disponían del 41% del ingreso disponible en el país; en 1983 sólo disponen del 32.5%, y para el presente año esta proporción seguramente terminará siendo menor, pues mientras el producto nacional tuvo un crecimiento positivo, los ingresos salariales por tercer año consecutivo descendieron en términos reales.
Estamos ante un hecho que muestra irrefutablemente que estuvo muy lejos de cumplírselo que hace dos años de denominó como el criterio fundamental del programa de ajuste. Se dijo entonces que la equidad social conduciría las acciones de reordenación económica; se insistió en que los costos de la crisis serían distribuidos equitativamente; por el proceso que se abría colocaría al país en una senda más justa y equilibrada. Esto configuraba, insistimos, porque así se señalo entonces, el criterio fundamental que debía guiar el ajuste; y el recuerdo ahora que dicho propósito estaba detrás del proyecto presupuestal que en diciembre de 1983 se sometía a la apresurada consideración de esta Legislatura.
Los resultados presupuestales que se consignan en la Cuenta Pública Federal de 1983 confirman que durante este año, el gasto público experimentó la reducción real más aguda de los últimos tiempos. Tal reducción obedeció a objetivos de financiamiento y a costa de ellos no se realizaron un conjunto de acciones que la mayoría de la población requería para mantener por lo menos sus niveles de vida ante los defectos de la inflación, el desempleo y el consecuente deterioro de la capacidad adquisitiva del salario.
El logro que más destaca la Cuenta Pública de 1983, es la disminución del déficit como proporción del Producto Interno Bruto, dejando de lado resultados más importantes para la sociedad. se insiste en que la situación prevaleciente a finales de 1982, no había otra alternativa de política que el Programa inmediato de Reordenación Económica. Allí, el gasto público tenía un papel central buscando equilibrio, equilibrios como el fiscal, el de comercio exterior y el de precios, con el objetivo final de alcanzar la capacidad de pago de la deuda externa que exigían los acreedores internacionales.
En términos reales, la reducción del gasto público federal de 1983 fue de 14%, es decir, una caída más alta que la del producto que fue de 5.3%. El gasto en bienes y servicios en el pago de salarios, es decir, el gasto que más influencia directa tiene sobre el comportamiento de la economía, tuvo una disminución real mayor, pues su contracción fue del 18%. Las desviaciones presupuestales también reflejan claramente las verdaderas prioridades del gasto de 1983.
En conjunto, el gasto realizado fue 11.9% superior a lo autorizado, divergencia inferior a la de los últimos años; sin embargo, el gasto en servicio de la deuda pública, fue de 22.2% mayor a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983, y en cambio, la desviación del gasto programable fue de sólo 4.9%, y en el Gobierno Federal gastó, incluso 6.2% menos de lo aprobado. Es decir, se redujo más el gasto en salarios, compra de bienes y servicios y otros rubros, para liberar recursos que tuvieron como destino el servicio de la deuda pública.
Por ejemplo, la formación bruta de capital fijo del Sector Público, se redujo 32% en términos reales, frente a un 24% de la privada; la construcción pública disminuyó 28% en valores reales, mientras que la construcción del resto de la sociedad bajó 10%; las compras de maquinaria y equipo del Gobierno tuvieron una contracción de 44%, y el resto de las mismas adquisiciones se redujo 37%; el gasto en sueldos y salarios de los
trabajadores federales bajó 29% en términos reales, y en el sector paraestatal la disminución fue de casi 25%.
El comportamiento de las finanzas públicas durante 1983, fue el factor que más contribuyó al agravamiento de la crisis económica, pues al efecto del gasto habría que agregar las consecuencias del incremento de los impuestos, principales indirectos, como el IVA, y de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, lo que agravó la inflación afectando negativamente el poder adquisitivo de la mayor parte de la población.
La política de ingresos públicos provocó que ahora la composición de la captación sea más regresiva que antes, pues los impuestos directos representan una menor proporción de la captación total que antes de 1983.
De esta manera, los consumidores sacrificaron una mayor parte de sus ingresos para destinarlos en los pagos de impuestos en las compras como consecuencia del incremento de las tasas, en el Impuesto al Valor Agregado.
También la política de precios y tarifas tuvo como resultado un impacto negativo en los ingresos de la mayoría de la población, pues los incrementos no sólo fueron en los bienes y servicios que adquieren los consumidores de altos ingresos. Pero aun en estos casos, el efecto final fue que el aumento en trasladaron a los precios y la mayoría de los consumidores resintió los impactos de tales aumentos.
Lo peor, sin embargo, es que las finanzas públicas de 1983 no cumplieron con los objetivos globales que se plantearon para ese año, pues se supeditaron al logro de metas y agravaron la desigualdad social.
Contra lo que se prometió en diciembre de 1982, los costos de la crisis no se distribuyeron equitativamente.
Reiteramos que la más grave consecuencia de esta situación es el empeoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, particularmente de los más desprotegidos. No sólo estábamos frente a una reconcentración del ingreso, estamos también ante menores oportunidades de empleo y una remuneración de los trabajadores que día tras día se deteriora. Al margen de diferencias estadísticas, existe consenso, y así lo confirman las estadísticas del Banco de México, en que el poder adquisitivo de los salarios, tanto el de los mínimos como del resto, se encuentra hoy a niveles equivalentes a los de hace 20 años, es decir, similares al momento en que apenas se estaban recuperando los niveles existentes en los años de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que se tiene que recuperar alcanza ya, entonces, dimensiones históricas. No pretendo buscar fórmulas originales para designar lo que está sucediendo como consecuencia de estos deterioros; cito lo que el Programa Nacional de Alimentación afirma, la tendencia reciente en los precios de los alimentos, dice el PRONAL, ha contribuido a un deterioro en los niveles de consumo; en la coyuntura actual de elevadas tasas inflacionarias y reducción del empleo remunerado, la menor capacidad adquisitiva de los grupos de ingresos bajos redunda en un deterioro de su alimentación.
El mismo documento asienta que tal deterioro se expresará en una reducción del consumo de calorías del 18% en 1983 y en el presente año, para la población rural; y en una reducción del 10%, para la población urbana; en consumo de proteínas, por su parte, se reduciría en 15% en promedio para los estratos de bajos ingresos. Vivimos pues, lo reiteramos, en un estado de degradación nutricional.
A juzgar por las evidencias recogidas en uno de los principales hospitales infantiles de la Ciudad de México, evidencias a las que ya me referí en otra ocasión, de 1982 a la fecha, en niños de ciertos grupos de edad, se han detectado enfermedades que ya no se registraban, lo que todavía es más grave, tales evidencias confirman que se ha detenido la tendencia al descanso de la mortalidad infantil y que se están dando más casos de desnutrición en los niños que antes.
Todo esto se vuelve más preocupante si se toma en cuenta que en algunos casos el problema empezó a agravarse desde 1977; sólo mencionaré un ejemplo, investigaciones recientes indican que a partir de ese año se inició una tendencia a la reducción de la talla de los recién nacidos, como consecuencia del desarrollo deficiente durante la gestación.
No se puede decirse seriamente que éstos y otros pretextos, tan o más graves que no he mencionado, son sólo resultado de la crisis, como si ésta actuara por sí sola o como si la política económica del Gobierno y del régimen no tuvieran ninguna responsabilidad en la situación presente.
El Programa de Ajustes, o la llamada Reordenación Económica, que es como en el sofisticado lenguaje de los conductores actuales de la política económica se denomina "recetas neoliberales", es responsable directo de una situación como la presente, que a los rezagos sociales suman los rezagos productivos, lo cual no es más que el alejamiento permanente del futuro al que legítimamente aspira una sociedad como la mexicana. Un futuro por cierto, que no exige mucho, que sólo pide niveles de vida decorosos, democracia e independencia nacional.
Visto a través de estos resultados, el Programa de Ajustes no ha tenido éxito, y ante los ojos y frente a la experiencia cotidiana de las mayorías nacionales, no debería haber otra opción que revisarlo a fondo.
¿Qué reordenación, compañeras y compañeros diputados, es ésta en la que los salarios de los trabajadores son cada vez más exiguos, y cómo puede un régimen vanagloriarse por la reducción del déficit público frente a un empobrecimiento de la mayoría? ¿Cómo felicitarse por la contención del gasto corriente, mientras millares de niños comen cada vez peor o algunos simplemente no comen?
¿Por qué considerar un logro un mayor ahorro público, mientras se tienen por lo menos 3 millones de mexicanos sin empleo, cientos o miles de empresas a punto de cerrar, mientras los capitanes del sector empresarial continúan enriqueciéndose? ¿Cuál solidaridad nacional puede ser la que tenemos en México, cuando prosigue incesantemente la salida de dólares y a los antiguos beneficiarios del funcionamiento de la banca, expropiados hace dos años, ahora se les premia con privilegios múltiples, después de habérseles regresado las empresas, propiedad de la banca, después de habérseles indemnizado jugosamente, después de haber tratado de contentárseles con una medida como la privatización del 345 de las acciones de los bancos? ¿Cómo puede, en fin, felicitarse asimismo el Gobierno cuando por lo que dejó de hacer o por lo que pospuso en atención a injustificables urgencias financieras, internas o externas, se agravó la pobreza de los más, cosa que la Cuenta Pública omite inexplicablemente, si no hay una auténtica reordenación, es decir, cambio en el orden tradicional de nuestra desordenada economía, menos aun hay lo que también eufemísticamente se ha dado de llamar "cambio estructural"?
La piramidal estructura de nuestra economía se mantiene intocada o mejor dicho, se han reforzado sus desigualdades características.
El debilitamiento de nuestro aparato productivo, la dependencia respecto al exterior, los rezagos del campo, las imperfecciones del Sector Público, siguen sin ser revisadas y micho menos resueltas; los frutos principales del difícil esfuerzo productivo de los mexicanos, siguen destinándose al oneroso y finalmente ilusorio pago de la deuda externa; en las cúpulas del poder, se generalizó el rechazo a considerar soluciones imaginativas, nuevas, eficaces, al problema de la deuda y optó por pagar en mayores plazos, pero con enormes intereses que a final de cuentas se acumulara a la irresoluble carga que es la deuda externa en nuestro país.
Si no hay eficaz reordenación, desde el punto de vista social, ni auténtico cambio estructural, menos aun hay realismo.
En el discurso político los gobernantes llegan a ser autocríticos y revisionistas, pero en el programa económico, a pesar de algunos avances en materia de información, aforos como nuestra Cámara de Diputados, domina la política del ocultamiento, de las verdades a medias o de las ilusiones que sustituyen a la gruesa y cruda realidad.
Se ha mencionado la recuperación de valores históricos, la reivindicación de la Revolución Mexicana, la defensa del nacionalismo; pero en la realidad tenemos el fortalecimiento de tendencias contrarrevolucionarias, la desviación respecto de objetivos históricos, la alarmante inclinación a desnacionalizar sectores básicos de la economía. No todas las herencias del sexenio pasado eran desdeñables e incluso había una que por su potencial transformador, ofrecía formidables posibilidades como palanca para la promoción de una economía diferente.
La Banca nacionalizada, sin embargo, fue asumida por los actuales conductores de la economía como una realidad de la que no podían sustraerse, pero que prácticamente entendían y aceptaban con vergüenza, con rechazo. La Banca entonces, no sufrió modificación alguna en las prácticas mercantilistas que la habían singularizado sus antiguos propietarios.
El Gobierno, administrador de la Banca, ha mantenido los mismos vicios, pero lleva a la práctica, además, la intención de resarcir pública y financieramente a los ex propietarios afectados por la decisión del 1o. de septiembre de 1982.
Se idearon, entonces, mecanismos distintos a cual más de tortuosos, para lograr pequeñas desnacionalizaciones, desde la decisión de devolver el 34% de las acciones bancarias, hasta formas aparentemente sutiles, pero escandalosamente atentatorias del dominio estatal sobre las instituciones financieras, como son los proyectos actualmente en forzada discusión, que abren la posibilidad real para que los intermediarios financieros no bancarios, desarrollen de nuevo los grandes negocios que antes hacían directamente en los bancos.
Además de que se abra la posibilidad real de que los ex banqueros restablezcan sus operaciones y su dictadura financiera, el Gobierno, ahora, propone conceder privilegios fiscales al no considerar como un ingreso gravable, las comisiones por emisiones de valores en la Bolsa. Se quiere llegar más lejos al pretender que inversionistas extranjeros puedan participar en sociedades de inversión. Y como si fuera sólo un problema técnico, o de suspicacias jurídicas, se pretenden introducir limitaciones al financiamiento directo del gasto público, por parte del Banco de México, lo que en la práctica significaría otro paso atrás en la participación activa del Sector Público en la economía. Mientras no hay nada que garantice que estos vacíos podrán ser cubiertos por los empresarios privados, y mientras es obvio que no se han agotado las posibilidades de desarrollo de una intervención estatal más democrática.
Se habla de fortalecer a la Nación, pero más allá de la retórica se desarticulan algunos de sus apuntes principales, las reformas a la Constitución que crearon el capítulo económico, pretendidamente asegurada la propiedad del Estado sobre áreas estratégicas. Pero debido a ambigüedades, que en su oportunidad señalamos, significan además una garantía para los particulares incursionen en diverso sectores que hasta entonces eran exclusivos de la Nación.
Se dijo entonces que exagerábamos, pero el tiempo nos da la razón. Antier, fueron los bancos; ayer, las empresas automotrices, rematadas por el Estado sin justificaciones claras; hoy, son de nuevo la banca y sobre todo la energía nuclear, tan patrióticamente defendida por sus trabajadores y tan despreciada
por los funcionarios que debieran cumplir con su obligación de salvaguardar esas zonas del patrimonio nacional.
Nación siempre en formación, siempre acosada y hecha a contragolpes del poder imperial, la nuestra encara hoy un momento decisivo. Defender a la Nación, fortalecerla, han dejado de ser recursos fáciles de la retórica para volverse de nuevo, como con Juárez, con Carranza, con Cárdenas, tareas insoslayables de la política con ambición histórica.
Hasta hoy, los mexicanos y su gobierno han logrado trocar su debilidad en fuerza ejemplar, y al ejercer una política exterior que pone por delante el derecho de autodeterminación, no en abstracto, sino en Centroamérica, en Chile, defienden, sin dar lugar a equívocos, las hipócritas o sibilinas interpretaciones o la política real, como las que nos propone la derecha y los entrevistas. de toda laya, el derecho del pueblo de México a construir, a definir y si es necesario a redefinir su propio destino. Y ello, qué duda cabe, compañeras y compañeros diputados, nos compromete a todos. Volverá la Nación, no puede ser hoy el fruto del azar o la negligencia. La intensidad y la angustia de la conciencia nacional, que como pueblo y como estado hemos logrado nos lo impiden; y es por eso que tenemos que ser obsesivos, exagerados, incluso, al evaluar las acciones y las omisiones que queriéndolo o no, conducen a vulnerar lo que la Nación hemos logrado.
No sólo deshaciéndose de propiedad o la exclusividad, sobre áreas fundamentales, vulnera el Estado a la Nación. Que la vulnera también manteniendo costosos subsidios de servicios públicos, como la energía eléctrica, que favorecen a empresarios privados de manera desproporcionada y ahí inequitativa. Al no proteger ordenada y cabalmente nuestros recursos naturales y al permitir que continúen prácticas como la instalación irracional de zonas industriales, el deterioro del ambiente, la contaminación de ríos, cuencas y mares; la tala desordenada, hábitos todos ellos que sin regulación seria y eficaz, desmembran nuestros deteriorados ecosistemas.
Se vulnera a México con proyectos que pretenden abrir, casi indiscriminadamente, transgrediendo los de por sí cuestionables preceptos legales al respecto; área de nuestra industria que son codiciadas por la aprovechadiza inversión extranjera, como posiblemente suceda en la naciente industria de la computación en México.
Se debilita a la Nación, también, con una política social tan débil como la que tenemos ahora en nuestro país. Se cometen prácticas desnacionalizadoras al mermar el principal recurso de nuestra Nación, que son los propios mexicanos, sometidos a crecientes sacrificios, no sólo en sus mínimos de subsistencia, sino además en las posibilidades de acceder a una adecuada impartición de justicia. No se hace patria, mucho menos nacionalismo revolucionario, persiguiendo y acosando sindicatos.
Estas son, compañeras y compañeros diputados, algunas de las razones fundamentales que explican nuestro no en la votación que seguirá este intercambio, no más que a un dictamen o a la cuenta, no a una política.
He pronunciado, señor Presidente, un discurso político, me parece que éste es el enfoque más pertinente para discutir la Cuenta Pública, no sólo para allanar en parte los a menudo oscuros tecnicismos económicos, sino para resaltar la gravedad que en el terreno de la política tiene la estrategia económica actual.
Sé muy bien, señor Presidente, que en esta Cámara, por absurdo que parezca, se han cuestionado las intervenciones explícitamente políticas. No es mi intención ahora hacer proselitismo partidario, aunque evidentemente mi intervención se ubica dentro de la óptica de miembro de un partido político en particular.
Quiero destacar, fundamentalmente, la necesidad de que como mexicanos preocupados y responsabilizados con nuestro país, entendamos la gravedad de la situación a la que están siendo sometidas las mayorías. Los sectores básicos de nuestra sociedad, reitero, sufren un proceso de degradación en sus condiciones de subsistencia, y los efectos de tal situación, que ya se perciben ahora, pueden resultar auténticamente catastróficos en el futuro inmediato. Y no es con retóricas ni con falsas quimeras como vamos a resolver estas situaciones; es con la discusión, la reflexión y la acción práctica que, como mexicanos, seamos capaces de emprender, es decir, con democracia.
Es la hora, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, de que los mexicanos patriotas de todas las creencias y partidos, se constituyan en una convención nacional en la que la seguridad de la vida, el derecho social y la existencia colectiva de los niños, las mujeres y los hombres de México definan el orden del día inviolable de la legislación, la reflexión y la discusión de la política, tendremos, porque nos hemos hecho Nación frente a la adversidad, reservas históricas y morales para acometer esta tarea decisiva para el porvenir nacional. Pongámoslas en práctica al servicio de nuevas, más justas y prometedoras realidades, así, sólo así, podremos decir en adelante que la política, nuestra política, ha vuelto a ser como quería José Carlos Mariátegui, ese inolvidable fundador del socialismo con alma y mente latinoamericana, una grande actividad creadora. Michas gracias.
OPINIÓN GENERAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSUM SOBRE LA CUENTA PUBLICA FEDERAL DE 1983
Los resultados presupuestales que se consignan en la Cuenta Pública Federal de 1983
confirman que durante este año el gasto público experimentó la reducción real más aguda de los últimos tiempos. Tal reducción obedeció a objetivos de saneamiento financiero y a costa de ellos no se realizaron un conjunto de acciones que la mayoría de la población requería para mantener por lo menos sus niveles de vida ante los efectos de la inflación, el desempleo y el consecuente deterioro de la capacidad adquisitiva del salario.
Contra lo que en un principio se negaba, la Cuenta Pública de 1983 reconoce que el 'monto del gasto público obedeció a un objetivo de saneamiento financiero', es decir, la meta de reducir el déficit financiero estuvo por encima de los objetivos sociales que la política presupuestal debería considerar en primer lugar. El logro que más se destaca para ese año es precisamente la diminución del déficit como proporción del Producto Interno Bruto, dejando de lado otros resultados que son más importantes para la sociedad, como los deterioros que sufrió la mayoría de la población en sus niveles de vida, el ahondamiento de la desigualdad entre los mexicanos y el mayor rezago de las capacidades productivas, todo lo cual significa un grave deterioro que afectará negativamente el futuro de nuestra sociedad. La Cuenta Pública insiste en que ante la situación prevaleciente a finales de 1982 no había otra alternativa de política que la adoptada en el Programa Inmediato de Reordenación Económica, en el que el gasto público tenía un papel central. Dicho programa buscaba ante todo un drástico ajuste de la economía con el fin de restablecer ciertos equilibrios globales como el fiscal, el del comercio exterior y el de precios, con el objetivo final de alcanzar la capacidad de pago de la deuda externa que exigían los acreedores internacionales. De esta forma, el ejercicio del gasto público se supeditó a los compromisos en el pago de la deuda, principalmente de sus intereses.
En términos reales, la reducción del gasto público federal de 1983 fue de 14%, es decir, una caída más alta que la del producto, que fue de 5.3%. El gasto en bienes y servicios, en el pago de salarios, es decir, el gasto que más influencia directa tiene sobre el comportamiento de la economía tuvo una disminución real mayor, pues su contracción fue de 18%. Las desviaciones presupuestales también reflejan claramente las verdaderas prioridades del gasto de 1983. En conjunto, el gasto realizado fue de 11.9% superior al autorizado, divergencia inferior a la de los últimos años; sin embargo, el gasto en servicio de la deuda pública fue 22.2% mayor a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983 y en cambio la desviación del gasto programable fue de sólo 4.9% y el Gobierno Federal gastó incluso 6.2% menos de lo aprobado. Es decir, se redujo más el gasto en salarios, compra de bienes y servicios y otros rubros para liberar recursos que tuvieron como destino el servicio de la deuda pública. Ello provocó que las acciones del Gobierno en cuanto a inversión, adquisiciones de maquinaria y equipo, por ejemplo, se vieran más afectadas que las del resto de la economía, lo que provocó una mayor caída de la producción que la prevista. Por ejemplo, la formación bruta de capital fijo del sector público se redujo 32.5% en términos reales frente a un 24.2% de la privada; la construcción pública disminuyó 28% en valores reales mientras que la construcción del resto de la sociedad bajó 10%; las compras de maquinaria y equipo del Gobierno tuvieron una contracción de 44% y el resto de las mismas adquisiciones se redujeron 37%. El gasto en sueldos y salarios de los trabajadores del Gobierno Federal bajó 29% en términos reales y en el sector paraestatal la disminución fue de casi 25%.
Todo esto afectó en forma sumamente negativa el comportamiento de la economía en 1983, pues los empleados públicos representan casi 15 de cada 100 trabajadores. Por su parte, las construcciones públicas significan el 80% de la construcción total, y así en otros casos. En síntesis, el comportamiento de las finanzas públicas durante 1983 fue el factor que más contribuyó al agravamiento de la crisis económica, pues al efecto del gasto habría que agregar las consecuencias del incremento de los impuestos., principalmente los indirectos como el IVA, y de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, lo que agravó la inflación afectando negativamente el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. La política de ingresos públicos provocó que ahora la composición de la capacitación sea más regresiva que antes, pues los impuestos directos representan una menor proporción de la captación total que antes de 1983. En 1982 el impuesto sobre la renta significaba el 48.5% de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal y en 1983 la proporción fue de 40%; en cambio, el impuesto al valor agregado representaba el 22.6% de los ingresos en 1982 y para 1983 ese porcentaje se elevó a 30.3%. Es decir, los consumidores sacrificaron una parte mayor de sus ingresos para destinarlos al pago de impuestos en las compras, como consecuencia del incremento de la tasa en el IVA. Esto también afectó negativamente a la mayoría de la población, ya que el incremento de las tasas no fue compensado por las pocas desgravaciones que existen en los impuestos indirectos.
También la política de precios y tarifas tuvo como resultado un impacto negativo en los ingresos de la mayoría de la población, pues los incrementos no sólo fueron en los bienes y servicios que adquieren los consumidores de altos ingresos. Pero aún en estos casos, el efecto final fue que los aumentos en los precios y tarifas que significan costos, se trasladaron a los precios con lo que la mayoría de los consumidores resintió los impactos de tales aumentos.
Lo más grave, sin embargo, es que las finanzas públicas de 1983 no cumplieron con
los objetivos globales que se plantearon para ese año, pues se supeditaron a logros de metas que agravaron la desigualdad social. Contra lo que se prometió en diciembre de 1982, los costos de la crisis no se distribuyen equitativamente.
La cuenta no considera los resultados más graves de la crisis
El análisis que la Cuenta Pública de 1983 hace sobre la economía de ese año parte de considerar que la gravedad de la situación a fines de 1982 obligaba al Gobierno Federal a adoptar el programa de ajuste que tuvo entre sus principales resultados el de hacer caer en 5.3% el Producto Interno Bruto. Se hace énfasis en el conjunto de desequilibrios que se manifestaban en el momento del cambio de Gobierno y se insiste en que la única y la mejor política para superarlos era la que se adoptó y que en sus líneas principales se anunció en el Programa Inmediato de Reordenación Económica y en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 1983. El análisis concluye que los resultados de la política económica de este año fueron positivos y que cumplieron con los objetivos propuestos. Tal conclusión se basa en los indicadores siguientes: reducción de la inflación medida de diciembre a diciembre; reducción a la mitad del déficit público como proporción del PIB; superávit comercial con el exterior; estabilidad en el mercado cambiario y reconstrucción de las reservas del Banco de México. Se considera, además, que se evitó un mayor deterioro productivo, que se impidió el crecimiento de la tasa de desempleo abierto y que la política aplicada no permitió que la crisis implicara un costo social más elevado.
La evaluación anterior se repite, salvo diferencias de matiz; en el análisis contenido en el Informe Previo que sobre la Cuenta de 1983 elaboró la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara, y en el proyecto de dictamen respectivo de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. De los tres documentos puede concluirse, en síntesis, que con los resultados de 1983 se 'Propiciará la recuperación de la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes', 'se marcha por el camino correcto para afrontar los retos de la política económica', y se 'revela el esfuerzo realizado para lograr equidad en el ajuste y (para) proteger el poder adquisitivo de las clases de menores ingresos'.
No se cumplió el objetivo fundamental de la política de gasto
Las tres afirmaciones anteriores revelan el optimismo con que se evalúa el panorama económico y la política económica de 1983. Los análisis siguen de cerca los puntos sobre los que más ha estado insistiendo el Gobierno Federal, principalmente los indicadores financieros y macroeconómicos globales, y marginan otros resultados que muestran otra perspectiva de lo ocurrido durante ese año y otras conclusiones en torno a los resultados del programa de ajuste y a los objetivos anunciados en diciembre de 1982 relacionados, con los indicadores sociales y de equidad. En diversos documentos y ocasiones, el Ejecutivo Federal expresó que el criterio fundamentalmente del programa de ajuste sería la equidad, que los costos de la crisis serían distribuidos equitativamente, y que el proceso colocaría al país en una senda más justa y equilibrada. Sin embargo, una visión completa de lo ocurrido durante 1983, que tome en cuenta no sólo los indicadores de los que parte la Cuenta Pública, muestra que después del primer año de ajuste, México en un país más desigual y que no se sentaron las bases para que en un futuro cercano esa situación se revierta, Más aún, no se han realizado las acciones para que la desigualdad al menos no sea peor que la prevaleciente en 1982.
No se cumplió con el objetivo de la equidad social.
Se prometió equidad en el ajuste de las finanzas públicas, en la contestación del gasto corriente, entre las regiones, en el pago de los impuestos, en los precios y tarifas, en la distribución del costo social del ajuste y en el apoyo a la planta productiva. No hay en la Cuenta Pública una evaluación de estos propósitos, y, aún más, se soslaya el análisis de algunos resultados vinculados al comportamiento de las finanzas públicas que promovieron un efecto diferente al agravar la inequidad.
Podría argumentarse que los costos sociales en que se incurrió durante 1983 por el programa de ajuste eran indispensables para establecer un equilibrio que en el futuro permita un crecimiento no sólo más establece sino diferente al de las últimas décadas, pero lo anterior se desmiente por los resultados observados a partir de 1983. En primer lugar, un cambio de tal naturaleza, es decir un cambio estructural según se le denomina en el programa de reordenación y en el Plan Nacional de Desarrollo, es incompatible con el deterioro de los niveles de vida observados en el primer año del actual Gobierno. Una evaluación de las finanzas públicas de ese año no pude pasar por alto dicho deterioro, que se expresa no sólo en un retroceso del bienestar para la mayor parte de la población sino también en el socavamiento de las base productivas que pudieran posteriormente recuperar aceleradamente y mejorar las condiciones de vida.
La producción por habitante disminuyó casi 8% en 1983
Una de las expresiones globales de la degradación en los niveles de vida y que es más ilustrativa que la reducción del PIB, es el comportamiento del producto por habitante
durante 1983. En relación a 1981, la caída acumulaba a tal año fue de 10.4% y sólo la baja de 1983 fue de 7.6%. El producto por habitante quedó a niveles inferiores a los de 1979, y la magnitud de estés hecho queda más clara si se advierte que de cumplirse las expectativas del crecimiento productivo entre 1985 y 1988, la producción per cápita de este último año sería apenas similar a la de 1981.
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
(Millones de 1970)
PIB por Crecimiento habitante en %
1979 11,510.5 6.1
1980 12,131.7 5.4
1981 12,754.8 5.1
1982 12,360.7 -3.1
1983 11,423.3 -7.6
La distribución del ingreso empeoró en 1983
Lo anterior, siendo de por sí muy grave, resulta aún peor si se considera que si diversas medidas de política económica permitieron que el ingreso se concentrara más durante 1983 que durante los seis años previos, caracterizados por una restrictiva política de salarios que tuvo como consecuencia una reducción casi permanente de los salarios reales. Pese a que aún no existen indicadores disponibles sobre la distribución familiar del ingreso en 1983, puede sostenerse con seguridad que la riqueza se concentró aún más partiendo de la asignación del ingreso nacional disponible y de la desagregación del producto interno bruto. La información relacionada con lo anterior es elocuente: Las remuneraciones de los salarios descendieron, como proporción del ingreso nacional, de 40.2 a 32.5% de 1982 a 1983, lo cual es uno de los efectos más preocupantes del programa de ajuste y que no recibe siquiera una mención en la Cuenta Pública.
Pero al efecto anterior, evidencia palpable de la creciente inequidad si se lo compara con lo sucedido con otros componentes del ingreso nacional, habría que agregar que dichas remuneraciones salariales descendieron 27.5% en términos reales de 1982 a 1983, descenso que fue mayor para los salarios mínimos.
REMUNERACIONES SALARIALES EN EL INGRESO AL PIB AL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE
(%)
Remuneración Remuneración salarial/PIB salarial/IND
1981 37.4 41.0
1982 35.8 40.2
1983 28.8 32.5
Fuente: SPP. Cuentas Nacionales, octubre de 1984.
Los resultados anteriores no se pueden considerarse al margen de la política económica sino como sus efectos, y si no los únicos sí algunos de los más importantes, pese a lo cual no son considerados en la evaluación oficial de 1983. Pero más importante es tomar en cuenta otros elementos que se encuentran asociados a la concentración del ingreso y a la reducción del poder adquisitivo de los salarios, y que son consecuencia directa de la reducción de los niveles de bienestar de la mayoría de la población.
El consumo de los salarios se redujo 25% en valores reales
La reducción de las remuneraciones salariales reales contrajo considerablemente el consumo de los trabajadores. El consumo privado en general, disminuyó 7.5% en términos reales y el consumo de los asalariados se contrajo más de 25%, lo cual confirma de otra manera la afirmación de que la mayoría padeció con más fuerza los defectos del ajuste. En 1982, las remuneraciones de los asalariados significaban más de la mitad del consumo privado, y al año siguiente la proporción bajó por lo menos al 43%, lo cual comprueba, por su parte, que la reducción real de los salarios fue un factor clave en la caída global del producto, pues afectó negativamente el consumo privado, que es el elemento más importante de la demanda. En otras palabras, la política salarial provocó una drástica reducción de los ingresos reales de los trabajadores, concentró aún más el ingreso y fue un elemento determinante de la contracción económica global.
Los niveles de bienestar empeoraron
Lo más grave es que, como consecuencia de lo anterior, se degradaron las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, pues al verse afectadas su capacidad de compra se alternaron sus niveles de consumo de alimentos, sus condiciones de salud, entre otros, lo cual afectó negativamente los niveles de bienestar, empeorando con ello una situación que ya antes de la crisis era lamentable. La manifestación más clara del problema es que la mayor parte de la población tiene que gastar ahora una proporción más alta de sus ingresos en la compra de alimentos, principalmente básicos. Como lo muestran investigaciones del Banco de México, para 1983, y como resultado principalmente del primer semestre de este mismo año, el gasto promedio en alimentos y bebidas representaba casi diez por ciento más en relación al gasto total que en la estructura del consumo previo. Los alimentos que ahora absorben una mayor parte del ingreso son los derivados del maíz, los lácteos y las bebidas, pese a lo cual ha disminuido su consumo en amplios sectores de la población. Como compartida, la mayoría de las familias han tenido que bajar la proporción del gasto en
recreación y cultura, en vivienda y en transporte, lo cual compromete en buena medida su bienestar futuro.
Los niveles de nutrición se vieron afectados
Pero lo peor se ésta presentando en la nutrición de las familias pobres. Ya antes de 1983 se comprobaba que la población de bajos ingresos consumía apenas poco más de la mitad de la ingesta de los grupos de ingresos medios y altos, tanto en el medio rural como el urbano, situación que se agravó en 1983 pues, como sostiene el Programa Nacional de Alimentación, 'La tendencia reciente en los precios de los alimentos ha contribuido a un deterioro en los niveles de consumo. En la coyuntura actual, de elevadas tasas inflacionarias y reducción del empleo remunerado, la menor capacidad adquisitiva de los grupos de ingresos bajos redunda en un deterioro de su alimentación'. Este deterioro, también según el PRONAL, se expresará en promedio en una reducción del consumo de calorías del 18% entre 1982 y 1984 para la población que depende de actividades agrícolas y para la que depende de actividades agrícolas y para la que depende de actividades no agrícolas la reducción sería de 10% en el mismo periodo. La reducción en el consumo de proteínas alcanzaría el 15% en esos tres años, y en caso de la proteína animal sería mucho más alta la disminución. Para estos estratos de bajos ingresos, el consumo de proteínas y calorías sería en 1988 inferior al de 1982, de acuerdo a la misma fuente, lo cual nos habla de un retroceso histórico que tendrá consecuencias inevitables para la sociedad mexicana por los daños irreparables que implica. Partiendo de esta situación y después de confirmar y retomar tal diagnóstico, el Programa Nacional de Salud asienta que 'Sin duda las características nutricionales del país tienen implicaciones significativas en el área de la salud. En primer término, las tasas de mortalidad infantil están estrechamente vinculadas a factores de carácter nutricional; y además, las deficiencias dietéticas señaladas son factor que eleva la vulnerabilidad de padecimientos crónicos'.
En 1983 empeoraron las condiciones de salud
Desafortunadamente, estos últimos riesgos parecen estarse presentando desde el año pasado, a juzgar por evidencias recogidas en uno de los principales hospitales infantiles de la Ciudad de México que delatan que de 1982 a la fecha se han detectado enfermedades en los niños de ciertos grupos de edad, padecimientos que ya no se registraban. Lo que es todavía más grave, tales evidencias confirman que la tendencia al descenso en la mortalidad infantil se ha detenido y que se están recibiendo más casos de desnutrición infantil en los niveles de especialización, lo cual se considera un indicador de que este mal se ha agravado. Todo esto se vuelve más preocupante si se toma en cuenta que en algunos casos el problema empezó a agravarse desde 1977; algunas investigaciones han mostrado que a partir de tal año se inició una tendencia a la reducción de la talla de los recién nacidos, como consecuencia del desarrollo deficiente durante la gestación.
De todo esto no puede deslindarse la política económica ni, en particular, la política de gasto público de 1983. No puede aducirse, tampoco, que todo es sólo efecto de la crisis, como si ésta actuara por sí sola o como si la política económica de este Gobierno y del régimen no tuviera responsabilidad alguna en la situación presente. Por sus inercias, por lo que dejó de hacer para otras prioridades u otros objetivos, o por lo que se pospuso en atención a las urgencias financieras internas o externas, es responsabilidad directa del programa de ajuste de 1983 la situación que se ha descrito y que se omite por completo en la Cuenta Pública, en el Informe Previo y en el proyecto de dictamen de la Comisión. Pero aún lo que los tres documentos incluyen en sus análisis admite otra interpretación y no sólo la apreciación global. Veamos, por ejemplo, la evaluación en torno a la inflación, el superávit comercial con el exterior y la evolución del desempleo.
La inflación se redujo a costa de los salarios reales
La Cuenta considera que 'el logro más importante (de 1983) consistió en haber revertido la tendencia al alza que había presentado el índice de precios desde 1982, que alcanzaba ya proporciones de hiperinflación'. La reducción del índice de inflación anual es atribuida al saneamiento de las finanzas públicas, a la modernización en la negociación obrero - patronal, a la estabilización del mercado cambiario y a la mayor certidumbre que generó el PIRE. Tales explicaciones son retomadas por el Informe Previo y el proyecto de dictamen, a las cuales se agrega sólo que la reducción de la inflación se debió también a 'la menor tasa de crecimiento de la oferta monetaria' o a 'los mecanismos de financiamiento del déficit público'. El programa de ajuste planteaba inicialmente que la política antiinflacionaria se basaría, por un lado, en el fortalecimiento de la oferta, y por otro, en la adecuación del ritmo de expansión de la demanda. Como lo muestra el comportamiento de los costos durante el primer semestre de 1983, el incremento de la inflación se debió principalmente a los aumentos en los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, a las modificaciones del tipo de cambio, a los incrementos en las tasas impositivas; estos tres movimientos fueron en el periodo por lo menos iguales al incremento del índice inflacionario, en contraste con el incremento de salarios del primero de enero (de 1983). Si se toma en cuenta que también la tasa de
interés real se incrementó durante el primer semestre, puede decirse que la estabilización inflacionaria de los primeros seis meses se debió a la brusca caída de los salarios reales, lo que permitió absorber el incremento de los costos, ya que las ganancias no parecen haber caído en todo el año. En el segundo semestre y puesto que se atenuó el crecimiento de precios y tarifas, que no hubo movimientos bruscos del tipo de cambio, que empezaron a caer las tasas de interés, pero en términos generales todos estos factores no se alejaron mucho de la inflación, puede decirse también que fue la caída del salario real después del aumento de junio lo que de nuevo permitió absorber el incremento de precios en las empresas, pues tampoco en el segundo semestre se redujeron los márgenes de ganancias ya que el movimiento de los costos totales no se diferenció del de los precios. Otros indicadores confirman también que las utilidades no disminuyeron en conjunto; por ejemplo, resulta difícil creer que el incremento de la proporción entre excedentes de explotación en relación al PIB y al ingreso disponible se deba a un aumento de los ingresos de los trabajadores por cuente propia, o si como caso extremo esto hubiera sucedido, las utilidades dentro de los excedentes de explotación por lo menos no disminuyeron. El alza tanto de los índices de precios de productor y del consumidor permitieron también, sin duda, mantener el margen de ganancias. Todo esto muestra que es por lo menos un eufemismo considerar como causa de la reducción inflacionaria la moderación patronal, ya que fue de hecho la contratación salarial lo que absorbió el incremento de precios y evitó un aumento mayor.
En cuanto a la reducción del déficit fiscal, no se ha confirmado que ésta sea antiinflacionaria, ya que se ha mostrado que la caída de la demanda no fue un factor antiinflacionario. Por lo demás, no se ha dado una explicación que relacione con certeza la reducción de casi diez puntos del déficit con el comportamiento inflacionario; dicho de otra forma, no se ha mostrado por parte del Gobierno Federal cuál era la lógica que llevo a que en un año se pasara a un déficit público de 8.5%, y cuál era el efecto real sobre los precios o las relaciones con el exterior. De la misma forma, ha quedado sin explicación la meta de déficit para los siguientes años.
En los Criterios Generales de Política Económica para 1983 se aseguraba también que en la política antiinflacionaria se había " ponderado cuidadosamente el impacto de las acciones planteadas sobre los volúmenes de ocupación y sobre el poder adquisitivo de los salarios'. De tomarse al pie de la letra esta afirmación podría concluirse que se había previsto una reducción del salario real como la que se presentó en 1983, pero como también se sostuvo que se mantendría el poder adquisitivo, lo cierto parece ser que ante una inflación mayor a la prevista se decidió controlar los salarios para evitar que ésta continuara creciendo, lo cual de nuevo confirmaría la deliberada y evitable inequidad que acompaño al ajuste de 1983. Por otro lado, si la inflación hubiera sido la prevista, de alrededor del 50%, no hubiera caído prácticamente nada el salario real; es decir, sólo se otorgó el aumento salarial programado aunque las condiciones cambiaron significativamente. En síntesis, el relativo control inflacionario de 1983 tuvo implicaciones de fondo muy distanciadas de las que la Cuenta, en un análisis por demás superficial, considera.
La tasa de desempleo abierto sí aumento en 1983
Por lo que se refiere al empleo, se puede sostener que la desocupación abierta se incrementó pese a la drástica caída de los salarios reales; al menos en la industria manufacturera la reducción del personal ocupado fue de 8% mensual durante 1983 y la caída continuó por lo menos hasta julio de 1984, por lo que, y como se ha mostrado para otros periodos, las políticas de cambios en los precios relativos no influye mucho para mantener el nivel del empleo. Por otro lado, y con razón, persistente se ha puesto en duda la información que se sostiene oficialmente en relación a la tasa de desempleo abierto que se encontraba a finales de 1983, según la Cuenta, alrededor del 8% gracias, se dice, a los programas de empleo, al crecimiento agrícola, a la 'flexibilidad del sector informal urbano' y a la moderación salarial. Por su parte, los despidos reconocidos para 1983 son superiores a los empleos generados por lo programas de emergencia, y aún considerando que aumentó en è200,000 el número de ocupados en el sector agropecuario, de acuerdo a Cuentas Nacionales, el hecho es que entre 1982 (año en el que ya no se generaron puestos de trabajo) y 1983 se requirieron por lo menos dos millones de nuevas plazas. Se ha desestimado, deliberadamente, la gravedad del problema al pretender ocultar que de ser cierta la información sobre desempleo abierto, lo que de hecho está sucediendo es que el subempleo se ha disparado en los últimos años en forma no vista antes. en 1983 por lo menos habría 900,000 subempleados más que en 1982, es decir, casi un millón de personas en edad de trabajar que no laboran jornadas completas y que reciben ingresos inferiores al mínimo.
La Cuenta asienta que 'la tasa de desempleo abierto se mantuvo a niveles similares a los prevalecientes a finales de 1982', pero los resultados de la Encuesta Continua sobre Ocupación señalan que las tasas de desocupación abierta a fines de 1982 y 1983 eran las siguientes:
TASAS DE DESOCUPACIÓN ABIERTA (% DE LA PEA)
México * Guadalajara * Monterrey *
Oct - Dic. de 1982 4.1 5.1 4.5
Oct. - Dic. de 1983 5.4 7.6 11.1
*Áreas Metropolitanas.
Es decir, en las principales concentraciones laborales del país la tasa de desempleo abierto no se mantuvo sino que creció significativamente y en el caso del área metropolitana de Monterrey se duplicó. Por otro lado, se soslaya que en algunos estratos de edad las tasas de desempleo abierto han alcanzado niveles alarmantes. Para el grupo de edad de 20-24 años en algunas regiones del país, durante 1983, la tasa de desempleo abierto superó en 16%.
En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, se ha señalado también como un resultado positivo de 1983, el incremento de las exportaciones no petroleras; aún más, se le ha nombrado como un signo del cambio estructural, pues se afirma que los cambios de fines de 1982 y de todo 1983, permitirán un crecimiento con menor contenido importado y con mayores exportaciones. Como se sabe, la caída de las importaciones obedeció a la contracción de la economía y al encarecimiento de las divisas. El crecimiento de las exportaciones de manufacturas pudo haber obedecido a las devaluaciones, pero estuvo asociada también y con el mismo peso, a la caída de la demanda interna, de tal forma que sí se hubiera mantenido el nivel de consumo interno no se hubiera podido exportar el excedente liberado. Lo anterior significa que recuperado el nivel de actividad interno, es difícil que se mantengan las exportaciones manufactureras de la mayoría de las ramas que aumentaron sus ventas al exterior durante 1983. Si a esto se suman las condiciones adversas de los mercados externos y las limitaciones que tienen las devaluaciones recurrentes para incentivar las exportaciones, se puede inferir que será muy difícil mantener un crecimiento permanente de las exportaciones más allá del experimento en 1983. Por lo demás el superávit comercial está teniendo como destino el servicio de la deuda externa y en montos no despreciables también tiene como destino la fuga de capitales, que es otro de los elementos que pasan desapercibidos en la cuenta.
En síntesis, la evaluación económica que se presenta en la Cuenta Pública soslaya los aspectos de fondo vinculados con la crisis en 1983, y elude muchos elementos que era necesario tocar aun en los puntos a que dedica más atención, como son la inflación y el empleo.
La orientación sectorial del gasto no mejoró
Uno de los logros que consigna la Cuenta Pública de 1983, en cuento al ejercicio del gasto, es la reorientación sectorial hacia los programas de desarrollo social. En realidad, en algunos casos no sólo no hubo avances sino que se incurrió en retrocesos. Los sectores sociales disminuyeron su participación en el total del gasto sectorial, de 27.8% en 1982 a 26% en 1983, como consecuencia de una disminución de la proporción de los recursos para salud y educación de 14.2% y 12.8% a 12.7% y 12.2,% respectivamente, de un año al otro. Hubo un incremento en la proporción del gasto sectorial de abasto, pero esto se debió a los recursos destinados a importaciones de alimentos, que crecieron significativamente. El sector desarrollo rural, por su parte, disminuyó su participación en el total, de 13.4% a 12.1%. En este caso, el gasto realizado fue menor en 7% al autorizado, pues no se ejerció durante el año la reserva presupuestal que se había asignado para el campo.
La Cámara no ha comprobado que se cumplieron las disposiciones legales en su totalidad
Uno de los objetivos de la revisión de la Cuenta Pública es comprobar que se cumplan, además de los objetivos y criterios señalados en el presupuesto, las disposiciones legales que norman la ejecución el gasto. Sin embargo, todavía no se tiene la certeza de que el conjunto de disposiciones legales se cumplieron, pues la Contaduría Mayor de Hacienda sólo afirma que 'en la mayoría de los casos', 'en términos generales' o 'en general' se respetaron dichos ordenamientos
Grupo Parlamentario del PSUM. Diputado Rolando Cordera Campos.
Diciembre 5 de 1984."
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Raymundo León Ozuna.
El C. Raymundo León Ozuna: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados: Nuestra participación el día de hoy en el debate de la Cuenta Pública de 1983, es congruente con lo que establece la Constitución General de la República en su artículo 74, fracción IV; es aquí en donde, a través del mandato constitucional, ejercemos la función fiscalizadora en nombre del pueblo, de los dineros que el Gobierno Federal gasta en nombre del mismo.
Y fue una de nuestras promesas en campañas electorales, de cumplir con esta función de control y de fiscalización en materia económica hacia el Poder Ejecutivo, porque si bien habrá que recordar, que la Cuenta Pública es uno de los actos que dan la razón y justificación de ser a una Cámara de Diputados, por eso, la pasión del Partido Demócrata Mexicano en el debate de la Cuenta
Pública, por eso la garra de David Lomelí Contreras es esta tribuna defendiendo los dineros del pueblo de México, como su representante popular que es.
Que no sorprenda, pues, de que nosotros hayamos presentado una moción suspensiva, lo hicimos porque queremos ser congruentes con lo que establece la Constitución General de la República, al respecto.
Habrá que recordar que el Informe de Resultados forma parte de un todo, forma parte de un proceso que se complementa con el informe previo. Y a nosotros nos resulta de vital importancia la discusión del Informe de Resultados porque es en realidad en él donde se verifica con mayor profundidad el estricto apego a las disposiciones legales y normas de contabilidad y, además, porque se nos presenta una auditoría detallada de los organismos paraestatales y del gobierno central, de cómo se gastó el dinero.
Y referente a ese Informe de Resultados que lo presentamos como prueba para fundamentar nuestra moción suspensiva, queremos dar respuesta a alguno de los pronunciamientos que hiciera al respecto el diputado Pacheco Pulido; él nos reclamaba que por qué no hacíamos las denuncias penales correspondientes; queremos decirle a la opinión pública y al Diputado Pacheco Pulido que sí las haremos en fecha próxima; los abogados del Partido Demócrata Mexicano las están preparando en base al Informe de Resultados de nuestro órgano técnico. Lo que pasó es que estuvimos esperando un tiempo razonable, que las denuncias fueran suficientes y que fueran pluripartidistas, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, previa su determinación, tal vez en criterios generales por este Pleno.
Los ladrones, los malversadores de fondos, no son solamente de un partido político, se cuelan en todos ellos, también ocasionalmente se han colocado en el nuestro; lo que vale es la voluntad política. Lo que sí es reprobable es que exista una indulgencia anticipada, es de que como criterio para juzgar a los que resultan responsables en los Informes de Resultados se siga utilizando la frase de "tapaos los unos a los otros".
La Cuenta Pública de 1982, diputado Pacheco Pulido, no la utilizamos nosotros como campaña electoral, fueron ustedes quienes hace exactamente un año la utilizaron con gran movimiento de publicidad, conferencias de prensa, en donde hicieron una crítica feroz de la actuación en el último año del presidente que había dejado de serlo; fueron ustedes quienes utilizaron ese Informe de Resultados para fortalecer su propio sistema.
En aquella ocasión ustedes utilizaban el argumento falso de autocrítica. Era en aquél entonces un dictamen feroz, y claro, entendible, porque se trataba de un ex presidente de la República.
Y con esto de la autocrítica han querido justificar todas las irregularidades con un simple mea culpa quieren borrar de un solo golpe los errores que se han cometido en política económica y financiera y que han causado el empobrecimiento de nuestro pueblo.
Eso de la autocrítica que ustedes ejercen me recuerda a mí lo que me decía un abogado: "El reconocer la culpa, el reconocer el error y no existir una responsabilidad, un castigo a ese error, es algo semejante a que si un criminal reconociera ante el juez penal correspondiente, su crimen, tan sólo por ese hecho, de reconocerlo, fuera dejado en libertad". Esa es exactamente la autocrítica de que ustedes hablan.
Es imperativo que la revisión de la Cuenta Pública, su Informe Previo y su Informe de Resultados se finquen en los lineamientos constitucionales para evitar el trastocamiento de la disciplina en el gasto. Y aquí entraremos a hacer referencia a algunas reflexiones con respecto al panorama macroeconómico del Informe Previo de la Cuenta Pública de 1983: En el déficit financiero presupuestario encontramos un sobregiro de un billón 293 mil millones, sobregiro que representa un 11% del original presupuestado. Nosotros, en la discusión del Presupuesto de Egresos para 1983 que fue discutido en diciembre de 1982, nos congratulábamos de que el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, manifestara en esta representación nacional lo siguiente: Decía, "Es saludable que el tope presupuestal establecido se mantenga, además de que hay la intención del Ejecutivo de mantener el nivel de presupuesto al monto que autorice esta honorable Cámara de Diputados".
Decíamos que era plausible, entonces, la intención del Ejecutivo de respetar el monto autorizado, y decíamos también, que no entendíamos entonces por qué la Comisión seguía manteniendo artículos del decreto, que es ley secundaria, anticonstitucionales, en los cuales se le daba manga ancha al Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos.
No entendemos pues, por qué no se cumplió este pronunciamiento del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero. ¿cuáles fueron en realidad las causas que provocaron este sobregiro?
Del dictamen de la Comisión nosotros sacamos en claro que fue el servicio de la deuda junto con las transferencias y los subsidios los que presionaron para que este sobregiro existiera. En el servicio de la deuda encontramos que hubo un presupuesto ejercido de 3 millones 197 mil millones. Esto fue un sobregiro de 22% con relación al Presupuesto. Representa, asimismo, el 40.2% del gasto total de la Federación.
Y habrá que recordar que en ese entonces la deuda externa acumulada al 31 de diciembre de 1983, era de 7 billones, o sea, un aproximado de 85 mil millones de dólares.
Los intereses que se pagaron en 1983 por nuestra deuda externa o interna, fueron los siguientes: intereses por deuda externa, 600 mil millones de pesos; intereses por deuda interna,
un billón 600 mil millones. Suman 2 billones 265 mil millones.
Los intereses internos, habrá que dejar claro, se sobregiraron en un 30.5%. Si comparamos los ingresos de Pemex en 1983, tanto por concepto de cuenta corriente y de capital, encontramos que esos ingresos sumaban un billón 291 mil millones de pesos, por lo que son escasamente un 60% de lo que pagamos de deuda externa e interna, los ingresos de Pemex. Esto nos da una idea del problema en que nos encontramos con respecto a la deuda externa e interna.
Y habrá que recordar que en estos momentos la deuda externa suma ya los 95 mil millones de dólares. Y, claro, se inventan ahora tesis filosóficas en el sentido de no pagar la deuda externa. Claro, se quiere incurrir en la irresponsabilidad. Pero hay que recordar que la verdadera irresponsabilidad fue de aquéllos que hipotecaron nuestro país a través de la deuda externa. Ahí es donde debemos de ver el problema fundamental de la deuda externa.
Claro, es muy fácil argumentar, es muy fácil sacar tesis filosóficas o políticas como la de la moratoria para eludir una responsabilidad y encubrir a aquéllos que irresponsablemente endeudaron a la Nación. Lo que debemos de hacer es evitar que el Gobierno Federal siga acudiendo a la deuda externa y la siga utilizando como la palanca del desarrollo.
¿Y qué decir de las transferencias y subsidios? Yo creo, nosotros, en el Partido Demócrata Mexicano, creemos que las transferencias y subsidios presionan de una manera más fuerte al Gobierno Federal que la misma deuda externa. En estas transferencias y subsidios hay que recordar que son el conducto a través del cual se mantiene el ineficiente, quebrado, perdidoso sector de la industria paraestatal, y damos datos al respecto.
En 1983, las transferencias brutas ejercidas fueron de dos billones doscientos mil millones de pesos, superior a intereses de deuda ; fue un sobregiro del 39%. Las transferencias brutas representan el 12.7% como porción del Producto Interno Bruto; las transferencias programables, el 8.1%, ambas son superiores al 7.4% del déficit programado.
Las transferencias a organismos y empresas del Sector Público fueron de 670 mil millones. Hubo aquí en transferencia y subsidios un descomunal sobregiro del 54.3%. ¿Y cuáles fueron los efectos de este sobregiro que señalábamos y luego sus causas? Los efectos fueron que la inflación que el titular de Programación y Presupuesto anunciara ante esta Asamblea en 1982, de que iba a resultar de un 50%, ésta quedo en un 80%. El crecimiento económico que se nos anunció de un negativo 2%, quedó en un negativo 5.3%. Y que decir de la devaluación del peso y la pérdida de competividad de nuestras mercancías y de nuestros servicios, como es el caso del turismo. Hemos perdido competividad en nuestras exportaciones y en nuestros servicios turísticos.
Los efectos en claro de este sobregiro, fue que la población tuvo una pérdida del poder adquisitivo. La producción siguió disminuyendo y la población continúo aumentando la brecha en la desigualdad social que se va ampliando. Esto es una muestra, es una prueba que destruye la falacia que es, a través del Presupuesto de Egresos explosivos y expansivos, cómo se va a igualar a la sociedad. Son ya varias décadas en que se sigue manejando el argumento que a través del gasto público es como se terminará la desigualdad social en nuestro país, y son esas décadas las que nos han demostrado que es una falacia, porque a mayor gasto público, mayor pobreza en el pueblo.
El Partido Demócrata Mexicano, siendo consecuente con los planteamientos y juicios, en que su fracción parlamentaria razonó su voto en contra del debate del Presupuesto de Egresos para 1983, queremos, en esta ocasión, anunciar que nuestro voto en este debate, será en contra.
Decíamos, en aquel entonces, que la carga principal se iba a volcar sobre las sufridas espaldas del pueblo mexicano, mediante una reforma fiscal que no era una reforma fiscal, sino un simple aumento en los impuestos. Además, anunciábamos que era muy posible que ese aumento indiscriminado de impuestos, pudiera agotar la fuente misma de los impuestos como sucedió, y lo encontramos en el dictamen de la Comisión en que se nos manifiesta que se recaudó menos por concepto del Impuesto al Valor Agregado. Hay que recordar que a mayores impuestos, mayor evasión, porque al pueblo lo que le permite sobrevivir, es precisamente hacer a un lado sus obligaciones fiscales, porque no encuentra una correspondencia por parte del Gobierno Federal, en que le garantice que esos impuestos serán manejados de forma honrada y eficiente, en el momento en que el Gobierno maneje de manera honrada los impuestos, en ese momento el pueblo mexicano estará dispuesto a pagar los impuestos tal como se lo ordena la ley.
La Comisión, el interpretar literalmente la fracción del artículo 74, que no prevé el desaprobar la Cuenta Pública, como nosotros lo pedimos, en un proyecto de reformas a la Constitución que presentamos el mes pasado, se queda en una posición muy cómoda, se queda en la posición del limbo, de no decidir si la cuenta debe ser desaprobada, porque en ella no se cumplieron las normas jurídicas y los programas económicos que se anunciaron. Y en esta Cuenta, en este dictamen de la Comisión, encontramos lo mismo que hemos encontrado en todas ellas, en que no se habla de desaprobar, claro, no está en la Constitución, pero está implícito, como lo señalaba nuestro compañero diputado federal David Orozco Romo; se maneja en todos los artículos las palabras de se revisó, se valoró, se efectuó, se evaluó, se analizó, se realizo.
Señores, esto realmente lo consideramos nosotros falto de seriedad, porque con este simple examen de la Cuenta Pública no estamos nosotros cumpliendo realmente con nuestras funciones fiscalizadoras. La Constitución nos manda que, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, si se encuentran responsabilidades en las auditorias correspondientes, se proceda conforme a derecho; pero, aquí se me podrá replicar a mi que es un proceso abierto el Informe de Resultados, de que aún no se puede cerrar ese ciclo, porque entonces se estaría perdonando a los que defraudaron al pueblo de México.
Yo quisiera que la comisión me respondiera, ¿Cuales son y han sido las acciones penales tomadas por la Contaduría Mayor de Hacienda en la Cuenta Pública, por ejemplo, de 1979, de 1980, de 1981, de 1982, y ahora la de 1983?
Por todas estas consideraciones, y porque en lo macroeconómico y en los programas y subprogramas no se cumplieron las metas prometidas, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano votará en contra del dictamen. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la Palabra el C. diputado Ricardo Govela Autrey.
El C. Ricardo Govela Autrey: - Señor Presidente; compañeros diputados: Al comentar la Cuenta Pública de 1983, estamos haciendo ciertamente un balance de los resultados de la política económica que guió el Presupuesto de Egresos de la Federación y su aplicación. Por eso pensamos que es importante recordar los marcos generales en los que este ejercicio se dio, marcos generales discutidos una y otra vez en esos meses y que pensamos es pertinente volver a recordar.
Según reconoció el actual Gobierno de la República al presentar el plan inmediato de Reordenación Económica en 1982, México enfrentaba la crisis económica más grave desde la gran represión de los años 30s.
Se señalaron como manifestaciones de esta crisis las siguientes: la tasa de desempleo se había duplicado en los últimos años, la producción se detuvo, en el sector agropecuario se tendría que importar para 1983, 8 millones de toneladas de alimento. El sector industrial se paralizó por falta de capital de trabajo y divisas para importar insumos; disminuyó la actividad del Sector Público. La inflación se elevó al 100%, el ingreso nacional se contrajo y la banca no capto suficiente ahorro; falta de recursos para financiar la inversión; fuga de capitales y la deuda externa más alta del mundo; déficit del Sector Público, 15% del ingreso nacional; endeudamiento para la inversión pública y el financiamiento del gasto corriente; ingresos fiscales en rezago, productividad general de la economía en descenso - En los años 60s creció 3% al año, y en la última década al 1%.
Se señaló en ese momento que un contexto internacional adverso, había acelerado la crisis. Caída de los precios del petróleo en el mercado internacional; alza de las tasas de interés, estrechamiento del financiamiento.
Sin embargo se reconoció que la crisis era resultado de los desequilibrios estructurales de la economía mexicana y se indicaron los siguientes: ineficiencia y baja productividad; aparato productivo más grande, pero ineficiente; incapacidad para enfrentar la competencia externa; dependencia de insumos y bienes de capital importados; desequilibrio entre los sectores, disparidad en la productividad dentro de cada rama económica y entre ellas; tecnología inadecuada; deficiente capacitación de mano de obra y concentración de la actividad económica; escasez crónica de divisas; las exportaciones no petroleras se estancaron en los últimos años; se redujo el superávit de la agricultura y hubo una propensión a importar de los grupos de altos ingresos; insuficiencia del ahorro interno, unida a la falta de divisas, ha repercutido en mayores niveles de endeudamiento externo.
El ahorro privado no se destinaba a la inversión productiva y el 40% de él, iba a la construcción residencial, el ahorro público decreció por el subsidio al Sector Privado y por la evasión fiscal, desigualdad social, la desigualdad se manifestaba en los índices de distribución del ingreso y la riqueza, insatisfacción de las necesidades básicas, desbalances campo - ciudad; concentración geográfica de la población y la actividad productiva.
Pero el gobierno entrante comprendía también que la crisis económica estaba teniendo serias repercusiones en la vida política del país.
En la toma de posesión. El presidente Miguel de la Madrid afirmó que la crisis se manifiesta en expresiones de desconfianza y pesimismo; en las capacidades del país para solventar sus requerimientos inmediatos; en el surgimiento de la discordia entre clases y grupos; en la enconada búsqueda de culpables; en reciprocas y crecientes recriminaciones; en sentimientos de abandono, desánimo y exacerbación de egoísmos individuales o sectarios; tendencias que corroen la solidaridad indispensable para la vida en común y el esfuerzo colectivo.
El Presidente afirmó; "Se ha difundido un clima propicio para que los enemigos del sistema, construido con singular empeño democrático por el pueblo, se apresuren a condenarlo indiscriminadamente y fomenten dudas sobre nuestro rumbo histórico. Vivimos una situación de emergencia -afirma-, no es tiempo de titubeos ni de querellas, es hora de definiciones y responsabilidades; no nos abandonaremos a la inercia, la situación es intolerable, no permitiremos que la patria se nos deshaga entre las manos y vamos a actuar con decisión y firmeza."
Frente a la crisis económica y sus repercusiones políticas, el Gobierno propuso a la Nación, e inició, la aplicación del Plan Inmediato de Reordenación Económica. Los objetivos del plan fueron: combatir la
inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas; proteger el empleo y la planta productiva, aumentar el ahorro y la disponibilidad de divisas, incrementar la eficiencia del aparato productivo y corregir la profunda desigualdad social.
Las medidas propuestas para alcanzar esos objetivos fueron: la austeridad en el gasto público y la reorientación del programa de inversiones; la reforma tributaria y de los ingresos de las empresas públicas; la moderación en las utilidades y los salarios; los programas de protección al empleo y al abasto popular; el apoyo a la planta productiva para conservar la ocupación; la reestructuración del sistema financiero nacional; el nuevo esquema cambiario y de política comercial; el fomento al ahorro y las reformas constitucionales para reforzar el principio de rectoría del Estado y proteger y precisar los ámbitos de los sectores Social y Privado.
Los días 14,15 y 16 de enero de 1983, el Partido Socialista de los Trabajadores, durante el encuentro Nacional de Dirigentes, analizó la situación económica y política del país y aprobó una táctica frente a esta situación. Coincidió el Partido Socialista de los Trabajadores en señalar como manifestaciones de la crisis económica el descenso de la productividad general de la economía, el estancamiento del crecimiento económico, la duplicación del desempleo, la inflación, la escasez de divisas, el déficit del Sector Público.
El partido señaló las causas que aceleraron la crisis, resaltando sobre todo las causas internas el papel jugado por la oligarquía de México, ya que los recursos financieros que debieron ser utilizados para promover el bienestar del pueblo, para dotarlo de viviendas, empleo productivo, centros de salud, escuelas, puentes y carreteras, alimentación nutritiva y barata, centros de recreación, etcétera, se los apropio la gran burguesía de dentro y fuera del Gobierno, lo cual invirtió más de 50 mil millones de dólares en propiedades y depósitos bancarios en los Estados Unidos de Norteamérica.
De esta manera la oligarquía mexicana se burló del Gobierno y del pueblo, saqueó de divisas al país y despojó al Estado y a la sociedad mexicana de la oportunidad histórica que el auge petrolero les había dado. Efectivamente, la conversión del Estado mexicano en un estado fuerte con capacidad de autofinanciar el desarrollo nacional y decidir el destino de los grandes recursos financieros que ingresaban al país, brindó al grupo gobernante la oportunidad histórica de integrar y encabezar un frente antioligárquico y antimonopolista que bajo la forma de una alianza popular y democrática para la producción, canalizar el esfuerzo de los obreros, los trabajadores agrícolas, los pequeños y medianos empresarios nacionalistas, los técnicos y profesionistas, hacia un esfuerzo productivo tendiente a transformar, modernizar y democratizar la estructura y las relaciones económicas en el país.
Las condiciones para impulsar la propiedad social e integrar un poderoso sector social de la economía que captara los recursos financieros del Estado en inversiones altamente productivas de bienes, socialmente necesarias, se presentaron con todo el apoyo del movimiento obrero organizado y de otros sectores sociales. Pero faltó la voluntad política del Presidente López Portillo, que al poner toda su confianza en el sector privado, dejó las puertas abiertas para que la oligarquía financiera se introdujera con actitud traicionera y antinacional.
Esta oligarquía, por un lado, simulaba apoyar los planes gubernamentales para generar más empleos y producir más alimentos; y por el otro, realizaba operaciones financieras especulativas y fraudulentas que se sumaron al saqueo y la descapitalización del país que llevó a cabo el capital extranjero del brazo de banqueros, industriales y grandes comerciantes.
Los mejores planes de José López Portillo para modernizar la planta industrial del país y hacerla competitiva en el mercado internacional, sólo provocó una fiebre de importaciones y compras de maquinaria y equipos a Estados Unidos, país al cual fueron a dar la mayor parte de las divisas petroleras.
La estrategia de la gran burguesía mexicana se propuso, logró determinar los planes del Presidente, que había concebido la Alianza para la Producción como una alianza con la burguesía y no como una alianza del Estado con los trabajadores.
Apoyándose en consideraciones políticas de fondo, el Partido Socialista de los Trabajadores tomó la decisión de apoyar el plan inmediato de reordenación económica. Pensando, como lo hemos afirmado reiteradamente, que en esos momentos sólo había en realidad dos proyectos viables en su aplicación; el de la oligarquía y el proyecto del sector nacionalista revolucionario en el Gobierno. Y que el segundo, al mantener la legalidad constitucional y la capacidad de defensa de la soberanía nacional y con ello sentar las bases para la libertad de acción política de las fuerzas democráticas y revolucionarias debía ser apoyado.
El PST consideró que nuestro país enfrentaba una fuerte ofensiva de la derecha para aislar, debilitar moral y políticamente a la institución presidencial y, finalmente, imponer un proceso de reaccionarización de la vida nacional. Que estábamos frente al peligro de la sudamericanización y la reacción interna trabajaba, y todavía trabaja intensamente, por todos los medios para que México entre a un ciclo histórico de retroceso, similar al que enfrentaron en la última década algunos países como Argentina, Uruguay o Chile. Esos pueblos hermanos, no sin que sus partidos obreros y democráticos hicieron grandes esfuerzos para evitarlo, fueron conducidos a la desestabilización, a la provocación y a la represión. Y han sido en los últimos años
gobernados por dictaduras gran burguesas y proimperialistas.
La experiencia de esos pueblos indica que en momentos de crisis, un calculo incorrecto o una mala táctica de los revolucionarios, fácilmente puede conducir a la clase obrera y al pueblo, al viacrucis impuesto por la reacción de un retroceso histórico del cual resulta luego muy difícil y doloroso salir.
El PST aclaró que a parte de apoyar el Programa Inmediato de Reordenación Económica en la búsqueda de una salida democrática a la crisis, era necesario trabajar para crear condiciones de una salida popular y revolucionaria que implica el fortalecimiento y desarrollo de la propiedad social.
En efecto, la organización de las masas en cooperativas, sociedades de solidaridad social, coaliciones de ejidos, sociedades de producción rural entre pequeños propietarios, sociedades de consumo, de distribución, de transporte, etcétera, para resolver los problemas de producción, distribución y abasto, combatiría la carestía protegiendo el poder adquisitivo del salario, y promoviendo la generación de empleos, pero sobre todo elevaría el papel social de los trabajadores en la vida económica y política del país, avanzando hacia el desplazamiento del lugar que ahora ocupa la burguesía nacional y las transnacionales, y otorgando base sólida e indestructible a la alianza de los trabajadores con el Estado.
Es oportuno también ahora, recordar que la Confederación de Trabajadores de México, desde el mes de agosto de 1982, había realizado un análisis de la situación económica y había planteado una serie de demandas al Gobierno. En su documento la CTM señalaba que a partir de los años 40s, se inició en México un crecimiento industrial caracterizado por una fuerte dependencia externa. Hacia finales de los 70s, la economía se activa significativamente sin lograr empero la integración del aparato productivo ni una distribución equitativa de la riqueza.
En 1981, se agrava seriamente nuestro endeudamiento externo, debido en gran parte al crecimiento de importaciones en el periodo de expansión 1978-1981. En 1982, se da una gran especulación con moneda extranjera y se incrementa la fuga de los capitales privados del país. Como resultado disminuyen las inversiones nacionales, entra en recesión la planta productiva y se acelera el proceso inflacionario.
Consecuentemente, con esos momentos de declaración de crisis, la CTM demandó la urgencia de que el Estado interviniera directamente en la reactivación y transformación, de la economía a través de la revisión de su política tributaria y de la de fomento industrial tendiente a una mayor integración del aparato productivo; ejerciera un control más eficiente del presupuesto del Sector Público, estableciera un control de cambios total a fin de evitar la descapitalización del país; interviniera drásticamente en el sistema financiero para canalizar los fondos a actividades estratégicas; conquistara para la producción nacional los mercados de la franja fronteriza del Norte.
La CTM, en febrero de 1983, durante su Asamblea General del Consejo Nacional Ordinario, analizó nuevamente la situación y responsabilizó de la crisis a los empresarios, y reafirmo su alianza con el Estado, resaltando en su documento la profundización de la recesión económica; la baja de la demanda mundial del petróleo; la creciente dificultad de pago de intereses de la deuda y su amortización, la subutilización de la planta productiva; la depresión de los salarios de la población y, por tanto, el empobrecimiento creciente de la misma.
Y declararon que era necesario reiterar que lo que da carácter de crisis a la situación económica actual, es la conducta asumida por los empresarios, quienes han colocado sus capitales en el exterior, abusando en la tasa de ganancias, en el manejo especulativo de sus capitales; abusando a través de innumerables prácticas amañadas en el mercado, presionando al Gobierno para recibir medidas sobreproteccionistas.
La respuesta cetemista en tal coyuntura, fue la reafirmación de principios que hemos sostenido históricamente, en especial al reiterar la alazana de la clase trabajadora con el Estado y su apoyo al programa de reordenación económica.
Es en este marco de la caracterización de la crisis económica y del comportamiento de las fuerzas políticas fundamentales del Estado mexicano, en el que el programa de reordenación económica debe ser canalizado a la luz de los resultados que se muestran en el análisis de la Cuenta Pública de 1983.
El balance ya realizado a finales de 1983, se indicaba por diferentes sectores de la sociedad, los resultados positivos del plan inmediato de reordenación económica en varios aspectos importantes: se avanzó en el control de la inflación; se avanzó en la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos y de las finanzas públicas, en la recuperación del ahorro financiero; se logró proteger el empleo y la planta productiva; se cumplieron los compromisos internacionales y se restableció el crédito internacional.
Asimismo, se reconoció, sin embargo, que las medidas tomadas habían sujetado los aspectos más agudos de la crisis. Pero no lo habían vencido, por lo que era necesario aplicar para 1984 la segunda etapa del Plan Inmediato de Reordenación Económica.
El Presidente Miguel de la Madrid presentó con claridad a la Nación el Plan inmediato de Reordenación Económica, con objetivos muy concretos. Y no podemos negar que en el análisis de la Cuenta Pública de 1983, se refleja un esfuerzo serio por llevar a la práctica esos programas previamente presentados.
No nos parece casual que el Partido de Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano, en esta ocasión, hayan tenido que recurrir al intento de resucitar el análisis de la
Cuenta Pública de 1982, dado que la cuenta Pública de 1983 les impide seguir con su alegato en contra de la corrupción del Gobierno. No podemos, honestamente, afirmar que la Cuenta Pública de 1983 muestra un esfuerzo por honestidad en el manejo de las finanzas públicas. Y las cifras que aquí se han dado por los mismo miembros de Acción Nacional, demuestran lo que estamos afirmando, ya que un desvío del 11%, atribuible a causas perfectamente determinadas, muestran un manejo eficiente de acuerdo con lo establecido por el programa de presupuesto, en las finanzas ejercidas durante 1983.
Y los partidos Acción Nacional y Demócrata Mexicano han querido resucitar nuevamente la Cuenta Pública de 1982, para seguir medrando a la sombra de los errores cometidos por el Gobierno, que es la política que han aplicado en los últimos años. No el ganar la voluntad popular sobre la base de programas propios, sino manipular la opinión pública a la sombra de los errores cometidos. Y nos recuerdan esos gusanos de sepulcros que viven únicamente alimentándose de los cadáveres en descomposición, y han manifestado argumentos que no son sostenibles, es el caso del Partido Acción Nacional como del Partido Demócrata Mexicano, han venido simplemente a presentar una lista de cifras en las cuales el gasto sobrepasó lo programado.
Pero si nosotros fuéramos a un análisis exacto de esas cifras, veríamos que el exceso del gasto sobre lo programado tiene una causa determinada que es un desvío mismo y que ha habido realmente al voluntad política de informar a este Congreso sobre todo el manejo de la administración pública.
El Partido Socialista de los Trabajadores decidió a principios de 1983, apoyar el Programa Inmediato de Reordenación Económica, porque nos parecía que era muy peligroso para nuestra patria el que la crisis económica desembocara en una situación de inestabilidad política. Y hoy, a la luz del análisis de la Cuenta Pública de 1983, hemos decidido votar a favor de esta Cuenta Pública, porque pensamos que el programa propuesto por el Gobierno ha tenido los resultados ofrecidos. El control o el cambio de la tendencia de la inflación; la corrección en los desequilibrios de la balanza de pago y en las finanzas públicas; la recuperación del ahorro financiero, es decir, aquellos aspectos más graves de la crisis que se propuso combatir el Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, han tenido un éxito concreto y material. Y nosotros pensamos que la repercusión que la vida política del país tienen en este esfuerzo de controlar la crisis, es algo que debe de ser reconocido por todas las fuerzas políticas del país, y en un reconocimiento a ese esfuerzo por enfrentar la crisis económica, en un reconocimiento al manejo que se ha hecho con las finanzas públicas de acuerdo con lo programado, nuestro partido da un voto a favor de la Cuenta Pública.
No desconocemos la situación que enfrenta la mayoría de la población, y estamos de acuerdo con lo que aquí ha sido señalado por el Partido Socialista Unificado de México: la distribución del ingreso empeoró; el consumo de los asalariados se redujo 25%; los niveles de bienestar empeoraron; los niveles de nutrición se vieron afectados; empeoraron las condiciones de salud; aumentó la tasa de desempleo, la inflación se redujo a costa de los salarios reales.
Creo que todos tenemos también que reconocer, honestamente, que estos señalamientos hechos por el PSUM reflejan una realidad que nuestro país enfrenta, pero nosotros hacemos una pregunta sincera: ¿de no haberse controlado la crisis económica, esta situación no sería acaso peor? ¿No serían acaso peor los impactos en la vida del pueblo de México, si no hubiera habido la decisión política de enfrentar la crisis económica que nuestro país estaba atravesando?, y otra pregunta que tendríamos que hacernos realmente: ¿había en el año de 1982 las condiciones para poder implementar otro tipo de medidas económicas que hubiera rebasado la crisis sin este costo social? Por que la posibilidad de la aplicación de un programa de gobierno, no sólo esta dada por su justeza teórica, está dada por las condiciones políticas, por la ubicación, por la correlación de fuerzas, de las fuerzas políticas fundamentales, y nosotros nos preguntamos: si en este momento hubiera habido la posibilidad de medidas diferentes para enfrentar la crisis. Estas preguntas, están en la mesa, ¿eran posibles otras medidas con menor costo social? ¿Hubiera sido mejor, hubiera habido menores impactos con otro programa? Y la situación actual de las clases populares del país, ¿es un resultado de las medidas del gobierno o es un resultado de la crisis económica aminorado, detenido en su repercusión por la decisión política de implementar un programa para atacar la crisis que estamos enfrentando?
Nuestro partido ha pensado, honestamente, que en 1982, el programa más viable para salir adelante era el propuesto por el Presidente Miguel de la Madrid. Y pensamos que a la luz de la Cuenta Pública los resultados son favorables, se han detenido los aspectos más agudos de la crisis económica y se ha frenado una descomposición política que hubiera afectado seriamente a la vida nacional.
Sin embargo estamos de acuerdo. La situación de las grandes mayorías del país son un reto para todos los mexicanos. ¿Seremos capaces en los próximos años de dar alimentación, vestido, vivienda, educación, salud a las grandes mayorías del país? ¿Cuál es el programa que debemos enfrentar para que todos los mexicanos interesados en crear una patria para todos, una patria más democrática y libre, podamos impulsar en las transformaciones requeridas para salir adelante?
Nuestro partido manifiesta su deseo, su disposición para salir adelante, y poner sus
mejores esfuerzos en las transformaciones que habrán de llevar adelante al país.
Pero pensamos que si hoy aquí podemos estar debatiendo los proyectos hacia el futuro, se debe en gran parte a la decisión política del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, de enfrentar la crisis económica y de llevar adelante una vida política más sana.
Y por eso, en reconocimiento a que si hoy podemos discutir nuevos programas, a que si hoy las fuerzas políticas se unifican en torno a la discusión de lo que compete a las grandes mayorías del país, en reconocimiento a ese esfuerzo realizado por el Presidente, nosotros damos nuestro voto a favor, en lo general y en particular, del dictamen de la cuenta Pública.
Y estamos totalmente convencidos que el Presidente Miguel de la Madrid está abierto al debate de todas la fuerzas políticas, para encontrar un nuevo rumbo a nuestra vida económica y a nuestra vida política. Y quisiera también recordar en este momento, lo dicho por el Presidente en su toma de posesión: " No nos limitaremos al perfeccionamiento electoral, fomentaremos la democracia en todos los ámbitos de la vida social, en las comunidades, barrios, sindicatos, ligas y asociaciones políticas; auspiciaremos la organización de productores y consumidores y el diálogo entre sindicatos y empresas, para fomentar la productividad y establecer mejores bases para la redistribución del ingreso."
Consideramos por último, que no tiene razón el Partido Acción Nacional al decir, sin ningún fundamento, que la renovación moral fue simplemente un slogan electorero, y nos parece también deshonesto de su parte, el no tener el valor de reconocer en el análisis de la Cuenta Pública, el esfuerzo de este gobierno por manejar con honestidad las finanzas públicas.
Pero tenemos que enfrentar el reto definitivo para llevar adelante y solucionar los problemas de las grandes mayorías, y en este esfuerzo incidirán, ciertamente, todas la fuerzas que de una manera honesta se plantean en el bien de México y el bien de las grandes mayorías, por encima de sus dogmatismos y de sus sectarismos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados: hace unas horas la Secretaría de Hacienda tomó la decisión de aumentar el deslizamiento del peso de 13 centavos diarios a 17 centavos. Esta determinación, juzgada en el marco de la política financiera y de la Cuenta Pública, tiende a beneficiar a un breve grupo de la burguesía industrial mexicana, al sector exportador.
Este es un grupo minoritario dentro de la propia burguesía mexicana. Este es un grupo que se ha caracterizado por no registrar en forma fidedigna las divisas que obtiene por sus transacciones con el exterior, por recurrir al engaño y a la subfacturación para dejar sus capitales en los Estados Unidos.
Esta determinación de política financiera tiende a beneficiar a otra minoría, a la minoría hotelera, que también se caracteriza por su falta de calidad y de competencia en el mercado internacional.
Pero, si bien es cierto que beneficia a estas fracciones minoritarias de la burguesía, perjudica a la Nación, estimula la inflación y conduce a un deterioro mayor de la moneda nacional.
Esté aspecto de la política financiera que se ha reflejado hace una cuantas horas, está contenido en la Cuenta Pública de 1983, en que se recomendaba el desplazamiento paulatino de la moneda con respecto de la divisa norteamericana. Esta política de la minidevaluación de la moneda nacional, la recomienda el dictamen puesto a nuestra consideración pero el dictamen que sólo ve el aspecto financiero, no valora el impacto económico y social que en toda la economía, tiene la devaluación sistemática de la moneda nacional.
Pero nosotros deseamos examinar la Cuenta Pública, desde una perspectiva meramente contable, no desde una perspectiva jurídica, no desde la perspectiva de los documentos gubernamentales, sino contrastándola con los hechos, con la realidad, con los factores objetivos que, finalmente, son los que se imponen con dramático realismo en contra del pueblo de México.
El Gobierno se propuso, en el Programa de Reordenación Económica, otorgar apoyos, estímulos, transferencias, a la iniciativa privada, con el objeto de que ésta aumentara sus inversiones y por lo tanto se incrementara la producción. Hace un año el problema central que debatíamos en este foro, era el deterioro de la planta productiva y el desplome de la producción de bienes y servicios. Hace un año, ese era el aspecto que nos preocupaba en la Cámara de Diputados. Y, hace un año, nosotros criticábamos el Programa de Apoyo a la Planta Productiva. Y ahora, los resultados debemos examinarlos y valorarlos.
En primer lugar, el Producto Interno Bruto se redujo en un 4%. Y dentro de esta reducción dramática del Producto Interno Bruto, se redujo aun más la aportación del sector industrial, que fue del 7%. Pero la mayor parte de las actividades productivas y de las actividades industriales, en lugar de haber crecido, de conformidad con los planes gubernamentales, se estancaron o no crecieron: la minería se redujo en un 2%; las manufacturas, 7%; los bienes de insumo, 7%; la fabricación de alimentos, 3%; la fabricación de textiles y prendas de vestir, 6%; los bienes duraderos de consumo, 17%; la industria de transformación, 8%, y el sector comercio, un 4%. Es decir, la planta productiva permanece estancada, permanece deteriorada no obstante las grandes aportaciones financieras que el Gobierno entregó a la burguesía desde hace dos años.
Pero lo que nos debe preocupar a nosotros, representantes del pueblo mexicano, es en qué medida esta política se ha reflejado en el mercado interno; no debe de preocupar en qué medida el costo social de la crisis ha sido equitativo o no, porque toda crisis en un país capitalista siempre conlleva un costo social. Ninguna crisis se supera sin la aportación, sin el sacrificio del pueblo trabajador; pero lo que nos importa a nosotros es examinar si ese reparto en el costo de la crisis ha sido equitativo o ha sido parejo para todos los sectores de la sociedad mexicana, sociedad por cierto dividida en clases sociales.
Todo indica que el reparto del costo social de la recuperación no ha sido equitativo, sino que ha descansado fundamentalmente en las masas obreras y campesinas. La oferta de bienes y servicios disminuyó un 7%, y la demanda de bienes y servicios bajó en un 8%. Esto nos indica que nuestro pueblo no tiene capacidad de compra, que la demanda está congelada y que, por tanto, no hay oferta de las empresas industriales. Se trata de romper este círculo vicioso entre una demanda comprimida con la contención salarial y una oferta detenida por la parálisis de la planta productiva, sobre todo privada.
Hace un año, nosotros condenábamos la retracción de la inversión del Estado en el marco de recuperación de la crisis, y afirmábamos que con esta contracción la crisis no bruta, fija, estatal y privada disminuyó en un 25%.
Nosotros preguntamos a los miembros de la Comisión, cómo puede recuperarse la producción, como puede superarse la crisis, si la inversión bruta fija ha disminuido en términos considerables. Pensamos nosotros que ese no es el camino para la superación de la crisis, ni para el fortalecimiento del mercado interno.
Se dice que los efectos sociales de la crisis que sufre el pueblo, lo general la crisis y no la política económica. Que la política económica lo que hace es aminorar los efectos sociales de la crisis. En realidad, para nosotros, se trata de un efecto combinado. La crisis económica tiene una dinámica interna. tiene un comportamiento propio que incide en la clase obrera y en los campesinos. Pero si la política económica no está orientada para frenar esa dinámica de empobrecimiento, entonces, en gran parte, la política económica contribuye al agravamiento de las repercusiones sociales de la crisis económica.
Nos encontramos, realmente, con una verdadera declinación de todos los índices de bienestar y de consumo del pueblo de México, algunos dirán, el pueblo de México siempre ha sido pobre, y por qué hasta ahora descubrimos y planteamos la dramática e injusta distribución de la riqueza, si el pueblo mexicano siempre ha vivido así. Porque teniendo el Estado instrumentos de política económica, para, por lo menos, evitar la agudización de la distribución de la riqueza, no lo ha hecho ya planteado a una política totalmente diferente. Hay un deterioro en los consumos alimenticios que grandes sectores del pueblo ya habían conquistado antes de la crisis económica, y que han visto decaer considerablemente. Se ha deteriorado la habitación de millones de mexicanos, la salud y el vestido también de millones de compatriotas, teniendo el Estado instituciones, recursos, instrumentos que por lo menos podrían haber evitado que este deterioro no fuera tan grande como lo es actualmente.
Hace un año nosotros nos opusimos a que la economía nacional descansara en la explotación y en la exportación del petróleo crudo, y saludamos la determinación de cambiar el financiamiento del Gobierno Federal para no depender en exceso del petróleo. Si embargo, México es en la actualidad el primer país abastecedor de crudo de los Estados Unidos, habiendo ya desplazado a Arabia Saudita, y el 75% de las exportaciones totales todavía son de petróleo crudo.
Hace una semana el Gobierno se vio obligado a bajar el precio del crudo istmo de 32.50 a 29 dólares por barril. Esta situación nos indica que en la medida en que la economía mexicana descanse en la exportación de petróleo crudo, está dependiendo de las fluctuaciones del mercado internacional, de que cualquier variación que haya en este mercado de inmediato va a repercutir en forma muy seria y muy grave en la economía nacional.
Pero es necesario que esta representación nacional sepa, se entere suficientemente de en qué medida los sectores de la sociedad mexicana han aportado a la superación de la crisis, porque ahora se plantean demasiadas esperanzas en el sector exportador. Ahora, todos los planes y programas del Gobierno enfatizan en el apoyo irrestricto al factor exportador, como si la economía mexicana descansara en una apertura hacia el mercado internacional y no hacia el mercado nacional, y hay una política general de apoyos y estímulos a todos los exportadores.
Sin embrago, en el marco de la población económicamente activa, que apenas es de 22 millones de mexicanos, nos encontramos con que 6 millones de trabajadores tenían ingresos inferiores al salario mínimo y de que la tasa de desempleo abierto, fue en 1983, del 16%. Esto quiere decir que en el marco de la población económicamente activa, los sectores que han hecho la aportación mayor a la superación de la crisis han sido en primer lugar los campesinos, el llamado sector primario, y en segundo lugar, los obreros industriales.
Estas han sido las clases sociales que han hecho su aporte a la superación de la crisis económica, porque por el lado del capital, por el lado de la empresa, nos encontramos que en la Bolsa de Valores se registran utilidades netas del 46% en la mayoría de las empresas, registradas en la Bolsa de Valores, es decir, mientras la empresa pierda no ha quebrado, ha tenido altas utilidades en el marco de la crisis, los obreros urbanos y los
campesinos han hecho su aporte, su esfuerzo y su sacrificio.
En este contexto, planteamos nosotros como la aportación del trabajo disminuyó del 41 al 40% tan solo en un año, mientras que el índice de explotación de la mano de obra o de la plusvalía que genera el trabajador, se elevó del 53 al 54%. Esto nos está indicando que la crisis y algunas medidas de la política económica, han transferido recursos del sector de la burguesía, de los grandes sectores de la burguesía que eran propiedad o que habían creado la clase obreras y los campesinos. Son medidas que en lugar de tender a una más justa distribución de la riqueza, han contribuido a hacer la más regresiva y más acumulativa, porque mientras los salarios mínimos aumentaron en 1983 un 41%, la tasa de inflación oficial llegó al 80%.
No hay, como se ve, ninguna concordancia, ninguna compaginación entre la carestía de la vida y los aumentos salariales, lo que ha generado una grave depauperación en grandes masas de nuestro pueblo.
La Cuenta Pública nos habla de los avances habidos en materia de política fiscal, y esto naturalmente es lo que ha elogiado la derecha parlamentaria, la deducción del gasto público; si la derecha fuera consecuente con sus puntos de vista, tendría que haber apoyado la Cuenta Pública de 1983, en primer lugar, porque la variación presupuestal fue realmente mínima, es decir, hubo un verdadero ajuste en materia de planeación financiera; si el problema lo viéramos desde la óptica de una banquero de Acción Nacional, nos encontraríamos con que la Cuenta Pública es perfecta desde el punto de vista contable, ya que las variaciones, ahora, son considerables como lo fueron en 1982.
Pero lo es mayor aún, el déficit financiero del Estado se redujo del 17 al 8%, es decir, bajó la mitad. Ahí está claramente dibujada la política económica que preconiza la derecha en nuestro país.
Pero lo que nos importa a nosotros no es el enfoque de los banqueros de Acción Nacional, sino lo que ha traído consigo esa aparente perfección contable de la Cuenta Pública. El hecho de que hasta economías haya habido, de que haya empresas del Sector Público que hayan tenido ahorro, nos indica que en lugar de atender programas que esta Cámara aprobó, en lugar de cumplir con el presupuesto que aprobamos, dejaron de ejercerse muchas perdidas presupuestales en aras de la disciplina presupuestal.
Para que no hubiera sobregiro, para que no hubiera la recriminación a la que estamos ya acostumbrados, se dejó de construir escuelas hospitales; se dejó de crear empleos y no se cumplieron con muchos programas que esta Cámara aprobó.
Nosotros nos preguntamos, ¿Como es posible que una nación que tienen tan grandes carencias en materia de habitación, de salud, de educación, registre el Estado ahorros en su economía, cuando grandes masas del pueblo no tienen servicios públicos fundamentales? Ese es el costo social de la disciplina presupuestal.
Pero lo que es más grave aún, ¿Cómo se financió este déficit financiero? Se financió en base a una mejor recaudación fiscal, no en base a una aportación mayor del capital en el Impuesto sobre la Renta, no hubo aumentos impositivos de importancia, solamente hubo una mejora en el sistema de recaudación y un aminoramiento de la evasión fiscal.
Esto quiere decir que la estructura del Impuesto sobre la Renta no se ha modificado, y todavía el factor de trabajo sigue aportando la mayor cantidad de esfuerzo en el Impuesto sobre la Renta, y de esa manera logró financiarse este déficit.
Otro factor que nos preocupa, es el hecho de que el Gobierno, para mantener intocados los intereses de la gran burguesía industrial y comercial, no elevó los impuestos el año pasado ni tampoco este año, porque parte de la idea de que la elevación de los impuestos desestimula la inversión, pero, ¿a qué costo? , se pregunta el Partido Popular Socialista, está esta imposición de la reforma fiscal. Al hecho muy triste de que los ingresos del Estado descansan en dos columnas: por un lado, en los ingresos petroleros que representaron el 62% del total de los ingresos; y por otro, en el Impuesto al Valor Agregado, considerando o ubicando el Impuesto Sobre la Renta en un papel secundario.
Esto nos indica que el Estado sigue financiándonos exactamente como en 1982, en el petróleo y en el impuesto indirecto llamado IVA, lo que implica una base impositiva, lo que implica un gravamen absolutamente vulnerable, porque en el momento en que bajen los precios internacionales del crudo, o se deprima el mercado y el consumo, entra en colapso el sistema tributario del Estado mexicano, ya que sus bases son profundamente débiles.
Pero también debemos nosotros pensar en el costo que tuvo el llamado saneamiento de las empresas paraestatales; los ingresos de las empresas aumentaron un 148%, eso quiere decir que por encima de la corrupción, del contratismo, de los vicios que tiene el sector estatal de la economía crecieron en forma considerable el año pasado.
Quisiéramos pensar, o que reflexionaran los señores de la derecha, ¿qué sucedería con este país si el Estado mexicano dejara de percibir los ingresos derivados de la venta de petróleo?, ¿Con qué otro renglón de la economía se sustituiría esa aportación petrolera? Esto significa que se exagera, porque el sector estatal tiene una gran aportación en la economía nacional.
Sin embargo en la Cuenta Pública que examinamos, se plantea un abandono total del sector estatal de la economía. Y del aumento de los recursos del sector estatal, se debió a los bienes y servicios. Y la inversión de capital en lugar de crecer bajó un 63%. Significa
esto que el Gobierno federal se desatendió, abandonó a su suerte al sector estatal de la economía. Lo dejó al financiamiento de sus propios recursos, no le dio recursos de inversión. Y en la actualidad observamos un lento crecimiento del sector estatal de la economía nacional. Quiere esto decir que si el Estado se va a olvidar desde el punto de vista financiero, del sector estatal de la economía, entonces será un sector penetrado por las ideas mercantiles en que se pretende equiparar el precio de los servicios con el costo de su producción. Y esta idea es una idea de Acción Nacional.
Finalmente, el dictamen de la Cuenta Pública examina el aspecto financiero que desde la óptica pequeña de los contadores y de los banqueros, está muy bien, Realmente el sector financiero se ha reactivado, pero nosotros vemos aspectos que obviamente la derecha no quiere ni puede ver. Se ha incrementado en un 60% la captación de moneda nacional, pero también la captación de moneda extranjera. La dolarización del sistema bancario que sufrimos en 1982, es en la actualidad un proceso que está en curso. Y el sistema financiero se está llenando de depósitos a largo plazo, es decir, de la especulación financiera. En lugar de ligar el sector financiero con el sector productivo, se está ligando al sector financiero con el sector especulativo de la economía nacional. Esta situación nos indica que la banca, en lo fundamental, no ha corregido lacras y vicios que tenía y que ahora al parecer intentan mantenerse con las iniciativas que nos han llegado a esta consideración.
Continua la idea de separar el sistema financiero de la banca nacionalizada, y ahora los ex banqueros expropiados en 1982 se han ido a refugiar a los organismos financieros, en donde de acuerdo con estas iniciativas, tendrán una total libertad de acción.
Nosotros vemos que en la práctica un sistema que antes era unitario, que antes era único, desde el punto de vista jurídico y económico, ahora se disgrega, ahora se independiza y nos encontramos con una verdadera banca de segundo piso, que va a competir, que ya está compitiendo con la banca nacionalizada, y de que de seguir este proceso, pronto nos encontraremos en la práctica, aunque no en la teoría, con dos bancas: la banca nacionalizada y la banca del sector privado, o la banca del segundo piso.
Aquí se ha hablado mucho de los fraudes de 1982, y se han dado nombres de algunos funcionarios públicos que están sujetos a investigación en la Contaduría Mayor de Hacienda; pero, como es lógico, se han ocultado los nombres de las empresas privadas que defraudaron igualmente en el año de 1982. Esto indica que la derecha siempre presenta un aspecto parcial, un aspecto unilateral, sin embargo, en 1982, la corrupción que puso a flote la Contaduría, también involucra a la empresa privada.
En el Informe de resultados se establece que estas compañías cometieron fraudes contra la Nación; Pavimentaciones y Excavaciones; Compañía de Concreto Pretensado; Ingeniería y Construcciones Hidráulicas; Ingenieros Civiles Asociados; Universal de Construcciones; Ingeniería de Comunicaciones Navales y Terrestres; Cimentaciones y Puertos; PROMOTRON; Servicios Industriales de Monterrey; Perforaciones Marítimas del Golfo; Construcciones Protexa; General Electric e Industrias Unidas.
Si hemos nosotros de proseguir con la investigación de 1982, que finquen responsabilidades a los funcionarios públicos, pero también al sector privado. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Cavazos Lerma.
El C. Manuel Cavazos Lerma: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Voy a tratar de dar una respuesta a las diferentes impugnaciones de los distintos partidos, en el sentido inverso en que hicieron su aparición ante esta tribuna.
El compañero Ramírez Cuéllar comenzaba criticando la banca de segundo piso que compite con la banca nacionalizada. Compañero Ramírez Cuéllar, la banca de segundo piso son los fideicomisos y son también la banca nacionalizada. Las Sociedades Nacionales de Crédito se dividen en dos: banca mixta, por un lado; banca de desarrollo, por otro. Los fideicomisos son sociedades nacionales de crédito, son banca nacionalizada. Tal vez tenía en mente lo que algunos llaman la banca paralela, y de acuerdo con las leyes el crédito es única y exclusivamente para la banca nacionalizada. Hay otras actividades complementarias del crédito que dan origen a otro tipo de actividades financieras, lo que se llama instituciones financieras no bancarias, las cuales probablemente están siendo confundidas con esta banca de segundo piso. Pero no es el tema del debate.
Hablaba también de dolarización de la economía, una dolarización que según usted está creciendo; debe usted, probablemente saber que está prohibido tener depósito en dólares, salvo algunas excepciones, para exportadores e importadores; pero no sé de dónde obtuvo estos datos para decir que el proceso de dolarización que se observó en 1981 y en 1982, se está volviendo a presentar en nuestra economía. Nuevamente, tal vez esté pensando en algunas actividades extrabancarias, extrabursátiles, en algunos mercado paralelos; nos gustaría conocer la cifra.
Habla también de que se ha abandonado al sector para estatal, por que disminuyó su inversión. pero curiosamente no toma en cuenta el ambiente de 1983, a pesar de que menciona datos, erróneos, por cierto, la producción no disminuyó en 4%, como usted señala, sino en un 5.3%, y fue precisamente por esa caída en la producción nacional que hubo menos necesidad de aumento de inversiones, pero mayor necesidad de gasto de operación el cual creció incluso por encima de lo
observado. Y no se desatendió. Se atendieron en proporción a las prioridades, así observará usted que tuvieron mayor atención Fertimex, Petróleos Mexicanos, Azúcar, S. A., respondiendo a las necesidades de corto plazo, a las necesidades del momento y este aumento en la inversión se dio en función de esas necesidades, pero desde luego, tomando en cuenta toda una política global y no solamente aspectos parcelados o aislados.
Hablaba usted del sistema financiero mexicano, y después hablaba del sistema tributario, diciendo que no había aumentado su progresividad, diciendo que los trabajadores pagaban la mayor parte del Impuesto sobre la Renta; desafortunadamente, los datos no corroboran su tesis. En 1982, la participación de los trabajadores, en el Impuesto sobre la Renta fue de 33.6%, y este porcentaje disminuyó a 31.8% en 1983, cifra significativamente inferior al 50%.
Siguiendo con los argumentos de atrás hacia inicio, usted se preguntaba, ¿Cómo es posible que con tantas carencias el Sector Público haya tenido economías? Bueno, esa aparente paradoja surge porque no tomó las cifras relevantes, no se compara contra el presupuestado para obtener esta conclusión, sino la comparación que estaba haciendo usted es: Cuánto fue lo que gastó el sector público y cual fue el gasto modificado; y entonces sí se obtienen algunas economías, por razones propias del proceso de asignación de recursos, el gasto modificado incluye la asignación de ingresos de excedentes e incluye también la asignación de las reservas presupuestarias, éstas se asignan en el curso del año y obviamente no se ejercen durante el mismo año, quedan algunos diferenciales significativamente irrelevantes.
Ahora bien, ¿cómo es posible que haya economías?, se pregunta usted, ¿ y que haya ahorro con tantas necesidades? El ahorro que ahí se registra es ahorro en cuenta corriente, que es diferente de economías. Las economías son la diferencia entre le gasto ejercido y el gasto modificado por asignaciones y reasignaciones presupuestales, mientras que al ahorro que ahí se menciona es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.
Podríamos continuar también con el resto de los argumentos, son básicamente cifras, usted mencionaba el excedente de explotación, una cifra que registra las cuentas nacionales, como aquel que incluye la plusvalía de la mano de obra; no es así, el excedente de explotación es un residual, un resumidero, donde van a dar todo lo que no es salario, ahí entran los ingresos de los no asalariados, como pequeños propietarios, campesinos, ahí entran los ingresos, son las rentas de tierra. De manera de que ésta no es una buena cifra para hablar de lo que a todos nos preocupa, y que en ningún momento soslaya la Cuenta Pública: la distribución de los costos de la crisis. Preocupa sobremanera que haya habido un costo social y éste es el punto fundamental sobre el que se ha centrado esta discusión de la Cuenta Pública. ¿Pudo haberse disminuido ese costo social?, se han preguntado, o ese costo social? , como algunos insinúan ¿fue producto deliberado de las políticas de reordenación económica?
El costo social de la cirios duele a todos y no creo que haya un solo diputado que se alegre de que haya habido un costo social de la crisis; pero no creo que haya un solo modelo, una sola opción de política, una sola alternativa que haya podido lograra detener las inercias crecientes de la crisis sin costo social.
Los compañeros del PSUM decían: es que debió haberse mantenido cuando menos el nivel de vida de los mexicanos. La pregunta, como se la hicieran el Partido Socialista de los Trabajadores: ¿era eso posible? y el argumento que utiliza es: bueno es que si se utilizaron tantos recursos para el pago de la deuda externa, ¿por qué se descuidó el costo social o el bienestar o el nivel de vida de los mexicanos? no se descuidó, y hay que entender lo que quiere decir "mantener equidad en el ajuste", lo que quiere decir es que todos los instrumentos de política económica del Estado deben ajustarse a este criterio de equidad, todos los instrumentos de política económica de Estado; y son ésos los que hay que analizar. Entonces, si la discusión quiere ser objetiva penetrante, ¿por qué no vemos los elementos que dan progresividad o regresividad, de manera más o menos completa, de cada uno de esos instrumentos?, ¿por qué utilizar solamente el indicador de que; cómo aumentó la participación de los impuestos indirectos, el sistema se hizo regresivo? Es cierto que es lo que se enseña en algunos libros de texto, cuando no hay Estado o el Estado es simplemente un custodio del orden y de la paz social, cuando no hay empresas paraestatales y cuando los impuestos indirectos tienen una sola tasa, pero este indicador no es válido cuando el mayor porcentaje de los ingresos recaudados proviene de empresas del Estado, ni es válido tampoco cuando los impuestos indirectos no contienen una sola tasa, sino diferentes tasas; no es válido cuando la mayor parte de los productos de la canasta básica están exentos y eso hay que considerarlo, o cuando los impuestos a los productos que consumen los grupos de mayores ingresos tienen mayores tasas, y sobre todo, que hay que considerar otros elementos de los otros impuestos para ver si hay o no hay esta manutención del criterio de equidad en la política tributaría y entonces debió haberse mencionado: la desgravación de los grupos de menores ingresos; debió haberse mencionado la sobretasa de 10% a todos aquellos que ganan más de cinco veces el salario mínimo; debió haberse mencionado los progresos en la administración tributaria que permiten reducir la evasión y la elusión y por lo tanto aumentar la equidad horizontal, es decir, que quienes ganen igual paguen iguales impuestos.
Y también hubo avances en la progresividad del sistema tributario, es decir, que aquéllos
que ganen más ingresos paguen mayores tasas de impuesto. Se aumentó esta progresividad; también aumentó la progresividad del sistema tributario el hecho de haber eliminado o adecuado bases especiales de tributación, es decir, hay ciertos grupos que no pagan impuestos sobre la renta pero que tienen, como su nombre lo indica, criterio, o normas, o bases especiales. Eso también se modificó y eso aumenta la progresividad y la equidad del Impuesto sobre la Renta y no se mencionó.
Por otro lado, tampoco se mencionaron los avances de la globalización del Impuesto sobre la Renta que también aumenta la progresividad del sistema impositivo; entonces, si no queremos verdades a medias, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, si no queremos juicios parcelados que distorsiones y desvíen la atención, es importante ver estos otros factores que soslayan o eluden en una discusión trascendental como es el costo social de la crisis.
Otro instrumento, el gasto público. Se decía, es que la mayor parte se dedicó a otros objetivos tales como el pago de la deuda; entonces, la comparación relevante, adecuada, conveniente, sería, ¿qué hubiera pasado si no se paga ese servicio de la deuda?
Y veamos por otro lado los aspectos internacionales que son los que más se han subrayado; basta con declarar la moratoria, hagamos a un lado las cuestiones de principio, basta con que se declare la moratoria para que en ese momento se paren los flujos de comercio internacional hacia adentro y hacia afuera, y eso quiere decir un deterioro más grave de la capacidad productiva; eso quiere decir menor empleo, y eso quiere decir menor producción de productos básicos, y eso quiere decir mayor costo social de la crisis.
Y estamos tomando en cuenta ahorita solamente la deuda externa, pero quien haya examinado los datos de la Cuenta Pública, se hubiera dado cuenta que el mayor porcentaje del servicio de la deuda fue deuda interna, 2 billones de pesos de los 3.2 billones de gasto de servicio de la deuda, de los cuales 1.6, la mitad, son intereses nacionales.
¿Qué se buscaba entonces?, ¿desquiciar el sistema financiero nacional?, ¿En qué quedamos?, ¿estamos a favor de fortalecerlo o de debilitarlo?, ¿Era eso lo que se quería? No hubiera eso significado, al parar los flujos de financiamiento nacional e internacional, mayor caída en la producción, mayor caída en el empleo, mayor inflación y, por tanto, mayor costo social de la crisis.
Es esto lo que está en juego. Este es el elemento político fundamental y por eso es que destacamos los avances en el freno de las presiones inflacionarias, no por el hecho de haber frenado la inflación en sí. Eso sería economicismo, inadmisible para quienes hacen de su ocupación fundamental, el quehacer político.
No. La relevancia fundamental, de esa revisión de la tenencia de la inflación, ese pasar de tasas de 150% en el último trimestre de 1982 a tasas del orden de 40, 50% en el último trimestre de 1983. Eso tiene una inmensa significación política, porque si no se han tomado esas medidas, y si no se ha instrumentado con decisión y firmeza, la inflación, que ya andaba por el 150%, y fácil a esos niveles pasan al 300 y al 500%, y cuando llegamos a esos niveles de inflación, viene la transformación de la crisis económica transitoria en crisis política, social y de valores, permanente.
¿No es ése un logro que debemos resaltar entonces? Y ése es el que se resalta, no como aquí se ha disfrazado, solapando o tergiversando, diciendo que el logro que más se destaca en la Cuenta Pública es la disminución del déficit con respecto al Producto Interno Bruto.
Ese es apenas un instrumento, un medio, de tercera o cuarta categoría, es un medio al servicio de objetivos intermedios que están explícitos en el programa inmediato de reordenación económica que, como aquí se recordó, busca básicamente, combatir a la inflación, a la inestabilidad cambiaria y a la escasez de divisas, por un lado, y por el otro lado, protección al empleo, a la planta productiva y al consumo básico. Pero no como objetivos en si, sino como instrumentos o medios al servicio de objetivos superiores, porque el Programa Inmediato de Reordenación Económica, no es un programa aislado, parcelado, segmentado, divorciado del resto de la política del Gobierno Federal, es una de las grandes lineas de la estrategia, siendo la otra el cambio estructural, y las dos, a su vez, sirven a cuatro objetivos fundamentales, que son los del Plan Nacional de Desarrollo: superar la crisis, rescatar la capacidad de crecimiento, consolidar y afianzar nuestras instituciones democráticas e iniciar el cambio de las estructuras políticas, económicas y sociales que nos permitan elevar en el mediano y largo plazo nuestro nivel de desarrollo.
Y esos cuatro objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo se derivan de valores políticos fundamentales a los cuales sirven; pero estamos de acuerdo, la discusión sobre la Cuenta Pública debe ser eminentemente política, y esos cuatro valores políticos fundamentales, de los cuales se derivan todas estas ramificaciones que desembocan en el Programa de Reordenación Económica, son la libertad, la independencia, la democracia y la justicia, y en función de estos cuatro valores políticos fundamentales, es que valuar lo que significa haber revertido la tendencia inflacionaria en cifras anuales de 100 al 80%.
Algunos dirán: es que no se cumplió la meta cuantitativa del 100 al 50 señalada aquí en diciembre de 1982, rectificada después en el Plan Nacional de Desarrollo al 70%, y preguntamos, ¿es ese logro cuantitativo el que realmente importa, o es este logro cualitativo de haber cambiado la tendencia de la
inflación? Ojalá y se hubiera podido lograr el 50%, pero ¿se daban las condiciones?, ¿qué pasaba en diciembre de 1982 en el último semestre del año?, la producción había caído 7%, pero esa cifra se conoció hasta marzo o abril, las cifras de producción no se conocen para todo el año o para la segunda mitad en noviembre, que es cuando se termina el presupuesto. Y ustedes recordarán, en el primer informe trimestral, que se nos dijo: la situación fue más critica de lo que habíamos previsto inicialmente, había adeudos que no estaban considerados, pero que surgieron y había también una situación financiera de las empresas más críticas de lo que se había previsto. Ante esta situación ¿se van a mantener los mismo pronósticos? Para aquéllos que tienen la obsesión en la meta cuantitativa ¿vamos a condicionar la política, a ponerle una camisa de fuerza para que se ajuste a estos números?, o, ¿vamos a dejar que prevalezcan las consideraciones políticas? Y esto fue lo que sucedió. Prevalecieron las consideraciones políticas y se actuó con decisión y firmeza pero siempre dentro de los márgenes aprobados en el Presupuesto. Algunos dicen: no es cierto porque el gasto aumentó 11%. No se ajustó a lo presupuestado. Bueno, el presupuesto no es nada más un conjunto de cifras, es también un decreto aprobatorio cuyo artículo 11 decía: "Si hubiera ingresos excedentes por encima de lo presupuestado, programado o previsto, estos se destinarán a financiar el gasto prioritario. Por eso aumentaron los gastos más de lo previsto, porque aumentaron los ingresos más de lo estimado Esto no es una violación a las normas de disciplina, racionalidad, eficiencia y escrupulosa honradez que fueron también compromiso político fundamental.
Entonces, vemos esos avances en este contexto general, y dentro de este proceso, económico, social y político. Y si hemos destacado, repito, el avance de la inflación, es porque si ésta se hubiera desbocado, si ésta hubiera mantenido la tendencia del último trimestre que era de 150%, entonces, entonces hubiera peligrado la independencia, hubiera peligrado el régimen de libertades, la democracia y se hubiera pospuesto indefinidamente los anhelos de justicia social. No se trataba entonces de escoger entre un bien y un mal, sino escoger entre un bien y un mal, sino escoger el mal menor, minimizar el costo social de la crisis.
Alguien decía: es que ustedes admiten un solo modelo, una sola opción. No, definitivamente no; hay instrumentos que apoyan estas decisiones políticas que permiten trazar diferentes escenarios en función de lo que se espera de la actividad económica internacional, de los mercados financieros internacionales, de los mercados de bienes y servicios internacionales, en función de los que se espera de la actividad económica; y se ven los diferentes escenarios, las diferentes opciones. Se escogió la mejor opción en ese contexto de minimizar el costo de la crisis, en ese contexto de una elección entre males, no de una elección entre un mal y un bien, porque entonces no hay dilema.
Es en este contexto político en que debemos ubicar ese avance fundamental que sí es el que se subraya, no los otros, pero se subraya por razones políticas fundamentales, como se subraya también el hecho de que se haya mantenido el desempleo dentro de los márgenes tolerables, no que se mantuviera al 8%, eso no se logró; sino alrededor del 8.5%, hay una serie de razones que podemos discutir del porqué de este comportamiento; pero también se protegió a la planta productiva y el consumo básico en función de esta distribución del costo de la crisis, porque si con medidas alternativas hubiera habido este despido masivo y esta explosiva quiebra del aparato productivo, el desempleo hubiera sido mayor, la escasez de bienes básicos hubiera sido mayor, el poder de compra hubiera sido mucho menor y entonces el costo social hubiera sido también mucho mayor.
Son, pues, consideraciones políticas las que nos hacen destacar los objetivos abiertos, explícitos de la reordenación económica, al tiempo que se avanzaba en el cambio estructural, dentro de las medidas de la posibilidad, porque nunca se prometió pasar de un año para otro a la reordenación y al cambio estructural; nunca se prometió salir, superar la crisis, en un año, se dijo, cuando menos dos años. No fue una cifra casual, fue una cifra fundada en nuestra experiencia histórica, se revisó la experiencia de 1954, se revisó el programa de estabilización de 1947-1949 o el programa de estabilización de 1938-1940, el programa de estabilización de 1931-1933. Y con crisis de menor magnitud y profundidad y complejidad que ésta, había tomado a la economía alrededor de dos años para superarlas y se habló claro, nunca se dijo que el nivel de vida se iba a mantener, ni se dijo tampoco que se iba a superar, ni que se iba a terminar con el desempleo, se habló con la verdad, y con la verdad se informó trimestralmente.
Esta es, pues, la parte fundamental de la discusión de la Cuenta Pública, los aspectos políticos. De hecho, el Capítulo de Conclusiones y Recomendaciones está diseñado en esta forma, se parten de los valores políticos fundamentales para llegar a los objetivos intermedios del programa de reordenación económica y después se habla de todos aquellos instrumentos que permitieron lograr esos objetivos.
Los compañeros del PDM hacían una serie de impugnaciones que además fundamentaban, decían ellos, con datos. Desafortunadamente no bastan los datos, hablaban de que el gasto había tenido un sobregiro del 11%, y dicen: "no nos explicamos entonces, por qué Carlos Salinas de Gortari nos dijo que debían ajustarse a lo presupuestado".
Compañeros, si ustedes hubieran leído el decreto aprobatorio de Egresos de la Federación para 1983 se hubieran encontrado
con este artículo 11 que les explica esta aparente paradoja.
Dice usted: "Hay que evitar que el Gobierno Federal siga recurriendo a la deuda externa", claro, es objetivo fundamental del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, y además avalada por los hechos: Pasar de un endeudamiento en 1981 de cerca de 220 mil millones de dólares a uno de cinco mil millones en 1983, a otros de cuatro mil millones en 1984, a otro de mil millones en 1985, es prueba fehaciente del cumplimiento de un compromiso político, que no sólo a usted, sino que también a nosotros nos preocupa.
Y habla, desde luego, del infaltable tema de las transferencias, y dice: "damos datos": hubo un sobregiro de 39%; ese sobregiro, compañero León Ozuna, es por la reasignación del ramo que se llama Erogaciones Adicionales y que no es otra cosa más que las reservas presupuestales, precisamente para reasignar entre las diferentes entidades y dependencias del sector público paraestatal.
Por eso no es de extrañarse, o no debe extrañarle que la mayor parte de los otros ramos que no sea el ramo de Erogaciones Adicionales tengan un gasto mayor al presupuestado. A propósito, a los compañeros del PSUM, en el documento que repartieron el día de ayer, como vieron que la reserva para desarrollo rural, en el dato "ejercido", decía cero, concluyeron que no se ejerció la reserva. Bueno, la reserva cuando se ejerce, precisamente aparece un cero, porque quiere decir que ya se reasignó.
Por otro lado, queriendo apoyar sus argumentos, dan datos, nos dicen, y también caen en el error recurrente de decir que la producción cayó en 3.5%; no; fue aún mayor: la producción decayó en un 5.3%, tal vez alguna broma de la secretaría que invirtió la cifra. Luego nos dicen que no es por medio de gasto público como se igualaba la sociedad. Bueno, un valor político tan fundamental como la sociedad igualitaria, no puede estar circunscrito a un solo instrumento de política económica del Estado. Son todos los instrumentos en forma coordinada, armónica, los que se utilizan para el logro de estos objetivos fundamentales; nadie, nunca, en nuestro partido, ha sostenido que la sociedad igualitaria se logra con aumento de gasto público; y en todo caso, la cifra relevante sería gasto real, no gasto nominal.
Los compañeros del PSUM, en el documento que repartieron ayer, basaban su examen en esta caída del nivel de vida de los mexicanos que a todos preocupa y que no es soslayada por ningún motivo en el dictamen de la Cuenta Pública, y desde luego inician su argumentación diciendo que el gasto público se dedicó a otros objetivos tales como el pago de la deuda externa, tema que ya analizamos; y hablan de que la meta de reducir el déficit financiero estuvo por encima de los objetivos sociales de la política presupuestal. ¡No! Sería sencillamente una incongruencia inadmisible, en este esquema de política que estamos examinando, donde valores supremos son, repetimos, democracia, independencia, libertad y justicia social en el mediano y largo plazos, no justicia social instantánea, inmediata. No es una oferta de ilusiones, lo que se hace cuando se propone avanzar en la justicia social.
En 55 años de ejercicio revolucionario del poder se han logrado mucho avances pero todavía subsisten rezagos, desigualdades, privilegios, que nosotros mismo denunciamos, que nosotros mismo criticamos, pero junto a esa critica oponemos la solución, junto a esa critica proponemos el programa o el plan que permite seguir avanzando. Es cierto que no hemos avanzado a la velocidad que nos hubiera gustado, pero también es cierto que hemos tenido que enfrentar las fuerzas antinacionales y antipopulares que se oponen a todo cambio, a toda reivindicación autentica y permanente, como son los avances en la justicia social.
Pero, por otro lado, el déficit financiero no se puede ver de manera aislada, no se puede ver como un argumento "que se me ocurre" y lo dejo aquí en este párrafo y en otros se me ocurre otro; ¡No!, es parte de un conjunto armónico, coordinado, integral, por eso no nos explicamos que después se pregunten que ¿cuál es el propósito del déficit financiero?, ¿por qué el saneamiento de las finanzas públicas como punto fundamental?, bueno, detrás de ese saneamiento de las finanzas públicas está la intima convicción que sólo podemos avanzar en la justicia social en una economía saneada, que la justicia social no se arraiga ni florece en una economía enferma. En ésta, puede haber avances transitorios, efímeras; puede haber avances de espejismo, de utilería; pero para avanzar de manera permanente hacia la sociedad igualitaria, para que la justicia social se arraigue, florezca y rinda frutos generosos, es necesaria una economía saneada.
Esto es importante, porque si buscamos la estabilidad, no es la estabilidad por la estabilidad mismas, es la estabilidad como un instrumento al servicio de este objetivo superior Cuando hay esta critica al gato público, da la impresión de que la propuesta es, que el gasto público hubiera aumentado más, o bien que hubiera aumentado en la misma proporción pero haciendo a un lado los gastos de la deuda Desde luego que el partido y los compañeros de nuestro partido en la Administración Pública Federal, les hubiera gustado, un gasto público mayor, nada más que aquí la pregunta relevante es ¿era posible un gasto mayor?, ¿ya nos olvidamos de que situación se enfrentó en diciembre de 1982? Aquí se nos ha recordado: las divisas en el Banco Central estaban casi exhaustas, no había reservas internacionales y por eso en los primeros meses no se pudo importar y se deterioró la producción, y por eso cayó la producción más de lo que se había previsto. Se estimaba que en los primeros meses se podían conseguir suficientes divisas, no las hubo, tampoco había el
recurso de la deuda externa, tampoco era posible aumentar los ingresos más allá de lo que ya se habían previsto, ingresos tanto por parte de impuestos, como por precios y tarifas; éste es el mayor gasto que pudo instrumentarse de manera realista, era el mayor gasto posible, factible, viable; no es que no nos hubiera gustado gastar más, no fue una decisión deliberada de política haber reducido el gasto público, teniendo la opción - porque sólo entonces hay dilema político - , teniendo la opción de haberla aumentado más; no había los recursos, no había los medios, por eso se dijo repetidas veces: la economía tiene que ajustarse a una menor disponibilidad de divisas, la economía tiene que ajustarse y esto implica un costo social. Por eso no se pudo aumentar más el gasto público; pero lo paradójico en el documento del PSUM, es que después, cuando hablan de la inflación, como si fuera otro fenómeno aparte, no sé si sea una reminiscencia ricardiana o algún atavismo clásico que habla de esta segmentación del sector con el financiero, pero lo curioso es que cuando hablan de la inflación, utilizan un enfoque de costos y entonces prácticamente condenan los impuestos en impuestos los aumentos en precios y tarifas y dicen: si no se hubieran dado estos aumentos no se hubieran dado esta inflación, no se hubiera dado esta caída en el salario real y el costo social hubiera sido menor.
Entonces, ¿cómo querían que se aumentara más el gasto público si se oponen a estos aumentos de impuestos a precios y tarifas?, ¿acaso fueron dos párrafos redactados por dos personas diferentes, pensando en objetivos distintos?
Podríamos continuar con los comentarios, pero queremos dejar constancia de que hubo una seria de acciones que mitigaron, que atenuaron, que amortiguaron el costo social de la crisis, y no como ahí se afirma y se reitera; la reducción de la inflación es una disminución del costo social de la crisis comparado con lo que hubiera sido, que es el único tipo de comparación válida en esta argumentación. La estabilidad cambiaría significa también haber disminuido el costo social más de lo que hubiera sido otra manera y el dictamen es muy claro en este sentido: inestabilidad cambiaría quiere decir más inflación, menos producción y más inflación quiere decir más injusticia social. Nadie ha negado que haya aumentado la concentración del ingreso, eso siempre sucede cuando hay inflación, de ahí la importancia de tratar de erradicar este mal social.
Sí hubo inflación, hubo concentración en la distribución del ingreso, es obvio, inobjetable, nunca soslaya el dictamen de la Cuenta Pública este hecho casi axiomático. Es muy claro el dictamen de la Cuenta Pública cuando dice: "la inflación es un tipo de injusticia social, la inflación es un impuesto regresivo que daña más a quienes menos tienen; haber reducido la inflación es haber reducido ese impuesto regresivo y por eso la necesidad, la insistencia de perseverar en estos empeños para terminar con esta forma de injusticia social".
Algo parecido sucede con la estabilidad cambiaría, cuando hay esas variaciones bruscas en el tipo de cambio, si alguien se beneficia son los que más tienen; la estabilidad ciertamente ayuda a mejorar la distribución del ingreso.
También se redujo la escasez de divisas ¿quiénes sufren más cuando hay menos divisas sino los que menos tienen? Y en este sentido conviene destacar, como se hace en el dictamen, los méritos de la reestructuración de la deuda externa, y también el aumento de las reservas internacionales en el Banco de México que crecieron más de 3 mil millones de dólares.
Se protegió el empleo en la planta productiva a través de cuatro programas específicos, concretos, que están instrumentados, especificados, detallados, revisados, examinados, en el dictamen de la Cuenta Pública y que se complementaron con otros mecanismos financieros tales como Ficorca, o bien, créditos del orden de 190 mil millones de pesos para pequeñas y medianas empresas.
Además, el gasto del Sector Público se oriento hacia el mercado nacional, que es un cambio importante que conviene destacar. Y, repetimos, se protegió la planta productiva, no como aquí se dice, casi por dogma o por prejuicio, para ayudar a la burguesía. ¡No!, se protegió a la planta productiva para proteger el empleo, para disminuir el costo social de la crisis. Siempre ese valor político dentro de estas medidas. Por eso no e válido que se diga que no se cumplió con ese compromiso fundamental de tratar de imprimir equidad a todos los instrumentos de acción del Estado.
Se alentó la producción y abasto de bienes básicos a través de aumentos de precios de garantía, de asignaciones crecientes a Conasupo, muy por encima del nivel presupuestado, de programas de despensas populares, de programas de tiendas, de compromisos específicos de producción, de concertación de acciones, de creación de comités de vigilancia de los programas de abasto popular y preguntamos, ¿no son estos instrumentos para mitigar el costo social de la crisis?
Por otro lado, se están saneando las finanzas públicas para la reducción en la tasa de inflación sea sostenida. Un examen de la inflación a base de costos, es un examen para el corto plazo. Es un examen que en la jerga de los economistas le llaman "de burbujas", es decir, efectos que desaparecen en unos meses. De ahí que se haya insistido en ese saneamiento para que la tendencia declinante de la inflación sea permanente, sea sostenida y los datos sostienen que se está cumpliendo con un compromiso político.
Además, este saneamiento también es muy importante para descansar cada vez más en recursos propios y diseñar y hacer a un lado, de una vez por todas, los esquemas de
"crecimiento prestado". Así, por ejemplo, en '83, el 27% del gasto público se financió con crédito, y el 73% con recursos propios; compárese esta situación con '82 cuando el 41% vino del crédito y el 59%, apenas, de recursos propios.
También se dio preferencia al gasto público del sector salud y educación, transporte colectivo, que representan 30% del consumo de los grupos de salario mínimo. Algunos utilizan, cuando les conviene, cifras de la Cuenta Pública y dicen no, es que en términos reales se disminuyó este gasto, la participación disminuyó, aunque sea levemente; sin embargo, las cuentas nacionales registran un aumento en servicios de educación y de salud.
Se desgravaron los grupos de menores ingresos y se aumentó la progresividad para los altos ingresos en el Impuesto sobre la Renta; se ha mejorado administrativamente, como decíamos, el manejo del impuesto para aumentar la equidad horizontal; se han globalizado los ingresos; se han eliminado o adecuado las bases especiales de tributación que aumentan la progresividad del sistema impositivo; hubo estos cambios en el IVA que ya mencionábamos; se aumentaron proporcionalmente más los precios y tarifas de aquellos bienes que consumen los grupos de mayores ingresos, se controlaron los bienes que conforman la canasta básica al grado de que este grupo tuvo un aumento de la inflación de 15 puntos porcentuales menores al de la canasta del índice de precios al consumidor; y así por el estilo, vemos aquí tres hojas de acciones concretas que mitigaron el costo social de la crisis.
Señor Presidente, ruego a usted me permita continuar, puesto que aún me falta un par de argumentos que esgrimir, unas cuantas impugnaciones que contestar, si usted considera...
El C. Presidente: - Puede usted continuar su exposición.
El C. Manuel Cavazos Lerma: - por otro lado, se dice: ¿cuál cambio estructural en este año de 1993?, nunca se prometió hacer un cambio estructural en un año, lo que se prometió fue sentar las bases. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles bases se han sentado en este cambio estructural?, y la respuesta es: las modificaciones legales que se hicieron aquí, al capítulo económico de la Constitución, y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y todo aquel paquete de iniciativas que aprobamos en diciembre de 1982 y que se instrumentaron durante 1983.
Cambio estructural es también este cambio que ya se observa en la participación del Gasto Público cambio estructural también es haber, no solamente revertido la tendencia de la inflación, sino sobre todo, haber atacado las causas, las raíces de la inflación para que se logre de manera permanente y sostenida una estabilidad de precios como instrumento al servicio, repito, de objetivos políticos superiores; cambio estructural es también los avances en la planeación democrática; cambio estructural es los avances en renovación moral de la sociedad, que más tarde tocaremos; cambio estructural es también los avances en descentralización de la vida nacional, de los cuales ya se han logrado logros sustantivos en el caso de salud, de vivienda y están en marcha los cambios de vivienda y están en marcha los cambios en el sector educación; cambio estructural es también los avances que se han logrado en materia de democratización integral, de nacionalismo y revolucionario, de sociedad igualitaria, y también hay cambio estructural en la nueva estrategia de desarrollo, empleo y combate a la inflación de la que se derivó el Programa de Reordenación Económica.
Finalmente, los compañeros del PAN, y otros compañeros del PDM, se preguntaban que cuáles han sido los avances concretos en el caso de la Contaduría Mayor de Hacienda. El compañero Prieto llegó al extremo de decir, cito textualmente: "A la fecha no se ha ejecutado acción alguna de la Contaduría Mayor de Hacienda respecto a la Cuenta Pública de 1982". Quiero recordarle el cobro de impuestos y otros conceptos a prestadores de servicios de Pemex que permitió una recuperación de mil 105 millones de pesos; la denuncia penal contra el delegado y otros funcionarios de la Delegación Alvaro Obregón: la denuncia penal contra un proveedor de Conasupo; cuatro denuncias penales adicionales contra servidores públicos del Departamento del Distrito Federal y otras secretarías; pago de precio del gas a Pemex que no se había hecho a los precios autorizados, y también una denuncia penal que corresponde a la Cuenta Pública de 1981, pero que ocurrió en 1983, que es la denuncia penal contra el delegado y funcionarios de la Delegación Coyoacán; de manera que cuando una argumentación se presenta de manera categórica, pues basta un solo ejemplo en contrario, y aquí tiene una lista de varios ejemplos en contrario.
El compañero Prieto, como los compañeros del PDM - este es un argumento recurrente -, dicen: "Lo único que aumentó fue la burocracia del Gobierno Federal, porque aumentó el gasto corriente". No, el gasto corriente no es solamente gasto en servicios personales, como lo llaman los contadores; no, ahí en el gasto corriente están también los servicios de los médicos, de los maestros; ahí están los instrumentos necesarios para la salud, para la educación, ahí están los suministros que necesitan las empresas paraestatales, pero, además, es importante hacer una distinción: el gasto corriente del Gobierno Federal disminuyó, con respecto a la participación que se esperaba. La participación del gasto corriente del Gobierno Federal en 1983 fue menor que la participación de este gasto en 1982. El gasto corriente total, es cierto, que aumenta y aumenta su participación, por el
aumento del gasto de operación de las empresas públicas; pero eso era necesario, para poder dar apoyo a los sectores prioritarios. Ese gasto de operación era necesario para mantener la planta productiva del sector paraestatal, y aumentó debido, principalmente, a que la inflación fue superior a la prevista, a que el tipo de cambio fue superior al previsto, a que los intereses nacionales e internacionales fueron superiores a los previstos y a que los aumentos salariales fueron superiores a lo previsto, todo lo cual, obviamente, implica reprogramación y aumentos de gasto.
Usted también habla de sobregiros, obviamente no toma en cuanta esta reasignación de reservas y de ingresos ordinarios excedentes. Habla de una cifra de 8 490 para el gasto del sector público presupuestario. Le recuerdo que ésta cifra de estados contables, no es la cifra válida para el análisis de Cuenta Pública, porque aquí en estados contables hay una serie de dobles contabilizaciones y de gastos virtuales que es necesario depurar y por eso en el capítulo de Gestión Financiera hay un apartado especial para estas depuraciones.
Obviamente, habla de la empresa pública, habla del aumento en la burocracia y después hace un análisis por artículos que revela que hay algunos términos, como "no asignables" que usted les da otra interpretación.
Los gastos no asignables no quieren decir que no se asignan o que después se justifican, o que son sospechosos, no. Los gastos no asignables son aquellos que no pueden asignarse a un sector público y salen a relucir cuando hablamos del gasto sectorial; gastos no asignales son, por ejemplo, los gastos de deuda pública que afectan por igual a todos los sectores; gastos no asignables son las participaciones a estados y municipios; pero no hay nada obscuro en estos gastos no asignables; desafortunadamente usted le hizo más caso al Informe Previo que al dictamen. En el dictamen no utilizamos esos términos un tanto oscuros para los que no son contadores.
Ahora usted habla del "Gasto sectorial programático". No existe tal cosa. Hay, por un lado, el gasto sectorial; y por otro lado, el gasto programático. El gasto sectorial es aquél que se destina a in sector específico, venga de la Secretaría que venga; por ejemplo, el gasto en educación, pues unos lo hace educación pública, hay gastos en educación que provienen de otra secretaría. Pero el gasto programático sí se refiere a las secretarías; es decir, a que programas instrumenta cada una de las entidades o dependencias. No hay tal cosa como el "gasto sectorial programático".
Ahora, usted nos recordaba a don Juan José Hinojosa, diciendo que " no se puede ser tan frívolo manejando estos datos", es cierto. Estamos totalmente de acuerdo. Primero hay que conocerlos y después manejarlos. Y quiero agradecer públicamente a don Juan José que me diera la oportunidad de citarlo en este contexto, refiriéndome a uno de los miembros distinguidos de su partido.
Usted dice que el ramo de desarrollo urbano y ecología no está. Sí está. No está su gasto sectorial, está el gasto de la Secretaría. Está dentro del bienestar social. Lo cual revela que no hubo un examen cuidadoso del dictamen de la Cuenta Pública, que es el que está a discusión.
Después nos hablaba de que la renovación moral es simple slogan electorero, y nos decía también que la discusión sobre la aprobación del presupuesto y de la Cuenta Pública, era para darle pinceladas o brochazos de democracia a nuestro sistema. No, compañero Luis J. Prieto, la renovación moral, no es moda sexenal, no es programa transitorio, no es principio para la utilería política; es un programa permanente. Pero hay que entenderlo; la renovación moral no es sólo un combate a la corrupción, la renovación moral es, ante todo, apego a nuestros principios; es, ante todo respeto a los valores políticos fundamentales; la renovación moral es tarea de todos, no se agota con el combate a la corrupción, la renovación moral es un instrumento, un medio para avanzar en la cristalización de nuestro proyecto nacional. Y quede bien claro, por aquellas criticas que se deslizaron, que quede bien claro, que nosotros condenamos la falta de probidad en el desempeño de la función pública, nosotros respaldamos la voluntad política de combatir la corrupción donde quiera que se encuentre, sea Sector Público o Sector Privado. Además, este combate a la corrupción es dentro del estado de derecho; la renovación moral no es actuar por compulsa, por capricho, por veleidad; la renovación moral no es actuar por presión o por sospecha; la renovación moral no es actuar por una mera presunción; es apego estricto a nuestro marco jurídico, es apego a esos ordenamientos, y si ustedes pueden configurar un delito dentro de este marco de derecho, ¡adelante!, nosotros seríamos los primeros en apoyarlos, conforme a derecho.
Y por otro lado, respecto a la democracia, compañero Luis J. Prieto, para nosotros la democracia no es sólo un proceso electoral, no lo confinamos a esos estrechos márgenes, tampoco es sólo un régimen político, una estructura política o un régimen jurídico; no es mucho más que eso, es todo un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México. Y es importante aclarar por qué, porque no pueden ejercerse los derechos políticos a plenitud en una sociedad que padece hambre, ignorancia, desigualdad, marginación o desamparo; porque entonces la democracia no sería más que una mera envoltura que esconde y encubre privilegios e injusticias. Entonces la democracia no sería más que una solapa que protege y oculta el dominio de las minorías sobre las mayorías. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Luis J. Prieto.
El C. Luis J. Prieto: - Señor Presidente; amigos diputados: Al escuchar al diputado Cavazos, me quedó la duda si hablaba como diputado o hablaba como un empleado de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Primeramente, porque él hizo una defensa total y absoluta de lo realizado, en vez de emitir una opinión como la emitimos todos los demás diputados; no creo que tenga ningún derecho a responder a cada uno de nosotros; emita una opinión como cualquiera de los demás diputados.
Segundo. El presupuesto que aprobó esta Cámara, esta soberanía, no fue global, fue específico para cada secretaría y para cada programa, al menos así se nos presentó, y lo que corresponde a nosotros, es ver si ese presupuesto se aplicó conforme a lo aprobado por nosotros en cada secretaría y en cada programa, y si hubo desviaciones en los programas quiere decir que no están cumpliendo el presupuesto específico que aquí aprobó esta soberanía.
Se preguntarán que hubiera sido, si no se paga el servicio de la deuda, que simplemente, si era tan importante este servicio de la deuda, por qué no se programó antes y en el presupuesto se especificó la importancia de este pago y se debería de haber previsto, vuelvo a repetir, a los planeadores se les olvida que primero son los planes y después son los presupuestos.
Yo creo que hay mucho que decir, pero es casi inútil, a veces, argumentar.
Por lo que respecta a la democracia, poéticamente habló de la democracia, pero es una falsedad total y absoluta, porque no es cierto, estoy totalmente de acuerdo que es difícil para una sociedad con hambre, con falta de preparación y de educación, con miseria, vivir en plenitud de democracia; pero ¿quién creó esta sociedad miserable? Después de 55 años en el poder ahora se dan cuenta de que la sociedad es miserable y le falta educación, ¿quienes son los responsables, quienes han guiado los destinos del país? Yo estoy totalmente de acuerdo, sí, lo que necesitamos es buscar realmente ese sistema de vida que es realmente la democracia y no solamente un proceso electoral, que aquí es donde se empieza, porque algo que debe tener la democracia es el respeto a la dignidad de los ciudadanos, y el respeto a los derechos cívicos, y el respeto al sufragio efectivo, que aquí todavía no se cumple. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Raymundo León Ozuna.
El C. Raymundo León Ozuna: - Señor Presidente; ciudadanos diputados: Vengo únicamente a contestar algunas de las imputaciones o afirmaciones que hizo en referencia a la intervención del Partido Demócrata Mexicano, en mi persona, el diputado Cavazos.
Con respecto a la deuda externa, nos decía y se maravillaba el diputado Cavazos de que ha bajado el crecimiento de la demanda, nosotros en ningún momento cuestionamos el que haya bajado el crecimiento de la deuda, nos sorprendimos y protestamos por ello, de que está aumentando el endeudamiento neto, y dábamos las cifras hasta esta fecha de 95 mil millones de dólares.
Yo le quiero recordar al licenciado Cavazos que estas últimas copas, aunque sean más chiquitas que las botellas que se ingirieron al principio, son las que tumban a los aficionados a las bebidas alcohólicas, los cinco mil millones de dólares, de que nos hablaba, los cuatro mil millones de este año, que ya sumaron 10 mil, que nos hemos empinado últimamente en el PIDE, bajo la consigna, claro, de que son las últimas. Pero hay que recordar que son las que nos pueden desquiciar y después de este ejercicio de austeridad ya se nos anuncia, y usted lo sabe bien, licenciado, en los criterios generales de política económica, que estamos precisamente trabajando en el PIDE para consolidarnos y luego en ese paralelismo de sexenios, después de que nos vamos a consolidar, vamos a recurrir a mayores préstamos. Salud, licenciado Cavazos.
Lo único que si queremos afirmar aquí nosotros, es de que este país, nuestro pueblo, no quiere mayor endeudamiento, lo que nosotros exigimos es que baje el endeudamiento neto de la deuda externa.
Bajar el crecimiento de la misma, no es ningún arte de magia, licenciado, es únicamente ir alargando este proceso de hipotecar al país.
En cuanto a la baja de la producción, yo dije o quise decir que se trató de un descenso del 5.3%, cifra que señala la negativa, económicamente, en el ejercicio de 1983 que estamos examinando. No fue ningún error de mi secretario, fueros suyos, licenciado, se notó bien.
Según el diputado Cavazos, cuando ya se refiere a las cifras que nos da a los pronósticos que todos hallaron, en empleo, en tasa de inflación, en baja del Producto Interno Bruto, nos recuerda a los jilgueros del sexenio anterior en que recurrían al fácil argumento de los imponderables y a considerar sus palabras más que examinar finanzas y los fenómenos económicos anexos al gasto, tal parece que estábamos examinando el dictamen de los imponderables del licenciado Cavazos.
Los imponderables, repetimos, es un argumento que se maneja muy fácilmente. También se nos dice que nosotros queremos cifras exactas, cuando se trata de la Cuenta Pública, cuando se trata de los impuestos que paga el pueblo mexicano, sí somos exigentes y sí queremos que se nivelen los presupuestos, y sí queremos que desaparezcan los déficits presupuestarios; por eso estamos.
Ahora le damos a usted las gracias por la información que nos dio de la sesión de la Contaduría Mayor de Hacienda, fincando denuncias penales. No sé si conté bien o mal,
pero fueron cuatro o cinco casos. Y por asociaciones de imágenes recordé los alevines, o sea, los pecesillos pequeños de que nos habló nuestro diputado David Lomelí Contreras. De esto no hablaba usted también, licenciado de pecesillos pequeños, son cuatro o cinco los que ha consignado penalmente la Contaduría Mayor de Hacienda, usted mismo, en su dictamen del año pasado en 1982, nos hablaba de los horrores y del monstruo que fue la cuenta y el gasto público de 1982; nos sorprende que a un año de distancia se le haya olvidado aquel despliegue publicitario que montó aquel aparato que se hizo únicamente para evitar y para arrebatar banderas de quienes tienen la calidad y la autoridad moral de señalarlos y criticarlos. Estas son las aclaraciones que queríamos hacer al respecto. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte a la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. Héctor Ramírez Cuellar: (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - Pase a la tribuna, diputado Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuellar: - Señor Presidente; señores diputados: Solamente quiero hacer algunas precisiones y algunas aclaraciones a lo que planteó ante esta tribuna el diputado Manuel Cavazos.
El aclara, o me aclara, que la banca de segundo piso son los fideicomisos y que eso es banca nacionalizada; efectivamente, el Banco de México maneja los fideicomisos, pero yo no me refería a esa banca, yo me refería a la otra, me refería a las sociedades de inversión, a las de uniones de crédito, a las aseguradoras, a las afianzadoras, a los Almacenes Nacionales de Depósito, que si bien es cierto, como usted lo señala, no van a poder captar recursos del público, atribución que es exclusiva de la Banca, sí van a poder manejar recursos del público; sí van a poder obtener dinero; sí va a poder hacer operaciones de distinto tipo. A esa Banca me refiero, y contra esa Banca nos hemos pronunciado.
En cuanto a la dolarización de la economía. Yo me refería a la dolarización del sistema financiero. Tengo aquí las cifras de la captación del sistema financiero. La captación en moneda nacional se incrementó en un 56%, y la captación en moneda extranjera se incrementó en un 43%. Siendo la mayor parte de esta captación, instrumentos monetarios. Esto quiere decir que es preocupante este índice de aumento de la captación en moneda extranjera. Si bien es cierto que no tiene el grado de peligrosidad que tuvo en 1982, sí es realmente digno de tomarse en cuenta.
El diputado Cavazos afirmó que sí se ha pretendido una distribución equitativa en el costo de la crisis. Y la opinión del Partido Popular Socialista es la contraria, de que no ha habido ese reparto equitativo. El habló de la desgravación de los productos de la canasta básica. Pero la canasta básica hasta el mes de diciembre de 1983, subió un 78.8%, o sea, los artículos supuestamente controladas por la Secretaría de Comercio, han también subido de precio, lo que demuestra que es una falsedad la afirmación de que esa Secretaría controla los precios. No controla nada.
En lo que se refiere a los salarios, tengo aquí algunas cifras por sectores primarios, por sectores. El sector primario en 1982, un obrero ganaba 16 mil 279 pesos , y en 1983 ganó 15 mil 244 pesos; en el sector industrial un obrero ganaba en 1982, 25 mil 288 pesos, y en 1982 ganó 23 mil 812; en el sector comercio o de los servicios, en 1982 un empleado ganaba en promedio 18 mil 624 pesos, y en 1983 ganó 17 mil 585 pesos. Es evidente, entonces, el deterioro de los salarios reales y nominales.
Hay una discusión en la cual no voy a participar sobre ello el llamado excedente de explotación; yo lo concibo como lo que es, como la explotación del capitalista. No quiero discutir a fondo este asunto.
En 1983, por concepto de remuneraciones a asalariados tenemos la cifra de mil 181 miles de millones de pesos, y por excedente de explotación de la mano de obra o plusvalía, no le demos vuelta fueron mil 395 miles de millones de pesos; mientras las remuneraciones de los asalariados aumentaron un 27%, el excedente de explotación capitalista aumentó un 32%.
Una cuestión de detalle: efectivamente, disminuyó el Producto Interno Bruto un 4.7% y dentro de él el producto industrial cayó un 7.4%. Si nosotros examinaremos los rubros del Producto Interno Bruto, veremos que sólo aumentaron los servicios financieros y de seguros, es decir, la especulación financiera que permiten las altas tasas de interés y el alquiler de bienes inmuebles, en todo lo demás encontramos decrecimientos y crecimientos negativos.
En lo que se refiere a las economías, se afirma que nos equivocamos porque sólo se trata de gasto corriente, pero no es así, acabamos de examinar el estado consolidado de las empresas del Sector Público. Tuvieron un ahorro o un superávit de 733 mil millones de pesos en el costo directo de operación las empresas, esto no es gasto corriente. Se les entregaron subsidios por 442 mil millones de pesos; pero a pesar de esto pagaron intereses por 613 mil millones de pesos.
Cuando nos referimos al abandono del Estado al sector estatal, nos referimos a esto, precisamente, a que realmente se obligó al sector estatal a que disminuyera su gasto de inversión, y solamente se le dejó el estado meramente administrativo.
En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta hemos examinado los datos de la Secretaría de Programación y Presupuesto para el año de 1982, se recaudaron 464 mil millones de pesos por concepto de Impuesto sobre
la Renta. De éstos, 159 mil millones de pesos fueron por concepto de sociedades mercantiles, o sea, de la burguesía industrial y 284 mil millones de pesos fueron por personas físicas. Aquí están obviamente los trabajadores. Estas son las aclaraciones que queremos hacer, porque no queremos que esto quede así, para que no se asocie la posición del Partido Popular Socialista con la posición que la derecha ha tenido en este debate. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte a la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Se emitieron 236 votos en pro y 54 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 236 votos.
Presidencia del C. Jorge Canedo Vargas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson para impugnar el artículo 2o.
El C. Antonio Gershenson: - Señor Presidente; compañeros diputados: En primer lugar, quiero solicitar autorización para abordar en una misma intervención los artículos 2o., 12 y 13, dado que el artículo 2o., por ser más general, engloba al mismo tiempo los aspectos detallados en los artículos 12 y 13, o sea, industrial y energético. Solicito abordarlos en una sola intervención.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta del señor diputado Antonio Gershenson.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la propuesta del diputado Antonio Gershenson.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Adelante, señor diputado.
El C. Antonio Gershenson: - Muchas gracias. Antes de entrar a mi intervención sobre este tema, quisiera hacer algunas aclaraciones que no quisimos hacer en intervención separada, para no abusar del tiempo.
En relación con lo planteado por el diputado Cavazos, sí quisiera yo aclarar que el documento que se distribuyó, dice en su página 2 que en términos reales la reducción del gasto público federal de 1983 fue del 14%, es decir, una caída más alta que la del producto que fue del 5.3%, así que si hubo una inversión en las cifras para que quedara 3.5%, no fue en la máquina de escribir, sino no sé dónde.
Otras aclaraciones, sin ánimo de que esto sea una respuesta global que evidentemente implicaría una intervención distinta, no es exacto que nosotros nos opongamos así, simplemente, a aumentos de precios, tarifas e impuestos; lo que nosotros impugnamos es que estos aumentos se hagan recaer en la práctica sobre la mayoría de la población y sobre los sectores de menores ingresos y, al mismo tiempo precisamente, pensamos que se podía hablar de más impuestos, porque no todos perdimos en la crisis.
Según los datos de la Bolsa de Valores, en su muestra de 110 empresas, la comparación de las utilidades netas de 1983 el peor año de la crisis, en comparación con el año anterior, vemos que las empresas de la química y petroquímica elevaron sus utilidades netas en un 263% y las de la rama de la minería elevaron sus utilidades netas en 357.9%, o sea, que sí había de dónde tomar para aumentos a los impuestos a los bienes y servicios de determinadas empresas estatales, etcétera.
Y como un ejemplo de que no fue equitativa la carga, podemos recordar, entre muchos, el caso de impuestos de un peso por kilowatt/hora que rigió durante todo 1983 precisamente que era un impuesto típicamente regresivo, puesto que a una vivienda popular que pagaba aproximadamente 1 o 2 pesos el kilowatt/hora le representaba un aumento este peso de entre el 50 y el 100%, mientras que a las grandes residencias que pagaban 4 pesos el kilowatt/hora de tarifa normal, este peso le representaba un 25% de aumento.
En cuanto a 1983, efectivamente, hubo empresas que perdieron, pero como muestra los datos que señalé, hubo empresas que ganaron, y muchísimo. Ya para 1984 se han venido generalizando los aumentos escandalosos en las
utilidades netas, puesto que aquí ya de las 110 empresas de la muestra de la Bolsa de Valores, sumadas, vemos un aumento del primer trimestre al segundo trimestre de 1984 de un 109.3%, o sea, que en un solo trimestre aumentaron las ganancias globales de estas 110 empresas de muestra a más del doble.
Entonces, no es que no haya de dónde, ni la crisis afecta por parejo a todos. La crisis, sumada a la política económica que se ha aplicado, se ha traducido en menos salario en términos reales pero también en más utilidades, incluso en términos reales, puesto que estos aumentos evidentemente han rebasado los índices de inflación en todos los casos mencionados.
Paso entonces a la intervención sobre los puntos reservados en lo particular.
Sin embargo, antes de abordar el tema propiamente dicho de la Cuenta Pública y concretamente del Sector industrial y energético, tenemos que hacer una breve referencia al Informe Previo como tal. Así como en otras ocasiones hemos reconocido el enorme trabajo desarrollado por la Contaduría Mayor de Hacienda y la gran utilidad de los informes que nos ha rendido, en este caso no podemos dejar de criticar la forma como está hecho el Informe Previo de la Cuenta Pública de 1983.
Se ha logrado, conjuntando, muchos esfuerzos, elevar notablemente la capacidad técnica y la capacidad de trabajo de la Contaduría; nosotros hemos estado siempre en la lucha por la superación de nuestro órgano técnico. Por esta misma razón no debíamos tener un Informe Previo mucho más escueto y con mucha menos información que la de los inmediatos anteriores, de los años inmediatos anteriores; pero este es el caso y voy a poner algunos ejemplos para que no se interprete esta crítica como calumnia. Es más, expresamente aclaro que no se critica por parte nuestra, en este caso, el tipo de juicios que la Contaduría haga o deje de hacer en torno a la información que nos proporciona; criticamos que proporciona demasiado poca información, y paso a referir los ejemplos anunciados.
El número total de páginas, con tamaño y formato muy similares, bajó de mil 399 páginas en el Informe Previo de 1982 a 369 en 1983; hoy recibimos, según esto, el 26.4% del texto recibido el año pasado, o sea, aproximadamente la cuarta parte de volumen que en el año anterior.
El análisis por entidades que para 1982 era todo el tomo tercero, con 385 páginas, ahora no existe como tal y las referencias a entidades son pocas y dispersas; la parte de cumplimiento, de objetivos y metas que ocupaban en el año anterior 443 páginas, ahora sólo ocupa 87, o sea, poco menos de la quinta parte que el año anterior. Dentro de esta parte se incluye al sector industrial y energético, al cual me voy a referir, pero que bajó de 65 páginas a 11, o sea, aproximadamente una sexta parte que el año anterior.
Esto tiene efecto, además de limitarnos la información, de dar una impresión de que hubo severidad para juzgar a un régimen que ya salió, pero no a hacerlo con una administración vigente, ello limita la credibilidad tanto de esta Cámara como de la Contaduría, y con ello limita sus posibilidades políticas de actuar.
Por las mismas circunstancias, esta intervención poco puede basarse en el Informe Previo. Todo el sector industrial y energético, el cual se trata en bloque y sin analizar cada empresa, ni siquiera las más importantes se analizan en lo particular, ocupa, como dijimos, 11 cuartillas; pero la parte propiamente analítica del presupuesto y gasto sectorial, son cinco cuartillas.
Entre lo que señala, está que el presupuesto ejercido por este sector es poco más del doble del presupuestado, principalmente por los efectos de la devaluación y de la deuda externa. Ello no hace sino confirmar, en primer lugar, que la servidumbre internacional que se nos impone a través de deudas, como a los peones del porfiriato, sigue siendo una gran traba para nuestro desarrollo.
Y en segundo lugar, que el gasto interno fue insuficiente por la misma dependencia del extranjero que muchos persisten en mantener e incluso glorificar.
Entre lo que vamos a señalar, sin embargo, habrá muchos señalamientos sobre aspectos que no incluyen el Informe Previo, aun entendiendo que se trata de aspectos muy parciales, pues sería imposible realizar una labor siquiera comparable a la de la Contaduría para tener información y analizarla con vistas a un ajuste y valuación de la Cuenta Pública del sector industrial y energético.
Al mismo tiempo, esta intervención trata de contribuir a orientar el futuro trabajo de la Contaduría para que el Informe de Resultados de 1983, que se entregará ya a la siguiente Legislatura, sea lo más amplio, preciso y útil que sea posible.
Así, por ejemplo el Informe Previo en su brevedad, dice sólo que la meta de generación de energía eléctrica se cumplió en un 95.4%, señalando que fue por baja en la demanda, pero se menciona que el programa de electrificación rural, importante para el riego, y por tanto para la suficiencia en la producción de alimentos, se cumplió sólo en un 26%, dato que está en la Cuenta Pública y que se verificó en reunión con los funcionarios responsables.
Considero que una de las tareas de la Contaduría Mayor de Hacienda en la elaboración del Informe de Resultados de 1983, es ahondar en este caso y verificar hasta qué punto fue general la tendencia a minimizar los renglones de mayor contenido social del presupuesto.
Ya que hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, es claro que sus ingresos propios han sido insuficientes debido a tarifas de subsidio, principalmente a los grandes empresarios. Ahora que se anuncia un aumento
a las tarifas eléctricas y dado que esa es función del Ejecutivo, lo menos que podemos hacer aquí es dar una opinión: no es correcto que suban indiscriminadamente los precios de los productos de la empresa privada y que se congelen o se aumenten muy lentamente los productos de la empresa pública; ese mecanismo ha garantizado altas utilidades a empresarios privados que, a fin de cuentas, sacaron ese dinero del país y nos dejaron con enormes deudas a cuenta del sector estatal.
Pero tampoco es aceptable que el pueblo pague por un puñado de millonarios desnacionalizados; donde deben aumentar las tarifas eléctricas es en las tarifas 8 y 12, destinadas a las grandes empresas que consumen las dos terceras partes de la energía eléctrica de México, y en los cuales un aumento verdaderamente se traduciría en una gran elevación de los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad. Dentro de la tarifa doméstica, los consumos pequeños y medianos no deben ser sustancialmente castigados con el aumento, ése se debe cargar al gran consumo doméstico que es de tipo suntuario, es en el tercer paso de la tarifa 1-A, referida al consumo doméstico, o sea, después de los primeros 200 kilowatts hora bimestrales donde debe haber un aumento importante e incluso es necesario un cuarto paso de esas tarifas a partir de 400 kilowatts hora bimestrales, pues ahora el consumo promedio es ya de más de 200.
De cualquier modo, elevar seriamente los primeros pasos de la tarifa doméstica, además de injustos, rendiría muy poco a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, pues toda la tarifa doméstica representa apenas una quinta parte del consumo total de electricidad en el país.
Una última referencia a la Comisión Federal de Electricidad, ahora en relación con el gas distribuido por Pemex. No hay suficiente gas para satisfacer la demanda interna, incluso la producción de gas natural bajó, según vemos en la cuenta pública que estamos discutiendo; de 1982 a 1983, hubo una reducción de 4.5%, pues bien, la Comisión Federal de Electricidad usaba ese gas para varias plantas termoeléctricas, pues es ventajoso al requerir menos limpieza y mantenimiento de las calderas, sin embargo, por la escasez tuvo que empezar a usar combustóleo en muchas plantas.
El problema es el siguiente: las fábricas del llamado Grupo Monterrey: Alfa, Visa, Vitro, Cipsa y algunas más, reciben de una distribuidora de gas natural que ellos mismos formaron, gas a bajísimo precio. Con el gas casi regalado les conviene generar electricidad dentro de sus plantas en vez de emplear el servicio público, incluso han interconectado esas plantas para usarlas con más eficiencia; pues bien, Gas Industrial de Monterrey, S. A., que es el nombre de la distribuidora y las plantas eléctricas que surte de propiedad privada y además monopólica, siguen recibiendo gas y generando electricidad con él, mientras que la Comisión Federal de Electricidad debe quemar combustóleo, ensuciar y correr más sus equipos con él y tener mayores costos de mantenimiento. ¿Por que una empresa pública como Pemex, en los hechos, está dando un privilegio a los multimillonarios de Monterrey sobre otra empresa pública como es la Comisión Federal de Electricidad? Otra interesante pregunta que creo merecer ser contestada.
Sigamos con Pemex, ya que empezamos a mencionarlo. Es evidente el papel jugado por este organismo en la vida nacional, no sólo como fuente de ingresos, sino como impulsor del desarrollo industrial y tecnológico. Por ello, precisamente, es fundamental que se superen los problemas que impiden su óptimo aprovechamiento, y la Contaduría podría orientar su revisión a este organismo y precisar esos problemas. Quiero mencionar algunos:
Es público, e incluso lo ha reconocido el director general de Pemex, que se ha elevado de modo considerable el número de empleados de confianza. Pero mientras que la dirección afirma que gracias a ello ha aumentado la productividad de los trabajadores, la parte sindical afirma que estos empleados de confianza no han cumplido ese papel y que la productividad ha aumentado a pesar de ellos.
También hay discrepancia entre el número de esos empleados, pues, por un lado, se habla de menos del 10%; y por otro, de alrededor del 20% en comparación con el número de trabajadores sindicalizados. Sería útil aclarar también estos puntos.
Hace dos años, y también hace un año, mencionamos la existencia de empresas privadas que perforan pozos petroleros bajo contrato a pesar de estar ello prohibido por la Constitución y por la ley. A pregunta expresa, en reunión del pasado 26 de noviembre, los altos funcionarios de Pemex nos informaron que de 162 equipos de perforación terrestre, 34 son de contratistas, o sea, el 21%.
Y de los equipos de perforación bajo el agua, lacustre y marítima, que son en total 37,13 son de contratistas, o sea, el 35%. Dentro de esto, toda la exploración petrolera bajo el agua está a cargo de contratistas. Y no olvidemos que cuando se ha entrado a ver el asunto con detalle, se ha visto el alquiler de equipos de perforación por parte del contratista a empresas extranjeras que incluso envían personal que, en la práctica, comanda los trabajos.
También se ha reconocido que trabajos de mantenimiento que como parte de la industria petrolera que deben ser llevados a cabo directamente por Pemex, además de que así se establece en el contrato colectivo de trabajo, son concursados y entregados a contrato particulares. Esto, sumado a las quejas sindicales en el sentido de que no se da mantenimiento adecuado a las instalaciones, adquiere actualidad a raíz del accidente de San Juanico. Es un hecho que si los trabajos
de mantenimiento se concursan en vez de realizarse directamente, como cada vez el concurso puede ser ganado por otra empresa, no se acumula experiencia para prevenir nuevos accidentes lo más posible.
Hay otro aspecto de esta privatización ilegal de la industria petrolera que también debe ser investigado. En el informe anual del Banco de México, correspondiente al mismo año. de 1983, en el cuadro 32 del apéndice estadístico, se nos dice que hubo exportaciones petroleras del sector privado, y que éstas aumentaron de 16.5 millones de dólares en 1982 a 44.2 millones de dólares en 1983, aumento del 167.9%, o sea, casi al triple; siendo cantidades menores al lado de las exportaciones por Pemex, no lo son tanto si vemos que pueden ser ilegales y comparamos el monto con el salario mínimo anual de ese mismo año; equivale al ingreso anual de casi 37 mil obreros con salario mínimo.
Claro que pudiera haber alguna explicación a este fenómeno que no configura ilícitos, pero precisamente para dilucidar esto, se requiere investigarlo.
Pasando a otras empresas, se reporta que Fertimex sólo cumplió en un 80.7% se meta de comercialización, explicándolo por la contracción de la demanda. En realidad se trata de un desequilibrio entre los precios de fertilizantes y otros productos que subieron mucho y el ingreso real de la población rural consumidora de los mismos, que bajó en términos reales.
No hay ahorro más absurdo que el de vender abono caro, aunque se venda menos, para luego pagar en dólares la importación de más alimentos al no haberse producido empleando más agroquímicos, sino menos.
Esperamos con interés el informe sobre el desvío presupuestal en Uramex, donde las tres cuartas partes del presupuesto de 1983 fueron trasladadas del renglón de inversión de capital al gasto de operación para liquidar a los trabajadores, todo ellos sin autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Termino insistiendo en la necesidad de que la discusión de la Cuenta Pública y los informes sobre la misma, sean más amplios y más públicos, habida cuenta en los aires reprivatizadores que llegan del norte, tenemos el derecho a aspirar que no se privatice también la Cuenta Pública, sino que siga siendo pública. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Rogelio Carballo Millán.
El C. Rogelio Carballo Millán: - Señor Presidente; compañeros diputados: Antes que todo agradezco la brevedad de la intervención del compañero Gershenson, solicito ahora poderme referir también a los tres artículos que él mencionó, ya que trató varios temas en su intervención dentro de esta brevedad que acabo de señalar.
Yo quisiera, antes que todo, aprovechar esta oportunidad en la tribuna, con el objeto de hacer una aclaración previa antes de la réplica sobre los puntos expresados por el señor diputado Antonio Gershenson.
El día de hoy aparece publicado en el periódico Excélsior una plana sobre algunos aspectos relativos a la Cuenta Pública de 1982, y creo que es importante como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, que tiene a su cargo el control de la Contaduría Mayor, hacer una aclaración muy breve:
Este desplegado, de una página completa, pretende dar la idea, según aquí se expone, de algunas situaciones encontradas el año de 1982, y para las cuales, aparentemente, esta soberanía y, concretamente, nuestro órgano técnico, nada ha hecho sobre el particular.
Yo creo que ha sido un buen trabajo de acumulación de cifras, un buen trabajo de presentación, un trabajo esquemático. Pero quiero ser muy contundente en esa expresión: creo que lo que aquí se menciona, es incompleto se habla, se menciona, se indica, que el órgano técnico, por una parte, y, por otro lado, se hacen unas series de consideraciones, una clasificación de supuestos delitos; pero yo quisiera aclarar de manera contundente que esta información es incompleta. No sé, yo respeto a todos mis colegas, mis compañeros de Acción Nacional, pero en lo particular, como ya lo escuchamos hace un momento, aparentemente se quiere dar una idea amarillista sobre este tipo de informaciones.
Yo sí pienso, y lo pensamos los compañeros de la Comisión, que es reprobable que se utilicen los trabajos serios y positivos de una institución, como la que aquí se ha reconocido que es la Contaduría Mayor de Hacienda, para fundamentar este tipo de imputaciones. Y, efectivamente, ha habido ocasiones en que se ha cuestionado el trabajo de la Contaduría Mayor, ahora lo acaba de hacer Toño Gershenson en función de la presentación del Informe Previo, al cual me voy a referir. Pero creo que, después de todo, después de todo este esfuerzo que se ha venido realizando para dar a esta soberanía toda la información que se requiere, creo que habría que analizar y concretar en plenitud qué significa lo que aquí se ha mencionado en este desplegado, pero sobre todo aclarar de manera muy clara y precisa qué es lo que ha hecho el órgano técnico para investigar y para realizar acciones pendientes, que no queden sin aclaración todas estas imputaciones que aquí se hacen.
En el propio Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 1982 se mencionan las acciones que ha efectuado y que está instrumentando. Menciona, desde luego, como aquí se ha dicho en otras ocasiones, las recomendaciones y la participación de tipo institucional que debe realizar un órgano técnico como el nuestro, porque no es una situación privativa del nuestro, sino que en cualquier parte del mundo la Contaduría Mayor o su equivalente en otras latitudes, como en las
auditorías generales, etcétera, no sólo tratan de analizar el gasto público para meter a la cárcel a los funcionarios.
Por esa razón, yo quisiera que esta soberanía tuviese en cuenta que la política de la Contaduría Mayor es de actuar en todos los casos en los que la ley lo establece y señala, porque la Contaduría Mayor de Hacienda está actuando con estricto apego a la ley.
Yo creo que también vale la pena recordar que en alguna otra ocasión se ha hecho una impugnación de que estos trabajos de la Contaduría se realizan en la semiclandestinidad. Yo quiero recordar que a invitación, o mejor dicho, a petición, de una ilustre compañera, en esta misma tribuna aceptó, y como debe ser obligación, se aceptó que participara cualquiera de los compañeros diputados que deseara asistir a este tipo de reuniones, concretamente se invitó poner una fecha, si no mal recuerdo el día 15 de octubre, a varias comisiones, en las cuales, desafortunadamente, pues la concurrencia fue demasiado exigua, es decir, no hubo participación, no hubo realmente ni siquiera interés por aclarar estas imputaciones que se hicieron en aquella ocasión.
También se ha mencionado, y fue al principio de esta reunión, de esta sesión, que esta soberanía debería de actuar de manera más activa para corregir y para castigar a los infractores de los distintos regímenes, para que a su vez el pueblo esté satisfecho, con que existan éstas, que diría yo castigos para los infractores.
Yo creo que además de la tarea ardua que hemos logrado superar en estos tres periodos de sesiones que llevamos, debemos recordar que hay este órgano fiscalizador del que disponemos todos para actuar en la materia que la propia ley establece, o sea, la fiscalización del ingreso y gasto público.
Para terminar con este tema, yo quisiera mencionar o agregar, a lo que ya señaló Manuel Cavazos hace un momento, que la situación mencionada en el Informe de Resultados de 1982, pues no fue una situación en que se rindió el informe y la Contaduría Mayor sigue sin actuar.
Yo tengo aquí, y si los compañeros hubieran asistido a las reuniones a que hemos estado convocando, se hubieran dado cuenta de cuál es la acción que se ha venido realizando por parte del órgano técnico, de tal manera que, compañeros, en la Comisión de Vigilancia hemos venido conociendo cuáles son las acciones de que ha venido derivando el apuntamiento que hizo, o el señalamiento que hizo, nuestro órgano técnico sobre los diversos casos que apuntó, que señaló, que concretó, en el Informe de Resultados de 1982.
Tengo aquí a la vista una serie de acciones que ya varias veces hemos repetido que no sólo se refiere a las denuncias penales que ya señaló Manuel Cavazos.
Hemos repetido hasta la saciedad que la aportación de la Contaduría Mayor, además de establecer las variaciones o desviaciones que aparecen en el presupuesto, debe tener un papel más importante que es el de aportar precisamente sus conocimientos técnicos para que el presupuesto público y el ingreso público se manejen de manera mas eficiente, más honesta, o sea, más eficazmente. De tal manera que yo quiero dejar claro que la Contaduría Mayor ha venido trabajando, y que por otro lado las comisiones han estado participando en el conocimiento de todas estas acciones, y hay un testimonio, que es precisamente el acta que se levantó con motivo de la reunión del 15 de octubre, donde el contador mayor dio cuenta muy detalladamente, en forma muy pormenorizada, de cuáles son las acciones que está realizando y las que pretende realizar.
De tal manera que se pone a disposición de la Asamblea esa acta, que ya tienen inclusive los compañeros de la oposición, en donde con toda claridad se mencionan cuáles son las acciones y, por otro lado, cuáles son los resultados que está teniendo de su actividad.
Paso ahora a las referencias que hizo Toño Gershenson respecto a la dimensión del Informe Previo. Yo creo que un Informe Previo no se mide por el número de páginas, y esto debemos estar conscientes de que muchas veces los propios compañeros se han quejado de que tiene que leer tres o cuatro volúmenes en un plazo breve y que por lo tanto muchas veces no tiene la información suficiente.
Pero sí quisiéramos que reflexionaran en este otro aspecto, porque el Informe Previo, no obstante que ahora se pretendió prestar, como lo ha manifestado el Contador Mayor de Hacienda, en un solo tomo, contiene todos los capítulos que contenía el Informe Previo del año anterior, con la sola excepción de una referencia de las leyes que rigen la acción del Sector Público, que supuestamente todos debemos conocer. Todos los demás conceptos o todos los demás capítulos están involucrados en este Informe Previo condensado.
De tal manera que si se reconoce que se ha avanzado en esta materia, aún cuando haya quien pueda tener alguna duda sobre esta acción, yo quiero invitarlos a que hagan una comparación sobre el contenido del Informe Previo de este año de 1983 con el de 1982, y no pretendamos medirlo en función a las páginas que tenía el año pasado y las que tiene el actual.
Pero eso no es todo. Yo quisiera que también tuviésemos presente que el Informe Previo es sólo uno de los insumos de que se vales esta soberanía para poder juzgar o para poder formarse un juicio respecto a la gestión del Ejecutivo en un año determinado o en un periodo determinado.
Efectivamente. Yo solamente quisiera recordar que, además del Informe Previo, hemos tenido la oportunidad, hemos tenido la ocasión, de reunirnos en múltiples ocasiones con los diversos miembros del Ejecutivo,
desde los secretarios de Estado, a quienes se ha convocado a comparecer en esta alta tribuna, hasta los señores técnicos de las diversas secretarías de Estado.
Esto, obviamente, quienes han estado participando activamente en estas reuniones, están enterados de la marcha de los asuntos del sector que en un momento dado se está analizando o se analizó.
Por otro lado, no cabe duda que ha habido una diferencia muy notable entre los elementos de juicio que se disponía en el pasado para poderse formar una opinión y los elementos de juicio de que ahora disponemos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor información. El Ejecutivo Federal nos ha abierto las puertas en todas sus dependencias, en todas sus entidades. Tenemos el informe trimestral que se rinde al Ejecutivo. Algunos dirán que es muy escueto, otros dirán que estaría tal y tal información. Obviamente podría faltar en este tipo de informes alguna información para este fin determinado. Sin embargo, insisto, por primera vez tenemos esta apertura para poder solicitar a las diversas dependencias, entidades, la información que deseamos tener o que es necesario que la entidad o dependencia emita para nuestro propio beneficio y para beneficio de las comisiones, para beneficio de los diputados, y para beneficio de quienes representamos, que es lo más importante.
Hay algunas referencias que hizo nuestro compañero Gershenson. Yo quisiera tomar o retomar el sector sobre el cual en estos momentos está puesta la atención pública por diversas circunstancias, unas de ellas muy lamentable; el sector energético, o sea, el sector relativo a Petróleos Mexicanos. Aparentemente en el Informe Previo se dice que no se ha dado la información suficiente, pero constándonos, como nos consta, y en ese sentido hay que reconocer la asiduidad de nuestro compañero Gershenson a estas reuniones, creo que precisamente por estas reuniones con los responsables, hemos tenido la oportunidad de captar la información que para nuestros efectos se requiere, insisto, y que en un momento dado es una información adicional a este insumo que ahora me he permitido referir, que es el Informe Previo y, pues, francamente, yo quisiera recordar solamente que en la última reunión que tuvimos con el titular de Petróleos Mexicanos y sus subdirectores, se nos dio una información amplísima sobre los diversos aspectos que Petróleos Mexicanos ha venido acometiendo.
Se nos dio información sobre la producción primaria, se nos dieron datos que francamente si yo me pusiera a leerlos creo que me llevaría más de la media hora a que tengo derecho, pero que están contenidos en la información que los propios diputados recogieron. Tenemos datos vastos sobre lo que se ha hecho en materia de producción primaria: tenemos datos sobre producción industrial; tenemos datos sobre el aspecto administrativo, y por cierto que, de manera muy concreta, el titular se refirió a dos aspectos que a la Comisión le interesaron; que fue el aspecto mantenimiento, por las imputaciones que la entidad había venido recibiendo de que no había dado atención debida a ese aspecto tan importante de la empresa.
Se nos informó de la forma tan, diría yo, sistemática en que este aspecto de mantenimiento se ha venido realizando en Petróleos Mexicanos; se nos dieron cifras sobre este aspecto; se nos ha mencionado también lo que ha significado el avance en materia comercial y, sobre todo, lo que han significado los aspectos o los avances que una institución como ésta, que es pivote de la economía, ha tenido en el aspecto financiero.
Para recordar algunos de ellos quisiera mencionar este aspecto, que aunque algunos piensen que es irrelevante o que es únicamente el análisis financiero de una institución, y no creo que por ser, tener la especialidad o tener la profesión de contador, sea en la que me deba fijar únicamente, porque esto lo hemos venido analizando desde varios ángulos; pero sí en el aspecto financiero Pemex revirtió al iniciarse la presente administración la tendencia de endeudamiento creciente que le había llevado en un momento a representar una cuarta parte del total de la deuda del país.
Y también se nos informó que Pemex comenzó a desendeudarse. Pagó en 1983, el 10% de los 20 mil millones de dólares que adeudaba. Y el 6.5% del saldo restante este año de 1984. De tal manera que inclusive se nos dijo que al finalizar el '84, se habría liquidado alrededor de tres mil millones de dólares de la deuda de Petróleos Mexicanos, o sea, parte significativa de la deuda mencionada.
Ahora bien, hay otros aspectos que los hemos escuchado, los hemos visto, y qué bueno que Toño Gershenso piense que en un momento dado hay que abundar o haya que profundizar en los aspectos que le interesan a él y a esta soberanía. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si hay alguna duda respecta al información financiera que esta entidad nos a proporcionado, vamos a profundizar y por esta razón cuando discutamos el programa de la Contaduría Mayor para 1985, y en continuación con lo que ya se está haciendo en 1984, insistiremos en esos puntos que cada uno de nosotros nos interesa, y en esto sí debemos ser muy claros por una razón: debemos ser muy claros porque si algo se ha tenido es la determinación de que nuestro órgano técnico escuche las peticiones, las sugerencias de quienes asisten a las reuniones de la Comisión de la cual depende, y esa oportunidad no la podrá negar ninguno de los compañeros aquí presentes, miembros de la Comisión.
De tal manera que al PSUM le interesan ciertos aspectos, yo creo que no sólo al PSUM, sino nos interesan todos, y debemos profundizar puesto que ésta es nuestra obligación.
Nos mencionó también algunos aspectos que tomó de datos de Petróleos Mexicanos de esa reunión, sobre la cuestión de la asignación de los trabajos de Pemex. Nos dijo con toda claridad cuál es la situación de cómo ha venido evolucionando la asignación de los contratos en esta materia, y una cosa creo que debe quedar muy clara, que efectivamente se ha revertido este problema que antes existía, se ha revertido en el sentido de que, actualmente, y eso creo que todos somos testigos aunque no estemos dentro de la empresa, hay la determinación aún antes de que entrase en vigor la ley, las reformas a la Ley de Obra Pública, ya se venía realizando, por ese motivo yo estoy seguro que si en un momento dado el PSUM o cualquier otro partido desea alguna profundización en este sentido, creo que lo podemos pedir, y no sólo pedir, exigir a nuestro órgano técnico que profundice, que analice, que revise para los efectos del Informe de Resultados.
Hay algunos otros aspectos que también se han mencionado en el sentido de que podría ser muy exigua la información respecto a los sectores. Yo solamente quisiera recordar la diferencia de la cobertura que ahora hemos tenido en esta Legislatura para esta tipo de revisiones.
Señores, hemos triplicado la cobertura de fiscalización de esta H. Cámara, y esto se ha hecho y se ha logrado precisamente por esa determinación política que tantas veces hemos manifestado. Ustedes, nosotros y todo el pueblo exige que haya esta fiscalización mayor de la gestión pública, ya se trata del ingreso o del gasto público. De tal manera que los aspectos del a Comisión Federal de Electricidad, yo creo, diputado Gershenson, que con todas estas reuniones que ha tenido la Comisión de Energéticos con los señores funcionarios de la dependencia antes mencionada, se ha advertido la determinación, el deseo de dar a todos nosotros, no nada más a los representantes del Partido Revolucionario Institucional, la información que requerimos.
Las explicaciones han sido abiertas, permanentes y sistemáticas y sólo quisiera agregar a esta intervención un aspecto que para nosotros es especialmente importante, es en el sentido que la opinión pública no quede con la idea de que esta Cámara por el hecho de haber recibido el Informe de Resultados de un año determinado del Ejecutivo, ya terminó su tarea, y mucho menos imaginar que alguno de nosotros lo pensamos, cuando menos en lo personal, puesto que ya lo he dicho, tenemos la información disponible en la Contaduría Mayor. Y vuelvo a hacer la invitación de que se acuda a ella, para que se le dé con toda amplitud que se desee el resultado de las acciones de nuestro órgano técnico. De tal modo que si hubiese alguna omisión, yo le rogaría que me permitieran que alguno de mis compañeros pudiera dar en concreto, lo que deseara el compañero Gershenson; pero, por lo pronto, lo que ya anoté y es a lo que me he referido de manera especial en esta intervención. Muchas gracias, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.
El C. Antonio Gershenson: - Solamente quiero algunos puntos.
Es cierto que el Informe Previo no es la única fuente de información. Algunos de los datos que yo mencioné fueron tomados de la Cuenta Pública y así se señaló; y efectivamente, en reuniones con funcionarios, como también se mencionó en la intervención anterior, se verificaron y se cotejaron algunas de las dudas que, surgida de la lectura de la Cuenta Pública, por cierto otras reuniones, aunque han sido útiles en cuanto a información, como la mencionada por el diputado Carballo, con los funcionarios de Pemex, pues esa información no era relacionada con la Cuenta Pública de 1983, era información presente actual, y esa reunión pues era otra cosa. La información, efectivamente, era útil; efectivamente una parte de esa información la pude aprovechar en la intervención anterior, pero no se refería ala Cuenta Pública.
Entonces, la crítica que yo hice, y que hago al Informe Previo, es porque con la referencia anterior y de las dos anteriores, pero especialmente del último, pues en un paso atrás. No es un problema simplemente de número de páginas; yo estoy de acuerdo que la Contaduría Mayor de Hacienda ha criticado la cobertura, precisamente por eso, razón de más, de que tuviéramos un Informe Previo más lleno de información. Por ejemplo, todo el tomo tercero de la Cuenta Pública, del Informe Previo de 1982, o sea, el que recibimos el año pasado, todo el tomo tercero, 385 páginas está dedicado al análisis por entidades, entidad por entidad, de las que fueron revisadas; esa parte no está, no hay un análisis de entidad por entidad; se mencionaba en el análisis sectorial, en un párrafo se pone una mención a una empresa o a una entidad, en otro párrafo a otro, en fin; pero análisis de entidad por entidad no la hay. Yo creo que no debemos subestimar el trabajo tan completo del Informe Previo que recibimos el año pasado con análisis financieros de cada empresa de las que fueron revisadas, con toda serie de problemas que fueron detectadas y que se señaló que servirían de base para la elaboración del Informe de Resultados; cosas que ahorita no las vemos, no es un problema sólo de cantidad, yo tomé lo de las páginas porque un trabajo tan completo, como el que recibimos el año pasado, pues no hubiera sido posible ni con la mejor voluntad de síntesis de meter en tan pocas páginas.
Mencionaba yo que todo el sector industrial y energético, la parte propiamente del ejercicio presupuestal son cinco páginas, entonces sería imposible, por mejor voluntad de síntesis y capacidad de síntesis que hubiera,
que lo que el año anterior tomó 65 páginas, que es lo del sector industrial y energético, ahora estuviera en 11, principalmente cuando que el año pasado había además un análisis por entidad de 385 páginas, que ahora no lo hay. Entonces, es una cosa para mí fuera de toda proporción, y el hecho de que la Contaduría Mayor tenga una mayor capacidad de trabajo y un mayor trabajo, pues nos da derecho a esperar un informe, pues si no más amplio, por lo menos tan completo como el que tuvimos el año pasado. Eso es todo lo que quería yo aclarar.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 2o., 12 y 13.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - En votación económica se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos 2o., 12 y 13.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El C. Presidente: - Ruego a la Secretaría, en virtud de haber aceptado la Asamblea que los oradores trataran en un solo turno estos artículos, consultarla para ver si acepta que en un solo acto se tome la votación de los mismos.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el que se voten en un solo acto todos los artículos reservados en lo particular... Aprobado, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 2o., 12 y 13.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Señor Presidente, se emitieron 232 votos en pro y 52 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 2o., 12 y 13 por 232 votos, en sus términos.
Presidencia del C. Enrique Soto Izquierdo
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 4o.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 4o., diputado Javier Moctezuma y Coronado, y para hablar en pro del mismo artículo el diputado Ricardo Cavazos Galván.
Tiene la palabra el diputado Javier Moctezuma y Coronado.
El C. Javier Moctezuma y Coronado: - Señor Presidente; señores diputados: Qué bueno que el diputado Carballo, presidente de la Comisión de Vigilancia, mencionó la publicación que hizo mi partido respecto a la gráfica sobre las irregularidades que a nuestro juicio existieron en la Cuenta pública de 1982, y además, qué bueno que los datos que se reflejan me parezcan insuficientes, y también dijo que la Comisión de Vigilancia ya había actuado en consecuencia, cosa que desgraciadamente creemos que no haya sido como nuestro partido y como la representación nos obliga a hacer.
Quiero recordarles que nuestro partido solicitó un debate respecto a la Cuenta pública de 1982, cosa que se nos dijo que está fuera de lugar y eso nos obligó a asumir las humillaciones de la Contaduría Mayor. Así que quiero decirles que hoy en la mañana, a las diez, se presentó una solicitud de investigación a quienes resulten responsables respecto a las anomalías encontradas en dicha cuenta.
Esto lo hicimos para que el debate realizado hace un año en estas fechas no se quede sólo como un inventario de las opiniones sin ninguna trascendencia efectiva, emitidas por todos los partidos aquí representados, sino que sea un avance efectivo en la fiscalización del gasto público, materia que es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados.
Me he inscrito para objetar en particular el artículo 4a. del proyecto de dictamen, no porque esté en desacuerdo con su tesis ni porque niegue que no tuvo la Comisión conocimiento de los resultados de la gestión financiera de la Cuenta Pública, sino porque, en nuestra opinión, el dictamen no llega a ninguna parte; mi punto de apoyo para probarlo va a ser el sector paraestatal en su conjunto.
Al introducirnos en el estudio del proyecto de dictamen sobre la Cuenta Pública de este año de 1983, que se basa en un informe previo, y al llegar al capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, al leer que el objetivo de la revisión de la Cuenta por parte de esta soberanía es, en primera instancia, emitir un juicio político sobre objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 1983. Se me hizo presente la inútil discusión que sobre la Cuenta de 1982 tuvimos hace un año en estas fechas.
Nosotros, los del PAN, estamos, no de ahora sino desde hace muchos años, convencidos de que el pueblo espera de esta representación popular que vale por sus intereses, según el mandato constitucional, espera que lo defendamos de los servicios públicos que hayan desviado recursos o hayan solapado negligentemente ineficiencia en la prestación de los servicios; que finquemos las responsabilidades legales a que se hagan acreedores y no que esperamos al controlador policía para que si no hay, por medio de influencia y privilegios, integre las averiguaciones y proceda a consignarlos conforme a la ley.
Aunque a nuestro juicio ese dictamen pudiera calificarse como bueno por el reconocimiento y faltas obvias, y en el artículo 14 hagan recomendaciones positivas, no se eludan
los efectos de fiscalización que estamos obligados a hacer.
Si el dictamen fuera sobre el Informe de Resultados, sí cabría que lo pusiéramos a votación; si partimos de un Informe Previo nuestro voto o juicio también es previo; y no tiene validez como cumplimiento de nuestra facultad fiscalizadora.
¿Qué caso tiene que la Constitución nos señale como facultad exclusiva que examinemos, discutamos, y en su caso aprobemos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, si solamente nos quedamos en una revisión de un informe previo elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda?
Algo anda mal. Posiblemente ya lo señaló un compañero diputado. Posiblemente exista una falsa interpretación jurídica o un problema jurídico de interpretación en el artículo 74, fracción IV de la Carta Magna.
Nuestro voto en contra es que se sigue cayendo en el error de que esto se debe votar. Además de lo anterior, no se refiere al dictamen en sí, sino a la absoluta imposibilidad de comprobar, a partir del Informe Previo, si hubo o no una recta y eficaz utilización de los recursos públicos. Es decir, a la materia misma de la Cuenta Pública.
Y que el compañero Cavazos que es el que va a contestar, quiero decirle que no me voy a meter en su terreno. No me voy a meter a los números, porque consideramos, por lo antes dicho, que esto es una opinión; y la verdad es que no resistí la tentación de señalar una inquietud, de pensar que, como diputado, no cumplimos con nuestra función de fiscalización.
Tan sólo voy a señalar unos puntos de vista y también emitir una opinión de mi partido respecto a las empresas paraestatales.
Reiteradamente hemos señalado que nuestra economía está petrolizada, y eso nos ata más a los vaivenes de la economía internacional. En la gráfica de la cuenta doble de los organismos y empresas sujetas al control presupuestal, nos lo volvió a corroborar cuando en la cuenta corriente, el ahorro de esta industria que es columna vertebral de nuestra economía, es absorbida por las otras 25 empresas también sujetas al control presupuestal. Y no faltaría de más conocer el resultado de las no controladas, que eso, desde luego, creo que aumentaría el déficit global del sector. Pero para que no se me acuse de "cuentachiles", ahí la dejo.
Aunque el dicho popular diga sabiamente "cuida los centavos que los pesos se cuidan solos", creo que esta soberanía, por las situaciones que se nos han presentado, debería cuidar cada centavo que el pueblo paga por su trabajo.
Entre las principales paraestatales deficitarias, se encuentra la Comisión Federal de Electricidad que, a pesar de los altos costos del servicio que aumentan constantemente, de tarifas en aumento constante desde hace casi tres años, de estar subsidiadas y de ser la que más recibe en transferencias, esa industria ni aun así es rentable. Tiene un déficit que amerita que la Contaduría Mayor de Hacienda haga un examen más exhaustivo, porque de ninguna manera es justo que el pueblo cargue con la ineficiencia y la corrupción, si la hubiera, y esto es más impostergable ahora que el Ejecutivo ya anunció una alza más en las tarifas de esta empresa para el mes de enero y la función de su déficit por le Gobierno Federal.
Quizá se encuentra de esta manera por las grandes erogaciones que paga por su deuda y el servicio de la misma, además de la inflación; pero la industria ha llegado a esta situación porque este Poder Legislativo no ha cumplido con su deber de fiscalizar el gasto público en serio, de haberse hecho, ésa y otras situaciones análogas podrían haberse corregido paulatinamente.
Con respecto a la Conasupo que ejerció un presupuesto de 64.8% superior a lo estimado y cumplir tan solo con ocho de las 18 metas previstas, es decir, que dejó de cumplir un 61%.
Se dice que las razones por las que no cumplió con los objetivos, fueron las condiciones climatológicas del ciclo agrícola, el aumento en la importación de granos, el retiro de los compradores privados por la situación financiera del país, los altos costos de comercialización y de los costos financieros. Tales razones serían válidas y se justificaría su déficit si realmente esa paraestatal proporcionara desahogo a la ya de por sí golpeada economía familiar; y si el alimento barato llegara a las zonas marginadas, a las que supuestamente con el subsidio pretendemos ayudar. Es común que las Conasuper se encuentren ubicadas en zonas urbanas y llegamos al absurdo de instalar estos establecimientos en ciudades de la frontera Norte para subsidiar a los compradores norteamericanos, que por la diferencia en precio vienen a adquirir sus alimentos a las ciudades fronterizas, sin siquiera en beneficio de la adquisición de divisas, porque ellos cambian sus dólares en las casas de cambio de los Estados Unidos.
Se dice que la Conasupo eleva constantemente los precios de garantía para estimular el campo, sin embargo, el campesino sabe, sufre, y por eso se queja, que estos precios son insuficientes y caemos en la paradoja de adquirir el grano más caro en el extranjero, provocando desaliento y más baja de la producción en el campo mexicano.
Un ejemplo más de la necesidad de una investigación a fondo, es el maíz, producto básico en la dieta del mexicano. Se adquirieron 5 mil 736 millones de toneladas que se vendieron con un subsidio aproximado del 50%. Y este subsidio en infinidad de lugares por la corrupción existente en esa paraestatal, el maíz se vende a porcicultores que lo utilizan como alimento animal.
Otra de las observaciones y solicitudes de una investigación a fondo, sería sobre Fertimex. Es otra paraestatal deficitaria en alto grado. También es necesario que se profundice
en su investigación, porque agotó su presupuesto a pesar que de 31 metas, únicamente alcanzaron ocho. También se da aquí que la razón es el retraso de las lluvias que contrajo la demanda de fertilizantes. Los problemas de abasto y otros problemas graves como es el de sus plantas ya obsoletas. El secretario del ramo, en su comparecencia, dijo que esta empresa no estaba programada para ser rentable, porque servía únicamente de apoyo a lograr el desarrollo del campo, para así producir alimento barato para todos los mexicanos. Esto sería válido también si el campesino no resintiera los altos costos de los fertilizantes, de la escasez e inoportunidad en las entregas. Y si el campo produjera los alimentos suficientes del pueblo. Y si no siguiera el éxodo de los campesinos a las grandes ciudades, o como "mojados" a los Estados Unidos, país que aparte de su tecnificación agrícola aprovecha parte de nuestra mano de obra barata, para mantenerse como el granero del mundo.
Es urgente que aparte de las tres mencionadas, se realicen auditorías administrativas a todas las paraestatales, no sólo a efecto de eliminar tantos vicios existentes en su administración, sino para que de esta manera la Cámara de Diputados pueda, efectivamente, cumplir a satisfacción del pueblo que paga impuestos, derechos y contribuciones, su deber de fiscalizar efectivamente, transparentemente, el Gasto Público del Gobierno Federal y sus dependencias.
Por estos argumentos, y además por tantos escuchados por la oposición de los argumentos expuestos por los demás partidos, nuestro partido votará en contra también en lo particular. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Cavazos Galván.
El C. Ricardo Cavazos Galván: - Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: En esta revisión que se hace del artículo 4o. del decreto que revisa la Cuenta Pública del año de 1983, básicamente se integra el concepto del análisis de los ingresos, de los egresos y del déficit presupuestal establecido para la misma, conforme a la aprobación que se hizo de la Ley de Ingresos y de Egresos para el año respectivo.
En esa situación me gustaría establecer que en principio aquellas cuestiones que fueron tocadas específicamente en la intervención anterior, y también algunos otros aspectos que han sido motivo de mención y que considero importante y adecuado el llevar adelante alguna aclaración específica.
Ya en ocasiones diversas se ha hecho mención del proceso que se lleva adelante para la revisión de esta cuenta pública, lo que implica, también creo pertinente recordar al diputado Moctezuma lo relativo al hecho de que esta revisión que se hace del dictamen el día de hoy, no es la parte terminal de un proceso, sino solamente la discusión que se hace acerca de una serie de aspectos importantes y que de la misma habrán de derivarse eventualmente recomendaciones específicas en caso de que dicho dictamen sea aprobado, para efecto de que la Contaduría Mayor de Hacienda lleve adelante tareas posteriores conforme los dictámenes y recomendaciones que se establecen dentro de diferentes capítulos de la propia cuenta.
Creo que vale la pena recordar lo que señala el artículo 15 del proyecto de decreto, inserto dentro del dictamen, que es del conocimiento de esta Asamblea, donde, entre otras cosas, en la última parte del mismo señala que la Contaduría Mayor de Hacienda en la forma prevista en la fracción XIII del artículo 10 de la Ley Orgánica que la rige, aplicará las medidas que le permitan avanzar en la instrumentación y desarrollo de los sistemas y procedimientos de análisis e interpretación de la Cuenta Pública, para la elaboración del Informe Previo y el calendario a que está sujeto, así como las necesarias, y ésta es la parte más importante, para reforzar e incrementar la cobertura y alcance de las actividades de verificación, control y fiscalización que le son propias, para formular los pliegos de observaciones y promover el fincamiento de responsabilidades y las que le permitan el seguimiento de las acciones que ejercite.
Ya se ha señalado en alguna forma el resultado de dichas acciones en cuentas previas, y también de que dichos procesos aún no están finiquitados en lo que concierne a las responsabilidades o a los trámites que se han derivado precisamente del análisis que en fechas anteriores, en años anteriores, hemos llevado a cabo.
Creo que en esto resulta pertinente establecer y ubicar de manera objetiva el propósito de este análisis del dictamen y las consecuencias que eventualmente están surgiendo en el caso de que llegue a ser aprobado.
Comenta el diputado Moctezuma, en su intervención anterior, el resultado de algunos aspectos particulares, en relación a algunas aspectos particulares, en relación a algunas de las entidades paraestatales y en sí el argumento que se subsume dentro de dicha crítica; busca de alguna manera, quizá sutilmente, intentar establecer en esta Asamblea la idea de ineficiencia del sector paraestatal, y quizá, eventualmente, en el inconsciente, tratar de establecer la innecesariedad de la empresa pública.
Creo importante, en los aspectos particulares, establecer algunas aclaraciones, y en la parte conceptual, establecer también el papel que de alguna manera juega la empresa pública, dentro de una economía mixta, como la que marca la Constitución General de nuestra República.
Por lo que respecta a la economía petrolizada, si bien Pemex, ha jugado un papel importante y atiende a lo conceptuado en los artículos 27 y 28 constitucional, creo que es un poco exagerado partir de que el hecho de que sea una empresa que aporta una gran
cantidad de recursos, es declarada a partir de esa afirmación el hecho de que nuestra economía está petrolizada. Vale la pena revisar la aportación que hace Petróleos Mexicanos, entidad encargada de la explotación de un recurso de la Nación, a la generación del Producto Interno Bruto. Y creo que nadie en esta Asamblea, pensaría que si efectivamente Pemex contribuye con mucho menos del 10% del Producto Interno Bruto, nadie podría afirmar en sí, que nuestra economía está dependiendo de dicha empresa.
Creo también, como ya en alguna ocasión en las comparecencias que hemos tenido, de algunos de los titulares de las secretarías, que tienen que ver con esta empresa, hemos revisado estos aspectos y hemos, de alguna manera, evaluado la eventual dificultad que pudiera derivarse, inclusive de algunas variantes en aspectos como el precio del energético, o en algunos otros aspectos. Y dentro de las consideraciones y las evaluaciones que hemos obtenido en esta materia, no resulta ser factor causal por la parte, ni tampoco factor condicionante por otra, del desarrollo y del devenir de la economía para el año de 1985, o lo que podemos establecer en el futuro predecible.
Se ha mencionado también, la Comisión Federal de Electricidad, en diferentes aspectos, en algún momento se señaló la supuesta regresividad del régimen de tarifas que se establecerán para efecto del tratamiento de la sanidad financiera de esta empresa, y creo que conviene aclarar que en este caso se encuentra un régimen determinado en cuanto a las tarifas eléctricas, por una parte existen 12 diferentes tarifas conforme el tipo de usuario, conforme el tipo de actividad, conforme el área geográfica del país en la cual se encuentra establecido el usuario, el uso al que se dará al de energético e inclusive lo que corresponde a los impuestos que están por el consumo de energía eléctrica; también existe una cierta gradación que busca y que eventualmente obtiene erradicar cualquier fórmula de inequidad que se pudiera establecer. Y en esto conviene señalar, por ejemplo, las diferencias tan importantes que hay en las tarifas y también en los usos a los cuales están señaladas, y en sí, cómo, de alguna manera, las tarifas se han adecuado en forma mucho más progresiva para obtener recursos del sector industrial que en el sector de consumo doméstico.
Creo que en lo que corresponde a la parte de impuesto, para no volver a tocar el tema de las tarifas eléctricas, conviene señalar que en las tarifas eléctricas el impuesto especial de un peso por kilowatt/hora no se ha aplicado en los bloques de consumo de menos de 50 kilowatts de uso doméstico, lo cual constituye el grueso de la población de salario mínimo. Y en ese aspecto conviene ubicar y precisar exactamente dónde incide y quiénes son los que eventualmente reciben el impacto de esta adecuación en los precios y tarifas del Sector Público.
Igualmente, en el caso de las tarifas de electricidad para riego agrícola, solamente se ha registrado, me refiero a la parte impositiva, 50 centavos de impuesto aplicado en forma escalonada durante el año anterior. O sea, que en este respecto sí es conveniente precisar, porque no es posible, desde el punto de vista de objetividad y de seriedad, el generalizar un argumento partiendo de una simple situación que no corresponde exactamente con lo que se ha venido instrumentando en términos concretos en la realidad.
Dentro de los aspectos, también, que se manejaban por parte del sector paraestatal, se hablaba de Conasupo, y a la misma en diferentes ángulos de su propia administración, se le establecían algunas ineficiencias que eventualmente implicaban en un principio el déficit o el faltante de recursos que para efectos de su operación se requería en términos generales.
Dentro de esto, creo que es importante y ya se ha manejado en las intervenciones generales, recordar el papel que juega Conasupo dentro de la defensa de la economía familiar, y también cómo de una manera busca llevar adelante la distribución de abasto de artículos de consumo generalizado para proteger la capacidad de compra y de consumo de la población, sobre todo en aquellos lugares en donde otro tipo de distribuidores no incursionen en razón de la inexistencia o potencial de utilidades.
Dentro de esto conviene señalar, y también en esto pareciera resultar una verdad parcial, el atacar los precios de garantía sin revisar, por otra parte, el impacto que se produce al consumidor; y esto es siempre una situación que mientras por una parte el productor está buscando una mejoría posiblemente la más alta, por otra parte llevar a cabo este tipo de acción si bien pudiera beneficiar al productor, por otro lado impacta en forma muy importante al consumidor; y en esto, el resultado es el establecimiento de un delicado equilibrio entre productores y consumidores y dentro de lo mismo el tratar de buscar que esta incidencia en el incremento en los niveles de precios y en la presión que sobre la inflación pudiera derivarse se aminore dentro de las consideraciones y dentro de las situaciones que establecen y prevalecen dentro de la economía mexicana.
Creo, en general, que pudiéramos remitir a este tipo de consideraciones en el argumento específico y, sin embargo, convendría quizá revisar algunos aspectos relacionados con los ingresos, con los egresos y también con algunos aspectos que dentro del déficit presupuestal y algunas de las entidades que están participando en el desenvolvimiento de la economía, resulta importante aclararlo.
Cuando se establece la presupuestación y particularmente en lo concerniente, por ejemplo, que fue una de las razones por las que se excedió el egreso presupuestado, no es la diferencia que se dé entre el primero de los planes y luego de los que presupuestan, o alguna
analogía de esa naturaleza que por ahí se mencionó sino que está presupuestado efectivamente dentro de las consideraciones y dentro de las previsiones que razonable y racionalmente puedan establecerse.
Definitivamente, imponderables como las modificaciones en las tasas de interés, internacionales, como las modificaciones y el impacto que se produce también sobre la tasa de interés doméstica deriva eventualmente en alteraciones de las cantidades presupuestadas, y esto no es imputable o atribuible a una falta de programación a una falta de presupuestación, simplemente para ello también se han establecido, por parte de esta Cámara de Diputados, por parte del Congreso, se han establecido previsiones presupuestales y reservas de contingencias que ayudan a resolver en alguna manera este tipo de dificultades.
Igualmente para ello se establecen atribuciones al Ejecutivo en el artículo 2o., de los transitorios del decreto que autorizó el presupuesto del año anterior para efectuar las transferencias a las partidas presupuestales, y de tal forma que exista un mínimo de flexibilidad que no venga a impedir u obstaculizar el manejo de las partidas de los fondos públicos.
A este respecto creo que es importante precisar las cosas, no simplemente establecer las genéricamente o quizá especulativamente, porque eso eventualmente distorsiona la posibilidad de llevar adelante un juicio objetivo respecto del manejo de los recursos públicos, tal y como se consignan en la Cuenta del año de 1983.
Destaca en el dictamen de la Cuenta Pública, un concepto y un esfuerzo que está impregnado de una esencia de carácter estrictamente social y política, y dentro de la insoslayable necesidad de reestructurar las finanzas públicas, conviene también llevar adelante y plantear la evolución que se da en materia de los ingresos públicos, la forma en que se captan y la manera también y las fuentes de donde están proviniendo, como una base para evaluar efectivamente el nivel de equidad con el que está resultando este proceso de ordenación económica.
Si hablamos de la carga fiscal al capital y al trabajo como un porcentaje del Producto Interno Bruto, y si vemos por ejemplo la tendencia que se ha derivado en los tiempos más recientes, que son los que más nos interesan en razón de la crisis que estamos padeciendo, podemos observar que del Impuesto Sobre la Renta, el total que se manejaba proveniente del capital en el año de 1982, era del 3.01%; para el año de 1984 se incrementa al 3.03%.
Sin embargo, el proveniente del trabajo, mientras que en el año de 1982 era del 1.93%, se reduce en la estimación que tenemos para el presente año, al 1.19%, pasando por el año de 1983 con 1.38%. O sea, hay una reducción significativa importante, en la aportación que hace el trabajo como un porcentaje del total del valor agregado generado, en relación al capital, y por otra parte, el capital incrementa su aportación en este respecto, lo cual es significativo de la progresividad que en esta materia se está derivando.
No es posible, por otra parte, hablar de que el Impuesto sobre la Renta, en un momento dado ha sido un elemento marginal de las posibilidades fiscales del país, como también se mencionaba, porque dentro de los impuestos y la participación que del total de los ingresos tributarios que el Gobierno Federal tiene, ha sido, aun en el año de crisis en el '83, la participación del Impuesto sobre la Renta, es superior a la del Impuesto al Valor Agregado.
Para el año de 1983, la participación del Impuesto sobre la Renta del total de los ingresos tributarios, viene a ser del 43.6%, mientras que la del Impuesto al Valor Agregado es solamente del 29.6%; y vale la pena, en este caso, ya en el esquema general de la recaudación de los ingresos tributarios del Gobierno Federal, establecer la parte que corresponde a impuestos directos que es el 45.6% contra el 39.3% de los impuestos indirectos. O sea, esto da un esquema de lo que en 1983 fue una de las fuentes para el financiamiento del gasto y de la inversión pública y que viene a significar eventualmente una manifestación objetiva de cómo, de alguna manera, resultan irrelevantes o quizá inexactos los argumentos que se establecen la inequidad o que establecen la regresividad del sistema tributario.
Cabe señalar que esta situación se mejora dentro de las estimaciones que van dándose para el presente año y son parte de una tendencia donde la participación de los impuestos directos va cobrando cada vez una participación relativa superior.
Se ha mencionado en esta materia, en la canasta obrera para efectos de los gravámenes que le establece el IVA y también el paquete básico del consumo popular, dentro de la legislación que en materia de Impuesto al Valor Agregado tuvimos a bien considerar y aprobar desde el año de 1982, se tuvo en mente la previsión para efecto de escalonar, de manera importante, el establecimiento del Impuesto al Valor Agregado, impuesto indirecto, y en esta situación debe señalarse en forma específica que el 75.5% de los artículos que integran la canasta obrera, se encuentran exentos dentro del total de los productos. O sea que el impacto del Impuesto al Valor Agregado no incide en quienes son los adquirentes principales de esta canasta obrera.
Por otra parte, en el paquete básico de consumo popular, tampoco en este caso encontramos la incidencia de los gravámenes establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, dado que tenemos el 95% de los artículos contenidos en el paquete básico conforme a la definición que se hace en el Programa Nacional de Inventario para el presente quinquenio, está totalmente exento de gravámenes del impuesto al Valor Agregado y ahí se encuentran aquellos artículos más básicos
para el consumo popular, y eso es precisamente una de las cuestiones que se han manejado y que conviene explicitar en forma objetiva tal y como está definido en este caso por parte de la legislación que aprobamos nosotros mismos, y que es la fuente a través de la cual estoy mencionándoles esta información.
Consecuentemente, se ha buscado que la política impositiva persiste en su empeño de elevar la equidad y la exigencia del sistema fiscal; en esta materia la exigencia del sistema fiscal, podemos establecerla en base a la participación que se va dando del Impuesto al Valor Agregado con respecto, por ejemplo, del Producto Interno Bruto; podemos establecerla también en base a otros indicadores y encontramos que existe una mejoría ya significativa para el año de 1983 y muchos más significativa inclusive en las estimaciones que se nos están presentando para el presente año con base en los informes trimestrales que hemos recibido hasta ahora y con base en el proyecto de ingresos para el próximo año; o sea, que es una tendencia consecuente, creciente en materia de la mejoría en la productividad de la administración tributaria de los impuestos, y a este respecto creo que cada vez que se va mejorando más la administración tributaria, cada vez más que se mejora el nivel de equidad con el cual se administra nuestro sistema tributario en nuestro esquema fiscal.
En esto, y para efecto también de establecer en forma contratada las modificaciones que en esta materia se van llevando, y para persistir en el esfuerzo de mejorar la equidad y la eficiencia del sistema fiscal, y buscar reducir la evasión y la elusión fiscales; se ha buscado también, por otra parte, globalizar el ingreso de las personas físicas cada vez más, también, y eliminar y ajustar las bases especiales de tributación para globalizar el Impuesto sobre la Renta, desgravar a los causantes de ingresos medios y menores con el propósito de darle más progresividad al Impuesto sobre la Renta, así como también, como ya lo mencioné hace un momento, reducir el porcentaje que pagan los trabajadores en el total del Impuesto sobre la Renta, medidas, todas éstas, tendientes a mitigar el peso de la crisis en los estratos más amplios y más débiles de la sociedad, porque corresponde a la política de precios y tarifas que también se ha establecido en términos de su posible situación de inequidad.
Conviene señalar que los objetivos y el propósito que se maneja para llevar adelante la modificación y la rectificación de los precios y tarifas, busca esencialmente y como primer propósito, el cuidar o el tener como un prerequisito y una situación que restringe la modificación de dichas tarifas o el escalonamiento de las mismas, la protección del salario de los trabajadores. Y básicamente, vinculando esta protección al trabajo con aquéllos que están percibiendo el salario mínimo, y como ya mencioné hace un momento en algunas de las tarifas se busca que no incida sobre quienes en este caso tienen salario mínimo, como ya mencioné en el caso de la electricidad; y dentro de esta política de precios y tarifas, la vinculación con los precios internacionales, el apoyo a la rehabilitación del sector paraestatal, el buscar propiciar patrones de consumo acordes con las posibilidades de desarrollo del país y eventualmente buscar que la incidencia de estas tarifas sea la mínima dentro del impacto que se produzca en el crecimiento de precios y en la inflación para el mediano plazo.
Creo que dentro del aspecto del manejo del déficit público, también tiene un alto contenido de carácter social, de carácter político en razón de que se propicia una serie de modificaciones en la asignación y en la redistribución de los recursos.
Se ha generado, se están generando cambios cualitativos importantes, tendientes a mejorar el manejo y la composición del Gasto Público mediante una programación más adecuada y que se hace efectivamente, como ya señalé en el caso de los intereses pagados y que por razones ya mencionadas, eventualmente existen algunas variaciones que inclusive desde el punto de vista técnico no llegan a ser sustantivamente relevantes. Igualmente llevar este tipo de ajustes de tipo de su composición para proteger y para apoyar aquellos renglones que inciden mayormente en la población.
Por lo que compete a un asunto que discutiremos con mucho detalle en las próximas reuniones, que es el concerniente a la modificación a futuro de la Banca, no es exacto por lo menos en las iniciativas que están planteadas, que se esté de alguna forma estableciendo en forma indiscriminada y genérica la participación del capital extranjero dentro de la sociedad de inversión ni tampoco en el porcentaje que se ha manejado. Se está estableciendo en las sociedades de inversión comunes, es decir las que mezclan valores de renta fija y variable y en las de capital de riesgo, que operen valores de empresas que generen recursos a largo plazo, solamente la participación de capital extranjero en un límite del 10%. Pero es muy importante la siguiente situación de las iniciativas que tenemos revisando en este momento, cuando se habla que en tratándose de sociedades operadoras o sociedad de inversión, es decir "holdings", sociedades de inversión, se prohíbe de manera expresa en la fracción VI del artículo 29 de la iniciativa en la materia, la participación de extranjeros en su capital. Consecuentemente, es inexacto afirmar que los extranjeros podrán participar con el 15%.
Igualmente, y eso será motivo de un debate mucho más profundo y conceptualmente más enriquecido en otro momento, hoy discutimos la Cuenta pública, no la banca; pero creo que hay alguna confusión en cuanto al concepto de banca y crédito respecto al concepto de intermediación y del concepto que vamos eventualmente a integrar en los servicios que
se puedan producir en entidades como arrendadoras, como afianzadoras, como aseguradoras.
Consecuentemente, en el dictamen de la Cuenta Pública se señala que la política de egresos durante 1983 se orientó a lograr metas globales y estructurales; depende de esto que la idea básica que homogeneiza las acciones anteriores, es la de encontrar un punto de equilibrio en la concertación de la solidaridad para integrar actividades y esfuerzos en torno de un todo generalizado nacional. Así se busca inducir acciones también de los sectores Privado y Social, y concertar acciones cuando converjan o correspondan con estos grupos, y coordinar acciones con diferentes niveles intergubernamentales. En sí, la esencia que se desprende del análisis de esta Cuenta Pública es el desarrollo de una gestión gubernamental que al contrario de lo que se ha mencionado por algunos participantes, los criterios de orden político han sido los más esenciales para la configuración de las decisiones, permitiendo, consecuentemente, que el problema que enfrenta el país pueda resolverse con el consenso solidario de la mayoría de la población que actúa con un sentido nacionalista. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 4o. se encuentra suficientemente discutido.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 4o. del proyecto del dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 4o., en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 233 votos en pro y 51 en contra.
El C. presidente: - Aprobado el artículo 4o. por 233 votos, en sus términos.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 6o., y en virtud de que el diputado Ignacio Vital Jáuregui reservara también el 7o. y el 8o., se suplica a la Secretaría consulte a la Asamblea si no hay inconveniente en que el registro de oradores se abra igualmente para estos dos artículos.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se procede a la discusión de los artículos 6o., 7o. y 8o., en un solo acto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Se abre el registro de oradores para la discusión de los artículos 6o., 7o. y 8o.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Compañeras y compañeros: el artículo 6o. dice que, "de acuerdo con la Ley de Planeación fueron evaluados, en relación con las finanzas públicas las medidas y acciones instrumentadas en la ejecución y aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Inmediato de Reordenación Económica". "Así como los principales logros, dice aquí, obtenidos en materia de control de inflación, saneamiento de las finanzas públicas, estabilidad del mercado cambiario, producción, inversión, empleo, precios y divisas de las entidades de control presupuestario directo".
Cuando nosotros intervenimos en la discusión del Presupuesto de Egresos, de 1983, que fue en diciembre de 1982, según recuerdo, hicimos un diagnóstico del ejercicio presupuestal del 83. Y dijimos, contra lo que se aseveraba, que ese presupuesto, no era inflacionario ni era deficitario y que tendía a bajar la inflación considerablemente hasta cuando menos, decía, el 50%. Nosotros manejamos que inclusive, aunque se lograra ese 50% de la inflación, era un coeficiente demasiado oneroso en costo social para el pueblo de México.
Inclusive manejamos los coeficientes de inflación a cada año, hasta 10 o 15 años, y manejamos que una cosa que valía 100 pesos, después podría vales hasta 15 mil pesos - me parece que era en el quinceavo año.
Sin embargo, cuando nosotros vemos el resultado del ejercicio de este presupuesto de 1983, hemos visto confirmados nuestros pronósticos, así como lo vaticinamos nosotros no se bajó la inflación al 50%, quedó en un 80%.
Nosotros también manejábamos que este presupuesto era altamente inflacionario y que era deficitario, y los resultados también confirmaron nuestro vaticinio. En lo general decíamos también que las transferencias para cubrir los déficit de las empresas paraestatales eran demasiado onerosas, se habían proyectado estas transferencias en un billón 591 mil millones y las reales fueron 2 billones 225 mil millones de pesos.
Nosotros sostuvimos también que estas transferencias, que estos subsidios, que estos apoyos, que constantemente, que anualmente, están gravando los bolsillos de los contribuyentes del país, en cubrir las pérdidas de las empresas paraestatales del Estado metido a empresario, del Estado metido a abarrotero, del Estado metido a hotelero, del Estado metido a un sinnúmero de negocios en los cuales nada tiene que ver el Estado y es un estorbo para la libertad económica de los mexicanos. Y que ese constante entrometerse del Estado en asuntos que le competen a la ciudadanía, nos llevaba cada día más al empobrecimiento y al endeudamiento nacional.
Si nosotros vemos los subsidios y aportaciones a empresas controladas o sin controlar, veremos que únicamente de subsidios y aportaciones durante ese año de 1983, se presupuestaron 455 mil millones de subsidios y aportaciones a las empresas controladas y realmente se ejercieron 691 mil 200 millones, más del 51%.
Esto quiere decir que los pronósticos de endeudamiento que teníamos nosotros se cumplieron; se nos dirá, como se ha manejado mucho aquí en esta tribuna, por los voceros del partido - gobierno, se nos dirá que se desaceleró el crecimiento de la deuda, pero nosotros consideramos que esto es un sofisma, nosotros consideramos que lo que necesita el país es que se acabe el endeudamiento, no que disminuya la aceleración del mismo, porque mientras nos sigamos endeudando vamos dejándole una estela muy difícil a las generaciones que vienen detrás de nosotros con una deuda francamente impagable o una deuda que va a costar como dijo Churchill durante la guerra, "sangre, sudor y lágrimas a las siguientes generaciones".
Y pasamos al punto número 7. Es la estrategia del desarrollo rural, nos dice el informe que constituyó un apoyo al aumento sostenido de la producción agrícola, yo diría que más bien el aumento sostenido de la introducción agrícola. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ejerció un 24% más de lo que se le había autorizado y nosotros creemos que incumplió sus propósitos, nos dicen que esos incumplimientos constituyeron, se debieron a la escasez de divisas y otros aspectos más como los problemas internacionales, pero nosotros seguimos sosteniendo que el meollo del problema es la pésima organización del campo, es la falta de libertad del campesino, la falta de acceso a la auténtica propiedad de la tierra. Nosotros sostenemos que el ejido es una forma improductiva de trabajar la tierra y que cuando los mexicanos, los campesinos mexicanos sean propietarios y no usufructuarios de la tierra, entonces México con esa superficie que tiene susceptible de cultivo, con esa superficie, inclusive la actual, de 23 millones de hectáreas de las cuales anualmente se siembran más o menos 15 millones, el campesino siendo propietario y no usufructuario de la tierra la hará producir al máximo.
Se cumple, pues, aquí esto que estamos predicando desde 1937, estamos diciendo que todos los campesinos sean propietarios y no proletarios del campo, o sea, ejidatarios, y que los dueños de la tierra tienen que ser los campesinos y no los políticos del sistema, los cuales se la dan al campesino como usufructuario, convirtiéndolo en un paria sin acceso a la propiedad auténtica de la tierra. Cuando eso logremos, señores del sistema, el campo sí producirá y no tendremos que estar importando millones y millones de toneladas anuales en cereales y oleaginosas, y productos del campo en general.
En el capítulo 8 se refiere al problema de la pesca. Hay un dato que caracteriza significativamente el fracaso también de los programas implementados para el desarrollo pesquero. El Gobierno invirtió en la Secretaría de pesca y en Productos Pesqueros Mexicanos 71 mil 112 millones; la producción total es la de un millón 100 mil toneladas de pesca en general, de tonelaje bruto; nos dicen que la comercialización importó 51 mil millones; ahí ya vemos un déficit de 20 mil millones de pesos. Si nosotros dividimos lo que realmente produjo el aparto estatal de pesca entre todo lo que se gastó, veremos que sale a 511 mil 597 pesos la tonelada, por eso sale el pescado tan caro, por eso vale 800 pesos el kilo.
Es natural que mientras no haya las inversiones suficientes y que no se programe un aparato de veras que tienda a hacer la infraestructura para que tanto el Sector Social como el Sector Privado de la pesca, aprovechen los buenos puertos, los buenos dragados en las marismas, los buenos desarrollos, como infraestructura y que el Estado, invirtiendo para hacer la infraestructura pesquera, hasta entonces veremos que realmente podemos contar con pescado barato, de fácil acceso para todos los mexicanos. Por eso es tan caro el pescado en toda la República.
Por último, queremos hacer consideraciones generales de lo que se ha hablado aquí con relación a lo que estamos tratando. Nosotros, nuestro compañero David Lomelí Contreras le propuso a esta representación nacional, esa moción suspensiva, porque sí consideramos nosotros que era más práctico y factible y a la vez sano para el pueblo de México que nos ha encomendado a los diputados, al Congreso de la Unión, principalmente a la Cámara de Diputados, nos ha encomendado la vigilancia y supervisión de los dineros públicos. Si ya hay un examen de resultados, si ya hay la cuenta perfectamente bien delimitada de las responsabilidades y de los ilícitos que se cometieron durante el ejercicio del último año, del nefasto 1982, consideramos congruente con nuestro carácter de representantes populares, y de cuidar los dineros del pueblo, era conveniente, primero, estudiar esos resultados y fincar, ante los jueces competentes, las responsabilidades de los ilícitos que se cometieron. Y no se trata aquí de cacería de brujas. Realmente en el sentido festivo de la palabra, las brujas son todo el pueblo de México y contra ellos sería la cacería.
No, señores, no se trata de cacería de brujas, sino de pesca de tiburones, de aquellos tiburones que robaron miles y miles de millones de pesos. Solamente un tiburón de esos hizo una finca aquí en Cuajimalpa que costó más de 4 mil millones de pesos. Nada más uno solo. Y acá nos están diciendo que han fincado responsabilidades por sumas que no llegan ni a los 4 mil millones de pesos, pues solamente uno de ésos le robó al pueblo más de 4 mil millones de pesos, sin contar con lo que le costaron las grandes mansiones que hizo en Europa, en Estados Unidos
y las cuentas que tengan depositadas estos pillos en el extranjero.
Por eso es conveniente ser congruente con nuestras responsabilidades, diputados, no cacería de brujas, sino exigir la responsabilidad para aquellos que incurrieron en ilícitos durante el ejercicio fiscal de 1982. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: - Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: realmente, tratar un asunto tan complejo como es el desarrollo rural integral o los problemas del sector agropecuario en el país, en sólo 30 minutos, o con la exigencia de los compañeros de que sea más breve, pues es muy difícil; yo solamente desearía que tuvieran paciencia si por lo largo de esta exposición tuviera que excederme en unos cinco minutos.
Debemos recordar que fue a partir de la Conferencia Mundial de Alimentación celebrada en 1974, que la mayoría de los gobiernos del mundo, las instituciones de desarrollo convinieron en que las naciones y la comunidad internacional debería otorgar una prioridad más alta a los alimentos dentro del esfuerzo total del desarrollo.
Los gobiernos e instituciones que participaron en dicha conferencia, consideraron que el problema humano del hambre y la mala nutrición podría ser resuelto en un decenio, sin embargo, los ministros que se reúnen en el Consejo Mundial de Alimentación han observado que si bien los gobiernos y las instituciones de desarrollo habían convenido en principio en otorgar prioridad más alta a la solución de los problemas alimentarios, no siempre habían sido capaces de hacerlo en la práctica; pero aún más grave es observar la fragmentación de los esfuerzos y la carencia de mecanismos eficaces para llenar el vacío entre la prioridad para los alimentos que los gobiernos y los organismos de desarrollo expresan y las serie de decisiones en diferentes sectores, que tomadas en forma particular o individual, parecen lógicas. Pero que en su conjunto no abordan los problemas alimentarios de forma tan coherente y adecuada como la situación lo requiere, estando por desgracia en condiciones de poder afirmar que las tendencias actuales indican un empeoramiento de la situación alimentaria en las regiones en desarrollo, lo que ha hecho que instituciones como la FAO, el Banco Mundial, consideren que este problema de hambre y mala nutrición no habrá de resolverse ni a fines de este siglo.
México, país en desarrollo que ha tenido un papel importante en eventos y organismos como los aquí citados, viene delineando su estrategia de desarrollo atendiendo a las directrices y experiencias del Consejo Mundial de la Alimentación. Pero también, sin dejar de arrastrar el tradicional vicio de ver el problema alimentario como un problema de producción agrícola, así como la falta de coherencia en la elaboración de su política agrícola.
Es a partir del establecimiento institucional del Sistema Alimentario Mexicano, que se elabora una estrategia donde se enlazan el problema alimentario con el resto de los sectores de la economía nacional, orientándola a la vez hacia medidas de acción operacionales. Es así como se delinea y determinan los objetivos alimentarios del país, y se adelanta como resultado de un análisis serio, una indicación del probable desarrollo de la economía global y de los diversos sectores y subsectores que afectan la alimentación, reconociéndose, además, que al reajustar la producción con el consumo de alimentos, se desencadenan una serie de efectos técnicos, económicos y sociales, delicados y contradictorios que deben evaluarse oportunamente para evitar un impacto negativo en el objetivo de la estrategia planeada.
El SAM fue liquidado no por su impotencia, sino por la incoherencia siempre latente de nuestra política agrícola, la que aún hoy no ha encontrado la fórmula adecuada para combinar su acción con los diversos proyectos y programas que integran la estrategia global en el sector. Hoy el Pronal lo sustituye. Pero los vicios de origen no se han erradicado, así tanto su operatividad como su existencia misma no tienen un futuro claro, promisorio.
Hoy rige la vida económica y social de este país el Plan Nacional de Desarrollo que en su lineamiento sobre política social al referirse a la alimentación y nutrición recoge las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Alimentación y reafirma las bases de la estrategia del SAM al manifestar que se considerarán de manera íntegra y dinámica las fases del proceso alimentario, producción, transformación, comercialización y consumo, a fin de elevar la eficiencia a lo largo de la cadena.
"El gasto público, dice el Plan Nacional de Desarrollo, se racionalizará identificando claramente los programas y recursos presupuestales destinados a las actividades del proceso alimentario y sujetándolos a estrictas prioridades", termina la cita del Plan Nacional de Desarrollo.
De igual forma, al referirse a las políticas sectoriales, cuando corresponde al sector agropecuario forestal, pone en la base del mismo sin definirlo el concepto de desarrollo rural integral, cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural, del que se derivan siete propósitos específicos correspondiendo dos de ellos a la producción de alimentos y uno a la generación de empleos permanentes, posiblemente como una respuesta a los efectos más crueles de la actual crisis entre los campesinos que han visto aumentar su depauperación y el desempleo absoluto en términos alarmantes.
Sin embargo, nosotros, que afirmamos que estamos con la estrategia del Plan Nacional
de Desarrollo en este sector, nosotros que aceptamos que está en lo justo del programa del Sector Agropecuario, solamente pedimos que haya congruencia. Desgraciadamente al observar los programas sectoriales de la SARH vemos que la incoherencia sigue.
Veamos si con nuestro supuesto y la orientación asignada a los programas de la SARH se logra cumplir con las metas. La participación de la SARH en el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1977, se observa que es una tendencia de caída sustancial en el presupuesto mismo; mientras que en 1981 la participación fue de 8.6%, en el siguiente año sólo alcanzó el 4.4%, y en 1983 cayó al 1.6%. Es decir, en sólo tres años la participación presupuestaria de la SARH en el Producto Interno Bruto decreció en siete puntos. La tendencia apuntada por si sola muestra que los recursos al campo no sólo no han aumentado con el propósito de conquistar un verdadero desarrollo rural integral, como así anunciado por la presente administración sino que no han sido capaces de mantener los niveles presupuestales a precios constantes en relación a los últimos cinco años.
Otro de los aspectos que ilustra la caída de la producción agrícola en 1983, es la participación del sector en el Producto Interno Bruto nacional, su tendencia ha ido a la baja en los últimos años, mientras que en 1979 el sector aporta el 10.1%, en el siguiente año la participación decreció un 5.0%. En 1981 y 1982 se incrementó a un 8%, para lograr en 1983 el 9.7%.
En 1979 el crecimiento en el sector agropecuario correspondió a 2.1%; en 1980 se reanima un 7.1% y vuelve a caer en 1982 al 0.6% para el año que nos ocupa, que en 1983 creció al 3.4%.
¿Qué es lo qué está pasando? Pese a que en el sector agropecuario forestal, gracias a esos mecanismos que los mismos agricultores y campesinos han venido manipulando para sobrevivir, para una sobrevivencia que es ya necesaria, gracias a eso se ha aumentado la producción a pesar de la crisis y se ha aumentado la productividad. Sin embargo, el Estado no ha respondido en igual forma, puesto que como está demostrado aquí por los números, el presupuesto del sector agropecuario de la SARH, aún contando los bancos y las paraestatales que están a su alrededor, ha decrecido desde 1980 a la fecha, y solamente se mantiene de 1983 a 1984.
Para 1983, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ejerció un gasto de 218 mil 813 millones, 24.2% más que en 1982. Este gasto lo distribuyó en 52 programas, pero destacando tres de ellos, infraestructura para el desarrollo agrícola que se lleva el 25.5% del total. Coordinación para el desarrollo agrícola de los distritos agropecuarios que se lleva el 11.4%, y la captación y conducción de agua para usos múltiples el 13.8%.
Estos tres programas absorbieron el 50.7% del total del gasto programático de la Secretaría; en congruencia con esta política seguida por la SARH, son congruentes los programas sectoriales de la SARH, respecto de las disposiciones de prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si estamos viendo que infraestructura hidráulica, que se refiere a los grandes proyectos de irrigación de la productividad directamente y el manejo o conducción de agua para usos múltiples, se llevan más del 50% del presupuesto de este año, ¿es congruente eso para la producción alimentaria que es la necesaria en este momento?
Nosotros diríamos que la incongruencia está clara. ¿Qué es lo que está sucediendo? La Secretaría tiene una inercia presupuestal pase a que se necesita ser audaz en el manejo y la distribución del presupuesto, ellos han venido manejando siempre los mismos programas. ¿Qué es lo que pasa? Al contrario de lo que se necesita, mantiene los programas donde hay mayor absorción de capital para los contratistas, para las obras. Yo creo que podrían esperar los programas y los proyectos de larga maduración, como es gran irrigación para producir primero alimentos en este país, que es lo que más necesitamos.
Sin embargo, los programas de ayuda social al campesino, los programas de estímulo directo para el campesino y para el productor o se han disminuido o se han desaparecido. Y podríamos citar bastantes, podríamos hablar de riesgo compartido, que ya en la Cuenta Pública del año anterior decíamos que solamente se había ejercido en un poco más del 11%, porque los campesinos no habían entendido el programa, y lo habían dedicado a control de ríos a bordos, pero no, ni siquiera a algo que realmente fuera la productividad.
Y este año ni siquiera se mantiene en lo que los campesinos no entendieron, sino que baja en términos absolutos, baja en la proporción también de los programas sectoriales.
Y podríamos hablar de la producción de insumos para el campo, que también se les proporcionaba a los campesinos, y podríamos hablar de las ayudas a las áreas temporaleras, que también han disminuido, y en 1983 se nota claro porque no estamos hablando de la cuenta de 1984 ni del presupuesto para 1985.
Nosotros consideramos que a falta de esta congruencia el país no va poder salir adelante, que tendrá que encontrarse con problemas más graves cada vez. Nosotros, por ejemplo, encontramos que en el programa SY, y esto es ya yendo a lo particular, el programa SY que se refiere precisamente a la infraestructura para el desarrollo agrícola, se trata de un programa de mayor peso presupuestal de la SARH, representando en ese año de 1983 el 25.5% del gasto ejercido, representando una variación en el original del 13%, respecto de 1982 que representó el 32.1% del presupuesto global, y en 1982 el 27.89%, es decir, en menos de dos años, en precios corrientes, ha decrecido solamente 7 puntos en porcentaje.
Observaciones en relación con las metas que se persiguen en este programa, podemos hacer, podemos decir, que no contamos con información suficiente para evaluar este subprograma, es de llamar la atención el enorme incumplimiento del 28% que este subprograma ha venido arrastrando, de acuerdo con los métodos de evaluación de la Contaduría Mayor de Hacienda. La eficacia del subprograma disminuyó del 97.8% en 1981 a sólo 42.5% de las metas logradas en 1982, en tanto que la eficiencia se desplomó en un 50%. La misma tendencia se observa para 1983, donde sólo se cumple el 24% de las metas establecidas.
Señores, si hablamos de que en este momento debemos precisar qué cosas son las prioridades; si hablamos que en este momento se deben premiar a los servicios públicos que efectivamente estén cumpliendo con los esfuerzos que el Presidente de la República ha desplegado a través del Plan Nacional de Desarrollo, nos cabría preguntar; después de ese enorme cambio que tuvo la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos a raíz de unos meses atrás, ¿cómo es que se han cambiado los servicios públicos dentro de la misma?, se corren o se mandan a la banca a sus secretarios del sector agrícola y se deja al de infraestructura hidráulica.
El subsecretario del sector agrícola era, junto con todo ese esquema y siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo, quien había diseñado una estrategia para poder mantener esa elevación, para poder mantener esa elevación y la productividad en el campo, en cambio, el que fracasa, el que no puede llegar a sus metas, pero que tiene grandes relaciones con los contratistas, ése permanece en el empleo. Seguir manejando cantidades para llevar el agua a los poblados, podría llevarnos aquí a hacer pensar que estamos en contra de esa idea, como lo señaló aquí Pesqueira, el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuando el compañero López le impugnaba este hecho, que por qué un programa que no tiene relación directa con la productividad de alimentos o con la productividad en el campo se llevara tanto dinero. Nosotros diríamos que no estamos en contra de que las poblaciones tengan agua, o no, no estamos en contra de algo tan esencial como es eso para el país, donde la desnutrición y el hambre también están a la vuelta de la esquina.
Creemos que ese tipo de inversiones deberían, tal como se señaló, pasarse a otra secretaría o cuando menos disminuirse, o retenerse, en tanto podemos resolver nuestro problema de autosuficiencia alimentaria.
Me preocupa que en la Cuenta Pública Federal se señale que los proyectos de valoración del uso y calidad del agua, recursos forestales y unidades de industrialización y comercialización, tenga que intervenir el banco municipal para supervisar la aplicación de esos recursos. Sin embargo, no se da ninguna explicación del porqué de dicha intervención.
Nosotros podríamos hacer como observaciones a este dictamen que existe una inercia en el ejercicio del gasto programado, que hace que ocho programas concentren más de 75% del presupuesto ejercido, este mismo programa mantiene una relación al gasto de 1981 - 1982.
Sólo tres cambios que no deben ser señalados, el aumento de un poco más de un punto porcentual en el programa SW, el incremento de más de dos puntos porcentuales en el programa 3B y la reducción de más del 1.5% de los programas G2.
En los diversos programas existe lo que se denomina Otros Proyectos, en cinco programas, con un porcentual de 2.10% del total del presupuesto de la SARH sin que se informe en la cuenta dónde fueron invertidos.
Las metas de un número importante de programas no son cumplidas y no se informan los motivos que provocaron los incumplimientos, pues van desde casos tan absurdos como que no se trabajó en forma debida con la organización de productos por fenómenos meteorológicos.
Y una cosa muy singular que ya fue señalado aquí en tribuna, mientras que en 1982 se apretó, por lo que haría a los mecanismos de control, vemos que para la Cuenta Pública de 1983, en el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, hay una ausencia de mecanismos de evaluación en el ejercicio del gasto; en la Cuenta de 1982 se utilizó un mecanismo de evaluación que contenía serias debilidades y ofensas importantes, pero por lo menos existía un mecanismo de evaluación que ahora no existe.
Creo que aquí se hace otra vez realidad que es más fácil cuidar las cosas a todo pasado que estando presente ante la personalidad del Ejecutivo que ahora está en funciones.
A nosotros nos preocupa mucho y por eso quisimos hacer la intervención casi centrada en la productividad, nos preocupa mucho que se cumpla con el Plan Nacional de Desarrollo, que se cumpla con las prioridades; por eso consideramos que hay dos vertientes fundamentales sobre las cuales seguir bordando, la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo rural integral; pero consideramos que en este momento también de esas dos vertientes se debe seguir, no como una meta programática, la autosuficiencia alimentaria debe hacerse realidad porque en México existen recursos tanto humanos como naturales que solamente necesitan de una decisión política efectiva y una orientación adecuada del Presupuesto para que podamos obtener la autosuficiencia alimentaria a corto plazo, y no como muchos que desde el régimen han dicho que sería imposible conseguir a corto plazo.
Nosotros consideramos que en México existe todavía mucha potencialidad, en sus hombres, en su campo; simplemente necesita que haya esa decisión política por parte del Gobierno para orientar la productividad, para romper las formas de producción que en el
campo, que van orientadas a producir hacia la exportación, a producir hacia el extranjero y darle más capacidad al agricultor, darle estímulo directo al agricultor para que produzca los granos alimenticios y aquellos productos básicos para la industria que no estén en manos de transnacionales.
Ya se ha hecho aquí en varias ocasiones el llamado a que se atienda la situación de las gentes del campo, a que se atienda la situación de los mexicanos por lo que va a la falta de capacidad para poder adquirir alimentos; Rolando Cordera, en la intervención que tuvo ante el secretario de Hacienda, hacía un llamado. Aquí se ha estado hablado varias veces también de lo que significaría el hambre en este país.
Yo, sin que sea un símil que pueda valer la pena, yo podría llamar a la solidaridad de los funcionarios, de los servidores públicos, podría llamar a la solidaridad de esta Asamblea, para que así como se acudió en favor de los damnificados de San Juanico, algo que es muy noble, algo que verdaderamente debe llenar de orgullo al pueblo de México, que ante una desgracia se une para poder resolver esos problemas de esas gentes, creo que estamos olvidando a otros damnificados, creo que estamos olvidando al 60% de los niños de este país que, de acuerdo a los datos que dio la Secretaría de Salubridad hace tres meses, se encuentran en estado de desnutrición. Son los damnificados de un sistema que mantiene la incongruencia en la política agrícola.
Señores: la solidaridad en este aspecto es más importante. Creo que debemos de una vez por todas recapacitar y debemos hacer el esfuerzo, no para que se corte el presupuesto a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. No. Para que se le dé más a una secretaría que ha estado cumpliendo, puesto que debemos recordar que la crisis es la única que ha crecido en términos reales, pero que se reorienten esos presupuestos, que los programas sectoriales realmente cumplan con las prioridades que estén en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso estaríamos.
No caeríamos en las mezquinidades de creer que la organización campesina, como dijo un diputado del PDM, está tan desastrosa que es mejor tenerla en propiedad. No son las formas de propiedad lo que está influyendo, son las formas de producción en el campo, es la política agrícola de este Estado, de este Gobierno, lo que está influyendo precisamente para que no haya la autosuficiencia alimentaria.
Yo les llamaría a ustedes a este tipo de solidaridad. Hagamos la lucha porque esta Cuenta Pública nos sirva de base para poder impulsar, ya que viene la discusión de la Ley de Egresos, poder impulsar que los egresos, o sea, el presupuesto que deba manejar la SARH, sea superior.
Tenemos una esperanza. El secretario de Hacienda, en su comparecencia, dijo que habría más dinero para investigación agrícola y habría más dinero para la organización campesina. Consideramos que son pilares para una estrategia de desarrollo a largo plazo que nuestro país necesita. Consideramos que son pilares necesarios, instrumentos necesarios para coordinar los esfuerzos de la Federación hacia el campo, pero la misma situación sucedería si se sigue con esta inercia presupuestal en esa inercia de programas sectoriales tan defectuosos.
Nosotros hemos llamado la atención de los servidores públicos que trabajan en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Luchamos, sí, para mayor presupuesto para ustedes, pero para que mejoren en calidad de servicios de los productores, no cantidad. No le damos más dinero a la organización de productores para que tenga más camionetas, más empleados o más oficinas. Les damos dinero para que se pueda vivir en condiciones suficientemente, flexibles, de manera que se liguen a los productores en forma directa, que no los citen a sus oficinas para escuchar fórmulas de organización, que convivan con ellos en el campo, que se vayan a los ejidos, con las cooperativas de productores, con todos aquellos que aún les falta organización precisamente para obtener lo que este país necesita: organización para producir.
No hay ningún presupuesto que alcance, ningún dinero puede lucir para la producción si no hay organización en la base. Esa es una verdad, no de perogrullo, reconocida por todos, y nos quitemos esas cosas de que este país es ganadero, como dice el secretario de Reforma Agraria, como un tecnócrata que cree que la solución en el campo es sectorizada, o que nos quitemos la idea de que la falta de seguridad jurídica en el campo es lo que ocasiona la falta de productividad. Eso no es cierto. Es precisamente el defecto en el esquema de la organización desde la base, para producir lo que necesitamos en este país y en los excedentes para la exportación.
Nosotros quizá no hayamos aportado gran cosa a la crítica de la Cuenta Pública, pero sí creemos haber aportado algunos elementos de discusión para que se forme una política, para que se cree una política agrícola verdadera, que atienda las necesidades de este país, que atienda a los damnificados de un sistema que voltea la cara hacia las exportaciones, hacia esquemas traídos del extranjero que, de ninguna manera, de ninguna forma, pueden resolver las necesidades de este país. Y empecemos otra vez, empecemos desde la base reconociendo que esos agricultores, esos campesino, que han sido capaces de formar su propia defensa, sus mecanismos de autodefensa y que nos han dado la muestra de cómo en época de crisis se puede producir, que les demos los apoyos necesarios que volvamos los ojos hacia ellos, para poder decir un día que estamos libres del peligro que está sufriéndose en Etiopía, en Argelia y en otros países del mundo ante la hambruna. El hambre, señores,
es más peligrosa que las ideologías para hacer revoluciones. Recordemos eso. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Villa Issa, por la Comisión.
El C. Manuel Villa Issa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Se ha mencionado en esta tribuna que la intervención del Estado en la economía del país prácticamente no ha servido para nada. Quiero hacer algunas menciones sobre el particular y comentarle al diputado y compañero Vital Jáuregui que recordemos que es mandato constitucional la rectoría económica del Estado.
Las empresas, públicas son instrumentos del Gobierno de la República como reguladores del sistema, y además como instrumentos que permiten transferir recursos, vía precios, a ciertos grupos de la sociedad, los grupos más desprotegidos que el Gobierno está interesado en beneficiar.
En la Cuenta Pública, en el dictamen de la Cuenta Pública, viene un capítulo de Conclusiones y Recomendaciones que responden perfectamente a las inquietudes que tiene el compañero Vital Jáuregui. En este capítulo se puntualiza perfectamente que el objetivo de la revisión de la Cuenta Pública, por parte de esta Representación Popular es, en primera instancia, emitir un juicio político sobre los objetivos y las metas planteadas en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, así como de los principales instrumentos que se utilizan para lograrlo.
Este juicio político no debe asumir posiciones sombrías que sólo resaltan desviaciones y fallas; tampoco es la intención tomar actitudes triunfalistas que sólo subrayan avances y logros, sino incluir los adelantos y las deficiencias en el manejo de las finanzas y en el comportamiento fundamental del país.
Las cifras apoyadas que se presentan, los hechos, así nos demuestran que se cumplieron los objetivos y metas de la estrategia que marcó el ejercicio que estamos discutiendo. Hubo logros fundamentales, también hubo algunas cosas que no se alcanzaron. El dictamen de la Cuenta Pública no pretende desvirtuar ni soslayar ninguna de estas cosas.
Usted comentó que las predicciones de inflación no se cumplieron, que no se alcanzó el 50% que se dijo en diciembre de 1972, ni el 70% que se específica en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero tampoco, por cierto, se cumplió su predicción, yo recuerdo que en aquella época nos hizo un esquema matemático muy sofisticado, en el cual hablaba de que eventualmente en un periodo de diez o cinco años, la inflación llegaría a miles, en términos de porcentaje.
Las pruebas aquí están, en 1983 se tuvo una disminución de la inversión del 20%, situación prácticamente sin precedente en un mundo de crisis y en un país subdesarrollado Como el nuestro. En 1984 se ha seguido controlando la inflación, para llegar a un 55%.
Estas consideraciones que fundamentan la prioridad que dio el Presidente de la República del combate a la inflación, por ello, le repito, si bien es cierto que no se cumplieron las metas previstas, sí se tuvo la decisión política y los instrumentos para llevarla a cabo, de los que eventualmente podría convertirse en un proceso hiperinflacionario que pasáramos del 100 al 200, al 600, al mil, como en aquella ocasión usted nos pronosticaba.
La realidad, los hechos, es lo que marca ahora lo que tenemos que decir. Se evitó, por otro lado, el quebrantamiento del aparato productivo nacional, eso se hizo con una política coherente planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Inmediato de Reordenación Económica y en todos los instrumentos que el Gobierno de la República puso para llevar a cabo.
La tasa de desempleo, si bien es cierto que no se redujo, tampoco aumentó. Tenemos una tasa de desempleo que consideramos elevada de 8.5%, peor aún en un mundo de crisis, esta tasa de desempleo no se aumentó, lo cual muestra el esfuerzo del Gobierno y de todos los participantes de la economía.
Usted habla también de la deuda pública. La deuda pública que se tiene que cortar de tajo en lugar de hablar de decrementos en su ritmo de crecimiento. Qué más desea el Gobierno de la República y todos los mexicanos que esa deuda pública se cortara. Pero también tenemos que ser claros, cuál es el proceso, cuáles son los objetivos que se marcan y las dificultades que se presentan. Esto, si bien es cierto, es un buen deseo, en la práctica se ha manifestado en ese decrecimiento fuerte. Ya se comentó aquí hace dos años se tenía un incremento de 20 mil millones de dólares en el primer periodo del Presidente De la Madrid, bajó a 14 mil y lo que se espera para 1985, es apenas un incremento de mil millones de dólares. ¡Qué más quisiéramos, pedir que esto se redujera a cero! Pero la tendencia así lo marca, y en los años subsiguientes ésta será la realidad.
En todo este proceso quiero comentarle algunos asuntos que usted trató con respecto al sector desarrollo rural. Quiero, en primer lugar, recordarle la fracción XX del artículo 27 constitucional, que a la letra dice: "El estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleos y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público". No hay en lo absoluto, señor diputado Vital Jáuregui, un aumento de la intromisión del
Sector Público en la agricultura, es una responsabilidad que el Sector Público tiene que responder a ella, es una responsabilidad que el Sector Público tiene que hacer.
Quiero, adicionalmente, comentarle el compromiso político del ciudadano Presidente De la Madrid con respecto al sector agropecuario. El se comprometió, desde su campaña política como candidato y ahora como Presidente de todos los mexicanos, a revertir los términos de intercambio del sector agropecuario con el resto de la economía; y para eso planteó políticas perfectamente claras y delineadas, como son una política de precios de garantía más remuneradores, una política de financiamiento del desarrollo canalizando créditos a la prioridad agropecuaria, política de apoyo a través de paquetes tecnológicos adecuados a las condiciones diferentes que existen en este país, una política de fomento agroindustrial en el Sector Social, un apoyo a la comercialización directa; el control de precios de insumos productivos estratégicos, que no quiero que se interprete esto como que los precios no suben; suben, pero a un ritmo controlado, una política de estímulos diferenciados también por tipo de productor, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y, finalmente, el mejoramiento de la relación de precios rural - urbano. Este es el compromiso del Presidente de la República, y así lo está cumpliendo.
Usted afirmó que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ejerció un 24% más del presupuesto que tiene autorizado. Quiero también recordar que cuando se aprobó en esta Cámara el Presupuesto de 1983, se aprobó una reserva que se distribuirá posteriormente de acuerdo a las prioridades nacionales. Este 24% proviene de esta reserva, no es ningún sobregiro, es un 24% autorizado por esta Cámara, por cierto.
Con respecto a su afirmación de que el ejido es un organismo improductivo, yo también quiero mencionarle, señor diputado, que la historia no tiene regreso; el ejido es un triunfo de aquellos que hicieron la Revolución porque pelearon por la tierra y la tierra les ha sido entregada; usted habla que el ejido es improductivo y prácticamente lo que propone es reprivatizar el ejido. El Gobierno de la República jamás lo hará, porque el Partido Revolucionario Institucional mantiene esa tesis y el Presidente de la República es miembro de este partido.
El Campesino, señor, no es un paria, el campesino es aquel que son su trabajo permite que nosotros comamos. Quiero decirle, señor diputado Vital Jáuregui, que la producción agrícola es compleja; pero uno de los factores fundamentales que se llevan, es precisamente el trabajo de estos campesinos al que es precisamente el apoyo del Estado, porque tiene el compromiso constitucional de hacerlo, no hay, pues, nada qué discutir sobre ese respecto. La historia no tiene regreso, señor.
Sobre sus comentarios al artículo 8o. de este proyecto de decreto, que se refiere fundamentalmente al sector pesca, quiero hacerle varios comentarios: usted hace una cuenta en la cual divide el gasto de la Secretaría de Pesca entre el número de toneladas que eventualmente se capturaron; pero, por favor, creo que es una cuenta demasiado simple y que por cierto esconde todo lo que hay detrás de ella. Una parte fundamentalmente importante de los recursos asignados a las Secretaría de Pesca se dedicaron a inversión, y si somos conscientes y conocedores del proceso de gasto, no todo es gasto corriente, hay una parte importante.
La evaluación de la Secretaría de Pesca o del sector pesca, tiene una importancia fundamental de este país, en la generación de empleos, en la capacitación de divisas y en la oferta de alimentos y bienestar, tanto a la población en general a través de alimentos, como a los que se dedican a esta actividad.
La política que se plantea en el sector pesca, fue el aumento de la producción precisamente para el consumo popular, la satisfacción de las necesidades del mercado interno, la exportación de especies de alto valor comercial, la organización y capacitación de pescadores, construcción de obras, de infraestructura. Aquí es donde se maneja la parte de su inversión.
Se crearon más de 11 mil empleos y ya 200 mil personas trabajan en esta actividad; se construyeron fábricas de hielos, centros de almacenamientos, atracaderos, muelles, talleres, pavimentos y rellenos. Eso no es gasto corriente, esto es fundamentalmente gasto de inversión.
Con respecto a los comentarios que hizo usted sobre la moción suspensiva para la discusión del asunto que hoy nos ocupa, creo que ya fue discutido ampliamente y no tenemos más que comentar al respecto.
Por lo que respecta a la intervención del compañero Daniel Ángel Sánchez Pérez, quiero decir que estamos de acuerdo con usted en algunos puntos de los que usted plantea.
Apoyar el sector agropecuario es propósito fundamental que debemos de impulsar, y que debemos de exigir ante el Ejecutivo, y nosotros, como fracción parlamentaria, así lo hemos hecho. Sin embargo, creo que vale la pena hacer algunas reconsideraciones y comentarios sobre el particular.
El gasto del sector agropecuario durante 1982, fue de aproximadamente 352 mil millones de pesos, no me refiero estrictamente al caso de la Secretaría de Agricultura, sino a todos los recursos que se canalizan al sector rural. Durante 1983, fue de 505 mil millones de pesos con un crecimiento del 43%. Durante 1984, prácticamente se duplica y llega al billón de pesos. Esto representa el compromiso del Presidente de la República de atender prioritariamente a ese sector, y para 1985, cuando se discuta en esta Cámara el Presupuesto de Egresos de ese año, se verá el gran crecimiento que ha tenido ese sector.
Tan solo por lo que respecta a una de las partes, uno de los insumos fundamentales para la producción agropecuaria, como es el crédito, en 1983, se canalizaron 360 mil millones de pesos; en 1984 se canalizaron 650 mil millones de pesos; esto, incluyendo con lo que participa el Banco Rural, así como la banca nacionalizada. De 1970, en el que se atendían 2.2 millones de hectáreas se habilitaban, a 1984 en la que se atendieron 10.3 millones de hectáreas y prácticamente cinco veces más, y que la proporción de la gente que recibía crédito de 400 mil a 2.2 millones, eso demuestra la política clara y precisa de atender estas cuestiones.
Apoyar a la Secretaría de Agricultura como cabeza de sector también es prioridad de este Gobierno y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Sobre todo cuando en una situación de crisis el sector agropecuario es el único que incrementa su participación en el Producto Interno Bruto de 3.4%, creo que la participación de los campesinos, el trabajo de los campesinos, la participación del Estado, es lo que ha marcado precisamente esta diferencia.
Como un comentario colateral, quiero decirle que el programa FY, infraestructura para el desarrollo agrícola, que efectivamente tuvo una participación del 25% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, no solamente cumplió con 24% de sus metas. No sé si entendí mal, pero las metas alcanzadas por este programa son de casi el 90%, o un poco más.
Posiblemente usted hizo un poquito... tuvo un poco de confusión con las cifras, o posiblemente también yo lo entendí de manera equivocada.
El Gobierno de la República sí participa, pues, en el sector agropecuario. Tiene la obligación de hacerlo El gasto público asignado a la Secretaría de Agricultura no es incongruente, señor diputado Daniel Sánchez Pérez, si tres programas abarcan casi el 50% del presupuesto, no es una incongruencia. ¿Qué es lo que significa hacer, transformar hectáreas de temporal a riego?, ¿qué es lo que significa tener protección a través de bordos de conservación de suelo y agua?, ¿qué es lo que significa hacer investigación agrícola?, ¿Qué es lo que significa dar educación en enseñanza agrícola superior?, ¿qué es lo que significa dar asistencia técnica? Todo eso no es más que el completo de un esquema que significa organización en el campo. Todo eso va orientando precisamente a la participación de los agricultores. ¿Qué es lo que significa dar mayor crédito al campo?, ¿qué es lo que significa canalizar cantidades importantes y cada vez crecientes de fertilizantes?, ¿qué es lo que significa asegurar los cultivos?, eso es parte de la organización del campo.
No quiero entender, por cierto, la organización del campo como el hecho de que se forme una cooperativa, se forme una asociación, se forme cualesquiera de las formas que ellos decidan tener. Eso podríamos llamarlo el acto protocolario de la organización. Pero todo el esquema alrededor de él, todo el esquema que el Gobierno de la República pone a disposición de los productores agropecuarios, eso es organización. Esa es la parte que yo quería hacer en términos del comentario. Le repito, señor diputado y amigo Daniel Sánchez Pérez, estamos de acuerdo con usted en que es necesario canalizar más recursos de manera más vigorosa hacia todas estas actividades que tiene el Sector Público; el Sector Público, el gobierno de la República, en especial, tiene el mandato constitucional de ser el rector de la economía y tiene el mandato constitucional de promover el desarrollo rural integral. Ahí es donde estamos comprometidos todos los miembros del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Compañeras y compañeros; señor Presidente, con su venia. En el aspecto del campo me voy a referir a la tesis de nuestro compañero Daniel Ángel Sánchez y también a lo expresado por nuestro compañero Villa Issa.
La tesis de nosotros, desde hace muchos años, desde 1937, proclama que todos los campesinos tienen que tener acceso a la propiedad. ¿Por qué? porque queremos campesinos libres; nosotros consideramos que fue una traición al campesinado aquel que cubrió los campesinos de batalla con su sangre inmolada en aras de la tierra en propiedad, no del ejido. El campesino quería tierra en propiedad, tiene para el que la trabaja, ese era el grito de Zapata y todos los campesinos. No quieren ejidos; el ejido era una cosa que ya había pasado a la historia; ellos querían a lo sumo restitución de las tierras de los ejidos, por ejemplo, en el estado de Morelos, pero querían básicamente el acceso a la propiedad de la tierra.
Y las estadísticas no mienten, las estadísticas dicen que la tierra en pequeña propiedad produce más que la tierra en ejido, y eso no lo estoy descubriendo yo ahorita, eso dijo un secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, un secretario de Agricultura en tiempos de Echeverría dijo: "el ejido está organizado para darles votos al PRI, no para producir alimentos". No es invención nuestra.
(Voces): - Tema, tema.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Es tema, me estoy refiriendo al tema, me estoy refiriendo a hechos. Yo dije que el campesino que habita los ejidos, el campesino que trabaja los ejidos lo han constituido en un paria y lo sostengo. El campesino es explotado, ya no por el terrateniente porfirista liberal, sino por el nuevo terrateniente que es el cacique,
que es el político del sistema, y ese es el que los tiene aherrojados y no los deja producir en libertad. Y nosotros queremos la libertad para el campesino, queremos que el campesino no sea un paria o un proletario del campo, que sea propietario en auténticos derechos de propiedad, porque solamente así, dicen las estadísticas, puede producir el campo lo necesario para que el pueblo tenga los insumos suficientes para no estar importando de aquellos países en los cuales sí hay libertad del campesino y sí hay acceso a la propiedad de la tierra. Pues aunque no les guste, señores, esa es la verdad. Si quieren ustedes seguir casándose con un fracaso, pues sigan diciendo que ni un paso atrás. Los resultados están a la vista y las teorías económicas o políticas se miden por sus resultados y no por los silbidos de ustedes.
También dije yo, durante la discusión, en 1982, de este presupuesto, que una inflación del 50% producía al año una cosa que costaba 100 pesos, dentro de un año iba a costar 150; dentro de dos años, 225; dentro de tres años, 375; y así, sucesivamente, porque la inflación más o menos funciona como el interés compuesto, es la inflación de la inflación. Yo no dije que al que al año iba a costar una cosa de 100 pesos, 10 mil, no, todavía no transcurren los 55 años, pero, efectivamente, de diciembre de 1982 que estudiamos este presupuesto a diciembre de 1983, una cosa que costaba 100 pesos ya costó 150, y esto no es una mentira mía; y a los dos años ya costó 225; y a los tres años 325, por 1.5 nos da trescientos y tantos, ¿verdad?
Actualmente, un desayuno que en 1982 costaba 100 pesos, nos cuesta casi 400 y esa es la verdad, los números no mienten, no porque me duela pagar los 400 pesos, que además es muy buen servicio, pero las matemáticas no mienten y los coeficientes que se dijeron aquí son ciertos, son exactos, funciona tal y como se hizo el pronóstico. Y no es muy sofisticado, como dijo el diputado Villa Issa, simplemente multiplica por 1.5 el producto que se va obteniendo, porque es la inflación de la inflación.
No estamos tampoco en contra de la fracción XX del artículo 27. Está bien que el Gobierno promueva el desarrollo rural, a través de obras de infraestructura. Aquí hemos manejado que se tira mucho el dinero. Por ejemplo, en supuestas planeaciones, en apoyos, en subsidios, y que se deja atender, prioritariamente, las obras que dan alimentos; o sea, las obras de infraestructura hidráulica y nosotros hemos dicho que esos cientos de miles o millones de millones de pesos, que se gastan en programas solamente para mantener una supuesta rectoría del estado de la economía, si ese dinero se gastara en obras de infraestructura rural, de infraestructura agropecuaria.
¿Cuáles son esas obras? Pues, canales, trenes, sistemas de riego en general, ¡pues, hombre!, se podrían en cultivo más de cinco millones de hectáreas que tenemos en la actualidad. Además no estamos oponiendo a que se dé asesoramiento técnico, a que se den los insumos suficientes, a que tenga acceso al crédito del campesino, a eso nunca dijimos que nos oponíamos. Pero sí decimos que, prioritariamente, se deben gastar esos millonarios presupuestos en obras que producen alimentos y no en obras que producen planeadores nada más.
Tenemos que insistir en el acceso a la propiedad de la tierra. Una vez visité la ciudad de Chihuahua y hay una casa ahí, una casa museo, y me tomó de interés leer un decreto del señor Presidente de la República de entonces, don Alvaro Obregón, una comunicación más bien que les mandaba a los menonitas del Canadá y les decía, "Señor, como ustedes son gente virtuosa, honesta, trabajadora y ustedes saben trabajar muy bien la tierra y saben hacerla producir, por medio de la presente les comunicamos a ustedes que tienen licencia para venirse a establecer en nuestro país. Por lo cual les comunicamos - más o menos decía así comunicación -, para lo cual les comunicamos que tendrán todas las garantías a toda la propiedad que puedan ustedes tener, además se les respetará su credo, ustedes podrán tener las escuelas de acuerdo con su personal gentil, de acuerdo a su ideología, tendrán las garantías en la tenencia de la tierra, tendrán todas las facilidades que el Gobierno de la República les prestará, en atención a que ustedes son gente honesta y trabajadora". Y no me pregunto: ¿qué, los mexicanos no somos honestos y honrados y trabajadores y eficientes? ¿Nomás los extranjeros pueden gozar de garantías, del acceso a la propiedad de la tierra, y los mexicanos no somos honestos y trabajadores? Yo creo que es una manera, una manera muy burda de desigualdad ante la ley de los mexicanos antes los extranjeros, y yo no me opongo a que le quite esa facilidad a los menonitas, yo también sostengo que son hombres honrados y eficientes y trabajadores, pero sostengo también que los mexicanos, si tuviéramos acceso a esas facilidades y a ese respecto y esa libertad que tienen los menonitas, otro México tendríamos en el campo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: - Con su venia, señor Presidente.
Voy a tratar de ser lo más breve. No era mi intención volver a la tribuna, pero ante lo reiterativo de los argumentos del compañero del PDM, sí cabe aclarar una cosa.
Yo le preguntaría al señor ingeniero, ¿a qué estadísticas se refiere cuando dice que es más productiva la propiedad que el Sector Social?, porque hasta ahorita los estudiosos de la problemática en el campo no han encontrado todavía ninguna base para decir quién produce más que otros, porque hay muchos elementos.
Un pequeño propietario minifundista puede producir más que un ejidatario con diez hectáreas, con todos los estímulos de apoyos. Yo le pondría el ejemplo, que acaba usted viejo - haber si no se enoja como Fernando la vez que se lo dije -; usted recuerda el ejido de Nueva Italia, que fue el primer ejido colectivo que hubo en el mundo, de ahí las estadísticas, que dicen muy claro: los primeros tres años, mientras no se les desvirtuó realmente el objetivo del trabajo colectivo, produjeron más que la hacienda que estaba dirigida por italianos que se decían muy competentes. Cuando se les retiró el apoyo político, porque eso era el chiste, acabar con el ejido, después de Lázaro Cárdenas, entonces empezaron sus fracasos, cuando se les dividió, cuando se les negaba el crédito, porque los campesinos, después de que no les daban ni siquiera el carácter de sujetos de crédito. Pero, hablando de la efectividad de la pequeña propiedad, vamos a situarnos en la Cuenta Pública de 1983, ¿quién si no el Sector Social fue el que produjo los alimentos para este país?
Los pequeños propietarios, aquellos que se llaman pequeños propietarios y representados en organismos como convocados, no dedican sus tierras a sembrar maíz, frijol, arroz. Les convenía todavía, si acaso sembrar el trigo, pero las grandes obras de irrigación que están en Sinaloa, señor ingeniero, imagínese, usted es ingeniero, se dedicaron a sembrar hortalizas para la exportación, mientras necesitábamos alimentos; esos fueron los pequeños propietarios, la iniciativa privada, y todavía más, el producto de esas hortalizas que se las pagaban en dólares, no vino a México, se quedó en bancos de los Estados Unidos.
Esa es la mentalidad del pequeño propietario, no de todos, porque volvería a caer en pecado venial, como lo dijo el señor ministro o secretario de Educación.
Definitivamente, no todos los pequeños propietarios tienen esa idea, pero sí aquellos que están usufructuando los mayores recursos de la República, los mayores recursos del Estado son los que se dedican a eso, y si no, señáleme esas organizaciones de grandes productores privados, dígame si no es que se dedican a los productos de exportación, dígame si hay pequeñas cooperativas de pequeños propietarios que se dediquen a sembrar maíz frijol, arroz, como lo hacen los ejidatarios; y hablando de ellos, señor, ya que los de la CNC o quieren venir a hacer ninguna defensa para sus compañeros, yo les diré que es una falta de respeto de parte de usted hablar de que esos no tienen libertad, pues así se supone de lo que usted habló.
Usted dice que solamente el campesino que tiene tierra en propiedad es libre, bueno, esa es una teoría del paleolítico neoliberal o del paleolítico liberal, pero más de cuatro millones y medio de ejidatarios, que podríamos agregar un millón más o un poquito más de comuneros, yo considero que la libertad a que usted se refiere, no sé si realmente la define, no sé qué tipo de libertad, posiblemente sea libertinaje a los pequeños propietarios a que me he referido, o de esos que se llaman pequeños propietarios que no son más que los neolatifundistas modernos, no sé a qué tipo de libertad se refiere. La única libertad que le hace falta a los ejidatarios, es que la decisión política le dé congruencia a la política agrícola de este país, pero los demás la tienen; yo conozco muchos ejidatarios, porque yo vivo en el campo, que cuando tienen realmente el deseo de trabajar, cuando no se desvirtúan hacia otros lados, son millones, porque viven en áreas de riego; o ejidatarios también muy pobres, pero que tienen lo suficiente para poder vivir en plena libertad; no sé a qué libertad se refiere usted; dice que los organizan para votar, bueno, no se qué hagan ustedes, los de la Iglesia, pero imagino que hacen lo mismo.
Ese tipo de libertades, no sé a cuáles se refiera, pero yo creo que ustedes están cayendo en el mismo error que cayeron durante la comparecencia del secretario de Educación Pública; ustedes están luchando contra victoria, no les queda otra, la propiedad social que ustedes no entienden, pues, fue la voluntad de muchos campesinos que como ustedes lucharon durante la Revolución de 1910 y que decidieron destruir el sistema de las haciendas precisamente para tener una propiedad que fuera de ellos, como es la propiedad social, usted disocia la propiedad social del individuo y esa es una situación maniqueísta. Sigue siendo propiedad del campesino como parte del Estado, como parte de la sociedad la tierra que trabaja, que usted esté contra la historia no es culpa nuestra.
Y por lo que veo a la mención de Villa Issa, estamos de acuerdo en mucho, estamos de acuerdo en grandes cosas; pero también me preguntaba por qué significa que se den más separabordos y todo eso, yo sé que significa aumento de protección de las cosechas. Pero ese no era el problema, yo le digo qué significa desviar el 11% de un presupuesto de cerca de 500 mil millones de pesos para llevar agua potable a los poblados cuando lo que necesitamos son alimentos en este instante, y no estamos en contra de que la lleven, sino que la posterguen.
Qué significa seguir manteniendo a los zánganos contratistas en este momento para grandes obras de irrigación que casi siempre van a beneficiar a la pequeña propiedad o a los seudo - propietarios, cuando en este momento realmente necesitamos la alimentación estímulos directos al campo Yo diría que eso significa precisamente el recortar los estímulos directos al campo, como sucedió con el riesgo compartido, que a usted se le olvidó tocar, o como el proporcionar insumos al campo en las áreas temporales.
Yo no estoy en contra de programas que realmente incrementan la productividad como el PIDMA, porque lo hemos visto en el campo, quienes hemos estado ahí hemos visto que son programas favorables, pero yo lo que
digo es que sí existe incongruencia con el 51% de ese presupuesto total se dedica a construcción de obras o de proyectos de una larga maduración que podían esperarse para poder producir alimentos en este momento, y de otras que tienen que dedicarse como, por ejemplo, llevar agua potable a los poblados que ocupa el 80% de ese presupuesto de ese programa, lo cual para llevar agua potable a los poblados, cuando en ese poblado lo que necesitan ahorita es que les lleguen estímulos directos, precisamente para alimentarse.
Eso es a lo que yo me refiero a la incongruencia. Nosotros no estamos en contra, vuelvo a repetir, que se le dé más presupuesto, sino que la reorientación del presupuesto sea eso, sea igualitaria, equitativa, democrática, eso es a lo que estamos... eso es lo que significa, desviar hacia situaciones prioritarias dinero que debería estar ocupando en estímulos directos al campo para producir alimentos básicos, como señala el Plan Nacional de Desarrollo, y no dedicarlo a agua potable porque para eso está la SEDUE, para eso está otro tipo de organismos. Eso es lo que significa. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - "Con la iglesia hemos topado, Sancho", dijo don Quijote.
Estos señores del PSUM, cuando no tienen razones que esgrimir sacan a la Iglesia. Yo no sé qué tiene que ver la Iglesia en este asunto de producción, pero en fin.
Y si vamos a maniqueísmos, pues también el diputado del PSUM maneja el maniqueísmo de que todos los pequeños propietarios están dedicados a la exportación de las verduras y las hortalizas y que todos los ejidos están dedicados a la producción de básicos.
Consulté las estadísticas. Eso no es cierto. Es un maniqueísmo de parte de ustedes. Ahora, de que la organización colectiva es la más productiva, ese es otro maniqueísmo, y las estadísticas a nivel mundial le dan en la cara con su teoría, ¿por qué los Estados Unidos le venden insumos agrícolas a los países comunistas y no viceversa?, ¿por qué?, por la producción en forma libre, aunque a usted no le parezca acertada la palabra, pero es libre. Un campesino es libre cuando tiene libre acceso a la propiedad; cuando no tiene que pertenecer a tal o cual sindicato agrícola por fuerza o a tal y cual organización, tal o cual partido político. Es libre cuando no está subvencionado su participación en la producción, cuando no tiene que pertenecer a tal o cual partido político. Si a mí me dicen que para ser ejidatario tengo que pertenecer al PRI, yo no soy hombre libre, o tengo que pertenecer al PSUM, tampoco soy hombre libre. Pero si me dicen: usted como propietario puede pertenecer al partido político y tener las ideas que usted quiera, entonces es cuando soy un hombre libre. Y en Rusia, en los países comunistas no sucede eso. Y por eso no producen los granos suficientes. Y por eso tienen que comprarlos a los países capitalistas. Y eso lo dicen las estadísticas. Y lo dice la realidad. Y las teorías económicas y políticas se reafirman en la realidad, lo demás es teoría Hay que comprobar con la realidad esas teorías económicas, sociales o políticas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Rubén García.
El C. Rubén García Farías: - Señor Presidente; debo decirle primeramente a nuestro compañero Daniel Ángel Sánchez Pérez, que los campesinos cenecistas y que los diputados que aquí los representamos, hacemos permanentemente la defensa del ejido, todos los días a lo largo y a lo ancho del país; lo hacemos hoy también en contra de la tesis del diputado Vital Jáuregui. Nosotros pensamos que el ejido es un sistema de propiedad, que el ejido es un sistema revolucionario de propiedad; los ejidatarios son propietarios como grupo de la tierra que el Gobierno de la República les entrega en acatamiento a las disposiciones constitucionales, y por cierto, de ninguna manera es una dádiva gratuita.
Muchas veces se ha sostenido en la tribuna, y hoy lo hizo Daniel Ángel Sánchez Pérez y Manuel Villa Issa, y es la verdad, la corriente campesina luchó por la restitución de bienes comunales y por la creación de núcleos de población, que no teniendo bienes comunales que reclamar sí tuviera de todas formas la necesidad de tierra para satisfacer sus necesidades agrarias.
El sistema ejidal, por tanto, es un sistema que junto con las comunidades y con la auténtica pequeña propiedad agrícola en explotación, surgieron de la Revolución Mexicana. Nosotros creemos, y así lo decimos los cenecistas, que todos los ataques en contra del sistema ejidal son ataque antinacionalistas y antipatrióticos.
Creemos que en este momento no hay una lucha entre el ejido y la propiedad privada, a menos que sea una propiedad privada proscrita por la ley y por la Constitución General de la República. Ahí está el sistema ejidal y ahí están sus defensores, y hay libertad en el sistema ejidal. Los ejidatarios no son ciudadanos parias, ni esclavos, ni cautivos políticos. Nosotros, los que luchamos a su lado por la tramitación agraria, por los insumos, por el crédito o por la maquinaria, sabemos que los campesinos se afilian libremente. Nosotros presumimos que una gran mayoría de los ejidatarios y de los campesinos de la República se afilian a nuestra central, a la Confederación Nacional Campesina, pero reconocemos que también en el campo, plural, como es, hay otras centrales que afilian a ejidatarios, a campesinos sin tierra, a jornaleros agrícolas y que los defienden.
Por supuesto, no hay una sola central campesina en ningún partido de derecha. Y yo me lo explico porque las centrales campesinas
no son, ni han sido nunca, sociedades anónimas. Los campesinos están organizados para votar y votan, mayoritariamente por nuestro partido y por su central. No votan por el PDM, creo que nunca van a votar, mientras se sigan conduciendo contrarios a una realidad histórica, contrarios a una tradición histórica, los ejidatarios, los campesinos y los auténticos pequeños propietarios van a repudiar siempre el Partido Demócrata Mexicano. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si los artículos 6o., 7o. y 8o. se encuentran suficientemente discutidos.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - En votación económica se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos 6o., 7o. y 8o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 6o., 7o., y 8o., en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - Se emitieron 217 votos a favor y 39 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 6o., 7o. y 8o. del proyecto de decreto por 217 votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Prosecretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día
7 de diciembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Tabasco invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Enrique González Pedrero, Gobernador Constitucional del estado, rendirá su segundo informe administrativo, la que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del 6 aniversario luctuoso del ex Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Emilio Portes Gil, tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de declaratoria, que reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Orgánica del Banco de México.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativos al proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en este recinto el nombre del general Francisco J. Múgica.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. Carlos Cervera Urmeneta para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden al Mérito Naval en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De las comisiones unidas de Programación. Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta."
El C. Presidente (a las 20:40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, viernes 7 de diciembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES